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DS. Senado, Pleno, núm. 144, de 18/02/2015
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 67

celebrada el miércoles, 18 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno al establecimiento de mecanismos de protección frente al juego online para la población española en riesgo y, en especial, para los menores. 662/000174 Internet; juego de azar; protección de la infancia GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso del papel de la mujer en el sector agroalimentario. 662/000175 industria agroalimentaria; trabajo femenino GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para promover el acceso universal y equitativo a los tratamientos sanitarios innovadores. 662/000176 coste de la sanidad; gastos farmacéuticos; servicio nacional de sanidad GPS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. 621/000101 biblioteca nacional Cultura


DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Declaración institucional de condena ante la crueldad del terrorismo islamista, así como de solidaridad con los pueblos de la ribera sur del Mediterráneo. 630/000022 cooperación internacional; terrorismo GPP GPS GPCIU GPEPC GPV GPMX

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR TRASLADO DE SU CONTENIDO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. 662/000173 GPP

Esta moción ha sido retirada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL JUEGO ONLINE PARA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RIESGO Y, EN ESPECIAL, PARA LOS MENORES. 662/000174 GPP

La señora Franco González defiende la moción.

El señor Bruguera Batalla informa a la Cámara de que se ha firmado una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor presidente informa de que como consecuencia de la presentación de la propuesta de modificación, tampoco habrá turno de defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. 662/000175 GPP

La señora Leyte Coello defiende la moción, anunciando a la Cámara la presentación de una moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Toledo Díaz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Leyte Coello expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Leite Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 147; en contra, 63; abstenciones, 19.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO A LOS TRATAMIENTOS SANITARIOS INNOVADORES. 662/000176 GPS

La señora Llinares Cuesta defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes

La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de esta senadora.

La señora Llinares Cuesta expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 82; en contra, 144; abstenciones, 4.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 621/000101 Cultura

El señor Lanzarote Sastre, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ongil Cores, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 2 y 4 a 8, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende enmiendas 10 y 12 a 16, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 17 a 28, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bagué Roura defiende la enmienda 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fernández Blanco defiende las enmiendas 29 a 32, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Casero Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Blanco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Casero Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA ANTE LA CRUELDAD DEL TERRORISMO ISLAMISTA, ASÍ COMO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LA RIBERA SUR DEL MEDITERRÁNEO. 630/000022 GPP GPS GPCIU GPEPC GPV GPMX

El señor presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (Votación) 621/000101 Cultura

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 161 279.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR TRASLADO DE SU CONTENIDO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. 662/000173 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.

El señor PRESIDENTE: Esta moción del Grupo Parlamentario Popular ha sido retirada



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL JUEGO ONLINE PARA LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RIESGO Y, EN ESPECIAL, PARA LOS MENORES. 662/000174 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de quince minutos, la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

La primera vez que vi un anuncio en televisión promocionando el juego online, lo protagonizaba un deportista muy reconocido que invitaba a jugar al póquer online con él. Lo cierto es que en aquel momento me asaltaron una serie de pensamientos —desde luego no el deseo de jugar al póquer online— sobre qué difícil o qué fácil se lo estábamos poniendo, dependiendo de cómo se mire, a aquellas personas que tienen un problema de adicción al juego, ya que con un clic para entrar en el ordenador podían acceder muy fácilmente a él. Y me asaltó sobre todo una preocupación muy especial al pensar cómo podía afectar ese bombardeo permanente de publicidad del juego online a los adolescentes y a los jóvenes.

Esta preocupación se debe a tres razones. En primer lugar, es cierto que la inmediatez y la facilidad de acceso al juego online frente al juego presencial supone un factor que contribuye a que aumenten el número de casos de adicción al juego. En segundo lugar, este juego online va a suponer un ámbito de actuación sobre todo para aquellas personas que están habituadas a los entornos digitales, especialmente la población más joven. En tercer lugar, confluyen dos ámbitos potencialmente adictivos: el juego, la ludopatía y la adicción a internet. Como todos ustedes saben, hay un número bastante elevado de españoles que tienen problemas de adicción al juego, aunque las cifras varían de unos estudios a otros, por lo que voy a tomar como referencia las que se pusieron de manifiesto en un estudio que hizo el Procurador del Común de mi Comunidad Autónoma, Castilla y León, sobre esta materia. En él se decía que aproximadamente un 2 % de la población adulta y adolescente tenía un problema de adicción patológica al juego, y señalaba que había otro 3 % de población que tenía un problema con el juego aunque esas personas no estaban diagnosticadas como ludópatas porque no había transcurrido el tiempo suficiente o no habían acudido a consulta. Por tanto, hay aproximadamente un millón de españoles adultos y adolescentes con problemas relacionados con el juego. Dado que la ludopatía es una enfermedad social, a ello habría que añadir el entorno familiar de los jugadores, que son los que sufren más directamente las consecuencias emocionales y económicas derivadas de ello, aparte de que también hay que tener en cuenta que los fenómenos de ludopatía en ocasiones acaban degenerando en problemas de desintegración familiar.

Por tanto, la facilidad para el acceso al juego online es un factor que va a determinar que en los próximos años aumenten en España estos casos de ludopatía, algo que ya se está ocurriendo hoy. Creo que ha llegado el momento de dar pasos decisivos para evitar que se produzca un aumento de casos de ludopatía y para que no se produzca ese cambio del perfil del jugador que estamos viendo que deriva cada vez más hacia personas más jóvenes. Hay estudios que dicen que la edad de inicio del juego está en torno a los 20 años y hay estudios epistemológicos que dicen que esto está propiciando una adicción al juego en niños y adolescentes mayor que en los adultos.

En segundo lugar, confluye aquí otro ámbito potencialmente adictivo, y me refiero a la adicción o al uso compulsivo de internet, una patología extendida hoy a nivel mundial y que en España tiene una incidencia especial. Hay un estudio, Hábitos de medios en el mundo, realizado por NOP World, donde se señala que España es el tercer país del mundo por detrás de Taiwan y Tailandia en problemas de adicción compulsiva a internet. En el ámbito de la Unión Europea se realizó un estudio, una investigación sobre los hábitos de uso de internet de los adolescentes entre 14 y 17 años. Y si bien es cierto que en España el porcentaje no es muy elevado porque es el 1,5 % de los adolescentes de esa edad —14 a 17 años— los que tienen problemas de adicción a internet, sí que son preocupantes los datos que hablan de las conductas disfuncionales, es decir, aquellas que hoy por hoy no son manifiestamente de adicción a internet pero que pueden acabar siéndolo a lo largo del tiempo. En este caso, en España tenemos un porcentaje que supera el 21 %, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 12,7 %. Son unas cifras demasiado elevadas. Es un círculo vicioso donde la adicción a internet puede acabar degenerando en adicción al juego online y el juego online puede acabar incidiendo también en la adicción a internet.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular considera que ha llegado el momento de dar un impulso político, precisamente con el debate de hoy y la aprobación de esta moción, con el fin, como ya he dicho con anterioridad, de dar pasos hacia adelante para evitar sobre todo el impacto de la publicidad del juego online en jóvenes y adolescentes, y sentar unos límites claros para terminar con esa tolerancia social hacia el juego, de modo que nuestros jóvenes no lo vean como una actividad normal.

Así pues, presentamos una moción que aunque inicialmente tenía 5 puntos, después del trabajo que hemos realizado —quiero agradecer a todos los ponentes su disponibilidad para el diálogo— ha pasado a tener 6 puntos. Es una moción muy completa y creo que hoy esta Cámara, el Senado, da un paso importante para hacer frente a esta problemática del impacto que puede tener la publicidad del juego online sobre los jóvenes, para que esta publicidad no se dirija específicamente a ellos y no les cause una influencia negativa.

En cuanto a los puntos de la moción, en primer lugar, solicitamos que se comience el procedimiento de elaboración del que será el reglamento de publicidad y de juego responsable, que va a desarrollar los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de regulación del juego. Quiero reconocer y señalar que en mi grupo valoramos muy positivamente el trabajo hecho por parte del Ministerio de Hacienda. Ya saben ustedes que la Dirección General de Ordenación del Juego junto con la Asociación para la Autorregulacion de la Actividad Comercial (Autocontrol) firmaron ya en 2011 un acuerdo de corregulación del patrocinio, publicidad y promoción de las actividades de juego online. Posteriormente, en el año 2011, se firmó también entre la citada Asociación y la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información un nuevo acuerdo para alcanzar un código de conducta de las comunicaciones comerciales del juego online. Ese código de conducta está aprobado y es cierto que establece una serie de previsiones y de principios éticos, siendo uno de ellos, precisamente, la protección de los menores. Queremos reconocer, como he dicho, ese trabajo que se ha hecho y creemos que ha llegado el momento de dar ese paso hacia adelante y regular este reglamento de la publicidad y del juego responsable. He de decir que este reglamento será, por supuesto, respetuoso, como no podía ser de otra manera, con la distribución constitucional de competencias entre Estado y comunidades autónomas.

En segundo lugar, incluimos la necesidad de restringir los horarios de las publicaciones comerciales del juego online para proteger a los menores. El código de conducta ya establece ahora unas precisiones al respecto con horarios de máxima protección y discriminando el tipo de publicidad del juego online en función del juego de que se trate, ya que no todos tienen el mismo potencial adictivo. Sin embargo, consideramos que es necesario revaluar estos límites horarios y hacerlos más estrictos, con el fin de proteger a los menores.

En tercer lugar, pedimos la prohibición total de comunicaciones comerciales del juego online en aquellos espacios dirigidos específicamente a menores, como podrían ser webs, aplicaciones o páginas de internet.

En cuarto lugar, hay que seguir incidiendo y desarrollando campañas de sensibilización dirigidas a la población de mayor riesgo y a los menores. Es verdad que aquí se ha hecho un gran trabajo, y yo querría señalar, sobre todo, la creación de la página web Juego seguro y el hecho de que se incluya en las comunicaciones comerciales la leyenda Juega con responsabilidad. Consideramos que ese es el camino, que se debe seguir avanzando y desarrollando campañas e iniciativas para sensibilizar a los jóvenes de que el juego no es una actividad normal. Querría valorar muy positivamente el hecho de que se haya incluido entre las acciones de la Estrategia para la población infantil y juvenil 2013/2016 la de desarrollar en el ámbito escolar actividades dirigidas a prevenir todo tipo de adicciones y, entre ellas, la adicción al juego.

En quinto lugar, y este es uno de los puntos más novedosos, incluimos la necesidad de establecer restricciones al patrocinio deportivo. A este respecto, me gustaría destacar que existe una resolución o propuesta de la Unión Europea de julio de 2014 que parte señalando que aunque es cierto que las empresas de juegos son grandes patrocinadores de actos y eventos deportivos, hay que establecer una serie de normas para que este patrocinio sea, sobre todo, transparente y responsable, en especial en aras a proteger a los menores. Por lo que respecta al patrocinio de actos y eventos deportivos destinados a menores, establece una serie de prohibiciones o de recomendaciones a los Estados miembros. En primer lugar, que no se permita el patrocinio en actos pensados para menores o destinados a ellos. Y, en segundo lugar, que no se utilice material promocional de la parte patrocinadora en productos públicos pensados para menores o destinados principalmente a ellos.

Nosotros consideramos que este debe ser el mínimo a partir del cual seguir trabajando y que, desde luego, se debe regular con mucha responsabilidad esta restricción de la promoción del juego online en patrocinios deportivos, porque son mensajes que van llegando y debemos evitar, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, que nuestros menores, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes vean el juego online como una actividad normal.

En sexto lugar, hemos incluido un punto sobre la necesidad de seguir desarrollando una regulación clara y precisa de los programas de incitación al juego y también sobre la posibilidad de estudiar la inclusión en la estrategia de juego responsable de la eliminación de las técnicas de inducción para los sectores más vulnerables, en especial, los menores. Es una cuestión en la que se debe seguir avanzando también y creemos que se debía incluir como sexto y nuevo punto en esta moción.

Yo quisiera terminar haciendo una reflexión final. Creo que no lanzamos un mensaje adecuado a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, cuando se les está bombardeando constantemente con publicidad, sobre todo si está protagonizada por deportistas conocidos y famosos que les están invitando a jugar online porque, realmente, lo que estamos haciendo es que vean el juego online como algo normal y eso es algo que hay que desterrar.

Realmente, el juego no es un juego. Si aprobamos hoy todos los grupos de esta Cámara esta moción, creo que vamos a dar un paso muy importante en esa dirección, en la de transmitir, sobre todo a los sectores más vulnerables y en especial a los jóvenes, que el juego no es un juego.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, si me permite, hemos firmado una transaccional, por lo que entiendo que decaen.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, lo que pasa es que todavía no ha llegado aquí la transaccional; entonces, yo tengo que seguir cumpliendo el rito y el procedimiento. De todas maneras, usted puede manifestar la retirada o el decaimiento de la enmienda, y proseguimos.

El señor BRUGUERA BATALLA: Está firmada, así que en todo caso la enmienda decae, porque está perfectamente incorporada.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que la del Grupo Parlamentario Socialista, senador Cascallana, también decae. (Asentimiento).

Pasamos, por lo tanto, al turno en contra. (Pausa).

No hay turno en contra.

Vamos, entonces, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero felicitar a la senadora Franco por esta iniciativa. No obstante, se ha llegado a una transaccional que mejora la moción inicial y con la que creo que se da un paso muy positivo al mezclarse tres cosas: el deporte, el juego e internet. El juego online no es malo pero, evidentemente, hay que proteger a nuestros menores.

De esta iniciativa me gustan especialmente dos cosas: la estrategia del juego responsable y la protección en los horarios. Es fundamental incidir en la importancia de un juego responsable, especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Se puede jugar por internet, pero responsablemente. También resulta fundamental la protección en cualquier horario deportivo, especialmente cuando se dirige a los menores, y en las redes o aplicaciones dirigidas a los adolescentes seguimos viendo muchísima publicidad de juego online, pero la moción recoge claramente su retirada.

También supone un paso muy importante la restricción de los patrocinios deportivos, aunque seguramente avancemos mucho más. En algunos países europeos ya se prohíbe totalmente el patrocinio deportivo de las casas de apuestas y juegos online, y no solo en el ámbito adolescente y juvenil, sino para cualquier tipo de deporte y en cualquier horario. Creo que este paso es muy importante, así como la regulación de un reglamento del juego online.

El grupo de Coalición Canaria quiere felicitar a la senadora del Grupo Parlamentario Popular por esta iniciativa y a todos los grupos por haber firmado una transaccional que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor presidente. Y, si me lo permite, intervengo desde el escaño.

Yo también me tengo que felicitar en lo que nos corresponde, pero, sobre todo, quiero felicitar a la senadora. Y paso a hablar un poco del tema que nos ocupa.

Evidentemente, este tema es complicado, pues hay que conseguir un equilibrio lo más estable posible entre el derecho a un ocio responsable —como ha dicho el senador Quintero, una práctica responsable del juego—, el derecho de la sociedad a defenderse de las prácticas abusivas que puedan derivarse de esta actividad del juego y puedan ser socialmente nocivas y, también, el derecho de las empresas del sector que desarrollan una actividad legal, están dentro de la ley y quieren, evidentemente, obtener beneficios. Pero para mí es importante, sobre todo, la necesidad imperiosa de preservar a los menores y a cualquier población vulnerable de los impactos negativos que la actividad del juego pueda tener.

Por lo tanto, el equilibrio es muy difícil y su búsqueda, también. Si a esto añadimos el término online y la posibilidad de jugar en eso que tan poéticamente llamamos la nube, que parece que está formada por querubines y en realidad la cosa tiene su tela, somos conscientes de la complicación del tema del que estamos hablando.

Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo con la necesidad de una regulación reglamentaria de la publicidad en el juego online. Evidentemente, las comunidades autónomas tienen su parcela de trabajo y su obligación de gestionar una parte del juego y el Estado tiene otra, pero creo que incluso habría que tirar por elevación a instancias superiores, porque lo online es lo que tiene, que es online, y online puede ser cualquier cosa y puede venir desde cualquier sitio. En ese sentido, uno puede pensar que está jugando aquí, en Navalcarnero, y resulta que está jugando en Singapur.

Entendemos que debe haber una prohibición total, en espacios físicos y no físicos, de la publicidad destinada al juego y los menores. Es imprescindible incidir, evidentemente, en las campañas de sensibilización, concienciación y prevención, en general para toda la población, y más específicamente para los menores y las personas en riesgo.

Pero hay algo nos parece muy interesante y que es muy complicado de gestionar, y es que a todos los derechos que he comentado antes hay que añadir los derechos de los clubes de fútbol a sobrevivir. Por lo tanto, la restricción o regulación de la promoción y publicidad en los productos del juego, mediante el patrocinio de los equipos, hay que abordarla desde la sensatez, pero también desde la realidad y siendo conscientes del impacto que esto tiene en la población en general, sobre todo cuando hablamos de deportes masivos como puede ser el fútbol.

He felicitado a la senadora Franco por su trabajo, y lo vuelvo a hacer porque me gustaría que visualizáramos lo fácil que es llegar a consensos en esta Cámara cuando los temas de los que se habla son temas que verdaderamente nos preocupan a todos, que no son temas de cupo, que no son temas de lucimiento, que no son temas de apoyo al Gobierno porque sí, y, sobre todo —alguna vez también lo he dicho, incluso he recomendado a algún senador que diera clases particulares en su grupo, hablo del Grupo Popular— porque cuando la persona que trae el tema se empeña en que salga, le dedica horas, habla con todo el mundo, llega a acuerdos. Esta Cámara es receptiva a eso —todos los grupos somos receptivos a eso—, el movimiento se demuestra andando, y esta es la demostración precisamente de ello. Por lo tanto, lo que sí le recomendaría a la senadora Franco, como hice una vez al senador Alarcó, es que hagan un máster para que esto que ha sucedido hoy se generalice en el resto de iniciativas del Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president. Senyories, bon dia.

Efectivament, la Llei 13/2011, de Regulació del Joc, autoritzava per primera vegada al nostre país el joc online, el joc per Internet. No estem pas parlant de fa molts anys; estem parlant de fa poc més de tres anys. Fins aleshores, per tant, cal pensar que el joc online no estava autoritzat a casa nostra; és a dir, entre cometes, deuria estar prohibit, tot i que algunes empreses, com tos sabem —per exemple Betandwin—, ja actuaven d’una manera alegal, entre cometes, des de feia temps, per exemple patrocinant un equip de futbol des de l’any 2010, el Reial Madrid. D’altra banda, el Reial Decret 1614, també de l’any 2011, desenvolupa la llei, però només ho fa en els aspectes relacionats amb llicències i autoritzacions, amb garanties en el desenvolupament de la relació del joc, els pagaments, abonaments, premis, registre de joc, títols habilitants, etcètera. És a dir, regula i desenvolupa la llei, però només en aspectes procedimentals, administratius i de posada en marxa de la llei i, per tant, de posada en marxa del joc online. Quan parlem del joc online ens referim fonamentalment al pòquer online, a les apostes esportives i als jocs de casino, però practicats online.

Quatre anys després de l’aprovació de la llei queden, al nostre parer, molts altres aspectes per desenvolupar, tal com reclama des de fa temps Fejar, la Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitats. Especialment, tal com ha dit també la senadora Franco, relacionats amb els articles 7 i 8 de la llei, és a dir, el patrocini, la publicitat i la promoció de les activitats del joc, que és al que fa referència l’article 7, i la protecció adequada als consumidors en general, i les conegudes com a polítiques de joc responsable, que són les que es tracten a l’article 8 de la llei. En aquest cas, especialment, la protecció i empara dels col·lectius més vulnerables i en risc, com són els menors i les persones amb trastorns, les persones amb ludopaties.

Per fer-nos una idea, el mateix any de l’aprovació de la llei —el 2011— la despesa del joc online a Espanya estava situada al voltant dels 3.000 milions d’euros, aproximadament un 10 % de la despesa total en jocs: casinos, bingos, Loteria Nacional, Loteria Primitiva i altres de similars, travesses, l’ONCE, màquines escurabutxaques, etcètera. I el joc online, el primer any —repeteixo—, ja superava la despesa del casinos, els bingos, les travesses i l’ONCE. El 2012, un any després, el joc online ja representava al voltant dels 5.000 milions d’euros de despesa, i a l’entorn del 20 % del total, situant-se ja en segon lloc, darrere únicament de les màquines escurabutxaques. En un altre sentit —potser també val la pena dir-ho—, el joc online aporta aproximadament a l’erari públic espanyol, a Hisenda, per impostos, uns 50 milions d’euros l’any, i les empreses de joc online cada any es gasten al voltant de 140 milions d’euros en publicitat. Per posar tres exemples, tots hem vist Rafa Nadal i Ronaldo —el brasiler— jugant al pòquer mentre es vesteixen i es fan el nus de la corbata; o el contracte de Power8 amb el Reial Club Esportiu Espanyol, que representa 40 milions d’euros en set anys; o les retransmissions esportives, ja sigui a la televisió o ja sigui a la ràdio, constantment els mateixos locutors comenten com estan les apostes i els guanys en funció de si marca gol aquest d’aquí deu minuts, o qui serà el primer que marcarà, quin serà el resultat, quin equip guanyarà, etc.

Per tant, la pregunta seria: per què generen tanta despesa els jocs online. Segons va manifestar en la seva compareixença davant la Comissió mixta per a l’estudi del problema de les drogues el senyor Mariano Chóliz Montañés, professor de Psicologia de la Universitat de València i expert en aquest tema, en primer lloc, perquè els jocs online tenen les mateixes característiques que les màquines escurabutxaques. És a dir, resultat immediat, resultat al segon, són fàcils, estan molt a l’abast, àmpliament disponibles; gairebé a cada bar n’hi ha, de màquines escurabutxaques. I afegia, en segon lloc, en el cas del joc online, tenen altres característiques que els fan més addictius que els jocs presencials: la comoditat, la facilitat i que es poden consumir sense necessitat d’estat en un espai públic, a través de dispositius mòbils, de telèfons mòbils. Estem parlant, per tant, d’un tipus de joc altament addictiu i ludòpata. Es calcula que a Espanya prop d’un milió de persones estan afectades per ludopaties. El propi president de Fejar diu —i llegeixo textualment— «un millón son bastantes más que las personas afectadas por alguna enfermedad importante, ante la que se adoptan protocolos urgentes de actuación». Segons el professor Chóliz, transcorreguts poc més de dos anys de l’aprovació de la llei, el 70 % en tractament per patologies ho eren per addició a les màquines escurabutxaques, i les persones que ho eren pel joc online ha representaven el 8 %, superant bingos, casinos, etc. Estem parlant, doncs, d’una patologia creixent, d’una patologia en augment, d’una patologia emergent que pot derivar en un gran problema de salut pública.

Nosaltres, senyories, en el debat que es podria suscitar entre prohibició i regulació, ens posicionem clarament —i ho volem dir— al costat d’aquesta darrera opció, és a dir, al costat de la regulació, i per tant, de la prevenció; prevenció amb mesures socioeducatives, programes d’informació, de conscienciació, campanyes divulgatives, programes de prevenció a l’escola, etc. I també prevenció en les polítiques del joc, és a dir, de regulació del joc, millorant, per exemple, el Registre d’Interdiccions, el registre d’autoexclusions, o revisant i millorant l’Estratègia de Joc Responsable, aprovada al juliol del 2013.

I en aquest clar posicionament per la regulació i la prevenció, que compartim, s’emmarca la moció que presenta la senadora Franco, a qui també vull agrair. Nosaltres valorem molt positivament la seva moció; ens consta la seva preocupació i que hi ha treballat molt. Però crèiem que la moció original es quedava curta, especialment perquè parlava fonamentalment de regular els aspectes relacionats amb la publicitat, és a dir, l’article 7 de la llei, i nosaltres creiem que era important afegir-hi —i aquesta era la nostra esmena— la necessitat de regular també reglamentàriament la protecció dels consumidors i el joc responsable. Per tant, s’hi ha afegit això, i nosaltres ho valorem molt positivament. S’ha arribat a un acord que valorem, i per tant, votarem afirmativament.

Evidentment, es podia haver parlat de molts altres aspectes, i la moció podia haver estat molt llarga. Per exemple, es podria parlar de les escurabutxaques online, les conegudes com a slots online; o les apostes creuades; o el denominat joc gratuït, que al final acaba no sent gratuït en la majoria dels casos; o la pràctica dels bonus, la incitació a jugar a través de «comença, et deixo 300 euros, aprèn-ne i després ja pagaràs»; o la revisió de l’Estratègia del Joc Responsable, o, com he dit, el tema de les interdiccions o les autoexclusions. Però creiem que això cap perfectament en la regulació a partir del desenvolupament dels articles 7 i 8 de la llei.

Acabo, senyories, amb dues cites de les dues persones que he citat en el decurs de la meva intervenció. El senyor Mariano Chóliz diu, textualment: «Permítanme que haga una cita textual de la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría, para calificar en la actualidad lo que tradicionalmente se considera ludopatía, la adicción al juego. El argumento, que aparece en el DSM V, que es el actual manual de clasificación de los trastornos mentales, dice que ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, y que provoca una patología cuyos síntomas clínicos son comparables a los que provocan las drogas; es decir, estamos hablando de un trastorno mental, de una enfermedad grave que afecta no solamente al individuo, sino también muy singularmente a la familia».

I finalment, el senyor Mariano Gutiérrez, el president de Fejar, que diu: «También deben hacerse campañas y anuncios televisivos, igual que hay anuncios de prevención del alcohol, de la droga y del tabaco». I continua: «Si a todos los efectos la ludopatía está ya equiparada al alcohol, la droga y el tabaco, ¿por qué no lo equiparamos en todo lo demás? Para nuestro colectivo, por lo menos, es una exigencia».

I acabo, senyories, amb una frase meva: per a que un guanyi, molts han de perdre.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Efectivamente, la Ley 13/2011, de regulación del juego, autoriza por primera vez en nuestro país el juego online, el juego a través de internet; por lo tanto no hablamos de hace muchos tiempo, sino de hace poco más de tres años. Hasta entonces, como podemos ver, el juego online no estaba autorizado aquí; es decir, entre comillas, estaba prohibido, a pesar de que algunas empresas, como todos sabemos, por ejemplo, Betandwin, ya actuaban de una forma alegal desde hacía tiempo, patrocinando un equipo de fútbol desde el año 2010: el Real Madrid. Por otra parte, el Real Decreto 1614/2011 desarrolla la ley, pero solo en los aspectos relacionados con licencias y autorizaciones, con garantías en el desarrollo de la relación del juego, los pagos, abonos, premios, registro de juego, títulos habilitantes, etcétera, es decir, regula y desarrolla la ley pero solo en aspectos procedimentales, en aspectos administrativos y en la puesta en marcha de la ley; por tanto, en la puesta en marcha del juego online. Cuando hablamos del juego online nos referimos fundamentalmente al póquer online, a las apuestas deportivas y a los juegos de casino, pero practicados online.

Cuatro años después de la aprobación de la ley quedan, a nuestro entender, muchos otros aspectos por desarrollar, tal como reclama desde hace tiempo Fejar, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Especialmente, tal como ha dicho también la senadora Franco, los relacionados con los artículos 7 y 8 de la ley, es decir, el patrocinio, la publicidad y la promoción de las actividades del juego, que es a lo que hace referencia el artículo 7, la protección adecuada a los consumidores en general y las conocidas como políticas de juego responsables, que son las que trata el artículo 8 de la ley; en este caso especialmente la protección y el amparo de los colectivos más vulnerables y en riesgo, como son, evidentemente, los menores y las personas con trastornos, las personas con ludopatía.

Para hacernos una idea, el mismo año de la aprobación de la ley —el año 2011— el gasto del juego online en España se situaba alrededor de los 3000 millones de euros; aproximadamente, un 10 % del gasto total en juegos: casinos, bingos, loterías nacionales, loterías primitivas y en otros similares, como quinielas, la ONCE, máquinas tragaperras, etcétera. El juego online el primer año, repito, ya superaba el gasto de los casinos, los bingos, las quinielas y la ONCE. En 2012, un año más tarde, el juego online representaba ya alrededor de los 5000 millones de euros de gasto, y en torno al 20 % del total, situándose, en segundo lugar, solo por detrás de las máquinas tragaperras. En otro sentido, también —quizás valga la pena decirlo— el juego online aporta al erario público español, a Hacienda, aproximadamente, por impuestos, unos 50 millones de euros al año; y las empresas de juego online cada año se gastan alrededor de 140 millones de euros en publicidad. Por poner tres ejemplos, todos hemos visto a Rafa Nadal y a Ronaldo —el brasileño— jugar al póquer mientras se visten y se hacen el nudo de la corbata, o el contrato de Power8 con el Real Club Deportivo Español, que representa 40 millones de euros en siete años; o las retransmisiones deportivas, ya sea por televisión o por radio, en las que, constantemente, los mismos locutores comentan cómo están las apuestas y las ganancias en función de si marca gol este en diez minutos o quién va a ser el primero que marque, cuál va a ser el resultado, qué equipo va a ganar, etcétera.

Por tanto, señorías, mi pregunta es ¿por qué generan tanto gasto los juegos online? En la comparecencia ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, el señor Mariano Chóliz Montañés, profesor de Psicología de la Universidad de Valencia y experto en este tema, manifestó, en primer lugar, que los juegos online tienen las mismas características que las máquinas tragaperras, es decir, resultado inmediato, resultado al segundo, son fáciles, están al alcance de todos y son ampliamente disponibles pues prácticamente en cualquier bar hay máquinas tragaperras. Y, en segundo lugar, añadía que los juegos online tienen otras características que los hacen más adictivos que los juegos presenciales: la comodidad, la facilidad y la posibilidad de jugar a través de dispositivos móviles, sin necesidad de estar en un espacio público Estamos hablando, pues, de un juego altamente adictivo y ludópata. Se calcula que en España cerca de un millón de personas están afectadas por ludopatías. El propio presidente de Fejar dice —leo textualmente—: un millón es bastante más que las personas afectadas por alguna enfermedad importante, ante la que se adoptan protocolos urgentes de actuación. Según el profesor Chóliz, transcurridos poco más de dos años de la aprobación de la ley, el 70 % de las personas en tratamiento por patologías lo eran por adicción a las máquinas tragaperras, y quienes lo eran por el juego online representaban el 8 %, superando a bingos, casinos, etcétera. Estamos hablando, pues, de una patología creciente, de una patología en aumento, de una patología emergente que puede derivar en un gran problema de salud pública.

Nosotros, señorías, en el debate que se podría suscitar entre prohibición y regulación nos posicionamos claramente, y queremos decirlo, por esta última opción, es decir, por la regulación y, por tanto, por la prevención con medidas socioeducativas, programas de información, de concienciación, campañas divulgativas, programas de prevención en escuelas, etcétera, y también por la prevención en las políticas del juego, es decir, de regulación del juego, mejorando, por ejemplo, el registro de interdicciones y de autoexclusiones o revisando y mejorando la Estrategia de juego responsable, aprobada en julio de 2013.

Y en este claro posicionamiento por la regulación y la prevención, que compartimos, se enmarca la moción que presenta la senadora Franco, a quien quiero agradecer su trabajo que nosotros valoramos muy positivamente. Nos consta su preocupación por este asunto pero creíamos que la moción original se quedaba corta, especialmente porque hablaba fundamentalmente de regular los aspectos relacionados con la publicidad, es decir, el artículo 7 de la ley, y que era importante añadir también —por ello presentamos esta enmienda— la necesidad de regular reglamentariamente la protección de los consumidores y el juego responsable. Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya añadido este punto y que se haya llegado a un acuerdo, por lo que vamos a votar a favor de la moción.

Evidentemente, se podría haber hablado de muchos otros aspectos, por ejemplo, de las tragaperras online, conocidas como slots online; las apuestas cruzadas; el denominado juego gratuito, que al final acaba no siendo gratuito en la mayoría de los casos; la práctica de los bonus; la incitación a jugar a través de: Empieza, te dejo 300 euros, aprende, y luego ya pagarás; la revisión de la estrategia del juego responsable o, como he dicho anteriormente, de las interdicciones y las autoexclusiones, con lo que la moción habría sido muy larga, pero consideramos que eso cabe perfectamente en la regulación a partir del desarrollo de los artículos 7 y 8 de la ley.

Acabo, señorías, si me lo permiten, con dos frases de las dos personas que he citado en el transcurso de mi intervención. Don Mariano Chóliz dice textualmente: «Permítanme que haga una cita textual de la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría, para calificar en la actualidad lo que tradicionalmente se considera ludopatía, la adicción al juego. El argumento que aparece en el DSM-5, que es el actual manual de clasificación de los trastornos mentales, es que ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, y que provoca una patología cuyos síntomas clínicos son comparables a los que provocan las drogas. Es decir, estamos hablando de un trastorno mental, de una enfermedad grave que afecta no solo al individuo, sino también muy singularmente a la familia.»

Y por último, el don Máximo Gutiérrez, presidente de Fejar dice: «También deben hacerse campañas y anuncios televisivos, igual que hay anuncios de prevención del alcohol, de la droga y del tabaco.» Y continúa: «Si a todos los efectos la ludopatía está ya equiparada al alcohol, la droga y el tabaco, ¿por qué no lo equiparamos en todo lo demás? Para nuestro colectivo, por lo menos, es una exigencia.»

Y termino, señorías, con una frase mía, y es que para que uno gane, muchos tienen que perder.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories.

Fa escassos mesos es va presentar al plenari del Senat l’informe amb les conclusions i les recomanacions de la ponència per a l’estudi dels riscos derivats de l’ús de la xarxa per part dels menors, ponència que durant un any i mig havia estudiat Internet, les xarxes socials i el seu ús pels menors, i els riscos que aquest fet comporta.

En aquesta ponència, hi vam participar, entre d’altres, el senador Bruguera i jo mateix; i hi hem anat a pescar cites i reflexions de part dels compareixents, com el professor de la Universitat de València Mariano Chóliz, i per tant em sentiran repetir algun argument o fer esment d’



algunes dades que ja ha dit el senador Bruguera.

En aquesta ponència, diverses de les persones compareixents van manifestar el seu temor amb relació als menors i al joc online, factor de risc de creixent preocupació. És una activitat que, a l’Estat espanyol, tot i estar regulada per la Llei 13/2011, del 27 de maig, des d’aleshores mostra una clara tendència a l’alça. Com deia el senador de l’Entesa, l’any 2012 és l’única de les modalitats de joc que puja, estimant-s’hi una despesa a l’entorn del 5 milions d’euros, gairebé duplicant la despesa de l’any anterior.

El risc associat al joc resideix en la seva potencialitat per convertir-se en addicció. El professor Mariano Chóliz, professor titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, va explicar a la ponència que la denominada ludopatia, o joc patològic, es considerada com a un trastorn addictiu, categoritzat per l’Associació Americana de Psiquiatria com a drogodependència, en haver-se trobat evidències consistents que el joc activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a com ho fan les drogues d’abús, i que els símptomes clínics dels trastorns provocats pel joc són similars als que provoquen les drogues.

Des d’aquesta perspectiva, segons el senyor Chóliz, el joc online ja és la segona modalitat de joc a provocar addicció, solament darrere de les màquines escurabutxaques. I això és així perquè el joc online presenta —com explicava també el senador Bruguera— unes característiques que estructuralment el fan molt perillós: accessibilitat, perquè s’hi pot jugar des dels mòbils; immediatesa del premi, i aprofitament de tots els recursos que ofereixen les noves tecnologies, com per exemple, els bonus de benvinguda.

Suscitaven especial preocupació determinats comportaments, i entre ells del joc online, que resulten nocius per als menors, en tant que poden causar-los un perjudici físic, psíquic o moral, i també els riscos derivats de determinades conductes en què el menor té alguna participació, voluntària o involuntària, que poden afectar a béns jurídics diversos, com la integritat física o psíquica del menor. La prevenció i la resposta eficaç en front del joc online constitueixen, per tant, un objectiu irrenunciable dels poder públics.

Deia l’informe, en l’apartat de conclusions, que un nivell acceptable de seguretat de la xarxa té a veure també amb la protecció dels menors amb relació al joc online i la publicitat online. Al primer d’aquests àmbits, l’acció dels poders públics ha d’aprofundir per via normativa en la protecció dels menors, des del punt de vista de la incidència dels diferents tipus de joc i la publicitat. Pel que fa als riscos associats a la publicitat online, l’autoregulació i la supervisió dels poders públics s’han de dirigir a assegurar que les normes sobre publicitat en llocs web per a nens permetin un nivell de protecció comparable al de la publicitat en els serveis audiovisuals. I es recomanava, pel que fa a la seguretat de la xarxa amb relació al joc online i a la publicitat online, que el Govern assegurés l’efectivitat de la prohibició de la participació dels menors d’edat en els jocs objecte de la Llei 13/2011, entre ells el joc online, a través de mecanismes eficaços de verificació de l’edat. A més, s’han de desenvolupar les provisions de l’esmentada llei amb la finalitat de garantir una cabal protecció dels menors, especialment des del punt de vista de la publicitat d’aquesta modalitat de joc.

En aquest sentit, la moció del PP apunta directament a part d’aquestes reflexions i recomanacions de la ponència que els esmentava amb relació al joc online, i ha estat francament millorada amb les aportacions dels grups parlamentaris. Nosaltres, com a grup parlamentari, hem fet unes propostes al Partit Popular —i vull agrair la feina de consens feta per la senadora Franco— en què demanàvem que quedés clarament explicitat que totes les actuacions del Govern espanyol haurien de limitar-se als jocs online d’àmbit estatal, ja que hi ha diverses comunitats que tenen competències exclusives en matèria de joc. Aquestes peticions han estat admeses i, per tot això, el nostre vot serà favorable a aquesta moció.

També els dic que d’aquí a un temps prudencial preguntarem al Govern pel compliment d’aquesta moció, i també preguntarem per saber si el Govern està seguint les recomanacions d’aquell informe de la ponència de xarxes socials i menors, que va suposar una feina ingent d’un determinat nombre de senadors, que van fer una magnífica feina durant un any i mig. Preguntarem, doncs, si efectivament s’està fent aquest seguiment.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Hace escasos meses se presentó ante el Plenario del Senado un informe con las conclusiones y las recomendaciones de la Ponencia para el estudio de los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores; ponencia que durante un año y medio había estudiado internet, las redes sociales, su uso por los menores y los riesgos que este hecho comporta.

En esa ponencia participamos, entre otros, el senador Bruguera y yo mismo, y por tanto, hemos ido a pescar citas y reflexiones de algunos de los comparecientes, como el profesor de la Universidad de Valencia, don Mariano Chóliz, por lo que me oirán repetir algún argumento y mencionar algunos datos que ya ha dicho el senador Bruguera.

En la citada ponencia diversos comparecientes manifestaron su temor respecto a los menores y el juego online, factor de riesgo de creciente preocupación; una actividad que en el Estado español, a pesar de estar regulada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, muestra una clara tendencia al alza. Lo decía el senador de la Entesa. En 2012 es la única modalidad de juego que sube, estimándose el gasto en ella en alrededor de 5 millones de euros, lo que casi duplica el gasto del año anterior.

El riesgo asociado al juego reside en su potencialidad para convertirse en adicción. Don Mariano Chóliz, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, explicó a la ponencia que la denominada ludopatía o juego patológico se considera un trastorno adictivo, categorizado por la Asociación Americana de Psiquiatría de drogodependencia, al haberse encontrado evidencias consistentes de que el juego activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, y que los síntomas clínicos de los trastornos provocados por el juego son similares a los que provocan las drogas.

Desde esta perspectiva, según el señor Chóliz, el juego online es ya la segunda modalidad de juego que provoca adicción, solo por detrás de las máquinas tragaperras, y esto es así porque presenta, como también explicaba el senador Bruguera, unas características que estructuralmente lo hacen muy peligroso: accesibilidad, se puede jugar desde los móviles; inmediatez del premio, y aprovechamiento de todos los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, por ejemplo, los bonus de bienvenida.

Suscitaban especial preocupación determinados comportamientos, y entre ellos el juego online, que resultan nocivos para los menores por cuanto pueden causarles un perjuicio físico, psíquico o moral, y también riesgos derivados de determinadas conductas en las que el menor tiene alguna participación, voluntaria o involuntaria, que pueden afectar a bienes jurídicos diversos, como la integridad física o psíquica del menor. La prevención y la respuesta eficaz frente al juego online constituyen, pues, un objetivo irrenunciable de los poderes públicos.

Decía el informe en el apartado de conclusiones que un nivel aceptable de seguridad de la red tiene que ver también con la protección de los menores en relación con el juego y la publicidad online. En el primero de estos ámbitos la acción de los poderes públicos debe profundizar por vía normativa en la protección de los menores desde el punto de vista de la incidencia de los distintos tipos de juego y la publicidad.

Frente a los riesgos asociados a la publicidad online, la autorregulación y la supervisión de los poderes públicos deben dirigirse a asegurar que las normas sobre publicidad en sitios web para niños permitan un nivel de protección comparable al de la publicidad en los servicios audiovisuales. Y se recomendaba en relación con la seguridad de la red respecto al juego y la publicidad online que el Gobierno asegurase la efectividad de la prohibición de la participación de los menores de edad en los juegos, objeto de la Ley 13/2011, y entre ellos el juego online, a través de mecanismos eficaces de verificación de la edad. Además, hay que desarrollar las previsiones de la ley para tener una buena protección de los menores, sobre todo desde el punto de vista de la publicidad de esta modalidad de juego.

En este sentido, la moción del PP apunta directamente a parte de estas reflexiones y recomendaciones de la ponencia que les comentaba en relación con el juego online, y ha sido francamente mejorada con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Nosotros, como grupo parlamentario, hemos hecho unas propuestas al Grupo Popular —y quiero agradecer el trabajo y la labor de consenso de la senadora Franco— en las que pedíamos que quedase claramente explicitado que todas las actuaciones del Gobierno español deberían limitarse a los juegos online de ámbito estatal, pues hay diversas comunidades que tienen competencias exclusivas en materia de juego. Estas peticiones han sido admitidas y, por ello, nuestro voto va a ser favorable a esta moción.

También quiero decirles que de aquí a un tiempo prudencial preguntaremos al Gobierno por el cumplimiento de esta moción y por si está siguiendo las recomendaciones de aquel informe de la Ponencia de redes sociales y menores, que supuso un trabajo ingente de un cierto número de senadores, que hicieron un magnífico trabajo durante un año y medio. Evidentemente preguntaremos si efectivamente se está haciendo ese seguimiento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palaba el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Buenos días. Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Franco su esfuerzo por llegar a un acuerdo en este tema tan demandado; demandado sobre todo por las propias asociaciones de enfermos rehabilitados de juegos de azar, demandado en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas, que fue importante, y reclamado en la propia Ley 13/2011, sobre la regulación del juego; una ley de reciente creación pero que aborda temas muy relevantes y que ya en su artículo 1 nos indica lo preocupado que estaba el legislador en aquel momento por la regulación del juego. Quiero recordar que planteaba en el artículo 1 que debía garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de menores y salvaguardar los derechos de los participantes. Es decir, el enfoque era amplio, variado, porque las repercusiones del juego son amplias y variadas también, y el esfuerzo para admitir algunas de las propuestas del Grupo Socialista y de otros grupos va encaminado a dar un enfoque más integral a la lucha contra los efectos nocivos del juego.

La actividad del juego, como digo, tiene repercusiones variadas y en los debates que se han ido produciendo en ocasiones se ha hablado del ámbito económico, incluso se ha dado mucha importancia a su relación con el Ministerio de Hacienda, porque es un generador de fuentes de riqueza. Sin embargo, el profesor investigador que ha estado en varias comisiones, Mariano Chóliz, planteaba algunos datos que nos deben hacer reflexionar. Decía que las empresas dedicadas al juego básicamente tienen su sede en paraísos fiscales —para empezar— y que su facturación está en torno a 5000 millones, con unos ingresos a las arcas públicas de 50 millones de euros. No hace falta hacer muchas reflexiones para ver que la tributación es baja en un elemento como el juego, que debería tener unas tributaciones mucho más altas; seguramente habrá alguna estrategia financiera que elimine la contribución a las arcas públicas de este sector económico.

La visión de la seguridad también preocupa a todos los sectores, tanto por lo que dice el artículo 1 sobre el orden público, como por lo que se refiere al blanqueo de capitales, una actividad que hay que regular porque también genera entrada de capitales de origen dudoso en muchas ocasiones.

Pero, sobre todo, lo que más nos preocupa en el debate de hoy es la clara vertiente que tiene sobre la salud pública, pues la adicción creciente al juego evidencia un problema de salud, de dependencia, lo que llaman una adicción sin sustancia, pero, en definitiva, una adicción, de la cual los enfermos difícilmente pueden salir en un momento determinado. La consecuencia social más grave es el incremento de la ludopatía, de la que aquí se han dado cifras escandalosas, que incluso obligarían a un debate más amplio. Cuando se habla de un millón de personas afectadas de una u otra manera, sin duda es un problema muy serio.

Las repercusiones se incrementan en momentos de crisis económica; los momentos que hemos vivido en los últimos años generan una fuga hacia adelante y gente con cierta debilidad emocional o de otro tipo puede entrar en el juego, y los sectores juveniles han entrado de manera muy creciente en el juego online. El prototipo de enfermo por ludopatía estaba entre los 40 y 45 años y en el juego online se sitúa entre los 20 y 25 años. Por lo tanto, entra en una población de riesgo que me parece preocupante.

No hace falta que incida en las consecuencias; las familiares son tremendas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, incluso en ocasiones con depresiones que pueden dar lugar hasta a suicidios. Por lo tanto, estamos ante una situación que creo que merece la pena abordar.

En cuanto a los menores, tenemos que conseguir que se verifique que no pueden colarse por la vía de internet, porque tiene que haber una verificación clara y unos métodos en el desarrollo reglamentario que impidan su acceso a este tipo de actividades.

La Estrategia de juego responsable me parece fundamental, pero hay que incorporar a las empresas del sector de una manera más decidida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social corporativa se tiene que dar en este sector; deben ser responsables activos de las políticas de riesgo que ocasiona la propia actividad económica y, por lo tanto, contribuir claramente en las políticas preventivas y en las que respondan a los efectos negativos que produce la actividad económica como tal. Hay que aplicar un principio de responsabilidad de la Administración y hay que priorizar el interés de la sociedad sobre los agentes económicos.

Hoy hemos planteado un avance que creo que es importante, y es el desarrollo de la actividad reglamentaria. En esta línea van el artículo 7 de la proposición de ley, sobre publicidad, patrocinio deportivo y promoción de actividades de juego, y el artículo 8, sobre la protección de los consumidores y políticas de juego responsable. En la política integral para el juego responsable, las empresas del sector, como he dicho antes, tienen que llevar a cabo las acciones preventivas de sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos negativos. Y la protección de los consumidores ha de enfocarse básicamente en la atención a los grupos de riesgo, promoviendo el riesgo moderado y prohibiendo a los menores y a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones el acceso al juego; medidas efectivas en esa dirección. Se ha incluido también la eliminación del mal uso de las técnicas de inducción, una orientación que en los diferentes debates de la comisión se llevó adelante, que tiene una variada oferta, muchas veces con trampa, como los premios, los puntos de fidelización, los bonos del póquer online, una serie de medidas activas para reducir de alguna manera el uso o la frecuencia del juego —hoy es ilimitado y conviene reducirlo—; las tarjetas inteligentes que permitan limitar el acceso a los juegos en la web, pero también los requisitos de verificación a los que antes me referí, los límites estrictos del gasto, la prohibición de cheques y préstamos o las medidas de autoexclusión. Es decir, hay un campo muy variado donde la Administración debe plantear la regulación.

En resumen —y no me quiero extender—, nos enfrentamos a una actividad económica que, aparte de la autorregulación que tenga, necesita de la intervención del conjunto de la sociedad, también la de aquellos profesionales e investigadores que han participado y están dando solución a los diferentes problemas; necesita de la participación de las asociaciones de enfermos, que están trabajando seriamente y ayudando a resolver este problema, y del conjunto de las administraciones: autonómicas, que tienen competencias por supuesto, locales y la Administración del Estado.

Creo que hoy damos un paso hacia adelante en esta dirección. Agradezco la iniciativa en ese sentido y espero que, tras las conclusiones de hoy, el desarrollo reglamentario aborde de verdad una regulación que haga compatible un juego responsable con la salud pública y los efectos sociales negativos que en estos momentos tiene el juego online.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente, tan solo para agradecer a todos los ponentes de los diferentes grupos su predisposición al diálogo para que hayamos podido llegar a un acuerdo en estos seis puntos de la moción que hoy hemos debatido y que vamos a aprobar. Yo creo que deberíamos sentirnos todos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho y del paso que va a dar hoy esta Cámara al aprobar esta moción.

Quería terminar comentándoles dos cuestiones. En primer lugar, me gustaría finalizar con un reconocimiento a los afectados por el juego que han conseguido salir de él y que hoy están trabajando en asociaciones de afectados aportando su experiencia para frenar los efectos devastadores que tiene la ludopatía sobre ellos y su entorno familiar. A este respecto, quería comentarles a sus señorías que a lo largo de la tarde de ayer recibí una llamada de teléfono del presidente de una asociación de afectados de Cataluña que había visto el contenido de la moción, y me llamó exclusivamente para felicitarme por haberla presentado. Quiero hacer extensiva a ustedes la gratitud que me manifestó, porque creo que es para todos.

En segundo lugar, quería concluir con otro reconocimiento a la labor que hacen los terapeutas de los distintos centros y asociaciones ayudando a la gente que tiene problemas con el juego a salir adelante y a recuperar su libertad. En este periodo de preparación de la moción he visitado en varias ocasiones el centro que tiene Proyecto Hombre en mi ciudad, Ponferrada. La última vez fue para decirles que se iba a debatir ya la moción y comunicarles su contenido. Solo les digo que la han colgado en el tablón de anuncios. Yo creo que eso expresa la gratitud que tanto afectados como terapeutas nos han mostrado por el contenido de esta moción que hoy vamos a aprobar.

Simplemente, quiero darles las gracias a todos y, por supuesto, pedirles el voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Señorías, efectivamente, como avanzaba el senador Bruguera, se ha presentado una propuesta de modificación a esta moción, que está firmada por todos los grupos menos el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, me dirijo a este grupo para ver si se puede aprobar por asentimiento esta propuesta o debemos llamar a votación.

¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Muchísimas gracias. Queda aprobada por asentimiento.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE IMPULSO DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. 662/000175 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de quince minutos, la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular presento esta moción ante la necesidad de impulsar el medio rural. Y lo hacemos con una clara dirección hacia la mujer, por considerar que su participación e implicación en el rural es esencial para su desarrollo y mantenimiento. Hablar del medio rural es complicado. Según la definición clásica del INE se considera rurales todos los municipios por debajo de 10 000 habitantes. Si nos atenemos a la metodología de la OCDE, una región predominantemente rural es en la que más del 50 % de su población vive en municipios rurales con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Y así podríamos seguir con otras muchas.

Esta dificultad aumenta si nos referimos a nuestro país, porque, dada su gran diversidad geográfica y sociocultural, la situación del medio rural es muy diferente. No es lo mismo hablar de zonas en las que los núcleos rurales o ayuntamientos están agrupados que de aquellas donde existe una enorme dispersión poblacional, como pasa en Galicia, concretamente en mi concello, como ejemplo de mi provincia de Ourense, donde 3000 habitantes están distribuidos en 62 núcleos de población. Pueden suponer ustedes que eso dificulta enormemente la dotación de servicios y el acceso a ellos por la dificultad enorme de contar con un transporte adecuado.

También son diferentes los municipios costeros de los del interior, y aquellos que tienen grandes extensiones para el cultivo de los que, como en nuestro caso, por su orografía y tradiciones, tienen una gran parcelación. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, o más bien con ellas, existen unas problemáticas comunes al medio rural. Por enumerar alguna: la despoblación por la evolución demográfica y el abandono, con pérdidas muy significativas en municipios pequeños de menos de 2000 habitantes, caso de Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón. Tampoco mejora la situación la baja natalidad ni la masculinización del medio rural, a excepción del caso de Asturias y Galicia, donde hay más mujeres por el aumento de la esperanza de vida, pero mayores, con lo cual no ayuda mucho al tema. También es así en el País Vasco donde hay mujeres en los municipios mayores de 5000 habitantes. El envejecimiento tampoco ayuda, con una tasa media de mayores de 65 años de un 31 % en todo el Estado español, mientras que en algunas comunidades autónomas se alcanza el 35 %; y todo ello unido a la falta de oportunidades y de ilusión para que los jóvenes hagan una clara apuesta por el mundo de sus progenitores. Este abandono de las zonas rurales ha sido más numeroso por parte de las mujeres y de los jóvenes que de los hombres, permaneciendo en el mundo rural los colectivos de mayor edad.

Ese es el motivo de esta moción, la necesidad de implicar a la mujer en el desarrollo rural, no como lo hicieron nuestras madres, sino con una apuesta renovada, moderna, en un marco diferente en el que la mujer tiene mucho que decir, porque ha sido una parte fundamental de conservación de ese mundo, preservando su sostenimiento y manteniendo sus valores y sus tradiciones.

En la historia de nuestras madres y abuelas la realidad laboral de las mujeres rurales raramente ha sido única y han tenido que compatibilizar varias actividades a la vez, coparticipando anónimamente en las explotaciones agrarias y ganaderas, criando animales para consumo familiar y venta, elaborando productos artesanales para el autoconsumo en el mercado local, trabajando en pequeños talleres, textil, zapatos, así como en pequeños negocios familiares, muchas veces en situación de economía sumergida. También en la industria mayorista local, generalmente en la alimentaria, como conserveras, etcétera, además de llevar a sus espaldas el cuidado de sus familias, niños, enfermos, ancianos y eso siempre con invisibilidad y escaso reconocimiento social, a excepción del familiar, y no en todos los casos.

Por eso, creo que en el siglo XXI es hora de realizar una apuesta decisiva por cambiar las cosas, de dar la batalla antes de que sea tarde y el medio rural quede definitivamente abandonado. Es hora de apostar, y creo que no nos equivocamos si lo hacemos por un claro apoyo a la mujer como factor principal para mantener ese mundo, mundo al que pertenece desde su inicio pero del que ahora es preciso que sea motor y cabeza visible, porque su implicación es decisiva para frenar lo que ahora se llama emigración ilustrada de mujeres y jóvenes preparados, que es la que se produce hacia el medio urbano ante la falta de oportunidades y de apoyo en el medio rural. La ausencia de mujeres jóvenes y maduras en los municipios de menor tamaño constituye la principal amenaza para la supervivencia del mundo rural. Las causas son multifactoriales, pero se debe sobre todo a la falta de actividad económica a su medida, a la lejanía de servicios y la dificultad de acudir a ellos, a las escasas posibilidades de ocio y de relaciones sociales y, cómo no, por considerar que sus hijos tienen más posibilidades de relacionarse y de educarse en municipios mayores y urbanos. Tanto es así que en las zonas donde la situación no es tan grave y se ha tomado alguna medida, el abandono femenino se ha reducido en la misma proporción.

En paliar esta situación están jugando un papel importante el mundo del asociacionismo rural y la mayor implicación de la mujer en la vida política. Las diversas asociaciones de todos los signos relacionadas con la mujer y el mundo rural constituyen una gran ayuda para frenar este abandono. Aunque es difícil medir su efectividad real, sí deben ser apoyadas, porque realizan importantes labores de comunicación, de mantenimiento de un nexo común, de información de las ayudas para el emprendimiento, de mejora de las actividades puestas en marcha y de aumento de la autoestima, al incrementar las relaciones sociales y el aprendizaje a través de talleres de formación, de nuevas habilidades e ideas para poner en marcha, facilitando, cómo no, el uso de las nuevas tecnologías, hoy decisivas en el desarrollo y en cualquier actividad de emprendimiento.

No tenemos una información concisa con diferencia de género de la participación de las mujeres en el desarrollo rural y, sin duda, es difícil de medir. En el año 1999 la empresa Saborá realizó una investigación sobre la respuesta de las mujeres a la creación de empresas en el marco de los programas de desarrollo local de las ayudas europeas y nuevos empleos. Las conclusiones fueron que la inversión de las mujeres se centró prácticamente en el mismo tipo de actividades en todas las zonas, siendo la respuesta mayor a las actividades más atractivas, como turismo rural y servicios, pequeño comercio o artesanía. Sin embargo, hay que añadir que, en general, la participación de mujeres de los grupos de acción local fue baja, y que la mayor parte hacía relación a mujeres concienciadas —concejalas, alcaldesas, presidentas de asociaciones—. Sí llama la atención que se encontró una mayor presencia en los equipos técnicos gestores, que fue decisiva para la mayor sensibilidad del grupo a los problemas específicos femeninos. En general, la inversión se hizo en las actividades que las mujeres conocen desde siempre y que les permitían compatibilizar su vida familiar.

Uno de los pilares más importantes del sector primario es el agroalimentario, puesto que en muchas ocasiones es el predominante y el que genera mayor demanda y oferta hacia los demás sectores, por tanto, la economía está muy ligada a este sector. El sector agroalimentario es clave para nuestro país, ya que representa aproximadamente el 8 % del PIB y es el segundo en importancia de nuestra economía tras el turismo, con una balanza comercial positiva que supera los 6000 millones de euros anuales. Las mujeres son, sin lugar a dudas, imprescindibles en el sistema agroalimentario, en el que desempeñan un trabajo importantísimo, ya sea en las explotaciones, de forma habitual o esporádica, o como apoyo fundamental para sacarlas adelante; en su industria, que da trabajo a un total de 135 000 mujeres, siendo esta la actividad industrial que emplea a mayor número de mujeres; en concreto, el 27 % de las trabajadores de la industria desarrolla su labor en empresas agroalimentarias. En Europa, alrededor del 42 % de los casi 27 millones de personas que trabajan regularmente en la agricultura son mujeres, mientras que en España las trabajadoras del campo solo suponen el 30 %. Entendiendo que el sector agroalimentario español es el gran motor socioeconómico del mundo rural, es ahí donde la mujer debe jugar un papel fundamental, convirtiéndose en pieza clave para la mejora del desarrollo económico, social y laboral del mundo rural, en definitiva, de su propia sociedad. En ese sentido, hay que apostar por facilitar la incorporación de la mujer a la actividad agroalimentaria, impulsando medidas ante las instituciones europeas en las que se tenga en cuenta que necesitan más apoyo. Además de ese sector, hay que desarrollar otras actividades empresariales que ayuden a la creación de empleo femenino y joven en el mundo rural, aumentando la formación, el acceso a las nuevas tecnologías y, en definitiva, todas las actividades que diversifiquen la oferta para facilitar un mayor asentamiento poblacional, como pueden ser empresas de servicios, de actividades de ocio, de turismo, casas rurales, restauración, y también un apoyo claro a la artesanía, a la puesta en valor del patrimonio inmaterial y a la profesionalización de los cuidados de mayores.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado la siguiente moción. He de aclarar que tenemos un texto en tramitación pendiente de la firma del Grupo Parlamentario Mixto. Por consiguiente, aunque voy a leer la moción tal y como fue presentada, si finalmente se incluyeran las cuatro firmas, se presentaría con dicha adición:

«El Senado insta al Gobierno a:

Impulsar campañas de apoyo al emprendimiento por las mujeres en el sector agroalimentario y de actividades complementarias a la actividad agraria, como pieza clave para la mejora del desarrollo rural de nuestros municipios.

Impulsar campañas de apoyo a las mujeres rurales en el emprendimiento para el desarrollo y valorización del patrimonio natural, histórico, del patrimonio inmaterial, como actividades de desarrollo económico del territorio.

Realizar estudios para profundizar en el conocimiento de la situación de las mujeres en el sector agroalimentario y en los sectores que puedan diversificar la economía del medio rural y del trabajo de las mujeres rurales.

Impulsar la incorporación real de la mujer en la industria agroalimentaria y avanzar en la concienciación de las mujeres para su acceso a los puestos directivos y de responsabilidad.»

Si se acepta la tramitación tal como ha sido presentada —teníamos ya tres firmas y faltaba la última— también se añadiría el punto de Convergència i Unió del respeto a las comunidades autónomas y a todos los programas y actividades que están llevando a cabo.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, otra del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Como decía la senadora Leyte, se está registrando una propuesta transaccional firmada por los grupos Popular, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Mixto. Por lo tanto, entiendo que la enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió decae al haber firmado esta transaccional. (El señor Plana Farran pide la palabra).

Senador Plana, tiene la palabra.

El señor PLANA FARRAN: De la enmienda que hemos presentado, señor presidente, una parte se ha recogido, pero no otra, la correspondiente al presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Tiene usted la palabra, para la defensa de esa parte.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En primer lloc, vull agrair la voluntat de la senadora Leyte d’arribar a un punt d’acord al respecte d’una moció que té la seva importància, perquè dóna una reconeixement i vol valorar la tasca feta per les dones que estan en l’entorn rural. I donar-li una visibilitat.

Comentar-li dues qüestions. Primer, jo crec que aquesta és una moció de remordiments de consciència. A què em refereixo? Doncs vostès, el Govern del PP, durant aquests anys de legislatura, no han fet res per la incorporació de la dona a l’àmbit rural, o han fet molt poca cosa. Avui tenim aquí, —amb tota la bona voluntat, i reitero senadora Leyte— venen aquí, fan una mena d’exercici de contrició, d’assumir que han fet poca cosa, a més a més torno a agrair-li que han reconegut la qüestió competencial.

Perquè parlem de plans de desenvolupament rural, desenvolupament rural i polítiques de dones de les quals tenim competència exclusiva les comunitats autònomes però falta una qüestió fonamental, que és la qüestió pressupostària.

Davant d’aquesta moció que vostès han presentat, que és genèrica, hauria de venir acompanyada de la qüestió pressupostària. I li comento dues qüestions respecte als pressupostos fets per la Generalitat de Catalunya i els que han presentat vostès. Per part de la Generalitat de Catalunya, del departament d’agricultura, ramaderia i alimentació, hi ha hagut un increment d’un 0,7 % a nivell pressupostari i s’ha intentat solucionar la reducció de cofinançament dels plans de desenvolupament dural per part de l’Estat, incrementant l’aportació que ha fet la Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè fins i tot ahir, en seu parlamentària, es va reconèixer que, en segons quins territoris, s’havien arribat a perdre fins i tot 80 milions d’euros. I una funció necessària que hauria de tenir l’administració de l’Estat i el ministeri d’Agricultura, que seria intentar col.locar els diners que no s’estan portant a terme en un territori, i poder-ho fer en territoris com a Catalunya, que s’ha arribat gairebé al cent per cent del desenvolupament dels plans de desenvolupament rural, doncs no ho fan. I ara el que volen és intentar —tot i que parlen de respectar les competències que tenim les comunitats autònomes— arremblar amb aquesta actuació que ve visualitzada i que es veu a partir dels plans de desenvolupament rural.

Li comento. El nou PDR. A Catalunya. Que parla d’unes actuacions concretes i, en concret, 54 actuacions del pla 2013-2015 de la incorporació de les dones a l’àmbit rural, actuacions de visibilitat, actuacions de participació en els òrgans rectors que, vostè ha dit, cooperatius, increment de participació en l’empreneduria femenina, en l’entorn rural, que és un element de fixació de població. Doncs, del nou PDR, la Generalitat de Catalunya, que s’ha arribat a 810 milions d’euros, el 50 % l’aporta la Generalitat de Catalunya, el 43 % són fons europeus i única i exclusivament el 7 % és el que aporta l’Estat espanyol. Vostès s’agafen a la possibilitat que els permet ara les noves directives europees d’establir un pla de desenvolupament rural estatal. Però, en el fons, el que estan dient, és que les comunitats autònomes, les administracions dels diferents territoris no estan fent la seva feina i vostès estan prioritzant alguns tipus d’inversions sense fer el que tenen l’obligació de fer, que és el cofinançament. I, reduint aquesta aportació, el que fan és que aquelles comunitats autònomes, aquells territoris que fins i tot patim dins dels comptes territorialitzats —expressió utilitzada pel ministre Montoro—, que patim uns dèficits estructurals impressionants, al damunt, perquè hi ha una iniciativa privada en el món rural, hem d’aportar més per no perdre fons europeus.

Doncs el que li demanaria és, primer, tingui en compte el que hem dit de les aportacions per la part que li pertoquen al Govern de l’Estat espanyol i, finalment, i torno a reiterar, l’agraïment de la voluntat de respectar l’ordre constitucional que hauria de ser un element continuat, sostingut i mantingut i no un element de bel·ligerància constant respecte a les competències.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Quiero agradecer la voluntad de la senadora Leyte de llegar a un punto de acuerdo en relación con una moción que tiene su importancia porque da reconocimiento, valor y visibilidad a la tarea realizada por las mujeres que están dentro del entorno rural.

Quiero comentar dos cuestiones. En primer lugar, esta es una moción de remordimientos de conciencia. ¿A qué me refiero? Ustedes, el Gobierno del Partido Popular durante estos años de legislatura no han hecho nada para incorporar a la mujer al ámbito rural, o han hecho muy poca cosa. Hoy vienen aquí —con toda la buena voluntad del mundo, y lo reitero, senadora Leyte— y hacen una especie de ejercicio de contrición de asumir que han hecho poca cosa. Además, vuelvo a agradecer que hayan reconocido la cuestión competencial.

En segundo lugar, hablamos de planes de desarrollo rural y de políticas de mujeres, cuestiones sobre las que tienen competencia exclusiva las comunidades autónomas, pero falta un elemento fundamental, y es la cuestión presupuestaria.

En esta moción que ustedes han presentado, que es genérica, debería estar la cuestión presupuestaria y le comento dos cosas en relación con los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, en este caso los que han presentado ustedes. Por parte de la Generalitat de Cataluña, del departamento en este caso de agricultura, ganadería y alimentación, ha habido un incremento de un 0,7 % a nivel presupuestario, y se ha intentado solucionar la reducción de cofinanciación de los planes de desarrollo rural del Estado incrementando la aportación de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Porque —incluso ayer en sede parlamentaria se reconoció— en algunos territorios se han llegado a perder hasta 80 millones de euros. Una función necesaria, y que debería realizar la Administración del Estado y el ministerio de Agricultura, es colocar el dinero que no se utiliza en un territorio en otros territorios. En Cataluña se ha llegado ya casi al 100 % en el desarrollo de los planes de desarrollo rural, y no lo hacen, y ahora lo que quieren es —aunque dicen respetar las competencias de las comunidades autónomas— arramblar de alguna manera con esta actuación que está visualizada en los planes de desarrollo rural.

Le comento que el nuevo PDR en Cataluña se refiere a unas actuaciones concretas: 54 actuaciones del Plan 2013-2015 sobre la incorporación de la mujer al ámbito rural, actuaciones de visibilidad, actuaciones de participación en los órganos rectores cooperativos que usted ha mencionado e incremento de participación en la emprendeduría femenina en el entorno rural, que es un elemento de fijación de población. En el nuevo PDR de Cataluña, que ha llegado a 810 millones de euros, el 50 % lo aporta la Generalidad de Cataluña, el 43 % son fondos europeos, y el Estado español aporta única y exclusivamente el 7 %. Ustedes se acogen a la posibilidad, que ahora les permiten las nuevas directivas europeas, de establecer un Plan de desarrollo rural estatal, pero en el fondo lo que están diciendo es que en las comunidades autónomas las administraciones de los distintos territorios no están haciendo su trabajo y, por lo tanto, ustedes están priorizando algunos tipos de inversiones sin acudir a aquello que es su obligación que es la cofinanciación. Con esta aportación lo que hacen es que aquellas comunidades autónomas o aquellos territorios que incluso dentro de las cuentas territorializadas —expresión utilizada por el ministro Montoro— sufrimos unos déficits estructurales impresionantes, encima, porque existe una iniciativa privada del mundo rural, tenemos que aportar más para no perder fondos europeos.

Por tanto, le pediría, primero, que tenga en cuenta lo que hemos dicho sobre las aportaciones, por la parte que le toca al Gobierno del Estado español. Y finalmente, y vuelvo a repetir, le agradezco la voluntad de respetar el orden constitucional, que tendría que ser un elemento continuado, sostenido y mantenido, y no de beligerancia constante respecto a las competencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros hemos escuchado el discurso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y la verdad es que en la parte discursiva no tenemos nada en contra, coincidimos absolutamente con el diagnóstico, la importancia y la trascendencia de la mujer en el mundo rural. Es evidente que sin la mujer no hay mundo, ni mundo rural, es así de claro. Y en este momento el diagnóstico es absolutamente pesimista y negativo: la despoblación avanza en el mundo rural, las constantes son más que evidentes y se necesita una reacción contundente para llevar a cabo políticas capaces de dar la vuelta y cambiar estas inercias.

Por tanto, desde esta perspectiva nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución, porque consideramos que en este momento utilizar el término estudiar, utilizar el término impulsar acciones absolutamente genéricas que no concretan políticas que sean capaces de incidir en los problemas no nos va a llevar a ninguna parte, y haremos de nuevo un brindis al sol que no tendrá ninguna consecuencia. Se trata de un enmienda de sustitución que básicamente plantea exigir al Gobierno el cumplimiento de las leyes que ya existen y que mandatan con mucha claridad las acciones que deben llevarse a cabo para cambiar la situación de discriminación que sufre la mujer, y muy especialmente en el mundo rural. El primer punto de la enmienda aborda la Ley orgánica 3/2007, referida precisamente a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres en el sector agrario, que nos parece absolutamente esencial.

También se deben crear las condiciones óptimas para garantizar la competitividad de las explotaciones agrarias. Ayer le preguntábamos a la señora ministra qué piensa hacer para corregir la caída de la renta agraria en un 7,1 %. La respuesta ya la conocen ustedes. No parece que haya en perspectiva nada que sea contundente, nada que sea capaz de abordar los graves problemas que nos han llevado a esta situación. Deberíamos hablar de la fiscalidad de estas empresas que impulsan y dan alternativa a las mujeres en el campo, pero tampoco lo hacen.

Y nos referimos también a la necesidad de hacer una revisión crítica con las comunidades autónomas de todas aquellas cuestiones que de una u otra manera inciden de forma negativa en el mundo rural y que ustedes saben que tienen mucho que ver y muy directamente con la calidad de vida de las mujeres. Estamos hablando de cuestiones relacionadas con la Ley de la dependencia, con el transporte escolar, con todo aquello que hace que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral, y que no queden absolutamente sujetas a cubrir las deficiencias que la Administración no cumple —digámoslo así—, y que por tanto lo cumple al mandato de las leyes que le exigen cubrir con estos servicios, la mayoría de las veces de carácter social. Esta cuestión que tiene que ver con los recortes de servicios sociales es absolutamente esencial.

Pedimos también un apoyo a las cooperativas de ayuda social y a las organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan y ayudan a las mujeres para conseguir estos espacios de igualdad, además del complimiento del Real Decreto 200/2012, que tiene dos artículos, el 2 y el 3g), que son muy contundentes en la promoción de políticas contra la discriminación laboral y el desempleo femenino.

Por último, pedimos impulsar una ley que a nosotros nos parece esencial y que ha tenido un recorrido nefasto, la Ley de titularidad compartida, que ustedes conocen bien y que iba precisamente dirigida a hacer posible que la mujer compartiera la titularidad de las explotaciones agrarias, y fíjense que esa ley, que fue aprobada el 4 de octubre de 2011, solo ha conseguido gestionar 100 titularidades compartidas porque la ley es un laberinto absolutamente imposible para la mayoría de las mujeres que han intentado superar este trámite. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia)

Por tanto, ciertamente, nos parece que esta moción debería cambiar sustancialmente la parte dispositiva, y por ello presentamos esta enmienda, que esperamos consiga su apoyo para poder dar el voto favorable a la moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular que aquí debatimos, una enmienda de modificación que tiene cuatro puntos que, a nuestro entender, no cambian el fondo de la cuestión planteada que, en todo caso, es muy genérica, sino que, evidentemente, tienen la finalidad de mejorar la moción, concretando las cuestiones a debate y presentando propuestas específicas de actuación del Gobierno en el ámbito de la mujer y del medio rural. Consideramos que dicha enmienda no solamente enriquece el texto, sino que va mucho más allá, centra las cuestiones específicas de la mujer en el medio rural, que son, además, reiteradamente demandadas por diferentes colectivos que trabajan precisamente en este ámbito. Señorías, son los problemas reales de la mujer, y de la mujer en el medio rural, los que de verdad interesan y los que merecen, sin lugar a dudas, nuestra atención y nuestro trabajo, como merecen también la atención y el trabajo del Gobierno de nuestro país.

En el primer punto simplemente modificamos una cuestión que nos parece más bien un error y que hemos incluido en esta enmienda, y es que entendemos que la concienciación necesaria para que las mujeres puedan y deban tener un mayor acceso a los puestos directivos y de responsabilidad no debe circunscribirse únicamente a la concienciación de la mujer, como figura en la moción original del Grupo Parlamentario Popular. Es imprescindible la concienciación de toda la sociedad para conseguir eliminar las trabas y los condicionantes que existen para erradicar definitivamente ese techo de cristal que tiene la mujer a la hora de ostentar diferentes puestos directivos y de responsabilidad.

El segundo punto de nuestra enmienda propone la adición de un nuevo punto con este tenor: «Dotar de partida presupuestaria suficiente para la puesta en marcha de políticas activas de empleo y formación para la mujer en el medio rural, contempladas en la normativa ya vigente.» Es muy importante para el Grupo Socialista centrar la cuestión en aquellos instrumentos legales de los que ya nos hemos dotado, como es la propia Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, prestando atención a cuestiones tan importantes como las que se debaten hoy en esta Cámara.

Esta ley establece que la adopción del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la atención social prioritaria a diversos grupos de población responde a la consideración de fomentar el desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente en lo que se refiere a las mujeres y a los hombres.

El tercer punto de nuestra enmienda propone, como ha comentado anteriormente el senador Boya, desarrollar la Ley 35/2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que, sin lugar a dudas, contempla subvenciones y ayudas específicas de carácter prioritario para este tipo de explotaciones; así como campañas de difusión y sensibilización para promover la titularidad compartida. Esta ley otorga carta de naturaleza legal, señorías, a esa corresponsabilidad compartida de la mujer y permite su reconocimiento como titular de las explotaciones agrarias y, a través de este, su adecuada participación en los derechos y obligaciones derivados de la gestión de explotaciones agrarias, siempre en condiciones de igualdad.

Por último, el cuarto punto de nuestra enmienda solicita reducir de manera inmediata, de acuerdo con el firme compromiso de la ministra de Empleo y Seguridad Social en sede parlamentaria, las peonadas necesarias para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de los y las trabajadoras del campo, en la medida en que son las mujeres del ámbito rural las principales beneficiarias de esta medida.

Señorías, nuestra intención como grupo parlamentario al presentar esta enmienda no ha sido otra que proponer medidas concretas y efectivas a problemas concretos y reales que, sin lugar a dudas, pueden mejorar la vida del medio rural de nuestro país, en concreto, la vida laboral y familiar de la mujer en este medio.

Espero y deseo que dicha enmienda tenga la consideración de sus señorías y pueda ser incorporada al texto de la moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Toledo.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que han firmado la propuesta de modificación para permitir la tramitación de nuestra moción, aunque no estuviesen plenamente de acuerdo con el texto, como bien ha manifestado el portavoz de CiU, y veremos si en lo que queda de exposición logramos también su apoyo. Por tanto, gracias a Convergència i Unió, al Partido Nacionalista Vasco y a UPN, del Grupo Mixto.

En cuanto a lo manifestado por el senador de CiU al defender su enmienda, he de decir que hemos aceptado la cuestión del respeto a las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, y es lógico que así sea debido a la composición de nuestro Estado. El asunto económico al que hace referencia está más que explicado por la situación con la que se encontró este Gobierno cuando llegó al poder, de enorme crisis económica y al borde del abismo y del rescate, lo cual impidió que muchos programas se pudieran poner en marcha. Creo que la negociación de los fondos Feader y de la última PAC ha sido un gran trabajo por parte de nuestro Ministerio de Agricultura, que estoy segura de que en estos momentos está muy interesado y preocupado por lo que está ocurriendo en el mundo rural; me consta que va a haber fondos y que el Gobierno seguirá colaborando con las comunidades autónomas para su cofinanciación y para que, efectivamente, se puedan a llevar a cabo esas acciones.

Al señor Boya le agradezco mucho que no tenga nada en contra de la parte discursiva de la moción, también su tono y amabilidad. Desde luego el diagnóstico es pesimista, lo sabemos, y por eso mismo se intenta cambiar la situación.

Hoy mismo salía en los medios que concretamente la Xunta de Galicia, con un Gobierno Popular, está potenciando el desarrollo profesional de las mujeres en el VI Plan gallego para la igualdad, y Galicia está entre las cinco comunidades autónomas con mayor número de mujeres empresarias. Creo que eso es algo a destacar y que ocurre también en otras muchas partes, como en Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde poco a poco a las mujeres se les está dando la importancia que tienen.

En cuanto al senador socialista, entiendo que no ha habido ningún interés en querer llegar a un acuerdo. En primer lugar, no se avinieron a firmar la posibilidad de una enmienda para que pudiera ser tramitada, lo que no significaba ni siquiera estar de acuerdo; presentan una enmienda de modificación sin ningún interés en llegar a consensos; dicen lo de la titularidad compartida, pero concretamente Andalucía, donde gobiernan, es una de las comunidades donde menos se han esforzado por colaborar con la Administración del Estado para poner en marcha la titularidad compartida. En cuanto a las peonadas, hay un compromiso serio de la ministra, dadas las condiciones, de rebajarlas, y usted lo sabe, y eso no tiene nada que ver con la moción que se presenta hoy aquí.

Y no quiero ir al tú más, pero ustedes han gobernado este país durante veintitrés años, mientras que el Partido Popular lo ha hecho durante once y pico. Creo que son corresponsables de la situación del mundo rural, y, sin embargo, precisamente en el momento de mayor crisis presentan esta enmienda de modificación y estas exigencias presupuestarias. Me parece que aunque todos tendríamos que entonar el mea culpa, con más motivo los que han gobernado durante más tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Señora Leyte, entiende la Presidencia que ninguna de las dos enmiendas son aceptadas. (Asentimiento). Gracias.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on guztioi.

Datuak kopuruak besterik ez badira ere, zalantzarik gabe, errealitate baten islada direla ezin dugu ukatu. Errealitate hau, kasu honetan, datu hauen errealitate honen atzean pertsonak ditugu, eta, pertsona hauen egoera isladatzen duen heinean, garrantzi handikoa da. Orain arte beste senatarien hitzetan Espainiako datuak aipatu badira ere, gure kasuan Euskadiko datuak aipatuko ditut. Eskuragarri dauden azken datuen arabera, nekazaritza-ustiategien titularrak diren emakumeak % 32 baino gutxiago dira, eta gizonak, berriz, % 68. Baina, 1999ko datuekin alderatuta, emakumeen proportzio horrek nabarmen egin du gora, orduan % 24ra ez baitzen iristen.

Gazte baserritarren egoerari dagokionez, oraindik ere sexuen arteko desberdintasunak gertatzen dira, gazteen esku dauden ustiategietan emakume titularren proportzioa gizon titularrena baino askoz txikiagoa baita. Lehenago nioen: datu hauek errealitate baten punta bat besterik ez badira ere, oso adierazgarriak dira. Beharrezkoa da, beraz, neurriak hartzea emakume eta gizon gazteen benetako berdintasuna bultzatzeko eta emakume gazteek lan-aukerak izan ditzaten, hala nahi izanez gero nekazal inguruneetan jarraitu ahal izateko eta belaunaldi arteko erreleboa lortu ahal izateko. Nekazaritzako erroldaren arabera, kontratatutako emakumeen proportzioa % 21ekoa zen, eta urte horretan bertan gazte baserritarrei buruz egindako azterlan baten arabera, berriz, sektorean hasitako 3.400 gazteetatik 2.700 gizonezkoak ziren, eta soilik 720 emakumezkoak. Senatari jaun-andreok, datu guzti horien aurrean, zer?

Bada, datu guzti horien aurrean, gaur egun debatitzera dakarkigun mozioa, Alderdi Popularrak dakarkigun mozio honek dioenarekin noski bat gatozela, ezin baitugu aurka egon, baina, hau esanda ere, zer edo zer aipatuko nuke. Aurretik esan bada ere oso generikoa zela, gure ustez, zehaztapen gutxikoa da gaur dugun mozioa; horren ostean, konpromezu gutxikoa. Eta datu horiek guztiak egoera zaila aipatzen baziguten ere, egoera zail horren aurrean, hitz borobilak, aditz zehaztugabekoak (bultzatu, babestu) eta inolaz ere neurriak zehazten ez duena. Beraz, noski egon gaitezkeela ados proposatzen denarekin. Zein ez da egongo ados bultzatzearekin edota babestearekin? Baina haratago joan behar dela uste dugu.

Ezinbestekoa da emakume nekazarien eskubideak eta eskubide horiek bermatzeko herri-administrazioek dituzten betebeharrak zehazten dituzten neurriak hartzea; hortaz, nekazaritzaren sektoreen emakumeek eta gizonek tratu eta eskubide berberak izatea lortzeko behar diren neurriak eta genero-ikuspegia sektorearen arlo guztietan sartzekoak, emakumeen eta gizonen baldintzak eta beharrak ezberdinak izakitzen dituztenak; emakume nekazarien lanbidea onartu eta gizarteko balioespena izateko egiten ari diren borrokan eta haien eskubide profesional, sozial eta fiskalak benetan gauzatzea laguntzen dutenak; garatuko diren politiketan genero-ikuspegia lehentasun bezala txertatzea bilatzen dutenak. Eta, hemen, emakumearen berdintasunaren arloan jorratu beharko liratekeen neurriak aipatzen ditugunean, azpimarratu nahiko nuke emakume nekazarien politikari buruz aipatzen ditugun guztiak itsasoko emakumeei egokitu daitezkeela ere bai. Honetan gure taldeak jorratu ditu hainbat iniziatibak; saregile, neskatila eta enpakadoreei buruz egindakoak, adibidez.

Egoera honelakoa da, jaun-andreak. Lehen aipatzen nuen: ustiategien titularrak diren emakumeen proportzioa handitu bada ere, proportzioa desorekatua da oraindik. Ustiategien titularrak diren emakumeen proportzioa ez dator bat emakumeek benetan egiten duten lanarekin. Izan ere, askotan, lan horiek guztiz ikusezinak dira. Eta puntu hau uste dut oso garrantzitsua dela; hain zuzen ere, isladatzen digulako emakume hauek duten egoera.

Nekazaritzaren arloko erabaki-organoetan emakumeek duten parte-hartzea gizonena baino askoz txikiagoa da, beste arloetan gertatzen zaigun modura, eta, jardueraren neurri ekonomikoa zenbat eta handiagoa izan, emakumeek hartzen dituzten erabakien ehunekoa txikiagotu egiten da. Emakumeen eta gizonen osasunaren gaineko faktore bereizgarriak aintzat hartu behar dira, eta neurriak jarri emakumeen osasuna bermatze aldera.

Senatari jaun andreok, nire taldeak, benetan, esandako guztiarengan sinesten du, baita Eusko Jaurlaritzak ere, eta, horren adibide gisa, aipatuko dut emakume nekazarien estatutuaren lege-proiektua onartu eta Legebiltzarrera igorri zuela iazko azaroan. Landa-inguruneko emakumeen errekonozimendurako oso urrats garrantzitsua izateaz gain, lege honek emakume nekazariak ikusgai egiten ditu, lehen sektoreko profesional gisa.

Estatutu honek dituen ezaugarriak aipatu gabe, bakarrik ekartzea nahi nuen, hain zuzen ere, nolabait argudiatzeko esaten nuen guztiarekin bat gatozela, baina zehaztapenetan, eta ez bakarrik hitz borobiletan edo aditz hain esanguratsuak baina ez-zehaztuak direnak.

Eta, hau guztia esanda, eta lehengo estatutuaren adibidearekin, ildo horretatik jarraituz, inolaz ere ezin genuen onartu edo ados egon hasiera batean Alderdi Popularrak proposatzen zuen mozioarekin, ez bazen ere erkidego autonomoek dituzten eskumenak errespetatzen. Sinatu dugun transakzional horretan, CiUkoek aurkezten zuen emendakinaren zati bat onartu denez, hor aipatzen zuena erkidego autonomoek zituzten eskumenak errespetatzen zirela, zalantzarik gabe, bat gatoz horrekin. Pla senatariak aipatu duen modura, iruditzen zaigu, behin eta berriro erreklamatzen edo errebindikatzen egon beharrean, dagoeneko ontzat eman beharko lirateke, dagoeneko onartuak daudelako, ez badira gero errespetatzen ere.

Eta hori guztiarekin bai sinatu dugula, berriz azpimarratuz Leyte senatariak izan duen jarrera baikorra izanik. Aurretik aipatu izan dugu kontsentsuetara iristeko gaitasuna adierazi behar dugula, eta horretan azaldu dugu gure baiezkoa sinatzerakoan, baina iruditzen zaigu ez dela nahikoa. Iruditzen zaigu jarrera baikorra dela, adostasunetara iristeko jarrera baikorra dela, baina edukia edo adostasun horretan zertara iristen garen garrantzia dauka. Eta, honetan ere, berriz aipatuko nuke: zalantzarik gabe, mozio honek borondatea dauka, baina borondatea errealitatera iristeko beste urrats bat behar du. Kasu honetan, konpromezua benetan aurrera eramateko, aurrekontu bat behar du izan, edota benetan proposamenean aipatzen diren aditzak neurri zehatzak iristeko ez dira nahikoak, gure taldearen iritziz.

Beraz, sartu gabe edo balorazioa egin gabe zein izan den Alderdi Popularra mozio hau aurkezterakoan izan duen borondatea, betetzearena, kupoa betetzearena edo benetan, eta utz dezagun, sinesten dutelako horretan, iruditzen zaigu benetan lortzeko, behar den helburua lortzeko adina ez dela azaltzen mozio honetan, ez dela nahikoa. Zalantzarik gabe, hasiera batean aipatu dudan modura, ezin dugu aurka egon, bestela ez lukeelako zentzurik izango guk gure kasuan Euskadin eman ditugun urratsak aurrera, bat gatozelako, bultzatu behar delako, babestu behar delako, goraipatu egin behar delako, egoera ez delako egokia, baina ez da nahikoa, eta horrekin bai ez dugu emango. Gure taldea abstenitu egingo da.

Mila esker.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Si bien los datos no son más que cifras, sin duda no podemos negar que reflejan una realidad. En este caso, detrás de estos datos están las personas, y en la medida en que reflejan la situación de estas personas resultan muy importantes. Si bien se han mencionado datos referentes a España, ahora vamos a dar datos referentes a Euskadi. Según los últimos datos disponibles, y hablando de porcentajes, las mujeres titulares de explotaciones agroganaderas están por debajo del 32 % y los hombres alrededor del 68 %. Esta proporción de mujeres ha aumentado considerablemente en los últimos años, pues antes era del 24 %.

En cuanto a los jóvenes agroganaderos, todavía hay grandes diferencias entre sexos. La proporción de mujeres titulares de explotaciones es mucho menor que la de los hombres. Estos datos no son sino la punta de una realidad, pero son muy significativos. Es necesario adoptar medidas que fomenten la verdadera igualdad entre las mujeres y los hombres jóvenes, así como para que las mujeres tengan oportunidades de empleo, de forma que si así lo quieren puedan seguir en el entorno rural y puedan garantizar el relevo generacional. La proporción de mujeres contratadas era del 21 %. Y según un estudio realizado sobre jóvenes agroganaderos, de 3400 personas que se habían iniciado en el sector, solo 720 eran mujeres. Señorías, ante todos estos datos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir?

En cuanto a la moción que hoy trae a debate el Grupo Parlamentario Popular, no podemos estar en contra. Sin embargo, me gustaría hacer una matización. En nuestra opinión se trata de una moción genérica, es decir, con un nivel de compromiso pequeño, y si bien estos datos nos muestran una realidad difícil, esta moción recoge una serie de verbos indeterminados y no establece medidas concretas como, por ejemplo, fomentar o impulsar. Por supuesto que estamos de acuerdo con la moción, pero creemos que debemos ir más allá.

Resulta imprescindible que los derechos de las mujeres rurales sean garantizados a través de medidas que adopten las administraciones. Así alcanzaremos la igualdad de trato y de oportunidades e incorporaremos la perspectiva de género al sector. Hay que admitir y reconocer la lucha de las mujeres del mundo rural, a través de medidas verdaderas que busquen la incorporación de la perspectiva de género. Y me gustaría subrayar que estas medidas también podríamos adecuarlas a las mujeres del sector del mar. Nuestro grupo parlamentario ha desarrollado diferentes iniciativas en este campo, por ejemplo, en relación con las rederas o empacadoras.

La situación es difícil. Si bien la proporción de mujeres titulares ha aumentado, sigue siendo desequilibrada. La proporción de mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo que realizan, ya que muchas veces este no es visible, lo que me parece un punto muy importante porque ese trabajo es el que precisamente refleja la situación de estas mujeres.

En cuanto a la participación de las mujeres en los órganos de decisión del sector, esta es mucho menor que la de los hombres, y ocurre lo mismo en otros sectores; cuanto mayor es la actividad económica, menor es la proporción de decisiones que adoptan las mujeres. Debemos considerar los factores diferenciales sobre la salud de las mujeres y de los hombres y adoptar medidas para garantizar la salud de las mujeres.

Mi grupo parlamentario y el Gobierno vasco creen en todo lo que acabo de decir, y como ejemplo de ello me gustaría referirme al Estatuto de las mujeres campesinas tramitado y aprobada por el Gobierno vasco. Además de significar un paso muy importante, este estatuto hace visibles a las mujeres como profesionales del primer sector. No entro a detallar las características de nuestro estatuto, pero lo menciono para argumentar todo lo que he dicho.

Dicho todo esto, y siguiendo el hilo del estatuto, en ningún caso podríamos aprobar la moción propuesta por el Grupo Popular si no respetara las competencias de las comunidades autónomas. Pero en la transaccional que hemos firmado se incluye un punto de la enmienda de CiU referente al respeto a las competencias de las comunidades. Sin duda nos sumamos a ese punto, porque, tal como ha reivindicado el senador Plana, debemos respetarlas.

Hemos firmado la transaccional, y agradecemos la actitud positiva de la senadora Leyte, pero no nos parece suficiente. La actitud es —repito—



positiva para alcanzar consensos, pero el contenido también tiene su relevancia. Y en este punto me gustaría volver a decir que esta moción tiene voluntad, pero debemos dar un paso más para pasar de la voluntad a la realidad; en este caso, destinar un presupuesto y concretar los verbos que se mencionan en la moción, pues no son suficientes para adoptar medidas concretas.

Sin entrar a valorar la voluntad del Grupo Popular a la hora de presentar esta moción, si se limita a cumplir el cupo o realmente cree en ello, consideramos —insisto— que no es suficiente. Tal como decía al principio, no podemos estar en contra porque en ese caso no tendría sentido lo que hemos hecho en Euskadi; es decir, se corresponde con lo que hemos hecho en Euskadi, pero —lo repito una vez más— no es suficiente. Por tanto, nuestro grupo se abstendrá.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señora Leyte, lo cierto es que subo a la tribuna con un cierto desasosiego. Hay una parte de la moción que no comparto en absoluto, más allá de lo que he comentado respecto de la parte dispositiva. Creo que el enfoque que ustedes dan a esta moción parte de un error fundamental, y hay un párrafo que lo define, en el que se dice que las mujeres son una mano de obra numerosa e imprescindible. Pienso que ahí radica buena parte del problema. Y la entiendo perfectamente; sé que hay que leer eso en su contexto, pero considero que es una definición desafortunada, porque, ciertamente, la mujer es muchísimas cosas más en el mundo rural. Ya lo ha dicho usted, y yo lo corroboro: sin mujeres no hay mundo rural. Las mujeres son madres, son emprendedoras, son imprescindibles, efectivamente, en el mundo rural. Por tanto, creo que ahí radica en buena medida la necesidad de empezar a pensar en políticas no solo para la mujer, sino para el mundo rural, que sean efectivas y con las que la mujer tenga un papel absolutamente principal, porque, ciertamente, lo que estamos viendo en el mundo rural es que donde hay algunas iniciativas, donde realmente están sucediendo cosas positivas, la protagonista principal es la mujer.

Con esta perspectiva, debemos ser sensibles en la utilización del lenguaje y más contundentes en nuestra autoexigencia para plantear en este momento soluciones a problemas concretos, pero soluciones definitivas. Ya se ha dicho desde esta tribuna. Eso ¿qué requiere? Requiere unas políticas concretas, precisas y transversales que sean capaces de integrar el conjunto de los problemas que tiene en este momento el mundo rural y darles solución con presupuestos que estén a la altura de esas necesidades. Y en este momento esa conjunción no se da. Hacemos políticas parciales, como en el caso de esta moción, que, como ya se ha dicho, es genérica, es una moción que plantea voluntades pero que no concreta, que no precisa las acciones que en este momento son absolutamente imprescindibles. Creo que ustedes han abusado de eso en esta legislatura: han abusado del impulsar, del estudiar… Pero tras esa voluntad siempre les ha faltado concreción.

La verdad es que no he tenido oportunidad de ver la transaccional que ustedes han pactado. Nuestra posición es muy crítica y al tiempo quiere ser muy constructiva. Ustedes saben de nuestra preocupación por todo lo que tiene que ver con el mundo rural y con las zonas de montaña. Durante estos días hemos visto en una ponencia y en una comisión de estudio cuál es la situación rural de nuestro país, la desertización galopante que en este momento tiene España. Realmente se necesitan acciones contundentes. Este país necesita reaccionar ante un éxodo que tiene una dimensión absolutamente catastrófica en el interior y en muchas zonas del país, que se están quedando sin gente y que van a ser muy difíciles de gestionar si no hay —insisto— una reacción clara y contundente.

Usted dice lo del retrovisor, pero en este país en 2007 —por fin— hubo una ley que tenía como objetivo atender las necesidades del mundo rural. Ustedes dijeron que esa ley no valía. Bien, era su opinión, pero no han puesto ningún otro instrumento encima de la mesa para dar alternativas al mundo rural y las zonas de montaña. No han puesto ningún otro instrumento para cumplir con esa obligación, que estamos subrayando en este debate.

Creo que este es el grave problema: una cosa es lo que se dice y otra, lo que se hace. Hemos hecho la negociación de la PAC, y algunas asociaciones de mujeres rurales les pidieron con mucha insistencia que en el programa de desarrollo rural hubiera algún programa específico para la mujer en el mundo rural, que ayudara a la mujer en el mundo rural. Y se han negado absolutamente. Creo, por tanto, que tenemos que pasar del discurso a la acción y dar muestras de voluntad para que las cosas cambien. Y por eso vamos a votar en contra de esta moción, porque en este momento eso no está sucediendo.

Señorías, esta es una cuestión que debe llevarnos a la reflexión en general y no solo sobre el mundo rural. Ayer leíamos una noticia, en la que la UGT explicaba que las mujeres perciben un 24 % menos de salario que los hombres. Sabemos lo que eso significa en clave de jubilación, etcétera. Desde esa perspectiva, creo que los estamentos políticos y las instituciones deben hacer una reflexión en profundidad sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad y, como se ha dicho aquí, sobre el papel absolutamente imprescindible de la mujer en el mundo rural. Los que son de pueblo, como yo, lo podrán afirmar con la misma rotundidad, porque saben del papel indispensable que está jugando en nuestras sociedades rurales.

Por tanto, señorías, lo que debemos hacer es cumplir la Ley de igualdad, que ya tenemos y es muy categórica en esta cuestión. Y también hacer cumplir la Ley de titularidad compartida. Señora Leyte, no sirve hablar de qué sucede en un lugar o en otro, hay que encontrar soluciones para que esta ley dé la posibilidad de que las mujeres accedan realmente a la titularidad de la tierra. Y hay una cosa que me parece esencial y de la que creo que hablamos poco: la mujer es la que sufre cada vez que hay un recorte en un servicio social. Lo he dicho antes y lo reitero, porque el tema de la dependencia está afectando en el mundo rural de forma lacerante a las mujeres; les está quitando oportunidades y además la posibilidad de tener una vida digna. Eso sucede en muchos casos y es de una gravedad absoluta. Por tanto, yo les pediría que cada vez que haya un recorte recuerden que quien paga el recorte es la mujer.

Por último —también se ha hablado poco de ello—, creo que que hay un problema desde el punto de vista del emprendimiento y de las dificultades que tienen las empresas en el mundo rural para salir adelante, muy especialmente en el tema del crédito. Hemos visto que este último año se ha reducido un 24 % el acceso al crédito de estas empresas. Como ustedes saben, es muy difícil emprender si no hay crédito, y las mujeres, por mucho que quieran, no pueden hacerlo. Pero, además, este país tiene una dificultad inmensa a la hora de poder emprender, como también saben. Hemos tenido un debate sobre las queserías y el mundo artesanal, una competencia, es cierto, en muchos casos de las comunidades autónomas, pero pienso que esa reflexión debe ser compartida para facilitar el camino del emprendimiento y hacer que realmente podamos ver un mundo rural vivo, donde quien quiera pueda emprender porque tenga facilidades, porque tenga ayudas, porque tenga una fiscalidad que en este momento debe discriminar forzosamente al mundo rural del mundo urbano. Y es que ¿cómo podemos pretender que pague lo mismo un pequeño negocio o una pequeña empresa de un pueblo de 500 habitantes, que está haciendo prácticamente un servicio social, que aquella que está en un área periurbana y realmente tiene unas posibilidades infinitamente mayores?

Eso sería proteger el mundo rural. Por tanto, señorías, creo que debemos salir de la vacuidad del discurso para tomar medidas, medidas realistas que sean capaces de cambiar esa realidad. No podemos seguir mirando hacia otra parte ni cumplir solo el expediente. Si lo que pretendemos únicamente es aprobar mociones que lo único que indican es voluntad sin medidas, estaremos haciendo estrictamente un brindis al sol que no nos llevará a ninguna parte. ¿Y saben ustedes quiénes pagan ese viaje a ninguna parte? Las mujeres. Y les aseguro que en este momento esas mujeres están esperando que los estamentos políticos reaccionen y sean capaces de darles soluciones para seguir dando vida al mundo rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

A les nostres terres tenim la sort —crec— de tenir un escriptor que el podria considerar com l’escriptor de la descripció de la pagesia, del rere país. I aquest és en Francesc Canosa. I el vull citar perquè crec que té una cita que aquí té molta aplicació. Diu en Francesc Canosa, que la pitjor collita és aquella que no se sembra. I és el que podríem dir amb el que està succeint a data d’avui. La pitjor collita de manteniment de les dones a l’entorn rural és la poca inversió, per no dir nul.la, que ha realitzat aquest Govern del Partit Popular. Amb diferents agreujants.

Abans, amb molt bona intenció, la senadora Leyte parlava de les restriccions pressupostàries, de la situació econòmica existent. Doncs imagini’s si ens trobéssim en una territori on les aportacions interterritorials tenen un desequilibri, i anem a la baixa, de 8.000 milions, reconeguts explícitament aquí a Madrid. I, tot i amb això, els vull ensenyar el que s’ha realitzat des de Catalunya. Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya. Això, poden anar a la web del Departament d’Agricultura de la Generalitat i podran veure explícitament les actuacions que s’han fet entre l’any 2013 i 2015 tot i les restriccions pressupostàries.

Aquí s’ha sembrat. I quina és la collita? Tot i les males situacions i les males perspectives —si em permeten l’expressió— que es pot tenir en l’entorn rural, des de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas —i ho poso com a cas paradigmàtic— s’ha treballat a favor de la incorporació i del manteniment de les dones en el món rural. Entre d’altres coses, perquè el 54 % de les noves empreses que s’estan creant micro i petites i mitjanes empreses a l’entorn rural, prové d’aquesta iniciativa explicitada per part de les dones.

Com s’ha fet això? Entre d’altres coses, amb una inversió en els plans de desenvolupament rural. Amb una aportació que s’ha fet entre el cofinançament existent, dels fons europeus, el que hauria d’aportar el Govern de l’Estat espanyol i l’increment d’aportació que fa el Govern de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas. Per què? Perquè creiem en el rere país. Perquè creiem que, darrera de tot projecte social, hi ha d’haver un projecte econòmic. I el projecte social que ens estan explicitant en aquest moment, i l’any passat fou l’any de l’agricultura familiar, és que les famílies, el nucli familiar, entès des de la màxima extensió i, en aquest cas, la incorporació de les dones, puguin tenir les facilitats per a poder desenvolupar-se. A més a més, amb un element a tenir en compte. Hi ha lleis, com abans han dit els senadors que m’han precedit, com és la Llei de titularitat compartida.

Si mirem els resultats obtinguts per part de les actuacions del Govern de l’Estat espanyol pel que fa a la incorporació de les dones al món rural, és gairebé nul. Comparin-ho. Mirin les dues pàgines web. I veuran que, tot i la limitació pressupostària, a Catalunya s’ha treballat. A Catalunya s’ha anat amb aquesta línia. I felicito que hi hagi aquest despertar, per part de l’Estat espanyol, en aquesta línia. Però hi ha dues qüestions també que són fonamentals. Una és la qüestió pressupostària. I l’altra és la qüestió competencial. Pel que fa a la competencial, torno a reiterar la voluntat d’arribar a un punt d’acord i de respecte d’aquest ordre constitucional. Però, pel que fa a la qüestió pressupostària, amb la reducció explícita aquest any de l’aportació de fons als plans de desenvolupament rural, vostès no han complert. I no han complert, entre d’altres coses, perquè si veiem la descripció del Pla de Desenvolupament Rural Estatal, fixin-se de quines línies parlen. «Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias. Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información. Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento, para estudios, inversiones, inversiones en infraestructuras. Ayuda para la prevención de daños causados en los bosques por incendios, por reparación de daños, creación de agrupaciones y organizaciones de productores. Ayuda para la conservación y promoción de recursos forestales. De cooperación». En cap cas es parla, en cap línia explícita, de la incorporació de les dones al món rural. I això no es pot permetre. Si, a més a més, vostès saben que hi ha una qüestió competencial i que això correspon a les comunitats autònomes, que han de fer i han de treballar i han de tenir els fons per a poder fer aquesta incorporació, si vostès no ho treballen bé, no entrin, quedin-se fora, observin allò que es fa. I fins i tot és una qüestió de compartir coneixements. Hi ha territoris en els quals es funciona. A nivell estatal no es funciona. Fins ara no hi ha hagut aquesta voluntat explícita. No tan sols de fomentar, incorporar, sinó amb aportacions de capital i amb la facilitació de la incorporació de les dones que, en aquest cas, no es veu per part del Govern de l’Estat espanyol.

No em vull estendre molt més. Per acabar, i amb el respecte competencial que dèiem. Agraint-li el fet d’incorporar al text d’aquesta moció i, anticipant-me al vot que li farem una abstenció perquè, entre d’altres coses, no es pot anar en contra de treballar en la línia de la incorporació de les dones al món rural, i la facilitació de la seva supervivència, però tampoc no es pot votar a favor quan no hi ha uns elements tangibles.

Ahir, al diari Ara, en Salvador Cardús, escrivia: «Tolstoi va escriure que les qüestions més difícils poden ser explicades a les persones amb no molta bona voluntat. I encara les poden arribar a entendre, perquè no tenen cap idea preconcebuda. Però quan la cosa és més simple, no s’arribarà a fer entenedora si aquella persona té una idea preconcebuda». Què vull dir amb això? Vostès tenen la idea preconcebuda de la recentralització. Nosaltres creiem que això no és així. I, per tant, aquesta convivència entre una decantació recentralitzadora que aprofita tots els plans de desenvolupament rural per posar en dubte tota l’activitat que s’ha fet i en aquest cas vull reivindicar la feina que han fet algunes administracions, amb la qual cosa hi ha hagut un increment pressupostari per poder tenir, entre d’altres coses, aquestes línies d’incorporació de les dones, vostès aprofiten això per intentar laminar, ple darrere ple, totes aquelles competències que tenim atribuïdes. Per això, no tinguin idees prejutjades. No les tinguin aquestes idees prejutjades. Mirin allí on es fa bé, mirin si es pot col.laborar i, sobretot, respectin les competències que tenen i respectin també, a nivell pressupostari, el que els hauria de pertocar de realitzar, pel bé d’un entorn rural que és fonamental perquè hi hagi aquesta vertebració territorial que alguns que venim de territoris, jo vinc d’un entorn molt extens, com és la demarcació de les terres de Lleida, representem el 37 % del territori de Catalunya i som el 7 % de la població. Si no fem unes mesures, si no establim unes mesures en línia de fomentar la incorporació al món rural d’homes i dones però, en aquest cas, estem parlant de dones, ens trobarem amb una desertització de l’entorn rural i això anirà en perjudici de totes i tots.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En nuestras tierras tenemos la suerte —creo— de tener un escritor al que se podría considerar como el escritor que describe a los payeses: es Francesc Canosa. Y lo menciono, porque tiene una cita que aquí tiene mucha aplicación. Dice este escritor, Francesc Canosa, que la peor cosecha es aquella que no se siembra. Y es lo que podríamos decir con lo que está sucediendo a fecha de hoy: la peor cosecha de mantenimiento de las mujeres en el entorno rural es la poca inversión, por no decir nula, que se ha realizado por parte de este Gobierno del Partido Popular, con distintos agravantes.

Antes, con muy buena intención, la senadora Leyte hablaba de las restricciones presupuestarias, de la situación económica existente. Pues imagínense si nos encontramos en un territorio donde las aportaciones interterritoriales tienen un desequilibrio a la baja de 8000 millones de euros, reconocidos explícitamente aquí, en Madrid. Aun así, les muestro lo que se ha realizado desde Cataluña: el Programa de mujeres del mundo rural y marítimo de Cataluña. Pueden ir a la web del departamento de Agricultura de la Generalitat y podrán ver explícitamente las actuaciones que se han hecho entre el 2013 y 2015, a pesar de las restricciones presupuestarias.

Aquí se ha sembrado. ¿Y cuál es la cosecha? Pues, a pesar de las malas situaciones y las malas perspectivas —si me permiten la expresión— que se pueden tener en el entorno rural, la Generalitat de Catalunya ha trabajado —y lo pongo como caso paradigmático— a favor de la incorporación o el mantenimiento de las mujeres en el mundo rural, entre otras cosas, porque el 54 % de las nuevas empresas, micro y pequeñas y medianas empresas en el entorno rural, proviene de esta iniciativa explicitada por parte de las mujeres.

¿Cómo se ha hecho eso? Entre otras cosas, con una inversión en los planes de desarrollo rural, con una aportación que se ha hecho entre la cofinanciación existente por parte de los fondos europeos, lo que tendría que aportar el Gobierno del Estado español, y el incremento de aportación que se hace por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. ¿Por qué? Porque creemos en este país del trasfondo, porque creemos que detrás de cada proyecto social tiene que haber un proyecto económico. Y el proyecto social que nos están explicitando en este momento indica que el año pasado fue el año de la agricultura familiar, que la familia es el núcleo familiar entendido en su máxima extensión, y en este caso hay que facilitar la incorporación de las mujeres para que pueda desarrollarse. Además, con un elemento a tener en cuenta: hay leyes al respecto, como la Ley de titularidad compartida, que han mencionado los senadores que me han precedido.

Si miramos los resultados obtenidos por el Gobierno del Estado español respecto de la incorporación de las mujeres en el mundo rural, vemos que es casi nulo. Lo pueden comparar. Miren las dos páginas web y verán que, a pesar de la limitación presupuestaria, en Cataluña se ha trabajado, que en Cataluña se ha ido en esa línea. Y me congratulo de que exista este despertar por parte del Gobierno español en esta línea, pero hay dos cuestiones que también son fundamentales: una, la presupuestaria, y otra, la competencial. En cuanto a la cuestión competencial, reitero una vez más la voluntad de llegar a un punto de acuerdo y de respeto del orden constitucional, pero por lo que se refiere a la cuestión presupuestaria, con la reducción explícita este año de la aportación de fondos a los planes de desarrollo rural, debo decir que ustedes no han cumplido. Y no han cumplido, entre otras cosas, porque el plan de desarrollo rural estatal —lo voy a leer— habla de la siguientes líneas: ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias; ayuda a las actividades de demostración y acciones de información; ayuda para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento para estudios e inversiones en infraestructuras; ayuda para la prevención de daños causados en los bosques por incendios, reparación de daños, creación de agrupaciones y organizaciones de productores; ayuda para la conservación y promoción de recursos forestales, de cooperación, etcétera Pero en ningún caso se habla de la incorporación de las mujeres al mundo rural. Eso no se puede permitir. Además ustedes saben que hay una cuestión competencial y que eso corresponde a las comunidades autónomas, que deben trabajar y tener los fondos para esa incorporación. Si ustedes no lo trabajan bien, no entren, quédense fuera; observen lo que se está haciendo. Incluso es una cuestión de compartir conocimientos. Hay territorios en los cuales se funciona y otros territorios a nivel estatal que no están funcionando; y hasta ahora no ha habido una voluntad explícita, no solo para fomentar, incorporar, etcétera, sino con aportaciones de capital para facilitar la incorporación de las mujeres, que en este caso no se ve por parte del Gobierno del Estado español.

No quiero extenderme mucho más. Para acabar, y con el respeto competencial del que hemos hablado, les agradezco el hecho de incorporarlo al texto de esta moción y les anticipo que nos vamos a abstener, entre otras cosas, porque no se puede ir en contra de trabajar en la línea de la incorporación de las mujeres al mundo rural y facilitar su supervivencia, pero tampoco podemos votar a favor cuando no hay elementos tangibles.

Ayer, en el periódico Ara, Salvador Cardús decía lo siguiente: Tolstoi escribió que las cuestiones más difíciles pueden ser explicadas a las personas con no mucha buena voluntad y las pueden llegar a entender porque no tienen ninguna idea preconcebida. Pero cuando la cosa más simple no se llega a entender, la persona tiene de ello una idea preconcebida. Ustedes tienen la idea preconcebida de la recentralización, y nosotros creemos que eso no es así. Por tanto, hay una convivencia con una decantación hacia la centralización, que aprovecha todos los planes de desarrollo rural para poner en duda toda la actividad que se ha hecho y reivindicar el trabajo desarrollado por parte de algunas administraciones, con un incremento presupuestario, para poder tener, entre otras cosas, esas líneas de incorporación de las mujeres. Ustedes aprovechan eso para intentar eliminar, Pleno tras Pleno, todas aquellas competencias que tenemos atribuidas. Por ello, no tengan ideas preconcebidas, no tengan esas ideas prejuzgadas. Miren dónde se está haciendo bien, miren si se puede colaborar, y sobre todo respeten las competencias y, también a nivel presupuestario, lo que les tocaría realizar pensando en el beneficio de un entorno rural que es fundamental para que exista esta vertebración territorial. Yo vengo de un entorno muy extenso, como es la demarcación de las tierras de Lleida, donde representamos el 37 % del territorio de Cataluña y el 7 % de la población. Si no tomamos unas medidas en la línea de fomentar la incorporación al mundo rural de hombres y mujeres, aunque en este caso estamos hablando de mujeres, nos vamos a encontrar con una gran desertización del entorno rural. Y eso va a perjudicarnos a todas y a todos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Senadora Leyte, voy a empezar por el final. Usted dice que nosotros no hemos querido negociar la transaccional. Mire, nos ha presentado el texto diez minutos antes de empezar esta moción; diez minutos antes de empezar, y quería que firmásemos. Si usted cree que eso es negociar, nosotros no lo entendemos como negociación bajo ningún concepto. Y, desde luego, no la podemos aceptar porque simplemente han incluido nuestro primer punto. Y ya lo he dicho en el turno de defensa de enmiendas: en el fondo era más bien un error por su parte a la hora de describir el tema de la concienciación de la mujer en el medio rural. Por tanto, senadora Leyte, nosotros sí queríamos negociar porque hemos presentado en la enmienda propuestas reales y efectivas.

Podemos discutir sobre ideologías, sobre grandes intenciones que generen no menores titulares de prensa, pero que al fin y a la postre se queden en papel mojado, textos que sirven para llenar el Diario de Sesiones, pero que, por desgracia, están profundamente alejados de los verdaderos problemas de nuestros ciudadanos.



Y eso ha ocurrido muchas veces en esta legislatura. Si ustedes, en el Grupo Parlamentario Popular, desean presentar en el Pleno del Senado mociones prácticamente vacías de propuestas efectivas, están en su derecho, y también de aprobarlas porque está en su mayoría, pero obviar propuestas reales para problemas reales, en este caso de las mujeres en el medio rural, es a todas luces una irresponsabilidad y, a nuestro entender, una burla hacia los ciudadanos.

Si la moción, según el orden del día del Pleno, dice textualmente que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso del papel de la mujer en el sector agroalimentario, ya nos informarán ustedes, señorías, sobre cuáles son esas determinadas medidas de impulso, porque, salvo que tengamos un texto diferente al que tienen ustedes, dichas medidas brillan por su ausencia. Demasiadas veces oímos esas palabras huecas de las grandes intenciones, cuando este Gobierno ni siquiera desea utilizar los instrumentos legales de los que ya nos hemos dotado para hacer algo, señorías, que mejore la condición de vida de las mujeres en el medio rural.

Ustedes dicen en la moción —y también leo textualmente—: «…hay que apostar por facilitar la incorporación de la mujer en la actividad agroalimentaria, impulsando medidas ante las instituciones europeas en las que se tenga en cuenta que necesitan más apoyo.»

Las organizaciones de mujeres rurales, como Fademur, por ejemplo, ya le pidieron al Gobierno que incluyera la priorización de la mujer en el marco nacional de desarrollo rural, algo que ya contempla la propia Comisión Europea —lo han comentado antes el senador Plana y el senador Boya—. Pero el Gobierno no ha visto oportuno incluir medidas específicas para la mujer en el desarrollo rural de nuestro país. Evidentemente, hay medidas para jóvenes agricultores, para nuevas instalaciones agrícolas y agroalimentarias, para hombres y para mujeres. Claro que sí, faltaría más, señoría; si no sería inconstitucional. Pero no se han incluido medidas específicas para la mujer en el desarrollo rural de nuestro país en los programas de desarrollo rural que negoció el Gobierno, como tampoco se ha incluido ninguna medida específica en el plan nacional que está negociando actualmente el Gobierno con la Comisión.

¿Y ahora quieren ustedes que las instituciones europeas impulsen medidas de este tipo para la mujer rural? Tal vez sea una broma; parece más una provocación a las mujeres rurales de este país, señorías. Ustedes, que solicitan más apoyo, más dinero para las mujeres rurales, desde 2011 han recortado la partida de integración de la mujer rural, de los Presupuestos Generales del Estado, un 75 %, señorías; un 75 %. Lo es también que no hayan querido desarrollar y aplicar la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, que tiene como finalidad fundamental mejorar la situación socioeconómica de las poblaciones rurales y el acceso a servicios públicos suficientes y de calidad, concediendo, sin lugar a dudas, una atención preferente a la mujer y a la juventud, de quienes depende en gran medida el futuro del desarrollo rural de nuestro país, una ley que, sorprendentemente, ustedes obvian en el cuerpo de la moción.

Lo dicho: esta moción está vacía de contenidos. Por ejemplo, en el punto 3 hablan ustedes de realizar estudios para profundizar en el conocimiento de la situación de las mujeres en el medio rural. Señorías, el Magrama, en su página web —y les invito ahora mismo a quienes tengan el ordenador aquí, en la sala, a meterse y que lo comprueben— tiene publicado el Plan estratégico para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio rural, período 2011-2014. También existe un magnífico estudio sobre diagnóstico de igualdad de género en el medio rural, del que nada se dice, señoría, en el cuerpo de la moción. Tal vez no les interese o no conocían la existencia de estos estudios, aunque, claro, ambos estudios están realizados por el anterior Gobierno socialista. Y el ministerio ni siquiera ha cambiado la página web. Y no la ha cambiado, porque en estos tres años y medio no ha hecho nada relacionado con la mujer en el medio rural, señorías. Esa es la verdadera realidad, independientemente de que ustedes nos presenten aquí mociones para cubrir el cupo sin ningún tipo de alternativa ni de medidas efectivas. Señorías, ¿necesitamos de verdad hacer más estudios? ¿Necesitamos que se invierta dinero púbico para hacer cosas que ya están hechas y que ustedes se niegan siquiera a aplicar?

Resulta de todo punto absurdo que se plantee una moción del medio rural y ni siquiera se haga alusión a estos planes estratégicos de la mujer, como la Ley de desarrollo o la Ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias. ¿Y usted, señoría, dice aquí que el Gobierno andaluz no la ha aplicado? Señorías, la Ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias, Ley 35/2011, es competencia del Estado; y, según la disposición final primera, es obligación del Gobierno de esta nación desarrollar esa ley, publicitar esa ley, dar salida a esa ley y preparar dinero para que la mujeres puedan tener la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. No es obligación del Gobierno andaluz ni del extremeño ni del de Castilla-La Mancha, de la señora De Cospedal, su secretaria general, claro que no. Es del Gobierno de este país. Por cierto, esa ley se aprobó por unanimidad en la anterior legislatura. Tampoco dicen nada de esa ley, no comentan nada de lo importante que es para la mujer, para que sea reconocida de verdad en el campo, donde lleva años y años trabajando sin derechos, porque trabajaba sin ningún tipo de reconocimiento ya que el titular siempre era el marido. Esa ley, que avanza profundamente en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el medio rural, a ustedes les parece que no es importante, y en una moción sobre mujer y desarrollo rural, no digo ya que pidan algo relativo a ella, sino que ni siquiera la nombran. Después, el Gobierno hará una evaluación y dirá que esta ley no ha tenido repercusión en España. Claro, ¿cómo va a tener repercusión, si la han tenido ustedes, el Gobierno de este país, el Gobierno de Rajoy, la ha tenido guardada en un cajón porque no han querido desarrollarla? No les ha interesado desarrollarla, no tienen intención de hacerlo. Y lo que nosotros entendemos por el papel de la mujer en el medio rural dista muchísimo de lo que usted piensa o cree sobre la mujer en el medio rural. Y no vale que diga que somos corresponsables de lo que pasa en este país. Sí, somos corresponsables, pero hay gobiernos que hacen leyes para combatir, leyes por la igualdad de oportunidades para la mujer, y otros que esconden esas leyes en cajones porque no quieren aplicarlas. Por lo tanto, no nos meta usted en el mismo cajón a todos.

Por último les diré, señorías, respecto a la reducción de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario que ha sido la propia ministra la que ha dicho en sede parlamentaria que lo iba a hacer. Ustedes rechazaron ya una moción que presentó la senadora Coves, la portavoz socialista en la Comisión de Agricultura en el Senado, en noviembre y dijeron que era muy pronto. A finales de diciembre, la ministra dijo que lo iban a hacer rápidamente. No obstante, estamos casi a finales de febrero y todavía no hay nada, siendo la reducción de peonadas necesaria e imprescindible para los asalariados del campo de Andalucía, de Extremadura, de mi región, Castilla-La Mancha, y de muchas otras de este país. Es obligación del Gobierno hacerlo, se ha comprometido a ello, por tanto, ustedes no pueden eludir esa responsabilidad, salvo que no quieran hacerlo. Díganlo. Expliquen en Andalucía mañana que los jornaleros no van a ver reducidas las peonadas para poder cobrar el subsidio.

Termino, señorías. Los recortes son nefastos para el desarrollo de la sociedad en general y mucho más cuando afectan a pueblos y comarcas. Eso es mucho más pernicioso, como pasa en mi región, Castilla-La Mancha. Hay algo, señorías, de lo que ustedes no se han dado cuenta ni han querido darse cuenta: que el mejor incentivo para que las mujeres y también los hombres se queden en el medio rural es que haya unas condiciones de vida y de trabajo dignas, de educación para sus hijos, de sanidad para los enfermos, de servicios sociales para los que más los necesitan, para los que menos tienen y menos pueden. Y es precisamente de lo que estamos hablando hoy, de lo que ustedes están destrozando con sus recortes: la dignidad de un pueblo que quiere vivir en su tierra. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por todo lo expuesto, señorías, no podemos apoyar esta moción del Grupo Popular por ser un gesto inútil y un aplauso al Gobierno por los recortes masivos en este país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, las ayudas europeas supusieron un antes y un después. Los programas Leader, Proder, Feader 2014-2020 y la negociación de la PAC han sido y son esenciales para el desarrollo del medio rural pero no han sido suficientes. La realidad se impone y la verdad es que no hemos sido capaces de detener el sangrado poblacional del medio rural, que actualmente creo que ya deberíamos definir como hemorragia. Aun así, hay motivos para la esperanza. El medio rural constituye el 90 % del territorio y en él viven casi 6 millones de mujeres, que han luchado con su esfuerzo para que no se haya desmoronado antes. Las mujeres empiezan a apostar por la sociedad rural y están comenzando a emprender, poniéndose al frente de empresas, negocios y cooperativas.

El Gobierno también está fomentando el cooperativismo, y hay que seguir con este empuje porque es necesario que la mujer recupere el mundo que le pertenece. Las estadísticas recientes muestran que el 40,63 % de las nuevas altas de autónomos del primer trimestre de 2014 son mujeres, cifra que en Castilla-La Mancha se eleva al 42 %. Diversas asociaciones se han reunido recientemente para firmar el Protocolo de colaboración por el emprendimiento rural femenino. Su objetivo es conseguir un marco estable de todas las entidades firmantes para facilitar la incorporación de las mujeres rurales españolas al mundo laboral y a la toma de decisiones y lograr una igualdad real de oportunidades, mejorar las condiciones de vida y compatibilizar la vida laboral, personal y familiar, pero, sobre todo, promover el emprendimiento en el mundo rural.

De los 570 millones de explotaciones que existen en el mundo, más de 500 millones son de tipo familiar y son responsables del 70 % de la producción alimentaria mundial. No podemos volver la espalda a la mayor parte de nuestro territorio, es preciso hacerlo rentable, y, sin duda, estoy convencida de que la mujer tiene mucho que ofrecer y se le debe dar paso con mecanismos apropiados que lo favorezcan.

Hay un compromiso que dice el senador socialista que no he nombrado, el de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Efectivamente, fue un acuerdo unánime y una petición del Partido Popular al anterior Gobierno. Desgraciadamente las solicitudes hasta la fecha son solo más de cien en toda España. Me he referido a la Comunidad andaluza porque es una de las más bajas pese a que tiene mucho territorio y muchas explotaciones. Por eso, simplemente hice esa aclaración. No obstante, he de decirle que es una ley difícil de tramitar. En este momento están trabajando sobre ello el Gobierno y las comunidades autónomas dada la gran dificultad que hay para ponerla en marcha debido a la gran diversidad de normativa que existe entre las comunidades autónomas. Las mujeres necesitan canales —y se van a abrir— para acceder a esta información. También es necesario facilitar el acceso, el asesoramiento y los trámites para la instalación de la primera actividad agrícola y/o ganadera tanto en la agricultura tradicional como en otras más selectivas como la agricultura ecológica, la apicultura, los cultivos de setas, las plantas medicinales, los frutos del bosque, la floricultura, la horticultura, el sector forestal. Asimismo promover la iniciativa industrial para la transformación y envasado de esos productos y ayudar en los canales de su comercialización, así como manifestar nuestro reconocimiento, cómo no, a las mujeres del mar —rederas, conserveras, etcétera—. La senadora del PNV se refirió a ellas, yo no. He centrado el tema de mi intervención no en las mujeres del mar —yo soy de Vigo—, a las cuales admiro y les reconozco su empuje y capacidad, sino en la despoblación y en la mujer como factor indispensable para esa recuperación. Por tanto, he pasado más de puntillas sobre este tema de las mujeres del mar.

El ministerio y las comunidades autónomas deben seguir promocionando la formación, deben impulsar que la mujer se haga cargo de explotaciones, los premios de excelencia a aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población rural, el carácter participativo y la apuesta para que la mujer esté en los órganos de decisión. Hace cinco días se celebró en Barcelona una cumbre de agroindustria dirigida a mujeres con el fin de ofrecer un conocimiento del más alto nivel del sector. Creo que es importante que existan cumbres de ese tipo para que realmente la mujer se vea potenciada y tenga en sus manos cada vez más su destino. Además, el Gobierno aprobará este año el plan especial de promoción de las mujeres rurales —lo digo porque el senador socialista cree que no se está haciendo nada, y no es cierto— junto con el compromiso, como ya dije, de impulsar la titularidad compartida con las comunidades autónomas. Y estoy segura que la mejora de la economía ayudará a aumentar el número de negocios porque las entidades bancarias, gracias a su saneamiento, estarán en condiciones de ofrecer créditos, que hasta ahora era prácticamente imposible.

También se deben incentivar las capacidades de las mujeres en el territorio para diversificar su economía, para poner en valor potencialidades y nichos aún no considerados mediante el asesoramiento y la promoción de medidas de política de desarrollo local y patrimonio histórico, cultural y material, agentes locales de patrimonio, etcétera.

Actualmente el Magrama dispone de un programa de alta formación para la cadena agroalimentaria, cuyo objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario español a competir en condiciones óptimas en el mercado. El programa constituye una oferta de alto contenido estratégico de formación de capital humano a las empresas de la cadena agroalimentaria, en especial a las pymes agroalimentarias, que cualifica a cargos directivos y mejora la competitividad y la sostenibilidad en el mercado de nuestras empresas agroalimentarias. En ese sentido constituye una herramienta útil para la formación y perfeccionamiento directivo de las mujeres y favorece su incorporación en puestos de alta responsabilidad en la empresa agroalimentaria. Hay que reseñar como medidor de este programa de alta formación que se han realizado 77 acciones formativas, que han participado 1618 gestores y directores de empresas agroalimentarias, que el 75 % de las plazas participantes eran pymes... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora LEYTE COELLO: ...y que el porcentaje de mujeres gestoras y directivas que han participado en el programa de alta formación es el 25 %... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. No se oye a la senadora Leyte, no se le puede oír.

La señora LEYTE COELLO: Creo que todos los grupos nos damos cuenta —y se están dando pasos para ello— de que la implicación de la mujer supondría una gran ayuda para frenar el abandono del mundo rural e impulsar su desarrollo. He releído las intervenciones en las ponencias sobre el estudio que está llevando a cabo el Senado en cuanto a la despoblación del medio rural y zonas de alta montaña, que considero muy importantes, y aun siendo de diferentes ideologías, todos los intervinientes abogan por un mayor protagonismo de la mujer para paliar este grave problema e incluso algunos lo consideran prácticamente como la solución para poder realizarlo. Por eso, creo que nuestro Gobierno impulsará estas soluciones y se favorecerá que la mujer siga siendo la principal protagonista del mundo rural.

Agradezco a todos los grupos sus aportaciones y el tono, y al Partido Nacionalista Vasco y a CIU su abstención. Espero que, entre todos, consigamos que la mujer alcance lo que todos queremos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 147; en contra, 63; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO A LOS TRATAMIENTOS SANITARIOS INNOVADORES. 662/000176 GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: una, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra, a iniciativa de la senadora Julios Reyes.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por tiempo de quince minutos, tiene la palabra la senadora Llinares cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores).

La senadora LLINARES CUESTA: Gracias,... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Llinares.

Señorías, la senadora Llinares no va a comenzar su exposición hasta que no haya silencio.

Cuando quiera, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Señorías, buenos días.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una moción que persigue, en definitiva, recuperar los valores de la equidad, de la universalidad, de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad, de la justicia social, de la cohesión y del acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones, vivan donde vivan las personas. Ese es el espíritu de esta moción.

Como todos ustedes conocen, la sanidad en nuestro país desde el inicio de la legislatura —hace ya más de tres años— ha sufrido unas decisiones que están poniendo en riesgo la salud de muchísimas personas, decisiones que han sido adoptadas de forma unilateral por el Grupo Popular y por el Gobierno del Partido Popular, sin contar absolutamente con nadie, por la puerta de atrás, sin debate científico, político y social. Me estoy refiriendo a aquellas cuestiones que han sido el día a día de la vida de los españoles y de las españolas, a la promulgación del Real Decreto 16/2012, de recortes y de copagos. Por tanto, la vida de los españoles y las españolas, gracias al Gobierno del señor Rajoy,… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. No se oye a la oradora. Ruego silencio.

La señora LLINARES CUESTA: Como les decía, la vida de los españoles y las españolas está condicionada por los recortes implantados por el Gobierno del señor Rajoy —recortes presupuestarios, recortes en la cartera de servicios, introducción de nuevos copagos—, sobre todo, y especialmente, para las personas más vulnerables, para las personas más necesitadas, para los pensionistas, para los enfermos crónicos. Y quiero insistir, y siempre que pueda lo haré, en lo injusto, en lo inmoral que es que en ese real decreto se les haya quitado la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares: 873 000 no tienen derecho a la asistencia sanitaria gracias al Gobierno del Partido Popular, que les ha dejado tirados en la cuneta. Muchísimas organizaciones, nacionales e internacionales, han dicho que eso es injusto, que es ilegal y que contraviene la Carta de los derechos humanos. Pero a ustedes eso no les importa absolutamente nada porque son incapaces de rectificar una decisión totalmente injusta. Es verdad que hay comunidades que no han hecho caso como Asturias, Andalucía y otras comunidades, que han puesto recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, voy a continuar insistiendo en que haya menos palabras. Ustedes vienen aquí y nos dicen que todo funciona de maravilla, que estamos en la senda de la recuperación, pero la gente está en la calle sin poder comer y sin tener acceso a algo tan básico y tan importante como es la sanidad pública. Como les decía, medidas de recortes y copagos que están ocasionando muchísimos desequilibrios sociales y territoriales. El balance es demoledor.

Pero, señorías, lo más lamentable de todo es que llevamos tres años en los que todas y cada una de las intervenciones —tanto la de la anterior ministra como la del ministro actual y la de todos los responsables políticos del Partido Popular— se basan en una mentira, en la mentira de la herencia recibida, en la mentira de que no se pueden mantener los servicios públicos. Y presumen aquí y todos los días del Real Decreto Ley 16/2012 que tanto daño está causando a las personas, además sin sonrojarse ni un momento.

La disparidad de criterios en la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en las distintas comunidades autónomas ha convertido el acceso a la atención sanitaria en una carrera de obstáculos.

Yo les recomendaría que leyesen el último informe que ha elaborado Médicos del Mundo, que se llama Derribemos el muro de la exclusión sanitaria. Léanlo por favor y verán cómo no son capaces de salir a esta tribuna y decir todas las barbaridades que dicen y de presumir tanto como presumen. Este informe hace referencia concretamente a que en la Comunidad de Madrid 40 000 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria. Pero también les recomiendo que lean el informe del Observatorio por el derecho a la salud de la Comunidad Valenciana, Odusalud, donde también se especifican los nombres y apellidos de las personas que han sido desatendidas, fíjense ustedes, hasta los menores, que, según ese real decreto, tienen derecho al acceso a la asistencia pública. En la Comunidad Valenciana, en algunos casos se les está denegando y en otros se les obliga a que firmen como que se les ha atendido y luego les facturan la asistencia sanitaria. Así les podríamos relatar muchísimos casos de personas humanas, insisto, con nombres y apellidos, de personas de carne y hueso, que no son estadísticas, que no son papeles sino personas con sufrimiento. Por eso les pediría que fuesen capaces de mirar esos informes y vieran que, gracias a las organizaciones no gubernamentales que están haciendo un trabajo magnífico, cada día se nota menos su dejadez y su incompetencia. Por tanto, es urgente rectificar las decisiones injustas e inhumanas.

Y miren, no les vamos a permitir que vuelvan con el mantra de la herencia recibida y de que no se pueden sostener los servicios sanitarios. En España no tenemos un gasto adecuado para conseguir la calidad del servicio sanitario. Se lo dije una vez pero se lo voy a repetir: en el año 2011 nuestro gasto sanitario en relación al PIB era el 6,75 %, cuando en Alemania era el 8,37 % o en Holanda el 9,62 %. ¿Y saben ustedes en cuánto van a fijar el gasto sanitario? Según el programa de reformas 2014-217, que han remitido a la Unión Europea, que está ahí y que todos ustedes pueden ver, lo van a dejar en el 5,3 %. ¡Como para que luego digan que no hay recortes, que son invenciones! Eso significa 14 000 millones de euros en recortes, en recortes, y eso es lo que ustedes están haciendo, por no hablar de la exclusión de 417 medicamentos —el medicamentazo—, que, según ustedes, eran para síntomas menores. Claro, los que tienen dinero se pueden pagar esos medicamentos como pueden ser gotas para los ojos, gotas para los oídos, mucolíticos para la tos, etcétera y aliviar esos síntomas menores. Por tanto, discriminación entre los que tienen dinero y se pueden pagar unos medicamentos y los que no tienen dinero ni para pagarse esos medicamentos.

Si ya les comentábamos que habían realizado una pésima gestión en la crisis del ébola, qué les voy a decir de la gestión en la crisis de la hepatitis C. Hace más de un año, en enero, la Agencia Europea del Medicamento aprobó un nuevo tratamiento que curaba prácticamente la hepatitis C en el 90 % de los casos. Nuestro grupo hace ya casi un año presentó preguntas, iniciativas. En el mes de septiembre le hice una pregunta a la entonces ministra Mato y, claro, como siempre dicen, ya estaba solucionado, que el tratamiento que el médico recetase a todos los pacientes iba a estar a su alcance. Estamos hablando del mes de septiembre, ha pasado casi un año y continuamos exactamente igual. Por tanto, nosotros pedimos que haya una garantía de financiación para poder dar una respuesta adecuada que asegure el acceso igualitario, sin discriminación, entre pacientes o territorios a las terapias y medicamentos innovadores, como puede ser en el del caso de la hepatitis C, o a cualquier otro tratamiento innovador desde el punto de vista de la efectividad clínica.

Y aunque se lo hemos dicho en diferentes ocasiones —porque somos repetitivos y vamos a continuar siéndolo—, el copago está creando muchísimas dificultades para que muchas personas, especialmente los pensionistas, puedan acceder a los medicamentos. Y eso que parece tan duro es una realidad que ustedes no quieren ver pero que está ahí. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha hecho un informe que estima que al menos el 20,39 % de los pensionistas no retiran a final de mes todos los medicamentos prescritos por el médico de su farmacia, y es fácil de entender: muchos pensionistas están atendiendo también a sus familiares, que están pasando por circunstancias económicas difíciles. Asimismo existe una razón burocrática: hay comunidades autónomas que devuelven el exceso de lo cobrado en tiempo y forma y otras tarde, mal y nunca, y, por desgracia, como siempre, tenemos un ejemplo que es mi querida comunidad, la Comunidad Valenciana.

Y hay otra razón, más reciente. Saben ustedes que se ha subido el IVA de los productos y materiales sanitarios del 10 al 21 %, lo que al final va a producir un mayor gasto para los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y para el bolsillo de los ciudadanos.

Por tanto, nosotros pedimos en nuestra moción que la recaudación del IVA revierta de forma finalista a las comunidades autónomas para financiar cuestiones importantísimas relacionadas con la sanidad pública. Es una moción para la que solicitamos el apoyo de todos los grupos políticos para garantizar los valores de la solidaridad y la justicia frente a la codicia y el sálvese quien pueda.

El punto 1 y fundamental de la moción es derogar el Real Decreto 16/2012 por injusto, por inmoral y por cruel. En el punto 2 pedimos una nueva ley que consolide el carácter público, universal y gratuito del sistema sanitario; desarrollar un plan de acción que garantice el acceso a las terapias y a los medicamentos a todas las personas afectadas por la hepatitis C o por cualquier otra enfermedad que lo necesiten desde el punto de vista de la efectividad clínica; y crear un fondo para financiar las terapias innovadoras que permita a las comunidades autónomas garantizar el acceso a dichas terapias. El punto 3, destinar —como les he dicho— de forma finalista la recaudación de la subida del IVA a la financiación de la sanidad pública de las comunidades autónomas. Son propuestas para mejorar de verdad, y no solo con palabras, nuestro magnífico Sistema Nacional de Salud, del que tan orgullosos y orgullosas nos sentimos, lo mismo que de nuestros profesionales, pero que lamentablemente el Partido Popular está desmantelando, y, por eso, es urgente un cambio de rumbo. Teníamos esperanzas con el nuevo ministro, pero después de oírle ayer en esta misma tribuna defendiendo lo indefendible, mucho nos tememos que va a continuar por la misma senda.

Por tanto, señorías, rectifiquen, porque cuando hablamos del bien más preciado, que es la salud de las personas, rectificar es bueno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: una, a iniciativa de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y, otra, a iniciativa de la senadora Julios Reyes.

Para la defensa de la primera enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para presentar, con la máxima brevedad posible, la enmienda que hemos formulado. Es una enmienda de adición que pretende que, además de ese fondo específico de financiación de las nuevas necesidades de atención farmacológica como consecuencia de la aplicación de nuevos medicamentos habitualmente costosos —por ejemplo, el grave problema de la atención a los enfermos de hepatitis C que tenemos en estos momentos—, se añada la necesidad de recuperar el Fondo de cohesión sanitaria.

Como saben sus señorías, este ha sido un debate recurrente en los últimos Presupuestos Generales del Estado. En los presupuestos de los años 2012, 2013 y 2014 se han venido aplicando sucesivos recortes que en el último ejercicio de 2014 significaron un recorte del 75,76 % del importe de dicho fondo, y en el ejercicio de 2015 se tomó la decisión radical de prescindir de él como una parte de los Presupuestos Generales del Estado y configurarlo con un cambio de naturaleza, que no se ha reconocido expresamente, como un fondo de carácter extrapresupuestario con la mera finalidad —con trascendencia, sin ninguna duda— de que se convierta en un elemento de compensación entre las comunidades autónomas por los gastos que les genera la atención de desplazados de otras comunidades autónomas.

Es justo y necesario que estas compensaciones se produzcan, pero ello significa desvirtuar la naturaleza con la que se creó el Fondo de cohesión sanitaria, que era garantizar a todos los ciudadanos una atención homogénea en el conjunto del Estado en materia sanitaria, siendo consciente la Administración General del Estado que crea el fondo de que cuando se produjeron las transferencias en materia sanitaria no todas las comunidades autónomas contaban con infraestructura similar y, por tanto, no estaban en condiciones de prestar dicha atención. Cierto es que ha transcurrido un número importante de años desde que esa transferencia se produjo y que ya no hay un sistema de financiación específico de la sanidad, sino un sistema de financiación autonómica con el que la comunidad autónoma tiene que ser capaz de sustentar sus necesidades. Pero eso no es óbice para que los ciudadanos, como integrantes de un sistema que se sigue llamando Sistema Nacional de Salud, sigan teniendo derecho a esa atención homogénea en la que tiene que haber alguien que la garantice. Y la Administración General del Estado está renunciando a jugar ese papel prescindiendo de este fondo. Luego se podrá entrar en el debate y en la discusión —porque la argumentación que la Secretaría de Estado de Sanidad puso sobre la mesa en el debate presupuestario era que no cabe refinanciar competencias transferidas— de si en aquellos casos en que la Administración del Estado tenga que establecer mecanismos para que esos ciudadanos que reciben una atención por debajo del estándar en el conjunto del Estado accedan a ese estándar, debe o no debe ser a su vez compensada, y de qué forma, por la comunidad autónoma que no está cumpliendo con la obligación de gestionar un sistema de sanidad público que garantice esa atención sanitaria de calidad a sus ciudadanos, más allá de las responsabilidades políticas que tenga frente a ellos y que se diriman en los procesos electorales. Pero por encima de todo eso —entiendo yo y entienden los senadores enmendantes, y de ahí la moción— está el derecho de esos ciudadanos a la atención sanitaria.

Y dejo para el turno de portavoces la argumentación en torno a la moción.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Julios Reyes.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, Coalición Canaria apoya la moción presentada por el Grupo Socialista. Lo que pretendemos con nuestras enmiendas es reforzar los aspectos que nos parecen más importantes, en concreto uno que nos preocupa especialmente en Canarias, que es el déficit de financiación sanitaria que hay con el sistema público sanitario de Canarias.

En el primer punto, que compartimos por completo, referido a derogar el real decreto ley, nosotros pretendemos recuperar el contenido legal que hasta ahora teníamos en España del derecho universal a la prestación sanitaria. El Real Decreto 16 ha supuesto una contrarreforma sanitaria en España, un cambio de modelo sanitario: de un modelo universal de asistencia y de prestación sanitaria basado en un Sistema Nacional de Salud se ha regresado a la época franquista, en la que había un sistema sanitario basado en un modelo de Seguridad Social. Por eso planteamos recuperar aquellos artículos de las leyes importantes, desde la Ley general de sanidad hasta aquí, que nos hablan del derecho a la prestación sanitaria y de desterrar de la legislación española sanitaria el término aseguramiento porque, evidentemente, todas las leyes que hasta ahora se habían desarrollado en España están basadas en el artículo 43.1 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Ahora, con esta modificación legislativa que introdujo con el real decreto el Partido Popular, pasamos a tener, en vez de titulares de derecho, condiciones de los asegurados para tener acceso al sistema sanitario.

Otro aspecto que planteamos es reforzar el segundo punto que la proponente nos plantea en cuanto a promover una ley que consolide el carácter público, gratuito y universal, así como desarrollar un plan de acción. Lo que nosotros decimos es que se retome el cauce institucional para que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se consensue nuevamente un pacto por la sostenibilidad y la calidad del sistema. La contrarreforma sanitaria que inició el Partido Popular con este decreto rompió todos los consensos habidos en este país en torno al sistema sanitario desde el inicio de la democracia hasta hoy, pues se impuso de forma unilateral sin ser discutido en el Consejo Interterritorial. Quiero comentar a la portavoz del Grupo Socialista que Canarias también presentó un recurso de inconstitucionalidad a este decreto.

El tercer aspecto en el que me voy a detener —que en Canarias nos preocupa especialmente y de ahí la inclusión de un punto en la enmienda que proponemos— es en el de abordar de forma urgente la adecuación del sistema de financiación sanitaria consensuándolo con las comunidades autónomas, recuperando la equidad, y en el que de forma específica se revise el criterio del sobrecoste de la insularidad en el sistema de financiación. Planteamos esto, señorías, porque desde que gobierna el Partido Popular la equidad en la financiación de la sanidad en España se ha roto. Ha aumentado la brecha que nos separa en cuanto a la financiación sanitaria de unos territorios con respecto a otros. Uno de los territorios perjudicados es el canario. Concretamente, Canarias recibe 252 euros menos al año por cada habitante para mantener los servicios públicos, menos que la media del Estado. Y si nos comparamos con la comunidad autónoma que recibe una mayor financiación, 858 euros menos para mantener nuestro sistema sanitario que la media del Estado. Un sistema sanitario que tiene que mantener —y lo vamos a seguir haciendo— abiertos en Canarias hospitales y centros de salud. Y digo hospitales porque, para que lo entiendan sus señorías, si Canarias estuviera en el territorio continental no tendría que tener abiertos hospitales en islas como La Gomera o como El Hierro, ya que por población...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

La señora JULIOS REYES: ...solo tendría que tener un centro de salud, pero al ser un territorio fragmentado e insular hemos de mantener abiertos hospitales. La financiación actual nos está perjudicando. 2412 millones de euros significan ya el sobrecoste que para Canarias implica el déficit de financiación histórico de nuestra sanidad, lo cual reclamamos de forma urgente para que los canarios tengan el mismo derecho que el resto de los ciudadanos españoles a recibir los servicios públicos sanitarios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, lógicamente aceptamos la enmienda. Mi grupo presentó en los presupuestos una enmienda con una consignación de 50 millones de euros para el Fondo de cohesión sanitaria y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, quiero decir que todavía estamos esperando aquel Fondo de garantía asistencial que el Gobierno del Partido Popular nos vendió a bombo y platillo en el año 2012. Así pues, nos parece muy adecuada la enmienda.

Senadora Julios, compartimos su enmienda porque creo que refuerza nuestra moción y además porque hace referencia a unas leyes de las que los socialistas y las socialistas nos sentimos inmensamente orgullosos y orgullosas, como son la Ley general de sanidad o la Ley de salud pública. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo.

En cuanto a otros aspectos, claro que queremos un pacto institucional por la sanidad, pero hay unas líneas rojas que nosotros no podemos aceptar. Y esas líneas rojas pasan por que se derogue el Real Decreto Ley 16/2012, y a partir de ahí nos podremos sentar. Esa es la voluntad del Partido Socialista, la de consensuar un gran pacto por la sanidad, pero, claro, sin lo que está ahora en vigor. Por tanto, compartimos también ese punto de la enmienda.

En relación con la financiación sanitaria, qué quiere que le diga, lo comparto al cien por cien. Usted lo defiende como canaria y yo como representante de la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana también está infrafinanciada con respecto a la media del Estado español. Hemos pedido muchísimas veces que se aumente la financiación, pero el Partido Popular siempre ha votado en contra. Insisto, compartimos también ese punto y entre todos vamos a trabajar para que de una vez por todas se aborde la financiación sanitaria.

Por tanto, sí aceptamos las enmiendas porque creo, sinceramente, que mejoran mucho la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que presenta hoy aquí el Grupo Parlamentario Socialista —ya lo ha dicho la senadora Llinares— no propone nada nuevo, pero es que tampoco se ajusta a la realidad, no es razonable; y, desde luego, parte de su convicción de no querer llegar a ningún acuerdo. Y es así porque ya en su exposición de motivos hacen una serie de acusaciones al Gobierno; hablan de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, de brutal ataque... En fin, hacen una serie de afirmaciones que no se ajustan a la realidad y que sustancialmente —y lo voy a decir con todas las palabras para que todo el mundo me entienda— son inciertas o, lo que es lo mismo, mentira.

Con esta moción ustedes pretenden hacer una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno del Partido Popular durante los tres últimos años; tres años, señoría. Pero se olvidan y ocultan deliberadamente que antes de estos tres años gobernaron ustedes en este país y que nada de lo que ahora les parece imprescindible hicieron cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. No lo hicieron, señoría. (Aplausos).

Es imposible la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, es imposible incorporar innovación terapéutica o innovación diagnóstica —que también es muy importante— si no se da una premisa primordial e imprescindible y que cualquier persona que sepa algo del área sanitaria —y de otras también, pero aquí estamos hablando del área sanitaria— conoce y que usted obvia o parece desconocer. ¿Cuál es esta premisa? Que la garantía de la sostenibilidad y la garantía de la mejora vienen de la mano de la eficiencia en la gestión y de las decisiones responsables y coordinadas con las comunidades autónomas, con los expertos y con los profesionales, señoría.

Pero vamos a ver a qué quieren ustedes que renunciemos y qué es aquello que hacían ustedes tan bien. Yo le digo que la reforma sanitaria ha permitido la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que los ciudadanos españoles sigan manteniendo y disfrutando de una sanidad reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo, y sigue siéndolo. Y le hablo de tres años del Gobierno del Partido Popular en una mala situación. ¿Qué situación? Esta, señoría. (La señora Pan Vázquez muestra un documento). Le pido que lo mire, senadora Llinares. Mírelo aquí, porque esta es su realidad. (La señora Llinares Cuesta muestra otro documento, y dice: Y esta es la mía). Esta es la evolución de la deuda sanitaria entre los años 2009 y 2011, esta es la realidad: un incremento del 173 %. ¿Y a qué dio lugar esto, señoría? La realidad de su Gobierno dio lugar a 16 000 millones de deuda, que estaba en los cajones, señoría. Y desde esta tribuna la senadora que les habla fue demandando el incremento de esa deuda durante los ocho años que ustedes gobernaron.

Los proveedores sanitarios cobraban a 525 días, casi dos años. ¿Usted sabe cuántas empresas tuvieron que cerrar por esta causa, a cuánta gente mandaron ustedes al paro, señoría? (Rumores). Sí, ya sé que los datos les molestan, pero están ahí. (Rumores). El gasto farmacéutico, señoría, con ustedes suponía...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora PAN VÁZQUEZ: ... un 19 % del gasto sanitario total, un 5 % más que la media del resto de los países de la Unión Europea. ¿Y qué hizo este Gobierno? Pues buscar soluciones para todos estos sinsentidos y para una deuda insoportable, y puso en marcha una reforma sanitaria que garantizase la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero no solamente para las regiones gobernadas por el Partido Popular. No, señoría, tampoco es cierto eso. El Gobierno ha apoyado económicamente a todas las comunidades autónomas mediante el Plan de pago a proveedores y el Fondo de liquidez autonómico; 26 000 millones de euros, señoría, para que las comunidades autónomas pudieran hacer frente a su deuda. (Denegaciones de la señora Llinares Cuesta) Sí, sí, 26 000 millones. Yo no quería hablar aquí de ninguna comunidad autónoma en concreto, pero le voy a dar un ejemplo, ya que usted mencionó alguna: Andalucía. Uno de cada cuatro euros que se recortan en sanidad, se recortan en Andalucía. La comunidad que más recortes ha hecho en educación: Andalucía. El ERE, el mayor escándalo de la historia de la democracia de este país: ¡2000 millones de euros de los parados! (Rumores). ¡Si es que les molesta la verdad, señorías! Pero la verdad hay que decírsela a los ciudadanos. (Aplausos). ¡Que tienen en Andalucía 265 imputados por esta causa! La tasa de pobreza es la más alta de España: el 38 % de la población. La tasa de paro: un 60 % más que la media nacional. De todos los desahucios que se hacen en este país, el 40 % tiene lugar en Andalucía, señoría. ¿Pero de qué vienen a hablar ustedes aquí? (La señora Almiñana Riqué: De sanidad.) Pues sí, yo también vengo a hablar de sanidad, y de financiación. Y sigo hablando. La realidad es que el año 2012 fue el año que más dinero se dedicó al gasto real en sanidad: 71 millones de euros para hacer frente a todas aquellas facturas pendientes que había. La reforma sanitaria, señoría, ha permitido que el Sistema Nacional de Salud y la asistencia sanitaria siga siendo universal, gratuita, pública y de la máxima calidad, a pesar de ustedes, señoría, y a pesar de sus mentiras permanentes con respecto a estos principios. Porque no es cierto que el Partido Popular haya acabado ni esté acabando con nada de esto. No es cierto. Por lo tanto, por favor, un poco de respeto cuando suba a esta tribuna y diga algunas cosas como las que usted dice aquí. Y es que, además, tienen un doble lenguaje, porque cuando en Andalucía, por ejemplo, hacen ustedes gestión privada de los hospitales, dicen: ¡qué bien se está haciendo en Andalucía! ¡Ah!, pero si es en otra comunidad autónoma, privatización: el Partido Popular privatiza. Señorías, esto no es serio. Esta falta de verdad continuada, este doble lenguaje lo tienen que abandonar ya porque tienen que ser ustedes una alternativa real, y yo deseo que ustedes la sean. Pero, desde luego, en estos tres años, y en los ocho que han estado gobernando, no lo han demostrado.

En cuanto a la universalización de la asistencia sanitaria, señoría, esta reforma, por primera vez, mal que les pese, ha universalizado la asistencia sanitaria en este país. ¡Pero si había colectivos aquí —no se lleve las manos a la cabeza, que nos las teníamos que llevar nosotros— que pagan sus impuestos igual que todos los españoles y no tenían derecho a la asistencia sanitaria! Estoy hablando de los profesionales liberales, como abogados, como ingenieros, como arquitectos, que llevaban décadas demandando una asistencia sanitaria pública y no la tenían. Y se ha garantizado —sí, sí— también a los parados de larga duración, esos de los que ustedes se olvidaban, solo se acordaban de ellos para mandarlos al paro. Porque hay un millón de parados de larga duración en este país ahora que no pagan por sus medicamentos, y con ustedes pagaban el 40 %. Eso es lo que hacían.

El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas puso de manifiesto que ustedes dejaron de cobrar a ciudadanos de otros países que venían aquí de turismo sanitario 1000 millones de euros. Para ustedes peccata minuta; pero peccata minuta que es mucho dinero para incorporar a innovaciones terapéuticas y a innovaciones diagnósticas, señorías. Hoy hay 885 000 españoles con tarjeta sanitaria individual más que en el año 2012. Esto es una apuesta real; esto son datos reales de la apuesta por la cobertura sanitaria pública en España.

Y con respecto a otro tema que ustedes plantean —este sí que es un mantra suyo—, España tiene el marco jurídico de mayor protección a las personas que carecen de cobertura sanitaria en Europa. El marco jurídico mejor, sí, sí, el mejor y el más generoso, y no lo dice el Partido Popular. En la reunión de ministros de la Unión Europea, celebrada en Atenas en el primer semestre de 2014, quedó de manifiesto —y el comisario Borg lo confirmó— que España tiene su normativa adaptada a la Unión Europea y resalta la generosidad en el tratamiento a personas sin derecho a la asistencia dentro del cumplimiento de los requisitos legales. Estamos hablando de la Unión Europea. ¿Por qué hablan ustedes mal de España cuando el resto de países de la Unión Europea nos están felicitando y nos están diciendo que somos generosos? ¿Por qué hablan mal de la sanidad de nuestro país y de su Gobierno, señoría? Hablen bien de España que tenemos muchos motivos para estar orgullosos. (Aplausos). La reforma sanitaria que ha emprendido este Gobierno ha supuesto un ahorro de más 7000 millones de euros. Estas son cifras y estas son realidades, y el resto es música que traen ustedes aquí.

Con respecto a la hepatitis C, le diré que este Gobierno ha sido uno de los primeros y de los pocos que ha incorporado las innovaciones terapéuticas a la hepatitis C. Este Gobierno está elaborando un plan estratégico nacional para abordar la enfermedad y tiene al frente a profesionales de reconocido prestigio. El objetivo de este Gobierno y del ministerio, señoría, es aportar soluciones a los pacientes, no hacerse fotos con ellos, como hacen otros. Por eso, este año 2015 se van tratar diez veces más pacientes que en el año anterior y se incorporarán nuevos tratamientos, señoría, pero la prescripción para estos pacientes no será nunca demagógica ni política, obedecerá siempre a criterios científicos y clínicos.

Señoría, para terminar, me voy a referir al IVA. La Ley 22/2009, de financiación de las comunidades autónomas, es suya, es una ley socialista, y sitúa el 50 % del IVA como uno de los tributos cedidos a las comunidades autónomas, e, igualmente, forma parte de los recursos tributarios que corresponde a cada una de ellas. Señoría, el aumento de los tipos impositivos del IVA llevará de igual manera a una mayor obtención de ingresos a las comunidades autónomas; lo que es cierto es que esta financiación es incondicionada, no es finalista, como ustedes pretenden. Pero, claro, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, son las que han de decidir a qué partidas destinan ese dinero que reciben de forma extraordinaria. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En cuanto a la referida y velada subida del IVA sanitario, parece mentira que usted venga aquí y deje caer, como si fuera una bomba de relojería, eso de que el Partido Popular quita a los pobres para dárselo a los ricos y todas esas cosas. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a esa subida —usted debería conocerlo, al menos, debería prepararse los temas cuando sube a la tribuna—, pero, ¡ojo!, ¡ojo!, señoría, esa subida no es para todos los productos sanitarios. No, no es indiscriminada, no es verdad. Hay un listado, usted debería leerlo, señoría. La subida del IVA afecta a los equipos médicos, a los aparatos, a los productos sanitarios y al instrumental de los hospitales. No se ría, senadora Llinares, hágame caso. Todo eso figura en ese listado. Sin embargo, los medicamentos dirigidos al uso humano, las fórmulas galénicas, magistrales, los preparados oficinales en las oficinas de farmacias, los vehículos para las personas con movilidad reducida, las prótesis, las órtesis y los implantes internos para personas con discapacidad mantienen aún, a día de hoy, un IVA del 4 %.

Por tanto, cuando suba usted a esta tribuna a hablar de las subidas del IVA, de que estas tienen que ser finalistas, respete las competencias y las prioridades de las comunidades autónomas, y, sobre todo, algo muy importante, respete usted la verdad, diga toda la verdad, porque los ciudadanos tienen el derecho a estar bien informados, señoría, y no actuar de parte, como están actuando ustedes, con el fin único y exclusivo de hacer propaganda electoral. Eso es lo que están haciendo ustedes aquí, señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Hablamos de herencia del Partido Popular, y quiero decir con bastante claridad algo que comparten muchos ciudadanos, y no solo de Canarias, también de Madrid, como los manifestantes de la marea blanca, y es que el Partido Popular heredó un Sistema Nacional de Salud, y la herencia que va a dejar ahora es el desmantelamiento de un sistema que nos costó sudor y lágrimas a los ciudadanos españoles en la democracia y por el que peleamos. Y lo que va a dejar si no lo impedimos, que lo haremos, son los restos del Sistema Nacional de Salud.

Señorías, vengo de una comunidad autónoma donde, cuando el Partido Popular estaba en la oposición y era consejero de Economía y Hacienda quien hoy es un miembro del Gobierno, el señor Soria, reclamaba al Gobierno del Estado de aquel momento que resolviera el injusto déficit sanitario situado en unos 1000 millones de euros, que heredó del anterior Gobierno del Estado;



reclamaba para Canarias los 1000 millones de euros del déficit sanitario de nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta propaganda electoral que son las promesas en campaña del Partido Popular, que era resolver el déficit de financiación sanitaria de Canarias? ¿Qué ha hecho el Partido Popular desde que está gobernando? Pues incrementar ese déficit de 1000 a 2500 millones de euros. Esa es la realidad de la herencia que nos va a dejar el Partido Popular. (Rumores).

Señorías, el Partido Popular está imponiendo un cambio de modelo, porque, además, esta contrarreforma de este real decreto venía acompañada de un recorte de 7000 millones de euros que ahora ya se han convertido en 14 000 millones de euros. Y nos dicen que han vuelto universal el sistema. ¿Y los miles de personas que se han quedado sin la tarjeta sanitaria gracias al Partido Popular? ¡Porque son personas que tienen que entrar por urgencias en vez de por la puerta de atención primaria para poder ser atendidos, incrementando así el coste del sistema y disminuyendo su eficiencia! ¿Esa es la herencia que nos va a dejar el Partido Popular? Señorías, lo que ustedes dicen no es la realidad, y tampoco es la que ven desde fuera. Así, en una editorial del British Medical Journal de abril de 2012 se dice lo siguiente: El asalto a la universalidad. Cómo se destruye el Estado del bienestar. Y ponen de ejemplo a España y al real decreto del Partido Popular. Un ejemplo de cómo las políticas neoliberales destruyen los sistemas nacionales de salud.

La verdad es que el balance de este real decreto es, señoría, y lo comparto con usted, que con él no ha mejorado la gestión, no ha mejorado la calidad, no ha mejorado la equidad, y ni tan siquiera se genera un ahorro sino que se produce un incremento de la ineficiencia y, por supuesto, da lugar a una situación injusta. El copago sanitario introducido en atención primaria, en la farmacia hospitalaria, en el pago del transporte y en muchas otras prestaciones está haciendo más pobres a los pobres y más enfermos a los enfermos, perjudicando sobre todo a los de carácter crónico.

Voy terminando, señorías, diciendo que esta es la herencia que pretende dejarnos el Partido Popular. Para expresarlo de una forma gráfica, y viendo, además, que el Partido Popular en aquellas comunidades donde gobierna —donde no gobierna no puede hacerlo— avanza de forma acelerada en los procesos de privatización, yo decía en Canarias que la estrategia que la política sanitaria del Partido Popular quiere implantar en nuestro territorio —aunque se ha encontrado con comunidades autónomas que no estamos dispuestas a permitir que se desmantele el Sistema Nacional de Salud— es la de cambiar el acceso al sistema mediante la tarjeta sanitaria universal española por el de la de crédito, y así el que tenga dinero para pagar, podrá entrar, y el que no lo tenga, no podrá. Señorías, ese es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El tema de la herencia es recurrente, pero en política, al contrario que en el Código Civil, la herencia no se puede recibir a beneficio de inventario. Cuando uno se presenta a las elecciones siempre recibe una herencia, buena o mala, y quien no quiera recibir una herencia que no se presente, que no gobierne, que renuncie a ello. (Rumores). Recibida la herencia, la clave está en las prioridades que se marcan para resolver los problemas que uno encuentra, y ahí es donde entramos en el debate político.

Yo no voy a perder ni un segundo en discutir las magnitudes de las dificultades económicas que para los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado ha significado esta crisis económica, que en algún momento, hace poco más de un año, el señor Montoro cifraba en una caída del 70 % de la recaudación impositiva. Pero lo que sí quiero discutir es cómo se están gastando los recursos con los que cuenta el Gobierno de la nación, y cómo esos recortes en materia sanitaria afectan de manera inmediata a los ciudadanos. Lo acaba de señalar el informe de la defensora del pueblo, que ha presentado y elaborado con los defensores de las comunidades autónomas: colapso en las urgencias hospitalarias, algo que tiene que ver —como apuntaba la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— con el real decreto que ha excluido a colectivos importantes de la universalidad del sistema. Además, eso tiene un correlato en la asistencia sanitaria privada. A lo largo de estos años se ha venido produciendo un aumento del número de personas que han suscrito seguros privados de asistencia sanitaria: Entre junio de 2013 y junio de 2014 se ha incrementado un 13,5 % la recaudación por primas de los seguros de asistencia sanitaria; pero es que desde que empezó la crisis los primeros usuarios de la sanidad privada, los que acuden por primera vez a la sanidad privada han aumentado un 35 %, datos del tanque de pensamiento del sector, que ustedes han recibido —por lo menos los miembros de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales como yo— en sus publicaciones.

Entraré en los puntos concretos: materia de reducción de la universalidad. Es imprescindible derogar ese Real Decreto Ley 16/2012, por razones de salud pública, de justicia y de cumplimiento del ordenamiento jurídico español e internacional. El Gobierno reitera que se mantiene la universalidad del sistema, la portavoz del Grupo Popular de nuevo lo ha dicho aquí, pero se han retirado entre 700 000 y 800 000 tarjetas. Tal decisión ha sido motivo de críticas por Naciones Unidas, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por el Consejo de Europa; por la defensora del pueblo en su informe de 2013, que presentó ante esta Cámara; por Amnistía Internacional; por Médicos del Mundo; por la Red Acoge y por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, que a finales de agosto hicieron una evaluación de estos dos años de aplicación, destacando además algo muy llamativo: no se ha cuantificado por parte del Gobierno el ahorro que ha generado tal medida.

Algunas comunidades autónomas han buscado mecanismos para soslayar las normas, otras no. Médicos del Mundo ha documentado en Madrid 458 casos de rechazo de asistencia sanitaria y esto genera, además, incertidumbre porque los ciudadanos que se encuentran excluidos de la atención no saben exactamente si esa exclusión se aplica o no en su comunidad autónoma, o en qué términos, o con qué contraprestaciones, y eso retrae a quienes necesitan acudir al sistema sanitario de hacerlo.

Segunda medida, copagos. Todos los estudios evidencian un efecto negativo importante de tal medida sobre la equidad y sobre la accesibilidad al sistema sanitario para las personas con menos ingresos y para los enfermos crónicos. Además, la crisis económica supone la existencia de un importante número de personas que viven en un nivel de subsistencia pura y dura y que no pueden afrontar más gastos en atención sanitaria.

Tercera consideración. Existen indicios constatados por todos los estudios de que la contención de la demanda —como apuntaba también la portavoz de Coalición Canaria— produce efectos indeseables sobre el sistema sanitario: Primero, genera más efectos adversos graves, la gente aguanta todo lo que puede antes de acudir al sistema, con lo cual llega peor al sistema y necesita una atención más cara. Segundo, hay más visitas a urgencias no justiciadas, hay más hospitalizaciones como consecuencia de ese deterioro del estado de salud por no acudir en el momento en que había que haber acudido.

Y son ciertos los datos que se barajan en la moción. Nunca hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en gasto farmacéutico. En 2012 el gasto farmacéutico por habitante estaba en 232 euros; en la eurozona, en 301 euros. Es cierto que todo lo que sea ahorrar en gasto sanitario, no privando a los ciudadanos que precisan esa atención sino consiguiendo que los márgenes de beneficio de las farmacéuticas disminuyan, será bueno, plausible y contará con nuestro apoyo. Por los cálculos que he realizado antes de bajar, de forma apresurada, en 2014 el gasto sanitario por habitante se moverá en torno a los 208 euros, aproximadamente 24 euros menos que en 2012. El ministro ya anuncia que va a revisar el copago farmacéutico hospitalario, porque la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no lo están aplicando, y el ministro, obviamente, tiene que constatar el fracaso de esta medida.

En relación con los nuevos tratamientos, la restricción en el acceso a tratamientos para cáncer o hepatitis por su coste es una medida inhumana, injusta y además discriminatoria, porque resulta muy difícil decir: tú vives, tú no vives, tú vas a recibir el medicamento, tú no. Además, se va a convertir en una constante de cara al futuro porque nuevos tratamientos inevitablemente costosos darán soluciones a enfermedades que en este momento no la tienen. Para la enfermedad de la hepatitis C el tratamiento lleva recetándose desde hace dos años en Estados Unidos con un coste de 71 000 euros, desde hace un año en Francia con un coste de 41 000 euros y desde hace un año también en Alemania desde que lo autorizó la Agencia Europea de Medicamentos el 1 de enero de 2014.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Voy terminando.

En nuestro país en este año ha habido 4000 muertos. Es imprescindible buscar una solución urgente al tema de la hepatitis C y los tratamientos oncológicos caros, una solución que valga para esta realidad que se apunta y que en el futuro va a ser mucho más importante.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Eguerdi on.

Nada nuevo yendo detrás del senador Iglesias. Por lo tanto, tampoco me voy a empeñar. Voy a intentar ser lo más breve posible y analizar punto por punto la parte dispositiva de esta moción.

En principio, nosotros siempre hemos estado en contra del Real Decreto Ley 16/2012. Lo hemos dicho en esta Cámara muchísimas veces y, por lo tanto, creo que tampoco aportaríamos nada nuevo repitiéndonos.

Decía la senadora Llinares que hay comunidades que no han hecho caso. No cumplir con la ley es muy peligroso, pero sí hay comunidades que han intentado hacerlo de otra manera y, de hecho, lo han conseguido, y la mía es una de ellas, incluso con sentencias favorables y desfavorables, que de todo hay. Habla de promover la sostenibilidad del sistema sanitario a través de una ley que consolide el carácter público, universal y gratuito: creo que eso ya estaba y probablemente siga estando. Otra cosa diferente es que queramos volver a otros estándares, por lo menos a los que, salvo a la representante del Grupo Popular, nos parecían más adecuados a quienes hemos hablado. A lo mejor ahora, si no hay que elaborar una nueva ley, sí habría que hacer un buen repaso a las que ya existían, porque se han tocado de forma transversal no solamente las que tienen que ver con la sanidad sino otras muchas que de manera colateral también afectan a este tema. Porque cuando hablamos del sistema de carácter público, universal y gratuito y de garantizar el acceso a las terapias y los medicamentos para todas las personas —algo que evidentemente no debería estar en discusión porque esa es la función de la salud pública—, lo que sí debemos tener en cuenta es que no podemos seguir discutiendo esta cuestión desde un punto de vista político y tenemos que volver a los dos ejes centrales en este debate, que son la indicación y la efectividad clínica, y esa discusión hay que devolverla al mundo experto y científico y de la salud pública porque, si no, nunca vamos a racionalizar el propio sistema. Siempre hay terapias novedosas, siempre hay terapias importantes. Quien tiene un problema busca una solución y le da lo mismo que sea una que otra. Pero hay que ver si eso es realmente así o no y establecer unos criterios científicos para que se pueda mantener porque, si no, podríamos estar haciendo una bola de nieve que acabara con el propio sistema y morir, no sé si de éxito, pero sí por inanición, porque no podamos mantener el propio sistema. Por lo tanto, hay que volver al experto, a los protocolos elaborados por paneles de expertos y a la determinación de indicaciones, momentos de la terapia, etcétera, racionales y efectivos, si no en el cien por cien de los casos, sí como para que la sociedad pueda estar satisfecha con lo que tiene y tratar los casos excepcionales como tales.

Se habla de la creación de un fondo para la financiación de terapias innovadoras. Nos parece muy bien, puede ser magnífico, siempre y cuando no sea a costa de lo que ya tenemos. Si es un fondo nuevo destinado a tal fin, convendría no detraer recursos de un lado para dirigirlos a otro. Porque cuando hablamos de terapias innovadoras no solamente nos referimos, como en este caso, a la hepatitis C, sino que hablamos del mundo de las enfermedades raras, en el que cada día aparecen, pueden aparecer y seguirán apareciendo muchísimas terapias, muchísimos procesos o herramientas terapéuticas que, aunque parezcan efectivas, a lo mejor no lo son, pero hay que explorarlas. Para eso sí habría que crear un fondo nuevo, que no detrajera recursos de la atención normalizada, ya que no tendría mucho sentido ser punteros en terapias innovadoras y dejar atrás la atención básica a los ciudadanos.

En cuanto a la regulación eficiente del sistema de establecimiento de precios con la industria farmacéutica, la palabra regular, en este caso, aunque a lo mejor podría ser la idónea, sin embargo a mí no me gusta demasiado. Me gusta más consensuar y, en todo caso, fomentar, fomentar que la empresa privada siga ciertas líneas de investigación. Porque lo que es evidente es que si dejamos que la empresa privada investigue solo aquellos medicamentos que le resultan rentables, nos estamos quedando sin antibióticos. Ese tema lo trajimos a esta mesa y es un problema muy grande. Gracias a Dios, el Gobierno hizo en esto un poquito de caso y hay una comisión trabajando en este asunto. Pero lo que no podemos pedir a la empresa es que baje los precios, que investigue lo que nosotros queremos y no poner nada sobre la mesa. Si lo que queremos es que la empresa sea empresa, nosotros, como representantes públicos, y la Administración tendremos que compensar de otra manera para que se sigan las líneas de investigación que a la sociedad le vienen bien. La regulación en sí misma no es la más adecuada. Lo que hay que hacer es fomentar las líneas de trabajo y consensuarlas con la empresa.

En cuanto al último punto, por el que se pretende destinar de forma finalista la recaudación de la subida del IVA, como representante público de una comunidad autónoma que tiene hacienda propia tengo que decir que estamos de acuerdo con que el Estado se quede con la parte alícuota correspondiente al IVA porque, aunque no somos muy partidarios de los IVA finalistas, esta es una buena razón, está bien y podría servir de acicate, pero no creo que vaya a solucionar mucho el problema. Es cierto que con la aprobación de las dos enmiendas el texto mejora, aunque no sé si de manera sustancial. Nosotros nos alegramos de que se incluya lo del Fondo de cohesión sanitaria, porque también hablamos de dicho fondo, sobre todo en lo referente a las enfermedades raras, en los últimos presupuestos.

Visto todo esto, y aunque si discutiéramos cada uno de los puntos de uno en uno podríamos tener pareceres diferentes, el Grupo Parlamentario Vasco puede apoyar y apoyará de manera global esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, vaya por delante que mi grupo votará a favor de esta moción.

Senadora Julios, voy a intentar repetir lo que usted ha dicho cuando ha subido a la tribuna, aunque si no se ajusta exactamente a lo que usted ha señalado, será por mi transcripción. Usted ha afirmado, refiriéndose directamente a la senadora del Partido Socialista, que lo que había dicho no se ajustaba a la realidad, que era mentira, que no se puede incorporar innovación terapéutica sin garantía de sostenibilidad, eficiencia en la gestión y sin coordinación con las comunidades autónomas, con los expertos y con los profesionales. ¿Y esto lo dice por los enfermos de la hepatitis C? Porque con los enfermos de la hepatitis C, que yo sepa, ni los expertos ni los profesionales ni los ciudadanos han visto incorporación innovadora alguna que en estos momentos salve la vida a unos cuantos. Por lo tanto, solo con esta frase no queda justificada su reforma sanitaria. Porque si todo lo que han hecho ustedes hasta ahora hubiera servido para que hoy por hoy ya hiciera tiempo que los enfermos que necesitan el tratamiento lo estuvieran recibiendo, sin tener que encerrarse, ni ir a la prensa, ni hacer todo lo que han tenido que hacer, quizás no estaríamos de acuerdo, pero aquí hoy yo no podría criticarle a usted esa reforma, pero perdón, por la boca —se lo digo con todo respeto— muere el pez.

Déjeme que le diga más cosas. Usted ha hablado de los famosos 16 000 millones de euros. Pues muy bien. Ya preguntamos al Gobierno por ellos. Estamos hartos de oír hablar de los 16 000 millones de euros. El Gobierno respondió: resulta que no son 16 000, son 14 700. Da igual, son 14 000 millones y no vamos a discutir aquí el número exacto. La primera comunidad se llama Valencia y lleva 20 años gobernada por el Partido Popular, concretamente con una deuda de 4000 millones de euros por 5 000 000 de habitantes. (Rumores.)

Me ha sorprendido otra cosa, que usted ha hablado mucho de Andalucía. De lo que tenemos que hablar es de sanidad. Hemos venido aquí a eso. Quizás usted ha hablado mucho de Andalucía porque su candidato no es muy conocido y si habla mucho de Andalucía alguien, al final, lo conocerá. Por eso, les interesa tanto hablar de Andalucía.

Deje que le explique. Ustedes empezaron en 2012 con dos grandes palabras, «ajustes» y «reformas», que se tradujeron en recortes y deterioro de la sanidad pública. Después de tres años así lo hemos visto. Esto empezó con el Real Decreto Ley, el 16/ 2012, el gran caballo de Troya de su reforma sanitaria. ¿Y por qué es el caballo de Troya? Porque dentro de él se esconden cada una de las medidas que han hecho que empeore la sanidad en nuestro país, desde las más pequeñas a las más grandes. Pequeña, por ejemplo, entre comillas, es la que afecta al copago de las ambulancias o de las prótesis. ¿Se ha aplicado? ¿Se ha aplicado en todas las comunidades? ¿Se aplicó un poco y luego se retiró? El caso es que se propuso que se aplicara, tal y como venía en el real decreto, que un viaje en ambulancia para trasladar a un enfermo del hospital a su casa costara 5 euros.

Otro ejemplo: las listas de espera. Las listas de espera que han aumentado escandalosamente. ¿Por qué? Porque se han recortado recursos. Los gestores de los hospitales han disminuido el número de intervenciones quirúrgicas, pero el número de enfermos continúa siendo el de siempre y, en consecuencia, las listas de espera se han incrementado hasta el punto de que han pasado cosas tan terribles durante esta legislatura como que 30 000 mujeres se han quedado sin mamografía preventiva en la Comunidad de Madrid. A día de hoy aún no sabemos si a esas mujeres se les ha hecho o no esas mamografías. Hay más cosas, por supuesto, la introducción del copago hospitalario que fracasó, pero fracasó porque a la sociedad y a las comunidades autónomas, empezando por las gobernadas por el Partido Popular, no les pareció que la medida fuera adecuada y por esto no llegó a implantarse. No lo hizo porque otra vez la calle, la ciudadanía y en este caso su partido político no estuvieron de acuerdo con otra medida. Por supuesto, hubo más: el copago, el copago de los pensionistas siempre discutido. La verdad es que dos de cada diez pensionistas de nuestro país dejan algún medicamento sin comprar cada mes. Eso le puede parecer importante o no. Estaría bueno que el ministerio se estuviera preocupando de qué exactamente están dejando de tomar estos pacientes y de qué consecuencias va a tener para su salud y, como les importa tanto el coste, para el coste real de todos. Es verdad que han impuesto un copago bajo. Sí es verdad, es bajo. Para menos de 18 000 euros solo han de pagar un tope máximo de 8 euros y, dependiendo de la comunidad, se les devuelve o no el dinero y, dependiendo de cómo, no hace falta continuar pagando. Pero lo que es peor, ¿sabe lo que son 8 euros para una renta de 370 euros? Pues muchos euros. Porque hay pensionistas que cobran esto. También los hay que cobran 2000, ya lo sé, pero hay otros muchos que no.

Continuemos. Han disminuido la cartera de servicios, sutilmente, eso sí, lo que afecta, por ejemplo, a la reproducción asistida. Las mujeres solas o las mujeres mayores de 40 años no tienen este derecho. Ha sido sutil, han hecho poco ruido, pero lo han hecho. También han cerrado muchísimos centros de urgencia. Lo han hecho las comunidades autónomas, sí, porque el recorte de 10 000 millones que anunciaba el decreto implicaba directamente los recortes en las comunidades autónomas y han sido ellas las que han aplicado las medidas, pero la verdad es que los ciudadanos han sufrido recortes importantísimos en los centros de atención nocturnos y, por supuesto, en el número de camas hospitalarias. ¿Qué pasa en los hospitales cuando se cierran camas? Que se incrementan las listas de espera, que se colapsan las urgencias y lo estamos viviendo este invierno.

¿Cómo están los profesionales? Por lo que hemos visto en la calle están indignados. El colegio de profesionales se ha quejado repetidas veces. Las mareas blancas han inundado ciudades como Madrid parando incluso la privatización. Por lo tanto, muy contentos no están. Las quejas han llegado a tal punto que no debemos olvidar que la defensora del paciente, la defensora del pueblo alertó al Gobierno de que las listas de espera eran insufribles. Y con todo esto viene usted y nos dice que no, que es una manía que tenemos los de la bancada de la izquierda en insistir en que ustedes nos están cambiando el sistema sanitario. No nos engañen, lo están cambiando. Nos gustará más o menos, pero ustedes lo están cambiando. Además, hemos tenido dos guindas: la guinda de la gestión de la crisis del ébola, que puso en peligro a todo el país, y la guinda de la hepatitis C. Usted dice que no puso en peligro a todo el país. Pues sí, porque lo hicieron mal, lo gestionaron mal. (Denegaciones.) Yo creo que sí lo hicieron mal. Y lo mismo digo en relación con la hepatitis C.

¿Por qué pasa todo esto? Porque han disminuido en más de 4000 millones de euros el presupuesto de sanidad desde el 2011 hasta hoy y han disminuido directamente en las comunidades autónomas más de 7000 millones de euros. La conclusión es que tenemos una sanidad de inferior calidad, con peores resultados y esto lo están pagando los ciudadanos.

Para terminar les diré que este verano salía un artículo en el que se explicaba muy bien que la diferencia de mortalidad en un infarto de una comunidad a otra variaba un 50 %. Es una locura pensar que dependiendo del punto de España tienes un 50 % más de posibilidades de sobrevivir o no a un infarto. Ese es el trabajo que tiene que homogeneizar el ministerio y para eso también necesita dinero. Estas cosas están pasando. Por lo tanto, no pueden subir a la tribuna y decirnos que no están cambiando nada.

Finalizo con una frase, y es que ustedes siempre apelan mucho a la verdad. Decía Oscar Wilde que si uno dice la verdad, tarde o temprano, será descubierto, y yo estoy segura de que los ciudadanos saben quién dice la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Senyories, molt bon dia a tothom.

Intentaré anar ràpid explicant el posicionament del nostre grup respecte d’una moció que planteja molts temes diferents, amb un contingut important. Abans d’iniciar la meva explicació, però, com li vaig dir ahir a la senadora Linares, voldria dir que discrepo d’una afirmació que es fa a la part dispositiva de la moció. De fet, en la seva explicació ja ho ha apuntat, però vostè diu que només diu que Andalusia i Astúries han seguit garantint i prestant l’atenció sanitària de manera universal, i lamento dir-li que això no és cert. Quan es va aprovar el Reial Decret ja vam dir que Catalunya apostava per un model de cobertura universal. Ens vam comprometre a continuar donant assistència a les persones que l’INSS deixaria de reconèixer. Tant és així que vam aprovar a Catalunya una instrucció, la 10/2012, per garantir l’accés a l’assistència sanitària pública als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tinguessin aquesta cobertura. A més a més, en aquests moments, tenint en compte que hi ha persones que, per diversos motius, no es poden empadronar, estem treballant amb la Creu Roja perquè aquestes persones puguin tenir assistència sanitària. Per tant, és un esforç importantíssim que estem fent des de Catalunya, que crec que se’ns ha de reconèixer, que demostra el nostre clar i ferm compromís amb la sanitat pública universal i de qualitat. Per tant, d’alguna manera, aprofito aquest torn d’intervenció per reivindicar el paper i l’esforç que estem fent des de Catalunya, i evidentment també moltes altres comunitats autònomes.

Dit això i fet aquest aclariment, que com bé li vaig dir m’ha semblat oportú, entraré a argumentar perquè estem d’acord amb els diferents punts que planteja la moció. Amb relació al primer punt, la derogació del Reial Decret, ho hem debatut diverses vegades, i ho hem dit en nombroses ocasions. Tot i que inicialment nosaltres compartíem la necessitat de plantejar canvis estructurals per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, mai hem compartit ni les formes del Govern, a l’inici i encara ara tampoc, òbviament, ni el contingut final del Reial Decret. Discrepem en molts aspectes. Per exemple, la urgència; no s‘ha entès, i tres anys després ja veiem que no tenia cap sentit. Però especialment discrepem —com han dit els altres portaveus— del plantejament o de la realitat del canvi de model. S’ha passat d’un model d’assegurament universal existent fins aleshores i que anava vinculat al concepte de ciutadania al model anterior, a un model on la Seguretat Social és qui reconeix el dret a l’assistència sanitària; un model que nosaltres no compartim de cap de les maneres, com he dit a l’inici, i menys escoltant els discursos que fan els portaveus del Partit Popular. És un discurs que —lamento dir-l’hi— m’ha semblat força impresentable, i faig servir aquesta paraula conscient del que significa. A més, penso que fa un flac favor al ministre Alonso, que tinc la sensació que té ganes d’arribar a acords. Almenys ahir en alguna ocasió ho va dir, i amb aquests discursos que fa el Partit Popular, podríem dir que en lloc de sumar vostès resten. Ja veurem, doncs, com evoluciona la feina en els propers mesos.

Amb relació al punt 2, vull dir en primer lloc que Convergència, a l’inici de la legislatura, va proposar la creació d’una subcomissió precisament per analitzar els problemes estructurals del sistema sanitari. Nosaltres vam proposar aquesta fórmula perquè crèiem que era la millor manera d’afrontar el repte que tenim a sobre de la taula, que és abordar en part l’infrafinançament del Sistema Nacional de Salut. Hem d’analitzar i abordar aquest problema de manera transversal; de manera territorial però també, òbviament, des dels diferents grups, entre tots; intentant buscar solucions de manera conjunta i arribant a acords importants entre les diferents forces polítiques. Hem de ser capaços de visionar les necessitats de la salut en la societat del segle XXI i plantejar un model que permeti realment no només la sostenibilitat del sistema sanitari, sinó també assegurar el manteniment de la qualitat i l’excel·lència d’un sistema que ha existit aquests darrers anys i que, com bé deien els companys, en pocs mesos ha anat minvant la seva capacitat d’actuació.

Respecte dels diferents punts que fan referència a l’hepatitis C, òbviament, tots en som conscients. És un greu problema que s’ha fet visible aquests darrers mesos però que només és un dels dèficits del sistema en l’actualitat; n’hi ha molts altres. En l’àmbit de Catalunya, cal dir que el nostre conseller ja ha dit que a Catalunya es garantirà que totes les persones que necessitin tractament per aquesta malaltia disposin dels fàrmacs més adequats per a la seva situació clínica. A Catalunya, durant el 2014, i concretament del gener al novembre del 2014, 1978 pacients amb hepatitis C van ser tractats farmacològicament, i d’ells, 393 ja van rebre tractament amb els nous antivirals comercialitzats al 2014. Però sobretot deixin-me dir-los que a Catalunya, compromesos amb aquests malalts, vam ser proactius, ens vam anticipar al problema que ha sorgit aquests darrers mesos, i abans que s’



incorporés el sofosbuvir al Sistema Nacional de Salut, nosaltres ja havíem realitzar 52 tractaments amb aquest medicament, gràcies al programa d’accés precoç de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Què vull dir amb tot això? Doncs que a Catalunya vam ser proactius, que hem fet una bona gestió, que vam tenir reflexos, que hem estat ràpids. Segurament podíem haver fet les coses millor, però no vam deixar d’atendre i d’afrontar aquest problema. En canvi, el Govern de l’Estat li va donar l’esquena, i han passar els mesos i continuem amb el problema sobre la taula.

Però més enllà de l’actuació concreta que vam dur a terme a Catalunya, com ha dit el nostre conseller en múltiples ocasions, es tracta d’un problema global i s’ha de plantejar una resposta global. L’hem de plantejar tots de manera conjunta. No pot ser que els preus dels medicaments a Europa siguin diferents en funció de criteris geogràfics. És una visió que sembla que el ministre Alonso comparteix, segons el que jo vaig poder entendre ahir en la seva intervenció al llarg de la interpel·lació. Va deixar entreveure una actuació conjunta d’Europa que ens hauria d’ajudar a solucionar aquest problema específic de l’hepatitis C i dels medicaments; veurem, per tant, com avança.

Sobre la creació del fons, evidentment, com he dit abans, part del problema del Sistema Nacional de Salut rau en la falta de finançament per afrontar els costos globals de la sanitat pública. Vull dir-li a la portaveu del Partit Popular que potser si en comptes de dotar tant el pressupost del Ministeri de Defensa agaféssim recursos i els poséssim al Ministeri de Sanitat alguns dels problemes que estem plantejant avui els tindríem resolts. I no només el pressupost; sap que després hi ha un estat d’execució amb un diferencial important, gairebé del 50 %. Es tracta de voluntat política, i per tant, alguns arguments cauen per terra. Vostè ho sap, i ja veurem que ens contesta.

Tornant a la moció, en el cas concret de la medicació, la distribució de la competència fa que la decisió del finançament dels nous tractaments amb càrrec al Sistema Nacional de Salut correspongui al Govern central, però després els costos els hem d’assumir directament les comunitats autònomes. Per tant, estem d’acord amb la creació del fons i amb la necessitat de dotar de recursos a les comunitats autònomes. No només ens sembla correcte el primer redactat proposar, sinó també la incorporació de l’esmena del Grup Mixt sobre el Fons de cohesió sanitària, que és un dels temes que hem patit directament a les comunitats autònomes.

I finalitzo. Respecte del punt 3, quant a l’increment de l’IVA dels productes sanitaris, òbviament estaríem totalment d’acord amb que els ingressos que es recaptin es facin servir per compensar les comunitats autònomes en el desplegament de les seves competències; en aquest cas, òbviament, parlem de sanitat. Nosaltres creiem que falta compromís per part de l’Estat de dotar les comunitats autònomes perquè puguin fer la feina, perquè puguin atendre les persones; en aquest cas, parlem de malalts.

Per tant, òbviament, nosaltres donarem suport a la moció, no només perquè ens sembla que tracta diferents punts importants, sinó perquè en altres ocasions nosaltres hem presentat iniciatives similars. Òbviament, el model del PP no és el nostre model. S’han d’afrontar els problemes de cara i no podem desatendre les persones; no ho estem fent nosaltres des de Catalunya, i amb menys recursos estem fent millor gestió. Per tant, òbviament, donarem suport a la moció que ens presenta el Partit Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Señorías, muy buenos días a todos.

Voy a intentar ir rápido para explicar el posicionamiento de mi grupo con respecto a una moción que plantea cuestiones distintas, pero con un contenido importante. Antes de empezar mi explicación, sí que querría decir, como dije ayer a la senadora Llinares, que discrepo de una afirmación que se hace en la parte dispositiva de la moción. De hecho, en su explicación ya lo ha apuntado, usted dice que solo en Andalucía y Asturias se ha seguido garantizando y prestando la atención sanitaria de forma universal. Lamento decirle que eso no es cierto. Cuando se aprobó el real decreto ya se dijo que Cataluña apostaba por un modelo de cobertura universal. Nos comprometimos a seguir dando asistencia a las personas que el INSS dejaría de reconocer. Tanto es así que aprobamos la resolución 10/2012 para garantizar la sanidad pública a los ciudadanos extranjeros empadronados en Cataluña que no tuvieran esta cobertura. Además, en estos momentos, teniendo en cuenta que hay personas que por diversos motivos no se pueden empadronar, estamos trabajando con Cruz Roja para que estas personas puedan tener asistencia sanitaria. Por consiguiente, es un esfuerzo que estamos haciendo en Cataluña, un esfuerzo importantísimo que se nos debe reconocer y que demuestra nuestro claro y firme compromiso con la sanidad pública universal y de calidad. Aprovecho mi turno de intervención para reivindicar el papel y el esfuerzo que están haciendo Cataluña y también otras muchas comunidades autónomas.

Dicho esto y hecha esta aclaración, que, como bien le dije, me pareció oportuna, entraría a argumentar por qué estamos de acuerdo con los distintos puntos que plantea la moción. En relación con el primer punto, la derogación del real decreto, tengo que decir que lo hemos debatido en diversas ocasiones, lo hemos dicho muchas veces, y es que aunque inicialmente nosotros estábamos de acuerdo con la necesidad de plantear cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, nunca hemos compartido ni las formas del Gobierno, ni al inicio ni ahora, ni el contenido final del real decreto. Discrepamos en muchos aspectos, por ejemplo, la urgencia no se ha entendido y tres años después hemos visto que no tenía sentido alguno. Pero especialmente discrepamos, y también lo han dicho los demás portavoces, del planteamiento o de la realidad del cambio de modelo. Se ha pasado de un modelo de seguro universal existente hasta entonces y vinculado al concepto de ciudadanía, al modelo en que la Seguridad Social es la que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. Un modelo que nosotros no compartimos de ninguna de las maneras, y menos escuchando el discurso de los portavoces del Partido Popular, discurso que, lamento decirle, me ha parecido bastante impresentable —y utilizo esa palabra consciente de lo que significa—; además, pienso que hace un flaco favor al ministro Alonso, pues tengo la sensación de que tiene ganas de llegar a acuerdos —al menos ayer en alguna ocasión lo dijo—, y con estos discursos que hace el Partido Popular podríamos decir que en lugar de sumar ustedes restan. Ya veremos, pues, cómo evoluciona el trabajo en estos próximos meses.

En relación con el punto 2, en primer lugar diré que Convergència i Unió al inicio de la legislatura propuso la creación de una subcomisión, precisamente para analizar los problemas estructurales del sistema sanitario. Nosotros propusimos esta fórmula porque creíamos que la mejor manera de afrontar el reto que tenemos a la vista era el de abordar en parte la infrafinanciación del Sistema Nacional de Salud. Debemos analizar y abordar este problema de forma transversal, de forma territorial pero, obviamente, también desde los distintos grupos, intentando buscar soluciones de forma conjunta y llegando a acuerdos importantes entre las distintas fuerzas políticas. Debemos ser capaces de visionar las necesidades de la salud en la sociedad del siglo XXI, y plantear un modelo que permita realmente no solo la sostenibilidad del modelo sanitario, sino de asegurar el mantenimiento de la calidad y la excelencia de un sistema que ha existido estos últimos años y que, como bien decían los compañeros, en pocos meses ha ido mermando su capacidad de actuación.

Respecto a los distintos puntos que hacen referencia a la hepatitis C, obviamente todos somos conscientes de que es un grave problema que se ha hecho visible en estos últimos meses, pero que es solo uno de los déficit del sistema en la actualidad; hay muchos otros. En el ámbito de Cataluña, nuestro consejero ya dijo que se iba a garantizar que todas las personas que necesitaran tratamiento por esta enfermedad dispusieran de los fármacos más adecuados para su situación clínica. En Cataluña, durante 2014, concretamente de enero a noviembre, 1978 pacientes con hepatitis C fueron tratados farmacológicamente, y de ellos 393 recibieron ya tratamiento con los nuevos antivirales comercializados en este año 2014. Pero, sobre todo, déjenme decirles que en Cataluña, comprometidos con estos enfermos, fuimos proactivos. Nos anticipamos al problema que ha surgido en estos últimos meses, y antes de que se incorporase el Sofosbuvir al Sistema Nacional de Salud, nosotros ya habíamos realizado 52 tratamientos con ese medicamento gracias al Programa de acceso precoz de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que en Cataluña fuimos proactivos, que hemos hecho una buena gestión, que tuvimos reflejos, que hemos sido rápidos. Seguramente podríamos haber hecho las cosas mejor, pero no dejamos de atender y de afrontar este problema. En cambio, el Gobierno del Estado le dio la espalda, han pasado los meses y seguimos con el problema sobre la mesa.

Bien, más allá de la actuación concreta que llevamos a cabo en Cataluña, como nuestro consejero ha dicho en múltiples ocasiones, se trata de un problema global que requiere una respuesta global. Una respuesta global que todos tenemos que plantear de forma conjunta. No puede ser que los precios de los medicamentos en Europa sean distintos en función de criterios geográficos, visión que parece que el ministro Alonso comparte, según lo que ayer pude entender de su intervención a lo largo de la interpelación. Dejó entrever una actuación conjunta de Europa, que debería ayudarnos a solucionar este problema concreto de la hepatitis C y de los medicamentos. Por lo tanto, veremos cómo avanza.

Sobre la creación del fondo, evidentemente como he dicho antes, parte del problema del Sistema Nacional de Salud radica en la falta de financiación para afrontar los costes globales de la sanidad pública. Quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que si en lugar de dotar tanto el presupuesto del Ministerio de Defensa, destináramos más recursos al Ministerio de Sanidad, algunos de los problemas que estamos planteando hoy los tendríamos solventados. Y no solo se trata del presupuesto, sabe que hay un estado de ejecución con un diferencial importante de casi el 50 %. Por lo tanto, se trata de voluntad política. Por ello, algunos argumentos caen al suelo, usted ya lo sabe; ya veremos qué nos contesta.

Volviendo a la moción, en el caso concreto de la medicación, la distribución de la competencia hace que la decisión de la financiación de los nuevos tratamientos con cargo al Sistema Nacional de Salud corresponda al Gobierno central, pero, después, los costes los tenemos que asumir directamente las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos parece bien, estamos de acuerdo en la creación del fondo y en la necesidad de dotar de recursos a las comunidades autónomas. No solo nos parece correcto el primer redactado propuesto, sino también la incorporación de la enmienda del Grupo Mixto sobre el Fondo de cohesión sanitaria, que es uno de los temas que hemos sufrido directamente las comunidades autónomas.

Y finalizo. Con respecto al punto 3, en cuanto al incremento del IVA de los productos sanitarios, estaríamos totalmente de acuerdo en que los ingresos que se recauden se utilicen para compensar a las comunidades autónomas en la aplicación, en el despliegue de sus competencias; en este caso, obviamente, hablamos de sanidad. Por lo tanto, nosotros creemos que hace falta el compromiso de dotar a las comunidades autónomas para que puedan hacer el trabajo, para que puedan ayudar a las personas, y en este caso hablamos de los enfermos.

Nosotros vamos a apoyar la moción porque nos parece que trata distintos puntos importantes, porque en otras ocasiones hemos presentado iniciativas similares y porque, obviamente, el modelo del Partido Popular no es nuestro modelo. Hay que afrontar los problemas de cara. No podemos desatender a las personas, no lo estamos haciendo nosotros desde Cataluña, pues con menos recursos estamos haciendo mejor gestión y, por lo tanto, repito, vamos a apoyar esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero dar las gracias al senador Iglesias, al senador Cazalis, a la senadora Julios, a la senadora Almiñana y a la senadora Cunyat por manifestar su apoyo a esta moción.

Y a la senadora Pan lo primero que le tengo que decir es que no salgo de mi asombro por su intervención, pero después, recapacitando, sí es verdad que cuando uno no tiene un argumento, lo que hace es un ataque, y es lo que ha hecho. Ha subido aquí a insultar a esta portavoz, a mentir de forma descarada, y como me ha dicho que no estudio, le enseño todos los apuntes que tengo y que luego le pasaré para que usted vea, lea y aprenda un poquito más, sobre todo de las personas que lo están pasando mal. (Aplausos.) Su intervención no me ha extrañado absolutamente nada porque está impregnada del espíritu de la comparecencia de la señora Farjas que fue la que implantó todos y cada uno de los recortes. Usted ha subido aquí, repito, a insultar a esta portavoz, que no me preocupa ni lo más mínimo, pero me preocupa, y mucho, que haya subido a insultar a los andaluces y a las andaluzas, y, desde luego, eso no se lo vamos a permitir bajo ningún concepto. (Aplausos). Lo que ha dicho son barbaridades y mentiras.

¿Y ustedes se atreven a hablar de corrupción? Vayan a la Comunidad Valenciana. ¿De qué me están hablando? ¿Pero de qué me están hablando? (Rumores y aplausos.) Vayan a la Comunidad Valenciana: quitaron a un presidente; al vicepresidente y al secretario general les han caído ocho años de prisión, y ayer nos enteramos de que la gerente del Partido Popular también está imputada. ¿Pero de qué nos están hablando? Por favor, la Comunidad Valenciana, afortunadamente, no es el Partido Popular y no es la corrupción del Partido Popular. La Comunidad Valenciana son hombres y mujeres trabajadores y honestos y, afortunadamente, la vamos a cambiar. La vamos a cambiar, quieran ustedes o no quieran. (Aplausos.)

Vale más que se fije en Galicia. ¿Saben que mañana tienen convocada una manifestación por los recortes sanitarios? ¿Lo sabe? Ahora le enseñaré yo la gráfica, que yo también tengo gráficas. ¿Sabe usted que el Consello de Contas de Galicia les ha dicho que los recortes en sanidad son bestiales? Fíjese, coincido con la senadora Julios. La prestigiosa revista British Medical Journal, que supongo que para usted también será una revista importante, —supongo, porque ya dudo de todo con ustedes— ha publicado un artículo que analiza los recortes que está sufriendo la sanidad pública en España y alerta de que las diferentes medidas de austeridad y el consiguiente des-man-te-la-mien-to del Sistema Nacional de Salud pueden poner vidas en riesgo. No lo dice esta senadora; lo dice la revista British Medical Journal.

Señorías, les recomiendo que se estudien el boletín de Cruz Roja —a la que supongo harán caso— que habla sobre vulnerabilidad social, porque es impresionante. En este boletín se evidencian los recortes y la situación en la que viven miles y miles de personas en nuestro país, sobre todo personas mayores; por tanto, que diga usted aquí las barbaridades que ha dicho es muy, muy penoso. Por ejemplo, el 38,3 % de las personas mayores atendidas ha tenido problemas relacionados con la atención a su salud, la mayor parte de estas dificultades son de tipo económico. El 17,7 % ha tenido problemas para sufragar el coste de medicinas no cubiertas por la Seguridad Social, y el 9,7 %, debido al copago de medicamentos.

A ustedes, que se les llena la boca hablando de eficiencia, de buenos gestores, etcétera, les recomiendo que se lean este boletín. (Rumores). ¡Pero si son malísimos gestores!, ¡si es que han recortado 14 000 millones de euros en sanidad, la gente lo está pasando realmente mal, y esto no mejora! (Aplausos). ¡Los eficientes! (Risas). España queda fuera de la élite mundial en eficiencia sanitaria; hemos pasado de la quinta posición a la decimocuarta. ¡Ese Gobierno tan eficiente, que gestiona tan bien! (Risas.— Rumores).

Más cosas. Voy a hablar de su gráfica, de los 26 000 millones de euros que se han abonado en pago a proveedores entre 2012 y 2013. Si el problema de la sanidad pública —la herencia— era que debíamos 16 000 millones de euros y ustedes han pagado 26 000, ¿querrá decir que en dos años habían acumulado un gasto de 10 000 millones? (Aplausos). Vamos a la letra pequeña. Usted habla de Andalucía, ¿por qué no habla de la Comunidad Valenciana, o de Murcia? Y le voy a dar datos —en términos absolutos no es significativo, hay que calcularlo por habitante—: si comprobamos lo que se ha pagado en gasto a proveedores, en Andalucía tenemos una deuda de 615,4 euros por habitante —haga las cuentas, señoría, si quiere, se lo doy hecho para que no se confunda—. (Rumores) Pues bien, ¿sabe cuánto tiene Murcia? 1247 euros por habitante. ¿Sabe cuánto tiene mi comunidad, la Comunidad Valenciana? 1061 euros por habitante. Esta es la gráfica que usted me enseñaba: los 26 000 millones de euros. Son datos oficiales de la página web del ministerio. (Aplausos). Por tanto, son los que más facturas tienen escondidas en los cajones.

Como ya le dije en otra ocasión, la Unión Europea denunció a la Comunidad Valenciana porque había escondido facturas pero luego llegan ustedes y dicen: no podemos cumplir el déficit porque Zapatero nos ha engañado. ¡Pero, oiga, pero si fueron los de Valencia y Madrid los que ocultaron el déficit! ¿Pero de qué estamos hablando, de qué estamos hablando? (Aplausos).

Y no le permito que dé usted unos indicadores que son totalmente falsos en relación con Andalucía. (Rumores). Y, por favor, dejen de mentir. El gasto sanitario dedicado a contratación en centros privados es el siguiente: en Andalucía el 4,7 %, en Valencia el 6,6 %, en Madrid el 8,5 %, en Murcia el 7,2 %, en Castilla-La Mancha el 6,7 %, y así podría continuar por todas y cada una de las comunidades autónomas. (Rumores). Por tanto, no es verdad que en Andalucía haya más hospitales privados como dice usted aquí y como ha dicho el ministro (Fuertes rumores), un ministro que vino aquí ayer a mentirnos, a hacer campaña electoral en vez de dedicarse a defender los intereses de todos los españoles y de las españolas. (Rumores.— Aplausos). ¡Pero en qué mundo estamos! ¡Por favor, un poco de respeto a las instituciones, un poco de respeto al Senado! (Risas.— Fuertes rumores.— Aplausos). ¡Un poco de respeto a las instituciones!

Y una de las grandes propuestas del señor Moreno Bonilla —lo digo con todo el respeto— es esta: dice que si él es presidente..., pero ahí lo dejo... (Risas.— Fuertes rumores). Dice que si él es presidente, la espera para operarse será de 60 días en Andalucía. ¡Pero si resulta que ahora son 47 días! (Risas.— Rumores.— Aplausos). ¡Si ahora son 47! Por favor, creo que hay que ser más rigurosos y más serios. Los recortes están pasando factura a la gente más necesitada, lo quieran ustedes o no lo quieran, senadora Pan. Y no insulta quien quiere sino quien puede (Risas), y usted, desde luego, no puede.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señoría, lo primero que quiero decir en esta mi segunda intervención, para sosegar también un poco el circo que se ha montado en estos últimos diez minutos, es que los ciudadanos saben y dan su confianza a quienes generan confianza, a quienes no les generan deudas ni les dejan pufos, señoría, pufos de 16 000 millones de euros. (Fuertes rumores). Por eso el Gobierno y el Partido Popular tienen la mayoría que tienen hoy en día. (Rumores).

Y, señoría, consejos vendo pero para mí no tengo. Que me hable usted de la Cruz Roja, de un organismo que por supuesto respetamos todos junto con otros muchos, como Cáritas y demás, de un organismo que hace una labor tan buena me parece muy bien, y en eso podemos estar de acuerdo, pero hay una diferencia: ustedes dejaron un pufo de 3000 millones y nosotros tuvimos que ir a pagarlo. Esa es la diferencia, señoría. (Fuertes aplausos).

Nosotros queremos llegar a acuerdos y los hemos propuesto. Queremos llegar a acuerdos con ustedes y con el resto de las formaciones políticas de la Cámara en asuntos fundamentales del Estado y sobre todo en aquellos que directamente influyen, como la sanidad, tan directamente en la vida de las personas.

Yo dije una vez desde esta tribuna lo que decía Indira Gandhi: Con el puño cerrado es imposible intercambiar un apretón de manos. Ustedes llevan tres años con el puño cerrado, señoría (Fuertes rumores), y sin estar abiertos a ninguna idea nueva, empeñados en que lo que hacían era lo bueno: negar la crisis, negar las evidencias y dejar los pufos que ustedes dejaron. Eso es lo que hicieron. Pero ya lo sabíamos; sabíamos que ustedes no querían con el Partido Popular ningún acuerdo ni ningún pacto porque ya lo habían ensayado en aquel vergonzoso Pacto del Tinell para todos ustedes. O sea, no venimos aquí de nuevas, venimos aquí a aportar. (Risas). Sí, sí, no se ría, señoría.

Pacto por la sanidad. El pacto por la sanidad es algo que toda la sociedad española, todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones de profesionales piden. ¿Qué hicieron ustedes? No quisieron trabajar en el Congreso y se fueron de la subcomisión que se constituyó allí para alcanzar ese pacto al que ustedes no acudieron. Eso son los pactos que ustedes quieren tener para mejorar la sanidad pública de este país.

Yo le voy a definir cuáles son sus propuestas sanitarias. Yo las definiría como políticas pop, pero no pop de moderna, sino de populista, oportunista y propagandística. Esa es la política que hacen ustedes, señorías. (Rumores.— Risas). Pero es que estas cualidades no resuelven problemas, ninguno; no pagan facturas, ninguna; no introducen mejoras, ninguna, y, sobre todo, no generan confianza de los ciudadanos ni en el sistema sanitario ni en las instituciones ni en su país, algo que es bastante más grave y a lo que están ustedes jugando, señoría. Al final, todas estas propuestas pop que hacen ustedes, todas sus ocurrencias quedan guardadas en los cajones, esos cajones en los que cuando se abren aparece la realidad, aparecen las facturas sin pagar, aparecen las empresas que no han cobrado, aparecen todas las cosas que han ido apareciendo en los tres años solamente que lleva el Partido Popular gobernando. Y ustedes quieren embelesar a los ciudadanos. (Rumores). ¡Sí, sí!, pero después es a los ciudadanos a los que hay que pedir que hagan esfuerzos extraordinarios para pagar sus juergas y para pagar todas esas ocurrencias que han tenido.

Las reformas que ha llevado a cabo este Gobierno son fruto del diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas. Aquí no ha hablado usted del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no ha dicho una sola palabra de la mejora de gestión que supone para las comunidades autónomas haber puesto en marcha estas reformas. Parece que estos temas no le interesan.

¡Claro que ha habido 26 000 millones de euros de deuda, como le dije, del Plan de pago a proveedores y del Fondo de liquidez autonómico!, porque la deuda que tenían las comunidades autónomas no está computada en esa resta —aún se acuerda de restar, gracias a Dios— tan simplista que hizo usted aquí.

Hoy en España la aportación de los copagos de medicamentos, que siempre ha existido, lo saben todos los ciudadanos, es más justa. Y ¿por qué es más justa? Porque no tiene solo en cuenta la situación laboral de una persona, sino que tiene en cuenta la situación de renta. Y mientras con ustedes los parados pagaban el 40 %, hoy hay un millón de parados de larga duración —le vuelvo a repetir, señoría— que no pagan nada. Y los pensionistas que tienen pensiones pequeñas tampoco pagan nada. Por lo tanto, le vuelvo a decir que no falte a la verdad, señoría, porque no es cierto.

Y no me hable de recortes. Yo no quiero hablar de comunidades concretas, son ustedes los que vienen aquí, cada vez que se acerca una campaña, a hablar de ello, por eso le hablé de Andalucía. Y tampoco quiero hablar de los recortes que se han producido en Cataluña. No, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer porque todos ustedes los conocen bien y no hace falta que yo pierda el tiempo diciendo nada de esto.

Nosotros estamos trabajando para introducir las innovaciones terapéuticas en la hepatitis C y para ello contamos con la ayuda —no quiero dejar de mencionarlo— de profesionales como el doctor Joan Rodés, el doctor Albillos, el doctor Moreno, el doctor Crespo, la doctora Buti y el doctor Andreu, profesionales españoles de los que nos sentimos orgullosos, que están avalados y tienen un prestigio internacional. Son ellos los que mejor podrán establecer los criterios científico-clínicos y las prioridades terapéuticas para incluir nuevos fármacos cuya eficacia haya sido científicamente demostrada.

Ya sé que a usted le producirá risa; al resto de la comunidad científica internacional ninguna, pero ninguna risa le produce esto, señoría. A ver qué hace usted dentro de muy pocas fechas —que van a ser muchas menos de las que se imagina— cuando tenga noticias y tenga el resultado del trabajo que se está realizando, no solo por estos profesionales sino por las comunidades autónomas, por las asociaciones de pacientes y por la industria. A ver qué es lo que va a hacer. Lo suyo sería que hoy retirara esta moción para no quedar en vergüenza, aunque no sé si esa situación se puede producir en su persona, pero, si no lo hace, le pido que cuando conozca el plan de abordaje de la hepatitis C, que lo va a conocer dentro de pocos días, tenga al menos la gallardía de pedir disculpas por la alerta y la alarma que ustedes están provocando con cada una de sus intervenciones entre las personas que están sufriendo, señorías. Ni siquiera tienen ustedes respeto para no generar esa alerta que saben que están generando.

Pero nosotros, además de trabajar para los enfermos de hepatitis C y por la innovación en sus tratamientos, trabajamos también para otros, para introducir innovaciones en los tratamientos de los enfermos de cáncer, señoría —y usted no ha dicho ni una sola palabra al respecto—, para los enfermos de Alzheimer, para las enfermedades crónicas, para las enfermedades emergentes... Estos días, señoría, se ha celebrado el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. De los 200 centros y unidades de referencia que hay en España, 57 se han designado desde el año 2012. Tres millones de españoles, la gran mayoría niños y adolescentes, padecen alguna de las 7000 patologías catalogadas como poco frecuentes o denominadas como enfermedades raras.

El ministerio y las comunidades autónomas acaban de aprobar la creación del Registro Nacional de Enfermedades Raras y el Sistema Nacional de Salud financia los medicamentos huérfanos para el tratamiento de estas patologías. Le recuerdo, señoría, que fue en esta Cámara, en el Senado, donde se celebró una ponencia sobre enfermedades raras en la que se aprobaron una serie de conclusiones que ahora se están implementando. Y ustedes no lo hicieron, no movieron nada por ellos.

Señorías, este Gobierno se mueve, y a este Gobierno le mueve el beneficio de los enfermos, no las algaradas, no el oportunismo de algunos sin escrúpulos que ven en el sufrimiento de los pacientes una oportunidad para desgastar al Gobierno, señoría. Este Gobierno se mueve por esos enfermos, no para aprovecharse de ellos. Se está haciendo un esfuerzo muy importante —y les he dado las cifras en mi primera intervención, y en el poco tiempo que me queda en esta segunda vuelvo a insistir— y, aunque ustedes no lo quieran ver, la Unión Europea reconoce el esfuerzo que este país ha hecho y reconoce la generosidad de España con la protección de las personas que no tienen derecho a cobertura sanitaria ni en España ni en ningún país de la Unión Europea. Por lo tanto, no es razonable, señoría, que hablen mejor de nosotros los europeos y los representantes de otros países y que usted venga aquí y no sea capaz de reconocer el trabajo bien hecho que se hace en su país.



Le recomiendo que se lea el barómetro sanitario y compruebe que, efectivamente, no ha habido ningún problema de salud, y ya no le digo más porque si coge el Diario de Sesiones y se lee mi primera intervención y los datos que le he dado, que son reales —no son del Partido Popular, son de organismos oficiales—, tiene usted suficiente lectura para una temporada.

Nada más y muchas gracias. Y le invito a que se ponga a trabajar de verdad por la sanidad de este país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 82; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 621/000101 Cultura

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante que ha designado la comisión, que es el vicepresidente primero, el senador Lanzarote, por tiempo de cinco minutos.

El señor LANZAROTE SASTRE: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 10 de diciembre de 2014, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 22 de diciembre, fue ampliado hasta el día 29 de diciembre de 2014. A este proyecto de ley se presentaron 34 enmiendas. El día 10 de febrero de 2015 la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Joan Baptista Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; don Alberto Casero Ávila, del Grupo Parlamentario Popular; don Pedro Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Fernández Blanco, del Grupo Parlamentario Socialista; don Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Alberto Gutiérrez Alberca, del Grupo Parlamentario Popular; don Carlos Martí Jufresa, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Rut Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco; don Félix Montes Jort, del Grupo Parlamentario Socialista y doña María Gádor Ongil Cores, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia se reunió el día 11 de febrero y emitió el informe en el que se incorporaron al proyecto de ley dos enmiendas transaccionales, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado Convergència i Unió, Entesa pel Progrés de Catalunya y Mixto, una sobre la base de las enmiendas número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, número 9 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y número 34 del Grupo Parlamentario Popular, y otra sobre la base de las enmiendas número 3, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y número 11, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Asimismo, se incluyeron diversas correcciones contenidas en el informe elaborado por el letrado de la comisión.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 11 de febrero y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes y los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lanzarote.

Pasamos al debate de totalidad. En primer lugar, turno a favor. (Denegaciones).

Turno en contra. (Denegaciones).

Pasamos entonces al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

No veo mucho entusiasmo en los grupos por la Biblioteca Nacional de España. Es una lástima, porque es una institución que merece y requiere la atención de esta Cámara. No tuvo un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, como mínimo, que lo tenga en el Senado.

En definitiva, señorías, que la Biblioteca Nacional de España disponga de una ley específica es una muy buena noticia. Es esta una institución de prestigio y solera, bien gestionada, que ha sabido modernizarse y ha encontrado su nuevo sitio en la era digital, cuando no era muy evidente. Y más que nunca sigue siendo una institución clave para el sistema cultural, y cuando digo cultural me estoy refiriendo al sentido amplio de la palabra, no solo reducido a las artes o a la literatura, sino al sustrato de las ideas, valores e imaginario colectivo del conjunto de España. Es, por tanto, coherente y necesario que exista esta ley para fortalecerla y que disponga de recursos, medios y apoyo necesario para desarrollar su tarea.

Por todo ello, señorías, nuestro grupo va a votar a favor de esta ley, pero, aun así, quiero dejar constancia de que para nosotros se queda corta, porque peca de falta de auténtica confianza en la propia institución. Sin duda, esta es una ley para dar reconocimiento a la Biblioteca, pero sobre todo es y debiera ser más una ley para dotarla de la autonomía necesaria para poder desarrollar con mayor eficacia y eficiencia su tarea. Pero parece que el Partido Popular lleva mal todo lo que se refiera a autonomía y accede siempre con recelos, sin plena confianza y con el freno de mano puesto. Y se nota en múltiples artículos de esta ley que hemos querido enmendar: entre otros, cuando se define el real patronato y se da una prioridad absoluta a la Administración central por encima de las comunidades autónomas y los municipios; se nota cuando la Biblioteca Nacional de España es la bóveda de un sistema bibliotecario general y la mayoría de sus competencias están transferidas a comunidades y tienen amplia participación municipal; se nota en el proceso de elección del director o directora general de la Biblioteca, porque el Gobierno siempre quiere tener la última palabra, sesgando a veces el necesario referente a mérito y capacidad y, sobre todo, la plena independencia de la dirección de la institución; se nota cuando se quiere constreñir la capacidad de participar en sociedades o fundaciones complementarias a la actividad de la Biblioteca; se nota en la capacidad para la contratación de personal por la institución; y, finalmente, se nota en el condicionamiento presupuestario a la que se la somete.

Por supuesto, la Biblioteca Nacional de España pertenece al sector público, así debe ser y, por tanto, debe estar sujeta a las leyes generales que lo rigen: en primer lugar, la de contratación; en segundo lugar, a todos los controles estrictos a los que debe estar sometida la gestión pública; y también, sin ningún tipo de duda, a las directrices que emanen de otros órganos del Estado y del propio Gobierno que, al final, es el que dirige el conjunto del desarrollo institucional en la Administración central. Pero si hemos hecho una ley específica para la Biblioteca Nacional de España es porque creemos que debe tener una gran autonomía en su gestión y en su dirección, porque pensamos que si ejerce estas funciones con gran autonomía, va a ser mejor para la institución y, en definitiva, para todos. Porque la Biblioteca Nacional de España trabaja con otros niveles de la Administración. Porque, como he dicho, es pieza clave del ecosistema cultural. Y, en definitiva, porque, como dice en el preámbulo, guarda la memoria, el saber y difunde el conocimiento de todo el país.

Con todo, señorías, finalizo mi intervención felicitando muy sinceramente a la Biblioteca Nacional de España y a todas y todos los que han impulsado la ley, porque por fin esta institución va a disponer de esta ley, su ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor del proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Sin duda, estamos ante una ley necesaria, una ley a la que se llega como resultado de un proceso, de un trabajo, iniciado por gobiernos anteriores. Una ley que, en todo caso, debemos entender como el instrumento, el marco regulador, que permita avanzar y conseguir los objetivos y funciones de una institución de la importancia de la Biblioteca Nacional. Votaremos sí a una ley que debe servirnos para consolidar el reconocimiento de la Biblioteca Nacional como institución esencial para la cultura española; servirnos para continuar reforzando su misión como garante de la preservación de la identidad y pluralidad cultural de nuestro país, y servirnos para aprovechar su sinergia en beneficio del sistema bibliotecario español en su conjunto.

Pero, señorías, nuestro voto favorable va acompañado —y así queremos manifestarlo— de una postura crítica y de una cierta decepción; decepción porque creemos, y no solo nosotros, que el Gobierno y el Partido Popular desaprovechan una magnífica oportunidad para haber avanzado y solucionado asuntos importantes, como los recogidos en nuestras enmiendas que después serán defendidas por el senador Fernández y que de ser aceptadas mejorarían el texto presentado. Ya se ha dicho aquí, y es cierto, señorías, que la ley se ha quedado corta. Y es que reconocer, reforzar y aprovechar lo que significa y representa la Biblioteca Nacional, como valor fundamental para nuestra educación, para nuestra cultura y para nuestro país, tal y como se pretende con la ley, obligaba a ir más allá. Porque, como les decía, la ley partía y contaba con los avances y el trabajo ya realizado por el Ministerio de Cultura en periodos anteriores. Por ello, entiendo de justicia expresar en este debate en el Senado el reconocimiento a todos y todas sus responsables, reconocimiento que me van a permitir personalice en nuestra compañera en esta Cámara y ministra de Cultura en su día, Carmen Alborch.

Señorías, la ley obligaba a ir más allá y, así, reconocer y poner en valor la dedicación y profesionalidad de los empleados y trabajadores de la Biblioteca Nacional, con sus equipos directivos a la cabeza. Aprovecho para agradecer al actual equipo y a su directora, Ana Santos, su trabajo, sus explicaciones y su docta información sobre la situación actual y necesidades de la institución. Sin duda, señorías, había que haber ido más allá. Porque esta ley, cualquier ley, es difícil que cumpla sus objetivos si no va acompañada de los recursos presupuestarios y humanos necesarios. Es obvio que los presupuestos son la mejor concreción de las prioridades políticas. Pues bien, para la Biblioteca Nacional, en los Presupuestos Generales del Estado hemos pasado de casi 48 millones de euros en 2010, con un Gobierno socialista, a 29 millones para 2015 con el Gobierno del Partido Popular. Casi 20 millones de euros menos. Si continúan los hachazos presupuestarios del Gobierno, los recortes en los recursos humanos, con una disminución en este periodo 2010-2015 del 17 %, a pesar del esfuerzo y la demostrada profesionalidad de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, ¿creen que será posible cumplir con lo que se enuncia en esta ley? Recortes presupuestarios y de personal a los que hay que añadir el comportamiento de muchos miembros del Gobierno para con nuestra cultura; comportamiento, decisiones y trayectoria que hacen que la cultura desconfíe del Gobierno del señor Rajoy, que desconfíe del señor Wert y que desconfíe del señor Montoro. Es grave y lamentable, pero es así. El mundo de la cultura no se fía del Gobierno, y la gente de las bibliotecas es de la cultura. Y no se fían porque, además de ser el Gobierno de los recortes brutales, de la eliminación de una justa compensación por copia privada, del fiasco del mecenazgo, del IVA cultural al 21 %, son el Gobierno que ve la cultura como un lujo más que como un derecho, y son un Gobierno lamentablemente enfrentado al sector cultural de nuestro país. Ahí está el problema; ahí está el problema con esta ley y ahí está el grave peligro: el trato —el maltrato diría yo— que el Gobierno da a nuestra cultura.

En ese contexto, esa situación a la que nos ha llevado el Gobierno del Partido Popular, ¿podrán conseguirse los objetivos de esta ley? Yo pido al grupo mayoritario y pido al Gobierno que rectifique, que entienda lo positivo que sería un cambio de actitud y un cambio de su visión sobre la cultura. Como les decía al principio, nosotros estamos esperando a que se produzca esa rectificación, y en ese sentido les damos un nuevo voto de confianza; por ello apoyamos la ley reguladora que aquí debatimos hoy. La importancia y trascendencia de la institución lo hace necesario y oportuno. En todo caso, reitero, y quiero dejarlo claro, que nuestro voto favorable no es un cheque en blanco; la aprobación de esta ley no es un punto y final. Estaremos vigilantes porque para lograr los resultados planteados es imprescindible acompañar a la ley y dotarla del reglamento adecuado, del personal necesario y del presupuesto que permita esa autonomía para que cumpla esas funciones en un mundo como en el que estamos de cambio y aceleración. Si estos requisitos no se cumplen, señorías, la tarea legislativa que estamos realizando será estéril, será un fiasco, uno más que añadir a la gestión cultural del Gobierno. No querríamos que dentro de unos meses el reglamento no cumpla lo que dice la ley, los presupuestos se sigan recortando y el personal de la Biblioteca Nacional de España no siga siendo necesario para cumplir su función. De producirse eso, la ley no habría servido y sería un maltrato más para y con nuestra cultura.

Señorías, termino. En 1711, con la llegada de la corriente ilustrada, se crea la Real Biblioteca Pública. Desde hace más de 300 años esta institución forma parte de nuestro patrimonio material e inmaterial, un patrimonio y unas instituciones que, como la Biblioteca Nacional, forman parte de nuestra mejor imagen y nuestra mejor carta de presentación. Con ella, museos, academias, colecciones, arte, música, pintura, escultura, jardines o manufacturas, todo ello también es fruto de la corriente ilustrada. La Ilustración, fue sin duda un movimiento apasionante que supuso un avance para nuestra cultura, para la ciencia, para el arte, para la investigación y el desarrollo. Y —¿saben?— creo que nos vendría muy bien en estos tiempos complejos que vivimos respirar un poco de aire ilustrado. Yo, que vivo en una ciudad ilustrada, se lo recomiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ongil.

La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para mí es un verdadero honor poder defender en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, este proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer y dinamizar el funcionamiento de la Biblioteca Nacional de España, una institución bibliotecaria que cuenta con más de 300 años de antigüedad y que es un tesoro y creo que un orgullo para todos los españoles.

Me van a permitir que conteste al señor Montes. Sinceramente, con todo el respeto que me merece y la cordialidad que mantenemos en los trabajos de la comisión, no pensé que su intervención iba a estar basada única y exclusivamente en la parte económica y en algo que excede a la propia ley, pero me siento en la obligación de contestarle, señor Montes. Menos mal que al final de su intervención ha hablado de la Ilustración y de lo que a usted le gusta viniendo de una ciudad que es ilustrada. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). He llegado a pensar que habían creado ustedes también la Biblioteca Nacional, porque parece que la cultura, solamente la cultura es patrimonio del Grupo Socialista; ustedes son los que la defienden por encima de todo, en contra de lo que parece que hace el Grupo Popular. Y yo no dudo de que la señora Alborch defendiera e impulsara muchas cosas en beneficio da la cultura para este país, pero al final, el que ha sacado adelante esta ley, el que la trae a los parlamentos y el que la ha llevado al Congreso de los Diputados ha sido, en definitiva, el Grupo Popular. Por lo tanto, no nos quiera quitar ese valor o no quiera aplicarse para usted solo ese valor. En cualquier caso, le agradezco, como se lo agradezco al señor Martí Jufresa y a todos los grupos parlamentarios, el apoyo que van a dar a esta ley.

No me gustaría utilizar estas palabras, pero ha hablado usted de recortes y hachazos, señor Montes, y aunque a usted no le guste que se lo repitamos, el Gobierno del señor Rajoy ha tenido que tomar medidas que ni a ellos ni al propio presidente les habría gustado tener que tomar como consecuencia de cómo dejaron ustedes este país con el señor Zapatero. (Rumores). Les molesta mucho. Uno de sus portavoces ha dicho que cuando alguien llega a gobernar tiene que asumir su gobierno y lo que haya hecho. Lo asumimos, pero no nos podemos olvidar. Le aseguro yo que al señor Rajoy no le ha gustado poner el IVA como se ha puesto, y le aseguro que no le ha gustado tomar las medidas que se han tomado, pero es que hay que recordar cómo estaba este país hace tres años y cómo está ahora. (Rumores). Y no quiera usted utilizar la cultura en beneficio personal —no personal de usted, sino de su grupo parlamentario—, para decir que son ustedes los adalides de la cultura. Creo que este debate no tenía que hacerse en esta ley, pero no podía por menos de contestarle.

La propia Biblioteca se merece esta ley como institución protectora, custodia y máxima referencia del patrimonio bibliográfico de nuestro país. Es un referente a nivel nacional e internacional de la cultura hispana y, como valor incalculable que tiene para todos nosotros, debemos darle el mismo tratamiento que se ha dado a otras instituciones del Estado, como son el Museo Nacional del Prado y el Centro de Arte Reina Sofía.

Estamos en un momento de grandes cambios dentro de la propia Biblioteca con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como lo estamos también en aspectos de nuestras vidas, y por supuesto todos estos cambios afectan a la propia biblioteca. La suma de todas estas cosas y que haya habido órganos y colectivos que hayan instado a que se hiciera esta ley, han llevado a la necesidad de esta nueva ley reguladora, que va a darle una mayor autonomía y eficacia en la gestión, señor Montes, porque, como nos decía la propia directora, era algo muy necesario.

Lo que busca este texto legal para la Biblioteca Nacional es que sea más abierta, más funcional, más eficaz y más moderna. Yo creo que la ley lo consigue, a pesar de todas esas pegas que ustedes le han puesto.

Es nuestra obligación poner a la Biblioteca Nacional, donde se conserva la memoria de la cultura española y que ha sido testigo de la historia de este país, en el lugar que le permita seguir conservando, difundiendo y transmitiendo nuestra cultura escrita, gráfica y audiovisual, y siendo un centro de referencia internacional para el hispanismo.

Esta ley, señorías, recoge la naturaleza autónoma que tiene la propia Biblioteca; los tres órganos encargados de regir la institución, que serán la presidencia, el real patronato y la dirección; se regula también el régimen patrimonial como un patrimonio propio, así como los recursos económicos de ingresos por actividades, contratación y el control económico y financiero.

Me gustaría destacar también de esta ley la creación del comité científico, que va a poder servir para consultar y que podrá asesorar en todo lo referente a los proyectos tecnológicos y de investigación. Y déjeme que le diga cuál ha sido el último descubrimiento en el ámbito de la investigación: un inédito de Lope de Vega que se llama Mujeres y criados, un trabajo de Alejandro García Reidy. Es de justicia nombrarlo para que quede constancia en el Diario de Sesiones.

También me gustaría recordar que este proyecto recoge nuestra diversidad cultural y lingüística y en la disposición adicional primera se hace mención a la contribución, la difusión y la normalización del patrimonio plurilingüe del Estado español, que promoverá el uso de las distintas lenguas oficiales.

Asimismo, señorías, creo que es fundamental facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y, en concreto, a la Biblioteca Nacional. Por ello, y en lugar destacado, en la disposición adicional segunda, se hace mención a las personas con discapacidad, para que esta biblioteca disponga de una mayor accesibilidad. Como decía su directora general —y aprovecho para agradecérselo a ella y a todo su equipo— en la visita que hicimos con la Comisión de Cultura, se trata de que se saque la Biblioteca Nacional al Paseo del Prado. Con eso, gráficamente, lo que quiere decir es que no la veamos como algo lejano, sino como algo cercano. Se están programando acciones culturales, exposiciones, conferencias e incluso en las salas de lectura ha habido dos conciertos que han sido un éxito, y por primera vez se ha abierto el hall de la propia Biblioteca, con un aumento de miles de visitantes.

Termino, señor presidente. Señorías, tenemos que hacer que esta riqueza patrimonial que es la Biblioteca Nacional sirva para que todo aquel que la desconozca pueda empezar a conocerla. Confiamos en que este texto garantice que la Biblioteca Nacional de España siga siendo sinónimo de conocimiento, modernidad y vanguardia en cualquier parte del mundo.

Agradezco por adelantado a todos los portavoces su apoyo, que espero tenerlo de todos. Agradezco su labor a mi compañero, el senador Casero, que es quien ha trabajado con todos los grupos las enmiendas. Y, sin lugar a dudas, les pido su voto favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Las números 2 y 4 a 8 fueron presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lamento romper el clima positivo. En la comisión voté en contra del proyecto y mantendré ese voto negativo. Conste que el complejo de Pepito Grillo con el que bajaba cuando estaba repasando la intervención se me quitó un poco al escuchar a la portavoz del Grupo Popular; porque, visto cómo trata usted al portavoz del Grupo Socialista, que va votar a favor, no me sentí muy animado a seguir su ejemplo.

Reconozco el mérito de haber presentado el proyecto; considero que es necesario, sin ninguna duda, y sin la más mínima reserva reconozco la importancia de la institución a la que estamos haciendo referencia y que se regula mediante este proyecto de ley, y reconozco igualmente el trabajo y el esfuerzo del portavoz del Grupo Popular, que ha buscado el acuerdo y ha transaccionado diferentes enmiendas. Ha asumido una de las que habíamos planteado y ha transaccionado otra de nuestro grupo. De hecho, se ha producido una reducción sustancial del número de enmiendas presentadas. Pero, tal como expresó la portavoz del Grupo La Izquierda Plural en el Congreso, las reservas no se refieren exclusivamente al texto del proyecto, sino a una desconfianza, fruto de la experiencia, que hace que entendamos que se dejan demasiadas cuestiones abiertas para la concreción de la ley —la elaboración del estatuto, el desarrollo de esta norma—, al tiempo que algunas de las prácticas puestas ya en marcha en los últimos tiempos en relación con la externalización, la precarización laboral o las vías de financiación al margen de lo público, son prácticas que hemos discutido, cuestionado y rechazado en otros ámbitos del funcionamiento de la Administración y que también criticamos, lógicamente, en la Biblioteca Nacional. Como ven, he concentrado en un solo turno, para abreviar tiempo, nuestra posición o explicación global al texto, y paso ahora, de forma muy breve, a exponer las enmiendas que han quedado pendientes y que no han sido asumidas por ninguna transaccional.

Una de ellas defiende la conveniencia de que en el articulado se refleje la importancia de preservar una parte sustancial del fondo de la Biblioteca Nacional, que son los fondos especiales, y que se explicite la voluntad de propiciar el acceso a especialistas e investigadores sin que ello signifique, en ningún caso, que se impide el acceso, ya en el formato más adecuado —no tiene por qué ser el mismo formato al que acceden especialistas e investigadores—, al común de los usuarios, como viene ocurriendo en la actualidad. Para blindar esta práctica, que entendemos es positiva, hemos planteado una enmienda para que se refleje en el texto del articulado.

Igualmente presentamos otra enmienda para que en la configuración del pleno del real patronato se amplíen de tres a seis los representantes de las comunidades autónomas mediante dos figuras, tres designados rotatoriamente por la Conferencia Sectorial de Cultura y otros tres por las academias de las lenguas. También, a través de otra enmienda, planteamos que haya en este pleno del real patronato una representación de tres vocales de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la Biblioteca Nacional de España. Igualmente formulamos otra enmienda para que en la selección del director de la biblioteca se prevea que haya asesoramiento, pero queremos especificar que sea de funcionarios competentes en la materia y titulados en archivística, biblioteconomía y documentación.

Finalmente, rechazamos porque no nos parece que sea una práctica adecuada, y debe ser una de las finalidades de la Biblioteca Nacional, la opción que se abre de que puedan adquirir participaciones empresas privadas.

Estas son las enmiendas fundamentales que sustentan el rechazo al proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Para defender las enmiendas 10,12 y 16, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Con esta intervención quiero reiterar el compromiso de esta Cámara de reformar el Senado en esta legislatura, compromiso que hay que cumplir.

Dicho esto, de las ocho enmiendas que presentamos el senador Saura y yo, dos se han transaccionado, la 9 y la 11, y agradezco el esfuerzo realizado por el grupo mayoritario en estas transacciones; retiro las números 10 y 16, y las otras cuatro enmiendas, las números 12, 13, 14 y 15, son idénticas a las presentadas por el senador Iglesias, que acaba de justificar él mucho mejor que yo, con lo cual doy por defendidas estas únicas cuatro enmiendas que quedan vivas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado las enmiendas 17 a 28. Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de entrar en la defensa de nuestras enmiendas, voy a hacer un pequeño comentario a la intervención de la presidenta de la comisión. O sea, señora Ongil, que en España solo se podía hacer un tipo de políticas y que el señor Rajoy, con lágrimas en los ojos, acabó subiendo el IVA al 21 % porque no quedaba más remedio. Lo siento, pero tal cosa es absolutamente inverosímil. Ningún país de Europa, ni siquiera países con muchas más dificultades económicas que el nuestro, tiene un IVA que de media supere al 10 %, y además ha quedado demostradísimo que esta subida del IVA no sirve para nada, ni para la creación de empleo, ni para el acceso a la cultura, ni siquiera para engrosar las arcas del Tesoro Público. Por tanto, es una medida indefendible y le ruego que, como mínimo, dejen de aducir un fatalismo imposible para la subida del IVA cultural en nuestro país.

Señorías, me centro ya en nuestras enmiendas, que voy a defender en tres bloques. El primero, más que una defensa va a ser un comentario en torno a la enmienda 17, que tiene que ver con el preámbulo, la cual ha sido objeto de transacción, cosa que agradezco y celebro muy sinceramente por algo que después les referiré. El segundo es el relativo al uso del término Estado español, enmiendas números 18, 22 y 27. Y finalmente, el tercero está relacionado con lo que les decía anteriormente: la capacidad real de autonomía de la biblioteca en relación con su actividad y sus funciones. Son las enmiendas números 23 a 26 y 28.

Empezaré por este último bloque. La enmienda número 23 pretende que haya mayor pluralidad en el patronato que rige la institución, con la incorporación de la visión municipal de los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que, como he dicho antes, en buena parte tiene que ver con la gestión del sistema bibliotecario. Por tanto, una mayor pluralidad del patronato redundaría en mayor autonomía para la biblioteca.

Las enmiendas 24 y 25 pretenden introducir mayores garantías de profesionalidad y capacidad en el proceso de selección del director/a de la biblioteca como condición de su independencia. Una mayor independencia de la dirección también supondría una mayor autonomía para la Biblioteca Nacional.

La enmienda 26 pretende flexibilizar la posibilidad de participación de la biblioteca en sociedades o fundaciones, cambiando el término imprescindible por el de conveniente. Por tanto, una mayor discrecionalidad para la Biblioteca en cuanto a su participación en sociedades también supondría una mayor autonomía en su gestión.

Finalmente, la enmienda número 28, de supresión de la disposición adicional cuarta, pretende desbloquear el techo de gasto que le impone un corsé presupuestario que, como he dicho antes, refleja la desconfianza del Gobierno al presentar esta ley, pues primero dice una cosa, pero finalmente suprime la posibilidad de que esta ley tenga alguna incidencia presupuestaria —presupuesto que al final acabaría decidiendo el propio Gobierno-, pues como ni siquiera se fía de la propia ley, en la disposición adicional cuarta establece que ello no va a ser posible en ningún caso, no fuera que se despisten y al final aumentara un poco el presupuesto. En definitiva, un mayor horizonte presupuestario también redundaría en una mayor autonomía de la biblioteca.

Por lo que se refiere a los dos primeros grupos de enmiendas, estos tenían un mismo objetivo: que el redactado de la ley estuviera a la altura de la institución de la que trata, una institución fuertemente relacionada con los libros y, por tanto, con la lengua. Modestamente, pensábamos que el texto del preámbulo, más allá de sus contenidos, era reiterativo, confuso y sin hilo conductor. Por ello, en la enmienda 17 proponíamos una reorganización completa de este apartado inicial. Celebro, pues, que se haya llegado una propuesta de transacción, y lo agradezco porque propone un cambio sustancial en el orden y en la redacción del preámbulo, que aunque no es el que yo había propuesto —yo había presentado otro—, no importa, pues efectivamente se ha llegado a una redacción correcta, a la altura de lo que supone una ley referida a la Biblioteca Nacional de España. Creo que este esfuerzo —indirectamente forzado por la presentación de nuestra enmienda— ha valido la pena y que la propia ley saldrá beneficiada por ello.

Señorías, pensábamos que en esta ley, más que en ninguna otra, había que ser rigurosos en el uso del lenguaje y que no tenía ningún sentido hacer un uso inapropiado y espurio del término Estado español. Y voy a poner algunos ejemplos. En el preámbulo se dice que la «Biblioteca Nacional de España guarda la memoria del Estado español». Pero el Estado español no tiene ninguna memoria particular, salvo sus propios archivos administrativos. La memoria es de todos, es la memoria del conjunto de España. Si no se quiere poner Reino de España, que sería la denominación propia, y no se quiere poner España —a mí no me importaría que se pusiera, pero no se quiere poner—, se podía haber puesto colectiva, guarda la memoria colectiva. En el preámbulo se dice «del patrimonio plurilingüe del Estado español». Las lenguas no son del Estado, las lenguas son del país, de todos, y si no se quiere decir del patrimonio plurilingüe de España o del patrimonio plurilingüe español, se pone del patrimonio plurilingüe compartido. Por tanto, se debe hacer un uso del lenguaje que sea acorde con su sentido y no una pura transacción sin ninguna lógica.

Les voy a poner otros ejemplos. «Elaborar la bibliografía del Estado español». ¿Es que el Estado español tiene una bibliografía? Evidentemente, no la tiene. La bibliografía puede ser un referente para todo el sistema bibliotecario, y se podría haber dicho perfectamente: elaborar una bibliografía que sea referente para todas las bibliotecas. Si no se quiere poner el término españolas, se podría haber puesto: todas las bibliotecas. O sea, que soluciones hay. En otro artículo se dice «patrimonio bibliográfico y documental del Estado español». Es evidente que esta ley no se refiere al patrimonio bibliográfico y documental del Estado, sino al del conjunto de instituciones, empresas, particulares y asociaciones que forman el entramado social y cultural de España. Si no se quiere decir Estado español, se pone español, y si no, se deja en genérico. Por consiguiente, es realmente triste que la Ley de la Biblioteca Nacional de España contenga estas expresiones contrarias a la semántica y al sentido común.

En un país normal, no tensionado por el nacionalismo español, por una parte, y por el nacionalismo catalán o vasco, por otra, no pasaría nunca algo así. Parece que el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió gesticulan muchísimo, se pasan el día gesticulando, denunciando agresiones y ataques, pero al final nunca ponen las bases para la convivencia entre todos. España es un país plural, un país pluricultural y plurinacional que puede perfectamente convivir en la diversidad si se ponen los marcos para hacerlo. Nunca los partidos nacionalistas van a hacerlo, lo sé, y por eso se retroalimentan mutuamente, y, desgraciadamente, nos encontramos con situaciones como esta.

En definitiva, señorías del Grupo Popular, menos retórica donde no toca y más cambios reales en las instituciones políticas y de convivencia de este país, empezando por el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para defender la enmienda número 33, que mantenemos viva al articulado del proyecto de ley, y que paso a defender y a argumentar brevemente.

Mi grupo parlamentario considera razonable y lógico que aquellas comunidades autónomas que tienen competencias y atribuciones en materia de cultura y cuya gestión ordinaria les corresponde en el actual marco jurídico, precisamente por su proximidad y por su conocimiento diario de las problemáticas tengan una representación acorde o proporcionada a su realidad. Se trata de la enmienda número 33, que plantea la necesidad de que de entre los once vocales natos que forman parte del pleno del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, al menos cinco de ellos sean nombrados por las comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de cultura reconocidas en sus respectivos estatutos, a fin de garantizar una mayor representación en el patronato de la Biblioteca Nacional de aquellas comunidades que cuenten con centros similares. Nos preocupa el sistema elegido en la formación del patronato, ya que en el artículo 6.3 se establece una base de once vocales natos, de los cuales solo tres serán representantes de las bibliotecas de las comunidades autónomas, designados rotatoriamente por la Confederación Sectorial de Cultura.

Si se apuesta por una amplia representación, teniendo en cuenta que pueden nombrarse hasta treinta vocales, resulta difícil justificar que solo tres miembros de los once natos representen a las comunidades autónomas. Por ello entendemos razonable que si bien el patrimonio cultural de la Biblioteca Nacional corresponde al Estado, se pretenda dar voz y voto en la toma de decisiones a aquellas instituciones que también atesoran patrimonio cultural en sus territorios. A nuestro entender deberían incluirse como vocales natos al menos a cinco representantes de dichas instituciones.

Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas en este sentido, y sería interesante conocer el porqué de la negativa del Gobierno a aceptar una mayor representación de dichas instituciones en el Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Si se trata de adaptar la realidad de una institución del siglo XVIII a la realidad social, tecnológica y política del siglo XXI, la nueva realidad territorial del Estado español debería estar consecuentemente representada en dicha composición. Una mayor representación de las comunidades autónomas significaría también una mayor pluralidad y mayor presencia de las distintas culturas que conviven en el Estado español.

Termino mi intervención en el turno de enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bagué.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 29 a 32. Para su defensa tiene la palabra el senador Fernández Blanco.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sin lugar a dudas la Biblioteca Nacional es la máxima referencia bibliográfica de nuestro país desde hace ya más de trescientos años. El Grupo Parlamentario Socialista, como ya he indicado, va a votar a favor de este proyecto de ley tal y como hicimos en el Congreso de los Diputados. Y votaremos a favor porque es necesaria una regulación, es necesaria una mayor independencia y autonomía para que la Biblioteca Nacional pueda cumplir perfectamente con sus fines y objetivos.

Hemos presentado cuatro enmiendas recogidas en tres grupos que resumen muy concretamente los objetivos. El primer grupo se refiere a la participación, el segundo a la transparencia y en el tercero hablamos de recursos. En el primer punto, participación, lo que pretendemos con nuestras enmiendas es mayor pluralidad, tan demandada ahora mismo en la sociedad, de modo que se incluya la Administración Local —evidentemente, la más cercana al ciudadano— en el Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Para ello habría que modificar el artículo 6 en su apartado 3, que quedaría de la siguiente manera: «El pleno del Real Patronato estará integrado por un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta, once de los cuales tendrán el carácter de natos conforme al estatuto, tres de ellos representantes de las bibliotecas de las comunidades autónomas designados rotatoriamente por la Conferencia Sectorial de Cultura...» En este sentido quiero referirme al acta de la Conferencia Sectorial de Cultura de 2 de junio de 2014, que al analizar esta ley dice que ningún vocal tuvo nada que decir. Si hubieran estado los tres vocales representantes de los municipios que nosotros proponemos, seguro que en la conferencia sectorial que analizó esta ley hubieran tenido voz y hubieran dicho algo. Por lo tanto, nuestra propuesta es añadir tres representantes de municipios con biblioteca pública del Estado, porque además así conseguiríamos una Biblioteca Nacional de todos. Me gustaría que la Biblioteca Nacional además de salir al Prado, saliera también a la Administración Local, a los pueblos, incluso a los pueblos pequeños, porque también allí necesitamos libros y biblioteca.

Nuestro segundo grupo de enmiendas lo titulamos mejora de la transparencia, libre concurrencia, igualdad de oportunidades. Y aquí presentamos dos enmiendas al artículo 8.

La primera pretende regular un nuevo procedimiento para la selección de los posibles candidatos o candidatas a la dirección de la Biblioteca, que garantice la adecuación de estos sobre la base de la acreditación de los méritos que se ofrezcan y en función de planes y proyectos de futuro de los candidatos y candidatas que se propongan. En este sentido, queremos que la comisión permanente proponga al titular del ministerio, al señor ministro o ministra de cultura, una terna de candidatos para la cobertura del puesto de la Dirección General de la Biblioteca Nacional y que a partir de ahí se abra un concurso público, y que solamente existan criterios de competencia profesional, de experiencia en relación con las bibliotecas y objetivos de la Biblioteca Nacional. Evidentemente, para seleccionar el currículum de esta terna, la comisión permanente contaría con el asesoramiento profesional en el ámbito bibliotecario y documental y resolvería motivadamente la capacidad e idoneidad en función de los proyectos de futuro de la Biblioteca que cada uno de los candidatos proponga. Nos parece también muy importante, pues si hubiera una terna de candidatos, siempre habría mayor concurrencia y la selección se haría en base a los análisis de los proyectos.

Y la última enmienda, la número 32, de supresión, es la misma del Congreso, que la mantenemos, y propone suprimir el inciso «de dotaciones ni» de la disposición final cuarta.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Un segundo.

En dicha disposición se dice que no habrá incremento de gastos. Nosotros consideramos que las medidas que contiene el proyecto de ley pueden generar un gasto que, evidentemente, en la ley se debe contemplar.

Muchas gracias.

Resumo nuestras enmiendas: participación, trasparencia y sobre todo recursos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Fernández.

Turno en contra. Tiene la palabra el señor Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señor presidente.

Permítanme que en esta primera intervención del turno en contra a las enmiendas presentadas por los compañeros de los grupos parlamentarios que han trabajado junto a nosotros en la elaboración de esta ley, me circunscriba a las enmiendas que se han mantenido vivas.

Yo quiero agradecer la voluntad de los grupos políticos para poder alcanzar un acuerdo. Quiero también agradecer la voluntad de los grupos políticos para conseguir que esta ley sea votada de manera mayoritaria por esta Cámara.

Quiero decirles que los grupos de enmiendas que ustedes han mantenido se refieren fundamentalmente a tres cuestiones. Una, la ampliación de miembros del patronato. Algunas enmiendas piden que los trabajadores pasen a formar parte del Real Patronato, que a partir de ahora va a tener verdaderas funciones directivas en la Biblioteca Nacional; frente a un órgano anterior meramente representativo, ahora va a ser un órgano rector, colegiado que va a tomar decisiones en la Biblioteca. El Gobierno y la propia Biblioteca Nacional entienden que el que los trabajadores estén presentes en el real patronato tiene que venir recogido en el futuro estatuto que desarrolle esta ley que vamos a aprobar hoy. Ese estatuto, evidentemente, contará también con la participación de las personas que están en el día a día de la Biblioteca Nacional, que serán las que estimen oportuno si los trabajadores tienen que formar parte o no de ese real patronato.

Otra petición en la que coinciden los grupos políticos en las enmiendas que mantienen vivas es la representación de la Federación Española de Municipios y Provincias en el real patronato. Créanme que el grupo político mayoritario de esta Cámara ha hecho un esfuerzo por intentarlo, porque este que les habla es alcalde, pero es cierto que los razonamientos dados por la propia Biblioteca Nacional de operatividad y necesidad, ahora que el real patronato va a pasar a ser un órgano consultivo, con capacidad de dirección, no requiere que tenga tal número de personas, porque eso lo haría menos operativo. Además, las competencias en materia de bibliotecas corresponden a las comunidades autónomas;



los ayuntamientos se coordinan cada uno con sus respectivas comunidades autónomas y estas ya están representadas en el propio patronato. Hay, además, un consejo de bibliotecas en el que están representados los ayuntamientos, y en ese órgano del consejo de cooperación de bibliotecas también está presente la Biblioteca Nacional. Con lo cual, las posibles políticas que la Biblioteca Nacional, como órgano central de las bibliotecas en nuestro país, pueda tomar siempre serán debatidas en ese consejo cooperativo de bibliotecas.

Respecto a la propuesta de aumentar el número de comunidades autónomas, entiendo que forma parte del bagaje del grupo nacionalista, pero se entiende que con la presencia de tres comunidades autónomas está suficientemente representada la territorialidad del Estado español.

Respecto al otro grupo de enmiendas que se mantienen vivas y que se refieren a las limitaciones a la participación de la Biblioteca Nacional en empresas públicas, he de decir que, evidentemente, la Biblioteca Nacional estará sometida al control de otras leyes superiores que le impedirán y pondrán barreras a participar en determinados proyectos que no beneficien a sus fines y a sus metas, que, en definitiva, es de lo que se trata.

Entendemos, además, que es necesario que la Biblioteca Nacional dé un paso de modernidad, como hacen otras bibliotecas del mundo, y se abra a la posibilidad de la participación privada, algo que hasta ahora no era posible. Les hablaré de este asunto en mi siguiente intervención pero creo que es un cambio sustancial de la ley que debemos destacar: la Biblioteca Nacional no solo se tiene que financiar con subvenciones estatales sino que también podrá recurrir a otros sistemas de financiación, pero siempre dentro de los sistemas legales y de lo que las propias normas establezcan.

Respecto a otras enmiendas que se mantienen vivas por la mayoría de los grupos parlamentarios sobre los sistemas de elección de la dirección de la Biblioteca Nacional, algunas coinciden en la necesidad de reducir el ámbito de posibles candidatos. El Gobierno considera que es un epígrafe muy restrictivo que impediría que personas de reconocido prestigio o que no tengan la titulación que exigen en su enmienda pudieran acceder a dirigir la Biblioteca Nacional, lo cual no es óbice para que, evidentemente, sin tener una titulación de biblioteconomía o de otras características: documentación, archivo, etcétera, una persona no pueda tener competencia profesional o capacidad para dirigir esa institución tan importante.

Termino, para no ser tenso en el debate, reiterando mi agradecimiento a los grupos parlamentarios por su voluntad, y creo que queda justificado por qué el grupo mayoritario no va a apoyar las enmiendas que quedan vivas. Y les traslado la intención de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura para que en la elaboración del reglamento que la propia norma establece que tiene que desarrollarse en un año desde la aprobación de esta ley podamos participar también los grupos parlamentarios.

En mi siguiente intervención responderé a algunas cuestiones que se han puesto de manifiesto esta mañana en el debate.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Casero.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra. Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir brevemente.

Tengo muchas cosas que decir y emplearé un minuto en fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a este proyecto de ley.

Entendemos que este nuevo marco regulatorio de la Biblioteca Nacional como organismo autónomo es una cualidad que viene aplicada y puede ser necesaria para afrontar los retos a los que se enfrentan todas las bibliotecas del mundo en este mundo digital. La digitalización de la sociedad supone una revolución en el ámbito de la biblioteconomía y de la documentación; favorece el acceso; facilita y abarata el intercambio documental entre las diferentes personas y entre las diferentes bibliotecas, favoreciendo, por tanto, la cooperación entre distintos ámbitos de la cultura, ámbitos en los que las bibliotecas han ocupado y están llamadas a seguir ocupando un lugar preeminente para seguir desarrollando funciones tan importantes como las que hasta ahora han venido desempeñando. El mundo digital supone un reto para todas las instituciones del mundo de la cultura, pero para ello es preciso que todas ellas, incluyendo las bibliotecas, se reformen y se reinventen en este nuevo mundo digital.

Hay una cita de Gaiman, un escritor británico, que dice que Google puede darte 100 000 respuestas y un bibliotecario te dará la correcta. Este proyecto de ley puede ser el inicio, un primer paso en este camino. Evidentemente, hay que ser ambiciosos en este proyecto de modernización de las instituciones culturales, y en este sentido, mi grupo parlamentario no tiene nada que objetar, máxime cuando en el Congreso ya se han incorporado algunas objeciones que habíamos planteado vía enmiendas, de ahí que votemos favorablemente.

Me quedan tres minutos y veinte segundos para contestar a algunas de las imprecaciones con que ha tenido a bien deleitarnos el señor Martí Jufresa.

Ha hablado del lenguaje que se ha utilizado en estas enmiendas, y tengo que contextualizarlo. Las enmiendas que ha presentado el señor Martí Jufresa son totalmente contrarias o vienen a desdecir las enmiendas que nosotros habíamos transaccionado en el Congreso, donde pedíamos concretamente el cambio de algunos términos, que a nosotros no nos gustaban porque no nos sentíamos cómodos con ellos, por el concepto «Estado español». Y al señor Martí Jufresa le parece que es un uso inapropiado o espurio del concepto «Estado español», y propone como alternativa «Reino de España» o «nación española». Pues se lo voy a decir bien claro: ni con «Reino de España» ni con «nación española» me siento cómoda; ni yo ni mi grupo parlamentario, y por ende, el pueblo vasco y la comunidad vasca, al menos en su gran mayoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Además, hace gala de buscar espacios compartidos, y lo que tiene que tener muy claro es que, aunque desde un punto de vista semántico seguramente no sea la expresión más correcta y haya expresiones mucho más adecuadas desde un punto de vista meramente lingüístico, aquí estamos haciendo política. Hacemos política, no lingüística, y en el Grupo Parlamentario Vasco lo que buscamos siempre con nuestras enmiendas es el respeto al mínimo común múltiplo que tenemos las diferentes culturas y las diferentes nacionalidades que convivimos bajo un mismo techo. Ese es el objetivo de mi grupo parlamentario en este proyecto de ley y en todos. Y si para eso tenemos que forzar un poco el lenguaje, lo forzaremos, porque —repito— no somos lingüistas, somos políticos, y aquí tenemos que buscar espacios en común.

Por tanto, que me acuse de utilizar palabras contrarias a la semántica y al sentido común… Será de su sentido común, pero le aseguro que su sentido común no es el común de los sentidos muchas veces. (Rumores). Porque lo que aquí buscamos —vuelvo a decirlo— son espacios comunes y compartidos. Y me parece alucinante que una persona que ha sido siempre defensora de la lengua catalana, como usted, venga precisamente a plantear estas cuestiones, que tensionan este debate, que no tenía por qué acabar de esta forma. Han hecho mucho más esfuerzo en ese sentido los señores del Grupo Parlamentario Popular para buscar y explorar ese pequeño ámbito común que podemos tener ustedes y nosotros, que el que está haciendo usted ahora. Y la verdad es que lo lamento porque, repito, esto no tenía por qué haber acabado así, señor Jufresa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Señoría, no tengo ningún problema en que me llame Jufresa. Mi madre es encantadora, pero mi primer apellido es Martí.

En cualquier caso, senadora Martínez, el nacionalismo a mí no me acompleja: ni el español ni el vasco ni el catalán ni el chino ni el alemán. Yo no soy nacionalista de ningún tipo. Y el término «Estado español» a usted le pone muy cómoda. A mí no, porque me parece un uso absolutamente forzado e impropio de un texto legislativo referido a la Biblioteca de España y, por tanto, a la lengua. Y no pasa nada si tenemos un poquito de aprecio por la lengua en una ley como esta.

Yo no he dicho nada de «nación española». He dicho «Reino de España», que es el nombre oficial de España —como la República Francesa o la República Federal Alemana—. Se llama Reino de España. A mí no me gusta especialmente, pero es el que hay. Y no he dicho «nación española», he dicho «España», que es un término común, coloquial y con el que nos entendemos todos. Y si no gusta «Reino de España» y no gusta «España», he dado otra solución, y he dicho «colectivo», en el caso de la memoria, he dicho «compartido», he dicho de todo. He puesto soluciones para que tampoco se tuviera que poner ni «Reino de España» ni «España», pero tampoco «Estado español», que la verdad es que es ponerlo con calzador.

¿Y no somos lingüistas? Bueno, no somos lingüistas, pero creo que debemos un respeto a la semántica y a la sintaxis, porque, si no predicamos con el ejemplo, ¿qué vamos a ir exigiendo luego, senadora Martínez, en términos de educación y de cultura?

En definitiva, señorías, para ir acabando, he formulado al principio de todos los turnos la posición de nuestro grupo: vamos a votar a favor. A pesar de que salga «Estado español», vamos a votar a favor, cosa que usted no haría. Usted, si no está «Estado español» votaría en contra, pero nosotros, aunque va a poner «Estado español» vamos a votar a favor —mire quién es más flexible—.

Repito que vamos a votar a favor de esta ley. Creemos que la Biblioteca la necesita, creemos que la ley se queda corta, pero también creemos que es un paso adelante. Y nos mantenemos a favor de las grandes instituciones culturales, que deben servir a todos: a un país que se llama España y que es plurinacional y pluricultural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Intervengo ante el Pleno del Senado en turno de portavoces para fijar la posición del Grupo Parlamentario Convergència i Unió con respecto al Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional.

Nadie duda de la importancia de las bibliotecas como centros depositarios de fondos culturales. En los últimos tiempos se ha venido complementado esta importante función de salvaguarda y custodia con actividades de muy distinta y variada tipología con el objetivo de promocionar y fomentar la cultura. Las facilidades en el acceso a la cultura y su fomento son los elementos nucleares que definen la naturaleza de una biblioteca. Y es básico potenciarlos y ponerlos en valor.

A nuestro entender, este proceso de renovación y potenciación de la naturaleza de las bibliotecas debe verse reflejado, si cabe con mayor intensidad, en una institución de la importancia y las dimensiones de la Biblioteca Nacional. En términos generales, el Grupo Parlamentario Catalán está de acuerdo con esta iniciativa de regulación de la Biblioteca Nacional. Creemos que la institución debe mantener su autonomía, su carácter de organismo autónomo, como contempla el proyecto de ley, y nos parece positiva la creación de un comité científico con funciones consultivas a fin de fomentar el impulso del desarrollo cultural, científico y económico de la Biblioteca. También debe asesorar, a nuestro entender, en la participación de programas y proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como en todos aquellos aspectos relacionados con la generación de contenidos y con proyectos de desarrollo e innovación tecnológica que procuren un mayor conocimiento de las colecciones de la propia Biblioteca. De igual modo, consideramos positivo el desarrollo de una política activa de digitalización de sus colecciones, y confiamos en que esa política sea ágil y se lleve realmente a cabo en un plazo razonablemente breve de tiempo. Entendemos que esta digitalización es decisiva para fomentar la investigación científica, precisamente en un momento en que desde otros ministerios se están poniendo trabas o no se favorece la labor de los investigadores a la hora de acceder a sus fondos documentales.

Quiero hacer una referencia a la intervención del senador Martí, del Grupo de la Entesa, porque en mi grupo parlamentario nos hemos quedado parados, en el sentido de que parece que tengamos un representante de UPyD. Nosotros creíamos que no teníamos representación de UPyD en el Senado, pero el senador Martí, con sus claros prejuicios terminológicos —si «Reino de España», «España», «Estado español»—, nos tiene a todos distraídos. En cualquier caso, entendemos que esto no es lo relevante, pero nos sorprende que un portavoz de un grupo parlamentario, en este caso, de la Entesa pel Progrés, quiera enmendar acuerdos ya establecidos entre el grupo mayoritario y otros grupos parlamentarios.

Tenemos que hacer mención a la actitud dialogante y abierta del Gobierno —esta vez, sorprendentemente abierta— en la tramitación de este proyecto de ley. Y debemos reconocer que se han incorporado al texto la mayoría de nuestras enmiendas; de hecho, ese es el motivo de que nuestro grupo solo haya presentado una para su trámite en esta Cámara. Se trata de la enmienda a la que nos hemos referido antes, que plantea la necesidad de que, de entre los once vocales natos que forman parte del real patronato, al menos cinco de ellos sean nombrados por las comunidades autónomas.

Confiamos en que el objetivo de modernización de este proyecto de ley, para adaptar una institución cultural como es la Biblioteca Nacional al desafío tecnológico de la sociedad de la información, se cumpla en la práctica y no quede tan solo en un objetivo teórico. En relación con este aspecto, queremos dejar constancia en este debate de la importancia que para nuestro grupo supuso que en el trámite en el Congreso se aprobara la enmienda a la disposición adicional única —disposición adicional primera en el texto remitido por el Congreso de los Diputados—, que demanda una especial atención a la presencia de las lenguas cooficiales del Estado en todos los materiales y en los libros editados por la Biblioteca Nacional. Esperamos que eso no quede en un brindis al sol, y estaremos vigilantes para que se aplique.

Por lo que se refiere al resto de enmiendas de nuestro grupo introducidas en el texto del proyecto, nos parece relevante que entre los fines y funciones de la Biblioteca se hayan incorporado referencias explícitas a las diferentes culturas del Estado español, tal como solicitábamos, al igual que el Grupo Parlamentario Vasco, cuya enmienda, que fue aprobada, recogía a la perfección el espíritu de la presentada por nosotros.

Para ir concluyendo, nos sentimos satisfechos de que en el texto que hoy debatimos se introduzca una nueva disposición adicional que garantiza el acceso a todas las instalaciones...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Concluyo ya, presidente.

Decía que garantiza a todas las personas con discapacidad el acceso a todas las instalaciones. Creemos que es una buena noticia.

En conclusión, consideramos que la modernización de la Biblioteca Nacional no debería reducirse a digitalizar sus contenidos, sino que debería incluir la modernización de su patronato y de la institución en su conjunto.

Nos alegramos de esta coincidencia y, por tanto, votaremos favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Blanco.

El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.

Hemos dicho que la ley era una necesidad, y lo defendemos, desde luego, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero en el Congreso mis compañeros ya dijeron que la ley nacía con los pies atados. Y es que —fíjense, señorías— los ajustes lastran su labor, y el peligro de la privatización de servicios pone en dificultades los empleos que genera esa fantástica Casa. Exposiciones, congresos, compra de patrimonio, digitalización ralentizada... tienen mucho que ver con esa posibilidad de la Ley de mecenazgo, que el secretario de Estado, siendo portavoz de Cultura en la oposición, tanto demandaba en el Congreso en la legislatura pasada.

Por tanto, sin Ley de mecenazgo la Biblioteca digital hispánica está absolutamente ralentizada en sus trabajos y, por tanto, la universalización del acceso a las colecciones, esencial para las instituciones que aspiran a ser una referencia internacional para la generación de conocimiento, depende ahora, más que nunca, del menguante dinero público, del presupuesto. Y, sí, vamos a hablar de financiación. La Biblioteca Nacional de España ha perdido ni más ni menos que 22,6 millones de euros de presupuesto en los últimos ocho años; el 43,6 %. En este caso la herencia era de 51,85 millones de euros, y se ha pasado —repito— a 22,6 millones de euros. Y se ha dejado absolutamente temblando a la plantilla: la partida salarial de la plantilla ha caído 4 millones de euros. Es evidente que corremos el riesgo de que desaparezcan todos los empleados públicos. El 61 % de desempeño laboral está en manos de empresas externas. Como ejemplo puedo hablar de la evolución del cuerpo de bibliotecarios, que desde 2009 hasta 2014 ha disminuido en 77 personas. Además, han disminuido los que tenían funciones de biblioteca externalizadas: de 302 han pasado a 137 —165 menos—, con el agravante de que las privatizaciones de servicio se hacen ahora bajo pliegos de condiciones que no contemplan criterios técnicos sino que solo se preocupan de las mejoras económicas, lo que supone una falta de estabilidad y de especialización en trabajos tan específicos como los que se hacen en la Biblioteca Nacional. Aquí no vale, señorías, eso de los contratos parciales de fin de obra. Y es que esta obra tiene más de trescientos años. Esta joya se viene haciendo repetidamente, es historia, es la historia de España, luego no se pueden hacer contratos a tiempo parcial o de fin de obra. Y esto no se podría haber hecho, evidentemente, sin el sentir de todos los funcionarios, tal como vimos el otro día en la fantástica visita que hicimos a la Biblioteca.

Los socialistas creemos que los servicios públicos que la Biblioteca pone en manos de los usuarios se deben dar con recursos públicos. Evidentemente, tenemos un problema, el mismo que tiene la industria cultural: estamos en manos del Ministerio de Hacienda, del señor Montoro, y estamos en manos de un ministro de Cultura que es capaz de dar más becas con menos dinero, y de la misma cuantía. Es rizar el rizo al máximo. Por eso presentamos una enmienda en la que decíamos que no entendíamos cómo no conllevará en ningún caso el aumento de gasto.

Señorías, no lo digo yo solo, no lo dice el Partido Socialista, lo dice la directora de la Biblioteca en la presentación de la Memoria de 2013 —y leo textualmente—: Son muchas las tareas que quedan por culminar, algunas de gran importancia, que deben de pasar por el necesario apoyo y reconocimiento a la tarea que la Biblioteca Nacional realiza, de tal manera que pueda disponer de los recursos presupuestarios y la plantilla propia imprescindible —insisto: recursos presupuestarios y plantilla propia imprescindible— en un nuevo y necesario modelo que garantice su estabilidad y le permita cumplir con su misión esencial en la cultura española. Eso lo ha dicho la directora.

Pero hagamos algunas comparaciones con nuestro entorno. Presupuesto de la Biblioteca Nacional de Francia en 2013: 229 millones de euros; 183 del Estado —les recuerdo el de la Biblioteca Nacional española: 29,26 millones—. Biblioteca Nacional británica: 163 millones de euros —lo recuerdo: nosotros, 29,26 millones—. Estados Unidos; presupuesto de su Biblioteca: 517 millones de euros —lo recuerdo: nosotros, 29,26 millones—.

Por lo tanto, nosotros apoyamos —evidentemente convencidos— esta ley, pero esperamos que después de su aprobación no caiga en el olvido y que no maquillen los graves problemas de financiación y de personal que padece. Y esperamos también, y estaremos muy atentos, el desarrollo estatutario, para que en él veamos la relación de puestos de trabajo y que los servicios básicos se presten por personal propio, para lo cual la oferta de empleo público es fundamental.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Blanco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, presidente.

Finalizo este debate agradeciendo de nuevo a la mayoría de los grupos de esta Cámara el voto favorable a esta ley.

Tres ideas fundamentales de conclusión, después de este debate. Es un Gobierno del Partido Popular el que ha traído a esta Cámara la ley de la Biblioteca Nacional, la que pone en valor una de las mayores instituciones culturales del Estado. Es el Gobierno de Partido Popular, por encima de cualquier otra cuestión de las que podamos debatir aquí. O sea, nadie en esta Cámara puede decir que este Gobierno no se ha preocupado por recuperar la dignidad de la Biblioteca Nacional a través de una norma que hace algo fundamental: recuperar la Biblioteca Nacional y a sus responsables con rango de directores generales, no como hicieron ustedes, que vienen aquí y se dan golpes de pecho, pero en el año 2010 rebajaron la categoría de la Biblioteca Nacional a subdirección general. Por tanto, ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha llegado y ha puesto en valor, en momentos muy difíciles, la Biblioteca Nacional.

Segunda cuestión. Esta ley pretende de manera clarísima recuperar la autonomía y la capacidad de acción y de gestión propias de la Biblioteca Nacional. La persona que me ha precedido en el uso de la palabra hablaba de las cuantías económicas de otras bibliotecas nacionales importantes del mundo. En nuestro país ha habido una limitación que no se había cambiado desde que tenemos gobiernos democráticos, y es que la Biblioteca Nacional no podía recurrir a recursos privados bajo ningún efecto, pero con esta nueva ley la Biblioteca Nacional podrá buscar nuevas fuentes de financiación para mejorar sus fondos económicos y su actividad. Y lo podrá hacer prestando servicios y desarrollando actividades y financiándose a través de ellas, cuestión que antes, repito, no podía hacer.

La ley también da un paso importante, por el que gana en competencia el real patronato que dirige la Biblioteca. Si antes era un órgano consultivo, ahora el real patronato va a tener funciones directivas, funciones que marcarán las directrices de desarrollo de la Biblioteca Nacional. En él estarán representadas las grandes instituciones del Estado. Y no solo eso: será un buscador de patrocinio para la propia Biblioteca. El régimen de ingresos de la Biblioteca mejora, y lo hace de manera sustancial —ya se lo he explicado—. Se crea un consejo científico que, además de todo eso, pondrá en valor y dirá cuáles son las acciones que tiene que hacer la Biblioteca Nacional para seguir ganando en prestigio, en definitiva, para seguir ganando en actuaciones.

Por tanto, agradezco a los portavoces de los grupos políticos que apoyen y entiendan esta ley, que es eminentemente buena para la Biblioteca Nacional. Todo es mejorable; todo, sin ninguna duda, es susceptible de ir a más, pero tenemos que decir que nuestra Biblioteca Nacional es una de las cinco mejores bibliotecas nacionales del mundo, con la Biblioteca nacional francesa, la Biblioteca británica, la Biblioteca vaticana y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que nos superan en número de volúmenes y de labor, de ahí sus mayores presupuestos, señor portavoz del Grupo Socialista. Y la Biblioteca Nacional guarda la memoria colectiva de la historia de nuestro país; en definitiva, de la memoria bibliográfica de España.

Decía Lorca que si algún día se veía desvalido en la calle le dieran la mitad de un pan y un libro, porque consideraba que era muy importante para el futuro de nuestro país que no solo diéramos alimentos, sino también cultura. Dostoievski, en su encierro en Siberia, pedía en sus cartas a sus compañeros que le enviaran libros, muchos libros, para que no muriera su alma. Por tanto, apoyar la ley de la Biblioteca Nacional y traerla aquí creo que es el mejor compromiso que el Gobierno puede tener para con la cultura de este país. Y les invito a que sigamos trabajando en el futuro para tener un estatuto que regule algunas de las cuestiones que ustedes han señalado.

Por último, hay una enmienda a la que antes se ha aludido, también en la intervención de portavoces. Se trata de la limitación de la disposición adicional segunda, que hace referencia a una cuestión fundamental: la aprobación de esta ley no podrá afectar a los presupuestos para 2015, pero no así a presupuestos futuros. Por tanto, las puertas están abiertas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casero.

Llamen a votación. (Pausa).



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA ANTE LA CRUELDAD DEL TERRORISMO ISLAMISTA, ASÍ COMO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LA RIBERA SUR DEL MEDITERRÁNEO. 630/000022 GPP GPS GPCIU GPEPC GPV GPMX

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación del proyecto de ley, les informo de que ha sido registrada una declaración institucional, firmada por todos los grupos, de la que paso a dar lectura.

Se siguen sucediendo crímenes brutales por los grupos asociados a EIIL/ DAESH —como la quema de 45 personas en Irak y la decapitación de 21 trabajadores egipcios coptos en Libia— que siembran el horror entre todos aquellos que no comparten su estrecha y brutal versión del islam, que es rechazada por las corrientes mayoritarias de esta religión.

El llamado EIIL/DAESH en las últimas semanas ha decapitado a varios periodistas occidentales y quemado vivo a un piloto jordano, además de haber masacrado a miles de personas, que han tenido que refugiarse en el Kurdistán iraquí, en Turquía o en Jordania para salvar sus vidas. La conciencia universal no puede permanecer impasible ante una situación que por los niveles de crueldad que ha alcanzado atenta contra los más elementales derechos humanos.

El Senado muestra su preocupación por que la grave situación que se ha estado viviendo en Oriente Medio se haya ahora trasladado al norte de África, creándose así un escenario que ya no es solo un grave atentado a la estabilidad y la prosperidad de la zona sino una amenaza para la seguridad colectiva de todo el mundo, dada la existencia de comandos durmientes y de los llamados lobos solitarios.

Por otro lado, los recientes atentados en París y Copenhague o la supresión por las fuerzas de seguridad de operaciones avanzadas de preparación de otros atentados en Bélgica y otros países muestran que nos hallamos ante un grave desafío contra nuestro sistema de valores y contra los más elementales principios democráticos.

Asimismo, el Senado expresa su radical repulsa por los atentados que se han dirigido contra instituciones o intereses de las comunidades judías en Europa y reitera su condena del antisemitismo en todas sus formas.

Para los países mediterráneos de la Unión Europea es particularmente preocupante la situación de Libia, cuya caótica situación nos afecta directamente dada su proximidad. La división y los enfrentamientos civiles que están desgarrando este país, el masivo número de desplazados que huyen de un riesgo grave que afecta a sus vidas y los masivos flujos de emigración que transitan por Libia, a menudo impulsados por mafias dedicadas a este inhumano comercio, no pueden dejarnos indiferentes.

El Senado de España renueva su solidaridad con los pueblos de la ribera sur del Mediterráneo y expresa su deseo de que se alcancen cuanto antes las exigencias de paz, libertad, democracia, prosperidad y respeto de todos los derechos humanos a que tienen derecho.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015. (Aplausos).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (Votación) 621/000101 Cultura

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley, comenzando por las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Empezamos votando la número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 213; a favor, 8; en contra, 205.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 8.

Comienza la votación. (El señor Martínez-Aldama Sáenz pide la palabra).

¿Sí, senador Martínez-Aldama?

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: No me marca. No me deja hacer la votación.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más tiene el mismo problema? (Pausa).

¿Nadie más? Pues o cambia de escaño o vota a mano alzada. (El señor Martínez-Aldama Sáenz cambia de escaño).

Vamos a dar por válida esta votación, si no les parece mal, y a partir de ahora vote usted desde ese escaño.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 213; a favor, 54; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 4 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 70; en contra, 138; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Y en este caso sí se ha marcado la votación.

Votamos las números 6 y 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 2; en contra, 196; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las números 12 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 71; en contra, 138; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 14 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 2; en contra, 194; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 18 a 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 213; a favor, 58; en contra, 153; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 23 a 26 y la número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 58; en contra, 137; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente votamos la número 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 64; en contra, 138; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo de Convergència i Unió votamos la número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 22; en contra, 138; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las números 29 a 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 71; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen sobre la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Entesa con número de registro 161 279.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 208; en contra, 1; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 212; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 214; a favor, 212; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Una información: A continuación, señorías, se reunirán la Comisión Constitucional en la Sala Luis Carandell y la Comisión de Justicia en la Sala Enrique Casas Vila.

Buenas tardes a todos. Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


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