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DS. Senado, Pleno, núm. 146, de 11/03/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 68

celebrada el miércoles, 11 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional en materia de concursos de subasta de medicamentos, así como a la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 671/000158 gastos farmacéuticos; servicio nacional de sanidad GPS


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento y apoyo al sector lácteo español. 662/000179 ayuda a la industria; industria láctea GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para agilizar y garantizar el tratamiento de las enfermedades raras o minoritarias. 662/000180 enfermedad; política sanitaria; terapéutica GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la vertebración y cohesión del sistema universitario español. 662/000178 política educativa; universidad GPS


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000139 Unión Europea; control sanitario; cooperación transfronteriza; enfermedad infecciosa; epidemiología; medicina preventiva; riesgo sanitario Asuntos Exteriores


Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Madrid el 10 de junio de 2014. 610/000137 Acuerdo de Cooperación; México; acuerdo bilateral; crimen organizado; lucha contra la delincuencia; tráfico de estupefacientes Asuntos Exteriores


Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República del Senegal, hecho en Dakar el 11 de abril de 2014. 610/000138 Senegal; acuerdo bilateral; traslado de presos Asuntos Exteriores


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 621/000108 Código penal; modificación de la ley; régimen penitenciario Justicia


Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000003 Código penal; cooperación internacional; modificación de la ley; terrorismo Justicia

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONCURSOS DE SUBASTA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO A LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 671/000158 GPS

La señora Coves Botella defiende la moción.

La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda y esta senadora.

La señora Coves Botella expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora De Aragón Amunárriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Aragón Amunárriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 79; en contra, 139.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO AL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL. 662/000179 GPP

El señor Castosa Alvariño defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Fernández Pena defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Castosa Alvariño expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Castosa Alvariño, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 143; en contra, 76; abstenciones, 18.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA AGILIZAR Y GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS O MINORITARIAS. 662/000180 GPP

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas, salvo de la del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda y la señora Julios Reyes.

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda y esta senadora.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. 662/000178 GPS

El señor Álvarez Areces defiende la moción.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y la señora Julios Reyes.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Álvarez Areces expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda y la señora Julios Reyes y rechazando el resto.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sampedro Redondo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda y la señora Julios Reyes, con el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, 12.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

ACUERDO DE ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CONTRAMEDIDAS MÉDICAS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 20 DE JUNIO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000139 Asuntos Exteriores


CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, HECHO EN MADRID EL 10 DE JUNIO DE 2014. 610/000137 Asuntos Exteriores


CONVENIO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL SENEGAL, HECHO EN DAKAR EL 11 DE ABRIL DE 2014. 610/000138 Asuntos Exteriores

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Capella i Farré y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto, manifiestan su abstención al conjunto de dictámenes.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la Cámara, con la suma del voto telemático del señor Marín Torrecillas y la salvedad de voto manifestada por los senadores que han intervenido, y se entienden concedidas las autorizaciones.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. 621/000108 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor ministro de Justicia (Catalá Polo) hace uso de la palabra.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 4.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 3, de la señora Almiñana Riqué,el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Rieradevall Tarrés defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto. .............................................................................. 13963

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para el señor Marín Torrecillas, que ha sido contrario a todas las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 92; en contra, 146, más 1 voto telemático, 147.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más 1 voto telemático, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más un voto telemático, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 237 más 1 voto telemático, 238; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 91; en contra, 146 más 1 voto telemático, 147.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más 1 voto emitido, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 telemático, 239; votos emitidos, 238, más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147, más 1 telemático, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 89; en contra, 147 más 1 telemático, 148.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas 454 a 519.

El señor Fuster Muniesa defiende la enmienda 4, presentada por este senador y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 102 a 107, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador.

El señor Quintero Castañeda da por defendida la enmienda 453, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por la señora Julios Reyes y este senador.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas 1 a 3, 5 y 736 a 742, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 6 a 69 y 73 a 101, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 743 a 838, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 320 a 452, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 108 a 182, 184 a 187 y 189 a 197, 199 a 319 y 520 a 522, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 955, 959, 961 a 963, 970, 977, 978, 980, 983 a 992, 994 a 996, 1000 a 1003, 1011, 1012, 1026, 1029 a 1032, 1035, 1037, 1038, 1041, 1043 y 1044, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió 839 a 954 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por todas las enmiendas aprobadas

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 523 a 599, 601 a 605, 607 a 615 y 617 a 735, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 955, 959, 961 a 963, 970, 977, 978, 980, 983 a 992, 994 a 996, 1000 a 1003, 1011, 1012, 1026, 1029 a 1032, 1035, 1037, 1038, 1041, 1043 y 1044, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hacen uso de la palabra las señoras Armisén Pedrejón y De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Belloch Julbe, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. .............................................................................. 13999

Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 738, 198, 201, 207, 210, 619, 625 y 629.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 168 272 a 168 277.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000003 Justicia

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hacen uso de la palabra, por alusiones, los señores Guillot Miravet y Sanz Pérez.

Se procede a votar las propuestas de veto. ........................................................................................... 14035

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 227 más 1 telemático, 228; votos emitidos, 227 más 1 voto telemático, 228; a favor, 11; en contra, 207 más 1 telemático, 208; abstenciones, 9.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 27 a 40, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 23 a 26, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 41 a 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Díaz Tejera interviene para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado, pero el señor presidente aclara que esas enmiendas ya fueron incluidas en el dictamen de la comisión.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor López Águeda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. ........................................................................................... 14035

Se rechazan todas las enmiendas, excepto la 51.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las cero horas y quince minutos del jueves, 12 de marzo.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONCURSOS DE SUBASTA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO A LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES. 671/000158 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a iniciativa del senador Quintero y de la senadora Julios Reyes.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Antes de comenzar con la defensa de la moción, quisiera recordarles que hoy es 11 de marzo y deseo mandar un cariñoso saludo a las familias de las víctimas del terrorismo. Ellas saben que siempre estarán en nuestros corazones.

Señorías, esta moción es consecuencia del debate mantenido en el último Pleno con el ministro de Sanidad, el señor Alonso. Y, desde entonces, se han producido dos novedades importantes en materia sanitaria. La primera de ellas es que todo apunta a que se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los enfermos de hepatitis C para que se les suministre el medicamento que tanto necesitan, el famoso Sovaldi, aunque, eso sí, según se ha destacado, parece ser que el tratamiento va a correr a cargo de las comunidades autónomas. Y llamo la atención sobre este punto a sus señorías, porque resulta cuando menos paradójico que no se haya suscitado ningún problema competencial cuando es la comunidad autónoma la que se hace cargo del coste del tratamiento, y, sin embargo, cuando la comunidad autónoma pone en marcha medidas para ahorrar en la factura farmacéutica es cuando se plantean todos los problemas.

La segunda novedad a la que hacía referencia es que el Tribunal de Cuentas acaba de solicitar una fianza de 490 000 euros al ministro, señor Alonso, y a toda la corporación municipal de Vitoria como consecuencia de un alquiler irregular que provocó un quebranto en las arcas públicas de su ayuntamiento, lo que no deja en muy buen lugar como gestor de fondos públicos al ministro de Sanidad.

Pero volvamos al núcleo de la moción, señorías. Se trata de lograr que definitivamente Andalucía pueda llevar a cabo una selección de medicamentos para conseguir dos cosas. Por un lado, un ahorro importante en la factura farmacéutica a costa del beneficio que tienen las grandes industrias farmacéuticas. Y, por otro lado, incrementar la adhesión de los pacientes al tratamiento, puesto que tendrían la misma presentación, el mismo medicamento, durante al menos un tiempo de dos años.

Señorías, resultó un tanto decepcionante el debate con el ministro, porque se repitieron mucho los argumentos. Cuando se rebatían y no había más, él se dedicó a desprestigiar a la sanidad pública andaluza; sanidad que, por otro lado, es la sexta mejor valorada de todos los sistemas sanitarios que existen en el Estado español. En cualquier caso, si ustedes quieren un debate sobre la sanidad pública, sobre la situación en la que se encuentran los profesionales o la inversión pública, no hay ningún problema. Pero esta es una moción que lo que trata de conseguir es que en Andalucía se lleve a cabo definitivamente la selección de medicamentos. Porque ya ha quedado claro, señorías, que esta medida no rompe la unidad de mercado. Y ha quedado claro, señorías, que no provoca desabastecimiento, por mucho que ustedes lo hayan dicho después de haber interrumpido hasta en tres ocasiones la subasta de la selección de medicamentos y de que los tribunales hayan levantado esa suspensión que ustedes habían solicitado. No se conoce que se hayan producido alertas sanitarias como consecuencia de ese desabastecimiento.

Pero de todos los argumentos que ustedes han utilizado y que han quedado demostrados, hay uno en el que me voy a detener por su trascendencia. Ustedes han acusado de que esta selección de medicamentos rompe el principio de igualdad porque los andaluces no van a poder acceder a todos los medicamentos como ocurre con el resto de los españoles. Mire, hasta ahora, quien determina, quien selecciona la presentación de un medicamento es el farmacéutico, una vez que el médico ha recetado, ha prescrito el principio activo. Puede ocurrir que en un municipio haya dos farmacias y que un farmacéutico dispense una presentación, una marca, un laboratorio, y el otro farmacéutico dispense otro. ¿Se rompe aquí el principio de igualdad, señorías? ¿La mitad del pueblo es desigual al resto del pueblo? Pero es que, además, puede ocurrir que ese medicamento sea distinto al que se dispense en la farmacia del pueblo de al lado.

Señorías, ¿por qué es más justo que sea el farmacéutico el que seleccione el medicamento en vez de la Administración? ¿Es que ustedes pretenden que todas las oficinas de farmacia tengan todas las presentaciones de todos los principios activos que hay en el mercado? Señorías, no hay razones para decir que este sistema rompe el principio de igualdad.

Le voy a decir más. Tradicionalmente en España los hospitales han llevado a cabo la selección y subasta de los medicamentos, y probablemente los medicamentos que se utilicen en el Gregorio Marañón sean distintos de los que se utilizan en el Virgen del Rocío de Sevilla. Yo nunca he oído al Partido Popular quejarse de que se rompe el principio de igualdad.

No hay razones, ni tan siquiera hay razones competenciales. Saben que tenemos razón. Aquí de lo que se trata, una vez más, es de utilizar la justicia contra Andalucía estrictamente por razones ideológicas. No hay incompatibilidad entre este sistema...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente, ya acabo.

No hay incompatibilidad entre el sistema que ha puesto en marcha el Gobierno de España con el de Andalucía, solamente tiene que echar a andar. Si el Partido Popular no quiere copiar nuestro sistema, el que hemos puesto en marcha en Andalucía, no lo hagan, pero al menos no molesten.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Coalición Canaria va a apoyar la moción. En el turno de portavoces explicaré las razones de ese apoyo, pero en este voy a defender la enmienda que hemos presentado.

Formulamos una enmienda de adición en la que proponemos que se incorpore al texto la siguiente propuesta: Dar cumplimiento a una ley que está vigente, la Ley de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue aprobada con un amplio consenso. Esa ley establecía un mecanismo claro de financiación de las nuevas prestaciones sanitarias para hacer sostenible el sistema. El artículo 10, que lleva por título «Financiación», en su apartado 3, dice: La inclusión de una nueva prestación en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se debe acompañar de una memoria económica que contenga la valoración del impacto positivo o negativo que pueda suponer. Dicha memoria se elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su análisis en el contexto de dicho principio de lealtad institucional. Toda prestación nueva debe ser evaluada desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia y contar con la financiación adecuada. Si se decide introducir en el catálogo de servicios y prestaciones del sistema público algo nuevo, señorías, debe estar financiado si queremos hacer sostenible el sistema. No es cierto que se puedan prestar más servicios con menos dinero; eso es llevar a la quiebra el sistema público sanitario.

Esta cuestión ya se resolvió en el 2003 con esta Ley de cohesión. En aquel entonces se decidió cómo evaluar de forma sistemática la incorporación de nuevas prestaciones, entre ellas los nuevos medicamentos, para asegurar que estuvieran financiados, y desde entonces, desgraciadamente esta ley se viene incumpliendo. El Gobierno de España no puede legislar e introducir prestaciones nuevas o servicios sin que estén financiados e inducir a las comunidades autónomas a incrementar el gasto, a incurrir en déficit o, lo que es peor, a tener que suprimir otros servicios o empeorar su calidad. Este es el sentido de la enmienda que hemos presentado porque esto es lo que implica la lealtad institucional, y no hacerlo significa poner en quiebra el sistema.

Como saben, señorías, los medicamentos son prestaciones sanitarias y deben seguir este criterio si queremos mantener la sostenibilidad y la equidad en el acceso a ellos. Lo contrario es hacer demagogia y ahora mismo electoralismo partidista, lo que me parece muy peligroso. Eso es lo que está haciendo en este momento el Gobierno de España. No es leal institucionalmente recortar 14 000 millones de euros a la financiación del sistema público durante estos tres años y que ahora, en elecciones, el mismo presidente del Gobierno de España que ha promovido los recortes tome la decisión de incluir tratamientos —que está bien—, como el de la hepatitis C, pero no financiarlos y trasladar ese agujero de no financiación a las comunidades autónomas y, además, desprestigiar ante el ciudadano la gestión de las comunidades autónomas que reclamamos más financiación para dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos. El Gobierno de España no cumple con su responsabilidad, que es coordinar y cohesionar el Sistema Nacional de Salud, y, lo más grave aún, boicotea a aquellas comunidades que ponen en marcha medidas de gestión para abaratar el gasto en medicamentos sin perjudicar a los ciudadanos. Parece que a las señorías del Partido Popular no les gusta que las medidas de austeridad se les impongan a los grandes beneficios de las multinacionales de la industria farmacéutica, eso no, pero en cambio sí a los ciudadanos.

Señorías, teniendo en cuenta que el porcentaje de gasto en medicamentos sobre el total de gasto sanitario es cada vez mayor, y no porque se produzca un aumento de las recetas, sino porque aumenta el precio medio de las recetas, así como el precio de los nuevos medicamentos, de las nuevas moléculas —hablamos, por ejemplo, de hepatitis C, de alternativas terapéuticas para enfermedades autoinmunes, el cáncer, etcétera—, planteamos en el segundo apartado de la enmienda que el Gobierno de España —y concluyo, señor presidente— debe liderar en el seno del Consejo Interterritorial un pacto sobre la financiación de los medicamentos, especialmente las nuevas moléculas más costosas, y que lo haga siempre que hayan demostrado su eficiencia, su eficacia, y también que ese pacto garantice el acceso de todos los ciudadanos a los mismos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: ...y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Coves, para indicar si acepta o no la enmienda.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Julios su enmienda y decirle que la vamos a aceptar porque va a enriquecer la moción que hemos presentado. Además, estamos absolutamente de acuerdo en exigir al Gobierno que cumpla las leyes que rigen en España —esa es la primera parte de su enmienda—, sobre todo porque la sanidad española va a tener que hacer frente en los próximos años a unos retos muy importantes, como el tratamiento de enfermedades; en este caso hemos comentado el de la hepatitis C, pero seguro que habrá otros que requieran un estudio pormenorizado por parte del Gobierno sobre la financiación.

Quiero recordar, además, que en el último Consejo Interterritorial hubo varias comunidades autónomas que solicitaron al Gobierno de España la posibilidad de este pacto sobre la financiación de medicamentos. El Gobierno de España hasta ahora o no ha contestado o ha dicho que no, pero esta petición incluso viene respaldada por la Organización Médica Colegial. Por tanto, le agradezco su enmienda, que vamos a aceptar porque así la moción quedará mucho más redonda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Popular, cómo no, se adhiere a las palabras referentes al homenaje a las víctimas del 11-M.

El Grupo Popular va a votar en contra de esta moción, y lo va a hacer porque va a dejar de hacer demagogia. Nos acercamos a unas elecciones andaluzas y el Grupo Socialista, al que le gusta muy poco hablar de Andalucía, hoy trae aquí a Andalucía —supongo que no me regañará porque hable de su comunidad autónoma— con una demagogia extrema, hablando de que esta medida está favoreciendo a los andaluces. Pues le tengo que decir que no es así. El Gobierno del Partido Popular presentó un recurso al marco normativo y a todas las subastas por injusto. Es impugnable, y por supuesto que la ley ampara al Gobierno de la nación, pero lo ha hecho por injusto. Por injusto con los andaluces y andaluzas, como ustedes dicen. ¿Por qué? Por muchos motivos.

En primer lugar, voy a desmontar algunas cosas que ha dicho la senadora Coves. Dice que el farmacéutico es el que decide la prescripción y que parece que nosotros queremos que el farmacéutico decida. No. El Gobierno y la Consejería del Gobierno andaluz han privado al médico de su criterio médico. Ha sido un monopolio de la Consejería. Pero lo más gordo es que en la Consejería eligen una serie de empresas, ninguna de ellas española, unas empresas que no aportan PIB alguno a la nación española. Y en cuanto a los genéricos, ¿son todos iguales? Sí, pero puntuando los genéricos del 1 al 10, estos aprueban con un 5 raspón. Han sido unas medidas que para nada han velado por la mejora, por la seguridad y por la adherencia al tratamiento de los andaluces. En absoluto. Ha sido una medida meramente economicista y con un monopolio total de la Consejería. Es verdad que en el Gobierno andaluz están muy acostumbrados a estos monopolios, pero llegar a monopolizar el criterio médico poniendo en riesgo la adherencia al tratamiento de los andaluces, no es de recibo. Y además han conseguido que los pacientes andaluces sean de segunda categoría. Porque, señorías, todos los pacientes españoles, quitando a los andaluces con esta subasta, tienen derecho a acceder a todo tipo de medicamentos, pero ustedes les han privado de ellos en Andalucía, tienen que ser los que decida la Consejería con un pacto entre esta y las empresas y donde el dinero repercute exclusivamente en la Consejería, y no precisamente en beneficio de la sanidad andaluza ni de los andaluces. En el turno de portavoces me referiré a ello. Y ustedes hablan mucho de que el Tribunal Constitucional ha sido contundente, pero a la vez dicen que no ha entrado en el fondo. Claro, solo ha entrado en la forma. Se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y a los cinco meses —porque así son las formas que marca la ley— tuvo que levantar esa paralización cautelar. Y el juzgado contencioso-administrativo no se puede pronunciar en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Nosotros entendemos que es una medida injusta para los andaluces. Las comunidades autónomas tienen sus competencias, por supuesto, y el Gobierno de la nación las respeta. Pueden aprobar sus carteras de servicio, pero sin olvidar la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Y la mayor competencia que tiene el Gobierno de la nación, que deben respetar todas las comunidades autónomas, es velar por la igualdad de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en que vivan, y pedir para ellos la mejor calidad, en este caso la mejor calidad en los medicamentos para los andaluces y para el resto de España. Eso es lo que está defendiendo el Gobierno del Partido Popular. Y cuando ustedes hablan de la hepatitis y nos dicen que el tratamiento va a correr a cargo de las autonomías, sí, las competencias son autonómicas, pero eso va a través del FLA, y les recuerdo que ese es un pacto con todas las comunidades autónomas, incluyendo la andaluza. Y también les recuerdo la magnífica gestión del ministerio.

Y no entiendo que venga usted hoy a hablar del ministro Alonso, un ministro excelente que está velando —cosa que ustedes no hacen— con todo el Gobierno popular por conseguir la mejor sanidad para los andaluces, porque se lo merecen los andaluces. Y a pesar de lo que ustedes digan, el Gobierno popular y el Grupo Popular velarán por el interés de los andaluces. Y hablan ustedes de un ahorro importante y de la adhesión al tratamiento. Eso es falso. Y hablan ustedes de la igualdad, a lo que luego nos referiremos. Y dice la senadora Coves que si no queremos copiar su sistema, al menos les dejemos actuar. ¡Dios nos libre de copiar su sistema! ¡Dios nos libre de copiar su sistema! Después tendré oportunidad de hablar de las deficiencias del sistema de salud andaluz por culpa del Gobierno socialista de Andalucía.

Muchas gracias, señorías y señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como comenté, Coalición Canaria va a apoyar esta moción, tanto por la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 —debate que ya hemos tenido en esta Cámara en otras ocasiones— como por la retirada del recurso de inconstitucionalidad al sistema de selección de medicamentos de la Junta de Andalucía.

Nos parece que el Gobierno de España es desleal al impedir que una comunidad autónoma introduzca criterios de gestión para disminuir el gasto en medicamentos, sin perjudicar al ciudadano. El actual reparto de competencias entre el Estado y las autonomías que tenemos en España permite que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos sanitarios, y más aún cuando estos recursos son recortados de forma unilateral por el Gobierno de España. Y además lo digo con conocimiento de causa, por un antecedente que sufrimos en Canarias en el año 1997: la comunidad autónoma, en un artículo de la Ley de presupuestos de 1997, introdujo la fijación de precios de referencia de las especialidades farmacéuticas, que no existía en España, pero la Ley general de sanidad sí que lo permitía, aunque, desde entonces, desde dicha ley, ningún Gobierno de España lo había desarrollado —y lo digo claro— ante las fuertes presiones que la industria farmacéutica había ejercido en todos los ministerios. Señorías, se suspendió dicho artículo de forma cautelar, y tuvimos que esperar más de seis años para que un gobierno de España decidiera desarrollar los precios de referencia, impulsar los genéricos y la prescripción de los principios activos. En toda la Europa desarrollada España es la última en desarrollar y en implementar estas medidas. ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno de España hace ese papel? Ese no es el papel del Estado: ni como, ni dejo comer. El Tribunal Constitucional se pronunció en 2004, siete años después, y admitió una sentencia en la que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad; la sentencia consideró la norma canaria ajustada a la Constitución y, por lo tanto, a derecho. Voy a destacar algunos aspectos de esa sentencia porque me parece que vienen al caso de la moción presentada por sus señorías. Uno, puso en valor y le dio la razón a la defensa que realizaban el Gobierno y el Parlamento de Canarias al entender que la norma tenía como finalidad la mejora de la gestión de los recursos públicos a través de la contención del gasto relativo a la prestación farmacéutica dispensada por el Servicio Canario de Salud. Dos, el tribunal también consideró que la norma canaria no era inconstitucional pues no legislaba sobre competencias exclusivas del Estado en materia de medicamentos sobre la fabricación o la comercialización, sino que actuaba en la prestación sanitaria y regulaba, con relación al acceso a la prestación farmacéutica, en condiciones de igualdad; una medida de gestión para abaratar gastos, para favorecer la igualdad en el acceso a la prestación del medicamento. Asimismo consideraba que si la fijación de las bases generales de la coordinación por parte del Estado deben llegar al grado de vaciar de contenido las competencias que en materia de sanidad hayan asumido las comunidades autónomas, la norma del Estado no tendría sentido; es decir, que no se puede vaciar de contenido, a la hora de reclamar las competencias básicas del Estado, la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. Sentencia del Tribunal Constitucional.

Señora portavoz del Grupo Popular, el Gobierno de España, en vez de buscar la confrontación, en vez de buscar el enfrentamiento institucional y territorial, debería trabajar por cohesionar el sistema, por coordinar el sistema, por valorar aquellas medidas de contención del gasto que demuestren ser eficaces y que sean puestas en marcha por cualquier administración autonómica, por cualquiera —hay que ponerlas en valor para que el resto de las comunidades autónomas las conozcan—. Debería trabajar también para mejorar el acceso igualitario de los ciudadanos de cualquier territorio de España a los nuevos medicamentos, incluso a las nuevas moléculas, que todos sabemos que van a encarecer mucho más el coste de esta prestación. Debemos buscar, insisto, fórmulas de financiación para poder garantizar el acceso a los nuevos medicamentos de forma igualitaria en todo el territorio que hagan sostenible el sistema. Pero, claro, para eso hay que tener una posición política clara...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: Concluyo, señor presidente.

Para eso hay que tener una posición política clara, como es defender el Estado del bienestar y los servicios públicos, y no parece, señoría, que ese sea el caso.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, con su permiso, intervengo desde el escaño, porque parece que el día de hoy también va a ser maratoniano.

Nosotros vamos a apoyar la moción, evidentemente. No vamos a entrar en el fondo del asunto pues, respecto a la subasta que lleve a cabo el Gobierno andaluz, el Grupo Vasco no tiene realmente una opinión formada. Pero, desde luego, lo que sí tenemos claro es que en Andalucía debe ser el Gobierno andaluz quien sepa lo que tiene que hacer, siempre que no afecte a terceros y a otras instituciones, como es el caso. Y si no lo sabe o lo hace mal, el día 11 alguien se lo recordará —para bien de ustedes, si lo han hecho bien, o para bien de la oposición, si lo han hecho mal—. Por lo tanto, eso es lo que hoy podemos decir, esa es la base de la democracia. Así es como verdaderamente se respeta esa lealtad institucional de la que hablaba la senadora Julios.

Si entramos en la parte dispositiva, voy a empezar por el final: derogar el Real Decreto Ley 16/2012. Nosotros estamos de acuerdo con la derogación —lo hemos dicho casi todas las semanas—, pero cuando el Gobierno vasco decidió no aplicar el copago y no retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, el Gobierno del Estado recurrió. Gracias a Dios, por suerte o por desgracia —ya veremos por qué—, hubo que aplicar el copago —aunque de la manera menos traumática posible, lo cual fue una buena idea— y el mismo tribunal suspendió la retirada de tarjetas a los inmigrantes. Y esto me lleva al primer punto de la moción: retirar los recursos ante el Tribunal Constitucional y dejar de poner obstáculos jurídicos. Yo creo que esto es esencial, porque lo que vemos es que nos hacemos trampas en el solitario. Tenemos una distribución política del Estado que se decidió como se decidió. Existe una Constitución, con la que podemos estar de acuerdo o no, pero es la que hay. Lo que sucede es que, vía recursos, estamos vaciando parte de las competencias de las comunidades autónomas, bien porque se recurren aquellas decisiones que el Gobierno central no puede controlar y que se toman en los parlamentos autonómicos, o, al revés, porque se fuerza la invasión competencial que obliga a las comunidades autónomas a recurrir los recursos —valga la redundancia—. Y en esto les puedo asegurar que el delegado del Gobierno del País Vasco es un especialista, es un recurrente recurrente, porque lo hace mucho y porque no interpone más que recursos: más de 60 a decisiones municipales que tienen que ver con el Euskera —cuestión que no se refiere a este caso, pero que refleja un poco la medida del asunto del que estamos hablando.

Por lo tanto, nos quedamos con dos frases de la moción: retirar los recursos ante el Tribunal Constitucional y dejar de poner obstáculos jurídicos al sistema sanitario —el que sea—, incluyendo también la compra de medicamentos, permitiendo que las comunidades autónomas desarrollen las medidas que consideren adecuadas de acuerdo con su capacidad competencial. Solo por esta frase, el Grupo Vasco va a votar a favor de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, senyories.

A Espanya es dona la paradoxa que gastem menys en sanitat que altres països del nostre entorn: aproximadament un 9 % del PIB, mentre que altres països estan en el 11 % del PIB. Però en canvi som un dels països que gastem més diners en medicaments. Moltes vegades s’argumenta que l’elevat cos de la despesa farmacèutica es degut a que els pacients abusen del sistema i que adquireixen més medicaments dels que necessiten. Però aquest diagnòstic no és correcte, perquè d’una banda, si fos així, el Reial Decret 16/2012 que va imposar el copagament, majoritàriament els pensionistes, hauria fet que la despesa baixés, però no és així; ha continuat pujant. I ‘altre banda, des de diferents autonomies, com Catalunya i Andalusia, amb governs socialistes, vàrem imposar la recepta electrònica, cosa que ha fet, apart de controlar la despesa, també tenir altres controls, com la seguretat dels pacients.

Com ja hem dit moltes vegades, la prescripció mèdica és un tema molt complexa. Bàsicament perquè és l’únic producte en que el pacient, l’usuari, no l’escull; el que l’escull no el consumeix, ni tampoc el paga, que és el metge, i el que el paga, o paga la major part, ni l’escull, no tampoc l’utilitza, que és l’Estat. Això fa que el fàrmac, que els medicaments siguin un producte molt complicat.

Primer hem parlat del què passa amb els pacients, però fixem-nos un moment en l’altre part: amb la indústria farmacèutica. És una de les industries amb més beneficis del món. Als Estats Units el guany de les empreses d’aquest sector és un dels més importants del país. A tall d’exemple: les 10 empreses farmacèutiques més importants dels Estats Units tenen una taxa mitjana de beneficis d’un 17 %, això, si ho comparen amb la mitjana de beneficis de les 500 empreses més grans dels Estats Units, que sols és d’un 5 %. Perquè a més si vostès miren els pressupostos d’aquestes empreses farmacèutiques, veuran que només inverteixen el 5 % en investigació, el 15 % en desenvolupar molècules, el 10 % en l’elaboració del producte, mentre que gasten un 45 % del seu pressupost en màrqueting i amb el suport als lobbys que hi ha a Washington i a Brussel·les perquè defensin els seus principis.

I quin són els principis de la indústria farmacèutica? Un d’ells las patents. Las patents que els garanteixen un control de la producció i de la distribució i que fa un comportament clarament monopolistic, com hem viscut darrerament amb l’hepatitis C.

I finalment el tercer actor; l’Estat. En aquest cas, a Espanya el ministeri té totes les competències en l’autorització del medicament, en treure i posar nous medicaments, en tractar amb la industria farmacèutica, en pactar amb la indústria farmacèutica, però qui costeja els medicaments és qui té la Sanitat transferida: les Comunitats Autònomes. Ara bé, les comunitats autònomes no formen part de cap dels òrgans de Govern on es prenen les decisions que tenen a veure amb els preus del medicament. I amb aquesta complexitat, la Comunitat Autònoma d’Andalusia va decidir aplicar un nou model de finançament, que compleix estrictament la normativa vigent per aconseguir els preus més baixos de les medicines a través de l’anomenada subhasta de medicaments, per tant que afecta a un estalvi en la despesa de farmàcia. Aleshores el Govern del Partit Popular no hi està d’acord i ho porta davant del Tribunal Constitucional, al·legant, segons ens va explicar el ministre, i segons ens ha referit ara la senadora Aragón, que afecta al principi d’equitat.

Perquè falta d’equitat? Perquè el principi actiu, el medicament que prenen és exactament el mateix, quin és el motiu perquè no és equitatiu? El format de les capses? Les diferents marques?

Senyories, el que no podem permetre en un país en crisis, amb dificultats econòmiques, és boicotejar les comunitats autònomes que intenten disminuir la despesa pública mantenint i garantint els drets dels ciutadans. A d’altres països s’apliquen mesures similars i, per tant, s’estalvien diners.

Buenos días, señorías.

En España se da la paradoja de que gastamos en sanidad menos que otros países de nuestro entorno, aproximadamente un 9 % del PIB, mientras que otros países gastan el 11 % del PIB. En cambio, somos uno de los países que gastamos más dinero en medicamentos. Muchas veces se argumenta que el elevado coste del gasto farmacéutico es debido a que los pacientes abusan del sistema y a que adquieren más medicamentos de los que necesitan. Pero este diagnóstico no es correcto porque, por un lado, si fuese así, el Real Decreto 16/2012 que impuso el copago, sobre todo a los pensionistas, habría hecho que bajase el gasto y, sin embargo, ha continuado subiendo, y, por otro lado, diferentes autonomías como Cataluña y Andalucía, con gobiernos socialistas, impusimos la receta electrónica, que ha permitido controlar, aparte del gasto, la seguridad de los pacientes.

Como ya sabemos y hemos dicho muchas veces en otras ocasiones, la prescripción médica es algo muy complejo, básicamente porque es el único producto en el que el paciente, el usuario no lo escoge; quien lo elige no lo consume ni tampoco lo paga, que es el médico, y el que lo paga, o paga la mayor parte, ni lo escoge ni lo utiliza, que es el Estado. Esto hace que el fármaco, que los medicamentos sean un producto muy complicado.

Primero hemos hablado de lo que ocurre con los pacientes, pero fijémonos un poco en la otra parte, en la industria farmacéutica. Es una de las industrias con más beneficios del mundo. En Estados Unidos, las ganancias de las empresas del sector son de las más importantes del país. Tenemos como ejemplo las 10 empresas farmacéuticas más importantes de Estados Unidos que tienen un índice medio de beneficios de un 17 %, mientras que la media de los beneficios de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos solo es de un 5 %. Además, si ustedes analizan los presupuestos de estas empresas farmacéuticas, observarán que solo invierten el 5 % en investigación, el 15 % en desarrollar moléculas, el 10 % en la elaboración del producto y gastan un 45 % de su presupuesto en marketing y en apoyar a los lobbies que existen en Washington y Bruselas para que defiendan sus principios.

¿Y cuáles son estos principios de la industria farmacéutica? Uno de ellos son las patentes, patentes que les garantizan un control de la producción y de la distribución y tienen un comportamiento claramente monopolístico como hemos vivido últimamente con la hepatitis C.

Finalmente, el tercer actor, el Estado —en este caso, España—



, el ministerio tiene todas las competencias en la autorización del medicamento, para quitar y poner nuevos medicamentos, trata con la industria farmacéutica, pacta con la industria farmacéutica, pero quien costea los medicamentos es quien tiene la sanidad transferida: las comunidades autónomas. Ahora bien, las comunidades autónomas no forman parte de ninguno de los órganos de Gobierno en los que se toman las decisiones que tienen que ver con los precios de los medicamentos. Dentro de esta complejidad, la Comunidad Autónoma de Andalucía decidió aplicar un nuevo modelo de financiación que cumple estrictamente la normativa vigente para conseguir los precios más bajos de las medicinas a través de la subasta de medicamentos, lo que supone un ahorro en el gasto de farmacia. El Gobierno del Partido Popular no está de acuerdo y lo recurre ante Tribunal Constitucional alegando, según explicó el ministro y según nos ha referido ahora la senadora Aragón, que afecta al principio de equidad.

¿Por qué falta de equidad si el principio activo del medicamento que toman es exactamente el mismo? ¿Cuál es el motivo de que no sea equitativo? ¿El formato de las cajas? ¿Las diferentes marcas?

Señorías, lo que no podemos permitirnos en un país en crisis, con dificultades económicas, es boicotear a las comunidades autónomas que intentan disminuir el gasto público y mantener y garantizar los derechos de los ciudadanos. En otros países se aplican medidas similares y se ahorra dinero.

Senadora Aragón, permítame que se lo diga: no compartimos sus argumentos, uno, porque nos parece que los andaluces tienen un trato absolutamente justo en el acceso a los medicamentos —principio de equidad— y en poder consumir el principio activo que necesitan; y, dos, porque lo que pone realmente en riesgo la adherencia al tratamiento —está más que demostrado— son las barreras de acceso, y la barrera de acceso que ha tenido este país ha sido gracias a ustedes y a su real decreto, y se llama el copago de los pensionistas.

Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Bon dia a tothom.

Jo també per iniciar la meva intervenció voldria tenir un record per les víctimes del terrorisme, evidentment en especial per les víctimes del 11-M.

Vull anunciar que des del Grup de Convergència i Unió votarem a favor de la moció. De fet fa dos anys, avui sembla que portem aquest tema a debat perquè s’apropen les eleccions andaluses, i en canvi fa dos anys es va presentar una moció, no sé si vostè mateixa, en aquest Ple, una moció molt similar. Nosaltres mantenim el posicionament que vam tenir en aquella ocasió.

Respecte als diferents punts que planteja la moció, en nombroses ocasions ens hem posicionat des de CiU defensem la necessitat de prendre mesures concretes per garantir la seguretat d’un sistema que com be deia el ministre en la compareixença de la setmana passada és un dels millors de tot el món, i de fet ha estat referència o model per molts altres països, per tant hem de lluitar per protegir aquest model tant excel·lent. Per mantenir l’estat del benestar tal i com la meva generació l’hem conegut.

És necessari i urgent, per tant no es tracta d’un caprici temporal, fer reformes importants en diferents àmbits dels serveis públics, entre ells, òbviament el Sistema Nacional de Salut, que com bé deia, tot i excel·lent en servei i professionalitat, està clarament infrafinançat i per tant és insostenible. Hem de fer un canvi en el model, en la gestió, per fer-la ho perdurable en el temps. És una opinió que hem expressat en moltíssimes ocasions, cada vegada que hi ha una moció referent a temes de salut, s’incorpora aquest tema del reial decret.

Com bé deia l’altre dia, hem de reconèixer que hi ha un problema de fons: és el dèficit econòmic per poder mantenir i afrontar el dia a dia del sistema de salut existent. Aquest és el gran problema que s’ha d’abordar d’una manera transversal, treballant amb les diferents comunitats autònomes i òbviament treballant amb tots els grups. Però aquest és el gran problema. Hem de plantejar un nou model, un model molt més eficient, molt més eficaç que l’actual, però que en tot cas, i això és el que defensem des de CiU, és que garanteixi els drets que hem tingut fins ara: universalitat, qualitat i equitat en l’accés als serveis i a les prestacions. Valors que han sustentat el nostre sistema fins avui, per tant aquest és el gran debat que hem de plantejar i posar sobre la taula.

Des del nostre punt de vista, el Govern del senyor Rajoy, la única cosa que ha fet ha estat limitar l’accés a la Sanitat, deixant fora del sistema molts ciutadans; hem parlat en nombroses ocasions dels immigrants irregulars, i a més a més ha erosionat encara més el finançament del sistema, fent retallades que ha repercutit en la capacitat de poder desenvolupar les funcions per part de les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències. Per tant, el Reial Decret no ha funcionat, no està funcionant, està retallant drets.

A més a més no han aconseguit l’estalvi que es plantejava. Si no recordo malament plantejàvem en el reial decret llei 7 000 000 d’euros d’estalvi, dels quals 4 000 000 o 3 500 000 eren per prestacions farmacèutiques. No s’ha aconseguit, i per tant creiem que han de rectificar.

Pel que fa a l’altre punt, i per tant els recursos que es presenten al Tribunal Constitucional i a la subhasta com a tal, dir que també demanem i exigim al senyor Rajoy i a l’Executiu que exerceixi la seva funció, però sempre respectant escrupolosament i en tot cas les competències que sustenten les comunitats autònomes, que en aquest cas estem parlant de sanitat, i és així. Aquesta legislatura s’ha caracteritzat per l’aprovació de lleis i de polítiques que de manera continua, setmana darrera setmana, trepitgen les competències de les comunitats autònomes. No ens sembla correcte que una vegada darrera l’altre, dia sí, dia també, ministres i president qüestionin les polítiques de les comunitats autònomes, i a més, presentant denúncies al Tribunal Constitucional intentin trepitjar les nostres competències. Ànsies de recentralització, d’acumulació de poder, per tant un model de fer política que nosaltres no compartim. En aquest sentit li donarem el vot a favor.

Ja ho vaig dir en aquella ocasió: el seu model, el model de subhastes no és el nostre, però com han dit els nostres companys, són les comunitats autònomes les que tenen les competències en aquest sentit, nosaltres creiem que se’ls ha de donar suport perquè és la decisió que vostès han pres, l’única cosa que els demanarem és que quan, des de la nostre comunitat autònoma també dins les nostres competències, prenem decisions, siguin curosos i ens donin suport davant d’aquesta manera de fer `política que té l’Executiu del senyor Rajoy.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días a todos.

Al comienzo de mi intervención yo también querría tener un recuerdo para las víctimas del terrorismo, muy especialmente, como es evidente, para las víctimas del 11M.

Quiero anunciar que el Grupo Convergència i Unió votará a favor de la moción. Parece que hoy se lleva a debate el Sistema Nacional de Salud porque se acercan las elecciones andaluzas, en cambio hace dos años se presentó en este Pleno una moción muy similar —no sé si por usted—. Es evidente que nosotros mantenemos el posicionamiento que tuvimos en aquella ocasión.

Respecto a los diferentes puntos que plantea la moción le diré lo siguiente. En muchas ocasiones —no me cansaré de repetirlo— la posición de CiU ha sido la defensa de tomar medidas concretas para mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sistema que, como decía el ministro en su comparecencia de la semana pasada, es uno de los mejores de todo el mundo, de hecho ha sido referencia, modelo para muchos otros países. Por tanto, tenemos que luchar para proteger este modelo tan excelente y para mantener el Estado del bienestar tal como ha conocido mi generación.

Es necesario y urgente —no se trata de un capricho temporal— hacer reformas importantes en diferentes ámbitos de los servicios públicos, entre ellos, obviamente, el Sistema Nacional de Salud, que, como bien decía, siendo excelente en servicios y profesionalidad, está claramente infrafinanciado y, por tanto, es insostenible. Hay que hacer un cambio en el modelo, en la gestión, para que sea perdurable en el tiempo. Es una opinión que hemos expresado en muchísimas ocasiones. Cada vez que hay una moción referente a temas de salud se incorpora este tema del real decreto.

Como decía el otro día, tenemos que reconocer que hay un problema de fondo —el déficit económico— para poder mantener y afrontar el día a día del sistema de salud existente. Este es el gran problema que se ha de abordar de una manera transversal, evidentemente, trabajando con las diferentes comunidades autónomas y, obviamente, con todos los grupos. Este es el gran problema. Tenemos que plantear un nuevo modelo, un modelo mucho más eficiente, mucho más eficaz que el actual, pero —y eso es lo que defendemos en CiU— que garantice los derechos que se han tenido hasta ahora: universalidad, calidad y equidad en el acceso a los servicios y a las prestaciones, valores que han sustentado nuestro sistema hasta hoy. Este es el gran debate que tenemos que plantear y poner sobre la mesa.

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno del señor Rajoy lo único que ha hecho ha sido limitar el acceso a la sanidad, dejando fuera del sistema a muchos ciudadanos —a los inmigrantes irregulares, como hemos hablado en muchas ocasiones-—, y además, ha erosionado todavía más la financiación del sistema, haciendo recortes que han repercutido obviamente en la capacidad de poder desarrollar realmente sus funciones las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Por tanto, el real decreto no ha funcionado, no está funcionando, está recortando derechos.

Además, no han conseguido el ahorro que se planteaba. Si no recuerdo mal, a través del real decreto ley se proponían ahorrar 7 000 000 de euros, de los cuales, 3 500 000 o 4 000 000 serían por prestaciones farmacéuticas. No se ha conseguido, por tanto, creemos que tienen que rectificar.

Por lo que respecta al otro punto, a los recursos que se presentan ante el Tribunal Constitucional relativos a la subasta como tal, le diré que nosotros exigimos al señor Rajoy y al Ejecutivo que ejerzan su función, pero respetando siempre escrupulosamente las competencias que sustentan a las comunidades autónomas —obviamente, estamos hablando de sanidad—. Esta legislatura se ha caracterizado por la aprobación de leyes y de políticas, que de manera continua, semana tras semana, pisan las competencias de las comunidades autónomas. No nos parece correcto que una vez tras otra, día sí y día también, ministros y presidente cuestionen las políticas de las comunidades autónomas e intenten pisar nuestras competencias presentando denuncias ante el Tribunal Constitucional. Son ansias de recentralización, de acumulación de poder. Por tanto, es un modelo de hacer política que nosotros no compartimos. En este sentido, daremos el voto a favor de la moción.

Ya lo dije en otra ocasión que su modelo, el modelo de subastas, no es el nuestro. Como han dicho nuestros compañeros, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en este sentido, por tanto, nosotros creemos que hay que darles apoyo en la decisión que hayan tomado. Solo les pediremos cuando nuestra comunidad autónoma, dentro de sus competencias, tome decisiones, que le den apoyo frente a la manera de hacer política que tiene el Ejecutivo del señor Rajoy.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco a todas y a todos los portavoces su intervención y, por supuesto, el apoyo que han manifestado a esta moción.

Quiero decirles que el pronunciamiento de todos ustedes ha sido similar a los apoyos que ha ido recabando la iniciativa fuera de esta Cámara, es decir, ha sido mayoritario. Deben saber ustedes que, salvo las organizaciones que representan a las multinacionales del medicamento y el Partido Popular que se ha alineado con ellas, hay una gran mayoría de organizaciones y de colectivos que están a favor de la medida puesta en marcha por el Gobierno andaluz. Y me gustaría destacar algunos apoyos importantes, como, por ejemplo, el de la Organización Médica Colegial. El máximo órgano de gobierno de los médicos apoyó en una asamblea explícitamente la subasta de medicamentos de Andalucía. Por tanto, señora Aragón, todas estas cuestiones que usted ha planteado sobre que se limita en Andalucía la capacidad de prescripción de los médicos son falsas, absolutamente falsas. ¿Cómo es posible que la Organización Médica Colegial no respalde la subasta de medicamentos? No es compatible con lo que usted me está diciendo. Pero todavía hay apoyos más importantes: el Tribunal Constitucional ha dejado escrito que los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico. Señorías, ya les digo, salvo el Partido Popular y las grandes farmacéuticas, el resto del mundo parece que está apoyando esta iniciativa andaluza.

Pero, mire, lo sorprendente de esta cuestión no es la soledad del Partido Popular en este tema, lo sorprendente es que los senadores, que han sido elegidos democráticamente para defender el interés general, se alineen en esta iniciativa con las grandes farmacéuticas, precisamente en detrimento del interés general. No es de extrañar que la brecha entre la política y los ciudadanos sea cada día más grande, porque, si a los ciudadanos no les defendemos los políticos, no podemos esperar que sean las grandes empresas las que se pongan de su lado. (Aplausos).

Señorías, lo único que pretende esta iniciativa es que nos dejen tener en Andalucía una sanidad pública, universal y gratuita. Y si usted, señora Aragón, quiere debatir sobre el sistema de Andalucía, sea valiente y plantéelo, pero no lo haga ahora, que no tenemos posibilidad de réplica. No tenemos ningún problema en defender la sanidad andaluza, pero, por favor, sea valiente y plantee un debate abierto sobre ello cuando usted quiera.

Efectivamente, se trata de priorizar. Ustedes, el Partido Popular, el Gobierno de España ha priorizado y ha decidido salvar con dinero público las radiales, las autovías, la salida a bolsa de Bankia o el almacén de gas de Castor y nosotros en Andalucía hemos optado y hemos decidido que queremos una sanidad pública, universal y gratuita; es decir, queremos calidad asistencial, queremos mantener nuestra cartera de servicios y queremos la universalidad de las prestaciones sanitarias. Efectivamente, se dice que eso es priorizar.

Nosotros ya sabemos cómo son las consecuencias y cómo afrontan ustedes las posibilidades de ahorro en la factura farmacéutica o en la sanidad española. Ustedes pusieron en marcha un real decreto del que ya sabemos cuáles son sus consecuencias: la expulsión de 30 000 profesionales sanitarios del sistema público, la exclusión de más de 800 000 personas, que no tienen derecho a la sanidad en España, el copago farmacéutico, etcétera; ya sabemos cuáles son las consecuencias. Además, por un lado, se ha incrementado el gasto farmacéutico, señoría. Desde el año 2013 hay 180 millones de euros más en la factura farmacéutica en España, justo lo contrario de lo que ustedes pretendían conseguir. Pero, por otro, también se han incrementado las listas de espera y se han cerrado servicios, señorías. Esas son las consecuencias de afrontar el Partido Popular el ahorro en la sanidad pública y en la factura farmacéutica.

Andalucía ha sido responsable. (Rumores). No se enfaden porque digamos las verdades, señorías. Enfádense cuando mintamos, pero no ahora, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora COVES BOTELLA: En realidad, señorías, lo que ustedes no quieren es que se confronten los modelos y que se vea que ese copago farmacéutico o la expulsión de los profesionales sanitarios no son necesarios con otras medidas de ahorro como, por ejemplo, la selección de medicamentos. (Rumores).

No se pongan nerviosos, señorías, que es muy temprano todavía. No se enfaden, que queda mucho todavía.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Siempre que el Partido Popular llega al Gobierno de España trata de recentralizar y de recuperar competencias. Ya sé que ustedes no asumieron el Título VIII de la Constitución, pero las comunidades autónomas se han hecho mayores, han crecido y cada una debe elegir cuál es su presente y cuál es su futuro. Andalucía ha elegido el suyo: apostar por las personas y por los derechos; apostar por una sanidad, como ya le he dicho, única, universal y gratuita.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Acostúmbrense, señorías, porque todo parece apuntar a que así será durante muchos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, apuesta por la coherencia y apuesta por la cohesión, y si el ministerio y el Gobierno central tienen alguna competencia, esa es precisamente apostar por esa cohesión. Y si no lo hiciera y si no hubiera impugnado este recurso, entonces sí sería desleal, porque es la mayor competencia que tiene.

El Gobierno del Partido Popular ha optado por una medida que todas las comunidades autónomas han aceptado menos la andaluza: la central de compras. Ustedes han sido insolidarios desde la comunidad andaluza porque se benefician de ella, pero luego llegan ustedes a una subasta con menor calidad y falta de accesibilidad a los pacientes andaluces.

Miren ustedes, hablan de las bondades del Gobierno andaluz y de lo malo que es el Gobierno del Partido Popular que solo vela por los intereses de las grandes empresas mientras que ustedes velan por los intereses de los andaluces. Pues bien, con su subasta han conseguido un ahorro escaso, mucho menor que con el de la central de compras. ¿A dónde ha ido a parar? A los profesionales no. ¿Sabe usted que han destruido más de 7000, casi 8000, puestos de trabajo fijos en la sanidad andaluza en los últimos tres años? ¿Han beneficiado ustedes las condiciones de los trabajadores? No. ¿Han beneficiado ustedes a las mujeres del sistema sanitario, algo de lo que tanto presumen con su sistema tan solidario? No. Comisiones Obreras denuncia: Discriminación de las mujeres en el Sistema Andaluz de Salud (Aplausos): no pueden disfrutar de las horas de lactancia, no pueden estar con sus hijos cuando están enfermos... Ese es su modelo, el modelo que no queremos para los andaluces.

Falta de abastecimiento en todas las farmacias. Ustedes dicen que no, pero en el periódico está. La falta de abastecimiento hace que los pacientes no tengan adherencia al tratamiento y que las empresas que no han optado a esa subasta, tan monopolizada desde la consejería, tengan luego que suplir esas deficiencias.

Además me dicen que ustedes son muy solidarios y que el Partido Popular solo vela por las grandes empresas. Pero ¿a dónde ha ido ese dinero? A los sanitarios no, a mejorar el Sistema Andaluz de Salud, tampoco.

Habla usted del Gobierno del Partido Popular, pero si no llega a ser por el pago a proveedores, ¿cómo hubieran pagado ustedes todas las facturas y el agujero que tenían en el Sistema Andaluz de Salud? (Aplausos). ¿Cómo lo hubieran pagado? De ninguna manera porque no podían.

Hablan ustedes de los derechos, y yo les pregunto: ¿A dónde va ese dinero? Usted dice que hay que ser valiente, audaz. La presidenta andaluza y candidata señala que la subasta es un ataque a los derechos de la sanidad andaluza y que va a salir del esfuerzo de los trabajadores, sin afectar a su bolsillo y sin dejar a nadie en el camino. ¿A quién? ¿Al 36 % de parados en Andalucía? ¿Al 60 % de jóvenes en Andalucía? ¿Al casi 40 % de mujeres en paro en Andalucía? ¿A esas no se las deja en el camino? ¿Eso no asfixia a las familias? ¿A dónde va ese dinero que ustedes ahorran? ¿A los salarios sociales que llevan más de un año de retraso de pago a pesar de la promesa de su presidenta andaluza? (Aplausos). ¿A los más vulnerables? ¿A los más débiles? No. ¿A dónde va ese dinero? Ahí está el quid de la cuestión. (Protestas).

Ese dinero que pactan solamente con la Consejería ¿a dónde va? Ahí viene la sospecha, porque como ustedes en Andalucía tienen esas costumbres tan raras y tan feas de no saber a dónde va el dinero de los ERE y nunca llega a quien tiene que llegar (Rumores), no sabemos a dónde va. ¿Dónde va ese dinero? (Rumores.— Aplausos). No va para mejorar la sanidad, no va para mejorar a los andaluces, a lo mejor va para los 4100 puestos de libre designación que ustedes tienen en Andalucía. (Rumores). Esa es su forma de hace política. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Senadora Coves, sea usted respetuosa con el Partido Popular andaluz. Le recuerdo que en las últimas elecciones más de un 40 % apostó por el Partido Popular, y la presidenta de su comunidad autónoma no obtuvo nada —porque no optó a las elecciones, ahora es cuando lo hará por primera vez—.

Ustedes quieren atacar al Gobierno del Partido Popular en Andalucía en la persona de su secretario general. Pues mire usted, el Gobierno central, el Partido Popular español y el Partido Popular andaluz van a votar por la igualdad de los andaluces. Los andaluces no merecen ser de segunda categoría. (Rumores) y nuestro candidato —del que su secretario general dice, y pensará que ha dicho algo grande, que no recuerda ni su nombre, y queda suspendido porque debería saberlo— va velar por ello. Claro, ustedes están acostumbrados a los líderes tristemente conocidos en los telediarios. El Partido Popular lo que quiere hacer, y por lo que vela —y eso hace el Gobierno central— es recurrir una sentencia por ser injusta con los andaluces, porque la adherencia al tratamiento es importante, porque tienen que tener la misma flexibilidad que todos los españoles, ¡faltaría más!

Súmense ustedes a la central de compras, que sí es un ahorro de verdad y además es común para todos los españoles, mejorarán ustedes la sanidad andaluza, y espero que, en vez de hacer campaña aquí, esas medidas potentes que dice su candidata sean potentes realmente en Andalucía para los andaluces y andaluzas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Termino, señor presidente.

No sé si tengo valentía o no, creo que esto no es cuestión de valentía, es cuestión de coherencia y de responsabilidad, con un Gobierno responsable como es el Gobierno del Partido Popular, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 79; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO AL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL. 662/000179 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Mociones. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal; una del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya; una del Grupo Parlamentario Socialista; y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Castosa. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, treinta años después de su entrada en vigor, las cuotas lácteas de la Unión Europea —es decir, las cantidades de leche que cada Estado miembro puede producir anualmente para que el presupuesto comunitario no financie excedentes— tienen los días contados. A partir de abril de 2015 se producirá la eliminación de cuotas lácteas, provocando un cambio sustancial en el sector. Con la liberación del mercado no habrá límites a la producción, por lo que se plantea un nuevo escenario que tendrá importantes implicaciones en el sector lácteo español.

España tiene una oportunidad única que no tiene ningún país de la Unión Europea para que el problema de la desaparición de las cuotas no sea traumático, porque, entre otras cosas, tiene el 25 % de su consumo sin cubrir y un potencial grande de crecimiento en quesos y derivados.

El sector lácteo español ha realizado un importante esfuerzo en cuanto a la mejora de alimentación, dimensión y competitividad de las explotaciones a lo largo de los últimos años. El sistema de cuotas y la insuficiencia de la cuota española han condicionado de manera importante ese proceso, si bien es cierto que ha tenido un papel reestructurador. Ahora los ganaderos necesitan una clara señal de firmeza, y deben ser conscientes y sabedores de que las medidas que se han adoptado y las que se adopten van a ir en beneficio del sector y, por tanto, de los productores y consumidores.

La perspectiva mundial de la producción y los mercados de la leche vienen condicionando desde hace tiempo —y lo harán aún más en el futuro— las posibilidades y oportunidades de la producción europea y española.

Señorías, la desaparición del régimen de cuotas de la Unión Europea en un escenario de firmeza en la demanda internacional puede representar una oportunidad para el sector español, como bien saben, con una producción —lo he mencionado antes— que no cubre la demanda interna. No obstante, el horizonte no estará exento de riesgos, en particular si no se abordan estrategias sectoriales y/o empresariales en ámbitos como la mejora de la competitividad, la eficiencia, la reducción de costes, la diversificación y segmentación de la producción, la internacionalización y el refuerzo de las relaciones intersectoriales.

El futuro del entorno global muestra tendencias y signos que hacen esperar episodios de volatilidad importante en los mercados relacionados con el sector. Tanto las materias primas para la alimentación animal como la leche serán partícipes de estos eventos, si bien la reforma de la política agrícola común ha consolidado la existencia de herramientas de mercado para afrontar las crisis sectoriales. Cabe mencionar aspectos como las ayudas a rentas, los 47 000 millones asegurados en las negociaciones o la eliminación de la tasa plana, cuya aplicación hubiera supuesto bajar más del 56 % la ayuda actual.

A pesar de ello, puede no ser suficiente ni cubrir todas las posibles situaciones de desequilibrio que puedan afectar al sector en los próximos años, en particular, es necesario disponer de herramientas específicas para los problemas graves que puedan perjudicar los márgenes de las explotaciones.

La desaparición de las cuotas puede influir de manera diferente en los distintos territorios y modelos de explotación en función de su mayor o menor posibilidad de adaptación. En particular, se han identificado riesgos mayores para el caso de las explotaciones situadas en zonas de montaña o afectadas por limitaciones específicas.

Las herramientas de apoyo directo pueden ser instrumentos muy adecuados para reducir estos riesgos y evitar procesos de deslocalización graves. Qué duda cabe, señorías, de que el Real Decreto 125/2015, que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y establece sus condiciones de contratación, el conocido como paquete lácteo, va a suponer una de esas herramientas de apoyo directo a las que me he referido, tratándose como un conjunto de disposiciones cuyo objetivo principal es mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector lácteo y reforzar la posición negociadora de nuestros ganaderos y productores de leche.

No quiero dejar de mencionar, claro está, como herramienta y apoyo fundamental al sector la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que, tras cumplirse un año de su entrada en vigor, está plenamente operativa y con todos los instrumentos que contiene la ley ya regulados y en funcionamiento; una ley para todos, en cuya elaboración han participado todos los sectores con acuerdos para tener, señorías, unas reglas de juego claras, con una mayor seguridad jurídica y una mayor transparencia en las relaciones comerciales a lo largo de toda la cadena alimentaria. Aun así, no hay que cejar en el empeño y hay que seguir trabajando; aunque todos estos instrumentos de apoyo se antojan determinantes para la planificación y gestión del mercado en ausencia de cuotas, parece necesario, no obstante, mayor compromiso, protagonismo y responsabilidad de los actores del sector en ámbitos como la transparencia y la estabilidad en las relaciones de los eslabones.

El sector debe impulsar acciones para la puesta en práctica de todas aquellas innovaciones y adaptaciones que minimicen los impactos derivados de factores como la disponibilidad de alimentos, el precio de la energía, etcétera. Las medidas destinadas a la modernización, y muy en particular al asesoramiento de las explotaciones y a las organizaciones de profesionales en estos ámbitos, son esenciales. Los consumidores y el conjunto de los ciudadanos europeos serán protagonistas también en la evolución sectorial, no solo a través de la demanda de productos, sino por su creciente preocupación sobre cómo se producen los alimentos: bienestar animal, procesos de intensificación, preocupación por el medioambiente, etcétera. Sector y responsables de todas las administraciones debemos estar muy atentos a sus demandas.

Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone a la aprobación del Pleno de esta Cámara la siguiente moción: «El Senado insta al Gobierno a: 1) Continuar con los mecanismos de vigilancia y monitorización del mercado lácteo con vistas a reforzarlos en el caso de que sea necesario y con el fin de adoptar las medidas que se consideren oportunas de acuerdo con la normativa comunitaria y de competencia. 2) Continuar defendiendo ante las instituciones comunitarias la necesidad de disponer de mecanismos, indicadores y directrices de actuación en caso de crisis en el seno del Observatorio Lácteo creado por la Comisión Europea. 3) Apostar por la consolidación y desarrollo de las medidas del paquete lácteo como instrumentos de trasparencia, estabilidad y reforzamiento de la posición negociadora de los productores. 4) Analizar la posibilidad de mejorar los instrumentos existentes y poner en marcha otros nuevos para contrarrestar los efectos de la volatilidad de los precios en el sector y hacer frente a las posibles crisis.»

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castosa.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado dos enmiendas. La primera plantea que se produzca una modificación de las condiciones de contratación para equilibrar la diferencia entre la capacidad negociadora de los productores de leche y la que tienen las empresas de transformación que, además, como acaba de reflejar un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se sitúa incluso por encima del marco de la legalidad. Los acuerdos, los pactos, entre estos grandes grupos de trasformación láctea hacen que la capacidad negociadora de los productores individuales, incluso de las cooperativas y organizaciones, resulte bastante ilusoria.

Esta modificación es urgente y trascendente en este momento porque, como saben sus señorías, en este mes de marzo se está desarrollando la negociación de la renovación de los aproximadamente 18 000 contratos de suministro de leche a las empresas transformadoras y, por los datos que se barajan hasta ese momento, está dando como resultado que el precio de la leche a pagar al productor oscile en torno a los 32 céntimos en la región central de nuestro país y a los 30 céntimos en la cornisa cantábrica, en el norte. Obviamente, tras haber tenido como referencia hace no muchos meses los 37 céntimos del litro de leche, es apreciable una caída en la remuneración y, por tanto, resulta difícil compensar tan siquiera los costes de producción con una remuneración en estos términos. Precisamente es el resultado de esa negociación, el precio que se está fijando para la leche, lo que acredita la insuficiencia de la regulación de estas condiciones de contratación, que no es capaz de reequilibrar mínimamente la diferencia en la partida de la negociación de cada una de las partes.

La segunda enmienda hace referencia también a la necesidad de desarrollar alguna iniciativa que salga al paso de las prácticas de los grandes grupos de comercialización, que utilizan la leche como un producto reclamo frente al consumidor y, prevaliéndose de una situación que cada vez resulta más oligopolista en la comercialización, imponen unas condiciones, en este caso, a las empresas de transformación que hacen muy difícil que dichas empresas no trasladen la presión hacia los productores. Es decir, sobre el productor de leche, sobre el ganadero, se proyecta, por un lado, la fuerza en la negociación de las empresas transformadoras de la leche que, a su vez, repercuten la presión que sobre ellas ejercen las grandes comercializadoras, que, por otro lado, cada vez ponen en el mercado un porcentaje mayor de marcas blancas que surgen de estas empresas transformadoras. En este momento, el 60 % de la leche que colocan en sus estanterías las grandes comercializadoras, las grandes distribuidoras de nuestro país, son marcas blancas. Obviamente, todo ello acaba llegando al productor, que ve cómo la remuneración que percibe por la producción de leche cada vez resulta menos compensatoria, y de ahí que sigamos viviendo la desaparición de explotaciones lácteas, de acogimiento a ayudas que suponen el sacrificio de las vacas de producción de leche, y que cada vez más nuestro mercado reciba los excedentes de producción láctea de los grandes Estados productores del norte de Europa.

Por eso, a través de estas dos enmiendas, intentamos reequilibrar dentro del mercado la posición, en un caso, de los productores de leche, y en otro, la de los transformadores frente a los grandes comercializadores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

El Grupo de la Entesa ha presentado en este caso tres mociones. Nos parece que este es un debate importante para un sector que, como ha explicado ya el senador Iglesias, está en este momento viviendo una situación compleja, la que vive en general el sector de la agricultura, porque ustedes saben que la tendencia —lo he dicho ya algunas veces en esta tribuna— es la desregulación sistemática del mercado agrario, y por este camino vamos, especialmente aquí, porque en Estados Unidos con la Farm Bill han encontrado fórmulas no tanto para regular los mercados, pero sí para compensar a los agricultores por su desregulación. A ello apuntaba en su intervención el senador Iglesias, con quien estoy absolutamente de acuerdo.

Por tanto, hemos aportado tres enmiendas que creemos que completan la moción que ha presentado el Grupo Popular. Porque en este momento se necesita dar al sector instrumentos que sean capaces de ayudar, puesto que la desaparición de las cuotas va a comportar un incremento en la inestabilidad de los mercados que ya tienen por sí mismos unos precios muy volátiles y, por tanto, habrá zonas, muy especialmente las de montaña, Galicia y la Cornisa Cantábrica especialmente, que pueden tener problemas en un contexto que ya es malo. Recuerden ustedes que la leche ha tenido en estos últimos meses los precios más bajos desde hace cuatro años. En este momento la situación no es buena y, desde esta perspectiva, la desaparición de las cuotas puede empeorar esta situación.

Nos parece bien, por tanto, el refuerzo del Observatorio europeo del sector lácteo si queremos ser capaces de adaptar todas estas medidas que nos van a dar las pistas de por dónde van los mercados y de qué forma se puede compensar a los ganaderos para ayudar a estas explotaciones que pueden enfrentarse a situaciones de crisis muy graves e incluso provocar la desaparición de muchas de ellas. El análisis de estas lecturas del mercado se debe hacer en un grupo de trabajo en el que deben participar lógicamente las organizaciones agrarias profesionales para, en definitiva, generar las medidas pertinentes y compensar a los ganaderos de esta situación que se avecina.

En la moción se plantea —lo decía el portavoz del Grupo Popular— el refuerzo del paquete lácteo, pero ustedes saben que este paquete ha tenido una influencia muy baja en los problema que presenta el mercado. Esa es la realidad. Tampoco ha habido modificaciones sustanciales de este paquete que ahora se plantea. Cuando ustedes hablan con los ganaderos lo que les dicen es que la influencia de las medidas del paquete lácteo, la corrección de los problemas y especialmente de los problemas de mercado ha sido muy baja. Por tanto, debemos abordar el problema que planteaba el senador Iglesias: la presión que sufren los ganaderos sobre el precio de la leche. Hay que tomar medidas que corrijan el funcionamiento de los mercados. Hemos visto estos últimos días que se ha multado a las grandes empresas por vulnerar la Ley de la competencia, pero yo creo que eso no es suficiente. Hablamos en la Ley de la cadena alimentaria de la necesidad de prohibir la venta por debajo de costes de producción y, en este sentido, aquí hay que buscar mecanismos que sean útiles a esta finalidad porque, si no, las explotaciones son inviables. Por último, hay que dotar al sector de ayudas y en este momento serán necesarias rebajas fiscales y ayuda a la refinanciación de las deudas, porque nos parece que sin estas medidas será imposible que el sector se pueda mantener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías, presidente.

En el año 2013 el Gobierno aprobó el Real Decreto 1308, que regula las medidas del paquete lácteo. Y, ahora, a menos de un mes del fin del sistema de cuotas, y después de casi dos años de haber podido analizar cómo han funcionado estas medidas, ha decidido aprobar el real decreto por el que modifica la normativa, que, lamentablemente, deja muchas cuestiones en el aire, errores sin solucionar y abusos sin corregir. Y ahora ustedes nos presentan una moción para que demos por válida esta modificación, sin más. Una moción sin intenciones y, lo que es peor, sin soluciones. Se han limitado a redactar un texto según el cual todo lo hecho está bien hecho y lo van a utilizar para convertir de nuevo a esta Cámara en un aplausómetro para el Gobierno. Y se equivocan. Se equivocan en el texto; se equivocan en las formas, y se equivocan en los tiempos. Y no lo digo yo, lo dicen los productores, los sindicatos, e, incluso el propio ministerio. Sí, señorías, el propio ministerio. En los dos primeros puntos de la moción ustedes dicen que el Gobierno debe continuar haciendo control y monitorización del sector lácteo, tal y como lo estaban haciendo, como si estuviera perfecto. Y hace dos días, señorías, dos días, el ministerio ha reconocido que se equivocó en sus previsiones, que erró en su informe de monitorización. Aquí lo tienen, señorías (La señora Fernández Pena muestra la página de un periódico): «Agricultura rectifica por sorpresa.» Hace tres meses el desfase de las cuotas era de 128 000 toneladas, lo que suponía una multa de 35,5 millones. Después, en enero, y según el director general de producciones y mercados agrarios, era de entre 17 000 y 45 000 toneladas. Y hace dos días resulta que la producción no llega ni a los 8000 kilos ni a los 2 000 000 de multa. Ya ven, señorías, de 35 millones a 2 000 000 en tres meses. ¿A eso se le llama criterio ministerial? ¿A eso se le llama conocer el sector? Pues no, señorías, a eso se le llama tomar el pelo a los miles de ganaderos que recorrieron España buscando cuota para alquilar y evitar una multa que no existía. Por eso, no podemos apoyar esos puntos en sus términos. ¡Si hasta el propio ministerio reconoce que peor no lo puede hacer! Es necesario introducir nuevas hipótesis de valoración: estacionalidad, valoraciones trimestrales, mejores encuestas lácteas. Es necesario, señorías.

En el tercer punto nos piden que apostemos por la consolidación y el desarrollo del paquete lácteo. Hagámoslo, sí, apostemos por ello, pero no poniendo a los pies de los caballos a los ganaderos. La duración del contrato tiene que ser de un año, como mínimo. Sí, pero que las excepciones a esta norma queden perfectamente clarificadas para evitar abusos. Que exista una figura de mediador ante un conflicto contractual. Sí, pero que sea obligatoria, para que todas las partes estén en igualdad de condiciones. Tenemos que establecer mecanismos para resolver los problemas que aparecerán con la supresión de las cuotas lácteas y garantizar la recogida a los pequeños productores y a los que están situados en la alta montaña. Sí, pero sin presiones empresariales. Y, por supuesto, tenemos que adoptar verdaderas medidas de impulso a las organizaciones de productores, señorías, porque sin un sector productor fuerte no tenemos garantías de que puedan negociar en igualdad de condiciones. Tenemos que aprovechar la experiencia adquirida en estos dos años y hacer un paquete lácteo que garantice realmente el futuro del sector.

Y ya, el último punto de la moción, señorías, es imposible de votar. Fíjense lo que dicen: Analizar la posibilidad de mejorar instrumentos existentes y poner en marcha otros. El súmmum de la incoherencia y de la inconcreción. Nuestras enmiendas, que esperamos acepten, vienen a aclarar, por lo menos, cuáles podrían ser esos otros instrumentos: un sistema de intervención público que cubra, por lo menos, los costes de producción. Tenemos que implantar mecanismos que garanticen bajo el control de la FEGA la recogida y el pago de la leche de los ganaderos que no tengan comprador. Una estrategia global para el desarrollo y la viabilidad del sector lácteo, implantando un sistema de referencias objetivo para establecer y fijar el precio de la leche. Y, por supuesto, hay que devolver a los ganaderos lo que se les ha quitado, y que la multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sirva para poner en marcha planes de apoyo a la reestructuración y de garantías para el futuro del sector.

Los ganaderos de este país se lo merecen, señorías, por eso le pido que acepten estas enmiendas. Hagamos un documento entre todos que realmente sirva para ayudarles y no este texto vacío que es absolutamente inoportuno.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En aquest cas, des del Grup de Convergència i Unió, el primer que volem dir és que ens trobem davant d’una situació de finalització d’una etapa de trenta anys en què hi havia unes quotes làcties establertes per Europa. El sector làctic l’hauríem de posar com una qüestió de manual. Fixin-se que hi ha un imperatiu establert per part de la Unió Europea, que limita la possibilitat de producció del sector, en aquest cas, dels productors de llet.

Ens trobem en un altre escenari, i aquest escenari genera una certa incertesa, i per tant, malestar. A tota aquesta situació de la qual venim cal afegir algun element important. Per exemple, hi ha un informe de la Comissió Nacional de la Competència sobre relacions entre fabricants i distribuïdors en el sector alimentari, de l’any 2012, que estableix que les pràctiques existents, sobretot al sector làctic, són les que provoquen una diferència més gran entre el que perceben els productors i al final, el que s’està pagant per part dels clients. I entremig d’aquesta cadena, hi ha dos elements a tenir en compte: els fabricants transformadors i els distribuïdors. Per tant, a més a més que el producte en si mateix ha esdevingut un producte reclam per incrementar el consum d’altres elements dins de les grans superfícies, també hem de veure que aquesta limitació establerta per les quotes làcties ha tingut un efecte nociu per als productors.

Els donaré algunes dades. L’any 1992 hi havia 4329 explotacions on es produïen 534.691 tones l’any. L’any 2013, 786 explotacions, on hi havia una quota de 542.090 tones l’any. Què vol dir, això? Doncs que el sector s’ha hagut d’adaptar, i ara el que hem de fer, amb els instruments existents, no és un brindis al sol, sinó establir unes línies. No li dic pas que totes les propostes que vostès estan fent per part del Grup Parlamentari del Partit Popular siguin brindis al sol. Evidentment, l’acabament d eles quotes genera una certa incertesa. Però sí que els demanem una certa concreció en dos aspectes fonamentals, i després en el torn de portaveus també apuntaré algunes coses concretes.

Primer, hi ha uns instruments, com és la Llei de Millora de la Cadena Alimentària, per regular i fer complir els elements que estableixen. Hi ha l’agència, que ha de fer aquest seguiment constatat. Què demanem? Que hi hagi una recuperació del valor i aquella acció del win-win per a totes les parts dins de la cadena alimentària, i sobretot unes mesures de protecció a la baula més feble, que són els productors, i que estiguin reconeguts. Entre altres coses, perquè algun dels elements que s’han anat dient, no tan sols en aquest hemicicle sinó també en diferents comissions existents, és que el sector productiu lacti té un element fonamental de fixació de població al territori. I si no els donem les eines per tal que la baula més feble del sector pugui tenir uns elements de mínima supervivència i uns preus que vagin en aquesta direcció, no ho podrem fer.

A més a més, fixin-se que hi ha un element que ens caracteritza dins la Unió Europea, que és la seguretat alimentària dins del sector, el lacti i no únicament aquest. Això és un valor afegit, i hi ha unes expectatives de futur que es podrà arribar a comercialitzar.

També demanem en una altra esmena el foment de la industrialització del sector lacti. Què vol dir? Doncs que a tota la transformació d’aquest producte essencial que és la llet es pugui arribar a donar un valor afegit, i que ho puguin fer les petites i mitjanes empreses moltes vegades promogudes pels mateixos ramaders. I després, evidentment, una qüestió competencial —i acabo, president—, que això sempre tingui l’observació de les competències que corresponen, perquè com que vostès són molt constitucionalistes, segur que no sobrepassaran aquests límits de la mateixa Constitució i els Estatuts d’autonomia que així ho estableixen.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En este caso, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió quiere decir, en primer lugar, que nos hallamos ante la finalización de una etapa de treinta años, cuando la Unión Europea establecía cuotas lácteas, y en este caso el sector lácteo deberíamos abordarlo como una cuestión de manual. Hay un imperativo establecido por la Unión Europea que limita la posibilidad de producción de los productores de leche.

Nos encontramos con otro escenario que genera cierta incertidumbre y, por lo tanto, malestar. A la situación en la que estamos hay que añadir algún elemento importante. Por ejemplo, hay un informe del año 2012 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario, donde se establece que las prácticas existentes, sobre todo en el sector lácteo, son las que provocan una diferencia más grande entre lo percibido por los productores y lo que están pagando finalmente los clientes; y en medio de esta cadena hay dos elementos a tener en cuenta: los fabricantes transformadores y los distribuidores. Esta limitación establecida por las cuotas lácteas, además de generar que el producto en sí mismo se haya convertido en un producto reclamo para incrementar el consumo de otros elementos dentro de las grandes superficies, ha tenido un efecto nocivo para los productores.

Voy a darles algunos datos. En 1992 había 4329 explotaciones, donde se producían 534 691 toneladas al año. En 2013 descendían a 786 las explotaciones, donde se producían 542 090 toneladas año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sector se ha tenido que adaptar y ahora, con los instrumentos existentes, no tenemos que hacer un brindis al sol, sino establecer unas líneas. Con esto no quiero decir que todas las propuestas que ha hecho el grupo político que apoya al Gobierno, el Partido Popular, sean un brindis al sol —evidentemente, la finalización de las cuotas genera cierta incertidumbre—, pero sí les pedimos cierta concreción en dos aspectos fundamentales, y en el turno de portavoces apuntaré algunas cosas concretas.

Primero, hay unos instrumentos, como la Ley de mejora de la cadena alimentaria, que sirve para regular y para cumplir los elementos que se establecen, y la agencia debe hacer ese seguimiento. ¿Qué pedimos? Que haya una recuperación del valor y se busque aquella acción del win-win para todas las partes que están dentro de la cadena alimentaria, pero, sobre todo, unas medidas de protección al eslabón más débil, los productores, para que sean reconocidos; entre otras cosas, porque algunos de los elementos que se han mencionado, no ya solo en este hemiciclo, sino en las distintas comisiones existentes, ponen de manifiesto que el sector productivo, el lácteo en este caso, tiene un elemento fundamental de fijación de la población en el territorio. Por lo tanto, si no le damos las herramientas a este sector para que el eslabón más débil pueda tener unos elementos de mínima supervivencia y unos precios que vayan en esa dirección, no vamos a poder hacerlo.

Además, fíjense ustedes que hay un elemento que nos caracteriza dentro de la Unión Europea, y es la seguridad alimentaria dentro del sector lácteo, y no únicamente. Este es, pues, un valor añadido, y hay unas expectativas de futuro que se podrán llegar a comercializar.

Tenemos otra enmienda para el fomento del sector lácteo, es decir, que a toda la transformación de este producto esencial que es la leche se le pueda dar un valor añadido y que lo puedan hacer las mismas pequeñas y medianas empresas, muchas veces promovidas por los mismos ganaderos.

Finalmente, una cuestión competencial —y acabo, presidente—, y es que se observen siempre las competencias que corresponden. Como ustedes son muy constitucionalistas, seguro que no van a sobrepasar esos límites, que son la Constitución y los estatutos de autonomía que así lo establecen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Castosa, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por la última. Ha sido imposible transaccionar las enmiendas de CiU a última hora, sobre todo el punto número 3, porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente apuesta por la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria como instrumento para mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de una competencia justa, que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores.

En relación con el punto número 5, quiero decir, señor Plana —y ya lo habíamos comentado en la jornada de ayer— que es muy impreciso y que podría suponer un incremento de gasto difícil de asumir en este contexto presupuestario.

En lo relativo a la enmienda del PSOE, señora Fernández, el Gobierno está cambiando propuestas hechas anteriormente, precisamente, porque está velando, vigilando y monitorizando los precios. No nos podemos quedar estancados. Los cambios que se hacen se deben a las deficiencias que se ven y que, sin duda alguna, hay que corregir. La gran mayoría de las medidas que proponen ustedes están puestas en marcha y otras van incluso en contra de la libre competencia y de la fijación del precio de la leche.

Por lo que respecta, a las enmiendas de Entesa, señor Boya, consideramos que ya se está llevando a cabo el seguimiento de los mercados, tal como proponen. La Agencia de información y control de alimentos está controlando el cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se ha diseñado una ayuda acoplada para el sector lácteo en el marco de la nueva política agraria común, la PAC.

En cuanto a la propuesta de Coalición Canaria —no está presente el señor Quintero—, se debió producir un error a la hora de presentarla por cuanto está fuera del objeto de la moción de referencia. Nada tiene que ver con esta moción.

Por último, en relación con la enmienda de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, quiero decir que se ha modificado el paquete lácteo para mejorar y adaptar el sistema de contratación actualmente en vigor, con el objeto de incrementar la duración efectiva de los contratos y evitar que los mismos se realicen sobre entregas de leche ya realizadas o que se modifiquen de forma recurrente y retroactiva, restando capacidad negociadora al ganadero. Y la Agencia de información y control de alimentos, como dije antes, está controlando el cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por todo esto, señorías, nos vemos obligados a votar en contra de las enmiendas presentadas por los distintos grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castosa.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señor presidente, intervendré de forma muy sintética.

La situación del sector lácteo no ha sido buena en los últimos años, y en este momento se acumulan los conflictos y problemas. Como se ha dicho en las diferentes intervenciones, estamos a días del fin del sistema de las cuotas lácteas. Está en marcha la negociación de un tratado de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos, cuya repercusión en el sector agrario en general desconocemos, y en el sector lácteo hay temores de que sus consecuencias resulten absolutamente negativas. Curiosamente, las sanciones que se deriven de los expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defendiendo en principio la posición de los ganaderos puede tener un efecto rebote perjudicial para los propios ganaderos. Poner en riesgo el futuro de estas industrias transformadoras que, como consecuencia de las importantes sanciones anunciadas, probablemente se vean abocadas en algunos casos al cierre o a una nueva concentración de las transformadoras que reforzará aún más su reducido número, significará una posición aún más fuerte frente a los productores de leche. Es decir, el escenario que se plantea en estos momentos es bastante complejo, de ahí que la respuesta tenga que ser más amplia que la incluida en la propia moción y, desde luego, un compromiso del Gobierno de la nación con este sector que signifique la definición de alternativas en semanas, porque, si no, estos problemas van a llevarse por delante una gran parte de lo que queda de productores de leche, que ya no es mucho.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on senatari jaun-andreok.

En primer lugar, voy a hacer unas reflexiones sobre la parte expositiva, porque afirmar que la desaparición de las cuotas lácteas supone una oportunidad única, sinceramente, nos parece excesivamente optimista y tiene poco que ver con la realidad productiva industrial y comercial del mercado de la leche. No sé si eso podrá ser en la Unión Europea, pero, desde luego, no es así en el Estado ni, por supuesto, sobre todo en las áreas de montaña.

Desde su ingreso en la Unión Europea el Estado español ha sido deficitario en la producción de leche al estar limitado por una cuota de producción asignada por Bruselas muy inferior al propio consumo interno. Esto ha provocado que ese hueco haya sido ocupado por importaciones de leche y derivados a muy bajos precios y provenientes fundamentalmente de otros países, esencialmente de Francia. Esta estrategia ha sido complementada también por la progresiva incorporación de capital foráneo, también esencialmente francés, en la industria transformadora de leche en el Estado cubriendo una parte muy importante del propio mercado. Por tanto, además de que el mercado español es destinatario de excedentes de leche europea a muy bajos precios, la adopción de decisiones estratégicas sobre el futuro productivo y comercial está en gran parte también en manos de capital no español.

Hay que tener en cuenta también que el mercado interno se distingue por ser un consumidor de leche líquida de larga duración esencialmente en brick y, por tanto, con muy poco valor añadido, a diferencia de otros países de Europa, donde el consumo de leche fresca, quesos, derivados, etcétera, supone para el ganadero una oportunidad añadida de valorización del producto. Por tanto, hablar de oportunidad, como he dicho, nos parece un poco discutible. Por otra parte, nos da la impresión de que muchos países de Europa siguen mirando hacia el Estado español como un destino idóneo para colocar sus excedentes con el consiguiente riesgo de desaparición de explotaciones sobre todo en zonas de montaña y en zonas desfavorecidas, como las ubicadas en la cornisa cantábrica, de dimensión muy reducida, de escasa capacidad forrajera para la alimentación del ganado, con altos costos de producción y de deficiente estructuración comercial. Por el contrario, es previsible, así por lo menos podría ser por cuestiones empresariales, la concentración de la producción en zonas geográficas más aptas por su capacidad de generar los propios recursos alimentarios, con gran tamaño y capacidad inversora.

En cuanto a la parte dispositiva, entendemos que el Magrama y la propia Comisión Europea traten de incorporar mecanismos de vigilancia y monitorización del mercado lácteo para prever su evolución y adelantar decisiones —eso es algo que podría ser y que es muy positivo—, porque en teoría disminuirían los efectos perniciosos que para el sector productor tiene un mercado tan volátil como el de la leche, y de ahí también entendemos el lanzamiento del Observatorio del Mercado Lácteo europeo para que vigile esta evolución del mercado, de manera que los actores de la cadena y de la comisión puedan estar informados y puedan prever los movimientos y las decisiones que deban tomarse.

Tenemos muchas más dudas en que este monitoreo que establece una supervisión ex ante elimine la gran volatilidad de este sector provocada, sobre todo, por el precio de las materias primas, las importaciones de excedente de leche en polvo y la presión de las cadenas de distribución hacia un sector productor e industrial atomizado con muy baja estructuración, y aquí yo creo que tenemos que recordar lo que también ha comentado tanto el senador Iglesias como el senador Boya. Pero, en principio, no tendríamos especial problema para estar de acuerdo con el texto y con la declaración de intenciones que suponen tanto el punto 1 como el punto 2. Pero donde ya empezamos a no estar de acuerdo es con el punto 3, señorías, porque en Euskadi —creo que ocurre lo mismo en todas las comunidades del Cantábrico—, que está ubicada geográficamente en una zona catalogada como de montaña, la desaparición de las cuotas —y también lo ha dicho así el senador Boya— puede tener repercusiones muy negativas, a las que no se hace referencia alguna en esta moción. Se trata de zonas, como he dicho antes, muy vulnerables, con escasa base territorial, sin alternativas productivas, pero que generan un gran número de empleos y ocupan y mantienen bien el territorio.

La Comisión de Recursos Naturales del Comité europeo de las Regiones, en un proyecto de dictamen aprobado el 5 de marzo, señala que la desaparición de las cuotas lácteas acelerará la concentración de la producción de leche en las zonas más intensivas en perjuicio de las regiones desfavorecidas o sensibles, sobre todo, de las de montaña. Aquí nosotros creemos que sí se tendría que haber tenido en cuenta aquello que señala el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, que establecía que se concederán ayudas asociadas a los productos que afronten dificultades con el objeto de incentivar el mantenimiento de los niveles de producción actuales. Pues muy al contrario, señorías, durante la negociación que se desarrolló en el 2014, la postura del Magrama fue desplazándose, digamos que fue involucionando desde una diferenciación y un apoyo sustancial a las producciones de leche provenientes de zonas de montaña hacia una reducción muy importante de este apoyo, fruto de las presiones de otras zonas con una realidad ganadera muy diferente. Siempre se puede alegar que esa disminución o ese cambio del Magrama en el apoyo a los pagos directos se puede compensar con los mecanismos y con las medidas del plan de desarrollo rural o con las indemnizaciones compensatorias de montaña y las ayudas agroambientales, etcétera, se puede decir eso, pero estamos hablando de los pagos directos en aplicación de la PAC.

Respecto al punto 4, evidentemente está bien que se analicen todas las posibilidades de mejora —en esto también tengo que estar un poco de acuerdo con la senadora Fernández Pena—. ¡Solo faltaría! Para eso son los gobiernos, este y todos los demás, para mejorar porque, si no, no necesitaríamos más que hacer una norma y quedarnos quietos ahí para todo lo que nos quedara.

En resumen, esta es una moción bienintencionada y generalista, una vez más, sin ninguna novedad o compromiso añadido para el Gobierno y creemos que destinada a cerrar formalmente lo que para el Magrama es el ofrecimiento al sector de lo que se estima como instrumentos que ya son suficientes. Por tanto, se nos presenta una dicotomía: podíamos estar de acuerdo con tres de los cuatro puntos, pero no podemos aceptar ningún desarrollo normativo que mantenga o consagre lo decidido a la hora de negociar los criterios de distribución de los pagos directos que he mencionado anteriormente.

Por lo tanto, senador Castosa, blanco y en botella: el Grupo Parlamentario Vasco no puede apoyar esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, president.

Per al nostre grup, el posicionament respecte d’aquesta moció també serà de vot en contra. Crec que en les dues intervencions prèvies a la meva s’ha situat molt clarament en quins termes s’està fent aquest debat. La veritat és que per a nosaltres, en aquest moment, realment, hi ha una necessitat de fixar unes mesures que ajudin a concretar de quina forma el sector lleter pot afrontar una situació complicada, una situació complexa, en què els mecanismes dels quals ha disposat fins ara ja han demostrat la seva utilitat. El senyor Manel Plana citava algunes xifres respecte de la concentració de la producció de llet, i per tant, de la disminució del sector en el conjunt del mercat; i el senyor Cazalis, a continuació, ha fet una intervenció sobre com això està repercutint a les zones de muntanya, aquelles que estan més allunyades i que precisament necessiten més del sector agro-ramader per poder continuar vives i per poder continuar mantenint la població. Doncs bé, aquesta moció, des del punt de vista d’un canvi substancial d’aquesta situació que es ve perllongant al llarg del temps i que —com hem pogut comprovar i les dades així ho avalen— està posant certament en risc un sector que en aquest moment necessitaria un compromís ferm del Govern; un compromís que donés resposta i solucions als problemes que aquí s’han esmentat. I certament, la moció no ho fa. La moció, en la seva part dispositiva, és generalista. I d’altra banda, el que pretén és donar suport a les mesures que ha pres el Govern, que en cap cas han sigut capaces de modificar aquesta situació. Per tant, el que necessita el sector són mesures concretes, mesures que siguin capaces de donar estabilitat al mercat; i sabem que precisament anem en una direcció en què això no serà així. Vostès diuen que el mercat a Espanya té possibilitats de créixer un 25 %. Sí, però Europa té uns excedents de més del 10 % de llet, en aquest moment, i Espanya ja és en aquest moment una bonera de llet francesa i de llet que ve d’altres països. Des d’aquesta perspectiva, cal tenir en compte que els costos de producció al nostre país són més car, i que el nostre sector està molt menys estructura, que té molta menys capacitat d’incidir i de negociar en un mercat que, alhora, ha anat acumulant tota la seva capacitat en molt poques empreses.



Pensin que, quan anem a un supermercat del nostre país, dels 60 o 70 derivats de la llet, el que hi ha al darrere fonamentalment són tres empreses. Jo crec, doncs, que des d’aquesta perspectiva, la capacitat de negociació dels pagesos és molt i molt limitada. (El senyor vice-president, Lucas Giménez, ocupa la Presidència).

Per tant, què és el que hauríem de fer? El que hauríem de fer és aconseguir que els mercats interns —especialment els de l’Estat espanyol, però també els de la Unió Europa— fossin segurs. Aquí no en parlem. Necessitaríem un suport clar als sectors productors per donar-los valor afegit, reforçar la venda en radi curt i, sobretot, facilitar els processos de transformació per donar valor afegit a la llet. Hauríem de veure com obrir nous mercats. Jo crec que, en aquest sentit, la mirada ha de ser orientada cap al sud; és a dir, hem de parlar de la Mediterrània i hem de parlar de l’Orient Mitjà, que són espais on la manca de terres i la manca d’aigua pot ser que la nostra llet tingui una sortida raonable. En definitiva, crec que necessitem una definició d’un projecte coherent de desenvolupament rural, i també per al sector de la llet, en les zones de muntanya, i especialment en aquelles zones desfavorides.

Vostès saben que jo he insistit molt des d’aquesta tribuna en aquesta qüestió, i mai no hem tingut resposta. Nosaltres, en el seu moment, vam proposar fins i tot que aquest Senat creés una comissió d’estudi sobre la problemàtica dels preus agraris. És un problema gravíssim, i algunes solucions hi ha. Senyories, algunes solucions hi són. Als Estats Units l’han trobat; podem discutir si és la millor o no, però als Estats Units han aprovat una llei 2014-2018 que regularà aquesta problemàtica, per tal que la seva agricultura sigui sostenible. I el senyor Iglesias ha esmentat el nou tractat de comerç internacional.

En quina situació deixarà els nostres agricultors? És una pregunta que en aquest moment està sobre la taula, que ningú respon i que hi hauríem de començar a pensar. La PAC ha estat una oportunitat perduda des d’aquesta perspectiva. Ho ha estat per al sector de la llet, i ho ha estat per al sector de la carn a les zones de muntanya, amb la pèrdua —sembla— d’una bona quantitat de recursos en les ICM, que era del poc que quedava. Per tant, l’escenari no pot ser pitjor.

Nosaltres, certament, no podem votar favorablement a aquesta moció. Creiem que hauria estat l’hora, en un moment com aquest, de canvi d’etapa, en un moment en què el sector de la llet —que és un sector molt vulnerable, com hem dit aquí— s’enfronta realment a un examen complicadíssim, que, d’una banda, el Govern hagués fet un esforç clar per ajudar el sector i per prendre mesures contundents per donar solució als problemes, i d’altra banda, que el Grup del Partit Popular al Senat hagués fet realment un esforç de consens. Crec que en aquest cas, com ha passat amb altres qüestions —la pesca és un bon exemple del que ha passat en aquesta Cambra, on hem arribat a acords importants en matèria de pesca—, aquest era un tema d’acord, era un tema de consens, i hauríem hagut de fer l’esforç de trobar una fórmula perquè el conjunt dels grups polítics ens haguéssim posat d’acord en un text que hagués llançat realment un missatge de confiança per al sector.

Els asseguro que amb la moció que aprovem ni generen il·lusió ni generen confiança. El que hi ha en aquest moment és un gran desencís, una gran frustració i una gran preocupació. I vostès no han ajudat a que això canviï.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo también va a votar en contra de esta moción. Las dos intervenciones previas a la mía han situado muy claramente en qué términos se está desarrollando este debate. Para nosotros es clara la necesidad de fijar unas medidas que ayuden a concretar de qué forma el sector lechero puede afrontar una situación complicada y compleja, que revise los mecanismos de que ha dispuesto hasta ahora. El señor Manel Plana citaba algunas cifras respecto a la concentración de la producción de leche y, por lo tanto, a la disminución del sector en el conjunto del mercado. El señor Cazalis, a continuación, ha realizado una intervención en la que explicaba cómo todo esto está repercutiendo en las zonas de montaña, las más alejadas, aquellas que precisamente necesitan más del sector agroganadero para poder seguir vivas y mantener su población. Por lo tanto, es preciso un cambio sustancial de esta situación que se viene prolongando a lo largo del tiempo y que, como hemos podido comprobar —los datos así lo avalan—, está poniendo ciertamente en riesgo a un sector que necesitaría en este momento de un compromiso firme por parte del Gobierno, un compromiso que diese respuesta y soluciones a los problemas que aquí se han mencionado. Y, desde luego, esta moción no lo hace. La moción es generalista en su parte dispositiva y, por otra parte, pretende apoyar las medidas que ha adoptado el Gobierno, que en ningún caso han sido capaces de modificar esta situación. Lo que necesita el sector son medidas concretas, medidas que sean capaces de dar estabilidad al mercado. Y precisamente no vamos en esta dirección. Ustedes dicen que en España el mercado tiene posibilidades de crecer un 25 %, sí, pero Europa tiene unos excedentes de más del 10 % de leche en estos momentos. Actualmente España es ya un sumidero de leche francesa y de leche que proviene de otros países. Por tanto, desde esta perspectiva, si tenemos en cuenta que los costes de producción en nuestro país son más caros, si tenemos en cuenta que nuestro sector está mucho menos estructurado, que tiene mucha menos capacidad de incidir y negociar en un mercado que, al mismo tiempo, ha ido acumulando de algún modo toda su capacidad en muy pocas empresas —piensen ustedes que, cuando vamos a un supermercado de nuestro país, los 60 o 70 productos derivados de la leche se suministran básicamente por tres empresas—, desde esta perspectiva, la dificultad de negociación de los agricultores es muy limitada. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es conseguir que los mercados internos especialmente —los del propio Estado español, aunque también los de la Unión Europea— fuesen seguros. Aquí no hablamos de ello, pero necesitaríamos un apoyo claro a los actores productores para darles valor añadido y reforzar la venta en radio corto y, sobre todo, facilitar los procesos de transformación para dar valor añadido a la leche. Tendríamos que ver cómo abrimos nuevos mercados. En ese sentido, la mirada debe orientarse hacia el sur; tenemos que hablar del Mediterráneo y tenemos que hablar de Oriente Medio, que son espacios en los que la falta de tierra y la falta de agua puede hacer que nuestra leche tenga una salida razonable. En definitiva, creo que necesitamos una definición de un proyecto coherente de desarrollo rural y para el sector de la leche en las zonas de montaña, y especialmente en aquellas zonas desfavorecidas.

Ustedes saben que yo he insistido mucho desde esta tribuna en esta cuestión y nunca hemos obtenido respuesta. Nosotros, en su momento, propusimos que este Senado crease una comisión de estudio sobre la problemática de los precios agrarios. Es un problema gravísimo y, señorías, hay algunas soluciones, las hay, Estados Unidos la ha encontrado. Podemos discutir si es o no la mejor, pero Estados Unidos ha aprobado una ley de 2014 a 2018 que va a regular esta problemática para que su agricultura sea sostenible, y el señor Iglesias ha mencionado el nuevo tratado de comercio internacional.

¿En qué situación va a dejar a los nuestros agricultores? Es una pregunta que en estos momentos está sobre la mesa, que nadie responde y que deberíamos empezar a pensar en ella. La PAC ha sido una oportunidad perdida desde esta perspectiva: lo ha sido para el sector de la leche, lo ha sido para el sector de la carne en las zonas de montaña y la pérdida de una buena cantidad de recursos en las ICM, que era lo poco que quedaba y, por lo tanto, el escenario no puede ser peor.

Nosotros no podemos, pues, votar favorablemente a esta moción; creemos que habría sido el momento, en un momento como este de cambio de etapa, y en un momento en el que el sector de la leche que, como hemos dicho, es un sector muy vulnerable, se enfrenta realmente a un examen complicadísimo que, por una parte, el Gobierno hubiera hecho el esfuerzo claro para ayudar al sector y para adoptar medidas contundentes para dar solución a los problemas y, por otra parte, que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado hubiera hecho realmente un esfuerzo de consenso. En este caso, como ha pasado con otras cuestiones, y la pesca es un buen ejemplo de lo que ha pasado en esta Cámara; en la pesca hemos llegado a acuerdos importantes en materia de pesca, y considero que este es también un tema de acuerdo, de consenso, y tendríamos que haber hecho el esfuerzo para encontrar una fórmula y para que todos los grupos políticos nos hubiéramos puesto de acuerdo en un texto que sí habría lanzado un mensaje de confianza para el sector.

Les aseguro que con la moción que aprobamos ni genera ilusión ni genera confianza. Lo que hay en estos momentos es un gran desencanto, una gran frustración y una gran preocupación, y ustedes no han ayudado a que esto cambie.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Jo demanaria concreció. Hem tingut molt de temps per a poder fer els estudis pertinents, i és evident que s’ha de continuar amb aquests estudis i monitoritzar el sector, un sector on hi ha hagut una intervenció molt evident per part de les administracions. Abans els ho he dit: seria un model d’estudi molt clar. És allò que diuen els british dels stakeholders, els grups d’interès. La regularització que ha vingut des d’Europa ha afectat el dia a dia de la ramaderia i dels productors de llet. I ara, el que hauríem de fer és anar tots a una per millorar la productivitat i per millorar la possibilitat de mantenir un mínim estatus de preus, perquè això pogués proporcionar la continuïtat de les explotacions. Abans els he donat unes dades que hi ha hagut una mena de readaptació i increment de la possibilitat d’ampliar les dimensions de les explotacions, amb diferència entre el 2013 i el 2009. Gairebé amb la mateixa producció, es va passar de 4329 explotacions a 786 explotacions. Vull recordar als senadors del Partit Popular que gairebé totes les esmenes presentades per tots els grups polítics anaven en la direcció de protegir la part més dèbil. Fixin-se que s’ha parlat que el 62 % de la quota de mercat és marca de distribuïdor, o allò que se’n diu vulgarment la marca blanca. Per tant, hi ha una pressió per part de les grans superfícies i de la distribució. I no fa gaire, hi ha hagut el dictamen de la Comissió Nacional de la Competència que imposava unes multes als fabricants i transformadors. El que fan tots aquests elements en el fons és posar en evidència que qui és repercutit per aquestes situacions de pressions és la ramaderia, són els ramaders. Per tant, a més d’estudis, de monitorització i de tots aquells elements que s’hagin de posar damunt la taula, el que hem de fer és donar solucions; unes solucions que anaven en la via del que havia presentat aquest senador. Primer, tenim instruments, hi ha instruments, com és la Llei de Millora de la Cadena Alimentària, i aquests instruments, sigui pel que sigui, tot i que ho hem presentat el Grup de Convergència i Unió, no es volen incorporar en aquesta moció. És evident que, a més a més, el que s’ha de fer és fomentar la transformació d’aquest producte inicial que és la llet en producte derivat. Per això, senador del Partit Popular, demanàvem que hi hagués l’establiment d’unes mesures per poder facilitar aquest procés de transformació, fins i tot al mateix lloc, fins i tot per part dels mateixos productors.

Després, hi ha un element que voldria posar damunt la taula, que és aquesta perversió del sistema per la qual es diu que a les organitzacions de productors «vagin en aquesta línia, guanyin pes, tinguin capacitat de negociació», però aquestes organitzacions de productors rebran o no diners de l’Estat sempre i quan siguin supraautonòmiques. Imaginin-se, ja no poso el cas de Catalunya, sinó el cas de Galícia, on hi ha una capacitat productora evident, i unes organitzacions que tenen un àmbit territorial evident i cenyit. Ahir en parlàvem, que quatre explotacions poden produir molta més llet que tres comunitats autònomes en el seu conjunt. Que estiguin penalitzades aquestes organitzacions de productors perquè no estan en un òrgan supraautonòmic és una evidència més d’aquesta política portada a terme pel Govern del Partit Popular, de recentralització, supraautonomia i intentar reduir aquelles organitzacions que estan cenyides a un territori. Ho fan de forma subtil, ja ho sé, però és un contracte d’adhesió, i mai millor dit, en el sector lacti. O vostès accepten aquesta imposició o atinguin-se a les conseqüències. No rebran les ajudes pertinents. Per tant, això és una discriminació claríssima cap a aquelles organitzacions de productors que tenen un àmbit i una demarcació territorial concreta.

I m’agradaria, senadors del Partit Popular —molts de vostès molt relacionats amb aquest àmbit, del sector lacti—, que fessin arribar al Ministeri aquesta reflexió d’aquest humil senador al respecte. Ja no és una qüestió de nacionalismes; és una qüestió de productivitat. I la productivitat s’ha anat demostrant, entre altres coses, amb el que li he dit: la reducció de les explotacions, l’adaptació a les mesures, la traçabilitat del producte o la seguretat alimentària —que això és un element que caracteritza la Unió Europea—. Però després no posin aquestes limitacions que si el productor no està dins d’una organització professional, i alhora aquesta organització professional o productora no està dins d’un àmbit territorial supraautonòmic, no rebran diners. Mirin que bonic. Mirin quina política de fons de suport al sector productiu, de suport a la baula més feble del sector lacti.

Algunes coses al respecte. Els parlava de les dades de producció, de la quota mitjana establerta. També vull dir-los que s’hauria d’analitzar a nivell internacional. Les expectatives ens diuen que dels 780 milions de tones produïts actualment al món, l’any 2023 n’hi haurà més de 1000 milions. I aquest és un tema que preocupa. Per tant —perdonin l’expressió—, això significa que, en un moment determinat, una amenaça es pot transformar en una oportunitat. S’ha parlat de la regularització que s’ha fet per part del Govern dels Estats Units; en aquell paradigma del liberalisme màxim —fixin-se— estan establint mesures de protecció de la baula més feble, que són els productors, perquè no tenen aquesta capacitat de negociació, perquè saben que el sector agrari és un sector estratègic. Per tant, el que cal fer és fixar les mesures perquè tota aquesta cadena de valor, des del client final —amb un producte adequat, amb una seguretat alimentària acceptada, digne, de màxima qualitat—, distribuïdors, transformadors i productors, puguin guanyar.

No fa gaire va haver-hi un debat a la Cambra dels Lords en què en Cameron també estava posant damunt la taula la situació del sector lacti. Hi ha dos casos paradigmàtics, que són Gran Bretanya i l’Estat espanyol, respecte d’aquesta situació. Som deficitaris; ve producte lacti de fora; hem fet una reconversió, amb les dificultats i amb les inversions que han hagut de fer els propis productors, i vostès no són capaços d’acceptar-me —ja sé que tot el text tenia la seva dificultat— unes esmenes que són de sentit comú, són bàsiques. És una demanda per part de totes les baules de la cadena de valor del sector, i jo el que no puc fer és votar-los a favor.

I també, quan em donen l’argumentació per no acceptar-me el punt número 5, sobre la imprecisió respecte de la industrialització del sector lacti, els vull dir, senyors del Partit Popular, que vostès són els campions de la imprecisió. Sempre utilitzen «fomentar», «participar»... tot de forma molt etèria. Però de concrecions cap ni una. Sap per què? Perquè sembla que el sector agrari estigui sotmès al que estableixen alguns ministres, i en concret el ministre d’Hisenda. I sembla que vostès no respectin aquest principi fonamental que és la separació de poders, i que no puguin fer res sense consultar-ho amb el ministeri corresponent i amb el Govern de torn.

Gracias, presidente.

Yo pediría concreción. Hemos tenido mucho tiempo para poder hacer los estudios pertinentes, y es evidente que hay que continuar con estos estudios y monitorizar el sector; un sector en el que ha habido una intervención muy evidente por parte de las administraciones —lo he señalado anteriormente—, sería un modelo de estudio muy claro. Lo que hablan los british de los stakeholders, de los grupos de interés, la regularización que ha habido desde Europa ha afectado al día a día de la ganadería y de los productores de leche. Y ahora, lo que tendríamos que hacer es ir todos a una para mejorar la productividad y para mejorar la posibilidad de mantener un mínimo estatus de precios para que esto pueda proporcionar la continuidad de las explotaciones. Antes les he hado unos datos de que ha habido una especie de readaptación e incremento de la propia posibilidad de ampliar las dimensiones de las explotaciones respecto a la diferencia entre 2009 y 2013. Se pasó de 4329 explotaciones a 786 en unos años. Quiero recordar a los senadores del Partido Popular que prácticamente todas las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos iban en la dirección de proteger la parte más débil. Fíjense, se ha hablado de que el 62 % de la cuota de mercado es marca de distribuidor, lo que se llama vulgarmente marca blanca. Por lo tanto, hay una presión por parte de las grandes superficies y de la distribución. No hace mucho hubo un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que imponía multas a los fabricantes y a los transformadores. Todas estas situaciones, en el fondo, lo que hacen es poner en evidencia que quien es repercutido a su vez por estas situaciones de presión es la ganadería, son los ganaderos. Por lo tanto, además de estudios, además de monitorización y de todos aquellos elementos que haya que poner sobre la mesa, lo que hay que hacer es dar soluciones, soluciones en la vía de lo que ha presentado este senador. Primero, tenemos instrumentos, hay instrumentos, como la Ley de mejora de la cadena alimentaria. Y estos instrumentos, sea por lo que sea, aunque lo ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, no se quieren incorporar en esta moción. Es evidente que, además, lo que hay que hacer es fomentar la transformación de este producto inicial que es la leche en producto derivado. Por eso, senador del Partido Popular, lo que pedimos es que hubiese el establecimiento de unas medidas para poder facilitar ese proceso de transformación, incluso, en el mismo lugar; incluso, por parte de los mismos productores.

Hay un elemento que también querría poner sobre la mesa, que es esa perversión del sistema por la que se dice: Muy bien, organizaciones de productores, vayan por esta línea; ganen peso; tengan capacidad de negociación. Pero estas organizaciones de productores van a recibir o no dinero del Estado siempre y cuando sean supraautonómicas. Imagínense —no pongo ya el caso de Cataluña— el caso de Galicia, donde hay una capacidad productiva evidente, unas organizaciones que tienen un ámbito territorial evidente y ceñido. Ayer hablábamos de ello, de que cuatro explotaciones pueden producir mucha más leche que tres comunidades autónomas juntas. Que estén penalizadas estas organizaciones de productores por el hecho de no ser un órgano supraautonómico es una evidencia más de esta política llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular de recentralización, de supraautonomía y de intentar reducir aquellas organizaciones que se ciñen a un territorio. Lo hacen de forma sutil, lo sé; sé que lo hacen de forma sutil, pero —es un contrato de adhesión, nunca mejor dicho, en un sector como este, el lácteo— es aquello de o ustedes aceptan esta imposición o aténganse a las consecuencias, no van a recibir las ayudas pertinentes. Esto es, por tanto, una discriminación clarísima hacia aquellas organizaciones de productores que tienen un ámbito y una demarcación territorial concreta.

Y me gustaría, senadores del Partido Popular —muchos de ustedes relacionados con este ámbito del sector lácteo—, que hiciesen llegar al ministerio la reflexión de este humilde senador al respecto. No es ya una cuestión de nacionalismos, es una cuestión de productividad. Y la productividad se ha ido demostrando, entre otras cosas, con lo que le he dicho: la reducción de las explotaciones, la adaptación a las medidas, la trazabilidad del producto, la seguridad alimentaria, que es un elemento que caracteriza a la Unión Europea. Pero luego no pongan estas limitaciones de que si usted, productor, no está dentro de una organización profesional y, al mismo tiempo, esta organización profesional o productora no está dentro de un ámbito supraterritorial, supraautonómico, no va a recibir dinero. ¡Miren qué bonito, qué política de fondo, de apoyo al sector productivo, de apoyo al eslabón más débil, en este caso del sector lácteo!

Les hablaba antes de los datos de producción, de la cuota media establecida. También quiero decirles que habría que analizarlo a nivel internacional. Las expectativas, las proyecciones nos indican que, de los 780 millones de toneladas de leche producidos actualmente en el mundo, se pasará en 2023 a más de mil millones de toneladas. Este es un tema que preocupa. Y, perdonen la expresión, pero esto significa que en un momento determinado una amenaza se puede transformar en una oportunidad. Se ha hablado de la regularización que se ha hecho por parte del Gobierno de Estados Unidos. Aquel paradigma del liberalismo máximo —fíjense— está estableciendo medidas de protección del eslabón más débil, que son los productores, puesto que no tienen esa capacidad de negociación, porque saben que el sector agrario es estratégico. Por tanto, lo que hay que hacer es fijar las medidas para que toda esta cadena de valor, desde el cliente final, con un producto adecuado, un producto con una seguridad alimentaria aceptada y digna, con un producto de máxima calidad, hasta los distribuidores, transformadores y productores, pueda ganar.

No hace mucho se celebró un debate en la Cámara de los Lores en el que Cameron también ponía sobre la mesa la situación del sector lácteo. Y hay dos casos paradigmáticos, el de Gran Bretaña y el del Estado español respecto a esta situación. Somos deficitarios, viene producto lácteo de fuera, han hecho una reconversión, con las dificultades y con las inversiones que han tenido que hacer los propios productores, y ustedes no son capaces de aceptármelo. Ya sé que todo el texto tenía su dificultad, pero no son capaces de aceptarme unas enmiendas que son de sentido común, son básicas. Se trata de una demanda por parte de todos los eslabones de la cadena de valor del sector. Por tanto, no puedo votar a favor de su moción.

En cuanto a su argumentación para no aceptar el punto 5, referida a la imprecisión sobre la industrialización del sector lácteo, quiero decirles, señores senadores del Partido Popular, que ustedes son los campeones de la imprecisión. Siempre utilizan términos como fomentar, participar, etcétera, todo de forma muy etérea; pero concreciones, ni una. ¿Saben por qué? Porque parece que el sector agrario esté sometido a lo que establecen algunos ministros, y, en concreto, el ministro de Hacienda, y parece que ustedes no respeten este principio fundamental que es la separación de poderes y que no pueden hacer nada sin estar consultando antes con el ministerio correspondiente y con el Gobierno de turno.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, concluya.

El señor PLANA FARRAN: Acabo, senyor president. Per tant, els demanaria, primer, que treballin a favor del sector més dèbil, que és el sector productor; no deixin els altres; utilitzin les eines que vostès mateixos han promulgat, com és la Llei de Millora de la Cadena Alimentària; no utilitzin les eines per intentar estigmatitzar aquelles organitzacions productores cenyides a un territori —acabo, senyor president— i sobretot concretin molt més les seves aportacions.

Moltes gràcies.

Acabo, señor presidente. Por tanto, yo les pediría que trabajen a favor del sector más débil, que es el sector productor; que no dejen a los otros; que utilicen las herramientas que ustedes mismos han promulgado, como es la Ley de mejora de la cadena alimentaria;



que no utilicen las herramientas para intentar estigmatizar a aquellas organizaciones productoras que se ciñen al territorio y, sobre todo, que concreten mucho más sus aportaciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.

Señor Castosa, ya sabemos que está aprobado el nuevo decreto, pero, aun así, seguimos afirmando que todo es absolutamente inoportuno en esta moción: el texto, el rechazo a las enmiendas e, incluso, el momento del debate. Después de dos años de espera por parte del sector, y doce días después de que el ministerio aprobara —por fin— la norma que modifica y desarrolla las medidas del paquete lácteo ¿traen ustedes aquí un texto para que pidamos al Gobierno que consolide esas medidas? ¿Tiene sentido? Es inoportuno, señor Castosa. Además, lo hacen después de haber rechazado en el mes de noviembre una moción en la Comisión de Agricultura en la que, a través de una enmienda socialista, se pedía exactamente lo mismo: que se aprobase el desarrollo del paquete lácteo para preparar al sector ante un nuevo escenario sin cuotas; eso sí, a tiempo. Es inoportuno, señor Castosa.

En la moción piden que se continúe con los mecanismos de vigilancia y monitorización del sector lácteo, justo al día siguiente de que, como he dicho antes, el ministerio reconociera que se equivocó en todas sus previsiones con respecto a las cuotas lácteas. Es inoportuno, señor Castosa.

Y, por último, y para lograr la cuadratura del círculo, piden que se analice la posibilidad de mejorar los instrumentos para evitar cambios en los precios, nueve días después de que la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados sancionara a la industria láctea precisamente por adoptar medidas ilícitas para cambiar precios.

Y después de todo esto, señor Castosa, traen aquí esta moción. Es papel mojado, sin ningún compromiso cierto ni tangible. Con él no recogen las demandas del sector, de los sindicatos, de los ganaderos; con él no recogen ni corrigen errores ni subsanan abusos; con él permitirán que las empresas distribuidoras continúen presionando a la industria láctea para que baje sus precios; y con él permitirán que la industria láctea siga presionando a ganaderos, cooperativas y organizaciones de productores para que vendan la leche más barata de lo que les cuesta producirla.

Señor Castosa ¿por qué no aprovechan, y le decimos al Gobierno que tiene una oportunidad histórica para corregir esta situación, que simplemente tiene que ver con dónde nos confundimos en estos dos años, para solucionarlo? Tenemos que decir al Gobierno que es importante aprender de los errores, que son demasiados; demasiados errores y demasiados abusos.

Fíjense, señorías, el paquete lácteo aprobado exige que los contratos tengan una duración de un año y que, excepcionalmente, el ganadero pueda pedir una reducción de estos. Pero ¿saben qué está pasando realmente? Que la industria está exigiendo que los contratos sean de menos tiempo, y los ganaderos se ven abocados a firmarlos por miedo a que no les recojan la leche. Señorías, aquí tengo un contrato firmado al principio de este año y, como dice en su exponente número 3, firmado de acuerdo con las directrices establecidas en el decreto del año 2012 sobre el paquete lácteo. Efectivamente, tiene un período de vigencia de un año, pero, curiosamente, en su última hoja la industria incorpora para el ganadero una renuncia expresa de la duración del contrato. Es decir, que este contrato está firmado por un mes, señorías, un mes, de acuerdo con el paquete lácteo. Un esperpento, señorías.

Les diré también cómo encabezan este contrato, porque es bastante curioso. Nota informativa importante del contrato: El precio que se especifica en el contrato es un precio mínimo debido a las importantes fluctuaciones del mercado, para evitar estar firmando el documento continuamente, lo que quiere decir que eso no impide que se pueda cobrar la leche a un precio superior. Eso es lo que dicen las industrias a los ganaderos, señorías.

Señorías, como decimos los gallegos, la industria pone un precio, y malo será que no le paguen algo más al ganadero. Ese es el paquete lácteo por el que ustedes nos piden hoy que apostemos.

Aunque se redactó un decreto ley hace dos años para que ningún contrato fuera menor de un año, lo cierto es que el 99 % de ellos son de tres meses, y el Gobierno parece no enterarse de que, hecha la ley, hecha la trampa. Y ahora podrían cambiar la situación.

La modificación del paquete lácteo es positiva, muy positiva, y nosotros ya la hemos pedido en muchas ocasiones, pero deben corregirse los errores detectados. Y son más los incumplimientos de las medidas recogidas en el paquete lácteo a lo largo de estos dos años. El paquete lácteo exige que los contratos estén firmados con dos meses de antelación a la recogida de la leche, pero a menos de un mes de que entre en vigor no hay contratos firmados con la mayoría de organizaciones de productores ni con muchos pequeños ganaderos, e incluso algunos de ellos están amenazados con la no recogida.

Nosotros advertimos en la Comisión de Agricultura del pasado 18 de noviembre que esto iba a pasar. Les dijimos que tenían que aprobar las medidas que desarrollan el paquete lácteo antes de que acabara el año 2014 para cumplir sus objetivos y llegar al 31 de marzo con los volúmenes contratados. Pero les dieron igual nuestros argumentos. Les invito, señorías, señor Castosa, a que lean el Diario de Sesiones de 18 de noviembre. La senadora del PP, a pesar de que sabía que nuestras enmiendas versaban sobre la necesaria y urgente modificación del paquete lácteo, no lo mencionó en todo el debate. Y ahora vienen, una vez ya aprobado, fuera de plazo, y pretenden que comulguemos con ruedas de molino y nos traguemos una moción que lo único que hace es pedir que se haga lo que ya está hecho, y mal hecho, muy mal hecho, señorías. Y es que después de dos años de espera no han entendido todavía que la industria láctea tiene argumentos para seguir utilizando a su antojo a los ganaderos; no han entendido todavía que, tal como se ha desarrollado el real decreto, no habrá negociaciones transparentes entre producción e industria ni entre industria y distribución.

Más ejemplos, señoría —no mueva la cabeza, que hay más ejemplos—. Si la figura del mediador en un conflicto contractual solo puede actuar si las dos partes la piden, ¿qué cree que va a pasar? Que la industria nunca la pedirá; no se llegará a un acuerdo y se dejará de recoger la leche al productor incómodo. ¿Qué pasará cuando un ganadero sobrepase la demanda habitual? Es muy fácil: que la industria tendrá manos libre para establecer la posibilidad de que los contratos recojan dos precios, uno, para el volumen de leche que la empresa considere suficiente para cubrir su demanda normal, y otro, para el resto del producto. ¿Qué pasará, señorías, con los ganaderos de zonas aisladas y con poca producción? Que no tendrán garantías de recogida y seguirán en manos de lo que diga la industria.

Así que, ya ven: a pesar de lo positivo de la aprobación del paquete lácteo, los productores seguirán manejados por los intereses empresariales, seguirán siendo intercambiados como mercancía entre empresarios; y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados, que les ha aplicado por estas prácticas una multa de 88,2 millones de euros. Lamentablemente, esta multa no es la primera ni será la última, primero, porque les sale barato —el beneficio ilícito que se calcula que podrían haber obtenido con estas prácticas es de 815 millones de euros, frente a una multa de 88,2 millones—, y segundo, porque se lo seguirán exigiendo las empresas distribuidoras, que continuarán exprimiendo los precios para poder llenar sus estanterías de productos reclamo y seguir hundiendo al sector. Eso sí, señorías, la ministra está muy preocupada por lo que les pueda pasar. Dice que las empresas sufrirán por pagar una multa que supone un 10 % de lo que han ganado ilícitamente, pero se olvida de que los que sufrían eran los productores. Ya que será el Ministerio de Hacienda el que ingrese el dinero de estas multas, lo justo sería que ese dinero ilícito se empleara en aquellos a quienes se lo han quitado: los ganaderos. Debe revertirse en ellos a través de planes de reestructuración. Debe servir para establecer mecanismos que garanticen su futuro, porque se lo merecen, porque llevan años invirtiendo para modernizar sus instalaciones, porque llevan años sufriendo las multas por superproducción, vendiendo por debajo del coste. Se lo merecen por todas las familias que cada día tienen que abandonar las explotaciones. Y se lo merecen porque, a pesar de que en España se consuma más del 30 % de lo que producen, tienen los precios más bajos de Europa. Se merecen tener una garantía de futuro, y esa garantía, señorías, tiene que empezar por una rectificación adecuada del paquete lácteo para que se convierta en ese instrumento de transparencia, estabilidad y reforzamiento que ustedes anuncian en la moción. Y esta moción, en sus términos, no ayuda. Es una moción sin ningún tipo de ambición, que no defiende adecuadamente los intereses de los ganaderos, un sinsentido —y perdóneme, señor Castosa— que defiende un gallego, un sinsentido que firma otro gallego, el señor Barreiro, senadores ambos de la comunidad con los precios más bajos del país, la comunidad en la que desde hace siete años se paga menos la leche, a la que le han recortado en 2014 un 19 % el precio de la leche y en la que en el mes de febrero los precios bajaron entre 1 y 1,5 céntimos.

Termino, presidente, diciendo que con comportamientos políticos así, con mociones redactadas en estos términos, nos queda claro que nuestros ganaderos sabrán, como han sabido siempre, competir en precios, competir en cantidad y, a pesar de las dificultades de la base territorial que tenemos, competir también en costes frente al resto de ganaderos de Europa. En lo que no competirán, señorías, porque seguro que perderán, es en tener un Gobierno que les articule medidas de protección adecuadas, un Gobierno que sepa utilizar los tiempos, un Gobierno que sepa lo que está sucediendo. Eso no lo tienen; no tienen un Gobierno que les defienda.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Fernández Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Castosa.

El señor CASTOSA ALVARIÑO: Gracias, señor presidente.

¿Sabe, señora Fernández, lo que es inoportuno? Se lo voy a decir: inoportuno es no hacer nada. En el año 2009, cuando gobernaban ustedes, cuando estaba en el Gobierno el Partido Socialista, con una crisis muy importante del sector lácteo, ¿sabe lo que hizo el Partido Socialista en el Gobierno o el Gobierno del Partido Socialista? Mirar para otro lado. No hizo nada; por no hacer, ni siquiera fue capaz de traer a esta Cámara las modificaciones necesarias del sector lácteo. (Aplausos).

El señor Plana y el señor Boya han mencionado en varias ocasiones lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. No sé si saben y se dan cuentan de que en Estados Unidos la eliminación de los subsidios de pagos directos agrícolas es un hecho, y se están potenciando los seguros público-privados. Aquí, por otra parte, están pidiendo subsidios para los ganaderos. Una contradicción más.

Señorías, los productores del sector lácteo disponen ahora de unas herramientas que les dan mucha más fuerza que hace unos años para negociar con la industria, con el fin de evitar los abusos. Nada tiene que ver la situación del sector lácteo de hoy con la que tenía hace tres años en cuanto a su capacidad negociadora con la industria, nada. Las medidas adoptadas en los últimos tres años son herramientas nuevas que tienen los ganaderos, que les dan muchísima más fuerza para evitar que situaciones como las que se venían produciendo con algunos eslabones de la cadena alimentaria se vuelvan a producir.

Se ha ayudado en diferentes frentes al sector ganadero; primero, a través de las ayudas directas. En 2012, como consecuencia de la crisis, el Gobierno movilizó 15 millones de euros, que se han consolidado cada año, de la reserva nacional al sector lácteo. Se han adoptado medidas específicas pensadas para el sector en la reforma de la PAC. Vuelvo a recordar que hace apenas tres semanas se ha aprobado el real decreto del paquete lácteo, que incluye medidas para mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector lácteo, reforzando la posición negociadora de los productores y aumentando la transparencia en el sector. Y entre estas medidas ocupa un lugar destacado el contrato obligatorio, con una duración mínima de un año, a los productores, con la obligatoriedad por parte de los compradores de leche de presentar una oferta al menos dos meses antes del inicio de las entregas de la leche. Todo ello, como garantía de estabilidad en las relaciones de la cadena láctea, así como en la recogida de la leche para el propio productor y del suministro necesario de materia prima para la propia industria. El objetivo es conseguir la máxima difusión del contrato a largo plazo como práctica habitual.

Hay que destacar también las nuevas funciones y prerrogativas de la figura de las organizaciones de productores, a las que se dota de un mayor protagonismo en la gestión del mercado lácteo. O la mejora del sistema de registro y monitorización de los contratos lácteos mediante la creación de una única base de datos de declaraciones en el sector, que relacionará cada entrega de leche con su contrato correspondiente, cuya estructura y funcionamiento se detalla en un proyecto de real decreto y completa el que vendrá a llamarse sistema unificado de información en el sector lácteo.

Quiero insistir en que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria está plenamente operativa, especialmente la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, que es uno de los pilares de esta ley, con más de 1800 expedientes abiertos en este momento, y a través de la cual se están llevando a cabo controles específicos para la leche. Para ello se ha establecido un sistema de inspección, según el cual cuando se observen en la leche precios anormalmente bajos la agencia tomará muestras y analizará los motivos de esos precios para establecer, en su caso, si hay pérdidas o una práctica comercial abusiva de las contempladas por la ley.

El código de buenas prácticas mercantiles en el que se está trabajando para poner de acuerdo a todos los eslabones de la cadena es otra cuestión a mencionar en la Ley de la cadena alimentaria, así como la creación del Observatorio de la cadena alimentaria, ya constituido.

En definitiva, el Gobierno viene realizando un seguimiento exhaustivo de la situación del mercado del sector lácteo. Se han implementado herramientas como las mencionadas para garantizar la transparencia, la estabilidad y el reforzamiento de la posición negociadora de los productores. Se están elaborando informes periódicos y análisis de previsiones que son presentados ante los representantes sectoriales, con los que se mantiene una estrecha relación para conocer sus inquietudes, y que ya se han difundido a través de su publicación en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Con esta moción, señorías, el Grupo Popular pretende no bajar la guardia, seguir alerta, seguir avanzando en la consecución del objetivo propuesto, que no es otro que conseguir un sector fuerte, estable, competitivo y rentable. Pretendemos que el Gobierno continúe realizando un seguimiento pormenorizado del sector, con el objetivo último de defender los intereses de nuestros ganaderos y adoptar las medidas oportunas de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria de aplicación. Que el Gobierno siga trabajando desde una posición activa, firme y, a la vez, conciliadora ante las instituciones comunitarias. Que siga realizando un seguimiento exhaustivo y detallado de todos los aspectos relacionados con la aplicación de las medidas del paquete lácteo, realizando los análisis, adaptaciones y desarrollos que se consideren necesarios. Y, en lo que se refiere a la volatilidad de los precios, que siga defendiendo la necesidad de optimizar los mecanismos de gestión de mercados existentes, y en particular de la ampliación de las funciones del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

No me quiero olvidar del importante papel que juegan las comunidades autónomas con competencias en materia de regulación y desarrollo de la ganadería y el sector agroalimentario. Concretamente, en mi comunidad, Galicia, que produce más del 50 % de la cuota nacional, este sector es absolutamente vital y estratégico. La Xunta de Galicia ya impulsó en su día la Ley de movilidad de tierras, y hoy se está trabajando en la ley de mejora de estructura territorial agraria. La Administración autonómica de Galicia puso a disposición del sector diferentes herramientas, como el Observatorio del sector lácteo gallego o Enerlácteo, un instrumento que sirve para hacer auditorías energéticas de las exportaciones de leche. Y también Xacobea, una herramienta informática que permite que el precio a pagar por la leche contratada se calcule teniendo en cuenta la evolución actual de los precios de los productos lácteos en el mercado.

Señorías, existen normas y disposiciones en el sector. Las últimas aprobadas por el Gobierno de España han sido aplaudidas por productores, representados por su interprofesional, por cooperativas agroalimentarias y por organizaciones agrarias, que han manifestado que son normas positivas y van en la buena dirección para encarar el final de las cuotas lácteas. Ahora toca seguir trabajando y que las administraciones velen por el cumplimiento de estas normas; en definitiva, señorías, que todos nos sintamos una única parte, ya que somos partes de la cadena, y así contribuir al desarrollo del conjunto del sector.

De eso trata fundamentalmente esta moción, para la que en nombre de mi grupo pido el apoyo de esta Cámara, no sin antes agradecer las formas y el tono mostrado por todos los intervinientes en el debate.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Castosa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 143; en contra, 76; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA AGILIZAR Y GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS O MINORITARIAS. 662/000180 GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios. Se habían presentado nueve enmiendas, que entiendo que decaen; todas, menos una, la de los senadores Quintero y Julios, que han pedido que sea defendida. ¿Es así, senador Quintero? (Asentimiento).

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, senadores.

En primer lugar, quiero saludar a mi amigo Fernando García, compañero mío en el Senado en la anterior legislatura, buena persona y buen alcalde. Bienvenido, Fernando, a esta Casa.

Señorías, hoy vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado mucho y de forma repetitiva en esta Cámara, gracias a Dios y a la aportación de todos los grupos parlamentarios. Vamos a hablar de las enfermedades raras. El término no me gusta, además de que me cuesta trabajo pronunciar la palabra «rara». Prefiero utilizar los términos «poco frecuentes» o «minoritarias», sencillamente porque lo raro no son los enfermos sino las enfermedades, y se crea una connotación de la citada palabra. Por eso digo que prefiero hablar de enfermedades poco frecuentes o minoritarias. Estas son aquellas patologías con muy baja incidencia en la población, que padecen 5 de cada 10 000 personas. Sin embargo, si las consideramos en su conjunto vemos que no son tan poco frecuentes y que las cifras son un auténtico problema de salud pública. Las cifras son demoledoras. La Organización Mundial de la Salud dice que hay entre 6000 y 7000 enfermedades poco frecuentes o minoritarias, que afectan a un 7 % de la población. Eso significa que en España puede haber tres millones de pacientes con patologías poco frecuentes o minoritarias, lo que supone un grave problema de salud pública. Estamos hablando de muchísima gente. A cualquiera de nosotros, a lo largo de la vida, nos puede dar la cara una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Además, el 65 % de estas patologías son graves e invalidantes, y en muchos casos provocan discapacidad.

Cuando la enfermedad se manifiesta a edades tempranas puede acarrear déficits no solamente sensitivos, sino también motores, para el resto de la vida. Dos de cada tres casos se manifiestan antes de que el paciente haya cumplido los 3 años de vida. Uno de cada cinco enfermos experimenta dolores crónicos, y uno de cada tres casos se acompaña de discapacidad de la autonomía. Piensen que estamos hablando de tres millones de pacientes en España, y uno de cada tres significa muchísima gente invalidada y con gravísimos problemas. Para la mitad de estos pacientes hay un pronóstico vital en juego, de ahí que el 35 % de los fallecimientos de niños antes de 1 año sea consecuencia de una enfermedad minoritaria, en el 10 % de los fallecimientos de los niños entre 1 y 5 años ocurra lo mismo, o el 12 % de los fallecimientos entre 5 y 15 años lo sea también por enfermedades raras o poco frecuentes. Estas cifras hablan de lo que yo recalco: un gravísimo problema de salud pública.

La atención de estos pacientes está centralizada en los centros o unidades de referencia, en los llamados CSUR, del Sistema Nacional de Salud, destinados a patologías que requieren de altas tecnologías, con el fin claro de agrupar al mayor número de pacientes con una misma patología en un mismo hospital para que este se encuentre perfectamente formado para tratar a todos los pacientes derivados, independientemente de la comunidad autónoma en la cual vivan. Se han creado los CSUR o los centros de referencia específicos, para enfermedades metabólicas, congénitas, neuromusculares, etcétera, con el fin, como he dicho, de aglutinar a estos enfermos y de que los profesionales adquieran el máximo de experiencia al tratar determinadas patologías y enfermos, siempre buscando un diagnóstico lo más correcto y lo más rápidamente posible, un diagnóstico diferencial de otras patologías, cosa que no se conseguiría si cada hospital viera a muy poquitos pacientes ya que no tendría la suficiente casuística y experiencia para hacer el mejor diagnóstico posible.

La primera realidad a que se enfrenta un paciente con una patología minoritaria o poco frecuente es el tiempo que transcurre desde que la enfermedad da la cara hasta que llega el diagnóstico. Por desgracia, pasan entre cinco y diez años. Pero, claro, hasta que no se tiene un diagnóstico no es factible tener un pronóstico y un tratamiento, lo cual provoca una gran angustia por el tiempo que pasa desde que se empieza a padecer la patología hasta que se llega al diagnóstico.

Quiero hablar también de los medicamentos huérfanos y de los medicamentos ultrahuérfanos. Los medicamentos huérfanos son aquellos que se destinan a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad que afecta al menos, como he dicho, a 5 de cada 10 000 personas. Y el fin de los medicamentos ultrahuérfanos es tratar determinadas enfermedades graves o incapacitantes cuya comercialización resulte poco probable sin medidas de estímulo. ¿Por qué? Porque no es rentable para los laboratorios investigadores, e investigan menos medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos.

Señorías, todos somos conscientes de que el desarrollo de las nuevas terapias y fármacos para tratar estas enfermedades, sin interés comercial, requiere un esfuerzo que haga atractiva su investigación y desarrollo, con políticas específicas e incentivadoras de medicamentos huérfanos, de uso compasivo y ultrahuérfanos, que son aquellos cuya prevalencia es menor de 1 por cada 50 000 habitantes.

Como he dicho al principio, la relación de esta Cámara con las enfermedades raras, los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos ha sido larga y fructífera.

A lo largo de estas dos últimas legislaturas, han sido múltiples las preguntas orales, las preguntas escritas, las mociones, las comparecencias en la Comisión de Sanidad y en muchísimos otros sitios. Es decir, yo creo que es un trabajo muy bien hecho por parte de esta Cámara, enfocado hacia los más débiles, que, en este caso, son esos pacientes con enfermedades raras. Y, por supuesto, un trabajo muy bien hecho por todos los grupos parlamentarios, porque todos ellos han participado de forma muy activa en todo el trabajo de enfermedades raras.

Pero me voy a referir a los hitos más importantes que han pasado por esta Cámara y que, quizá, sean el modelo a seguir. Primero fue una moción que se presentó —estoy hablando del año 2006— por el Grupo Parlamentario Popular, para la creación de una ponencia de estudio en la Comisión de Sanidad y Consumo. Fue aprobada el día 23 de febrero con una enmienda que incorporó el Grupo Parlamentario Socialista. De ahí, de esa moción, pasamos al informe de la ponencia que se aprobó en esta Cámara en el año 2007, coordinada por el doctor Ignacio del Burgo, encargada de analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras, especialmente, las medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyan a un adecuado tratamiento del enfermo y sus convivientes. Eso fue lo que marcó la pauta de la ponencia que se aprobó en esta Cámara. Fruto de esa ponencia —hay que decirlo— el 3 de junio de 2009, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprueba la Estrategia en enfermedades raras.

El ministerio lleva años luchando para mejorar la calidad de vida de los afectados por este tipo de patologías. Fruto de ello son muchos de los últimos acuerdos, como el del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 14 de enero, donde se hace ya el registro —una cosa importantísima— de enfermedades raras. Tenemos que saber cuántos pacientes hay, de qué patologías y dónde están. ¿Por qué? Porque para todo el tema presupuestario, de abordaje, desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, es muy importante saber la casuística del volumen de pacientes que tenemos. Ese registro aprobado por el Sistema Nacional de Salud hace que todas las comunidades autónomas vuelquen su registro para que tengamos un registro único de todo el tema derivado de enfermedades raras.

Hay una tradición en la que hemos participado y participamos todos los grupos parlamentarios, y que se está perpetuando en el tiempo, celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, aquí, en el Senado de España, en el Salón de Plenos antiguo. Este año fue la semana pasada, el día 5 de marzo, con la presencia de todos los grupos parlamentarios, con la presencia de su alteza la reina de España, que ha venido también otros años en su condición de princesa de España y, por supuesto, con la presencia del presidente del Senado y del presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, y, como he dicho, de todos los grupos parlamentarios, que estuvimos allí de apoyo logístico, hablando tanto con ellos como con todos los pacientes que nos visitaron ese día.

Pero, señorías, falta todavía mucho por hacer. De ahí viene esta moción. Falta mucho por hacer. A lo largo de estos últimos meses se ha evaluado, a través de reuniones con determinados colectivos, el estudio de cómo está el desarrollo de la ponencia y de la estrategia, la evolución que han tenido las enfermedades raras en los últimos meses, los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos y los centros de referencia. Y ha habido diferentes reuniones de la federación española con el Ministerio de Sanidad. Ha habido un Congreso Nacional de Enfermedades Raras, que se celebró en Sevilla en el mes de febrero. Reuniones, tanto con Feder, como con ASEN, como con la Fundación Isabel Gemio. Todo ello ha hecho que captemos posibles áreas de mejora en el abordaje de enfermedades minoritarias y de medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, y de ahí viene el sentido de la moción que hemos presentado y consensuado hoy con todos los grupos parlamentarios.

La idea es clara, mejorar la asistencia médica, la asistencia psicosocial de los pacientes y de sus familiares; avanzar en la investigación y sensibilizar a la población; fortalecer los centros, servicios y unidades de referencia; implementar un modelo de asistencia integral que dé respuesta a las personas con enfermedades poco frecuentes en toda la etapa de su enfermedad, o impulsar el acceso equitativo a medicamentos huérfanos y productos sanitarios. Son los objetivos de todos, tanto los nuestros, como grupo parlamentario, como del resto de los grupos parlamentarios, como del Ministerio de Sanidad y de todas las comunidades autónomas, que se están implicando en este abordaje, en esta estrategia de enfermedades raras.

Este es el principal motivo de nuestra moción, que, como bien ha dicho el presidente, ha sido transaccionada. Se presentaron múltiples enmiendas, que han mejorado de forma sustancial la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. De ahí que agradezca a todos los grupos parlamentarios su aportación, que ha permitido que mejoremos notablemente la moción, siempre en beneficio de los pacientes; a ellos nos debemos y ellos son nuestra razón de ser.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Mi grupo mantiene esta enmienda. No obstante, quiero adelantar que vamos a votar a favor del consenso alcanzado, como no podía ser menos, entre los diferentes grupos. Nosotros presentamos una enmienda en relación con el texto inicial pero, con independencia de que nos sumemos al consenso, les pido que tengan en cuenta lo que voy a exponer porque me parece muy importante que quede constancia de lo que está ocurriendo, respecto a la cohesión y a los centros de referencia, con los ciudadanos de Canarias cuando necesitan acudir a un centro de referencia.

En el año 2003 se aprobó en España la Ley de cohesión, que desarrollaba los mecanismos para poner en marcha los centros de referencia y su acreditación, y con posterioridad se puso en marcha el propio Fondo de cohesión sanitaria que da sustento financiero a los centros de referencia acreditados.

Ante la moción originaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular, me surge la siguiente reflexión. Dado que hemos tardado casi diez años en desarrollar los centros de referencia, el texto inicialmente redactado me parecía poco comprometido, porque podíamos esperar otros diez años más hasta que se desarrollaran los centros de referencia, por lo menos en cuanto a la acreditación de los centros de referencia en Canarias, donde vivimos una situación sangrante en relación con este tema.

En estos tres años de legislatura de Gobierno del Partido Popular, señorías, creo que se ha retrocedido en la cohesión del sistema, al menos en lo que se refiere a los usuarios canarios. Se ha desvirtuado, más bien ha dejado de existir el Fondo de cohesión, que es el que da sustento y suficiencia financiera a los centros y a los servicios de referencia. Pero, sobre todo, se ha visto afectado el acceso de los ciudadanos a los mismos, con independencia de la comunidad autónoma de procedencia.

En la enmienda proponemos —y ya sabemos que no va a ser aprobada— que en los centros de referencia se cumpla por parte del ministerio lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley de cohesión y calidad. Esta disposición, que está vigente —insisto, desde el año 2003—, no se cumple, a pesar de que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda del grupo nacionalista canario, que planteaba que, en el caso de los servicios de referencia prestados en los centros de referencia, la Comunidad Autónoma de Canarias y la de las Islas Baleares fuesen consideradas como estratégicas dentro del Sistema Nacional de Salud y que la atención de los centros de referencia en ellas ubicada fuera financiada con cargo al Fondo de cohesión sanitaria. En este caso, hemos añadido en la enmienda que se financien, por fin y de una vez por todas, los servicios de referencia que tenemos en los cuatro grandes hospitales de las islas capitalinas.

Si hasta ahora no se ha acreditado nada, nos tememos que ocurra lo mismo cuando se empiecen a acreditar, si es que se hace, los centros de referencia en el caso de las enfermedades raras. Desde que se produjeron las trasferencias sanitarias hasta el día de hoy los cuatro hospitales de referencia que tenemos en Canarias, en las dos islas capitalinas, han ido aumentando su capacidad de resolución, de manera que hemos disminuido los traslados de los usuarios canarios a los centros de referencia peninsulares, por lo que en este momento generamos mucho menos gasto en esos centros. Voy a poner un ejemplo claro de la desigualdad de trato, porque creo que se entiende bastante bien en el caso de los trasplantes.

La mayoría de nuestros centros hospitalarios son extractores de órganos donantes, no solo los dos de Gran Canaria y los dos de Tenerife, sino también los de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y solidariamente se ponen a disposición de la Organización Nacional de Trasplantes para llevarlos allá donde haga falta. Eso implica un coste, pero como no somos receptores de traslados de otras comunidades autónomas, no es justo que no tengamos acceso a la financiación, pues la alta especialización también la hemos de mantener para garantizar este dispositivo de solidaridad de la extracción de órganos, pero también para garantizar el acceso de los que vivimos en Canarias a los trasplantes que se realizan de determinados órganos en los hospitales canarios especializados de referencia. Por eso, presentamos esta enmienda.

Con esta enmienda también incluíamos otro apartado, relativo a recuperar, y concluyo, señor presidente, los artículos que están suspendidos desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2013, los artículos del Real Decreto que en el año 2006 reguló…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: …el Fondo de cohesión sanitaria, porque si no se recuperan esos artículos y no se compromete el Gobierno de España a recuperar el Fondo de cohesión y poner la financiación necesaria para mantener los centros de referencia vía Presupuestos Generales del Estado, que ya no está, apoyaríamos esta moción, pero me temo que sería un brindis al sol si no hubiera respaldo financiero detrás.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Compartiré el turno con la senadora.

De forma muy rápida, para felicitarme porque la moción al final refleje la lógica de lo que sucedió en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Compareció la federación de enfermedades raras, nos trasladó un decálogo y a través de las enmiendas de los diferentes grupos hemos ido proponiendo incorporar, y así ha sido aceptado por el senador que redactó y defendió la moción, los aspectos que en la propuesta inicial faltaban de ese decálogo planteado por la federación de enfermedades raras. Creo que la lógica de la invitación a comparecer en una comisión a un colectivo que nos traslada unas propuestas en el debate debiera servir para dejar al margen los aspectos partidistas y que en torno a las propuestas que nos formulan quienes viven cada día las dificultades y los problemas, en este caso de las enfermedades raras, nos trasladan.

Por ello, compartiendo, por otro lado, lo que la senadora que mantiene su enmienda ha manifestado en torno al Fondo de cohesión, que es un debate casi recurrente en todas las mociones y cuestiones relacionadas con la sanidad que llegan al Pleno, me felicito porque el consenso haya sido positivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

También me felicito y apoyo el consenso que se ha logrado. Pero insisto, creo que es importante, y es una reclamación que están haciendo todas las asociaciones de enfermedades, trasladar nuestra preocupación porque se recupere el real decreto que regulaba el Fondo de cohesión y porque en los Presupuestos Generales del Estado se empiecen a incluir otra vez las partidas correspondientes. En estos momentos hemos retrocedido en lo que se refiere a la cohesión y a la garantía de accesibilidad a todos los centros de referencia de todos los españoles y cuando digo todos los españoles, también me refiero a los canarios.

En estos momentos, por decirlo con claridad, la derivación de los pacientes a las unidades autorizadas a nivel estatal por el Ministerio de Sanidad a los centros de referencia, que antes se costeaba por el Ministerio de Sanidad y por ese fondo, ahora lo tenemos que compensar entre nosotras, entre las comunidades autónomas y la realidad de lo que está ocurriendo, por ponerla encima de la mesa, es que hay estudiantes canarios que en algunas comunidades autónomas se les exige dejar de ser residentes canarios, con todo lo que conlleva, para poder recibir una atención continuada si padecen una enfermedad crónica y tienen que acudir a los centros de referencia. Hoy en día hay comunidades autónomas y centros de referencia que están exigiéndole al ciudadano al que pretendemos derivar a ese centro de referencia, que previamente su comunidad autónoma pague por adelantado para ser aceptado en ese centro de referencia, pero eso no puede ser, eso no es cohesionar el sistema sino descohesionarlo.

Por tanto nos felicitamos por el consenso, apoyamos la moción, apoyamos las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras, pero nos preocupa que esto termine convirtiéndose en un brindis al sol si detrás no hay un compromiso real de recuperar el Fondo de cohesión, la legislación que lo avala y la financiación que permite asegurar que nuestros centros de referencia no sufran el desmantelamiento y la ausencia de financiación que en estos momentos tienen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna.

Señorías, evidentemente, nuestro grupo parlamentario también se felicita por el consenso logrado. Sí es cierto que a veces en este tema tenemos un déjà vu. No puedo concretar cuántas veces habrá sido, pero, desde luego, todos los años, cuando llegan estas fechas acabamos hablando de lo mismo en los mismos términos y así seguimos. En algún momento tendríamos que empezar ya a quitar puntos de este decálogo que nos presentó el otro día la Federación Española de Enfermedades Raras, y es que si no, como ha dicho la senadora Julios, todo esto no deja de ser un brindis al sol.

Pero queremos también hacer hincapié en el término «con recursos suficientes» cuando hablamos de los CSUR. Se lo preguntamos a la ministra y presentamos enmiendas en presupuestos porque creemos que esto no puede depender de las compensaciones interautonómicas sino que debe tener una partida presupuestaria. No puede ser extrapresupuestario aquello que realmente es muy necesario porque si no, no da seguridad. Los CSUR son el eje sobre el que giran los puntos 1, 2, 4, 5, y creo que hasta el punto 8. Si no hay CSUR, todo lo demás sirve de poco o de casi nada.

Por tanto, nos felicitamos. Esperemos que no sea esto otra versión de El día de la marmota, sino que alguna vez empecemos ya a borrar puntos como debe ser, como se merecen y se les debe a todas estas personas que tienen enfermedades raras y que son las más comunes de las enfermedades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

La Federación Española de Enfermedades Raras intenta visibilizar en las redes sociales estas patologías tan poco frecuentes a través de un hashtag.

En esta Cámara, hace tan solo una semana, se celebró el acto para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y en ese acto la federación intentó expresar la dificultad del diagnóstico de muchas de ellas, la angustia que supone no tener un nombre para el mal que padece un hijo o para el mal que uno mismo padece. Pero como todos sabemos, los peores enemigos son los invisibles, los impredecibles, y sin nombre, las enfermedades se convierten en eso, en un enemigo impredecible.

Cada 28 de febrero leemos titulares como estos: Enfermedades raras, el año de Irene. Raras enfermedades de superhéroe. Pacientes con enfermedades raras, un gran colectivo olvidado. Pero estos pacientes y sus familias viven otros 364 días de angustia y lucha contra estas grandes olvidadas. Es importante avanzar en el diagnóstico, formar a los profesionales, invertir en medicamentos huérfanos, favorecer la investigación e implementar modelo asistenciales integrales. Todo esto es lo que hemos intentado recoger en esta moción que se ha consensuado.

Siempre les pongo el mismo ejemplo, pero no puedo dejar de nombrarlas, son las mujeres que padecen linfangioleiomiomatosis, mujeres jóvenes, en edad fértil, que debutan con una patología respiratoria que puede afectar a otros órganos y que muchas veces solo tiene un tratamiento, el trasplante de pulmón. Son unas 140 en España. El coraje, la valentía, la vitalidad que desprenden esas mujeres siempre me recuerda por qué es tan importante continuar trabajando para visibilizar y hacer presentes las enfermedades minoritarias.

El matemático Eduardo Sanz de Cabezón, en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Senado, hizo un bonito monólogo para expresar la importancia de un diagnóstico, y nos habló de las singularidades, que son los puntos donde la física falla, el álgebra no funciona, las matemáticas se vuelven locas, nos dijo, y añadió: Stephen Hawking se ha dedicado a estudiar las singularidades, los agujeros negros del espacio tiempo más que nadie, y él sabe que en esas singularidades están los secretos del universo.

Yo no sé mucho de enfermedades raras, aunque soy médico, pero sí sé que son singulares y que debemos estudiar y mejorar el diagnóstico de estas porque seguro que esconden muchos secretos que nos ayudarán a entender el universo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, senyor president.

Bé, em dirigeixo al senador Aguirre. Voldria començar fent una primera reflexió sobre com s’ha tramitat aquesta moció. Vostè ha començat la seva intervenció parlant de la feina conjunta que s’ha fet al llarg d’aquests darrers anys especialment, amb un protagonisme important per part d’aquesta Cambra parlamentaria. Per tant voldria iniciar la meva intervenció felicitant-nos per haver arribat a un acord, però també li vaig traslladar ahir que lamentava que la moció d’avui no s’hagi pogut presentar des d’un bon començament per part de tots els grups parlamentaris, que hagués estat la nostre voluntat. De fet, així ho vam expressar el dia de la Comissió on compareixien els de Feder, els diferents grups van plantejar la possibilitat de presentar aquesta moció conjunta i ens hauria agradat que aquest hagués estat el tràmit inicial.Tanmateix ens felicitem per haver aconseguit transaccionar o aprovar per part de tots els grups aquesta transaccional, perquè com bé vàrem traslladar aquell dia no es tracta de fer política, avui es tracta de donar la cara en benefici de tots aquests pacients, de tots aquests malalts, les seves famílies, i d’alguna manera volia començar la meva intervenció fent aquesta reflexió, però ens hem afegit a aquest tipus d’iniciatives.

Dit això, m’agradaria aprofitar aquest torn d’intervenció per explicar que al haver-se tramitat la iniciativa inicialment per part del Grup Popular, nosaltres, com fem sempre, vam presentar unes esmenes, que hem retirat, però que voldria, encara que sigui breument, explicar. Són unes esmenes que pretenien recollir la voluntat, o una de les peticions que Feder, en nom dels diferents pacients van expressar, no sols el dia de la seva compareixença, sinó el dia que celebràvem en l‘antic saló de plens el dia mundial de les malalties rares. Durant la seva intervenció, el president de Feder va demanar la necessitat de garantir (feia servir la paraula igualtat o equitat de condicions) per accedir a la prestació dels serveis mèdics, especialment, en feia ara referència la senadora Almiñana, el poder accedir a diagnòstics ràpids, que aquest és un dels problemes que plantegen les famílies que pateixen aquest tipus de malalties, i facilitat en l’accés als diferents medicaments que necessitin. És en aquest sentit que vàrem presentar una esmena en la que proposàvem afegir diferents punts. En primer lloc que es dotin de recursos els diferents sistemes de compensació de tots els serveis sanitaris prestats a ciutadans desplaçats entre comunitats autònomes, avui finalment no queda incorporat, però és una petició que des del nostre grup fem constantment. És necessari dotar el Fons de cohesió sanitària i el Fons de garantia assistencial. De fet el ministre és conscient d’aquesta necessitat, i en la compareixença de l’altre dia es va comprometre a afrontar la necessitat de buscar aquests mètodes de compensació. Per tant ens alegrem de que el ministre prengués aquest compromís. Veurem i en farem seguiment perquè per nosaltres , per les comunitats autònomes, aquests fons són importantíssims.

També plantejàvem que els Pressupostos Generals de l’Estat incrementessin la dotació que es dirigeix a les comunitats autònomes per afrontar les diferents estratègies de les malalties rares. És en aquest sentit que vam plantejar la nostre esmena d’adició. Òbviament per arribar en aquest acord retirem aquestes esmenes, tot i que com han fet els altres companyes, és un plantejament que tenim sobre la taula, que hem d’afrontar, tornem a parlar de recursos, però al final és una necessitat que té el nostre sistema per afrontar el dia a dia de l’atenció dels nostres malalts.

La moció final crec que incorpora força la voluntat expressada directament per els malalts de malalties minoritàries. De fet aquesta era la voluntat inicial, presentar una moció conjunta amb els diferents punts que ells mateixos ens van plantejar el dia de la seva compareixença. Creiem que la moció final és molt complerta, que atén el que des del nostre punt de vista és una necessitat imprescindible: creació de plans d’atenció específica a les malalties minoritàries, evidentment el tema del registre, que siguem capaços de treballar en xarxa les diferents unitats d’experts i a més a més els diferents territoris, que s’ajudi els malalts a accedir als tractaments i a les teràpies, que s’informi dels avenços científics, que a més continuem impulsant la investigació, tant a nivell de noves eines de diagnòstic, que era una de les peticions, com a nivell de nous medicaments. Que els plans vagin més enllà de l’àmbit sociosanitari, n’hem parlat amb d’altres ocasions, programes d’educació, programes d’inserció laboral. Que també tinguem en compte, com deia el senyor Aguirre, la discapacitat que provoquen moltes d’aquestes malalties, per tant tenim sobre la taula la necessitat de dotar la Llei de dependència perquè molts d’aquests malalts també tenen aquesta necessitat d’ajut.

D’alguna manera podríem dir que és una moció que planteja molts de les necessitats que nosaltres creiem que hem d’afrontar. Sí que demanaríem de tota mena que aquesta feina conjunta que farem les diferents comunitats autònomes permeti respectar l’avenç que s’ha fet en alguns territoris. Saben que en el cas de Catalunya la feina es va iniciar fa temps, des del 2008 diferents governs de la Generalitat han estat treballant aquest pla específic per el tractament de les malalties rares i per tant, nosaltres el que demanaríem és que aquesta feina transversal i conjunta no vagi en detriment dels beneficis que ja hem aconseguit, sinó que permeti que totes les comunitats es posin al mateix nivell, millorar la qualitat i l’excel·lència.

Voldria fer una reflexió última sobre aquestes malalties, ho deia el senador Aguirre: hem d’afrontar aquesta realitat, les malalties rares representen un repte important per la Salut pública. Vostè donava algunes dades: 3 000 000 de pacients en tot l’Estat. A Catalunya hem calculat que són entre 300 000 i 400 000. D’aquests, un 50 % mort abans dels 30 anys, un 35 % de la mortalitat dels nadons inferiors a 1 any i un 10 % de la mortalitat de nens entre 1 i 5 anys, per tant són dades esgarrifoses, però malgrat aquestes dades colpidores, estem parlant en valors absoluts de xifres importants, al final és veritat que. Com deia la senadora Almiñana, es tracta d’unes malalties que podem considerar invisibles, i per tant que necessiten el nostre compromís per poder afrontar aquesta realitat i ajudar no sols els malats, sinó també les famílies que en molts casos es troben soles, desemparades, i per tant creiem que era la nostre obligació sumar-nos a la seva moció i esperem que en properes ocasions aquest acord pugui ser inicial.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Obviamente me dirijo al senador Aguirre. Querría empezar mi intervención haciendo una primera reflexión sobre cómo se ha tramitado esta moción. Usted ha iniciado su intervención hablando del trabajo conjunto que se ha hecho a lo largo de estos últimos años, especialmente, con un protagonismo importante por parte de esta Cámara parlamentaria. Por tanto, debemos felicitarnos por haber llegado a un acuerdo, pero también es cierto, se lo trasladé ayer, que hay que lamentar que, en el trámite inicial, esta moción no fuera presentada por todos los grupos parlamentarios, que hubiese sido nuestra voluntad. De hecho en la comisión, cuando compareció Feder, los diferentes grupos planteamos la posibilidad de hacer esta moción conjunta. Sin embargo, obviamente, nos felicitamos por haber conseguido aprobar todos los grupos esta transaccional porque, como expresamos aquel día, no se trata de hacer política, sino de dar la cara en beneficio de todos estos pacientes y sus familias. Como he dicho, quería iniciar mi intervención haciendo esta reflexión, pero obviamente nos sumamos a este tipo de iniciativas.

A esta moción, inicialmente presentada por el Grupo Parlamentario Popular, nosotros, como siempre hacemos, presentamos unas enmiendas, que hemos retirado, obviamente, pero me gustaría aprovechar este turno para explicarlas aunque fuera brevemente. Estas enmiendas pretendían recoger una de las peticiones del presidente de Feder, por tanto en nombre de los diferentes pacientes, que expresó no solo en su comparecencia, sino el día que celebramos en el antiguo salón de Plenos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Durante su intervención, el presidente de Feder expresó la necesidad de garantizar —utilizó estas palabras— la equidad de condiciones para acceder a la prestación del servicio médico, especialmente, y —la senadora Almiñana hacía referencia a ello—, poder acceder a diagnósticos rápidos —este es uno de los problemas que plantean las familias que sufren este tipo de enfermedades— y obviamente facilitar el acceso a los diferentes medicamentos que necesiten. En este sentido, como digo, presentamos una enmienda en la que proponíamos añadir diferentes puntos. En primer lugar, dotar de recursos a los diferentes sistemas de compensación de todos los servicios sanitarios prestados a ciudadanos desplazados a diferentes comunidades autónomas. Finalmente, esto no queda incorporado, pero es una petición que nuestro grupo hace constantemente: dotar el Fondo de cohesión sanitaria y el Fondo de garantía asistencial. De hecho, el ministro es consciente de esta necesidad y en la comparecencia del otro día se comprometió a buscar estos métodos de compensación. Por tanto, nosotros nos alegramos de que el ministro adoptase este compromiso. Obviamente, realizaremos un seguimiento del mismo porque para las comunidades autónomas estos fondos son importantísimos.

Por otra parte, también proponíamos que los Presupuestos Generales del Estado incrementasen la dotación dirigida a las comunidades autónomas para hacer frente a las diferentes estrategias de las enfermedades raras. Este era el sentido de nuestra enmienda. No obstante, para llegar a este acuerdo retiramos las enmiendas, como ya han hecho otros compañeros, porque se trata de un asunto que tenemos sobre la mesa y al que tenemos que hacer frente. Hablamos de recursos, obviamente, pero sobre todo de la necesidad de que nuestro sistema pueda enfrentarse al día a día en la atención de los enfermos.

Señorías, creemos que la moción final incorpora en gran medida la voluntad expresada directamente por los enfermos de las enfermedades minoritarias. De hecho, esta era la voluntad inicial: presentar una moción conjunta que recogiera los diferentes puntos que ellos mismos nos plantearon el día de su comparecencia. En este sentido, creemos que la moción final es muy completa y que atiende a lo que, desde nuestro punto de vista, son necesidades imprescindibles: la creación de planes específicos de atención a las enfermedades minoritarias; la cuestión del registro, para que seamos capaces de trabajar en red tanto las diferentes unidades de expertos como los diferentes territorios; que se ayude a los enfermos a acceder a tratamientos y terapias; que se informe de los avances científicos; que continuemos impulsando la investigación, tanto de las nuevas herramientas de diagnóstico —una de las peticiones— como de nuevos medicamentos; y que los planes vayan más allá del ámbito sociosanitario —hemos hablado de ello en otras ocasiones—, incorporando programas de educación y de inserción laboral. Asimismo, como decía el señor Aguirre, hemos de tener en cuenta la discapacidad que provocan muchas de estas enfermedades. Por tanto, tenemos sobre la mesa la necesidad de dotar la Ley de dependencia, pues muchos de los enfermos necesitan esta ayuda.

Señorías, creemos que esta es una moción que plantea muchas de las necesidades que hemos de afrontar. De todas maneras, queremos pedir que el trabajo conjunto que desarrollemos las comunidades autónomas respete el avance llevado a cabo en algunos territorios. Saben que en el caso de Cataluña este trabajo se inició hace tiempo, en 2008. Diferentes gobiernos de la Generalitat han estado trabajando en este plan específico para el tratamiento de las enfermedades raras. Por tanto, pedimos que este trabajo transversal y conjunto no vaya en detrimento de los beneficios que ya hemos conseguido, sino que permita que todas las comunidades se pongan al mismo nivel y se mejore la calidad y la excelencia.

Me gustaría hacer una última reflexión sobre estas enfermedades. Tal y como decía el senador Aguirre, tenemos que hacer frente a esta realidad. Las enfermedades raras representan un reto importante para la salud pública. Usted daba el siguiente dato: 3 000 000 de pacientes en todo el Estado. En Cataluña, por ejemplo, tenemos entre 300 000 y 400 0000 pacientes, de los cuales, un 50 % muere antes de los 30 años; un 35 % de la mortalidad es de recién nacidos y niños menores de un año, y un 10 %, de niños entre 1 y 5 años. Son datos horrorosos, datos terribles —estamos hablando de datos absolutos, de cifras importantes—, pero, al final, como decía la senadora Almiñana, se trata de enfermedades invisibles que necesitan de nuestro compromiso, no solo para ayudar a los enfermos a afrontar esta realidad, sino también a sus familias, que en muchos casos se encuentran solas y desamparadas. Por tanto, creemos que era nuestra obligación sumarnos a su moción y esperamos que en próximas ocasiones se logre el acuerdo desde el inicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente.

Señorías, hace poco publiqué un artículo sobre esta cuestión que titulé: Las raras son las enfermedades, no los enfermos. Los enfermos no son raros, son 3 000 000 de personas que en España padecen enfermedades poco frecuentes. Esto lo oímos en la Comisión de Sanidad del 19 de febrero. Hubo una intervención muy interesante tanto del presidente de la Feder como de la directora sobre la problemática, y las conclusiones de una ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de estos pacientes fueron, como se ha señalado, que de cada 10 000 personas en Europa, 5 padecen este tipo de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud considera que existen unas 7000 patologías diferentes que aquejan al 7 % de la situación mundial. En dicha comisión, todos los grupos acordaron apoyar una moción institucional para instar al Gobierno de España a que profundice y avance en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El problema de estas enfermedades es que en su mayoría son crónicas, son degenerativas, son enfermedades invalidantes que van anulando a la persona, anulando su autonomía —



2 de cada 3 casos aparecen antes de los dos años de vida— y complicando muchísimo la vida a sus familiares. Esa es la gran tragedia, niños o niñas que nacen con unas malformaciones gravísimas que acaban muy pronto con su vida y, si no, el tiempo que viven lo viven con muchas dificultades, se altera el desarrollo motor, el sensorial, hay una pérdida de autonomía en el paciente, la mortalidad es muy elevada y no solo elevada sino que es una mortalidad precoz.

Lógicamente, de estas enfermedades unas son de carácter genético, otras son ambientales pero, en cualquier caso, la situación que crea a los padres es impresionante. Hace poco, en la sesión de 5 de marzo pasado, con la asistencia de la reina, oímos las versiones de los padres, los casos de padres que tienen que dejar el trabajo, que abandonan su trabajo para cuidar a estos niños, y oímos también las versiones de estos niños y el sufrimiento que padecen durante todo el tiempo. Hay madres que pasan meses buscando médicos, cambiando de médicos, acudiendo a urgencias, cambiando de especialistas, y tardan mucho tiempo en general hasta conocer cuál es el diagnóstico de estas enfermedades.

Hemos llegado al día de hoy en el que es verdad que ha habido avances, pero también es cierto que sigue existiendo un gran retraso en el diagnóstico de estas enfermedades. Hay muchas dificultades en el acceso a un tratamiento adecuado, dificultades que traen como consecuencia que tanto el paciente como el entorno social y familiar tengan bastantes problemas.

Hay una escasez en la detección de las pruebas de diagnóstico precoz financiadas por la sanidad pública; no hay suficientes profesionales, expertos en genética; hay una descoordinación importante entre la atención primaria y la atención hospitalaria, entre los especialistas y también hay barreras burocráticas importantes y lamentables para la financiación cuando tienen que trasladarse de unas comunidades autónomas a otras o cuando tienen que buscar centros de referencia especializados, y prácticamente no los hay.

En cualquier caso, este dato es muy grave: más del 40 % de las personas que tienen estas enfermedades minoritarias no disponen del tratamiento adecuado, incluso no disponen de un diagnóstico que permita un tratamiento más eficaz. Por ello es impresionante el peregrinar de los padres de especialista en especialista, cambiando de hospitales, buscando un diagnóstico, que quizás sea lo más grave que tiene este tipo de enfermedades.

Nosotros hemos presentado una enmienda con 10 propuestas para implantar en los ámbitos sanitario y social y para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, por lo que es necesario un plan; es necesario un plan con un presupuesto específico, que tiene que coordinar el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, por citar dos casos, que sí tienen unos presupuestos dedicados a este tipo de enfermedades. Las demás no los tienen. Tampoco existe un registro nacional con una adecuada codificación de estas enfermedades, y tampoco se puede trasladar la historia clínica electrónica entre las comunidades autónomas.

En fin, la verdad es que son muchas las deficiencias que perjudican todavía más la problemática de todos estos pacientes. Tenemos que promover más formación, más información, más investigación en los profesionales del ámbito socio-sanitario, en la investigación clínica, y también tenemos que apoyar la participación de organizaciones. Concretamente, la motivación que tienen estos pacientes y las familias es tan grande que hay unas 300 asociaciones que funcionan perfectamente en España implicadas en diferentes tipos de enfermedades. Hay que fortalecer los centros de salud, las unidades de referencia y es necesario que haya una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros vamos a exigir un seguimiento de este compromiso al Partido Popular, porque mientras no haya un presupuesto específico que coordine para toda España va a ser muy difícil lograrlo —ya se ha dicho aquí— por las dificultades que hay para traslados de pacientes entre comunidades autónomas. Tiene que haber una coordinación, que le toca realizar al Ministerio de Sanidad, no solo en atención corporal, sino también en atención psicológica; atención social; atención familiar; localizar un diagnóstico, tratarlo adecuadamente; acceder a todos los medicamentos, a todos los productos sanitarios; promoviendo la inclusión laboral de estos pacientes en la medida de lo posible y una educación también lo más adecuada posible.

Señorías del Partido Popular, creo que el Grupo Socialista ha sido muy generoso apoyando esta moción. También valoramos la incorporación de las enmiendas que nosotros hemos presentado pero, como aquí se ha dicho, para que el Senado tenga credibilidad, para que con este caso el Senado sea un ejemplo y podamos decir a los ciudadanos: miren, miren como el Senado también resuelve problemas, miren como el Senado es capaz de ayudar, es muy importante que ahora el Gobierno se comprometa con esta moción. Desde luego, los senadores socialistas vamos a estar muy atentos para exigir el cumplimiento de esta iniciativa por parte del Gobierno del Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador González.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer es reiterar el agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por llegar a puntos de consenso en algo tan importante como las enfermedades raras. Lógicamente, no es un consenso en una moción que presenta el Partido Popular, es sumar todos en beneficio de los pacientes con enfermedades raras. Eso es lo que se pretendía y cuando hablé de ello en la Comisión de Sanidad ya dije que la idea era llegar a puntos de consenso a la mayor brevedad posible. Yo creo que de todas las intervenciones que he tenido en esta tribuna —que son muchas— a lo largo de estas dos últimas legislaturas, es la más tranquila. Miren que yo soy vehemente, pero estoy perfectamente tranquilo, porque qué bonito es trabajar cuando todos vamos remando hacia el mismo sitio.

Quizá las enmiendas de sus señorías que no se han admitido son aquellas específicas de comunidades autónomas, ya que el ámbito de la moción, como ustedes comprenderán, es de ámbito nacional y no se podían coger las singularidades de cada uno. Por eso, comprendo que Coalición Canaria o mi querida compañera, la senadora Cunyat, tengan su reticencia, pero esa era la idea y creo que era una idea acertada.

Lo que sí quisiera transmitir es el trabajo del Gobierno a lo largo de estos años en las enfermedades raras y siempre buscando el consenso y la cohesión interterritorial. En este tiempo, lo primero que hizo el Gobierno fue evaluar la Estrategia nacional de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, lo que se hizo en el año 2012. Una vez que se evaluó, se vio que había que modificarla y que había que implementarla, lo que también se hizo y se llevó al Consejo Interterritorial del año 2013 para que en las comunidades autónomas trabajáramos todos marcando el mismo rumbo. En junio de 2014 se aprobó la actualización de esta Estrategia del año 2009 y en fecha 14 de enero de este año se aprobó el Registro —importantísimo— de Enfermedades Raras, siempre con el fin claro de acortar el tiempo desde que aparece la enfermedad hasta que se hace un diagnóstico etiológico. Este tiempo, esta agonía, que actualmente está entre cinco y diez años, hay que acortarla lo más posible en beneficio del paciente, para que a la mayor brevedad tenga su pronóstico y su tratamiento específico, en caso de que dicha patología lo tuviera.

Respecto a los recursos, en 2013 el Gobierno designó para esta Estrategia 305 920 euros, con los que se abordaron 16 proyectos; la misma cifra que en el año 2014. Sin embargo, en el presente año se ha multiplicado por 3 y hoy es un millón de euros la cantidad destinada a implementar el desarrollo de la Estrategia en Enfermedades Raras, tal como se aprobó con las comunidades autónomas el 14 de enero en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se ha hablado también aquí de la sensibilización, cuestión importantísima. El Gobierno propuso que el año 2013 fuera el Año español de las enfermedades poco frecuentes, para potenciar su investigación y, sobre todo, para poder visualizar estas patologías. De ahí que en el año 2013 el Día Internacional de la Familia se dedicó de forma específica también a las personas con enfermedades poco frecuentes.

Es importantísima el área de formación, que se está vehiculizando a través del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras que tiene el Imserso en la provincia de Burgos. En él se han organizado múltiples jornadas, cursos de formación, programas de respiro familiar y propuestas de adecuación y calificación de los baremos referentes a la dependencia de estos pacientes.

Se ha impulsado la designación de centros, servicios y unidades de referencia, con el objetivo de poder concentrar el número de pacientes, de casos con la máxima casuística, y acumular experiencia los profesionales que trabajan en estos centros, siempre buscando el correcto diagnóstico, su tratamiento y seguimiento.

En el área de prevención, se aprobó por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2013 las 7 enfermedades que ya forman parte del Programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas del Sistema Nacional de Salud, incluido en la Cartera Básica Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

En el área de tratamientos, en la actualidad existen aproximadamente 80 medicamentos huérfanos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, cantidad que se corresponde con igual o mayor número de enfermedades raras. En España, el porcentaje de denegación de financiación es mínimo y se sitúa en los mismos niveles que en los países de nuestro entorno europeo.

Respecto a los medicamentos huérfanos comercializados, la mayoría de las 7000 patologías huérfanas tienen un componente genético, por lo que no tienen un tratamiento específico. Sí tienen un tratamiento mucho más específico las que tienen un origen metabólico o endocrino-metabólico. Esas son las que se están abordando con los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos. Esas son para las que actualmente tenemos terapéutica oncológica y endocrinológico-metabólica, destacando el tratamiento de la metabolopatía congénita, enfermedades raras de origen genético que no tenían tratamiento hasta este momento, por lo que estos medicamentos suponen una innovación terapéutica de primer orden.

Viendo los resultados, para su visualización fueron importantísimos también los programas diseñados e, incluso, el apoyo de las televisiones a través de los telemaratones y otro tipo de actividades.

La designación de centros, servicios y unidades de referencia ha sido muy importante y han aumentado en 38 en los últimos años; se está trabajando en las áreas de dermatología y neurología urológica.

En cuanto a los tratamientos, la tramitación referente a un medicamento huérfano, que antes era larga, se ha reducido a más de la mitad: cinco años; antes era casi eterna y por complacencia. Actualmente suelen ser cinco años y tenemos 86 medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos ya comercializados.

En cuanto a la investigación, esta es una línea prioritaria en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo 2013-2016.

Se ha regulado también un nuevo modelo de formación sanitaria especializada a través del decreto de troncalidad —del que tanto hemos hablado—, creándose una nueva especialidad, que es Genética. Teniendo en cuenta que más del 80 % de estas enfermedades tienen una causa genética, es muy importante el desarrollo de esta especialidad para el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes.

Contamos con más de 700 investigadores que desarrollan proyectos y actuaciones desde el Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades raras y, finalizado el Año español de enfermedades poco frecuentes, el Gobierno mantiene su compromiso de continuar fomentando la formación continuada y la investigación en estas patologías.

Desde aquí pido la adhesión de todos los grupos parlamentarios, como ya lo ha hecho el Gobierno de España, a la declaración del año 2016 como Año Internacional de Investigaciones en Enfermedades Raras.

Señorías, estas patología siguen siendo un desafío y deben ser una prioridad social y sanitaria para todos nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Aguirre.

A la vista de que la propuesta de modificación ha sido firmada por todos los grupos ¿se puede aprobar la moción por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Muchas gracias.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. 662/000178 GPS

El señor vicepresidente da lectura al punto 6.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos, del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Quintero Castañeda y Julios Reyes y de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; y, otra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Álvarez Areces, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Señorías, presento esta moción, en nombre de mi grupo parlamentario, tratando de responder a las manifestaciones que la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, doña Montserrat Gomendio, realizó el pasado 23 de febrero. En ellas anunciaba una nueva teoría por ella denominada como la ecuación imposible de la financiación pública de la universidad en España. Por cierto, en términos matemáticos no hay ecuaciones imposibles sino de imposible solución, en función de las exigencias que se requieran o de los razonamientos. (Aplausos). Lo que ella plantea, siguiendo sus parámetros, es de imposible solución, pero voy a tratar de demostrar que la solución es imposible debido a las políticas que viene poniendo en marcha el Gobierno de España, pero que sí la tendría si se aceptasen al menos los elementos esenciales de los puntos de la moción que estoy presentando.

Ella argumenta que tenemos una de las tasas de mayor acceso a la universidad de Europa, una de las tasas de matrícula más bajas de toda la Unión Europea, que casi no hay ninguna selección para entrar en la universidad y, finalmente, que los impuestos son bajos, por lo que es imposible mantener el sistema. Evidentemente, estas manifestaciones han causado un gran malestar tanto a las familias como a los estamentos universitarios porque, además, obedece a una secuencia política que arranca en el Decreto 14/2012, que originó la mayor subida de tasas de toda la democracia; de medidas normativas que han estado también ligadas y han provocado una desigualdad en el sistema universitario entre unas comunidades autónomas y otras; también de medidas normativas como aquella que hace referencia a las tasas de reposición, absolutamente inaceptables y que, evidentemente, han puesto en cuestión equipos de investigación y el mantenimiento del propio profesorado y la estabilidad de su función. Además, todo ello dentro de un contexto en el que se trata de descalificar a las universidades en España, diciendo que hay muchas, muchos universitarios y que, por tanto, se está estimulando siempre a hacer una política restrictiva en ese ámbito, tratando de disminuir el número de alumnos y minorar también los efectivos de las universidades y su financiación.

Esto no obedece a ningún elemento objetivo porque el número de universidades en España es de 82, como ustedes saben ―50 públicas y 32 privadas― y desde el año 1997 no se ha creado ninguna universidad pública. En cambio, nadie dice por qué proliferan las universidades privadas, por cierto con muchas críticas de incumplimiento de los requisitos que la LOU tiene para el cumplimiento de sus fines, tanto en exigencia al profesorado como en los requisitos de implantación de titulaciones. Desde el año 2001 se han creado 14 universidades privadas nuevas, casi una por año. Pero no son solamente las medidas de recortes brutales de recursos, de profesorado, sino que por vez primera el sistema de acceso ya no es único para todas las universidades.

Se carece de un sistema de financiación que garantice la suficiencia financiera en todo el territorio. La igualdad de oportunidades ha sufrido también un gran retroceso, con un endurecimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de las becas y una importante reducción de sus cuantías. La pérdida de profesores también ha sido elevadísima: entre enero de 2012 y enero de 2014 las universidades han perdido 5669 profesores y 2455 miembros de personal de administración y servicios.

El personal docente e investigador laboral, si lo computásemos como equivalente en régimen a tiempo completo, también sería peor, ya que muchos de los contratos son a tiempo parcial. Además, hay que tener en cuenta las pérdidas de plantilla, los límites a la contratación y la tasa de reposición ya mencionada. Esto ha provocado un éxodo de muchos jóvenes investigadores y que no se produzca la necesaria renovación generacional. Hay que tener en cuenta también que la financiación de I+D+i ha descendido del 1,40 % del PIB en el año 2010 al 1,30 % en 2012 y al 1,24 % en 2103 cuando la media europea es aproximadamente del 2 % en este mismo año.

En el contexto de este panorama de innegable deterioro se producen estas manifestaciones que se basan en datos falsos, como voy a tratar de demostrar. El primero de ellos, la tasa de acceso a programas terciarios de tipo A, como se denominan los universitarios, por parte de adultos jóvenes en España era del 52 % en el año 2013, 9 puntos menos que la media de la OCDE y 4 menos que la Unión Europea a Veintiuno. La tasa de titulación universitaria, que se denomina con las siglas CINE 5A, en España alcanza en ese año el 29 %, descendiendo, por cierto, 3 puntos respecto al año anterior, y los valores siguen estando también por debajo del promedio de la OCDE y de la Unión Europea a Veintiuno que son respectivamente 37 % y 38 %. Estos datos los tenemos en la última publicación del informe español del panorama de la educación, indicadores de la OCDE 2014.

Tampoco es cierto que España tenga una de las tasas de matrícula más bajas de la Unión Europea. Está entre los nueve países con los precios más altos de la Unión y tiene doce naciones por delante en cobertura de becas. En función de poder adquisitivo de la población, las universidades públicas españolas constituyen la sexta institución con los precios de grado más elevados de Europa. Es el informe de la Comisión Europea referido a las tasas de grado en los diferentes países de la Unión en 2013-2014. No es cierto que en España no exista casi ninguna selección para entrar en la universidad. Las pruebas de acceso a la universidad, las PAU, han sido rigurosas y objetivas, evaluadas con profesionalidad e independencia, donde los resultados demuestran que consigue acceder un 84 %. Es paradójico que se plantee esta crítica cuando el Gobierno acaba de eliminar el sistema de acceso. Ahora establece que aparte de la reválida, y de aprobarla, cada universidad tenga su prueba de acceso, lo que significa un retroceso, denunciado en todos los estamentos. En España lo que es real es que se ha estado reduciendo de forma escandalosa el gasto educativo público respecto al PIB de los últimos años, contradiciendo las indicaciones de la Unión Europea en materia educativa.

Hemos pasado de un 4,86 % del PIB en el año 2011 a un 3,9 % del PIB en 2015, según reflejan los datos ofrecidos en el Plan presupuestario 2015 del Reino de España. Si nos atenemos al gasto de las universidades públicas, se puede comprobar que pasamos de un presupuesto de 9749 156 896 euros en el año 2011 a 8594 799 568 euros en 2014. Es decir, 1154 357 328 euros menos en estos años, y estos son datos oficiales. El gasto por alumno descendió en ese período en 813,26 euros. Es evidente que para la señora Gomendio esto no tiene solución, pero la carencia de solución se debe a sus propias políticas. Todas las medidas van en la misma dirección. De esas manifestaciones desde luego queda una evidencia, que es que la política desarrollada por el Gobierno de España ha ido en una dirección absolutamente contraria a todas las orientaciones que la Comisión Europea fue trasladando a los Estados miembros, a través de la comunicación Agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa. En esa comunicación se expresa que la Estrategia 2020, sus iniciativas emblemáticas, las nuevas directrices, deben centrar los esfuerzos para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plurianual 2014-2020 apoya esa estrategia, aumentando considerablemente el presupuesto destinado a la inversión en educación, en investigación y en innovación. Y la razón está en que la educación y, en particular, la educación superior y su relación con la investigación y la innovación, desempeña un papel fundamental en el progreso individual y social, y proporciona también un capital humano altamente cualificado para hacer frente a todos los retos de crecimiento, de empleo, de prosperidad. Aunque el 35 % de los puestos de trabajo van a requerir cualificaciones de alto nivel de aquí a 2020, actualmente ese porcentaje no se alcanza. Se necesitan más titulados superiores y, además, no solo eso, sino que en el ámbito de la investigación tenemos que llegar al objetivo de la Unión Europea, al que el Gobierno de España ha renunciado voluntariamente, el 3 % en 2020, situándolo en un 2 % de forma absolutamente contraria a todas las orientaciones y al sentido común.

Pues bien, ¿cuál es nuestra orientación? Pues nuestra orientación, aparte de restaurar e incrementar el gasto público en el gasto educativo y, específicamente, dentro del gasto educativo el que se orienta a la universidad y a la investigación y al desarrollo, es dotar de un sistema de financiación que ha quedado lesionado en su funcionamiento desde que las medidas restrictivas, como consecuencia de la crisis y del decreto del año 2012, han impuesto un comportamiento fiscal a todas las comunidades autónomas que no tiene nada que ver con sus necesidades, ni con la necesidad objetiva de una financiación en función de sus intereses, en función de los objetivos que se marquen y, evidentemente, una financiación que nosotros defendemos que sea por resultados. Debe mantenerse ese modelo autonómico de financiación porque en realidad cada comunidad autónoma debería fijar sus propios objetivos de acuerdo con sus universidades, atendiendo a las finalidades de suficiencia, de eficacia, de eficiencia, de equidad y de transparencia. Una equidad que es consecuencia, lógicamente, no solo de establecer un horizonte temporal amplio y de suficiencia y estabilidad financiera, sino que permita a los Gobiernos y a las universidades el desarrollo de sus políticas a medio plazo y, también, garantizar la igualdad de oportunidades.

La financiación debe ser por resultados porque hay que definir criterios de asignación de recursos explícitos, basados fundamentalmente en la obtención de resultados contrastables en todos y cada uno de los ámbitos fundamentales de la actividad universitaria, de la docencia, de la investigación, del desarrollo tecnológico, de la transferencia de conocimiento y de innovación. La financiación por resultados ha estado centrada en la universidad de forma individual e independiente. Además, reivindicamos la eficiencia del sistema, que los propios responsables de las universidades también asumen, estimulando la adecuación de los servicios universitarios a las demandas sociales, mediante la reorientación de la oferta docente, la potenciación de la formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología, y promover la mejora de la calidad en todos los campos de actividad de las universidades.

Por eso nosotros rechazamos todas las medidas que afecten de forma negativa a esa vertebración y cohesión del sistema universitario, descapitalizando las universidades públicas, generando divergencias entre instituciones y territorios, que lesionan la igualdad en el acceso a la educación superior. Además, hay que tener en cuenta que debemos respetar la actual distribución de competencias de las administraciones públicas españolas, porque la Administración General del Estado tiene reservadas competencias normativas generales de ordenación y coordinación del sistema, las políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio y la política de investigación, pero a las comunidades autónomas corresponden las competencias en prestación de los servicios de enseñanza superior y de fomento de la investigación. Por tanto, es evidente que la financiación tiene que ser un todo en el ámbito general, pero particularizada en los objetivos que marque cada comunidad autónoma.

En la moción planteamos cinco puntos. Primero, derogar las normas lesivas que, a nuestro juicio, impiden la coherencia del sistema, como el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, o el Real Decreto 43/2015, que ya analizamos en otra moción distinta, pues se ahonda la brecha social de las desigualdades, se ataca la igualdad de oportunidades y se retrocede en equidad y en calidad de enseñanza, dificultando también la empleabilidad de los estudiantes y perjudicando los intereses del profesorado.

Segundo, elevar las inversiones en educación hasta alcanzar en ocho años un gasto público equivalente al 7 % del PIB y revertir la tendencia, no solamente del gasto educativo en general, sino específicamente del universitario y de las cantidades destinadas a I+D, donde debemos recuperar el horizonte del 3 % en el año 2020.

Tercero, no aplicar a las universidades públicas ninguna tasa de reposición y que se permita la renovación de las plantillas y la promoción de sus profesores, respetando las limitaciones presupuestarias de gasto que se acuerden con la Administración de la que dependan.

Cuarto, en materia de becas y ayudas al estudio, queremos garantizar plenamente la igualdad de oportunidades; el Gobierno tiene que recuperar la consideración de las becas como un derecho y no como un premio, sin dificultar el acceso a ellas y su mantenimiento por los estudiantes. Y con objeto de facilitar el pago de las matrículas y el acceso a las becas, instamos al Gobierno a promover en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria el establecimiento de límites que permitan a las comunidades autónomas restablecer los precios públicos a los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 14/2012, al que antes he hecho referencia, así como extender mecanismos que faciliten el pago aplazado de los mismos.

Y, finalmente, la adopción de todas las medidas de ámbito universitario, incluido el establecimiento de un modelo de financiación estable, se llevará a cabo en estrecho diálogo y colaboración con las comunidades autónomas y con las universidades, e irán encaminadas a la dignificación y mejora de la calidad del sistema público universitario, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y en la permanencia en la universidad, tal y como establecen los objetivos de la Unión Europea sobre el porcentaje de titulados en la educación superior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Como decíamos, a esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Quintero y de la senadora Julios Reyes, y una de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero, que repartirá su tiempo con el señor Iglesias.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado una enmienda de adición al punto 1 de la moción, que hace referencia a la merma considerable de la cohesión social y territorial que se produce en los territorios insulares. Aunque el senador Álvarez Areces en su exposición ya ha hablado de esta cuestión, quiero hacer hincapié en ella y recordar que uno de los puntos prioritarios de la Estrategia 2020 es la cohesión social y territorial en todos sus ámbitos y, hablando del educativo, quería señalar nuestra posición.

Tanto el alumnado, el profesorado, como las dos universidades de Canarias —La Laguna, en Tenerife, y la de Las Palmas de Gran Canaria—, se manifestaron radicalmente en contra del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, y hacían alusión a una cuestión a la que se ha referido el senador Álvarez Areces, que es el diálogo y el consenso que hasta ahora se mantenía con las comunidades autónomas y con todo el sector educativo, bien sea profesorado de universidades o alumnado, y decían que toda la normativa, no solo este real decreto, que ha producido en cascada el Gobierno de España no ha sido consensuada ni con las comunidades autónomas ni con las universidades.

Por tanto, le pedimos al senador Álvarez Areces que acepte nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir también desde el escaño.

La enmienda tiene como finalidad fundamental aproximar el coste de la tasa de los másteres a la de los grados, desde la perspectiva de que, frente a lo argumentado por el señor ministro de Educación, el señor Wert, en el sentido de que la reforma 3+2 suponía un ahorro, esta reforma va a conllevar la exigencia de la aportación de más recursos por parte de los estudiantes, por parte de las familias.

Si hasta ahora la justificación de que los másteres tuvieran que pagar una tasa superior a los grados era que los estudios de grado aportaban la cualificación imprescindible y que los másteres eran un complemento, la degradación de los grados al reducir el tiempo de estudios hace que esta aportación complementaria de las enseñanzas que significan los másteres devenga en imprescindible. En consonancia, lo razonable sería que el coste de las tasas de los másteres se homologara con el coste de las tasas de los grados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo para defender su enmienda.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres hem presentat una esmena a aquesta moció que, d’alguna manera, la complementa, i en la línia de la moció conseqüència d’interpel·lació que va tenir lloc al ple anterior, som coherents amb el debat i amb el discurs que en aquell moment vàrem fer.

Per concretar-ho, el primer punt de la moció que ens presenta aquí el senador Álvarez Areces ens demana la derogació del Reial Decret Llei 14/12, del 20 d’abril, de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa. Amb això estaríem d’acord; és a dir, estem d’acord amb la derogació d’aquest reial decret perquè el que ha fet, en definitiva, és introduir moltíssimes retallades. Però amb el que no estem d’acord és amb la retirada del Reial Decret 43/2015, del 2 de febrer, perquè tal com vàrem dir al debat de la moció del ple anterior, entenem que introdueix elements de flexibilitat de cara a les universitat —i per tant de cara també a les comunitats autònomes— per organitzar els graus i els màsters. Nosaltres no estem d’acord amb aquesta retirada, tot i que, tal com vaig dir en el seu moment, amb la manera en què ho ha fet i ho ha presentat el ministre Wert no hi estem d’acord.

Amb relació al segon punt, parla d’aixecar les inversions en educació fins arribar a la despesa pública del 7 % del PIB. Senzillament és una qüestió de puntualització. El que diem és que, aprofitant la recuperació de l’economia, en aquests moments és bo remarcar que, evidentment, es poden posar més diners, perquè justament des del PP i des del Govern, s’està parlant d’aquesta recuperació econòmica. Senzillament, doncs, és donar la raó al fet que es pot fer perquè justament estem en un procés de recuperació, en les seves pròpies paraules.

Al tercer punt, quan parlem de no aplicar a les universitats públiques la taxa de reposició, que es permeti la renovació de les plantilles i la promoció dels seus professors, nosaltres afegim aquí també un paràgraf que diu «respectant les polítiques de selecció de professorat i les limitacions pressupostàries de despesa en personal que s’acordin amb l’Administració». Entenem que són polítiques importants que cal respectar, i que cal fer-hi també referència.

Amb relació al punt quart i al punt cinquè, estaríem plenament d’acord. I posem nosaltres una nova proposta, que és un punt sisè, addicional, on diem que en col·laboració amb les comunitats autònomes i les universitats, realitzar un estudi per tal d’afavorir l’aplicació flexible del Reial Decret 43/2015, del 2 de febrer, de manera que la seva reorganització del sistema universitari espanyol i la seva adequació al model actualment present a la majoria dels països europeus, no suposi cap perjudici ni per a la igualtat d’oportunitats dels alumnes ni per a l’ensenyament universitari ni els interessos de l’alumnat i el professorat, adaptant-se de la millor manera possible a les necessitats del sistema universitari, d’acord també amb les competències que tenen les comunitats autònomes. Per tant, entenem que aquesta moció, amb aquesta esmena, va en la línia del que vàrem fer al debat passat i demanem al Partit Socialista que la tingui en consideració i la pugui tenir present.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción que pretende complementarla y, en la línea de la moción consecuencia de interpelación que tuvo lugar en el Pleno anterior, somos coherentes con el debate y el discurso que mantuvimos en aquel momento.

Para concretar, en el primer punto de la moción que ha presentado el senador Álvarez Areces se pide la derogación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto. Estamos de acuerdo con la derogación de este real decreto porque ha introducido muchísimos recortes, pero con lo que no estamos de acuerdo es con la retirada del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, porque, tal como dijimos en el debate de la moción del Pleno anterior, entendemos que introduce elementos de flexibilidad de cara a las universidades y por tanto también de cara a las comunidades autónomas para organizar los grados y los másteres. En definitiva, nosotros no estamos de acuerdo con esa retirada ni, tal como dije en su momento, con la forma en que lo ha presentado el ministro Wert.

En relación con el segundo punto, relativo a aumentar la inversión en educación hasta alcanzar un gasto público equivalente al 7 % del PIB, sencillamente es una puntualización de lo que hemos dicho, aprovechar el repunte de la economía, porque es evidente que en este momento se puede aportar más dinero, ya que precisamente el Partido Popular y el Gobierno están hablando de recuperación económica. Por tanto, es razonable que se pueda llevar a cabo precisamente porque estamos en un proceso de recuperación, según sus propias palabras.

En cuanto al tercer punto, que se refiere a no aplicar a las universidades públicas ninguna tasa de reposición y se permita la renovación de las plantillas y la promoción de sus profesores, nosotros añadimos un párrafo que dice: «respetando las políticas de selección de profesorado y las limitaciones presupuestarias de gasto en personal que se acuerde con la Administración de la que dependa». Entendemos que son políticas importantes que hay que respetar, y hay que hacer referencia a ello también.

En relación con los puntos cuarto y quinto, he de decir que estaríamos plenamente de acuerdo con ellos, y añadimos una nueva propuesta, que sería un punto seis adicional, que dice: En colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, realizar un estudio para favorecer la aplicación flexible del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, de forma que la reorganización del sistema universitario español y su adecuación al modelo actualmente presente en la mayoría de los países europeos no suponga perjuicio alguno para la igualdad de oportunidades de los alumnos ni perjudique la calidad de la enseñanza universitaria ni los intereses del alumnado o el profesorado, adaptándose de la mejor manera posible a las necesidades del sistema universitario de acuerdo también con las competencias que tienen las comunidades autónomas. Así pues, entendemos que esta moción, con esta enmienda, va en la línea de lo que hablamos en el debate pasado. Pedimos, por tanto, al Partido Socialista que la tenga presente y en consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, el señor Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Respondo a las enmiendas por orden de entrada. La primera de ellas es del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Narvay Quintero y María del Mar Julios. En el punto número 1 se incluyen, evidentemente, los problemas derivados de la merma de la cohesión social y territorial en su conjunto. No tengo ningún inconveniente en dejar la especificidad de los territorios insulares en los términos que ellos proponen porque es obvio que nosotros en Europa tenemos un problema de falta de cohesión social y territorial no solamente en este ámbito educativo, sino en otros muchos. Esta semana pasada, que hice de portavoz de mi grupo en la comparecencia de los comisarios y comisarias de la Unión Europea, del nuevo equipo que vino a España —un buen método, por cierto, de entrar en contacto con los grupos parlamentarios de cada país; ya saben que aquí tenemos la Comisión Mixta Congreso-Senado—, en mi intervención puse mucho énfasis en el problema que se estaba originando como consecuencia de las políticas que habían clasificado a las regiones en poco desarrolladas, en transición y más desarrolladas, pero en función únicamente de un parámetro, que era el PIB. El 75 % del PIB determinaba las menos desarrolladas, el 90 % las de transición y del 90 % en adelante las más desarrolladas. La alteración del PIB a partir de esta crisis ha sido total. En nuestro país ha bajado la convergencia de país, aunque nosotros no tenemos acceso al fondo de cohesión porque superamos el 90 %, pero hay regiones que se han situado en una clasificación distinta como consecuencia de la crisis. Evidentemente, los efectos de la insularidad son siempre un hándicap particularmente de cohesión territorial muy importante, aparte de los efectos generales. En ese sentido tenemos un problema más global que el de la propia educación con las políticas de cohesión, que son esenciales, son los paquetes inversores más importantes en la Unión Europea que van a poder ser reprogramados en un escenario intermedio. Tenemos que estar muy atentos a cómo están nuestras regiones porque no obedecen a un cálculo real, ya que Eurostat ha calculado los porcentajes de PIB per cápita en relación con el promedio europeo de una manera improcedente con lo que es hoy realmente la crisis. Reivindiqué allí sobre todo la idea de que no es posible medir exclusivamente en términos de PIB el bienestar social porque el bienestar no se puede medir con el PIB. El PIB mide el crecimiento global en su conjunto, el macrocrecimiento, pero hay que introducir otros factores sociales y medioambientales que permitan determinar cuál es la situación real de cada región o de cada país en la Unión Europea. Hecha esta digresión, evidentemente acepto esa enmienda.

La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, de Jesús Iglesias y de José Manuel Mariscal, habla de la aproximación de la tasa por crédito en los másteres al de la que se abonaba antes del real decreto por los créditos de grado. Creo que está recogido tal cual se expresa en mi intervención, porque como nosotros planteamos derogar el Real Decreto Ley 14/2012, nos situamos en un escenario donde esta incidencia de la disparidad tasa/máster respecto a grados se produce como consecuencia de las medidas restrictivas que introdujeron, pero no antes de introducirlas. Comparto esa inquietud, aunque considero que está bien recogida en el texto y que no implica ninguna negación de su posición, todo lo contrario, una afirmación.

Respecto a la enmienda de Convergència, vuelvo nuevamente al debate. Entiendo que es coherente con la anterior, como en nuestro caso. De los cinco puntos, estamos de acuerdo con cuatro y medio y con algo más. Estamos totalmente de acuerdo con cuatro puntos, incluso con las matizaciones que hacen. Si hubiese otro método de aceptar enmiendas —porque la enmienda hay que aceptarla en su conjunto—, yo aceptaría las matizaciones que han expuesto en el punto 2. Pero, para mí, el tema fundamental es que la flexibilización que piden —que es muy razonable en los términos en que la piden— no es posible manteniendo en vigor el real decreto, porque como los rectores no tienen capacidad en su pacto, puesto que no es imperativo ni ejecutivo, las universidades pueden desplegar su 3+2. Por tanto, si se dijese que vamos a pararlo o a derogarlo, que se haga ese estudio y se permita flexibilidad, tendría otra interpretación distinta, más favorable en mi caso. Pero yo tengo que plantear necesariamente la derogación, porque, si no, el sistema arrancaría con el 3+2 y nos encontraríamos con contradicciones. Me parece muy razonable la manera en que lo plantean, pero entiendo que ese sería un escenario a partir de la modificación sustantiva de los elementos de financiación que estamos contemplando. Por tanto, lamento que por esa parte no podamos aceptar el conjunto de la enmienda...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor.

El señor ÁLVAREZ ARECES: ...porque coincidimos en cuatro puntos y medio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, presidente Areces.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco al senador del Grupo Socialista, Álvarez Areces, que haya aceptado nuestra enmienda. Como decía antes —y él también lo ha recalcado—, en su primer punto ya lo reconocía. Y quiero decir que en Coalición Canaria estamos de acuerdo con los cinco puntos que se plantean en dicha moción, con lo cual, vamos a votar a favor. Vuelvo a reiterar, porque es importante, que en la Estrategia Europa 2020 uno de los tres puntos básicos es la cohesión social y territorial. Estoy completamente de acuerdo con él en que esa cohesión tiene que ser en todos los ámbitos. Ahora estamos hablando del ámbito educativo, y, a este respecto, los alumnos que estudian en Canarias, tanto en la Universidad de La Laguna como en la de Las Palmas de Gran Canaria, tienen que soportar, desgraciadamente, unos sobrecostes que no soportan muchas veces los de los territorios continentales. A veces, ni siquiera los soportan los de las islas de Tenerife o de Gran Canaria porque tienen sus propias universidades. Pero, evidentemente, lo que ha hecho el Real Decreto 14/2012 ha sido aumentar las tasas, impedir el acceso de un mayor número de alumnos a las becas, o, incluso, impedir el mantenimiento de esas becas, con lo cual, está provocando una reducción radical del alumnado que se encuentra en las universidades, ya que castiga de forma muy drástica el suspenso, puesto que en el último año aumentan las tasas de matrícula. Por tanto, esta ley, denominada de racionalización del gasto público en el sistema educativo, por el contrario lo que quiere es privatizar completamente el sistema universitario educativo y provocar un retroceso, porque no estamos garantizando la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, en este caso, la igualdad de todos los alumnos y alumnas de Canarias respecto a los del territorio continental al sistema educativo universitario superior. Sería positivo que todos los grupos aprobaran esta moción y que se derogara este real decreto. Los datos lo confirman. Aunque el Gobierno ha dicho que tiene la misma partida económica para las becas, es evidente que estas han sido mucho menores, porque con las restricciones que ponen, los alumnos no han podido conseguirlas. Por tanto, hay que derogar este real decreto y volver al diálogo que existía anteriormente y que es fundamental con todos los sectores implicados, al diálogo con las universidades, al diálogo con los profesores, al diálogo con los alumnos y al diálogo con las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo también desde el escaño y de forma muy breve.

Aunque no haya sido aceptada expresamente la enmienda, asumo que en la redacción de la moción está incluida la reivindicación que en ella se formulaba.

Haré tres consideraciones muy rápidas. Primera. Al calor de las manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado que motivan la moción, he de constatar que España forma parte del grupo de seis países de la Unión Europea donde más ha caído el gasto educativo, junto con Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía. Obviamente, ello en ningún caso nos puede llenar de orgullo ni es base sólida para la construcción de un futuro para los jóvenes y para la sociedad en su conjunto.

Segunda constatación que motiva nuestra enmienda. La tasa media por crédito en grado está en 18,45 euros y en los másteres entre 26 y 40 euros. Un curso de grado tiene un coste que oscila entre los 757 euros de alguna universidad andaluza, por ejemplo, hasta los 2371 euros de alguna universidad de otras comunidades autónomas. Pero es que el coste de los cursos de máster se mueve entre los 2000 y 4000 euros, siendo la franja más frecuente entre los 2500 y 3000 euros.

Y una última consideración que encaja en la moción pero de la que no hemos hablado es la situación catastrófica en la que los recortes presupuestarios han sumido a la UNED, que estos días, forzada por esa realidad, ha tomado la decisión de suprimir a mitad de curso más de 500 tutores y reducir el presupuesto de los departamentos al 50 %. Lógicamente, ello responde a una situación en la que presupuesto tras presupuesto el Gobierno de la nación ha recortado su aportación, hasta llegar a un recorte del 20 %. Ello pone en peligro la supervivencia de la propia universidad a distancia, que simultáneamente ve cómo el número de estudiantes que tienen que recurrir a esta figura de estudios no presenciales se ha incrementado, desde el 2012, en un 38 %; es decir, tienen más estudiantes y más necesidades, pero su presupuesto se ha recortado un 20 %.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. La senadora Martínez tiene la palabra.

La señora MÁRTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

La moción que nos presenta el senador Areces incide una vez más en el ámbito universitario, que tantas y tan malas experiencias está acumulando a lo largo de esta legislatura, fundamentalmente por la acción del Grupo Parlamentario Popular y de este Gobierno, que, pretendiendo buscar una universidad más internacionalizada, la universidad de la excelencia, está haciendo todo lo contrario.

Tenemos que comparar la situación actual con la de hace unos pocos años. Teniendo en cuenta todos los datos que ha dado el senador Areces y los que han puesto sobre la mesa los portavoces durante los últimos seis meses, no podemos más que asegurar que hoy en día la universidad pública no es más eficiente, no es mejor, porque no ha mejorado sus parámetros de calidad, no es más accesible, en el sentido de equidad para todos los alumnos, y tampoco es más autónoma. Por lo tanto, la universidad hoy en día no es excelente ni tampoco está más internacionalizada, algunas de las cuestiones en las que supuestamente el Ministerio de Educación quería incidir. Además, hemos visto que todas las acciones que ha llevado a cabo el ministerio en el ámbito universitario no han hecho sino alejarle, más si cabe, de ese camino.

Empezaron con el Real Decreto 14/2012, con el que recortaban los recursos financieros de las comunidades autónomas, limitando y reduciendo las aportaciones a sus sistemas universitarios. Al mismo tiempo que alegaban mejorar la autonomía de las universidades, incrementaron al alza los rangos entre los cuales las universidades y las comunidades autónomas podían establecer las tasas de matriculación, de modo que para su propia subsistencia a la universidad no le quedaba más remedio que incrementar las tasas de matriculación. Esto ha venido acompañado también de una asombrosa reducción del número de becas y de su cuantía, endureciendo los criterios tanto para acceder como para mantenerse en el sistema.

Por todo ello nos parecen adecuadas las medidas que acompañan a la moción en su parte dispositiva. Es una puesta a cero, es una vuelta a la situación anterior, porque entendemos, sinceramente, que las acciones del ministerio no han hecho sino entorpecer y endurecer la situación de la universidad.

Pero, por otro lado, tengo que hacer una matización sobre la parte expositiva de la moción. Parece que solo se puede actuar a favor o en contra de la universidad pública, que se quiere establecer un debate sobre la incompatibilidad entre un sistema educativo público y uno privado. En ese sentido, tengo que romper una lanza a favor de aquellos ámbitos en los que existe una coexistencia y una convivencia entre lo público y lo privado porque entendemos que una cosa no es incompatible con la otra. En el caso del sistema educativo vasco, por ejemplo, tenemos un sistema modélico, en el que tanto la educación primaria como la secundaria permiten una coexistencia entre ambos sistemas, en el que se crean, además, unas sinergias que entiendo son positivas para el conjunto del sistema educativo.

En el ámbito universitario ocurre lo mismo. No es incompatible una universidad pública de mucha calidad que pueda competir con cualquier universidad, sea pública o privada del mundo, con la existencia de un sistema privado que también pueda funcionar. En Euskadi tenemos tradición en ambos sentidos: tenemos tradición de universidades públicas y de universidades privadas que llevan muchísimos años ofreciendo sus servicios y no por eso las instituciones hemos dejado de hacer una apuesta por un sistema educativo público mejor que cualquiera que se nos ponga delante. Ese es nuestro objetivo, que nuestro sistema educativo público sea mejor que cualquiera, sea público o sea privado. En ese sentido, hemos intentado, incluso en épocas de crisis, mantener los niveles de financiación de nuestro sistema educativo tanto en educación primaria como en secundaria como en terciaria, y por ahí vamos a seguir trabajando.

Vamos a votar a favor de la moción porque compartimos las medidas que se recogen en la parte dispositiva y en mi grupo parlamentario hemos sido críticos en todo momento cuando se han planteado aquí bien vía ley o bien vía reales decretos, pero lo que no podemos compartir es ese discurso de público versus privado. Entendemos que público con privado es donde radica el quid de la cuestión y las administraciones públicas tenemos que aprender y fomentar que se den esas sinergias que favorecen una colaboración entre lo público y lo privado con las administraciones como encaje y como bisagra de todo ello.

Por lo tanto, reitero nuestro apoyo a la moción y a todo aquello que suponga mejora del sistema educativo público, del sistema universitario público.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, molt breument.

En aquesta legislatura ens ha quedat bastant clar que un dels objectius del Partit Popular és que l’educació superior torni a ser un privilegi només per a una determinada classe social. I ho han intentat aconseguir legislant amb un degoteig de mesures que introdueixen impediments perquè a determinats sectors de la població, en el context econòmic actual, els sigui impossible concedir als seus fills la formació superior. D’aquí que les manifestacions sorgides des dels màxims dirigents del ministeri, tot i que intolerables, no ens sorprenguin. L’ofegament econòmic a les universitats, l’enduriment dels requisits als estudiants per obtenir beques que incorren en la desigualtat i el nou disseny de 3+2, són algunes de les iniciatives que, lluny de millorar la qualitat de la universitat, volen ser agents de selecció per disminuir el gruix de la institució, a més de crear desigualtats en el territori, tant per l’accés com pel cost dels mateixos estudis.

Estem convençuts que estem davant d’una institució —la universitat— que és fonamental per ajudar-nos a sortir de la crisi econòmica que estem patint, tant a curt com a llarg termini. Ara bé, cal saber treballar conjuntament, sumant esforços, tant per part de l’Administració i dels Governs com de la universitat; dialogant, consensuant. Però el Govern del Partit Popular ja ha demostrar, durant tota la legislatura i en diferents àmbits, que no en sap o no vol.

Pel que fa a la part dispositiva de la moció, donem suport a la derogació del Reial Decret 14/2012 i del Reial Decret 43/2015. Ja s’ha dit en diverses ocasions que, aprofitant la millora econòmica, cal flexibilitzar les mesures excepcionals de racionalització de la despesa, i pel que fa al 3+2, seria bo no precipitar-se en la presa de decisions sense tenir en compte els actors implicats. Cal un diàleg. Per tant, són necessaris treballs preliminars amb la CRUE per consensuar què cal canviar i què no, i fruir d’això, redactar l’eina legislativa que ho reculli.

Pel que fa a la inversió en educació, també és necessari que, a més de comparar-nos amb PISA i amb l’OCDE, també ens comparem en despesa pública amb relació al PIB, i complir, a més del Concordat de la Santa Seu, els compromisos innats amb la Unió Europea, com l’Estratègia 2020.

Quant a les beques, estem totalment d’acord. Han de ser un dret que garanteixi la igualtat d’oportunitats en igualtat de condicions. Cal trobar mecanismes per facilitar el pagament de les matrícules i restablir els preus públics arreu del territori per garantir la igualtat als estudiants. És injust que a un estudiant li costi més car la carrera en una comunitat que en una altra. Això és intolerable.

Donem suport a totes i cadascuna de les mesures proposades i, per tant, el Grup de l’Entesa votarà a favor de la moció. (Aplaudiments)

Presidente, señorías, voy a ser muy breve.

En esta legislatura nos ha quedado bastante claro que uno de los objetivos del Partido Popular es que la educación superior vuelva a ser un privilegio solo para determinada clase social, y lo han intentado conseguir legislando con un goteo de medidas que introducen impedimentos para que a determinados sectores de la población en el contexto económico actual les sea imposible conceder a sus hijos la formación superior. De ahí que las manifestaciones realizadas por los máximos dirigentes del ministerio, aunque intolerables, no nos sorprendan. El ahogo económico de las universidades, el endurecimiento de los requisitos a los estudiantes para obtener becas que incurran en la desigualdad y el nuevo diseño de 3+2 son algunas de las iniciativas que, lejos de mejorar la calidad de la universidad, quieren ser agentes de selección para disminuir el grueso de la institución, además de crear desigualdades en el territorio, tanto por el acceso como por el coste de los mismos estudios.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante una institución, la universidad, que es fundamental para ayudarnos a salir de la crisis económica que estamos sufriendo, tanto a corto como a largo plazo. Ahora bien, hay que saber trabajar de forma conjunta, sumando esfuerzos la Administración, los gobiernos y la universidad, dialogando, consensuando. Pero el Gobierno del Partido Popular ya ha demostrado durante toda la legislatura, en distintos ámbitos, que no sabe o no quiere hacerlo.

En lo que se refiere a la parte dispositiva de la moción, apoyamos la derogación del Real Decreto 14/2012 y del Real Decreto 43/2015. Ya se ha dicho en distintas ocasiones que aprovechando la mejora económica, hay que flexibilizar las medidas excepcionales de racionalización del gasto, y en lo que se refiere al 3+2, sería bueno no precipitarse en la toma de decisiones sin tener en cuenta los actores implicados. Hace falta un diálogo. Por lo tanto, son necesarios trabajos preliminares con la CRUE para consensuar qué hay que cambiar y qué no y, fruto de ello, redactar la herramienta legislativa que lo recoja.

En lo que se refiere a la inversión en educación, también es necesario que, además de compararnos con PISA, con la OCDE, comparemos también el gasto público con el PIB y cumplir, además del concordato con la Santa Sede, los compromisos firmados con la Unión Europea, como la Estrategia 2020.

Las becas, totalmente de acuerdo, tienen que ser un derecho que garantice la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Se tienen que hallar mecanismos para facilitar el pago de las matrículas y restablecer los precios públicos en todo el territorio para garantizar la igualdad a los estudiantes. Es injusto que a un estudiante le cueste más cara la carrera en una comunidad que en otra, eso es intolerable.

Por tanto, apoyamos todas y cada una de las medidas propuestas y el Grupo Entesa votará a favor de la moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

En primer lloc, voldria dir que, estant gairebé d’acord amb l’esmena que nosaltres hem presentat aquí, lamento que amb el senador Álvarez Areces no hàgim pogut arribar a un acord. Jo estic gairebé convençut que ell està pràcticament en aquella línia. I estic també convençut que en poc temps haurem de parlar justament del punt sisè, que és aquest punt que nosaltres proposem, de fer un estudi, de flexibilitzar les mesures, amb relació al Reial Decret d’Ordenació dels Estudis Universitaris. Crec que en poc temps haurem d’estar parlant de tot això. Donem-nos una mica de marge i veurem les coses com estan.

En qualsevol cas, voldria aprofitar aquesta intervenció per donar quatre dades, en definitiva, per desmuntar les declaracions que va fer la Secretària d’Estat fa pocs dies en un fòrum, en un esmorzar de debat. Ens deia que el sistema universitari és insostenible perquè la taxa d’accés d’alumnes és molt alta, i perquè les taxes econòmiques són barates perquè hi accedeixin molts alumnes. És evident que tot això és el que hem de parlar. Hem de parlar de com estem en termes econòmics, quins són els pressupostos que estem fent amb relació a educació i, en definitiva, quina és la quantitat que nosaltres estem aportant en beques. Per tant, per analitzar tot això, crec que el millor que hi ha és veure com estem amb relació als països de la Unió Europea i veure com estem amb relació a l’OCDE. Fem una comparativa per saber quina és la situació que estem vivint i veurem quines són les polítiques que està fent en aquest moment el ministre amb relació a l’



educació.

Amb relació al PIB, l’estat espanyol destina a beques bastant menys de la meitat de la mitjana dels països comunitaris. Si això ho comparem amb els països de l’OCDE —la inversió en beques, és a dir, la dotació amb relació al PIB—, nosaltres estem al 0,11 %, davant del 0,29 % de mitjana de l’OCDE; és a dir, que gairebé ens tripliquen. És una dada importantíssima. Pel que fa a la quantitat que estem destinant a beques, estem molt i molt per sota de la mitjana de l’OCDE. Són unes dades que segurament coneixen i que han de tenir presents.

Si ho mirem amb relació a la inversió en beques respecte de la despesa pública en educació, suposa el 8,6 % a Espanya. Nosaltres destinem a inversió en educació el 8,6 % del còmput global d’educació. Si això ho comparem amb altres països, a Dinamarca això representa el 23 %, o a Itàlia el 22 %, o el 13,1 % a Alemanya. En definitiva, són dades que estan aquí, i que ens situen malament en aquest sentit. Si ens ho mirem des de l’àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat, veiem el següent. Al 2012, les beques i ajudes als estudiants que representa la meitat de la dotació d’educació —parlo de beques dins del pressupost d’educació— es redueixen en un 11,6 %. És a dir, de 1429 milions d’euros passem a 1270 milions d’euros. Al 2013, fent la mateixa comparativa, es redueixen un 3,8 %. És a dir, dels 1270 milions d’euros passem a 1222 milions d’euros. I als pressupostos del 2014 i el 2015 continuem a la baixa; no estem pujant. Per tant, pressupostàriament estem en aquesta situació. De fet, el ministre, amb relació al curs 2012-2013, ja va reconèixer que s’havia reduït una quantitat important de beques, en torn a un 5 %, el que va representar que aproximadament 29.000 alumnes menys tenien beques.

Una altra dada que val la pena tenir present és el percentatge d’alumnes amb algun tipus de beca a Espanya. Bé, el percentatge d’alumnes que tenen algun tipus de beca a Espanya està al voltant del 20 %. I quina és la mitjana de l’OCDE? És del 30 %. Ens ho mirem també, doncs, des del nombre d’alumnes que tenen alguna beca, i estem també malament. Per tant, des de la despesa, des de la inversió, des de l’ajut i des del nombre d’alumnes estem veient quina és la situació.

I deixin-me que els digui una altra cosa. Un informe de la Comissió Europea estableix que els països amb preus alts en estudis de grau no són precisament els que ofereixen més beques per compensar-ho. Hauria de ser a l’inrevés; aquells països que tenen els estudis de grau amb preus més alt haurien de tenir més beques per compensar-ho. Doncs no, aquí és a l’inrevés. És més, aquest informe estableix que els països que mantenen una gratuïtat en els estudis de grau i en els estudis de màster són els que més beques ofereixen, per afavorir que hi hagi més alumnes en els ensenyaments universitaris i, evidentment, la igualtat d’oportunitats. I això és el que està succeint, per exemple, als països nòrdics, que és on hi ha més estudiants que cobren beques i on aquestes tenen els imports més elevats. Aquesta és, doncs, la situació que tenim aquí.

Si parlem de països, i per posar exemples concrets, són els països anglosaxons, excepte el Regne Unit, és a dir, l’est d’Europa i alguns països com Espanya, on l’ensenyament universitari és més car que a la resta i on el percentatge de persones becades és menor.

Mirem una mica els costos, el que val estudiar, i els graus, als diferents països de la Unió Europea. Veiem que el que passa a Europa amb relació als preus de grau i les beques més o menys és el següent. Segons l’Observatori Sistema Universitari a Europa i per comparar-ho, amb relació als preus dels estudis de grau no existeix un únic model, sinó que hi ha un ampli ventall, però val la pena veure quina és la situació. Diu que en vuit països l’accés als estudis de grau és gratuït, almenys per als estudiants nacionals o membres de la Unió Europea. Estem parlant de països com Dinamarca, Estònia, Grècia, Malta, Àustria, Finlàndia, Suècia, Noruega... A altres onze països on els estudis universitaris de grau costen entre unes poques desenes d’euros i fins a un màxim de mil euros, ens trobem un altre ventall, que inclou la República Txeca, Polònia, França, Bèlgica, Bulgària, Alemanya i Portugal. Hi ha tres països més, on cada curs del cicle costa entre 1200 euros i 1400 euros; estaríem parlant de Croàcia i d’Itàlia. I a la part més alta d’aquest grup és on està Espanya. Què vol dir això, doncs? Què és al grup de països nòrdics, que mantenen un accés gratuït als estudis universitaris, on hi ha més estudiants que cobren beques i on aquestes beques tenen imports més alts. Són les que s’anomenen beques salari. Aquesta és, doncs, la situació comparativa que nosaltres tenim. Per tant, es tracta d’intentar equiparar-nos amb les qüestions europees.

Finalment, parlant de les beques i de les retallades i de tota aquesta qüestió, el que ha de fer el Govern és procedir a l’efectivitat del traspàs de les beques i les ajudes a les comunitats autònomes, en compliment de reiterades sentències del Tribunal Constitucional, l’última dictada en 19 de febrer del 2015, en la qual el mateix Tribunal requereix a l’Estat la transferència, que s’ha d’efectuar garantint les necessàries dotacions econòmiques i establint els mecanismes per a la seva actualització. Nosaltres els ho anem reclamant. Vostès presumeixen que compleixen, però aquí hi ha un altre incompliment flagrant, que és la territorialització i el traspàs de les beques perquè es puguin fer unes polítiques equitatives i no existeixin aquestes descompensacions que tenim.

Per tant, en aquesta moció, tot i estar d’acord en molts dels punts que s’han plantejat, nosaltres ens abstindrem, tenint en compte el que ja he manifestat en reiterades ocasions, amb relació al Reial Decret d’Ordenació de Graus. Entenem que aquesta flexibilitat ens és bona i espero que en un futur no massa llunyà puguem coincidir —crec que de ben segur coincidirem— en aquests temes d’estudis i com s’ha de portar a terme tot això.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, querría decir que me ha extrañado que el senador Álvarez Areces, estando prácticamente de acuerdo con la enmienda que hemos presentado aquí, no haya podido llegar a un acuerdo. Yo estoy casi convencido de que está en esa línea y de que en poco tiempo tendremos que hablar precisamente del punto sexto, el punto que nosotros proponíamos en relación con el Real Decreto de ordenación de los estudios universitarios sobre hacer un estudio, flexibilizar las medidas. Creo que dentro de poco estaremos hablando de todo esto, si no, démonos un poco de margen y veamos cómo están las cosas.

En cualquier caso, quiero aprovechar esta intervención para dar cuatro datos que, en definitiva, desmontan las declaraciones que hizo la secretaria de Estado hace pocos días en un almuerzo de debate. Venía a decir que el sistema universitario es insostenible porque la tasa de acceso de alumnos es muy alta, porque las tasas económicas son baratas y porque acceden muchos alumnos. Es evidente que tenemos que hablar de todo eso: de cómo estamos en términos económicos, de cuáles son los presupuestos que estamos haciendo en relación con educación y de cuál es la cantidad en definitiva que nosotros aportamos en becas. Por tanto, para analizar todo eso creo que lo mejor que hay es ver cómo estamos en relación con los países de la Unión Europea y en relación con la OCDE. Es decir, debemos hacer una comparativa para saber cuál es la situación que estamos viviendo y para ver cuáles son las políticas que el ministro está haciendo en estos momentos con relación a la educación.

En cuanto al PIB, el Estado español destina a becas bastante menos de la mitad que la media de los países comunitarios. Si hacemos una comparación con los países de la OCDE en inversión en becas —es decir, en dotación con relación al PIB—, nosotros estamos en el 0,11 % frente al 0,29 % de media de la OCDE —es decir, prácticamente nos triplican—. Por tanto, creo que este es un dato importantísimo. La cantidad que estamos destinando a becas está muy por debajo de la media de la OCDE. Son datos que seguramente conocen y que tienen que tener en cuenta.

Si miramos la inversión en becas respecto al gasto público de educación, en España supone el 8,6 % —cifra que nosotros dedicamos a la inversión en educación dentro del cómputo global de educación—. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, en Dinamarca esto representa el 23 %, en Italia el 22 % y en Alemania el 13,1 %. (Son datos que están ahí y que nos dicen que estamos mal en este sentido.) Y si lo miramos desde el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, también vemos lo que está sucediendo ahí. En 2012, las becas y ayudas a los estudiantes, que representa la mitad de la dotación en educación —por lo tanto, becas dentro del presupuesto de educación—, se reducen en un 11,6 %, es decir, de 1429 millones de euros pasamos a 1270 millones de euros. En 2013, haciendo la misma comparativa, se reducen un 3,8 %, es decir, de los 1270 millones de euros pasamos a 1222 millones de euros. Y los presupuestos de 2014 y 2015 continúan a la baja. Es decir, no estamos subiendo. Por lo tanto, esta es la situación presupuestaria en la que estamos. De hecho, el ministro, con relación al curso 2012-2013 ya reconoció que se había reducido un montante importante de becas, alrededor del 5 %, lo que supone alrededor de 29 000 alumnos menos con becas.

Otro dato que hay que vale la pena tener presente es el porcentaje de alumnos con algún tipo de becas en España: está alrededor del 20 %. ¿Cuál es la media de la OCDE? El 30 %. Por lo tanto, desde el punto de vista del número de alumnos que tienen alguna beca también estamos mal. Así pues, desde el gasto, desde la inversión, desde la ayuda y desde el número de alumnos vemos cuál es la situación.

Y permítanme que les diga que un informe de la Comisión Europea establece que los países con precios altos en sus estudios de grado no son precisamente los que ofrecen más becas para compensarlos —fíjense bien en lo que digo—, debería ser al revés, los países que tienen estudios de grado más altos de precio deberían tener más becas para compensarlo, pero, no. como digo, es al revés. Es más, este informe establece que los países que mantienen una gratuidad en los estudios de grado y en los estudios de másteres son los que más becas ofrecen para favorecer que haya más alumnos en las enseñanzas universitarias y, evidentemente, la igualdad de oportunidades. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, donde hay más estudiantes que cobran becas y éstas tienen los importes más elevados. Pero esta es, por tanto, la situación que nosotros tenemos aquí.

En definitiva, si hablamos de países, y por poner ejemplos concretos, son los países anglosajones, excepto el Reino Unido, es decir, el este de Europa y algunos países como España, donde la enseñanza universitaria es mucho más cara que el resto y el porcentaje de personas becadas es menor.

Miremos un poco los costes, es decir, lo que cuesta estudiar los grados en los distintos países de la Unión Europea. Lo que vemos que pasa en Europa con relación a los precios de los grados y de las becas es más o menos lo siguiente. Según el Observatorio del Sistema Universitario, y para compararlo, con relación a los precios de estudios de grado, en Europa no existe un único modelo, sino un amplio abanico. Pero vale la pena ver cuál es la situación. Dice que en ocho países el acceso a los estudios de grado es gratuito, al menos para los estudiantes nacionales o miembros de la Unión Europea —hablamos de países como Dinamarca, Estonia, Grecia, Malta, Austria, Finlandia, Suecia o Noruega—. En otros once países los estudios universitarios cuestan entre unas pocas decenas de euros, hasta un máximo de 1000 euros —el abanico de países sería la República Checa, Polonia, Francia, Bélgica, Bulgaria, Alemania y Portugal—. Y hay otros países —tres países más— donde cada curso de ciclo cuesta entre 1200 euros y 1400 euros —hablaríamos aquí de Croacia, de Italia—, y en la parte más alta de este grupo es donde estaría España. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo de países nórdicos son los que mantienen un acceso gratuito a los universitarios, donde hay más estudiantes que cobran becas y estas tienen unos importes más altos, las llamadas becas salario. Esta es la situación que tenemos. Es una comparativa. De lo que se trata es de intentar equipararnos a las situaciones europeas.

Por último, hablando de las becas, de los recortes, de toda esta cuestión, quiero decir que el Gobierno debe proceder a la efectividad del traspaso de becas y ayudas a las comunidades autónomas, en cumplimiento de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional —la última dictada el 19 de febrero de 2015—, en las que el mismo tribunal requiere al Estado la transferencia, que debe efectuarse garantizando las necesarias dotaciones económicas y estableciendo los mecanismos para su actualización. Esto ya se lo hemos reclamado. Por tanto, ustedes, que presumen de que cumplen y de que cumplen, aquí tienen otro incumplimiento flagrante —la territorialización y el traspaso de becas— para que se puedan hacer realmente unas políticas equitativas y que no existan estas descompensaciones que tenemos.

Por lo tanto, aunque estemos de acuerdo con muchos de los puntos que se han planteado, nos vamos a abstener en la votación de esta moción, teniendo en cuenta lo que ya he manifestado en reiteradas ocasiones: el Real Decreto de ordenación de grados. Entendemos que esta flexibilidad es buena, y espero que en un futuro no muy lejano podamos coincidir —seguramente— sobre estos estudios y en cómo ha de llevarse a cabo todo esto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Álvarez Areces. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ÁLVAREZ ARECES: Primero quiero agradecer en esta última intervención todas las enmiendas: aquellas que se han aceptado y las que, incluso sin aceptarse, se han visto reconocidas. Aunque mantengamos discrepancias con Convergència, este grupo ha mostrado su apoyo a gran parte de la moción y, en relación con el resto de la misma, vislumbramos un horizonte en el que podrían coincidir los criterios de Convergència. Nos produce satisfacción que estas ideas que proponemos —tan importantes para el futuro de nuestro país— encuentren reconocimiento en esta Cámara.

Nosotros mantenemos un compromiso muy firme con el servicio público de la educación superior y con la defensa de la calidad de la universidad pública, lo cual no contradice para nada la existencia de las universidades privadas. En este caso, quiero agradecer el apoyo del PNV y aclarar que nosotros no mantenemos la incompatibilidad de lo público y lo privado; queremos que coexistan. Lo que no queremos es que hagan discursos que vayan en detrimento de lo público, que es el elemento estructurante de la equidad en el conjunto del territorio. Por este motivo yo he enfatizado mucho algunos elementos negativos del discurso del Gobierno, como tratar de decir que hay muchas universidades públicas, que hay excesivos estudiantes o que no se mantienen los estándares de calidad. Nosotros queremos universidades privadas pero que cumplan con los requisitos de calidad que exigen las leyes. Si no se cumplen los requisitos de calidad, creemos que deben restaurarse. No se trata de anular la existencia de las universidades privadas, sino de cumplir con los requisitos en los mismos niveles que marca la ley. Evidentemente, defendemos el sistema público como elemento estructurante en el conjunto del territorio de la igualdad de derechos en cuanto al acceso a la universidad.

Son muchos los motivos para que la sociedad española se sienta orgullosa también del avance de nuestro sistema universitario en las últimas décadas ya que ese avance es el resultado del esfuerzo de todos y todas. No se trata de observarlo con complacencia, puesto que son muchas las mejoras que es preciso seguir impulsando, pero sí es justo reconocer con objetividad esos resultados alcanzados. No obstante, es un hecho objetivo que la actual financiación de las universidades públicas españolas es cuantitativamente precaria, debido a la disminución de recursos presupuestarios que acarreó la crisis, a las durísimas medidas normativas que se han establecido en nuestro país y al debilitamiento paralelo de la política de becas y ayudas al estudio, un hecho cualitativamente muy significativo, pues han coincidido dos fenómenos que, en vez de compensar, todavía acentuaron más la crítica situación de la universidad. Asimismo, las subvenciones de las actividades universitarias no están calculadas en función de su actividad o sus resultados, sino basadas en un criterio decrementalista, con un punto de partida anterior que era como estábamos en aquella época, y a partir de esa época, todo el mundo —con un criterio prácticamente uniforme— a reducir recursos en función de los criterios de estabilidad presupuestaria establecidos para las comunidades autónomas.

Por tanto, las ofertas universitarias y sus sistemas de financiación han quedado rotos, porque no hay una defensa de la calidad de los servicios para poder establecer las referencias, porque esto se ha hecho con un criterio generalizado y de pérdida de incrementalidad.

La combinación de todos los factores puede ser una amenaza para la consecución de los objetivos que nosotros pretendemos en la situación actual. Es imprescindible incrementar los recursos públicos —esa es la tesis fundamental de esta moción—, que se aporten a la educación superior, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, pero, junto a ello, es urgente recuperar los modelos de financiación pública universitaria, con el objeto de potenciar la equidad, producir estímulos consistentes en la mejora de los resultados y de la calidad universitaria. Y no tiene por qué ser una financiación uniforme exclusivamente por un parámetro de número de alumnos.

La recuperación de estos modelos debe contemplar tanto la financiación de los resultados docentes como los de I+D, la innovación, proporcionando un marco de financiación universitario comprometido con la eficiencia y estableciendo estímulos para mejorar la calidad. Esos modelos son una poderosa herramienta, y su implantación permite impulsar el logro de objetivos de mejora de la calidad, la equidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia —porque la universidad no puede ser ajena a la transparencia que se exigen a todas las administraciones públicas—. Resulta indispensable, por tanto, un funcionamiento eficaz de un sistema integrado de información universitaria; la implantación en todas las universidades de un sistema de contabilidad analítica común. La organización y el gobierno de las universidades deben facilitar el impulso de medidas para una gestión eficaz para internacionalizarse, para el aumento de la calidad del servicio público. Y, finalmente, ha de darse un desarrollo pleno a las previsiones de la Ley Orgánica de universidades en cuanto a requisitos de nuevas universidades. No es que nos opongamos, sino queremos que se cumplan los requisitos que establece la ley.

La media europea en investigación y desarrollo —como decía antes en mi anterior intervención— está por encima del 2 % del PIB —ligeramente por encima— y aspira a estar en el 3 % en el año 2020. En España, tras las importantes inversiones realizadas a partir del año 2005, se alcanzó el máximo histórico en 2009, con un 1,39 % del PIB, pero a partir de entonces, descendió, como puse de manifiesto con los datos que di.

Dentro de esas cifras, hay un factor todavía más negativo y es que solo el 40 % de la inversión española en I+D proviene de fondos privados, que es un porcentaje muy inferior al de la Unión Europea, que es superior al 55 %, muy lejos del objetivo que la Unión Europea pone para la aportación privada, que aspira a que constituya los dos tercios de la inversión en I+D al final del proceso. Por eso tenemos que diseñar una política de Estado que estimule, favorezca el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en I+D.

Hay que rescatar también cosas que nos quedaron en el pasado, aunque se produjeran hace casi dos años. La Carta por la Ciencia, referida a I+D, fue compartida por todas las organizaciones relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación. Desgraciadamente, el Programa nacional de reformas que remitió el Gobierno rebajó el objetivo, pero nosotros tenemos que aspirar a recuperarlo y a evitar el desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear y la amenaza de abandonar las líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que son punteras, así como seguir manteniendo nuestras aportaciones a organismos europeos de investigación como el CER, como ESA, como ESRF porque si no, se pone en riesgo nuestra participación, nuestra capacidad de retorno en Europa. Y hay que aspirar a un marco consensuado entre Gobierno, partidos políticos, agentes sociales, la comunidad científica que dé una salida viable a la crisis, porque sin incrementar este gasto no tenemos futuro y, por tanto, no es posible hacer unas políticas que tengan un mínimo de coherencia desde todos los puntos de vista: coherencia en la política de recursos humanos para atraer y retener el talento en España, manteniendo el talento actual y especialmente contratos muy significativos como pueda ser el Ramón y Cajal; la planificación consensuada de la carrera investigadora coherente, capaz de evitar la pérdida de generaciones futuras; minar la restricción de las tasas de reposición; lanzar una estrategia con inversiones que permitan alcanzar el 2 % al menos en un escenario intermedio en el año 2016; ejecutar el 100 % de los presupuestos aprobados en I+D, que no se ejecutan; transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos aprobados, independientemente de si su comunidad o no ha cumplido el objetivo del déficit —porque sería un doble castigo—; aplicar y desarrollar el título II de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación respecto al personal de investigación. En fin, abrir un proceso de negociación que lleve a conseguir un acuerdo político y social como nosotros pretendemos, sin olvidarnos de que hay que desarrollar una política de profesorado que, en el marco de la sostenibilidad económica y de la racionalidad académica, potencie la estabilidad estructural de las plantillas de las áreas de conocimiento, el acceso y estabilización de nuevo profesorado, así como la promoción personal por reconocimiento académico acreditado, incentivando y reconociendo la actividad docente en el ámbito de la calidad, y la figura docente como un elemento básico para la enseñanza tanto en los grados como en los másteres.

En España, sin duda, la financiación pública de las universidades se ha reducido. El incremento de los precios públicos que pagan las familias solo ha permitido recuperar una tercera parte del descenso de financiación. La reducción de la financiación neta, combinada con la normativa que impide la reposición de personal, condujo a una reducción efectiva de los gastos de personal y también a una reducción de los efectivos, mediante la interrupción de ese flujo de renovación del talento docente investigador, con una notable pérdida de capital humano, que es el más determinante para las universidades. Y se ha desvalorizado, como decía, la actividad del I+D, desestimando la actividad de investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación, que es el principal factor de retraso que tiene nuestro país, la economía española, en el panorama internacional de la competitividad.

Y se ha propiciado un crecimiento asimétrico por regiones —termino ya— de los precios públicos de los estudios universitarios, que nada tiene que ver con la calidad de las enseñanzas ni con la estrategia institucional de las universidades, sino con necesidades de estabilidad presupuestaria estrictamente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.

Y, por eso, se ha incrementado toda la incertidumbre del sistema, principalmente, de las becas y ayudas al estudio, que es un elemento fundamental para la equidad.

Yo reitero en esta intervención el agradecimiento a los grupos que han intervenido —creo que han enriquecido el debate notoriamente— y me congratulo que en un año tan importante como este podamos alcanzar acuerdos políticos que recuperen un camino que es fundamental no solo para la universidad, sino para nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.

Señorías, senador Areces, no me voy a andar con rodeos. Hablando de ecuaciones imposibles, a mí me parecía imposible que usted se superase a sí mismo, pero la verdad es que en estos cinco folios de la moción que ha traído usted aquí hoy ha hecho de nuevo una mezcla de sus más tópicos prejuicios, mezclados y entremezclados con otros lugares comunes con los que nos suele regalar cada una de sus intervenciones, eso sí, aparente y convenientemente fijados en puntos diferentes. Solo hay que leer el primer punto de su moción en el que pide usted ya de mano derogar al alimón dos decretos, uno de 2012 sobre las medidas de racionalización y otro sobre la modificación del sistema de grados, ambos ampliamente rebatidos y debatidos en esta Cámara. Eso a usted le da igual. Yo sé que a usted le da igual.

Usted presenta esta moción como otras, llena de puntos, llena de temas, completamente atiborrada, hasta arriba de cosas cruzadas, y de asuntos importantes que darían cada uno por sí mismo —se lo dije la última vez— para una moción. En realidad, parece que responde solo a la necesidad que tiene usted de soltar todo su discurso y su falacia como si esto no tuviera un final. Así que supongo que en este momento no dudará de cuál va a ser el sentido del voto de mi grupo. Aun así, voy a reducir mi respuesta a una serie de puntos, a ver si ya de una vez le van quedando un poco fijados, un poco claros. Porque usted repite continuamente las mismas falacias.

Para empezar, en su moción ignora deliberadamente los principios de estabilidad presupuestaria. Me queda claro que durante estos años no han asumido ustedes nada. Destrozaron el país, lo arruinaron en ocho años de Gobierno, dilapidaron y derrocharon todo lo que les pareció, y no contento con esto, sigue exigiendo ahora que todo sea como cuando ustedes desgobernaban. Pues siento decirle que debe usted armarse de paciencia porque tenemos intención de ponerles lo más difícil que podamos que vuelvan ustedes a poder malgastar los recursos de todos.

No sé tampoco cuántas veces necesita usted que se le repita en estos micrófonos, sea el ministro o sea en comisión la secretaria de Estado, o seamos los portavoces de este grupo, que las becas están garantizadas como un derecho en este país; que las becas no son algo que solo ustedes, los socialistas, garantizan. Son un derecho establecido plenamente. Y precisamente este Gobierno, el Gobierno popular —y no un Gobierno socialista—, es el que en los dos últimos presupuestos de 2014 y 2015 ha batido el récord en la correspondiente partida presupuestaria para la dotación de las mismas, con 250 millones de euros más al año, una cantidad mayor que la de esos gobiernos que usted tanto añora y que no las dotaron tanto. Y con los mismos criterios de circunstancias socioeconómicas, señoría. No se haga usted trampas en el solitario, lo que cambiaron fueron los criterios de valoración de los alumnos a través de los resultados académicos —porque a la gente también hay que valorarla el esfuerzo—.

Tasas de matrícula. ¿De verdad me va a decir que todavía no tiene usted claro que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de marcar el rango en esa horquilla que pueden aplicar? Dice usted en su exposición de motivos algo parecido a que no le gusta que unas comunidades autónomas puedan pedir o aplicar menos tasas que otras porque eso puede dar ventajas a las que menos cobran; algo así. Ya, señoría, es que tiene usted un concepto un poco extraño de la libertad: solamente la quiere aplicar cuando es en lo que a usted le conviene y quiere.

Tengo que decirle sobre la tasa de reposición que, si hoy llevase sombrero, me lo tendría que quitar, porque su desfachatez en esto ya no tiene límites. Por unas razones que toda España desconoce —menos usted y algunos de sus amigos, supongo—, tuvimos que poner la tasa de reposición en el 10 %. Usted se clavó en aquel momento en que la tasa tenía que ser del 100 %. ¿Qué quiere que le diga? Se lo respeté y se lo respeto; me parece lógico. ¿Usted tiene esa idea del 100 %?



Pues muy bien, y la defiende, pero, claro, lo que no tiene sentido es que este año subamos la tasa al 50 % y usted en esta segunda moción —porque en la anterior todavía se había atado un poco en corto— pierda el norte y el resto de los puntos cardinales y nos diga que la quitemos. O sea, usted ahora quiere una especie de barra libre de tasa de reposición.

Luego añade una frase y dice: siempre teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que todavía tienen ustedes el Gobierno de dos comunidades —esperemos que sea por poco tiempo— y que una cosa era exigir las barbaridades al Gobierno del Partido Popular y otra muy distinta pillar los dedos con la puerta a los suyos, sobre todo en Asturias, donde al fin y al cabo también le conocen más.

Y su desvergüenza me parece que ya es mayor. Usted está despreciando el 50 % para tasas de reposición, pero ni dice ni recuerda ni quiere darse por enterado de que en el año 2011, con su presidente Zapatero, la tasa de reposición estaba en un 30 % —era un 20 % menos—. ¿Qué pasa, senador: tienen ustedes una vara de medir distinta de la que pretenden aplicarnos a los demás? No lo puedo creer, de verdad. Pensé que solo era en el tema de la libertad, pero ya veo que no, que es en general.

Le digo en cuanto al decreto de grados y sobre la falta de consenso a la que alude lo que ya le dije en el debate de la moción consecuencia de interpelación en el Pleno anterior: el Gobierno ha estado dialogando con la CRUE y las comunidades autónomas. Hubo una conferencia sobre política universitaria el 24 de julio del pasado año y hubo un acuerdo al que solo faltó el PNV.

Le diré sobre la objeción en cuanto al esfuerzo invertido en Bolonia —se lo recuerdo de nuevo, porque, claro, usted reitera y reitera sus mismas ideas y hay que repetirle también las mismas respuestas; a ver si van calando en su percepción— que hace seis años ustedes se equivocaron. En 2006 la Comisión Académica Sectorial Universitaria —Casue—, ante la perspectiva del 4+1 inflexible que ustedes querían imponer, dijo que podría optarse por una posición más flexible y que no estaba claro que todos los grados necesitasen ni debieran tener la misma carga de créditos. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero —se lo dije el otro día y se lo reitero hoy— cometió el error de empecinarse en el 4+1, y ahora nos toca, como en otras cosas, reparar ese error a los demás.

El argumento peregrino de que hay que meter cinco años en tres sin perder nada. Señoría, no se trata de comprimir, no se trata de hacer una carpeta zip —con zeta también— y meter todo en ella. No. Se trata de rediseñar, de adaptarse a las nuevas realidades sociales y laborales, de diseñar grados nuevos, que no estén necesariamente anclados al esquema que ya teníamos.

La barbaridad de que pretendemos que nuestros egresados salgan a la calle con menos capacidad de emplearse. Señoría, se trata de todo lo contrario. Sistemas universitarios de países europeos que nos rodean, como Francia, Alemania o Inglaterra, tienen una tasa de empleabilidad de sus egresados muy superior a la nuestra —un 79 % frente a nuestro 59 %—. Dudo mucho que usted o alguien pueda considerar que esos egresados son un desastre en un país que también es un desastre, como quiere hacer ver su señoría.

En realidad, a ustedes no les preocupa si hay mayor o menor formación, sino paliar la sangría, alargando la carrera, manteniendo un año más a los alumnos, con tal de no asumir que, puesto que la demografía va a descender, también tendrán que revisar que el modelo de financiación tenga el peso tan fuerte en el número de alumnos, en vez de empezar a valorarlo por resultados y objetivos.

Por tanto, podemos perseverar en el error o corregirlo. Los rectores españoles convinieron en que era necesario hacerlo, pidieron tiempo, que aumentara la tasa de reposición y, dadas las circunstancias, el Gobierno, atendiendo a eso y a su petición de mayor autonomía y mayor libertad, elaboró un decreto que marca que el cambio es voluntario, que los plazos son voluntarios, que los títulos a cambiar son voluntarios, que el diseño es flexible y que nada obliga a que los grados sean todos iguales ni en duración ni en estructura ni en contenido ni a que tengan que ir seguidos de un máster, porque lo que llamamos genéricamente la carrera universitaria —llámelo grado, licenciatura o como quiera— podrá tener a partir de ahora entre tres y cuatro años, y con esa carrera un alumno español saldrá al mismo tiempo al mercado laboral que sus coetáneos del resto de Europa, y eso señoría es importante, y después, si se quiere especializar, podrá hacer un máster.

Usted puede pedir que se baje el precio de los créditos de los másteres, como me pareció entender que defendía el portavoz de Izquierda Unida, pero de ahí a querer derogar todo el sistema solo porque no es el suyo, me parece que no es lo correcto. Dejen de meter miedo a la gente para su propia conveniencia, porque las cosas no son así.

Creo que aquí vuelve a subyacer lo que le dije el otro día y es que ustedes rechazan la voluntariedad que supone este decreto, porque es evidente que es más fácil para un rector o para un político llegar a su comunidad autónoma y decir: Por culpa de que me obliga el malvadísimo Gobierno, con el malvadísimo ministro al frente, no me queda más remedio que acometer ciertas reformas que sé que a vosotros os van a dar más trabajo y que van a suponer un nuevo esfuerzo, aunque sé que estáis agotados; que llegar y decir: Es que es voluntario pero, a pesar de eso, yo, en el fondo, sé que tengo que hacerlo. Eso es muy duro. Yo lo entiendo.

Empecé diciendo que no había coherencia en el hilo de sus argumentos, pero tengo que admitir que a lo mejor sí, porque quizá detrás de los baremos de rendimiento de las becas, las tasas de matrícula, la libertad de las comunidades autónomas y los diseños de grados sin obligatoriedad lo que subyace es que a usted le preocupa la libertad de los demás. Usted exige la libertad para los que profesan sus ideas, para todo aquello que usted quiere hacer para su propio modelo educativo, pero se la niega a los demás cuando quieren ejercerla para poner en marcha una idea diferente a la que ustedes proponen.

Tienen ustedes miedo a la libertad de elección, a que, si se quita la uniformidad de lo obligatorio, haya quien destaque y les obligue a ponerse las pilas y a reaccionar, de modo que quede expuesta la mediocridad de los que no quieran hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Acabo ya, señor presidente.

Dice usted continuamente en sus intervenciones que el Gobierno quiere desmantelar la universidad y que esto no se puede tolerar —son sus palabras—, pero no es así, senador, lo único que ocurre es que no son ustedes poseedores de la verdad única y lo único que les resulta intolerable es meramente que no gobiernan. Pero, señoría, eso es así porque ustedes lo hicieron de pena y a los españoles les pareció que eso sí que no se podía tolerar.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada de los senadores Quintero y Julios, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

ACUERDO DE ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CONTRAMEDIDAS MÉDICAS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 20 DE JUNIO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000139 Asuntos Exteriores


CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, HECHO EN MADRID EL 10 DE JUNIO DE 2014. 610/000137 Asuntos Exteriores


CONVENIO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL SENEGAL, HECHO EN DAKAR EL 11 DE ABRIL DE 2014. 610/000138 Asuntos Exteriores

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1., 7.1.2. y 7.1.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, presidente.

De los convenios a que ha aludido el señor presidente, los dos primeros, el firmado entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada, y el firmado con la República de Senegal sobre traslado de personas condenadas, hecho en Dakar en abril de 2014, tuvieron su entrada en esta Cámara el día 17 de diciembre de 2014, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se han tramitado los dos por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de propuestas a los referidos tratados y convenios expiró el día 30 de diciembre de 2014, no habiéndose presentado ninguna.

Finalmente, el otro acuerdo, el de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014, tuvo su entrada en esta Cámara el día 20 de febrero de 2015, siendo publicado ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de propuestas al referido tratado expiró el día 24 de febrero de 2015, no habiéndose presentado ninguna.

La comisión dictaminó estos tres tratados y convenios internacionales en su sesión del día 5 de marzo de 2015 y acordó elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a obligarse por medio de ellos.

Esta ha sido hasta ahora la tramitación que han tenido estos tres convenios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.

No se han presentado propuestas a estos convenios. ¿Algún grupo desea intervenir? (La señora Capella i Farré pide la palabra).

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Únicamente para indicar que el voto de Esquerra Republicana será la abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Algún senador más? (El senador Unamunzaga Osoro pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Para indicar, del mismo modo, que nuestro voto será la abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Con la salvedad de los votos expuestos, ¿se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Muchas gracias.

Tengo que decirles que ha habido votación telemática del senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular, que también vota a favor de la autorización de esos convenios, con lo cual quedan autorizados estos tratados y convenios internacionales.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. 621/000108 Justicia

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palara el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 29 de enero, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el 12 de febrero, fue ampliado hasta el día 18 de febrero de 2015.

Aprovecho también para saludar al señor ministro de Justicia por su presencia en el debate de este Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se han presentado 7 vetos y 1044 enmiendas, 3 de las cuales, las números 70, 71 y 72, son de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 188 son del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 606 del Grupo Parlamentario Socialista, y las números 968 y 969 del Grupo Parlamentario Popular, que fueron posteriormente retiradas.

El día 18 de febrero la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular, doña María de los Ángeles Armisén Pedrejón, del Grupo Popular, don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Parlamentario Socialista, don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, doña Silvia Franco González, del Grupo Parlamentario Popular, don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto, doña María Rosa de Haro Brito, del Grupo Parlamentario Popular, doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista, don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular. Dicha ponencia se reunió el día 23 de febrero y emitió informe, en el que introdujo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el día 3 de marzo, y emitió dictamen de conformidad con el texto definitivamente propuesto por la ponencia en el transcurso de dicha sesión.

Han presentado votos particulares a este dictamen: la señora Capella i Farrè, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Popular, y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, señor presidente.

Brevísimamente, señorías, permítanme que inicie esta intervención poniendo de manifiesto que no es casualidad la coincidencia en las fechas; no es casualidad que la aprobación por esta Cámara de la reforma del Código Penal a través de los dos instrumentos, la proposición de ley orgánica fruto del acuerdo suscrito entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Foro de Asturias, y el proyecto de ley orgánica que remitió el Gobierno en su día al Congreso de los Diputados, coincida con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que, no en vano, se celebra el 11 de marzo de cada año. Creo que es un buen momento para reafirmar la voluntad de nuestro país, de todos los españoles, estoy seguro, de no dejar nunca el más mínimo resquicio de impunidad al terrorismo, sea cual sea el origen, incluso el yihadista, porque su propósito es siempre el mismo: destruir la convivencia y la libertad en torno a la cual se asienta nuestro modelo democrático. Por tanto, sirva este recuerdo de homenaje a todas las víctimas del terrorismo y a la lucha y el compromiso por trabajar siempre a través de la justicia para favorecer su dignidad y su memoria.

El proyecto que va a tomarse en consideración en este momento incorpora un conjunto de elementos muy relevantes para la mejora, la modernización y la actualización de nuestro Código Penal, por ejemplo, la prisión permanente revisable, que no tiene otro objetivo que dotar al Estado de derecho de los instrumentos necesarios para combatir eficazmente los delitos más deplorables, entre los que se encuentran, evidentemente, los de terrorismo. Otro cambio que el Gobierno en su propuesta a las Cámaras planteó es reforzar los instrumentos del Estado de derecho en la lucha contra la corrupción o las medidas de regeneración democrática; también algunas medidas que pueden fortalecer nuestro sistema económico, como pueden ser los robos en las explotaciones agrícolas o los hurtos reincidentes.

En esta reforma del Código Penal que ahora se plantea, no nos hemos olvidado de los principales colectivos más afectados y débiles ante el delito, como son los menores y por eso se castigan los abusos sexuales a menores con mayor contundencia, las víctimas de violencia de género, y se crean nuevos tipos penales, como el matrimonio forzado, el acoso o la divulgación no autorizada de imágenes íntimas.

Quiero agradecer, señorías, el trabajo realizado en la Comisión de Justicia de esta Cámara, donde se ha continuado mejorando el proyecto que en su día el Consejo de Ministros remitió al Congreso y que se había ya enriquecido y mejorado con 300 enmiendas aprobadas en esa Cámara. No voy a hacer un repaso detallado de todos los cambios introducidos, pero me gustaría mencionar que las enmiendas presentadas, y las que confío que se voten y se aprueben, van a permitir contar con un derecho penal más eficaz a la hora de dar respuestas a la nueva realidad social de nuestro país, por ejemplo, en el uso de una terminología más adecuada para referirnos a las personas con discapacidad necesitadas de una especial protección; la mejora de la regulación del decomiso en la lucha contra la corrupción, y en establecer el límite de 400 euros para diferenciar los delitos leves contra el patrimonio, como han solicitado reiteradamente los sectores empresariales de la pequeña distribución comercial; también delimitar con mayor precisión los supuestos agravados de robo con violencia, extendiendo esa especial protección a los establecimientos públicos o a algunos sectores del patrimonio público, como el transporte; o también la mejora sistemática de algunos delitos como los de la administración desleal.

El endurecimiento de las penas en los delitos contra la propiedad intelectual es otra demanda social que hemos acogido todas las fuerzas parlamentarias; la equiparación entre la caza y la pesca de especies no amenazadas y el marisquero furtivo, geográficamente situado en Galicia pero seguramente común a muchos otros territorios; las trasposiciones de las recomendaciones del Consejo de Europa en lo que tiene que ver con la falsificación de productos médicos y farmacéuticos; o un elemento tan importante como la consideración como delito de atentado de los actos cometidos contra los funcionarios públicos del sector docente y del sector sanitario cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones. En resumen, señorías, se trata de una buena incorporación de demandas sociales y una buena adaptación a la realidad social española.

Quiero poner de manifiesto en nombre de todo el Gobierno y en el mío propio el agradecimiento del Gobierno. En muy poco tiempo se han presentado más de 1000 enmiendas a este proyecto de ley, lo que pone de manifiesto su importancia y el interés que ha generado; serán seguramente más de 130 las enmiendas aceptadas o transaccionadas, lo que ustedes tomen en consideración, que, incorporadas a las más de 300 aprobadas de las 900 que se presentaron en el Congreso, darán buena prueba de la mejora que un proyecto de ley puede tener como consecuencia de su trabajo en el Congreso y en el Senado. Es evidente que se trata de un trabajo colectivo, que nunca hubiese alcanzado ese nivel de calidad sin el esfuerzo, sin el trabajo, sin la implicación, incluso sin la crítica constructiva desde el acuerdo o desde la discrepancia, de todas sus señorías, especialmente de aquellos que forman parte de la Comisión de Justicia.

Por tanto, es un día para felicitarnos. Tras su aprobación definitiva podremos contar con un Código Penal mejor, más adecuado a la realidad social, a las demandas actuales y que nos va a permitir proteger mejor a los ciudadanos contra el delito y permitirá también a los jueces, a los fiscales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchar contra el delito, y en particular contra el terrorismo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Entramos en el debate de las propuestas de veto. Les anuncio que no vamos a parar, vamos a seguir con el debate y, desde luego, no se votarán las propuestas de veto antes de las cuatro de la tarde.

Comenzamos con la defensa de la propuesta de veto número 4 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, senadoras, senadores, ministro.

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado un veto a la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal porque, como entenderán, sobran los motivos para ello; y sobran los motivos por cuanto la reforma que ustedes nos presentan está acuñada desde el más absoluto populismo punitivo, de agravamiento constante de las penas, cautiva del sensacionalismo de algunos medios de comunicación que enaltece el endurecimiento del Código Penal, conduciendo a reiteradas reformas ya vamos por la 29 unas de más calado que otras, pero que, en definitiva, afectan al contenido y a la sistemática de lo que fue el Código Penal de 1995, el llamado Código Penal de la democracia, que suponen retrocesos constantes en el sistema de derechos y libertades públicas.

Esta reforma del Código Penal que, como he dicho, significa un incremento de las penas, y así lo ha destacado y resaltado el ministro en su intervención, no comporta necesariamente mayor seguridad, pues, como deberían saber, la seguridad depende de otros muchos factores. En lugar de un sistema jurídico penal de acto y de culpabilidad, no juzgan el hecho y la culpabilidad del sujeto sino que proponen un sistema de autor y peligrosidad, mucho más propio de los regímenes totalitarios, pero, además, mantienen un excesivo garantismo para algunos delitos económicos relacionados directamente con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales; de nuevo, ustedes, duros e inflexibles con los débiles. Utilizo las mismas palabras del presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, si bien él defendía la reforma, cuando decía que el Código Penal vigente era específico para los robagallinas. Por tanto, duros e inflexibles con los débiles, y complacientes y dóciles con los delincuentes de cuello blanco, será porque algunos de ustedes tienen lazos más que afectivos y efectivos con algunos de ellos.

La reforma que hoy plantean no responde a los principios del derecho penal moderno en un Estado social y democrático de protección de bienes jurídicos colectivos, sino que redunda, de nuevo, en un Código Penal que excluye socialmente, sanciona la pobreza, y se convierte en un instrumento de control social. Nos quieren miedosos, callados y fracturados: van mal. La vostra raó és va desfent, la nostra força va creixent; son palabras de Ovidi Montllor. Por ello, los republicanos de Esquerra Republicana afirmamos que se trata de una reforma autoritaria, clasista, y además tramposa; tramposa porque mienten y manipulan los datos para justificar una actuación reaccionaria. ¿Dónde están los estudios que avalan la necesidad de un endurecimiento de las penas? Ustedes continuamente aluden a las demandas de la ciudadanía, ¿dónde se refleja esta demanda? ¿En los programas sensacionalistas que hurgan en los sucesos? ¿Estos son los estudios en los que basan las distintas reformas que han endurecido las penas? Porque el CIS no dice lo que ustedes dicen. Las estadísticas judiciales y policiales que ustedes manejan dicen que los delitos bajan, y si ya eran duras las penas, en estos momentos aumentan y las cárceles están más llenas que nunca. El Estado español presenta uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa y, sin embargo, una de las más altas tasas de población reclusa. La tasa de criminalidad española en el año 2014 fue de 45 delitos por cada 1000 habitantes, muy inferior a la media europea, de 68 delitos. Ustedes saben que el Estado español es uno de los estados más seguros de Europa, pero lo esconden, como esconden que los centros penitenciarios del Estado albergan ya a 76 000 internos, un incremento que supone un 130 % en los últimos veinte años cuando el aumento de la población española ronda el 20 %.

En su reforma no hay un solo atisbo de derecho penal moderno, humanista, orientado a la reinserción y a la resocialización. Al revés, se abonan al cinismo de querer arraigar, en el imaginario de la ciudadanía, que más penas evitarán más delitos, como si el hecho de que haya más médicos suponga necesariamente la existencia de menos enfermedades. Esto es falso. Que haya más penas y más duras no protege a las víctimas. Llevamos veintinueve reformas del Código Penal decía antes, una espiral peligrosa que lo único que provoca es un mayor colapso judicial e, incluso, un mayor hacinamiento en nuestras cárceles. Además, ustedes aceleran la hoja de ruta acuñada por la extrema derecha, pues en lugar de fomentar la reinserción lo basan todo en la regulación; en una regulación fundamentada primero en infundir miedo a los ciudadanos, segundo, en el sensacionalismo como método de control para criminalizar la pobreza y, tercero, en la voluntad de hacer creer que la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía se garantiza laminando los derechos civiles y los derechos fundamentales.

Ustedes tratan deprisa y corriendo de construir el corpus legislativo que requiere una sociedad cada vez más dualizada como consecuencia del desguace del Estado del bienestar, la cronificación de grandes bolsas de pobreza y de exclusión social y la proletarización de las clases medias. Acto seguido ustedes ofrecen su solución mágica. ¿Cuál es? Endurecer el Código Penal, consiguiendo así desviar la atención de las verdaderas causas de una buena parte de los hechos delictivos. Tres leyes entrarán en vigor dentro de seis meses, unas más rápidamente que otras, la Ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, incorporando nuevos delitos de terrorismo. Además, no compartimos algunas de las cosas que ustedes plantean como reforma. Dicen que suprimen faltas. Su derogación supone de nuevo un endurecimiento del sistema penal. No es cierto que se pretenda respetar el principio de intervención mínima y de transformar la mayoría de faltas en infracciones civiles o administrativas como se afirma en la exposición de motivos. Solo cabe leer el articulado para darse cuenta que no es así. No han sacado del Código Penal la mayoría de las faltas, sino que algunas las han desterrado a la Ley de seguridad ciudadana incrementando la sanción y otras las han convertido en delitos.

Asimismo, seguramente ésta es la estrella de la reforma como decía el propio ministro ustedes introducen la cadena perpetua. La introducción de la pena de prisión permanente revisable oculta una pena a perpetuidad que busca apartar indefinidamente a las personas en lugar de lograr su reinserción. La denominación utilizada pretende burlar las limitaciones que para ello impone tanto el artículo 15, que prohíbe penas y sanciones inhumanas y degradantes, y el artículo 25 de la Constitución que exige que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Sin embargo, la introducción de la cadena perpetua, aunque con distinta denominación, supone apartarse de los principios que deben inspirar cualquier sistema penal renunciando justamente a la reeducación y a la reinserción social. ¿Qué sociedad avanzada puede renunciar a tales principios?

Resulta escandalosa la introducción de una profunda reforma de las medidas de seguridad desvinculándolas de la pena. De este modo, las medidas de seguridad podrán tener un contenido mucho más gravoso que la pena, lejos de toda objetividad, así se podrán imponer medidas de seguridad que supongan una limitación de la libertad ambulatoria que, además, podrá extenderse de forma ilimitada en el tiempo, pese a que la pena no contemple tal medida o de contemplarla esta tenga una duración determinada.

Tal y como ha puesto de manifiesto Amnistía Internacional, la reforma del Código Penal pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica y se olvida de los crímenes de derecho internacional. Se introducen nuevos delitos y aumentan las penas contra los manifestantes. Además, podría castigarse la resistencia pacífica a la autoridad, como puede ser una sentada, hasta con penas privativas de libertad. Y es cierto que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados transaccionó una de nuestras enmiendas, pero pese a ello no se resuelve el problema. También pretenden criminalizar la ocupación de espacios, despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque estén abiertos al público, si perturba el funcionamiento normal de la actividad. Díganlo claro, pretenden criminalizar la diferencia, a aquellos que discrepan de su pensamiento, en consecuencia, por ejemplo, el activismo social.

Por otro lado, su reforma olvida demasiadas cosas. ¿Dónde está el pleno derecho a la libertad de expresión despenalizando el delito de injurias a la Corona y el delito de ultrajes a España? ¿Dónde está la garantía al derecho a una muerte digna y sin dolor despenalizando la eutanasia? ¿Dónde está la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la defensa del derecho de toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo y a decidir en todo aquello que afecta a sus derechos reproductivos y a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Dónde está la regulación, y una mayor penalización, de los delitos de cohecho y tráfico de influencias? ¿Dónde está la penalización de la banalización, la apología o el enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo o el nacionalcatolicismo? ¿Por qué no aparece nada de todo esto?

Señores del Partido Popular, el Código Penal es el texto legislativo más importante o uno de los más importantes que unas Cámaras legislativas aprueban. Como se dice, es la Constitución en negativo, porque limita derechos fundamentales y tiene consecuencias sobre el ejercicio de los derechos y las libertades individuales. Ustedes llevarán a cabo esta reforma solos, como ya nos tienen acostumbrados. ¿Quién les apoya? Están ustedes solos. Contra esta reforma se han pronunciado el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Abogados de Barcelona, Naciones Unidas, ACNUR, Cáritas, Amnistía Internacional, el Grupo de Estudios de Política Criminal, más de 60 catedráticos de Derecho Penal: Quintero Olivares, Merche García Arán, Juanjo Queralt, Gimbernat Ordeig, Corcoy Bidasoa, García Albero, Morales Prats, Rebollo Vargas y, así, hasta un largo etcétera. La han objetado el propio Consejo Fiscal y Jueces para la Democracia. Esta reforma —su reforma— solo la avalan ustedes. Qué lejos están ustedes de las gentes del Nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica i lliure, desvetllada i feliç. Nord enllà cierran cárceles y abren escuelas. Y ustedes hacen todo lo contrario. Eso sí es inseguridad, no la que ustedes dicen combatir.

Por estos motivos y por muchos más que en el tiempo que tenemos no puedo seguir desgranando, hemos presentado este veto. Por estos motivos y por muchísimos más también apoyaremos cada uno de los vetos que han ido presentando y que van a defender hoy los distintos grupos parlamentarios a esta reforma del Código Penal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Iniciamos este maratón legislativo con tres normas que afectan a valores y derechos esenciales de las personas. Formulamos este veto los senadores de Izquierda Unida, Mariscal Cifuentes y yo mismo, al proyecto de reforma del Código Penal, en tanto en cuanto la reforma que se plantea se intenta argumentar, por una parte, en que ha transcurrido mucho tiempo desde la aprobación del Código de 1995, y en que hay nuevas demandas sociales. En primer lugar, no ha pasado tanto tiempo. Y, en segundo lugar, el Código Penal de 1995 ha experimentado en estos años 30 reformas. No ha sido algo que hayan cristalizado y preservado, sino que, con la misma argumentación de adaptarse a las nuevas necesidades sociales, ha sufrido unas transformaciones profundas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los códigos penales expresan los valores de la sociedad desde una doble perspectiva: En primer lugar, lo que esa sociedad entiende tan relevante que merece ser protegido desde el ámbito penal. Y, en segundo lugar, los valores que inspiran la sanción cuando se vulneran esos bienes jurídicos que se quieren proteger desde el ámbito penal a través de la comisión de un delito. Y ello, en el segundo caso, nos sitúa en la disyuntiva de cuál ha de ser la función de la pena, si ha de ser una función vindicativa o ha de ser una función rehabilitadora. En relación con los primeros, los hechos protegidos, en este tiempo la evolución ha sido mínima. En todo caso, cabe constatar una mayor sensibilidad en la protección de los menores y un mayor rechazo, justificadísimo, en relación con la violencia de género. Pero esos cambios ya han ido acompañados de alguna de las treinta reformas que se han ido incorporando en el Código de 1995. Ha habido modificaciones en las formas de comisión de los delitos como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, pero esas modificaciones en la forma de comisión del delito tienen su respuesta más adecuada, no en el Código Penal, sino en los medios de investigación y, en todo caso, en los procedimientos de enjuiciamiento.

Ahora, al calor de unas demandas sociales alentadas por el sensacionalismo de algunos medios, se ha impulsado un proceso que supone un auténtico acoso a la función rehabilitadora de la pena, consagrada en la Constitución Española, y un impulso de la función punitiva de la pena, del castigo, e incluso de la función vindicativa. Todo ello sitúa el foco y el protagonismo en las víctimas, que merecen su protagonismo en tanto que merecen justicia y reparación, pero que no pueden ser quienes determinen la pena porque, obviamente, carecen de la objetividad imprescindible a la hora de valorar los hechos y determinar la pena. Creemos que situar el foco de tal forma altera las posibilidades de una respuesta penal que de por sí exige objetividad e imparcialidad. Renunciar a ello significaría retroceder en el tiempo hasta el Código de Hammurabi.

No deja de ser curiosa la respuesta que, sin embargo, el proyecto da o, mejor dicho, no da a otras demandas sociales, las que recaban un endurecimiento de las penas en materia de corrupción o de fraude fiscal. Además, en este caso sí son una novedad frente al Código de 1995, y es que la sociedad de 1995 no tenía una preocupación como la que hoy refleja el CIS en cuestiones como el fraude fiscal o la corrupción. Y resulta curioso que esta reforma, como apuntaba la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, se haga cuando llevamos seis años de caída de la criminalidad.

Es cierto que esta reforma forma parte de un paquete —antes he mencionado la Ley de seguridad ciudadana, pero también vale la otra reforma del Código Penal— que supone blindar las reformas estructurales que el Gobierno ha ido aplicando en el conjunto de las materias de su ámbito, y lo hace a costa de los derechos y de las libertades fundamentales, reduciendo las posibilidades de contestación y de respuesta frente a esas otras reformas estructurales.

Entro a pormenorizar las razones por las que presentamos el veto. En primer lugar, nos mueven cuestiones formales; el texto que llega al Congreso incorpora contenidos que no estaban en el remitido a la Fiscalía General del Estado ni al Consejo General del Poder Judicial, así que estos no pudieron emitir dictamen alguno. Después, por la contestación emanada desde diferentes instancias. Por ejemplo, según Jueces para la Democracia —no sé si es de ayer o anteayer—, se opta por un endurecimiento penal con medidas de todo tipo, a pesar de que, por el Código de 1995, contamos con los tiempos más elevados de cumplimiento en las cárceles. La reforma introduce una versión de la cadena perpetua que resulta injustificada y que es contraria a la Constitución. La nueva regulación olvida la reinserción social. Se continúa el camino de la criminalización de la pobreza para dar una respuesta penal a situaciones que requieren, fundamentalmente, de una adecuada intervención social y, en cambio, los poderes públicos no prestan la necesaria atención integral a la alta delincuencia económica y corrupción política. Además, la reforma contiene un endurecimiento considerable de todo el capítulo de los delitos contra el orden público hasta el extremo de llegar a castigar con prisión determinadas protestas pacíficas en la sede de una persona jurídica pública o privada. También se pretende castigar con privación de libertad la difusión en las redes sociales de consignas que inciten a alterar el orden público. En la reforma abundan los elementos ambiguos y los conceptos jurídicos indeterminados, lo cual resulta contrario al principio de legalidad.

Rights International Spain, en un informe valorativo de esta reforma, señala, en relación con la prisión permanente revisable, que no es sino la reinstauración de la cadena perpetua en nuestro ordenamiento. Resulta imposible de conciliar con el objetivo reconciliador que nuestra Constitución atribuye a la pena de prisión. Amnistía Internacional, en otro informe manifiesta: son diversos los instrumentos internacionales donde se recogen los principios que determinan cuándo el Estado puede restringir o limitar el derecho a la libertad, entre otros, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno a los Principios de Siracusa, o la Observación número 31 del Comité de los Derechos Humanos. Los estándares internacionales exigen que las autoridades españolas demuestren que las disposiciones limitativas de derechos responden a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y no discriminación. Cada medida restrictiva, bien sea mediante la inclusión de un nuevo tipo penal o el aumento de las penas, debe ser justificada expresamente explicando a qué necesidad pública o social apremiante responde. Es, por tanto, el legislador quien debe demostrar que cada nuevo tipo penal o aumento de pena no es una limitación arbitraria o irrazonable, sino que responde a uno de los motivos tasados en la legislación internacional. Como ven, respuestas contundentes a este proyecto.

Motivos sustantivos. Libro I. Valoramos positivamente que decayese la reforma de las medidas de seguridad, pero rechazamos frontalmente la introducción de la prisión permanente revisable. Ha sido cuestionada, aparte de por estos informes a los que acabo de hacer referencia, por 60 catedráticos de derecho penal, por otras asociaciones de jueces y profesionales. Todos coinciden, primero, en que no se justifica en el proyecto por qué es necesaria, cuando ya tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa, con penas de hasta cuarenta años. Segundo, choca con el mandato constitucional del artículo 25 de que la pena ha de cumplir la función de rehabilitación y reinserción; si no se sabe cuándo va a salir, ni siquiera si se va a salir de la cárcel o se va a morir en ella, ni la institución penitenciaria ni el condenado harán ningún esfuerzo y no tendrán motivación alguna para avanzar en la rehabilitación. Tercero, se trata de una pena indeterminada, cuya duración no se conoce, lo que introduce inseguridad jurídica contraria al artículo 9 de la Constitución Española. Cuarto, supone una pena inhumana y degradante, prescrita por el artículo 10 de la Constitución Española y, quinto, se introduce además esta pena con mucha más dureza de cómo se introdujo en otros Estados. Se plantea la revisión a los veinticinco años o, en el caso de terrorismo, entre veintiocho y treinta y cinco, en vez de a los quince o a los veinte años, como en otros Estados de la Unión Europea.

La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —Sentencia del caso James, Wells y Lee, contra el Reino Unido, de 18 de septiembre del 2012, establece que en las penas de duración indeterminada como esta los Estados tienen la obligación de proporcionar los medios necesarios para procurar la rehabilitación de los penados; si no, se violaría el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Discrepamos también con la regulación del delito continuado y de las reglas de determinación de la pena en los supuestos de concurso de delito. Estamos ante una respuesta a los casos de multirreincidencia, que supone regresar en el tiempo al Código de 1973 y al encadenamiento, en los casos de reincidencia, de condenas que pueden dar lugar a un resultado similar a la prisión permanente. Volvemos a recuperar el Código Penal del ladrón de gallinas, al que hacía referencia el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

También creemos inoportuna la desnaturalización de la libertad condicional para convertirla en una modalidad de suspensión de la pena de prisión. Defendemos que siga siendo, como en el Código de 1995, la última fase de cumplimiento de la pena de prisión cuando haya un pronóstico de reinserción favorable. No compartimos que se introduzcan modificaciones que restrinjan su concesión porque tenemos una de las tasas más altas de encarcelamiento de la Unión Europea, siendo uno de los países con infracción penal más baja. La media de la Unión Europea de personas en prisión está en 136,8. De nuestro país no tengo el dato. Lo siento.

Libro II. Discrepamos de la reforma porque aumentan los tipos. La mayoría de las actuales faltas se elevan a delitos leves y los tipos se abren a definiciones genéricas. Se da una nueva vuelta de tuerca a los delitos contra el patrimonio y el orden económico. Se mantiene la criminalización de los participantes en piquetes informativos del párrafo tercero del artículo 315.

En relación con los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos, la regulación limita derechos constitucionales. Vuelvo a recordar, como mencioné en alguna intervención anterior, la Sentencia 136/1999 del Tribunal Constitucional, que establece lo siguiente: En la ponderación que le impone el principio de proporcionalidad, el legislador debe tener en cuenta el efecto disuasorio de ejercicios de derechos fundamentales que supone la sanción penal de conductas ilícitas pero lindantes con dicho ejercicio, máxime cuando es difusa la frontera entre el delito y el ejercicio del derecho. No es de extrañar que el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, Maina Kiai, manifestase que es contrario al Derecho internacional que algunos delitos tengan como agravante haber sido cometidos en el contexto de una reunión numerosa, como hace este proyecto. O que el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión sostenga que, tal y como se definen algunos delitos, podría criminalizarse a quien convocase manifestaciones pacíficas.

Igualmente, no compartimos los preceptos que criminalizan la pobreza y la inmigración irregular. Es absolutamente deficiente el tratamiento de los delitos de cuello blanco manteniendo unos umbrales tan elevados que hacen realmente difícil la persecución del fraude fiscal. Y lo mismo podemos decir respecto a la persecución de la financiación ilegal de los partidos políticos. Creemos que el que no haya pena de prisión si esta financiación ilegal no supera los 500 000 euros, hace realmente difícil que acabe ingresando en prisión alguien que haya cometido un delito de financiación.

En relación con el Libro III, entendemos que es un error la supresión de las faltas y el hecho de que la mayor parte de estas pasen a ser delitos leves y otras se deriven a la Ley de seguridad ciudadana.

Concluyo la defensa del veto solicitando el respaldo de sus señorías mediante su voto para el mismo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 está firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa del veto tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, previamente quiero hacer tres breves anotaciones. En primer lugar, quiero sumarme al homenaje a las víctimas del 11-M y a la solidaridad hacia sus familiares. Creo que es obligado en esta Cámara repetirlo hoy todo el día.

En segundo lugar, agradezco mucho que el ministro haya venido a presentar este proyecto de ley, pero hubiera deseado que su presentación fuera más extensa, porque lo que ha hecho prácticamente ha sido decirnos tres cositas e irse corriendo. Por tanto, le agradezco el interés que ha puesto, pero me agradaría que le comunicaran que hubiera sido mejor que hubiese dado más elementos políticos de su intervención.

En tercer lugar, quiero decir que a pesar de que hemos llegado a pocas enmiendas transaccionales o de aceptación de la mayoría, las senadoras que han llevado desde la comisión este tema han mostrado una predisposición a la transacción y al acuerdo que es de agradecer en esta Cámara.

Y yendo ya al contenido de la ley, vamos a debatir en este Pleno dos leyes fundamentales en un sistema democrático: la Ley de seguridad ciudadana y la Ley Orgánica del Código Penal, dos leyes que son dos caras de una misma moneda. Si digo que estas dos leyes han sufrido un rechazo social e intelectual importante, no estoy descubriendo nada. Lo que me interesa destacar es que para nosotros estas dos leyes —luego lo podré fundamentar— demuestran un deslizamiento del Gobierno del Partido Popular hacia un modelo autoritario; es decir, no estamos ante cualquier tipo de propuesta sino ante un deslizamiento hacia un modelo autoritario.

Hay muchos elementos para presentar el veto. Yo quiero brevemente manifestar siete argumentos por los cuales el senador Guillot y yo pedimos el veto. El primero es que el procedimiento de aprobación de esta ley es una burla parlamentaria, es decir, el Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe, luego se modificó prácticamente todo el Código Penal y, hoy, estamos discutiendo aquí una ley que hace referencia a tipificación de delitos, a libertades y a derechos sin dictamen previo. Y esto en el Código Penal. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón el Gobierno, una vez que modifica el Código Penal de forma sustancial, no solicita la elaboración de un dictamen sobre esto, tal y como se ha afirmado por parte del Consejo de Estado y se aconseja en diversas sentencias de los tribunales? Solo tengo una respuesta, si hay otra me gustaría que se diera: el Gobierno tiene miedo a un varapalo del Consejo General del Poder Judicial con relación a los contenidos del Código Penal que plantea.

Segundo argumento de veto: ¿qué justifica la presentación de esta ley? ¿Por qué es necesario? En las líneas dos y tres de la exposición de motivos el Gobierno dice lo siguiente: «es necesario por el transcurso del tiempo y por las demandas de la sociedad.» Antes ya se ha dicho: parece ridículo, o cínico, o crítico, o falso que después de veintiocho modificaciones del Código Penal —la última entró en vigor en enero de 2011—, se diga que ha transcurrido mucho tiempo. No ha transcurrido mucho tiempo. En relación con las solicitudes o con las demandas de la sociedad quiero decir bien claro que en España no hay un grave problema de alta criminalidad. Evidentemente, hay criminalidad y hay que combatirla, pero no hay una situación de alta criminalidad, y esto lo dice la percepción de la ciudadanía y los datos. Según el último informe del CIS, la preocupación de los ciudadanos en relación con la inseguridad está situada en el número 11, y que de un 0,2 a un 0,4 % de ciudadanos piensan que la inseguridad es el principal problema, y si vamos a las cifras, la tasa de criminalidad, como se ha dicho anteriormente, es de 45 sobre 1000, cuando la media de la Unión Europea está en 71, o en el caso de la población encarcelada, que es de 150 frente a 130. Es decir, no hay ninguna cifra absoluta en relación con la criminalidad que demuestre que hay problemas de seguridad y, al mismo tiempo, no hay ninguna percepción de que España está en un momento de situación grave.

Tercer argumento. El senador Guillot y yo somos de los que pensamos que en España se utiliza excesivamente el pacto de Estado; para prácticamente cualquier cosa hay dirigentes políticos que plantean pactos de Estado: esto es un pacto de Estado, esto es otro pacto de Estado, esto es otro pacto de Estado. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero si hay algún pacto de Estado que tiene sentido es un pacto de Estado en relación con las libertades, con los derechos y con los valores de la sociedad; este puede ser de los pocos pactos de Estado que tienen sentido. Y, desde ese punto de vista, es absolutamente incomprensible que el Código Penal que hoy se plantea —al igual que la Ley de seguridad ciudadana— no sea un Código Penal de consenso de la mayoría, sino que es un Código Penal de partido. Hoy o mañana no aprobaremos un Código Penal del país, un Código Penal en el que se sienta representada la mayoría de las fuerzas políticas españolas, sino que aprobaremos simplemente un Código Penal del Partido Popular, y esto tarde o temprano se paga.

Cuarto argumento para el veto. Si el transcurso del tiempo no es motivo para un nuevo Código Penal, si las demandas sociales, como he dicho y creo que he podido demostrar, no son razón suficiente para aprobar un nuevo Código Penal, ¿cuál es el objetivo de la modificación del Código Penal? ¿Por qué se modifica el Código Penal? Nuestro diagnóstico o nuestra respuesta es que este Código Penal responde al modelo de sociedad y de relación de la sociedad con el Estado y a la administración de las libertades y los derechos que el Partido Popular quiere impulsar; es un Código Penal que, en definitiva, traslada a la sociedad y al Estado aquellos valores y aquellas libertades que el Partido Popular piensa. ¿Cuál es el modelo? Simplificando, hay tres o cuatro elementos importantes que conforman el modelo. En primer lugar, la restricción de libertades y derechos. En definitiva, el Código Penal y la Ley de seguridad ciudadana conforman una restricción de libertades y derechos. En segundo lugar —tal y como han dicho no solo los partidos políticos sino, fuera, las instituciones—, estamos ante un Código Penal y una Ley de seguridad ciudadana que permite la arbitrariedad a la hora de aplicar la ley. Está lleno de conceptos indeterminados y ambiguos, a los que luego me referiré—, que lo permiten. Y, en tercer lugar, hay un clarísimo impulso a un mayor endurecimiento de las penas y una ampliación de las mismas. Subyace aquí un principio —que en la Ley de seguridad ciudadana adquiere otra dimensión pero que es el mismo— como es la sustitución del principio de culpabilidad por el de peligrosidad. En el actual Código Penal, el principio es el de la culpabilidad. Ahora, es el de la peligrosidad.

Me voy a permitir leer cuatro líneas del manifiesto firmado por catedráticos de Derecho Penal de treinta y tres universidades españolas en relación con este asunto, que dice lo siguiente: quizá, lo más grave de esta iniciativa legislativa —por si lo anteriormente expuesto no fuera ya suficiente— es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad. Los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma, sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a administrar la peligrosidad. Por lo tanto, a partir de ahora, el principio no es el de culpabilidad, sino la peligrosidad. En la Ley de seguridad ciudadana también se puede observar la aplicación de este principio, pues se dice que se podrá restringir el tránsito, no porque haya una alteración del orden, sino porque se observen indicios de que se puede alterar o porque pueda existir peligrosidad. ¿Qué quiere decir que haya indicios de que se puede alterar? Lo que ustedes quieran, cualquier cosa. Asimismo, en el ámbito de la justicia se aporta un nuevo criterio, el de tranquilidad. ¿Qué quiere decir tranquilidad? Si el niño de mi vecino llora, ¿me intranquiliza? La Ley de seguridad ciudadana y el Código Penal están llenos de criterios que permiten una aplicación arbitraria de la norma, cuando la interpretación debería ser absolutamente normativa.

Quinto argumento: la reinserción. Esto es muy sintomático, porque ¿cuál es el objetivo final de la política del Código Penal? La Constitución lo deja claro: la reinserción, la resocialización, la rehabilitación del delincuente. Y el ministro hoy no ha dicho aquí ni una palabra al respecto. La exposición de motivos del Código Penal tampoco dice ni una sola palabra de reinserción y la exposición de motivos de la Ley de seguridad ciudadana la cita dos veces como una cuestión de los delincuentes. Es decir, se ha abandonado el principio de reinserción, supliéndolo por el castigo, por la inhabilitación o por la peligrosidad del delincuente o supuesto delincuente. El objetivo final de la política penal ha desaparecido del discurso público, ha desaparecido de la actuación del Gobierno y ha desaparecido de los textos escritos. ¿Ustedes no creen que a la hora de elaborar un Código Penal deberíamos contar con cifras sobre el grado de reincidencia de los delincuentes?



¿No deberíamos tener cifras sobre el grado de resocialización de los delincuentes? Ese es el motivo de la política penal, y no el castigo. Pues no tenemos ni uno. Hay informaciones que dicen que se da un 60 % de reincidencia, y que en aquellos delincuentes que llevan a cabo actividades terapéuticas o alternativas en la cárcel la reincidencia solo llega al 10 %. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero lo que no puede ser es que se reformule un Código Penal, una política penal y que el objetivo final de la misma permanezca absolutamente fuera del debate y de la información parlamentaria. Por lo tanto, es necesario.

Como les decía, en la línea tres de la exposición de motivos se hace referencia al tiempo y a las demandas sociales, pero en la línea 6 se fijan los objetivos —de forma triste, diría yo— del Código Penal, y las dos palabras que utiliza son: ágil y coherente. Pero ágil, ¿para qué? Coherente, ¿para qué? ¿Dónde está la reinserción? Ha desaparecido.

Sexto argumento —voy rápidamente— para solicitar el veto: la prisión preventiva revisable. He de decir que siento una cierta vergüenza de que en mi país, en el siglo XXI, se vuelva a principios del siglo XIX; por inútil, y porque además es indigna e inhumana. Se me dice que no es inhumana y que no es indigna. La Constitución dice que no se aplicarán penas inhumanas e indignas. Y mi pregunta es: si la prisión permanente revisable no es indigna ni inhumana, ¿qué es indigno e inhumano? ¿Qué hay más que la cadena perpetua? No hay respuesta. Bueno, habría una: la pena de muerte.

Por tanto, cuando la Constitución dice que no hay que aplicar penas inhumanas o degradantes creo que está diciendo clarísimamente que no se puede aplicar la cadena perpetua. He leído con bastante atención —estoy seguro de que ustedes también— las intervenciones de Federico Trillo en uno de los debates del Código Penal, y su argumentación en relación con que no puede haber penas indeterminadas es genial. No tengo tiempo de leerla, pero la argumentación de Federico Trillo, diciendo clarísimamente que no se pueden aplicar penas indeterminadas, repito que es genial. Pues bien, la prisión permanente revisable es una pena indeterminada: cuando se produce, no se sabe cuándo va a acabar. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Séptimo y último argumento. En este caso podría hablar de las manifestaciones, de las reuniones, de las restricciones, pero quiero hablar del derecho de huelga. Dije el otro día, a pesar de que una senadora hizo bromas de Arias Navarro, que en 1976 hubo una explosión de huelgas pidiendo democracia y libertad, y lo que hizo Arias Navarro fue colocar en el Código Penal una particularidad de coacciones para la huelga que, posteriormente, en el año 1995, se mantuvo, aunque no se ha aplicado nunca; se ha aplicado desde hace tres o cuatro meses. En estos momentos hay casi 200 sindicalistas que están en procedimientos judiciales, y no hay ningún otro caso de particularidad de coacciones, excepto el de la huelga. Nuestra propuesta es la desaparición del artículo 315.3, sabiendo que el artículo 172 del Código Penal permite castigar, si se producen, aquellas manifestaciones de violencia. No tengo tiempo de hablar —lo haré en el turno de defensa de enmiendas— de las faltas, de las reuniones o de las manifestaciones. Solo quiero acabar diciendo lo siguiente. Si una ley incumple una normativa mediante la cual hay un dictamen previo de libertades y derechos; si una ley no justifica la necesidad de su existencia; si una ley que debe hacerse por consenso no se hace por consenso; si una ley intenta conformar un tipo de modelo de sociedad, en definitiva, autoritario; si una ley no ofrece políticas de reinserción; si una ley establece la cadena perpetua...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta.

...y si una ley, en los aspectos básicos, en manifestaciones, reuniones, etcétera, restringe esto, si no es suficiente para un veto ¿qué se necesita para aprobar un veto?

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, de la senadora Almiñana Riqué y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del grupo de la Entesa.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, los senadores y senadoras socialistas catalanes presentamos el presente veto al proyecto de ley orgánica por el que se reforma el Código Penal por diferentes razones; unas son de forma, de procedimiento, por la tramitación de esta, y otras, de fondo, ya que discrepamos profundamente del objeto central de la reforma. Son razones de fondo, de forma, de procedimiento, porque, como ustedes saben, estamos ante un proyecto de ley que de hecho tiene su origen en dos anteproyectos: el primero, de 2012, que fue sometido a los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, y el segundo, de 2013, que no solo se limitó a recoger algunas de las sugerencias o los cambios propuestos por estas instituciones del Estado, sino que introdujo numerosos aspectos y novedades que no figuraban en el primer borrador. Es decir, estamos debatiendo un proyecto de ley que no ha sido informado preceptivamente —también se ha puesto de relieve por otros portavoces— por los órganos a los que me he referido, con los posibles efectos de nulidad posterior que ello puede comportar si este texto, como desgraciadamente prevemos, se acaba aprobando y es objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. A ello ha contribuido, además, la presentación de numerosas enmiendas del grupo de la mayoría en su tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en esta Cámara. Correr el riesgo de posible nulidad o anulabilidad de algunos preceptos de este proyecto de ley es un riesgo que creo que la mayoría parlamentaria popular que le dará apoyo no debería permitirse por razones de rigor y de seguridad jurídica. No es este un tema menor, señorías, como pusieron de relieve algunos expertos en el trámite de comparecencias celebrado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el año pasado.

Nuestra oposición al proyecto de ley lo es también, y fundamentalmente, por razones de fondo. Porque, señorías, ¿es necesaria esta reforma del Código Penal? Nosotros creemos que no. Tampoco la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de decisiones y directivas comunitarias justifica una reforma de este calado. Las leyes —en este caso, las orgánicas— se han de adaptar al paso del tiempo, han de ser capaces de responder a las demandas sociales, de dar respuesta a los nuevos problemas en una sociedad cambiante. ¿Es ello de aplicación en estos momentos en nuestro Código Penal? Francamente, pensamos que con esta propuesta, no. Y ello es así, señorías, porque el Código Penal de 1995, en sus diecinueve años de vigencia ha sido modificado, como se ha dicho en otras intervenciones, en treinta ocasiones, unas veces con reformas pretendidamente parciales, pero muy amplias —en 2003 y 2010—, y otras con modificaciones más puntuales; y en la mayoría de ocasiones, no en todas, respondiendo a problemáticas puntuales, cuando no derivadas de casos de fuerte componente podríamos decir mediático o emocional. Legislar en caliente, a golpe de encuesta o de estudio de opinión, desde luego no es lo más deseable. Y esto no es una acusación a nadie, porque, lamentablemente, es una responsabilidad que en parte es compartida, no de manera proporcional, pero sí compartida.

Ahora tenemos una nueva reforma parcial que afecta prácticamente a la mitad del Código Penal y que continúa con la política de parcheado de estas dos últimas décadas. Este proyecto de ley, en su preámbulo, fundamenta la reforma, aparte de en las razones que citaba el senador Saura, en otras; por ejemplo, en la necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Pero ¿es con una reforma que básicamente se centra en un agravamiento de las penas como se consigue incrementar esta confianza en la justicia? ¿No sería mejor con otras reformas, no del Código Penal, sino de las leyes procesales, especialmente de la Lecrim, cómo se conseguiría que los procesos se tramitaran con más celeridad, garantía y cumplimiento? ¿Es solo dotando a la justicia de nuevas normas, o también de más recursos materiales y humanos? ¿Demanda la ciudadanía un agravamiento de la penas porque se está produciendo un incremento de los delitos? En absoluto, salvo quizás en algunas cuestiones, como las relativas a la corrupción, cuyo agravamiento de penas sí creemos, evidentemente, necesario. De hecho, ustedes saben que de los datos del Ministerio del Interior se deduce que, en términos generales —con puntas, pero en términos generales—, desde 1980 se produce una tendencia descendente para prácticamente todas las categorías del delito en España. Eso sí, en paralelo se da la paradoja de un incremento notable de la población penitenciaria. Porque, señorías, la estadística refleja claramente que nuestras tasas de delincuencia son inferiores a las de los otros países de la Unión Europea. Así, se ha hecho referencia a las tasas de delitos que, en este caso por cada 100 000 habitantes, es de 7603 en Alemania, de 7950 en Francia, de 10 000 en Finlandia, y de más de 9000 en el Reino Unido, frente a los 5000 en España. Son datos de 2013, y los de 2014 profundizan en este diferencial. Este bajo nivel de la tasa de delincuencia contrasta con la realidad de nuestra población penitenciaria. Así, España presenta una tasa de población penitenciaria de 161 presos por cada 100 000 habitantes, por encima de la media de los países que componen la Unión Europea, siendo solo superada por siete: Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia. A considerable distancia de nosotros están, evidentemente, Alemania, con 89, Francia, con 103, o Italia, con 106. Y nuestros reclusos, además, pasan una media de 16,9 meses en prisión, frente a los 8,5 meses en Alemania o los 6,7 en Bélgica. Solo nos superan Portugal y Rumania. Es decir, señorías, tenemos menos delitos pero más población reclusa, que está interna más tiempo que las de la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, por no hablar, obviamente, de Estados Unidos.

¿Es, pues, necesario el endurecimiento generalizado de las penas que contempla esta modificación del Código Penal? Claramente, no. Esta modificación se realiza por motivos que tienen que ver con el calendario electoral y para imponer una determinada ideología y una determinada moral conservadora de la mayoría popular al conjunto de la sociedad española. Y lo hacen ustedes sin consenso, en contra de todos; nunca una modificación del Código Penal de esta envergadura se había aprobado o se aprobará con tanta oposición. Les debería hacer pensar.

Además, la reforma del Código Penal que se somete a consideración de esta Cámara es contradictoria con las finalidades que afirma perseguir. Así se deduce supuestamente también del preámbulo de la reforma, que dice pretender el reducir el número de asuntos de escasa importancia que absorben recursos de la jurisdicción penal, dar respuesta a la multirreincidencia y a la delincuencia grave, e incrementar la eficacia en la fase de ejecución penal, todo ello sin merma de garantías ni coste económico. Pero, desgraciadamente, lo que sucederá no es eso. Producirá más ineficacia en la persecución de los delitos, incrementará los costes de la justicia, reducirá los niveles de garantía, incrementará la desconfianza de los ciudadanos en la justicia y sobrecargará aún más la Administración de justicia penal, haciéndola —nos tememos— más lenta.

Señorías, esta se nos presenta como una reforma que, aparentemente, por ejemplo, despenaliza las faltas, con el argumento de que ello descarga a la justicia penal de asuntos menores, pero en realidad comporta todo lo contrario, porque las faltas más frecuentes pasan a convertirse en delitos menos graves o leves, por lo que la destipificación afecta a un grupo estadístico que es poco relevante: aproximadamente un tercio del total. Así, por ejemplo, las faltas patrimoniales, el hurto, la estafa, la apropiación indebida o la usurpación pasan a convertirse en delitos menos graves, y otros, también muy frecuentes, como los malos tratos, las amenazas y las coacciones, en delitos leves. Es decir, la supresión de las faltas implica un Código Penal más severo, sin que exista una justificación social para ello. Además, las faltas destipificadas agravarán la saturación de los juzgados civiles y contencioso-administrativos, a la vez que en algunos casos incrementarán los costes de la defensa.

Otro aspecto regresivo del proyecto de ley se refiere a aquellas medidas que tienen que ver con la reforma de las medidas de seguridad, a las que también hacía referencia el senador Saura. La reforma, a pesar de algunas correcciones en la tramitación parlamentaria, generaliza las medidas de seguridad para personas imputables, y su duración se desvincula de la gravedad del delito. La piedra angular del sistema pasa a ser el llamado juicio de peligrosidad criminal, entendido este como juicio de probabilidad de que el sujeto pueda cometer un delito futuro; por tanto, pasa a sancionarse una hipótesis de futuro. Y, señorías, la legitimidad de un sistema que permite vincular a pronósticos dudosos consecuencias penales es lamentable, ya que además la reforma generaliza la posibilidad de imponer medidas de seguridad a personas imputables, aumentando exponencialmente en este caso también lo que podría ser la discrecionalidad del juez, ello sin entrar a valorar los efectos colaterales de esta generalización, como serán el incremento de costes y la complicación del sistema de ejecución penal.

Asimismo, esta reforma no significa un avance en la lucha contra la delincuencia patrimonial organizada. Se recurre a la modificación del Código Penal, cuando en parte el problema es que no se ha evaluado la necesidad de la reforma en términos procesales. Hay que reconocer que la técnica legislativa en este ámbito de las reformas —en concreto, de las reformas de 2003 y 2010— ha fracaso en parte: la transformación de la comisión de varias faltas de hurto en delito, primero, y la introducción de la figura de la falta reiterada de hurto. Como ustedes saben, los nuevos tipos no se han aplicado a la hora de la verdad —caso de la figura del delito por acumulación de faltas— o, cuando se ha hecho, se ha puesto de relieve algunos otros problemas. A mi entender, la reforma objeto de este debate insiste en esta equivocada línea legislativa, y un ejemplo de ello es la introducción como agravante específico para los delitos de hurto y robo de la ejecución del hecho cuando el autor actúe con profesionalidad, como dice el texto.

Asimismo, señorías, esta reforma rezuma desconfianza hacia el ejercicio de los derechos democráticos por parte de la ciudadanía. Seguramente no lo diré con la misma contundencia que otros portavoces y, por supuesto, de forma mucho más matizada, pero existen excesivas prevenciones que pueden comportar que la solidaridad pueda acabar siendo un delito —artículo 318 bis—, que se pueda coartar en determinados supuestos la libertad de expresión —artículo 559—, o que se discrimine el tratamiento penal del fraude fiscal, porque, como ustedes saben, no será lo mismo defraudar por cobrar indebidamente el subsidio de paro que defraudar a Hacienda; digamos que el reproche penal es contundente en el primer caso y más laxo en el segundo.

Para acabar, señorías, ya que muchas de las objeciones que planteamos están contenidas en las enmiendas que tendré oportunidad de comentar con posterioridad, paso a apuntar una última razón de peso que ha provocado la presentación de este veto. Me refiero a la regulación que realiza el proyecto de ley de la denominada prisión permanente revisable. Esta pasa a configurarse como una pena de prisión indeterminada, en la que se conoce el máximo teórico pero no el mínimo, que pasa a depender de la rehabilitación en este caso del sujeto. Señorías, la Constitución, en su artículo 15, prohíbe la imposición de penas inhumanas y degradantes; y en su artículo 25 exige que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.

En igual sentido se expresa también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la pena que introduce la reforma impide de hecho esta reinserción y educación, porque, señorías, ya contamos con una pena máxima de cuarenta años, que es de las más elevadas de la Unión Europea, como también lo son los períodos de cumplimiento de estas. Nada justifica esta reforma que es, como decía, ideológica y en el fondo tremendamente ultraconservadora.

Los estudios especializados demuestran que el cumplimiento de más de quince años de prisión origina secuelas psicológicas irreversibles, así como pautas de conducta disfuncionales para poder vivir en libertad. ¿Dispondrá el penado de apoyo familiar, dentro y fuera del centro, pasado este periodo, para reinsertarse? Seguramente —no nos equivoquemos— se encontrará solo. Y, además, ¿quién gastará un solo euro en una persona que, como mínimo, habrá permanecido en algunos casos veinticinco años en prisión?

Señorías, es una pena de cadena perpetua encubierta, y no solo se trata de citar el ejemplo alemán, como hacen los defensores de esta fórmula, creo que de forma descontextualizada, porque, en ese país, donde existe la prisión perpetua, la ley penal fija como regla general, como ustedes saben, la duración máxima de quince años para las penas de prisión, con la excepción de la perpetua, mientras que en nuestro ordenamiento, como decía antes, a partir del año 2003 el límite máximo de cumplimiento es —hasta ahora— de cuarenta años.

Acabo, señorías. Ustedes han querido hacer el Código Penal del Partido Popular. Solo responde a sus prejuicios, a su ideología y a sus necesidades electorales, no a las necesidades y demandas de la sociedad española de hoy. Por eso, hemos presentado el veto y les solicitamos su apoyo, que comporta el rechazo al texto que hoy se somete a nuestra consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, también quiero comenzar recordando el día de hoy: 11 de marzo, once años más tarde, once años después de la masacre de Atocha. En ese sentido, mi grupo quiere rendir un sentido homenaje a todas las víctimas, que tanto sufrieron, y pedir que los responsables políticos seamos capaces de ayudar a las víctimas, de continuar trabajando con ellas, que seamos capaces de suavizar el sufrimiento que tuvieron el 11 de marzo de 2004, de ayudar y, de una u otra manera, reconfortar.

Hoy empezamos tratando uno de los textos más importantes de toda la legislatura, y creo que no ha sido en vano que el propio ministro haya presentado este proyecto de ley; que lo haya presentado o intentado presentar, y hago la misma reflexión que el senador Saura, en el sentido de que entiendo que no es de recibo que un proyecto de ley tan importante se ventile, por decirlo de alguna manera, en cinco minutos, sin entrar en el fondo. El ministro estaba invocando el diálogo, el ministro nos anunciaba que probablemente fuesen alrededor de 130 las enmiendas que se podrían transaccionar, y no ha estado aquí, en el hemiciclo, escuchando y debatiendo con nosotros un proyecto verdaderamente importante, probablemente el más importante, repito, de toda la legislatura.

Si en el ámbito positivo, como se ha dicho, tenemos en el ámbito normativo la Constitución como la madre de todas las leyes, en el ámbito llamado negativo tenemos el Código Penal. Y digo ámbito negativo, porque desarrolla normas ante comportamientos que se pueden tener contra la sociedad o la propia comunidad. Pero, cuidado, porque la reforma del Código Penal del año 1995 también está trastocando un elemento en nuestra opinión muy importante, cual es el concepto propio de resocialización. Es decir, uno de los objetivos claros, y así está en el preámbulo del Código Penal de 1995, era la resocialización del penado, cosa que esta reforma olvida y obvia, tal como veremos en el desarrollo de la exposición del veto que estoy defendiendo.

He de señalar también un elemento muy importante: si el Código Penal en el Congreso de los Diputados ha tenido dos fases, me voy a atener a la segunda, en la que, tal como se ha dicho, este proyecto de ley no tiene informe del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial ni de los fiscales. También hay que señalar que es un texto que entra en el Congreso de los Diputados en octubre de 2013, y ha pasado un invierno muy largo, un proceso muy largo durante todo el año 2014, para que después, en un espacio muy breve de tiempo, se haya tramitado deprisa y corriendo y pudiera llegar a esta Cámara. Y digo deprisa y corriendo, y el problema de hacer las cosas de esa manera, sin gestión, sin planificación, lleva a que este proyecto de ley únicamente sea el proyecto de ley del Partido Popular. Porque el Partido Popular está solo en este proyecto de ley, y que esté solo en un proyecto de ley tan importante para la sociedad, para la comunidad, para nosotros es verdaderamente un elemento muy grave, por no hablar de cómo se ha gestionado el proyecto de ley en esta misma Cámara.

Cuando se convoca la ponencia para ver y analizar el texto, los senadores y senadoras del grupo mayoritario nos trasladaron que no había habido tiempo suficiente para debatir o analizar todas las enmiendas. En primer lugar, tengo que agradecer la actitud que han mostrado las ponentes del Partido Popular para con el Grupo Vasco a la hora de intentar aprobar o transar alguna que otra enmienda. Pero he de decir que, como en este caso es el Gobierno el que verdaderamente está canalizando la opinión del grupo mayoritario con respecto a este proyecto de ley, también hemos de valorar la nueva forma de parlamentarismo que se está dando en el Senado, que es no sabe, no contesta.

Tal como estaba diciendo, están solos porque vuelven a parchear. Vemos que se vuelve a parchear un documento que es muy importante, con artículos bis, ter, quater, es decir, artículos que hacen muy complicada la gestión de este proyecto de ley y que crean verdaderos problemas y una verdadera confusión para todos los operadores jurídicos que tienen que utilizar lo que vaya a ser ley, que es muy importante. Nos preguntamos si no es hora ya de enfocar un verdadero texto en su totalidad, porque a través de estos parches lo que se hace es cambiar la propia filosofía de la ley de 1995. Pero estimamos que si alguien quiere cambiar la filosofía de un proyecto de ley, si alguien quiere cambiarla de manera importante, debe, como he dicho antes, hacerlo de manera acordada, debe hacerlo de manera clara y no a través de un parche, a través de unas modificaciones de una ley orgánica del año 1995.

Están reformando un texto que, como se ha comentado, acaba de entrar en vigor, es decir, no ha tenido tiempo, y si planteamos a la ciudadanía que se están modificando textos legales que todavía no han tenido suficiente tiempo para su implementación vamos a generar una preocupación importante. Y no es eso únicamente lo que se está generando con el Código Penal, porque ya es un hábito lo que se está creando también en el ámbito educativo y en diferentes ámbitos; verdaderamente, un partido llega al Gobierno, y el Gobierno, si es de diferente color político, lo que hace es trastocar las bases legales de una sociedad. Y eso es muy importante, porque en este caso estamos hablando de derechos fundamentales, de libertades, y de lo que es la base de una sociedad, que no puede ser aprobada por un único partido, que en estos momentos no representa ni al 25 % del electorado.

En nuestra opinión, lo que el Partido Popular está haciendo en estos momentos es un marketing punitivo. Y me explico. Según datos del magistrado de lo penal y profesor de Derecho y Criminología, Vidal i Marsal, que compareció en el Congreso de los Diputados, el Estado español es uno de los países de la Unión Europea con un índice de encarcelamiento más elevado. El promedio es de 146 ciudadanos presos por cada 100 000 habitantes, mientras que en la Unión Europea es de 92,3, es decir, un 50 % por encima de los datos de la media de la Unión Europea. Evidentemente, este Código Penal va a incrementar todavía más esta diferencia, y creo que eso al grupo mayoritario le tiene que merecer alguna reflexión. El mismo profesor venía a decir que el Estado español es uno de los Estados donde se cometen menos delitos graves. Tras esta reforma, ¿cómo creen sus señorías que evolucionarán estos datos? Pues, evidentemente, sumando una diferencia mucho más importante.

En el preámbulo del proyecto de ley se justifica y argumenta que uno de los factores importantes para promover este texto es el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Y la pregunta que me hago es si de verdad ustedes, señorías, piensan que incrementando los reproches punitivos van ayudar a mejorar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, porque, en nuestra opinión, para mejorar la justicia hacen falta otra tipo de decisiones que el Partido Popular, el grupo mayoritario, no está adoptando. Por ejemplo, procesos que se tramiten con celeridad, para lo cual hacen falta recursos humanos, económicos y tecnológicos; que cuando se dicte una sentencia se cumpla de verdad, aquí hay un verdadero problema; y que no se indulte a personas que no se deben indultar, porque sean conocidas de alguien o porque tienen un camino fácil hacia algún ministro, etcétera. Y a través de este tipo de actuaciones la situación va a ser totalmente diferente.

Me gustaría traer a colación un texto de un catedrático de Derecho Penal de la universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que ustedes conocerán, Francisco Muñoz Conde, que viene a decir: Y en ningún caso podemos olvidar que el mejor Derecho Penal no es el que más castiga sino el que evita la impunidad, el que investiga, descubre y condena el delito con toda rapidez y eficacia. Es un escándalo que los procesos penales y, sobre todo, los de mayor trascendencia, duren tanto tiempo, se eternicen y a veces ni siquiera terminen en una sentencia condenatoria o absolutoria. El mejor Código Penal de nada sirve si luego no se aplica con toda energía y prontitud a los que cometen un delito. Cuando no es así, el Derecho Penal se comporta como un buen cirujano que sabe contener una hemorragia pero que no puede hacerlo en el caso concreto porque no hay una ambulancia que transporte el herido al hospital.

Y qué decir de la prisión permanente revisable. Quieren restaurar la cadena perpetua porque, tal y como justificaron en la Comisión de Justicia, entienden que es una demanda ciudadana, y, en mi opinión, a la hora de trasladar este tipo de afirmaciones los legisladores debemos actuar con otro tipo de frialdad, con otro tipo de perspectiva y, evidentemente, sabiendo interpretar lo que la ciudadanía quiere. Si a través del CIS como herramienta sociológica o de otro tipo de herramienta considerásemos cuáles son las verdaderas prioridades de la ciudadanía, qué decir de la corrupción. O si preguntásemos a la ciudadanía qué opinan de la necesidad de un cambio de Gobierno probablemente más de un 80 % dijera que sería imprescindible y necesario. Pero, evidentemente, no lo están haciendo, ¿verdad?

Con respecto a la prisión permanente revisable, la resocialización es un elemento muy importante, y voy a leer también una sentencia del Tribunal Supremo de 1993, que viene a decir lo siguiente: No puede conseguirse o es muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce en función de las circunstancias una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria. Una privación de libertad muy superior a treinta años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora. Vuelvo a repetir, lo dice el Tribunal Supremo: Una privación de libertad muy superior a treinta años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora. En el mismo sentido, otra sentencia del Tribunal Supremo de 1998 dice lo siguiente: Todo lo que contradiga y empañe la resocialización comportará una tacha desde el punto de vista constitucional. Más claro no se puede decir.

Los legisladores tenemos un objetivo, y es que fruto del debate de aquellos proyectos de ley que debatamos en esta Cámara tiene que salir un castigo, que además de ser justo, sirva para conseguir la reinserción social del penado, y nosotros no vemos en este texto ninguna actitud, ningún elemento, ningún indicador que nos haga ser optimistas de cara a la resocialización del penado. De todas maneras, tendremos oportunidad de debatir este proyecto de ley y este veto y ya nos trasladarán su opinión a la hora de fijar cuáles son los elementos importantes de cara a la resocialización del penado.

Se me acaba el tiempo. Muchas gracias por su generosidad, señora presidenta. Estos son los motivos que justifican la presentación de nuestro veto, más algunos otros que podremos desarrollar en el turno de portavoces, y en este sentido anuncio que votaremos a favor del resto de los vetos. Esperamos que el grupo mayoritario considere su texto y se una a nuestra voluntad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero manifestar la decepción de mi grupo por la escueta presentación de este proyecto de ley por el ministro de Justicia. Dada la ausencia normalmente de los ministros en la presentación de proyectos de ley, hemos experimentado una agradable sorpresa —a la que no estamos acostumbrados, desgraciadamente, porque se nos ningunea— al ver que el ministro ha presentado en cinco minutos el proyecto más importante de la legislatura, como han dicho algunos portavoces, sin explicar el porqué de las prisas a última hora de la tramitación de este proyecto, el porqué de la introducción de la pena de cadena perpetua encubierta, o la supresión de las faltas.

Dicho esto, voy a entrar en la defensa de la propuesta de veto. Mi grupo parlamentario ha mostrado desde el principio su oposición al mismo por cuestiones sustantivas de fondo, porque este proyecto de ley profundiza en una determinada política criminal que se aleja del modelo que defiende mi grupo parlamentario y, en determinados aspectos, también se aleja de las tendencias en política criminal que otros países de nuestro entorno más directo están llevando a cabo. Consideramos que es una reforma que debe calificarse de populista, de electoralista, que no resolverá los verdaderos problemas de la justicia penal en España.

Tenemos que mostrar nuestro rechazo por la forma en que se ha tramitado este proyecto. Estamos ante una reforma exprés, totalmente inaceptable tratándose de un proyecto de ley de esta trascendencia, que afecta a gran cantidad de artículos del Código Penal y al conjunto del sistema penal. Este Gobierno y el grupo que le sustenta han utilizado este proyecto de forma totalmente partidista para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción, y lo hace precisamente a poco tiempo de unas elecciones. Una reforma del Código Penal como esta que abarca desde la supresión de faltas hasta la introducción de la prisión permanente revisable, pasando por cuestiones de muy diversa índole en la parte especial, merecía una tramitación pausada, serena, consensuada, todo lo contrario de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo.

Esta reforma exprés también ha supuesto que el Gobierno haya introducido importantes cambios en el texto inicial del proyecto de ley mediante las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que no han sido naturalmente informadas por el Consejo General del Poder Judicial, y que ya han quedado incorporadas en el informe de la Ponencia, tanto en el trámite del Congreso como en el caso de las 91 enmiendas introducidas en esta Cámara.

Aparte de estas cuestiones de forma, no podemos compartir la iniciativa por motivos de fondo. Este proyecto de ley no era necesario. Nuestra oposición se continúa fundamentando en lo que supone esta reforma, que es la construcción del nuevo modelo de Estado policial, apoyado en un derecho penal que se basa en la hipertrofia punitiva, y en el que los valores sociales y democráticos quedan en un segundo plano. Algo falla en la política penal del Gobierno del Estado cuando con reformas como estas se vulneran derechos constitucionales, conllevan una elevada inseguridad jurídica, suponen romper con el principio de intervención mínima, y no responden al principio del artículo 25.2 de la Constitución que dice que la finalidad de la pena es la reeducación y la reinserción social.

En los últimos años, desde 1995, se han llevado a cabo más de veinticinco reformas del Código Penal; veinticinco reformas en veinte años. Estas continuas modificaciones dificultan la ejecución de las penas impuestas a los condenados, suponen la imposible consolidación de los tipos penales introducidos en el Código Penal en cada reforma, y dificultan enormemente la planificación de los servicios de Administración de Justicia y la ejecución penal, dando siempre la sensación a todos los operadores jurídicos de que estamos trabajando en una permanente provisionalidad.

Este proyecto de ley es, de nuevo, una reforma profunda del sistema penal actual, articulada mediante varios elementos: en primer lugar, la incorporación de la prisión permanente revisable, reservada a delitos de excepcional gravedad. Mi grupo manifiesta nuestra más frontal oposición a la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de esta institución penal, que es de dudosa constitucionalidad, y que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. La única explicación que cabe imaginar para su inclusión es que responde a una demanda alimentada mediáticamente. Teniendo en cuenta que en nuestro Código Penal ya existen penas que pueden llegar a alcanzar los cuarenta años de prisión, es incomprensible que sea necesario llegar a penas más largas. Además, en el marco de nuestro sistema penal, tanto la cadena perpetua como la prisión permanente revisable, como se configura en este proyecto de ley, son una modalidad de privación de libertad indefinida, y a pesar de que se prevea la posibilidad de su posible revisión, entra totalmente en contradicción con la finalidad resocializadora y reinsertadora de las penas y con la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos.

La prisión permanente revisable puede llegar a ser permanente, puede llegar a ser cadena perpetua porque no tiene final, por la indeterminación. Esa incertidumbre vulnera en sí mismo el principio de seguridad jurídica e incumple el principio de legalidad. A pesar del elevado número de reformas, el recurso sistemático a la pena de prisión y a un aumento injustificado de la duración de las penas ha provocado, además, que España tenga la tasa de población penitenciaria más alta de Europa cuando el índice de criminalidad en España está por debajo del de la mayoría de países europeos. Eso parece bastante incomprensible si tenemos en cuenta que nuestra tasa de criminalidad —como ya se ha dicho— estaría en torno a 46 por cada 1000 habitantes. En cambio, en el resto de Europa todos los países superan esa tasa, pero no llegan a 100 penados por 100 000 habitantes.

En el Estado español resulta paradójico que teniendo una tasa de criminalidad baja, tengamos, sin embargo, la tasa de población reclusa más alta de Europa. Es evidente que la política criminal del Estado no es la adecuada y que en lugar de invertir en políticas preventivas prefiere invertir en políticas represivas.

En relación con el incremento de tipos penales, quiero dejar constancia también de nuestra oposición respecto de la supresión de las faltas del Libro III del Código Penal. Esta supresión está orientada, según la exposición de motivos del proyecto de ley, por el principio de intervención mínima. Se pretende dar respuesta a algunas de ellas mediante sanciones administrativas y civiles que cumplen con el objetivo de la eficacia de la justicia final. Aun así, que parecería correcto, algunas de las conductas que estaban descritas como faltas, conductas leves o levísimas, pasan a ser consideradas delitos. Otras de las conductas pasan a ser infracción administrativa. De las 39 conductas tipificadas como faltas existentes en el actual Libro III del Código Penal, solo 14 son suprimidas por el proyecto de ley. Hay una serie de conductas que no sufren ninguna variación en la acción típica, pero sí la sufren en su punición porque pasan a ser penadas como delitos. No conocemos el criterio que el Gobierno ha seguido para la supresión de algunas faltas y la conversión de otras en delitos. Hubiera estado bien, por ejemplo, que el ministro nos lo hubiera explicado en la presentación de la ley. La supresión de las faltas va a dificultar, además, que víctimas de algunos de estos supuestos puedan ser indemnizadas en algunas situaciones, obligándoles en muchos casos a acudir a un procedimiento civil al dejar sin efecto el que sería el auto de cuantía.

Para concluir, el espíritu de esta reforma es de un endurecimiento penológico extremo y con unos importantes matices ideológicos. Es más que evidente que la mayoría de fuerzas políticas representadas en esta Cámara no compartimos esta reforma. El Código Penal es, sin duda, una ley importante. Afecta a derechos fundamentales de las personas y requiere grandes dosis de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo, algo que desgraciadamente no abunda mucho en este momento.

Solicitamos, pues, el apoyo a este veto y anunciamos también que vamos a apoyar el veto de los otros grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta. Con la venia.

La primera grata sorpresa de ver aquí al ministro en la presentación, primera reacción de incredulidad, rápidamente se vio desvanecida con su exposición, no tanto por los minutos empleados, sino por el contenido de la misma.

Dos son los principales objetivos de la reforma: Uno, la prisión permanente revisable en el orden mismo de exposición del ministro y, dos, la lucha contra la corrupción. Luego, la primera conclusión es que el propio ministro hace una enmienda a la totalidad a la propia reforma. ¿Por qué razón? Porque no es verdad que esta reforma sea útil para la lucha contra la corrupción. Es más, en dos artículos, el 430 y el 432 —como ya dije en la Comisión de Justicia— las penas se bajan. Había unas penas previstas de inhabilitación y se bajan esas penas. ¡Qué fácil habría sido si se hubiese dicho, bien en el Congreso o bien en el Senado, que ha de haber un incremento general de todas las penas que tengan que ver con delincuencia de cuello blanco o la lucha contra la corrupción! Si usted dice eso, aumenta en un grado todos los tipos penales que tienen que ver con esta materia, y ya está. ¿Quién aquí o en el Congreso habría osado tomar la palabra para decir que está en contra?



Nadie. Es el segundo motivo de preocupación para todos los españoles en todas las encuestas que se hacen. La primera es el empleo y la segunda la lucha contra la corrupción.

Y sobre lo de la prisión permanente revisable, que es el primer argumento que ha esgrimido, ¡santo cielo, el primer argumento que ha esgrimido es incorporar esa pena! copian y copian mal. No es verdad eso que dicen: Hacemos lo mismo que hacen otros europeos. No es cierto. La media en Alemania es de diecinueve años, en Francia, de veintitrés. Y la revisión de la pena la hacen a los quince, a los dieciséis o a los diecisiete años: Alemania, Francia o Italia. No la hacen a los veinticinco años como aquí. Y menos mal que en el Congreso quitaron lo que estaba en el texto que mandaron del Gobierno, porque la habían puesto a los treinta y cinco años. Con nuestro ordenamiento, pueden estar cuarenta años. Cuando se argumenta: El Tribunal de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, en el artículo 3, en su aplicación ya prevé —no el 13, como se ha dicho, sino el 3— que esto se pueda hacer. No, hombre, no. Lo que sí plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que haya revisión en un tiempo determinado. Que no haya tanta indeterminación para que haya certidumbre en eso. En todos los campos, pero en el campo del Derecho Penal, aún más. Luego, si usted me pidiera que dijera solo tres palabras respecto a esta reforma, diría, primero, que es inútil, porque no consigue el objetivo de lucha contra la corrupción. Porque en la exposición de motivos se dice una cosa, da la impresión de que el autor es uno —por cierto, de veintidós páginas, y es que hacen falta muchas páginas para explicar esto; la reforma del año 1995 tenía dos páginas —no hacía falta usar tanto la retórica para explicarlo—, pero ¿qué es lo que hacen? Veintidós páginas para explicar un conjunto de objetivos que luego en el desgranado del texto, de la propuesta, es distinto. Uno parece el autor de la exposición de motivos y otro el autor del articulado. Luego, el primer asunto, la inutilidad. Si lo que se quería era luchar contra la corrupción, es muy sencilla la propuesta que les estoy haciendo: Incremento generalizado de todos los tipos que tienen que ver con la corrupción. Nadie se podía haber opuesto a eso. Sin embargo, insisto, baja la pena en el cohecho impropio y en la malversación.

Segundo. No solo es que sea inútil, es que es innecesaria; es innecesaria. El código vigente, con la reforma profunda que se hizo en el año 2010, que aprobaron todos los grupos menos el Partido Popular, entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. En la práctica, el 1 de enero, puesto que eran navidades; 2011 es el único año en que ha estado en vigor al completo, porque ya en 2012 el Gobierno manda un texto al Congreso de los Diputados. ¿Ha habido sentencias del Supremo? ¿Ha dado tiempo para que se aplicase? No. Y yo hago míos un conjunto de argumentos que han expuesto los otros oradores. No es verdad lo que dice la exposición de motivos —lo dije en la Comisión de Justicia y lo subrayo hoy—: Como es el texto del año 1995, el tiempo ha pasado y hay que hacer reformas. ¡Si ha tenido treinta reformas! No es verdad eso. Analice solo la reforma de 2010 hasta ahora. ¿Y qué evalúa? La aplicación del año 2011. ¿Alguna corriente jurisprudencial, algún comentario de la doctrina, alguna escuela de Derecho Penal que asuma esta reforma? Hay un profesor de Derecho Penal, cualificado, al que conozco y aprecio, entre otras cosas, porque estuvo un tiempo en Canarias y sabido es que el que pasa un tiempo en Canarias se humaniza, que, a pesar del aprecio que siento por él, si hubiese metido mucha más baza sería un texto mucho más humano, porque, francamente, no lo es. Luego, no solo es que sea inútil, es que es innecesario.

Y hay algo más, por seguir con la partícula «in», que es injusto. Es injusto que cualquier trabajador en España que recibe un dinero por hacer algo, por ejemplo un euro por pintar, hacer una obra o una chapuza, cometa fraude si está recibiendo una subvención pública. Y es verdad que lo es, pero ¡santo cielo, compare ese euro con el delito fiscal que exige 120 000 euros para hablar de ello! Entonces hoy, ¿a qué se debe esa comparación? No tiene sentido. Nosotros llevamos tiempo insistiendo —lo que pasa es que no lo conseguimos, aunque lo intentamos en la reforma del 2010, en aras de tratar de conseguir el máximo apoyo— en la conveniencia de usar la cantidad de 50 000 euros. Es la que se usa en el conjunto de la Unión Europea para plantear fraudes en la Seguridad Social o en subvenciones públicas, en las finalistas, las que se dan por un objetivo determinado y no se usan para tal fin concreto.

De ahí las expresiones inútil, innecesario e injusto. Doy por asumido —y en términos clásicos hago la gracia de no volver a repetirlo— lo de la tasa de criminalidad, por ser tan reiterado. Son datos del Ministerio del Interior. Si ustedes cogen todas las intervenciones del pasado año en comisión —y algunas han sido citadas aquí—, que subrayan los datos del Ministerio del Interior, verán que hablan de un 46 %. Cuando se refieren a la tasa de criminalidad hablan de un 46 %. Si lo comparan con lo que hay en Alemania, un 72 %, o en el Reino Unido, un 73 %, verán que hay una gran diferencia. En veinte años la población española ha aumentado un 20 %, sin embargo, la población penitencia se ha incrementado un 130 %. No sé cómo es posible que sin que nadie lo plantee ustedes sí lo hagan. Y hablo de nadie que base su justificación en el conocimiento, no que ciertas personas, las víctimas, algunos padres y madres, por experiencias familiares traumáticas, hayan estado haciendo campaña por toda España a favor de la cadena perpetua. Para mí esas personas tienen todo mi respeto y todo mi cariño. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de quienes, al amparo de eso, se plantean otras cosas: contratación como asesor jurídico, como asesor político, blablablá... A mí eso ya no me parece tan respetable.

Lo que no se entiende es por qué razón, si nadie lo demandaba, se plantea. En España las sentencias por homicidio y asesinato han bajado un 43 %. ¿Entonces por qué razón se incrementa la pena tres y cinco años más? Se podría entender si el dato sociológico fuera que han aumentado los homicidios y los asesinatos. Se puede usar la expresión de Franz von Liszt, que planteaba lo de la prevención general, es decir, que a toda la población se le advierte de que no haga algunas cosas porque puede tener la pena prevista en el Código Penal. Luego está el argumento de la prevención especial, que aquel que ha cometido ese hecho durante equis tiempo no pueda volverlo a hacer porque esté en prisión. Pero, en términos de prevención general, si ha disminuido en un 43 %, ¿por qué razón se hace ese incremento? No tiene un fundamento racional.

Y, claro, cuando a uno no le dan un fundamento racional, tiene que ponerse a evaluar y reflexionar. Fíjense ustedes en las materias que tratamos en el Pleno de hoy: el conjunto de materias cierran una especie de círculo infernal de lo que ha sido la legislatura. ¿Por qué razón? Porque se privan derechos y servicios y se cuestiona, ahora, el ejercicio de libertades y de derechos de participación democrática. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que se plantea con un conjunto de derechos, como los de los artículos 318 o 559, citado antes? ¿Qué es lo que se plantea? La intimidación. Al que discrepa, al disidente, al que contesta lo que está pasando se le dice: ¡ojo, que ahora la pena es muy superior! Les digo más. La misma figura del atentado estaba prevista para el que hacía una actividad contra el agente de la autoridad y, sin embargo, ahora incluso el que se queda sentado en el suelo, en la calle, o en una carretera, que está quieto, pasivo, no hace nada y no hace caso al policía, se entiende que eso es un atentado. Y por eso dejan resistencia grave y quitan lo de activa o pasiva, porque antes era muy importante la resistencia activa grave, es decir, el que no lo acepta e intercambia golpes con el agente de la autoridad.

En materia de desórdenes, en materia de atentados, en materia de desobediencia hay una especie de extensión urbi et orbi del propio concepto de autoridad. Antes decía un compañero, con toda razón, que no todo el que usa un uniforme es autoridad. Hay que tener un concepto restringido en un sistema democrático de lo que es autoridad a la hora, insisto, de plantearse la pena.

¿Qué argumentos utilizar? Podemos hablar de las faltas. Ahí hay un truco tramposo. No es verdad eso de que desaparecen las faltas. No es verdad. De 39, solo 14. ¿Las otras qué son? Delitos leves. Y algunas de ellas ¿dónde las colocan? En el ámbito administrativo. ¿Son las mismas las garantías que tenemos en el ámbito administrativo o en el ámbito penal? Si quieren, podemos analizarlo con detalle. El ius puniendi en el ámbito penal tiene un contenido de garantías que no tiene en el ámbito administrativo. No, no la tiene. En el ámbito administrativo quien instruye cualquier procedimiento sancionador es un funcionario. Todos los funcionarios están sometidos al principio de jerarquía, lo pueden ver ustedes en el artículo 103.1 de la Constitución:» La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Primer principio eficacia, el segundo jerarquía. Los que instruyen los procedimientos sancionadores en una Administración pública son todos funcionarios, sometidos al principio de jerarquía. Los que instruyen todos los delitos y las faltas en España hasta ahora, excepto en el ámbito de menores, que son los fiscales, excepto ahí, en el resto son todos jueces y, como ustedes saben, el artículo 117 de la Constitución dice: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Luego en el ámbito administrativo son dependientes, sometidos al principio de jerarquía; en el ámbito penal, son jueces, integrantes del Poder Judicial que son independientes. Ya ni siquiera voy a seguir con otro conjunto de datos en torno a las garantías. Con este me parece que es suficiente. Podemos hacerlo con detalle, pero ya no me queda mucho más tiempo.

Querría hablar de las coacciones, querría hablar de la corrupción. Lo de las personas jurídicas es una cosa, perdonen la expresión, que resulta patética. En esta ocasión, sí. Como estaba el código, se plantea la responsabilidad en quien tiene el poder de decisión, quien tiene el poder de mando, quien sí puede resolver. Esa expresión, y cogimos el Código Penal italiano para comprobarlo, esa expresión que importa…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señora.

Esa expresión que proviene de ahí, en la práctica, en catorce años, no ha generado mayor jurisprudencia. Si quitan esa expresión y ponen: el que pueda representar, es algo más genérico, más indeterminado, que en el ámbito de la lucha contra la corrupción va a generar una mayor indeterminación y, por lo tanto, condiciones de perseguibilidad muchísimo más reducidas.

Querría hablar en el ámbito del delito fiscal de las medidas de seguridad y de la oficina de recuperación de activos, pero como no quiero, porque respeto a la señora presidenta, que me llame al orden, prefiero dejarlo aquí, porque luego habrá alguna otra oportunidad de seguir sacando una torrentera de argumentos que no serán respondidos, como siempre, sino que harán una descripción de los contenidos previstos en el texto.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Quisiera comenzar con dos cuestiones previas: la primera, tal y como han hecho el señor ministro de Justicia en la presentación de la norma y los senadores Saura y Bildarratz es sumarme, en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, a ese recuerdo y a ese homenaje sentido a las víctimas del terrorismo un día como hoy, 11 de marzo, un día que está grabado a fuego en la memoria de todos los españoles.

En segundo lugar, han sido varios los ponentes que han señalado respecto a la asistencia del ministro que sí, que está perfecto, pero que su intervención ha sido breve. Ustedes conocen que en el orden del día de este Pleno este proyecto de ley no estaba inicialmente previsto para el día de hoy sino para el último día. Pues bien, el ministro ha hecho un esfuerzo para cambiar su agenda y poder estar hoy aquí para hacer la presentación de la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal. Desde luego, mi grupo parlamentario le agradece el esfuerzo que ha hecho porque resultaba verdaderamente complicado cambiar la agenda que tenía. Así es que, por nuestra parte nuestro agradecimiento por haber estado aquí para la presentación de la reforma de nuestro Código Penal, creo que la más importante y más intensa que se va a llevar a cabo desde el año 1995. Código Penal que, como señalaba el senador Iglesias Fernández, debe tutelar por esos valores o principios básicos de la convivencia social, una expresión que está en la exposición de motivos del Código Penal de 1995. Cuando esos principios cambian y evolucionan, este instrumento normativo que establece la estructura y los límites del poder punitivo del Estado y también la estructura y los límites de los derechos de los ciudadanos también debe cambiar y adaptarse. A pesar de lo que todos ustedes han señalado, este es el motivo fundamental por el que hoy estamos debatiendo en esta Cámara la reforma del Código Penal.

Senador Díaz Tejera, una reforma útil, necesaria y justa, una reforma profunda a la que sus señorías han adjudicado una serie de etiquetas, desde el populismo punitivo, la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, el endurecimiento general de las penas, la criminalización de la protesta social, esa pretendida tibieza contra la corrupción, hasta las críticas sobre cómo se lleva a cabo el procedimiento de tramitación del proyecto de ley, unas etiquetas que cuando se entra en un análisis más detallado del fondo, del contenido de la norma y de cuál ha sido su procedimiento de tramitación, sencillamente se diluyen o desaparecen.

Nos gusta explicar la reforma. Por eso la exposición de motivos es tan larga. Creemos que es importante explicar adecuadamente una reforma tan importante del Código Penal teniendo en cuenta la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Y, desde luego, al menos esta senadora está aquí para explicarla, defenderla y responder motivadamente a los argumentos o al menos a la mayoría de los que sus señorías han destacado en la defensa de sus vetos.

En primer lugar quiero señalar que por mucho que lo repitan no se hace realidad que esta reforma sea fruto del populismo punitivo, lo dije en comisión y lo repito ahora. Esta reforma no es reacción inmediata a una problemática social que haya tenido una repercusión mediática en un momento determinado. Nosotros creemos que la reforma del Código Penal debe estudiarse con calma, debe reflexionarse y debe llevarse a cabo de una manera meditada, y nuestro partido político ha meditado esta reforma desde hace muchos años.

En la anterior reforma, la del año 2010, durante la legislatura socialista, ya nuestro grupo parlamentario explicó que era partidario de una reforma más profunda y pidió la inclusión de la prisión permanente revisable, una reforma —se lo recuerdo, senador Díaz Tejera— que no votamos pero que tampoco vetamos por sentido de la responsabilidad. Una reforma que no es populista pero que sí cuenta, en especial en lo que se refiere a la introducción de la prisión permanente revisable, con el apoyo de los ciudadanos. Dos de cada tres ciudadanos apoyan la introducción de la prisión permanente revisable en nuestro sistema de penas. Y yo creo que no debe ni menospreciar ni banalizar lo que han sido en nuestra sociedad reclamaciones sociales y manifestaciones espontáneas de los ciudadanos. Sí que hubo una recogida de firmas, por cierto, por parte de víctimas de delitos gravísimos, que llegó a sumar 1,6 millones pidiendo la introducción de la prisión permanente revisable y, repito, yo creo que eso no se puede menospreciar ni banalizar. Ese apoyo ciudadano

se basa en la conciencia, o al menos es por lo que nosotros hemos asumido el compromiso de introducir la prisión permanente revisable, de que en ocasiones, la excarcelación de los responsables de delitos tan excepcionales y tan graves —parece que estamos hablando de la prisión permanente revisable como si fuera a ser genérica para todo tipo de delitos, cuando está prevista para un número de gravísimos delitos tasados—, son los que generan una mayor conmoción y una mayor alarma social.

Como decía, ese apoyo a la introducción de la prisión permanente revisable se basa precisamente en la conciencia y en la consciencia de que, en ocasiones, la excarcelación o la puesta en libertad de los responsables de estos delitos gravísimos no se han reconciliado previamente con la sociedad. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Como hay que tener en cuenta que la reivindicación social o la reclamación social mayoritaria, por supuesto que no es, senador Montilla, un endurecimiento general de las penas. ¡Claro que no piden o apoyan los ciudadanos un endurecimiento general de las penas! Lo que piden es una distinción penal entre aquellos delitos que son más graves, que son precisamente los que se van a penar con la prisión permanente revisable, desde el punto de vista de que se trata no solo de la gravedad del delito, sino también de que los autores son precisamente los más difícilmente reinsertables o reeducables, y de dar una respuesta penal adecuada a la culpabilidad, no a la peligrosidad sino a la culpabilidad en este tipo de delitos, pero todo ello sin que sea ni perjuicio ni impedimento para que en otro tipo de delitos menos graves sí que se puedan flexibilizar los sistemas de sustitución de penas o la suspensión de las penas privativas de libertad en aras también a facilitar esta reeducación o reinserción social de los autores de estos delitos. Y eso es el núcleo de esta reforma, eso es lo que apoya mi grupo parlamentario y eso es lo que ha querido hacer el Gobierno del Partido Popular trayendo a las cámaras este Código Penal.

¿Se trata de un retroceso democrático incluir la prisión permanente revisable? Yo creo que el derecho penal de un Estado democrático debe apoyar o reafirmar esos valores principales de la convivencia social de los que hablé al comienzo de mi intervención, debe sustentarse también en la conciencia jurídica general de la sociedad y debe contar con apoyo, con consenso de los ciudadanos. Realmente sí que considero que esta reforma cumple estos tres requisitos, al menos esa es la percepción que tenemos desde mi grupo. Y lo que les puedo decir, además, es que este tipo de reclamaciones de la sociedad, desde luego, nosotros no queremos ni podemos ignorarlas, y no es que sea una realidad que se haya dado exclusivamente en nuestro país, sino que se ha dado en otros países de nuestro entorno, en donde es verdad que la prisión permanente revisable está extendida en el ámbito del derecho comparado europeo. Esta, desde luego, es una cuestión a la que volveré más adelante.

También han cuestionado sus señorías la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Por supuesto, estamos en contra de ese argumento; además, no es que estemos solos nosotros en contra, es que la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el supremo órgano consultivo del Estado que es el Consejo de Estado, y no lo ha hecho solo en relación a esta reforma, sino que lo hizo con anterioridad con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sus señorías han fundamentado esta inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable en su carácter inhumano y degradante y, sobre todo, en la lesión del carácter de reeducación o resocialización que le corresponde a todas las penas en nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a la imputación del carácter inhumano y degradante, olvidan ustedes o desdeñan, en este caso, algo que en otras situaciones, en otros debates he escuchado que alaban —supongo que porque en esos momentos sí que servía de sustento a sus argumentos y hoy no—: la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo ha reiterado, además de forma contundente y en diferentes resoluciones, que la prisión permanente revisable es acorde al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe precisamente a los Estados miembros la imposición de penas inhumanas, y no solo el artículo 3, sino que es acorde a todos los preceptos de dicha Convención Europea de Derechos Humanos. En este mismo sentido, el Consejo de Estado español asume también que se trata de una pena plenamente constitucional sobre la base de dos postulados: por una parte, porque el tiempo de cumplimiento de la condena de cara a la liberación provisional es acorde, es proporcional —ahí es donde radica la eficacia de cualquier sistema de penas del derecho penal en general— a la gravedad del delito, a la culpabilidad. Vuelvo a hablar de culpabilidad no de peligrosidad. Y, por otra, porque el penado puede conocer con certeza —con el mismo grado de certeza que en otras penas— el tiempo que ha de permanecer privado de libertad, de cara a su liberación, y lo puede conocer con el mismo grado de exactitud porque la liberación está condicionada a su propia colaboración y al pronóstico de su reeducación y reinserción.

El proyecto de ley que hoy traemos a la Cámara define adecuadamente todos los contenidos de la prisión permanente revisable: en qué supuestos excepcionales y gravísimos se va a aplicar, cuál es el plazo, a partir de qué momento el penado va a poder acceder a algo que sus señorías tampoco han citado hoy, como son los permisos o el tercer grado —que también existe en la prisión permanente revisable—, o a partir de qué momento puede acceder a la libertad, así como todos los mecanismos de control sobre la posibilidad de reinserción del penado. Por tanto, no es cadena perpetua, es plenamente constitucional, y ello porque es revisable y porque existe un horizonte de libertad que el penado puede conocer desde el momento de la imposición de la condena.

Respecto a la prisión permanente revisable, tanto yo personalmente como mi grupo estamos a favor de la introducción de esta pena. Pero es que, además, tengo la práctica seguridad de que hay senadores en los escaños que también están a favor de la introducción de la prisión permanente revisable en nuestro sistema de penas. Yo podría entender la discusión en torno a cuál debe ser el plazo que se ha de permanecer en prisión, si quince, veinte o treinta años —por cierto, senador Díaz Tejera, creo que en Italia se establecen veintisiete años como mínimo; usted me ha hablado de todos los países donde el plazo es menor, pero no de aquellos donde es mayor—; podría entender la discusión acerca de cuál debe ser el plazo de permanencia privado de libertad hasta que se pueda iniciar el proceso de revisión de la pena, pero no el hecho de la introducción de la pena en sí. Estamos hablando de delitos gravísimos y esta es una pena proporcional a la culpabilidad. Asimismo, estamos hablando de delitos que no solo atentan contra nuestro orden de valores, sino contra nuestro orden constitucional.

Otro de los argumentos que han señalado sus señorías es que la reforma establece un endurecimiento general y gravoso de las penas. Tampoco estamos de acuerdo. Esta reforma no se instala en un clima punitivista generalizado, pero sí establece un nuevo equilibrio entre la respuesta penal ante los supuestos de criminalidad grave o de multirreincidencia y los casos de pequeña delincuencia —penados primarios o personas condenadas a penas cortas—, para los que ofrece nuevas posibilidades, es muchísimo más flexible y es más fácil llevar a cabo un proceso de reeducación o de reinserción social. Así, se unifica el sistema de suspensión de las penas y se flexibiliza también la sustitución. Y les cito lo siguiente: concede mayor discrecionalidad y flexibilidad al juez para valorar cuándo los antecedentes penales han de ser considerados suficientes como para que no se pueda conceder un beneficio penitenciario o una libertad condicional, algo que con la actual regulación es muy rígido. Asimismo, se flexibiliza la sustitución de condenas privativas de libertad por otro tipo de condenas, frente a la rigidez de la situación actual, o la posibilidad de que estos penados primarios con penas cortas puedan acceder a la libertad condicional antes —al cumplimiento de la mitad de la condena— que con la regulación actual —que lo establecía en dos terceras partes—.

Este es precisamente uno de los aspectos más radicales de la reforma y yo creo que, en modo alguno, a la vista de lo que les acabo de exponer, se puede tachar esta reforma de vengativa o centrada en el reproche. Desde luego, no hemos pasado de un Estado social a un Estado penal, sino que hemos establecido un sistema más equitativo, tanto con la criminalidad grave —siendo más riguroso— como con la pequeña criminalidad —introduciendo medidas importantes de flexibilización y para poder acceder a la libertad mucho antes—.

Otra de las cuestiones que sus señorías han destacado es la crítica a la desaparición de las faltas penales del Libro III. Señorías, en esto hay un consenso bastante generalizado, tanto en el ámbito de los juristas, en la doctrina —incluso podría haberlo en esta Cámara—, en torno a que la desaparición de las faltas es algo positivo. Yo he podido leer propuestas de todo tipo, incluso una que decía: quitemos todas las faltas y convirtámoslas en delitos. Yo creo que la desaparición de las faltas penales sí genera un cierto consenso; ahora bien, el disenso aparece cuando determinamos qué faltas penales desaparecen y qué faltas penales continúan en el Código Penal. Y es verdad, este es un escenario que puede dar lugar al debate. Nuestro Gobierno lo que hizo fue examinar rigurosamente las faltas penales existentes, ver aquéllas que por la gravedad requerían o debían continuar requiriendo un reproche penal, que son las que se han convertido en delitos leves, y otro número de ellas pasan a ser o bien infracciones administrativas o se pasan no sé si a perseguir, pero sí a que se vean en el ámbito de la jurisdicción civil.

De estas dos posibles vías de salida de las faltas penales del Código Penal, la que ha generado algo más de polémica es precisamente qué parte de estas faltas penales pasan al derecho administrativo sancionador. En modo alguno se crea un Estado policial, senadora Rieradevall, en modo alguno. Como sabe, la última ratio del derecho sancionador es el derecho penal y, en modo alguno, trasladar conductas o acciones del Código Penal al derecho administrativo sancionador se puede considerar como algo más regresivo. En todo caso, se puede hablar de una respuesta más eficaz pero no más regresiva ni más rigurosa; una infracción administrativa es siempre menos rigurosa que una sanción penal. También se señalaba el reproche penal. (Denegaciones del señor Díaz Tejera). Sí, señoría, el reproche penal. A lo mejor lo que hay que cambiar son las normas administrativas, pero el reproche penal siempre es más riguroso que un reproche administrativo, diga usted lo que diga; siempre. Además, le voy a citar las palabras de un ministro de Justicia que conocerá, el señor Fernández Bermejo, que decía algo similar a esto —porque no tengo la cita exacta—: los mecanismos sancionadores con los que cuenta la Administración son más eficientes —creo recordar—, son suficientes y más eficientes o eficaces —no recuerdo la palabra exacta— que los que tiene el derecho penal; es decir, que incluso en sus filas hay gente partidaria de reconducir determinadas conductas del derecho penal al derecho administrativo, porque el derecho penal es la última ratio; el derecho administrativo no lo es.

Tampoco comparto —bajo ningún concepto— que se diga que hay una merma de derechos; no hay ninguna merma de derechos. Usted citó el artículo 103 de la Constitución, pero se le olvidó recalcar «con ob-je-ti-vi-dad». La Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y los funcionarios públicos sirven con la misma objetividad a los intereses generales. Los principios a los que está sujeto el derecho administrativo sancionador son idénticos a los que está sujeto el derecho penal: el principio de legalidad, tipicidad, non bis in ídem, la separación de las fases que corresponden a autoridades distintas. Todos los principios son comunes. Y, a mayores, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, hay recurso en vía administrativa y recurso en vía contencioso-administrativa ante un juez imparcial; pero los funcionarios sirven con objetividad a los intereses generales y, cuando aplican el derecho administrativo sancionador, quizás hasta lo hacen con más objetividad. (El señor Díaz Tejera: ¿Más que el juez?). Repito: con objetividad; le estoy diciendo que después cabe recurso administrativo, recurso contencioso-administrativo.

Otro de los aspectos más destacados —en los que sus señorías han insistido con frecuencia— es que se establece una criminalización de la protesta social, algo que también rechazamos.

Señorías, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el orden público, la paz pública, la denominación que le quieran ustedes atribuir, es un valor y es la garantía del ejercicio pacífico, del ejercicio en libertad de los derechos individuales, de los derechos fundamentales, y que estos derechos fundamentales son límites infranqueables. Y esta reforma en ningún caso está estableciendo límites penales al ejercicio de derechos fundamentales. Y, cuando digo en ningún caso —lo vuelvo a reiterar—, es en ningún caso. Se define con mayor precisión el delito de alteración de orden público porque, además, es cierto que había ciertos problemas de tipicidad y de concursos reales —además, si no recuerdo mal, la definición actual fue fruto de una transaccional en el Congreso—, y se define o se establece como agravante, entre otras, el que se cometa una alteración del orden público durante o con ocasión de una manifestación o reunión pública.



Y el mismo agravante se prevé en el atentado contra la autoridad. Pero en ningún caso se está tipificando ni la manifestación, ni la reunión, sino el atentado contra la autoridad o la alteración del orden público. Esto es lo que se tipifica, nada más, la comisión de un delito de atentado contra la autoridad o de alteración del orden público. Tampoco se tipifica la convocatoria de una manifestación pacífica, como he podido leer estos días. No, lo que se tipifica es la incitación a la comisión de estos delitos. No se tipifica —o no se ponen límites penales— con la reforma, en ningún caso, a los derechos de reunión, manifestación o de expresión.

Además, respecto a las faltas de orden público, excepto dos, que se convierten en delitos leves, es cierto que las demás desaparecen del ámbito del derecho penal. Y sigo diciendo, reproche penal es siempre más riguroso que el reproche en vía administrativa o el reproche que puede dar lugar en la aplicación del derecho administrativo sancionador. Solo permanecen dos como delitos leves, el resto desaparece del Código Penal.

En cuanto a la corrupción, ¡claro que las normas que incorporamos son útiles! Llevamos incorporando normas útiles para luchar contra la corrupción desde el principio de la legislatura. Le puedo citar la Ley de transparencia; la Ley de financiación de partidos políticos, que ya se modificó y se va a modificar en este Pleno; la Ley del estatuto básico del empleado público; la modificación del Código Penal que se hizo en el año 2012 para perseguir esos delitos de fraude contra la Seguridad Social o de fraude contra la Agencia Tributaria —graves, sí— y de una manera efectiva. Pero esa reforma se hizo en el año 2012, no se hace ahora; se hizo en el año 2012. ¿Tibieza contra la corrupción? De ninguna manera. El senador Saura hablaba aquí de que no siempre es positivo un pacto de Estado en todas las materias y en todos los ámbitos. En esta materia a nosotros sí nos hubiera gustado un pacto y me refiero en especial al Grupo Parlamentario Socialista. Pero ustedes pusieron todos los «peros» que quisieron a esta materia, quizá porque preferían utilizarla como arma arrojadiza en la arena política que realmente llegar a un acuerdo con nosotros para buscar una solución común contra la corrupción, que es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Y, por supuesto, nosotros hemos asumido esa tarea en solitario. Y en este Código Penal, como en la reforma anterior, introducimos medidas importantes para luchar contra la corrupción. Muchas medidas importantes: refuerzo de la punición; la generalización de la inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público, incluso, en algunos casos, la inhabilitación especial para sufragio pasivo; se amplían también los plazos de prescripción de los delitos más graves; se introducen nuevas figuras delictivas en el caso de la financiación de los partidos políticos. Además, se introduce algo que es esencial y que es una modificación importante para lograr la recuperación de activos fruto de la corrupción y creemos además que es lo más efectivo para luchar contra la corrupción, como es el decomiso o la creación de esa oficina de recuperación de activos.

Termino ya hablando de los aspectos procedimentales. Nos han acusado prácticamente de llevar a cabo la tramitación de este proyecto de ley incumpliendo todos los requisitos procedimentales. Yo creo que el senador Saura hablaba incluso de burla parlamentaria. Mire, nada más alejado de la realidad. El proyecto inicial de Código Penal se llevó a informe del Consejo General del Poder Judicial, se llevó a informe del Consejo Fiscal, hicieron recomendaciones y esas recomendaciones se incorporaron al texto, siguió informe del Consejo de Estado, luego fue al Congreso de los Diputados, donde, a través del ejercicio legítimo del derecho de enmienda parlamentaria, se incorporaron una serie de novedades. Y ahora está aquí, en esta Cámara, y se incorporarán nuevas novedades. Yo no sé si la enmienda parlamentaria es una burla parlamentaria. Yo creo que no. Yo creo que la enmienda parlamentaria es un derecho que nos asiste a todos los parlamentarios y que es fruto de una frase que me encanta: es fruto de la autonomía de las Cámaras y pone de manifiesto la plenitud del ejercicio de la potestad legislativa. Tampoco hemos hurtado controles. De hecho, tienen a su disposición, yo creo, el control más importante que existe respecto a las normas que aprobamos en las Cortes Generales, que es el del Tribunal Constitucional.

Ya para terminar les diré que en septiembre de 2013, el Gobierno puso la primera piedra, aprobó el proyecto inicial del Código Penal, un proyecto inicial que después de esos informe preceptivos se remitió a las Cortes Generales, con la invitación a todos los grupos políticos para que formulasen enmiendas y contribuyesen con su trabajo y sus aportaciones al perfeccionamiento de esta norma, al perfeccionamiento del Código Penal.

Se incorporaron muchas enmiendas en el Congreso de los Diputados —ya se ha dicho—, más de 300, lo que afectó prácticamente a un 37 % del contenido del Código Penal. Hoy en esta Cámara —sé que todavía se está negociando— se incorporarán otras nuevas. No sé quién ha dicho —me van a disculpar— que estamos solos. Creo que no es así, que lo estamos haciendo entre todos. Sé que ustedes van a votar a favor de los siete vetos; les pediría que los retirasen, aunque no tengo muchas esperanzas de que lo hagan. Pero creo que el Código Penal que va a salir de esta Cámara va a ser un Código Penal en el que habremos participado todos, en mayor o menor medida.

Creo que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos tenido la mano abierta, no sé si a buscar consensos en todas las materias, porque es verdad que hay cuestiones en las que es difícil llegar a consensos por los diferentes puntos de partida que tenemos, pero sí en muchas. Les voy a poner un ejemplo: respecto a toda la regulación de las medidas de seguridad, se intentó encontrar un consenso y, como no se obtuvo, se retiró. Y creo que esa es una muestra bastante contundente de la mano tendida que hemos tenido para llegar a acuerdos respecto el contenido de este Código Penal, que, a pesar de sus vetos, creo que va a ser fruto del trabajo de todos. Si el Código Penal del año 1995 fue el Código de la democracia, creo que este va intensificar ese contenido democrático, porque, de verdad, estoy convencida de que es el Código Penal que quieren los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra la senadora Mendizabal, en un turno compartido.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.

Anuncio que Amaiur va a votar en contra de la cadena de medidas represivas que se están presentando en este Pleno, porque, señorías, en este Pleno asistimos a la tramitación en bloque de una serie de medidas englobadas en una gran contrarreforma que está llevando a cabo este Gobierno. Hemos visto la reforma laboral, hemos visto la reforma educativa, la reforma sanitaria, la de las pensiones, la de la administración y ahora toca la contrarreforma reaccionaria a los derechos y libertades. (Rumores). Asistimos al intento del Gobierno de acallar la reacción ciudadana... (Rumores). También quieren acallar la voz de esta senadora ante estas políticas antisociales. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Parece ser que la única forma de actuación que conoce este Gobierno es la vía de la imposición, la vía de la represión y de una forma totalmente autoritaria, seña de identidad de un Gobierno antidemocrático pero también de un Gobierno decadente. En vez de aproximarse a todas estas protestas, a estas manifestaciones, a estas huelgas con ánimo de buscar las causas de todos estos conflictos y actuar sobre las mismas dialogando, negociando, sentándose aunque fuera para escuchar, siempre han adoptado la postura de la imposición, y todo ello contraviniendo el espíritu que llevó a la elaboración del Código Penal de 1995, centrada en la búsqueda de alternativas a la prisión, por ejemplo, como es el caso del arresto domiciliario, los servicios a la comunidad, etcétera. Además, hay que volver a recordar que las cifras tampoco avalan la necesidad de adoptar estas medidas. Deberíamos preguntarnos qué está en la raíz de estas actuaciones, cómo se puede explicar que con un índice delictivo de los más bajos de la Unión Europea, sin embargo, se tenga el sistema carcelario penal más punitivo de toda Europa. Porque esta reforma consiste única y exclusivamente en eso, en endurecer todas las medidas penales y represivas. ¿En qué mente cabe esto, señorías? Esto recuerda más a tiempos pasados. Las cárceles están llenas de pequeños delincuentes. Es un hecho que se castiga mucho más al pequeño delincuente que al gran defraudador urbanístico o fiscal.

Como decía el compañero Joan Tardà en el Congreso, nos encontramos con un Código Penal de derechas pero no de derechos. Se crean nuevos delitos, nuevas penas contra los manifestantes e incluso se castiga la resistencia pacífica. La cadena perpetua vuelve al Código Penal disfrazada como prisión permanente revisable, como ahora se llama. Los principios de seguridad jurídica, legalidad y determinación de la pena ceden espacios frente al de arbitrariedad con sus medidas. Junto a ello, también se produce un alargamiento de las penas, mayores dificultades para conseguir la excarcelación de la gente, una generalización de la libertad vigilada y el incremento de las medidas de seguridad consistentes en la privación de libertad.

En opinión de mi grupo y en opinión de Amaiur se está degradando profundamente el andamiaje jurídico-penal, donde se delimita primero quién es el delincuente, muchas veces además con criterios policiales, y a partir de ahí, se hace un traje a medida para definir el delito y se persigue a las personas con este tipo de argumentación. Se consolida lo que llamamos el derecho penal de autor. Se define cuál es el sector social a perseguir y, en función de ello, se hace un traje a la medida del delito y se persigue a todas estas personas.

En Euskal Herria ya hemos vivido y padecido esta forma perversa de aplicación jurídico-penal, donde cada vez se ha perseguido a un sector de la población más amplio, a un sector político, a un sector social y a un sector cultural, y se han endurecido las penas para quienes pertenecían a este sector.

Por todo ello, evidentemente vamos a votar a favor de todos los vetos presentados y en contra de esta ley.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño.

Insisto. Era yo quien decía que ustedes estaban solos en esta reforma, una reforma que no se sustenta en la protección de bienes jurídicos colectivos. No hablamos de derecho penal moderno. Lo he dicho antes y lo repito.

¿Dónde están los estudios que avalan la necesidad de la reforma del Código Penal? ¿Dónde están los estudios que avalan la necesidad del endurecimiento de las penas? No existen; y ni cuando ustedes aluden al CIS aciertan, porque lo que dice es que lo que preocupa a la ciudadanía es el paro y la corrupción, y por lo que respecta a la corrupción, tampoco en esta reforma inciden ustedes donde deberían.

Insisto también en que esta nueva regulación, la regulación de la cadena perpetua mediante la utilización de esta nueva terminología de pena de prisión permanente revisable, infringe los artículos 25 y 15 de la Constitución española, porque, en definitiva, una pena indeterminada revisable permanentemente no persigue las finalidades del artículo 25. Y si no, expliquen cómo van a conseguir que sea compatible lo que ustedes pretenden con lo que dice y reconoce la Constitución en su artículo 25 y también en el 15, cuando sanciona y prohíbe las penas inhumanas y degradantes. Y la cadena perpetua es una pena inhumana y degradante. Díganme ustedes si cuarenta años de prisión no es una pena degradante e inhumana. ¿Les parecen pocos años? Es prácticamente la mitad de una vida.

Insisto, son duros con los débiles y complacientes y sumisos con los delincuentes de cuello blanco. Doble rasero de medir, por ejemplo —y antes aludía a ello el portavoz del Partido Socialista Obrero Español—, con el fraude a la Administración pública. Para un fraude a Hacienda se exige una cuantía mínima: 120 000 euros. En el fraude a la Seguridad Social, es decir, al que trabaja en B y cobra el paro —algo efectivamente recriminable y reprochable penalmente—, se le persigue desde el primer céntimo de euro del fraude que comete. Doble rasero, e insisto, dóciles y sumisos con los delincuentes de cuello blanco. Será por aquello de que tienen afectos y efectos comunes.

Y ustedes se olvidan —insisto— de introducir en el Código Penal la banalización, la apología, el enaltecimiento del franquismo, del fascismo, del nacismo, del falangismo y del nacionalcatolicismo. Por algo debe ser.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Discrepo absolutamente en que desde el año 1995 hasta hoy haya habido un cambio de valores. Ustedes pueden decir que hoy la opinión pública, en un tema puntual y concreto, como es el de la prisión permanente revisable, se manifiesta y opina de forma diferente a como lo hacía en el año 1995. Pero los valores son otra cosa, los valores son algo más sólido, más enraizado y normalmente tienen un contenido positivo, y yo a esta opinión mayoritaria, que respeto, no le reconozco ese valor positivo propio del contenido de los valores.

Dicen que no adoptan esta medida fruto del populismo punitivo y que ya la tenían en cartera desde hace mucho tiempo, desde 2010, y es cierto. Han buscado el momento, la oportunidad en que la sociedad podía ser más propicia a aceptar esta propuesta que ustedes han introducido ahora en el Código Penal, pero eso no la hace más compartible, desde luego, para quienes formulamos estos vetos.

Y luego, esta sensibilidad hacia la opinión de la sociedad ustedes la utilizan de manera muy selectiva, porque la mayoría de la sociedad está en contra de la reforma laboral. Si ustedes preguntan a la mayoría de la sociedad: ¿Aplicamos la misma pena, la pena de prisión permanente revisable, a los corruptos más importantes?, les van a contestar que sí y, sin embargo, ustedes en este Código Penal no la aplican, no la incorporan para los corruptos más importantes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Dicen que es una pena que responde a la culpabilidad. El mensaje que están mandando ustedes a la sociedad no es ese, el mensaje es que estos desalmados —que lo son en muchos casos—, gracias a la prisión permanente revisable, no es que vayan a dejar de ser desalmados y, por tanto, reintegrables en la sociedad, sino que van a permanecer el mayor tiempo posible alejados de la sociedad dentro de una prisión. Eso es lo que ustedes reciben de la opinión pública y transforman en una pena, y devuelven a la opinión pública con esta formulación.

Quienes presentamos los siete vetos hemos argumentado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nunca hemos dicho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acepte la prisión permanente revisable, lo que hemos dicho, lo que sostenemos, lo que reafirmo ahora es que en los términos en que ustedes la introducen en este Código Penal no respetan los requisitos mínimos que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permiten la introducción y que, por lo tanto, están vulnerando esa jurisprudencia. No es cierto que haya certeza del momento en que el condenado a prisión permanente revisable va a salir de la cárcel; ni la tiene él, por más que ustedes digan que depende de su comportamiento, ni la tiene la institución, que es quien al final, a través de los técnicos correspondientes, va a hacer la valoración que permita rechazar la solicitud de revisión y mantener en prisión o conceder la libertad.

Por limitación de tiempo me ceñiré a una segunda cuestión, el tema de las faltas. Curiosamente —como hemos explicado—, hay faltas que se elevan a delito. Yo coincido plenamente con el portavoz socialista en las consideraciones que ha hecho en torno a que no hay las mismas garantías en la imposición de una sanción en vía administrativa que en vía penal, pero es que incluso desde la perspectiva de las víctimas —a la que ustedes recurren— resulta que la despenalización de determinadas faltas para que pasen al ámbito civil va en perjuicio de las víctimas. La víctima de un accidente de automóvil consecuencia de una imprudencia está en muchas mejores condiciones de defender su posición, en muchos casos apoyada por el fiscal, en un juicio de faltas que acudiendo a un procedimiento civil frente a una compañía de seguros que cuenta con un gabinete jurídico mucho más potente del que pueda contar el perjudicado en ese accidente de tráfico.

Finalmente, toda la reforma que ustedes plantean en relación con las cuestiones de orden público se realiza desde la perspectiva de considerar un riesgo, un peligro, cualquier expresión de disidencia —lo veremos con más detenimiento en la ley de seguridad ciudadana; por cierto, estas manifestaciones espontáneas a las que hacía usted referencia antes no serán posibles después de la aprobación de la ley de seguridad ciudadana sin una sanción correspondiente—, y desde esa perspectiva de desconfianza y de ver como una amenaza cualquier manifestación de disidencia se fortalece la posición de la autoridad…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: … que tiene como función reprimir esa protesta, incrementando las sanciones y alterando el concepto de atentado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero hacer una puntualización. Se comenta que ha habido problemas con la agenda del ministro puesto que ha cambiado el orden del día y de ser el último proyecto de ley a debatir ha pasado a ser el primero, pero que no se nos escape que esta fue una petición a la Junta de Portavoces del propio Gobierno. Por tanto, entiendo que el Gobierno tenga que establecer su agenda, pero dado que es el proyecto de ley más importante que vamos a analizar en esta legislatura, no hubiera estado de más que el ministro permaneciese en el hemiciclo y que pudiéramos haber pactado, discutido, negociado y acordado con él esta cuestión.

La senadora Franco ha hecho una afirmación que realmente me ha sorprendido, y es que en este proyecto de ley no hay un endurecimiento de las penas. Me sorprende porque solo con la prisión permanente revisable, solo con eso, ya es suficiente y se justifica cualquier veto, cualquier concepción y cualquier valoración de que hay un reproche punitivo, no mayor, sino mucho mayor, con, evidentemente, unas consecuencias que no se nos escapan a nadie.

Viene a decir, como justificación y argumentación, que dos tercios de la ciudadanía entienden positiva la introducción de la figura de la prisión permanente revisable y, en este sentido, me gustaría preguntarle si no considera que la ciudadanía realiza el mismo análisis con respecto a la corrupción. Entonces, ¿por qué no hay un endurecimiento claro y evidente con respecto a la corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no se adoptan otro tipo de medidas, por ejemplo, para que no tengan lugar las vistas dentro de dos años? ¿Qué problemas se están produciendo? ¿Por qué?

Paso ahora a hablar de la rehabilitación porque, a pesar de que ha dicho muchas cosas, todavía no ha planteado ningún indicador y ningún criterio claro por el que usted entienda que este proyecto de ley dé respuesta a lo que es un derecho fundamental, constitucional. Todavía no ha dicho por qué y, en este sentido, le voy a leer otra sentencia del Tribunal Supremo, de 2001, que indica que penas tan largas ni se dirigen a la prevención general ni a la prevención especial. Por lo tanto, hay que acudir a los mecanismos penitenciarios para evitar una pena similar a la cadena perpetua. Es decir, que la valoración de muchas de las sentencias del Tribunal Supremo es totalmente contraria a una pena tan larga.

Además, como también se ha dicho en este debate, a partir de los quince años de pena, la socialización y la rehabilitación del penado es muy problemática y, por ello, quisiera saber qué problemas de rehabilitación y de resocialización se encuentra cualquier penado que ha pasado cuarenta años en prisión y si van a cumplir con el derecho fundamental recogido en el 25.2 de la Constitución y con el Título I ―tan importante dentro de la Constitución― porque este proyecto no responde de ninguna de las maneras a un planteamiento como el que les estoy comentando.

Se ha hablado también de un pacto de Estado, pero únicamente se ha referido al Partido Socialista. Yo no tengo nada que decir al respecto, pero después debatiremos en el proyecto de ley sobre un pacto entre dos partidos políticos que en este momento no representan o no cuentan siquiera con el 50 % del apoyo social de la ciudadanía. Con lo cual, no hubiera estado de más que hubiesen intentado llegar a algún acuerdo con el resto de fuerzas políticas, y no solo con el Partido Socialista. Ya sé que somos poca cosa, pero somos y estamos.

Ante la negación de un elemento objetivo, como es la dirección político-criminal del presente proyecto de ley, donde hemos puesto el ejemplo de la prisión permanente revisable y se pueden poner otros que todos hemos podido leer en este proyecto de ley, se intensifica el reproche punitivo y con algo que, además, todavía no se ha justificado, como es que si el Estado español tiene uno de los índices de delincuencia registrada más bajos de Europa, si eso es así, si hay una altísima población penitenciaria en términos relativos, por qué la solución de este proyecto, cuando es justamente el sentido contrario. Lo que se va a hacer es aumentar todavía mucho más la población penitenciaria en términos relativos. Por tanto, va a ir en sentido contrario al resto de los Estados de la Unión Europea.

Hemos hablado de la prisión permanente revisable. Entendemos que la reforma que se está planteando no solo incluye que el Estado español esté entre los países más represivos en cuanto a la duración de la pena, sino también entre los que más —y esto es importante— discrecionalidad e indefinición atribuyen a la hora de cancelar esta pena tras el correspondiente proceso de revisión. Este es un dato muy importante, el artículo 92. O sea, que haya una indefinición tan importante es también ir contra un derecho fundamental de la Constitución. En ese sentido entendemos que se resuelve de muy mala manera un problema evidente a todas luces.

Además, quisiera traer a colación la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que dice en su exposición de motivos: El mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad. La flexibilidad en el cumplimiento de las penas y los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en el fin de reinserción y reeducación del delincuente constitucionalmente consagrado. Ese es el problema.

Se ha hablado también de la eficacia de la justicia y se ha dicho que lo que está buscando la reforma del Código Penal es que la justicia pueda ser mucho más efectiva. Bien, pues en ese sentido entendemos que la justicia no va a ser mucho más efectiva a través de la modificación del Código Penal y de este proyecto de ley. Ayer mismo nosotros recibimos un informe de la Comisión Europea que dice que la eficacia del Estado español con respecto a la justicia ocupa el lugar vigesimoprimero; es decir, de 28 Estados miembros, el Estado español ocupa el puesto 21. Y es evidente que la eficacia en la justicia no la vamos a establecer a través de este proyecto de ley con la prisión permanente revisable o intentando conciliarse con la ciudadanía estableciendo este tipo de marketing punitivo. La justicia se hace más eficaz aportando muchos más recursos, más jueces, más elementos para que sea más justa, porque si la justicia se retrasa, si la justicia se establece a años vista, evidentemente eso no es justicia. Eso es precisamente lo que el Estado español está incumpliendo.

Para finalizar, una pequeña valoración o una reafirmación de lo que he dicho respecto a la prisión permanente revisable. En este sentido voy a traer unas palabras del catedrático de la Universidad del País Vasco, el señor Muñagorri, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados: Esta posibilidad de revisión casi se plantea como un supuesto extraordinario. Puede haber muchas contradicciones con el texto constitucional, por ejemplo, con relación al artículo 9.3, de garantía de la seguridad jurídica, con el artículo 10, la dignidad de la persona, con el artículo 15, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, y con relación al artículo 25.2, reinserción, reeducación, etcétera. ¿Esta es la sociabilidad democrática del Estado español?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, cuando todos los partidos presentan vetos, cuando no hay opiniones favorables —yo no las he escuchado— a su reforma del Código Penal, se lo deberían pensar. Voy a leer un par de párrafos de un manifiesto de catedráticos de prestigio académico de 33 universidades españolas. El primero dice lo siguiente: Se hayan introducido en el texto de la reforma preceptos que superan la Constitución, pero no solamente por sus propuestas de fondo sino también por el deliberado y constante uso de términos ambiguos en la redacción de las normas, lo que compromete seriamente la exigencia básica del principio de legalidad. Y acaba diciendo lo siguiente: Entendemos que este Gobierno está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático mucho más próximo a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado.

Pueden decir que solo es un folleto, pero no es así, detrás están algunos de los principales catedráticos de Derecho Penal. ¿Esto no les hace reflexionar? ¿No les hace reflexionar que no haya nadie en esta Cámara, excepto ustedes, que esté de acuerdo? Porque si queremos debatir sobre el Código Penal hay dos cuestiones fundamentales: primero, qué criminalidad tenemos, y, segundo, qué reinserción tenemos. La respuesta a la primera pregunta es clara: tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea, por no decir la más baja, 45 o 46 delitos por 1000 habitantes frente a 100, 103, una media de más de 90 en la Unión Europea. Por tanto, tenemos una criminalidad baja. La respuesta a la segunda pregunta es que no lo sabemos. ¿Es posible hablar de política penal cuyo objetivo es la reinserción y que el Gobierno no nos diga qué está pasando con la reinserción y la reincidencia? ¿Sobre qué base plantea sus propuestas? Pero no solo es eso, es que abandona el objetivo constitucional de reinserción, y lo hace de dos formas: primero, en su exposición de motivos dice que quiere una política penal ágil y coherente —no sé con qué— y, segundo, las cifras que yo manejo —que no sé si serán ciertas, por tanto, les pido que nos lo digan— indican que hay un 60 % de reincidencia, y, en cambio, en aquellas cárceles donde existen talleres alternativos, solo un 10 %. Si esto es así, me gustaría que nos dijeran qué piensan hacer.

Estos son los interrogantes. ¿En la realidad social actual en España la prisión permanente revisable interesa a alguien? ¿La gente está preocupada por esto? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Sí, sí, sí). Seguro que a ustedes sí les interesa porque traen a esta Cámara la reforma del Código Penal, ¿pero ustedes creen que la confianza en la justicia se puede ganar cuando vemos en televisión que una cuarta parte de España está inundada y que hay personas que están tranquilamente esquiando? ¿Esto da o no da confianza en la justicia?

Lo que quiero decir es que no hay motivos objetivos para plantear hoy como prioridad la prisión permanente revisable ni una reforma global de las características que ustedes proponen. He de confesar que hay aspectos positivos de su reforma, hay cosas que me gustan y a las que votaremos afirmativamente, pero, repito, no estoy de acuerdo con una reforma global de estas características. Si ustedes me preguntaran: ¿por qué cree usted, señor Saura, que la presentamos? Les diría que están intentando conformar un derecho penal que responda a un nuevo orden social en el Estado español. Y ese nuevo orden social significa exclusión en muchas ciudades, paro de larga duración y protesta social. Y cuando se dice que no se restringen derechos, hay que ir a los artículos relativos a las manifestaciones; hay que ir a la seguridad ciudadana, cuyos artículos están llenos de palabras como indicios o peligrosidad. Por tanto, antes solo se podían restringir los derechos si había una alteración del tránsito y ahora se puede hacer si hay indicios. ¿Qué quiere decir indicios? Lo que ustedes quieran, cualquier cosa. Por tanto, lo que les estoy diciendo es que hoy esta reforma no es una prioridad, no responde a la realidad del país, independientemente de que haya personas que puedan estar preocupadas por ello. La realidad del país es absolutamente otra.

Quiero decir dos cosas: una, la prisión permanente revisable y, dos, mis preguntas no han tenido respuesta. He planteado una serie de argumentos para decir que vamos a votar afirmativamente el veto. En primer lugar, he dicho que era una burla de procedimiento parlamentario, usted me ha dado una explicación insuficiente. El Consejo de Estado ha repetido numerosas veces que si hay un cambio importante en el proyecto inicial, hay que volver al dictamen del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos, de libertades y de tipificación de delitos que hoy se debaten en esta Cámara sin un dictamen previo.

En segundo lugar, yo he dicho ¿por qué se reforma? Su exposición de motivos plantea dos cosas: una, por el tiempo, algo ridículo, como se ha demostrado anteriormente por diversos intervinientes; y, dos, por las demandas sociales, algo que también es ridículo por la tasa de criminalidad.

En tercer lugar, pacto de Estado. Ustedes dicen que no ha sido posible el pacto de Estado; pues aguanten todo lo que sea necesario para que lo haya, y dudo —yo no soy del Partido Socialista— de que el Partido Socialista no pueda llegar a un acuerdo con ustedes, como ha hecho en cuestiones de mayor importancia y de mayor gravedad; otra cosa es que ustedes quieran que el Partido Socialista o la oposición acepten un Código Penal que responda exclusivamente a su ideología.

En cuarto lugar, la reinserción, algo a lo que ya me he referido anteriormente. Es inadmisible que si la política penal busca la reinserción, en toda la exposición de motivos no se hable de ella, y es absolutamente incomprensible que no presenten un balance para disminuir la reincidencia.

En quinto lugar, en cuanto a que no se restringen libertades ni derechos, he de decir que el artículo 315.3 es una restricción del derecho de huelga. ¿Por qué no eliminan este artículo que es el único artículo específico de coacciones que contempla el Código Penal? Se impuso en el Código Penal en el año 1976, cuando el señor Arias Navarro tenía muchos problemas e introdujo en el Código Penal una coacción al derecho de huelga. ¿Por qué no lo eliminan? ¿Por qué no eliminan determinadas cautelas, precauciones que ponen a las manifestaciones o a las reuniones? Ustedes pueden pensar que es una conspiración que no haya prácticamente nadie que esté a favor de lo que proponen, pero no lo es. Lo que están proponiendo es un retroceso democrático que hacía tiempo que no se producía, y no lo digo yo, lo dicen los catedráticos de Derecho Penal.

Por tanto, votaremos afirmativamente a todos los vetos. Sería sensato que retiraran la reforma del Código Penal y realizaran una que respondiera a las necesidades y a las preocupaciones actuales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En cuanto a la contestación de la senadora Franco sobre que es una reforma útil, necesaria y justa, he de comentar que si es útil y justa deberíamos explicárselo, por ejemplo, a las víctimas de accidentes de tráfico que ahora van a tener que recurrir a la vía civil porque se han suprimido las faltas; o a los extranjeros que mediante la reforma del artículo 89 van a ver sustituida su condena por la expulsión, sean o no residentes legales, cuando anteriormente solo se refería a quienes estaban en estancia irregular; o a las asociaciones víctimas de delitos xenófobos.



Discrepamos absolutamente, senadora Franco. ¿Que es necesaria? Entendemos que hay otras prioridades, como la lentitud de la justicia, la falta de medios. Esta reforma no va a resolver los auténticos problemas de la justicia penal en España y no aborda las asignaturas pendientes para incrementar la eficacia de la justicia. A modo de ejemplo, España ocupa el puesto 33 en la Unión Europea en el índice de fiscales por población, y lo mismo sucede en el caso de funcionarios no fiscales en la Fiscalía.

No necesitamos que endurezca penas este nuevo Código Penal. Lo que sí necesitamos es incrementar y gestionar debidamente los recursos penales, personales y materiales que precisa la Administración de Justicia desde una perspectiva realista.

No comparto la afirmación de que no es fruto del populismo punitivo. Tampoco es un argumento válido que diga que de forma espontánea la gente, los ciudadanos, dos de cada tres ciudadanos apoyan la introducción de la pena de prisión permanente revisable si se legisla vulnerando el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad, el principio de inserción social de las penas y el principio de intervención mínima. Si por los ciudadanos fuera, seguramente también, de forma espontánea, optarían por la supresión de la mayoría de los impuestos, por la rebaja del IVA cultural, por la subida del salario mínimo, por la subida de las pensiones de forma significativa, y que yo sepa ustedes no están legislando en este sentido.

Luego afirma que no es una burla parlamentaria este proyecto de ley porque ha pasado todos los filtros y controles: el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe del Consejo Fiscal, el informe del Consejo de Estado. ¿Pero qué pasa con las 91 que se han presentado y que se meten en ponencia sin ningún tipo de debate ni control? Se podría entender que esto es una burla parlamentaria. Es cuestión de opiniones.

CiU considera que la reforma actual no tendría que perseguir solamente la disminución de la delincuencia como efecto de prevención general, sino también el índice de población reclusa. Al contrario, esta reforma va en la dirección totalmente opuesta de aumentar la población penitenciaria en España —que, por cierto, ya es de las más altas de Europa—, con el coste económico además que conlleva la administración.

Nuestro grupo parlamentario denuncia que con este proyecto de reforma del Código Penal queda atrás el principio de intervención mínima y se recurre de forma abusiva a la sanción penal.

Nos preocupa la limitación de derechos de las personas. Esta misma preocupación no solo es nuestra, nos la han hecho llegar distintas organizaciones, entidades, colegios profesionales, el Consejo de la Abogacía Española, el Colegio de Procuradores, los jóvenes abogados de Cataluña, la Federación de Salud mental de Cataluña y el Cermi.

En CiU tenemos dudas sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable o la cadena perpetua, que es lo que vendría a ser en realidad, a la vez que pensamos que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Consideramos, por más que la senadora Franco niegue la mayor, que entra en contradicción con el artículo 25.2 de la Constitución, que va en contra de la finalidad resocializadora de las penas de prisión y contra la prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En definitiva, el Grupo de Convergència i Unió rechaza totalmente el contenido de este proyecto de ley porque va en contra del modelo de justicia penal que él defiende y va a votar a favor de su veto y de los demás vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como ya ha quedado claramente evidenciado, el Grupo Socialista presenta un veto devolutivo con todos los adjetivos que ustedes le puedan añadir después de la magnífica intervención del senador Díaz Tejera.

El Código Penal es una de las leyes más importantes que un parlamento puede aprobar ya que viene a determinar el ius puniendi del Estado y por esto, solo por esto, debieran haber concitado el mayor consenso posible, pero lamentablemente una vez más se van a quedar solos y hoy los españoles volverán a ver el alto grado de sectarismo con el que actúan ustedes, sobre todo en un día como hoy, un 11 de marzo.

Un producto legislativo como este, por su naturaleza y por su dimensión, tiene que tener, como es lógico, algún aspecto positivo ¿verdad? Bueno, pues en este código hay muchísimos extremos que, aun pareciendo positivos, son erróneos, que van a generar problemas de interpretación, con afecciones a la seguridad jurídica y a la resolución cotidiana de los asuntos formales. Una vez más han desaprovechado la oportunidad de debatir con rigor y con sentido común un código, un texto que va hoy a nacer espero que con vida bastante efímera.

Cuando se aborda una reforma de este tipo, lo primero que debieran haber hecho era acudir a los especialistas. Y miren, los especialistas —70 catedráticos de Derecho Penal de 35 universidades públicas españolas— critican duramente su reforma y concluyen que su valoración de este Código Penal no puede ser más negativa. Después, debieran haber respetado la elaboración jurisprudencial existente y, por último, haber tenido en cuenta a los tribunales, a los fiscales, a los abogados y a la propia doctrina científica. Pero no han hecho nada de esto: presentan una ley orgánica, como se ha dicho, sin los informes preceptivos, apartándose de la tradición jurídica española, e, incluso, de los países de nuestro propio entorno. Seguramente lo hacen por miedo. Y así, no solo este código tiene errores, sino que cuenta con tantas deficiencias técnicas que van a conculcar los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Señorías, hoy no nos traen una reforma del Código Penal, nos traen un código penal nuevo, un código penal general y un código penal —como se ha dicho— de partido, algo sin precedentes en nuestra democracia. Acuden al populismo punitivo utilizando este nuevo texto para eliminar derechos fundamentales, y esto es una insensatez y una temeridad. ¿De verdad creen ustedes que es necesaria una reforma después de la de 2010? ¿Hay demanda social? ¿Existe demanda política? ¿Hay presión ciudadana? ¿Hay presión mediática? Señorías, sencillamente no. ¿Saben de lo que hay demanda en España? En España hay demanda social de vivienda, demanda social de trabajo, de medicamentos, de dependencia, de igualdad, pero de este Código Penal no hay demanda, señorías. No hay demanda.

Ustedes traen un código neoliberal que sobrecargará más a la Administración de Justicia —no se olviden de que la justicia penal absorbe más del 70 % de la litigiosidad—; un código penal que producirá más ineficacia en la persecución del delito, aumento de costes, que reducirá los niveles de garantía y hará aumentar la desconfianza de los españoles en la Administración; un código penal que no va a respetar los valores de convivencia de los españoles. Y ustedes, con su trilogía del mal —con este Código Penal, con la ley mordaza y con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— ponen las normas al servicio de la ideología partidista. Nos plantean una ley que cambia la prevención por la persecución, criminalizan con carácter previo los comportamientos de los ciudadanos. Y no fortalece la Administración de Justicia ni la hace más segura, ni crea un sistema judicial más justo.

Ustedes consolidan hoy una deriva autoritaria del sistema con la represión de conductas que a ustedes les resultan molestas. Un código penal que va a provocar una restricción de derechos sin precedentes en la democracia española. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, empezaron arruinando el Estado de bienestar. Se van a ir del Gobierno recortando derechos y recortando libertades. En vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, les generarán sufrimiento y descontento. Cada día se están alejando más del sistema democrático y se están acercando mucho más al sistema autoritario.

Señorías, en una sociedad madura como la nuestra, se debe mantener la vigencia de un Estado de derecho y no volver la vista atrás, no volver la vista atrás e ir contra la historia, contra la evolución de la sociedad e incluso contra la biología. Un paso más dan ustedes hoy —y ya se ha dicho— desde el resentimiento y el totalitarismo desenfrenado, porque para ustedes hay una máxima: menos Estado social y más Estado penal.

Para ustedes, señorías, los problemas de la sociedad española se solucionan con represión. Su agenda política se enmarca en titulares de prensa. Su código penal es un instrumento para agitar el caladero de votos en un contexto populista.

Ustedes quieren que España sea la receptora de la mayor intolerancia penal de la era neoconservadora europea. Señorías, en su código penal, la discrepancia la persiguen, reducen competencias y medios a los jueces, ahogan la voz e intimidan a los ciudadanos, y se incluyen penas sin límites temporales. Extienden la libertad vigilada con esos vaivenes, ahora sí y ahora no, y con salida en la cadena perpetua. Presentan un código penal, probablemente el más duro de la democracia, y seguramente, ni Primo de Rivera ni el general Franco se hubieran atrevido a ir tan lejos como ustedes en esta materia penal.

No sé en qué país vive el ministro, cuando le oigo decir que este Código Penal hará más eficaz el derecho penal y se adaptará mejor a la realidad española. Con la aplicación del todavía vigente Código Penal tenemos una población del orden de los 90 000 reclusos, la más alta de Europa, y nuestro país es el cuarto con el índice de criminalidad más bajo de Europa.

Ustedes amplían el campo de los diferentes delitos, eso sí, en todos menos en la lucha contra la corrupción —ahí son moderados y pasan de puntillas—, cuando es ahí, en ese tipo de delitos, donde deberían aumentarse las penas y no en los delitos ordinarios. Pero, claro, se les ven las intenciones: al débil, leña al mono; al poderoso y al amiguete: sé fuerte, Luis; aguanta, Luis. (Rumores). Eso es lo que dice su Código Penal. Y se nota en las tres primeras líneas de la exposición de motivos, donde revelan descarnadamente sus intenciones partidistas.

Aumentan la dosis de represión punitiva e intentan que las personas jurídicas salgan bien paradas. Es un tema complejo —lo decía el senador Arcadio Díaz Tejera—, ustedes lo abordan con alegría, hacen un corta y pega del código italiano y les dotan de gran impunidad. No lo entendíamos pero, después del auto dictado por el juez Ruz hace unos días, entendemos perfectamente lo de las personas jurídicas.

De nuevo acuden a un populismo evidente al hablar de la prisión permanente revisable, y, aparte de su posible inconstitucionalidad, es una vergüenza recuperar en estos tiempos la cadena perpetua. Dejémonos de cuestiones sutiles o de palabras rebuscadas. Ustedes traen a esta Cámara la cadena perpetua, que es lo que pretendían ya en 2010. A costa de ese populismo punitivo que va en contra de la reeducación y de la reinserción, introducen la no certeza en las penas. Pero todo no queda aquí: hacen desaparecer las faltas, la mayoría serán delitos y el resto, infracciones administrativas. Por tanto, aumentará la arbitrariedad y complicará la vida a los jueces de Primera Instancia. Y otra vez volvemos al populismo punitivo sobre los atestados policiales; no me quiero imaginar lo que le hubiera pasado a la señora Esperanza Aguirre con este Código Penal. Es todo increíble.

¿Sobre la edad del consentimiento sexual? La autodeterminación sexual de las personas, señorías, es un bien jurídico protegible que ustedes pretenden criminalizar, y no digamos ya nada de las protestas sociales. ¿Qué le harían a Gandhi, a Martin Luther King o a Rouco Varela, cuando iba con la pancarta por Madrid? (Rumores).

Ustedes solo buscan una gestión autoritaria y una pérdida de derechos fundamentales. En su proyecto aparece muchas veces el término peligroso o peligrosidad, y eso revela, sin duda, una determinada forma de pensar. Como les decía, criminalizan la protesta social. Y es un fracaso evidente de un Gobierno traer hoy este Código Penal.

Por todas estas razones y por muchas más que seguramente expondrán los compañeros senadores en el turno de defensa de las enmiendas, votaremos en contra —y acabo ya, presidente— de una reforma innecesaria, populista, injusta, represiva, indiscriminada, desproporcionada, de partido y de un código penal ultraconservador. Así no pueden llegar a acuerdos. Lo mejor que puede ocurrir es que este Código Penal nunca entre en vigor por el bien de los españoles y por el bien de la calidad democrática de nuestro país; no obstante, si logra entrar en vigor, durará lo mismo que el Gobierno del Partido Popular, que ya es muy poco.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de una intervención tan enjundiosa y tan llena de argumentos jurídicos, tengo que decir algunas cosas. Una: el Grupo Parlamentario Popular no va a retirar este proyecto de ley. Dos: el Grupo Parlamentario Popular no va a pedir perdón por presentar este proyecto de ley. Y tres: estamos muy orgullosos de este proyecto de ley, señorías. (Aplausos).

La sociedad cambia, no es inmutable, y no darse cuenta de eso es un craso error, señorías. El Código Penal debe acompañar necesariamente estos cambios y por eso, el Grupo Popular considera que esta reforma es imprescindible. A pesar de tanta crítica que llevamos escuchando desde las dos de la tarde, nos llega un texto que ha sido mejorado por todos en el Congreso de los Diputados. Luego nos vienen a decir que esto es un código de partido. No, señorías, en el Congreso se incorporaron más de 300 enmiendas y aquí se está negociando, y ustedes lo están viendo, al tiempo que se está llevando este debate, para incorporar también una parte importante de enmiendas al texto para que sea lo que queremos que sea, un texto de todos.

He oído a algún portavoz decir que el Código Penal, señorías, es el negativo de la Constitución. Nada más erróneo y nada más lejos de la realidad. Las constituciones, por suerte para ellas, no tienen ningún lado negativo. El Código Penal es un catálogo de miserias, porque miserias son las conductas que describe. ¿Desde cuándo, señorías, un homicidio, una violación, un robo con violencia, un abuso de un menor es un derecho en negativo? Nunca, nunca, nunca. Y además, en la elaboración de esta reforma se han atendido —y ustedes lo saben bien, aunque no lo quieren reconocer— sugerencias de la jurisprudencia de nuestros tribunales, de la doctrina, de las instituciones europeas internacionales de las que España forma parte y también recomendaciones, como no podía ser de otra manera, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Delitos como racismo y xenofobia, abusos sexuales, explotación sexual de menores, lucha contra la trata de seres humanos, el delito de inmigración ilegal se modifican, señorías, por la aplicación de directivas comunitarias y, a pesar de ello, ustedes van a votar que no.

Es una reforma para la protección de las personas y los bienes; que lo que se propone es aportar seguridad a los comerciantes, a quienes padecen robos y hurtos en el campo, a quienes se ven sobresaltados por incendios forestales provocados o padecen tirones en las calles de nuestras ciudades. Ya no va a ser igual, señorías, cometer un hurto que una docena. Habrá tipos agravados para robos en casa habitada y quienes actúen en grupos organizados también van a ver agravada su pena. También van a votar en contra de todo esto, como votaran en contra de las extraordinarias medidas que contiene el texto para proteger a las mujeres. Votan en contra de la tipificación del nuevo delito de acoso y de la elevación de la edad del consentimiento sexual a los 16 años, como tienen en gran parte de los países de la Unión Europea.

Tampoco les gusta la desaparición de las faltas, que es una petición de los fiscales, señorías, ni cómo combate el texto la corrupción, que es una de las principales demandas de la sociedad, que lo que quiere es: uno, que los corruptos vayan a la cárcel; dos, que se alejen de la vida pública y se aparten de la Administración; y tres, que devuelvan lo robado. Ustedes se oponen a todo esto, como a que los partidos tengan responsabilidad penal, o sea, que ustedes lo que defienden son privilegios penales para los partidos políticos.

Señorías, es la primera vez que la financiación ilegal de partidos tiene respuesta penal en España con penas de cinco y seis años de cárcel, y a todo esto ustedes van a votar que no, y dentro de ustedes, quiero señalar específicamente a los senadores socialistas. ¿Por qué? Porque hace cinco años, en el año 2010 ya había corrupción y ustedes no hicieron nada. (Protestas). Expliquen, si es que pueden, por qué no hicieron nada de esto (Aplausos) y hoy, encima, ustedes se oponen. Sí, sí, explíquenlo, explíquenlo a ver si pueden. (Rumores).

Las normas penales, señorías, se deben hacer desde la razón y siempre con argumentos jurídicos. Por eso, para el Grupo Popular es muy importante la opinión de las víctimas del delito, una variable muchas veces demandada, demasiadas olvidada y que con sus vetos, señorías, ustedes pretenden infravalorar.

Se acusa a esta reforma, señor presidente, injustamente de ser dura frente al débil, débil frente al fuerte y que, además, endurece indiscriminadamente las penas. Nada más lejos de la realidad, señorías. Hubiera bastado una lectura más atenta del texto y una buena dosis, eso sí, de buena fe para que comprobaran el enfoque equitativo que introduce, porque lo que hace es dar una segunda oportunidad a los que de modo ocasional causan un daño no irreparable —por cierto nadie se ha pronunciado al respecto— y se muestra más severo —aquí sí— con quienes cometen delitos de gravedad o hacen de la comisión del delito su medio de vida.

Se nos habla de populismo punitivo, señorías, populismo punitivo, pero, en realidad, lo que se está haciendo es trasladar al Código Penal el buenismo demagógico, porque, señorías, a fuerza de compadecer tanto al delincuente, como ustedes pretenden, les advierto que ya no nos va a quedar ni sitio para odiar al delito. Y francamente, señorías, populismo son muchas cosas, como esas cifras que se les ha ocurrido dar de población reclusa, cuando saben que en los últimos años se viene reduciendo en un 10 %. Pero es que populismo también es aplaudir la sentencia de Estrasburgo, que obligó a los jueces españoles a poner en la calle a terroristas, a violadores, a asesinos, mientras se ignoran (Aplausos), mientras se ignoran deliberadamente aquellas otras sentencias del mismo Tribunal Europeo que respaldan que a los terroristas y a los asesinos múltiples se les pueda aplicar la condena de la prisión permanente revisable.

Se ha explicado extraordinariamente por la senadora Franco en qué consiste y no voy a repetirlo, pero, claro, señorías, es que a ustedes les agrada muy poco cualquier cosa que traiga este texto. Sepan que la prisión permanente revisable cuenta con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que en reiteradas ocasiones es una pena perfectamente compatible con el artículo 3 del Convenio de Roma, que ese sí prohíbe las penas degradantes o inhumanas. Cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. ¿Cómo serán las críticas, señorías, que España, hasta la fecha, es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene la prisión permanente revisable, que está en vigor en Italia, Reino Unido, Grecia, Francia, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca? Resulta que son ustedes los que les dicen a estas viejas democracias que no lo son porque tienen en vigor la prisión permanente revisable. (Protestas). ¿Pero a dónde van, dónde van? (Aplausos).

Pero déjenme que les diga que si no les basta con todos estos organismos, les voy a leer —y a efectos de acta lo cito textualmente— la opinión de tres altos cargos españoles nada sospechosos que afirman lo siguiente: «Es una pena ajustada a los parámetros de constitucionalidad y es compatible con la Convención de Roma, y además es proporcional.» Los tres cargos, señorías, se llaman: José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Fernando Ledesma. (Protestas.— Aplausos). Y si les queda alguna duda, nada como leer el dictamen del pleno del Consejo de Estado, de 4 de abril de 2013 —porque lo que les he leído forma parte de ese texto—, y fue suscrito íntegramente por sus tres compañeros. (Rumores).

Miren, hablan ustedes de penas inhumanas. No, señorías, no. Lo que determina la inhumanidad de una pena es su falta de horizonte de libertad, que con esta pena está garantizado porque el Estado no se desentiende del penado. Pero es que les digo más: de ninguna forma hay en España cadena perpetua, y si existe en España la cadena perpetua, es para las víctimas, para los que pierden a manos de los delincuentes sus vidas. (Aplausos). Y cuando el dolor ya tiene fecha en sus vidas, son las víctimas las que han tenido en nuestro país —y fíjense en qué día se lo digo— un dolor perpetuo. Tenemos que hacer lo posible para corregir esta injusticia histórica. No va a haber más doctrina Parot, pero, señorías, tampoco va a haber más soluciones López Guerra, que tanto indignaron a los ciudadanos. (Aplausos).

El mes pasado supimos, vía encuesta publicada en el diario El País, que la mayoría de los españoles avala la prisión permanente revisable y que los españoles partidarios de esta pena son cuatro veces más numerosos que los contrarios: un 67 % frente a solo un 18 %.

Pues bien, señorías, recordarán —y si no, se lo recuerdo yo— que el primer preso común liberado al derogarse la doctrina Parot fue un violador que nada más salir y quedar en libertad asesinó brutalmente a una mujer de 75 años. (Rumores). Le pisó el cuello para matarla y para evitar que le reconociera, y por si esto fuera poco trágico, después nos enteramos de que se había equivocado de víctima, señorías. Y ahora yo les pregunto: ¿De verdad no consideran necesario reformar el Código Penal y adaptarlo a los tiempos actuales? Pues nosotros sí, nosotros sí. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Les recuerdo que para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara.

El senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular, ha utilizado el voto telemático. El sentido de su voto ha sido contrario a todas las propuestas de veto.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 4 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 92; en contra, 146, más 1 voto telemático, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más 1 voto telemático, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2 de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más un voto telemático, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237 más 1 voto telemático, 238; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 91; en contra, 146 más 1 voto telemático, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147 más 1 voto emitido, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 telemático, 239; votos emitidos, 238, más 1 voto telemático, 239; a favor, 91; en contra, 147, más 1 telemático, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 voto telemático, 237; votos emitidos, 236, más 1 voto telemático, 237; a favor, 89; en contra, 147 más 1 telemático, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, las enmiendas números 454 a 519, presentadas por la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella. (Rumores).

Señorías, la senadora Capella no va a empezar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Pausa).

Señoría, puede empezar.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, Esquerra Republicana ha presentado enmiendas que pretenden modificar artículos del Código Penal que castigan, por ejemplo, la quema de banderas y todo lo que simbólicamente está relacionado con la Corona y con todo tipo de símbolos del Estado o no del Estado; estoy hablando incluso de las banderas de mi país, de Cataluña (Protestas), siguiendo la tradición anglosajona tan asumida, por ejemplo, en Estados Unidos. No entendemos cómo, en nombre de la libertad de expresión, no se puede actuar en este sentido. Es muy posible que haya ciudadanos que se sientan ofendidos; es más, posiblemente, todos los aquí presentes nos podríamos sentir ofendidos si alguien quemara una bandera. Por supuesto que es de un mal gusto brutal, a mi entender, pero comprenderán que estamos ante aquello que tiene que ver con la libertad de expresión. Hay muchos católicos, hay muchos musulmanes que se sienten profundamente ofendidos ante las viñetas de la revista francesa, pero que lo asumen en nombre de la libertad de expresión. Entenderán que este es un debate que necesariamente, al menos desde la óptica republicana, tiene que plantearse, deberíamos plantearlo.

Lo mismo se puede decir respecto de aquello que para nosotros es insuficiente —lo he dicho en la defensa de mi veto—, me refiero a la banalización, a la apología, al enaltecimiento del franquismo, del fascismo, del falangismo, incluso la exhibición de todo aquello que no tiene nada que ver con lo anterior, sino que lo que hace es difundir o pretender difundir los delitos de odio étnico, de odio racial que ni mucho menos tiene la misma categoría que el anterior.

También presentamos enmiendas relacionadas con la necesidad de equiparar creyentes y ateos. Todavía el Código Penal no lo hace en todo aquello que tiene que ver con las manifestaciones y las liturgias que aparecen —entrecomillado— en el Código Penal relacionadas con el desarrollo del imaginario de los unos, los creyentes, y los otros, los ateos. Por ejemplo, deben desaparecer del Código Penal términos como creencia. Todo ello conforma una serie de enmiendas que lo que buscan es equiparar a los ciudadanos en todo aquello que compete a la libertad de conciencia. Estamos hablando de la libertad de conciencia, que es prioritaria ante la libertad de religión, porque la libertad de religión es hija de la libertad de conciencia. El resto de enmiendas están relacionadas con los ultrajes, las ofensas tanto a los símbolos como a la Casa Real o al jefe del Estado.

También desaprovechan en esta reforma del Código Penal —y en este sentido también van nuestras enmiendas— la oportunidad de despenalizar para la mujer la práctica voluntaria de la interrupción del embarazo, aun cuando se haya llevado a cabo fuera de los casos contemplados por la ley, y la conducta de quien mediante actos necesarios o de cooperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de esta, en el caso de que sufriese una enfermedad grave que hubiese conducido necesariamente a su muerte o le produjese graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar o que, siendo permanente, la incapacitase de forma generalizada para valerse por sí misma.

La actual redacción es fruto de la actitud, del paternalismo y de la limitación de la autonomía individual que en este caso defiende el Gobierno y que además choca con la dirección que están tomando la gran mayoría de Estados de la Europa occidental. Y es que en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, por citar algunos ejemplos, la eutanasia ya ha sido completamente despenalizada. Si en el aborto se cita tantas veces el ejemplo de que se tendrá que ir uno a abortar a Londres, ¿pasará lo mismo con la eutanasia? ¿Se irá la gente a morir a Suiza? Lamentablemente, esta pregunta ya tiene respuesta. La gente sí se va a tener que ir a morir a Suiza, porque en el Estado español no se permite una muerte digna a aquellas personas que sufren enfermedades graves o que les producen tal sufrimiento o incapacidad que la solución por la que optan es la de terminar con su vida.



Esta decisión —ténganlo claro— es muy dura de tomar y se da después de un largo proceso de información y de consideración. Paradójicamente, esta reforma no considera dicha capacidad de decisión de las personas sobre su propio cuerpo y se perpetúa la prohibición de que decidan libremente sobre él. De esta forma, se ignora el principio de autonomía de estas personas, es decir, el derecho a decidir, a elegir su propio proyecto vital. De principio a fin, se les impone un tipo de vida contra su voluntad que no merece el calificativo de bien jurídico protegido. No debe considerarse como un deber la protección de la vida en estos casos de sufrimiento tan grande. La vida es un derecho, no es un deber. Por lo tanto, debe rechazarse una confrontación ficticia entre vida y libertad, pretendidamente resuelta apelando a la prevalencia formal de una sobre otra, basándose en criterios como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológica natural. La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada desde una perspectiva basada en los principios anteriormente expuestos y que, consecuentemente, afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir. En cuanto al aborto, el consenso en el mundo occidental es total, desde los Estados Unidos hasta Rusia: la práctica está legalizada y son numerosas las recomendaciones que se han hecho en organismos y conferencias internacionales para que dicha práctica sea despenalizada. Ejemplo de estas recomendaciones serían las recogidas por el informe de la subcomisión con referencia a la Resolución 2001/2128 del Parlamento Europeo o la Resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 16 de abril de 2008.

Finalmente, Esquerra Republicana ha recogido las reivindicaciones de los colectivos animalistas y, en especial, de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales. Los animales no son cosas, pese a que el Código Civil español los equipare y no pueden ser considerados como si de cosas se tratara; tienen derechos y estos deben ser protegidos adecuadamente en el Código Penal. La regulación planteada inicialmente por el Gobierno, pese a que mejoraba la protección animal, era absolutamente insuficiente. Los republicanos catalanes pretendemos que el Código Penal español se equipare al resto de las legislaciones europeas. El Estado español no puede ser un paraíso para quien maltrata, agrade, abandona o practica zoofilia con animales. El Código Penal ha sido reformado ya en 30 ocasiones —yo diría que en 29, porque una reforma no llegó a durar una semana— y va siendo hora de que en esta nueva reforma resolvamos ya este asunto. No podemos desaprovechar esta oportunidad. En el Congreso es verdad que pactamos algunas enmiendas, pero la mejor aún está lejos de lo que Esquerra Republicana defiende. Reclamamos que se persiga a los organizadores de combates de perros o gallos, así como a quienes maltratan a cualquier otro animal en espectáculos no autorizados legalmente. Es una vergüenza que el Partido Popular legitime semejantes atrocidades. No logramos entender por qué no han aceptado nuestras enmiendas.

Más allá de los toros Esquerra Republicana propone penar a quienes produzcan la muerte a un animal en un espectáculo aunque esté autorizado legalmente. El Partido Popular debe explicar por qué permite que se sigan organizando peleas de perros o gallos sin que se pene a sus organizadores. ¿Qué intereses tienen en juego para no oponerse a semejantes atrocidades?

En definitiva estas son las enmiendas que planteamos y que solicitamos sean apoyadas por el resto de los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El senador Fuster y las senadoras Ibartz y Santos, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han presentado la enmienda número 4.

Para su defensa tiene la palabra el senador Fuster por tiempo de tres minutos.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente.

Intervengo efectivamente para la defensa de la enmienda número 4 de los senadores del Partido Aragonés, que coincide, como habrán podido fijarse sus señorías, con los objetivos de la enmienda número 3 de los senadores de UPN, aunque evidentemente no en el redactado.

No quisiera reiterar en esta tribuna los argumentos y las razones expuestas en la comisión en relación con el incremento de las webs con contenidos que hacen apología de la anorexia y de la bulimia, o el extraordinario trabajo que ha realizado la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón en materia de prevención, o como no puede ser de otra manera, el trabajo que desarrollan asociaciones, como la aragonesa Arbada, justamente para colaborar con el drama que viven las familias de las afectadas, o el incremento de casos que la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Clínico de Zaragoza ha ido advirtiendo a lo largo de los años. Precisamente la casuística se concentra fundamentalmente en jóvenes adolescentes.

Señorías, por estas razones y por otras muchas más proponemos tipificar este delito, proteger a las víctimas y colaborar en ese trabajo ya desarrollado en las administraciones para evitar su proliferación. Si algo se te antoja y no te puedes resistir, mastícalo y luego escúpelo; recuerda que la obesidad es asquerosa; o consejos para vomitar sin que tus padres se enteren, pueden resultar frases fuertes y realmente ofensivas en esta tribuna, pero nuestras adolescentes, nuestros niños y nuestros jóvenes lo están viendo cada día en las redes sociales y en los titulares de las web. También pueden ustedes releer la carta que nos ha remitido a todos los senadores Lidia Amella, en la que explica el drama de su hija y cómo ha recogido hasta 220 000 firmas para que este delito sea contemplado en el Código Penal.

Los senadores del Partido Aragonés reconocemos la complejidad de esta cuestión, una cuestión evidentemente global cuando hablamos de internet, pero no estaría de más que fuéramos dando pasos.

¿Cuál es el argumento para votar en contra de esta enmienda? ¿Una baja casuística? ¿Un coste económico elevado? Pues ni la casuística es baja ni el coste es elevado, porque precisamente este tipo de medidas contribuirían a ahorrar de manera determinante.

Les voy a dar algunas razones para apoyar esta enmienda. La primera, evidentemente, es alguna de las que han utilizado ustedes en esta misma tribuna para defender la prisión permanente revisable: que los ciudadanos están de acuerdo y que otros Estados, como Alemania y Francia también los tienen tipificados. Apliquen, pues, los mismos argumentos para apoyar una enmienda con la que estoy convencido de que sus señorías están de acuerdo. Pero si esto fuera poco, daré alguna más. Aragón ha sido preferentemente una de las comunidades autónomas líder y ha empujado esta cuestión para que se tipifique por unanimidad, como también lo ha sido la Comunidad de Madrid y el Defensor del Menor, y yo creo que hay razones suficientes. Señorías, no caigan ustedes en la paradoja de que después de más de 300 enmiendas consensuadas, apoyadas o transaccionadas en el Congreso con diferentes grupos, y las más de 100 que al parecer va a haber en esta Cámara,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FUSTER MUNIESA: Termino, señor presidente. Muchas gracias.

Como digo, no caigan en la paradoja de que una enmienda presentada por el Partido Aragonés y por Unión del Pueblo Navarro, que creemos que tiene todo el sentido, no sea aprobada. Reflexionen sobre esa cuestión, señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas 102 a 107, del senador Martínez Oblanca; la enmienda 453, de la senadora Julios y el senador Quintero; las enmiendas 6 a 69 y 73 a 101, de los senadores Iglesias y Mariscal; y las enmiendas 1 a 3, 5 y 736 a 742, de los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Martínez Oblanca. Les recuerdo que tienen treinta minutos para compartir entre todos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

A este Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, he presentado un total de seis enmiendas que llevan una numeración en el Boletín Oficial de las Cortes Generales comprendida entre el 102 y el 107, ambas inclusive.

La primera de mis enmiendas propone modificar el párrafo primero del punto 1 del artículo 270 con una redacción de mejora técnica. Este proyecto pretende proteger no solo las obras, tal y como establece el Libro I de la Ley de propiedad intelectual, sino también las prestaciones, tal y como indica el Libro II de la citada ley. Lo correcto respecto al giro «literaria, artística o científica» solo es predicable de las obras, lo mismo que la referencia a su trasformación; cabe señalar en este sentido que las prestaciones no se trasforman, pues carecen todas de originalidad.

Por otra parte, no tiene sentido seguir aludiendo —como hace el texto vigente— a su interpretación o ejecución artística, porque el objetivo es proteger no solo estas prestaciones, sino también las producciones fonográficas y audiovisuales, las emisiones de radiodifusión y todas las demás prestaciones que establece el Libro II de la Ley de propiedad intelectual.

La segunda enmienda, numerada con el 103, también es de modificación, en este caso el segundo párrafo del punto 1 del artículo 270, con una mejora técnica que afecta a 5 puntos y con la que se pretende una mayor y mejor eficacia en la aplicación de este precepto. Es un precepto que, como todos ustedes saben, se refiere a la imposición de penas a quien en la prestación de servicios de la sociedad de la información facilite el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas, ofrecidas ilícitamente en internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, siempre que cumplan cumulativamente las siguientes condiciones. Nosotros insistimos con nuestra enmienda en clarificar la aplicación y la delimitación de responsabilidades en el incumplimiento del punto 1 del artículo 270 del Código Penal.

La tercera enmienda, la número 104, también de modificación, lo es en este caso al párrafo tercero del punto 1 del referido artículo 270. Consideramos que la medida de bloqueo de acceso no debe ser subsidiaria ni excepcional, sino alternativa; dependiendo del tipo de infracción que se trate de combatir se tratará también de la única medida verdaderamente eficaz para atajar, si se quiere, las infracciones.

La siguiente enmienda es la numerada con el 105, también como las anteriores de modificación, en este caso de la letra a) del punto 3 del artículo 270. Responde esta enmienda a una mejora técnica y tiene concordancia con la definición del tipo básico del artículo 270.1.i) del Código Penal. Consideramos que el par «obras o prestaciones» debe mantenerse inalterado a lo largo de todo el texto.

La penúltima de las enmiendas, la número 106, aspira a la modificación de la letra d) del punto 3 del artículo 270, con una redacción que supondría una mejora técnica y que además tiene concordancia con la definición del tipo básico del artículo 270.1.i) del Código Penal. La descripción hecha en este artículo debe reiterarse tal cual si es necesario en otros lugares del articulado.

Y finalmente, la sexta y última de las enmiendas, la numerada con el 107, que propone una modificación del punto 4 del artículo 270, que también supondría una mejora técnica y tiene igualmente concordancia con la definición del tipo básico del artículo 270.1.i) del Código Penal. Nuevamente señalamos y requerimos que el par «obras o prestaciones» debe mantenerse inalterado a lo largo de todo el texto.

Estas son las enmiendas y para finalizar, señor presidente, señalo únicamente que no he apreciado a lo largo de la tramitación de esta modificación de una ley orgánica tan importante voluntad alguna para tratar de alcanzar acuerdos, aunque sea por la vía de la transaccional inspirados por el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

A continuación, tiene la palabra el senador Quintero, para la defensa de sus enmiendas.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario solo ha presentado una enmienda y la doy por defendida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

A continuación, tiene la palabra el senador Yanguas, para la defensa de sus enmiendas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Defiendo en nombre de UPN, Unión del Pueblo Navarro, las enmiendas que hemos presentado a este Proyecto de Ley Orgánica que modifica el conocido como Código Penal.

La primera de ellas trata de castigar con inhabilitación especial, por un período largo de tiempo, una serie de delitos recogidos en el artículo 607 del Código Penal.

Me gustaría retirar en este momento la enmienda número 2 —y lo voy a presentar por escrito— puesto que ha sido incluida recientemente en el conocido como pacto contra el terrorismo, que también vamos a debatir en este Pleno.

En concreto, en el pacto que se suscribió, UPN aportó que se inhabilitase como profesores a los condenados por terrorismo. Mi partido está comprometido para que ni en las aulas de Navarra ni en las del resto de España haya personas condenadas por ese delito. Es un logro de gran importancia para la democracia y para la limpieza de nuestro Estado de derecho y, por ello, solicitaremos su retirada por escrito.

La enmienda número 3 trata de tipificar y penar el delito que cometen las personas que incitan a otros seres humanos a poner en grave riesgo su salud. Se trata de penar la incitación a la anorexia y a la bulimia, y además que se puedan cerrar preventivamente este tipo de webs que tanto daño están haciendo. Por eso pedimos que se prohíban y se castiguen estas prácticas. Por ejemplo, en Francia está penado desde hace tiempo y una madre coraje, Lidia Amella, está recogiendo firmas para lograr este fin, como ya se ha mencionado. Por ello, quiero expresarle desde aquí mi apoyo y el de UPN.

En relación con esta iniciativa hay otra enmienda del PAR, del senador Fuster, que me ha precedido en la palabra, que es similar a la nuestra o la nuestra a la suya, y creo que sería positivo que, de algún modo, tuviera cabida en el Código Penal español. Estamos todavía a tiempo. Lo que se está pidiendo es algo lógico y que, sin duda, evitará muchos daños y sufrimiento a un buen número de personas jóvenes. Además, comparto todos y cada uno de los argumentos del senador Fuster y, por ello, espero que se pueda aprobar. En consecuencia, apoyaremos esa iniciativa porque si se aprueba esta enmienda se hará una buena labor en favor de los españoles que están preocupados por la cuestión. De lo contrario, cada cual se retratará y que cada palo aguante su vela.

La enmienda número 5 también tiene gran trascendencia y relevancia. Esta enmienda propone ampliar el artículo 607, al que me he referido antes en relación con otra enmienda, al delito de genocidio en cualquier grupo social. En cuanto a su tenor literal, al ser una enmienda de adición, donde pone entre paréntesis «resto igual», téngase por no dicho. Ahora el texto dice que el genocidio es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a cualquier grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes.

Actualmente no está incluida la acepción de grupo social, que es lo que queremos ampliar, y entendemos que si en anteriores códigos penales estaba ya recogido, no tiene razón de ser que ahora no lo esté. Se trataría de trasponer lo dicho en el artículo 137 bis del Convenio de Ginebra sobre prevención y sanción del genocidio que, como ya he dicho, se incorporó a nuestra legislación penal y que posteriormente, en 1995 —si no me equivoco— se eliminó. Se trata de ampliar el colectivo a proteger del delito de genocidio y entendemos que eso no está de más. Después ya vendrá el criterio de los jueces y tribunales a la hora de interpretar lo que el legislador —es decir, nosotros— hayamos querido decir.

Por último, hemos presentado un paquete de enmiendas con el fin de castigar los delitos sexuales, los delitos contra los menores y los que tienen que ver con la pornografía infantil. Además, pedimos que estos delitos se persigan en España aunque se cometan en cualquier otro Estado.

Ya me han anunciado que se aceptará alguna de las enmiendas de este paquete y vamos a ver si es posible que también se pueda aprobar alguna otra.

Espero que a la vista de las razones que les aporto, acepten estas enmiendas de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, que sin duda mejoran y, desde nuestro punto de vista, hacen más certero el texto que nos ha llegado del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que ha sido muy clarificadora la intervención de la última portavoz del Partido Popular, que ha desmentido gran parte de los argumentos de la primera portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Si la primera insistía en que la prisión permanente revisable respondía al principio de culpabilidad, la segunda portavoz nos dejó muy claro que se trataba precisamente de impedir que estuvieran en la calle quienes pudieran ser un riesgo para la integridad de las personas. Lo dijo claramente, lo dijo con los ejemplos que puso, y yo no pude evitar recordar a doña Concepción Arenal, que hace ciento cincuenta años aproximadamente, dijo aquello de odia el delito y compadece al delincuente. Si de alguna manera los huesos de doña Concepción Arenal pudieran percibir el eco de las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sin ninguna duda se removerían pensando en qué poco ha avanzado la sociedad española, al menos una parte de la sociedad española, en ciento cincuenta años.

Enmiendas concretas, mantenemos 92. En varias de ellas se plantea la supresión de la prisión perpetua revisable. Allá donde se menciona en el Código la prisión perpetua revisable, suprimimos tal mención y hay 12 enmiendas en ese sentido. Modificamos el elenco de penas, además de en el tema de la prisión perpetua revisable, y en el caso de las penas leves rebajamos la pena contemplada de multa hasta tres meses, a una pena que sería de multa hasta dos meses. Y en el caso de las penas privativas de derecho en relación con el artículo 39, incorporamos la de prohibir la tenencia y convivencia con animales, en consonancia con contenidos del proyecto y también con alguna de nuestras enmiendas.

Modificamos el artículo 57.2 para que, a petición de la víctima, pueda dejarse sin efecto el alejamiento impuesto en sentencia condenatoria. La medida de protección de alejamiento y la pena accesoria de alejamiento sin ninguna duda están justificadas y responden a situaciones muy concretas, pero la vida es muy compleja, y hay situaciones en las que se puede llegar a que acabe imputada la víctima de la violencia de género por contribuir a romper esta pena accesoria de alejamiento. También planteamos una modificación del artículo 80 para recuperar la conceptuación dependiente de las dos fórmulas que contenía el Código de 1995 para evitar el cumplimiento de la pena de prisión, por un lado la sustitución y, por otro, la suspensión.

En relación con la suspensión, presentamos una enmienda a la redacción del artículo 81, y aspiramos a mantener el mecanismo de declaración de insolvencia en los supuestos de suspensión en la ejecución de la condena para eximir del requisito de afrontar la responsabilidad civil, en vez de la previsión, que nos parece más compleja, del proyecto de un compromiso de pago.

En el artículo 83 limitamos la posibilidad de imponer deberes y obligaciones a los supuestos en que la suspensión sea de una pena de prisión. En el artículo 86 rechazamos la revocación de la suspensión por facilitar información inexacta sobre bienes motivo de decomiso, porque entendemos que se trata de una obligación que se impone que carece de base legal. En el artículo 87 planteamos la cancelación de antecedentes transcurrido el plazo de suspensión de la pena. En el artículo 88 regulamos la posibilidad de sustituir la pena de prisión de hasta un año, incluso de dos, por multa o trabajos a la comunidad, que el proyecto a su vez hace desaparecer. En el artículo 89 acotamos la posibilidad de la expulsión de extranjeros como sustitución de la pena de prisión. Se suprime la referencia a los efectos de esta decisión sobre los procedimientos de permiso de trabajo y residencia. Por más que puedan quedar sin sentido, se trata de procedimientos sometidos a un régimen específico que se ve alterado por las previsiones del Código Penal. También rechazamos el ingreso cautelar en los centros de internamiento de extranjeros en estos supuestos de expulsión.

En relación con la libertad condicional, en el artículo 90 recuperamos la libertad condicional como última fase del cumplimiento de las penas de prisión, y en el artículo 91 mantenemos la regulación vigente de la concedida por razones humanitarias frente a las cortapisas que se introducen en este proyecto de ley a tal posibilidad. Se sustituye el artículo 92 en relación con la prisión permanente revisable por una regulación de la posibilidad de libertad condicional para supuestos que no se contemplan en el artículo 90, modificamos el artículo sustituyendo esa regulación de la prisión permanente revisable.

Otros aspectos del proyecto. En el artículo 131 se recuperan para los delitos leves los plazos de prescripción previstos en el actual Código para las faltas. En el artículo 139 suprimimos la circunstancia 4.ª del apartado 1 que cualifica como asesinato el homicidio si se ejecutó para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. En el artículo 142 incorporamos como delito leve el que por imprudencia leve causara la muerte a otra persona, con las consideraciones a las que ya hice referencia en la defensa del veto.

Reducimos de 3 a 2 meses la pena de multa en los artículos 171.7 y 172.3. En el artículo 177 bis relativo al delito de trata reducimos la pena de prisión, que el proyecto prevé de 5 a 8 años, y nosotros proponemos que sea de 3 a 6 años. Planteamos la recuperación de la jurisdicción universal suprimiendo las referencias a que se haya cometido el delito en territorio español, desde España o en tránsito con destino a ella, e introducimos la explotación laboral, lo que ha sido motivo de una transaccional que firmamos esta mañana.

En el mismo precepto planteamos que para que se aplique el tipo agravado se exija que exista riesgo o integridad para la vida y que el mismo haya sido un riesgo grave, y en el caso de que la víctima sea menor, que los medios de comisión hayan anulado o limitado su voluntad.

En los artículos 234, 236, 249, 252, 253, 255, 256 y 263, delitos leves contra la propiedad, sustituimos el umbral de comisión que el proyecto establece en 500 euros por una declaración menos concreta, la escasa cuantía, y reducimos la pena de multa prevista de 1 a 3 meses a una multa inferior a 2 meses.

Suprimimos los artículos 246.2, que se refiere a la alteración de la posición de los mojones, y 247.2, distracción de agua, con utilidad no superior a 500 euros en ambos casos, por entender que su escasa relevancia hace que no merezcan ser contemplados en el Código Penal.

En los artículos 270 y 274 excluimos la persecución de la venta ambulante y la producción de copias a través de 4 enmiendas cuando el beneficio sea inferior a 1000 euros y en una de ellas subsidiariamente planteamos una reducción de la pena inferior a la prevista.

Enmendamos la supresión del artículo 311 bis, que sanciona proporcionar trabajo a un inmigrante carente de permiso sin que medie explotación porque entendemos que esta acción tiene una sanción administrativa en el ámbito de la Ley de extranjería y que no tiene relevancia suficiente para ser reflejada y perseguida en el Código Penal.

Igualmente, planteamos la supresión del párrafo tercero del artículo 315, que está sirviendo, como se ha dicho en diferentes intervenciones, para la persecución de los miembros de piquetes informativos, en estos momentos hay casi 300 imputados. Proponemos también la supresión del artículo 318 bis, apartados 1, 2 y 3, que persiguen la ayuda al acceso a un tránsito de inmigrantes y planteamos una redacción alternativa para que se persiga cuando haya ánimo de lucro y habitualidad, más o menos en la misma línea de aplicación que de la directiva comunitaria se realiza en el Código Penal alemán.

Mediante 13 enmiendas modificamos los artículos 337 y 337 bis, que se refieren a delitos relacionados con los animales, tipificando su uso con fines sexuales, incrementando las penas y extendiendo la prohibición de tenencia a la convivencia, e introduciendo además como delito la amenaza con causar un daño al animal.

Planteamos la supresión de los artículos 386 y 389, que se refieren a quien recibe moneda falsa o sellos de buena fe y, tras saberlo, los utilizan. Igualmente planteamos la supresión del artículo 402 bis, relativo al uso público de uniformes sin autorización, pues no creemos que tenga trascendencia penal salvo que se utilice para la comisión de un delito.

Mediante la presentación de 6 enmiendas endurecemos las penas de los casos de corrupción en los artículos 424, 428, 429, 430, 432 y 436.

A través de otra enmienda, modificamos la redacción del artículo 550, manteniendo la definición que en el Código Penal de 1995 se establece del delito de atentado, y planteamos una reducción de la pena.

También mediante una modificación del artículo 551 simplificamos los supuestos agravados y excluimos la ampliación de la posibilidad de que se considere atentado la agresión al personal de seguridad privada. Por los mismos motivos que entendemos que no se consideran autoridad pública, modificamos el artículo 556, en relación con la desobediencia grave, respecto a estos trabajadores de la seguridad privada.

En el artículo 557 exigimos que haya intencionalidad de alteración de la paz pública, y rebajamos la pena a dos años. Suprimimos el tipo agravado, el 557 bis, por entender que es una conducta implícita a la tipificación del artículo 557. Suprimimos el 557 ter, que persigue formas de movilización social que se han producido en los últimos meses y que entendemos no merece rechazo penal. Y lo mismo puedo decir del artículo 559, que se refiere a la difusión de mensajes o consignas que inciten a la alteración. Todo ello en la línea de los diferentes informes a los que hice referencia en la defensa del veto, que rechazan la ampliación de tipos penales que suponen limitación de derechos y libertades fundamentales en la misma dirección de la doctrina del Tribunal Constitucional, a la que también he hecho referencia.

Planteamos una enmienda de supresión del artículo 232.2, porque creemos que ya está prevista la conducta en el delito de trata.

Y planteamos nuevos apartados. En relación con la corrupción, un nuevo tipo para que se persiga el blanqueo de capitales y se establezca la previsión de decomiso de los mismos.

En los artículos 319 y 320 planteamos incrementar la pena para los autores de corrupción urbanística. Modificamos el 405 para que sea delito el enriquecimiento injustificado, e incrementamos las penas en los tipos contemplados en los artículos 421 y 426.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 743 a 838.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos presentado 96 enmiendas al proyecto de ley, algunas de las cuales las hemos dado ya por contestadas en el debate anterior sobre los diferentes vetos ya que varias de ellas están relacionadas con la prisión permanente revisable. En ese sentido, proponemos la supresión de todos aquellos preceptos que de una manera u otra contengan este término. Es evidente que este texto traslada ideología, porque ideología es la cadena perpetua —y en estos términos se expresó también el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la nación—; el texto es ideología, con todo lo que ello supone evidentemente, con lo que rechazamos todas las enmiendas que establecen este término de prisión permanente revisable.

Un segundo grupo lo constituyen aquellas enmiendas que significan un agravamiento punitivo que nosotros consideramos innecesario. En este sentido nos damos por respondidos, puesto que en la presentación del veto ha habido un gran debate sobre la cuestión. Aquí también se da, además, un elemento ideológico importante.

Consideramos que la enmienda 763 es importante porque clarifica una decisión marco, la 2008/675/JAI que pasó por esta Cámara, si mal no recuerdo, en noviembre de 2014, y que está creando un conflicto importante. Por eso, esta enmienda, la 763, clarifica este elemento que está generando diferentes interpretaciones, diferentes lecturas y que está resultando conflictivo. Esta enmienda aporta mayor clarificación y se corresponde, además, con la filosofía de la decisión marco citada.

Tenemos un tercer grupo, las enmiendas contrarias a lo que entendemos que es el principio resocializador de las penas. Nos damos también por respondidos porque el Partido Popular, también por ideología, se olvida de la resocialización. Por ideología también se olvida de la Constitución y por ideología, también, hace un uso e interpretación no justificada a derecho de la Constitución para aplicar, cuando al grupo mayoritario le conviene, el precepto que le conviene, siempre utilizando la Constitución como un arma arrojadiza porque es evidente que no podemos estar de acuerdo, siendo un derecho fundamental, el de resocialización, dentro del Título I de la Carta Magna, y siendo también, como somos y tal como hemos dicho, el Estado dentro de la Unión Europea cuyo mayor reproche punitivo tiene, con las mismas.

Tenemos un cuarto grupo en las que proponemos un reproche penal mayor que el que establece el proyecto de ley cuando un menor se encuentra inmerso en un conflicto. La utilización de menores de edad para nosotros merece, porque es un motivo evidente, un reproche penal mayor que el Partido Popular no le quiere dar.

Hemos presentado otro grupo de enmiendas que intentan evitar términos que sean jurídicamente indeterminados. Me acaba de anunciar la compañera senadora del Grupo Popular que alguna enmienda, aunque sea menor, se nos va a aceptar, pero todas aquellas enmiendas con las que se pretenda clarificar y eliminar conceptos ambiguos van a mejorar el texto, porque todo concepto que se mantenga de una manera ambigua no hace más que perjudicar y posibilita un problema a futuro.

En las enmiendas formuladas al maltrato de animales vemos la escasa voluntad del grupo mayoritario para encontrar soluciones a los problemas que se les plantean. Por ejemplo, la enmienda 778 define aquellas penas previstas que se impondrán en su mitad superior cuando concurran algunas de las circunstancias que se señalan, como puede ser el ensañamiento. Nosotros, además del ensañamiento, planteamos que si hubiera causa de muerte, también entre dentro de lo que puede ser este grupo, de suerte y manera que se imponga una pena en su mitad superior cuando ocurra la circunstancia de muerte. Pues bien, no se nos atiende. Y qué vamos a hacer sino trasladar nuestra queja al grupo mayoritario, puesto que no atiende las necesidades y los planteamientos que el resto de grupos le estamos haciendo en la Cámara.

Otro grupo muy importante también para nosotros, y no solo para nosotros, sino para el 100 % de la sociedad —no para los dos tercios de la sociedad, como antes apuntaba el grupo mayoritario en la defensa de la pena permanente revisable—, es el relativo a la corrupción. Porque la ciudadanía sí que entiende que tiene que haber un mayor reproche penal ante la corrupción. Los problemas que se están dando, que se están creando, que se están viendo día a día, necesitan de otro tipo de respuesta. Y las enmiendas que nosotros hemos planteado en ese sentido, que son muchas, lo que hacen es plantear un reproche penal mayor. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Hay otro grupo de enmiendas a la hora de establecer una definición de terrorismo. No voy a desarrollarlas ahora porque entiendo que después del proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo vamos a poder debatirlas de una manera amplia y extensa. Y el último grupo está compuesto tan solo por una enmienda al objeto de dar una respuesta ante la sustracción interparental de menores. En ese sentido, en esta Cámara obtuvimos un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios presentes y esta enmienda que hemos presentado, que lo que hace es modificar dos artículos del Código Penal de 1995, lo que hace es mejorar y responder a ese planteamiento que aquí se hizo por parte de todos los grupos de una manera consensuada. No esperamos mayor respuesta por parte del Grupo Popular, tal y como se está desarrollando este Pleno, pero, al menos esperamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Y, si tiene a bien el grupo mayoritario conceder en alguna enmienda una pequeña gracia, todo será para bien y para la mejora de un texto que no tiene ni pies, ni sentido y que, además, resulta injusto a todas luces.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario de la Entesa tiene dos conjuntos de enmiendas: El primero va de la 320 a la 452.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Lo haré desde el escaño mismo. Las defenderé por bloques y me referiré a las más significativas. En la primera que quiero insistir es en la enmienda de supresión del artículo 315.3 que hace referencia a las coacciones en los momentos de huelga. Como he dicho esta mañana repetidamente, este artículo tiene su origen en la época de la dictadura, se ha mantenido hasta ahora, no se ha hecho funcionar, pero, en estos momentos, hay más de 200 sindicalistas que están incursos en procedimientos judiciales. Después hay otra serie de enmiendas relacionadas con los artículos 557 bis, 557 ter y 559, que hacen referencia a desórdenes públicos y a manifestaciones. Son artículos que ponen cautelas, que ponen dificultades, que plantean problemas al ejercicio de las manifestaciones en el espacio público. Desde ese punto de vista, nuestra propuesta es la supresión de estos tres artículos.

Hay toda una serie de artículos, los números 419, 420, 423, 424, 428, 429, 430, 432 y 436, relativos a los temas de corrupción. En general, las enmiendas, por un lado, endurecen las sanciones y, por otro lado, amplían los supuestos de delito en los temas de corrupción.

Como ya se ha dicho en otra intervención, consideramos importante introducir en el Código Penal que se castigue el maltrato animal, el engaño o el abandono de los animales. En este sentido, proponemos determinadas enmiendas, la formulada al artículo 182, enmienda 371, y la número 395.

En relación con el artículo 556, que prevé la colaboración de la seguridad privada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los temas de resistencia pasiva, proponemos su supresión porque consideramos que los miembros de la seguridad privada no tienen que intervenir en este tipo de actuaciones.

Se presentan varias enmiendas sobre extranjería, las números 350 y 389, en las que planteamos lo siguiente: Ahora se dice que las penas de prisión serán sustituidas por expulsiones, y nosotros proponemos que se examinen las condiciones personales, familiares y económicas del presunto delincuente al tomar esta decisión. En caso de que una persona esté contratada irregularmente, proponemos que a la hora de expulsarla se tenga en cuenta su situación personal.

Hay toda una serie de artículos que hacen referencia a las infracciones por circulación, en función de si son homicidios imprudentes o no. Nosotros proponemos una gradación de sanciones en función de la gravedad del tipo de accidente.

En cuanto a la violencia doméstica, proponemos que el alejamiento, que puede ser de 10, 5 o 1 año, se aplique en función de la situación concreta de la familia o de la persona que se ha de alejar.

En toda una serie de artículos proponemos el añadido de que exista un examen psicológico para aquellos encarcelados que accedan a la libertad condicional o al tercer grado. Lo que no puede ser es que se conceda la libertad condicional sin que se le haga un examen detallado de su situación psicológica.

En la venta ambulante graduamos el tipo de pena en función del beneficio alcanzado por la persona que efectúa dicha venta ambulante.

Hemos presentado la enmienda 354, al artículo cincuenta y uno, y proponemos que cuando señala que los penados de 70 años podrán ser puestos en libertad se añada a aquellas personas con enfermedades graves.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado un conjunto de 214 enmiendas a esta modificación legislativa que nos propone el Partido Popular, que, desde nuestro punto de vista, como hemos manifestado con anterioridad, endurece injusta e innecesariamente el Código Penal y supone una regresión en nuestro sistema de derechos y libertades.

No es mi intención detallarles el contenido de todas nuestras enmiendas, pero sí voy a explicar nuestra propuesta de modificación de este proyecto agrupando las enmiendas en bloques, por temas.

Como decimos en nuestra defensa del veto a la ley, nuestro grupo apoya sin ningún género de duda el principio constitucional de la reinserción, que obliga a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social de la persona condenada por cualquier tipo de delito. Por tanto, estamos frontalmente en contra de la inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Desde nuestro punto de vista, ninguna razón objetiva justifica o avala la inclusión, de forma encubierta, de la cadena perpetua en nuestro catálogo de penas. Y con el objetivo de suprimirla del texto del proyecto hemos registrado las enmiendas 132, 135, 136, 143 a 145, 155, 156, 178 y 274 a 277.

Otro de los graves errores del proyecto de ley es la supresión del Libro II, dedicado a las faltas. Así, hasta ahora la gran mayoría de las faltas se incluían en el Código Penal y eran sancionadas con intervención judicial, pero ahora en torno a una tercera parte pasan a ser castigadas con multas administrativas, habiendo intervención judicial a posteriori y solo en caso de recurso. No creemos que este sea el camino más idóneo y hemos presentado, en este sentido, un paquete de enmiendas para revertir esta modificación al texto vigente. Las enmiendas 108 a 120, 124 a 127, 133, 134, 138 a 141, 258, 160, 162 a 167, 172 a 175, 186, 187, 189, 190, 203 a 205, 208, 212 a 214, 227, 245, 247, 248, 250 y 309 a 314.

Con nuestras enmiendas 121 y 122 proponemos modificar la redacción dada por el proyecto a las circunstancias 4.ª y 8.ª del artículo 22 sobre ser reincidente, adaptando la mejora a la normativa europea y sobre los delitos por motivos racistas, ideología, religión, identidad cultural, identidad u orientación sexual, ampliando y adaptando la casuística.

La enmienda 123 adapta la definición de la situación de discapacidad a la Convención de la ONU. Otro de los motivos en los que sustentábamos nuestra enmienda de veto era la reiterada, desde nuestro punto de vista, trampa legislativa de la mayoría con malas praxis para evitar los informes preceptivos de los órganos constitucionales. Una de ellas es incorporar modificaciones en la última versión del anteproyecto. Este es el caso de la modificación propuesta del artículo 31 bis sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, de la que ni el Consejo Fiscal ni el Consejo General del Poder Judicial han podido emitir su informe al respecto. Esta modificación otorga un margen de impunidad a las empresas y demás personas jurídicas excesivamente amplio, 2 palabras que ha firmado el Consejo de Estado.

El proyecto sustituye el concepto de representante legal o administrador de hecho o de derecho por uno mucho más amplio. Así, donde la normativa europea identifica a quien tiene poder de mando en una empresa por su capacidad de tomar decisiones en nombre de esta, el proyecto propone que se identifique a cualquier persona autorizada para ejercer facultades de organización y control aunque no tenga poder de mando o capacidad de dirección de la empresa. Nuestras enmiendas 128 a 131 y 142 recuperan el texto vigente.

También hemos incluido un grupo de enmiendas para modificar la propuesta del proyecto en relación con la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, que recogen los artículos 80 a 87 del vigente Código Penal. En este sentido, las enmiendas 146 a 150, 157, 159 y 161 introducen mejoras técnicas, entre otros aspectos, para armonizar el tratamiento que corresponde a los casos en los que el penado carezca de capacidad económica para afrontar el cumplimiento de todas las obligaciones patrimoniales derivadas del delito y evitar que esa precaria situación económica pueda erigirse en un obstáculo definitivo para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, siguiendo el informe del Consejo Fiscal. Además, se introduce la exigencia de que antes de resolverse lo que proceda acerca de la suspensión o no de la ejecución de la pena se dé audiencia a las partes y en particular al penado como reclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, se vincula, por razones de proporcionalidad, la duración del plazo de suspensión a la especie de pena privativa de libertad de que se trate y a la mayor o menor duración de la pena suspendida.

Las enmiendas 151 y 154 corrigen un cambio en el proyecto que consideramos importante, la pretensión del Gobierno de cambiar la consideración de la libertad condicional de una forma de cumplimiento de la pena actualmente vigente a una forma de suspensión. La suspensión es un medio diseñado para evitar en lo posible la ejecución de las penas cortas de privación de libertad, pero la libertad condicional forma parte de la propia ejecución de la pena de prisión. Por tanto, es un error la pretensión de someter la libertad condicional a las reglas de la suspensión de la ejecución de la pena.

También incluimos en nuestras propuestas de enmiendas cambios en la aplicación del comiso de los instrumentos y efectos del delito. Entendemos que la aplicación del comiso no debe depender del carácter doloso o imprudente del delito, sino de su fundamento y naturaleza. En este sentido, las enmiendas 168 a 170, 171, 278, 279 y 308 incluyen estas modificaciones.

La enmienda 169 amplía la enumeración de delitos posibles objeto de decomiso en el nuevo artículo 127 bis, ya que debe comprender también otros delitos, como los que inciden sobre la corrupción política o los de carácter socioeconómico, y así evitar el enriquecimiento patrimonial injusto que se pudiera derivar de una actividad delictiva continuada vinculada a aquella que motiva la condena.

Como se ha dicho en diversas ocasiones a lo largo de este debate, hay un incremento y endurecimiento injustificado de muchas de las penas. En este sentido, y al no disponer de ningún fundamento empírico cabal en los cambios propuestos en las penas, hemos incluido una serie de enmiendas de supresión para revertir la norma al texto vigente. Así, la enmienda 176 suprime la pena superior en grado para determinados casos de homicidio; la número 177 suprime la elevación a veinticinco años del límite máximo de pena para el asesinato simple; la número 180 suprime la modificación que eleva a delito una conducta de peligro abstracto; la número 181 recupera el texto vigente de la definición del delito básico de lesiones; y las enmiendas 182 y 183 suprimen los cambios en la pena por los delitos previstos en los artículos 147, 149 y 150.

Las enmiendas números 206, 207 y 210 suavizan el agravamiento de los casos en los que el hurto es castigado con pena de prisión. Y las enmiendas 209 y 211 suprimen el tipo agravado por comisión de robo en edificio abierto al público, siguiendo precisamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La enmienda 228 reduce el agravamiento de la pena por daños en propiedad ajena mediante incendio o explosiones. Y con la enmienda 242 proponemos suprimir la tipificación penal de la conducta de dar ocupación a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo debido a que ya está sancionada administrativamente, como ustedes saben, como infracción muy grave.

Tampoco estamos de acuerdo con la propuesta del Gobierno de modificación del artículo 270, relativo a los delitos contra la propiedad intelectual, en el que se persigue más al mantero, al eslabón más débil, que a los verdaderos responsables del delito. Por tanto, con las enmiendas 229, 230 y 231 suprimimos el agravamiento de las penas asociadas a él, y con las enmiendas 520, 521 y 522 presentamos una propuesta de mejora de este artículo que facilita su comprensión y su aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales.

La enmienda 191 modifica algunos apartados del artículo 177 bis para adaptar la introducción en el Código Penal del delito de trata de seres humanos a una correcta trasposición de la normativa europea.

Otro de los aspectos controvertidos de esta reforma del Código Penal con el que estamos en desacuerdo es la elevación de la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años. En este sentido hemos registrado un paquete de enmiendas, las números 192 a 197 y 199 a 202, adaptando el texto a nuestra propuesta, que consiste en subir la edad del consentimiento de los 13 a los 14 años, como se está haciendo en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno para mantener el principio de respeto y garantía de la libertad sexual de las personas de 14 y 15 años cuando actúen con consentimiento libre y voluntario, y establecer una específica protección para estos adolescentes de 14 y 15 años, consistente en que no se considerará que hay consentimiento cuando la diferencia de edad de la otra persona sea superior a cuatro años o cuando por encima de esa diferencia de edad haya un grado de desarrollo o madurez similar.

Con las enmiendas 217 a 219 y 280 destipificamos el delito de apropiación indebida utilizando energía eléctrica, gas, agua u otro elemento cuando el perjuicio económico sea inferior o igual a 400 euros, dada la escasa gravedad de estas conductas y los graves problemas derivados de la pobreza energética que sufren muchas familias precisamente en tiempos de crisis económica.

El proyecto no aclara la tipificación de delitos como el de administración desleal y no consigue delimitarlo claramente del delito de apropiación indebida aunque se lleve a cabo dentro de la administración de una empresa, entendiendo que es un binomio nuclear y que de algún modo en ocasiones se pueden producir ciertas confusiones en torno a las conductas y sobre qué tipo penal deberían ser incardinadas. Con las enmiendas 215 a 216 y 281 planteamos una nueva redacción en lo que respecta precisamente a estos delitos.

Tampoco estamos de acuerdo con el tratamiento que se recoge en la modificación relativo a la financiación ilegal de partidos políticos. Teniendo en cuenta los numerosos escándalos, además, que recientemente han afectado al partido de la mayoría relativos a su financiación irregular, pensamos que es completamente insuficiente, poco responsable y un poco tramposa la propuesta que se ha incorporado en el trámite del Congreso. Nuestra propuesta, recogida en las enmiendas 238 a 240, 282 y 283, pretende penar a los responsables de los partidos políticos que falseen sus cuentas; penar con prisión a los donantes ilegales y penar con prisión a los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de los partidos que acepten donaciones ilegales.

Otro apartado que creemos muy importante es el tratamiento que se hace del delito fiscal. El Gobierno y la mayoría no han considerado que se deba modificar en el proyecto el tratamiento vigente de este delito, pero los numerosos escándalos conocidos y el enorme daño social y sobre la conciencia tributaria que todo ello genera hacen necesaria una revisión a la baja del límite de delito entre delito e infracción administrativa de los 120 000 a los 50 000 euros. El objetivo es situar en 50 000 euros el delito fiscal, el fraude de subvenciones, el fraude a la Seguridad Social, igual que el fraude a los fondos y a las subvenciones de la Unión Europea. También proponemos la derogación del artículo 307 ter, que tipifica injustamente el delito de obtención de prestaciones indebidas a la Seguridad Social por parte de los trabajadores, equiparando de una forma radical a un defraudador, en este caso de más de 120 000 euros, con un desempleado que defrauda a la Seguridad Social 1 euro. Nuestras enmiendas 284 a 292 incluyen estas modificaciones.

Además, en relación con los delitos de corrupción hemos propuesto, con la enmienda 319, un procedimiento preferente y sumario para su instrucción y enjuiciamiento, excluyendo la posibilidad de evitar el juicio oral mediante sentencias de conformidad.

Con la enmienda 318 proponemos incluir una disposición final para modificar la norma que regula la concesión de indultos, para prohibirlos total o parcialmente, en relación con delitos cometidos por autoridades o cargos públicos en el ejercicio de sus funciones.

Con la enmienda 304 proponemos incluir una disposición adicional nueva para instar al Gobierno a presentar, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales competentes, especialmente a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

En relación con las coacciones de empresarios o trabajadores ante el derecho de huelga, que recoge el artículo 351, en nuestra opinión tampoco se han resuelto de forma satisfactoria. Por un lado, no hay una razón objetiva para disminuir las penas hoy vigentes, hasta los dos años de prisión, a los empresarios que impidan o limiten el ejercicio de derecho de huelga, como se ha hecho evidente en el trámite en el Congreso mediante una enmienda del Grupo Popular; y, por otro, creemos necesario suprimir el apartado 3, ya que, por una aplicación errónea y un cambio en el enfoque y la actuación en las acusaciones mantenidas por el ministerio fiscal, está conduciendo, contra la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, a situaciones de verdadero desconocimiento y cercenamiento del derecho de huelga —ya ha habido intervenciones en este sentido que se han manifestado desde esta tribuna— a través de la imposición de penas privativas de libertad severas a sindicalistas, obviando la configuración del derecho de huelga como un derecho fundamental. En este sentido está nuestra enmienda 243.

En nuestras enmiendas 253 a 259, 294 y 295 hemos planteado un agravamiento de las penas de prisión o su inclusión en los delitos de prevaricación, abandono de persecución de delitos a que está obligado el funcionario público, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada, incluyendo, además, penas de inhabilitación para recepción de subvenciones públicas, enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios cuando terminan su mandato o su cargo, o el incremento patrimonial no justificado cuando no acrediten su procedencia, para que pueda ser sancionado. Además, creemos que es muy importante ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, aumentando la pena máxima de inhabilitación de estos.

Finalmente, rechazamos la propuesta de reforma en materia de delitos de atentados y de desobediencia. La reforma genera una tipificación desde nuestro punto de vista extremadamente ambigua, probablemente con el único fin de aumentar, de modo radical, las facultades de detención de las fuerzas de seguridad y de confundir así la protesta, lo que en algunos casos podría provocar la confusión de la protesta pacífica legítima con la realización de conductas de atentados o desórdenes. Con esta norma se persigue o se podría perseguir el amedrentar a la ciudadanía no violenta frente al ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión o el de libre expresión, incluyendo hasta la mera manifestación de la adhesión a la protesta. Además, en nuestra opinión pretende una inaceptable privatización de la gestión del orden público. Las enmiendas 264 a 274 suprimen los apartados en este sentido.

Todas estas enmiendas contribuirían a que el Código Penal resultante de este proceso no tuviera el carácter regresivo que en estos momentos pretende e impulsa el grupo mayoritario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, para la defensa de las enmiendas 839 a 954 y vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas aprobadas, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de 116 enmiendas: 74 de supresión, 28 de modificación y 14 de adición. Por bloques temáticos, e intentando resumir, hemos presentado varias enmiendas destinadas a recuperar las faltas como categoría de infracción penal. En el veto ya hemos explicado que estamos en contra de la supresión de las faltas, y muchas enmiendas van dirigidas a este objetivo. También hemos presentado enmiendas para suprimir la pena de prisión permanente revisable. Y hemos presentado enmiendas relacionadas con el régimen de suspensión de la pena; concretamente, las enmiendas 871, 872, 874 y 875.

La 871, de modificación del artículo 80, pretende incluir a aquellas personas que sufren un trastorno mental grave y que requieren un tratamiento específico dentro de los supuestos posibles de suspensión de la pena para evitar que personas con un trastorno mental grave sean abocadas al cumplimiento de penas que podrían ser contraproducentes con el tratamiento integral y rehabilitador necesario para su enfermedad y, de este modo, promover que sean atendidas adecuadamente.

La 872, de supresión del apartado 1, cuarenta, pretende suprimir «y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas». Resulta pertinente suprimir este inciso para que sean los tribunales y no el legislador los que fijen la orientación preventivo-general y/o especial y evitar, por tanto, que se creen graves desigualdades en la aplicación de la pena, afectando al principio de legalidad e igualdad que debe regir la aplicación de las penas y las medidas de seguridad.

La 874 modifica el artículo 86, en coherencia con enmiendas anteriores, pues es necesario dar audiencia al penado para que pueda poner de manifiesto y aportar cuanta documentación estime necesario a los efectos de que le sea concedida la suspensión de la pena.

Asimismo, consideramos conveniente tener en cuenta que la drogodependencia es una enfermedad crónica y recidivante, cuyo proceso de tratamiento incluye pequeños consumos y recaídas que forman parte del abordaje terapéutico y que son tratables. Por ello se propone que el órgano judicial deba atender los informes de los equipos de tratamiento para valorar si se trata de verdaderos incumplimientos antes de decidir si es adecuado revocar la medida o si es necesario o aconsejable continuar el tratamiento. También tiene por objeto eliminar la revocación de la suspensión de la pena por conocer, una vez finalizado el plazo de suspensión y firme el auto de remisión de la pena, una sentencia condenatoria por delito cometido durante el plazo de suspensión.

La 875 pretende promover la atención sociosanitaria adecuada a las personas con un trastorno mental grave que necesiten un tratamiento integral.

En relación con los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial a hemos presentado cuatro enmiendas, las números 923 a 926, a propuesta de la Liga de Fútbol Profesional, la coalición AEVI y otros. Estas enmiendas pretenden modificar el artículo 270 en varios sentidos. En el párrafo número 1, recuperar la pena de prisión de seis meses a dos años del actual Código Penal en aras al principio de intervención mínima, ya que su aumento de seis meses a cuatro años se considera excesivo. Asimismo, se propone una mejora técnica, incluyendo una definición mucho más adecuada del bien jurídico a proteger, no solo las prestaciones descritas, no solo las obras del Libro I de la Ley de propiedad intelectual, sino también las prestaciones del Libro II de la citada ley, las producciones fonográficas y audiovisuales, las emisiones de radiodifusión y todas las demás que en él figuran.

En el segundo párrafo se propone una mejora técnica para lograr una más eficaz aplicación de este precepto, y en el tercer párrafo se propone eliminar la referencia «previa identificación inicial del contenido infractor, su localización y el derecho que infringe», ya que la actuación que se impone al juez en este parágrafo deriva de la condena por el delito contra la propiedad intelectual y, por tanto, la identificación de todas las obras o prestaciones que habrán de retirarse se habrá producido a lo largo del proceso, al tiempo que es necesario especificar que los contenidos difundidos sean objeto de propiedad intelectual.

Se proponen modificaciones al apartado 2 referentes a la venta ambulante. Y se modifica el apartado 4 del artículo 270 porque se debe tener en cuenta que en algunas conductas, como vender o alquilar, la finalidad comercial debe entenderse incluida en la conducta típica, pero no en otras, como fabricar, importar o distribuir, por lo que el ámbito objetivo del tipo se estaría restringiendo más allá de lo que prevé la norma comunitaria, no brindándose a la protección que se exige. Por otra parte, razones de técnica legislativa aconsejan sustituir el término tener por el más jurídico y adecuado de poseer.

Hemos presentado también cinco enmiendas, las números 850 y 933 a 936, sobre xenofobia, a petición, entre otros, de la Asociación por la Tolerancia.

La enmienda 850, de modificación del artículo 22.4 del Código Penal, pretende igualar la punibilidad como agravante de las conductas penales que se cometan por motivos de origen territorial, identidad cultural o lingüística, aspecto físico o por la situación sin hogar de la víctima a los otros delitos cometidos por razones de discriminación, así como igualar la protección a la víctima, dar una respuesta penal igualitaria y proporcionada a aquellos casos en los que se atenta contra una persona por las razones discriminatorias señaladas, pero en las que por no estar contenidas expresamente como circunstancia agravante el juez no puede aplicar el agravante de las penas impuestas por estas conductas graves.

Las cuatro enmiendas restantes modificarían los artículos 510 a 515 del Código Penal para reintroducir el concepto de asociaciones entre las víctimas del tipo penal del artículo 510, que elimina el proyecto, puesto que en muchas ocasiones son estas las destinatarias de este tipo de delitos con el fin directo de bloquearlas e intimidarlas.

En coherencia con la enmienda 850, resulta necesario incluir los motivos de origen territorial, identidad cultural o lingüística, aspecto físico y de la situación de persona sin hogar en los supuestos del artículo 510 para proteger a la víctima, de igual modo que las otras razones discriminatorias, como motivos racistas, antisemitas, ideológicos, etcétera.

También consideramos necesario concretar la conducta penal de banalización o trivialización del nazismo como régimen totalitario a través del uso de símbolos nazistas o el uso de términos como nazi, nazista o nazismo, para evitar la práctica de estas expresiones de manera fútil. En este sentido, cabe destacar que en España diversas personas con cargo de presidente de comunidad autónoma, de diputado en Parlamento autonómico, y también algún periodista, incluso en alguna televisión pública, en los últimos años han utilizado el término «nazi», el adjetivo «nazista» o »nazismo» para referirse a los movimientos o asociaciones de protesta escraches contra los desahucios, e incluso para referirse al presidente de la Generalitat, que, evidentemente, es un presidente democrático, o al Parlament de Cataluña por su defensa precisamente del derecho democrático a decidir. Asimismo, con esta propuesta se pretende que el Código Penal español aproxime su regulación a la normativa penal de otros Estados miembros de la Unión Europea que castigan estas conductas, y que se adecúe a las directrices de la Decisión Marco 2008/903/JAI, del Consejo Europeo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. En esta decisión se insta a los Estados miembros a homogeneizar su legislación en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Han transcurrido casi cinco años desde su adopción, por lo que urge que también el Código Penal español incluya como delito la negación y la banalización del holocausto nazi con una mayor precisión.

Por otra parte, hemos presentado las enmiendas 907 y 922 para introducir la agravante para hurto y robo en casa habitada aislada. En la actualidad, en los supuestos en los que el autor se aprovecha de la situación de aislamiento de las viviendas para perpetrar los hechos delictivos esta situación de aislamiento puede ser considerada como una circunstancia agravante de la conducta delictiva del hurto, previsto en el artículo 22.2 del Código Penal, que consiste en aprovecharse del lugar, del tiempo o del auxilio de otras personas para debilitar la defensa del ofendido y favorecer la impunidad del delito. Sin embargo, ante la posibilidad de que puedan surgir criterios dispares por parte de jueces y tribunales respecto de la conveniencia de recurrir a este agravante, resulta necesario recoger explícitamente este supuesto en el tipo penal de robo y en el de hurto en casa habitada, con la finalidad de dar una respuesta penal más adecuada a los robos que se producen en casas habitadas en núcleos diseminados.

Hemos presentado la enmienda 852, de modificación del artículo 25, para incorporar una definición de persona desvalida o vulnerable, además de la persona incapaz a los efectos del Código Penal, entendida como una persona que no sea capaz de llevar a cabo por sí sola las actividades más básicas de la vida diaria, con la consecuencia de que en los delitos de abandono de familia —artículo 226— el ministerio fiscal pueda presentar denuncia en su nombre y dotar a este colectivo de mayor protección jurídica.

Con la enmienda 912, de modificación del artículo 250, introducimos el agravante para delito de estafa de personas vulnerables por razón de edad, persona discapacitada o desvalida. Consideramos que resulta necesario introducir un agravante en el delito de estafa para aquellos casos de personas en situación de vulnerabilidad, en respuesta a la necesidad de dar una mayor reprobación penal a aquellos delitos de estafa que se cometen abusando de la situación de la víctima, ya sea por razón de edad o, como digo, por tratarse de una persona discapacitada o desvalida.

Hemos presentado enmiendas sobre trastornos mentales y enfermedades graves. Son las números 871 y 873 a 875.

La enmienda 920, de modificación del artículo 72 bis, propone introducir un nuevo requisito para determinar la peligrosidad del sujeto. Se pretende dotar así de mayor seguridad jurídica a los procesos penales, por lo cual los jueces y tribunales antes de imponer una pena o una medida de seguridad deban determinar el criterio de peligrosidad del sujeto sobre la base de informes médicos o forenses fundamentados.

También presentamos enmiendas sobre detenciones durante la libertad condicional.



Se propone añadir un apartado 4 al artículo 93, que diría: «En el supuesto de que el penado no ingrese voluntariamente en el centro penitenciario, el juez de vigilancia penitenciaria ordenará a la policía su detención y conducción al centro penitenciario para el cumplimiento de la pena impuesta». Se propone, por un lado, proveer a la policía de seguridad jurídica cuando practica estas detenciones por orden de los jueces de vigilancia penitenciaria con una cobertura legal, y por otro, dar una garantía legal a la persona sometida a esta situación de disfrutar de los derechos y garantías asociados a la detención.

Hemos presentado la enmienda 876, de modificación al artículo 89 del Código Penal, sobre la sustitución de la pena de expulsión a extranjeros. Con ello se pretende reintroducir el término «ciudadano no residente legalmente en España», tal como estableció el Código Penal vigente, en vez de «extranjero» simplemente, término este más ambiguo e impreciso que no distingue entre los extranjeros con estancia o residencia regular en España y los que se encuentran en situación de estancia irregular, con lo que cualquier extranjero, aunque su estancia o residencia fuera legal en España, podría ser expulsado del territorio español.

Se pretende asimismo recuperar del Código Penal actual la necesidad de audiencia previa del sujeto y del ministerio fiscal en la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión del extranjero del territorio español, ya que impide al sujeto la posibilidad de ser escuchado y su derecho a un proceso contradictorio. Ambas modificaciones introducidas en el proyecto perjudican gravemente las garantías procesales del penado extranjero en el momento del acuerdo de la expulsión del territorio español.

Presentamos la enmienda 918 como alternativa al quedar suprimida la falta de deslucimiento. Consideramos que los practicantes de grafitis tendrán gran facilidad para practicarlo si se despenaliza. Por tanto, presentamos una propuesta de modificación del artículo 263, relativo a daños, modificando el apartado ciento cuarenta y uno del proyecto de ley.

La enmienda 921, al artículo 187 bis, de adición, se presenta para proponer regular la prostitución en espacios y vías públicas, penalizando a quienes obtuvieran los servicios sexuales con una pena de prisión de uno a tres meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días, o una multa de 3000 euros. La enmienda propuesta se basa en el modelo francés de penalizar solo aquellas conductas de prostitución llevadas a cabo en espacios públicos y en penalizar solamente al que obtiene el servicio sexual y no al o a la que le ofrece el servicio, de acuerdo con el informe del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.

Hemos presentado enmiendas sobre hurtos, las números 949, 953 y 954, proponiendo la necesidad de crear un registro telemático de personas reincidentes en la comisión de hurtos para poder llevar a cabo un mayor control y dotar de una mayor eficacia en la aplicación de la agravante por multirreincidencia en el hurto. Proponemos también el sobreseimiento de la causa penal si el autor hubiera restituido a la víctima los bienes sustraídos o su equivalente pecuniario, así como indemnizado los daños causados.

Por otra parte, mediante la enmienda 950 proponemos añadir una nueva disposición adicional, pues consideramos que por razones de seguridad jurídica y mejor garantía de los derechos de los imputados y penados, y para evitar las dudas de interpretación que se puedan producir al respecto, es necesario establecer expresamente que las evaluaciones e informes sobre la personalidad, características psicológicas, etcétera, sean realizados por los psicólogos adscritos a la Administración de Justicia o Instituciones Penitenciarias.

Debido a la sensibilidad animalista de mi compañero del grupo, el senador Josep Maldonado, como responsable de los derechos de los animales de CiU en el Senado, y a petición de COPA, Observatorio y APDDA, hemos presentado también varias enmiendas sobre maltrato animal y zoofilia. La 861, de modificación del artículo 39.1.b), para incluir dentro de la definición de tipos específicos de penas la prohibición de convivencia con animales en el mismo domicilio junto con la inhabilitación de tenencia de animales.

Mediante la enmienda 928, de modificación del artículo 337, se pretende incluir junto con la pena de inhabilitación para la tenencia de animales la prohibición de convivencia con ellos en el domicilio para garantizar el cumplimiento eficaz de la pena de inhabilitación en la práctica. También solicitamos incorporar en este redactado el término «abuso», de conformidad con el significado atribuido por la Real Academia Española al verbo abusar, que sería usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien, procediendo de forma disyuntiva a «explotación» y atribuyendo a ambas acciones una finalidad de carácter sexual para que resulten penalmente punibles; no solo aquellas actividades económicas o comerciales, sino también prácticas privadas de zoofilia en las que pudieran estar implicadas incluso víctimas humanas.

Asimismo, incluimos el supuesto de especial gravedad en los tipos penales agravados castigados con una mayor pena cuando se hubiera utilizado o cedido al animal para fines sexuales, mediando o no contraprestación económica, ya que consideramos que tanto el abuso sexual de animales como la práctica de la zoofilia deben entenderse como elementos que permitan al juez aplicar la pena en su mitad superior, como en el resto de supuestos previstos en el segundo apartado. Finalmente, proponemos la creación de un supuesto de prisión efectiva a través del apartado 2.bis para los casos en que, con independencia del resultado de muerte, exista una conducta grave de maltrato animal por producirse tres o más circunstancias agravantes definidas en el apartado 2.

Y voy a hacer una especial mención a la necesidad de dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que los procesos judiciales no pueden durar más de cinco años, puesto que eso es contrario al derecho a un juicio justo, el fair trial. A ello se refiere la enmienda 948.

Doy por defendidas el resto de enmiendas y pedimos el voto favorable a ellas pues entendemos que podrían mejorar el texto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con su venia.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un conjunto de 212 enmiendas, las números 523 a 735. No voy a explicar todas ellas, no se alarmen, ya que gran parte de su defensa está recogida en la ponencia y en la Comisión de Justicia. Pero sí quiero destacar algunas; por ejemplo, la que presentamos —sobre todo voy a subrayar las presentadas ex novo aquí, en esta Cámara— para tutelar mejor los intereses de los agricultores, porque pensábamos que la pena que se les imponía por el uso de las semillas era excesiva. Había una sobreprotección de los titulares del copyright de esas semillas y una infraprotección de dichos agricultores.

Reformulamos el tipo de las lesiones, una petición que nos hacían en general las organizaciones de ciclistas aficionados que pensamos que era muy relevante tenerlo en cuenta. Presentábamos una enmienda al artículo 319 del Código Penal que nos presentaban distintos afectados en diversas regiones de la geografía española, que eran terceros adquirientes de buena fe y afectados porque el juez había ordenado la demolición de su edificio debido a que no contaba con la licencia correspondiente. Esas personas, generalmente pensionistas europeos que habían adquirido de buena fe esas viviendas, se encontraban con que formalmente les daban la razón, les decían que no habían cometido ningún error y que todo se ajustaba a derecho pero, en términos reales, se demolía la vivienda, no recibían indemnización y se veían en la calle, habiendo perdido el dinero y la vivienda.

Por eso, planteábamos la posibilidad de que la orden de demolición del juez de lo Penal se condicionara a la percepción de la indemnización correspondiente para, al menos, compensar de algún modo la pérdida de la vivienda.

Asimismo, hemos presentado tres enmiendas que nos han propuesto diversos colectivos de creadores culturales. De todos es sabido que la marca España no engloba solo a los futbolistas o tenistas sino sobre todo a los creadores culturales y, por ello, pretendíamos proteger más adecuadamente su creación.

En el gráfico que les muestro pueden apreciar lo que significa esta contrarreforma del Código Penal. Hay un Código Penal de 1995 y, posteriormente, dos reformas de 2003 y de 2010, pero lo que hace la de 2015 sobre todo es contrarreformar lo que se hizo en el año 2010.

En relación con el debate sobre si hay o no endurecimiento de las penas, pueden ver en el gráfico que les muestro que el 45 % de las reformas que se han hecho en el Congreso de los Diputados proponen el incremento de las penas; directamente, se incrementaban las penas. Hay un 5 % más que plantean la incorporación de la prisión permanente revisable; y un 14 % relativo a las enmiendas. En este sentido, ya dijimos esta mañana que de las 39 faltas solo desaparecen 14 y el resto se disfrazan, como en carnavales, de delitos leves o menos leves o se remiten a la jurisdicción contencioso-administrativa, previa tramitación del procedimiento administrativo. Además, hay un 18 % que son ampliaciones del tipo y, a su vez, aumento de la pena.

En total, un 82 % de la contrarreforma, simple y llanamente, se limita a incrementar la pena. Por tanto, cuando se dice que no hay un endurecimiento generalizado de las penas, es falso; sí hay un endurecimiento generalizado de las penas, excepto en el caso de los delincuentes de cuello blanco. En ese caso no ocurre lo mismo; ahí se es comprensivo, tolerante y se baja la pena.

He argumentado con los artículos 430 y 432, pero de eso no se acusa recibo. Aquí se hace una descripción del contenido de los tipos, se hace una descripción de lo que dice el proyecto, se hacen comentarios de reafirmación patriótica para que se subleven los instintos de la parroquia, pero no se acusa recibo de los argumentos que aquí se expresan sino más bien al contrario. Así, da la impresión de que se trae un texto y se lee, pero que lo que aquí se argumenta no solo es que no se contraargumente a sensu contrario sino que ni siquiera se acusa recibo de la argumentación. Yo espero que en esta ocasión las dos colegas que se encargan de las enmiendas sí tengan la amabilidad de acusar recibo de estos argumentos y que, por favor, los puedan responder. Incluso me gustaría, si pudieran, que acusaran recibo de la única que voy a leer porque esta mañana se decía: ¿por qué no explican los socialistas eso que han hecho respecto a la corrupción? Díganme —es una invitación— de la reforma del año 2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, prácticamente el 1 de enero de 2011, díganme de esa reforma en la que se incrementan las penas en los delitos contra la corrupción, se incrementan las penas en los delitos que van contra la libertad sexual y se incrementan las penas en la tutela de menores, en cuál de esas figuras ahora hay un incremento. Yo le desafío a que me diga una en la que haya un incremento, y le sigo insistiendo en que hay dos en que bajan la pena. Me gustaría que acusaran recibo de esto.

Añado más —pero no están las personas que esta mañana hicieron la descripción de los tipos, no han acusado recibo de estos argumentos, ahora lamentablemente no cabe esa posibilidad— hay una enmienda, la 735, de la que sí me gustaría escuchar la razón por la no se acepta. Forma parte de la libertad, cada grupo acepta lo que estima conveniente. Pero sí me gustaría saber, dado que todos hemos dicho que queremos incrementos generalizados de las figuras delictivas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la enmienda 735, en la que el Grupo Socialista dice: «El Gobierno remitirá en el plazo de tres meses, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando se han cometido con participación de cargos o representantes públicos».

«En dicho Proyecto de Ley se contemplará la exclusión, en las causas por estos delitos, de la posibilidad de dictar sentencias de conformidad entre el Ministerio de Fiscal y el acusado con carácter previo a la celebración del juicio oral».

Es una propuesta concreta. Ustedes saben que en el artículo 53.2 de la Constitución hay un procedimiento preferente y sumario para los derechos fundamentales, que van del 14 al 29, con la inclusión del 30.2 de la Constitución Española. Esta es una propuesta concreta para estas figuras delictivas que son: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, porque si todos estamos en esta lucha, este procedimiento sumario y urgente a lo mejor nos ahorra a todos algunas escenas que hemos visto en algunos periódicos de alguna persona esquiando con unas ropas muy de moda y bastante costosas en un lugar, por cierto, bastante costoso también. Como eso en general nos llena de vergüenza a todos, yo creo que sería bueno que este procedimiento se pudiese adoptar, y es, una sugerencia, que en esta ocasión, pudieran acusar recibo de este argumento,

Nos plantean otros asuntos más y nos dicen: esta es una reforma que tiene un contenido revolucionario que son las medidas alternativas a las penas de privación de libertad. Con todo respeto, yo comprendo que esto se lo digan a las personas que no trabajan en este campo, pero las personas que trabajan en este campo saben que esto está en vigor desde el año 1995. Hay un senador —que será el último que cierre el turno de oradores del Grupo Socialista, que es Juan Alberto Belloch— que fue el que impulsó ese código de 1995, y en ese código están las medidas alternativas a las penas de privación de libertad, y todo eso está ya en vigor en España desde el año 1995. El problema que tienen las medidas alternativas a las penas de privación de libertad es que hay una aplicación desigual en el conjunto del territorio español; hay comunidades autónomas que tienen unos recursos y una dirección general solo para eso. Hacen convenios con los ayuntamientos, por ejemplo, para que existan seguros en el supuesto de que el juez de lo Penal dicte una medida alternativa a la pena de privación de libertad: trabajo para la comunidad, limpieza, etcétera, que mientras está desarrollando esa actividad, si tiene cualquier percance o cualquier accidente, tenga un seguro que cubra esa circunstancia. Es un problema de aplicación de recursos, de convenios entre las administraciones públicas para que el juez en el momento de sustituir la pena de privación de libertad por un trabajo comunitario —una medida alternativa a la pena de privación de libertad— tenga un abanico de posibilidades, y el juez no tenga que ir detrás de la Administración a ver de qué manera se puede buscar la fórmula de un convenio para cubrir esa eventualidad.

En cualquier caso, otra tercera afirmación que se hacía es la relativa a lo que es más o menos gravoso, si en el procedimiento administrativo o en el ámbito penal. A mí me parece un debate que francamente carece de sentido cuando son funcionarios en virtud del principio de autotutela de la Administración pública. Si estuviésemos hablando del sistema jurídico anglosajón la Administración pública es distinta porque es un sujeto ordinario más en el tráfico jurídico privado y en el jurídico público. Como no tienen ni facultades ni prerrogativas exorbitantes es un sujeto jurídico más, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier sujeto jurídico, como cualquiera de los presentes. Pero cuando estamos hablando de las administraciones públicas, del sistema jurídico continental europeo, los sistemas de régimen administrativo, la Administración pública tiene unas facultades y privilegios, tiene unas prerrogativas exorbitantes, y por eso tiene lo que se llama el principio de autotutela. La propia Administración hace la denuncia, la instruye, dicta la propuesta de resolución, resuelve y ejecuta, y todo eso lo hace la propia Administración pública con sus propios funcionarios, no acude al tercero imparcial, que es el juez para decirle: dicte el derecho, sino que lo dicta la Administración; ejecute el derecho, sino que lo ejecuta la Administración. Luego son funcionarios sometidos al principio de jerarquía. Esta mañana lo volví a decir y apelo a las señoras que aquí han dicho que no se ha citado el artículo. Se dijo con toda claridad, artículo 103.1, y vuelvo a repetir: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Lo relevante es el primer renglón y el último: la Administración pública sirve con objetividad los servicios generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Esos funcionarios están sometidos al principio de jerarquía, ninguno es independiente. Los integrantes del Poder Judicial no hacen ni instruyen procedimientos, son procesos, no están sometidos al principio de jerarquía, son independientes; por tanto, las garantías son mucho mayores. Podríamos hacer un análisis más detallado de cómo es el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo y cómo es en el ámbito penal. Pero es así de claro y así de rotundo, no le dediquemos más tiempo a este asunto.

Nuestro argumento respecto a la lucha contra la corrupción es que si se hubiesen querido plantear incrementos generalizados de grados para estos tipos, que se planteen de forma general, sin admitir mayor discusión. Pero no se ha planteado así. Por eso, insisto, en la rebaja en la malversación y en el cohecho impropio. Argumento más, se hacen alusiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los integrantes del mismo, que a mí me producen sonrojo, porque eso se puede decir cuando se parte de la base de que los que están escuchando no trabajan en ese campo o no van a preguntar. El Consejo de Europa lo forman 47 países, de esos 47 países cada uno de ellos presenta al Comité de elección de jueces una terna de tres candidatos. Esos tres candidatos son examinados en inglés y francés acerca de su currículum y la jurisprudencia de derechos humanos de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. Propone a la Asamblea parlamentaria un candidato —la Asamblea suele aceptar o no el candidato que propone el Comité de Derechos Humanos— pero luego, trabajando en las secciones, en la sala o en la gran sala son 47 jueces. Decir que uno de ellos ha tenido un poder divino y ha convencido a los otros 46 para que adopten una posición contraria a la que ellos querían tomar es falsear la realidad o no conocer la realidad del ser humano ni la de los jueces de la Corte de Derechos Humanos, máxime cuando los acuerdos que aquí se han planteado esta mañana han sido adoptados por unanimidad por esa gran sala de la Corte de Derechos Humanos. A mí eso me resulta, no quiero insultar a los niños ni a las niñas, pueril, ¿por qué razón? Porque imagínense que ahora digamos aquí que igual la persona que ha argumentado que aconteció ese hecho delictivo execrable sea uno de los 54 delincuentes que pusieron en libertad por la reforma de la jurisdicción universal. Y ya te quedas tan pancho, ¿por qué? Porque en general la gente esto no lo conoce, cree que con solo estimular esos bajos instintos de la parroquia de cada uno, es suficiente. Y es profundamente falso adjudicarle a ningún juez en concreto esa responsabilidad.

Continúo con la exposición. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece profundamente censurable en este planteamiento? Que no concibe que la gente pueda ejercer su derecho de participación democrática, o su ejercicio de reunión, o su derecho de manifestación, como simples ciudadanos que ejercen un derecho fundamental y que, por lo tanto, están en plenitud de derechos. No son enemigos, son ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo su derecho. De ahí las propuestas en torno a los desórdenes, al atentado y a la resistencia.

A nosotros nos parece que es un absurdo pretender que todo servidor público es autoridad. Me parece que es un absurdo. ¿Por qué razón? Porque no todo el que usa uniforme es un agente de la autoridad, ni todo servidor público es una autoridad. En términos democráticos solo lo son aquellos que previamente así se considere que lo sean. Entonces, parece un error plantearlo así. La sugerencia es que resulta mucho más ajustado a la realidad del tiempo partir de la base de que esta es una sociedad plural, es una sociedad diversa y, por lo tanto, la gente se expresa como estima oportuno, sin necesidad de contemplar que quien lo hace discrepando con un pensamiento determinado, que en un momento apoya el Gobierno, se pueda concebir como el derecho penal del enemigo, por el contrario, son ciudadanos que están ejerciendo sus derechos.

¿Qué es lo que persigue este conjunto de 212 enmiendas? Quieren paliar la acentuación, la profundización en el abismo de la desigualdad que se plantea para algunas figuras delictivas. Esta mañana explicaba algo respecto a la comparación entre el delito fiscal y la excusa absolutoria que se ha planteado, lo que es el desvalor de la conducta. Si se pone una cantidad tan alta como son esos 120 000 euros, es muchísimo más difícil de acceder. Por el contrario, si se rebaja a 50 000 se dan muchísimos más casos en que el delito fiscal se puede acreditar. Y respecto a los partidos políticos es lo mismo, hay un argumento tramposo en lo que ustedes plantean. ¿Quién incurre en una figura delictiva en relación a la financiación irregular de un partido político? Los que entreguen 500 000 euros o, si es extranjero, 120 000 euros; ¿500 000 euros? ¿Por qué no plantear la misma cantidad que se utiliza en el conjunto de la Unión Europea para el fraude a la subvención pública o para el fraude a las subvenciones que son 50 000 euros? Así sería muchísimo más perseguible este tipo de actividades. Por el contrario, al poner el listón en los 500 000 euros si eres nacional o 120 000 si eres extranjero, me parece que el índice de perseguibilidad varía sustancialmente.

En relación a las coacciones, habíamos argumentado que nos parece una barbaridad lo que está aconteciendo en los últimos meses en nuestro país. Decíamos que el artículo 315.3 en la práctica supone un privilegio para quien impide el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, en comparación con el que se excede a la hora de promover el derecho fundamental a la huelga. Quien impide el ejercicio del derecho fundamental a la huelga tiene una pena inferior al que promueve el derecho fundamental a la huelga y se excede y, por lo tanto, se ha hecho merecedor de un reproche penal porque ha cometido un hecho delictivo en su exceso. Pero no parece razonable que por impedir un derecho fundamental, se te premie,y por promover un derecho fundamental, se te castigue más aún. El actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pérez de los Cobos, ya argumentaba que las limitaciones en el ejercicio de derechos fundamentales tenían que hacerse de manera restrictiva, y era partidario de la supresión del artículo 315.3 remitiéndose al tipo básico de las coacciones del artículo 172. ¿Por qué razón? Porque en España a lo largo de todos estos años solo se ha dictado una sentencia, que es del año 1999, en torno a este asunto, precisamente para negar la aplicación del artículo 315.3 y remitirse al tipo general del artículo 172. Solo hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que confirman este planteamiento. Por eso la propuesta que hacíamos de supresión nos parecía más ajustada a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Respecto a la oficina de recuperación de activos, el artículo 127 plantea diferentes tipos de decomiso: el que proviene de sentencia, el que no proviene de sentencia cuyo origen es un pleito civil, el decomiso ampliado, etcétera. La creación de esta oficina de recuperación de activos fue un asunto que planteamos al ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Senado, la idea le pareció correcta y encargó a una fiscal que estudiara el modelo francés.

Estamos trabajando a este respecto varios grupos parlamentarios, ayer se lo dije al ministro y al Grupo Parlamentario Popular, y el día 25 en el Senado, desde las 10 hasta las 12 de la mañana, en la sala Manuel Broseta queremos escuchar al magistrado de enlace de España en Marruecos; al fiscal que representa a España en Eurojust; al director del Centro de Coordinación Antiterrorista y lucha contra el Crimen Organizado; al que gestiona la venta de las fincas, de los inmuebles, de los muebles, de los vehículos obtenidos del crimen organizado y de la lucha contra la droga y escuchar también a la fiscal, porque el ministro le iba a pedir que acudiese a esta jornada para conocer varios modelos. Hay un modelo, el italiano, que empezó con 4 millones de euros, cantidad muy relevante para el comienzo de la experiencia, y también un modelo francés, un modelo belga, un modelo británico y un modelo alemán.

Nosotros planteamos que la oficina de recuperación de activos no sea un asunto de pugna partidaria sino que funcione con suficiente sentido de Estado para que, sean cuales fueren las alternancias que se produzcan en el Gobierno de España, garantice la recuperación de esos activos, de esos inmuebles o de esos muebles y que ese dinero se ingrese en las arcas públicas. Pensamos que esta jornada puede enriquecer a todas sus señorías, y los diputados también serían bienvenidos. Pienso que aquí se utiliza el eslogan: Vamos a hacer la oficina de recuperación de activos y estamos estudiando el modelo francés. No se trata de eso sino de que lo conozcan los diputados, los senadores y que tengamos suficiente información para tener una oficina de recuperación de activos digna de tal nombre.

¿Qué hemos sugerido en torno a las medidas de seguridad? Nosotros hemos aplaudido que en el Congreso las hayan retirado; en el Senado se han presentado 1044 enmiendas, algunas que vienen vivas del Congreso y otras nuevas. El texto que mandó el Gobierno al Congreso de los Diputados es muy distinto al que ha llegado al Senado porque allí se ha podado bastante, la cuestión es si aquí lo podemos seguir podando para hacer un texto lo más digno, lo más presentable posible para toda la ciudadanía.

Y acabo ya, sobre todo porque tengo un compromiso con algunos colegas que me habían encarecido, con mucha pasión, a lo largo de los últimos días, a ver si era capaz de no consumir los treinta minutos y voy a hacer un esfuerzo de contención verbal para poder cumplir esa promesa. La idea de fondo es: yo sé que ustedes siguen negociando un conjunto de enmiendas. Las propuestas que hemos planteado son razonables, sensatas, incluso les consta que un montón de enmiendas han sido presentadas como transaccionales tan solo para facilitar el trámite porque lo correcto es que todos los grupos debatan y se expresen con libertad.

Lo que pretendemos con este conjunto de enmiendas es paliar ,en la medida de lo posible, la desigualdad de tratamiento de unos delincuentes con respecto a otros; que en la medida de lo posible sea menos cruel de como aparece, porque esta mañana lo calificaba de inútil para la consecución de los objetivos de la exposición de motivos, de innecesario, porque nadie lo ha reclamado en el ámbito de la academia y porque me parecía profundamente injusto.

Todas nuestras enmiendas tratan de paliar estas situaciones, y les consta la voluntad que nos ha animado permanentemente a la hora de debatir en ponencia, en comisión, las 212 enmiendas del Partido Socialista, 20 de ellas ex novo en esta Cámara, y el ánimo con el que hemos debatido a lo largo del día de hoy.

Y sin que sirva de precedente, presidente Lucas, cumplo con la palabra que di a los grupos Entesa y Socialista de no consumir mis treinta minutos, me sobran todavía cuatro minutos en este momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Buenas tardes.

Llevamos ya un buen rato hablando de un tema importante para la política de un país y, por tanto, muy importante para el grupo que apoya al Gobierno, al que hoy represento, al Grupo Parlamentario Popular.

Voy a intervenir muy brevemente en el trámite de enmiendas porque no sé si de tanto hablar con mis compañeros, parece que interiorizamos los argumentos, y como muchos de ustedes ya llevan un buen rato oyendo los principales argumentos de los distintos grupos para justificar sus posiciones y sus distintas enmiendas, voy a referirme a cuatro cuestiones generales planteadas por mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y, por último, haré una breve referencia, si me permiten los compañeros de los distintos grupos, a las enmiendas que han presentado cada uno de ellos.

En primer lugar, no quiero que se me olvide algo muy importante, que es agradecer, especialmente a los portavoces con los que me ha tocado debatir sus enmiendas, que son el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, su disposición, su trabajo, y cómo no, a pesar de las dificultades que todos han comentado y he oído a lo largo de todo el día, el esfuerzo que hemos hecho, no para cambiar los planteamientos de lo que debe ser la reforma del Código Penal, pues supongo que cada uno de ustedes mantendrá su postura, pero sí para que salga un buen texto porque, además de políticos somos legisladores, y creo que en ese compromiso todos debemos mejorar los textos que entran en la Cámara.(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Quiero manifestar que la reforma del Código Penal no supone un nuevo Código Penal, lo digo porque hay algunos planteamientos que dicen: es que esto no lo han modificado, sigue vigente lo que señala el Código Penal anterior. Claro, por eso es un artículo único con distintos apartados, es una reforma de las cuestiones más relevantes que el Gobierno del presidente Mariano Rajoy ha querido afrontar a través de este texto, como es la introducción de la prisión permanente revisable, un término del que hemos hablado desde las distintas ópticas, incluso desde la doctrina, la academia, etcétera y la mejora técnica de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Podemos hablar del concepto de esta reforma, pero lo que está claro es que todos pensamos que esa responsabilidad tiene que ampliarse a determinadas personas jurídicas. Podemos debatir en términos técnicos, pero, en general, se demanda una ampliación de esas responsabilidades y, por tanto, estamos intentando dar una respuesta a la realidad social.

En cuanto a la revisión de la suspensión y libertad condicional, con formas de inejecución de la pena privativa de libertad, me gustaría de forma breve hacer referencia a tres cuestiones que han planteado los distintos grupos, fundamentalmente, en cuanto al objetivo de la reinserción de las penas, que se ha afirmado de manera reiterada que va en contra del principio de reinserción de la pena. No se ha justificado en ningún caso, y es una afirmación que, desde mi punto de vista, intenta justificar las nuevas figuras que se introducen a través de la reforma del Código Penal pero no se ha acreditado que elimine el objetivo de reinserción. El que se hayan admitido en el Congreso más de un 30 %, cerca de un 37 % de enmiendas entre admisión y transacción, no es para que en el Senado pensemos que tenemos que cumplir ese mismo objetivo. Lo que ya se ha transaccionado no lo vamos a transaccionar nosotros. Únicamente podremos mejorar alguna cuestión muy puntual pero sí que me gustaría que se viera que ha habido una actitud dialogante, porque la ha habido, porque se han retirado las medidas de seguridad, dado que el tema necesita de un principio de consenso y eso ya se hizo en el Congreso. Somos grupos políticos, nosotros en el Senado y nuestros compañeros en el Congreso.

Una cuestión importante a destacar es la nueva regulación del decomiso porque en estos momentos la sociedad también lo pide. No solo pide que se sancione, sino que pide una regulación de los bienes obtenidos o en este caso afectados por la comisión de los delitos. Afrontar la regulación del decomiso también responde a una demanda de la sociedad. Probablemente —como vemos a través de distintas enmiendas—, cada uno de nuestros grupos habría mejorado técnicamente una cuestión u otra, pero debemos poner en valor que todos los grupos estamos dando respuesta a esta sociedad en la regulación del decomiso. No pedimos que se sancione, pero sí queremos saber qué se hace con ese dinero, para qué sirven esos bienes, cómo se utilizan, cómo se regulan, etcétera.

Respondo ya a los distintos grupos. Voy a comenzar por el Grupo Parlamentario Vasco, si me lo permite su portavoz, para decirle que sé que se ha quedado con la insatisfacción de no haber podido transaccionar más enmiendas, yo también. Me gustaría que supiera que le vamos a admitir una, la 776, que es más una regulación técnica porque habla del maltrato injustificado de animales, pero injustificado será siempre y, por lo tanto, vamos a quitar el término «injustificado» porque es obvio que no podemos razonar de otra manera.

Sí que me gustaría hacer una breve referencia a otra enmienda que han presentado y que, sin embargo, no hemos tratado porque alude a una cuestión muy sensible socialmente. La enmienda es la 827 relativa a la sustracción interparental de menores y le diré que es un tema con el que vamos a tener una sensibilidad especial. Creemos que no es el momento de una tipificación de esta conducta y quizás nos lo parece menos por cómo empieza la redacción: «El progenitor que sin consentimiento del otro progenitor o sin autorización judicial...». Acreditar cuando no se tiene el consentimiento del otro progenitor y equiparar la autorización judicial al consentimiento del otro progenitor es cuestión de mucha dificultad. Este planteamiento de penalización o tipificación de estas conductas no debe ser llevado al Código Penal, puesto que las relaciones paterno filiales y las que se derivan de estas cuestiones están reguladas o normalmente están casi siempre reguladas en el Código Civil, pero sí que le diré que esta enmienda nos hace sensibilizarnos con esta cuestión y que sí que vamos a plantearnos una manera de afrontar una mejor regulación de estas conductas, independientemente de que pensemos que el ámbito jurídico de regulación, a priori, no es el Código Penal.

A la portavoz de Convergència i Unió quisiera agradecerle su trabajo. Ha insistido mucho en determinados bloques de enmiendas. Nosotros, a través de nuestras enmiendas, hemos transaccionado dos de las que ustedes han presentado, y las hemos asumido. Otras quedan reguladas, aunque no al cien por cien de lo planteado por usted, en algunas de las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Me refiero al tema de los hurtos en edificaciones aisladas y también en locales, pues su pretensión era que se incluyeran otras edificaciones. No hemos asumido la totalidad, pero muchas cuestiones que ustedes plantean en el Senado han avanzado mucho, si miramos el texto original, mediante enmiendas y transacciones en el Congreso. Ustedes quieren ir un paso mucho más allá, pero ya le he dicho que no es posible.

Voy a dirigirme al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que hemos hablado de muchas cuestiones que también han planteado otros grupos. Por lo tanto, para no alargar el debate quiero que mi contestación respecto a estos asuntos se valore, como es lógico, por la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con estas enmiendas.

El esfuerzo fundamental en transacción y admisión ha sido, como ustedes se pueden imaginar, respecto de las enmiendas nuevas que han presentado, como muy bien ha dicho el portavoz socialista, los distintos grupos en esta Cámara, independientemente de que hayamos intentado avanzar en alguna más respecto al Congreso. Pero era un texto ya muy debatido y en el que determinadas posiciones, fundamentalmente, de modelo, nuestro grupo las tenía definidas. Así, al Grupo Parlamentario Socialista —si no me equivoco, y si me equivoco le ruego que lo tenga por un error, sin ninguna intención—, de las 16 enmiendas nuevas que ha presentado, 2 las admitimos ya en comisión. Usted ha hecho referencia, precisamente, a la de las asociaciones ciclistas. Se trataba de una modificación respecto a las lesiones. Y, asimismo, a una relativa a los creadores culturales. Pero también le diré que admitimos las enmiendas 629, 619 y 625. Esto quiere decir que, al final, de admisión directa su grupo va a tener 5 enmiendas, más un numeroso grupo de enmiendas que hemos transaccionado. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha destacado 2 y yo destacaré una, la de la libertad vigilada respecto a la protección de las víctimas de violencia de género, en la que hemos estado de acuerdo los grupos, al objeto de ir un paso más allá en la aplicación de esta figura por la comisión de estos delitos para una mayor seguridad de la protección de las víctimas. Y, en segundo lugar, como él ha dicho, está el tema de las personas que ante una situación derivada de la comisión de un delito o de un procedimiento penal tienen el riesgo, como digo yo, de quedarse sin vivienda por la demolición, como consecuencia de una acción del delito y, además, sin recuperar el dinero que habían pagado por esa vivienda. Está claro que cualquiera de nosotros pensamos que esta es una situación que se debería asumir. Y una vez planteada, creo que tengo que poner en valor el trabajo que hemos hecho los distintos parlamentarios para poder dar una respuesta y abrir una ventana a esas personas que se ven en una situación injusta, y, asimismo, darles a los profesionales de la justicia, que no tenían posibilidad de responder a esa situación que ven socialmente injusta, el instrumento jurídico que a partir de hoy van a tener gracias a todos ustedes.

No voy a convencerles de determinadas bondades de esta reforma. Tampoco creo que haya que hablar de ella como contrarreforma del código del año 2010, porque, sinceramente, el código del año 2010 tenía sus bondades, pero existen numerosas realidades sociales que en estos momentos nos exigen hacer una modificación. Creo que reforzar la protección de los menores en el ámbito de la lucha contra el acoso escolar a través de internet, los abusos de explotación sexual o la pornografía infantil es una exigencia de la generalidad, y la accesibilidad a las nuevas redes nos exige dar una respuesta, mucho más a esos menores que libremente, y muchas veces sin ningún control, tienen acceso a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, no es una contrarreforma, es una reforma necesaria. Proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia de género también creo que es una reforma necesaria. Controlar la multirreincidencia es un clamor de la calle. Todos pensamos que no es lo mismo cometer tres delitos que cometer quince. Por lo tanto, afrontar la multirreincidencia es un elemento importante. Así como hay un avance consistente en castigar, en este caso, el maltrato animal. A lo mejor no hemos llegado a todas las enmiendas que se han presentado, pero creo que se ha afrontado con una nueva sensibilidad que responde a la demanda social.

Me gustaría hacer una referencia a una cuestión que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al que no le puedo contestar a todo porque gran parte de su intervención ha consistido en responder a mi compañera, que ha intervenido en los vetos, así que me lo pone muy complicado. He de decirle que, frente a la libertad de presentar enmiendas —y ustedes pueden presentar 3000—, existe la limitación de incorporar al texto un número determinado.

Habla de que se incrementan las penas más del 80 %, pero solo es respecto a los delitos en los que se incrementan las penas o frente a lo que afecta a la reforma en concreto, no a la totalidad del Código Penal. Por lo tanto, creo que no es real esa visión que se da de un Código Penal exclusivamente sancionador o que incrementa las penas, porque se incrementan las penas precisamente para esos delitos en los que la realidad social nos está exigiendo a todos mayor contundencia.

Respecto a la supresión de las faltas y la creación o trasposición de la figura delictiva, no es más que un modelo. Si hablan ustedes con compañeros de la profesión, como hago yo, sabrán que la supresión de las faltas es una demanda generalizada. ¿En qué discrepamos? En los términos y en las conductas que pueden ser sancionadas administrativamente o consideradas como delito. La sanción administrativa —en ello me gustaría incidir, y termino— no implica menos garantías, de hecho, existe un derecho administrativo sancionador que tiene sus garantías en los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, las mismas garantías; son garantías constitucionales y garantías judiciales. Es un planteamiento de modelo, y creo que en cuanto a garantías en ningún caso podemos hacer una crítica. Con ello damos respuesta, y lo digo sinceramente, a una demanda de los profesionales de la judicatura, que quieren destinar más recursos y esfuerzos, no porque sean mayores o menores las conductas de necesario reproche, sino porque su profesionalidad les lleva a demandar esta reforma.

No es una reforma perfecta, y sabemos que no gusta a todos los grupos. Respecto al modelo, creo que, a través de las enmiendas, no hemos cambiado su visión para que modifiquen su voto. Me gustaría que por lo menos se abstuvieran; es lo único que pido.

Por último, doy las gracias a todos por su trabajo, por su interés y porque creo que realmente hoy hemos mejorado y elaborado un Código Penal, por lo menos, más adecuado a la realidad social española.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora.

Senadora De Haro Brito, tiene la palabra.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a hablar básicamente de las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto 180, como por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En primer lugar, quiero agradecer que, a pesar de la discrepancia que mantenemos y del tono de algunas intervenciones, el Grupo Parlamentario Popular y el resto de formaciones hayamos mantenido un diálogo que va a permitir que salga del Senado un mejor texto del Código Penal, que seguirá su trámite en el Congreso de los Diputados.

Señorías, como ya he dicho, el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado 180 enmiendas al Código Penal. De ellas, vamos a admitir la número 738, de Unión del Pueblo Navarro; una enmienda de supresión en la que se suprime el punto 6 del artículo 189. Coincidimos, por coherencia y porque supone una mejora técnica, en que se debe dejar lo más cerrado posible, sobre todo tratándose de un tema tan delicado e importante como son los delitos por pornografía infantil; no se puede dejar abierta, por posible inseguridad jurídica, la posible determinación de la edad por métodos que pueden no ser del todo fiables.

Igualmente, se aprobará una enmienda transaccional sobre la enmienda 83, que coincide con la enmienda 413, de Entesa, referida a una modificación del artículo 556 del Código Penal. Introduce un punto 2 sobre la falta de respeto a la autoridad, disminuyendo, respecto al punto 1, la penalidad. Y también una enmienda sobre la enmienda 34, del Grupo Mixto, que modifica el apartado noventa y dos del artículo único referido al 177 bis del Código Penal. El artículo 177 bis aclara la trata de seres humanos e incluye una importante modificación, que se introduce en el Senado, relativa a la imposición del trabajo, a los servicios forzados, a la esclavitud o a prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre. Es importante aclarar e introducir este extremo relativo a la trata de blancas.

Respecto a Entesa, además de la enmienda 183, que se admitió y que ya está incorporada al dictamen, vamos a votar favorablemente la 198 que modifica el artículo 181 del Código Penal, referido a la prostitución del menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, agravando el tipo; la 210, que se refiere al artículo 240 del Código Penal; la 201, suprimiendo el apartado ciento cuatro, del artículo único, que introducía, a su vez, el 194 bis, y la 207, que se refiere a la supresión de la introducción del 235 bis. Por tanto, 183, ya incluida en el dictamen, 198, 210, 201 y 207 de Entesa. Por otro lado, hemos logrado la transacción sobre la 413, 367, 320, 224 y 225, que coinciden con la 644 y 645 del Partido Socialista.

Señorías, recordemos que de 888 enmiendas iniciales presentadas en el Congreso de los Diputados al texto de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal más de una tercera parte, concretamente 327 enmiendas, fueron aceptadas o fueron transaccionadas. Cuando el texto del Código Penal llega al Senado se presentan 1044 enmiendas —1 fue retirada, por lo que son 1043, en definitiva—, y al final van a ser más de 100 enmiendas las aprobadas y transadas. Por tanto, señorías, creo que coincidirán conmigo en que este Código Penal, a pesar de que se ha repetido en la tarde de hoy que es un Código del Partido Popular, es evidente que el texto que hoy llega al Senado y que saldrá de esta Cámara será un texto mejorado por todos los grupos políticos. Por consiguiente, me gustaría pensar que este texto va a ser el texto que necesita la sociedad, un texto, como la senadora Vindel en su turno de palabra señaló, que es el que la sociedad demanda por los cambios que en la misma se han producido y sobre todo porque se perfeccionan los tipos penales que en la actualidad existen.

Señalaba la senadora Capella que se trataba de un Código Penal paternalista y que limitaba la libertad individual. Yo le pregunto a la senadora Capella si entiende que donde hay paternalismo no puede hablarse de protección de derechos y protección de bienes jurídicos que tienen que ser alumbrados por el principio de intervención mínima del Código Penal, no lo olvidemos. Si para ella es paternalismo introducir un nuevo tipo penal de acoso en el artículo 172 ter. Si es paternalismo mejorar e introducir nuevas figuras en la trata de blancas, como he mencionado anteriormente, o si es paternalismo establecer una nueva edad de protección de los menores, obligados por la nueva situación que se está produciendo en casos que, desgraciadamente, todos conocemos y que son más o menos recientes. ¿Es paternalismo o es despenalizar? Porque por un lado habla de paternalismo y de exceso de protección y de penalidad y, por otro, que son muy leves las penas que se establecen para otra serie de delitos.

En este aspecto le quiero recordar las importantes modificaciones respecto a los delitos de corrupción. Algunos se introducen por primera vez dentro del ámbito penal, como es la financiación de partidos políticos, y además se adoptan tres medidas importantes. Entendemos que no se es más leve cuando se aumentan de manera generalizada las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, cuando se establece la imposición posible de una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público añadiendo la imposición adicional y no alternativa como existía, o cuando se amplían —medida muy importante— los plazos de prescripción en los delitos de corrupción. ¿Es esto despenalizar, es esto disminuir, es esto tratar de manera más leve a los responsables públicos? Entendemos sinceramente que no es así.

Por otro lado tenemos que señalar el principio de intervención mínima del derecho penal. Tenemos que recordar que el derecho penal, como he señalado, se rige por un principio fundamental, el de intervención mínima del Código Penal, y que precisamente la desaparición en el Libro III de las faltas viene a penar solamente aquellos casos que se consideran punibles desde el ámbito penal. Tenemos que remitirnos a lo que está sucediendo actualmente en muchos juzgados de instrucción y posteriormente en las fases de apelación en las audiencias provinciales. Hay mañanas enteras dedicadas a infracciones que entendemos tienen que ser despenalizadas, manteniendo por otro lado los casos más graves que sí tienen que continuar siendo objeto de infracción penal a través de la figura del delito leve. Así sucede con el delito leve de hurto y con el delito leve de lesiones entre otros.

Por tanto, entendemos que por un lado se compatibiliza el establecer nuevos tipos penales que la sociedad demanda, conductas que sí deben estar en el Código Penal, con la necesidad de la intervención mínima del derecho penal en conductas que no son de recibo. Y como así lo establecían los fiscales por recomendación del Consejo Fiscal, se despenalizan determinadas faltas pasando las conductas más graves a ser delitos leves.

Por otro lado, me recuerdan los grupos parlamentarios el maltrato animal, y yo tengo que recordar que en la tramitación en el Congreso de los Diputados hay muchísimos grupos que enmiendan sobre sus enmiendas presentadas y además admitidas y transadas. Tengo que recordar, respecto al maltrato animal, que en esa Cámara se amplió y se transó el tipo penal, se agravaron algunas penas y se sancionaron otras conductas como puede ser el abandono. Y en esta Cámara del Senado, mediante una enmienda también se especifica el maltrato de animales domesticados o animales mansos.

Creo, señorías, que es absolutamente sorprendente esa gran cantidad de enmiendas que han sido aceptadas y transaccionadas en ambas Cámaras. Después de la tramitación y el debate de hoy en esta Cámara y después de la negociación y de las fases de ponencia y comisión previas a él, yo espero que, si no todos, algún grupo reconsidere y apoye este texto del Código Penal que creo se ha convertido en un Código Penal de todos los grupos parlamentarios habida cuenta las adiciones que se han señalado.

Por lo demás, señorías, tengo que recordar que muchas de las enmiendas no se aceptan, en primer lugar, porque son claramente de supresión sobre un texto respecto del cual el Grupo Parlamentario Popular ya había admitido alguna enmienda de otro grupo porque, como digo, a veces se trata de enmiendas sobre enmiendas y de enmiendas contra enmiendas del mismo grupo parlamentario. Por otro lado, también tengo que señalar que hay muchísimas enmiendas que coinciden con otras introducidas por otros grupos.



Así, la enmienda 957 coincide con la 138, con la 331 y 332 de la Entesa, afecta al artículo único, apartado veintinueve, y se contradice con algunas enmiendas ya aceptadas. La 958, que enmienda el apartado treinta y uno del artículo único, coincide con las números 12 y 13 del Grupo Parlamentario Mixto y con la 140, 333 y 334. Y pongo un solo ejemplo para no enumerar todas.

Por ello, señorías, de verdad que apelo con sinceridad a que miren por encima de la oposición política, que entiendo deben ejercer. Creo que ustedes deben examinar en conciencia si el texto que ahora se aprueba es mejor que el texto actualmente vigente, con las sucesivas modificaciones que han sido introducidas. Es curioso porque el senador Díaz Tejera habla sobre todo de las modificaciones anteriores al año 2010, y señoría,

la modificación del 2010 fue importante, primero, por lo que se hizo y, segundo, por lo que no se hizo. En este punto quiero recordar lo mencionado por alguno de los intervinientes respecto a la sanción que se establece en las conductas relacionadas a impedir el derecho de información durante conflictos laborales. Tengo que recordar, además, que precisamente ese artículo se introdujo en su momento, no en el año 2010 porque entonces ni se modificó ni se tocó. Cuando se introdujo este artículo fue apoyado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, y el Partido Popular quería modificarlo. En el año 2010, en la modificación del Código Penal no se tocó. Por tanto, ahora no entiendo la oposición a esta regulación especial como coacción a la punibilidad respecto a utilizar determinadas conductas para la información en el derecho a la huelga.

Señorías, yo espero que durante esta tramitación lo reconsideren, y les pido de verdad que, en conciencia, digan si este texto es mejor que el que actualmente rige el Código Penal. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular considera, de verdad, que este texto del Código Penal que sale de aquí es el que necesita la sociedad.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Seré muy rápida.

Quiero contestar a algunas de las valoraciones que se efectuaban en relación a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana.

En relación a la pena de prisión permanente revisable, insisto e insistiré cuantas veces sea necesario: desde el punto de vista de Esquerra Republicana no se cumple lo dispuesto ni en el artículo 15 ni en el 25 de la Constitución Española. El artículo 15 prohíbe las penas inhumanas, etcétera.

Quien reforma el Código Penal y quien presenta un Proyecto de Ley de reforma del Código Penal son ustedes; son ustedes a quienes les corresponde aportar aquellos datos, aquellos estudios que ponen en valor lo que ustedes pretenden reformar. Existen estudios que dicen todo lo contrario de lo que ustedes están afirmando hoy: que el cumplimiento de largas condenas impide la resocialización, la rehabilitación; las largas condenas acaban convirtiendo a las personas en parte de la institución en la que han estado encerradas, se institucionaliza al individuo. Por tanto, expliquen ustedes en qué basan esta reforma, qué estudios les permiten considerar que la cadena perpetua cumple las finalidades del artículo 25 de la Constitución Española. En la finalidad de las penas hay una parte de castigo en su composición, pero hay una parte muy importante que es la preparación de la persona para cuando salga en libertad. Y díganme ustedes cómo coliga la reforma que ustedes pretenden con el artículo 25 y el artículo 15 de la Constitución Española. Y sí, obvien el delito y compadezcan al delincuente, porque si alguna persona que nació hace más de cien años levantara la cabeza, seguramente se pondría a llorar al oír lo que hoy se ha dicho aquí.

Cuando me refería a la actitud paternalista en algunos aspectos del Código Penal lo decía en el sentido de que ustedes no han aprovechado esta reforma para despenalizar la práctica voluntaria de la interrupción del embarazo, aun cuando se haya llevado a cabo fuera de los casos contemplados en la ley, y era una oportunidad. También me estaba refiriendo cuando hablaba del paternalismo a la despenalización del auxilio al suicidio, a no querer regular de una forma clara la eutanasia y les decía que la vida es un derecho y no un deber.

Y en cuanto a la despenalización de las faltas, lo he dicho también antes tanto en la defensa de mi veto como en las consideraciones de la presentación de nuestras enmiendas: ustedes despenalizan algunas faltas y las envían a la Ley de seguridad ciudadana, las envían al ámbito administrativo, con los obstáculos que ello representa también para la defensa del ciudadano ante la Administración y, es verdad, algunas las convierten en delitos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Y por qué no se les ocurre que otra fórmula u otra manera de despenalizarlas es sacarlas del Código Penal y hablar de mediación y de otras medidas distintas a las que ustedes plantean que siempre terminan igual? Incremento de penas y sanciones, insisto, a los más débiles, porque a los suyos difícilmente les sancionan.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las dos portavoces del Grupo Popular han argumentado, frente a las afirmaciones que tanto en la defensa del veto como en la presentación de las enmiendas hemos formulado los portavoces de la oposición en relación con la reinserción, que este Código Penal es respetuoso con una función establecida en la Constitución española para la pena. Y reitero que este Código Penal no respeta esta función de la pena tanto en la forma más grave —la que ha llevado más tiempo en las diferentes intervenciones en los vetos—: la prisión permanente revisable, aunque solo sea porque el concepto permanente, aunque vaya con el adjetivo revisable, de por sí resulta contradictorio con esa función rehabilitadora de la pena. Si la pena tiene que tener como función situar al ciudadano, tras su cumplimiento, en condiciones de reintegrase a la sociedad, el mantenimiento abierto de la duración de la pena choca, confronta abiertamente con ese objetivo. Pero también se abandona el principio o la función de reinserción con la reforma que se establece, de tal manera que la libertad provisional deje de ser la última fase del cumplimiento de la pena. Porque el colofón del concepto de libertad provisional respondía a eso, respondía a que el penado ya había alcanzado el grado de reinserción suficiente para que se pudiera tomar la decisión de que cumpliera el resto de la pena inmerso en la sociedad. Cuando ustedes renuncian a ese concepto, están dando un hachazo mortal al concepto de reinserción social.

Nos hablaban del avance que supone la figura del decomiso. Con la regulación que ustedes introducen en este Código Penal no se va a conseguir. Estamos hablando de nuevo del decomiso de la gallina, no del decomiso que permite responder a la demanda social que en los casos de corrupción o enriquecimiento injustificado, que es donde de verdad la sociedad está pidiendo que, vayan o no vayan a la cárcel —que tienen que ir—, además han de devolver cada uno de los euros, de los recursos públicos que se han apropiado.

La multirreincidencia. Esta regulación también supone, en la práctica, renunciar a ese principio rehabilitador y de nuevo nos retrotrae a que ante la alarma social generada por la reiteración de determinados delitos menores, en la mayoría de los casos, se establezca un mecanismo de respuesta en el Código Penal que signifique la concatenación de penas para que se establezca una permanencia mayor en prisión con el único objetivo de, ante el riesgo de que se vuelva a cometer un delito, retirar de las calles y meter en las instituciones penitenciarias a los pequeños delincuentes.

Las faltas. Por añadir algún argumento nuevo, no se trata solo de que ustedes endurezcan la pena de las faltas elevándolas a delitos leves, que tienen una sanción en este Código Penal superior al que tenían las faltas en el Código Penal de 1995, sino que incluso aquellas que despenalizan —dicen ustedes— y pasan al ámbito administrativo, con la Ley de seguridad ciudadana, que vamos a debatir mañana, van a tener también una sanción superior a la que tenían en el Código Penal. Por tanto, es una despenalización formal en la que la pena real va a ser más dura que la que tenían cuando estaban en el Código Penal en muchos casos. Por otro lado, volvemos a decir que no hay las mismas garantías en el enjuiciamiento de las faltas por un juez penal que las que hay en un procedimiento administrativo en el que al final el delegado del Gobierno determina la comisión de la falta y la sanción, aunque luego uno tenga la opción de acudir a la vía contencioso-administrativa, pero eso uno lo tendrá que hacer después de recibir la sanción y, en la mayoría de los casos, después de pagar la sanción, aunque luego tenga que solicitar la suspensión en la vía contencioso-administrativa.

Última cuestión, el rechazo de la solicitud de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Efectivamente, este artículo lleva muchos años en el Código Penal y era uno de esos artículos sobre los que resultaba muy difícil encontrar jurisprudencia, en todo su ámbito: en los párrafos primero y segundo, anecdótica la posibilidad de encontrar jurisprudencia, y en el tercero, en algunos casos, sí, pero reducida. ¿Por qué se plantea ahora la derogación? Según ustedes, y acogiéndonos a la lógica de su argumentación, porque deben de haber cambiado los valores sociales en los últimos dos años, desde la última huelga general. De repente, un precepto que se aplicaba raramente, empieza a ser un precepto que sirve para perseguir a quienes difunden la convocatoria de una huelga, a pesar de que, cuando debatimos la proposición de ley del Grupo de la Entesa no hace tanto —hará un par de meses— en torno a esta materia, ya pudimos argumentar sobre la necesidad de que los preceptos penales, tanto a la hora de establecerlos por el legislador como a la hora de interpretarlos por la jurisprudencia, cuando sean limítrofes con derechos fundamentales, deben ser interpretados con mucha prudencia. Pues bien, esa modificación en dos años de los valores de esta sociedad se ha traducido, al parecer, en la ineludible necesidad de convertir este precepto en un precepto frecuentemente utilizado, de manera que hoy pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de casi 300 sindicalistas. Desde la entrada en vigor de este precepto hasta 2012 no encontrarán sus señorías procedimientos penales abiertos que hayan afectado a 300 sindicalistas. Por tanto, la motivación de la solicitud de derogación está en que no creemos que haya habido ese cambio social, sino un cambio de intencionalidad política en el uso de este precepto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Utilizaré el turno de portavoces únicamente para valorar cómo han ido estas seis horas de debate, al menos desde nuestro punto de vista.

Tal como decía la senadora De Haro, si por asumir una enmienda de las 96 que hemos presentado —que creo que han sido bien trabajadas—, si por asumir una enmienda que corrige una palabra, que es injustificadamente, si por asumir esa enmienda me van a decir que este Código Penal es un Código Penal de todos, retiro la enmienda. (Risas). Y la retiro porque la senadora De Haro nos ha dicho que es de todos, y si de verdad es de todos, nosotros, como grupo, retiramos la enmienda porque preferimos no ser partícipes de este texto, con el que evidentemente no compartimos prácticamente nada.

Y les voy a poner a modo de ejemplo lo que ha ocurrido con la única enmienda cuya no aceptación se ha justificado, que es la 827 y la parte relacionada con la sustracción interparental de menores. La senadora Armisén ha tenido a bien justificar el rechazo a esta enmienda diciendo únicamente que este no es el momento de tipificación y que el Código Penal no es el lugar para definir esta situación. Y eso es lo que a mí me hace cuestionar también el sentido de esta Cámara. Muchas veces nos preguntamos qué es el Senado, pero no sé si nosotros mismos sabemos darle contenido, porque les voy a leer el cuarto apartado de una moción consecuencia de interpelación que acordamos todos los grupos parlamentarios en esta Cámara respecto del tema del que estamos hablando. Y dice lo siguiente: Estudiar y llevar a cabo los cambios necesarios para la regulación de la sustracción de menores del actual artículo 225 bis del Código Penal —que es lo que hemos hecho— y su posible modificación si se toma como premisa el principio de que la fijación del lugar de residencia de los hijos menores es una facultad de los progenitores vinculada al ejercicio de la patria potestad o responsabilidad parental y no a la atribución de su guardia y custodia. Si ustedes entienden que la enmienda que nosotros hemos presentado puede tener puntos débiles o es mejorable, precisamente eso es transar, eso es una transaccional. Pero nos encontramos con que únicamente se nos responde a una de las 96 enmiendas que hemos planteado diciendonos que este no es el lugar ni el momento, cuando en esta misma Cámara habíamos acordado entre todas las fuerzas políticas, y también con los agentes sociales, llevarlo adelante. Con lo cual vuelvo a decir que no interpreten que este Código Penal es de todos, porque al menos nuestro no es.

Hemos asistido a un debate con un ministro que nos ha dejado su tarjeta de visita y se ha ido, y ya si queréis algo me llamáis… (Aplausos). Se ha logrado un texto en el que se es muy permisivo con los fuertes, con los que se pueden ir a esquiar, pero muy duro con los débiles. Es un Código Penal que cuestiona las bases de la propia Constitución; dirán lo que quieran, pero, insisto, cuestiona las bases de la propia Constitución. Y estamos hablando de la reinserción, de la rehabilitación, que todavía no han dicho cómo se lleva adelante con este proyecto de ley. Uno de los derechos fundamentales de la Constitución en su artículo 25.2 dice lo que dice; les gustará o no, pero dice lo que dice, y aunque no les guste, está ahí. Entendemos que es un texto mediocre, injusto, ambiguo, interesado y sobre todo publicitario.

Pero, senadora Armisén, le voy a dar una buena noticia. Todas las semanas, cuando regreso de Madrid, me preguntan siempre en casa qué hago aquí, y muchas veces encuentro dificultades para que entiendan lo que les digo. Pero hoy me ha dado usted una verdadera alegría cuando nos ha dicho que poco a poco, con todos los argumentos que hemos puesto encima de la mesa, el Partido Popular va interiorizando los argumentos, con lo cual hemos puesto nuestro granito de arena. Si a través, por medio o después de estas seis horas el Partido Popular ha interiorizado los argumentos que la oposición ha intentado mostrarle, esperemos que en el próximo Código Penal esa interiorización nos lleve a algo más positivo entre todas las fuerzas políticas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero decirles que nuestro tampoco es el Código Penal. (Risas). Lo he preguntado a mis compañeros y nadie dice que es suyo. (Risas).

La señora De Haro ha dicho una cosa que es verdad: que ha sido posible un diálogo, que yo he agradecido esta mañana, pero que no sirven los números cuantitativos de las enmiendas. Yo cambio todas las enmiendas que nos han aceptado por diez; usted me deja diez y yo le doy las cien. Quiero decir que las enmiendas que nos han aceptado no influyen en la estructura fundamental del Código Penal.

Les decía antes que si tuviéramos que hacer un Código Penal, ¿qué haríamos en primer lugar, qué se hace para hacer un Código Penal? Dos cosas: una, saber la tasa de criminalidad y cómo evoluciona y, dos, saber cómo está la reinserción, que es el objetivo fundamental de la Constitución. Ninguna de estas dos cosas se ha hecho. He preguntado repetidamente cuál era la tasa de reincidencia; mi información es que es del 60 %. Si fuera así, la pregunta sería: ¿qué pasa?, ¿no es posible que haya mayor reinserción?, ¿el 60 % de delincuentes que salen han de volver a reincidir?, ¿qué está pasando aquí? Silencio absoluto, y en la memoria del Código Penal no hay ni una sola referencia a esto, y sin saber qué pasa con la reincidencia y con la reinserción es imposible hacer un Código Penal que atienda a la realidad.

Y en segundo lugar, el tipo de criminalidad. ¿Cómo puede ser que con una tasa de criminalidad no solo de las más bajas de Europa, sino que desciende, se aumenten las penas, cuando tenemos las cárceles españolas con el doble de población encarcelada que en el resto de Europa? ¿Cómo puede ser esto? Esto no cuadra por ningún sitio.

Por lo tanto, ¿cuál ha sido la dinámica o la voluntad del Partido Popular? Hacer una reforma del Código Penal no sobre la base de informes, datos, reflexiones, sino sobre la base de lo que el Partido Popular cree que ha de ser el modelo de sociedad, el modelo de Estado, la administración de los derechos y de las libertades. Y de eso ha salido un modelo autoritario, un modelo de regreso al pasado; como dice el manifiesto de los catedráticos de Derecho Penal, un modelo que vuelve, en definitiva, al siglo XIX, sustituyendo el principio de culpabilidad por el principio de peligrosidad.

Pero además hay otra cosa. Es cierto que han aparecido nuevas formas de protesta, y ustedes lo que hacen en todas las nuevas formas de protesta es penalizar más; dicho de otra manera, intentan solucionar el conflicto social con el Código Penal, y no hay manera de que intenten solucionar el conflicto social desde el punto de vista de las políticas sociales.

Por lo tanto, no voy a entrar en detalles de todo lo que hemos discutido y debatido durante todo el día, simplemente digo que es un Código Penal no hecho sobre la base de realidades, sino sobre la base de concepciones ideológicas del Partido Popular, concepciones del modelo de sociedad y del modelo de Estado, que rompe de alguna manera —y estoy absolutamente seguro— una tradición desde el punto de vista de la política penal del Estado español. Y al mismo tiempo tenemos una ley de seguridad ciudadana —que mañana discutiremos— que cae en los mismos errores y que no deja de ser la otra cara de la moneda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Puestos a no reconocer la criatura, también diremos que no es nuestra. Si fuera por la aceptación de enmiendas, debemos decir que no es nuestro proyecto tampoco, ya no lo era porque hemos presentado un veto por diversos motivos. De todas maneras, tenemos que agradecer el tono y la buena disponibilidad de la portavoz del Grupo Popular, la señora Armisén, aunque es una lástima que desgraciadamente no se haya aceptado ninguna enmienda de las 116 presentadas, más allá de alguna coincidencia casual con las enmiendas de otros grupos, que sí se han podido aceptar o transaccionar. Es una pena porque entendemos que había enmiendas dirigidas a una mejora sustancial del texto, en lo poco que se hubiera podido mejorar.

Mi grupo parlamentario considera que nos encontramos ante una reforma profunda que limita derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la introducción de la prisión permanente revisable; pero en lugar de hablar de prisión permanente revisable, tendríamos que hablar de lo que realmente es, de la cadena perpetua aunque sea revisable, porque no hay un límite de plazo.

También estamos debatiendo una reforma profunda que implica que nos alejamos del principio de intervención mínima que tendría que presidir todo el Código Penal, principio sustancial en nuestro sistema de derecho de ámbito penal. Se trata de una reforma que agrava de forma importantísima las consecuencias penales del acto injusto, alejándonos también en este caso del necesario principio de proporcionalidad que debería presidir el establecimiento de penas.

Tampoco creemos que con esta reforma se consiga una mayor justicia penal porque este no es el camino. Por tanto, Convergència i Unió se opone a este proyecto tanto por cuestiones de fondo como por cuestiones de forma.

Consideramos que es muy lamentable y preocupante que una reforma amplia del Código Penal como esta, que implica cambio de paradigmas y de modelos de nuestro sistema penal, no se haya podido tramitar parlamentariamente con mayor reflexión y consenso.

Estamos ante una reforma que supone un cambio profundo de modelo y, de hecho, así lo recoge la misma exposición de motivos. Sobre todo se centra en el sistema de consecuencias penales, donde el cambio es fundamental, especialmente en el caso de la introducción de esta prisión permanente revisable.

Aunque el Partido Popular lo niegue, insistimos en que es una reforma populista y electoralista, que responde únicamente a demandas mediáticas que no son reales. Una reforma del Código Penal de esta naturaleza no era ni es una necesidad urgente.

En cuanto a la prisión permanente revisable o cadena perpetua, que es lo que viene a ser, tenemos dudas sobre la constitucionalidad ―de hecho, las tenemos todos salvo el Grupo Popular― y entendemos que vulnera el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad, así como el artículo 25.2 de la Constitución, además de ir en contra de la finalidad resocializadora de las penas de prisión y contra la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos.

Insistimos en que nos parece un error muy importante la eliminación de las faltas, la supresión del Libro III del Código Penal, y esta supresión, que en principio estaba orientaba, según la exposición de motivos del proyecto, por un principio de intervención mínima, al final ha supuesto que se tipifiquen y penalicen muchas conductas.

También nos preocupa mucho cómo van a cubrirse, por ejemplo, los procedimientos en materia de accidentes de tráfico, pues vamos a obligar a las víctimas a recurrir a la vía civil.

Ciertamente, se han introducido algunos cambios en cuanto a la corrupción; consideramos que este tendría que haber sido un debate también consensuado. Además, creemos que los cambios que se introducen simplemente obedecen a una necesidad electoralista y populista del Grupo Popular para lavar su imagen ante determinados supuestos que están apareciendo en los medios de comunicación.

Por lo que se refiere al terrorismo, ocurre exactamente lo mismo. Consideramos que no es procedente que solamente se hayan sentado a hablar el Grupo Popular y el Grupo Socialista para llegar a un pacto de Estado. En Convergència i Unió siempre hemos apoyado al Gobierno en esta materia tan sensible y entendemos que en la mesa tendríamos que haber estado todos los grupos.

Lamentamos que no se hayan podido aceptar nuestras enmiendas y, en definitiva, vamos a rechazar el contenido de este proyecto porque entendemos que va en contra del modelo de justicia penal que defendemos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Buenos días, buenas tardes ya y, dentro de nada, buenas noches.

Llevamos ya muchas horas discutiendo y probablemente a estas alturas es imposible añadir nuevos argumentos.

Quiero empezar diciendo que, sin duda, una obra tan extensa como la reforma que se nos propone ¡claro que tiene aciertos! Es imposible que esté todo equivocado; tiene aciertos, evidentemente. Y también es obvio que el texto que va a salir del Senado es mejor que el texto que entro en el Congreso, gracias a la aceptación de enmiendas en distinto nivel. El único problema, como ha reconocido la portavoz del Grupo Popular, es que no afectan al modelo. Las reformas son reformas accidentales pero que no afectan a la esencia del modelo. Y la verdad es que, efectivamente, se ha aludido por varios intervinientes —por el señor Saura en el último momento— al documento de 33 universidades españolas, representadas por cerca de 70 catedráticos de Derecho Político y de Derecho Penal. La lectura de ese texto es realmente algo que debería hacer reflexionar.

Voy a sintetizar no solo esos argumentos, sino parte del discurso que han realizado mis compañeros a lo largo de la presentación de este texto.

En primer lugar, causa tristeza comprobar que en un momento dulce de la dogmática penal, tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial, en un momento en el que efectivamente se habían resuelto cuestiones dogmáticas pendientes durante décadas, eso no se vea reflejado en el Código, sino que, por el contrario, nos ofrece una extraordinaria pobreza técnica.

En segundo lugar, es indiscutible que esta reforma responde a los criterios más conservadores, más reaccionarios incluso, y, aunque les moleste, la verdad es que es un ejemplo exacto de populismo penal. Ese es el eje de la reforma que se ha planteado.

En tercer lugar, también se observa la tendencia a la privatización del sistema, en este caso, del sistema de justicia penal. Dos de los mecanismos que se han puesto de relieve a otros efectos, como la supresión de las faltas y su conversión en ilícitos civiles, plantean problemas técnicos que mi portavoz ya ha destacado, pero que además pueden implicar incremento de costes que pueden redundar incluso en no acudir al resarcimiento de daños; o un tema que se ha mencionado menos, que es la equiparación de los vigilantes privados de seguridad a los funcionarios públicos. Me parece algo muy grave que hay que combinar con la Ley de seguridad privada en la que, efectivamente, se incrementaron las competencias, y con el hecho objetivo de que cada vez hay menos plazas para guardia civil y menos plazas para policías.

En cuarto lugar, toda esta tramitación se ha hecho en fraude de ley. Es así, en fraude de ley. (Rumores). Muchos intervinientes han puesto de relieve que hay una serie de instituciones —Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado— que tienen el deber de informar los proyectos de ley cuando estos afectan a derechos fundamentales. ¿Cómo se ha hecho? Por dos vías: la primera, más burda, es simplemente presentar a las Cortes Generales un proyecto que no es el mismo que tuvieron que informar esas instituciones, introduciendo materias nuevas que por definición quedan excluidas del posible control; la segunda, más sofisticada —a la que también se ha aludido—, es disfrazar como enmiendas la introducción de temas nuevos que del mismo modo provocan el efecto de imposibilidad del dictamen. Y lo que es más grave, el proyecto es contrario al principio de legalidad al usar de manera constante y deliberada términos ambiguos o demasiado abiertos. Es contrario al principio de proporcionalidad como límite absoluto al poder penal de un gobierno democrático. Y es contrario al principio de culpabilidad que, supuestamente, debería ser el límite máximo de toda intervención penal y, sin embargo, no es así, habiendo supuestos de atribución de culpabilidad que ni siquiera permiten la prueba en contrario.

Si del terreno de los principios pasamos al terreno de la política criminal, se ha puesto de relieve —el señor Saura lo ha dicho de manera explícita— lo obvio: por qué incrementar las penas si la tasa de delincuencia en España es de las más bajas de Europa y si encima está bajando el número de delitos en los últimos años, especialmente los delitos más graves, que son los que están disminuyendo. ¿Por qué entonces elevar las penas? No tiene ningún sentido. Quiero dejar algo muy claro: nunca nadie ha demostrado en ningún lugar que el incremento de las penas privativas de libertad se traduzca en una mayor eficacia o eficiencia del sistema penal; nunca nadie lo ha demostrado en ningún lugar, más bien lo contrario: el exceso punitivo produce el efecto contraproducente (Aplausos), y el caso más obvio es el de Estados Unidos, probablemente el sistema punitivo más duro y, sin embargo, el que tiene más delincuentes y más peligrosos delincuentes.

Tan preocupante como esta ampliación de las penas privativas de libertad, y en concreto de la cadena perpetua —evito decir perpetua, evito decir revisable—, tan grave son los argumentos que se utilizan. El que más me preocupa: el de la democracia, el de hay que escuchar a los ciudadanos, la demanda social. Pues no, si usted somete al control de los ciudadanos, por ejemplo, si procede la pena de muerte restaurarla después de haber visto por televisión tres programas seguidos dedicados a la violación de una niña y un menor, ganaría por mayoría absoluta la vuelta de la pena de muerte. Es evidente, no basta con odiar los crímenes execrables para ser o tener derecho al carné de demócrata. No, eso sería muy fácil, ese sentimiento lo tenemos todos. El problema es que para ser demócrata hay que dar un paso más, hay que ser capaces de reconocer la dignidad de todos, incluidas las personas que han vulnerado más gravemente los derechos de la sociedad. (Aplausos). Ese es nuestro planteamiento.

El segundo argumento que se utiliza es aún más débil: la alusión al derecho comparado y vagamente a alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver: ¿qué es realmente lo que ocurre en este caso? Cojamos el ejemplo de Alemania que es el más evidente. Alemania introduce, efectivamente, la condena perpetua revisable. Se plantea una cuestión de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice que puede ser constitucional siempre que se otorgue una posibilidad real al delincuente de reinserción y de suspensión de la pena. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional Federal Alemán. A partir de ese momento, el legislador alemán, en una reforma del año 1982 —me parece que es del artículo 57 a) del Código Penal—, fija las condiciones para que esa exigencia tenga lugar. ¿Cuáles son? Pues que puede existir suspensión obligatoria, cosa que no ocurre en el sistema español, siempre y cuando concurran una serie de requisitos objetivos. Por su parte, el Tribunal Europeo no hace más que imitar la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y en vez de posibilidad, habla de expectativa real. Pero el fondo es el tema. No podemos confundir una apariencia nominal con el fondo. El fondo es que siempre la pena debe estar orientada a la rehabilitación. Por eso, fundamentalmente además es inconstitucional.

Pero, a ser posible sin agotar el tiempo, me gustaría fijar el marco teórico en el que tiene sentido nuestra posición frente a la condena perpetua. El principio es muy claro: la pena privativa de libertad por sí misma es un mal que solo puede justificarse en la medida en que produzca bienes mayores para la tutela de los bienes y derechos de las personas y de la sociedad. Fuera de ese ámbito no está justificada. Segunda observación, el espíritu talionar es incompatible frontalmente con el principio de proporcionalidad de las penas previsto por el Código Penal. Y en tercer lugar, un sistema democrático realmente se basa en la dignidad —si me permiten, en el sentido kantiano del término—, es decir, una libertad igual para todos. Del sentido que le demos a esa frase y del sentido que le demos a la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico dependerá la decisión política que unos y otros tengamos. Los socialistas lo tenemos claro: independientemente de su constitucionalidad, jamás apoyaremos esa pena perpetua porque es contraria a la dignidad de las personas. (Aplausos).

Voy acabando. Agradezco mucho a mi portavoz que me haya dejado hablar en este tema, no quiero que se me olvide. Arcadio, muchas gracias. Efectivamente, este año se cumplen veinte desde que tuve el honor de presentar en el Congreso de los Diputados y en el Senado el proyecto de reforma entonces del Código Penal de 1995. La verdad es que en este momento —lo han dicho varios intervinientes— casi nadie quisiera identificar su nombre con el resultado que tenemos, con el producto que hemos fabricado, casi nadie. Entonces participó la mejor dogmática española, con Vives Antón a la cabeza, el mejor penalista de España evidentemente, y su escuela, con la intervención de la mejor jurisprudencia. Nunca me gustó que le llamaran el Código Penal Belloch, el Código Belloch —los de mi quinta os acordaréis—. La verdad es que lo empleaban cuando se trataba de criticarme normalmente, si no, no hablaban de ese tema, pero hoy nadie, absolutamente nadie, quisiera asociar su nombre a este resultado jurídico que es el código actual, nadie. No estamos hablando de carreteras, no estamos hablando ni siquiera de presupuestos, estamos hablando de algo muchísimo más importante: estamos hablando de las bases de la democracia, de su fortaleza, de la dignidad de las mujeres y de los hombres, de la seguridad jurídica; estamos hablando de crear un marco de convivencia razonable y pacífico para todos los ciudadanos. Por eso estamos viviendo un drama.

Y termino. Utilicé una cita de Pacheco, el autor, como saben, del Código de 1848, que decía: Tenemos que acabar con el caos y tenemos que hacer la luz. (No es literal pero ese era su contenido.) Pues bien, me temo que con esta reforma hemos vuelto al caos y no sé cuándo veremos la luz. La luz sería un código penal verdaderamente ilustrado, que crea y se tome en serio los derechos constitucionales.

Nada más.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.— El señor Díaz Tejera, puesto en pie: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracia, señor presidente. Con su venia, señor presidente.

Parece ser que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra están más preocupados por reconocer o no al hijo —les ha entrado un afán desmedido de paternidad, que, la verdad, lo celebro— en vez de estar preocupados por si estamos ante un buen hijo o no. (Aplausos). Están preocupados por reconocer la paternidad del hijo. Lo celebro realmente.

Senador Bildarratz, a mí también me preguntan cuando llego a casa qué hago en el Senado, si trabajamos mucho, y yo les digo que sí. Hemos aprobado 100 enmiendas entre la ponencia y la Comisión de Justicia, y en este Pleno, en concreto, esta misma tarde, se han firmado 13 transaccionales de las 100 enmiendas; 300 enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados y 100 en el Senado. Trabajamos, servimos para mucho, por lo menos es lo que piensa el Grupo Parlamentario Popular.

Fíjese si conozco bien la reforma del 2010: yo estuve en la cocina de esa reforma del Código Penal promovida por el Partido Popular. Estaban: Federico Trillo, liderando el grupo que formábamos, Dolors Montserrat, diputada, y yo como viceportavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular. Y hablamos con ustedes, con todas las asociaciones implicadas, con abogados, procuradores, secretarios judiciales, etcétera. ¿Sabe qué? Presentamos 60 enmiendas. ¿Cuántas nos aprobaron? Ninguna, señorías, no nos aprobaron ninguna, y nosotros hemos aprobado 100. (Aplausos). ¿Eso es hablar de pacto, es hablar de acuerdo, de talante? Perdonen, el pacto, el acuerdo, el consenso y el talante lo tiene el Partido Popular y para nada quien gobernaba entonces el Partido Socialista.

Este es un proyecto que viene muy trabajado y, como dije en la Comisión de Justicia, el derecho penal es una opción de civilización, aquella civilización que cada comunidad, cada país quiere para sí, y por eso tipifica como delitos determinadas conductas que considera que deben ser punibles.

El derecho penal se tiene que explicar desde tres pilares básicos, con tres monopolios:



un monopolio estatal —solamente el Estado asume el ius puniendi, que significa la prohibición de la autotutela, como conocen, y la indisponibilidad de la pena porque no estamos ante el principio de la autonomía de la voluntad de las personas, y está recogido en el Código Penal—; un monopolio judicial —solamente se puede aplicar el derecho penal por los órganos jurisdiccionales; se va a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese sentido—; y el monopolio procesal —que ese derecho penal aplicado por los tribunales siempre y solo puede ser realizado a través del proceso; también se está reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal—. Por tanto, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial y ahora el Código Penal. Estamos realmente reformando la justicia, que es el gran compromiso que este partido asumió cuando estuvo en el Gobierno.

El senador Díaz Tejera ha mencionado a Franz von Liszt respecto a la prevención general y la prevención especial, que conocemos bien. Von Liszt decía también que el derecho es el conjunto de reglas jurídicas que asocian al crimen como hecho y que tienen su legítima consecuencia, que es la pena. Y a esa definición habría que añadir dos conceptos nuevos: el del estado peligroso y las medidas de seguridad, que ambos se reconocen en esta reforma que presentamos del Código Penal. Y así, con estas dos instituciones que se incorporan a esta definición se modifica el Código Penal actual.

Para mí ha sido un debate precioso el que hemos mantenido, tanto en comisión como en Pleno, pero el resto de portavoces de la oposición se han limitado a comentar la prisión permanente revisable y han ido soltando otrosíes hablando de la propiedad intelectual, del asesinato, del homicidio, etcétera, de algunas cuestiones concretas. Lo que más les ha preocupado ha sido la prisión permanente revisable. Las dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular han tenido oportunidad profusa de explicárselo, como también tuvimos ocasión en comisión. Después también quiero hablar sobre ello.

Fíjese, el pasado 20 de septiembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobó su remisión a las Cortes, y consideramos tan importante este proyecto de ley que en el inicio de su tramitación parlamentaria el mismo presidente del Gobierno lo presentó en el Congreso de los Diputados y esta mañana hemos tenido al ministro de Justicia presentándolo en la Cámara Alta dada la importancia que para nosotros tiene este Código Penal. Es la reforma más importante desde el año 1995 cuantitativamente, porque se deroga todo un Libro III —23 artículos— y el Libro II —otros 5 artículos—, y altera en mayor o menor medida 4 artículos del Título Preliminar, 76 artículos del título I y 96 artículos del Libro II, además de que se introducen 35 artículos de nuevo cuño; y cualitativamente, porque, efectivamente, hay infracciones penales de gran raigambre como son las faltas, que desaparecen y pasan a convertirse en delitos o en mera sanción administrativa, y se realiza una profunda revisión del sistema penal y penitenciario que era demandado por muchas asociaciones de víctimas y por muchas otras asociaciones, que se habrán reunido con ustedes, exactamente igual que lo han hecho con nosotros.

Señorías, este proyecto de ley orgánica no es represivo, máxime cuando alguno de sus portavoces han dicho que algunas penas las hubieran incrementado. Es el que creemos que tiene que ser para este momento determinado. No es represivo, o, en todo caso, lo es para quienes se lo merezcan. Es fundamentalmente preventivo.

Dentro del plan de regeneración democrática, que planteó el presidente del Gobierno, se recoge una serie de delitos económicos que han sido puestos de manifiesto. Se reconoce el comiso, realizando una ambiciosa revisión y adelantándonos a la directiva que existe a tal efecto; una mayor protección de la mujer, algo que apenas han comentado sus señorías, incluyendo como delito el matrimonio forzado y el acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o cualquier otra fórmula que pudiera lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, estando perfectamente implicado el Partido Popular en la lucha contra la violencia de género.

Lo que respecta a los menores tampoco ha sido puesto de manifiesto por sus señorías. La realización de cualquier acto sexual con menos de 16 años será considerado como hecho delictivo.

Les diré respecto a la propiedad intelectual e industrial que la regulación prevé lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y aquellos que realizan una explotación económica de reproducción, plagio, distribución y comunicación.

La prisión permanente revisable. Ya les pregunté en comisión: ¿Van a presentar ustedes un recurso de inconstitucionalidad por incumplimiento del artículo 15? ¿Creen ustedes realmente que estamos ante los tratos inhumanos o degradantes del artículo 15? La senadora Capella ha manifestado incluso que estábamos contrariando el artículo 25. Para nada, senadora Capella. ¿Usted cree que se está vulnerando que pueda ser condenado o sancionado aquel que hubiera cometido una acción u omisión de cualquier ilícito penal o sanción administrativa cuando aún no hubiera sido aprobada la norma? ¡Si precisamente lo que estamos haciendo es aprobar la norma e intentamos que sea de derecho positivo! A partir de este momento, si resulta aprobado por esta Cámara y después se aceptan las enmiendas en el Congreso de los Diputados, podremos tener otro texto que entrará perfectamente dentro de ese artículo 25, pero para nada eso sería prevaricar. Ningún juez, ninguna autoridad administrativa podría aplicar una ley que no existe.

El ministro ha puesto de manifiesto que la prisión permanente revisable se va a aplicar para los delitos más deplorables, y es respetuoso con la Constitución, senador Iglesias. A lo mejor podemos estar de acuerdo o en desacuerdo respecto a los años en los que se da esa prisión permanente revisable, pero en cuanto a su constitucionalidad, a su existencia, por supuesto que es respetuoso con la Constitución.

Me gustaría hablar del indulto. Nadie ha hablado del indulto. Se recoge también esa dación de cuenta de los altos cargos del Gobierno cada seis meses ante las Cámaras para dar traslado de los indultos y poder explicar por qué se han adoptado determinados indultos. ¿Les parece mal o bien? No se lo he oído decir y me hubiera gustado escuchárselo. Es que se han dejado muchas cosas fuera del tintero que ni siquiera han comentado.

La supresión de las faltas. Como les he dicho en varias ocasiones, es lógico que sancionemos las conductas, es lógico que se sancione el animus doli, aquella conducta delictiva, y no que, por el albur de hurtar determinada cuantía inferior a 400 euros, tener la suerte de no cometer un delito y cometer una presunta falta; el asesinato y la detención ilegal, actualizando el concepto del delito de asesinato, el hurto y el robo.

Y aquí quiero hacer una mención especial para el caso de la multirreincidencia que se ha puesto de manifiesto, donde se incluye un catálogo de robos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas que causan perjuicios graves y que tanto perjudican a nuestros agricultores y ganaderos. Me gustaría comentárselo al señor Iglesias. El senador Iglesias ha dicho que los cometen pequeños delincuentes. Para nada. Dígaselo usted a los agricultores, dígaselo usted a los ganaderos que les roban el cobre, que están hartos de que les roben el tractor, los aperos de labranza o los productos que con tanto sudor intentan sacar adelante. Dígaselo usted y verá como de pequeños delincuentes nada: son mafias auténticas, mafias organizadas para realizar estos determinados robos o hurtos. El atentado, la resistencia, la desobediencia, los incendios forestales, de los que tampoco nadie ha hablado pese a que se retocan y castigan más. No se ha hablado nada de los delitos de incitación del odio contra las minorías, inmigración, esterilización; de la mayor protección penal de los animales; de la responsabilidad penal de las personas jurídicas...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

En fin, un sistema penitenciario y de revisión de penas que hacía falta, que era el demandado por la sociedad y que, desde luego, da cumplida cuenta con esta reforma. Desde luego, nosotros hemos intentado llegar a los máximos acuerdos y todavía están a tiempo de sumarse a la reforma para alcanzar, por su importancia y su necesidad actual, el máximo apoyo para la aprobación de este proyecto de ley orgánica.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas al proyecto de ley por el que se reforma del Código Penal.

Comenzamos por la votación de las enmiendas de la senadora Capella.

Votamos en primer lugar las enmiendas 497 y 499.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 11; en contra, 156; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 505.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 7; en contra, 148; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 506.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 7; en contra, 216; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 482.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 233; a favor, 85; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 495.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 7; en contra, 149; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 502.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 7; en contra, 147; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 507 y 515.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 6; en contra, 215; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 454 a 467, 469 a 471, 473 a 477, 480, 487 a 489, 500, 501 y 519.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 86; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 478, 479, 481 y 508.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 490 y 491.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 17; en contra, 215; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 472, 485, 486 y 503.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 78; en contra, 148; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 468, 496, 509 a 514 y 517.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 233; a favor, 7; en contra, 213; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 483, 484, 492 a 494, 498, 504, 516 y 518.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 7; en contra, 146; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Fuster y de las senadoras Ibarz y Santos votamos la enmienda 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 13; en contra, 209; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, votamos la enmienda 104.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 11; en contra, 212; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 102, 103 y 105 a 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 232; a favor, 11; en contra, 209; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios y el senador Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto, votamos la enmienda 453.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 11; en contra, 213; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, votamos las enmiendas 36 a 38, 40 a 50 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 10; en contra, 213; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 20; en contra, 212; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 6, 7, 9 a 11, 14, 15, 53, 61, 63, 64, 67 a 69 y 88 a 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 88; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 24, 27, 57, 59 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 147; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 30, 52, 55, 65, 75, 78, 85 a 87, 94 a 96, 100 y 101.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 233; a favor, 77; en contra, 146; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos 8, 12, 13, 16 a 23, 25, 26, 28, 29, 31 a 33, 35, 51, 54, 56, 58, 62, 66, 73, 74, 76, 77, 80 a 82, 84, 92, 93 y 97 a 99.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 9; en contra, 146; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Yanguas y la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, votamos la enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 9; en contra, 156; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 8; en contra, 215; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 217; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 736.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 12; en contra, 211; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 737.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 5; en contra, 212;



abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 738.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 154; en contra, 2; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 739.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 10; en contra, 146; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 740.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 81; en contra, 144; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 741.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 10; en contra, 144; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 742.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 10; en contra, 145; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco. Votamos la enmienda 776.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 19; en contra, 148; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 775.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra, 144; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 799 a 801.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra, 215.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 751, 758, 763 y 797.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 19; en contra, 144; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 806 y 807.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 18; en contra, 214; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 827.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 86; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 743, 746 a 748, 753 a 757, 762, 765, 767, 768, 804, 805, 809 a 811, 816, 820, 832 y 835.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 87; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 744 a 796, 798, 808, 814, 821 a 826, 828, 830, 831, 833, 834, 836 y 837.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 232; a favor, 20; en contra, 208; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 745, 749, 750, 752, 759 a 761, 764, 766, 769 a 774, 777 a 795, 802, 803, 812, 813, 815, 817 a 819, 829 y 838.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 18; en contra, 144; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, del primer bloque votamos las enmiendas 333 y 444 a 448.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 11; en contra, 147; abstenciones, 76 .

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 321, 332, 336, 350, 356, 393 y 394.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 38; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 148; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 323, 324, 328, 329, 335, 358, 390, 395, 397 a 399 y 418 a 421.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 86; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 376.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 20; en contra, 213; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 337, 338, 361, 370, 383, 389, 392, 405, 408, 415 a 417, 422, 423, 438 a 440, 450 y 452.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 75; en contra, 144; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 330, 331, 373 a 375, 377 a 382, 384 a 387, 409 y 424 a 435.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 10; en contra, 212; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 322, 325 a 327, 334, 339 a 349, 351 a 355, 357, 359, 360, 362 a 366, 368, 369, 371, 372, 388, 391, 396, 400 a 404, 406, 407, 410 a 412, 414, 436, 437, 441 a 443, 449 y 451.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 9; en contra, 145; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del segundo bloque del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda 198.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 216; en contra, 5; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 201, 207 y 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 222; en contra, 1; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 221, 222, 226, 248, 254 y 303.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 76; en contra, 143; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 146, 147, 149 a 151, 191, 224, 247, 257 y 317.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 75; en contra, 148; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 108 a 118, 122, 124 a 127, 132 a 141, 143, 144, 155, 158, 160, 162, 163, 165 a 168, 172, 174, 175, 178, 181, 186 a 188, 203 a 206, 208, 212 a 214, 217, 227, 231, 243, 246, 250 a 252, 262, 274 a 277 y 305.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 88; en contra, 143; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos ,235; a favor, 75; en contra, 148; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió votamos las enmiendas 918 y 949.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 18; en contra, 149; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 922, 938 y 953.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 233; a favor, 17; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 857, 905, 907, 912, 920, 921, 924, 925 y 954.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 233; a favor, 16; en contra, 215; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 876, 903 y 937.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 16; en contra, 148; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 852, 868, 881, 923, 941, 942, 947 y 954.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 233; a favor, 17; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 870 a 875; 877, 879, 884, 892, 926, 933, 946 y 950.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 18; en contra, 147; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 91; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 619, 625 y 629.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 224; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 640, 641, 646 y 683.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 561, 562, 564, 566, 569, 609, 616; 644, 682 y 696.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238;



votos emitidos, 235; a favor, 75; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 523 a 531, 533, 537, 539 a 542, 548 a 556, 558, 559, 573, 579 a 581, 584, 585, 589, 591, 592, 595, 598, 604, 605, 607, 621 a 624, 626, 631 a 633, 637, 647, 654, 680, 685 a 687, 702, 714 a 718, 722 y 723.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 87; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 77; en contra, 142; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, la Entesa y el Grupo Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 955, 959, 961 a 963, 970, 977, 978, 980, 983 a 992; 994, 996, 1000 a 1003, 1011, 1012, 1026, 1029 a 1032, 1035, 1037, 1038, 1041, 1043 y 1044, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 89; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 183 y 198, del Grupo Parlamentario Entesa, y 600 y 616, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 233; a favor, 10; en contra, 214; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por el resto de las enmiendas introducidas en comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 14; en contra, 148; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168 272, sobre la enmienda número 320, del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 72; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168 273, sobre la enmienda 367, de la Entesa, 34, del Grupo Mixto, y 609, del Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 156; en contra, 71; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168 274, sobre las enmiendas 224 y 225, del Grupo Parlamentario de la Entesa, y 644 y 645, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 233; a favor, 145; en contra, 71; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168 275, sobre la enmienda 83, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 413 del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 145; en contra, 72; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 168 276, sobre la enmienda 677 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 233; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 168 277, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 234; a favor, 234.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 148; en contra, 89; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000003 Justicia

El señor presidente da lectura al punto 8.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

La proposición de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 21 de febrero, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el pasado 25 de febrero, fue ampliado hasta el día 27 de febrero del presente año 2015.

A esta proposición de ley se presentaron 4 vetos y 55 enmiendas. La Comisión de Justicia del Senado se reunió el día 3 de marzo y emitió dictamen en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Se mantienen para el debate en este Pleno las 4 propuestas de veto presentadas en su día, así como las enmiendas contenidas en los votos particulares presentados a este dictamen por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y por los grupos parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya y Convergència i Unió.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos a los vetos.

Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas noches, señorías.

Esquerra Republicana de Catalunya presenta un veto a esta nueva reforma del Código Penal, para el que solicitamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Entre hoy y mañana se materializa la aprobación de tres leyes que significan un auténtico mazazo a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Se trata de nuevo de populismo punitivo. Ustedes hacen humo para despistar de lo que realmente acontece a su alrededor.

Como muy bien recuerda Amnistía Internacional, el respeto a los derechos humanos no es un obstáculo para la seguridad, sino el camino para lograrla. En este sentido el problema no es que no hayan consultado a las organizaciones internacionales de derechos humanos ni a los pertinentes organismos de Naciones Unidas, el problema es que han hecho oídos sordos a las consideraciones que las organizaciones han realizado y que señalan que esta proposición de ley viola los derechos humanos y el derecho internacional. Se considera especialmente que algunas disposiciones atentan contra la presunción de inocencia e invierten la carga de la prueba.

Pero vayamos paso a paso, siguiendo las consideraciones que realiza Amnistía Internacional. Si ustedes se han negado a escucharla, hoy van a oír sus consideraciones y recomendaciones en boca de esta senadora.

En primer lugar, según el relator especial de Naciones Unidas, para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, los actos terroristas son aquellos que cumplen las siguientes características o requisitos: En primer lugar, intencionalidad. Deben ser actos de gravedad con el objetivo de causar muerte o lesiones graves o toma de rehenes. En segundo lugar, propósito. Deben perseguir atemorizar o intimidar a la población u obligar a una organización internacional o gobierno a adoptar una determinada posición. En tercer lugar, deben ser delitos definidos como terroristas en las convenciones y protocolos internacionales.

Para combatir el terrorismo en los términos que acabo de expresar, el derecho internacional reconoce que los Estados están legitimados a limitar algunos derechos, como los de la libertad de expresión e información, e incluso los de libertad de asociación y reunión. Pero esta legitimación, especialmente sensible porque está coartando derechos básicos, debe estar motivada y limitada. En tal sentido debe basarse en disposiciones claras, previsibles y precisas, lejos de las vaguedades y generalidades que presenta la proposición de ley, y que más allá de la grave inseguridad jurídica que generan, y de la lesión del principio de legalidad, podrían ser utilizadas para políticas represivas que nada tienen que ver con el terrorismo. Así, las medidas limitadoras de derechos deben ser necesarias y proporcionadas al objetivo que persiguen, a un claro objetivo y legítimo propósito. Esta proposición de ley, al no atender los requerimientos de las organizaciones de derechos humanos en tal sentido, hace presumir una ambigüedad calculada que puede servir como arbitraria medida represora más allá de los actos que se pueden calificar desde los estándares internacionales como terroristas. En particular, la proposición de ley se extralimita de su posible legitimidad en la limitación del derecho de expresión y de información; así lo recuerda Amnistía Internacional, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, o el representante de la OSCE para la libertad de los medios, y declaran que la criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de incitación intencional al terrorismo, es decir, a las llamadas directas a la participación en terrorismo, y especifican que las nociones vagas —tales como la provisión de apoyo en comunicaciones al terrorismo o al extremismo, la glorificación o la promoción del terrorismo o el extremismo y la mera repetición de afirmaciones terroristas que en sí mismas no constituyen incitación— no deberían, repito, no deberían estar criminalizadas. En otras palabras, que el representante de la OSCE y el relator especial de Naciones Unidas consideran que su proposición de ley sobrepasa la legitimidad que podrían tener para limitar el derecho de la libertad de expresión e información y que el Estado español aprobando esta ley, lejos de garantizar estos derechos, los está violando.

Por otro lado, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la limitación de derechos que se pueden aplicar a determinados grupos, como minorías étnicas o religiosas, y a que pueden tener, expresar opiniones o críticas legítimas sobre temas sensibles que, en base a su legislación ambigua, podrían ser interpretadas como legitimación de actos terroristas. No en vano, tanto el Comité de Derechos Humanos como el relator especial de la ONU advierten específicamente a España de que la vaguedad de las disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo conlleva el riesgo de adentrarse en una pendiente resbaladiza, es decir, la ampliación y deterioro gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia grave contra los ciudadanos.

El partido que da apoyo u ocupa al Gobierno español no solo no ha cumplido estas recomendaciones, sino que ha dado un paso más en la ampliación y deterioro gradual del concepto de terrorismo, incluyendo conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con actos terroristas. Es más, conscientes de ello y para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se lo recordara en el preceptivo informe, el Partido Popular ha presentado este texto como proposición de ley en lugar de hacerlo, como Gobierno, presentando un proyecto de ley. Sí, y no me olvido tampoco de que la proposición de ley también la firma el Partido Socialista. No obstante, aunque importantes para dotar de una supuesta mayor legitimidad a la iniciativa, el PSOE no es más que una comparsa para salir en la foto de la lucha antiterrorista, aunque sea a costa de los derechos humanos. De hecho, la falta de concreción en los delitos y en la intencionalidad, creemos que por parte del Partido Popular, es tan deliberada como el gol que ha marcado al PSOE reconociendo la cadena perpetua en esta proposición de ley.

Y esa ambigüedad calculada es la que les lleva a introducir elementos como la subversión del orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado. Y digo calculada ambigüedad porque ustedes tienen claro que el proceso soberanista catalán al iniciar su fase de independencia subvertirá su orden constitucional y, sin duda, supondrá que las instituciones políticas del Estado español dejen de funcionar en Cataluña a favor de las instituciones políticas que cree la república catalana. Ustedes lo saben y como no se atreven a hacer una ley específica al respecto, porque sería reconocer la voluntad y capacidad de la nación catalana para tirar adelante el proceso de independencia de nuestra nación, ocultan sus intenciones en ambiguos redactados que podrían tener en manos de un Gobierno represor una interpretación para tratar como terroristas a los representantes públicos que, en virtud del mandato popular de la ciudadanía catalana, declaren y ejerzan la independencia de la nación catalana.

Pero tampoco soy ingenua, o tan ingenua, para pensar que más allá de lo que ustedes consideran o pretenden considerar terroristas no somos el único objetivo de esta ley. La ley es tan ambigua que cualquiera que proteste activamente contra el injusto sistema neoliberal que nos imponen podrá ser considerado o puede ser considerado terrorista. Con esta reforma, las protestas de Gandhi o de Martin Luther King serían actos terroristas y si esta ley se aprobara en el Parlamento venezolano, ustedes estarían aquí elevando el grito al cielo.

El artículo 573 establece que se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, etcétera. Y añaden, cuando se lleve a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: primero, subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones ―entre otras cosas―; segundo, alterar gravemente la paz pública; tercero, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; cuarto, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Es decir, que en base a esto se puede calificar de terrorismo cualquier delito que se considere grave y que atente contra el patrimonio, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, o también se pueden considerar terrorismo los desórdenes públicos que se estimen graves y que alteren gravemente la paz pública. Estas ambigüedades son extremadamente peligrosas para la democracia en manos, por ejemplo, de jueces especiales, como los de la Audiencia Nacional, que han legitimado el cierre de medios de comunicación como Egin o han ilegalizado por considerar terroristas a organizaciones que no tenían ninguna relación directa ―insisto, directa― con la violencia terrorista.

Teniendo en cuenta que el Partido Popular, esta misma semana, ha prohibido el concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid, podemos ir preparándonos.

Terminaré mi intervención con aquello que se atribuye erróneamente a Bertolt Brecht, pero que es del pastor protestante Martin Niemöller: primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y ya, para ese momento, no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.

Por estos motivos y por otros muchos que se expresarán en la defensa del resto de vetos presentados, solicito su apoyo para el presentado por Esquerra Republicana y anuncio que votaré a favor del resto de los vetos presentados por los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 está firmada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré mi intervención agradeciendo la magnanimidad de la Mesa al brindarme la posibilidad de defender este veto, tras un error burocrático-administrativo.

Lo primero que llama la atención para cualquier observador imparcial es cómo es posible que acabemos de aprobar una reforma del Código Penal e, inmediatamente, tengamos que empezar a debatir otra reforma del mismo Código Penal.

Es obvio que la conveniencia política, en este caso, ha hecho padecer a la técnica legislativa y que el acuerdo de Estado alcanzado entre las dos fuerzas mayoritarias ha determinado que, ante la discrepancia manifestada en el debate del proyecto anterior en relación con la prisión permanente revisable, se recurriera a lo que no deja de ser una especie de triquiñuela en la que el Grupo Socialista se sitúa en una posición bastante difícil: la de tener que ignorar en el debate de esta proposición de ley lo que acaba de ser aprobado en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. La mano derecha no ha de saber lo que va a hacer la mano izquierda.

Cincuenta años de violencia terrorista han dado a nuestro país una experiencia y uno de los códigos penales más duros de Europa, con unas normas procesales que restringen, por mor de la lucha contra el terrorismo, derechos y, además, con la existencia de un tribunal que ahora vamos a llamar tribunal específico, por no entrar en calificativos que pudieran generar mayor debate en la Audiencia Nacional. Cuesta trabajo pensar que en España, después de esa experiencia que no tiene parangón en el resto de Europa, después de haber padecido el atentado yihadista más serio, más grave que se ha producido en Europa, sea necesario hoy inventar algo para combatir ese fenómeno y que se haga al calor del impacto que en la sociedad han generado los atentados de Francia y de Dinamarca, que, en comparación con el atentado que hoy recordamos —cuesta trabajo utilizar el término conmemorar—, que hoy está presente en nuestra memoria y en nuestro dolor por el número de víctimas, por las características del mismo, son acciones terroristas de menor intensidad. ¿Por qué después del 11-M no fue necesaria una reforma del Código Penal en materia de terrorismo para combatir el terrorismo yihadista y hoy, porque ha habido un atentado en París, porque ha habido otro atentado en Dinamarca, sí es necesario? Lo siento, señorías del Partido Popular y del Grupo Socialista, yo no comparto esa necesidad. El arsenal punitivo es suficiente y cubre todas las acciones: de la autoría a la provocación, de la difusión de consignas al adiestramiento, de la captación al enaltecimiento, todo eso está tipificado en el Código Penal de 1995, con las reformas que se han venido produciendo —casi 30 reformas—, muchas de ellas específicamente dirigidas a la penalización del terrorismo. Leamos los periódicos de la última semana: 24 de febrero, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas por adoctrinamiento y reclutar yihadistas por internet. El sábado pasado la Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de Barcelona a una marroquí por labores de captación y radicalización en favor del Estado Islámico, reclutando y enviando mujeres a Siria. Antes de esta reforma del Código Penal, con el anterior.

Es verdad que estamos ante un fenómeno terrorista que probablemente sea el fenómeno que mejor define la esencia del concepto de terrorismo. Si hay una organización que pretende por encima de cualquier otro objetivo generar sensación de terror en la sociedad, son las organizaciones a las que nos estamos refiriendo: el Estado Islámico, Al Qaeda, cualquiera de sus sucursales ya existentes. Pero en torno a esa realidad que nos impacta con las imágenes, en relación con los terroristas —que no se ocultan para cometer sus crímenes, sino que los graban en vídeo y los difunden—, se está generando una especie de mito: los lobos solitarios, por ejemplo. No es nuevo en la historia, no hace falta remontarse al siglo XI y hablar de los hassassin, vamos a ir más cerca, a España. En Europa, Isabel de Baviera —la famosa Sissí emperatriz— fue asesinada en Ginebra el 10 de septiembre de 1898 por el italiano Luigi Lucheni, que era un lobo solitario, porque gran parte de las acciones del terrorismo vinculado al movimiento anarquista en Europa a finales del siglo XIX, que en nuestro país se proyectó aún durante las dos primeras décadas del siglo XX, eran ejecutados por lobos solitarios. Todos los días cuando entramos por la puerta de la Plaza de la Marina vemos el monumento a Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo fue asesinado el 8 de agosto de 1897 en un balneario cerca de Mondragón por Angiolillo, otro lobo solitario. Mateo Morral, quien lanzó la bomba a la comitiva de la boda de Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906, era otro lobo solitario. No es ningún fenómeno nuevo. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico penal está perfectamente preparado para responder ante estos fenómenos.

El Código Penal de 1995, con las reformas posteriores que afectan a los artículos 572 a 580, ya dio lugar a dudas fundadas por parte de las organizaciones internacionales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 5 de enero de 2009 emitió un informe, en el que coincidía con lo manifestado por el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y ya entonces expresaba su preocupación por la falta de precisión y el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo, concluyendo que las disposiciones relativas al terrorismo en nuestro Código Penal, vigente hasta esta reforma, no satisfacían plenamente el requisito de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pues con esta reforma todavía se va más allá en esa indefinición. En los vetos presentados al proyecto de reforma del Código Penal anterior criticábamos tipos abiertos y tipos indefinidos. En esta reforma hay más tipos abiertos, hay más tipos indefinidos. Porque se introduce un nuevo concepto de terrorismo que, además, no está concretado en la doctrina del derecho internacional. Una de las tareas en este momento de Naciones Unidas es intentar encontrar una definición, compartida por el conjunto de los Estados, sobre el terrorismo. Pero con esta definición aún más imprecisa y aún más abierta, se llega a una situación en la que el concepto resulta más vago de lo que lo era en el Código Penal anterior.

Como decía la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, en lo que sí hay consenso en el ámbito del derecho internacional en esta materia, es en que la calificación de terrorismo solo puede ser proyectada sobre los actos de violencia política organizada y grave, con capacidad para poner en peligro el sistema democrático, utilizando para ello medios capaces de generar el terror. Los contenidos del proyecto van mucho más allá de esta definición pacífica del concepto de terrorismo.

En el artículo 575 se equipara el adoctrinamiento pasivo y el adiestramiento militar pasivo. También se criminaliza el acceso habitual a páginas de internet sobre esta materia. El Convenio europeo para la Prevención del Terrorismo insta a castigar el adiestramiento activo, pero no criminaliza la recepción de formación, como hace esta reforma del Código Penal. Y luego, la obsesión por el control de los contenidos de internet acaba afectando a libertades ideológicas y genera, además, paranoias, algunas pueden ser incluso interesadas. Estos días, gracias a la Red, leía que se había prohibido la entrada en el Líbano a un experto en la lucha antiterrorista francesa, Romain Caillet, con el argumento de que tenía contactos con organizaciones terroristas y accedía frecuentemente a páginas yihadistas de internet. ¿Cómo puede ser un activo y eficaz experto en la lucha antiterrorista si no realiza cotidianamente esas actuaciones?

También se tipifica en esta reforma el traslado o establecimiento en territorios extranjeros controlados por un grupo u organización terrorista. En primer lugar, esto confronta con la legalidad internacional. Y, además, proyectado sobre el ámbito territorial al que estamos haciendo referencia, cuyos conflictos están en el origen del fenómeno yihadista, hacen la situación aún más difícil y vidriosa. En primer lugar, la legalidad internacional no proscribe el incorporarse a un conflicto, lo que proscribe es cometer crímenes de guerra o crímenes de terrorismo participando en ese conflicto. En segundo lugar, ¿quién va a definir qué son grupos u organizaciones terroristas en este momento en Siria? Cuando en la guerra civil que se está viviendo, con la involucración del Estado Islámico y de una de las secuelas o filiales de Al Qaeda, resulta que Occidente ha modificado la calificación de las organizaciones en diferentes ocasiones. Los que al inicio del conflicto eran, entre comillas, luchadores por la libertad frente a la dictadura de Asad, acabaron siendo tiempo después representantes del terrorismo más nocivo. Ahora, algunas organizaciones de algunos países occidentales pretenden formar y armar a otras milicias de la resistencia a Asad y de confrontación con el Estado Islámico. ¿Quién va a definir cuáles de todos esos grupos y milicias son organizaciones terroristas y, por tanto, resulta delictivo desplazarse al territorio que ellos controlan frente a quien se desplaza al territorio de otra milicia para desarrollar la misma actividad?

Los tipos agravados de enaltecimiento y justificación del terrorismo del artículo 578, párrafos dos y tres, cuando se produzcan por medio de la red o resulten idóneos para alterar la paz pública, en primer lugar, pueden violentar el principio de non bis in idem porque idóneo es un término abierto, ¿qué es idóneo? ¿Serán los jueces los que definan la idoneidad con su criterio pero partiendo de un tipo abierto? Y, en segundo lugar, si el terrorismo tiene que tener como finalidad para su definición estos objetivos, ¿por qué agravar, si va implícito? Si no, no lo sería.

Las penas, evidentemente, son las máximas del Código Penal, dice púdicamente este proyecto de ley, pero todos sabemos que bajo ese pudor y tras esa vestimenta lo que hay es la prisión permanente revisable.

Por eso, hemos formulado este veto y solicitamos el apoyo de la Cámara al mismo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 3, firmada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, en primer lugar, quiero recordar el compromiso de esta Cámara en abordar la reforma del Senado y hacerlo en esta legislatura, y debo decir que no hacerlo sería una grave irresponsabilidad.

Entrando ya en el contenido de esta proposición de ley, todo indica que los atentados yihadistas recientemente ocurridos en diferentes capitales europeas —que condenamos firmemente tanto el senador Saura como yo, al igual que condenamos cualquier otro tipo de terrorismo— han motivado y han sido la excusa del PP y del PSOE para firmar un pacto de Estado; pacto de Estado que tiene como consecuencia esta Proposición de Ley Orgánica por la cual se modifica el actual Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, ustedes tienen todo el derecho a pactar lo que crean necesario, a presentar todas las proposiciones de ley que consideren oportunas, pero en lo que ya no les reconozco tal derecho es que en cuestiones que afectan a derechos fundamentales y a derechos constitucionales lo hagan en forma de proposición de ley, lo que les permite saltarse los informes y dictámenes preceptivos de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado; a lo que no tienen derecho es a forzar la tramitación directa y en lectura única en el Congreso de los Diputados en una cuestión tan delicada, en el Senado lo tramitamos por el procedimiento de urgencia.

Señorías del Partido Socialista, llevamos toda la legislatura quejándonos de este tipo de tramitaciones, y a la primera que pueden se apuntan a este nefasto estilo de trabajo parlamentario. ¿Cómo pueden quejarse, en la tramitación de la reforma anterior del Código Penal, del procedimiento y de la falta de un debate sereno y reflexivo y forzar con esos procedimientos una reforma similar? Señorías, ¿dónde está la coherencia? Porque llevamos toda la legislatura quejándonos de esto.

Sorprende también, como ha dicho el senador Iglesias, el inédito caso de que se modifiquen aspectos muy relevantes del Código Penal fuera del Código Penal, con el agravante de que hace pocas horas hemos discutido su reforma. Tot plagat, que diríamos en catalán, todo en conjunto no se explica. Reformamos el Código Penal en paralelo a la reforma de este mismo Código. Y todo ello para justificar un pomposo pacto de Estado, más relacionado con los problemas surgidos en un año electoral que con la lucha antiterrorista. Se apuntan, señorías, a lo conocido como el populismo penal, más adelante me referiré a ello en este veto que el senado Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Antes de entrar en las espurias razones político-electorales que justifican el pacto que da pie a esta proposición de ley, quiero entrar en los contenidos de la propuesta, luego volveré al continente. ¿Es el terrorismo yihadista una amenaza para España? Sí, lo aprendimos con una cruel experiencia: hoy hace once años el pueblo de Madrid sufrió un brutal atentado que costó centenares de víctimas inocentes entre muertos y heridos. Nuestro reconocimiento a todas ellas y ellos y a sus familias. A todos ellos les debemos el máximo acierto en el debate y conclusiones de esta proposición de ley. El terrorismo yihadista es hoy una amenaza mayor, y una amenaza global, como salió ayer en el debate entre el señor Sabaté y el ministro Morenés.

¿Cuál fue la reacción a los atentados del 11-M? La reacción fue fortalecer nuestras capacidades, medios y recursos en la lucha contra este nuevo terrorismo. Tardamos seis años en tocar el Código Penal, en 2010, y lo hicimos por imperativo de la Unión Europea, derivado de dos decisiones marco, de 2002 y 2008, sobre la lucha contra el terrorismo. Les recuerdo esto para afirmar que toda reforma del Código Penal, y más en materias que afectan a derechos fundamentales, exige serenidad y reflexión. Y lo entenderán con un ejemplo muy concreto: léanse el preámbulo que justifica esta proposición de ley y verán lo que es coyunturalismo, un verdadero disparate. Léanselo. Y si a ello añadimos esta tramitación exprés, verán que detrás de esta tramitación no hay serenidad, no hay reflexión y mucho me temo que solo hay interés electoral.

Señorías, una vez más, el método de elaboración de la ley resulta tan excepcional como la emergencia a la que dice atender. El principal argumento que utilizan para justificar el pacto de Estado bipartidista y esta posible proposición de ley son las insuficiencias del actual Código Penal para combatir el terrorismo yihadista. ¿Realmente es insuficiente? Para el senador Saura y para mí no. Los actuales artículos 576, 577 y 579 representan un arsenal jurídico suficiente, y les pondré ejemplos concretos, como también ha hecho el senador Iglesias: Valencia, 8 de febrero de 2013, lobo solitario, detenido, acusado y procesado. Adiestramiento, otro de los grandes argumentos que justifican esta ley, artículo 579, detenciones en Ceuta el pasado mes de enero, detenidos, acusados y procesados. Viajes a zonas con actividades terroristas, artículo 576; intervención de varias personas en Siria, supuestos terroristas, septiembre de 2014, detenidos, acusados y procesados. Integración en organización terrorista, mujer detenida en el Aeropuerto de El Prat. Ayer mismo fueron detenidas dos personas en la ciudad de Ceuta.

Señorías, es fácil entender que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detienen y los jueces encausan es porque hay un soporte legal que lo hace posible, y este es el actual Código Penal. Insisto, señorías, en que el actual Código Penal ya es lo suficientemente duro y amplio para ser un instrumento efectivo en la lucha antiterrorista, también en la yihadista. Podríamos llegar a aceptar que determinados artículos se retocaran, se mejoraran, se pulieran, en lo que ha sido la anterior reforma del Código Penal. Eso lo podríamos llegar a aceptar y estudiar. Plantéenlo para poder precisar con la mayor exactitud y el mayor acierto estos artículos, pero lo que no tiene ningún tipo de justificación es ni el paripé del pacto de Estado ni la involución peligrosa que representa esta reforma en la salvaguarda de nuestros derechos. Hay una involución en la definición de terrorismo que contempla esta reforma. Se amplía lo que se consideran delitos de terrorismo, se amplían las finalidades para que sean considerados delitos de terrorismo: medio ambiente; integridad moral; tenencia y tráfico y depósito de armas, todo ello relacionado con la subversión del orden constitucional o supresión o desestabilización gravemente del funcionamiento de las instituciones políticas; alterar gravemente la paz pública, etcétera.

¿Es esta la concepción de terrorismo? ¿Es esta la definición clara y precisa de la conducta que se quiere penalizar y que impide interpretaciones dudosas? Creemos que no, son definiciones tan subjetivas y ambiguas que comparten un peligro real: la consideración como acto terrorista de la disidencia social y política. Y, señorías, confundir todo acto violento como acto terrorista es un error. Hay actos que podemos no compartir, criticables, punibles, pero que no son terrorismo. Los firmantes de esta proposición de ley incurren también en un error para mí aún más grave y que lastrará la efectividad de la lucha contra el terrorismo y la comprensión ciudadana de esta, y es que si terrorismo es todo, terrorismo no es nada.

Tampoco compartimos las excusas que utilizan para justificar esta reforma exprés: resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y decisiones marco de la Unión Europea. Las Naciones Unidas —resolución de septiembre del 2014— recomiendan a los Estados revisar si sus legislaciones son insuficientes, nada más. No obligan a reformar. Emplazan a los Estados a que revisen si sus legislaciones son suficientes. Y la decisión marco de la Unión Europea no impone ninguna definición de terrorismo, sino que compromete a los Estados —artículos 3 y 4— a incluir una serie de comportamientos: captación, adiestramiento, etcétera, que, por otra parte, ya son considerados delitos en nuestro actual Código Penal.

En definitiva, amplían y hacen más subjetiva la definición de terrorismo y de lo que son actos terroristas. Y proponen endurecer las penas. Esa es una constante en todas las reformas del Código Penal: endurecer las penas; un populismo penal, el de la mano dura, independientemente de su efectividad o de los valores constitucionales que inspiran nuestra política penal y penitenciaria. En definitiva, el Código Penal de la venganza. Por cierto, señorías, ¿ustedes creen que a un yihadista dispuesto a inmolarse le preocupan mucho las penas de cárcel? Yo creo que no, que le traen al pairo.

Siguiendo con el capítulo de penas, seguramente uno de los aspectos más injustificables de este pacto de Estado es el artículo 573 bis, punto primero. Es el de la cadena perpetua revisable. Y aquí, esa sinrazón de: firmo el pacto —el Partido Popular no engañó a nadie diciendo que iba a incorporar en la reforma del Código Penal la cadena perpetua revisable—; firmo el pacto, con el eufemismo de la máxima pena que reconozca el Código Penal, para luego decir que cuando gobierne —por ahora no se gobierna— ya se revisará. Esto es tan poco justificable, es tan poco razonable, que se me hace difícil entender cómo pudieron firmar ese pacto de Estado. Por ahora no gobiernan, pero el pacto está firmado y es un pacto que hay que recordar que propuso el señor Pedro Sánchez.

Señorías socialistas es difícil de explicar que ustedes propongan un pacto que saben que incorporaría como una de sus principales medidas la aplicación de la cadena perpetua revisable —repito que en eso el PP no ha engañado a nadie—, y encima lo acompañen del latiguillo de que cuando gobiernen lo van a modificar.

Y rechazamos también esta proposición de ley porque incorpora nuevas figuras penales a nuestro entender inconstitucionales: los delitos de sospecha, los delitos de peligro, los delitos de idoneidad o la colaboración imprudente con el terrorismo. Leer esta proposición de ley me ha recordado la película Minority Report y su policía precrimen. Eso sí, en la película la policía cuenta con el asesoramiento de tres mutantes. Con su reforma nos proponen un Código Penal predelito, que contempla figuras como la sospecha, el peligro, la idoneidad o la imprudencia. ¿Cómo se penaliza la sospecha? ¿Qué quiere decir la idoneidad? ¿Qué seguridad jurídica dan estos cambios?

En su intervención en defensa del veto a la iniciativa de reforma del Código Penal, el senador Saura les leyó un extracto del manifiesto de catedráticos de Derecho Penal de treinta y tres universidades españolas. En él —quiero insistir en ello y por eso lo repito— se denuncia el claro abandono de los criterios de culpabilidad y su sustitución por los criterios de peligrosidad. Se va a sustituir la seguridad de la norma por la indeterminación de los criterios subjetivos con los que se va a administrar la peligrosidad. Se podrán conculcar derechos en aras de un defensismo a ultranza. Confunden gravemente, señorías, las políticas de prevención e información frente a posibles riesgos en nuestra seguridad, tareas propias de los servicios de inteligencia y policiales, con las funciones propias de un Código Penal.

El senador Saura y yo creemos que se están traspasando peligrosamente los límites de la política penal en una sociedad libre en su lucha contra el terrorismo. Teatralizar la seguridad, incrementar el miedo en la sociedad, sobreactuar en las cuestiones del terrorismo, solo le interesa al PP. La izquierda no puede entrar en esta lógica del miedo, de primar la seguridad de la mano dura por encima de la libertad; y no puede entrar en esa lógica, porque está más que demostrado que desde la libertad se puede garantizar la seguridad; lo contrario, no.

Por otra parte, se hacen llamamientos a la unidad contra el terrorismo. Comprenderán que si el llamamiento es sumarse a un pacto ya precocinado, es difícil; y si es con estos contenidos, para nosotros, imposible. De la única unidad de la que deben estar preocupados es de la del rechazo unánime al terrorismo. Y, esta, como decía al inicio de mi intervención, está garantizada.

Senadoras y senadores socialistas, esta proposición de ley que presentan conjuntamente con el PP es muy difícil de justificar. Es un grave error. Haber alcanzado este acuerdo, señorías del PSOE, ni les hace más estadistas ni les da centralidad política ni mayor protagonismo. Les coloca a rueda del Partido Popular. No creo que sean tan ingenuos de creerse que esta proposición de ley escapa de las lógicas autoritarias que impregnan las reformas del Código Penal o la Ley de seguridad ciudadana que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, reformas a las que ustedes han presentado veto. No se creerán que el pacto de Estado de reforma del Código Penal en materia de terrorismo es una isla de libertad, de progreso, frente a unas reformas del Código Penal en su conjunto y de la Ley de seguridad ciudadana totalmente involutivas. Espero que no sean tan ingenuos para creer eso.

Algo no cuadra en sus posiciones. Si han firmado por postureo, mal. Si lo han hecho convencidos por los contenidos, fatal. Y que tampoco nadie se equivoque: la firma de estos pactos no traslada una imagen de gobernabilidad bipartidista frente al caos de los radicales. El bipartidismo que consolidó la transición democrática ha dado todo lo que podía dar de sí. Hoy hace agua. El futuro no es el bipartidismo PP-PSOE. Eso se acabó. Aparecen nuevos sujetos políticos porque tienen su espacio en la sociedad. Competir con ellos, preservar y revalidar el propio espacio político, no se conseguirá reeditando fórmulas viejas y sin credibilidad, como este mal llamado pacto de Estado que conlleva esta involutiva proposición de ley. Su pacto de Estado —y haré referencia a alguna expresión que antes ha utilizado el señor Díaz Tejera— forma parte también de la contrarreforma. Su pacto de Estado forma parte también de la contrarreforma que está representando la reforma del Código penal y la Ley de seguridad ciudadana. Lo lamento, y por eso pido el voto a favor de este veto, de la misma manera que lo haremos con los vetos presentados por el resto de grupos.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 4 está firmada por el Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra, para su defensa, su portavoz, el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muy buenas noches, señorías, señor presidente.

La verdad es que hoy es un mal día para debatir sobre este proyecto. Siempre hemos pensado que las medidas que haya que adoptar hay que adoptarlas en frío y no en caliente. Y, no en vano, tal como hemos recordado anteriormente, hoy es un día muy difícil, sobre todo para las víctimas. Espero que todos los que vayamos a debatir hoy tomemos como base el respeto que merecen las víctimas y que de verdad demos con un debate que vaya a aportar a los que más están sufriendo.

Es evidente, señorías, que hay una transformación del terrorismo, es evidente, incluido el yihadismo, tanto dentro del Estado español como en todo el Mediterráneo occidental. La actual movilización yihadista relacionada con Siria e Irak ha propiciado un vuelco del terrorismo, y eso lo podemos ver día a día. Ayer mismo, sin ir más lejos, veíamos las imágenes de un niño apuntando con una pistola a un agente que decían que era del Mossad. Se está dando un vuelco del terrorismo, tanto a escala global, europea, como dentro del ámbito español, por supuesto, a la vez que está creciendo el terrorismo yihadista autóctono, porque también podemos ver cada día que hay yihadistas procedentes del Reino Unido, Francia, el Estado español… Es decir, europeos, con lo cual es una situación que a todos preocupa.

Las cifras de reclutamiento de jóvenes musulmanes a Oriente Medio están creciendo de manera alarmante e importante. Pero, una vez dicho esto, entendemos que la vía que han adoptado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular es justamente contraria a la que verdaderamente se necesita, y eso es lo que vamos a intentar argumentar. Porque en estos momentos el yihadismo es un fenómeno de magnitud irreconocible para la sociedad actual, que está totalmente impactada con lo que ve todos los días, día a día, a través de los medios de comunicación.

Es cierto también que el Estado español no registra, ni en números absolutos ni relativos, la intensidad que dicha movilización yihadista tiene en otros Estados europeos, por ejemplo, en Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Los datos son totalmente diferentes. En el Estado español el dato es importante: se han desplazado poco más de 80 personas, pero ese número es —repito— importante por un doble motivo, primero, porque hay una reciente evolución del fenómeno, y segundo, por el entorno geoestratégico del Estado español, donde confluyen tanto el ámbito europeo como el norteafricano.

Daré otro dato importante para intentar contextualizar el fenómeno. Un trabajo conjunto de un investigador de terrorismo internacional y catedrático de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Reinares, y de Carola García-Calvo, investigadora en el programa sobre terrorismo global del Real Instituto Elcano y profesora de Políticas de seguridad en la UNIR, plantea que un 70 % del medio centenar de detenidos en España desde 2013 como resultado de operaciones policiales contra redes de radicalización, reclutamiento y envío de yihadistas hacia Siria e Irak son de nacionalidad española. Repito: un 70 %; y de estos, aproximadamente 8 de cada 10 son de nacimiento español. Y el dato importante, el que nos tiene que dar que pensar, es que todos los detenidos en los dos últimos años nacidos en España, todos, nacieron en Ceuta y Melilla. Ahora díganme si, además de medidas punitivas, hay que plantear otro tipo de medidas, como alguna vez se ha discutido en este hemiciclo. Cuando el senador Imbroda, alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, pide que se colabore con las ciudades de Ceuta y Melilla a la hora de establecer programas de trabajo, entiendo que hay que considerar una razón importante, como el dato que les he aportado.



Porque tampoco es casualidad que Ceuta y Melilla sean el mayor aporte de personas de origen español al actual ámbito de terrorismo.

En este sentido, lo que hoy nos traen el Partido Popular y el Partido Socialista es más palo y más foto y menos actuación en el origen, donde también hay que trabajar en educación, integración e inclusión. Es decir, hay una serie de medidas en las que trabajar y que hay que adoptar.

En cuanto al procedimiento sobre cómo se está gestionando este proyecto de ley, cabe decir que parte de la firma de un acuerdo para afianzar la unidad —y subrayo la unidad— en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. La unidad. ¿Qué unidad? Como sabrán sus señorías, el documento Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, firmado por el Partido Socialista y el Partido Popular, subraya tanto el Pacto de Ajuria Enea como el Pacto por las libertades y contra el terrorismo del año 2000. ¿Saben sus señorías que tiene de contenido, por ejemplo, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo del año 2000? Les voy a leer una frase del citado pacto: Ha quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida por el Partido Nacionalista Vasco y por Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA —el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna— y Euskal Herritarrok, poner un precio político al abandono de la violencia. Eso es lo que están firmando, eso es lo que están reafirmando hoy todavía, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y ahí nos piden colaboración y unidad. ¿Qué colaboración y qué unidad?

El documento define, como el mejor instrumento para combatir —textualmente— el terror, la respuesta de todas las instituciones, empezando por los Gobiernos y los Parlamentos. Y firman el documento dos responsables de dos partidos políticos que hoy no representan ni el 50 % de la sociedad, de la ciudadanía. Firman dos responsables políticos; ¿y dónde lo firman? Ni en Génova… No, firman en La Moncloa.

Y qué decir de la tramitación —algo de lo que nos hemos quejado durante esta legislatura continuamente— como, por ejemplo, en el Congreso, en lectura única, sabiendo todos el procedimiento y el reglamento a la hora de tramitar en lectura única. Son textos sencillos. ¿Textos sencillos? ¿Ustedes, de verdad, consideran que el texto que estamos tramitando hoy, que estamos debatiendo hoy, es un texto sencillo? En nuestra modesta opinión es una chapuza legislativa; y lo es, primero, porque esta proposición de ley entra en vigor la semana que viene, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado; y el proyecto de ley cuyo debate acabamos de finalizar, dentro de seis meses. ¿Cómo se va a aplicar, por ejemplo, el apartado segundo del nuevo 573 bis, al que hace referencia esta proposición de ley, con respecto a lo aprobado anteriormente? Por no decir que ayer el Gobierno en Junta de portavoces pidió, como sus señorías saben, que primero se debatiera la proposición de ley, por ser urgente; y el último de los proyectos de ley que íbamos a debatir en este Pleno era el Código Penal. Es decir, un sinsentido desde el principio al fin. ¿Para qué? Porque, además, ¿qué contenido aporta esta proposición de ley que no se hubiera podido debatir cuando estábamos debatiendo el proyecto de ley? Se ha comentado antes. ¿Lobos solitarios? ¿Internet? ¿Qué? ¿Dónde está esa diferencia cualitativa? ¿En mostrar un enfado? Si de verdad se quiere mostrar algo a la ciudadanía, ¿no es más lógico, no tiene mucho más sentido que sean todas las fuerzas políticas las que lo hagan de común acuerdo y con común preocupación? Porque no tengo ninguna duda de que a todos los que estamos aquí nos preocupa el terrorismo internacional, el yihadismo. A todos. ¿Tan complicado les parece a ustedes, señorías, que de verdad podamos debatir y consensuar un documento, un elemento donde todos podamos salir ganando en ese sentido, y no de esta manera, forzando todos los trámites, forzando todas las voluntades de todos los grupos parlamentarios y siendo terriblemente incoherentes con el discurso que hemos tenido en esta legislatura? Entre todos. Y después veremos las enmiendas para ver todo ese tipo de contradicciones.

Pasando al contenido del texto, la base de la proposición de ley está en la Resolución 2178, de 24 de septiembre de 2014, que viene a decir —leo el preámbulo de la proposición—: La resolución 2178 pide a los Estados que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito. De acuerdo. Pero esta resolución también dice más cosas, como que, lo que no se dice en la exposición de motivos, los Estados miembros deben cerciorarse de que las medidas que adopten para combatir el terrorismo se ajusten a todas las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos. También dice que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que los Estados parte no pueden, en nombre de la lucha contra el espionaje y el terrorismo, adoptar cualesquiera medidas que estimen oportunas.

En nuestra opinión, las líneas directrices sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa afirman que cuando una medida restringe los derechos humanos tales restricciones deben estar definidas de la manera más precisa posible y ser necesarias y proporcionadas al fin perseguido. Tanto el Comité de derechos humanos como el relator han expresado preocupación por la falta de precisión y el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo, concluyendo que las disposiciones relativas al terrorismo no satisfacen plenamente el requisito de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. En nuestra opinión, señorías, la proposición de ley de reforma del Código Penal en esta materia no solo no corrige estas deficiencias, sino que ahonda en la actual vaguedad e imprecisión.

Quisiera decir también que nosotros vamos a apoyar el resto de vetos, porque consideramos que la proposición de ley que estamos discutiendo en estos momentos no tiene ningún sentido.

Tras el atentado de 2004 se vieron muchos problemas, pero la mayor parte de los que se pudieron visualizar fueron de descoordinaciones entre policías, jueces e investigadores. Todos asistimos a un proceso que fue verdaderamente penoso desde el inicio. Además del drama que pudimos ver, además del drama que pudimos vivir, se vivieron una serie de deficiencias, una serie de lagunas que son las que verdaderamente se tenían que haber corregido; y no fue tanto un problema de contenido, un problema de legalidad.

Esta es una reforma del Código Penal que, en nuestra opinión, no tiene ni pies ni cabeza, que creemos que no hacía falta, y cuando debatamos las enmiendas veremos por qué entendemos que no hacía falta. Es un proyecto de ley que, además, reafirma la cadena perpetua, que reafirma lo que tanto hemos debatido y no compartimos de ninguna manera. Lo que viene a plantear es un término totalmente indeterminado cuando se refiere al máximo que en su momento el Código Penal tenga en marcha; es decir, la cadena perpetua. Es un texto que no tiene ningún sentido tal como se ha ido gestionando.

Como ya hemos comentado, hoy es un día difícil, es un día complicado. El terrorismo, el yihadismo, provoca mucho sufrimiento, y necesita una respuesta de unión, necesita una respuesta aunada, necesita una respuesta de conjunto. Y lo que no puede ser es que en estos momentos la mayor parte de los grupos parlamentarios que estamos presentes en este hemiciclo o en las Cortes Generales, estando de acuerdo en que el terrorismo y el yihadismo es un problema al que tenemos que hacer frente, verdaderamente nos sintamos fuera, se nos desplace, y además no se nos dé ni siquiera oportunidad para poder mejorar un texto que verdaderamente nos preocupa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

El turno en contra será compartido por el Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Popular.

Para intervenir en primer lugar, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.

¿Creen ustedes que el Grupo Socialista es capaz de exponer el conjunto de los argumentos oídos esta noche en torno a este texto y muchísimos más? La respuesta es sí. Somos capaces de asumir el conjunto de los argumentos e incorporar muchísimos más. Pero hay un elemento que ustedes no han subrayado en la existencia de este acuerdo, y con esto no descalifico a nadie, solo reafirmo un calificativo del Grupo Parlamentario Socialista.

A nosotros nos puede el sentido de la responsabilidad con respecto al país, con respecto a España. ¿Todos los que han argumentado ahora, dirían lo mismo si hubiese acontecido aquí algo semejante a lo de Francia o a lo de Dinamarca? (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). ¿Y que el Partido Socialista Obrero Español no hubiese suscrito este acuerdo porque está en desacuerdo con una pena concreta, que el Partido Popular sí propone, que es la cadena perpetua? Dicho de otra manera, ¿creen ustedes que en el momento en que acontece lo de París y lo de Dinamarca, en el momento en que los dirigentes políticos mundiales están en París, si en esas fechas recientes o cercanas, inmediatas, hubiese acontecido un hecho luctuoso semejante a ese, creen ustedes, repito, que habría algún atenuante, alguna eximente en que el PSOE se hubiese negado a firmar esto porque no estaba de acuerdo con una pena concreta dentro de ese pacto antiterrorista? Yo creo que no. Forma parte del ADN del PSOE el no querer utilizar de ninguna manera la lucha antiterrorista para hacer oposición. Ha estado años en el Gobierno durante el periodo democrático, ha estado en la oposición durante el periodo democrático, pero siempre ha mantenido esa misma trayectoria, siempre ha mantenido esa misma posición: la no aceptación de que el ámbito de la lucha antiterrorista sea un ámbito legítimo para la pugna interpartidaria. Hay muchos otros campos, y yo he estado aquí durante todo el día peleando con lo único que tengo, que es la palabra, argumentado lo que me parecía que era inútil, innecesario e injusto respecto de la contrarreforma del Código Penal. Y soy leal al decir, aunque pueda parecer poco inteligente: hasta hace unos minutos estaba diciendo esto de la contrarreforma del Código Penal. Y mañana también seguiremos así, y nuestra posición es negativa sobre un montón de cosas que se plantearán mañana, sobre el modelo de sociedad que se dibuja a efectos de futuro. Pero en materia de antiterrorismo no queremos hacer política partidaria, no queremos hacerla. ¿Creen ustedes que no tenemos suficiente cultura jurídica para, en cualquiera de los once artículos de esta propuesta, elaborar mil y un argumentos en torno a cualquiera de los verbos, adjetivos o adverbios o los signos de puntuación? Miles. Pero es que no queremos hacerlo, no queremos. A nosotros nos duele el país, y está en nuestro ADN el sentido de la responsabilidad de no querer hacer política partidaria en materia de lucha antiterrorista.

Yo he acusado recibo —no soy de los que se limita a describir el texto y no acusa recibo del argumentario. Yo acuso recibo del argumentario que ustedes me plantean, y todo lo que dicen es razonable, coherente y sensato. Y puede que tengan razón; o no. Porque se argumenta eso de los lobos solitarios, y ya es conocido en el siglo XIX. Eso es parte de la realidad, pero yo les quiero comentar otra parte de la realidad que no se dice. ¿Saben ustedes la extensión territorial que tiene el llamado Estado Islámico? El equivalente a Francia. ¿Saben qué hacen cuando llegan allí y están en guerras tribales? Garantizar el agua, garantizar la luz y poner orden en ese caos. ¿Saben ustedes cuántos integran su llamado ejército? Son 200 000 personas. La descripción que estaba haciendo el amigo Jokin Bildarratz Sorron es ajustada. Ayer se hablaba de la profesora Napolitano y se daba un conjunto de datos; se espera que antes de fin de año 10 000 europeos más se incorporen. ¿Saben ustedes cuál es el segundo país que manda más voluntarios a ese llamado ejército islámico? España, después de Túnez.

La realidad es absolutamente cambiante. Me hablan ustedes de análisis del relator de Amnistía Internacional, donde, por cierto, tengo las cuotas al día; y cuando quieran discutimos sobre esos informes. Me hablan ustedes de esos informes sobre la realidad terrorista, y yo les digo que las categorías que están usando para hacer esos informes no son estas categorías sobre esta nueva realidad polimórfica, esta nueva realidad que, como un jaboncillo mojado, se va zafando cuando crees tenerla. Ya decía en la Comisión de Justicia que en España tenemos experiencias sobre la realidad del terrorismo de otras características, pero no de esta. ¿Y alguien puede decir en el mundo que es experto en esto? Muy pocos. Hay varios informes del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Instituto Elcano, de la profesora Napolitano, incluso del Consejo de Europa —algún senador participa en esta delegación— sobre la necesidad de proteger a los testigos y a los agentes infiltrados en estos movimientos. Y créanme ustedes que cuando hemos escuchado a expertos en esta materia, todos dicen lo mismo: que las categorías que hasta ahora han estado utilizando para esto no están sirviendo. Esto se firmó el día 2, y ¿qué pasó el día 22? Porque cuando son hombres en una franja de edad que necesitan unos ritos identitarios para la incorporación a su condición de adulto, uno lo puede entender, tiene instrumentos y análisis, pero ¿y cuándo son mujeres? ¿y cuando son estas tres chicas londinenses que, 20 días más tarde, se fueron, vía Estambul, a estos países? Es que van mujeres allí. Esta es una realidad que desconcierta a los analistas, que desconcierta a los estudiosos y que, ciertamente, lo que hemos hecho ha sido algo que no es lo mejor —estoy de acuerdo—. ¿Es susceptible de mejora? Por supuesto. ¿Es lo óptimo? Por supuesto que no. Pero, ¿qué creen ustedes, desde el punto de vista de la proyección internacional que tiene España ahora? Esa imagen —que, dicho sea con todo cariño, algún amigo aquí ha calificado de postureo—, ¿ustedes creen que con la firma de los dos partidos, que en estos treinta seis años siempre han estado participando en el Gobierno, es algo negativo para la proyección internacional de España? A mí me no me parece que sea algo negativo. ¿Cierra algo? Está abierto. Aquí no se prohíbe que se incorpore alguien, que pueda participar, que pueda ver la manera de que se integre y se incorpore; es más, hay personas firmantes que no son exactamente Partido Popular y PSOE —les pongo el ejemplo de doña Ana Oramas, que no es ni del Partido Popular ni del PSOE, y también lo ha firmado— y otras personas más, pero no voy a eso, no me escudo en esa argumentación. Lo que trato de plantearles es que es una realidad tan cambiante que exige, de alguna manera, que revisemos este tipo de argumento.

Yo coincido con el señor Bildarratz Sorron en que hoy es un mal día para debatir esto; lo comparto. En general, yo prefiero reflexionar con el cerebro y no legislar con el páncreas o con el estómago; lo comparto. Pero la realidad de la tramitación ha sido esta. Y ya decíamos en la Comisión de Justicia: con las víctimas, todo el cariño del mundo; pero el legislador tiene que ser frío, tiene que ser muchísimo más racional a la hora de plantearse las categorías.

¿Por qué lo hemos firmado? Por lealtad. ¿Por qué estamos dando la cara en este proyecto? El Grupo Socialista podría decirle al Grupo Popular: Nosotros no damos la cara en esto, con que la den ustedes ya es suficiente. Pero no somos así; si hemos dado la palabra y si hemos firmado, damos la cara y lo explicamos. Y no hay ningún problema en no soslayar donde hay una situación de divergencia. Hemos dicho claramente: Nosotros no estamos a favor de la cadena perpetua —por muchos eufemismos lingüísticos que se utilicen—, no estamos a favor de la cadena perpetua. Antes, don Alberto Belloch lo dijo en una exposición magistral. Pocas veces me levanto a aplaudir aquí una intervención. Yo me he levantado a aplaudir a Juan Alberto Belloch y le he gritado: ¡Bravo! Es un clásico en el mundo del derecho en España —cada uno que opine lo que quiera—, pero para mí es un clásico en el mundo del derecho y en el mundo de la justicia, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia, lo que en su momento fue Justicia para la Democracia. En esa exposición magistral, cuando él habla de la cadena perpetua dice que es una negación de la propia condición humana, de la propia negación de la especie. Nosotros claramente decimos: si gobernamos, modificaremos eso. Y se lo hemos dicho lealmente al Partido Popular y el Partido Popular lo sabe, y lo hemos hecho público y lo hemos explicitado. El mismo Antonio Hernando, en el Congreso de los Diputados, dijo: Nosotros no soslayamos que tenemos esa diferencia. Pero dentro de los propios magistrados, no de los magistrados que ahora somos parlamentarios, esos no —porque uno lleva aquí mucho tiempo, es la tercera legislatura y doce años con el discurso parlamentario, y la forma jurídica se pierde—; no, de magistrados que están en la Audiencia Nacional aplicando la legislación. Yo me he encontrado con las dos tesis —lo expliqué en la Comisión de Justicia—.Son dos amigos míos de Jueces para la Democracia, donde tengo las cuotas al día. Uno me decía: Arcadio, eso es insuficiente, hace falta más. ¿A qué te refieres, le preguntaba? Pues, mira, hay que regular al agente encubierto virtual —que ya, con permiso de la dirección de mi grupo, planteo que hay que abordar: el agente encubierto virtual— y hay que regular el registro remoto de los sistemas informáticos.

Es verdad, lo que ha dicho la señora Capella es razonable, lo que dice Guillot es razonable, lo que dice Iglesias es razonable; no voy a repetir otra vez lo de Bildarratz Sorron porque van a pensar que hay algo entre usted y yo, al citar tantas veces el apellido de su padre y de su madre. Tengo la especial manía de citar siempre el apellido de las madres, porque, la madre, nueve meses, mientras que, de la otra participación, no sabemos por cuánto tiempo; pero la madre, nueve meses, y es lo único seguro y claro. (Risas). Pues bien, todo lo que han dicho es razonable, yo no lo cuestiono, pero puede que acontezca eso o no.

Se argumenta: ustedes son unos comparsas en materia de derechos humanos. Ese es un criterio. Yo, sinceramente, no creo que el Grupo Socialista sea comparsa en materia de derechos humanos. Y en materia de libertades, quienes han peleado por las libertades jamás son comparsa; en materia de libertades y derechos fundamentales, jamás lo son. (Aplausos). Eso es verdad. Y por mucho que peleemos por la seguridad de todos los españoles, nadie nos va a hacer abdicar de lo que es estar permanentemente al lado de las libertades. Y en situación de duda, in dubio, in favor libertatis, siempre.

Entiendo el razonamiento de la subversión del orden constitucional. En la lucha contra la dictadura, según me calificaba la Policía de Franco, yo era un subversivo. Ahora no, ahora no soy un subversivo, ahora soy un modesto reformista. Hay cosas que quiero cambiar y cosas que quiero conservar. Las conquistas jurídicas que hemos logrado, esas conquistas jurídicas civilizatorias que entre varias generaciones de españoles hemos ido elaborando como un orfebre, como un artesano, son una delicada conquista que permanentemente hay que estar alimentando y nutriendo. Y, por supuesto, la necesidad de defender la seguridad de todos los españoles es la condición material que hace posible el ejercicio de esas libertades. El que peleemos también por ese valor no supone, en absoluto, menoscabo de lo anterior.

Insisto en que hay dos valoraciones jurídicas. Un magistrado dice que no hace falta modificar nada porque con lo que hay es suficiente —es la tesis que mantenía el señor Iglesias y Guillot también lo planteaba—, mientras que otros magistrados dicen que, como está planteado, se trata de categorías jurídicas que pertenecen a otra época, que por ahí quedan rendijas que no se pueden abordar. Ese es el argumento. No estamos en la fase de si la policía puede detener. Yo comparto eso, pero es que no estamos hablando de detención, estamos hablando de la instrucción y luego la condena. Y no es lo mismo que se mantenga esa capacidad respecto a la instrucción y a la condena, porque no ha podido haber ninguna.

Lo que intento trasladarles es que este es un acuerdo que está abierto, que lo hacemos por lealtad con España, que lo hacemos por lealtad porque no queremos hacer política partidaria en materia de lucha antiterrorista. Sinceramente, creo que es un instrumental que se pone al servicio del Estado de derecho para que luche mejor por las libertades de todos los españoles.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, le recuerdo que comparte el turno con el senador Sanz.

El señor DÍAZ TEJERA: Le pido disculpas. Me he ido entusiasmando con la materia y había olvidado que no tenía el turno completo. Le pido disculpas.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Senador Díaz Tejera, ha sido un placer escucharle, como siempre, y, por lo tanto, no tiene por qué pedir disculpas.

Yo tampoco, como responsable del Grupo Parlamentario Popular, voy a entrar en algunas valoraciones que se han hecho del texto. Senador Díaz Tejera, en estos treinta y cinco años de democracia las dos grandes formaciones políticas hemos tenido la gran responsabilidad, primero, de asentar la democracia en este país, segundo, de profundizar en las libertades, y tercero, de avanzar para disfrutar del progreso del que una amplia mayoría de españolas y españoles goza hoy; pero también, con la colaboración de toda la sociedad en su conjunto, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que afortunadamente en este debate no hablamos de la banda asesina ETA que ha matado a un número importante de españoles. Quizá desde esa responsabilidad hemos hablado hoy aquí de lo que hemos hablado, y yo le felicito muy especialmente por los términos en los que lo ha hecho usted.

¿Y por qué? Pues porque frente al terror, el Pacto de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, pero sobre todo frente al terror, la unidad política y ciudadana; la revisión, como hacemos hoy aquí, de esfuerzos penales, procesales y judiciales, y mantener muy especialmente algo que para mí, al igual que para mi grupo, es esencial, como es el sistema de libertades y garantías democráticas. Porque no se engañen ustedes; aquí no se lima, ni se limita, ni se coarta ningún tipo de libertades ni de garantías democráticas de nadie, y sobre todo, quizá por haber estado en esa responsabilidad del Gobierno, se presta una atención especial a reacciones radicales, xenófobas o racistas.

Pero también quiero destacar hoy aquí la responsabilidad que habido frente al terrorismo, haya estado el Gobierno que haya estado. Esté en el Gobierno el Partido Socialista o esté el Partido Popular lo que es verdad —nadie lo va a discutir— es que se ha estado al lado de ese Gobierno para atajar de raíz el terrorismo.

Señorías, hoy debatimos aquí la proposición de ley orgánica que modifica el Código Penal de 1995 en materia de delitos de terrorismo. La reforma recoge una honda preocupación de la sociedad española, que es también la preocupación de la comunidad internacional. ¿Por qué? Por el recrudecimiento de la actividad terrorista y la intensificación muy especialmente del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo, y también en nuestro país, que tanto ha sufrido durante cincuenta años en materia de terrorismo. Hemos padecido mucho y durante mucho tiempo. Le hemos hecho frente con responsabilidad, con fortaleza, sobre todo con el Estado de derecho, y algo muy importante: con cohesión social y política. Por ello también al principio de mi intervención expreso toda la solidaridad, todo el afecto, y sobre todo, todo el apoyo para con las víctimas del terrorismo. Hay sido, son y serán siempre un referente para los demócratas.

No podemos apoyar los vetos presentados contra esta proposición de ley, porque hay un imperativo importante entre dos razones: la primera es mantener con un imperativo ético siempre vivo su recuerdo y un merecido homenaje, pero sobre todo, porque es algo necesario y urgente. Cuando formamos parte de un montón de organismos internacionales tenemos unas obligaciones que debemos cumplir. Quizá algunos no entiendan esas obligaciones y pongan por encima de todo pronunciamientos ideológicos, pero eso hoy ya no se lleva; se lleva la responsabilidad de un país como España, un país serio que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales, y lo que estamos haciendo aquí es cumplir con ellos, adaptando todas las medidas necesarias para luchar contra esta forma de terrorismo, para defender nuestra democracia, nuestro Estado de derecho, nuestra libertad, y sobre todo, nuestra seguridad. Eso es lo que hacemos con esta reforma, y por eso no podemos aceptar sus vetos.

Y aquí no se limitan derechos; bajo ningún concepto. Y yo creo que ustedes lo saben. Hay un respeto escrupuloso hacia la Convención Europea de Derechos Humanos, y sobre todo hacia la normativa internacional en esta materia. Por tanto, ni se limitan derechos ni se criminaliza como terrorista toda forma de violencia política. Y desde luego hay algo muy importante, y es que se aplican instrumentos del Estado de derecho para algo esencial, que es ir a por el terrorismo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).Y si ustedes considerasen en tal caso que se limitan los derechos de no sé quién, en un Estado de derecho como el nuestro tienen instrumentos para denunciarlo y plantear que la proposición de ley que se va a aprobar aquí y que se incorporará a la reforma del Código Penal incumple lo que ustedes dicen, que yo, desde luego, considero que no incumple. Por lo tanto, solo desde ese punto de vista tan alejado de la realidad como el que ustedes han planteado se puede decir que con esta proposición se busca la persecución de la disidencia política —como se ha dicho aquí— o la reducción de la libertad de expresión —como también se ha dicho aquí—.

Esta proposición de ley, tal y como establece su preámbulo, responde a las preocupaciones recogidas en la Resolución 2128 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas , que expresa con mucha claridad, no con vaguedades, la necesidad de adaptar y adoptar medidas para enfrentarse a las nuevas manifestaciones de terrorismo y muy especialmente a su formas de captación y adiestramiento.

Sinceramente, yo no dudo de que con la presentación de estos vetos a ustedes nos les preocupe este tipo nuevo de terrorismo, no lo dudo, señor Bildarratz, ¿pero no les importa a ustedes la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de septiembre del año 2004, que exige —digo, exige— a los Estados miembros hacer modificaciones legislativas para procesar y condenar las nuevas formas de terrorismo? ¿No les importa esa resolución? ¿No les importa que el terrorismo se haya transformado utilizando nuevas vías, nuevos métodos de captación y que las redes sociales, por ejemplo, tan criticadas hoy aquí, sirvan para el adoctrinamiento y el adiestramiento de jóvenes, incluso menores, y que haya que tomar decisiones y modificar nuestro ordenamiento jurídico incorporando esta proposición de ley? ¿No les preocupa? Porque, desde luego, lo que yo no comparto con ustedes son afirmaciones como que el preámbulo es una crónica periodística, que es un artículo de opinión, que es un manifiesto para la coacción, que es una descripción vulgar del fenómeno terrorista o que es un oportunismo político en plena campaña electoral.



O cómo no, ¿es que hay espurias razones, se ha preguntado algún senador que ha intervenido aquí?

¿No les parece a ustedes suficientes que esta reforma se ponga a debatir en sede parlamentaria porque hay una lista de atentados terroristas en nombre del Estado Islámico de Irak y de Siria? París, 20 muertos; Canadá, Bélgica y Australia, un número importantísimo también. Es un desafío, señorías, islamista que no solo va contra el Occidente, hay un objetivo claro, un objetivo claro que son las sociedades musulmanas que no se rinden ante el yihadismo: noticias desde Estambul, todas manchadas de sangre; en Yemen, 37 muertos; en Mali, 70 muertos o en Nigeria, 2000 muertos y centenares de heridos. ¿No les preocupa todo esto y sean razones más que suficientes, dejando de lado algunas afirmaciones, para que se sumen al acuerdo? ¿No les importa que los demócratas de todo el mundo, como lo vimos en las calles de París, nos hayamos unido para plantar cara al terror y decirles que no conseguirán acabar con nuestro sistema de convivencia democrática y de libertades? A nosotros sí nos importa, y no dudo de que a ustedes les importa. Lo que quiero, lógicamente, es que reflexionen sobre la presentación de esos vetos, los retiren y se sumen —que sería muy importante— al acuerdo, a todos aquellos que son capaces de llegar a acuerdos en materia de una importancia tan grande como esta, con un objetivo que es perseguir con más eficacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones; a nosotros desde luego nos importa. Por eso, pensando en la fortaleza democrática, les planteo que se incorporen al acuerdo, que creo que sería muy importante.

A algunos se nos acusa de que desde el primer momento no hemos buscado el diálogo y el consenso con otros grupos políticos. En el Congreso de los Diputados el 87 %, cuando se vote esto aquí el 92 % de la Cámara va a apoyar este acuerdo. ¿Estamos todos tan equivocados, todos queremos limitar las libertades de los ciudadanos, queremos limitar la libertad de expresión y un largo etcétera? Piensen y reflexionen sobre ello.

Dice el veto del Grupo Parlamentario Vasco que en ningún momento se ha tratado de buscar el acuerdo con grupos parlamentarios diferentes al Partido Popular y al Partido Socialista: Coalición Canaria, Foro y Unión del Pueblo Navarro.

Creo sinceramente, desde el respeto que me merecen —y ustedes lo saben— que no tienen excusas para dar la espalda a los ciudadanos en un tema tan grave y sensible como el que hoy tratamos.

Nuestro país y nuestra sociedad, por desgracia, como decía también el senador Díaz Tejera, han vivido muy de cerca el sufrimiento y el dolor del terrorismo durante nada menos que cincuenta años.

España lloró demasiado cuando también fuimos víctimas, en el año 2004, del mayor atentado de terrorismo yihadista perpetrado en Europa, que lamentablemente conmemoramos hoy, y que produjo 192 muertos y 1858 heridos.

Por tanto, también hemos conocido la crudeza de un nuevo tipo de terrorismo, el llamado yihadista, y debemos ser conscientes de que todos estamos en su punto de mira.

Dicen que es una reforma cruel, pero la única crueldad que hay es la de los terroristas cuando asesinan, cuando torturan y cuando muestran un video de cómo queman viva a una persona para aterrorizar a la población. ¿No les parece eso crueldad en lugar de la reforma cruel, como definen, que se plantea en esta Cámara?

No voy a entrar a debatir sobre la prisión permanente revisable porque mis compañeros han debatido sobre ella hasta la saciedad en el anterior debate, pero el 67 % de los españoles comparten la prisión permanente revisable; prisión permanente revisable en la que los derechos humanos lógicamente no se limitan, tal y como ha reconocido ni más ni menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Voy terminando, señor presidente. Desde el afecto, les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad. Con esta reforma defendemos nuestra libertad y la seguridad de los españoles, defendemos nuestra democracia y, muy especialmente, nuestro Estado de derecho.

Ante las nuevas amenazas necesitamos herramientas como las que el 90 % de los miembros de esta Cámara van a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, renovamos también nuestro firme compromiso en la determinación contra el terrorismo, pero no nos olvidemos de una cuestión no menor y es que esta reforma también va dirigida contra los que se están planteando delinquir, contra aquellos que atenten contra la vida de un menor de 16 años, contra los asesinos violadores, contra los que cometan asesinatos múltiples, contra los que cometan genocidio y, cómo no, contra quienes pretenden llevar a cabo actos de terrorismo. A todos estos, que afortunadamente son muy pocos, es a los que sí tiene que asustar el endurecimiento de las penas. Al resto, a los ciudadanos que pensamos y queremos mirar hacia el futuro en paz —porque esta proposición mira hacia un futuro en paz— nos hace estar más tranquilos y, sobre todo, algo muy importante en democracia: vivir más seguros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas noches.

Pacto de Madrid, 1987; Pacto de Ajuria Enea, 1988; Pacto de Navarra, también 1988; Pacto por las libertades y contra el terrorismo, año 2000. Unión del Pueblo Navarro ha estado presente en todos ellos, de una u otra manera y también queremos estar presentes, y vamos a estarlo, en el Pacto denominado coloquialmente contra el yihadismo, contra el terrorismo yihadista pero también con conexiones y, con carácter general, contra el terrorismo, que se va a suscribir en el año 2015.

Por la experiencia que nosotros tenemos —y les aseguro que por desgracia es mucha— los acuerdos son eficaces, dan resultado. Hemos acabado —no del todo, pero casi prácticamente— con ETA, y han tenido mucho que ver los acuerdos de las fuerzas democráticas, impulsados por las fuerzas mayoritarias. Hemos llegado a oír que esto es una foto para evitar la desaparición del bipartidismo. Seamos realistas: en España han gobernado el Partido Socialista y el Partido Popular, son los partidos que mayoritariamente tienen el respaldo de los ciudadanos, y es a ellos a quienes corresponde impulsar y apoyar. Y nos agrada oír esas palabras de uno y otro portavoz apelando a la responsabilidad. Ojalá, señorías, hubiera más acuerdos y más pactos de Estado entre el Partido Socialista, el Partido Popular y todas las fuerzas que queramos sumarnos que, como bien ha dicho el señor Sanz, hoy vamos a representar al 92 % de los españoles. Ojalá fuéramos el cien por cien, pero nos parece muy oportuno el acuerdo y la proposición de ley que hoy vamos a aprobar.

Nos parece oportuna en el tiempo, porque no es una cuestión electoral. Estamos convencidos, y desde luego nosotros así la vivimos. La amenaza y los atentados terroristas son una realidad cada día. No se legisla en caliente por el atentado de París, porque tendríamos que haber estado legislando hace mucho tiempo. Se ha visto una oportunidad porque la amenaza es permanente: Dinamarca, Túnez, Irak, París, Libia, Siria, España. Acaban de detener a un comando con posibilidades de atentar ya en nuestro país. Ya no hay fronteras para el terrorismo.

Se decía que ya no hay nuevas formas de terrorismo y que por qué estamos modificando la ley si los lobos solitarios ya estaban en los tiempos de Sissi emperatriz, decía con humor nuestro compañero Iglesias. No, señorías, hay nuevas maneras de terrorismo y tenemos que estar preparados para ellas. Es muy importante la imagen y la proyección internacional que de este acuerdo se va a trasladar. Por eso nos parece, insisto, oportuno que se visualice la unidad por fin. En esta penosa crisis qué pocas ocasiones ha habido de entendimiento entre los partidos mayoritarios. Cuántas ocasiones desperdiciadas de pactos de Estado en materia educativa, en materia judicial, en materia sanitaria; se han perdido muchas oportunidades. Por tanto, bienvenido sea, y ojalá no sea el último. Por eso queremos sumarnos. No vamos a hacer nosotros pucheritos —con todo el respeto lo digo— sobre si nos han llamado o no nos han llamado, si nos han dado o no la oportunidad, creo que son excusas. Puede que algunas veces puede haber quejas por el procedimiento, pero eso no puede ser una queja sustantiva, una queja fundamental para negarse a un acuerdo de esta naturaleza. Seguramente no estaremos todos al cien por cien de acuerdo con el contenido, como no lo hemos estado en otros pactos, pero, señorías, creo que se trata de sumar. Dejemos los pucheritos, de verdad; seamos responsables, eso es lo que nos exigen los ciudadanos. La unidad, a juicio de Unión del Pueblo Navarro, es clave, fortalece a la sociedad española y debilita a los terroristas. Con esto, a nuestro modo de ver, sería más que suficiente.

Como no voy a tener oportunidad de hablar después en el turno, porque tengo que repartir el tiempo con otros compañeros, diré que nosotros estamos también satisfechos porque se ha incorporado una enmienda que Unión del Pueblo Navarro planteaba y por eso la hemos retirado hoy en el trámite de modificación del Código Penal, es la 579 bis. Nos parece fundamental ya que da un paso de gigante respecto a las medidas punitivas contempladas en las distintas normas. Pretendemos —y así se hará— evitar consecuencias prácticas como la manipulación de los niños y el daño moral que les pueden ocasionar personas condenadas por delitos no solo de terrorismo, sino también de otra naturaleza: pederastia, trato con menores, así como la inhabilitación que conlleva para poder ejercer la docencia y el insulto que, a nuestro juicio, supone ver a conocidos terroristas adoctrinando a nuestros hijos, además con la indignidad de ser pagados por todos los contribuyentes.

Hoy es un buen día. Decía mi compañero, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que no es un buen día. Yo creo que es un buen día, no podemos olvidar lo que en España pasó el 11-M. Y tenemos que recordar también lo malo, hubo unidad, pero también hubo mucha falta de unidad. No recordemos lo malo porque aquí se trata de sumar. Aprendamos de los errores y sigamos las fuerzas políticas unidas en una cuestión que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, o a nuestras familias, cualquier día: una amenaza no solo contra la integridad física, sino contra la libertad y contra los derechos fundamentales. Y como ese es el contenido fundamental de la proposición de ley, vamos a apoyarla.

Les haré una confesión, cuando ocurrió el reciente atentado en París, los 17 muertos que todos recordamos, en la Asamblea Nacional de Francia se guardó un minuto de silencio, y de manera espontánea todos sus componentes entonaron La Marsellesa. Eso es un ejemplo de unidad, eso debilita al enemigo, debilita a quien quiera atentar contra nuestro sistema y contra nuestras garantías constitucionales.

Acabo ya, señorías, para decir que no apoyaremos ninguno de los vetos, apoyaremos convencidos la proposición de ley. Y reitero que lo peor es la inacción frente a los ciudadanos a los que representamos y frente a los terroristas a los que combatimos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Salanueva.

¿Algún senador del Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir? Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Compartiré lo que resta de tiempo con el senador Iglesias.

Los mismos argumentos utilizados por el senador Díaz Tejera y por el senador Belloch para votar en contra del Código Penal, insisto, son aplicables a esta reforma y, si no les molesta, yo haría míos los argumentos que ustedes han utilizado para oponerse a la misma.

A esta reforma de los delitos que regulan el terrorismo y por ese mismo sentido de la responsabilidad a que aludía el senador Díaz Tejera, Esquerra Republicana ha presentado un veto que vamos a defender y mantener. La excepcionalidad que representa la ley antiterrorista, según el criterio de Esquerra Republicana, no es el camino. El camino, como decía en mi defensa del veto, es el respeto de los derechos humanos, y éstos no son el obstáculo para la seguridad, sino el camino para lograrla. Esta ley antiterrorista es el último eslabón de la trilogía represiva junto con la ley mordaza y la reforma que hemos aprobado hace escasamente una hora. Esta ley se aplicará en el Estado español, no en otro Estado. Afectará a los derechos fundamentales, a las libertades públicas, y al sistema de garantías en el Estado español.

Esta reforma, según el criterio de Esquerra Republicana, insta ahora el Estado de excepción y la alarma de forma permanente. Y como decía el senador Guillot, a los yihadistas esta ley les trae al pairo. Y no dice Esquerra Republicana que esta ley es una pendiente resbaladiza, lo dice el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas, advirtiendo específicamente a España de que la vaguedad de las disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo, conllevan el riesgo de adentrarse en una pendiente resbaladiza; es decir, la ampliación y deterioro gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia grave contra los ciudadanos.

Por tanto, por este sentido de la responsabilidad en defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, hemos presentado este veto, y por eso lo continuamos manteniendo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, por respeto a los dos portavoces que han intervenido argumentando los motivos del rechazo a los vetos, sintetizando en el poco tiempo que me queda, intentaré exponer los elementos que no han logrado el objetivo de convencer a quienes formulamos los vetos de que los retiremos.

Amigo Díaz Tejera, puedo entender que ustedes piensen que están ejerciendo un ejercicio de responsabilidad con este pacto de Estado. La pregunta y la duda —puedo equivocarme— es responsabilidad hacia quién y con quién, porque siguiendo su línea argumental y utilizando los mismos conceptos que empleó en el proyecto anterior, esta reforma es inútil, innecesaria e injusta; por tanto, no tiene sentido ser responsable con una reforma inútil, innecesaria e injusta. No era necesario un nuevo pacto antiterrorista, seguían vigentes los pactos anteriores y cómo se trasladaron al Código Penal.

Es cierto que las instituciones internacionales piden a los Estados que modifiquen sus normativas, y hay muchos Estados en Europa que probablemente necesiten cambiar su normativa. Pero España no. España ya tiene un elenco en su Código Penal de 1995, con las reformas posteriores, suficiente para responder a este fenómeno que, si es el terrorismo en esencia como yo creo, no es un fenómeno nuevo; es un fenómeno que puede tener manifestaciones en algunos casos diferentes, la más destacada, un grado de fanatismo hasta ahora no conocido, pero precisamente esta diferencia es la que hace inútil esta reforma que se está planteando en este momento.

Vuelvo a recordar el 11-M: afrontamos el 11-M, el atentado yihadista más grave cometido nunca en Europa, detuvimos, enjuiciamos y condenamos a los culpables con el Código Penal de 1995 y sus reformas posteriores. Incluso las dos figuras que ponía como ejemplo el señor Díaz Tejera no tienen encaje en una reforma del Código Penal, son otra forma de contestación, porque lo que sí es necesario son más servicios de inteligencia de los que en estos momentos tenemos para combatir el yihadismo; más presencia en lo que no pueden ser guetos, y una mejora de sus condiciones de vida, porque los guetos son los que conforman el caldo de cultivo de estos fenómenos. Todo eso será mucho más útil para combatir el terrorismo yihadista que la reforma de este Código Penal.

Y brevemente paso a contestar a Antolín Sanz. Nos decía que estos cambios legislativos responden a compromisos internacionales y mencionaba, si no me equivoco, la resolución del Consejo de Seguridad 2178, de 2014, pero es que esa resolución a continuación añade: Los Estados miembros deben cerciorarse de que las medidas que adopten para combatir el terrorismo se ajustan a todas las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos de los refugiados y el derecho internacional humanitario, recalcando que el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho son complementarios y se refuerzan mutuamente, y que junto con las medidas eficaces contra el terrorismo son esenciales para el éxito de la lucha contra el terrorismo. Como Amnistía Internacional no vale en este momento como autoridad, vamos a recurrir a Rights International Spain, que en una carta de fecha 23 de febrero, que sus señorías habrán recibido, dice: La Proposición de Ley de reforma del Código Penal en esta materia no solo no corrige las deficiencias denunciadas en relación con el Código Penal por el Relator de Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos sino que ahonda en la actual vaguedad e imprecisión, lo que es contrario a las exigencias del principio de legalidad. También resulta preocupante la falta de justificación respecto a algunas disposiciones, el aumento desproporcional injustificado de las penas, las restricciones desproporcionadas al derecho y a la libertad de expresión, así como la vulneración flagrante de los principios sociales del Estado de derecho.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

No me suele gustar agradecer a los intervinientes el tono que han utilizado, pero hoy en un tema tan doloroso, tan complicado, sí quiero agradecer que el debate esté siendo sano —entre comillas—, intelectual, que no esté hecho con las tripas. Con lo cual, mi sincero agradecimiento a todos los participantes porque es mucho más cómodo, mucho más fácil, mucho más práctico, además, hacerlo de esta manera.

Señor Díaz Tejera, usted ha hecho la siguiente pregunta: si en lugar de haber ocurrido el atentado en París hubiese ocurrido aquí, ¿qué papel le hubiéramos exigido o pedido al Partido Socialista? Pues no tengo ninguna duda. Entiendo que ustedes intenten jugar un papel importante dentro de la política antiterrorista, pero también es cierto que el 11 de marzo de 2004 tuvo lugar el atentado, con 192 asesinados y más de 1500 heridos, y hasta 2010 no se adoptaron ningún tipo de medidas especiales que fueran a adaptar o a mejorar la lucha antiterrorista. Lo primero que se vio fueron grandes deficiencias a la hora de trabajar y desarrollar la investigación pero, tal y como se ha dicho anteriormente también, se enjuició y, al final, se sentenció y terminó como todos sabemos. No hizo falta mucho más. Es evidente que hay que mejorar, es evidente que hay que seguir trabajando, pero nosotros, humildemente, entendemos que esta no es la mejor forma de hacerlo.

Ha comentado usted también que les duele el país. ¡Claro!, a todos nos duele ver imágenes de gente quemándose en unas jaulas o ver como lanzan personas desde el tejado por considerarlas homosexuales. A todos nos duelen ese tipo de situaciones. Ahora bien, estamos de acuerdo en que es una realidad cambiante. Aunque podemos estar de acuerdo prácticamente con gran parte de las valoraciones tanto del Partido Popular, del Partido Socialista como de UPN, la pregunta que me hago es por qué no han dicho si las medidas que se están empleando van a ser efectivas para combatir todo lo que estamos diciendo, porque aquí se han planteado opiniones diferentes: un magistrado dice esto; otro magistrado dice lo otro. ¿Qué elementos novedosos se han introducido en esta proposición de ley que no estuviesen ya en el Código Penal de 1995 con sus sucesivas reformas —que las ha tenido y muchas— en el ámbito del terrorismo. Se ha comentado el agente encubierto virtual, el registro remoto, etcétera. Si analizamos con detenimiento el texto que estamos discutiendo hoy y lo comparamos con la reforma del Código Penal de 2010, veremos que no aporta grandes instrumentos ni a los jueces ni a la policía para que se sea mucho más eficaz de lo que se está siendo.

Señor Sanz, usted ha comenzado afirmando la necesidad de una unidad política y ciudadana, totalmente de acuerdo. Eso precisamente es lo que nosotros demandamos. Ahora la cuestión es cómo se ha trabajado para verdaderamente conseguir lo que usted está planteando. Además, nos hace una serie de preguntas que voy a intentar responder. Usted pregunta: ¿les preocupa a ustedes lo que dice la resolución 2178? ¡Pues claro que nos preocupa! ¿Les preocupan —nos dice— las imágenes que estamos viendo todos los días? ¡Pues claro que nos preocupan! Nosotros también nos preguntamos si no les preocupa a ustedes lo que dicen el Comité de Derechos Humanos y el Relator que han concluido que las disposiciones relativas al terrorismo no satisfacen plenamente el requisito de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; y eso es lo que dicen con respecto a esa proposición de ley. ¿Le preocupa a usted eso? Entiendo que sí. Pues eso es precisamente lo que estamos planteando nosotros. ¿Nos preocupa lo que la propia resolución 2178 dice en cuanto a que el terrorismo no será derrotado únicamente mediante la fuerza militar, las medidas de aplicación de la ley y las operaciones de inteligencia? ¡Pues claro que no! Y eso sí que pide la unidad y eso sí que es de pacto; es de pacto que además de reformas penales se desarrollen otro tipo de trabajos, en Ceuta, en Melilla, allá donde hiciesen falta, medidas, tal como hemos comentado antes, inclusivas, medidas de trabajo, medidas de integración, etcétera, para que se superen, en parte también y, desde el punto de vista educativo, todo este tipo de situaciones.

Para ir finalizando quiero hacer una reflexión: ¿es que todas esas imágenes que estamos viendo, todo ese sufrimiento, no nos da que pensar? ¡Pues claro! Pues claro que nos da que pensar y nos hace llorar y nos hace sufrir, pero tampoco nos vamos a engañar porque lo que estamos aprobando hoy somos conscientes de que tampoco va a evitar que se sigan viendo esas imágenes, de que se siga sufriendo después de ver esas imágenes y de que se siga verdaderamente denostando todo ese sufrimiento que se está visualizando.

En su momento debatimos sobre la justicia universal y modificamos la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23. Mi pregunta es: ¿esto empeora o esto mejora? Si la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiese mantenido como estaba hasta ese momento, ¿hubiéramos tenido más herramientas o menos herramientas para luchar contra el terrorismo internacional? ¿Hubiéramos tenido más o hubiéramos tenido menos? ¿Hubiéramos tenido más posibilidades de poder detener también terroristas que puedan estar en otros territorios en los cuales saben que no van a ser juzgados, saben que no van a ir a la Corte Penal Internacional? Con el ámbito, normativa y legislación que estaba hasta ahora vigente con la Ley de justicia universal ¿teníamos más herramientas o menos herramientas? Esas son las decisiones importantes y esas son las decisiones que no se han puesto en un pacto y esas son las decisiones que no se han trabajado de una manera unitaria y esas son las decisiones que unilateralmente se han adoptado y que, evidentemente, tienen consecuencias sobre el tema que estamos trabajando hoy, ¿o no tiene consecuencias? ¡Pues claro que tiene consecuencias!

Por tanto, cuando vayamos a hacer un pacto o cuando se quiera plantear un pacto contra el terrorismo, cuando se quieran desarrollar una serie de aspectos relacionados con los derechos fundamentales, con algo tan básico dentro de una sociedad, claro que es importante que todos actuemos de acuerdo, pero evidentemente sin engañarnos y con un acuerdo sincero, con un acuerdo leal. Y yo les digo que, al menos nosotros, ni nos hemos sentido invitados, ni nos hemos sentido partícipes en este debate, entendiendo, además, que es un tema, como hemos dicho, delicado, por el que hay mucha gente que está sufriendo. Evidentemente, hubiera sido un buen ejemplo que entre todos hubiéramos conseguido un acuerdo muy amplio.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Veo que el procedimiento ya no es un problema y que tampoco tiene explicación por qué hacemos una reforma paralela del Código Penal, paralela a otra reforma del Código Penal. Lo digo porque todos los aspectos son importantes para dar coherencia, sentido y lógica a este debate. Ustedes nos han venido a decir que si a uno le duele España, es sensible con las víctimas y es responsable, debe firmar el pacto. Este es el triple mensaje que han combinado el portavoz del PSOE, el señor Díaz Tejera, y el portavoz del PP, el señor Antolín Sanz. Pues no. Me duele España, soy sensible con las víctimas como el que más y tengo sentido de la responsabilidad como el que más. Y no creo que este pacto de Estado y su posterior traslado a esta proposición de ley sea la respuesta adecuada.

El Partido Socialista va más allá y dice: Es tal nuestro sentido de la responsabilidad que, si nos emplazan, firmamos. Pero no, señoría, es que son ustedes los que se meten en este jardín. Son ustedes quienes proponen el pacto de Estado. Son ustedes quienes emplazan. ¿Y qué consiguen? Los contenidos del PP y la foto que ustedes querían. Ese es el resultado. Un pacto de Estado que da imagen de gobernabilidad, de centralidad, a su secretario general. Y el Partido Popular, a cambio de hacerse la foto, coloca sus contenidos. Esta es la síntesis. Pero, ¿dónde está el sentido de la responsabilidad? Señorías, el sentido de la responsabilidad en cualquier acuerdo se mide, se mesura, por sus contenidos. Yo no me voy a repetir ahora sobre cómo valoramos nosotros los contenidos concretos que incorpora esta proposición de ley. Pero, fundamentalmente, le he dicho cuatro cosas. Primera, hoy en España está garantizada la efectividad policial y las medidas de seguridad para combatir el yihadismo. Esto se expresa en todas las actuaciones policiales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Guardia Civil, de la Inteligencia, etcétera. Hay una cadena de detenciones, de encausamientos, y esto es fruto de que hay un Código Penal que da los instrumentos necesarios para la actuación policial y la actuación judicial.

Segunda, creemos que hay una suficiencia normativa. Yo me apuntaría a aquel catedrático que ha dicho que este Código Penal ya es suficiente. Además, yo le añado: Y lo que ustedes proponen reformar es negativo, porque genera un espacio de ambigüedad en muchos de los conceptos y contenidos que creemos que pueden atentar contra libertades y derechos. Y, señorías, también en la lucha contra el terrorismo definimos qué modelo de sociedad queremos. No hay un modelo de sociedad y una reforma del Código Penal en materia de lucha antiterrorista que no tiene nada que ver con aquel. No. Y esta reforma del Código Penal que ustedes han acordado con el Partido Popular, para nosotros es autoritaria, es involutiva.

Tercera, y también lo he dicho en mi intervención respecto al veto, en la reforma del Código Penal, alarmados por los atentados que se han sufrido recientemente en capitales europeas y en otras partes del mundo, hubiéramos sido los primeros en intentar discutir y encontrar puntos de acuerdo, en intentar pulir o ver si había aspectos que hubiera que concretar más. No reformar. No modificar. Digamos que esto es una cosa, pero lo que ustedes han hecho, es otra.

Y, por último —creo que lo decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco—, a mí me duele España. Me duele casi todo. Pero, sobre todo, me duelen las ciudades y barrios en los que como en Ceuta y Melilla se producen aspectos de marginación social, de exclusión social que, muchas veces, son fuente de alimento de ese yihadismo.

En Francia, después de los atentados, hubo dos respuestas. La primera: incrementar las medidas de seguridad, hasta el extremo de desplegar el ejército en los puntos más sensibles de las ciudades y del territorio francés. Y la segunda —y lo expresó el primer ministro, el señor Valls—: combatir el apartheid en el que están instaladas determinadas periferias de las grandes ciudades francesas; él habló del apartheid social que se produce en determinadas ciudades de Francia.

Les pido, por favor, que no sobreactúen con el terrorismo, tampoco con el yihadista. Si no se trata de una competición a ver a quién le duele más este terrorismo, a ver quién puede ser más sensible frente a él, sino que se trata de afrontar un problema y de encontrar las respuestas más adecuadas e idóneas.

¿Y si hubiera habido un atentado? Antes que a ustedes se lo he leído al señor Felipe González. Ese es un argumento tramposo, sirve para todo. Pero, si hubiera habido un atentado, ¿saben qué les diría yo a todos y todas? En primer lugar, a diferencia de lo que ocurrió en 2004, no dividir a la sociedad. ¿Se acuerdan del 2004? España se partió entre los que se creyeron que había sido ETA y los que se creyeron que era por culpa de la presencia de las tropas españolas en Irak, y al final la realidad ha demostrado que ni una cosa ni la otra: que era un atentado yihadista que se venía fraguando desde mucho antes de la presencia de las tropas españolas en Irak. Así que lo primero sería el sentido de responsabilidad, no dividir a la sociedad. En segundo lugar, valorar qué errores de seguridad e inteligencia se han podido producir, y corregirlos y mejorarlos. En tercer lugar, realizar intervenciones territoriales y sociales de largo alcance. Y, por último, hacer una reflexión sobre qué aspectos normativos de nuestro Código Penal habría que modificar. Esto es lo que yo creo que habría que hacer si hubiera habido un atentado.

Insisto en que lo que ustedes han propuesto es un pacto de Estado, motivado por el Partido Socialista Obrero Español y aceptado por el Partido Popular y con unos contenidos determinados. Pero para nosotros estos contenidos ni responden ni mejoran nuestra capacidad de respuesta y prevención al terrorismo yihadista; es más, representan una involución en los contenidos concretos de nuestro texto legal. Por eso le he dicho antes, señor Díaz Tejera, que esta reforma en forma de proposición de ley de modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo forma parte también de la contrarreforma del conjunto del Código Penal de la que usted ha hablado.

Les pido que otra vez lo aborden sin sobreactuar y sin presiones, sin dejarse llevar por razones electoralistas, conscientes de cuál es la realidad y el escenario electoral futuro. Lo más sensato, lo más político y seguramente lo más oportuno hubiera sido abrir un debate sereno sobre todo el conjunto de instrumentos que el Estado debe disponer para combatir con eficacia el terrorismo, en este caso el nuevo terrorismo: el yihadista, que no es ni de lejos esta foto y estos contenidos.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Si bien estamos de acuerdo en que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza grave contra la paz y contra la seguridad, que debemos prevenir y reprimir, esto no puede evitar que mostremos nuestra discrepancia profunda con la forma en que se ha gestado este proyecto de ley.

Se ha llevado a cabo de una forma bipartidista que se aleja de aquellos amplios consensos, imprescindibles para temas como el que nos ocupa. Se ha solemnizado con un pacto a dos, y después se ha pretendido que los demás grupos se adhiriesen al mismo mediante sus aportaciones. Las formas no han sido las adecuadas debido al pacto meramente bipartidista y debido a las prisas con las que se ha tramitado, que han propiciado que un tema tan delicado haya sido tramitado en el Congreso sin informe de ponencia y sin dictamen en la Comisión de Justicia, justamente cuando estamos hablando de tipos penales importantes y cuando detectamos en el texto del proyecto una extensión desmesurada del tipo penal. Se trata de un texto repleto de conceptos jurídicos indeterminados, que contiene tipos ilícitos abiertos, los cuales no están de acuerdo con la Constitución.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional advierte que debemos definir con mayor precisión los tipos penales y más cuando se hace de forma tan abierta y extensiva, más aún en este caso, en el que la pena puede ser una pena a la que CiU se opone: la prisión permanente revisable.

Por lo tanto, aun compartiendo la finalidad de luchar contra el terrorismo, no aceptamos que sea a costa de la seguridad jurídica. No se puede aceptar que en este ámbito de la lucha contra el terrorismo queden tipos abiertos o sin definir que puedan tener esta aplicación extensiva que causa peligro en su aplicación.

Concluyo con una reflexión. En la cumbre de la ONU sobre terrorismo, que se celebró en Madrid en el año 2005, se alertó sobre los abusos que en ocasiones los Estados podrían llegar a cometer en la lucha contra el terrorismo mediante modificaciones legislativas que, con objeto de disuadir, de dificultar o de defender lo que todos compartimos, que es luchar contra el terrorismo, llegaran a eliminar derechos y libertades garantizados por el Tribunal Internacional sobre derechos humanos. Y decía el alto comisionado de Naciones Unidas sobre derechos humanos que las medidas antiterroristas siempre deben ser compatibles y respetar íntegramente los principios de necesidad y de proporcionalidad.

Convergència i Unió reclama una reforma que sea exigente, que sirva para incrementar los mecanismos que el ordenamiento jurídico tiene para luchar contra el terrorismo y estas nuevas formas de terrorismo internacional, pero exigencia también en la observancia del principio de seguridad jurídica. Esperamos, pues, que mediante la aprobación de nuestras 11 enmiendas presentadas se puedan corregir y mejorar estos otros aspectos del proyecto de ley.

Por lo que a los vetos se refiere, ya anuncio que nos abstendremos en la votación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con la venia.

Si fuera por razones electorales, lo inteligente sería no haberlo firmado. Cuando estás en un momento en que tienes que reafirmar un espacio electoral, aceptar la renuncia a una materia para hacer oposición, a quien le favorece siempre es al Gobierno. Pero es que nosotros no somos así ni tenemos esa lógica de reflexión ni esa lógica de adopción de criterios. La proyección de la imagen internacional de España en el momento de esa firma ¿es buena o es mala para la imagen del país? Estoy de acuerdo con que los miembros que están peleando por el Califato no se leen los artículos del Código Penal; estoy de acuerdo con eso. Es más, creo que los delincuentes que están en España tampoco se leen el Código Penal; eso es cierto.



Pero estoy convencido de que la imagen de la firma del presidente del Gobierno y del secretario general del PSOE, ese impacto mediático lo ha visto todo el mundo, sobre todo una gente que tiene unos planteamientos morales del medievo pero que usa tecnológicamente internet con mayor intensidad que todos los aquí presentes, y con un sentido del show y del espectáculo y de grabación de aquello que quieren grabar de extrema crueldad, pues sabe que con el amor a las industrias del entretenimiento muchos van a ver esas exhibiciones de crueldad.

En el año 2004, hoy once años después, eso no existía, no existía esa voluntad de Califato, no existía una organización que ya controla un territorio equivalente a Francia, no había 200 000 soldados —entre comillas— y no existía esa realidad tecnológica con el uso y la profusión que lo están haciendo. Y, sobre todo, permitan que en el ámbito de una ciencia valorativa como es el Derecho, les insista en que, de igual forma que hay magistrados que dicen que no es necesario eso, también los hay que dicen que sí es necesario porque hay rendijas por donde se cuelan realidades que no estaban previstas. Lo que estoy intentando trasladarles es que hay realidades que no estaban previstas en aquel entonces. Y las herramientas de medición y los instrumentos de análisis no sirven en absoluto para eso, porque esa es otra realidad. Y yo conozco a unos cuantos relatores de Naciones Unidas y he trabajado con ellos en algunas cosas. Sé cuál es su sustrato cultural y su formación, los conocemos perfectamente. Algunos han participado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a algunos les hemos escuchado allí, a otros los hemos examinado para que participasen o no en la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo y algunos incluso han participado aquí en el Senado en un informe que están elaborando, en particular el relator que es un abogado neoyorquino. Repito que sabemos cuál es su sustrato cultural y su formación, y sabemos las categorías que utilizan en sus trabajos, y no son categorías ajustadas a la fecha de hoy, 11 de marzo de 2015. ¿Por qué? Porque la realidad que estoy describiendo tampoco ellos estaban en condiciones de evaluarla. Lo que estoy intentando decir es que hay una realidad que no estaba contemplada en aquel momento. ¿Es cierto que ahora se puede proceder a la detención? Sí, pero es que ya no estoy hablando de detención. (Rumores). A mí no me es suficiente con la detención. Yo quiero que la instrucción se lleve con eficacia y que al final haya sentencias de condena si hay prueba adecuada obtenida debidamente. Eso es lo que trato de plantearle.

Y comparto lo que se dice acerca de que es insuficiente la ley. Es verdad. La ley es insuficiente, pero ¿qué hacemos los que estamos aquí?: leyes. ¿Y cómo las hacemos?: con la palabra. ¿Y luego qué pasa?: que esa palabra se escribe en un papel. ¿Y qué instrumentos tenemos nosotros para cambiar las cosas?: las leyes, el ordenamiento jurídico. Ese es el monopolio de la fuerza, el ordenamiento jurídico que, insisto, es una conquista jurídica delicada que permanentemente hay que afilar, engrasar y reformar. ¿Para qué? Para que esté en las debidas condiciones y garantice las condiciones materiales —es decir, la seguridad— que hagan posible el ejercicio de esas libertades.

El trabajo hay que hacerlo en origen, por supuesto. ¿Pero por qué el trabajo hay que hacerlo en origen? Porque es ahí donde hay que hacer posible que la miseria no genere expectativas. La organización de la esperanza, la organización de la igualdad tiene que ser quien rompa esas condiciones materiales para que esos chicos y chicas no necesiten esos ritos identitarios para obtener la condición de adultos. Ayer, el ministro de Defensa, en la interpelación que le hacía el compañero Sabaté, dijo algo que me pareció muy razonable: No solo hay que hacer un trabajo en origen; hay que hacer un trabajo en origen con los países musulmanes. Esto no va de un enfrentamiento de Occidente contra los países musulmanes, de una religión contra otra, de izquierdas o de derechas, de países desarrollados o no desarrollados. No. Esto va de un enfrentamiento entre quienes creen que cada ser humano, como miembro de la especie, tiene un conjunto de derechos tenga la orientación religiosa, ideológica, filosófica o sexual que estime oportuno, y quienes, por el contrario, no están de acuerdo con eso y tienen otra manera de entender la realidad.

Sin embargo, junto a este acuerdo con una expresión que empleaba ayer el ministro de Defensa en relación con que hay que trabajar en el origen con los países musulmanes, hay otra expresión con la que sí estoy en desacuerdo, la de que no se admite esa manera de hacer política. Ahí sí discrepo. Lo que está haciendo el llamado Estado Islámico no es una manera de hacer política, ni siquiera es una manera de hacer religión. El delirio puede ser étnico, religioso, político o filosófico. Puede ser lo que a ustedes les dé la real gana, pero en todo caso es un delirio que conduce a imponer a miles y miles de seres humanos una manera de entender la vida, que es lo que hacen en ese territorio del tamaño de la Francia actual. Llegan a un lugar, consiguen el suministro de agua y de luz porque ellos lo imponen por la fuerza y acaban con la situación caótica que se daba en ese lugar. Por tanto, trabajo en origen, trabajo con los países musulmanes. Y hay algo evidente en todas las discusiones de todos los analistas en materia de defensa: hoy, un ejército moderno requiere un mando único centralizado, una capacidad logística para ubicar hombres y mujeres en veinticuatro horas en cualquier lugar del mundo y poderlos mantener, e inteligencia. Es clave plantearnos esa posibilidad. Lo inteligente, desde el punto de vista electoral, habría sido no firmar esto, pero no somos así, no solo actuamos por cálculos electorales.

Y me emplazaba con el argumento: es inútil, innecesario e injusto, que son las expresiones que yo he utilizado con respecto a la contrarreforma del Código Penal. Útil o inútil, algunos magistrados dicen que es necesario, otros dicen que con lo que teníamos en la actualidad era suficiente. Evaluaremos en la práctica cuando tenga una margen de aplicación si realmente han resultado de utilidad los 11 artículos que veremos luego en detalle. La necesariedad o no desde el punto de vista del impacto mediático la mantengo, esa ni siquiera la someto a discusión. Sí someto a discusión que la necesariedad o no depende de los objetivos que se busquen, porque a mí me parece que son correctos los objetivos de hacer posible que quienes han sido detenidos tengan una buena instrucción y una buena sentencia. Y lo de justo o injusto lo veremos también en la aplicación práctica. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que garanticemos unas condiciones materiales que son seguridad para el ejercicio de las libertades, a mí me parece que con eso habremos avanzado.

Once años más tarde estamos proporcionando un instrumental normativo que pone en mejores condiciones a los servidores del Estado de derecho frente a la gente que quiere imponer la sinrazón de su fuerza. Y a mí me parece muy importante que lo hagamos con ese criterio y con esa voluntad. Lo inteligente, lo político es reafirmar el espacio electoral, no firmar esto, pero no siempre hay que guiarse por lo que más conviene electoralmente, a veces hay que guiarse por lo que es más necesario para los hombres y mujeres que hacen todos los días que España sea posible.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero, lógicamente —aunque sea un tópico y algunos de mis compañeros a veces opinan que no gusta—, es agradecer el tono de las intervenciones. A estas alturas yo ya he perdido lo que ansiaba y lo que creo piden la mayor parte de las españolas y españoles, que hubiera unanimidad esta noche aquí, porque estamos en el 93 %, pero, a pesar de eso, quiero agradecer las intervenciones, muy especialmente, a Unión del Pueblo Navarro, a Foro Asturias, a Coalición Canaria y, cómo no, al Partido Socialista y al Grupo Socialista.

El señor Iglesias sigue machacando y diciendo que considera que se limitan derechos. Acuda al Tribunal Constitucional. Así de sencillo, acuda al Tribunal Constitucional. Si no lo hace, su intervención hoy aquí quedará en papel mojado.

El señor Bildarratz ha dicho textualmente: Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de las opiniones y lo dicho aquí tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular. ¿Entonces qué razones hay para no apoyarlo? Pero usted se ha contestado porque ha dicho: Es que dudo de la efectividad. ¿Usted dudaba de la efectividad del Pacto de Madrid? ¿Usted y su grupo dudaban de la efectividad del Pacto de Ajuria Enea en su momento o del Pacto por las libertades y contra el terrorismo? Han tenido sus frutos estos acuerdos. Afortunadamente, la banda terrorista ETA, que ojalá entregara las armas y se disolviera, está como está, y eso se le debe a la sociedad española. Por lo tanto, ¿por qué usted no vota a favor a continuación, retira las enmiendas y da una oportunidad para que se incremente ese gran pacto y, sobre todo, para que este importante pacto tenga sus frutos, como también decía el senador Díaz Tejera?

Algunos de los intervinientes han dicho que no se sienten invitados. Quizá tampoco Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias, pero se han incorporado. Excusas de mal pagador —lo digo desde el más absoluto de los respetos—.

El senador Guillot decía que a él también le duele España y que es una persona sensible. Yo sé que usted es una persona sensible. Pero lo que no comparto con ustedes, y muy especialmente con los vetos y con las enmiendas, es que definan a esta proposición de ley como una —reitero— crónica periodística, un artículo de opinión, una designación vulgar o definición vulgar del terrorismo. Y ha continuado diciendo —yo sé que usted no es así—: Un pacto electoralista, presiones y razones electoralistas.

Usted ha hablado también de una reforma cruel. Lo que no le acepto, desde el más absoluto respeto que sabe que le tengo, es que haya dicho que el Grupo Popular ha sobreactuado con el terrorismo y que responda frente al Grupo Socialista. No se lo acepto. ¿Sabe por qué? Porque 829 españoles han perdido la vida por el terrorismo; no se lo acepto porque están en juego las vidas humanas; y sobre todo no se lo acepto porque un número importante de militantes de mi partido han perdido la vida por defender lo que usted y yo estamos defendiendo hoy aquí. Yo sé que usted es una persona sensible, pero creo, sinceramente, que en lo de la sobreactuación en esta materia, cuando hay dos grandes formaciones políticas que han dado cumplida respuesta en democracia en la lucha contra el terrorismo, ahí a usted se le ha ido un poquito —si me lo permite— la lengua.

Señorías, el terrorismo yihadista es un desafío que, lamentablemente, está en auge. Ninguna sociedad occidental queda al margen de esta amenaza —y reitero que se requerían medidas urgentes para hacerle frente—. Y esto, desde la lamentable experiencia de lucha que ha habido en nuestro país, desde la firmeza democrática y, sobre todo —reitero—, desde la unión social y política que ha sido el pilar fundamental en la lucha contra el terrorismo. Por eso sigue siendo un pilar fundamental la lucha contra este nuevo terrorismo yihadista.

Nuestro país ¡claro que cuenta con una legislación penal y eficaz! Pero nuestra legislación no es aplicable con igual efectividad al terrorismo yihadista, no es aplicable; de ahí la necesidad de este pacto. ¿Por qué? Porque es un terrorismo diferente en su naturaleza y muy especialmente en su composición, alcance y modalidades.

Yo he dicho en mi primera intervención que este es un país serio, porque las españolas y los españoles son gente seria y responsable; y un país serio como el nuestro debe adecuar el tratamiento jurídico a las circunstancias de un fenómeno cambiante como este. El éxito en la lucha contra esta amenaza depende de la capacidad de respuesta de los países occidentales; y creo que los países occidentales han estado a la altura de las circunstancias.

La proposición de ley que votaremos a continuación y que hoy, lógicamente, espero y deseo que tenga el apoyo de ese 93 % —y ojalá fuera más—, responde a esa necesidad de dar respuesta adecuada al desafío que supone el terrorismo yihadista; a la vez que atiende —reitero— a las preocupaciones de la comunidad internacional plasmadas, eso sí, senador Iglesias, en la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué nos piden a los Estados miembros, a un Estado miembro que forma parte de ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Habla de modificaciones legislativas necesarias para la prevención, la persecución y el castigo de estos delitos. Por lo tanto, estamos realizando una apuesta por el futuro y la paz. Y, si me lo permiten, en un acto de sensatez política, aquí tenían que estar todas las formaciones políticas.

Quiero, además, hablar de algunas cuestiones de las que creo que tengo que hablar. Quiero poner en valor tanto el acuerdo del Congreso como el que se va a producir hoy día en la Cámara, en nuestro Senado, e igualmente quiero dejar constancia del respeto absoluto a que el Grupo Socialista haya querido poner de manifiesto su oposición a la prisión permanente revisable y su firme decisión de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional; ante el Tribunal Constitucional, senador Iglesias, si usted considera que aquí se limitan derechos y libertades de los ciudadanos.

La sociedad española y los países occidentales nos hemos concienciado de que el desafío islamista y esos bárbaros atentados no solo van contra Occidente, sino que también se ejecutan desde el fanatismo, porque la causa es el fanatismo contra todo aquello que no suponga una sumisión al Islam. El atentado de París no solo es un ataque a la libertad de expresión —que lo fue—, sobre todo, señorías, ha sido una sangrienta y contundente manifestación de la guerra a muerte contra la odiada civilización occidental y todo lo que ello significa. No busquemos las causas. La única causa es el fanatismo. Los actos terroristas son criminales e injustificados cualquiera que sea su motivación, dondequiera y cualquiera que los cometa. Por ello, quiero poner de relieve que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad o civilización.

Reitero lo que he dicho en mi primera intervención. Podríamos haber mirado para otro lado, pero insisto en que eso no se lo puede permitir un país serio y responsable. Por eso quiero destacar y poner en valor que el cumplimiento de esas y otras obligaciones internacionales, incluidas muy especialmente las que impone la Carta de Naciones Unidas, es uno de los factores que contribuye al aumento de la radicalización y hace que cobre fuerza la sensación de impunidad.

Por tanto, hoy prestamos un gran servicio a la libertad y a la democracia. ¿Por qué? Porque prevenimos la radicalización que conduce al terrorismo, porque frenamos el reclutamiento, porque dificultamos o pretendemos dificultar los viajes de los combatientes, porque ponemos obstáculos —ojo— al apoyo financiero también, porque contrarrestamos el extremismo violento que puede conducir al terrorismo, porque combatimos la incitación a cometer actos de terrorismo motivados por el extremismo, el fanatismo o la intolerancia, porque también promovemos la tolerancia política y religiosa dentro de un desarrollo económico y de cohesión social. En resumidas cuentas, con la reforma estamos cumpliendo muy especialmente con un deber democrático y muy especialmente con la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz. (El señor Guillot Miravet pide la palabra).

¿Sí, senador Guillot?

El señor GUILLOT MIRAVET: Señor presidente, pido la palabra por alusiones.

Señor Sanz… (Rumores). Calma, señorías, si aún no me han escuchado.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor GUILLOT MIRAVET: Senador Sanz, a mí no se me ha ido la lengua. Cuando hablo de sobreactuar me estoy refiriendo a este pacto de Estado y a esta proposición de ley. Espero que usted me haya entendido mal, porque sería muy feo y me disgustaría mucho que, no habiéndome entendido bien, me echara a la cara los muertos por terrorismo en España (Protestas). No, no, eso es lo que ha dicho. (Protestas.-Denegaciones del señor Sanz Pérez).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor GUILLOT MIRAVET: Insisto en que cuando me refiero a que ustedes sobreactúan, es respecto a este pacto de Estado y a esta proposición de ley. Acerca de lo otro, vaya con cuidado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot. (El señor Sanz Pérez pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Sanz. (Rumores).

Señorías, guarden silencio.

El señor SANZ PÉREZ: Senador Guillot, desde el cariño —además, lo sabe, no es protocolario lo que le voy a decir— y desde el afecto, literalmente: No sobreactúen ustedes con el terrorismo. Y yo me he limitado a decirle: Creo que esto usted no lo comparte. Por eso he dicho que se le ha ido la lengua, porque están en juego vidas humanas. Usted ha dicho literalmente: No sobreactúen con el terrorismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto.

El senador Marín Torrecillas ha utilizado el voto telemático y en uso de su derecho ha votado en contra de todas las propuestas de veto.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227 más 1 telemático, 228; votos emitidos, 227 más 1 voto telemático, 228; a favor, 11; en contra, 207 más 1 telemático, 208; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y finalmente votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228 más 1 telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto telemático, 229; a favor, 11; en contra, 208 más 1 telemático, 209; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 27 a 40, del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Por una parte, es evidente que en todas nuestras enmiendas proponemos la supresión uno a uno de los artículos que se han introducido en esta proposición de ley. Y por otra, vamos a intentar justificar o razonar de una manera relativamente breve algunos de los artículos que pretendemos suprimir. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias.

El portavoz del Grupo Popular, imagino que con todo el cariño del mundo, ha expresado algo que también me ha sorprendido: Excusas de mal pagado. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Pagador!, ¡pagador!). ¡Igual da!

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: Le voy a decir algo. Artículos 571 y 572. ¿Me quiere decir qué aportan estos nuevos artículos que se introducen en esta proposición de ley? ¿Me quiere decir qué aportan de nuevo sobre el texto existente? Evidentemente no me va a poder decir nada porque son los mismos artículos, de suerte y manera que si yo le dijera —tal como le hemos planteado— que se suprimieran, no pasaría absolutamente nada. Y eso es lo que quiero decir, eso es lo que queremos decir y es un ejemplo de lo que le hemos querido transmitir: que hay elementos que no introducen nada nuevo en la lucha contra el terrorismo, y nada más. No hemos querido decir nada más que, de cara a la efectividad en la lucha contra el terrorismo, además del ámbito legislativo —muy cuidado y, a ser posible, más efectivo—, hay que introducir otro tipo de elementos, tal como nos lo han dicho el Comité de Derechos Humanos o el relator de Naciones Unidas.

Otro ejemplo de lo ya justificado y razonado es la enmienda que hacemos también al artículo 573, pues se justifica la reforma de este artículo para adaptar la definición de terrorismo a la tipificación incluida —¡cuidado!— en la Decisión marco de 13 de junio de 2002. O sea, la decisión marco es la de 2002. Fíjense qué cosas han pasado desde 2002-2004 para que la adaptemos ahora. Adaptación a la Decisión marco de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo. Sin embargo la nueva redacción no se ajusta efectivamente a la definición contemplada en la decisión marco porque amplía el catálogo de delitos. En otras ocasiones, cuando se ha pedido ampliar una serie de catálogos de delitos en trasposiciones de decisiones marco, el grupo mayoritario lo ha imposibilitado arguyendo que una decisión marco es un acuerdo entre todos los Estados miembros, etcétera y que no permite y no posibilita ninguna modificación. Aquí sí se está haciendo porque se pretende incluir también delitos contra la libertad o indemnidad sexual, el medioambiente, la Corona, atentados o delitos informáticos, que no figuran en el artículo 1 de la decisión marco antes citada.

Entendemos respecto a las finalidades de la conducta terrorista que la nueva redacción también excede lo previsto en la decisión marco de 2002.

Lo que venimos a decir en cuanto al artículo 573.bis es algo que llevamos expresando durante toda la tarde: que se aumentan las penas sin dar una explicación razonable y además, que a través del primer apartado del 573.bis se establece la prisión permanente revisable de una manera un poco inconcreta —«prisión por el tiempo máximo previsto por este Código si se causara la muerte de una persona»—. A fin de cuentas estamos hablando de la cadena perpetua.

Pedimos igualmente la supresión del artículo 575 porque entendemos que se pretenden castigar como delito de terrorismo actos preparatorios de manera amplia e imprecisa, sin que, con posterioridad, se exija la comisión de acto delictivo concreto. Asimismo hay una serie de disposiciones que constituyen un exceso absolutamente injustificado, restringiendo de manera desproporcionada el derecho a la libertad de información, tal y como lo viene definiendo nuestro Tribunal Constitucional. Porque ¿quién define la finalidad de búsqueda de información sin que haya habido posteriormente un acto delictivo concreto?

Para finalizar, qué decir del artículo 580, que, tal como les he comentado a la hora de justificar el veto, señala que los hechos tipificados como delito en este capítulo, con independencia de que sean o no punibles en el lugar de su comisión, serán perseguibles en España siempre que aquel contra el que se dirija el procedimiento sea español, o resida habitualmente, o se encuentre en territorio español. Anteriormente se decía: «Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse según la ley española, como alguno de los siguientes delitos…,» entre los que se encontraba el terrorismo. Mi pregunta es cuál de los dos preceptos que acabo de leer es más fuerte o más efectivo a la hora de luchar contra el terrorismo. Evidentemente, en nuestra opinión, el último que les acabo de leer.

Creo que con esto quedan justificadas todas las enmiendas que hemos presentado, y las que no he mencionado las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot, para la defensa de las enmiendas 23 a 26.

El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, senyor president.

La lógica es la misma que he expuesto en la defensa del veto. Todas ellas son enmiendas de supresión porque entendemos que el actual Código Penal es más que suficiente para afrontar ese nuevo terrorismo.

Por lo tanto, las doy por defendidas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall, para la defensa de las enmiendas 41 a 51.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

A pesar de estar de acuerdo con parte del contenido del proyecto de ley, hay muchos puntos mejorables que han sido objeto de 11 enmiendas de mi grupo parlamentario —6 de modificación y 5 de supresión—. Consideramos que su aprobación mejoraría el texto.

Quiero destacar nuestra primera enmienda, que tiene como finalidad modificar el apartado 1 del artículo 573. Consideramos, con el propósito de evitar una extensión desmesurada del tipo penal, que debemos ajustarnos al propio concepto de terrorismo, que se basa en la utilización de unos medios violentos destinados específicamente a infundir miedo y terror a la población.

En este sentido, la propia Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo, citada por el portavoz del PNV, en la enumeración de los delitos de terrorismo que efectúa en su artículo 1 incluye aquellos actos violentos que son aptos para crear una situación general de intimidación y miedo en la población.

Creemos que debe tenerse en cuenta que son los medios, y no la finalidad, los que convierten el terrorismo en delito, atendiendo a que en un sistema democrático pueden existir opciones políticas que, de forma legítima y pacífica, defiendan un cambio estructural o incluso total del orden constitucional. En democracia no se criminalizan finalidades políticas sino, en su caso, las formas violentas en que estas pretenden conseguir —en el caso del terrorismo— el terror. De acuerdo con todo ello, se incluye en las finalidades la exigencia propia de toda forma de terrorismo que es la utilización de medios violentos.

Asimismo, se eliminan en la finalidad prevista 1.ª de la proposición de ley las referencias «a suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o estructuras económicas,...» dado que esta redacción conlleva un alto grado de indeterminación que puede convertir el tipo penal, en relación con las conductas que incluye, en un tipo abierto que es contrario a los principios de legalidad y de tipicidad.

La enmienda 42 tiene por objeto modificar el apartado 2 del artículo 573 por considerar delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter. No sería adecuado dado que, de acuerdo con la decisión marco citada de 2002, sería conveniente tipificar como tales solo los que supongan o puedan suponer una destrucción masiva de los sistemas informáticos, especialmente los gubernamentales.

La enmienda 43 propone mantener la pena prevista en el Código Penal vigente para los delitos de terrorismo —la prisión de 20 a 30 años— y rechaza la remisión a la nueva prisión permanente revisable.

La enmienda 44 solicita la modificación del artículo 575.



En primer lugar, se propone la supresión del apartado 1 ya que esta conducta es perfectamente subsumible dentro de los tipos de los artículos 572.2 y 577 de la proposición de ley.

Entendemos que es necesario suprimir que ciertas conductas precrimen puedan ser tipificadas como delito cuando no haya una realización efectiva de este. Concretamente, la simple navegación por páginas de internet con ciertos contenidos que puedan ser susceptibles de ser considerados proterrorismo no puede ser tipificada como terrorismo, porque podría suponer la incriminación de conductas realizadas únicamente en el ejercicio de la libertad de información. Parece más adecuado y suficiente reducir la conducta típica a la adquisición o posesión de material que, por su contenido, resulte idóneo para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o colaborar con estos.

La enmienda 45 es una enmienda de mejora técnica.

La enmienda 46 propone la modificación del artículo 577.2 para evitar que puedan subsumir en este tipo penal conductas donde no concurra un dolo específico en la comisión de la acción, o que se pueda atribuir responsabilidad penal por estos delitos a título de imprudencia. En consecuencia, se propone la siguiente enmienda de modificación que consiste en suprimir en el párrafo primero la frase «o que por su contenido resulte idónea para incitar» mejorándose técnicamente la redacción.

La enmienda 47 tiene por objeto suprimir las conductas penadas en los delitos de rebelión y de sedición por considerar que no deberían figurar en este texto. También pedimos la supresión del apartado 3 del artículo 577 en la enmienda 48, que pretende evitar que se introduzca la posibilidad de cometer un delito de colaboración con una organización o grupo terrorista de forma culposa o a título de imprudencia, hecho que concuerda mal con este tipo de delitos.

La enmienda 49 también es de supresión. Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 578, dado que las circunstancias que se prevén integran en realidad la conducta típica de apartados anteriores. Asimismo la enmienda 50 es de supresión.

La enmienda 51, de supresión del apartado 1 del artículo 580, se presenta porque consideramos que el lugar idóneo para establecer la extensión y límites de la jurisdicción penal es la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde ya se delimita claramente al artículo 23.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: No voy a reiterar lo debatido en aras de la brevedad y a la altura del debate que estamos y de la jornada que llevamos, por tanto, mantengo los mismos argumentos, pero sí el agradecimiento al trabajo hecho por todos los grupos. Espero y deseo —estoy seguro— que la reforma que se plantea tenga efectividad y que nuestro país colaborará con otros países de nuestro entorno y de no nuestro entorno para que el terrorismo yihadista, al igual que sucedió con el terrorismo etarra, desaparezca lo antes posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces. (El señor Díaz Tejera pide la palabra).

El acuerdo era para el turno en contra en los vetos, no en las enmiendas. Si no le importa utilizar el turno de portavoces que le corresponde, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Si usted me lo permite, señor presidente, el turno de portavoces lo hará mi compañero Oscar López. Yo solo quería explicar estas cuatro enmiendas que aportamos en este texto si a bien lo tiene. Si no lo encuentra necesario, omito la intervención, que todos lo van a agradecer.

El señor PRESIDENTE: Usted mismo.

Tiene la palabra, senador Díaz Tejera, por tiempo de cinco minutos.

El señor DÍAZ TEJERA: Aunque no lo crea, señor presidente, no los usaré todos. (Risas).

Exactamente les quiero llamar la atención en torno a las enmiendas 51 y 53 que plantean una reubicación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una fórmula más adecuada en términos sistemáticos.

La enmienda 54 se refiere a la entrada en vigor el 1 de julio de unos textos punitivos respecto a otros, error que aquí se planteó, y la enmienda 55, a la conexión con un extranjero que resida o se encuentre en España. Pero la más relevante, que tiene que ver con el debate de hoy, y cuya lectura me permito sugerirles, es la enmienda número 52. Tiene que ver con el artículo 577. Antes la financiación estaba prevista para grupos u organizaciones, no para elementos individuales, y la modificación que se plantea con la enmienda 52 es «la actividad o la finalidad es de una organización, grupo o elemento terrorista». La formulación ya no es solo organización, grupo, sino también elementos individuales que tienen que ver con la financiación.

Como usted ha podido comprobar, señor presidente, no he computado los cinco minutos. Que no sirva de precedente, por supuesto.

Gracias por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Usted sabe que esas enmiendas ya estaban incluidas en la comisión.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos.

Mi partido, Foro, con la firma de mi compañero en el Congreso de los Diputados, Enrique Álvarez Sostres, es copartícipe directo en la iniciativa que impulsa en las Cortes Generales esta proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de terrorismo.

Es obvio que al sumarnos con nuestra firma a la de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, así como a la de los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, nuestra posición ante los vetos formulados en el Senado a esta proposición de ley orgánica tenía que ser de rechazo.

Consideramos imprescindible dotar al marco legislativo español de un conjunto de nuevas medidas para combatir el terrorismo yihadista. Son medidas que tratan de afrontar los peligros derivados de las fórmulas terroristas que constituyen una amenaza creciente a la comunidad internacional —en el caso de España con mayor motivo, por nuestra posición geográfica, por nuestra proximidad al Magreb y porque ya hemos sufrido, con enorme dolor en nuestro propio territorio nacional, aquí, en Madrid, el horrible drama de casi dos centenares de muertos y miles de heridos en la espantosa masacre de Atocha, de la que hoy se cumplen once años. Sus familias reclamaron esta mañana, muy cerca de aquí, en La Almudena, unidad a las fuerzas políticas frente al terrorismo. ¡Lástima no habérsela podido ofrecer!—.

Las medidas que hoy son, repito, imprescindibles en nuestra legislación están basadas en el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 24 de septiembre, que define en su Resolución 2178 los nuevos peligros y riesgos que acechan al mundo, relacionados con esta materia.

Con esta ley necesaria añadimos en el cuadro legislativo nacional nuevas medidas que se incorporan a las que ya disponemos para tratar de atajar la acción de bandas armadas, de cuya crueldad y criminalidad también sabemos en España con larguísima y dolorosa experiencia. Por eso nos hubiese gustado no solamente que no se hubiesen producido vetos al trámite de esta ley, sino que el acuerdo para impulsar este proyecto de ley orgánica hubiese sido mucho mayor. Por supuesto, la iniciativa parlamentaria es susceptible de mejoras, pero en absoluto es susceptible de rechazo en forma de vetos.

Nosotros en el trámite del Senado hemos presentado una enmienda que fue rechazada por 17 votos en contra y 3 abstenciones en la Comisión de Justicia, pero por aquello de la hiperproducción de iniciativas y multitud de enmiendas en el variopinto Grupo Parlamentario Mixto, en los días previos a la celebración de este larguísimo Pleno, la correspondiente presentación del voto particular se deslizó hacia el olvido y no ha podido ser presentado y defendido en esta sesión como hubiese sido nuestra intención. Tampoco ha podido ser corregido nuestro despiste en aplicación del Reglamento de la Cámara.

Permítanme en todo caso aprovechar mi presencia en esta tribuna para señalar que la enmienda de Foro pretendía clarificar y aplicar una terminología que identifica la actividad terrorista con la financiación. Consideramos que en el texto se emplea una terminología jurídica indeterminada que puede permitir el escabullir ante la ley los apoyos económicos a la actividad criminal. Era una mejora técnica al redactar con conceptos bien definidos y sin generalidades, de ahí que nuestro deseo era emplear expresamente la palabra financiación en la redacción del artículo 576, párrafo primero.

En todo caso, señorías, como dije al principio de mi intervención, aparte de nuestro deseo interruptus de incorporar estas mejoras en el texto de esta iniciativa, a nosotros esta reforma legislativa nos parece oportuna en el tiempo y necesaria para disponer desde ya de herramientas que permitan combatir desde el Estado de derecho y desde el imperio de la ley los grandes desafíos que plantean las nuevas formas de terrorismo y de captación de terroristas.

Este es un asunto de Estado y, como tal, lo hemos interpretado desde el primer contacto que el Partido Popular y su grupo parlamentario en el Congreso mantuvo con nuestro representante. Por eso votamos en contra de los vetos y ahora apoyaré el texto final de esta ley en su paso por el Senado.

Confiamos en la utilidad de estos nuevos instrumentos legislativos que surgen para combatir de frente a los entramados terroristas, capacitarlos legalmente para atacarlos con instrumentos que permitan su prevención y perseguirlos, perseguirlos hasta su derrota porque esa es la irrenunciable aspiración de una sociedad libre: vencer a los malvados. Este acuerdo para combatir el nuevo terrorismo es un gran pacto y nos sentimos orgullosos de participar en su impulso y en su aprobación.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Senador Sabaté, tiene la palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Aprovecharé este turno para con brevedad fijar la posición de los senadores socialistas del Grupo Entesa, en línea con lo que ha sido ya nuestro voto de oposición a los vetos presentados a la proposición de ley de modificación del Código Penal que nos ocupa en este debate.

Señorías, nadie pone en duda la realidad de la amenaza del terrorismo yihadista —esto es lo que ha motivado este gran pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas de nuestro país—. Hoy, ciertamente, como se ha venido recordando de manera reiterada, es el onceavo aniversario del terrible y dramático atentado de Madrid. No creo que sea inoportuno abordar este debate. Hoy, once años después, no creo que se nos pueda acusar de legislar en caliente. En cualquier caso, mantener la memoria de las víctimas sin duda añade la sensibilidad necesaria para abordar un debate como el que estamos teniendo en estos momentos.

Ayer mismo tuve la oportunidad —como ustedes pudieron ver y oír— de interpelar al ministro de Defensa sobre la amenaza yihadista como una de las grandes amenazas para nuestra seguridad. Coincidimos con el señor ministro en que hay que combatir al yihadismo en origen —esta es una necesidad sin duda importante para acabar con el problema—, pero también —y esto es lo que ahora nos ocupa— hay que combatirlo en nuestra sociedad con la justicia, a través de las leyes y de la actuación policial. Por todo esto, es necesario tener las leyes adecuadas a los retos que plantea esta amenaza.

Es bien cierto, como dice el preámbulo de la proposición de ley, que el terrorismo de matriz yihadista ha adoptado nuevas formas, que estamos ante nuevas realidades que nuestro Código Penal no acaba de recoger suficientemente, lo que exige una adaptación de nuestra legislación. Se ha afirmado aquí que los instrumentos legislativos que tenemos son suficientes para actuar contra el terrorismo yihadista, el senador Díaz Tejera decía incluso que había diferencias de opinión entre magistrados en ejercicio —es legítimo—, pero sin duda nuevas realidades —y esto nadie lo puede negar— exigen una adaptación de estos instrumentos legislativos evidentemente desde el respeto, por supuesto, a los derechos humanos, desde el respeto a los derechos individuales y colectivos y desde el respeto a las normas y a los fundamentos del Estado de derecho.

Esta reforma legislativa se enmarca en el debate del Consejo Europeo informal del pasado 12 de febrero que tuvo lugar en Bruselas y que inspiró una serie de reformas en distintos países de la Unión Europea. La legislación de los 28 países de la Unión no es idéntica y, por tanto, la necesidad de reformas y de impulsar nuevas actuaciones contra el terrorismo de nuevo cuño no es igual en todos los países, pero la mayoría de los países de la Unión Europea han abordado reformas y cambios y han tomado medidas de protección ante la ola de amenazas, en concreto, de atentados que hemos tenido en el seno de la Unión Europea que suponen una amenaza real para nuestras sociedades.

Todo esto se enmarca dentro de lo que fue el Tratado de Ámsterdam de 1997, que entró en vigor en 1999, que establece el espacio de libertad, de seguridad y de justicia, que es lo que es hoy en día la Unión Europea. Tres conceptos: libertad, seguridad y justicia absolutamente indisociables. Es imposible entender una sociedad libre que no sea una sociedad segura y una sociedad justa, y lo mismo podemos decir de una sociedad segura que no sea libre o no sea justa, o de una sociedad justa que no sea libre o que no sea segura.

Por tanto, en este marco de garantizar la libertad, la seguridad y justicia se debe establecer, y se establece, la reforma que se está planteando hoy a través de esta proposición de ley que modifica el Código Penal.

Por todo esto, por la convicción de que es necesaria esta adaptación, de que debemos dar una respuesta efectiva dentro del marco del Estado de derecho y de las normas que rigen unas sociedades democráticas, justas y libres como las sociedades de la Unión Europea, entendemos que es necesaria la reforma. Por tanto, nuestro apoyo al acuerdo logrado y votaremos a favor de la proposición de ley que se plantea hoy aquí.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Aunque mi grupo considera y comparte combatir el terrorismo y atajar las nuevas y peligrosas formas de terrorismo internacional, también es cierto que debería hacerse desde el consenso, desde el rigor jurídico, cumpliendo las normativas internacionales. Por tanto, no podemos estar de acuerdo en las formas que han caracterizado la tramitación de la presente proposición de ley ni tampoco en algunos puntos de su contenido.

Repetimos que en el primer apartado del artículo 573 bis se está legislando mediante la remisión a la prisión permanente revisable. Apoyar este artículo es avalar la prisión permanente revisable, vulnera la seguridad jurídica, va en contra del principio de reinserción social que precisa nuestro sistema penal y es un término de dudoso encaje constitucional —lo hemos repetido hasta la saciedad hoy mismo—.

Insistimos en que son los medios y no la finalidad los que convierten el terrorismo en delito. O estamos ante medios violentos, o no hay delito de terrorismo.

No compartimos ni consideramos tampoco que la mera navegación por internet, accediendo a determinadas páginas, pueda ser considerada, finalmente, como un delito de terrorismo. Quien difunda, sí; quien navegue, no. Debemos ser coherentes con el principio de seguridad jurídica y tener muy claro que debemos considerar un tipo final, de lo contrario, corremos el riesgo y el peligro de instaurar un sistema precrimen, parecido al de la película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, en 2002, Minority Report, que gravita alrededor de la piscina con los precog y la Policía precrimen. No podemos, por tanto, tampoco apoyar la posibilidad de cometer un delito de colaboración con una organización o grupo terrorista de forma culposa o a título de imprudencia.

Insistimos, pues, en la aprobación de nuestras 11 enmiendas, que entendemos aportan mejoras sustanciales al texto, y que de no aprobarse, deberemos abstenernos en la votación.

Gracias, señor presidente

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo solo por dos o tres minutos. Todavía sigue siendo 11 de marzo, una fecha señalada, una fecha importante que hace que este debate sea plenamente oportuno y en el que se puede reclamar alto y claro la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Nunca mejor que hoy, 11 de marzo.

Por eso, sean mis primeras palabras de recuerdo a las 192 víctimas mortales de este atentado y a todos sus familiares —a los de este atentado y a los de todos los atentados, en España y en todo el mundo—. Esas son mis primeras palabras. Hay días que quedan grabados en la memoria de todos, y el 11 de marzo de 2004 fue uno de ellos —todos sabemos dónde estábamos entre las 8 y las 9 del 11 de marzo de 2004—. Y es un excelente ejemplo para hablar de la unidad contra el terrorismo.

Aquel día, como digo, sufrimos y cambió la historia de España. El 11 de marzo era una fecha más antes del año 2004, pero es una fecha cargada de dolor y de recuerdos en nuestro país. Aquel día fueron muchos en este país los que pensaron que había sido de buena fe, que había sido la banda terrorista ETA —era normal, ETA llevaba demasiados años golpeando nuestras vidas—. Pero unos pocos tuvieron debilidades partidistas. Yo no quiero volver a aquello pero sí que todo el mundo lo recuerde y aprenda aquella lección para reclamar con más fuerza todavía la unidad de los partidos contra el terrorismo.

En este país hemos sufrido a los Grapo y a la banda terrorista ETA, y acabamos con ambos —ese fue precisamente uno de los grandes logros de la sociedad española en democracia—. Y aprendimos muchas cosas: aprendimos, desde luego, que el trabajo de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran imprescindibles, que el apoyo social y la colaboración ciudadana también lo eran y que ningún terrorista nunca puede dividir a los demócratas.

Señorías, los partidos son esenciales en democracia y la discrepancia también, pero si hubiera que elegir una política de Estado, si solo pudiésemos elegir una, debería ser la lucha contra el terrorismo porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie por ninguna creencia política ni religiosa ni territorial. No existen razones para quitar la vida a un ser humano, y cuando se hace, se pierde la razón sea cual sea.

Por eso existe una regla de oro en esta materia que mi partido ha preservado siempre, que es el apoyo al Gobierno en la lucha contra el terrorismo, gobierne quien gobierne, siempre y cuando sea un gobierno democrático, y en España lo hay. Señorías, lo siento, los castellanos somos refraneros, no podemos evitarlo. Y hay un refrán que dice: No desees para los demás lo que no quieres para ti. Yo soy socialista y sé lo que es gobernar sin el apoyo de la oposición en la lucha contra el terrorismo y no quiero eso para nadie más nunca en este país. (Rumores). Por eso, vamos a preservar siempre el apoyo al Gobierno y la unidad en la lucha contra el terrorismo. Es verdad que hay una discrepancia, y la hay, en relación con la prisión permanente revisable; es verdad. Lo hemos hablado con el Partido Popular de manera leal y sincera. Es verdad, señor Sanz, que las encuestas dicen lo que dicen, pero déjeme que le diga una cosa, la prisión permanente revisable es inconstitucional y por eso el PSOE la va a denunciar y por eso la derogará desde el gobierno. Pero también le digo que me da igual lo que digan las encuestas en relación con la prisión permanente revisable, como me daría igual lo que dijeran en relación con la pena de muerte. Me da igual lo que digan las encuestas; es una cuestión de principios, señor Sanz y, por eso, el Partido Socialista llevará su denuncia al Tribunal Constitucional.

No tengo reproches para el resto de los grupos. Me gustaría que estuvieran en este acuerdo. Entiendo sus razones; algunas las comparto más y otras menos, pero hay una que no me creo, y es que se hable de electoralismo, porque creo que algunos otros partidos están muy a gusto pensando que están mucho mejor fuera de un pacto PSOE-PP para hacer un discurso de PP y PSOE. Por tanto, el electoralismo no me lo creo.

Señorías, no es la primera vez que pactamos este asunto en democracia; es la cuarta. La última fue en el año 2000 y fue a iniciativa de un secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y tuvo efectos. En esta ocasión, una vez más, ha sido un secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el que ha traído la propuesta, bien acogida y con rapidez en esta ocasión por el señor Rajoy. En el año 2000 tuvo resultados, claro que los tuvo. En este país hemos sabido acabar con el terrorismo entre todos, con la unidad de todos. Ese es el ejemplo; el ejemplo del año 2000 y el ejemplo de este acuerdo. Lo conseguimos juntos entonces y juntos lo vamos a conseguir ahora. Por eso, señorías, porque salió una vez, porque sabemos hacerlo, porque lo hicimos bien y porque lo vamos a volver a hacer, yo lamento que no estén el resto de los grupos, pero aunque no estén en este pacto, desde luego sé que todos ellos son demócratas, que todos ellos comparten la lucha contra el terrorismo y que todos ellos quieren lo mismo que nosotros, que es que no haya nunca más ninguna forma de terrorismo en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor López, eso de que sé lo que es gobernar como socialista sin apoyo de la oposición se lo doy por no oído, porque me parece que no tiene sentido decirlo esta noche. Usted sabe, además, que eso no se ajusta a la verdad. (Aplausos).

Hemos debatido aquí de la prisión permanente revisable hasta la saciedad. Claro que las encuestas la apoyan, ¿o solo queremos las encuestas para lo que nos interesa? El 67 % de los ciudadanos españoles acepta en su ordenamiento jurídico la prisión permanente revisable. El 50 % de los votantes del Partido Socialista —fíjese— también. ¡Claro que hay encuestas! De demoscopia para El País. Prisión permanente revisable en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Reino Unido. ¿Son democracias o no son democracias consolidadas? Además, perfectamente constitucional y compatible con la finalidad de reinserción social, y además de todo eso, el aval del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, así como compatible con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, tal y como ha firmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la realidad, señor López.

Pero dejando a un lado estas cuestiones —y me habría gustado no intervenir en este tono—, hoy, señorías, mostramos a los españoles y a la comunidad internacional que somos capaces de dejar a un lado nuestras diferencias y unirnos en la defensa de la libertad y en la lucha contra el terrorismo. Quiero dejar constancia de esto. Estamos mandando, y es muy importante, un mensaje nítido a los radicales. El mensaje es que la sociedad española representada en esta Cámara está cohesionada en torno a la libertad, a su democracia y a sus valores, y que, más allá de matices ideológicos, frente al terrorismo hay y somos una única fuerza. Que los Estados nacieron para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la democracia también para afianzar sus libertades.

Nuestro objetivo, como responsables políticos, señorías, es mejorar la vida de los ciudadanos, pero también proteger sus derechos y que ningún español vea su libertad amenazada o su seguridad comprometida. Los ciudadanos son conscientes de este nuevo peligro y lo dicen, y lo manifiestan las encuestas. No solo entienden, sino que exigen de sus representantes que pacten en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo internacional. Su mensaje y el mensaje que damos para orgullo de esta Cámara, el mensaje de este Senado, es que el terrorismo se transforma. Pero es muy importante también decirles lo que les decimos hoy aquí, a las doce y cinco de la noche, que la unidad de los demócratas se mantiene. Y yo creo que hoy hemos prestado un gran servicio a este país, a la libertad, a la defensa de los derechos, y, sobre todo, muy especialmente, los demócratas, para atajar y poner coto al terrorismo, que es una nueva amenaza que tenemos en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación las enmiendas de la ley. Empezamos por las del Grupo Parlamentario Vasco y votamos las enmiendas 27 a 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 7; en contra, 203; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos las enmiendas 23 a 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 8; en contra, 202; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos votando la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 144; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 207; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 44 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 8; en contra, 206; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 207; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 43 y 47 a 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 14; en contra, 204; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 219; a favor, 153; en contra, 63; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 205; en contra, 12; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 202; en contra, 14; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Eran las cero horas y quince minutos del jueves, 12 de marzo.


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