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DS. Senado, Pleno, núm. 140, de 17/12/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 65

celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014

ORDEN DEL DÍA

4. MOCIONES

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a evaluar las consecuencias para la industria de los resultados de la subasta de incentivos de interrumpibilidad.

(Núm. exp. 662/000170)

Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a fijar una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, así como a acometer la reforma estructural del sistema de costes energéticos.

(Núm. exp. 662/000168)

Autor: GPMX

5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

(Núm. exp. 622/000012)

Autor: GPEPC

5.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

(Núm. exp. 621/000098)




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6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SEXPE) y el Gobierno de La Rioja sobre la utilización y uso gratuito de la aplicación informática «Control de desempleados del SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

Autores: JUNTA DE EXTREMADURA y GOBIERNO DE LA RIOJA

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000004)

8. HABILITACIONES

8.1. Ponencia de estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 551/000055)

8.2. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña.

(Núm. exp. 551/000056)

8.3. Comisión de Fomento.

(Núm. exp. 551/000057)

8.4. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 551/000058)

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME

9.1.1. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales.

(Núm. exp. 543/000007)

10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2014.

(Núm. exp. 871/000005)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 9 de diciembre de 2014, en relación con varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000010)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

4. MOCIONES

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a evaluar las consecuencias para la industria de los resultados de la subasta de incentivos de interrumpibilidad.

(Núm. exp. 662/000170)

Autor: GPS

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4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a fijar una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, así como a acometer la reforma estructural del sistema de costes energéticos.

(Núm. exp. 662/000168)

Autor: GPMX

13389

El señor presidente informa a la Cámara de que la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 16 de diciembre de 2014, ha acordado que el debate de estas mociones se realice de forma conjunta, dada la similitud del objeto de ambas iniciativas.

El señor Álvarez Areces defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Varela Sánchez y el señor Losada de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 77; en contra, 145; abstenciones, 13.

Se rechaza la moción del Grupo Parlamentario Mixto con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 90; en contra, 145.

5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

(Núm. exp. 622/000012)

Autor: GPEPC

13407

El señor presidente informa a la Cámara de que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende la toma en consideración.

En turno a favor interviene el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz




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Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido negativo.

Se procede a votar

13407

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 92; en contra, 148 más 1 voto telemático, 149.

5.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

13420

(Núm. exp. 621/000098)

El señor Torres Colomer, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por este senador.

El señor Plana Farran defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor López Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido contrario a las dos propuestas de veto.

Se procede a votar las propuestas de veto

13434

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 1; en contra, 149 más 1 telemático, 150; abstenciones, 91.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 26; en contra, 149 más 1 telemático, 150; abstenciones, 66.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 9, presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 27 a 36, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador.




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El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas 47 a 49, 51 a 60 y 61 a 69, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Plana Farran defiende las enmiendas 37 a 46, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas 13 a 16 y 18 a 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

13443

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SEXPE) y el Gobierno de La Rioja sobre la utilización y uso gratuito de la aplicación informática «Control de desempleados del SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

Autores: JUNTA DE EXTREMADURA y GOBIERNO DE LA RIOJA

13446

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas

13447

(Núm. exp. 770/000004)

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Parro del Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Parro del Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara el dictamen con la resolución propuesta por la Comisión.




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8. HABILITACIONES

8.1. Ponencia de estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea, constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

13454

(Núm. exp. 551/000055)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.2. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña

13454

(Núm. exp. 551/000056)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.3. Comisión de Fomento

13454

(Núm. exp. 551/000057)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.4. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

13455

(Núm. exp. 551/000058)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME

9.1.1. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales

13455

(Núm. exp. 543/000007)

Se aprueba la solicitud por asentimiento de la Cámara.

10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2014

13455

(Núm. exp. 871/000005)

La señora Leyte Coello, presidenta de la comisión, presenta el informe.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 9 de diciembre de 2014, en relación con varios señores Senadores

13456

(Núm. exp. 503/000010)

El señor Moreno Bonilla, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las quince horas y veinte minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

4. MOCIONES

4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EVALUAR LAS CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS RESULTADOS DE LA SUBASTA DE INCENTIVOS DE INTERRUMPIBILIDAD.

(Núm. exp. 662/000170)

AUTOR: GPS

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UNA TARIFA ELÉCTRICA QUE PROTEJA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA BÁSICA ESPAÑOLA INTENSIVA EN CONSUMO ELÉCTRICO, ASÍ COMO A ACOMETER LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE COSTES ENERGÉTICOS.

(Núm. exp. 662/000168)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.2. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 16 de diciembre de 2014, ha acordado que el debate de estas mociones se realice de forma conjunta, dada la similitud del objeto de ambas iniciativas.

A estas mociones no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista presento una moción sobre un tema muy importante que tiene gran repercusión social y económica para el conjunto del sector industrial, pero fundamentalmente en los territorios más afectados, que son Galicia y Asturias, y concretamente en las factorías de Alcoa de A Coruña y Avilés, tras el anuncio realizado el pasado lunes 1 de diciembre debido a que la multinacional Alcoa ha planteado un expediente de despido en las fábricas de Avilés y A Coruña que afecta a un total de 814 trabajadores como consecuencia del resultado de la subasta de incentivos de interrumpibilidad para adjudicar 2000 megavatios en lotes de 90 y 5 megavatios, respectivamente. Alcoa no ha conseguido los correspondientes a dos paquetes de 90 megavatios y ocho paquetes de 5 megavatios, que se distribuían entre las dos fábricas, para mantener las ayudas recibidas en términos similares al pasado año y reducir así el coste energético hasta alcanzar cifras que pudieran ser competitivas en el mercado internacional.

Las industrias intensivas en consumo eléctrico están directamente afectadas por este tipo de subasta, que es novedoso y se puso en marcha según una normativa del mes de agosto de este mismo año. Y, por lo que vemos, sus resultados tienen que ser necesariamente revisados en primera instancia y con urgencia en una segunda subasta, que demandamos que se produzca durante este mismo mes de diciembre, ya que quedan por adjudicar todavía 1100 megavatios y un importe en torno a los 200 millones de euros en estas retribuciones de interrumpibilidad. Hay que decir que las medidas inmediatas que ha tomado la empresa en Asturias y en Galicia han tenido gran repercusión en el empleo, tanto directo como indirecto, de las dos factorías. Ha habido también gran repercusión política, puesto que los Gobiernos de Asturias y de la Xunta de Galicia han intervenido; pero no solo los Gobiernos, sino también todas las fuerzas parlamentarias y la representación de los agentes sociales y de numerosas asociaciones afectadas por el impacto en las comarcas o los territorios respectivos. Y también se abre una gran incertidumbre para el resto del sector, es decir, para las industrias electrointensivas y para otros afectados, puesto que el sistema de subasta dejó fuera 26 instalaciones industriales, entre ellas, evidentemente, las de A Coruña y Avilés, y 19 bloques se adquirieron por empresas que no eran industriales estrictamente. Esto altera una situación que venía teniendo lugar con cierta normalidad a partir de las crisis —que les explicaré— que tuvo lugar en 2009 como consecuencia de la retirada de la tarifa G4.




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Los ayuntamientos de las comarcas afectadas y todos los agentes sociales y las fuerzas políticas en general mantienen en estos momentos una absoluta unanimidad en el tratamiento del problema. Y digo en general, porque todas las fuerzas que están representadas en esta Cámara parlamentaria han asumido, al menos públicamente, con sentido de la responsabilidad la urgencia en la toma de decisiones ante este problema. Y nosotros planteamos una moción que queremos que alcance también un gran consenso en esta Cámara, para que el Gobierno inste a Red Eléctrica a que se pueda hacer el diseño de esta segunda subasta, respetando, por supuesto, la normativa reguladora y la competencia, de manera que Alcoa y otras industrias que no alcanzaron los lotes de interrumpibilidad necesarios pudieran, en términos similares —en absoluto privilegiados respecto de otras situaciones—, seguir adelante en un contexto tan complejo como la crisis que vivimos y en el que se establece como gran objetivo a alcanzar por España y Europa, en el escenario de la Europa 2020, el proceso de reindustrialización en nuestro país y en el conjunto del continente europeo.

Como decía, los antecedentes de este problema hay que buscarlos en lo que se denominaban empresas afectadas por la tarifa G4, que eran las grandes consumidoras que había en España. Las empresas que tuvieron las tarifas G4 eran fundamentalmente Alcoa y la anteriormente denominada Inespal, que tiene instalaciones en Asturias y en Galicia. En Galicia, además de en A Coruña, está la de San Cibrao; y en Asturias, Asturiana de Zinc, situada en San Juan de Nieva, y Arcelor Asturias. En el sector industrial asturiano estas tres grandes empresas multinacionales engloban un número de empleos absolutamente elevado, pero no solo por el empleo directo, sino también por las subcontratas, por el empleo inducido, por los proveedores afectados o por las cargas de los puertos. Sencillamente, es algo que impacta de lleno en el corazón industrial de nuestra comunidad y también de forma muy importante en Galicia.

La tarifa G4 fue prohibida por la normativa europea por dos razones: porque era una tarifa específica, por usos, y no general, por tensiones y niveles de utilización. Y la segunda directiva europea estableció el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1 de julio del 2007. Hay que saber estos datos para conocer el origen del problema y no situarlo específicamente en una subasta —quién lo coge o quién no lo coge—, ya que estas industrias tenían una situación específica que se venía contemplando en el escenario del suministro eléctrico en España.

El Gobierno español había llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para retrasar la supresión de las tarifas de alta tensión el 1 de julio del 2008, como así fue, con la excepción de la G4. Por tanto, la supresión de la G4 estaba instada en aquel momento, y su escenario tenía que regularse como muy tarde a finales del año 2009. Había dos elementos básicos para abordar dicho escenario: por un lado, las aportaciones del sistema eléctrico, que pasaban por la fijación de peajes de acceso especialmente favorables para estos consumidores, y un sistema de pagos por interrumpibilidad; y, por otro, un mecanismo de negociación entre el consumidor y las empresas eléctricas que suministraban a cada una de estas factorías, porque, aunque las factorías pertenecen a una empresa, los suministros eléctricos provienen de distintos operadores eléctricos.

Hubo una negociación extraordinariamente compleja que se desarrolló a lo largo de unos años, de 2005 a 2009, que afectó a distintos ministerios y responsabilidades. Puedo decirles que los Gobiernos de la Xunta de Galicia y Asturias —en aquel momento me tocó presidir el de Asturias— fueron muy activos en la solución del problema y que encontraron una gran receptividad tanto en el Gobierno como en las empresas afectadas, los operadores eléctricos y los agentes sociales, que actuaron con un gran sentido de la responsabilidad. Y se consiguió llegar a un acuerdo favorable para que la tarifa G4 desapareciese y estas industrias no tuviesen un lastre en el coste energético porque son grandes consumidores; y es que en el producto elaborado el coste energético ocupa un porcentaje muy elevado, que puede ser del 35, el 40 o el 45 % en función de las factorías, de las tecnologías que se utilicen y también de las empresas afectadas.

Como decía, la solución se alcanza a través de un acuerdo que tiene ese doble pivote, el del operador eléctrico en cada caso, ya sea E.ON, en Cantabria, Iberdrola, o la empresa que suministre en cada territorio, llegando a un acuerdo pero completándolo con la interrumpibilidad que hacía directamente el Gobierno en términos razonables, de modo que los costes energéticos pudieran ser competitivos para esas empresas, que actúan fundamentalmente en mercados europeos y en otros mercados externos.




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Desde mi punto de vista la negociación fue exitosa y de referencia, y lo deberíamos tener en cuenta porque este problema no solo afecta a Alcoa, que es lo urgente, lo inmediato, sino al conjunto del sector industrial electrointensivo, y yo diría que incluso al conjunto de la industria española, porque el coste energético de esta también es elevado, está por encima del promedio europeo, y hay una gran demanda. Ustedes conocen el posicionamiento prácticamente de todo el sector industrial español como consecuencia de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 2012, que obtuvo una respuesta generalizada de crítica por parte de todos los sectores industriales, que en una carta pública que tuvo gran difusión en los medios de comunicación, titulada La industria en riesgo, señalaban que la citada ley era un instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario, pero que al mismo tiempo obviaba el coste de miles de millones de euros, que se trasladaban a las empresas industriales de nuestro país, y que el riesgo de deslocalización era evidente, generando consecuencias irreversibles sobre la economía. Ponían también sobre la mesa datos importantes sobre la participación, dos tercios del producto industrial bruto, que generaban las empresas firmantes de aquel documento y los más de 4 000 000 de puestos de trabajo cualificados que podían quedar afectados de forma directa o indirecta.

Este es el problema origen de la situación que hoy tenemos, un problema que se puede resolver con voluntad política, que se puede resolver porque el diseño de la subasta que haga Red Eléctrica, respetando la normativa de competencia y la normativa reguladora, tiene que ser realizado de tal manera que no ponga fuera de la subasta a empresas que venían funcionando con normalidad, con el riesgo que eso tiene para el empleo y la economía. Esto se puede hacer y es lo que demandamos como elemento de urgencia, de primera instancia, en la moción que hoy presentamos. Alcoa también debe ser corresponsable con esta posición. Alcoa tiene que saber que tanto en Estados Unidos, donde tiene su sede central, como en sus instalaciones de España ha tenido siempre el apoyo de los gobiernos autonómicos y de España para la solución de los problemas. Esa es la actitud que esperamos del Gobierno de España y de Red Eléctrica, que repito que depende del diseño de la subasta y de la capacidad que tenga para conseguir lotes de 90 megavatios y algunos de 5 megavatios, que entre las dos factorías supondrían prácticamente 220 megavatios a repartir entre las dos.

Insisto en que eso es posible, en que se puede hacer respetando la normativa, y además se ha hecho en algunas regiones europeas. Recuerdo que en 2010 el Gobierno italiano consiguió que la Comisión Europea considerase la interrumpibilidad especial en las islas de Cerdeña y Sicilia y que no fuesen consideradas ayudas de Estado. Se tuvieron en cuenta las especiales circunstancias respecto de la Italia continental, es decir, la falta de interconexiones, pobres estructuras de distribución en las islas, la existencia de grandes centrales de generación obsoletas y el riesgo de apagones. Ese hecho ha determinado que la Comisión Europea lo haya autorizado y haya renovado en 2012, hasta 2015, esa autorización.

La diferencia esencial con respecto a la situación que tenemos en España es que aquí hay una subasta competitiva que deja fuera a muchos y que incluso ha introducido a competidores que antes no había; y es que antes teníamos a las grandes empresas que he citado, pero han introducido a Ferroatlántica, Celsa, Solvay y a algunas otras empresas que no estaban en ese gran bloque, consumidoras de gran envergadura pero no exactamente las que provenían de la G4. Esta es, como digo, la diferencia: en Italia hay más oferta que demanda y por ello se puede respetar la competencia, se puede hacer de manera que Europa lo acepte, pero lógicamente con la satisfacción del sector. Y esa gran diferencia es la que tenemos que hacer llegar a la voluntad política para hacer eso posible.

Unesid, la patronal siderúrgica española, ha sido muy crítica; mostró de forma inmediata su descontento con esa subasta cuando el Gobierno decidió modificar el sistema de gestión de la interrumpibilidad y señala los efectos perversos que tendría para la supervivencia de la industria electrointensiva y muy particularmente de la industria siderúrgica en nuestro país. Unesid recurrió en su día, el recurso está pendiente, y señala que el diseño de la subasta sirve para minimizar la retribución por la prestación del servicio pero, en cambio, provoca una transferencia —digámoslo así— hacia la industria de problemas que no tenía y que además la industria no debe asumir porque no son inherentes estrictamente al coste de la generación eléctrica, sino que son otros problemas de otros sectores que se le trasladan.




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Si el Gobierno de España y toda la sociedad española quieren tener una reindustrialización ambiciosa y operativa no puede ser que cada año se cree una gran inseguridad, no puede haber inversiones industriales y tecnológicas si cada año en cada subasta no se sabe quién va a quedar favorecido por las retribuciones de interrumpibilidad. Esto sirve para las grandes empresas y también para el conjunto del sector industrial.

Termino, haciendo referencia a los tres puntos de la moción. El primero, sobre la urgencia de la subasta, con un diseño adecuado para solucionar el problema; el segundo, para buscar de manera consensuada la estabilidad en el coste de las energías de las empresas consideradas como grandes consumidores; y el tercero, relativo a una reflexión sobre la competitividad del sector industrial y la influencia del coste energético en esa competitividad y la necesidad de que en España haya un gran pacto de Estado entre…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: …todos los agentes implicados para que esto se pueda llevar a la práctica.

Por supuesto, vamos a apoyar la siguiente moción, que se debate conjuntamente, ya que somos coincidentes en los objetivos y además se incluye algún aspecto en el que también coincidimos, como lo que afecta a los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

No es casualidad que dos de las tres mociones que se traen a la última sesión anual del Pleno del Senado hagan referencia a un mismo asunto: las consecuencias indeseadas, indeseables e inaceptables derivadas del anuncio de Alcoa, una empresa multinacional, de cerrar dos de sus factorías en España, la de Avilés, en Asturias, y la de A Coruña, en Galicia. De llevarse a término esto supondría la pérdida de más de 800 puestos de trabajo directos y un mazazo irrecuperable para la economía de las comarcas donde se ubican estos dos grandes centros de producción del aluminio.

Desde que se hizo pública tan durísima intención han sido numerosas las expresiones de rechazo. Permítanme que haga referencia a la manifestación, como nunca antes se había visto, llevada a cabo el pasado jueves en Avilés, que fue producto de la enorme preocupación por las consecuencias de un cierre que no puede en modo alguno producirse. También en A Coruña se celebró el viernes otra multitudinaria manifestación ciudadana en defensa de su planta de producción.

Tampoco es casualidad que ahora se haya anunciado esta decisión de efectos dramáticos para tantas y tantas familias, que hay que evitar. En todo caso, jamás deberíamos haber llegado a esta situación si el Gobierno hubiese estado atento y sensibilizado por la deriva de la evolución de los mercados, anticipándose a unos acontecimientos predecibles, como se le reclamó desde principios del mandato en esta X Legislatura. De hecho, ya en febrero de 2012, aquí, en el Pleno del Senado, se le advirtió de la ausencia de una política tarifaria que permita a nuestra industria afrontar un coste energético homologable al de otros países europeos y proporcionarle competitividad a nivel internacional. Por tanto, esta situación de emergencia surgida este mes de diciembre no es producto de un cataclismo sobrevenido e inesperado, no. Desde hace años se venían alzando voces de inquietud por los crecientes y severos riesgos de deslocalización y desmantelamiento de la industria básica relacionada con el acero, el zinc y también el aluminio, una manifiesta alarma derivada de los altos costes que las empresas tienen que pagar en España por las tarifas eléctricas y que les impiden competir en unos mercados europeos que pagan un 30 % menos de factura energética.

El aviso sobre los efectos dramáticos para la industria electrointensiva de los altos costes de la tarifa eléctrica en España no es nuevo; se remonta a junio de 2008, cuando don Miguel Sebastián, nuevo ministro de Industria del segundo Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, decretó una




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subida general de las tarifas eléctricas tanto para la industria como para los hogares. Aquello supuso todo un atropello para el conjunto de la sociedad española y benefició directamente a los constructores que habían compensado la crisis inmobiliaria con su irrupción en las empresas eléctricas. Ellos fueron los grandes beneficiarios de aquel alevoso y dañino tarifazo de Sebastián, uno de los más grandes desmanes de la historia económica reciente en España, con efectos demoledores sobre el bolsillo de las familias españoles y también sobre las empresas. El tarifazo del Gobierno socialista no hizo distingos; afectó a todos los españoles: a pobres y ricos, a pequeñas y grandes empresas, a consumos eléctricos bajos y altos. A todos los españoles sin excepción.

Desde aquella infausta decisión los peligros de deslocalización industrial y de eliminación de puestos de trabajo estaban latentes. Tanto es así, que las empresas que perdieron competitividad en costes como secuela del alevoso decreto gestado en torno a la tarifa eléctrica tuvieron que ajustar sus plantillas con gran sacrificio de los trabajadores, sometidos a procesos de regularización de empleo y rebajas salariales. También paralizaron sus inversiones para compensar la penalización derivada de los altos y elevados costes energéticos. E incluso recurrieron a la discontinuidad en el aprovechamiento de sus instalaciones para modular los costes de producción y afrontar las consecuencias de la política energética consumada por el Gobierno.

Y mientras todo esto sucedía en la España de 2008, en otros países europeos se hacía todo lo contrario, y con tarifas eléctricas que hoy son del orden del 30 % más baratas los competidores de nuestra industria básica han podido vender mejor sus productos, modernizar sus instalaciones y crear empleo.

Señorías, Asturias es desde hace mucho tiempo una referencia nacional en cuestiones industriales. Hoy el temor invade todas las factorías, así como a las miles de pequeñas y medianas empresas que giran en mayor o menor medida alrededor de la producción siderometalúrgica. Es el temor por un futuro absolutamente condicionado por los precios que las empresas tienen que afrontar por sus trabajos y que les impide tener competitividad en unos tiempos de mercados globales. Hoy es Alcoa, pero si no se adoptan inmediata y urgentemente medidas para corregir las tarifas eléctricas detrás de Alcoa van a venir otras empresas, y eso es algo que ni Asturias ni Galicia ni España se pueden permitir.

Del PSOE de Zapatero al PP de Rajoy. Tal para cual. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hizo el actual Gobierno para corregir los desmanes derivados de las decisiones antisociales y antitodo tomadas en junio de 2008? Para empezar, el actual responsable de Industria, Energía y Turismo ha resultado toda una calamidad para Asturias. Les recuerdo que ya en el primer Consejo de Ministros canceló de forma unilateral e ilegal los fondos mineros para las comarcas del carbón, y cuando en la comunidad autónoma se convocaron elecciones, tras el bloque presupuestario al alimón del PP-PSOE frente al Gobierno de Álvarez-Cascos, la única iniciativa conocida del señor Soria en torno a la cuestión eléctrica, en torno a las industrias de consumo eléctrico, fue forzar una fotografía electoral con la candidata del Partido Popular y los directivos de las grandes empresas siderometalúrgicas. Fue aquella toda una parodia protagonizada por un Gobierno que en estos tres años se ha dedicado a triturar todos los compromisos electorales, incluidos los relativos a un marco energético para impulsar la economía —páginas 45, 46 y 47 de su programa electoral, titulado «Lo que España necesita», documento convertido, como todos ustedes saben, en fosfatina—. Hoy ya no hay fotos de campaña ni farsas electorales; al revés, en la sociedad hay una indignación acompañada de un reproche generalizado hacia el ministro de Industria por unas recientes declaraciones con las que irresponsablemente agravó con mayor angustia a los trabajadores sometidos a la gran incertidumbre por el inmediato futuro de las factorías de Alcoa en Asturias y Galicia.

Todo deriva de la subasta del servicio de interrumpibilidad realizada durante los días 16 y 17 de noviembre para empresas que, a cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio cuando hay picos de demanda. El mecanismo de la subasta no es novedoso, pero llevábamos casi cinco años sin implantar las pujas, que ahora se hacen por centro productivo, por cada factoría, y no por el conjunto de la empresa. Tras sus irresponsables declaraciones, el señor Soria sufrió una repentina indisposición que la pasada semana le impidió responder en el Congreso de los Diputados a una pertinente, oportuna y acertadísima pregunta oral formulada por mi compañero Enrique Álvarez Sostres. Nada importante para su salud; por la mañana se encontraba indispuesto para responder en el Congreso, pero por la tarde comparecía tan campante en unos




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estudios de televisión. Si el ministro de Industria se escabullera de este asunto el Partido Popular estaría pegándole la puntilla al sector industrial siderometalúrgico, el mayor consumidor industrial de energía eléctrica en España, un sector al que se le niegan las ayudas que, sin embargo, el Gobierno aplica amplia y repetidamente para sectores como el de la banca, con más de 100 000 millones de euros, el automóvil, o la más reciente para compensar la cancelación del proyecto Castor, con una indemnización a la empresa de 1350 millones de euros que repercutirán en el recibo doméstico del gas durante los próximos treinta años. Y no solo la inhibición del Gobierno sería la puntilla para la industria, también para el conjunto de la economía asturiana, sobre cuyo PIB la industria es un factor vital.

El Gobierno no puede acumular otra decisión calamitosa para Asturias, una comunidad que se ha visto castigada por el Ejecutivo de Rajoy hasta el punto de situarse como la única autonomía que acabará 2014 con una merma de su PIB. Todas las demás crecen. Asturias, con el último informe elaborado por Ceprede, Centro permanente de investigación económica, baja. Es la única que baja. El Gobierno no puede permanecer ajeno a las consecuencias del desmantelamiento industrial producto de la falta de competitividad derivada de la tarifa eléctrica. Tiene en su poder los instrumentos para evitar la catástrofe social derivada del cierre y el desmantelamiento de este sector clave de la economía, como lo tiene también para los demás sectores que tienen relación con la energía. Y por eso cabe preguntarse por qué España no es europea en sus precios energéticos, como el de los combustibles en las gasolineras para los consumidores, y por qué España tampoco es europea en los precios de electricidad para los grandes consumidores eléctricos. Repito: el Gobierno tiene en su mano los mecanismos para evitar el desmantelamiento de la industria metalúrgica —siderurgia, aluminio y zinc—, que hoy alcanza su angustia más profunda en las factorías avilesina y coruñesa de Alcoa.

La irresponsabilidad de la política energética que padecemos en España, unido a la carencia de política industrial, nos ha colocado en la antesala de un desastre de proporciones incalculables si no se ataja cuanto antes. El Gobierno tiene que aceptar y apoyar con medidas de emergencia plasmadas en el Boletín Oficial del Estado que el acero, el zinc y el aluminio se vendan en un mercado globalizado pero con unos costes de la energía eléctrica, necesaria para su producción, que no sean discriminatorios porque están marcados por el mercado eléctrico nacional. Es conveniente indicar que en el caso del aluminio los costes energéticos suponen del orden del 35 % del coste total de producción, por lo que es imprescindible —y lo reclamamos— la adopción de medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española, intensiva en consumo eléctrico. Con estas medidas se frenaría el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.

Nuestra moción tiene también un segundo objetivo, como es acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos, hasta los medianos y grandes consumidores industriales. Se trataría de evitar que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas más caras de la Unión Europea a pesar de nuestro poder adquisitivo, inferior al de muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el desmantelamiento progresivo de sectores clave para la economía española. Porque el problema de nuestros altos precios de electricidad no es exclusivo del sector industrial, no solo los grandes consumidores industriales tienen enormes problemas para afrontar los costes de las tarifas eléctricas. También en la tarifa doméstica estamos a la cabeza de Europa, y si en algunos países resulta superior pero la comparamos en relación con sus poderes adquisitivos, las diferencias son brutales. Alemania tiene una tarifa doméstica un 32 % superior a la española, pero con un salario medio un 73 % mayor. Dinamarca, con la electricidad un 35 % más cara, tiene un salario medio un 103 % mayor, más del doble del español. En Francia, la energía eléctrica es un 30 % más barata que en España, con un salario medio un 42 % mayor. En Noruega, la tarifa doméstica es un 27 % menor, con un salario medio 2,5 veces el salario medio español.

En esta X Legislatura el cambio del sistema para establecer las tarifas de electricidad permitió a principios del actual ejercicio de 2014 una bajada que ha desaparecido a lo largo del año, hasta




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el punto de situar la tarifa mensual del usuario doméstico medio en 76,01 euros en el recién terminado mes de noviembre frente a los 67,62 del pasado mes de enero. En definitiva, no solamente la industria sino toda la sociedad española, comenzando por los hogares y los consumidores domésticos, se ven arrastradas por una tarifa que ha subido más del 72 % en diez años, lo que ha llevado a España a ser el país de la Unión Europea en el que se pagan los precios más altos por la electricidad. De ahí también el segundo punto de nuestra moción para el que pedimos el apoyo de la Cámara. Y ya anuncio que daré mi respaldo a la moción defendida por el senador Álvarez Areces del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Empiezo anunciando mi respaldo a las dos mociones.

Partiendo de la reflexión de que la política energética que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular ha sido un foco constante de conflicto y de agravamiento de los problemas preexistentes, y si podemos decir, desgraciadamente, que una de las obras más famosas de Goya es Los desastres de la guerra, hay que manifestar que la más famosa obra del ministro Soria es los desastres del sector eléctrico, de la energía en nuestro país. El Gobierno ha abordado un largo y complejo proceso y más de una docena de normas para intervenir en el sector eléctrico, en teoría, para resolver los problemas más relevantes, entre ellos sin duda el del déficit tarifario, pero sin conseguir con estas reformas que esos problemas sustanciales hayan encontrado una respuesta adecuada; por contra, esas medidas, esas reformas han generado multitud de nuevos conflictos. En 2013 seguimos teniendo déficit tarifario, 3540 millones de euros que adelantarán los bancos con la bendición del Ejecutivo español mediante un acuerdo que parece ser otra chapuza más, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anuncia que abrirá un procedimiento de investigación sobre este acuerdo sector eléctrico/sector financiero —dos de los sectores económicos más importantes de nuestro país— por haberse producido mucho antes de que se estableciera la decisión administrativa, la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del marco que la permitía.

El segundo conflicto abierto —y lo apuntaba el señor Oblanca— fue con el carbón nacional, abocado al cierre, puesto que cuando faltan apenas quince días para que acabe el año 2014 siguen sin concretarse las anunciadas y novedosas medidas de apoyo al sector y, a la vez, tenemos conocimiento de la existencia de un stock de 6 000 000 de toneladas de carbón en las térmicas, que sirve de coartada para que se incumplan a lo largo del 2014 los compromisos, la resolución dictada por el Gobierno para establecer la cuota de consumo de carbón nacional y, por supuesto, para que no haya ninguna esperanza de que en 2015 se produzca por estas térmicas consumo de nuestro carbón. A ello hay que sumar las renovables, cuyo sector está pendiente de decenas de demandas presentadas ante la jurisdicción española y los tribunales de arbitraje internacional, un absoluto desastre en el que se ha sumido al sector energético en nuestro país.

Hasta ahora, la preocupación pública y el debate social giraban en torno al precio de la electricidad en el consumo doméstico y al fenómeno de la pobreza energética. Es curioso; ayer el señor ministro, en su intervención en el Pleno, respondiendo, no recuerdo si a una pregunta o a una interpelación, dijo que la pobreza doméstica era solo una manifestación de la pobreza. Y digo que es curioso porque hace menos de un mes leí esas mismas palabras, los mismos términos en boca del presidente de la patronal de las eléctricas.

Hasta el 2008 el coste de la energía eléctrica en nuestro país estaba por debajo de la media de la Unión Europea, pero a finales de 2013 se situaba por encima de esta en un 11,5 %. Mientras en la zona euro, entre 2008 y 2013, el precio de la electricidad aumentó el 29 %, en España se incrementó el 63 %; este incremento solo ha sido superado por Malta, con un 71 %, Estonia, con un 66 %, y Letonia, con un 64 %. En Europa el coste de la industria de la energía eléctrica solo es más elevado en Lituania, Eslovaquia, Irlanda, Malta y Chipre, grandes potencias industriales, como saben sus señorías.




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En 2013 el esfuerzo de nuestras industrias, en relación con el consumidor industrial medio europeo, era un 23,3 % superior al de este año; algo tendrá que ver que el sector sea un oligopolio especialmente tramposo, y mientras no se resuelva esa situación no habrá ninguna reforma que cambie la realidad que vivimos y que genera el problema de Alcoa y del resto de los grandes consumidores. ¿No tuvo el Gobierno que anular la subasta, hace un año precisamente, porque era un oligopolio tramposo el que determinaba el resultado de esa subasta? Por eso, en 2012, porque estamos ante un oligopolio cada vez más fuerte, el margen de beneficio de las grandes eléctricas españolas era del 6,78 %, mientras que el de sus homólogas de la Unión Europea era del 2,62 %. Y en el 2013 el margen de beneficio de las grandes empresas eléctricas españolas era del 6,23 %, mientras que en el resto de Europa era del 3,49 %.

Y ahora, tras generar la pobreza energética, tras provocar un millón de cortes de luz al consumidor doméstico al año, por la imposibilidad de pagar el precio, destruyen empleo, y lo hacen afectando a los grandes consumidores con ese último invento de la subasta aplicado por el Gobierno para adjudicar las compensaciones por interrumpibilidad; mecanismo que también ha provocado otra cascada de recursos, una decena ante el Tribunal Supremo. Estamos ante la decisión de las multinacionales de chantajear a la sociedad y a las administraciones, de la misma forma en que el oligopolio eléctrico chantajea a la sociedad y a las administraciones públicas cada año, pero con unas consecuencias sobre un territorio como el asturiano que pueden provocar un auténtico proceso de desertización industrial porque afectan a la columna vertebral del sector industrial, a las grandes empresas de las que cuelgan el resto. Están en riesgo esos puestos de trabajo de Alcoa porque se ha abierto la amenaza y el chantaje de la deslocalización de las grandes multinacionales; pero además del riesgo que supone la posibilidad de que Alcoa, con ese expediente de regulación de empleo, destruya 800 puestos de trabajo directos entre Asturias y Galicia, las otras multinacionales, grandes consumidoras eléctricas, empiezan también a expresar su inquietud. Arcelor tiene paralizada una inversión de 190 millones de euros en las plantas asturianas ante la incertidumbre que genera el mecanismo de la subasta, que es un mecanismo inestable de por sí puesto que cada convocatoria supone riesgos evidentes. No es ese el marco más adecuado para animar a una multinacional a realizar inversiones. Por eso Arcelor empieza a mirar hacia Italia, donde vivimos otra gran contradicción: la posibilidad de que lo que fue una empresa pública española privatizada, Ensidesa, se incorpore a un grupo empresarial que ahora adquiere una gran planta siderúrgica en Italia en la que va a haber una participación pública en el accionariado y en la gestión puesto que el presidente Renzi ha comprometido adquisición de acciones y presencia de gestores públicos.

Por tanto, creemos que se trata de un nuevo error de este Gobierno en materia energética que debe ser corregido de forma inmediata porque sus consecuencias tendrían una repercusión en cada uno de los trabajadores —de Alcoa en este caso—, que quedarían en situación de riesgo en Arcelor o en Asturiana de Zinc, pero que la suma —como decía el ministro De Guindos el otro día, la suma de los datos microeconómicos son los que dan los macroeconómicos— de esas pérdidas de empleo, uno por uno, significan el desastre para una comunidad autónoma como Asturias.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores senadores.

Mi grupo parlamentario va a apoyar estas dos iniciativas. Reconocemos el trabajo que han realizado los senadores Vicente Álvarez Areces e Isidro Martínez Oblanca.

También queremos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, felicitar al presidente del Senado, Pío García-Escudero, por no haber acudido a la cena de anoche de los periodistas parlamentarios, porque una vez más fue una vergüenza el tratamiento que se hizo con este Senado, el maltrato de siempre, sobre todo después de que este Senado, con el premio Carandell, reconociera a la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díaz. Dicho esto, voy al grano. (Aplausos.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Muy bien!—). Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo con ese tema.




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La aplicación del nuevo sistema de subastas establecido por el Gobierno para retribuir y compensar los servicios de interrumpibilidad a las industrias que han visto reducidas sus retribuciones compensatorias en 400 millones de euros con respecto a 2013, está generando un grave perjuicio a las empresas en general, a las empresas asturianas en particular y también a las empresas vascas, como ocurre con cualquier otra comunidad autónoma que tenga empresas, que lógicamente han tenido que trabajar con una tarifa tan alta. Por tanto, nosotros apoyamos solidariamente estas iniciativas.

Este sistema ha provocado una merma notable de los ingresos en el caso concreto de las industrias de la comunidad autónoma vasca, que son grandes consumidoras de energía y que están acogidas a este modelo. El Gobierno vasco ya alertó sobre esta situación, así como sobre las graves consecuencias que la reforma eléctrica iba a ocasionar al tejido empresarial debido al aumento del coste de acceso a la energía y la reducción de su capacidad competitiva en mercados con menores costes energéticos.

Hace un año, la aprobación del nuevo sistema de subastas para la asignación de la interrumpibilidad eléctrica, es decir, el sistema por el cual las industrias pueden ver interrumpido su servicio energético y ser retribuidas y compensadas por ello, ha sido duramente cuestionado, en este caso por el Ejecutivo vasco y por el conjunto de las empresas industriales de Euskadi, que, hasta la fecha, habían venido realizando este servicio mediante un sistema de tarifas fijadas vía Boletín Oficial del Estado. El resultado de la primera subasta de asignación de productos de interrumpibilidad a mediados de noviembre, 2000 megavatios en bloques de 9 y 5 megavatios, ha supuesto una reducción muy importante del coste. Se ha pasado de los 750 millones del sistema anterior a 350, con una reducción adicional de 200 millones sobre lo previsto por el ministerio para el año 2015. Las empresas nos han manifestado un profundo malestar por la reducción tan drástica de sus ingresos, debido a la adjudicación por interrumpibilidad, y hay firmas que han optado por salir de las subastas y renunciar al modelo de la interrumpibilidad, ya que los precios de compensación están por debajo de sus costes. Las empresas que sí han optado han recibido una remuneración notablemente menor de la prevista por el ministerio. Nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, vamos a apoyar estas dos mociones, que consideramos que son oportunas, necesarias y ojalá prosperen.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres també votarem a favor de les mocions presentades pel Grup Socialista i el Grup Mixt. Ho farem perquè tot i que planteja un dels problemes de la indústria, que és l’alt cost de l’energia, i tot i referir-se a unes plantes concretes d’Alcoa, situades al Principat d’Astúries i Galícia, això també ens està permetent referir-nos a problemes de caràcter més general, ja que el que ha propiciat la moció afecta també a altres factories industrials, com s’ha fet referència, d’altres activitats diferents a la producció d’alumini i situades en altres comunitats autònomes. L’evolució a l’alça del preu de l’electricitat és un problema que afecta a tots els consumidors domèstics, comerciants, petita i mitja empresa i a tot tipus d’activitats industrials. Però és un problema més determinant, per a la seva competitivitat, per a les empreses agrupades en l’Associació d’Empreses amb Gran Consum d’Energia, l’AEGE. Més determinant el problema després de la baixada dels preu energètics, especialment als Estats Units, fruit de l’aplicació de tecnologies com el fracking per a l’extracció de gas i petroli, que són un dels causants, juntament amb la reducció de la demanda, de la baixada del preu dels hidrocarburs als mercats internacionals. Però també perquè els competidors d’aquestes indústries bàsiques, situades al nostre país, són globals, i també ho són els Estats Units.

Aquestes empreses, grans consumidores d’energia, van representar a Espanya l’any passat un 12 % del consum d’electricitat de tota la Península i el 30 % del que va consumir tota la indústria. Representen el que en el llenguatge col·loquial denominem indústria bàsica, metalls no ferris, siderúrgies, químiques, cimenteres, gasos industrials i altres. Són de l’ordre de 34 grups empresarials que donen ocupació, entre directa i indirecta, a més de 200 000 persones. I, per tant, estem parlant d’un sector important de la indústria del nostre país.




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Avui parlem d’Alcoa i dels 814 afectats pel seu expedient de regulació d’ocupació, per motiu del seu no accés a alguns dels blocs de subhasta d’incentius d’interrumpibilitat. Però el problema és més global i de proporcions més alarmants ja que la competitivitat d’aquests grups empresarials s’ha anat deteriorant per la pujada de la seva factura energètica i pel seu desavantatge enfront dels seus competidors.

Senyories, la indústria bàsica intensiva en consum elèctric del nostre país té la necessitat d’aconseguir preus elèctrics competitius i estables, especialment estables a mig i llarg termini, que a més li marquin un horitzó clar, sense incerteses, per realitzar les seves inversions —és així—. L’energia elèctrica és absolutament determinant en els costos d’una gran part d’aquestes empreses. Això té relació amb la interrumpibilitat, també amb aquests serveis, i aquesta té relació amb la gestió de la demanda, perquè la gestió de la demanda no pretén una altra cosa que, mitjançant diverses accions, influir en l’ús que els consumidors fan del consum elèctric, per propiciar canvis en els seus hàbits, per estalviar i incrementar l’eficiència, ja sigui en l’àmbit particular o domèstic, com en la corba agregada del sistema elèctric.

És a través de la gestió de la demanda que s’han trobat instruments a Espanya i altres països per abaratir el preu de l’electricitat d’aquests grans consumidors industrials. Es tracta d’orientar als grans consumidors, aquells que per la seva activitat ho puguin fer, que desplacin una part substancial del seu consum des de les hores puntes, en què els preus són més alts, a les denominades hores vall, on en haver-hi menys demanda, els preus són més baixos. La utilització de tarifes nocturnes o l’increment del consum en les hores vall aconsegueixen que el sistema elèctric sigui més eficient.

Per tant, la gestió de la demanda elèctrica a través d’aquest denominat servei de gestió de la demanda d’interrumpibilitat no és només un instrument destinat al fet que la indústria, gran consumidora d’electricitat, disposi de preus més baixos, sinó que és un element essencial en la gestió de la demanda que contribueix a l’estalvi i l’eficiència del sistema, al no creixement exponencial dels preus en moments de demanda punta i a més permet una resposta ràpida i eficient a les necessitats del sistema elèctric en situacions també d’emergència. I crec que també, això, convé posar-ho de relleu avui.

Les empreses acollides a aquest sistema tenen obligacions com la desconnexió davant la pèrdua d’importants volums de generació o la caiguda de xarxes, consumir un mínim del 55 per cent de la seva energia anual en hores vall, així com un mínim que satisfaci les necessitats del servei, entre altres obligacions. El problema, senyories, com s’ha posat de relleu en les intervencions d’altres portaveus, és que la reforma energètica, o més ben dit del sistema elèctric que ha realitzat aquest Govern també ha afectat a aquest servei de gestió de la demanda d’interrumpibilitat i així, en el present any, s’ha adoptat la mesura de reduir la retribució d’aquest servei en un 20 % respecte a l’any 2013, passant de 680 milions a 550 milions d’euros. I d’altra banda, s’ha establert un mecanisme competitiu d’assignació del servei mitjançant subhastes que estarà operatiu a partir de l’any 2015 per al sistema peninsular.

Les subhastes, certament, generen incertesa —el portaveu del Grup Mixt ho posava de relleu—, però cal dir també que l’assignació directa també genera incerteses, i la prova són alguns expedients oberts per la Comissió a alguns països que tenien algun sistema molt semblant al que nosaltres hem aplicat. La incertesa, per tant, afecta a les subhastes però també afecta al possible expedient per ajudes d’Estat que en alguns països s’ha posat en marxa per assignació directa.

Com a resultat d’això, d’aquest canvi d’orientació, s’ha celebrat la primera subhasta que ha comportat que grups empresarials o factories que fins ara disposaven o eren usuaris d’aquest servei, deixin de ser-ho, com a fruit de la subhasta, entre elles les factories d’Alcoa que, de fet, són les que motiven aquestes dues mocions del Grup Socialista i del Grup Mixt. Segons el gestor del sistema, Red Eléctrica, han quedat per assignar 200 milions d’euros d’aquests 550 milions als quals feia referència abans i la pretensió és fer una subhasta addicional al llarg dels propers dies.

Senyories, el cost de la gestió de la demanda d’interrumpibilitat, com deia, no és un instrument per aconseguir només energia elèctrica més barata per als grans grups consumidors, és una peça bàsica perquè el sistema sigui més eficient, es consumeixi menys energia i aquesta sigui més barata. Ara bé, això no solucionarà el problema dels alts preus de l’electricitat a Espanya, que afecten a tot tipus de consumidors i que la reforma del Govern no ha ajudat a orientar. Ja sé que estem parlant d’un tema que no és fàcil, i que no té una fàcil solució. Però el Govern té un cert




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marge per tractar de trobar solució a aquests problemes. De fet, recentment, vàrem observar com utilitzant la Llei de metrologia s’introduïen canvis per facilitar i abaratir el preu de l’electricitat a consumidors industrials d’una determinada comunitat autònoma. No citaré quina, vostès segur que ho saben. Per tant, hi ha marge per tractar, si més no, que aquesta multinacional no tingui l’excusa del cost energètic per deslocalitzar les seves activitats o tancar les seves factories a Espanya. Humilment, i reconec que jo no tinc una solució màgica, però igualment també altres haurien de reconèixer que ni totes les causes estan en el passat, ni les seves solucions han estat solucions als problemes que, desgraciadament, em temo que perduraran. Avui Alcoa i els seus 814 treballadors afectats, demà, em temo que uns altres, però sempre, en qualsevol cas, mereixeran el nostre suport. Per això, votarem favorablement a aquestes dues mocions plantejades.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también votaremos a favor de las mociones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto. Lo haremos porque aunque plantea uno de los problemas de la industria, que es el alto coste de la energía, refiriéndose, en concreto, a unas plantas de Alcoa, situadas en el Principado de Asturias y en Galicia, nos permite referirnos a problemas de carácter más general, puesto que lo que ha propiciado la moción afecta también a factorías industriales de otras actividades diferentes a la producción de aluminio situadas en otras comunidades autónomas. La evolución al alza del precio de la electricidad es un problema que afecta a todos los consumidores domésticos, comerciantes, pequeña y mediana empresa, y a todo tipo de actividades industriales. Pero es un problema más determinante para la competitividad de las empresas agrupadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, AEGE. Más determinante aún después de la bajada de los precios energéticos, especialmente en los Estados Unidos, fruto de la aplicación de tecnologías como el fracking para la extracción de gas y petróleo, que es uno de los causantes, junto con la reducción de la demanda, de la bajada del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Y también porque estas industrias básicas situadas en nuestro país y sus competidores son globales, así como lo son los Estados Unidos.

Estas empresas, grandes consumidores de energía, representaron en España el año pasado el 12 % del consumo de electricidad de toda la Península y el 30 % de lo que consumió toda la industria. Representan lo que en el lenguaje coloquial denominamos industria básica, metales no férreos, siderúrgicas, químicas, cementeras, gases industriales y otros. Son cerca de 34 grupos empresariales que dan ocupación, de forma directa o indirecta, a más de 200 000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un sector importante de la industria de nuestro país.

Hoy hablamos de Alcoa y de los 814 afectados por su expediente de regulación de empleo, por motivo de su no acceso a alguno de los bloques de subasta de incentivos de interrumpibilidad. Pero el problema es más global y de proporciones más alarmantes, puesto que la competitividad de estos grupos empresariales se ha ido deteriorando por la subida de su factura energética y por su desventaja ante sus competidores.

Señorías, la industria básica intensiva en consumo eléctrico de nuestro país tiene la necesidad de conseguir precios eléctricos competitivos y estables, especialmente estables a medio y largo plazo, que además le marquen un horizonte claro sin incertidumbres para realizar sus inversiones —es así—. La energía eléctrica es absolutamente determinante para los costes de una gran parte de estas empresas. Esto tiene relación con la interrumpibilidad y, en definitiva, también con estos servicios, y tiene relación, asimismo, con la gestión de la demanda, porque la gestión de la demanda no pretende otra cosa que, mediantes diversas acciones, influir en el uso que los consumidores hacen del consumo eléctrico con el fin de propiciar cambios en sus hábitos para ahorrar e incrementar la eficiencia, ya sea en el ámbito particular o doméstico como en la curva agregada del sistema eléctrico.

Es a través de la gestión de la demanda como se han encontrado instrumentos en España y en otros países para abaratar el precio de la electricidad de estos grandes consumidores industriales. Se trata de orientar a los grandes consumidores a que aquellos que por su actividad lo puedan hacer desplacen una parte sustancial de su consumo desde las horas punta, en las que los precios son más altos, a las llamadas horas valle, en las que al haber menos demanda los




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precios son más bajos. La utilización de las tarifas nocturnas o el incremento del consumo en las horas valle consiguen que el sistema eléctrico sea más eficiente.

Por tanto, la gestión de la demanda eléctrica a través de este llamado servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad no es solo un instrumento destinado al hecho de que la industria, gran consumidora de electricidad, disponga de precios más bajos, sino que es un elemento esencial en la gestión de la demanda que contribuye al ahorro y a la eficiencia del sistema, al no crecimiento exponencial de los precios en momentos de demanda punta y permite además una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones también de emergencia. Y creo que hoy también hay que ponerlo de relieve.

Las empresas acogidas a este sistema tienen obligaciones como la desconexión ante la pérdida de importantes volúmenes de generación o la caída de redes, consumir un mínimo del 55 % de su energía anual en horas valle, así como un mínimo que satisfaga las necesidades del servicio, entre otras obligaciones. El problema, señorías, como se ha puesto de relieve también en las intervenciones de otros portavoces, es que la reforma energética o, mejor dicho, del sistema eléctrico que ha hecho este Gobierno ha afectado también a este servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, y así, en el presente año se ha adoptado la medida de reducir la retribución de este servicio un 20 % respecto a 2013, pasando de 680 millones a 550 millones de euros. Y, por otro lado, se está estableciendo un mecanismo competitivo de asignación del servicio mediante subastas que estará operativo a partir del año 2015 para el sistema peninsular.

Las subastas, ciertamente, generan incertidumbre —el portavoz del Grupo Mixto ponía de relieve este hecho—, pero hay que decir también que la asignación directa genera incertidumbres, y la prueba son algunos expedientes abiertos por la Comisión a algunos países que tenían un sistema muy parecido al que nosotros hemos aplicado. La incertidumbre, por lo tanto, afecta a las subastas pero también afecta al posible expediente por ayudas de Estado que en algunos países se ha puesto en marcha por asignación directa.

Como resultado de este cambio de orientación, se ha celebrado la primera subasta, que ha comportado que grupos empresariales o factorías que hasta ahora disponían o eran usuarios de este servicio dejen de serlo fruto de esta subasta, entre ellas las factorías de Alcoa, que de hecho son las que motivan estas dos mociones del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. Según el gestor del sistema de Red Eléctrica Española, han quedado asignados 200 millones de euros de estos 550 millones de euros que se prevé que se harán en una subasta adicional a lo largo de los próximos días.

Señorías, el coste de la gestión de la demanda de interrumpibilidad, como decía, no es un instrumento para conseguir solo energía eléctrica más barata para los grandes consumidores, es una pieza básica para que el sistema sea más eficiente, se consuma menos energía y que esta sea más barata. Ahora bien, esto no solucionará el problema de los altos costes de la electricidad en España que afectan a todo tipo de consumidores y que las reformas del Gobierno no han ayudado a orientar. Sé que estamos hablando de un tema que no es fácil y que tampoco tiene una solución fácil. Pero el Gobierno tiene cierto margen para tratar de encontrar soluciones a estos problemas y, de hecho, recientemente, vimos cómo utilizando la Ley de metrología se introducían cambios para facilitar y hacer más barato el precio de la electricidad a consumidores industriales de una determinada comunidad autónoma. No diré cuál, ustedes seguro que lo saben. Por tanto, existe un margen para tratar, al menos, que esta multinacional no tenga la excusa del coste energético para deslocalizar sus actividades cerrando sus factorías en España. Humildemente, reconozco que yo no tengo una solución mágica, pero igualmente también otros deberían reconocer que ni todas las causas están en el pasado ni sus soluciones han sido soluciones a los problemas que, desgraciadamente, creo que perdurarán. Hoy, Alcoa y sus 814 trabajadores afectados, mañana, temo que serán otros, pero, en cualquier caso, siempre merecerán nuestro apoyo. Por ello, votaremos favorablemente las dos mociones planteadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.




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El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, senyor president. Bon dia.

La posició del nostre grup, o l’anàlisi que volem fer, va més enllà del debat de les dues mocions. Evidentment, tenim un problema important a l’Estat espanyol en allò que afecta els preus de l’energia, i sobretot en les grans corporacions industrials, que no permet que la nostra indústria, i especialment la indústria d’ús intensiu energètic elèctric, sigui competitiva actualment al món. S’ha dit aquí que els Estats Units han abaixat més d’un 20 % el preu de la seva factura energètica, i en canvi a Europa l’estem apujant. La diferència que hi ha entre els Estats Units, per no dependre de l’exterior i ser completament autònoms a nivell energètics, i Europa és massa elevada, i estem perdent competitivitat. Aquesta, doncs, és part del problema, o és un dels problemes principals. Si volem tornar a industrialitzar Espanya necessitem poder oferir a la indústria preus d’energia elèctrica i altres fonts que siguin realment competitius. I avui dia això no ho estem fent. Alguns del proponents de la moció, crec que el representant del Grup Mixt, parlaven de la necessitat de fer un pacte d’estat de l’energia. M’ho hauran sentit dir en diverses ocasions, i el nostre grup parlamentari tant al Senat com al Congrés ho ha dit en diverses ocasions. És necessari que puguem definir un pacte per l’energia, un sistema energètic, on els preus puguin ser definits a llarg termini. Avui dia cap gran companyia es planteja de fer inversions importants perquè el cost de l’energia canvia cada any. I així no es poden fer plans per produir inversions. És important, doncs, que puguem determinar tot això, que puguem definir un espai dels preus al més estable possible, que permeti canalitzar aquestes inversions futures.

Però no hem d’oblidar una cosa: part del canvi del sistema d’interruptibilitat ve per la possibilitat que hi hagi un expedient europeu en considerar les ajudes de la interruptibilitat com a ajudes d’Estat. I no ens enganyem, perquè això en el fons és així. S’està pagant a unes grans empreses perquè puguin tallar en algun moment necessari, de màxima demanda, la seva producció, i així se’ls compensa el que no puguin produir. Però en el fons això és una subvenció encoberta. Sí que ajuda a la demanda, sí que ajuda a preveure ─com deia el senador Montilla─ que es pugui controlar la demanda i la necessitat energètica del sistema, però en els darrers anys la interruptibilitat no s’ha utilitzat. No s’ha utilitzat segurament perquè la crisi econòmica també que hi hagués menys demanda energètica. I si Déu vol i puja la demanda, que significarà que estem tornant a produir més i a necessitar més energia, i per tant, que estem sortint de la crisi, és un tema que haurem d’analitzar a fons. Però hem de tenir en compte aquesta possibilitat que es considerin ajudes d’Estat.

La nostra posició respecte de la moció del Grup Mixt és favorable. Ens agrada el to i votarem a favor de la necessitat que fem una anàlisi important dels costos energètics, especialment per a la indústria.

Respecte de la moció del Grup Socialista, nosaltres ens abstindrem. No ens agrada el primer punt, en què es demana una subhasta a mida per Alcoa, perquè pensem que no es pot demanar una subhasta a mida. Potser no ens agradarà el sistema de la subhasta, i potser algunes empreses s’han adormit o donaven per fet que els seria fàcils, i altres empreses de menor mida que en principi no podien optar o no havien optat en anys anteriors a les subhastes d’interruptibilitat, ara ho han fet perquè és una manera de rebre uns diners que els permeten compensar; perquè recordem que no s’ha produït aquesta interruptibilitat. Per tant, considerem que posar en una moció un punt en què es demana que la subhasta estigui dirigida a afavorir un grup empresarial determinat, i entenent el que això comporta per a aquest grup i per a tota la societat, és una cosa que no es pot fer; perquè serà el que sigui però no serà una subhasta com a tal.

Si el que vol aquest grup és que se’ls doni una subvenció directa, que ho demanin així. Perquè hi ha altres grups importants a nivell energètic, arreu de l’Estat, que potser prendran mesures judicials, com ha anunciat algun gran grup, que en el cas que es faci una subhasta a mida d’Alcoa o que es disgregui la subhasta en lots petits perquè pugui afavorir els centres de producció d’Alcoa, ho portarà davant dels tribunals.

Per tant, entenent la línia bàsica i la preocupació que comporta en les zones de Galícia i d’Astúries, com en altres zones on també hi ha empreses industrials potents amb necessitat intensiva d’ús d’energia, nosaltres ens abstindrem en la moció del Grup Socialista.

Torno a recalcar que, si el que realment volem és intentar potenciar la industrialització del país, necessitem poder establir a llarg termini una política energètica que no vagi canviant a mesura que vagin canviant els diferents governs de torn de l’Estat. Això és un pacte que ens hem de ficar tots




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al cap. Si no som capaços de generar aquest marc estable de preus energètics no serem capaços de captar noves inversions, que les actuals grans indústries d’ús energètic intensiu puguin invertir a llarg termini i que es creïn llocs de treball, i se seguiran produint deslocalitzacions.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

La posición de mi grupo, o el análisis que queremos hacer, va más allá del debate de las dos mociones. Evidentemente, tenemos un problema importante en el Estado español en lo que afecta a los precios de la energía y, sobre todo, en lo que afecta a los precios de la energía en las grandes corporaciones industriales, que no permite que nuestra industria, y en especial la industria de uso intensivo energético eléctrico, sea competitiva actualmente en el mundo. Se ha dicho aquí que Estados Unidos ha bajado más de un 20 % el precio de su factura energética y, en cambio, en Europa la estamos subiendo. La diferencia que hay entre Estados Unidos, por no depender del exterior y ser completamente autónomo a nivel energético, y Europa es demasiado elevada, por lo que estamos perdiendo competitividad. Este es, pues, parte del problema o uno de los problemas principales. Si queremos volver a industrializar España, lo que necesitamos es poder ofrecer precios de energía eléctrica y de otras fuentes a la industria que sean realmente competitivos, y hoy en día eso no lo estamos haciendo. Aquí, alguno de los proponentes de la moción, creo que el representante del Grupo Mixto, hablaba de la necesidad de alcanzar un pacto por la energía, un pacto de Estado por la energía. Me habrán oído decir en varias ocasiones, y también a mi grupo parlamentario, tanto en el Senado como en el Congreso, que es necesario que podamos definir un pacto por la energía, un sistema energético en el que los precios se puedan definir a largo plazo. Hoy en día ninguna gran compañía se plantea hacer inversiones importantes porque el coste de la energía cambia cada año y así no se pueden hacer planes para producir inversiones. Por lo tanto, es fundamental que podamos determinar todo esto, que podamos definir un espacio lo más estable posible de los precios que permita canalizar estas inversiones futuras.

Pero aparte del cambio del sistema de interrumpibilidad, no debemos olvidar una cosa, que hay un expediente europeo para considerar la ayudas de interrumpibilidad como ayudas de Estado. Y no nos engañemos, esto en el fondo es así, se está pagando a grandes empresas para que puedan cortar su producción en algún momento necesario de máxima demanda y así se les compensa lo que no puedan producir. En el fondo, es una subvención encubierta. Sí que ayuda a la demanda y sí que ayuda a prever, como decía el senador Montilla, que se pueda controlar la demanda y la necesidad energética del sistema, pero en los últimos años la interrumpibilidad no se ha utilizado, seguramente porque la crisis económica también ha hecho que hubiera menos demanda energética, y si Dios quiere y sube la demanda, lo que significará que estamos volviendo a producir más y a necesitar más energía y, por lo tanto, que estamos saliendo de la crisis, es un tema que deberemos analizar a fondo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se consideren ayudas de Estado.

Mi grupo es favorable a la moción del Grupo Parlamentario Mixto. Nos gusta el tono y vamos a votar a favor de la necesidad de hacer un análisis importante de los costes energéticos especialmente para la industria.

Por otro lado, nos vamos a abstener en relación con la moción del Grupo Parlamentario Socialista. He de decir que no nos gusta el punto 1, en el que se pide una subasta a medida para Alcoa, porque pensamos que no se puede hacer así. Quizá no nos guste el sistema de la subasta y es posible que algunas empresas se hayan dormido o que hayan dado por hecho que sería fácil y otras de menor tamaño, que en principio no podían optar o no habían optado en años anteriores a las subastas de interrumpibilidad, ahora lo han hecho porque han visto que es una manera de recibir un dinero que les permite una compensación. En este sentido, tenemos que recordar que no se ha producido esta interrumpibilidad. Por lo tanto, establecer en una moción un punto en el que se pida que la subasta esté dirigida a favorecer a un grupo empresarial determinado, con lo que eso comporta para ese grupo y para toda la sociedad, creemos que no se puede hacer porque será lo que sea pero no una subasta como tal.

Si lo que este grupo pretende es que se les dé una subvención directa, que lo pidan así, pero, evidentemente, hay otros grupos importantes a nivel energético en todo el Estado que tomarán medidas judiciales —como algún grupo ha anunciado ya— en el caso de que se haga una subasta




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a medida del centro de producción de Alcoa o de que se disgregue la subasta en lotes pequeños para favorecerle.

Por tanto, porque no estamos de acuerdo con ese punto 1 de la moción, y a pesar de que entendemos la línea básica y la preocupación que comparten en zonas de Galicia y de Asturias, como en otras zonas donde también hay empresas industriales potentes con necesidad intensiva de uso de energía, repito, nos vamos a abstener en la votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelvo a recalcar que si lo que realmente queremos es intentar potenciar la industrialización del país, necesitamos establecer a largo plazo una política energética que no se modifique a medida que cambien los gobiernos de turno en el Estado. Este es un pacto que todos debemos meternos en la cabeza. Si no somos capaces de generar este marco estable de precios energéticos, no seremos capaces de captar nuevas inversiones, de que las actuales grandes industrias de uso energético intensivo puedan invertir a largo plazo ni de que se creen lugares de trabajo, por lo que se seguirán produciendo deslocalizaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente para trasladar un mensaje desde Lugo.

En mi provincia se asienta una de las tres factorías del grupo Alcoa dedicadas al tratamiento de la alúmina y del aluminio, en la que trabajan 1200 personas de forma directa y 400 de forma indirecta, por lo que ya imaginarán ustedes lo que supone esto para la provincia de Lugo.

Si bien es cierto que la factoría de Lugo, en esta auténtica ruleta rusa que supone la subasta de los paquetes de interrumpibilidad energética, ha salido dañada solo de forma leve, también es verdad que se ha instalado en esta provincia una profunda preocupación por el futuro del grupo y de las empresas de Alcoa. Existe una profunda preocupación por la amenaza de cierre inminente de las factorías de La Coruña y de Avilés, en Asturias, pero también una profunda preocupación por el futuro. Este Gobierno debe resolver de manera inmediata, de forma urgente la situación en la que se encuentran las dos factorías amenazadas de cierre, pero también el futuro, dotando a las factorías, a los grandes consumidores energéticos de España, de un modelo que permita la estabilidad y la continuidad en la actividad.

La empresa Alcoa manifestó a sus trabajadores de forma muy taxativa que no iba a hacer ningún tipo de inversión mientras no hubiera un modelo estable y permanente que fijara los precios que hicieran competitivas a las empresas. Por lo tanto, esto es absolutamente imprescindible. Y les traslado, en nombre del comité —que así me lo ha pedido— la necesidad de solidaridad y apoyo a las industrias que están amenazadas de cierre, para las cuales solicitamos a esta Cámara el acuerdo de una solución definitiva.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Senador Losada, tiene la palabra.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Señor presidente, señorías, en primer lugar, y antes de nada, quiero trasladar aquí mi solidaridad con los ciudadanos de la provincia de Coruña, de Boiro y Ribeira, que en estos momentos sufren la crueldad de la desaparición de tres marineros en el hundimiento de un buque durante las horas pasadas.

Señorías, en menos de la décima parte del tiempo que yo he tardado en subir a esta tribuna y ha tardado en bajar mi predecesor, un trabajador tuvo que darle a un botón y con ello decidió el futuro de más de 1500 trabajadores y el de miles y miles de puestos de trabajo. Eso significó la subasta.

¿Algún senador o senadora puede pensar que es lógica, racional, competitiva o moderna esa decisión? Esto es lo que ha pasado: un trabajador, solo, incomunicado en una cabina, tuvo que darle a un botón en milésimas de segundo, y eso ha decidido que se puedan perder más de 415 puestos de trabajo directos y más de 1500 indirectos. Y esta situación no es solo el problema de




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dos localidades, sino un problema de la industria española. Estamos ante un proceso que afecta a todo el sistema industrial español, que afecta al sector del gran consumidor energético pero que en este caso afecta también a dos ciudades: a A Coruña y a Avilés. Esta es la constatación de la política errática del ministro Soria durante estos tres años.

Hoy toca hablar de dos localidades, de Coruña y de Avilés; toca hablar, claro que sí, de una empresa; y toca hablar de la subasta de interrumpibilidad, para alcanzar acuerdos en esta Cámara, para que se inste al Gobierno a resolver el grave problema provocado por un sistema viciado en el reparto de megavatios. Porque ese es el problema. Ninguna empresa ni ningún sindicato cuestionaron la competitividad del sistema. Lo que se cuestionó fue una chapuza, la forma en que se reglamentó. Esa chapuza ha provocado que hoy 1500 personas —415 empleos directos y el resto indirectos— se encuentren en una situación de incertidumbre, por la decisión de un ministro que no solo no entiende al sector del aluminio, sino tampoco al sector electro-intensivo, que necesita de un marco energético estable para asegurar viabilidad y competitividad. Por eso, señorías, no entiendo que el senador Sedó, y tomo nota —supongo que será por desconocimiento de las características de estas empresas—, haya mostrado esa falta de solidaridad al abstenerse en la votación de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, estamos en una situación de la que no es culpable la empresa, de la que no son culpables los trabajadores que están angustiados, sino un ministerio que ha hecho las cosas mal. Señorías, la competitividad de nuestra industria en el sector del aluminio —somos los segundos de Europa y los terceros del mundo— o el futuro de las ferroaleaciones no puede depender de un sistema basado en apretar un botón en un segundo. A eso se reduce la reglamentación para la adjudicación de los megavatios, a no tener un sistema tarifario estable y a la imposibilidad de planificación.

Señorías, la subasta, tal como fue concebida, favorece la tormenta perfecta, impide inversiones a largo plazo, impide a las empresas tener presupuestos plurianuales. No hay capacidad de inversión para la renovación tecnológica continua, solo hay mantenimiento. ¿Y qué ocurre como consecuencia? Que cae la competitividad. La tormenta perfecta.

Señorías, ¿cómo se explica, además, que queden empresas que consumen más de 90 megavatios y se hayan dado bloques de 90 megavatios a empresas que no los tienen, que no los consumen? ¿Cómo han conseguido megavatios empresas a las que no se les ha hecho el informe preceptivo que marca la ley para ver si producen esos 90 megavatios? ¿Es que van a especular estas empresas con los megavatios que han adquirido y que no consumen? Yo creo que el Gobierno debería responder a eso.

Hoy mi grupo trae cuestión focalizada en dos ciudades y en una empresa, con un solo un objetivo: una segunda subasta donde se planifiquen bloques de 90 megavatios. Eso es lo que solicitamos, no pedimos una subasta a la carta sino que esta se ajuste a las necesidades concretas de la industria del aluminio, de la industria electro-intensiva, porque, si no, el día 1 de enero cerrarán dos empresas líderes, se irán a la calle 815 trabajadores, lo que supondrá un hachazo a la ciudad de La Coruña y un hachazo a la ciudad de Avilés, hachazos además, como saben ustedes, señorías, irreversibles, porque cuando estas empresas cierran, no vuelven a abrir debido a los costes necesarios para reiniciarlas.

También debemos pensar en cómo hemos llegado a esto, por qué se hace una subasta que impide la planificación, por qué se hace lo contrario que en otros países, en los que hay precios estables de megavatios, con contratos a 10 años e incluso a 20 años. ¿Cómo se puede hacer pender la competitividad y, como consecuencia, el futuro de los trabajadores de un botón y de un segundo?

Señorías, pensar que la competitividad en un sector en el que el 40 % de la producción es energética y obrar en función de una subasta anual es tener una espada de Damocles continua sobre los trabajadores y sobre la empresa. Por eso, ahora ya no vale que se repita la subasta con los megavatios que han quedado libres, lo que se necesita es una subasta que se ajuste a las características de la realidad de la industria electro-intensiva y del aluminio —y no valen subastas de 5 megavatios—, y, una vez solucionado el problema, hacer una nueva forma de política energética en España.

Señorías, hoy el Senado debería decirle a los trabajadores de A Coruña y de Avilés que está con ellos, que defiende sus empleos. En una situación de crisis económica no podemos permitir,




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por una decisión política, que se pierdan empleos. Hoy, los ciudadanos de Galicia y de Asturias tienen que saber que el Senado es sensible, que comprende, que apoya sus demandas, y estas son dos: que se realice una subasta adecuada al consumo real de megavatios y que, dentro de la normativa de la Unión Europea, se establezca un sistema que permita estabilidad...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Ya termino, señor presidente.

Un sistema que permita estabilidad, planificación y competitividad, porque eso es lo racional y lo lógico —es lo que tiene Alemania, es lo que tiene Italia, es lo que tiene Noruega o es lo que tiene Islandia—. Por eso, señorías pido el apoyo a todos los grupos a esta moción. Les pido el apoyo para las ciudades de A Coruña y de Avilés, pero también para todo el sistema industrial español. Y también quiero decirles que mi grupo apoyará al Grupo Parlamentario Mixto en su moción. El señor Martínez Oblanca se refirió al año 2008 y no dijo —me imagino que será por el lapsus o por el poco tiempo— que en 2009 un ministro de Industria socialista y un presidente del Gobierno socialista solucionaron muy bien el grave problema que la Unión Europea trajo. Sin embargo hoy en 2014 se cierran dos fábricas por la voluntad de un ministro del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Debo empezar recordando que entre los años 2004 y 2011 el recibo de la luz subió un 67 %, a un promedio anual del 5,9 %; que en el año 2011 nos dejaron la energía más cara del continente; que gracias a las medidas que ha adoptado este Gobierno, después de 60 meses ininterrumpidos de subidas en el recibo de la luz, en el año 2013 bajó un 3,7 %; que este año 2014 se prevé que sea bajada sea mayor; y es así, con un recibo de la luz que va convergiendo con el de otros países de nuestro entorno, como podemos ser competitivos y como nuestro sector industrial puede colocar sus productos en el exterior.

Todos sabemos con relación a la interrumpibilidad que esta es una herramienta que está en manos del operador del sistema, es decir, de Red Eléctrica de España, para garantizar la seguridad del suministro, o sea, para dar unas respuestas rápidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia. Ahora bien, esta es una herramienta que tiene sentido allá donde hay una capacidad muy ajustada a la demanda. Pero eso no se da en nuestro país, donde una parte de la capacidad del sistema está parada e infrautilizada. Por tanto, en realidad esta es una herramienta para ayudar a la competitividad de las empresas electro-intensivas.

Ya lo han dicho aquí: hasta el año 2009 rigió la tarifa de grandes consumidores, la llamada G4, con la que esas empresas obtuvieron suculentos descuentos en sus facturas eléctricas, tarifa que en el año 2009 —con el Gobierno anterior— tuvo que ser anulada porque la Unión Europea dijo que atentaba contra la libre competencia comunitaria. En ese momento se sustituyó por otra tarifa —también más ajustada— que estuvo vigente hasta diciembre de 2012. En 2013, dentro de las reformas del actual Gobierno, se creó un sistema dual en función de la potencia contratada que bonificaba el megavatio por hora a 35 euros a esos grandes consumidores, con lo que se solventó el problema de Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc, entre otros. Ahora bien, esto se adjudicaba de una manera administrativa, sin competencia, y en previsión —al ver lo que había sucedido en Italia, donde se consideraron ayudas de Estado y se les impuso una sanción de 300 millones—, fueron las propias empresas las que pidieron que se cambiara a un sistema de subasta competitiva, en el que se ofrecieran las mismas condiciones a todos. Eso sí, un sistema que tiene un inconveniente y es que cada empresa libre y legítimamente adopta la estrategia que va a seguir en la subasta. Es decir, ella marca el precio de puja que desea y sabe el riesgo que corre de quedarse fuera si no puja suficientemente.

La primera subasta —ya se ha dicho— se celebró el pasado día 17 de noviembre. En ella se asignaron todos los bloques de grandes empresas de 90 megavatios y quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 megavatios de las medianas por un monto total de unos 200 millones. Y hay que decir que, de todas las grandes empresas, la única que no cubrió sus expectativas fue Alcoa,




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que se quedó sin un 50 % de los megavatios interrumpibles a los que aspiraba. Es decir, ha conseguido tres de los cuatro bloques para la planta de San Ciprián, en Lugo, y se ha quedado sin sendos bloques para las de La Coruña y Avilés. Estas —ya se ha dicho también— son dos plantas prácticamente gemelas, con unos 400 trabajadores cada una y con un volumen de producción muy similar. No haber conseguido estos lotes le va a suponer a Alcoa que en la planta de La Coruña se vayan a incrementar los costes energéticos en 34 millones y en 27 millones en la de Avilés —es decir, 61 millones—, cuando entre esas dos plantas el año pasado obtuvieron unos beneficios de 53 millones ─8 000 000 menos─.

También se ha dicho que después de la subasta, el 1 de diciembre, Alcoa anunció que iba a presentar ese ERE de extinción para la totalidad de la plantilla de esas dos fábricas a partir del día 1 de enero. La dirección de Alcoa basó ese ERE no solo en la pérdida de esos incentivos, sino además en el hecho de que esas dos plantas cuentan con una tecnología menos eficiente, por lo que su capacidad de producción es inferior a la de la moderna planta que tiene en Lugo, a la cual no le ha afectado la crisis.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿Quién nos dice que esa menor eficiencia e inferior capacidad no fue lo que le llevó a mostrar un menor interés a Alcoa por conseguir esos bloques en la subasta?

El ministro de Industria dijo que el ERE no tiene nada que ver con el nuevo mecanismo de interrumpibilidad. Lógicamente, ante ese ERE, el Gobierno está preocupado, es consciente de la seria situación por la que pasan los trabajadores, los familiares, todas las empresas auxiliares que trabajan con Alcoa, las ciudades en las que están ubicadas y las comunidades autónomas afectadas, y quiere que este problema se resuelva para que Alcoa pueda mantener su actividad y pueda seguir produciendo aluminio en esas plantas de Asturias y de Galicia a partir del próximo día 1 de enero como hasta ahora. No lo digo yo, lo ha confesado el propio secretario general de la UGT, Cándido Méndez, después de hablar con el presidente del Gobierno,… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, presidente.

…que le dijo que este tenía una gran receptividad hacia este asunto.

Y el Gobierno no se ha quedado en palabras, sino que ha pasado a los hechos. El pasado día 27 de noviembre, el Ministerio de Industria puso en marcha el procedimiento para que, antes de que acabe este año, se pueda celebrar una nueva subasta en la que se puedan adjudicar los megavatios sobrantes, una subasta que en este momento está pendiente de recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y que cuando lo tenga, se realizará en idénticas condiciones para todos los participantes. Es decir, en ella va a poder participar Alcoa y lo van a poder hacer todas las empresas que lo deseen con los mismos criterios competitivos.

Por tanto, no es posible lo que se pide en la moción del Grupo Socialista de que se diseñe de tal manera que permita a Alcoa poder obtener los lotes energéticos que necesitan esas fábricas. Eso, lisa y llanamente, es imposible, legalmente no se puede hacer. Sería hacer un traje a la medida, algo que sería ilegal.

Yo, al ver esta moción, me preguntaba: si nosotros, el Grupo Popular, hubiésemos propuesto esto, ¿qué se estaría diciendo desde la oposición? Se nos estaría tachando de favorecer a las multinacionales y de favorecer al lobby. Ahora bien, supongamos que en la segunda subasta consiguen esos lotes que necesitan. La pregunta que me haría sería: ¿Se habrá conseguido la solución definitiva para esas plantas, o esto será un mero parche? Porque ¿qué va a pasar después? Yo creo que para que el futuro de esas dos plantas esté asegurado se necesita que Alcoa en los próximos meses anuncie un plan industrial que esté dotado de inversiones —porque son dos plantas en las que se trabaja con una tecnología obsoleta—. Esto se puede solicitar desde aquí, desde el Senado, y no es mucho pedir porque los que conocemos el sector —porque hemos trabajado en él— sabemos que en el año 1998 Alcoa se quedó con Inespal en unas condiciones muy ventajosas ya que se quedó en exclusiva con el negocio del aluminio en España y consiguió a través de la SEPI un precio para el kilovatio que estaba espléndidamente subvencionado para quince años, es decir, hasta el año 2013. Estamos ahora acabando el 2014 y Alcoa lógicamente ha visto mermados sus beneficios, y esta merma ha coincidido en el tiempo con los descomunales




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beneficios que empieza a tener en el megacomplejo que ha montado en Arabia Saudita. Quizá por eso no ha mostrado tanto interés a la hora de pujar para las plantas de Avilés y La Coruña. ¿No será, señorías, que está buscando una coartada para el cierre? Porque la estrategia en la planta de San Ciprián fue completamente otra muy distinta.

Por eso, yo creo que estas mociones tendrían que haber ido encaminadas a instar a Alcoa a que presente ese plan industrial para esas dos plantas, pues solo así estaría firmando un contrato de adhesión con los trabajadores, con las ciudades y con las comunidades autónomas afectadas. Por el contrario, la ausencia continuada de esas apuestas económicas y técnicas por sus centros fabriles son el preludio de que más pronto que tarde se puede producir una muerte anunciada de esas plantas. Por eso, vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente, y Feliz Navidad a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las dos mociones separadamente.

Votamos, en primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 77; en contra, 145; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la moción del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 90; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

(Núm. exp. 622/000012)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y 5.1.1. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Saura. (Rumores).

Señorías guarden silencio, por favor. (Rumores).

Guarden silencio, por favor. (Rumores).

Espere un momento, senador Saura, hasta que haya silencio. (Pausa).

Cuando quiera, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, paso a defender una proposición de ley que plantea la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Antes de entrar en el contenido quisiera hacer tres observaciones: la primera es que estamos ante una toma en consideración y que, por lo tanto, lo que se vota hoy no es aprobar o no el texto concreto que presentamos, sino si se va a tramitar o no. (Rumores). La segunda consideración es




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que somos conscientes de que en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año se está tramitando el Código Penal y que, por consiguiente, este tema incide en esa tramitación parlamentaria. (Rumores). La tercera consideración y más importante es que a pesar de los murmullos de la sala…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor.

El señor SAURA LAPORTA: Como decía, la tercera consideración y más importante es que la proposición de ley que presentamos tiene o puede tener consecuencias sobre el hecho de que personas determinadas vayan a la cárcel de forma injusta según nuestro parecer. No estamos ante una iniciativa parlamentaria de hacer una carretera, que es importante, o una escuela, sino que estamos ante una proposición de ley que lo que plantea es una modificación de un artículo del Código Penal que tiene incidencia en el ingreso en la cárcel de sindicalistas en el ejercicio del derecho a huelga.

Cuando decimos que planeamos la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal no estamos diciendo que se queden sin castigo, sin pena aquellas actuaciones de coacción violenta que poden ser tramitadas por otro artículo del Código Penal, que es el 172. En los últimos meses más de 260 personas han estado encausadas penalmente en relación con el ejercicio del derecho de huelga. La fiscalía pide para todas ellas más de 130 años de cárcel. Esta es una situación absolutamente inédita desde la recuperación de la democracia en el Estado español. La pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Está pasando que los sindicatos en las huelgas se han vuelto violentos? ¿Hay mucha violencia? Esto es absolutamente falso. Lo que está pasando es que se aplica por primera vez el apartado 3 del artículo 315 y que hay una estrategia desde nuestro punto de vista muy clara de ataque al derecho a la huelga y de criminalización de la libertad sindical, con un intento de transformar los conflictos sociales en conflictos de orden público. Por lo tanto, políticamente el diagnóstico que hacemos es una estrategia de ataque al derecho de huelga, de ataque a la libertad sindical y de intentar traducir el conflicto social en un conflicto de orden público.

¿Cuál es el origen del apartado 3 del artículo 315 que proponemos derogar? A finales de 1975 y durante 1976 se produjo en el Estado español el estallido más importante de huelgas. Teníamos un gobierno presidido por Arias Navarro que afirmaba la voluntad de continuidad del régimen franquista, no había libertad de sindicatos ni de asociación ni de prensa, pero hubo un importante incremento de huelgas en 1975 y en 1976. La respuesta del Gobierno de Arias Navarro fue doble: por un lado, represión policial y sindical ─recuerden, desgraciadamente, los muertos de Vitoria─ y, por otro, una modificación de las leyes, que eran leyes no democráticas y que no reconocían derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido, el 21 de julio se promulgó una ley que indicaba en la exposición de motivos que la presencia y la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de huelga constituyen, sin duda, un ataque a la seguridad del trabajo. A partir de esto se introdujo una modificación en el Código Penal en la que se segmentaba, se especificaba el delito de coacciones concretamente para el de huelga, al que se le otorgaba la pena de prisión mayor, que era de tres años. En 1995, con la aprobación del nuevo Código Penal, este apartado se mantuvo prácticamente en sus mismos términos, es decir, el Código Penal de 1995 mantenía una tipificación especial para la coacción del derecho de huelga, cosa que no se mantiene absolutamente para nada más y que era producto de un contexto social determinado. Por otro lado, mientras que el delito de coacciones previsto en el artículo 172 como máximo condena a tres años de cárcel, el delito del artículo 315 condena, como mínimo, a tres años. Dicho de otra manera, las condenas por el artículo 315 significan el ingreso en prisión sin que su suspensión sea posible. Evidentemente, en comparación es una desproporción y una injusticia.

Esto no se aplicó hasta hace muy poquito en la democracia española. Creo que el sentido común o las instrucciones de la Fiscalía o de los jueces ha hecho que esto no se aplicara. Se ha empezado a aplicar una vez que hubo la huelga general del 2012. A partir de ahí ha habido diversas manifestaciones de distintas personas que cuestionan, como cuestionamos nosotros hoy, la existencia de ese apartado 3 del artículo 315 que singulariza la coacción en el derecho de huelga. El propio ex ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, el 17 de septiembre de 2014, en respuesta a una pregunta de un diputado socialista, decía lo siguiente: Tenga por seguro que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están dispuestos a debatir la modificación de este artículo.




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Pero más significativa es la comparecencia del 26 de noviembre, hace 20 días, del fiscal general del Estado en el Congreso presentando la memoria, donde dice lo siguiente en relación con este artículo: El delito del 315.3 del Código Penal es un delito durísimo, de una estructura también durísima, y hay que decirlo. Las penas, atendiendo a que subyace un derecho como es el posible derecho de huelga, son desproporcionadas. Dejo caer aquí que habría que estudiar seriamente la modificación y la reforma de este delito, que desde este mismo momento reconozco que es extraordinariamente duro. Me brindo a modificarlo porque nosotros no estamos muy cómodos, por decirlo de alguna forma, con esa conceptuación de tipo delictivo concretamente. Nosotros, la Fiscalía, no estamos cómodos y vamos a reexaminar absolutamente casos de los que disponemos. Reflexionaré si doy o no una instrucción a los fiscales para que valoren las circunstancias correspondientes.

Creo que es inédito que un ministro de Justicia y el fiscal general del Estado, en sede parlamentaria, cuestionen, en definitiva, un artículo del Código Penal.

Más recientemente, en una sentencia sobre la aplicación del artículo 315.3 a la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares, el juez, que la absuelve, dice lo siguiente: Esta conducta —la tipificada en el artículo 315.3— fue introducida en nuestro ordenamiento penal por la Ley 23/1976, y el mantenimiento de esta figura delictiva en el Código Penal de 1995 ha sido criticado por buena parte de la doctrina, que señala que la tipificación de esta conducta responde a un determinado momento histórico, político y social —la dictadura y el Gobierno de Franco, que no lo dice, pero evidentemente está claro—, y que carece de sentido tras la promulgación de nuestra Carta Magna en el contexto social y laboral que estamos viviendo en el presente, y entiende que resulta innecesaria la tipificación específica de este precepto siendo suficiente para castigar esta conducta el tipo básico y ordinario del artículo 172. Es más, recientemente la OIT ha declarado lo siguiente: Cualquier sanción impuesta por actividades ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito o a la falta cometida, y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga indefinida.

La pregunta es: ¿qué más se necesita para derogar este artículo? El exministro de Justicia, el fiscal general, el juez en una sentencia, la OIT… ¿Qué más se necesita para cambiar este artículo? De todas maneras quiero decir que, a pesar de estas declaraciones, recientemente, mientras que el juez en la causa contra la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares absolvía de este delito, el fiscal ha presentado un recurso de apelación en contra de la decisión del juez pidiendo una sentencia de cuatro años y un día para estas personas.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, creo que es importante hacer caso al fiscal, al exministro, a la OIT, al juez.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, concluya, por favor.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

Este apartado viene de una situación especial de la dictadura, donde el Gobierno de Arias Navarro pretendía dos cosas: intimidar a los trabajadores y recortar o hacer imposible la emergencia de huelgas que cuestionaban no solo la política económica de la dictadura sino que, concretamente, pedían libertad y democracia, y ahora tenemos la oportunidad de aprobar esta proposición de ley en el trámite en el Senado para hacer posible que ninguna otra persona tenga que ir a la cárcel simplemente por haber participado en un derecho a la huelga cuando, además, respecto a otros artículos del Código Penal que hacen referencia a las coacciones para evitar la huelga de los trabajadores, que yo conozca, no hay una sola causa en contra de estas actuaciones, mientras que hay más de 260 trabajadores que han sido encausados por estas acciones de participar en huelgas legítimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

En turno a favor, tiene la palabra el senador Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente; con su venia. Buenos días.

En mi opinión, sería suficiente la intervención del señor Saura para atender como razonable su petición, y, atendiéndola como razonable en el trámite, enmendarla en aquello con lo que se




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discrepe, pero atenderla porque el grueso del razonamiento es razonable, es ponderado. Sé que sus señorías van a argumentar que llevemos este asunto al debate del Código Penal, que lleva meses, por no decir años, durmiendo el sueño de los justos, paralizado en la Cámara baja. Ahora sé que de nuevo se ha reunido la ponencia para trabajar sobre las 900 enmiendas que tiene y sé también de la urgencia con que se impulsa que en enero pueda estar ya resuelto lo que en otras ocasiones ha llevado años en su trámite. ¿Pero por qué no aprovechar el tiempo? Ya el maestro Saura ha subrayado algunas instituciones del Estado, y no estoy hablando de grupos parlamentarios, ni siquiera de académicos, puesto que no ha habido una variación doctrinal ni en términos de autores de Derecho Penal ni en términos de interpretación de los jueces. ¿Qué ha habido entonces? Se ha producido un cambio de criterio en su aplicación. Luego, el razonamiento es el siguiente: si esto es sensato, si esto está fundado, ¿por qué no ganar tiempo y aprovechar para quitar algo que, en general, está perturbando la dinámica de la relación entre sindicatos y empresarios?

Y permítame un pequeño paréntesis, que no es sobre análisis jurídico, sino relativo a la vertebración social. Señorías, tengamos todos claro que toda ideología intoxicadora contra la democracia parlamentaria y contra los sindicatos es mala para el sistema democrático; tengámoslo todos claro, porque la sustitución de los partidos políticos no es más democracia y la sustitución de los sindicatos de clase no es mejor sindicalismo. Tengamos todos claro eso porque es necesario vertebrar el país en este conjunto de ámbitos para hacer posible la interlocución y los acuerdos sociales. Cierro este paréntesis sobre otra consideración y vuelvo al análisis jurídico.

Por lo tanto, si es sensato lo que se plantea y si podemos aprovechar el tiempo, ¿por qué no hacerlo? Yo intento subrayar algunos de los argumentos que ha esgrimido Saura, como que lo grave que está sucediendo aquí es en torno a algo que nunca se ha aplicado, y aquí también sé que hay un punto de debate, porque en la brillante intervención del diputado Manuel de la Rocha en el Congreso no tuvo la oportunidad de responder al portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando él argumentaba que había habido muchas sentencias sobre esto. Ustedes perdonen, pero nosotros hemos tenido la precaución —lo ha hecho Julio, el asesor del Grupo Parlamentario Socialista— de peinar toda la base de datos del Tribunal Supremo. Tenía razón Manuel de la Rocha cuando mencionaba una sentencia del Tribunal Supremo del año 1999, solo una, reajustando el sentido que tiene el artículo 315.3, y es que esto está previsto para situaciones de gravedad, de violencia, de intimidación. No estamos diciendo que quien vulnera el derecho fundamental de aquella persona que quiere trabajar no tenga un reproche, no estamos diciendo eso. Solo que hasta ahora, durante los años que ha estado en vigor el artículo 315.3 del Código Penal con la versión del Código de 1995, que se remonta a los anteriores de los años 1973, 1949, etcétera, esto nunca se aplicaba. Lo que se hacía era que se reconducía a las coacciones del artículo 172. Esto siempre se ha hecho así. No hay ninguna otra sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto. A quien diga que hay más sentencias, que hay muchas sentencias, no le voy a calificar, pero sinceramente no es verdad. Es incorrecto. Solo está esa. Y admito otra corrección, la del 7 de julio de 2014. En esta ocasión no es el Tribunal Supremo sino la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en un brillante análisis jurídico, en mi opinión, sobre lo que son derechos fundamentales. Lo que hace es comparar derechos y contrastar. Y el derecho a la huelga es un derecho fundamental pero no tiene la misma categoría que otros como el derecho al trabajo. Comparándolos cuando colisionan, uno de ellos es fundamental y está en el capítulo II, artículos 14 a 29 con la inclusión del 30.2, objeción de conciencia, mientras que el derecho al trabajo no es un derecho fundamental, aunque es un derecho fundamental de conflicto. Hay una situación de conflicto que es inherente al ejercicio de este derecho fundamental. Y en cuanto a los piquetes, no son un elemento accidental o tangencial al derecho fundamental sino parte del contenido esencial del derecho fundamental. Si no hay esos piquetes hay un elemento sustancial y vertebrador del derecho fundamental que no se está ejerciendo. Cosa distinta es cuando un piquete usa la violencia o la intimidación. Entonces hay un reproche penal, pero ustedes saben que cuando hay una duda entre si un asunto es de materia administrativa, civil o mercantil, de un lado, o, de otro lado, penal, en situación de duda siempre será civil, administrativa o mercantil pero nunca penal. Es decir, en situación de duda no el derecho penal. A la hora de aplicar la pena, siempre proporcionalidad, principio de intervención mínima, proporcionalidad y naturaleza del bien jurídico que ha sido afectado por ese comportamiento por acción o por omisión.




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¿Qué está pasando entonces? En la Comisión de Justicia, cuando interviene el fiscal general del Estado siempre distinguimos lo que es la responsabilidad política, que es el ministro, con lo que son responsabilidades institucionales, distinguimos los planos. Y solo hay dos asuntos respecto de los que nosotros hemos manifestado nuestra profunda discrepancia con el fiscal general del Estado, pareciéndonos un magnífico hombre de cultura de España y un magnífico jurista. Un primer asunto es cuando la Fiscalía General ordenó al fiscal jefe del Tribunal Constitucional que retirara el recurso en relación con la memoria democrática. Me pareció un profundo error, porque distintos órganos jurisdiccionales en España habían fijado posición, y como había diversidad de criterios era importante que el Tribunal Constitucional fijara un criterio sobre la vigencia de la Ley de amnistía, como ocurrió en Argentina con su Ley de punto final, etcétera. Ese es un error porque hay que resolver estos asuntos en clave de interpretación constitucional.

Y el segundo error es este en que estamos ahora. ¿Por qué razón ha habido ese cambio de criterio? ¿Por qué razón hasta este momento los fiscales generales no hacían esa interpretación? Por eso no se ha dado esta sentencia, por eso no hay sentencia sobre esta materia, porque no se había aplicado. ¿Y por qué razón ahora sí?

Permítanme que haga otra pequeña incursión pero ya de naturaleza política. El día 10 de diciembre se celebró el LXIV Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues en el Subcomité de Derechos Humanos del Consejo de Europa evaluamos estos años, sobre todo el último, con todas las ONG que trabajan en esta materia. ¿Saben el análisis que se hacía respecto a la evolución de un conjunto de democracias parlamentarias, entre ellas, la nuestra? Que había una involución autoritaria a la hora de interpretar la aplicación de los derechos fundamentales. Y esto es lo que me parece a mí que hay de fondo, una interpretación autoritaria, porque se parte de una desconfianza hacia los sujetos sociales. Y que, en ocasiones, vale más cuestionar su papel, en lugar de encauzar adecuadamente la reivindicación. E insisto en que eso es malo, cuestionar el papel de los sindicatos o el de las organizaciones patronales, como también es malo cuestionar el papel de los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia parlamentaria. No existe.

Cierro el paréntesis extrajurídico y vuelvo al razonamiento jurídico. La desproporción no es solo manifiesta por lo que hasta ahora he estado diciendo, sino que les añado algo más y les ruego que acusen recibo de este argumento en esta conversación parlamentaria que estamos teniendo. Les ruego que acusen recibo y me respondan a esto, porque, si no, cada uno lee lo que tiene escrito y no conversamos. Yo les sugiero que le echen un vistazo al artículo 142 del Código Penal, respecto al homicidio imprudente. Al 178 respecto a la agresión sexual. Al 183.1 respecto al que comete abusos sexuales con menores. Al 172 respecto al que coaccione a otro para impedir que ejerza un derecho fundamental, del que he estado hablado todo el rato, como mejor cabida a las figuras del 315.3. Al reo de robo con fuerza en casa habitada, del 241.1. O al reo de robo con violencia o intimidación, del 242.

Acabo ya, señor presidente. ¿Saben lo que tienen en común todos estos artículos? Que todo condenado por ellos, si antes no tenía antecedentes penales, si es un delincuente primario, tiene una segunda oportunidad, la pena es inferior a dos años, se le suspende la pena y no va a la cárcel. Fíjese usted qué delitos tan abyectos he citado. Compárelo con un condenado por el 315.3. La pena es de tres años y un día a cuatro años y medio, no permite la segunda oportunidad, no permite la suspensión condicional y va a la cárcel. ¿A ustedes no les parece esto profundamente desproporcionado? A nosotros, sí. Y sé qué van a preguntarse por qué razón no lo hicimos nosotros cuando llevamos a cabo la reforma de 2010, que afectó a 150 artículos del Código Penal. Yo ahí asumo mi cuota parte de responsabilidad diciéndoles lo siguiente: ¿Saben ustedes por qué no caímos en eso? Porque hasta ese momento nadie lo había aplicado, y era algo que estaba hecho para proteger derechos. Sin embargo, no lo argumentó nadie, ni siquiera las señorías del Grupo Popular, que se abstuvieron en la reforma y no la votaron en contra. Nadie había caído en eso, ni los autores en el ámbito académico, ni los jueces interpretando las sentencias. Los jueces hacen una interpretación muy restrictiva, remitiéndolo al 172.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.




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El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya.

Nadie había caído en eso porque no podíamos pensar que iba a pasar lo que ha pasado en estos tres años. Es una desproporción brutal que a personas por defender su derecho fundamental se les metan cuatro u ocho años de cárcel. Por eso, mi sugerencia es que como todavía estamos a tiempo, aprovechémoslo.

Gracias, presidente, por su benevolencia. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

¿Turno en contra? (Pausa).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Quisiera hacer uso del turno de portavoces.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Senador Iglesias, no habiendo turno en contra, no procede el turno de portavoces.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Hay dos turnos a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, pero no hacen uso del turno en contra. Aun así, su señoría puede hacer uso, con flexibilidad, del turno de portavoces. Le daremos, senador Iglesias, el turno de portavoces con tiempo, no se preocupe.

Gracias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Ya que estoy abajo, utilizaré entonces el turno de portavoces. Pido disculpas por la interpretación errónea del Reglamento. Intentaré hacer el uso más moderado posible de la flexibilidad del señor presidente en el turno de portavoces. Fundamentalmente, porque las razones esenciales han sido ya expuestas.

El problema fundamental es que estamos ante la interpretación que desde el Ministerio Fiscal se hace de un precepto que siempre ha sido desequilibrado, el artículo 315; desequilibrio que no era perceptible porque la interpretación realizada, tanto por el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusación como por los tribunales, lo paliaban. El problema está en que ahora la interpretación que se viene realizando desmiente incluso la denominación del título. Que el párrafo tercero del artículo 315 encaje en la definición de delitos contra los derechos de los trabajadores, cuando precisamente se aplica para reprimir a los trabajadores que ejercen y defienden sus derechos, es un auténtico contrasentido.

El desequilibrio del precepto es evidente, hay una clarísima asimetría entre los dos primeros apartados y el tercero. En las escasas ocasiones en que se han aplicado los dos primeros preceptos, los que sancionan que se obstaculice el ejercicio de libertad sindical o del derecho de huelga, los tribunales han hecho una interpretación que ha excluido la mayoría de las actuaciones empresariales del ámbito del precepto. Así, para que se entienda que hubo limitación al ejercicio de la libertad sindical o al derecho de huelga, la jurisprudencia exige que las barreras impuestas por el empleador sean serias —Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, de 1 de septiembre de 2006— y que se haya hecho desde una especial posición de fuerza; no basta con la superioridad implícita de la posición empresario/trabajador en la relación laboral —Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 13 de febrero de 2001—.

Cotidianamente, frente a lo que significan las huelgas generales o los conflictos enquistados, hasta ahora no había sido aplicado este precepto y, en los casos en que se había intentado aplicar, se ha resuelto sin sanción penal para los empresarios que obstaculizaban ese ejercicio de huelga. Tenemos ejemplos recientes. En la huelga de Coca Cola, la Inspección de Trabajo ha resuelto en dos ocasiones que la empresa vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores; en el caso de Telemadrid, reiteradas sentencias, hasta del Tribunal Supremo, declaran que existe vulneración del derecho de huelga; en la huelga general del 29 de marzo de 2012, un sindicato abrió una página web para que se denunciaran coacciones de los piquetes empresariales, recibió 125 denuncias y trasladó a la fiscalía las denuncias de esas 125 empresas, solo, en Cataluña.

Los servicios impuestos por las administraciones públicas en la mayoría de los casos vulneran, por ser demasiado extensos, el derecho de huelga, y hay sentencias posteriores que así lo declaran. Un caso reciente lo tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, con ocasión de la




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última huelga general. En ninguno de estos casos se ha excitado el celo del Ministerio Fiscal para la persecución por vulneración de derechos sindicales o por vulneración del derecho de huelga; en el mejor de los casos, se ha acudido a la posibilidad sancionatoria que las actas de la Inspección de Trabajo abren en estos supuestos. Por el contrario, la interpretación que en los últimos tiempos se está realizando del párrafo tercero se convierte en una especie de mazo, no para proteger el derecho al trabajo, que, como muy bien decía el portavoz socialista, no es un derecho fundamental sino que es un principio inspirador de la acción del Gobierno; además, parece que es un derecho cuyo ejercicio solo se protege cuando hay una huelga, no, por supuesto, cuando uno está en situación de desempleo.

El derecho de huelga, además, implica el derecho no solamente a cesar en la actividad laboral, sino el derecho a requerir a otros la adhesión a la huelga y a participar en acciones conjuntas a tal fin, es decir, a formar parte de piquetes informativos, Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1988, de 21 de diciembre, y 37/1998, de 17 de febrero. Y, además, el propio Tribunal Constitucional sentencia que en la ponderación que le impone el principio de proporcionalidad, el legislador —nosotros en este caso— debe tener en cuenta el efecto disuasorio del ejercicio de derechos fundamentales que supone la sanción penal de conductas ilícitas pero lindantes con dicho ejercicio, máxime cuando es difusa la frontera entre el delito y el ejercicio del derecho, y este es, en el caso del derecho de huelga, el paradigma de esta afirmación del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia 136/1999. Sin embargo, la nueva aplicación desarrollada por la Fiscalía ha provocado que haya al día de hoy 81 causas abiertas —fundamentalmente a partir de la huelga general de 2012— contra 265 sindicalistas, que haya ya dos condenas a tres años y un día, o que en el famoso caso de «los ocho de Airbús», así llamado en los medios de comunicación, el fiscal pida a cada uno de ellos ocho años y tres meses.

La Organización Internacional del Trabajo ha solicitado información al Gobierno de España sobre esta situación porque entiende que puede incumplir convenios de la OIT y que puede incumplir también la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Se ha presentado un informe denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, y el Comité Económico y Social Europeo, así como la Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación Sindical Internacional y 21 sindicatos del Reino Unido, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México y Chile se han dirigido al Gobierno de España trasladando su preocupación. No es bueno que la represión de sindicalistas se incorpore a la marca España. Y no basta como alternativa la solución en algún momento apuntada de recurrir a la figura del indulto. Si se mantiene el precepto, si se mantiene la interpretación del precepto que desde la Fiscalía se está realizando, ninguna duda nos debe caber de que al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabará conociendo de esta realidad y sentando decisiones que probablemente no contribuyan tampoco a ese reforzamiento de la marca España.

Creo que la proposición de ley que hoy se presenta da la solución adecuada al problema. Como decía el portavoz socialista, en el caso de que se produzcan en un marco de conflicto social acciones coactivas, hay un precepto genérico, general en el Código Penal que persigue y sanciona esas actuaciones. El mantener un tipo específico y agravado para los supuestos del conflicto social no deja de ser más que dar continuidad a una herencia del régimen dictatorial que precedió a la democracia. Corrijamos a la mayor brevedad esta situación.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer el planteamiento y la proposición de ley traída a esta Cámara por Entesa y el senador Saura, porque, tal como nos tiene acostumbrados, es un tema importante, es un tema humano, es un tema bien traído, es un tema bien informado; pero a su vez, señor Saura, le tengo que leer un poco la cartilla, porque me da la sensación de que usted no se entera de cómo se adoptan las decisiones en el Senado.

Si usted quiere adoptar una proposición de ley en positivo no tiene más que acordarla con el PNV. Los votos del PNV son suficientes y le voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos está promovido por la senadora María de Haro que en un titular muy espectacular en un periódico local




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de Canarias viene a decir que la enmienda de 400 000 euros del Partido Popular para El Roque no prospera por la oposición del PNV. Este no me preocupa tanto, pero hoy podemos ver en El Heraldo de Aragón algo que ya me preocupa un poco más, porque ya me hace un poco más de daño, y es que el Partido Nacionalista Vasco veta que el Senado vuelva a aprobar fondos para la Giménez Abad, con todo lo que ello quiere decir de la Giménez Abad. Evidentemente, he mostrado al portavoz adjunto, Antolín Sanz, mi desacuerdo con esta manera de proceder y con esta falta de ética a la hora de acordar y de trabajar cualquier presupuesto. Con el Partido Nacionalista Vasco cualquier grupo parlamentario de esta Cámara, cualquiera, puede llegar hasta el fin del mundo. Ahora, con estas actitudes, con esta falta de ética en el trabajo, con nosotros no va a ir ni de aquí a ahí, y solo es una constatación, primera y última. No nos conocemos mucho todavía, pero primera y última. Porque si la Giménez Abad no tiene hoy los 60 000 euros que le corresponden es porque en el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno introduce el documento no tiene esa partida; porque en el ponencia del Congreso de los Diputados de presupuestos no se introduce la partida; porque en la Comisión de Hacienda no se introduce la partida; porque el Pleno del Congreso no introduce la partida; porque la ponencia del Senado no introduce la partida; porque la Comisión de Hacienda no introduce la partida y porque cuando tiene que presentar lo que tiene que presentar, no introduce la partida. Querer asociar Partido Nacionalista Vasco con falta de subvención a la Giménez Abad... ¡por favor!, ¡por favor!

Y, en otro orden de cosas, terminando ya con este punto, y, evidentemente, siguiendo con el aplauso que me ha merecido el planteamiento realizado por el portavoz de Entesa, señor Saura, respecto al artículo 315.3, yo diría que no se puede estar en misa y repicando. ¿Con eso qué quiero decir? Tenemos, por una parte, los apartados 1 y 2 que son los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga y, por otro lado, tenemos en el apartado 3 un delito específico de coacción a la huelga, que es, precisamente, lo que queremos corregir, lo que queremos suprimir y, evidentemente, lo que nosotros vamos a apoyar.

El apartado 3 castiga la coacción a la huelga. Se quiere proteger el mismo derecho a la huelga que descansa en la libertad personal del trabajador ante la presencia de grupos organizados, en teoría, que se denominan piquetes de extensión de huelga. También la seguridad del trabajador. En el actual apartado 3, del artículo 35, no se ve por ninguna parte la protección de este importantísimo derecho del trabajador que es el derecho a huelga; más bien, sucede todo lo contrario, lo que aquí se protege es el derecho a no estar en huelga o a no hacer la huelga. En los casos en que se impida violentamente el ejercicio del derecho a la huelga será aplicable el apartado 2, del artículo 315, en relación, como sabemos, al apartado 1. En realidad, la tipificación del delito, en nuestra opinión, es innecesaria. Y es innecesaria puesto que los hechos que en él se tipifican podrían sancionarse, y de hecho así se han sancionado —como ya se ha comentado—, como coacciones, por medio del artículo 172, del capítulo 2, del título VI. Incluso algunos lo han considerado como anticonstitucional por limitar el derecho a la huelga del artículo 28 de la Constitución.

Y aquí me gustaría traer a colación una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1988 que hace referencia al artículo 496, párrafo segundo, del Código Penal que, como sus señorías saben, es previo a la reforma del año 1995. El Tribunal Constitucional dice al respecto sobre este artículo lo siguiente: este apartado penaliza los excesos en el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. En otro apartado de la misma sentencia dice: de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y excelencia de tales derechos —es decir, del derecho a la huelga—, no pueden interpretarse de tal forma que se vacíe de contenido el derecho fundamental. Y el tercer apartado de la sentencia del Tribunal Constitucional da una salida, la misma que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Entesa estaban dando: calificación del apartado 3 como coacciones. Eso lo está diciendo el Tribunal Constitucional, con lo cual tenemos al ministro, al fiscal general del Estado y una sentencia del año 1988, previa a la reforma del Código Penal de 1995, que determina el espíritu con el que se tiene que trabajar.

No hemos podido escuchar la argumentación del Grupo Parlamentario Popular, pero parece que como en estos momentos se encuentra en trámite la reforma del Código Penal, no tiene objeto debatir este tipo de cuestiones.




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Me gustaría señalar aquí una reflexión del senador Saura que siempre traemos a colación. Caras y ojos. Es decir, en estos momentos hay más de 250 personas en una situación complicada. Solo con que a una de ellas le mejoremos la situación, solo a una de ellas, ya habremos ganado muchísimo y habremos cumplido con la que es nuestra función. Lo único que se está diciendo es que se tome en consideración esta proposición de ley, consistente en la supresión del tercer apartado del artículo 315. Toma en consideración, porque yo estoy seguro de que si hoy en esta Cámara somos capaces de acordar la toma en consideración de esta proposición de ley habremos trasladado un mensaje muy importante al Congreso en cuanto al debate de la reforma del Código Penal. Si estamos todos de acuerdo no entiendo que haya motivos para que esto quede sin aprobar, por razón de que la reforma del Código Penal esté ya en ciernes.

Acuérdense, señorías: solo con que a un inocente, solo con que a una persona le restemos un minuto de una situación injusta, habremos mejorado mucho.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero agradecer el apoyo recibido por estos dos grupos parlamentarios, no solo por el apoyo, sino porque considero que han sumado argumentos a la defensa de nuestra propuesta. Tanto el señor Díaz Tejera como el señor Bildarratz han añadido argumentos.

En las tres intervenciones se ha hecho una pregunta: ¿Por qué ahora se ha aplicado el apartado de este artículo, pues este es un apartado excepcional? Posiblemente, porque hay una intención —hace falta saber de quién proviene la intención— de atacar el derecho de huelga, de atacar la libertad sindical y, sobre todo, de hacer parecer la huelga como un hecho posiblemente delictivo. Cuando se condena a cuatro años de cárcel a un dirigente sindical —otra de las características de estos 81 expedientes sancionadores es que normalmente se acusa a dirigentes o responsables sindicales— por motivo de una huelga, se extiende la percepción social de que hacer huelga posiblemente es delito, o que los piquetes informativos son posiblemente un delito. Los piquetes informativos no solo no son delito sino que son legales, siempre y cuando no cometan violencia.

Evidentemente, derogar el apartado 3 del artículo 315 no significa dejar impune posibles actos delictivos, como se ha dicho aquí y como he recalcado al principio de mi intervención, porque el artículo 172 responde a esa situación.

Me hubiera gustado que el Partido Popular hubiera intervenido ya para conocer su posición porque habrá cuestiones formales que tener en cuenta. La primera de ellas es que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y, como le comentaba ayer al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, al que le dije que, en la línea que seguía el senador Díaz Tejera, debemos aprovechar el tiempo. Esta es una proposición de ley fácil, simple y que se puede aprobar de forma rapidísima, sin tardar un año y medio o dos años, como en el Congreso de los Diputados en relación con el Código Penal. ¿Qué quiere decir que aprovechemos el tiempo? Como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, solo con que evitemos que una persona esté un día en la cárcel, tendrá sentido lo que estamos haciendo.

He tenido la oportunidad de hablar con algunos dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT que están pendientes de una sentencia de tres o de cuatro años de cárcel por aplicación de este artículo y mi pregunta es ¿puede el Senado no esperar al Congreso, siguiendo esa línea de autonomía y de fuerza que el señor Anasagasti, en otro orden de cosas, formulaba esta mañana? ¿Puede el Senado lanzar un mensaje al Congreso de los Diputados y poner en marcha una iniciativa legislativa que tenga en cuenta todos los argumentos que hemos expuesto ―no solo yo sino también los portavoces que me han precedido― para eliminar un apartado que, insisto, es producto del miedo de un Gobierno dictatorial ante la extensión de las huelgas, que cuestionaba no solo la política económica de la dictadura sino que reclamaba la libertad sindical y la lucha por la democracia? Ese es el origen de este apartado.

El otro día, en relación con otro tema, dije que creía ―y lo digo con todo el respeto― que la derecha española aún tiene algunos hilos que conectan con el pasado; pues bien, este es otro hilo que conecta con el pasado.




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No estamos ante un problema de derechas o de izquierdas sino de decir que no a una disposición excepcional, dictatorial y, en definitiva, represiva, que se combinaba con la represión policial y que en este momento no tiene ningún sentido. Además, que yo sepa, en ningún país de Europa existe una tipificación específica para las coacciones en caso de huelga, como no existe para otros casos. Por lo tanto, quiero expresar mi contento porque hayan aparecido otros elementos.

Mencionaré dos últimas cuestiones. Lo que es grave es que en el Proyecto de Ley del Código Penal que el Gobierno aprobó y envió a las Cortes no se dice nada de ese artículo; ese artículo continúa vigente. Es decir, que no solo en 1995 y en 2010 sino que el texto que el Congreso de los Diputados está discutiendo contempla el apartado 3 del artículo 315. El Partido Popular ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados a este artículo que modifica el tiempo de cárcel, que pasa de un mínimo de tres años a un máximo de tres años ―por debajo, lo sube a un año y medio―, pero mantiene la idea del señor Arias Navarro: que establezcamos para la huelga un apartado específico de coacciones.

Eso no tiene nada que ver con nada del Código Penal restante porque en ningún otro tipo de delitos se tipifica una cosa especial sino que se formulan genéricamente como coacciones, y el juez y el procedimiento judicial determinan qué se hace. Pues bien, el Gobierno del Partido Popular ha elaborado un proyecto de ley que no toca el apartado 3 y, además, cuando presenta una enmienda, en definitiva modifica la pena de cárcel no suficientemente ―porque no la iguala al artículo 172― pero mantiene la tipificación especial para la huelga.

Y quiero acabar hablando de las dificultades de la huelga. Hacer huelga, en contra de algunas opiniones, es algo que los trabajadores no quieren. Hacer huelga es conflicto, pérdida de salario, tensiones, mucho mal rollo. En general, en la huelga no solo puede haber coacciones de trabajadores —que pueden existir y existen—, sino que hay coacciones empresariales. Insisto, no solo las penas del apartado 3 del artículo 315 van dirigidas de forma injusta a los trabajadores, sino que no hay, que yo sepa —se lo preguntaron a los fiscales y dijeron que no lo sabían—, un solo expediente de procedimientos judiciales en contra de decisiones empresariales que impidan la huelga; no hay ni uno solo. Por lo tanto, estamos ante una discriminación de la aplicación del artículo 315 —los dos primeros puntos con el tercero—, una discriminación, como decía el señor Díaz Tejera, relativa a cómo es posible que delitos como los abusos sexuales a menores, los homicidios improcedentes, los robos con fuerza en casa, que todo esto tenga una segunda oportunidad y que, en definitiva, una coacción en una huelga tenga una penalización más grave que lo dicho anteriormente.

No sé qué votarán ustedes —supongo que votarán que no—, pero creo que es una oportunidad perdida y les conmino no solo a votar hoy que sí, sino a cortar aquellos lazos de la legislación o de la acción parlamentaria y ejecutiva que vienen de muy lejos. En este caso lo que estamos discutiendo, insisto y con esto acabo, es una decisión tomada por un Gobierno ante el miedo de que las huelgas que se estaban produciendo en 1996 tumbaran el régimen. No lo tumbaron, pero Arias Navarro tuvo que dimitir al cabo de muy pocos meses, y se acabó con un Gobierno que en aquellos momentos hablaba clarísimamente de defender la continuidad del régimen franquista, negando las libertades y los derechos que en cualquier país democrático existían

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la conducta que se describe en el artículo 315.3 no puede tener peor ubicación sistemática. Este artículo recoge un tipo penal agravado, que supone una incriminación penal de los piquetes de huelga cuando precisamente el artículo 315, en el cual se inserta, tipifica los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga incluidos dentro del título autónomo, el título XV, dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. Estamos, pues, de acuerdo en que la localización del tipo no es quizá la más acertada desde un punto de vista de técnica normativa, se ubica en una conducta del título del Código Penal relativa a derechos, y se aplica contra los trabajadores.




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La aplicación que ha tenido este artículo es claramente incongruente con la ubicación sistemática de estas conductas en el Código Penal. Además, es un apartado claramente innecesario, tal y como han señalado otros portavoces. Lo que se pretende perseguir estaría ya en otros preceptos del Código Penal, estaría en la regulación del artículo 172, relativo a las coacciones, o estaría incluso en las faltas sobre coacciones, pero en ningún caso deberíamos legitimar este tipo penal específico agravado. De ahí que Convergència i Unió adelante su voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley. Hasta la actualidad ha sido un precepto que se ha aplicado poco, pero observamos que últimamente desde la Fiscalía existen peticiones de penas altas aplicando este artículo. Convergència i Unió considera que tales peticiones no se realizarían por parte de la Fiscalía si tal precepto no existiera; es evidente. Por lo tanto, valoramos positivamente esta proposición que pretende resituar estas actuaciones en los demás artículos del Código Penal, si fuera necesario, porque en realidad, el delito por la falta de coacciones ya existe. Así pues, entendemos que no hemos de dar este tratamiento penal específico y agravado que se está dando actualmente en este artículo 315.3.

Por otra parte, CiU siempre ha puesto de relieve y ha recordado la necesidad de hacer prevalecer los principios de intervención mínima y la proporcionalidad como inspiradores de cualquier materia penal. Creemos que las penas de las conductas que se describen en el artículo 315.3 ni son proporcionales ni obedecen a este principio de última ratio que debería tener el Código Penal en estos supuestos. Podemos entender las penas a las conductas que deben ser tratadas como sanciones administrativas o incluso desde una óptica penal, pero no de la manera específica, agravada y estigmatizada que tiene la actual redacción de este artículo. Es una redacción que ha pervivido en otras legislaturas y con otras mayorías políticas. Lo cierto es que estaba allí, pero no era un artículo que provocara, como ha provocado, la creciente manifestación ciudadana contraria a las peticiones de aplicación que se llevan a cabo. Es cierto también que el Tribunal Constitucional ha situado el debate donde debería estar, en la justa proporción que no tiene este artículo 315.3.

Por lo tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, también por la coherencia debida a la defensa de los derechos de los trabajadores y a los derechos de libertad sindical.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente, con su venia.

Respetando la táctica parlamentaria, lamentablemente no ha podido haber conversación parlamentaria. ¿Por qué no ha podido haber conversación parlamentaria? Porque no se ha intervenido en contra. Yo respeto que se hable al final, es cuestión de respetar los números, pero si se habla al final no puede haber conversación, se habla cuando nadie puede responder. Puede que se sea muy inteligente por eso, pero —permítame el comentario— un poquito de cobardía sí se tiene, porque si se hubiese intervenido en contra, los demás tienen la posibilidad de acusar recibo de los argumentos y de poder explicarse. Ya Juan Alberto Belloch una vez nos contaba aquí, que había un lord inglés que decía que había escuchado discursos excepcionales, muy buenos, buenos regulares y malos, pero ningún discurso que hubiese generado un cambio de voto. Yo algún día espero que podamos vivir la sorpresa de que escuchando las cosas, se pueda reaccionar.

Le hemos argumentado en términos jurídico-penales, ahora le argumento en términos jurídico-laborales. La Ley 3/2012, la reforma laboral, ¿qué ha supuesto? Pérdida de autonomía colectiva, práctica desaparición de los convenios colectivos, extensión de la ultraactividad de los convenios, descuelgue en 2012 de cerca de 300 convenios colectivos y más de 2000 en 2013. ¿En general, para el ámbito del mercado del trabajo, ha supuesto algo positivo? En mi opinión, no, porque incluso hasta lo que eran puestos indefinidos se han troceado en contratos a tiempo parcial. Y ya se han comentado los millones de horas extras que se hacían y que no se cobraban. Lo explicaban ayer compañeros que llevan permanentemente esta área. Si están explicando las consecuencias que ha tenido en el ámbito laboral, pero a la vez hacen esta otra interpretación del artículo 315.3 del Código Penal, están cerrando el círculo. Por un lado están generando una situación de mayor crisis y, por




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otro, están diciendo: ¡ojo!, que tienes la posibilidad de tres años y un día a cuatro años y medio. Es un círculo diabólico en términos de accesibilidad a la tutela judicial efectiva del derecho fundamental a la huelga. Es más, yo casi diría que el poder público democrático está disuadiendo a los españoles para que no ejerzan ese derecho fundamental y, si no, compárelo usted con el inverso. Aquí estamos hablando de piquetes que tratan de fomentar la huelga; cuando es al contrario, cuando tratan de impedir la huelga, la pena es inferior. Por lo tanto, el esfuerzo disuasorio es: no ejerza usted el derecho fundamental de la huelga. Lo otro no son derechos fundamentales, insisto, los derechos fundamentales son solo los del artículo 14 a 29, con la inclusión del 30.2; lo otro pueden ser principios, pueden ser indicaciones, como quiera calificarlo, pero no tienen el ultrarrefuerzo o la plusprotección que tienen los derechos fundamentales con el artículo 53.2 y el recurso de amparo.

Entonces, lo que trato de plantear es que es un artículo respecto al cual nadie había pensado que tuviera esta interpretación, porque nadie nunca lo pensó, ni siquiera nosotros. Si buscásemos dónde hay más abogados laboralistas, en general, es en la izquierda; esto es un hecho objetivo. Pongo el caso de don Manuel de la Rocha, que es un clásico entre los abogados laboralistas, ¿planteó alguna vez la posibilidad de que existiera esta interpretación? Nunca. Nunca imaginamos que se pudiera dar esta involución, sinceramente nunca lo imaginamos. Es lo mismo que en otras ocasiones cuando hemos hablado de las tasas. En situación de crisis poner tasas, cierras el círculo, impides el acceso, o peor aún, porque hablando con ustedes a título personal muchos me han manifestado su criterio, esto de que el policía pueda pinchar un teléfono y que en veinticuatro horas nadie lo sepa y que pasadas veinticuatro horas se lo comunique al juez, esto que está en el borrador de la Ley de enjuiciamiento criminal es una involución autoritaria impensable, porque ya creíamos consolidado que esa posibilidad solo se podía dar en situación excepcional antiterrorista o solo se podía dar en situación ordinaria con la cobertura del auto del juez de instrucción. Es más, pregunten ustedes a los profesionales de la seguridad a ver si alguno le dice que está de acuerdo con eso; al contrario; todos dicen: no, no, yo quiero hacer mi trabajo con la cobertura que me da el auto del titular del juzgado de instrucción que por turno corresponda.

Pues bien, esto es lo mismo. Yo les invito a ustedes a que hagan el siguiente ejercicio, ¿estarían ustedes tranquilos si esa posibilidad de que el ministro del Interior pudiera pinchar todos esos teléfonos fuera un ministro del Interior de un Gobierno socialista? ¿No les genera preocupación? A mí me genera preocupación sea cual fuere el ministro, sea cual fuere el secretario de Estado. ¿Por qué? Porque siempre tienes que pensar que otra persona con otros criterios interpretativos puede ejercer esa facultad. Pues esto es lo mismo. En el año 1995 nadie, de ningún grupo, planteó la más mínima iniciativa para modificar el artículo 315.3, nadie. Si ahora lo estamos planteando es porque estamos viendo que su práctica y su ejercicio están dando lugar a gran desproporción en la aplicación del Código Penal, a una extensión en la aplicación del Código Penal con una intensidad que no tiene precedentes, que no hay sentencias al respecto, excepto la del año 1999 y, ahora, la del 7 de julio de 2014, como les dije antes, que fue con motivo de los asuntos que rodearon a las Cortes catalanas; ese fue el planteamiento. Entonces, en una situación como esta, nuestro planteamiento es si ahora podemos solventar esto, por qué no hacerlo. Ustedes dicen: en enero del 2015 podemos modificarlo. Pero mientras tanto los juicios se siguen celebrando.

Si se tuviera una cierta experiencia en el ejercicio del derecho fundamental a la huelga y si se tuviera una cierta experiencia en lo que son los piquetes informativos, se sabría de lo que estamos hablando, y les aseguro que en el ejercicio del derecho fundamental a la huelga y en los piquetes informativos, es verdad que a veces hay personas que pierden el autocontrol y para eso está el artículo 172, la falta de coacciones, pero la respuesta de tres años y un día a cuatro años y medio es absolutamente desproporcionada. Les he puesto el ejemplo de una serie de figuras delictivas que tienen la oportunidad de no entrar a cumplir su pena de privación de libertad porque no son delincuentes, es la primera vez que delinquen, se les da la segunda oportunidad. En este caso no se le da. Yo creo que es profundamente injusto, profundamente desproporcionado, no respeta la jurisprudencia del Constitucional y la que hay del año 1999, el 315.3 del Tribunal Supremo, no tiene en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Social, de 7 de julio de 2014. Me parece que no hay razones de ninguna naturaleza. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El único argumento es el momento de la oportunidad, y yo les invito, aunque sea por el espíritu de Navidad, para que no solo sea un buen uso social y una buena costumbre de desearnos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, aprovechando este espíritu decirles a esas 267 personas: el




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Senado de España entiende que este artículo se debe derogar. Es muy sencillo, es un mensaje inequívoco a la Fiscalía, es un mensaje inequívoco a los jueces, es un mensaje inequívoco a toda la población y, también, es un mensaje inequívoco a estas 267 personas.

En cualquiera de los casos, aunque estén ustedes en desacuerdo con esto que plantea razonablemente el señor Saura, aunque estén en desacuerdo con ello, les invito a que se dejen impregnar, a que se dejen afectar por el espíritu de la Navidad y acepten esta propuesta del señor Saura porque es profundamente razonable. No obstante, les deseo Feliz Navidad. Hay una buena expresión, que se utiliza en el mundo del derecho del trabajo para las despedidas, con la que yo también voy a despedirme: salud y libertad, que es un magnífico deseo. Que mejor deseo para un ser humano que desearle salud y libertad. Añadamos en esta fecha, salud, libertad y trabajo. Creo que es un magnífico deseo que compartimos todos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias.

Con la venia, señor presidente, señorías, paso a posicionar al Grupo Popular en relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Senador Díaz Tejera, yo estoy absolutamente impregnado del espíritu navideño, no se preocupe, pero no vengo aquí a expresar mi opinión personal, y usted lo ha de entender. Vengo a posicionar a mi grupo en relación con la toma en consideración de la proposición de ley que la Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado.

Empezaré hablando de la huelga en sí. No hay una definición concreta de huelga. Hay muchas definiciones. Sin embargo, la Sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional dice textualmente que se trata de una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y, en particular, en el proceso de producción de bienes y servicios que se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso que puede tener como objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas o en general, en las condiciones de trabajo, y que puede también suponer una protesta con repercusión.

La proposición presentada por la Entesa, que han apoyado todos los demás grupos, afecta al apartado 3 del 315 del Código Penal, el llamado Código Penal de la democracia de nuestro compañero el senador Belloch. Esa modificación no es tal, sino que supone una supresión completa de ese apartado 3 del 315, o sea la derogación del mismo, y propone a su vez una nueva disposición transitoria y una nueva disposición final. Todo ello debe enmarcarse y tomarse en consideración en la reforma del Código Penal al que ustedes han aludido y que en enero va a estar funcionando. En enero, señores Díaz Tejera y Saura, y estamos a mediados de diciembre y hablando de pasar la Navidad para tener la reforma del Código Penal en marcha en el Congreso de los Diputados. Ese es el marco idóneo para realizar la modificación legal propuesta por su señoría. Pero al margen de ello habría que realizar algunas consideraciones sobre la proposición no de ley. Ya he comentado que el Código Penal de 1995 se aprobó con los votos de la izquierda y ustedes no dijeron nada sobre esta figura delictiva. Es verdad que usted ha reconocido, entre comillas, su mea culpa en ese aspecto y que nadie, ningún grupo político, ningún legislador del momento arguyó sobre el mismo. Tampoco durante el Gobierno del señor Zapatero. Ya no estamos en 1995, señor Díaz Tejera, sino que estamos en anteayer. El PSOE no tuvo a bien presentar una modificación de este artículo ni siquiera cuando en el año 2010 se modificaron 150 artículos del Código Penal. No fue una modificación pequeña ni parcial. Fue una extensa modificación del mismo. Tampoco se arguyó por parte de ustedes ni de los grupos que le apoyaron ninguna modificación del artículo 315. Y ahora, que gobierna el Partido Popular, viene la urgencia de la modificación. Todo se puede debatir, por supuesto, señorías. En el fondo, seguramente la inmensa mayoría de esta Cámara va a estar de acuerdo con ello, seguro, pero creemos que no es el momento oportuno a través de la proposición de ley presentada.

Señorías, no se criminaliza el derecho de huelga, está absolutamente garantizado en el 28.2 de la Constitución, lo que se castiga en el referido punto 3 del 315 es el ejercicio de coacciones que supongan violencia o intimidación para tratar de obligar a otros a iniciar o continuar una huelga




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y esa violencia o esa intimidación tiene que ser de tal entidad que se considere grave, ya que si no estaríamos aplicando la falta de coacciones del artículo 620.

Por lo tanto, hay diferenciar lo que significa la falta de coacciones del delito de coacciones y esa violencia o intimidación debe ser ejercida, además, en grupo, otra de las características del tipo delictivo, que es ese elemento esencial del tipo y que justifica su agravación respecto de lo que son las coacciones ordinarias. ¿Dónde se limitan los derechos fundamentales de los sindicalistas en este artículo, señorías? Yo no veo limitación ¿O acaso el uso de la violencia o la intimidación colectiva y ejercida hacia un trabajador para que inicie o continúe una huelga es garantizar la libertad sindical? Estamos de acuerdo todos en que no, evidentemente. El derecho de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros, ya que ello afecta también a bienes y derechos constitucionalmente protegidos, no derechos fundamentales, pero constitucionalmente protegidos también, como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona, artículos 10 y 15 de nuestra Constitución.

Por todo ello, señorías, nuestro voto va a ser contrario a la proposición de ley, porque entendemos que el derecho de huelga está plena y absolutamente protegido en nuestro país y también estamos convencidos de que el derecho de huelga debe ejercerse de forma libre y voluntariamente, sin coacciones ni violencia de ningún tipo, defendiendo también al trabajador que en uso legítimo de su voluntad decide sin miedo, ni fuerza, ni intimidación, ni coacciones que quiere ejercer su derecho a trabajar y todo ello, señorías, sin que obste en absoluto para que coincidamos en que puede haber una necesidad real de modificación del artículo, puede haberla, personalmente creo que la hay. Tenemos una oportunidad magnífica en el Congreso de los Diputados, a partir de dentro de un mes escaso. Pongámonos de acuerdo en ello, establezcamos los límites y digamos hasta dónde tenemos que reafirmar que garantizando, como está absolutamente garantizado en el artículo 28 de nuestra Constitución, el derecho de huelga, también hay que garantizar que la libertad, la palabra más hermosa que hay en el diccionario después de la vida del ser humano, para ejercer su derecho a trabajar también tiene que ser garantizada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.

Señorías, los servicios técnicos han detectado un problema en el sistema de votación que no pueden arreglar mientras se utilizan los micrófonos. Por tanto, una vez terminados los debates, vamos a interrumpir el Pleno unos minutos ─espero que no sean más de cinco o seis─ y, cuando esté arreglado el sistema, llamaremos a votación.

Muchas gracias. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, no se ha podido solucionar el problema. El problema afecta a la segunda fila de la bancada del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Pero ellos no tienen la culpa.

Vamos a hacer una votación hasta cierto punto atípica. Si les parece, al resultado que salga de la votación en el hemiciclo añadiremos la presencia de los 11 senadores que están en esa bancada y le sumaremos el resultado.

Además, hay voto telemático de la senadora Carmen Torres, que ha sido autorizado, y ha votado en contra.

Votamos la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 92; en contra, 148 más 1 telemático, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.

5.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2001, DE 26 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.

COMISIÓN: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(Núm. exp. 621/000098)




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El señor presidente da lectura a los puntos 5.2. y 5.2.1. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, senador José Luis Torres, cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor TORRES COLOMER: Con su permiso, señor presidente, antes de entrar en la cuestión quisiera expresar, en nombre de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y entiendo que también de toda la Cámara, nuestro pesar por el hundimiento del barco Paquito II como decía el senador Losada y por supuesto —que es lo más triste—, por la desaparición de sus 3 tripulantes en las cercanías del cabo Corrubedo.

El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en esta Cámara el día 6 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el 25 de noviembre de 2014, tras su ampliación.

A este proyecto de ley se han presentado 2 vetos y 69 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: veto número 1, del senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 9 enmiendas, las números 1 a 9, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; 10 enmiendas, las números 27 a 36, del senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; 3 enmiendas, las números 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 23 enmiendas, las números 47 a 69, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 10 enmiendas, las números 37 a 46, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y 14 enmiendas, las números 13 a 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 5 de diciembre se reunió la ponencia para informar el citado proyecto de ley. La ponencia acordó proponer a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El mismo día 5 de diciembre se reunió la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley sin introducir modificaciones en el informe emitido por la ponencia. Han sido retiradas la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres Colomer.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

La propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido presentada por el senador Martínez Oblanca.

Tiene la palabra para su defensa.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Permítame, por supuesto, al inicio de la tramitación de esta ley de pesca que compartamos la angustia por la desaparición de los tres marineros gallegos que están siendo buscados tras el naufragio de su embarcación en Corrubedo, la preocupación por las noticias que llegan desde allí, el ánimo para la cofradía de pescadores de Muros y para los equipos de rescate y la esperanza para sus familias de que puedan ser encontrados. En todo caso, 2014 ha sido un año catastrófico, terrible, con naufragios y numerosas víctimas mortales. Este de los tres marineros gallegos es otra muestra de la dureza y del peligro que sufre la gente de la mar, destinataria de este Proyecto de Ley de Pesca Marítima del Estado, al que he presentado un veto porque considero que España se merecía un esfuerzo mucho mayor para tratar de elaborar una ley que fuese el producto de un consenso generalizado de grupos parlamentarios, comunidades autónomas, representantes de los diferentes sectores, organizaciones pesqueras, instituciones implicadas y sociedad civil.

La pesca marítima española se merecía, a mi juicio, un mayor esfuerzo y una mayor ambición para situar al sector ante los retos inmediatos de este primer cuarto del siglo XXI. Por supuesto




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que esa ley necesaria y ambiciosa respondería a un trabajo arduo, porque estamos, en efecto, ante un asunto en el que se entremezclan muchos factores con características muy variadas y complejísimas. El Gobierno, sin embargo, ha optado por la vía más cómoda, que es dar continuidad a las diferentes modificaciones legislativa habidas en la última década y hacer uso de la garantía que le da su holgada mayoría absoluta aunque eso suponga renunciar al diagnóstico, a los objetivos y a las medidas que el propio Partido Popular planteó en su programa electoral de hace cuatro años.

La elaboración de este proyecto de ley parte de una arcadia pesquera feliz, pero nosotros creemos, por el contrario, que hay informes y datos suficientes para compartir la inquietud del sector si se da continuidad a los rasgos generales que han prevalecido en estos pasados años y también por los cambios que promueve el Gobierno a través de esta ley, cambios que van a ser perjudiciales, al menos eso he tenido yo oportunidad de escuchar a algunos pescadores en Asturias, mi comunidad autónoma de origen.

En los debates de tramitación de este proyecto de ley por las Cortes Generales se han significado discrepancias en cuestiones como la creación de un nuevo registro general de la flota pesquera, artículo 57, la diversificación a través de aspectos como la denominada pesca-turismo, la aplicación de criterios de igualdad de oportunidades, la traza y etiquetado del pescado, y finalmente un nuevo régimen de sanciones en el que nosotros hemos focalizado nuestras 10 enmiendas parciales.

Son varias las razones que nos han impulsado a registrar este veto a una ley que culmina la deriva de una política pesquera en España que ha arrastrado al sector a una situación de declive que es el desenlace de varios años de cesión competencial y de malas negociaciones. Esta ley trata de acomodar la actividad pesquera en torno a la política pesquera comunitaria, pero creemos que el resultado será el refuerzo del papel de las grandes empresas del sector y acabará limitando y arrinconando a las pequeñas empresas. Esto tiene especial trascendencia en Asturias, donde las empresas artesanales, que son la gran mayoría, el 80 % del total, tendrán más dificultades aún para adaptarse a los cambios. Tal vez aquí sea de aplicación lo de que el pez grande se come al chico.

Creemos que habría merecido la pena redactar una ley de pesca marítima que no fuese secuela de las modificaciones legislativas y normativas que han tenido lugar en España desde que en 2001 las Cortes Generales aprobasen una ley general que fue pionera, porque pese a la importancia específica de la pesca marítima, no existía una ley reguladora en España. Subrayo que este proyecto de ley que hoy debatimos no debería ser una derivación de estos años, porque si en el año 2000 había 67 000 tripulantes en España, hoy son menos de 30 000. Repito: de 67 000 a 30 000, más de la mitad de puestos de trabajo extinguidos. Si en 2000 teníamos una flota que se calificaba de moderna y competitiva, con 17 300 buques, hoy son menos de 11 000; si en 2000 la producción era de 1 300 000 toneladas, hoy estamos rondando el millón. Los datos son oficiales e irrefutables. Podrá el Gobierno a través de su ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentar esta iniciativa legislativa con pirotecnia propagandística a modo y manera de su antecesor, el señor Arias Cañete, que en realidad es el inductor intelectual de este proyecto, y de hecho tuvo su entrada en las Cortes Generales tres días antes de cesar como ministro para ser candidato del Partido Popular a las elecciones europeas celebradas el pasado mes de mayo. En todo caso, la realidad para el sector pequero español es que con la aplicación y el desarrollo de la Ley de pesca marítima de 2001, y sobre todo con las normativas derivadas de su aplicación, hemos ido de mal en peor, y los primeros que lo han sufrido y lo padecen son las familias, los trabajadores y, en definitiva, todas las personas que viven de la mar.

Nos encontramos ante una nueva vuelta de tuerca en la cesión de los derechos que nos corresponden para la explotación de nuestros recursos de pesca marítima. Esta ley trata de acomodar al sector pesquero español a las prioridades que marca Bruselas, entre las que cabe señalar la reducción de flota. Somos europeístas, pero para un país como el nuestro, en el que la pesca marítima supone un sector económico y social estratégico —no en vano tenemos casi 8000 kilómetros de costa; somos el decimocuarto país del mundo en longitud de costa y el tercero de la Unión Europea—, este proyecto de ley debería servir para dotarnos de instrumentos que sirvan para reflotar, nunca mejor dicho, nuestro sector pesquero, desde luego el zarandeado sector pesquero asturiano, pero me temo que esto no va a ser así.




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Si hasta ahora España ha ido cediendo paulatinamente competencias a las autoridades marítimas de Bruselas, arrastrando con ello a una merma de las posibilidades de participación de las comunidades autónomas, a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley los pescadores se van a encontrar con mayores dificultades y cada vez más desatendidos.

Es obvio que este proyecto de ley está redactado de cara a la Unión Europea pero de espaldas al sector pesquero español, o, al menos, de la parte española que yo trato de representar en esta Cámara y que no tiene muchos motivos de satisfacción ante esta modificación legislativa. Esta ley se presenta, como no puede ser de otra forma, como garante de la sostenibilidad de los recursos, pero en la práctica se restringe a las comunidades autónomas, desde luego a Asturias, para que puedan participar más directamente en la evaluación de su cadena de valor específica, es decir, el equivalente a una estimación de la pesca, la transformación y la comercialización del producto final. Todo esto es muy importante, porque se han abierto líneas de ayudas económicas a través de fondos europeos, como es el relacionado con los asuntos marítimos y la pesca, ayudas a las que solo se va a poder acceder con solicitudes muy justificadas, y aunque globalmente son cantidades muy grandes, habrá mucha concurrencia, por lo que creemos que habría que tratar de garantizar unos repartos equitativos y que lleguen a las comunidades más necesitadas, así como a los pescadores y su entorno próximo.

Los redactores de este proyecto de ley, que deberíamos ser los legisladores pero aquí viene todo prácticamente rodado a mayor gloria del Gobierno, han decidido que esta sea una ley exhibicionista, para que la Unión Europea vea que en España pretendemos ser muy exigentes con nuestros pescadores y muy duros con el régimen de sanciones para quienes cometan infracciones. Me temo, y lo temen también no pocos pescadores, que este hipercontrol de la flota española irá en detrimento de la propia flota y ocasionará nuevos recortes a un sector que ha tenido que realizar esfuerzos y sacrificios titánicos en las últimas tres décadas por las enormes dificultades para afrontar los cambios.

El acuerdo sobre medidas del Estado Rector de puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y reglamentada que la Unión Europea suscribió en 2011 tiene que ser acompañado de un apoyo total a la modernización del subsector de la pesca marítima, cuya flota tiene una edad media de 28 años y que en los últimos cinco años ha sufrido una reducción, especialmente en la flota de altura y gran altura, mediante el desguace, y en menor medida, en la exportación de buques a terceros países. Así, se han dado de baja del orden de 2500 buques en todos los tipos de pesca y caladero.

Desde 1986, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea ha traído una gradual cesión competencial en materia de pesca marítima, que se ha acomodado a los mandatos de Bruselas y que no en pocos casos ha sido producto de malas negociaciones en las que nuestros pescadores y nuestros intereses pesqueros no han estado correctamente representados. A diferencia de la defensa que realizó la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nosotros no aceptamos que España haya avanzado con el último acuerdo de política pesquera común. No dudo que haya quien se sienta conforme con los objetivos alcanzados, pero para nosotros esta reforma legislativa avanza hacia el desequilibrio territorial, hacia el desequilibrio de las comunidades autónomas que, como Asturias, tienen pesca marítima pero han visto mermadas sus competencias y sus posibilidades de crecimiento hasta el punto de que ha ido disminuyendo el número de embarcaciones, como dije antes.

La gestión responsable de los recursos pesqueros tiene que ser, por supuesto, un objetivo compartido por todos. Pero estamos viendo una y otra vez que hay excepciones en virtud de decisiones políticas discutibles. Hace apenas un mes que los pescadores asturianos han visto cómo la captura de una especie como la sardina, cuyo agotamiento está acreditado por las investigaciones científicas, concretamente por el Instituto Español de Oceanografía, ha sido autorizada para el golfo de Vizcaya, mientras que su pesca era vedada en el caladero asturiano. ¿Por qué se utiliza esta doble vara de medir que menoscaba y posterga a unos mientras beneficia a otros? Pues porque el Gobierno aplica el viejo criterio de ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Y tengo que reconocer la debilidad de Asturias, que no hace la defensa que corresponde de los derechos de los pescadores asturianos.

Finalmente me gustaría señalar que desde el punto de vista ambiental se ha constatado una continua y grave merma de las poblaciones de peces, y también una grave destrucción de los




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fondos marinos. Todo eso ha repercutido y sigue repercutiendo para mal tanto en el empleo que genera la pesca como en las condiciones de vida de las familias pescadoras.

Esta ley ha puesto mucho énfasis en el régimen sancionador como contrapartida a la necesidad de preservar un modelo pesquero sostenible. Nosotros creemos que el modelo o régimen sancionador es disparatado y coloca al sector pesquero español bajo sospecha, como si el Gobierno tuviera todo el interés en la necesidad de propinar grandes escarmientos a los infractores y que, además, lo visualice todo el mundo.

Aquí detectamos sensibilidad hacia la explotación racional de los recursos, pero insensibilidad hacia un sector que, económica y socialmente, ha ido clarísimamente a menos, sobre todo en cuanto a la flota, que precisa de una mano de obra más intensiva. Con los años eso ha derivado hacia la disminución del número de embarcaciones de pesca artesanal en beneficio de las embarcaciones de mayor tamaño. ¿Cuáles son las secuelas? Pues la destrucción de empleo, el empeoramiento de las condiciones de vida y la cancelación de oportunidades que permitan la regeneración del sector pesquero con gente joven.

Nosotros creemos que con esta ley las sanciones tienen una triple función: punitiva, recaudadora y ejemplarizante, y van a caer de lleno sobre la parte más débil del sector pesquero: la pesca artesanal, que, sin duda, es la garantía de la pervivencia de las comunidades costeras. Si la función punitiva de la ley va a caer de plano sobre una parte del sector que ya sobrevive a muy duras penas, no es difícil anticipar que nos vamos a encontrar con situaciones dramáticas e irreversibles ante la imposibilidad de afrontar las durísimas sanciones que entrarán en vigor con la aprobación de esta Ley de pesca marítima.

En definitiva, con nuestro veto y con nuestras enmiendas nos hacemos eco de la insatisfacción por esta Ley de pesca marítima; insatisfacción que, al menos en cuanto a su régimen sancionador, es compartida por un buen número de pescadores españoles, que la consideran durísima.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.

Este senador, en nombre de Convergència i Unió, quiere sumarse a lo que han comentado los senadores de los diferentes grupos que me han precedido respecto a los tres marineros gallegos, a los que expreso la máxima solidaridad por parte de este grupo y el máximo reconocimiento, como no podía ser de otra manera. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Entrando en el fondo del veto y en la motivación que nos ha llevado a presentarlo, cabe hablar, entre otras cosas, de unos principios generales. El primero de ellos es la separación de poderes, que, como se ha apuntado anteriormente, parece ser que no existe. El Poder Legislativo tiene atribuida la función de legislar pero nuestro grupo tiene la impresión de que existe una imposición del Ejecutivo respecto al Legislativo, y única y exclusivamente lo que se hace es dar el plácet. Esto se puede ver en este proyecto de ley de pesca marítima.

Pero hay otro principio que también quiero poner encima de la mesa: el de subsidiariedad, principio en el que se fundamentan los tratados de la Unión Europea, donde se establece que las administraciones más próximas a las circunstancias son las que tienen mayor capacidad y visibilidad y, por tanto, son las que deberían tener mayores atribuciones para poder dar solución a estas situaciones. Y lo que nos encontramos hoy es la negación del principio de subsidiariedad, porque con este proyecto de ley lo que se está haciendo, entre otras cosas, es una invasión competencial, que es una norma continuada en todos los proyectos de ley presentados por el Partido Popular en lo que va de legislatura.

Pero no voy a negar la mayor respecto a los principales objetivos de este proyecto de ley. Que se quiera impulsar la mejora de la situación económica del sector pesquero y acuícola gracias a su diversificación económica es un elemento a tener en cuenta y a valorar; que esta diversificación económica se haga mediante actividades como el turismo pesquero y marinero y la pesca turismo también es un elemento a tener en cuenta; reforzar las medidas de lucha contra la pesca ilegal internacional y paralelamente establecer una simplificación y modernización administrativa en




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estos ámbitos, en principio también parece positivo —nadie lo niega—. El proyecto de ley debe ir en esta línea, pero cuando analizamos el proyecto de ley y su articulado vemos que va en un sentido totalmente contrario. ¿Por qué lo decimos? Entre otras cosas, porque se habla de la diversificación pesquera y la diversificación acuícola, diversificaciones —si me permiten la expresión— que ya han sido adoptadas por Cataluña. Y quiero redireccionar este elemento hacia el principio de subsidiariedad: vemos que una competencia que tenemos asignada, que se ha realizado, que se está realizando y que está regularizada por Cataluña, se utiliza por parte del Gobierno del Partido Popular para recentralizar. Es decir, que hay una deconstrucción de este sistema legal, constitucional, por parte del Gobierno del Partido Popular —lo vuelvo a reiterar— en cualquier tipo de proyecto de ley.

En el caso de Cataluña somos Administración competente en materia de pesca y turismo, y las medidas y definiciones que incorpora este proyecto de ley generan un confusionismo innecesario que no se produciría si el proyecto se limitara a eliminar los obstáculos normativos que impiden una diversificación de la actividad pesquera. Y las enmiendas que presentamos van en esta línea. Seguramente hay una parte de este proyecto de ley que sea necesaria, pero intentémoslo hacer desde la simplificación, el respeto a las competencias atribuidas y la significación que tenemos atribuida en Cataluña. No me negarán la mayor: la diversidad pesquera en todo el litoral de la península ibérica es un hecho fehaciente, por tanto, las administraciones que tenemos atribuidas esas competencias —en este caso, Cataluña— estamos planteando que, teniendo un mayor conocimiento de esta diversidad, que actúe la propia Administración; en este caso, catalana. Porque, en el fondo, el mensaje que se puede llegar a adivinar en este proyecto de ley es que, como hasta ahora no se había regulado de forma adecuada, viene la Administración central a poner orden en el desaguisado existente. Eso es lo que más o menos se puede desprender de las argumentaciones. Y voy a hacer un ejercicio de profecía, sobre el que seguro me van a argumentar, una capacidad de profecía, no por mi condición de senador de un partido demócrata-cristiano, sino porque estas argumentaciones están presentes de forma continuada. Les voy a ilustrar con diferentes ejemplos.

Las citadas actividades, sobre todo en materia de pesca y turismo, ya se encuentran reguladas en Cataluña por el Decreto 87/2012, de 31 de julio, en el que se establece claramente lo que es pesca-turismo, lo que es turismo pesquero y acuícola y las atribuciones de la comunidad autónoma. Pero, por si esto no fuera suficiente, utilizan ustedes el artículo 149.1.13ª para establecer que se tienen que fijar las bases y la coordinación general de la actividad económica en lo que se refiere a la materia de este proyecto de ley en el capítulo V, del título II, sobre puertos de desembarque, cuando eso estaba regulado en el artículo 149.1.19ª, que establece que la competencia exclusiva en materia marítima le corresponde al Estado, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. Lo que les estaba comentando: ustedes utilizan —perdónenme, a lo mejor no es el concepto más adecuado— o aprovechan este proyecto de ley para recentralizar, algo que en nuestro grupo podemos deducir del articulado.

El último punto de discrepancia de nuestro grupo con el proyecto de ley se refiere a la nueva regulación del registro de embarcaciones de pesca, y alguna comunidad autónoma ya se ha manifestado respecto del registro y la nueva regulación de embarcaciones de pesca.

En definitiva, luego entraremos en el fondo de las enmiendas que se han presentado. Vuelven a perder una oportunidad para establecer un principio fundamental, que es intentar reducir al máximo el marasmo legislativo, respetar las competencias que tienen atribuidas todas las comunidades autónomas, respetar un principio fundamental, fundacional, de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad, y el respeto a las propias competencias, que el Grupo de Convergència i Unió cree que en este caso no está siendo respetado. Por eso, pedimos a los diferentes grupos políticos que voten a favor de este veto, porque tiene su fundamento en lo que hemos expuesto hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.




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Señorías, ante todo quiero unirme a las condolencias a las familias de los pescadores, que nosotros conocíamos.

Hoy no tengo el día para ser un Demóstenes, y no porque esté enfadado, sino porque tengo una pequeña parálisis en la cara que me va a impedir, sobre todo, hacer gestos hacia la izquierda; y me temo que también hacia la derecha.

Señor Plana, señor Oblanca, no entiendo por qué han presentado los vetos. Puedo discutir con ustedes largamente sobre lo que aquí se ha dicho o no, pero creo que hay que situar este tema en su contexto. ¿De qué trata este proyecto de ley? Nada más y nada menos que de una modificación de la Ley de pesca de 2001. Y nada hay de modificación en cuanto a las competencias. En absoluto. No lo hay.

En primer lugar, tengo que decir que al Partido Popular le cabe un poco el orgullo de haber sido el primero que hizo una Ley de pesca. Nadie más ha hecho una ley de pesca, y no se modificó cuando hubo oportunidad de hacer una ley de pesca sostenible en la legislatura pasada, que no llegó a buen fin. Pero de eso nosotros no tenemos la culpa.

Señor Plana, le tengo que decir que pocas comunidades autónomas han hecho tanto como Galicia en defensa de las competencias exclusivas que se tienen en materia de pesca. En Galicia se hizo una ley en 1993, que el Gobierno socialista recurrió entera y que perdió entera, que es lo que precisamente ha servido de base para la ley de 2001. Y tiene usted razón: ustedes siguen teniendo competencias exclusivas en aguas interiores, pero también tienen competencias exclusivas, como Galicia, en el marisqueo y en la acuicultura en aguas exteriores. Y eso no se modifica en absoluto en esta ley.

Es verdad que la reforma es necesaria, pero no por las razones que ha expuesto el señor Oblanca, sino porque desde el año 2001 han acontecido cosas muy importantes en la Unión Europea. En primer lugar, en 2007 se aprobó el Tratado de Lisboa, que introduce un precepto muy importante —no sé si ustedes se habrán dado cuenta—: establece que la Unión Europea tiene competencias exclusivas en materia de conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Y nosotros nos hemos unido a la Unión Europea. No hay nada de lo que lamentarse. No se siguen los dictados de Bruselas, porque Bruselas somos todos. Bruselas es el Consejo de Ministros, en el cual están todos los ministros de la Unión Europea. Es el que decide a instancias de la Comisión. Pero nada hay de raro en los principios generales que se establecen para la conservación de los recursos biológicos. Estamos persiguiendo la recuperación de los stocks. Y, desgraciadamente, en la Unión Europea no hemos sabido dar ejemplo al mundo; ni los países civilizados y más avanzados han sabido dar ejemplo al mundo, porque nos hemos retrasado demasiado en esta recuperación. Repito que nada hay de nuevo en esto. Sí lo hay, en el sentido de que hasta el Tratado de Lisboa las comunidades autónomas teníamos absoluta libertad —y digo teníamos porque lo sé; he sido conselleiro de Pesca— para legislar en nuestras aguas interiores. Pero ahora, no. Desde la aprobación del Tratado de Lisboa, incluso Cataluña en sus aguas interiores —volveremos sobre esto— no tiene competencia exclusiva, solo puede actuar de acuerdo con los principios generales que marca la Unión Europea. No tienen por qué pasar por Madrid. Son los principios generales de conservación que esgrime y defiende la Unión Europea.

En cuanto a la política comercial, señor Plana, el principio de subsidiariedad no es lo que usted ha dicho. Está recogido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión —me lo apunté, porque me imaginaba que usted iba a ir por ahí—, y no dice eso. Dice que la Unión Europea —y, mutatis mutandis, eso sirve para la Administración General del Estado— se debe abstener de actuar cuando las cosas se consigan de manera más eficiente a un nivel más bajo. Y es ahí donde vamos: existe una política comercial común y esa política comercial no se establece a nivel de las comunidades autónomas sino de toda la Unión. Y le tengo que decir que en Galicia —hago alusión a mi condición de gallego y de conocedor del mundo de la pesca— lo que quiere nuestro sector pesquero en términos de trazabilidad —es lógico, yo también lo quiero y todos lo queremos, por lo menos en mi grupo— es la mayor eficiencia, y esta no se consigue legislando a nivel de cada comunidad autónoma. Eso es un fárrago de legislaciones del que tenemos que escapar. Yo no lo propongo para Galicia y sé que mis armadores no lo quieren. Y me voy a atrever un poco más. Ustedes tienen un sector pesquero muy eficiente, el del atún rojo, y no pueden querer el troceo de las normas de trazabilidad. ¿Por qué? Porque venden en toda Europa. Tengo que decir que nuestro grupo es profundamente europeísta y habríamos preferido que todas estas normas se




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tomaran a nivel de la Unión Europea, pero no se pueden tomar porque en la Unión Europea no hemos sido lo suficientemente valientes como para tirar las barreras e integrarnos cada vez más. Hay una pequeña diferencia. Repito que nuestro grupo sí es europeísta; y usted también, porque está en el grupo del Partido Popular Europeo, porque en la Eurocámara está con nosotros. Nosotros queremos construir un espacio común. Eso es lo que hay. Por eso he dicho, señor Plana, que no se vulnera absolutamente ningún principio, que no se vulnera el principio de subsidiariedad. Lo único que se hace es actuar sobre la base de la ordenación general de la política comercial, que obviamente es parte de la política económica y ha de ser legislada a nivel del Estado.

También les tengo que recordar —me refiero asimismo al señor Oblanca— que ha habido otro factor de mucha importancia, como es la aprobación del Reglamento de control de la Unión Europea 122/2009. Y se discute y se dicen cosas muy serias. Y no es eso de que Bruselas nos quiera hundir, no; se habla de los recursos generales que son de todos, de todos los ciudadanos europeos, que trascienden las fronteras de los Estados y, por supuesto, de las comunidades autónomas. Y lo único que se busca es la defensa de los principios generales de conservación, que supone tratar de conseguir y obtener el máximo rendimiento sostenible para 2015, cosa que es difícil para muchos stocks. Eso está recogido en la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible. Estamos defendiendo principios universales. Y, entre otras cosas, si usted consulta el Código de pesca responsable de la FAO verá que uno de los problemas principales para resolver el exceso de mortalidad por pesca es el exceso de la capacidad de pesca. Y es que, como en cualquier otro sector económico, y la pesca lo es, hoy en día con mucho menos pescamos lo mismo porque la tecnología ha avanzado. Si usted analiza la industria siderúrgica de hace veinte años y la de ahora verá que, naturalmente, el empleo ha disminuido, pero la tecnología ha avanzado mucho y esa evolución no se puede parar. Lo que no se puede defender es que tengamos que seguir haciendo agricultura con el arado romano. Es evidente que con el arado romano tendríamos muchos más puestos de trabajo, pero es absolutamente ilógico defender ese tipo de políticas. Esta ley no introduce ese elemento; no introduce nada de eso sino que habla de otras muchas cosas.

Cuando queremos controlar los recursos lo primero que tenemos que controlar es nuestra propia flota, y para ello debemos tener un registro de pesca. Y no es verdad que se limite la libertad de las comunidades autónomas, porque ese registro integra dos: el registro de los buques que faenan en aguas exteriores y el de los buques que faenan en aguas interiores. El registro de buques que faenan en aguas interiores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y lo único que se hace, con lógica, es señalar que el nuevo registro integra a los dos porque es la manera de decir a Bruselas cuántos barcos tenemos y, entre otras cosas, cómo podemos canalizar las ayudas económicas para la modernización de esas unidades, inclusive las de las aguas interiores.

Y quiero hablar de las aguas interiores porque creo que aquí se desconoce su alcance. Señor Plana, Cataluña prácticamente no tiene aguas interiores, salvo un poquito en el golfo de Rosas y un poquito en el canal de Sant Jordi. Muchas menos que Galicia. Y le voy a decir cuál es mi experiencia: en una época en la que sí había libertad para la pesca en aguas interiores y se podía establecer una política independiente de flota para aguas interiores, pretendí establecer ese tipo de censo. Y no se apuntó nadie, porque no hay ningún pescador en su sano juicio en todo el caladero español que viva exclusivamente ―salvo en el caso de algunas modalidades de marisqueo― de las aguas interiores. No existe, y precisamente por eso el Estado tiene que regular la pesca y las actividades de diversificación. Porque es lógico que si usted embarca a turistas los lleve a aguas exteriores, y eso conlleva un montón de problemas que guardan relación con la normativa de navegación en general: es política de marina mercante, es política de seguridad y muchas otras políticas. Y por eso esta norma tiene que estar establecida a nivel nacional, porque desde Barcelona usted no va a poder hacer ninguna actividad de diversificación turística, ni en Sant Feliu de Guíxols ni en Mataró, que no llegue a las aguas exteriores. Por tanto, no veo dónde está el problema. A todo esto, se dice: sin que ello sea en detrimento de las competencias exclusivas que tiene Cataluña. Esta ley no invalida lo que ustedes han aprobado en Cataluña, salvo que entre en conflicto; y nada entra en conflicto. Simplemente, usted no puede legislar ni puede autorizar a hacer turismo pesquero en aguas exteriores porque no tiene esa competencia; quien la tiene es el Estado y por eso hay que regular esta actividad. Por eso no veo razonable que ustedes hayan presentado un veto basándose en eso.




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En cuanto al señor Oblanca, permítame que le diga que en Galicia la pesca tiene muchísima importancia, y en Galicia no se nos ocurre decir que la pesca industrial compite con la pesca artesanal porque han coexistido desde que la pesca es pesca. Por otro lado, no es verdad lo que usted dice en su veto sobre que los muelles se están convirtiendo en descarga de aguas exteriores. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Usted tiene que saber que el mundo ha cambiado, y la pesca —y estoy muy orgulloso de ello— es uno de los sectores que más se ha internacionalizado. Por eso, nuestras empresas pesqueras y nuestras embarcaciones, ante las dificultades legales que hemos tenido, se han establecido en muchísimos países: en Namibia, Malvinas, Perú, Angola o Mozambique, y además han hecho una excelente labor de desarrollo en esos países de la que estamos muy orgulloso. Y también estamos recibiendo materia prima para un entramado industrial muy importante que se ha desarrollado, como es la industria de transformación de productos de la pesca.

Señor Oblanca —y termino ya, señor presidente— tampoco lo entiendo, porque aquí no se habla de repartos, aquí no se habla de nada de lo que usted dice. Puedo entender que usted proponga enmiendas para mejorar unos repartos, aunque, como le he dicho, no hay otra manera de repartir que la basada en las capturas históricas —el señor Cazalis sabe que lo he dicho en Galicia y en contra de lo que se llama lo políticamente correcto—, porque si queremos que nos respeten fuera hay que ser serios dentro. Y de eso es de lo que se trata: de convertir a España en una nación pionera en el cumplimiento y el respeto a la conservación de los recursos. Así podremos eliminar esa falsa e injusta imagen negativa que nos han atribuido desde hace muchos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Veiga.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Si bien al participar en la tramitación de este Proyecto de Ley de pesca marítima hemos puesto un especial énfasis en expresarnos contra el durísimo régimen sancionador, no le he escuchado, señor López Veiga, ningún reproche sobre la visión que tenemos en Foro de la aplicación, a través de esta ley, de un régimen que realmente coloca al sector pesquero español bajo sospecha y eleva las multas de forma considerable. Después, en el turno de defensa de las enmiendas, explicaré pormenorizadamente no solamente las cuantías, sino los tipos y plazos, que se han ampliado con la aplicación de la reforma legislativa que estamos debatiendo esta mañana.

Señoría, le reconozco su gran conocimiento del mundo pesquero, y no tema usted por la parálisis facial porque, desde luego, no se nota para nada a la hora de explicarse en esta Cámara. Usted dice que no entiende nuestros vetos. Pues bien, a diferencia de otros textos legislativos que se han traído durante estos años de legislatura, este proyecto de ley no ha sido de los que más enmiendas de veto ha cosechado —en concreto, son solamente 2 vetos y 69 enmiendas—, pero el hecho de que no haya habido mucha oposición frontal a este proyecto no garantiza que vaya a obtener un respaldo amplio en la votación final. Después oiremos al resto de portavoces y lo veremos en forma de votos, pero por lo que he tenido ocasión de ver y leer, en la tramitación iniciada en el Congreso el pasado mes de abril no he encontrado grandes muestras de satisfacción plena en la elaboración de este proyecto de ley, salvo, por supuesto, las procedentes del Grupo Popular, que apoya al Gobierno.

Como decía antes, aparte de nuestra discrepancia total sobre la aplicación de un régimen sancionador que, insisto, es disparatado y coloca como sospechosos a nuestros pescadores, también creemos que el Gobierno ha optado por el camino fácil en lugar de aplicarse en la elaboración de una ley acorde con la importancia de la pesca marítima española y con la declinante evolución del sector, que bien merecería un revulsivo para tratar de frenar el impacto socioeconómico de unas actividades que responden a una tradición histórica, a un número muy importante de capturas, al papel exportador, al papel importador y también al volumen de empleos que genera. Y no apreciamos en esta ley ese revulsivo. Al revés, creemos asistir a un nuevo capítulo de cesiones ante las autoridades comunitarias de Bruselas, a una consolidación del desequilibrio territorial en materia de pesca marítima, lo que permitirá, a nuestro juicio, la consolidación de comunidades autónomas de primera y de segunda. Naturalmente, esta ley no va a impedir la reedición de




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polémicas y batallas en las que el peso político derivado de la población y de los votos va a resultar decisivo, a mayor calamidad de comunidades como la mía, cuyo sector pesquero ha sido relegado, como tantas veces, sobre todo en estos últimos años, se ha denunciado.

He señalado en mi anterior intervención en defensa del veto el creciente empobrecimiento de una política pesquera que ha tenido mucha incidencia sobre las comunidades pesqueras y sobremanera sobre las que giran en torno a la pesca artesanal. Insisto: ha sido una gran oportunidad perdida no afrontar una ley que ofreciese más alternativas a la dependencia total de las rentas procedentes de la pesca artesanal. Y la pesca-turismo puede tener un futuro, aunque en el caso del Cantábrico hay que contemplarla como un complemento a la actividad pesquera y desde luego nunca como un sustituto.

Finalmente, quisiera hacer referencia a la necesidad compartida de fijar un modelo pesquero sostenible, pero referido sobre todo a la sostenibilidad social, es decir, al mantenimiento del empleo, a la generación de riqueza, al desarrollo de los territorios de tradición pesquera. Ya en la reciente tramitación de la Ley de parques nacionales, que tuvo lugar aquí hace unas semanas, subrayé que la gran especie a proteger no es otra que el ser humano. La gran especie a conservar y a proteger es el ser humano, y con el tema pesquero la necesidad es idéntica. Está muy bien que la explotación de los mares sea racional y tenga bases científicas, pero la política pesquera tiene que girar en torno a las personas, aumentando su desarrollo, garantizando su presente y abriendo expectativas de futuro. Y vea la evolución de todos estos años: el sector pesquero español ha ido clarísimamente a menos.

La gestión pesquera debería tener en esta ley una garantía para asegurar que en la explotación de los recursos tengan participación los protagonistas de la comunidad pesquera, comenzando por cofradías y organizaciones representativas, y también las administraciones autonómicas y, en su caso, locales. Se trataría, creo yo, de establecer mecanismos de coordinación que diesen canales de participación efectivos, algo que este proyecto de ley no garantiza porque todo lo fía al Tratado de Lisboa o a los acuerdos de desarrollo posterior que se realizaron desde Europa. Como he dicho antes, en el turno de enmiendas me referiré al régimen sancionador que se va a aplicar de forma prolija a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Como ha sucedido con otras leyes a lo largo de esta X Legislatura, de este proyecto se desprende un tufo persecutorio y también recaudatorio; persecutorio, sobre un sector al que se coloca bajo un manto de sospecha. Por supuesto, no estamos en contra de la persecución de los infractores, pero sí de magnificar tipos y cuantías sancionadoras para que en Bruselas aprecien el esfuerzo del Gobierno. A nosotros nos habría gustado que ese esfuerzo se hubiese centrado en proporcionar vitalidad a un sector tremendamente castigado por la evolución de la pesca y que observa con preocupación lo que se le viene encima.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, mahaiburu jauna, eguerdi on, senatari jaun-andreok.

Voy a intervenir en este turno de portavoces para explicar por qué el Grupo Vasco no ha presentado un veto. Creo que también hay que explicarlo; lo explicamos cuando lo presentamos y también cuando no lo hacemos.

No lo hemos presentado porque, aunque no es la ley que nosotros habríamos hecho —sin duda la hubiéramos hecho de otra manera—, recoge algunas de las cuestiones que hemos venido pidiendo como Grupo Vasco en esta misma Cámara y con bastante insistencia también en el Congreso. No tenemos más que recordar las iniciativas que hemos presentado sobre la mujer en el sector pesquero y sobre la propia actividad pesca-turismo. Fueron dos interpelaciones con sus correspondientes mociones, que tuvieron un distinto final. Nosotros habríamos preferido una cosa más sencilla, pero tampoco está mal que se recoja en la ley. Por eso no nos oponemos a que esté ahí.

El número 2 del artículo único habla de la igualdad de trato y oportunidades en el sector pesquero en todos los aspectos, también en el de la mujer, algo que a nosotros nos parece muy importante pero que habrá que sustanciar posteriormente. Y es que todo lo que aquí se recoge habrá que sustanciarlo posteriormente de manera oportuna, y espero que se haga y no se quede




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solamente en una declaración de intenciones. Este pasado lunes, en Bilbao, el lehendakari entregó los certificados de profesionalidad a las neskatillas y empacadoras de Bermeo y de Ondarroa.

Un paso más, se les ha pedido a las mujeres que estudien. Han estudiado, han compaginado su trabajo con los estudios, algo que no es fácil, pero siguen pidiendo lo mismo. Y colgando de este número 2 del artículo único tendrán que venir una serie de cuestiones sociales que equiparen ese trabajo de la mujer con el del hombre en el sector pesquero: en enfermedades profesionales, en los coeficientes de reducción, etcétera. Por lo tanto, está bien que se recoja en la ley, pero esperemos que después se vaya trabajando esto punto a punto. No nos paremos aquí, porque esto queda muy bonito, el texto es precioso, pero no soluciona el problema y ellas siguen reclamando que se tomen medidas reales. Yo creo que esta norma es la oportunidad de seguir desarrollando esta cuestión.

Otro tema en el que nosotros también nos hemos empeñado es el de pesca-turismo, y no solamente en esta Cámara sino también cuando teníamos funciones de alcalde, etcétera. Ha sido un tema complicado. En su día, nosotros propusimos que con el cambio en la definición de lo que es actividad pesquera de la Ley 3/2001 y después del Real Decreto-Ley 1027/1989, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, podía bastar. El Gobierno ha cogido otra vía, y tampoco nos parece mal. Ahora volvemos a estar otra vez en lo mismo. Nosotros creemos que sí hay una invasión competencial en este aspecto porque hay competencias exclusivas en la gestión pesquera, pero también en turismo. Por lo tanto, se podía haber mejorado el texto. De hecho, hemos presentado enmiendas en esa dirección, que luego comentaré aunque sea por encima.

Volvemos a tener otra vez un montón de normas que cuelgan de esta, normas que habrá que seguir cambiando. No tiene sentido tener esta ley y no cambiar el resto de normas que faciliten que la pesca-turismo se pueda volver a dar en condiciones. Sobre todo, lo que más me preocupa es que realmente —y yo no sé si eso queda claramente recogido en esta norma, yo creo que no— la actividad de pesca-turismo tenga la misma cualificación que la actividad de pesca en todos los aspectos, sobre todo para los marineros, incluyendo también aquí los coeficientes reductores, etcétera. Esto no queda demasiado claro y probablemente sea un tema reglamentario más que de ley, pero habrá que estar atentos para que eso sea así.

El resto del texto trata también temas muy importantes, como el que hemos hablado de los registros y, sobre todo, el del régimen sancionador. Evidentemente aquí sí hay —y le doy la razón— un gran condicionamiento por parte de la normativa europea, y también entendemos que aunque desde el punto de vista sancionador, como ha dicho el senador Martínez Oblanca, se podían haber tomado distintas vías, se podía haber sido un poco más suave o un poquito menos suave, tampoco creemos que sea razón suficiente para presentar un veto.

En fin, como he dicho, no es el texto que nosotros hubiéramos preparado ni presentado. Creemos que puede ser un avance, sobre todo desde un punto de vista conceptual. Evidentemente ahora tenemos que trabajar entre todos, y especialmente el Gobierno que es al que le toca, para que esto se desarrolle en la dirección en la que yo creo que se tiene que desarrollar. Y esa es la asignatura que queda pendiente para todos los que estamos en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Respecto al veto del señor Martínez Oblanca, quiero anunciar que nos abstendremos porque su orientación política en este tema es contraria a la nuestra, pero votaremos a favor del veto de Convergència i Unió principalmente por las razones competenciales. El señor López Veiga decía que no había problemas competenciales, pero yo he leído el estatuto y el artículo 119 dice: Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, así como la regulación y la gestión de los recursos pesqueros y la delimitación de espacios protegidos. También tiene competencia exclusiva en materia de actividades marítimas y tiene competencia compartida en la construcción, la seguridad, el registro oficial de barcos, cofradías de pescadores y lonjas de contratación. Además, en turismo tiene competencia exclusiva.




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Si se compara esto con el proyecto de ley, es evidente que existen, en definitiva, limitaciones o reducciones de las competencias de las comunidades autónomas.

Señor López Veiga, tengo la sensación de que el Gobierno del Partido Popular legisla como si no hubiera Estado de las Autonomías, en general. Por eso, en cada proyecto de ley que discutimos hay una parte importantísima, en unos más y en otros menos, de delimitación, de reducción o de laminación de las competencias de las comunidades autónomas. En el proyecto de ley no se hace mención prácticamente en ningún momento a las competencias compartidas que tiene Cataluña o que tienen otras comunidades, como si no existieran. Si alguien lee el proyecto de ley y no conoce cuál es la articulación del Estado español, de su lectura no inferiría en qué tipo de Estado estamos, sino que estaría convencido de que estamos en un Estado centralista.

Reconozco la necesidad —como usted ha dicho— de que existan determinados principios básicos que ordenen el conjunto de la pesca marítima. Estoy absolutamente de acuerdo. Este es el otro aspecto conflictivo con el Gobierno central porque para éste son básicas cosas concretas. Por ejemplo, en el proyecto de ley se regula pedir el carné de pesca, para quien haga pesca recreativa, que cuesta 3 o 5 euros; y si no lo tienes te pueden sancionar de 60 a 600 euros. Independientemente de eso, si se llega a ese nivel de concreción, la pregunta es, ¿qué legislan las comunidades autónomas? ¿Qué nos queda por legislar? En este tema como en otros hay una necesidad de legislación básica, pero respetando a las comunidades autónomas y dejando espacios de legislación a las comunidades autónomas.

Desde ese punto de vista, hay cinco o seis cuestiones que no se pueden olvidar: el registro —que ya se ha comentado—, el decreto del año 2012 —que también se ha comentado, que regula cuestiones de pesca-turismo en Cataluña y que entra en contradicción con el proyecto de ley—, la construcción, la seguridad, y las infracciones. Hay toda una serie de temas en los que se lamina la competencia autonómica.

Finalmente, quiero decir que la base que el Gobierno central emplea para rescatar competencias es la que utiliza en este proyecto de ley: la ordenación económica básica general. Basándonos en esto, cualquier atisbo de actividad económica se recupera por el Estado central. Sobre el 149 he de decir que todos los españoles han de tener los mismos servicios, en igualdad, eso es verdad, pero se recupera absolutamente todo.

Por estas razones nosotros vamos a dar un voto positivo al veto de Convergència i Unió. No obstante, quiero repetir las tres palabras que utilicé en relación con el Estado de las Autonomías: silencio, bloqueo y retroceso. Claramente existe un bloqueo; no ha habido un desarrollo autonómico mínimo en el Estatuto de Cataluña. Y, en cambio, existe un retroceso de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque una vez que se apruebe esta ley habrá menos competencias en Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

Parece ser que el resto del mundo estamos equivocados en relación con las competencias y ustedes tienen la razón y la verdad suprema, según lo que establecen y según la explicación que dan, esa de que no se llegaban a explicar por qué se ha presentado el veto al respecto. Algunos grupos políticos han refrendado lo que otros, en este caso el Grupo de Convergència i Unió ha realizado. Los diferentes grupos que me han precedido en el uso de la palabra han sido insistentes en lo competencial. Esto es una evidencia. Hay unos elementos, hay unas materias que son puntos de fricción y negar la mayor forma parte de la política del Partido Popular. No obstante, utilizan única y exclusivamente, y de forma continuada y sostenida en el tiempo, cualquier proyecto de ley para laminar o para entrar en competencia con las competencias exclusivas —valga la redundancia—, en este caso las establecidas para Cataluña.

Quiero hacer dos puntualizaciones, si me permite. Usted ha dicho que somos europeístas y supongo que, excepto aquellos euroescépticos, el resto del arco político parlamentario del Parlamento Europeo también es europeísta. Y usted también ha dicho que vamos juntos, pero le tengo que decir que nosotros estábamos antes, en este caso Unió Democrática de Cataluña, dentro del Partido Popular Europeo. Lo digo tan solo como puntualización y no vayamos a entrar a




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ver quién ha entrado antes y quién después. Tan solo quiero decir, ya que lo ha comentado, que claro que somos europeístas y, además, mi grupo, con más insistencia, si me permite. Unió Democràtica de Catalunya y Convergència i Unió siempre han dicho más Europa y menos Estados, porque creemos que este es un principio fundamental. La cuestión nacional estatal tiene esta voluntad —porque se ve de forma sostenida y continuada en el tiempo— de laminación de competencias y de volver a un principio que a lo mejor está pasado en el tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Socialista no ha presentado veto a este proyecto de ley porque considera que un sector estratégico como este necesitaba de una verdadera regulación normativa, una regulación que impulsara el crecimiento y el empleo y, sobre todo, que estableciera un marco jurídico necesario. Por ello, pretendemos destacar, en primer lugar, la importancia que para el Grupo Socialista tiene la pesca como sector económico y estratégico en España, y así entendemos la obligación que tiene el Gobierno de presentar un marco normativo. Por tanto, y después de darle muchas vueltas, les tengo que reconocer que no hemos presentado un veto a esta rácana ley y hemos sido ingenuos con respecto a ustedes, señorías.

El Partido Socialista ya presentó en la legislatura pasada un proyecto de ley de pesca sostenible que intentó sin éxito sacar adelante; un proyecto de ley que era mucho más ambicioso que el que hoy se trae a esta Cámara; un proyecto que no pretendía reformar la Ley de pesca marítima del Estado de 2001, sino que pretendía derogar esa ley con un objetivo evidente: establecer un completo marco jurídico de la actividad pesquera y de las actividades relacionadas y siempre desde un punto de vista sostenible del medio marino. De ahí la presentación de 13 enmiendas —ya que, como se ha dicho, se ha retirado la número 17— que con posterioridad debatiremos, y con la aprobación de esas enmiendas y de su texto sí hubiéramos conseguido una reglamentación cierta porque su proyecto de ley podía haber sido mucho más de lo que es.

Faltan medidas de protección al medio. Falta un estructurado sistema de control e inspección de la actividad pesquera. Echamos de menos un tratamiento integral de la acuicultura con absoluto respeto a las comunidades autónomas costeras, como bien se ha señalado antes. No encontramos la creación de programas de seguridad en los buques o la creación de empresas mixtas o el impulso de la cooperación internacional. Y se han olvidado completamente de las mujeres del sector. ¿Dónde han dejado la equiparación de derechos del desempleo o las enfermedades profesionales? ¿Dónde han abordado las condiciones laborales de esas mujeres de 30 a 55 años que combinan el trabajo en su casa con las labores de rederas, empacadoras o neskatillas, que han demostrado durante muchos años su capacidad profesional? Permítame que en este momento felicite —lo decía antes el senador Cazalis— a las 36 mujeres vizcaínas que anteayer obtuvieron el certificado profesional del mar, que han tenido que hacer ese curso, y también quiero dedicar un especial recuerdo a los tres tripulantes desaparecidos ayer.

Por lo tanto, señorías, los socialistas consideramos que este proyecto de ley es necesario, sí, absolutamente necesario, pero visto lo visto, no es suficiente. Les ha faltado ambición y les ha sobrado capricho y rodillo, como demostraron en la ponencia de hace unos días. Ayer por la tarde hablábamos de deporte; pues les ha faltado rematar a puerta. Con sus pretensiones han fallado en el último metro y aquí, en el Senado, van a dejar pasar la oportunidad una vez más.

Por eso les decía antes que los socialistas valoramos presentar un veto a esta ley y proponer nuestro propio articulado, pero también entendíamos que con su texto y con las enmiendas que nosotros formulábamos abríamos esa puerta a una evidente mejora de su texto y creábamos, de verdad, un texto alternativo completo porque al final el Grupo Socialista lo que pretende es una ley adecuada y conforme no solamente con la propia actividad, sino también con la conservación del medio, con la conservación de los recursos marinos y que también sea coherente con el régimen de la acuicultura. Los socialistas, señorías, defendemos ante todo una pesca sostenible que asegure la pervivencia del sector y de nuestras comarcas pesqueras, que ofrezca oportunidades ciertas para la práctica de esta estratégica actividad. Por ello compartimos en buena medida la preocupación que plantean los dos vetos presentados, pero hemos sopesado la necesidad de




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tener una ley escasa y sin muchas pretensiones a seguir con una ley que ya pretendimos sustituir en la pasada legislatura. De ahí la presentación de nuestras enmiendas, aunque también, como veremos, una vez más ustedes, como grupo parlamentario mayoritario y con un Gobierno del cada día más errático señor Rajoy, van a perder una nueva oportunidad para abordar de forma debida y decidida una regulación completa y global del sector pesquero. Una oportunidad perdida más que se suma a su gestión y que tanto está perjudicando a nuestra flota.

Por todo ello, y al no haber presentado un texto alternativo y una propuesta devolutiva, y aun en parte, como les decía, compartiendo el contenido de los vetos presentados, en este momento nos abstendremos en la votación de los dos vetos que se han traído a esta Cámara, aunque no les quepa duda de que censuramos este exiguo proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, muchas gracias a los que no han presentado veto porque entiendo que, cubriendo el expediente, esta ley precisa un desarrollo y ese desarrollo tiene mucho recorrido. En ese sentido puedo estar en buena medida de acuerdo con lo que ha dicho el señor Cazalis en cuanto a que tenemos que elaborar esta ley y desarrollarla adecuadamente.

Señor Rodríguez Esquerdo, en cuanto a la mujer, creo que sí está contemplado. Si hay algún sitio en toda España donde la mujer haya avanzado de manera notable y especial en su profesionalización en el mundo del mar es en Galicia con una Ley de 1993, que fue recurrida por el Gobierno socialista de quilla a perilla, aunque perdieron. Incluso le puedo dar nombres de patronas mayores en numerosas cofradías. Creo que en el resto de España no hay muchas, pero en Galicia sí. En Galicia ya están profesionalizadas las mariscadoras, con su cotización, con su estatus profesional y, por supuesto, las rederas —nosotros no las llamamos neskatillas— ya existen en Galicia hace mucho tiempo. O sea, el Partido Popular no es que no se haya quedado atrás, sino que ha ido muy por delante del resto, señor Rodríguez Esquerdo. Pregunte usted a quien quiera de entre los senadores gallegos que tiene en su propio grupo. Y desde luego a mucha honra.

En cuanto a las competencias, senador Saura, no es cierto que se invadan. No es cierto. Le voy a decir lo que puede usted hacer, porque yo lo he hecho como conselleiro en Galicia. Usted gestiona íntegramente en Cataluña los fondos estructurales. Usted puede decidir qué buques se desguazan y qué buques no se desguazan. Usted puede decidir si les cambia la base o no. Usted puede decidir a qué industria le dedica los fondos estructurales y qué tipo de industria de transformación tiene que hacer, y en eso el Estado no se va a meter porque tiene competencias exclusivas. Usted puede decidir cuál es el fomento de la industria de conserva. Pero le voy a decir más, señor Saura. Usted tiene competencia exclusiva hoy día en aguas exteriores en acuicultura, que es muy importante en Cataluña. Usted puede decidir qué tipo de embarcaciones auxiliares de acuicultura financia y cuáles no, y el Estado no dice nada. Usted puede decidir qué tipo de acuicultura permite en las aguas exteriores que rodean Cataluña; lo puede hacer. Por eso, nosotros no tenemos un tratamiento integral de la acuicultura, como quería el señor Rodríguez Esquerdo, porque sabemos que se pueden hacer cosas generales de fomento de la actividad. Pero eso ya existe; ya existe un Jacumar desde hace muchísimo tiempo, ya existen organismos de coordinación.

Señor Plana, en estos momentos usted puede decidir, como es en el caso de Galicia, si autoriza o no la pesca del cangrejo real, que seguro que lo tendrá en las aguas de Cataluña, incluso a 200 millas, porque nosotros gestionamos el banco de Galicia que está a ciento y pico millas de la costa con competencia exclusiva, y con un conflicto en el año 1990 con el Gobierno Central que se resolvió a favor de Galicia.

Señor Saura, usted puede decidir si autoriza o no a faenar a sus embarcaciones los fines de semana, como hemos hecho en Galicia con un recurso de un Gobierno socialista que pretendía tener a la gente trabajando los sábados y los domingos, y lo ganamos en el Constitucional. ¿Cómo que no tiene usted competencias? Tiene muchísimas, pero hay que saber cómo usarlas.

Y lo único que ustedes han argumentado ha sido acerca del censo operativo y el registro. Es lógico que la comunicación a la Unión Europea se haga a través de los Estados; no lo pueden




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hacer ustedes desde una autonomía. Tiene que haber un censo que, por una parte, registre las embarcaciones que faenan en aguas exteriores y, por otra, las que faenan exclusivamente en aguas interiores. Pero ya les digo que va a haber muy poco barco que se apunte, y más en su caso, porque no fuimos capaces en Galicia y tenemos muchas más aguas interiores que ustedes; y es que no existe eso.

Y en cuanto a legislar sobre el turismo pesquero, ¡claro que es necesario tener una norma nacional!, porque esa figura tiene que estar reconocida en una norma nacional, sin perjuicio de lo que ustedes hayan decidido en Cataluña. Respecto a las condiciones bajo las que se embarca la gente en las embarcaciones, ustedes no tienen competencias, porque ese asunto está contemplado en la Ley de navegación marítima y para eso necesitamos que exista primero esta figura reconocida.

Por tanto, creo, sinceramente, que no hay ninguna invasión de competencias, en absoluto. Ustedes tienen todas las competencias que quieran y, si no, señor Plana, me apuesto con usted lo que quiera a que ya verá que no hay ninguna vulneración de las competencias, porque, de otra forma, el señor Cazalis hubiera presentado el veto correspondiente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor LÓPEZ VEIGA: Sin más y deseando a todo el mundo felices fiestas, termino diciendo que están ustedes en el Partido Popular Europeo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto de la Ley que modifica la Ley de pesca. Lo vamos a hacer igual que en la votación anterior, es decir, los senadores socialistas de la segunda fila entiendo que votan en el sentido del portavoz. Añadiré sus votos a lo que resulte en la pantalla. Además, la senadora Carmen Torres Sánchez ha hecho uso de la votación telemática y ha votado en contra de los 2 vetos.

Votamos la propuesta de veto número 1 del senador Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 1; en contra, 149 más 1 telemático, 150; abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la propuesta de veto número 1.

Votamos ahora la propuesta de veto número 2 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 26; en contra, 149 más 1 telemático, 150; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 2.

Terminado el debate de las propuestas de veto y rechazadas estas, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 1 a 9.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Con mucha brevedad intervengo desde el escaño para señalar que las 9 enmiendas que los senadores de Izquierda Unida hemos presentado versan sobre cuatro cuestiones que nos parecen fundamentales y que de no ser incorporadas conllevarían nuestro rechazo a este proyecto de ley.

En primer lugar, la apuesta por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en este caso de los recursos pesqueros que creemos no se garantiza con este texto. En segundo




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lugar, la permanencia y el fortalecimiento de la actividad pesquera tradicional. Creemos que también se pone en riesgo y nos parece que esta ley debería hacerse eco de la necesidad de tener que fortalecer la actividad pesquera tradicional en nuestro país. En tercer lugar, los planes de gestión participativa. Ya se ha hecho mención en el debate de los vetos sobre este asunto y sobre la necesidad de que los protagonistas de la pesca tengan capacidad de decidir y de intervenir en las decisiones que se adoptan en torno a los recursos pesqueros y su sostenibilidad. Y finalmente, el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas que de nuevo en esta ley, como en tantas otras, se invaden de forma clara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

El senador Martínez Oblanca ha presentado las enmiendas 27 a 36. Para su defensa tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Como señalé en la defensa del veto a este proyecto de ley, nuestras enmiendas parciales giran en torno al significativo y abrumador bloque de reformas que se introducirá a partir de la aprobación por las Cortes de este proyecto de ley y que hacen referencia al nuevo régimen sancionador de infracciones y multas. Ya anticipamos que el celo inspector se va a intensificar, aunque no será garantía en modo alguno de mejores maneras y métodos para el ejercicio de la pesca marítima.

A la vista del articulado de esta reforma legislativa cabe augurar un importante aumento de procedimientos sancionadores con secuelas económicas que se añadirán a las ya muy grandes cargas y dificultades que atraviesan las empresas del sector pesquero español. En este sentido cabe señalar que se aumenta el tiempo de prescripción de las sanciones leves, ampliándolo de seis meses a un año. Se extiende asimismo el plazo de caducidad del procedimiento sancionador. A partir de la entrada en vigor de esta ley, el periodo máximo para tramitar, resolver y notificar la resolución sancionadora será de seis meses para las infracciones leves y de 9 meses para las infracciones graves y muy graves.

Aparecen nuevas infracciones leves, entre otras, la mala utilización del diario electrónico de a bordo, el ejercicio de la pesca de recreo sin portar licencia o autorización, disponiendo de los permisos en vigor; también el ejercicio de la pesca de recreo con caña desde tierra sin disponer de la correspondiente licencia.

Diré respecto a las infracciones graves que se regulan, además de las ya existentes, veinticuatro nuevas infracciones, entre las que destaca el ejercicio de actividades de pesca sin estar incluido en el censo específico correspondiente, así como cualquier incumplimiento de la normativa en materia de señalización, organización de concursos de pesca de recreo sin contar con la autorización preceptiva, o el incumplimiento de las condiciones de esta autorización.

En las infracciones muy graves, se incorporan nueve actuaciones ilícitas para las que se establecen castigos muy duros. Entre ellas, destaca la presentación de documentos, datos, circunstancias o información falsos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias de cualquier clase; también la violación de las obligaciones establecidas en virtud de los tratados internacionales o regionales en materia de pesca marítima cuando su incumplimiento suponga o pueda suponer un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. Asimismo se piensa castigar con dureza mediante esta ley la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques a países terceros identificados por las organizaciones internacionales por haber incurrido en actividades contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Con la aprobación de esta ley se aumenta también la escala máxima de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, previendo una horquilla de sanción pecuniaria entre 300 000 y 600 000 euros.

Finalmente, se crean hasta siete nuevas clases de sanciones, tales como la amonestación pública, el decomiso de capturas pesqueras o productos de pesca, reducción o anulación de derechos o posibilidades, la inmovilización temporal del buque y la suspensión del estatuto de operador económico autorizado.

Para nosotros, como subrayé antes, este proyecto de ley nace como otro grave obstáculo para la subsistencia del sector mediante un texto en el que se reconvierte la legislación vigente en un




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instrumento recaudatorio, con sanciones que en algunos casos duplican las que actualmente se venían imponiendo. Una normativa particularmente sancionadora va a intensificar, a nuestro juicio, la debilidad del sector pesquero nacional, que ya de por sí es creciente como consecuencia del notabilísimo incremento de los costes, la reducción de capturas impuesta por los organismos supranacionales y la importación del pescado de otros países.

Llama la atención que ni el Gobierno ni el Grupo Popular que lo sostiene parlamentariamente con mayoría absoluta tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, hayan atendido las alarmas procedentes de algunos sectores, singularmente, las de la Federación de Cofradías de Pescadores, que no se ha cortado a la hora de calificar el régimen sancionador que se promueve con esta ley. Nosotros sí creemos haber atendido a la gran preocupación que nos llegó singularmente de los pescadores asturianos.

En todo caso, señor presidente, doy por reproducida la justificación de nuestras diez enmiendas parciales en los términos que figuran en el Boletín Oficial del Senado y que están numeradas desde el número 27 al número 36, ambos inclusive.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 10 a 12.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado tres enmiendas, en principio las tres van en la misma línea. Antes hemos estado hablando de competencias, en principio porque la Comunidad Autónoma Vasca tiene competencias exclusivas en turismo y también en ejecución pesquera, por lo que entendíamos que había que tener en cuenta a las comunidades autónomas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la actividad de pesca-turismo y también incluso en la llevanza y modificaciones del Registro general de la flota pesquera.

Entendemos que las comunidades autónomas deberían de ser quienes establecieran las condiciones de complementariedad y compatibilidad de la actividad pesquera extractiva y de pesca-turismo y las condiciones del embarque del pasaje. Por eso hemos presentado estas tres enmiendas, aunque, por lo que vemos, el Grupo Parlamentario Popular no las va a aceptar, si bien hubieran mejorado sustancialmente el texto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas: el primero, enmiendas 47 a 49 y enmiendas 51 a 60, y el segundo, enmiendas 61 a 69.

Para la defensa del primer bloque, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente. Haré una única y breve intervención, así que ya realizo nuestro turno de portavoces.

En primer lugar queremos sumarnos a la condolencia por los pescadores gallegos y por su triste desaparición.

Paso a defender nuestro voto particular y las enmiendas en una intervención, como decía, forzosamente breve.

A nosotros nos parece que en este debate —y creo que se ha dicho ya— se ha puesto de manifiesto gran parte de lo que es sustancial en este proyecto de ley. Aunque, como bien entenderá el señor López Veiga, mi enfoque lo hago desde una aproximación lejana —normalmente suelo hablar de agricultura y de montañas—, coincido en una cuestión con usted que me parece muy importante, aunque lo haya dicho de otra manera: que sin peces no hay pesca. Creo que este es el gran reto que tenemos en este momento: plantear la sostenibilidad y la durabilidad de la actividad de la pesca.

Ya se ha hecho mención al Tratado de Lisboa, que me parece fundamental para abordar el debate legislativo, pero yo quisiera referirme también al Libro Verde de la Unión Europea, que dio pie a los planteamientos que estamos haciendo en este momento desde el punto de vista legislativo, en el cual se nos advertía de que el 30 % de los stocks de los caladeros estaban en




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aquel momento por debajo del límite biológico. No hemos mejorado mucho, y usted lo ha reconocido, y creo que este problema debemos abordarlo y que esta ley no puede quedar al margen de eso, o al menos no lo hace en todo caso suficientemente desde nuestra perspectiva. Por tanto, debemos tener en cuenta esos 93,7 millones de toneladas que se pescaron en el 2011, que evidentemente es una cantidad muy importante porque el crecimiento de la pesca en este momento ha aumentado un 3,2 % mientras que la población mundial lo ha hecho un 1,6 %. Por tanto, vemos que la explotación es mayor que, como también se ha explicado, depende mucho de la mayor capacidad de pesca que tienen nuestros buques— que el porcentaje de crecimiento de la población.

La FAO habla de que debemos fomentar con nuestras normativas el crecimiento azul, es decir, hace un resumen con un enfoque coherente para una ordenación sostenible, integrada y sensible con los aspectos socioeconómicos que tienen que ver con los océanos y humedales y nos pide prestar especial atención a la pesca de captura, a la acuicultura, a los servicios ecosistémicos del comercio y, sobre todo —y creo que esta es una de las cuestiones que esta ley no acaba de concretar ni de precisar—, a la protección social de las comunidades costeras.

Tengo que decir también que esta ley adolece de un título para la actividad de la acuicultura, que, fíjense, representa ya prácticamente en toneladas lo mismo que se pesca, es decir, que tiene un peso importantísimo desde el punto de vista de la actividad comercial que representa y también en términos de alimentación respecto de su producción. Por tanto, a nosotros nos parece que este es otro déficit importante que acumula esta ley.

Insisto en que nos parece que esta protección social de las comunidades costeras no está bien resuelta en la ley, que hemos recogido en 22 enmiendas, que de alguna manera intentan mejorar este texto, que, repito, siendo necesario, tiene una insuficiencia palmaria respecto a lo que debería haber recogido para garantizar, por una parte, este ámbito tan importante de la sostenibilidad, que nos parece absolutamente esencial, y, por otra, los marcos administrativos.

El senador Saura ha hecho ya una defensa en su intervención en el veto de lo que nosotros consideramos que es también alguna vulneración de las competencias que deben tener las comunidades autónomas.

Doy por defendidas nuestras enmiendas. Insisto una vez más en que nos parece que la tramitación de un proyecto de ley que es francamente estratégico adolece de una falta de diálogo suficiente con los grupos parlamentarios, pero también con las comunidades autónomas. Por eso nuestro voto va a ser contrario al proyecto de ley.

Con estas palabras acabo, señor presidente, deseándoles a todos ustedes también una feliz Navidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 37 a 46.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

Creo que nuestra posición ha sido bien clara y se ha manifestado así durante el debate del veto. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos —que se van a mantener en el propio proyecto de ley— y ahora en la justificación de las enmiendas al articulado, que van en la misma línea de lo que he expuesto anteriormente.

En primer lugar lo que pretendemos es la supresión de las definiciones de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo pesquero o marinero, porque consideramos que definir y regular los diferentes tipos de turismo es competencia de las comunidades autónomas —un punto de fricción más en lo que le he comentado anteriormente—. Por lo tanto, la competencia de la Administración Central se debe ceñir a eliminar las trabas normativas que impidan una diversificación de la actividad pesquera, pero en ningún caso a regular o definir. Somos suficientemente inteligentes en las comunidades autónomas —las diferentes administraciones— para regularlo y definirlo, aunque ustedes digan todo lo contrario y nieguen la mayor de que no hay una invasión competencial.

También pedimos una modificación del artículo 2, respecto al censo de la flota pesquera operativa, y la supresión del apartado Artículo único.Once del referido texto.




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Señor presidente, lo que pedimos al fin y al cabo es que se establezcan de una forma determinada las condiciones de pesca-turismo por lo que respecta a las comunidades autónomas en virtud de lo que hemos dicho anteriormente, relativo al turismo, a la pesca y a las competencias que tenemos las comunidades autónomas, y sobre todo que se utilice el paraguas protector del artículo 149.1.19ª de la Constitución. Quiero decir que no nos parece de recibo que se vacíen a las comunidades autónomas de las competencias que teníamos atribuidas. De ahí las enmiendas que hemos presentado.

Por último, deseo a todos los presentes y a aquellos que nos están escuchando desde sus despachos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 13 a 16 y 18 a 26.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy, una vez más, y se lo decía antes, van a dejar pasar la oportunidad de abordar de verdad, de forma decidida, una nueva regulación global del sector pesquero —de Galicia, señoría, ya le hablará el señor Fidalgo, no se preocupe—. Hoy regulamos una ley de pesca del Estado, y el Grupo Socialista apostaba por esta ley de pesca. Creo que todos los grupos de la Cámara apostábamos por esta ley —y ya creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de reformar, de cambiar, de modificar la Ley de 2001—, pero ustedes, como siempre, han cerrado la puerta a la oposición, y lo que es peor, nos presentan un proyecto de ley insuficiente y escasamente ambicioso, por no decir nada ambicioso.

El Grupo Socialista —y se lo intentaba decir antes— entiende que la pesca es un sector estratégico para nuestro país. Por eso, consideramos que es necesario un nuevo, completo y sistemático marco jurídico normativo de la actividad pesquera y del propio sector económico y productivo de la pesca y de todo lo relacionado con el mundo marino. Y como esto lo echamos en falta, hemos presentado 13 enmiendas a este proyecto de ley —5 de modificación y 8 de adición—, que mantenemos en este Pleno y damos por defendidas, señor presidente.

En primer lugar, presentamos un grupo de enmiendas dirigidas a la regulación del marco de las infracciones y de las sanciones. Nosotros pretendemos proteger los recursos naturales con medidas concretas y con una nueva zona de protección pesquera, preservando, señorías, la riqueza natural y los propios ecosistemas.

Otro grupo de enmiendas va orientado a garantizar un censo de flota real y, en coherencia con la insuficiente Ley de transparencia aprobada por ustedes, y a una cierta posibilidad de acceder a la información por los medios electrónicos.

Otro grupo de enmiendas se enfoca a crear una reserva natural —algún senador anterior ya lo ha señalado— para tener mayores posibilidades de pesca. Permite contar con un instrumento, por medio de esta extensa enmienda que presentamos, que mejore el control de la actividad pesquera, que favorezca la gestión empresarial y que tenga un tratamiento más completo y estructurado del sistema de control e inspección de la actividad pesquera.

También pretendemos que se favorezcan las medidas de colaboración y de colaboración pesquera internacional para ayudar a nuestras empresas y al prestigio y desarrollo del sector pesquero español.

Nosotros pensábamos, señorías, y se lo digo de verdad, que este asunto que nosotros consideramos fundamental ustedes lo iban a aceptar en la ponencia y en la comisión, se lo digo sinceramente, pero, como siempre, ha vuelto a ser el no por el no.

En referencia a los servicios de inspección pesquera, consideramos vital dotarles de una cobertura legal suficiente para conseguir que las actas que se levanten tengan un valor probatorio y, a la par, que los propios inspectores adscritos sean agentes de la autoridad. Pues, al parecer, algo que nosotros consideramos necesario y ellos también ustedes tampoco lo ven.

Pretendemos que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas del litoral, que se genere actividad económica y empleo y que se implemente a este sector la responsabilidad social y empresarial. Otro grupo de enmiendas que tampoco ven.




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Tratamos en otro apartado de enmiendas de fomentar la diversidad genética marina de acuerdo con los propios criterios de la FAO. Dirigimos una enmienda a que lo recaudado por las sanciones impuestas se dedique íntegra y directamente a la gestión y mantenimiento de las reservas marinas.

Y, por último, consideramos que una ley de pesca sostenible —que es como se debiera denominar esta ley— no puede desconocer la importancia que está adquiriendo la acuicultura como actividad económica complementaria de la pesca marítima, actualizando, por tanto, la normativa reguladora de este fenómeno de la acuicultura, dando coherencia a la regulación de este sector, incluyéndole un régimen de sanciones e infracciones.

Finalmente, señorías, consideramos imprescindible regular los recursos genéticos del mundo marino.

Estas son nuestras enmiendas y es una lástima que, por lo visto, no las acepten, porque esta ley es necesaria —se lo decía antes—, pero va a ser insuficiente. Ustedes traen a esta Cámara el último proyecto de ley del exministro Cañete y creo que debieran hacer un esfuerzo por conseguir una ley más ambiciosa. Si ya el ministro era decadente y se fue a Europa, ustedes hagan más moderna esta ley. Pero nos da que otra vez ustedes van a decir que no a las enmiendas que presenta toda la oposición, a pesar de que las nuestras y las del resto de los grupos hayan pretendido mejorar sustancialmente el régimen actual de pesca. Y se va a dar la circunstancia y la paradoja que, estando todos de acuerdo en que el sector necesita una adecuada regulación, ustedes se vuelvan a quedar solos, o prácticamente solos, sin dar una respuesta cierta a este mundo, con un marco legislativo insuficiente y escasamente ambicioso, incluso, en algunos aspectos, con un marco legislativo que no se alinea con las nuevas políticas pesqueras europeas.

En definitiva, señorías, estas son nuestras 13 enmiendas a una ley en la que —no sé si porque ustedes no han podido, o no han querido— no han realizado un esfuerzo para asumirlas y conseguir que entre todos tengamos una ley de verdad y no una que nazca ya desde hoy anticuada e impropia. Una ley de un Gobierno que, con su caprichosa gestión, va a castigar a la flota artesanal, al marisqueo, a la acuicultura, al sector comercializador y al sector transformador. Una ley de un Gobierno que lo primero que tendría que haber hecho era mirar por el sector y por los trabajadores de la mar, dotándoles de tranquilidad, que es lo que piden.

Señorías, nosotros no estamos de acuerdo con su regulación de la ley de pesca. Ahí tienen las 13 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, apóyenlas y conseguirán ciertamente un buen texto legal, si no, esta ley seguirá siendo un pegote para el sector que —no les quepa duda— tendrá que arreglar un próximo Gobierno del Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Pasamos al turno en contra de las enmiendas.

Senadora Larriba, tiene la palabra.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para dar a conocer la posición del Grupo Parlamentario Popular en contra de las 69 enmiendas presentadas a este proyecto de ley que se ha defendido a lo largo de esta mañana. De ellas, 7 se presentan por primera vez en el Senado, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y el resto de enmiendas fueron ya debatidas en el Congreso de los Diputados. En todo caso, me referiré a ellas en términos generales, agrupándolas por razón de su contenido y tratando al analizarlas de no repetir los muy exhaustivos argumentos que ya se han expuesto en el debate de la totalidad.

Sobre el reparto de las posibilidades de pesca ustedes dicen que este proyecto de ley no contribuye a un reparto equitativo de los derechos y cuotas transferibles entre los buques y que tampoco evita la acumulación de los derechos de explotación. No estamos de acuerdo en absoluto con este planteamiento. Muy al contrario, ya existe un tope legal del 30 % de derechos en un mismo caladero, en un mismo barco, en una misma empresa o en una misma asociación o grupo de empresas. La experiencia acumulada durante todos estos años —que es mucha y muy notable— ha redundado en una mejora continua de las condiciones de aplicación de los repartos de derechos y no parece razonable promover un intervencionismo del Estado en la gestión pesquera y que los derechos de pesca se apliquen a merced del criterio del Gobierno en cada




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momento. Por tanto, no lo compartimos en absoluto. Creemos que los repartos de cuotas no son arbitrarios y que, en todo caso, tampoco es materia del proyecto de ley que nos ocupa. Entendemos que su planteamiento no puede estar más lejos de la realidad. Da la impresión de que ustedes ignoran la existencia de los grupos de trabajo de los distintos caladeros de pesca españoles, integrados por las comunidades autónomas y la Secretaría General de Pesca, en cuyo seno se negocian y se adoptan las decisiones sobre los repartos de cuotas.

Señor Martínez Oblanca, permítame que ponga un ejemplo sobre Asturias, ya que ha sido usted el que se ha referido a esta cuestión. Si el reparto de cuotas de caballa de este año, por ejemplo, se hubiera aplicado de forma objetiva, teniendo en cuenta los históricos de capturas, los asturianos habrían obtenido solo el 1,3 % de la cuota. Lo cierto es, y usted lo sabe, que, tras la negociación en los grupos de trabajo asturianos, obtuvieron el 3 %. Esta es la discriminación positiva —yo diría que muy positiva— a la que están sometidos.

En materia de conservación de los recursos pesqueros plantean que desaparezca el control sobre los aparejos de pesca, olvidando que el tamaño de las artes, el uso de redes, anzuelos y su clasificación son determinantes en el esfuerzo pesquero, por lo que es oportuno y pertinente regularlos.

Tampoco consentimos el secuestro del discurso de sostenibilidad que hacen algunos grupos de la izquierda, porque para mi grupo parlamentario la sostenibilidad no es un concepto meramente medioambiental sino también socioeconómico: es solidaridad con las comunidades dependientes de la pesca, es racionalidad, es sentido común y no utopías que acaban en un cajón porque concitan el rechazo social de todo —e insisto en esto— el sector pesquero como aconteció con la Ley de pesca sostenible del Partido Socialista de 2011.

En relación con las reservas marinas, se han incorporado en el Congreso dos de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que vienen a reforzar su protección, incluyendo no solo la regeneración de los recursos pesqueros sino también la preservación de su riqueza natural y la conservación de especies marinas o la recuperación de ecosistemas.

Pretenden en cuanto al censo de la flota pesquera operativa que se excluyan de él a los barcos que se dedican a faenas auxiliares de la pesca. Esto no es posible, señorías, porque esta es una exigencia de la normativa comunitaria vigente y, además, de la actual normativa reguladora del censo.

Otra cuestión a destacar en este proyecto de ley es la creación de un nuevo registro general de la flota pesquera que elimina la dicotomía entre el actual registro de buques pesqueros y el registro de buques y empresas navieras gestionado por el Ministerio de Fomento, herramienta esta con la que se asegura el adecuado control de la capacidad y del esfuerzo de nuestra flota y, a la vez, se cumple con las obligaciones comunitarias sobre el suministro de datos de la titularidad y de la totalidad de los buques españoles. Sobre esta cuestión, el senador López Veiga ha dado una magnífica explicación y ha dejado claro que, en materia de ordenación del sector pesquero, la legislación básica es una función que corresponde al Estado y que a las comunidades autónomas compete su desarrollo y ejecución.

Por ello, con el nuevo registro de buques, la Administración General del Estado solo está unificando, a efectos de su envío al registro comunitario de buques, los datos del censo de la flota pesquera operativa y los datos de los registros de las comunidades autónomas de las embarcaciones que operan exclusivamente en aguas interiores. Con este nuevo registro —que lo que pretende es garantizar la uniformidad de los datos— en nada se están invalidando los registros de las comunidades autónomas.

Otro tanto sucede con los programas de modernización de la flota. Se rechazan las enmiendas presentadas en este sentido porque, en materia de construcción de buques pesqueros, la competencia es estatal.

En relación con las medidas de diversificación pesquera y acuícola, como bien explicó el senador López Veiga, la Unión Europea, a través de la política pesquera comunitaria y, concretamente, del Reglamento del FEMP, exige a los Estados miembros una legislación básica con normas de obligado cumplimiento para todos. Por ello, señores de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Vasco, es necesario introducir definiciones de pesca-turismo porque son la base de una área de negocio nueva en el ámbito jurídico nacional. Hay que generar la figura y, con ello, las condiciones de complementariedad y compatibilidad de la actividad de pesca extractiva y




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de la pesca-turismo, así como las condiciones del embarque del pasaje, que deberán ser establecidas por la Dirección General de la Marina Mercante.

Señorías, no se hipersensibilicen, no hay afanes centralistas ni se entra en contradicción con las comunidades autónomas, lo que hay es un escrupuloso reparto competencial establecido en la Constitución española y desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional. Les recuerdo que las definiciones y bases comunes del desarrollo de esta actividad han sido previamente consensuadas con todas las comunidades autónomas.

Esta ley contribuye a aglutinar y unificar criterios en torno a lo que podríamos llamar un acuerdo de mínimos, que facilitará el posterior desarrollo de estas actividades en todas las comunidades autónomas, tanto las que cuentan con normativa específica como las que aún no han regulado en esta materia.

Todos estamos de acuerdo en que la diversificación económica que representa el turismo pesquero, marinero y acuícola supone para el sector una oportunidad de crecimiento a la vez que —y esto no es una cuestión menor— una importante promoción de la cultura pesquera, de su patrimonio material e inmaterial. Muy al contrario de lo que ustedes plantean, lo que se quiere evitar es confundir a turistas y usuarios al aclarar, en términos generales, en qué consisten estas actividades de diversificación, independientemente del punto geográfico en el que estas se realicen.

Lo que no podrán negarnos es que se ha cumplido el compromiso del Gobierno manifestado en esta Cámara a instancias del Grupo Parlamentario Vasco al comienzo de esta legislatura de que la actividad de pesca-turismo, considerada como una actividad pesquera más, tenga cobertura legal. Así que esperamos su respaldo al proyecto de ley.

Hacen mención a la acuicultura, que entendemos que no es objeto de esta Ley de pesca marítima y que, además, ya está regulada en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos.

En relación con el régimen sancionador que, a juicio de algunos senadores —y cito literalmente— pone al sector pesquero bajo sospecha al añadir nuevas infracciones y elevar las sanciones y compromete la subsistencia del sector mediante un instrumento recaudatorio, el régimen de infracciones traslada al ordenamiento español las disposiciones establecidas por dos importantes reglamentos comunitarios: el Reglamento de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y el Reglamento de control 1024/2009, que ha sido ampliamente citado en el debate de hoy.

La graduación de las sanciones se eleva para conseguir que la legislación española cumpla adecuadamente con los tramos genéricos para sanciones administrativas en materia de pesca establecidos por la normativa comunitaria citada. Le recuerdo que son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Ustedes proponen, por ejemplo, rebajar las sanciones y facilitar el acceso a subvenciones o ayudas a los infractores, y esto, sin duda, no podemos aceptarlo, porque no solo no nos parece proporcionado y adecuado que los contribuyentes favorezcan con sus impuestos a aquellos que están poniendo en riesgo la conservación de los recursos pesqueros y, por tanto, la sostenibilidad del sector, sino que son principios recogidos en los reglamentos comunitarios y también en la vigente Ley de pesca marítima del Estado. Recomiendan, por otro lado, resarcir a los pescadores y mariscadores por los daños económicos causados en caso de que las medidas provisionales sean levantadas y no se lleguen a considerar infracción. Pues bien, a este respecto les recuerdo que la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas establecen el derecho de los particulares a ser indemnizados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, por lo que no es necesario introducir en este proyecto de ley ningún régimen de este tipo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Fidalgo.




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El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestra intervención de cierre del debate de esta ley quiere, en primer lugar, recordar lo caro que lo paga el sector. Ayer tuvo lugar un grave suceso en Boiro: la desaparición del barco Paquito II. José Germán Fernández, Santiago Blanco y Antonio Hermo y sus familias no van a tener Navidad. De alguna forma queremos reivindicar que cuando muere un marinero nos gustaría que tuviera la atención social que tienen otras muertes, como las que ha habido recientemente; en lo que va de otoño llevamos ya 6, y en la primavera fueron más de 20 y a las puertas del invierno, desde luego, las desgracias en el mar se siguen repitiendo.

Respecto a esta ley, la primera crítica que tenemos que hacer es por sus escasos contenidos: apenas se remite a regular la aplicación en España de determinada normativa europea, sin más contenidos. A mí, que soy de letras, me recuerda aquella definición matemática de conjunto vacío que parecía una contradicción en sí misma. Es una ley sin apenas contenido y que, desde luego, no valora en su justa medida la importancia de este sector. Un sector que solo en el ámbito extractivo genera 55 000 empleos y que es la vida en muchas comarcas que se dedican prácticamente al monocultivo en lo que se refiere a este sector económico porque viven solo de la pesca artesanal, de la acuicultura, del marisqueo o de la industria conservera, y esa es toda la actividad y todo el empleo que hay en esas comarcas.

Por lo tanto, este sector, que ya ha sufrido el desgaste y los golpes de la gestión del Gobierno durante estos tres años, al ver recortadas las dotaciones presupuestarias, no participando suficientemente en los fondos europeos o en la actividad, con las pérdidas de licencias o los caprichos en el reparto de cuotas, se enfrenta a una ley que podría ser una oportunidad para promover el sector, sin apenas contenidos nuevos para crear un cuerpo legal positivo en favor del mismo. Nos parece que la primera medida que deberíamos tomar para afrontar esta ley sería considerarla como una oportunidad para adoptar decisiones en favor del sector con el fin de crear y potenciar programas ante la nueva política pesquera común para que, en lugar de los inconvenientes y las amenazas que trae consigo la nueva política pesquera común, fuera una oportunidad para que este sector continuara siendo líder en el mundo y, en consecuencia, aprovechar el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para fomentar nuevas medidas de apoyo a las comarcas, al sector, en lugar de la actitud a veces partidista, como recientemente ha sucedido, en el reparto de fondos discriminando a comunidades en las que no gobierne el Partido Popular. Por tanto, creemos que también aquí cabría tomar medidas para optimizar la gestión, crear criterios sobre el reparto de fondos, etcétera.

Lo mismo sucede con las medidas que nosotros proponemos para mejorar la gestión de los recursos pesqueros, como es la creación de esa reserva de posibilidades de pesca, que introduciría criterios claros y transparentes sobre cómo se reparten las oportunidades de pesca. Lo mismo se puede decir de la mejora de las condiciones de trabajo, afrontando las medidas de seguridad por las razones que he citado antes, dadas las graves consecuencias y los repetidos accidentes que están sufriendo los trabajadores del mar en el sector con graves consecuencias. También cabría hablar de otra serie de medidas para regular las empresas mixtas, fomentar la cooperación internacional y proteger de forma integral los recursos pesqueros, así como prepararnos para afrontar los efectos del cambio climático.

En resumen, me parece que a esta ley le falta contenido para proteger a los pescadores. Y si me permiten, por el tiempo en que estamos, remitiéndome a una parábola evangélica, les diría que si el Partido Popular gobernara con estas políticas en Galilea, Jesús no hubiera encontrado pescadores que le siguieran y pudieran hacerse apóstoles. (Aplausos). Por lo tanto, a pesar de ello, permítanme que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, les desee a todos Bo Nadal y Bo Ano 2015, para todos los senadores, para todos los trabajadores de esta Casa, para todos los españoles y de una forma especial para la gente del mar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, señor presidente.

Señores socialistas, parece que ustedes no quieren que en este país haya una ley de pesca. Ustedes no fueron capaces de impulsar ni de respaldar la que está ahora en vigor, no fueron




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capaces de aprobar, en el año 2011, la que ustedes plantearon pero que no logró pasar de la tramitación en esta Cámara porque ustedes eran muy conscientes de que era rechazada por todo el sector, y ahora tampoco les gusta esta.

Para concluir y porque yo creo que el debate ha sido bastante exhaustivo, yo les voy a señalar 4 o 5 contenidos fundamentales de esta ley y les llamo, aunque sea en el último minuto, a que consideren su posición y la respalden. Señorías, estamos convencidos de que la modificación que introduce este proyecto de ley va a tener efectos positivos para la pesca española, que revitalizará su desarrollo socioeconómico, revitalizará el emprendimiento y la creación de empleo en las zonas costeras, en las cuales, y usted lo sabe bien como gallego, la pesca tiene un gran impacto.

Y quiero empezar por resaltar esta cuestión porque soy mujer y porque conozco bien a las mujeres que se dedican a estas tareas: hay un aspecto del proyecto que conviene resaltar, y es que recoge el principio esencial de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en línea con el Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 de este Gobierno. Desde luego, su inclusión en este proyecto de ley demuestra el compromiso del Gobierno con las trabajadoras del mar y, sin duda, es un punto de partida para el desarrollo posterior que, como bien ha recordado mi compañero el senador López Veiga, ya tiene en Galicia un amplio recorrido. Pero es que en esta ley tienen gran trascendencia los cambios que se introducen en materia de control pesquero, especialmente en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada porque establece un marco jurídico que será referencia internacional. Se fortalece el control de las importaciones de productos de la pesca ilegal provenientes de terceros países. Como ya tuve oportunidad de señalar en comisión, España en los años 2012 y 2013 efectuó más del 50 % del total europeo de denegaciones de partidas de productos pesqueros capturados ilegalmente. Y para que lo conozcan sus señorías, voy a comentar que las cifras de esta pesca ilegal que maneja la FAO son alarmantes, entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado anuales que alcanzarían un valor de entre 10 000 y 23 000 millones de dólares. Gracias a estas medidas de control, hemos recuperado nuestra posición de liderazgo en las negociaciones de pesca tanto a nivel comunitario como internacional, lo que se refleja en los logros obtenidos en el marco de la política pesquera comunitaria, en los acuerdos de pesca o en los significativos aumentos de cuotas, sin ir más lejos.

En relación con los procedimientos sancionadores, se modifica el régimen de destino de las capturas y productos pesqueros decomisados. No hemos hablado de ello, y por eso no quisiera que quedara en el tintero. Se introduce la posibilidad de donar estas capturas a entidades benéficas para evitar su introducción en el mercado y favorecer la labor social que realizan estas entidades.

Señorías, termino diciendo que lo que pretende el proyecto de ley es favorecer sin duda la situación socioeconómica del sector pesquero español, que fomenta la diversificación pesquera y acuícola como complemento a la actividad principal.

Por todas estas razones, nuestro grupo apoya decididamente este proyecto de ley.

Señorías, quero concluír desexándolles Feliz Nadal a todos e Feliz Ano Novo. Feliz Navidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a dar comienzo a la votación de las enmiendas, utilizando los mismos procedimientos de antes. En este caso no hay votación telemática y hay diez escaños cuyos dispositivos de votación no funcionan.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3 y 4.




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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 164; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 164; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos de la 6 a la 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca, votamos las enmiendas 27, de la 30 a la 33 y la 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 1; en contra, 214; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 14; en contra, 213; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 151; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 214; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 214; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos las enmiendas 10 a 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 18; en contra, 151; abstenciones, 65.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya votamos las enmiendas 47, 51, 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 48, 49, 54, 55, 57 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 151; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 151; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 156; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 58, 62 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 67; en contra, 164; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 165; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 60, 61, 64 y 66 a 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 66; en contra, 151; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas 38, 39 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 81; en contra, 149; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 37 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 149; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40, 41, 42, 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra, 151; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 165; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 13, 16, 18 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 14, 15, 19 a 21, 23 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 156; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 151; en contra, 77; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado.

6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (SEXPE) Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y USO GRATUITO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA «CONTROL DE DESEMPLEADOS DEL SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

AUTORES: JUNTA DE EXTREMADURA Y GOBIERNO DE LA RIOJA




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El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones).

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

(Núm. exp. 770/000004)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha emitido dictamen en relación con la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, que incluye una resolución aprobada por dicha comisión en su sesión del día 9 de diciembre de 2014.

En turno a favor tiene la palabra el senador Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Muchas gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna para presentar un turno a favor de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012 en representación del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, quisiera ubicar adecuadamente el problema al que se enfrentó el Gobierno de la nación, que tomó posesión el día 21 de diciembre de 2011. Todos recordarán que la irresponsabilidad del Ejecutivo saliente por incumplir sus obligaciones constitucionales de carácter económico les llevó a no tener presupuestos a la hora de esta toma de posesión. Pero no solamente presupuestos aprobados, sino que ni siquiera habían sido presentados. Los nuevos presupuestos fueron aprobados el 29 de julio de 2012, que son los que se someten a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

También cabe recordar que en una de las crisis económicas más intensas de España, el Gobierno de España se encontró con una situación económica sin precedentes y, repito, sin presupuestos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

La situación, en resumen, podría señalarse de la siguiente forma: son unos presupuestos mil veces reventados, un desempleo a razón de 3000 personas diarias, hasta alcanzar 5,5 millones de parados, cuando ellos habían prometido el pleno empleo; los sueldos públicos reducidos por primera vez en los últimos setenta años; enorme velocidad de destrucción en las empresas; una deuda pública imparable; un déficit público superior a 3 puntos al exigido por Europa. (Rumores). En elecciones mintieron…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, no se oye al orador; por favor, ruego silencio.

El señor PARRO DEL PRADO: En elecciones mintieron diciendo que el déficit solo alcanzaría el 6 % y que cumplirían con lo exigido por Europa, sin embargo el déficit alcanzó el 8,9 %, y, por lo tanto, 30 000 millones de déficit que el nuevo Gobierno tenía que asumir, por las buenas o por las malas; situación crítica de las finanzas de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y corporaciones locales; crisis financiera bancaria de una muy difícil solución y pérdida de confianza —lo más grave de todo— en España de los mercados, con la consiguiente subida de la prima de riesgo, que alcanzó hasta los 600 puntos básicos.

Entrando en la Cuenta General que estamos fiscalizando y se pretende aprobar hoy en esta Cámara, en cuanto a las obligaciones reconocidas netas consolidadas en los ejercicios 2010 a 2012, clasificadas por políticas de gastos y por capítulos respectivamente, se puede deducir del




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análisis de los anexos que el gasto total se ha incrementado en 2012 respecto de 2010 en un 7 %, 27 600 millones en términos absolutos, mientras que en 2011 respecto a 2010 se había reducido en un 10,1 %, 40 000 millones, lo que supone que la relación entre 2012 y 2011 supuso un incremento del 19 %, 67 000 millones.

Del análisis de gastos cabe destacar que el programa de actuaciones de carácter general representó el 47,9 % del total respecto de los gastos consolidados, esto es, casi el 50 % del gasto del Estado fue a parar a actuaciones de carácter general, con un incremento con respecto de 2011 en este capítulo de 77 166 millones. ¿Dónde hubo aumento? Principalmente, en los siguientes aspectos: con valores absolutos, les puedo decir que se destinó un aumento de 17 166 millones por operaciones relativas a la aportación del conocido FLA, 49 242 millones por préstamos concedidos al FROB y 9775 millones por amortización de deuda pública. Estos gastos fueron atendidos como reflejo de un país en quiebra que tuvo que asumir el nuevo Gobierno tras la desastrosa actuación del Gobierno socialista, que puso a España al borde del precipicio y de la intervención y el rescate. Sería justo reconocer hoy por parte de todos que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy han evitado el drama que nos venía.

En cuanto a obligaciones y derechos reconocidos netos, en términos globales y a nivel agregado, fueron 462 016 millones de euros, inferiores en 35 700 a los créditos definitivos, que eran de 497 millones, lo que supone un índice de ejecución del 92,8 %. La mayor desviación, en valor absoluto, se ha producido en la política de gasto, administración financiera y tributaria, motivada principalmente por una operación de concesión de préstamos al Fondo de reestructuración ordenada bancaria, FROB, con lo que, si bien el importe autorizado para el ejercicio fue de 60 000 millones de euros, las obligaciones reconocidas ascendieron a 39 468 millones, lo que supuso un 8,5 % de todas las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Además, se han producido desviaciones significativas: en deuda pública, 2421 millones; en investigación, desarrollo e innovación, 2410 millones; en servicios de carácter general, 2207 millones, y en otras prestaciones económicas, 1674 millones.

En definitiva, la actuación dirigida a salvaguardar el sistema financiero del FROB es el principal causante del mantenimiento del gasto público en este ejercicio. En otras palabras, sin necesidad de salvaguardar a las cajas de ahorros afectadas por diversas situaciones de insolvencia producto de una deficiente gestión y seguramente de una gran laxitud en su control en épocas precedentes, la ejecución presupuestaria habría sido notablemente menor en gastos.

También se pone de manifiesto claramente que los ingresos del capítulo IX, es decir, los obtenidos principalmente por deuda pública han sido superiores a los previstos en 66 736 millones como consecuencia de las mayores necesidades de financiación. Pese a la reducción de gastos acometida por el nuevo Gobierno y la subida impositiva adoptada en diciembre de 2011, se produjo una necesidad de financiación que superó los 160 000 millones que requirieron nuevas emisiones de deuda pública. Esto es, el Gobierno se encontró con una situación que exigió financiar con deuda pública el 34 % de todo el gasto público del Estado. Era lo que había que hacer; era el menos malo de los remedios sobre todo para evitar el peor de los males, es decir, la intervención y el rescate.

La rúbrica de créditos y valores representativos de inversiones tienen un saldo de 72 405 millones que se incluyen en los importes pendientes de cancelar a largo plazo de los créditos concedidos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por las liquidaciones negativas de los recursos del sistema de financiación de los años 2008 y 2009. En el caso de las comunidades autónomas asciende a 15 708 millones y el de los ayuntamientos a 4173 millones.

También se incluyen los anticipos presupuestarios concedidos en 2012 a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por importe de 2258 millones como consecuencia de una disposición transitoria de la Ley de presupuestos del año 2012 que permite aplicar un mecanismo financiero extrapresupuestario con el objetivo de extender a 120 mensualidades iguales a computar a partir del día 1 de enero de 2012 el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

En esta misma rúbrica se incluyen los préstamos concedidos en 2012 a 9 comunidades autónomas por el FLA, creado por el Real Decreto Ley de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas en el ámbito financiero. La finalidad era dotar de liquidez a las comunidades autónomas por un importe de 16 642 millones.




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Para finalizar, no hay que olvidar los préstamos concedidos a la República Helénica, cuya gestión se realiza por un fondo carente de personalidad jurídica denominado Fondo de apoyo a dicha República, con dotaciones presupuestarias de 9794 millones, de los cuales a 31 de diciembre de 2012 se habían concedido 6 créditos con vencimiento a largo plazo y cuyo valor asciende a otros 6299 millones. En fin, una Cuenta que es fiel reflejo de la herencia recibida que refleja el estado de ruina en el que se encontraba España, a la que hubo que aportar decisiones duras pero que, a la postre, sirvieron para no ser intervenidos y para que hoy estemos, gracias a Dios, en números de crecimiento.

Por todo ello pido el voto favorable a la Cuenta General del Estado de 2012. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto, senador Iglesias? (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco, senador Bildarratz? (Denegaciones).

Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Señorías, intervengo brevemente y desde el escaño.

Estamos tratando la Cuenta General del Estado correspondiente al año 2012, por tanto, al primer ejercicio del Gobierno del Partido Popular tanto desde el punto de vista del sector público administrativo como del empresarial y fundacional. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, aun tratándose de la Cuenta General del Estado y de las cuentas del primer ejercicio del Partido Popular, resulta que es todo culpa también de la herencia recibida.

En primer lugar, quisiera decir que el informe del Tribunal de Cuentas advierte importantes deficiencias e irregularidades desde un punto formal —yo creo que esto no es debido a la herencia—, irregularidades en cuanto a rendición de cuentas, cuentas no presentadas por algunas empresas y fundaciones, o presentadas fuera de plazo. Estamos hablando de la no integración en la Cuenta General de algunas entidades del sector público; del incumplimiento del título II, sobre buen gobierno; de la Ley de transparencia, referente también a la información; de la necesidad de subsanar las deficiencias observadas en las cuentas de las entidades públicas que presentan informes, algunos de ellos, con opinión favorable, pero con salvedades, en alguna ocasión con opinión desfavorable por parte del tribunal, y en otras con opinión denegada, así como de la anulación de fondos sin personalidad jurídica o, tal como dice el informe, de la necesidad de corregir el incremento de las operaciones de gastos pendientes de aplicar al presupuesto en curso —en este sentido, en 2012 supusieron más de 10 000 millones de euros, un 13 % más que en el ejercicio anterior, el de 2011, último del Partido Socialista—, o de la necesidad de elaborar correctamente los inventarios de bienes, repito, de elaborar correctamente los inventarios de bienes.

Resumiendo, señorías, una Cuenta General de 2012 manifiestamente mejorable. Esperemos que el año próximo el Partido Popular cumpla con la resolución aprobada en el seno de la comisión mixta. Una resolución de 62 puntos a la que nosotros vamos a votar afirmativamente, así como al conjunto de la declaración sobre la Cuenta General del Estado para el año 2012.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, primera Cuenta General del Partido Popular a presupuestos que aprobamos en 2012, que correspondían al ejercicio de dicho año. Por tanto, más allá de la herencia recibida, que puede servirles como argumento para algunas de las cuestiones, este es un presupuesto ejecutado íntegramente por el Gobierno del Partido Popular.




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Dicho esto, vaya por delante que hay algunos aspectos en cuanto a la rendición de cuentas, que entendemos mejorables. ¿Se ha mejorado respecto de ejercicios anteriores? Efectivamente. Hay menos organismos autónomos, menos fundaciones y menos empresas que no rinden cuentas, en las que la opinión de las auditorías ha estado denegada o que las rinden tarde. Aun así, hay que poner de manifiesto que todavía son una cantidad que, desde nuestra óptica, es inaceptable. Hay que recordar que a muchos ayuntamientos, a muchas corporaciones locales, se les paraliza la transferencia de la participación en los tributos del Estado por no rendir cuentas en tiempo y forma. En cambio, la Administración General del Estado no es capaz de hacerles cumplir dichos plazos a los organismos que dependen de ella.

Quiero añadir dos cosas sobre la ejecución presupuestaria. Podríamos comentar muchísimas. De hecho, el informe del Tribunal de Cuentas da para mucho. Pero, miren (El señor senador muestra una publicación): ¿reconocen este libro? Es el libro amarillo de los presupuestos, pero no de los presupuestos de 2015, sino de 2012. Porque cuando uno pasa cuentas de un cierre de ejercicio, hay que recordar cómo presentaron el presupuesto de 2012. Fíjense: página 99 del libro amarillo, análisis de los gastos planificados en defensa; textualmente: 6260 millones para la política de defensa, un 8 % menos que en 2011. Y especifica: En este contexto, hoy más que nunca, el conjunto de objetivos que se plantean solo serán alcanzables mediante una adecuada racionalización de los medios y efectivos disponibles.

Defensa. Cuando ustedes presentan el presupuesto de defensa nos dicen que lo van a reducir en un 8,8 %. ¿Qué ha pasado con el presupuesto de defensa en el 2012? Se lo explico. ¿Han hecho modificaciones presupuestarias?, sí. ¿Han ampliado los créditos existentes?, sí. ¿Por una cuantía modesta? No. ¿Por una cuantía de escándalo? Sí, y se lo voy a confirmar: han incrementado el presupuesto de defensa en un 43,43 %, 2722 millones de euros más en defensa de lo que habían presupuestado. Y, por tanto, en lugar de reducir el presupuesto de defensa en un 8,8 %, lo que han hecho es que han incrementado el presupuesto de defensa en un 12,36 %. Eso sí, han reducido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus gastos en un 21 %, han reducido los gastos en Sanidad y Servicios Sociales en un 13 % y han ahogado financieramente a las comunidades autónomas, que, como les recordaba ayer, gastan esencialmente el 70 % de su presupuesto en políticas sociales, en políticas sanitarias y en políticas educativas.

Alguien tendría que venir aquí, subir a esta tribuna y explicar por qué en el contexto del 2012 presupuestan un 8,8 % menos los gastos de defensa y presentan, sin el debate necesario en estas cámaras, modificaciones presupuestarias por un 44 % más en los gastos de defensa. Eso es lo que queremos escuchar hoy. Queremos encontrar una justificación. Porque a las comunidades autónomas se les puede pedir mucho sacrificio, y ahora voy a hablar de ellas, pero cuando los gastos en defensa se incrementan de forma desmesurada y con modificaciones presupuestarias absolutamente legales, pero a espaldas del debate político en las cámaras donde se aprueban los presupuestos, alguien tiene que subir a esta tribuna y dar las correspondientes explicaciones.

Más allá de la herencia recibida, alguno de ustedes puede tener la tentación de decir que esto se ha hecho siempre. Yo les diría que, desgraciadamente, era una costumbre infravalorar los gastos del Ministerio de Defensa, pero, para que tengan una referencia, sepan que en el 2011 también pasó, aunque el incremento en los gastos en defensa fue de un 16 %, no de un 44 %. ¿Era una costumbre del Gobierno anterior? Sí, pero es que ustedes la han multiplicado por 3; en lugar de reducirla, la han multiplicado por 3.

Y esta liquidación del presupuesto de 2012 del que nos da cuenta el informe del Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto una cuestión en relación con los objetivos de déficit, y alguien puede pensar que es una obsesión de este senador, y no lo es. Yo les recomiendo que se lean mi intervención de junio de 2012, cuando estábamos aprobando el presupuesto de 2012 en relación con el déficit y los objetivos del déficit. En aquellos momentos, a través del libro amarillo de 2002, ustedes aprobaron un objetivo de déficit para el conjunto del Estado español de 5,3 puntos porcentuales sobre el PIB; 3,5 para la Administración central y la Seguridad Social. ¿Sabe cuál fue la realidad de la liquidación del presupuesto? Entre la Administración central y la Seguridad Social generaron un déficit en este presupuesto, que era su presupuesto, de 5,23 %. Es decir, superaron las previsiones del presupuesto en un 49,43 %. Ustedes pueden decir que las comunidades autónomas también lo incumplieron, y es verdad; a las comunidades autónomas se les había asignado un 1,5 % y al final tuvieron un déficit de un 1,84 %. Las comunidades autónomas




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superaron su objetivo de déficit inicial en un 22 %. La Administración General del Estado y la Seguridad Social superó su objetivo de déficit en un 49 %, y una parte de esto está en el incremento del 44 % del Ministerio de Defensa. Eso también es necesario que venga alguien y que dé explicaciones. No es comprensible; no es comprensible y esto no forma parte —se lo digo sinceramente— de la herencia recibida. Esto es propio de la gestión presupuestaria del Gobierno que ustedes apoyan.

Por tanto, más allá de que, como suele ser costumbre, obviamente, nosotros vamos a votar a favor de la formulación de la Cuenta General del Estado y de las recomendaciones que surgen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, pero hay que poner de manifiesto que la ejecución presupuestaria no ha sido la deseable. Nosotros estábamos en contra del presupuesto de 2012 por las razones que allí analizamos y la verdad es que la ejecución del presupuesto de 2012 que hoy también estamos analizando nos da no solo la razón, sino que nos da muchísimas más razones para haber votado en contra.

De todas formas, a mi grupo nos gustaría que alguien nos explicara por qué en el contexto actual, en el contexto de ajustes presupuestarios durísimos —durísimos para la Administración central y también durísimos para las comunidades autónomas—, el presupuesto de defensa se modifica y se amplían créditos por un 44 % de los créditos iniciales.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Bel.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bel, si le contestara la señora Cospedal, le diría: ¡Porque estamos en guerra, que usted no se ha enterado! (Risas). Seguramente sería eso lo que le contestaría la señora Cospedal. (Risas).

Pero les voy a decir lo siguiente. He estado escuchando atentamente al portavoz del Grupo Popular y yo creo que lo que le podría definir según nuestro punto de vista es: ¡Qué mal estaba todo cuando llegamos y qué mal lo pusimos! Ese sería el mejor ejemplo de lo que tenía que decir el Partido Popular: lo mal que estaba todo y lo mal que lo pusimos. Seguimos otra vez con la herencia, y vuelta con la herencia, y más herencia. Si todos sabemos ya la situación en la que se encontraba este país y muchos de los países de la Unión Europea, en una situación de crisis profunda, que a día de hoy todavía perdura por mucho que se quiera decir lo contrario, todavía seguimos en crisis, y este fin del mundo que nos han anunciado aquí, y que si no llega el Partido Popular hubiera llegado y no sé qué le hubiera pasado a este país.

No, vamos a ver. Por supuesto que la situación era complicada, una situación difícil, pero no lo decimos nosotros, porque nosotros tuvimos que hacer los ajustes del año 2010. El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, señor Amadeu Altafaj, ha dicho claramente que a España no se le iba a rescatar por los ajustes que había hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy a su pesar, pero eso es lo que dice la propia Comisión Europea.

Nos encontramos, por lo tanto, en esta Cuenta General del año 2012, como también se ha dicho aquí, un año íntegramente gobernado ya por el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que durante este año, durante el año 2012, ante un panorama en el que previamente sabían que no se iba a poder llevar a efecto ni una sola de las falsas promesas electorales que el Partido Popular hizo a todos y a cada uno de los españoles, han seguido intentando en vano cambiar el orden y el concepto de las cosas, llamando reformas a los recortes y haciendo una política en la que claramente se beneficia a una muy minoría para perjudicar con sus imposiciones a la inmensa mayoría. Los mayores recortes de la democracia se llevaron a cabo en apenas dos semanas después de la composición del Gobierno, en el primer Consejo de Ministros, cuando la vicepresidenta anunció la que seguramente sea una de las mayores subidas de impuestos en la historia reciente de España.

Subieron el IRPF en todos los tramos; se recortaron casi 9000 millones en inversiones públicas; se paralizaron todas las convocatorias de empleos públicos, dejando a 0 la tasa de reposición; hicieron desaparecer el calendario de aplicación de la Ley de dependencia; suprimieron la renta básica de emancipación. Como este primer tajo no les parecía suficiente, en su carrera de recortes, en abril vuelven a regalar a los ciudadanos otro recorte de 10 000 millones de euros, 7000 millones




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de ellos en sanidad y 3000 millones en educación e imponen el copago farmacéutico que, por primera vez en la historia, obligaba a los pensionistas españoles a que se pagasen —y se paguen— parte de sus medicamentos. Como no les parecía suficiente —entiendo que considerando que los pensionistas españoles ganaban mucho dinero—, al final, sacaron más de 400 fármacos de la lista de medicamentos subvencionados. Subieron las tasas universitarias y devolvieron el ratio de alumnos por aula retrocediéndolo en más de veinticinco años y también llevando a cabo el despido de profesores interinos.

Seguía sin ser suficiente y nuevamente, en este mismo ejercicio, se siguen recortando derechos a las personas paradas y dependientes y se vuelven a subir los impuestos. Subieron el IVA, y eso que nos dijeron hasta la saciedad —hasta hicieron campaña y sacaron mesas a las calles— que no se podía subir el IVA cuando había una época de crisis. Y también retiraron la desgravación por compra de vivienda. Llevaron a cabo una reforma laboral con la que, según ustedes, de forma casi automática se iban a empezar a crear miles y miles de puestos de trabajo, que comenzaría a crearse empleo. Pero los números reflejaron en poco tiempo que se provocaría el efecto, precisamente contrario; la destrucción de puestos de trabajo seguiría siendo imparable, superando por primera vez en la historia el 25 %, consiguiendo, eso sí, despidos de saldo y caídas en los salarios, que se vienen produciendo hasta el día de hoy.

Si los españoles no tenían suficiente, aparte de perder su trabajo con una indemnización ridícula y una prestación mediocre, el Partido Popular impuso la Ley de tasas, para que antes de que se pudiera recurrir al amparo de la tutela judicial efectiva tengamos que pasar por caja, ante el rechazo de todos y cada uno de los sectores judiciales.

Esta situación, en parte, también se refleja en esta Cuenta General en la que el presidente del Tribunal de Cuentas nos dice que siguen faltando organismos autónomos por integrarse en la Cuenta, circunstancia y hecho —lo reconocemos— que también ocurría con anterioridad. Hecho que ustedes, además, también habían criticado y ahora que gobiernan siguen sin solucionar También nos indican que en la liquidación de los presupuestos de modificación de los créditos iniciales, que ascendieron en términos netos a 105 204 millones de euros, se observan deficiencias en algunos expedientes; que se incrementan un 38,2 % las modificaciones netas de créditos iniciales, cuando en el ejercicio 2011 tan solo fueron del 7,7 %, hecho que ustedes también criticaron y vean ahora el resultado de su gestión.

También se evidencia por el Tribunal el no reconocimiento de obligaciones por 5577 millones de euros, que correspondían a gastos realizados en el ejercicio, al igual que defectos en operaciones que tienen repercusión en el resultado presupuestario del ejercicio por un importe negativo de 3396 millones de euros. Como continuación de lo anterior, el tribunal hace referencia a otra no imputación también de 336 millones de euros.

En las conclusiones se hace referencia al incumplimiento del artículo 34 de la Ley general presupuestaria en una serie de operaciones que repercuten negativamente en la representatividad de la Cuenta General. Siguen existiendo problemas con los inventarios de bienes —también lo ha dicho aquí algún portavoz— y derechos que constituyen el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado y de la Tesorería General de la Seguridad Social, otra circunstancia que ustedes también habían criticado y que tampoco son capaces de solucionar estando ya en el Gobierno.

De la Cuenta se desprende también el aumento del endeudamiento del Estado, aquello que ustedes decían que no se podía continuar así y que tanto criticaron. Lo siguen ustedes haciendo y en este ejercicio lo elevaron más de un 13,6 % y un desahorro de casi 60 000 millones de euros. El presidente del Tribunal de Cuentas destacó que en el sector público administrativo no se aporta suficiente información y se denuncia la falta de explicación de las causas que motivan las desviaciones entre el resultado presupuestario obtenido y el previsto inicialmente.

Como novedad se incluyen en esta Cuenta General los números del FROB, con una aportación de 12 750 millones de euros, donde el Tribunal también valora negativamente que solo se hayan deducido por deterioro 6750 millones de euros, cuando tenía que haberse deducido el total de la inversión. Otro toque negativo del Tribunal de Cuentas a esta Cuenta del Partido Popular. No puede ser que 13 entidades no hayan rendido las cuentas individuales que se les ha reclamado por la Intervención General de la Administración del Estado, o el resultado negativo de casi 25 000 millones de euros de la cuenta de pérdidas y ganancias.




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Señorías, finalizo esta intervención poniendo de manifiesto 3 puntos. Siendo el primer ejercicio del Gobierno de Mariano Rajoy el resultado que arroja la Cuenta General es muy negativo y contrario a lo que han estado ustedes criticando una y otra vez antes de llegar al Gobierno. Eso que criticaban es lo que están ustedes haciendo. El año 2012 ha pasado a la historia moderna de nuestro país como el año de mayor retroceso en cuanto a los derechos de las personas y servicios públicos para los ciudadanos. Después del primer año de Gobierno del Partido Popular, la situación económica, social y política de nuestro país ha empeorado, como reflejan la inmensa mayoría de los índices económicos y sociales. No obstante, nosotros, debido a que se trata de un documento técnico, votaremos favorablemente esta Cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero desearles a todos una feliz Navidad y que el próximo año nuevo alcancen prosperidad, salud y felicidad.

A la fuerza tengo que hacer una réplica de lo que se ha dicho, pues esto parece la rueda del molino: siempre dando vueltas en la misma dirección y siempre negando lo que no se puede negar. El día 21 de diciembre de 2011 no es el día en que, hasta entonces, las cosas pasaban como pasaban y, desde esa fecha, pasan de otra forma. No, en política no es así, en economía no es así, en desempleo no es así, en sanidad no es así, en cultura no es así, como tampoco ocurre así en educación ni en ningún otro servicio. Lo único que ha ocurrido el día 21 de diciembre es que un equipo de Gobierno del Partido Popular, alcanzada la mayoría absoluta, tomó las riendas del Estado español con las consecuencias correspondientes, soportando y dando continuidad a todas aquellas cosas que debían tenerla en relación con lo anteriormente hecho. El negar las circunstancias y venir a decir que la herencia no existía es una barbaridad, como lo sería negar que el Partido Socialista heredó en 2004 un Gobierno del Partido Popular con las cajas llenas y decreciendo los índices de paro cada día. El 50 % de todo el empleo que se creaba en Europa tenía lugar en España. Por tanto, los resultados del Gobierno Socialista de 2004 no eran consecuencia de lo que él estaba haciendo, era una consecuencia heredada. Pues claro que sí. Y en 2012 el Partido Popular no ha podido desarrollar ninguno de sus principios programáticos con los que se presentó a las elecciones. Bastante tenía con solucionar los problemas heredados, que eran gordos y muy importantes. Pero parece que, nada, ¡el día 21 de diciembre el mundo se ha acabado! ¡Ya no tenemos responsabilidad de nada, ya no hay ninguna consecuencia! Pues no, señor. Todos los datos de esta Cuenta manifiestan claramente que ha habido que hacer unos equilibrios extraordinarios, imposibles de comprender por quienes la formulaban incluso, pero que se tuvieron que hacer para salvar una situación de quiebra en España. Y la situación de quiebra de España no es responsabilidad del Gobierno entrante. La situación de quiebra de España es responsabilidad del Gobierno saliente y ustedes —y a usted tampoco se lo he oído decir, señor Sen— todavía no han pedido perdón por no haber reconocido que la crisis estaba ahí, por no reconocer lo que se entregaba... (Protestas.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Estoy cansado ya de escucharles. Yo tengo derecho a hablar tanto como los demás y no he discutido nada de lo que ha dicho el señor Sen y alguno de ustedes me ha mandado callar hace un rato. No, señores, el respeto es fundamental, y decir la verdad de las cosas también es fundamental. (Aplausos).

Claro que es la Cuenta del Partido Popular; claro que ha gestionado el presupuesto el Partido Popular; claro que la ha presentado; y claro que ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque era necesario hacerlo: pagar lo que no estaba pagado —claro que sí—; rescatar la confianza del país que estaba perdida —pues claro que sí—. Además, esta Cuenta demuestra en todos sus números que precisamente el Partido Popular ha sabido gestionar porque hemos alcanzado hoy, en 2014, un Estado que no era imaginable en julio de 2012. (Rumores). No era imaginable, y a ninguno de ustedes le llegaba la camisa al cuello. (Protestas).

Señor Bel, usted me parece muy equilibrado en muchas cuestiones, aunque solo coincidamos en algunas, pero basa todas sus intervenciones, una y otra vez, en no reconocer ningún valor a la política económica del Partido Popular con respecto al FLA y a las comunidades autónomas. Esta




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Cuenta, aparte de todas esas deudas, ha tenido un gran punto de inflexión económica en relación con los gastos y, sobre todo, en relación con la deuda, y con lo pagado con deuda pública: la intervención del Estado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en razón de una situación insostenible de quiebra total en muchos ayuntamientos y también en las comunidades. La falta de financiación era grave para el país, se ha sido valiente y se ha tomado la decisión de producir gastos a la deuda pública, en razón de lo que son gastos de Estado.

Además, usted sabe —porque el otro día lo discutimos— que no tiene nada que ver, —a pesar de la opinión del señor Sen— el decreto de abril de 2014 de ayuda a los ayuntamientos con el actual decreto por el que se regulan las ayudas a los ayuntamientos, que hace posible que se pueda sobrevivir y, lógicamente, pagar cuando se tenga que pagar.

De verdad, creo que es la Cuenta del primer año de Gobierno del Partido Popular que demuestra la justa herencia recibida; claro que sí. Y no está mal hablar de la herencia recibida porque ustedes no lo hicieron cuando la recibieron tan bien, con buenas muestras de resultados económicos y sociales en 2004, 2005 y 2006, pero ahora no aceptan —como no aceptaron la crisis— que lo hicieron mal y, por tanto, que era necesario hacer lo que había que hacer, recortes incluidos. Lo que había que hacer y lo que se ha hecho, recortes incluidos en todos los aspectos que usted ha señalado, es lo que se debía hacer y, lógicamente, muchos nos preguntamos qué habría sido de este país si el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones. (Protestas.—Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A la vista de las intervenciones ¿se puede aprobar por asentimiento la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012? (Asentimiento).

Gracias. Por asentimiento queda aprobada.

8. HABILITACIONES

8.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS Y EL ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS Y DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

(Núm. exp. 551/000055)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre reuniones durante del mes de enero de 2015.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.2. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LAS MEDIDAS A DESARROLLAR PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS DE MONTAÑA.

(Núm. exp. 551/000056)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 8.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre 2 sesiones extraordinarias durante del mes de enero de 2015.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.3. COMISIÓN DE FOMENTO.

(Núm. exp. 551/000057)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 8.3.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria el día 26 de enero de 2015, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 149128.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.4. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

(Núm. exp. 551/000058)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 8.4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria en el mes de enero de 2015, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 151467.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME

9.1.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES.

(Núm. exp. 543/000007)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos de la mencionada ponencia de estudio, por un período adicional de dos meses.

¿Se aprueba dicha solicitud por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

10. PETICIONES

10.1. INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2014.

(Núm. exp. 871/000005)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 10. y 10.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la presentación del informe, tiene la palabra la señora Leyte. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Aunque tarde, buenos días, señorías.

En el curso de la sesión celebraba el día 10 de diciembre de 2014 la Comisión de Peticiones aprobó el correspondiente informe a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los días 1 de febrero y 30 de junio de 2014. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece relación de peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre las mismas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a las que se trasladaron.

Durante el período de sesiones a que se contrae el presente informe la comisión recibió un total de 57 peticiones. Como en informes anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, número de petición e indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas puesto que una misma petición da lugar en algunos casos a 2 o más trámites simultáneos o




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sucesivos, y, por otra parte, las peticiones recibidas después de la última reunión de la comisión, previa a las vacaciones parlamentarias, son estudiadas en el siguiente período de sesiones.

Para archivo: 9 peticiones —sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo permitan— se archivan por no tener carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la comisión, sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo; 19 peticiones han sido trasladadas a los diversos departamentos ministeriales y 15 a otros organismos. También les informo de que durante el período que comprende el presente informe se han recibido respuesta a 20 peticiones, que se han tramitado remitiéndolas a los diferentes organismos.

Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado del seguimiento de las mismas, y ha dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.

Nada más, solo quiero desearles a sus señorías, a los funcionarios, a los trabajadores y a las fuerzas de seguridad de esta Casa unas felices Navidades, y que todas las peticiones de sus cartas a los Reyes Magos se hagan realidad en 2015, con el deseo de que sea un buen año para todos los españoles, especialmente para los más desfavorecidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

La Cámara se da por enterada del informe.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2014, EN RELACIÓN CON VARIOS SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000010)

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1. y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Moreno Bonilla.

El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra muy brevemente para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su sesión celebrada el pasado 9 de diciembre de este mismo año y que se refiere a todos los miembros de la Cámara que se encontraban pendientes de este trámite, que son los siguientes: Amores Regalado, don Rubén; De Barrionuevo Gener, don Avelino; López Águeda, don Óscar y Sedó Alabart, don Salvador.

En relación con la situación de todos ellos, la comisión ha emitido dictamen favorable, toda vez que no existe en su situación causa alguna de incompatibilidad con el mandato de senador. De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del Senado, se emite como dictamen de lista, es decir, sin motivación individual, para cada uno de los senadores incluidos.

Importa señalar que la comisión ha aprobado este dictamen por unanimidad y siguiendo la propuesta formulada también por unanimidad de sus miembros. La había formulado la ponencia permanente constituida en la comisión, que está integrada por los senadores Campoy Suárez, Fuentes Gallardo y Sendra Vellvè.

Dicha ponencia ha examinado atentamente las declaraciones formuladas por los senadores al incorporarse a la Cámara, y les ha solicitado, cuando ha sido necesario, documentos y declaraciones complementarias acerca de su situación. En particular se ha comprobado que no se da duplicidad de retribuciones públicas y, en el caso de ocupar cargos en compañías privadas, que estas no son contratistas de la Administración o del sector público.




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Desde hace muchas legislaturas, la Comisión de Incompatibilidades observa la costumbre de encargar a su presidente la presentación de sus dictámenes al Pleno de la Cámara, como una muestra más del sentido institucional con el que quiere desarrollar sus tareas. En nombre de toda la Comisión de Incompatibilidades, concluyo solicitando lógicamente el voto favorable de sus señorías para este dictamen. Y no quiero despedirme sin desearles una muy feliz Navidad y un próspero y mejor año 2015.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Moreno Bonilla.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Denegaciones).

¿Se puede aprobar por asentimiento? ¿Nadie quiere salvar su voto? (Pausa).

Pues queda aprobado por asentimiento.

Dos notas muy rápidas: la Comisión de Interior se va a reunir a las cuatro en la Sala Clara Campoamor. Y la Mesa de la Comisión de Suplicatorios, integrada por los senadores y senadoras López Veiga, Vázquez Muñoz, Varela Sánchez, Torres Sánchez y Navarro Andreu, se reunirá ahora al finalizar el Pleno en el Salón de ministros.

Señorías, felices Pascuas a todos, feliz Navidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y veinte minutos.


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