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DS. Senado, Pleno, núm. 138, de 10/12/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 64

celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2014

ORDEN DEL DÍA

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.

Comisión: Presupuestos

(Núm. exp. 621/000100)

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor de la recuperación y reparación de la memoria histórica.

(Núm. exp. 671/000149)

Autor: GPV

3.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la ejecución del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras.

(Núm. exp. 671/000150)

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

3.5. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar la situación de las personas en situación de insolvencia que se ven incursas en procesos de ejecución de sus bienes.

(Núm. exp. 671/000151)

Autor: GPS




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4. MOCIONES

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a promover la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 para trabajar en la redefinición de las acciones y objetivos para la prevención del suicidio.

(Núm. exp. 662/000167)

Autor: GPP

4.2. Moción sobre las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al archipiélago canario.

(Núm. exp. 662/000165)

Autor: GPS

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

5.1.1. Protocolo del Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de octubre de 2013.

(Núm. exp. 610/000129)

5.1.2. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en Madrid el 22 de febrero de 1990, y Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, así como las Notas sobre subsanación de errores del Protocolo y del Memorando.

(Núm. exp. 610/000130)

5.1.3. Acuerdo Interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Grand Baie el 29 de agosto de 2009.

(Núm. exp. 610/000131)

5.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98.ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril de 2014.

(Núm. exp. 610/000132)

5.1.5. Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina sobre protección de los intereses del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina y su personal, hecho en Madrid el 24 de junio de 2014.

(Núm. exp. 610/000133)

5.1.6. Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la creación del «Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza», como Centro de Categoría 2 auspiciado por la UNESCO, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014.

(Núm. exp. 610/000134)

5.1.7. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014.

(Núm. exp. 610/000135)




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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

(Núm. exp. 621/000099)

6.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

(Núm. exp. 621/000097)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor de la recuperación y reparación de la memoria histórica.

(Núm. exp. 671/000149)

Autor: GPV

13167

El señor Bildarratz Sorron defiende la moción.

El señor Antich Oliver defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Saura Laporta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Bildarratz Sorron expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando todas salvo la formulada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya de adición de un punto 7.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bildarratz Sorron.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas aceptadas, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 143; abstenciones, 3.

3.4. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la ejecución del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras.

(Núm. exp. 671/000150)

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

13184

El señor Quintero Castañeda defiende la moción.

El señor Mateu Istúriz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Quintero Castañeda expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 86; en contra, 146.




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3.5. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar la situación de las personas en situación de insolvencia que se ven incursas en procesos de ejecución de sus bienes.

(Núm. exp. 671/000151)

Autor: GPS

13192

El señor Fernández Ortega defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Fernández Ortega expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.

4. MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para erradicar las conductas violentas en el deporte.

(Núm. exp. 662/000166)

Autor: GPP

13204

Esta moción ha sido retirada.

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a promover la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 para trabajar en la redefinición de las acciones y objetivos para la prevención del suicidio.

(Núm. exp. 662/000167)

Autor: GPP

13204

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Andrés Prieto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

4.2. Moción sobre las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al archipiélago canario.

(Núm. exp. 662/000165)

Autor: GPS

13219




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La señora Serrano Boigas defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Serrano Boigas expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Serrano Boigas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Por alusiones, hace uso de la palabra el señor Antich Oliver, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 81; en contra, 148; abstenciones, 18.

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES. (Votación)

Comisión: Presupuestos

13230

(Núm. exp. 621/000100)

Se procede a votar las enmiendas

13230

Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 3308.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 150 225.

Se aprueban las enmiendas introducidas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

5.1.1. Protocolo del Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de octubre de 2013

13242

(Núm. exp. 610/000129)

5.1.2. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en Madrid el 22 de febrero de 1990, y Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, así como las Notas sobre subsanación de errores del Protocolo y del Memorando

13243

(Núm. exp. 610/000130)




Página 13163


5.1.3. Acuerdo Interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Grand Baie el 29 de agosto de 2009

13243

(Núm. exp. 610/000131)

5.1.4. Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98.ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril de 2014

13243

(Núm. exp. 610/000132)

5.1.5. Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina sobre protección de los intereses del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina y su personal, hecho en Madrid el 24 de junio de 2014

13243

(Núm. exp. 610/000133)

5.1.6. Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la creación del «Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza», como Centro de Categoría 2 auspiciado por la UNESCO, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014

13243

(Núm. exp. 610/000134)

5.1.7. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014

13243

(Núm. exp. 610/000135)

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas a estos acuerdos.

Para manifestar el sentido de su voto, intervienen la señora Capella i Farré, el señor Unamunzaga Osoro y el señor iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido favorable a todos los convenios y tratados.

Con las salvedades manifestadas por la señora Capella i Farré, el señor Unamunzaga Osoro y el señor Iglesias Fernández, se autorizan por asentimiento estos acuerdos.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

13244

(Núm. exp. 621/000099)

El señor Sedano Pérez, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 8 y 9, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).




Página 13164


El señor Guillot Miravet da por defendida la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya número 3, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 5, 6 y 7 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Varela Sánchez defiende la enmienda 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Varela Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

6.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Comisión: Empleo y Seguridad Social

13249

(Núm. exp. 621/000097)

La señora Sánchez-Camacho Pérez, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por esta senadora.

La señora Mendizabal Azurmendi defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Unamunzaga Osoro y esta senadora.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto número 5, de esta senadora, la señora Sequera García y los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Martínez-Aldama Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto

13272

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la senadora Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido negativo en las seis propuestas de veto.




Página 13165


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1 telemático, 145; abstenciones, 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 231 más 1 telemático, 232; votos emitidos, 231 más 1 voto telemático, 232; a favor, 72; en contra, 143 más 1 telemático, 144; abstenciones, 16.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 72; en contra, 144 más 1 telemático, 145; abstenciones, 16.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1 telemático, 145; abstenciones, 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 231 más 1 telemático, 232; votos emitidos, 231más 1 voto telemático, 232; a favor, 70; en contra, 144 más 1 telemático, 145; abstenciones, 17.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 votos telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1 telemático, 145; abstenciones, 17.

6.1.1. Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. (Votación)

Comisión: Empleo y Seguridad Social

13274

(Núm. exp. 621/000099)

Se procede a votar las enmiendas

13274

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

6.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (Continuación)

Comisión: Empleo y Seguridad Social

13275

(Núm. exp. 621/000097)

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Santos Fernández defiende las enmiendas 22 a 28 y 30 a 35, del señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y esta senadora, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas 1 a 3, 36, 37, 39, 40 y 42 a 45, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 4, 5 y 7 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.




Página 13166


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 171 a 173, 175, 176, 179, 180 y 182, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas 46 a 69 y 168 a 170, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 70, 71, 73 a 80 y 82 a 95, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Candini i Puig defiende las enmiendas 96 a 107, 109, 111 a 118, 120 a 126 y 128 a 135, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 36 a 162 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 163 a 167, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y las enmiendas transaccionales: sobre la enmienda 108 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; sobre las enmiendas 119 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y 177 y 178 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); sobre las enmiendas 38 del Grupo Parlamentario Mixto, 110 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y 174 del G. P. Vasco en el Senado (EAJ-PNV); sobre las enmiendas 41 del Grupo Parlamentario Mixto, 181 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y 29 del señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ruiz Santos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Por alusiones, hace uso de la palabra el señor Cazalis Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Se procede a votar las enmiendas

13292

Se rechazan todas las enmiendas, salvo las números 48, 122 y 138.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 150 254 y 150 255.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.




Página 13167


Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.

3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

3.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LA RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

(Núm. exp. 671/000149)

AUTOR: GPV

El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado 7 enmiendas: 4 del Grupo Parlamentario Socialista; 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, presidente jauna, eta egun on, senatari guztiak.

Bueno, aurreko plenoan, aurrekontuetako plenoaren aurretik, egin genion interpelazioa ministroari, eta, lehenik eta behin, eta hasi aurretik, eskertu nahi dut alderdi politiko guztien jarrera: bai Alderdi Popularreko senatarien jarrera, bai beste alderdi politiko guztietako jarrera. Zergatik? Asko izan zinetelako gerturatu zinetenak, alderdikeriak alderdikeria; asko izan zinetelako gerturatu zinetenak erreflexioarekin bat egiten zenutela adieraztera. Horrek izugarri poztu gintuen, eta izugarri animatu gintuen gaur aurkeztuko dugun eta aurkeztu dugun mozioa martxan jartzera.

Mozio honek bete nahi zituen bi helburu nagusiki. Lehenengoa: ministroak berak, justizia-ministroak berak hemen azaldu zuen borondateari erantzutea. Eta, nola ez, bigarrena: biktimei eta biktimek dituzten eta azaldu dituzten kezkei erantzutea. Adibidez, ministroaren kezken eredu moduko bat izango litzateke esaten zuena bere interbentzioan: Manifiesto el compromiso del Gobierno, de cualquier gobierno, de trabajar por restablecer los derechos, la memoria de los fallecidos y de las víctimas de la Guerra Civil. Era berean, gogoratuko zarete nola Gallardón ministroak bere babesa ematen zion hemen azaltzen genuen kezkari. Orduan, mozio honekin kezka horiei guztiei erantzun nahi diet. Ikusiko duzue mozio honek sei puntu dituela, eta sei puntu horiek ukaezinezko puntuak dira, eta banan-banan esplikatuko dizkizuet. Guztiekin iruditzen zait erabat ados egon gintezkeela, eta horregatik planteatu ditut eta idatzi ditut.

Lehenengoa izango litzateke Pablo de Greiff errelatorearen txostenarekin martxan jartzea eta lanean jartzea. Ministroak berak goraipatu zuen txosten hau, eta, goraipamen horren bitartez, guk planteatuko dugu eta planteatu dugu lehen puntu bezala txosten horri aurre egitea eta txosten hori gestionatzen hastea, edo, Gobernuak edo Alderdi Popularrak nahiko balu, hastea baino gehiago, jarraitzea lanarekin.

Bigarrena: hainbat neurri hartzea Gerra Zibilean zein frankismoan egondako hilketak, torturak eta nolabait hainbat desgrazia ikertzeko eta ikerketa horiek martxan jartzeko. Azken finean, beti esaten dugu: egia ezagutu egin behar da, nolabaiteko justizia bat aplikatzeko eta baita ere erreparazio bat martxan jartzeko.

Hirugarrena guretzat ezinbestekoa eta oso inportantea da. Lehenago esan dizuet biktimei entzun egin zaiela, entzun egin dugula gaurko mozio hau planteatzerakoan, eta horren testigu izango litzateke… Badakit askotan biktimen eta beraien taldeen sentsibilitatea zein beste talde batzuena ez dela erraza bat ekartzen, baina nirekin ados egongo zarete ezinbestekoa dela biktimen sentsibilitatearekin bat egitea. Eta hori da mozio honen bitartez planteatzen duguna.

Laugarrena: 2007ko Memoria Historikoaren Legea. Lege bat ez da ezer izango baldin eta ez badauka nahikoa aurrekontu, eta, momentu honetan, jakinda —beti esaten dut— zein egoera ekonomikotan gauden, ez dugu ezer planteatzen kasu honetan. Bakarrik esaten dugu: nahikoa lege hori gestionatu ahal izateko, nahikoa izan dadila, aurrekontu nahikoa horrekin aurrera jotzeko.

Eta, bukatzeko, izango litzateke udaletxeekin eta erkidego autonomo ezberdinekin adostasun batzuetara ailegatzea, azken finean jakin dezagun denon artean frankismoa goraipatzen duten ikurrak eta elementuak zein diren, diagnostiko horien baitan aurrera begira aktuatzen jarraitzeko.




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Seigarren puntua gero, nahi baldin baduzue, esplikatuko dut. Bakarrik izango litzateke… Garbi gelditzen da mozio honekin gure espiritua izan dela hemen egon zen eta dagoen nahi horri erantzutea, eta horregatik eskatzen dizuet borondate horri erantzutea eta denon artean baiezko adostu bat ematea mozio honi.

Eskerrik asko.

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

En el Pleno anterior al debate de presupuestos realizamos una interpelación al ministro. En primer lugar, me gustaría agradecer la actitud de todos los grupos políticos, tanto la de los senadores del Grupo Popular como la de los demás grupos. ¿Por qué? Porque fueron muchos los que se acercaron a mí, dejando de lado todo partidismo, para mostrarme su acuerdo con nuestra reflexión, lo que nos satisfizo enormemente y nos animó a poner en marcha esta moción que hoy presentamos.

Esta moción tiene dos objetivos prioritarios. En primer lugar, el propio ministro de Justicia aclaró aquí su voluntad y nos gustaría responder a ella. Y, en segundo lugar, cómo no, responder a las víctimas y a sus inquietudes. Por poner un ejemplo de la inquietud del ministro, este decía: Manifiesto el compromiso del Gobierno, de cualquier Gobierno, de trabajar por establecer los derechos, la memoria de los fallecidos y la memoria de las víctimas de la Guerra Civil. También recordarán que el ministro Gallardón dio su apoyo a esta inquietud que aquí mostrábamos. Con esta moción nos gustaría responder a todas estas inquietudes. Como verán, consta de seis puntos que resultan innegables. Se los voy a explicar de uno en uno y creo que todos podremos estar de acuerdo con ellos.

En primer lugar, hay que poner en marcha el informe del relator especial, señor Pablo de Greiff, y trabajar en él. El propio ministro lo ensalzaba y es lo que nosotros planteamos precisamente como primer punto: enfrentarnos a ese informe, comenzar a gestionarlo y que el Gobierno o el Partido Popular, si así lo consideran oportuno, continúen trabajando en él.

En segundo lugar, instamos al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se investiguen los asesinatos, torturas y otras numerosas desgracias; es decir, que se investiguen y que esta investigación se ponga en marcha para conocer la verdad de cara a aplicar cierta justicia y llevar a cabo una reparación.

En tercer lugar, nos parece muy importante, e incluso imprescindible, que, a la hora de plantear esta moción, hayamos escuchado a las víctimas. Somos conscientes de que a veces su sensibilidad y la de otros grupos no es fácil de consensuar. Y eso es lo que queremos, sumarnos o adherirnos a su sensibilidad.

En cuarto lugar, instamos a desarrollar la Ley 52/2007, porque una ley no es nada si no la dotamos de presupuesto. Sabemos en qué situación económica nos encontramos y por ello no planteamos ningún objetivo concreto, tan solo que la dotación presupuestaria sea suficiente para seguir adelante.

En quinto lugar, instamos a que, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se alcancen acuerdos para que todos conozcamos cuáles son los elementos, distintivos o símbolos que ensalzan el franquismo y seguir trabajando en esta cuestión.

En sexto lugar, aunque ya lo explicaré más adelante, solo queríamos dejar claro nuestro espíritu o voluntad de responder a esta inquietud. Lo único que yo les pido es que respondan a esta voluntad para que todos podamos dar un voto favorable a esta moción y lograr un texto acordado entre todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, aunque el Grupo Socialista está de acuerdo con la inmensa mayoría de los puntos de la moción, ha presentado varias enmiendas con la finalidad de intentar completarla y facilitar el acuerdo. Intentar completarla atendiendo a las recomendaciones de la comisión de expertos en relación con la resignificación del Valle de los Caídos, con el fin de que estas se lleven a cabo; atendiendo a determinadas deficiencias detectadas respecto a los colectivos que no pudieron




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beneficiarse de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española, como por ejemplo los descendientes de mujeres españolas —justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad—, los descendientes de varón que tuvieron que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos y los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad, en aplicación de la Ley 52/2007, puesto que la adquisición de la nacionalidad en esta ley se producía solo a favor de los hijos menores de edad. Asimismo, proponemos la recuperación de la oficina de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura como órgano de coordinación, pues creemos que el buen funcionamiento de las políticas sobre la memoria histórica necesita de un instrumento específico para coordinarlas.

En cuanto a las recomendaciones del informe del relator especial de la ONU, el señor Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como también las recogidas en el informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, desde nuestro punto de vista representan una evaluación de gran relevancia sobre la apuesta española en materia de memoria histórica. Estas recomendaciones, además de poner en cuestión la actual inacción respecto de la materia que nos ocupa y de señalar datos escalofriantes de nuestro país, que ocupa el triste pódium de ser uno de los que cuenta con más fosas comunes y más desapariciones forzadas, también valoran el avance que significó la Ley 52/2007, sin perjuicio de hacer una crítica constructiva de nuestra ley, con recomendaciones destinadas a corregirla, mejorar su alcance y darle mayor efectividad. Se trata de unas recomendaciones que implican de forma transversal a las funciones del Estado, que afectan a muchos departamentos e instituciones, que solicitan una política más activa del Estado, demandan mayor información sobre los hechos y menos fragmentación, así como coordinación, instaurar una verdadera política de la verdad, adecuarla más a la normativa sobre los derechos humanos, mejorar el acceso a la documentación, amparar más a las víctimas y a sus familiares, etcétera.

Respecto de todo ello, mi grupo parlamentario está de acuerdo con la gran mayoría de las recomendaciones que contienen los citados informes, con la única salvedad derivada de nuestra posición sobre la Ley de amnistía. Todo ello sin perjuicio de tener en cuenta las alternativas de interpretación que sobre la misma se aportan por el informe de Pablo de Greiff y que corresponde hacer a los tribunales, en el sentido de que la extinción de responsabilidades no paralice las investigaciones que permitan el conocimiento de la verdad, necesaria, según él, para conocer si existen o no responsabilidades que extinguir o si la ley es aplicable al supuesto concreto. En cualquier caso, creemos que los informes representan una oportunidad excelente para evaluar la apuesta española y para mejorarla en muchos ámbitos y, por ello, estamos dispuestos a debatir todo su contenido.

Por todo ello, dada la oportunidad de evaluación de la política de memoria histórica, la amplitud y calado de los cambios que plantean los informes, la transversalidad de sus resoluciones y el hecho de que puedan existir diferencias de pareceres sobre sus recomendaciones mucho más relevantes que las nuestras, vista la actual inacción en la materia, proponemos la sustitución del primer punto por la creación de una comisión en la que participen los grupos parlamentarios y el Gobierno, que facilite el acuerdo y el avance, con el fin de que las discrepancias no impidan una labor reflexiva y profunda y den lugar a un simple choque de trenes, que estamos convencidos que es lo que no persigue la iniciativa atendiendo a las claras explicaciones del grupo proponente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Nosotros votaremos a favor de la moción tanto si se aceptan como si no las 2 enmiendas que hemos planteado. La primera de nuestras enmiendas hace referencia a la necesidad de evaluar cuál ha sido el grado de desarrollo y aplicación de la Ley 52/2007; es decir, hace más de siete años se aprobó una ley, una ley que se ha aplicado muy poco y de la que creemos que sería necesario tener un conocimiento y una evaluación. La segunda enmienda hace referencia al Valle de los Caídos, que se incluyó en el debate de la interpelación por el portavoz del Grupo Parlamentario




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Vasco, pero que no figura en la moción. Quiero recordar que en la anterior legislatura, el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español encargó a una comisión de expertos plural, en la que estaban desde Herrero de Miñón hasta Jáuregui, pasando por un monje de Montserrat hasta Ricard Vinyes, un informe sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. En este informe hay dieciséis conclusiones que no puedo detallar porque no tengo tiempo, pero quiero destacar la necesidad de resignificar el Valle de los Caídos. ¿Qué quiere decir resignificar? Quiere decir que el Valle de los Caídos es un monumento de exaltación del franquismo, de exaltación de los vencedores, y la comisión de expertos plantea necesariamente, primero, que no se destruya ese monumento y, segundo, que sea un lugar de todas las víctimas, con proyectos de investigación, con proyectos internacionales de reubicación y de resignificación de todo el contenido del Valle de los Caídos.

Estas 16 conclusiones fueron aprobadas por unanimidad de toda la comisión de expertos, excepto un tema que era el traslado de Francisco Franco del Valle de los Caídos. En nuestra enmienda nosotros planteamos instar al Gobierno a cumplir todas aquellas conclusiones que fueron aprobadas por unanimidad. Insisto, lo fueron todas, excepto la que hace referencia al traslado de Francisco Franco. Es una enmienda con voluntad de que el Grupo Popular se pueda sumar a esta moción, en el sentido de que la propia vicepresidenta del Gobierno me contestó un día diciendo que estaban dispuestos a desarrollar el informe de la comisión de expertos si había consenso. Hay consenso en 15 puntos, pero no se ha desarrollado.

Si no hubiera consenso, estaría de acuerdo en que el propio portavoz del Grupo Parlamentario Vasco mantuviera la moción en los términos exactos, que es que la tumba de Francisco Franco no estuviera en el Valle de los Caídos. Y ello por dos razones: una formal y una políticamente muy importante. La razón formal sería que el Valle de los Caídos se creó para personas, hombres y mujeres, muertas en la Guerra Civil. El único que no murió en la Guerra Civil fue Francisco Franco. Y, en segundo lugar, porque nos parece absolutamente inconcebible que un dictador esté en un monumento de estas características en un plan relevante. Nadie se imagina que en Italia Mussolini jugara un papel importante desde el punto de vista referencial en un monumento, y no menciono a Hitler porque se me puede decir que Hitler no fue Franco. En todo caso, Franco fue un dictador fascista que se levantó contra la legalidad y es inconcebible que en una situación democrática se mantenga una referencia importante de una persona que, insisto, fue un dictador. Y aquí siempre tengo un pensamiento: ¿por qué el Partido Popular no vota estas cosas? Quiero leer muy rápidamente dos textos del relator de las Naciones Unidas. Uno dice que el Valle de los Caídos constituye en sí mismo la exaltación del franquismo. No dice nada de las 34 000 personas que están inhumadas, de que allí se realizaron trabajos forzosos por parte de miles de presos políticos, y dice —y esto es muy importante— que difícilmente podrá pensarse como un lugar de paz y de reconciliación mientras predomine el silencio de todos los hechos relevantes, el contexto y origen del sitio y, en particular, mientras siga en el centro del monumento la tumba del dictador con flores. ¿Cómo es posible que en 2014 en el Valle de los Caídos, en el centro del monumento esté la tumba del dictador con flores?

Por tanto, creo que es importante cumplir el informe de la comisión de expertos refrendado por el relator, y con toda la tranquilidad, el sosiego y toda la explicación, mantener el Valle de los Caídos resignificando su objetivo, que no es ahora la exaltación de los vencedores en una sociedad entre vencedores y vencidos, y evidentemente hacer que los familiares de Francisco Franco decidan dónde se quiere ubicar, pero en ningún caso puede estar en el centro de un monumento con exaltación de su figura, porque evidentemente no fue una figura democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Estem d’acord amb la moció presentada. Però el Grup Parlamentari Català al Senat de CiU hem presentat una esmena d’addició d’un nou apartat. Concretament, proposem un nou apartat a fi que el ple del Senat insti el Govern a iniciar els tràmits per a realitzar un cens corresponent a les confiscacions del govern franquista de paper moneda posat en curs per la República, prenent en consideració els rebuts emesos existents a l’actualitat. Així com les relacions a l’efecte realitzades en el seu moment i existents als arxius del Banc




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d’Espanya, o qualsevol altra institució o arxiu, així com per a restituir els perjudicats o, en el seu cas, els seus hereus.

Ja l’any 2009, Convergència va presentar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per a l’impuls de la compensació als perjudicats per la confiscació de moneda republicana en l’època franquista. El 27 d’agost de 1938, el Govern de Burgos aprovà dos Decrets pels que s’encarregava al Banco d’Espanya les operacions de permuta, canje, de bitllets posats en circulació amb anterioritat al 18 de juliol de 1936, que existien als territoris anomenats «alliberats» i es constituïa el Tribunal de canje extraordinario de billetes, encarregat de resoldre les sol·licituds de permuta en determinats casos. El mateix dia, un altre decret prohibí la tinença de paper moneda posat en curs per la República, comprenent tant els bitllets del Banc d’Espanya posats en circulació després del 18 de juliol de 1936, els certificats de plata, els anomenats «talones especiales», com el paper moneda del Tresor. Els ciutadans estaven obligats a dipositar al Banc d’Espanya, oficines de banca privada, autoritats militars, funcionaris de duanes o ajuntaments l’esmentada moneda, amb l’amenaça de ser detinguts i jutjats per contraban. El decret especificava que l’aprehensió s’havia de realitzar tant als presoners i cadàvers de l’enemic, els evadits a través del front, les persones procedents de la zona republicana, els habitants de les regions anomenades «alliberades», com les autoritats civils i militars. El lliurament havia de fer-se amb l’expedició del corresponent resguard. Els esmentats resguards constituïen documents acreditatius del compliment de l’obligació preceptuada, havent de constar l’autoritat o establiment preceptor, el nombre i domicili de l’interessat, la quantitat nominal entregada, la classe de paper moneda i la data i signatura del receptor. Els bancs privats, ajuntaments, autoritats militars i funcionaris de duanes havien de lliurar els fons recaptats a la sucursal més propera del Banc d’Espanya, mitjançant llistes duplicades en les que constessin els noms dels dadors i la quantitat aportada per cadascú d’ells. El decret, així mateix, convenia que una d’aquestes llistes havia de ser retornada a l’entitat entregant.

El destí d’aquestes confiscacions era l’anomenat fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo, constituït en el Banc d’Espanya. Com posa de manifest José Ángel Sánchez Asiaín, en el seu discurs publicat pel Butlletí de la Real Acadèmia de la Història el 1993, l’esmentat fons era gestionat per un Comitè que tenia per objectius, entre altres, deprimir el curso de los billetes rojos en el mercado exterior y atender el costo de servicios informativos y humanitarios en la zona aún no liberada. El mateix autor manifesta haver trobat un llibre major en el Banco de España amb les anotacions del fons, la major part dels mateixos, de petits imports, assolint, fins a finals d’octubre de 1951, la suma de 73,8 milions de pessetes. Però aquesta xifra posa de manifest que no totes les quantitats confiscades es van lliurar a l’esmentat fons, ja que l’abril de 1939, els bitllets posats en circulació per la República i recollits pel Banco de España assolien els 7707 milions de pessetes.

En relació als afectats, i tot i les reiterades reclamacions realitzades al Banc de España en els darrers anys, la majoria d’ells no han vist satisfet el seu dret a ser restituïts per la confiscació i es desconeix el nombre total d’afectats. Altres, a més, han perdut els rebuts o, en certs llocs, es lliuraven sistemes substitutius del rebut, com va ocórrer a Mallorca, on s’entregaven petites creus de fusta.

A la VIII legislatura, la tramitació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, oferia esperances a molts dels afectats per a reconèixer el dret a la compensació; finalment no va poder ser així, tot i que diversos grups parlamentaris així ho vam defensar.

Sens dubte, tal i com reclamen els perjudicats, cal reconèixer i reparar la injustícia que van patir moltes persones que van ser obligades a lliurar els seus capitals en moneda republicana sense que, quasi 70 anys després, hagin estat compensats. En tot cas, cal recordar que l’Estat espanyol és l’únic Estat que ha patit un règim feixista que no ha reparat un grup considerable de víctimes, que han patit un perjudici econòmic tan gran. Els sindicats i els partits han estat reparats i no pot ser que ciutadans d’un Estat quedin orfes de la seva protecció i reparació.

Bé, esperem que es pugui acceptar la nostra esmena.

Gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Estamos de acuerdo con la moción presentada por el grupo parlamentario. Hemos presentado una enmienda de adición de un nuevo apartado. Concretamente proponemos un nuevo apartado para instar al Gobierno a realizar los trámites a fin de que se realice un censo sobre las incautaciones del Gobierno franquista, pero teniendo en cuenta los recibos emitidos en la actualidad, así como lo realizado en su momento y existente en los archivos del Banco de España o en cualquier otra administración o archivo, también para restituir a los perjudicados o, en su caso, a sus herederos.

En el año 2009 presentamos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para el impulso de la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista. El 27 de agosto de 1938 el Gobierno de Burgos aprobó dos decretos por los que se otorgaba al Banco de España las operaciones de permuta, canje de billetes puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936 que existían en los territorios nombrados «liberados» y se constituía el tribunal de canje de billetes, que tenía que hacer la solicitud de permuta en algunos casos. El mismo día se prohibía la tenencia de papel moneda de la República, tanto los papeles puestos en circulación después del 18 de julio, los talones especiales, como el papel moneda del Tesoro. Los ciudadanos estaban obligados a depositar en el Banco de España, oficinas de banca privada, funcionarios de aduanas o ayuntamientos esta moneda, con la amenaza de ser detenidos y juzgados por contrabando. El decreto especificaba que la aprehensión se tenía que realizar a los evadidos a través del frente, a las personas que procedían de la zona republicana, a las regiones liberadas y a las autoridades civiles y militares, y esto se tenía que hacer con la expedición del resguardo correspondiente. Estos resguardos constituían documentos acreditativos de la obligación preceptuada. Tenía que constar allí el nombre, el domicilio de la persona, el tipo de papel moneda, etcétera. Los bancos privados, ayuntamientos, autoridades militares y funcionarios de aduanas tenían que llevar los fondos recaudados a las oficinas del Banco de España con listas en las que constasen las personas dadoras. Así mismo convenía que una de estas listas tenía que ser devuelta a la autoridad entregante.

El destino de estas incautaciones era el fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo, constituido en el Banco de España. Como pone de manifiesto el señor Sánchez Asiaín en la Real Academia de la Historia en 1993, esto se gestionaba por un comité que tenía como objetivo, entre otros, deprimir el curso de los billetes rojos en el mercado exterior, atender el costo de los servicios informativos, etcétera. El mismo autor manifiesta haber encontrado un libro mayor en el Banco de España con las anotaciones del fondo, la mayoría de pequeños importes, que a finales de octubre de 1951 alcanzaba 73,8 millones de pesetas, cifra que pone de manifiesto que no todas las cantidades incautadas se liberaron ya que en abril de 1939 los billetes puestos en circulación por la República y recogidos por el Banco de España ascendían a 7707 millones de pesetas.

En relación con los afectados, y a pesar de las reclamaciones realizadas al Banco de España en los últimos años, la mayoría de ellos no ha visto satisfecho su derecho de ser restituidos por la incautación y se desconoce el número total de afectados; otros, además, han perdido los recibos, y en ciertos lugares, por ejemplo, Mallorca, se entregaban pequeñas cruces de madera.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen los derechos y medidas a favor de los que sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ofreció esperanzas a muchos de los afectados al reconocer el derecho a la compensación, pero finalmente no pudo ser así, aunque muchos grupos lo defendimos.

Como reclaman los perjudicados, hay que reconocer y reparar la injusticia que sufrieron muchas personas que fueron obligadas a dar sus capitales en moneda republicana y que después de tantos años no han sido recompensadas. Hay que recordar que el Estado español es el único Estado que ha sufrido un régimen fascista que no ha reparado el daño y el perjuicio sufrido por las víctimas. Los sindicatos y los partidos han sido reparados y no puede ser que estos ciudadanos queden al margen de la reparación.

Esperamos que se pueda aceptar nuestra enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Tiene la palabra el señor Bildarratz, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.




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El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Bueno, lehenengo, eskerrak eman beharra daukat emendakinak aurkeztu dituzten alderdi politiko guztiei, azken finean, pentsatzen dudalako guztien artean aberastu egingo dugula oinarrizko testua. Bigarrenik, ez dakit nola interpretatu Alderdi Popularrak emendakinik ez aurkeztu izana. Alegia, alde batetik, nik uste dut guztiengatik onargarria izan daitekeen testu bat aurkeztu dugula; hori izan zen gure konpromisoa, eta horretan saiatu gara. Aldi berean, Alderdi Popularraren konpromisoa izan zen era batera edo bestera aztertzea eta, gustura ez bazegoen, zerbait mahai gainean jartzea. Ez dakit nola interpretatu: edo guztiarekin ados dagoela edo —sorpresa izango litzateke, ezusteko galanta izango litzateke— guztiaren kontra dagoela. Orduan, argitzearen zain nago.

Alderdi Sozialistaren aldetik planteatu da hainbat emendakin, lau emendakin. Guztiak onartuko ditugu, eta, gure espiritua pixka bat esplikatu ahal izateko, esango nuke euskaraz dagoela esaera zahar bat, esaten duena «ezina ekinez egina»; alegia, zailtasunak daudenean, lan eginez gainditu egiten dira. Eta lehenengo puntua izango litzateke honen guztiaren adibidea. Zergatik? Bada, guk pentsatzen dugu aurre egin daitekeela eta martxan eta gestionatzen has gaitezkeela Pablo de Greiffek ateratako ondorioak, baina badirudi Alderdi Sozialista ez dagoela erabat ados hainbat punturekin; Amnistiaren Legea aipatu du. Bueno, batzorde baten bitartez posible baldin bada hau desblokeatzea, guretzat ez da ezer pasatzen. Nahiagoko genuke gurea, baina, lehenago aipatu dudan bezala, «ezina ekinez egina»: lanean hastera goaz, edo has gaitezen, azken finean guretzat garrantzitsuena jarrera delako; alegia, aldeko jarrera gai honi aurre egiteko eta aurreraka segitzeko.

Bigarren emendakinari buruz, parez pare jarriko nuke Entesak aipatu edo martxan jarri duenarekin. Iruditzen zait biak moldagarriak direla. Adibidez, Joan Saurak esaten zuen: A desarrollar y ejecutar el contenido de las conclusiones por unanimidad de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos. Ulertzen dut, gainera, hori egin nahi izatea; alegia, adostasunaren bila, guztiok ados egon gintezkeen puntuetan oinarrituz, martxan jartzea. Iruditzen zait Alderdi Sozialistak jartzen duen bigarren emendakinaren barruan sar daitekeela zurea; alegia, jartzen duenean afrontar de forma decidida y urgente las recomendaciones... Bueno, azken finean, ez du esaten dena nahi eta nahi ez goitik behera jarri behar dela martxan, baizik eta, «bueno, goazen lanean hastera eta goazen lanean hastera desadostasunetatik adostasunetara». Hor badaude hainbat gai guretzat oso inportanteak direnak; aipatu duzu Francoren posizioa. Guretzat jasanezina da, baina Alderdi Sozialistak markatzen duen bigarren emendakinarekin, nolabait, iruditzen zaigu horri aurre egin diezaiokegula. Batik bat, lehen elementua, zuk, Saura jauna, aipatu duzuna: aldatu egin behar da esanahia; Valle de los Caídosen esanahia aldatu egin beharra dago, behingoz, eta hasi beharra dago ikuspegi baikor batetik lan bat egiten, errekonozimendu bat egiten; hainbat presok edukitako sufrimenduari aurre egin behar zaio.

Alderdi Sozialistaren hirugarrena eta laugarrena, aipatu dudan bezala, onartuko genituzke, baita Entesak laugarren puntuari egiten dion emendakina, azken finean Legearen nolabaiteko diagnosia egitea, edo ebaluazio bat; noski, baita Convergenciak aipatu duen eta martxan jarri duen, hemen gainean jarri duen emendakina. Filosofia izango litzateke berdina: egon diren galera guztiak, edozein herritarrek jasan duen edozein galera hemen, guregatik behintzat, jasota izan beharko luke.

Beraz, guztiak onartuta geratuko lirateke, Saurak zazpigarren puntuari aurkeztu dion hori izan ezik, pentsatuz Alderdi Sozialistak planteatu duen emendakinaren barruan geratuko litzatekeela. Eta, esan dudan bezala, eskerrak ematen dizkizuet, eta Alderdi Popularraren jarreraren zain nago.

Mila esker.

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios sus enmiendas porque al fin y al cabo entre todos enriqueceremos el texto básico. En segundo lugar, no sé cómo interpretar el hecho de que el Grupo Popular no haya presentado enmiendas porque, aunque creo que nuestro texto puede ser aprobado por todos, al menos eso es lo que intentamos, el Grupo Popular se comprometió a examinarlo y a proponer nuevas alternativas si no era de su agrado. Por tanto, no sé si es que está de acuerdo con todo o está en contra de todo, y estoy a la espera de que me lo pueda aclarar.




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Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, las vamos a aceptar todas, y para explicar nuestro espíritu voy a mencionar un refrán que tenemos en Euskadi que dice que cuando hay dificultades, éstas se pueden superar a través del trabajo. El primer punto sería un ejemplo de ello porque consideramos que podemos enfrentarnos, poner en marcha y avanzar en el informe del relator Pablo de Greiff, pero no parece que el Grupo Socialista esté totalmente de acuerdo. Mencionaba la Ley de amnistía, pues bien, si a través de una comisión es posible desbloquear este asunto lo aceptaremos, aunque preferiríamos nuestro texto, pero, tal y como decía, vamos a trabajar para intentar superar las dificultades porque al fin y al cabo lo más importante para nosotros es avanzar en esta cuestión.

Me gustaría relacionar la segunda enmienda con la que ha propuesto el señor Saura, del Grupo Parlamentario Entesa. Creo que las 2 podrían ser admitidas, pues la enmienda del señor Saura también busca el consenso en unos puntos en los que todos podemos estar de acuerdo. La segunda enmienda del PSOE también podría encajar; es decir, cuando habla de afrontar las conclusiones, no dice que haya que poner todo en marcha de una vez sino que hay que empezar a trabajar desde los disensos con el objetivo de llegar a consensos. Hay asuntos que son muy importantes para nosotros, como la ubicación de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, que nos parece inadmisible, pero, como he dicho, podríamos estar de acuerdo con la segunda enmienda que propone el Grupo Socialista. Como decía el señor Saura, hay que cambiar o modificar la resignificación del Valle de los Caídos de una vez y empezar a trabajar desde un punto de vista optimista, realizando un reconocimiento al sufrimiento de todos los presos que trabajaron allí.

En cuanto a la tercera y cuarta enmienda del Grupo Socialista, he de señalar que también las aceptaríamos, así como la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa al cuarto punto, en la que propone una evaluación de la ley, y, por supuesto, también la enmienda de Convergència. La filosofía, al final, sería la misma: que todas las pérdidas que haya sufrido la ciudadanía queden recogidas.

Por tanto, admitimos todas las enmiendas, excepto la del señor Saura como séptimo punto, porque consideramos que encaja en la enmienda del Grupo Socialista. Como he dicho anteriormente, les vuelvo a dar las gracias y quedo pendiente de la postura del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Turno en contra. (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Eskerrik asko.

Bueno, hasieran, printzipioz, ez geneukan interbentziorik egiteko intentzioa, baina, jakin ondoren emendakinak onartu dituzuela, gustatuko litzaidake matizazio batzuk egitea.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, no teníamos intención de intervenir en este punto pero, tras conocer que las enmiendas han sido admitidas, me gustaría realizar algunas matizaciones.

Decía que no teníamos previsto intervenir y que vamos a votar a favor, pero, al tener conocimiento de que se han admitido estas enmiendas, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones.

A pesar de compartir la redacción original del texto y sentirnos mucho más cómodos que con la redacción aceptada, vamos a votar a favor pero expresando una serie de matizaciones. Me refiero en concreto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y admitidas por el Grupo Parlamentario Vasco, en respuesta a la unanimidad a la que hacía referencia el señor Bildarratz. En la primera enmienda del Grupo Socialista se propone la creación de una comisión para analizar las recomendaciones planteadas en un informe del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff. Entendemos que la constitución de esta comisión supone retrasar en el tiempo las medidas que se deben adoptar, pero, aun así, vamos a votar a favor, y aquí está la matización que queríamos hacer. Para lo que esta comisión no está facultada, como no puede estarlo de ninguna manera, es para debatir sobre la idoneidad o no de las recomendaciones presentadas o para cuestionar su




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legitimidad u oportunidad. Muy al contrario, lo que debe examinar y analizar la comisión es la forma de implementar y poner en práctica lo recogido en el informe. Repito que este y no otro debería ser el objetivo de la comisión.

Vamos a votar a favor, por lo tanto, de un texto de mínimos, que no es el texto que hubiésemos planteado. Veamos si todos los grupos presentes en esta Cámara somos capaces de respaldar este texto de mínimos porque el resultado de esta votación va a dejar muy a las claras las posturas de cada uno de los grupos en torno a este tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero expresar también nuestro voto favorable a la moción, aunque con algunos matices en relación con el texto que se plantea. La primera consideración —y en eso coincido de forma expresa con la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— es que resulta imprescindible que España empiece a cumplir de una vez las resoluciones de Naciones Unidas. Estamos en el Consejo de Seguridad de esta organización internacional. Carece de cualquier sentido que se busquen medidas dilatorias para poner en cuestión las recomendaciones de este informe elaborado por el relator, que no son recomendaciones de ahora. España ha sido motivo de condena por la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra desde hace al menos seis años, informe tras informe; informes que eran el resultado del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas y que decían claramente que el Gobierno incumplía tanto la ley interna como las normas internacionales. Asimismo, expresaban su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacía las víctimas y reprochaban la falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo.

Y aquí está la clave. La clave está, en primer lugar, en aceptar que esta democracia tiene una deuda pendiente y que saldar esa deuda parte de algo tan elemental como reconocer el carácter de víctima a quienes fueron asesinados, padecieron torturas o fueron encarcelados por el régimen franquista. Y eso es lo que todavía no se ha realizado en nuestro sistema político, ni tan siquiera con la Ley de memoria histórica: el reconocimiento de víctimas, de esas aproximadamente 114 000 personas cuyos restos yacen en fosas comunes.

El propio informe decía que el argumento de que no hay recursos económicos no es compartible. Ese mismo argumento fue utilizado por el ministro de Justicia en su comparecencia en la interpelación. No puede justificarse el rechazo a reconocer el carácter de víctima de estas personas con el argumento de que en los años anteriores se gastó mucho y con el de que en este momento no se cuenta con recursos o con otro argumento barajado por el ministro, que el gasto se refleja en partidas genéricas que no hacen referencia al cumplimiento de la memoria histórica. Las víctimas del franquismo merecen el reconocimiento político y que ese reconocimiento se refleje en los Presupuestos Generales del Estado. Que no aparezcan significa la negativa a reconocerles de nuevo el carácter de víctima. Nuestro país no puede tener víctimas de primera y de segunda: las víctimas del terrorismo, dignamente reconocidas con todo merecimiento, y otras seudovíctimas, las del franquismo, que no tienen ese reconocimiento.

El sistema político americano está lleno de contradicciones —no es que me encante ni que me sirva como referente—, pero es curioso que en ese sistema se reconozca el carácter de víctimas y la práctica de las torturas acaecidas en los últimos doce años, y que aquí no seamos capaces de reconocer tal carácter a quienes fueron asesinados hace ya casi ochenta años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Ulertzen dut bai Amaiur taldetik, bai Izquierda Unidatik egin duzuen aipua, eta bat gatoz. Era berean, eskertzen dut egiten den esfortzua, azken finean dagoelako beste helburu handiago bat, eta izango litzateke guztion ikuspegi ezberdin horiek nolabait saiatzea leku berean sartzen, guztion




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adostasuna mahai gainean jar dadin. Falta zaigu Alderdi Popularraren jarrera. Lehenago, kontrako txandan ez du parte hartu. Beraz, badirudi gurekin bat etorriko dela, ez zaidalako inor gerturatu aurkakorik adierazteko eta orain arte jaso ditudan mezu guztiak baikorrak izan direlako.

Era berean, esan beharra dago —ez da gaur komentatu— Pablo de Greiffek eginiko txostenari Espainiako Gobernuak bere helegiteak azaldu dizkiola, baina helegite horiek doaz Alderdi Sozialistak egin dituen zalantza horien inguruan, edo oso berdintsuak izango lirateke; alegia, Amnistiaren Legearen inguruan sortzen zaizkion zalantzak. Beraz, horrek esan nahi du zentzu horretan modifikatu edo onartu dugun emendakin horrekin, alegia, lehen puntuari onartu zaion emendakinarekin Alderdi Popularra erabat ados egon daitekeela.

Gainera, badago gu guztion gainetik beste elementu bat, oso inportantea dena, eta da biktimen egoera eta biktimek jasandako guztia; alegia, bai beraiek, bai beraien senitartekoek. Urte asko pasatu dira, baina aurreko plenoan eta gaur ere ikusten ari gara oraindik mina oso azalean dagoela. Eta, Gobernuak berak azaldu duen bezala, beti obligazio bat edukiko du biktima hauekin, baldin eta guztien jarrera enfokatzen ez bada. Beraz, beti egongo da lan bat biktima horiekin, eta beti egongo da konpromiso bat eta betebehar bat alderdi politiko guztien artean adostasun batzuk bilatu ahal izateko.

Beraz, ez litzateke inondik inora ulertzekoa izango hemen gaur adostasun bat ez edukitzea eta adostasun batzuetara ez ailegatzea, azken finean mozio honek jasotzen dituelako teorian giza eskubideen ikuspegi batetik oinarri-oinarrizkoen elementuak direnak. Bat, lehenago aipatu dugun bezala: Nazio Batuen aholkuen edo errekomendazioen jarraipena. Bi: biktimen erakunde guztien zaintza. Hiru: egondako errealitatearen egia ezagutzea. Lau: lege bat onartu zen Gorte Jeneraletan; suposatzen da lege horiek gestionatu ahal izateko nahikoa baliabide jarri behar direla, bestela ez litzateke posible lege hori bete ahal izatea, eta, lege bat onartuko bagenu ezin dena bete, ez ginateke egongo benetako demokrazia batean. Eta, beti aipatzen dugun bezala, biktima eta egondako hildako guztiei zor zaie, zor diegu konpromiso bat, eta gaur mozio honen bitartez bilatzen ari garena, hain zuzen, hain justu, izango litzateke biktima horiekiko nolabaiteko konpromiso bat, ganbera honen konpromiso bat, ganbera honen betebehar bat, hemen gauden alderdi politiko guztien konpromiso bat biktima horiekin; azken finean, beraiekin gaudenean beraien aurpegira begiratzeko gaitasuna edukitzea, benetan saiatzen ari garelako beraiei zor diegunari erantzuten, beraiei eman beharreko erantzuna zuzena izan dadin, alegia, hainbeste sufrimenduri bidea jartzen.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría expresar tanto a Amaiur como a Izquierda Unida que entiendo la apreciación que hacían y estamos de acuerdo con ella. Entiendo que el esfuerzo que se realiza está al final al servicio de un objetivo mayor, y es tratar de que todas nuestras perspectivas converjan en el mismo punto. Nos falta por conocer la posición del Partido Popular. Antes no ha hecho uso del turno en contra, por lo que se podría pensar o podría parecer que está de acuerdo con nosotros. Nadie se me ha acercado para expresarme lo contrario y todos los mensajes que he recibido hasta ahora han sido positivos.

También me gustaría comentar algo de lo que hoy no se ha hablado, y es que el Gobierno español ha interpuesto recursos al informe del relator especial, y estos recursos van un poco en línea con las dudas que expresaba el Partido Socialista, dudas respecto a la Ley de amnistía, lo cual significa que el Partido Popular podría estar totalmente a favor de esta enmienda de modificación o de sustitución que hemos admitido.

Además, hay un elemento muy importante que está por encima de todos nosotros, y es la situación de las víctimas y todo el sufrimiento padecido tanto por ellas como por sus familiares. Han transcurrido muchos años, pero en el anterior Pleno veíamos que el dolor está latente y el Gobierno siempre tendrá una obligación con estas víctimas en tanto no se enfoque la posición de todas ellas. Siempre tendremos un trabajo que realizar, un compromiso que cumplir para llegar a unos acuerdos entre todos los partidos políticos.

Por lo tanto, me parecería incomprensible que aquí no se alcanzara un acuerdo y no se llegara a unos consensos, porque al fin y al cabo lo que recoge esta moción son elementos básicos, es algo con lo que en teoría, desde el punto de vista de los derechos humanos, todos estamos de acuerdo. En primer lugar, el cumplimiento o seguimiento de las recomendaciones de las Naciones




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Unidas. En segundo lugar, la observancia de todas las asociaciones de víctimas. En tercer lugar, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido. En cuarto lugar, las Cortes Generales aprobaron una ley que se supone que necesita de suficientes recursos porque si no, no podríamos aplicarla, y si aprobáramos una ley que no se puede cumplir, no nos encontraríamos en una auténtica democracia y, como siempre decimos, a todas las víctimas y a todos los muertos les debemos un compromiso, se les debe y les debemos un compromiso. Y eso es precisamente lo que tratamos de buscar con esta moción, un compromiso con estas víctimas, el compromiso de esta Cámara, el cumplimiento de la obligación de esta Cámara y el compromiso de todos los grupos presentes en esta Cámara con estas víctimas, porque al fin y al cabo, cuando estamos con ellos poder mirarles a la cara es una señal de que estamos tratando de responder a lo que les debemos, a la deuda que tenemos con ellos, a que la respuesta que les demos sea la que corresponde, es decir, que favorezcamos el deber que tenemos con ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Nosaltres també estàvem més còmodes amb la proposta inicial del Partit Nacionalista Basc, tot i que votarem la moció en els termes de la incorporació de l’esmena del Partit Socialista.

Ara bé, la pregunta és, després de 75 anys acabada la Guerra Civil hem de mantenir en llocs rellevants la figura de Francisco Franco. Quin sentit te això? Però sobretot, quan el Partit Popular reiteradament —no sé què farà avui— vota en contra d’això, a què respon això? Per què es vota en contra? Imaginen vostès que a Roma o a Milan hi hagués una escultura en llocs rellevants de Mussolini. Què diríem? Aleshores el que hi ha de fons en aquesta iniciativa, i en moltes altres iniciatives que hem anat plantejant és fer un trencament clar no entre esquerra i dreta, sinó entre democràcia i no democràcia. El que estem votant avui no és esquerra o dreta, sinó democràcia o no democràcia.

I jo deia fa uns dies que hi ha dues qüestions que separen el pensament de la dreta espanyola del de la dreta europea, que és el tema de model d’Estat. Per la dreta europea, l’Estat federal és un estat fort, potent, per la dreta espanyola l’Estat federal és una balcanització, o una fractura de l’Estat, i el tema de la memòria històrica, que és fa a Alemanya, que és fa a França, que és fa a Itàlia, governi absolutament qui governi. Per tant, necessitem trencar els lligams amb en definitiva qualsevol exaltació de la dictadura i del franquisme. I això vol dir que el Partit Popular clarament faci això.

Mirin, el relator de les Nacions Unides diu dues coses que hem repetit, o que jo he repetit i altres companys i senadors han repetit reiteradament, en aquesta legislatura. Primera qüestió que diu el relator de les Nacions Unides: Las medidas adoptadas por el Estado no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. És a dir, ens està dient el relator de les Nacions Unides que no hi ha hagut una política consistent. Però a més hi ha una altra cosa molt important, importantíssima, que és la següent: El relator especial nota que varios representantes del Gobierno en las reuniones que tuvieron enmarcaron las discusiones del siguiente esquema. O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir del odio. Jo també ho he sentit de representants del Govern: O lo hemos superado o vendrá el odio. I el relator continua el següent: El relator especial recalca que la fortaleza de las Instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente aunque sean completamente incómodos.

Per tant, el relator de les Nacions Unides està dient dues qüestions: a Espanya no ha hagut una política consistent en relació amb els temes de memòria històrica —ho diu claríssimament—, i parla en definitiva del tractament asimètric de les víctimes, i, a més a més, diu que les reunions que ha mantingut amb representants del Govern diuen que això pot general odi. El relator diu tot el contrari, que per tancar en definitiva el tema, per passar pàgina és necessari llegir la pàgina. I, per tant, estic convençut que el tema de la memòria història, el tancament del tema de memòria històrica passa perquè cap partit —i molt en concret en aquest cas en el Partit Popular— tingui




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unes posicions que puguin fer pensar que d’alguna manera no condemna de forma claríssima i rotunda en definitiva aspectes de la dictadura. I el tema del Valle de los Caídos és un tema claríssim. No te cap sentit, és ofensiu democràticament que Francisco Franco, que a més a més no va morir a la Guerra Civil, sigui la única persona que està al Valle de los Caídos i a un lloc rellevant com si en definitiva fos una exaltació d’un personatge que va ser un dels grans causants del pitjors mals del segle XX a l’Estat espanyol, de la Guerra Civil.

Proposem votar a favor de la moció del Partit Nacionalista Basc, tot i que ens agradaria més que no creéssim una comissió sinó que automàticament fos el Govern qui apliqués i desenvolupés les conclusions que demanen de l’informe del relator de les Nacions Unides.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nosotros también estábamos más cómodos con la propuesta inicial del Grupo Parlamentario Vasco, aunque vamos a apoyar la moción con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Sin embargo, la pregunta es si, pasados setenta y cinco años desde el fin de la Guerra Civil, tenemos que mantener en lugares relevantes la figura de Francisco Franco. ¿Qué sentido tiene esto? Y si el Partido Popular —aunque no sé qué va a hacer hoy— vota en contra, ¿a qué responde? ¿Por qué se vota en contra? Imaginen ustedes que en Roma o en Milán hubiera una escultura de Mussolini en un lugar relevante y fuéramos allí y lo viéramos. ¿Qué diríamos? En el fondo, de lo que trata esta iniciativa y muchas otras que hemos ido planteando es de romper claramente no entre la izquierda y la derecha, sino entre democracia y no democracia. Lo que estamos votando hoy no es izquierda o derecha, sino democracia o no democracia.

Hace unos días decía que hay dos cuestiones que creo que separan el pensamiento de la derecha española de la derecha europea, y es el modelo de Estado. Para la derecha europea el Estado federal es fuerte y potente, mientras que para la derecha española es una fractura del Estado, y el tema de la memoria histórica se ha hecho en Alemania, en Francia o en Italia, gobernara quien gobernara. Por lo tanto, necesitamos romper con estos vínculos, con cualquier exaltación de la Dictadura y del franquismo. Esto quiere decir que el Partido Popular tiene claramente que hacerlo.

El relator de Naciones Unidas dice dos cosas que yo he repetido en esta legislatura, igual que han hecho otros senadores y compañeros. Primera cuestión que nombra el relator: Las medidas adoptadas por el Estado no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, nos está diciendo el relator de Naciones Unidas que no ha habido una política consistente. Además, el relator especial dice otra cosa importantísima, y es que nota que varios representantes del Gobierno, en las reuniones que mantuvieron, marcaron las discusiones con el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir del odio. Yo también lo he escuchado en representantes del Gobierno: o decimos que lo hemos superado o vendrá el odio. Y sigue diciendo: El relator especial recalca que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean incómodos.

Por lo tanto, el relator de Naciones Unidas dice varias cosas: que en España no ha habido una política consistente en relación con la memoria histórica —lo dice claramente—, que ha habido un trato asimétrico de las víctimas, y que en las reuniones mantenidas con los representantes del Gobierno estos han dicho que esto puede generar odio. El relator dice todo lo contrario, que para cerrar el tema, para pasar página, es necesario leer esta página. En consecuencia, estoy convencido de que el cierre del tema de la memoria histórica pasa por que ningún partido —en este caso el Partido Popular— tenga unas posiciones que puedan hacer pensar que no condena de forma clara y rotunda aspectos de la Dictadura. Y el tema del Valle de los Caídos es clarísimo. No tiene ningún sentido. Es ofensivo democráticamente que Francisco Franco, que no murió en la Guerra Civil, sea la única persona que está enterrada allí y en un sitio relevante, como si fuera la exaltación de un personaje que fue uno de los grandes causantes de los peores males del siglo XX en el Estado español, la Guerra Civil.




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Proponemos, pues, el voto a favor de la moción del PNV, aunque nos gustaría más no crear una comisión, sino que fuera el Gobierno el que aplicara y desarrollara las conclusiones que emanan del informe del relator de las Naciones Unidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: El meu grup està d’acord en tots els punts de la part dispositiva de la moció conseqüència d’interpel·lació. Considerem que cal aconseguir un text acordat entre tots els grups parlamentaris, amb l’ànim de reconèixer una injustícia i protegir les seves víctimes com a objectiu prioritari dels poders públics d’un Estat de dret; entenem que és imprescindible reparar el dany causat, reconèixer la situació d’indefensió i posar tots els mitjans a l’abast per a restituir, recordar i recuperar.

L’informe del relator de Nacions Unides, Pablo de Greiff, conclou que les mesures adoptades per l’Estat espanyol no s’han correspost amb una política d’Estat ni consistent ni incloent ni global a favor de la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició. Cal saber la veritat del que va passar, no podem deixar soles a les víctimes, els seus familiars i les associacions que les representen. Malauradament no s’ha establert mai una política d’Estat per a la promoció de la veritat. No existeix informació oficial ni mecanismes d’esclariment de la veritat. I mentrestant, tenim la desgràcia de ser gairebé líders mundials en desaparicions forçades, quasi 150000.

És per tot això que coincidim en què cal el compliment de les recomanacions plantejades pel relator especial, el senyor Pablo de Greiff, en el seu informe a l’Assamblea de Nacions Unides, en l’àmbit de la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. És per això que considerem que cal adoptar totes les mesures necessàries perquè s’investiguin els crims comesos durant la Guerra Civil i el franquisme, que és imprescindible treballar per la reparació de les víctimes, que cal censar els símbols, llegendes, mencions i reconeixements franquistes, que cal facilitar l’accés als arxius de les presons i, evidentment, comptar amb la dotació pressupostària necessària i imprescindible per a fer-ho possible.

I certament, no podria escaure’s en una data més idònia que la d’avui: Dia Internacional dels Drets Humans. Celebrem, doncs, aquesta jornada cercant el consens en un tema que ens afecta a tots. Ho devem a les víctimes i ens ho devem a nosaltres mateixos.

Bé, Senador Bildarratz, com pot veure estem d’acord en tots els punts de la part dispositiva de la moció i agraïm també la seva voluntat d’acceptació de les esmenes. Per tot això, votarem a favor de la moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Mi grupo está de acuerdo con todos los puntos de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación. Consideramos que hay que lograr un texto acordado entre todos los grupos parlamentarios con el ánimo de reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas como objetivo prioritario de los poderes públicos de un Estado de derecho. Es imprescindible reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios que estén a nuestro alcance para restituir, recuperar y recordar.

El informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, concluye que las medidas adoptadas por el Estado español no se corresponden con una política de Estado ni consistente, ni incluyente ni global a favor de la verdad, a favor de la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Hay que saber la verdad de lo que ocurrió. No podemos dejar solas a las víctimas, a sus familiares ni a las asociaciones que las representan. Desgraciadamente, no se ha establecido nunca una política de Estado para la promoción de la verdad. No existe información oficial ni mecanismos para aclarar la verdad, y mientras tanto tenemos la desgracia de ser líderes mundiales en desapariciones forzadas, casi 150 000.

Por todo ello coincidimos en que hay que dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas por el relator especial, señor Pablo de Greiff, en su informe a la Asamblea de Naciones Unidas en el ámbito de la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello




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consideramos también que hay que adoptar todas las medidas necesarias para que se investiguen los crímenes del franquismo en la Guerra Civil. Es imprescindible trabajar para la reparación de las víctimas. Hay que censar los símbolos, leyendas, menciones y reconocimientos franquistas. Hay que facilitar el acceso a los archivos de las prisiones y, evidentemente, contar con la dotación presupuestaria necesaria e imprescindible para hacerlo posible.

Y todo esto no podría ser en una fecha más señalada que la de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Celebremos esta jornada buscando el consenso en un tema que nos afecta a todos. Se lo debemos a las víctimas y nos lo debemos a nosotros mismos.

Senador Bildarratz, estamos de acuerdo en todos los puntos de la parte dispositiva de la moción, a favor de la cual vamos a votar, y agradecemos su voluntad de aceptar nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc voldria agrair al Grup Basc que hagi acceptat les nostres esmenes. I ja anuncio que nosaltres donarem suport al text que n’ha resultat, sense prejudici que tenim alguns dubtes sobre l’esmena presentada per Convergència i Unió, ja que creiem que aquesta problemàtica, en algun dels seus supòsits, ja va tenir un període per a poder-se efectuar els canvis i que, en altres casos, és molt difícil poder considerar aquestes entregues com a dipòsit. A més a més, que també està en discussió si ja haurien prescrit, segons la Llei Mercantil, i els articles 1961 i següents del Codi Civil.

Nosaltres continuem donant molta importància a la necessitat que aquesta sigui una matèria de consens i, per això, hem proposat aquesta substitució del punt primer per la creació d’aquesta comissió amb la idea clara de fomentar aquest consens. Un consens que és més necessari que mai. Perquè si analitzem quina és la situació en aquests moments en matèria de memòria històrica, la veritat és que la crua realitat demostra que hi ha una part que no vol donar passos a favor de la memòria històrica. Si considerem que el darrer govern socialista, del 2011, va invertir prop de 6,5 milions en matèria de memòria històrica, si considerem que el primer govern del Partit Popular ja va rebaixar aquesta quantitat a 2,5 milions i, a més a més, no la va gestionar, si considerem que el 2013 i 2014 i 2015 s’ha passat de deixar la partida a zero a eliminar-la, tot això demostra que tenim un problema. I tenim un problema greu. I, per tant, es tracta d’intentar totes aquelles maneres i formules que permetin arribar a acords a fi que aquesta matèria no estigui paralitzada com està en aquests moments.

La veritat és que, des del nostre punt de vista, no ens esperàvem una resposta, durant aquesta legislatura, tan radical per part del Grup Popular sobre aquesta matèria. Que s’allunyés tant de les idees que tenen els partits conservadors de la resta d’Europa. Per tant, en aquest sentit, crec que s’han de fer els esforços necessaris per intentar paliar aquesta situació. Perquè no és possible intentar vendre aquell missatge, que era molt comú per part del Govern i del Partit Popular, que tot es va arreglar durant la Transició i que moure aquests temes és cridar a la confrontació. Des del nostre punt de vista, passa absolutament tot a l’inrevés. Quan cridem a la confrontació és quan no donem solució a aquestes qüestions. Perquè no donar solució a aquestes qüestions, significa mantenir víctimes de primera i víctimes de segona. Significa mantenir monuments com el del Valle de los Caídos. No és només que Espanya sigui un dels països amb més desaparicions forçades i gent a les cunetes, sinó que, a més a més, el Govern no ha fet absolutament res per intentar paliar aquesta qüestió. Per tant, no només és que tinguem aquesta situació, sinó que a més mantenim monuments que donen reconeixement a aquesta situació. I per això demanem que es resignifiqui el Valle de los Caídos.

I no és possible argumentar temes econòmics. Perquè durant aquesta legislatura hem fet tot tipus de propostes. Propostes poc costoses, comissions per intentar arribar a acords, baixades de partida, en definitiva, hem donat totes aquestes possibilitats per intentar arribar a acords. Per això, des del nostre punt de vista, el problema no és un tema econòmic sinó que és un tema ideològic, i això el Grup Popular i el govern ho haurien d’haver explicat a l’ONU, en comptes de treure pit amb una llei que no han compartit mai, ni han compartit les inversions que s’han fet fins ara.




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Per tant, nosaltres continuarem insistint i voldríem tenir l’esperança que el Grup Popular qualsevol dia canviï de postura, entri en raó i entengui que regenerar la nostra democràcia, donar més legitimitat a la nostra democràcia demana que s’opti per la reconciliació.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Vasco que haya aceptado nuestras enmiendas. Y anuncio ya que vamos a dar apoyo al texto que ha resultado, sin perjuicio de que tengamos algunas dudas respecto de la enmienda presentada por Convergència i Unió, ya que creemos que esta problemática en algunos de sus supuestos ya tuvo un período para poder efectuar los cambios a los que se referían. En otros casos es muy difícil considerar estas entregas como depósito. También se está discutiendo si ya habrían prescrito según la Ley mercantil y el artículo 1961 y siguientes del Código Civil.

Nosotros damos mucha importancia a la necesidad de que esta sea una materia de consenso. Por ello hemos propuesto esta sustitución del punto primero por la creación de esta comisión con la idea clara de fomentar este consenso que es más necesario que nunca, porque si analizamos cuál es la situación en este momento, la verdad es que la cruda realidad demuestra que hay una parte que no quiere dar pasos a favor de la memoria histórica. Si el último Gobierno socialista de 2011 invirtió cerca de 6,5 millones en materia de memoria histórica, si el primer Gobierno del partido popular rebajó esta cantidad a 2,5 millones y además no la gestionó, si en 2013, 2014 y 2015 se ha pasado de la partida cero a eliminar la partida, esto demuestra que tenemos un problema, y además grave. Por lo tanto, se trata de intentar buscar todas aquellas fórmulas para conseguir llegar a acuerdos con el fin de que esta materia no se quede paralizada como está en estos momentos.

La verdad es que durante esta legislatura no nos esperábamos una respuesta tan radical del Grupo Popular sobre esta materia, que se hicieran tan fuertes con estas ideas y que no siguieran la línea de los partidos conservadores del resto de Europa. Es necesario hacer esfuerzos para intentar paliar esta situación, porque no es posible intentar vender el mensaje del Gobierno del Grupo Popular de que ya se arregló todo durante la Transición y que ahora todo esto supone potenciar la confrontación. Porque a nosotros nos parece que todo va por el otro lado; buscamos la confrontación cuando no damos solución a estas cuestiones. Y no dar una solución significa mantener víctimas de primera y víctimas de segunda. Significa mantener monumentos, como el del Valle de los Caídos. No solo es que España sea el país con más desapariciones forzadas y con más gente en las cunetas, sino que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para intentar paliar esta situación. Por consiguiente, no es solo que tengamos esta situación, sino que, además, mantenemos monumentos que le dan reconocimiento. Por ello, pedimos que se le dé un nuevo significado al Valle de los Caídos.

Y no es posible argumentar aquí problemas económicos, porque durante esta legislatura hemos hecho muchas propuestas poco costosas, comisiones para intentar llegar a acuerdos, bajadas de partidas... hemos dado toda una serie de posibilidades para intentar alcanzar acuerdos. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista el problema no es económico, sino que es una cuestión ideológica, y el Grupo Popular, como el Gobierno, tenía que haber dado explicaciones en la ONU, en vez de sacar pecho con una ley que no han compartido nunca, como tampoco han compartido las inversiones que se han hecho hasta ahora.

Nosotros vamos a seguir insistiendo con la esperanza de que el Grupo Popular algún día cambie su posición, entre en razón y entienda que regenerar la democracia, dar mayor legitimidad a nuestra democracia, requiere políticas de reconciliación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.

Senador Bildarratz, voy a empezar por despejar su duda: vamos a votar en contra de la moción. Y lo vamos a hacer porque, tal y como ha quedado al final con las enmiendas que ha incorporado, no podemos aceptarla. Además, decía su señoría que no nos hemos acercado a




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usted. Tampoco usted se ha acercado a nosotros, y digo esto porque, quizás, si hubiéramos hablado de una manera reposada, tranquila y viendo hacia dónde queríamos ir, podríamos haber llegado a un texto. A mí me hubiera gustado presentar, incluso tenía hecho un esquema, una enmienda de sustitución que recogía muchos de los puntos de su moción inicial, porque creo que eran una serie de puntos aceptables y positivos, pero había otras cosas sobre las que se podría haber discutido, porque, desde luego, nuestra posición era distinta.

Usted empieza, y lo han dicho también los que han intervenido, por el informe del relator de Naciones Unidas, el señor de Greiff, con el que yo tuve ocasión de entrevistarme, aunque fugazmente, pero pude ver un poco lo que estaba haciendo. Estuvo en España durante dos semanas, se enteró de una serie de cosas y hace una valoración positiva —quiero insistir en ello porque me parece extraordinariamente importante— de la Transición. Porque oyéndoles a ustedes aquí esta mañana, parece que tenemos que avergonzarnos de la Transición, como si hubiese sido un desastre o se hubiese hecho muy mal. No, señores, fue un momento muy importante y muy positivo de la historia española contemporánea. Les leo el párrafo que apunta el señor De Greiff: «La consolidación de la democracia constituye uno de los logros insignes de la Transición española. La ausencia de riesgo, de quiebra institucional proveniente de las Fuerzas Armadas, uno de los más grandes retos de las transiciones, se logró a través de la reforma y democratización de las mismas. Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para otros países.» La valoración es globalmente positiva, y después parece que el señor De Greiff quiere encontrar, porque su informe se lo exigía, una serie de aspectos negativos, y efectivamente su informe contiene algunas cuestiones que son críticas, pero unas se podrían aceptar y otras no.

Y aquí quiero decir otra cosa. Esta no es una resolución obligatoria de Naciones Unidas, como también se ha oído aquí esta mañana; es un informe muy respetable de un señor y del equipo que le ha ayudado a hacer el trabajo, pero algunos aspectos, evidentemente, se pueden discutir. ¡Claro que se pueden discutir! Entre otras cosas, se habla de una comisión de la verdad. Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con toda el alma les digo que ni falta que nos hace, y les voy a explicar por qué. Cuando oigo hablar de las comisiones de la verdad me acuerdo siempre de la novela esa de Orwell de 1984 que todos ustedes conocen, una novela futurista en el momento en que la escribió, en la que se habla de un régimen autoritario y totalitario donde se creaba un ministerio de la verdad, porque había una verdad oficial. En las democracias no hay verdades oficiales. En las democracias cada uno expone lo que le parece oportuno con los argumentos que tiene a mano. Y en este tipo de cuestiones la verdad la exploran los historiadores, y son ellos los que tienen derecho a investigar y a ir descubriendo cosas que incluso en otros momentos se desconocían. Estamos acabando el año 2014, el centenario del principio de la Primera Guerra Mundial; se han escrito muchos libros sobre aquel acontecimiento y en ellos encontramos cosas que creíamos que habían sucedido pero que no son como creíamos, porque las nuevas investigaciones, los nuevos archivos y las nuevas correspondencias ayudan a ver las cosas de otra manera; ni el káiser es lo que decían, ni Nicolás II es lo que decían, ni los militares franceses son lo que decían, hay cosas muy nuevas que tenemos que saber. Esa verdad es la de los historiadores; no hablemos en política de verdad porque eso es propio de los regímenes totalitarios. Aquí no ha habido comisión de la verdad, ni falta que nos hace.

Pero me gustaría insistir en otras cuestiones, porque son razones por las cuales no podemos aceptar la moción tal y como está formulada. En relación con el punto 4 de la moción, que habla de dotar los Presupuestos Generales del Estado, ha habido 190 solicitudes con 49 resoluciones de reconocimiento de indemnización, que se han abonado ya íntegramente sin ningún tipo de retención, exentas de tributación sobre la renta y de otras normas tributarias, aunque esto no ampara algunos otros aspectos de la ley, como lo que está previsto en el artículo 10.

Otro de los aspectos que contiene la moción es el censo de las cosas franquistas que quedan todavía. No tiene sentido hacer un censo, que supondría nuevos costes presupuestarios, etcétera, y no lo tiene porque hay un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2008 que encarga a todas las administraciones públicas que vayan viendo dónde subsisten ese tipo de restos del franquismo para ir suprimiéndolos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Eso se está haciendo en los ministerios correspondientes. En este caso concreto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas garantiza que está insistiendo en que las distintas administraciones de los distintos niveles administrativos detecten ese tipo de restos del franquismo, y están desapareciendo.

Aquí también se ha hablado de otras cuestiones, como del Valle de los Caídos. Se ha hablado mucho del Valle de los Caídos... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Señoría, vaya terminando.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Yo he mantenido algún debate con el senador Anasagasti, y también estuvo aquí la vicepresidenta del Gobierno hablando de este tema. Mientras la comisión de expertos no resuelva algo por unanimidad —y no existió, pues hubo un voto particular— es muy difícil llegar a una serie de acuerdos.

Yo podría decirles algunas cosas más, pero quiero comentarles… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Muñoz-Alonso, termine, por favor. (Rumores).

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino enseguida, señor presidente.

El modelo de transición española no es igual que el modelo que parece percibirse en el relator del señor Greiff, que es el modelo centroamericano. Aquí el proceso de paz se realizó de otra manera (Rumores), porque se hizo un proceso de reconciliación —que todo hay que decirlo—. Se empezó por los que se decía que habían perdido la guerra —fueron Carrillo, Azaña, Indalecio Prieto y podríamos aportar… (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Lo siento mucho, pero tienen que escuchar esto porque es así.

El señor PRESIDENTE: Senador Muñoz-Alonso, ha sobrepasado su tiempo con exceso, termine.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Votamos en contra porque creemos que podemos llegar a acuerdos en ciertos aspectos (Rumores), sobre todo en los relativos a las víctimas, a todas las víctimas, incluso en lo que concierne al Valle de los Caídos —que siempre hemos pensado que debe ser un centro de reconciliación—, pero, tal y como queda la moción, sencillamente no podemos aceptarla. (Rumores.—Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra).

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidente.

Se ha hecho una referencia a que yo no me he acercado al Grupo Popular para poder negociar esta moción consecuencia de interpelación, y no voy a discutir si me he acercado, si no se me han acercado, etcétera; no quiero abrir para nada ningún debate. Únicamente quiero decir que, si de verdad había una voluntad de acuerdo y había un texto escrito para poder realizar una aportación, ayer a las 12 del mediodía podían haber presentado un texto a la moción consecuencia de interpelación para que pudiéramos considerarlo nosotros y para haber podido negociar.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Les recomiendo encarecidamente, encarecidamente, una lectura de Juan José Millás: Pérdida del oremus. Es un fragmento muy corto que sintetiza de verdad lo que ha pasado hoy aquí. (Protestas).

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Vasco con la incorporación de todas las enmiendas presentadas, menos la segunda del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, no continúa el Pleno hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

3.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EL GOBIERNO DE CANARIAS EN MATERIA DE CARRETERAS.

(Núm. exp. 671/000150)

AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

El señor presidente da lectura al punto 3.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Presento esta moción consecuencia de la interpelación que tuvimos el Pleno pasado con la ministra de Fomento.

El vigente Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre carreteras, suscrito el 18 de febrero de 2006, tiene su origen en el Convenio de colaboración, coordinación y apoyo a la financiación y ejecución de obras en carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias de 30 de abril de 1994. Los años de ejecución de este convenio han supuesto para Canarias un avance importante en materia de infraestructuras viarias por todas las islas, contribuyendo a la cohesión territorial de nuestro archipiélago.

La reducción económica impuesta de forma unilateral y sin previo aviso en los últimos Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno de España ha supuesto ya —en cuatro ejercicios presupuestarios— un recorte de 628 millones de euros en este convenio de carreteras, recorte que ha venido materializado en todos y cada uno de los presupuestos del Estado para Canarias desde los años 2012 a 2015, lo que ha significado una pérdida de más de 10 000 empleos, pues cuando se firmó este convenio se había cuantificado que su duración generaría alrededor de unos 13 000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y actualmente, en esta legislatura, solo ha generado 3000 puestos de trabajo. Por tanto, se estima que se han perdido unos 10 000 puestos de trabajo. Aparte, muchas de las pequeñas y medianas empresas que ya tenían adjudicadas y habían empezado las obras en estas carreteras evidentemente han tenido que cerrar, o peor, han entrado en concurso de acreedores por falta de pago, porque habían hecho unas estimaciones y este recorte tan brutal ha hecho que se paralicen numerosas obras.

El Gobierno de Canarias, y hoy mismo, sigue tendiendo la mano al Ministerio de Fomento para poder llegar a un acuerdo. En todos los foros bilaterales entre el Estado y Canarias se ha propuesto una rebaja normal —por la crisis— en este convenio de carreteras, que hemos cifrado entre el 30 % y el 40 %, incluso podíamos llegar hasta el 50 %, pero, desgraciadamente, no podemos aceptar una rebaja de más del 73 % en este convenio de carreteras.

Las infraestructuras, las infraestructuras del transporte en general y, de forma muy especial, las de carreteras son elementos estructurales de toda la planificación territorial y su papel en Canarias es indispensable para garantizar el dinamismo económico, la cohesión social y las




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condiciones de igualdad de los ciudadanos. Las infraestructuras de transporte son infraestructuras viarias de medio y largo recorrido, por lo que podrán entender que no se puede parar o designar presupuestariamente cada año lo que se va a hacer en carreteras. Muchas de estas obras tienen una ejecución de más de cinco años y hasta de ocho años; por lo tanto, es fundamental que lo comprometido al inicio de las obras se mantenga, si no el 100 %, como hemos venido pidiendo, por lo menos un margen económico que permita seguir avanzando en las diferentes obras y a las empresas mantener los empleados que tienen actualmente.

Nos gustaría que el ministerio tomara —y lo digo, sinceramente, con envidia— como prioridad las carreteras en Canarias como la alta velocidad en la península, porque para nosotros las carreteras son fundamentales. De las 19 carreteras que estaban firmadas en el convenio en todas y cada una de las islas de Canarias se van a paralizar 10 con este nuevo recorte, lo que supondrá un grave problema para Canarias, no solo para esa cohesión territorial, sino para el empleo, y vuelvo a recalcarlo, porque es una de las comunidades con mayor tasa de paro que existe.

Por eso, en esta moción pedimos en primer lugar que se reanude el diálogo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para garantizar una financiación justa y estable que permita seguir actuando en estas 19 carreteras de Canarias. En segundo lugar, que el Gobierno del Estado autorice la ampliación de la dotación para los Presupuestos Generales del Estado de 2015 de lo ya pactado —de los 54 millones de euros que teníamos a los 226 millones que están firmados, podíamos llegar a un acuerdo de 120 o 150 millones de euros—. Y, en tercer lugar, que muestren su oposición a la pérdida de este contrato, a la rescisión del citado convenio, porque, como digo, en Canarias sigue siendo fundamental en el presente y en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Con su venia.

Senador Quintero, el Gobierno de España se mueve, como no puede ser de otra manera, en el marco legislativo de su estatuto de autonomía, en el cual están transferidas y reconocidas sus competencias sobre carreteras, y, posteriormente, en el Decreto sobre traspaso de funciones y servicios —que se estableció allá por el año 1984—. También nos movemos en una norma muy importante —y muchas veces citada por usted— que es la que se refiere al régimen económico y fiscal de Canarias, la Ley 20/1991, de 7 de junio, que establece el régimen de inversiones públicas del Estado, en concreto, en este caso, en sus islas, para compensar lo que se denomina el hecho insular.

Pues bien, en base a estos textos legales, en base al cumplimiento escrupuloso y riguroso que de los mismos realiza el Gobierno de España, y en especial remitiéndonos a la adenda del convenio del año 2006, firmada el 17 de noviembre de 2009, en su cláusula adicional tercera se establece que el Gobierno de España financiará esas infraestructuras declaradas de interés general para que puedan ser incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, y, de hecho, es lo que hasta la fecha vienen haciendo los diversos gobiernos que han regido los destinos de España. Pero, señor Quintero, esa cesión que se hace al Gobierno de Canarias de esas potestades y prerrogativas en el ejercicio de la ejecución de las carreteras, el aumento de sus potestades o competencias, como muy sabe usted, ha dinamizado el sector y creo que ha redundado en beneficio de todos los ciudadanos de las islas Canarias. Luego me explayaré más en el turno de portavoces, pero el momento actual ya conoce usted cuál es.

Evidentemente ha habido que ajustar anualidades, ha habido que ajustarnos al cumplimiento de un objetivo de déficit, no buscado precisamente por el Gobierno del Partido Popular, sino que se encontró cuando accedió el Partido Popular al poder, para evitar una intervención —que no hubiera sido deseada por ninguno de los españoles—; tuvo que hacer una serie de ajustes. Senador Quintero, usted bien sabe que no solamente se hicieron ajustes en carreteras, sino que se han tenido que hacer una serie de ajustes en otros muchos sectores de la sociedad y en otras muchas tareas o misiones que corresponden al Gobierno de una nación como la española.

Por eso, senador Quintero, no entienda usted esa reducción del importe que se establece en las partidas consignadas en el convenio del año 2006 como una afrenta o como un no atender los




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intereses de los ciudadanos canarios, porque se trata de que con esos ajustes que tenemos que tener todos podamos superar ese momento, ese bache, esa crisis en la que nos encontramos inmersos en el año 2011. Poco a poco, señoría, gracias a estos ajustes, gracias a este tino que está teniendo el Gobierno de España para resolver estas situaciones de tipo económico, vamos saliendo con buenos índices de la crisis en la que nos veíamos inmersos. No es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora. Todavía tenemos que seguir hincando el pie en el barro y seguir trabajando para sacar adelante todos los problemas que sigue teniendo España, pero desde luego vamos muy por delante de lo que nos encontramos en el año 2011.

Senador Quintero, yo le propongo esta enmienda de sustitución que dice que el Senado insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento prosiga financiando el Convenio de carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias por el importe de las dotaciones que a este fin se le asigne por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y en segundo lugar, a seguir trabajando con el Gobierno de Canarias en el ámbito de los mecanismos de cooperación y coordinación recogidos en el convenio, con el objetivo de poder continuar con el desarrollo e impulso de la red viaria en el archipiélago.

Espero de su buen hacer, señor Quintero, para aceptar esta enmienda, pues demuestra el compromiso de España, del Gobierno del Partido Popular, de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y de su equipo con las islas Canarias, con Baleares y con Ceuta y Melilla, afectados por el hecho de la lejanía de la península.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Tiene la palabra el senador Quintero, para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al senador Mateu la presentación de su enmienda y la intención de llegar a un acuerdo, pero no puedo aceptarla. Me referiré a los dos puntos de la misma. En primer lugar: proseguir financiando el convenio. Nosotros sí queremos que se prosiga financiando, pero no de la manera en que se está haciendo. Evidentemente, no podemos aceptar una reducción del 73 % del convenio de carreteras. En segundo lugar: seguir trabajando con el Gobierno de Canarias. Este es también el primer punto de nuestra moción: seguir colaborando y volver a convocar mesas bilaterales entre Canarias y el Estado, con el fin de lograr un convenio de carreteras no tan gravoso y perjudicial para Canarias sino más justo. Señoría, es muchísima la reducción de 628 millones en carreteras durante cuatro ejercicios presupuestarios, sobre todo para unas islas que tienen una tasa altísima de paro y porque las 19 carreteras que establecía el convenio de 2006 fueron nombradas de interés general en la adenda de 2009 y son fundamentales para todas las islas.

La adenda de 2009 establecía la obligación de financiar el convenio con el importe que fijara anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto en la Cámara del Congreso como en la Cámara del Senado. Esto es evidente, y así también lo señaló la ministra en la interpelación. Pero vayamos a la política. Somos nosotros, diputados y senadores, los que aprobamos los Presupuestos Generales del Estado, estos no nos vienen impuestos, se pueden modificar y ampliar, con lo cual, lo que yo pido al partido mayoritario que apoya al Gobierno es que apruebe la modificación del convenio para aumentar la cuantía. Simplemente eso. No se pueden ustedes escudar en la adenda de 2009, señalando que ha de ser el presupuesto el que fije anualmente las cuantías. Evidentemente, nos habría gustado más que se hubiera mantenido la media de los 220 millones de inversión anual que establecía el convenio de carreteras. Y aunque no estemos en contra de la adenda de 2009, creemos que se trata de una cuestión de voluntad política. ¿Es verdad que se ha producido una reducción en las partidas de todas las comunidades? Cierto. ¿Es verdad que Canarias ha dicho que aceptaba una reducción? Cierto. Evidentemente, no pretendíamos la dotación del 100 % del convenio, aunque sería lo ideal. Éramos conscientes de que la crisis económica pasaría factura a todos y que Canarias tendría que asumir la parte que le tocaba, también en relación con los diferentes convenios, pero no de forma tan drástica como un 73 %, más aun cuando han subido las partidas destinadas a otros convenios, por ejemplo, en relación con la alta velocidad. Envidia nos da a los canarios no poder tener líneas de alta velocidad, ojalá pudiéramos tenerlas. Se ha aumentado la partida de alta velocidad, nos parece




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fenomenal y lo apoyamos, pues consideramos que es un transporte fundamental para el territorio peninsular. No obstante, deben entender que hay transportes fundamentales para Canarias que desgraciadamente no corren la misma suerte.

También quería hacer alusión a lo que sucedió en la interpelación para recordárselo al senador Mateu, y tengo que reconocer, y lo digo públicamente, que me gusta más debatir con el senador Mateu que con la propia ministra, porque creo que tiene más respeto a esta Cámara. El otro día la ministra en la última interpelación se atrevía a nombrar 17 carreteras. Dijo textualmente: «Señor Quintero, durante esta legislatura en los Presupuestos Generales del Estado hemos destinado una cantidad de dinero para infraestructuras de carreteras en Canarias.» Y especificó: Puerto Rico-Mogán, 145 millones; la vía litoral de Tenerife, 47 millones; carreteras de Gran Canaria, 65 millones... Y no les voy a aburrir con todo lo que dijo, pero la suma de todo lo que dijo la ministra son 1233 millones. El Estado en estos cuatro presupuestos ha destinado 233 millones, es decir, le faltan 1000 millones— esto está en el Diario de Sesiones, no me lo invento yo—. Me imagino que la ministra estaría mal asesorada o estaría equivocada porque lo dijo textualmente. Evidentemente, esos 1233 millones son el total del convenio si se hubieran aportado las cuantías correspondientes anualmente, pero no se ha hecho. Entonces no podemos decir que el Estado ha financiado estas infraestructuras.

Por otra parte dice que lo que podemos hacer es que el Gobierno solo financie 16 millones porque los cabildos adelantan una parte. Si leemos el convenio de carreteras, el Gobierno de Canarias no está obligado a poner nada. Es un convenio, de carreteras, igual que otros, que se han...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: ¿Puedo continuar? Bien, termino y continúo en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Las cosas del Senado. (Risas).

Continúo, señor Mateu. Decía que en el convenio de carreteras, el Gobierno de Canarias no está obligado a poner una cantidad. Este convenio de carreteras, al igual que otros convenios, se firmó para compensar unas desigualdades que la Unión Europea marca y establece en su tratado que son responsabilidad del Estado miembro. Y nombra a Canarias. Dice: «La normativa comunitaria refuerza en cada tratado la condición de cuestión de Estado de las infraestructuras, de los transportes en Canarias.» Es decir, nombra al Estado miembro. Y esos convenios son para compensación de la lejanía, la ultraperiferia, la insularidad, la doble insularidad, la fragmentación, etcétera. Esos son los convenios que se han firmado. No puede decir que solo se aportan 18 millones. Es que el Gobierno de Canarias no está obligado en esos convenios a aportar nada, pero lo aporta. Y no solo hay 19 carreteras en Canarias.

Creo que hay que dejar las cosas claras porque la señora ministra dice que hacemos demagogia, y no es verdad. No me gusta hacer demagogia, vengo a hacer política y a intentar transmitir lo que los ciudadanos me manifiestan.

No solo hay 19 carreteras en Canarias, hay muchas más que el Gobierno de Canarias financia. Estamos hablando de muchísimos millones de euros, lo que sucede es que es verdad que en el convenio no solo se reflejan 18 millones, figuran más, porque aunque los cabildos lo adelantan, el Gobierno después lo vuelve a reintegrar a los cabildos, son 20 millones más 18 millones, pero vuelvo a decir que el Gobierno de Canarias no está obligado. Por tanto, me gustaría que, por lo menos, se pudiera aprobar una reducción no tan drástica, y que el Partido Popular fuera consecuente con su actuación en Canarias.

Lo que se solicita en este convenio y lo que yo estoy diciendo hoy no es estrictamente que nos den el 100 % —repito— de lo firmado —somos conscientes de la situación económica—, pero lo que




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no podemos admitir es que una reducción tan drástica de este 73 % del convenio de carreteras ponga en riesgo empleo, empresas y, al final, una cohesión territorial que nos hemos marcado todos.

Y termino diciendo respecto a las prioridades que un convenio de carreteras, cuando se elabora, como dije con anterioridad, se hace a medio y largo plazo. Las prioridades que marcó el Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado conjuntamente cuando firmaron el convenio fueron 19 actuaciones —casi una carretera por isla, y estaba la carretera de La Aldea que se nombra también como prioridad—, 19 prioridades. Lo que no puede hacer el Estado ahora es decir que Canarias tiene que priorizar. Creo que todos sabemos que inversiones de 12 millones, de 40 millones, de 60 millones, de 128 millones de euros no se pueden cambiar de un día para otro, son proyectos a medio y largo plazo. Eso estaba priorizado, pero, ¡claro!, si nos quitan el dinero, evidentemente no podemos priorizar, no se va a parar esa carretera de La Aldea. Pero no se pueden destinar todos los recursos a una sola carretera cuando hay 19 en ejecución. La carretera de La Aldea es de las más importantes o de las más vitales, pero cada isla tiene su prioridad, y lo que no pueden decir es que es el Gobierno de Canarias quien tiene que priorizar, cuando es el Gobierno del Estado el que no cumple, no ha cumplido y no va a cumplir estos presupuestos con lo pactado ni con lo firmado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Senador Bildarraz quiere intervenir? ¿No hay intervenciones? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies president. Bon dia senadors i senadores.

Més enllà d’intervenir en debats sobre la intervenció econòmica d’Espanya que ha començat a suscitar el senador Mateu i que ens portarien molt lluny, perquè els desequilibris actuals de l’economia espanyola també són molt i molt importants, en tot cas el canvi no es produiria per la política espanyola, sinó per les condicions de la política general europea.

Simplement voldria expressar el vot favorable del nostre grup a aquesta moció perquè realment la música ens sona molt, l’incompliment d’acords vigents entre el Govern Popular i les administracions en un tema clau com les infraestructures i inversió pública és quelcom que coneixem perfectament per part del govern del Partit Popular, a més ho acostuma a fer sense voler-ho assumir, a sobre sembla que encara faci un favor, pretenen que fa molt més del què feia abans el Govern Socialista.

Per tant, des d’aquesta solidaritat, votarem plenament a favor a la moció que presenta el senador Narvay Quintero.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, senadores y senadoras.

Más allá de entrar en el debate sobre la intervención económica de España que ha empezado a suscitar el senador Mateu y que nos llevaría muy lejos —porque los desequilibrios actuales de la economía también son muy importantes—, diré que el cambio no se produciría por la política española sino por las condiciones de la política general europea.

Simplemente querría expresar el voto favorable de nuestro grupo a esta moción porque realmente la música me suena mucho. El incumplimiento por el Gobierno Popular de acuerdos vigentes entre administraciones en un tema clave como las infraestructuras inversión pública es algo que conocemos perfectamente. Además, acostumbra hacerlo sin querer asumirlo, y, encima, parece que todavía haga un favor y dice que hace mucho más de lo que hacía antes el Gobierno Socialista.

Por tanto, desde esta solidaridad, votaremos plenamente a favor de la moción que presenta el señor Quintero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.




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La señora CANDINI I PUIG: Gràcies senyor president.

També volem donar suport en aquesta moció de Coalició Canaria i faré algunes reflexions: efectivament, com deia el senador Martí, també ens sona molt aquesta música d’incompliments de manera reiterada.

El senador Mateu diu que els ajustes són els que són i que obliguen a prendre aquestes decisions. Per nosaltres és una mica paradoxal per dues coses: primer perquè sabem que en política el què vol dir és prioritzar, i prioritzar vol dir saber exactament què és allò prioritari respecte als pressupostos i si per exemple ara aquest pressupost que es votarà les properes hores, que veiem que el Ministeri de Defensa té molt més pressupost que la suma dels ministeris de Foment i Indústria, és evident que aquí han prioritzat. I a més a més, aquest incompliment sistemàtic, tenim memòria com per recordar que, des d’un punt de vista de la disposició addicional tercera, hi ha pràcticament 1750 milions d’euros que se’ns deuen, però com que hi ha una part que consideren que això en base al Tribunal Constitucional, no es de obligado cumplimiento que dirien ells, els recordo com a mínim els 750 milions d’euros que es van aprovar en la comissió bilateral govern de la Generalitat-govern de Madrid. Per tant, entenem perfectament les reflexions que fa el senador Narvay, i sobre tot perquè quan parla de carreteres, una de les coses que ens sorprèn moltíssim és que pugui haver una partida superior a 575 milions d’euros, en unes carreteres en les que el seu IMD Índex de Mobilitat Diari, és inferior a 10 000, quan, segons el consell de tècnics del propi Ministeri, aconsellen no invertir si no és superior als 10 000 de trànsit diari.

Per tant, com tantes i tantes coses, des d’un punt del rigor, no sols es fa amb ajustes la política, sinó també amb criteris de racionalització, d’eficiència, de priorització, i sobre tot queda clar que aquells que de manera reiterada ens volen donar lliçons sobre els incompliments, o sobre què és allò legal i no legal, doncs haurien de ser uns mestres del compliment sobre legalitat.

Moltes gràcies i el nostre suport al senador Narvay.

Gracias, señor presidente.

También vamos a apoyar esta moción de Coalición Canaria, y haré algunas reflexiones. Efectivamente, como ha dicho el senador Martí, a nosotros también nos suena mucho esta música de incumplimientos reiterados.

El senador Mateu dice que los ajustes son los que son y que obligan a tomar estas decisiones, pero creemos que es un poco paradójico, por dos razones: primera, porque sabemos lo que quiere decir priorizar en política. Priorizar significa saber exactamente qué es lo prioritario respecto a los presupuestos. Por ejemplo, si en este presupuesto, que se votará a lo largo de las próximas horas, el Ministerio de Defensa tiene mucho más presupuesto que la suma de los ministerios de Fomento e Industria, pues es evidente que aquí han priorizado. Además, está el incumplimiento sistemático: tenemos tanta memoria como para recordar que, por la disposición adicional tercera, se nos deben prácticamente 1750 millones de euros; pero hay una parte que ellos consideran que, según el Tribunal Constitucional, no son de obligado cumplimiento, por decirlo así. (Se interrumpe la interpretación).

Como tantas y tantas cosas, rigor no significa únicamente ajustes en política, sino también criterios de racionalización, de eficiencia o de priorización. Sobre todo, queda claro que aquellos que de forma reiterada nos quieren dar lecciones sobre los incumplimientos o sobre lo que es legal o no, tendrían que ser maestros en el cumplimiento de la legalidad.

Muchas gracias. Daremos nuestro apoyo al senador Narvay.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, señor Narvay, yo no sé si usted se acuerda de aquella canción que decía y dice aquello de que: «tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé» —creo recordar que decía esto—, «la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer.» La recordará.

Pues igual ha pasado con Canarias. Sé que al señor Mateu no le gustan determinadas expresiones pero es que nos sentimos engañados, no una sino cuatro veces: 2012, 2013, 2014 y 2015, después de haberse comprometido el propio secretario de Estado de Infraestructuras, hoy




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ministro de Justicia, al inicio de 2014 —qué casualidad, a las puertas de unas elecciones europeas— a modificar y ampliar los recursos que el Gobierno del Partido Popular debía poner en marcha en el convenio de carreteras.

Pero no sé hizo así, señor Mateu, creo que está usted en un error, y modestamente se lo voy a plantear. Señoría, el hecho de que los gobiernos de España financien el convenio de carreteras no es una cuestión que los canarios tengamos que agradecer, y usted lo ha dicho, por lo siguiente: Primero, la Constitución reconoce el hecho insular, y eso no es un título nobiliario, es una garantía para que a los habitantes de Canarias y a los de Baleares se nos trate de forma diferente y singular. Segundo, la consideración jurídica que fundamenta este convenio es el Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga competencias exclusivas a la comunidad en materia de carreteras. Tercero, la Ley Orgánica 12/1992, de transferencias complementarias en materia de carreteras a Canarias, que después se materializa en el Real Decreto 2125/1984, y en una ley importante, que se olvida con frecuencia, que es la Ley de carreteras de 1988, excluye a Canarias de la posible financiación y no incluye en la red de carreteras estatales ninguna carretera de Canarias. Finalmente, hay dos leyes, una de 1991 y otra de 1994, del régimen económico y fiscal, y usted tiene que decir que esas dos leyes declaran, primero, de interés general aquellas carreteras que unen núcleos internos en las islas, y, segundo, obligan al Estado a consignar en los presupuestos generales financiación suficiente. ¿Y quién determina la financiación suficiente?, ¿este Gobierno o el Gobierno socialista? No, en nuestra opinión, debe establecerse de común acuerdo entre las partes.

Pero, señor Mateu, ustedes, unilateralmente, rompieron ese compromiso en el año 2012 hicieron trizas un convenio que venía funcionando razonablemente bien, y alegan una razón que no sé si a estas alturas alguien se creerá. ¿Alguien aquí cree realmente que la única razón que hay que poner sobre la mesa para reducir los recursos es la económica? No sé si usted se lo cree, señor Narvay, los socialistas, no, y creo que los del Partido Popular, tampoco. Esta es una razón política que nace en el mismo momento en el que el Partido Popular no forma parte del Gobierno de Canarias y es una estrategia que nace desde dentro del Gobierno, que tiene un mentor: un ministro canario que se sienta en el Consejo de Ministros de Rajoy; una ejecutora, la ministra de Fomento, y un consentidor, el presidente del Gobierno.

Si no es así, señor Mateu, explique por qué razón el promedio anual de la inversión territorializada en el periodo 2008-2011 es el que indica la barra roja (el señor senador muestra un gráfico a la Cámara) que, como pueden ustedes ver, corresponde al Gobierno socialista, por supuesto, y en el periodo 2012-2015, el que indica esta barrita azul, Gobierno del Partido Popular, por supuesto también. Tendrán que ir a las islas y explicar a los ciudadanos de Lanzarote por qué no está hecha la circunvalación de Arrecife; a los ciudadanos de Fuerteventura, el eje insular de FTVA, tramo La Caldereta-Corralejo; a los ciudadanos de Gran Canaria, —y si me equivoco que se apruebe una enmienda presentada a los Presupuestos Generales del Estado— el tramo Agaete-La Aldea; a los de Tenerife —el senador Alarcó no está presente—, el tramo El Tanque-Túnel de Erjos; a los gomeros, el de Arure-Alajeró-Aeropuerto; a los de La Palma, la circunvalación de Tazacorte, y a los de El Hierro, Frontera-Sabinosa.

Eso es lo que ustedes van a tener que explicar en Canarias cuando llegue mayo de 2015 y el responsable máximo de todo este desaguisado, que tiene nombre y apellidos, también lo tendrá que hacer. Señor Mateu, insisto, las razones del recorte no son económicas, son políticas, y esa es la cuarta razón de la canción: coraje, capricho, placer y política; la última es la más grave y la más desgraciada en este asunto.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente, con su venia.

Señorías, hoy, que se habla tanto de música, les quiero poner un símil: cuando el Partido Socialista salió del gobierno de España, dejó los instrumentos con las cuerdas rotas, y el gobierno del Partido Popular ha tenido que ir cambiando cuerda a cuerda hasta llegar a la situación actual, en la cual, nuevamente, vuelve a sonar la música que los españoles querían oír. Por eso, le digo, señor Medina, que su discurso no ha sido muy afortunado. ¿Por qué no ha sido muy afortunado? Porque, precisamente, en el texto de la moción que ustedes presentaron en la Comisión de




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Fomento el 18 de noviembre de 2013, decían que entre los años 1982 a 1994, en que se formalizó el primer convenio de colaboración, la inversión en carreteras en Canarias fue inexistente. Esto produjo un retraso en relación con la península de unos doce años, con lo cual de esos barros vienen estos lodos.

Por tanto, ahora no vengan pontificando que el Gobierno del Partido Popular, en ejercicio de su responsabilidad y con el objetivo de que España salga adelante, ha tenido que adoptar estas decisiones que, desde luego, no gustan, y se han tomado —permítame la expresión— no para molestar o agraviar a los ciudadanos canarios, como usted me ha dicho, sino, sencillamente, porque eran necesarias y razonables para evitar lo que podría haber sucedido en España, que era una intervención de las autoridades, algo por lo que ya dieron un toque a su gobierno en mayo del año 2010. Y, gracias a ese toque, en España se modificó el artículo 135 de la Constitución —hoy nuevamente recordado, pero para mal no para bien— con objeto de gastar lo que realmente se generaba.

Por ello, señor Medina, permítame que discrepe y disienta absolutamente de su intervención en cuanto al interés que demuestra el Gobierno de España por las islas Canarias en los Presupuestos Generales del Estado. Como bien dijo la ministra el otro día en su intervención en la moción que presentó el senador Quintero —permítame recordarlo brevemente—, el Gobierno de España, en lo que va de legislatura, ha invertido en las islas Canarias más de 2300 millones de euros, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 están presupuestados 590 millones de euros.

Senador Quintero, permítame que le recuerde la cantidad de veces que tenemos que decirle las cosas para que usted se convenza. Acuérdese de las discusiones que hemos tenido, de las veces que hemos hablado sobre aquel peligro que usted trataba de sembrar con respecto a las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo en los presupuestos del Estado. Por fin, usted ya está tranquilo y se ha allanado a que el Gobierno de España dice la verdad, que no solamente habla, escribe y hace números. Afortunadamente, creo que ya se ha convencido, algo de lo cual me alegro. Convénzase de que en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, para inversión en puertos se han destinado más de 135 millones de euros, lo que representa un incremento de un 18 % respecto al ejercicio anterior, y sitúa a las islas Canarias en la tercera provincia española en este sentido; en aeropuertos, 90 millones para mantenimiento y mejora, un 219 % de incremento sobre la media de la inversión en aeropuertos de España; en vivienda, 35 millones; y las bonificaciones al transporte, que siempre han sido muy discutidas, suponen más de 270 millones de euros para que los ciudadanos tengan calidad de vida y puedan desplazarse sin alterar para nada la conectividad y para favorecer la cohesión territorial. Podemos añadir cuantos adjetivos existan para mostrar consideración hacia los ciudadanos canarios, de las Islas Baleares y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Efectivamente, señor Quintero, es verdad que en los últimos años se han ido reduciendo las cantidades asignadas al convenio, debido al ajuste presupuestario sufrido por la crisis y por el déficit presupuestario. Pero también le digo que dicho ajuste se ha realizado en la misma proporción que las inversiones en carreteras en el resto de España por el Ministerio de Fomento; un 52,36 % supone 6 puntos menos que el recorte realizado por el Estado en la red de carreteras, que ha sido de un 58,2 %, y la inversión en el territorio español está dentro de la media actual.

Por ello, en este contexto económico, tienen que entender también que hay un tema de herencia, y lo vuelvo a repetir. Fíjese, el otro día nos decía el secretario de Estado de Infraestructuras que en lo que va de legislatura del Gobierno del Partido Popular se han tenido que satisfacer más de 2000 millones de euros para pagar obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. ¿Qué más se hubiera podido hacer con esas cantidades?

Señor Quintero, rechazamos por supuesto esta moción por las cuestiones que le he planteado. Tenga usted la certeza y completa seguridad del compromiso del presidente Rajoy con las islas Canarias, lo mismo que de todo el Gobierno y, fundamentalmente, de ese ministro canario que el señor Medina ha dicho que...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEU ISTÚRIZ:...no está para lo que tiene que estar.

Muchas gracias, señor presidente, y disculpe.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mateu. (Aplausos).

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del senador Quintero, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 86; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

3.5. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA QUE SE VEN INCURSAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN DE SUS BIENES.

(Núm. exp. 671/000151)

AUTOR: GPS

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 3.5. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. (Rumores). Por favor, guarden silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace un par de semanas en la interpelación al ministro de Economía sobre el problema de los desahucios en nuestro país pudimos constatar la diametralmente opuesta visión que tenemos del problema tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Nos encontramos a un ministro que empezó por negar el problema —para el Partido Popular no hay un problema en este país con los desahucios—, para continuar diciendo que ya se había hecho todo lo que había que hacer para las pocas personas que estaban afectadas y la conclusión de esas dos reflexiones era que no hacía falta nadie en el Ministerio de Economía al frente puesto que como no había problema, nadie tenía que ocuparse de él.

Señorías, el problema existe. Les dije que había 500 000 personas que habían vivido un desahucio y que había otras 500 000 en la sala de espera. No sé si se han parado a pensar en esa cifra y en la importancia que tiene para nuestro país, porque muchas de esas familias y muchas de esas personas dudan, como dice la Constitución española, de que este país sea un Estado de derecho y social, donde el Gobierno se preocupa de la gente, y es un problema que no está menguando. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

Por favor, ruego que no se formen tertulias en el hemiciclo; salgan al pasillo por respeto al orador y por respeto a la Cámara.

Puede continuar, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, les decía que lejos de ser un problema que esté menguando, es un problema que no deja de crecer. Hay 39 000 nuevas inscripciones de ejecución hipotecaria, según los datos del INE, al año. Es un problema que está ahí, presente, que está gritando y pidiendo atención.

Además, fíjense que hasta el propio ministro nos dijo que el 94 % de los ciudadanos pagan su hipoteca. Señorías, ¿saben ustedes cuántas hipotecas de vivienda habitual hay en nuestro país, según el Banco de España? Exactamente 5 953 411. El ministro vino a decirnos que el 6 % que no paga son 327 205 familias que para el Gobierno de la derecha no existen. Como niegan el




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problema de los desahucios, 327 000 familias que no pueden pagar su hipoteca en este país no son un problema para el Gobierno, no hay ninguna Secretaría de Estado del Ministerio de Economía que tenga que ocuparse del problema. ¿No les parece un ejercicio de cinismo que el ministro venga aquí a decir que eso no es un problema para este país? ¿No les preocupa a ustedes, como representantes de los ciudadanos? ¿No están dispuestos a tomar ninguna medida y a exigir al Gobierno que ejerza como político, y no como economista el ministro de Economía, y que se preocupe de los problemas de la gente? Es grave y viene una ola más potente cuando uno ve los datos del paro y observa que hay 1.789 000 hogares con todos sus miembros en paro o 728 500 hogares en los que no hay ningún ingreso. ¡Y dice el ministro que no existe el problema de los desahucios!

Es más, creo que tuvo una actitud frívola, sustentada sobre la soberbia del Gobierno cuando toma una posición, incluso llegó a decir que el 90 % de las viviendas que se entregan judicialmente son viviendas vacías. Fíjense cómo retuerce el argumento el Gobierno para justificar que no hay problema con los desahucios. Me parece mezquino, verdaderamente mezquino que el Gobierno, que el ministro de Economía venga a aquí a decir que como la vivienda se entrega vacía, no hay problema de desahucio. Si las familias deciden salirse de la casa para que sus hijos no tengan que soportar lo que es la experiencia de un desahucio, entonces el problema no existe. Hay que ser mezquino para utilizar y retorcer el argumento de esa manera y les pido, señorías, que pongan un poco de atención en la cifra y en los datos que estoy dando porque el problema es muy grave.

Dice el ministro, ufano: hemos llegado a 26 000 familias. ¿Alguien se ha parado a pensar que de esas 26 000 familias, a las que dice el Gobierno que ha resuelto el problema, 12 000, según los datos del propio Gobierno, son suspensiones de la ejecución hipotecaria del lanzamiento de su vivienda para todas esas familias que pedimos al Gobierno que prorrogue? ¿Se ha parado alguien a pensar qué pasará al día siguiente de que acabe la prórroga? Hemos cogido 12 000 ejecuciones hipotecarias y las hemos enlatado, están suspendidas en el espacio, pero las familias están desahuciadas y el día que acabe la protección irán todas a la calle. ¿Imaginan el aldabonazo que va a suponer para este país que digamos de un día para otro que 12 000 familias tienen que salir de su casa hoy, legalmente? Pues en eso está el Gobierno de la derecha, en una insensibilidad absoluta con este problema, negándolo ―lo cual es una frivolidad―, retorciendo las cifras de forma mezquina y, además, sin poner a nadie al frente de un problema que necesita urgente solución.

Señorías, la gente nos exige que respondamos y la respuesta de la derecha es el silencio y la sonrisa; y eso es intolerable. Necesitamos movernos para que la gente confíe en la política y en los políticos. Ya está bien de un Gobierno que está sordo, como le dije al ministro. Quítense los tapones y que les ponga la piel de gallina este problema.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Tenemos que enfrentar los problemas y este es muy grave para este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Sin duda, la adquisición de una vivienda ha sido el elemento de endeudamiento más importante en la sociedad española. Sin embargo, el fenómeno del sobreendeudamiento familiar va más allá de las realidades y situaciones que se derivan de los créditos hipotecarios. Por eso, además de compartir las críticas manifestadas por el portavoz del Grupo Socialista, proponente de la moción, en torno a la insuficiencia de las medidas de protección del deudor hipotecario, en nuestra opinión es necesario dar un paso más y responder de forma más amplia a esta situación de sobreendeudamiento que, en unos casos está relacionado de forma indirecta con la adquisición de la vivienda.




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Por otro lado, la protección del deudor hipotecario no se extendió al avalista. El último drama, que ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación, fue precisamente el desahucio de una anciana avalista de un crédito hipotecario que había sido concedido a su hijo.

Pero, además, hay otras situaciones de sobreendeudamiento, fruto de la crisis. Hubo circunstancias en las que los ciudadanos, para afrontar las necesidades básicas, tiraron de la tarjeta de crédito y se sobreendeudaron hasta que agotaron el límite de esta; hubo quien, mientras pudo, acudió a los créditos al consumo y, todo ello da una realidad, la que se derivó de las burbujas que vivió este país en los primeros 8 años del siglo en el que estamos, en la que el endeudamiento familiar creció exponencialmente. En el año 2000, el endeudamiento de las familias era del 69 % de su renta disponible; y, en el año 2007, cuando empezó a pinchar la burbuja, este endeudamiento llegaba ya al 131 % de su renta disponible, prácticamente se había duplicado.

El Banco Central Europeo publicó en el año 2010 unos datos que decían que el 50 % de las familias españolas estaban endeudadas, mientras que la media de la eurozona era del 43 %. Además, el nivel de endeudamiento ha sido también expresión de la sociedad injusta en la que vivimos. Durante los primeros años de la crisis, precisamente por esa realidad más difícil, donde más se incrementó, donde se incrementó de forma brutal el endeudamiento fue en los tramos de renta más bajos. Así, el 20 % de ciudadanos con rentas más bajas pasaron de estar endeudados al 149 % a llegar al 335 % de su renta disponible.

El esfuerzo de las familias, la cura de caballo que se aplicó, el cierre de los grifos por parte de la banca, significó que en cuatro años, según la Comisión Europea, este nivel de endeudamiento de las familias bajó 10 puntos. Todo ello se ha hecho con un tremendo dolor y el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos de este país, y ello necesita una respuesta, una reforma que signifique la aprobación de una ley del sobreendeudamiento. Los 47 jueces decanos reunidos en Valencia hace muy pocos días reclamaban, como una de las conclusiones de sus trabajos, una ley de segunda oportunidad a la vista de que el actual sistema de insolvencia para personas particulares no funciona y en la práctica, de alguna manera, significa o provoca su muerte civil, por lo que piden una legislación que se aproxime a la de otros Estados de nuestro entorno, como Alemania o Francia, que de verdad conceda a esas familias sobreendeudadas una segunda oportunidad cuando se ven imposibilitadas para afrontar la amortización de los créditos pendientes.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el señor Fernández Ortega, representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no la enmienda presentada.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el problema existe más allá de que el Gobierno lo niegue, más allá de que los medios de comunicación no se hagan eco más que de casos extraordinarios. Hay más de 100 desahucios diarios en este país, hay más de 100 familias que cada día se van a la calle echadas por los bancos. Sumen a eso los desahucios por alquileres, sumen a eso los desahucios que ejecuten empresas. Solo de bancos, 100 familias diarias. No se puede negar el problema.

Hay un problema que no va a dejar de crecer. Cada día hay 104 nuevas inscripciones de ejecución hipotecaria en los registros de la propiedad, cada día, festivos, domingos, el 31 de diciembre y el 1 de enero; diarios. Más de 100. El problema no va a menguar. Esto no se resuelve, como hace el señor Rajoy con todo, detrás de una pantalla de plasma ni esperando a que se muera solo el problema. No se muere, no va a parar de crecer. Hace falta un poco de sensibilidad y medidas reales para resolverlo. Eso es lo que reivindicamos. En nuestra moción hemos propuesto una serie de medidas que vengan a paliar el problema y a ayudar a la gente. ¿Cómo pueden decir ustedes que han hecho algo por haber alquilado 1400 viviendas a través del Fondo social de viviendas? Para el ministro cada vivienda que se alquila es como un éxito del Gobierno de España. ¡Qué mezquindad! Ustedes han quitado ayudas al alquiler a más de 180 000 familias desde que llegaron al Gobierno y se han pasado años sin dar una sola ayuda al alquiler. Se tienen que enterar de que hay un problema real.

Vamos a aceptar la enmienda porque forma parte de las medidas que nosotros proponemos. ¡Claro que hace falta una verdadera ley de segunda oportunidad para las familias! No se puede perder la casa y, además, quedarse endeudado toda la vida, quedarse como encadenado al banco,




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casi como si estuviésemos en un sistema de esclavitud en el que el banco se queda con tu casa y con la mitad de tu sueldo toda la vida. ¡Pero bueno! ¿Cómo podemos consentir eso? Hay que cambiarlo, hay que hacer una ley de segunda oportunidad, y podemos hacerlo desde la política.

Les voy a leer un fragmento de una carta que manda una persona de Cáritas al Partido Socialista y que creo que expresa con claridad la desesperación en la que está la gente y la atención que nos están pidiendo que les prestemos. Dice: Estoy cansado de luchar un día tras otro, sin descanso, porque cada día hay más situaciones sangrantes y viendo cómo algunos de arriba viven en Los mundos de Yupi. Sé que los pobres no interesan a casi nadie, ni a los que gobiernan ni a la clase media. Lo único que les interesa es que no les entren a robar y miran hacia otro lado como si no existieran. Te envío una súplica desesperada para que hagas lo que esté en tu mano para mover todo esto. Esto lo escribe la gente que está atendiendo a las familias que tienen problemas. Es alguien de Cáritas.

Le dije al ministro de Economía: ¿Se ha enterado usted de que la defensora del pueblo le está pidiendo que el Gobierno deje de echar a la calle y de desahuciar a los autónomos que deban menos de 30 000 euros a la Seguridad Social? Al ministro le sonaba a chino. ¿Es que no hay nadie en el Ministerio de Economía ocupándose de los desahucios? No sabía ni que existían.

El Gobierno ha puesto al Ministerio de Economía al frente de un problema eminentemente social. Esto no es un problema de los bancos, señorías del Partido Popular, por mucho que la Sareb quitara a los bancos 57 000 viviendas y hoy, desde que ustedes gobiernan, se hayan quedado con 120 988 hasta el 30 de junio del año 2014 según el Banco de España. ¿Ven la dimensión de lo que estamos hablando? Vean que para salvar la economía española la Sareb se queda con 57 000 viviendas de los bancos y mientras ustedes gobiernan los bancos ya se han quedado con 120 988 viviendas habituales, por mucho que el ministro quiera escudarse en que cuando se entregan al banco no hay gente dentro, aunque para los bancos como si se quedaran las familias porque les siguen debiendo la deuda. A ver si se entera el Gobierno y el Partido Popular y por una vez escuchan las propuestas que hacemos desde la oposición, que son sensatas y necesarias para la democracia en este país.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Fernández Ortega.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muy buenos días.

Senador Fernández Ortega, me propongo ir analizando los 8 puntos de su moción, a pesar de que no los ha explicado, pero teniendo clarísimo que estoy hablando con la persona que incendia el bosque y luego quiere apagarlo, con el pirómano-bombero.

Claro que existe un problema, y todo lo que le voy a comentar ahora son medidas legales que pretenden atenuar el sufrimiento de muchísimas familias que lamentablemente, por la mala praxis de sus gobernantes en la época del Gobierno Zapatero —debe saber su señoría que todos estos alzamientos provienen del periodo 2005-2008—, creyeron vivir en un estado de realidad, cuando menos, desvirtuado. Era aquella época en la que jugábamos en la champions league, en la que no había crisis, en la que había desaceleración, en la que nuestro sistema financiero estaba niquelado, incluso superando a la economía francesa y se hacían risitas, en la que mucha gente fue a tomar decisiones sin toda la necesaria y justa información. Era una época que adolecía de total trasparencia no solo desde el Gobierno, sino también desde el propio sistema financiero, con el Banco Central a la cabeza. Como verá, hemos corregido esta situación y, además, sin la ayuda de su grupo, que está incendiando constantemente.

De sus 8 puntos el primero es modificar la Ley 1/2013. Las medidas acometidas por el Gobierno han surtido un efecto positivo, le guste o no, paliando la situación de personas que no podían hacer frente a su hipoteca por causas muy sobrevenidas. A los dos meses de iniciar el mandato, el Gobierno del presidente Rajoy, en febrero de 2012 —dos meses tras la toma de posesión—, tras analizar la caótica situación, inicia la puesta en funcionamiento del Código de buenas prácticas, seguido de la Ley 1/2013, del Real Decreto 27/2012, del Real Decreto Ley 6/2012, que adapta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchos han paralizado los desahucios de vivienda habitual de personas en situación de vulnerabilidad.




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Me habla de crear un parque social de vivienda, y vuelvo a hablar con el pirómano, aquel que votó hacer una sociedad pública de alquiler que nos costó 37 millones de euros para poner en funcionamiento 4500 viviendas. Nos salía el alquiler de la vivienda para ponerla a disposición de las personas más vulnerables a 8222 euros al año. Este era el sistema para gestionar a los más vulnerables.

Me habla de crear un parque social de vivienda. Ya está creado. Es el Fondo Social de Viviendas, organizado por tres ministerios: Fomento, Economía y Sanidad, junto con el Banco de España, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, la plataforma del tercer sector, que integra todas las ONG de este país y que representan a casi 9 millones de personas —estos son los que no tienen sensibilidad para usted—, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito para poner a disposición 6000 viviendas. Recientemente la Generalitat de Cataluña firmaba un acuerdo con este Fondo Social de Viviendas de 600 viviendas.

Las viviendas están a disposición de aquellas familias que han sido desalojadas por impago del préstamo hipotecario, aquel que firmaron en un momento en el que se les contaba una realidad que no era tal realidad. Estas familias se beneficiarán de unas rentas que oscilarán entre los 150 y los 400 euros, con un límite máximo de endeudamiento para pagar ese alquiler del 30 % de sus ingresos.

Hay una comisión de seguimiento, hay alguien que se preocupa, que no incendia pero que sí se preocupa de cómo está funcionando la asistencia a estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Y en esa comisión de seguimiento se han hecho una serie de modificaciones a lo largo de estos meses. Por ejemplo, el que esas personas que están en una situación de dación en pago puedan seguir viviendo en sus casas. Se han reducido esas condiciones que se les pedía tener a su cargo menores de 3 años, siendo ahora de 18 años. En cuanto a situación de dependencia también se permiten informes de los servicios sociales para poder admitir más casuística. Personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido deudas de sus hijos o nietos. Personas o unidades familiares con una situación tan crítica que con un previo informe de los servicios sociales puedan adquirir una de estas viviendas.

Los datos hasta la fecha son buenos. No son suficientes, pero existe el problema y sí se está trabajando con estas medidas. Le molesta que digamos que hemos conseguido poner a 26 000 familias en una situación mucho mejor que la que encontramos hace dos años y medio. Se han llevado a cabo más de 10 000 reestructuraciones viables de deuda. Hay una serie de datos que no me da tiempo de enumerar, señoría, pero aunque otros no lo reconocían nosotros sí reconocemos el problema y, como le he indicado, hemos puesto las medidas oportunas. Y en esa comisión de seguimiento que trimestralmente se reúne previo informe, se toman decisiones y son precisamente las que están solucionando uno de los tantos problemas que ustedes le dejaron a España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces. (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Hemen, gain honekin hasi behar dugunean, zenbaki asko atera direla mahai gainera entzun dugu, eta hainbat momentutan gainera kontrajarriak diren zenbakiak. Hemen adierazi nahiko nuke betikoa, eta da, nahikoa dela pertsona bat, familia bat, egoera zail bat egotea guretzat kezkarako elementu bat izateko. Ibarrondo jaunak esan du, eta berak onartu du, elementu edo zenbaki asko, familia asko aurrera atera direla, baina oraindik gauza asko dagoela egiteko eta gestionatzeko. Zentzu horretan, nik ekarri nahiko nuke ekonomiako ministroa den Luis de Guindosek, 2013garreneko legea aztertu genuenean esan zuena eta testualki zera esan zuen: «Ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierde su casa». Nik uste dut hori dela mezua, eta momentu honetan alderdi sozialistak hona dakarkigun mozioak daukan onura, azken finean hori da, eta da, lege honek 2013garreneko legeak utzitako hutsuneak gainditzea. Lege hau jorratu genuenean hainbat arazo ikusi genituen: kasuistika, epea, eta gauza guzti horiek dira landu eta hobetu nahi ditugunak.

Etxebizitza oinarrizko, oinarri-oinarrizko elementu bat da, eta momentu honetan benetan hainbeste sufritzen ari den jendearen benetako oinarri bat da. Askotan esan izan dugu aipatzen




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zaigunean gobernutik krisi hau gainditzen ari garela, guk esaten dugu, gainditzen ari gara, agian makroekonomi ikuspegi batetik, edo ekonomi finantzarioen ikuspegi batetik. Baina gizartearengan, edo pertsonengan momentu honetan oraindik ez dauka onura berezirik. Zer esanik ez, hor dauden datuak ikusteko Caritasek jarri dituen datuak ikusteko, eta bost milioi pertsona baino gehiago, esklusio bat, zorroztasunezko esklusio bat bizitzen ari dira; edo zer esanik ez, gizartea bizitzen ari den langabeziaz; edo zer esanik ez gure gazteria bizitzen ari den langabeziaz.

Hemen aipatu beharra dauzkagu adibidez bi egoera, alegia, legearekin aipatzen ziren egoerak: bi urtez gaineko umeak dituzten familiekin, zer egin behar dugu? Edo, lege horrek aipatzen zuen bi urteko epea, bi urteko epe hori gainditzen duen familiarekin, zer egingo dugu? Eta benetan, hor arazo bat dago. Eta arazo horiek gestionatu behar ditugu, eta gestionatu behar ditugu aurre eginez eta adostasunak mahai gainean jarriz. Ez adieraziz lehenago egin zena, eta ez zela ezer egin. Ez, gestionatuz jendeak dituen arazoak. Krisi honetan ezberdintasunak eta kolektibo ezberdinen arteko ezberdintasunak sakontzen ari dira. Eta lehen asko sufritzen zutenak momentu honetan asko sufritzen ari dira. Hor dago genero indarkeriaren ondorioz zenbat emakume, zenbat umekin sufritzen ari diren egoerak. Eta egunero ikusten ari gara nola hainbeste sufritzen ari den emakumea hainbeste sufritzen ari den familia kanpoan geratzen ari dela. Horregatik, nik uste dut, eta gure taldeak pentsatzen du benetan momentua dela datuak datu, portzentaiak portzentai, kanpoan, sistematik kanpo gelditzen ari diren familiak sisteman sartzeko, sisteman edukitzeko, beraien kanporatzearekin gure porrota asumitzen ari garelako.

Beraz, horrek esan nahi du, mozio honen alde egingo dugula, inongo dudarik gabe, eta baita ere, Izquierda Unidatik etorri den emendakina onartuz, noski.

Eskerrik asko.

Gracias, señor presidente.

Al tratar este tema hemos visto que han salido muchas cifras a la mesa, cifras que muchas veces son contradictorias. Quisiera expresar lo de siempre: basta que una persona, que una familia esté en una situación difícil para que sea también para nosotros una situación preocupante. Lo ha dicho el señor Ibarrondo. Han salido adelante muchas familias pero todavía queda mucho por hacer y gestionar. En ese sentido quisiera exponer aquí lo que dijo el ministro de Economía, señor de Guindos, en la Comisión de Economía en 2011: Ningún deudor afectado por la crisis pierde su casa. Creo que es momento de tratar este tema. La moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista tiene eso de positivo. El vacío que ha dejado la Ley de 2011 tendrá que ser superado. Cuando tratamos aquella ley vimos que tenía ciertos problemas, la casuística, los plazos, y todos estos temas deberíamos mejorarlos hoy en día.

La vivienda es un elemento básico para mucha gente que está sufriendo mucho en estos momentos. Oímos muchas veces decir al Gobierno que estamos superando la crisis y quizá la estemos superando desde un punto de vista macroeconómico y financiero, pero a nivel social, de las personas, aún no se ve ningún beneficio específico. Y qué decir si miramos los datos proporcionados por Cáritas y vemos que hay más de 5 millones de personas en situación de exclusión extrema o el desempleo que está sufriendo nuestra juventud.

Tenemos que mencionar dos situaciones que tienen que ver con esta ley. ¿Qué hacemos con las familias que tienen niños de más de dos años? ¿Qué hacemos con las familias que superan el plazo de dos años con problemas de solvencia? Estos son problemas que tenemos que gestionar, y hemos de hacerlo afrontándolos y poniendo acuerdos sobre la mesa, no diciendo lo que se hizo o no se hizo antes. No. Tenemos que gestionar estos problemas que tiene la sociedad. Durante esta crisis se están agravando las diferencias entre distintos colectivos y hay mucha gente que está sufriendo mucho. Por ejemplo, cuántas mujeres, tras sufrir la violencia de género, están viviendo situaciones de gran dificultad con sus hijos. Estamos viendo todos los días cantidad de mujeres y de familias que se encuentran en situación de exclusión. Por ello, a pesar de los datos y de los porcentajes, es momento de que hagamos algo para integrar a las familias que se están quedando fuera del sistema, porque, si no, con su exclusión estaremos asumiendo nuestro fracaso.

Por todo ello vamos a votar a favor de esta moción sin ninguna duda. Asimismo, apoyaremos la enmienda propuesta por Izquierda Unida.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies senyor president.

Per descomptat que el nostre grup donarà suport a la moció que presenta el Grup Socialista i que posa en evidència que en una situació d’emergència social com la que ens plantegen els desnonaments per execució hipotecària, estem molt lluny, com a govern, com a societat, de fer tot allò que convindria i que està al nostre abast. Una moció que ens proposa mesures per evitar aquests desnonaments, mesures conjunturals, com les condicions que porten un mecanisme automàtic d’aplaçament sense acumular interessos de demora, o proposant alternativament subsidiacions per part del ICO, impossibilitacions a partir del 75 % de la hipoteca pagada, o en deutes menors a la Seguretat Social, i també mesures més estructurals, como la Llei de la segona oportunitat, que permeti posar definitivament les condicions per les reestructuracions del deute o les dacions en pagament, etc. També proposa mesures amb les que no podem si no estar d’acord, com garantir el dret a l’habitatge a les persones desdonades a través del seu reallotjament en un parc social d’habitatges de lloguer.

Tanmateix, el que voldria destacar en aquesta intervenció és que convindria no oblidar en aquest debat les causes profundes de la situació en la que ens trobem: aquesta sobre hipotecació de la nostra societat. El problema de fons és que el nostre mercat de l’habitatge té un desequilibri profund entre el sistema d’accés mitjançant la compra i els altres sistemes d’accés. El problema és que hi ha massa hipoteques per comprar habitatges, i per tant convindria un procés de reestructuració ambiciós, profund, per reequilibrar els règims de tinença, bàsicament entre la compra i el lloguer. Les mesures són moltes, les hem dit altres vegades, però jo no em cansaré en aquesta tribuna d’insistir-hi. Es poden fer i estan al nostre abast. S’han fet a molts altres països d’Europa.

I aquesta anomalia, aquest 80 % de tinença en propietat en relació en altre formes, i sobre tot el lloguer està realment a l’arrel del problema que avui estem discutint, perquè el sistema va permetre massa hipoteques en benefici d’uns quants i això ha condemnat a moltes famílies a l’angoixa i el patiment de la pèrdua del seu habitatge.

Per tant, mesures en foment del lloguer, del lloguer públic evidentment, social, directa, indirecta, protegit, però mesures també a favor del lloguer privat, mitjançant mesures d’incentiu fiscal a propietaris, a llogaters, canvis en els contractes d’arrendament i sobre tot també afegir la reestructuració de una qüestió que incideix molt sobre aquest tema, com són l’ús turístic dels habitatges, en particular a les grans ciutats.

Però també per el cantó de la compra, per el cantó de l’oferta: més educació financera com a mesura inespecífica general de la societat, aquesta proposta de llei per combatre el sobre endeutament, transparència, molta més transparència en la gestió bancària de les hipoteques i que les entitats financeres assumeixin el risc compartit del que representa donar hipoteques. De manera que les hipoteques es donin en circumstàncies molt determinades i en condicions concretes, pactades, conegudes, transparents i avaluades.

Que es faci un gran esforç, com dic, per fomentar el mercat de lloguer. Per tant, senadors, senadores, queda clar el nostre suport a aquestes mesures urgents, necessàries, imprescindibles, que planteja el Grup Socialista per parar una autèntica emergència social, com són els desnonaments hipotecaris, però també una política de fons molt més estructural perquè aquesta situació, aquest gran error col·lectiu que vàrem cometre com a societat, no es torni a produir. Aquest entenem, senadores i senadors, que és el repte important, profund, que hauríem d’abordar com a societat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Por descontado, nuestro grupo apoyará esta moción que presenta el Grupo Socialista y que pone en evidencia que en una auténtica situación de emergencia social como la que nos plantean los desahucios por ejecución hipotecaria, estamos muy lejos, como Gobierno, como sociedad, de hacer todo aquello que sería conveniente y que está a nuestro alcance. Esta es una moción que nos propone medidas para evitar estos desahucios, medidas coyunturales como los aplazamientos, las condiciones que llevan un mecanismo automático de aplazamiento sin acumular intereses de




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demora, o subsidiaciones por parte del ICO, imposibilidad a partir del 75 % de la hipoteca pagada o con deudas menores a la Seguridad Social, y también medidas más estructurales como la ley de la segunda oportunidad, que permitan poner definitivamente las condiciones para la reestructuración de la deuda, las daciones en pago, etcétera. Asimismo, propone medidas con las que tenemos que estar de acuerdo, como garantizar el derecho a la vivienda para las personas desahuciadas a través de su realojamiento en un parque social de viviendas de alquiler.

Lo que querría destacar en esta intervención es que sería interesante no olvidar en este debate las causas profundas de la situación en la que nos encontramos. La situación de sobrehipoteca de nuestra sociedad. El problema de fondo es que en nuestro mercado de la vivienda hay un desequilibrio profundo entre el sistema de acceso mediante la compra y los otros sistemas de acceso. Hay demasiadas hipotecas para la compra de viviendas y, por tanto, convendría un proceso de reestructuración ambicioso y profundo para reequilibrar los regímenes de tenencia, básicamente, entre la compra y el alquiler. Las medidas son muchas. Lo hemos comentado otras veces, pero no me cansaré de insistir desde esta tribuna. Se pueden hacer, están a nuestro alcance. Se han hecho en muchos otros países de Europa.

Y en esta anomalía, en ese 80 % de tenencia en propiedad de la vivienda en relación con otras formas, sobre todo alquiler, está la base del problema que hemos estado discutiendo, porque el sistema permitió demasiadas hipotecas en beneficio de unos pocos, lo que ha provocado el lastre de otras circunstancias, en particular ha condenado a muchas familias a la angustia y al sufrimiento que supone la pérdida de su vivienda.

Por tanto, son necesarias medidas de fomento del alquiler público, social, directo, indirecto, protegido, pero también medidas a favor del alquiler privado; por ejemplo, medidas de incentivo fiscal a propietarios, a arrendatarios, cambios en los contratos de arrendamiento y, sobre todo, añadir la reestructuración de una cuestión que incide mucho en este tema: el uso turístico de las viviendas, en particular en las grandes ciudades.

Pero también hay que tener en cuenta el lado de la compra, la oferta. Más educación financiera como medida inespecífica general de la sociedad a esta propuesta de ley para combatir el sobreendeudamiento, mucha más transparencia en la gestión bancaria de las hipotecas y que las entidades financieras asuman el riesgo compartido de lo que representa dar hipotecas, de manera que estas se concedan en circunstancias muy determinadas y en condiciones concretas pactadas, conocidas, transparentes y evaluadas.

Como digo, debe hacerse un gran esfuerzo para fomentar el mercado del alquiler. Por tanto, senadores y senadoras, quede claro nuestro apoyo a estas medidas urgentes, necesarias e imprescindibles, que plantea el Grupo Parlamentario Socialista para detener una auténtica emergencia social: los desahucios hipotecarios. Pero también resulta necesaria una política de fondo mucho más estructural para que esta situación, este gran error colectivo que cometimos como sociedad, no vuelva a repetirse. Senadoras y senadores, este es el desafío profundo que tenemos que abordar como sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies senyor president. Senyories, molt bon dia a tothom.

És evident que la moció que avui estem debatent ens porta de manera inevitable al debat que fa un any i mig vàrem mantenir com a conseqüència de la llei de mesures per els deutors hipotecaris. En aquest any i mig de perspectiva ens permet fer una valoració del què ha succeït i del què, lamentablement, moltes famílies han continuat patint.

És evident que la Llei no ha aturat els desnonaments, ni per tant els patiments, ni per tant la vergonya de veure com famílies que per circumstàncies alienes a la seva voluntat, s’han vist fora del seu habitatge habitual i alhora també hem vist com entitats financeres han estat rescatades amb diner públic, a pesar dels escàndols que han protagonitzat algunes d’elles, amb els seus màxims dirigents al capdavant. I com aquestes, a sobre, no contribueixen a rescatar les persones, cosa que tampoc fa, ni ha fet, la llei en qüestió, una llei que per cert, va ser aprovada sols amb els vots del PP, i en contra de tothom, repeteixo: en contra de tothom, no es van acceptar esmenes de ningú.




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Feta aquesta reflexió inicial, voldria posar en valor algunes de les esmenes que en el seu moment el nostre grup parlamentari, Convergència i Unió, vàrem presentar, perquè crec que avui, amb la perspectiva d’un any i mig, tenen molta importància.

Un bloc feia referència a ampliar els col·lectius de persones i famílies beneficiaries de les mesures destinades a suspendre els desnonaments i estendre’ls als procediments d’execució hipotecària. Totalment insuficient, després en parlaré més àmpliament.

Un altre bloc: adequar la vigent llei hipotecària al contingut de la sentència del Tribunal Europeu sobre la suspensió dels procediments executoris d’hipoteques quan es detecti que hi pugui haver clàusules abusives, és a dir, s’ha comprovat que moltíssimes d’aquestes hipoteques tenien clàusules abusives.

Un altre bloc: promoure la intermediació amb les entitats financeres, i nosaltres proposàvem aquí un Leasing social sobre l’habitatge habitual, per tal de que la persona afectada, amb els seus recursos mínims pogués continuar a l’habitatge, i per tant poder tenir una mena de pagament d’un lloguer social. Impulsar l’aprovació d’una llei d’endeutament responsable, a través del Codi de bones pràctiques. Impulsa una reforma de la llei concursal, amb l’objectiu de donar una segona oportunitat, fonamental. Transformar el Fons Social d’Habitatges, el que les entitats financeres cedeixen voluntàriament immobles, és a dir per part del SAREV, i és evident que aquí s’ha dit en reiterades ocasions, i el ministre en la interpel·lació també hi va fer referència, que hi ha un contracte que es va realitzar amb Catalunya, però això és del tot insuficient per podar abordar la problemàtica de la qual estem parlant. Rescatar les persones, és a dir, la creació del FROB està permetent facilitar la recapitalització de les entitats financeres, i amb això garantir la seva viabilitat, però el que cal és abordar també respostes realistes i efectives perquè les famílies afectades puguin, o no pateixen aquesta situació, i en definitiva, evitar aquest crack social que en aquests moments s’està produint.

Per tan, en resum, les mesures que ha realitzat el govern del PP davant el drama de les famílies i les persones que es queden sense casa i que tenen un deute que no podran tornar en tota la seva vida, han estat senzills pegats cosmètics, han estat mesures del tot insuficients, per fer veure que es fa alguna cosa, i evidentment no és suficient. El senador Ibarrondo feia referència abans els avantatges i les famílies que sa n’han beneficiat. És del tot insuficient això. Jo li voldria posar un altre exemple, i és que el Parlament de Catalunya, el juliol del 2012, va aprovar una proposició de llei de mesures contra el sobre endeutament personal i familiar, i de protecció davant els procediments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual. Doncs bé, aquesta proposició de llei va ser rebutjada al Congrés dels Diputats, evidentment amb els vots del Partit Popular. Per tant, si Catalunya tingués competències en aquest sentit, és evident que ja estaríem fent polítiques adients i això ja estaria fet.

Per tant, nosaltres estem a favor d’aquesta moció conseqüència d’interpel·lació que s’ha presentat aquí. En definitiva, no és el que desitjaríem en la seva màxima amplitud, que voldríem anar una mica més lluny en algunes coses, però sobre tot creiem que és important, és una llei de segones oportunitats, i per tant, per finalitzar, què passarà d’aquí a un any, el mes de maig, quan finalitzi aquest termini de dos anys que va suposar l’aplaçament del problema? És evident que segurament el Partit Popular llavors ja no governarà i el problema serà d’uns altres, per tant el problema continuaran tenint-lo la gent i continuaran tenint-lo les famílies que en aquests moments estan patint aquestes conseqüències.Per tant nosaltres donem suport en aquesta moció. Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos.

Es evidente que la moción que hoy debatimos nos lleva de manera inevitable al debate que hace un año y medio mantuvimos con ocasión del debate de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y con la perspectiva de este año y medio podemos hacer una valoración mucho más precisa de lo que ha sucedido y de lo que, lamentablemente, muchas familias han continuado sufriendo.

Es evidente que la ley no ha detenido los desahucios, de ahí el sufrimiento y la vergüenza de ver a familias que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se han visto obligadas a salir de su vivienda habitual y a la vez ver que las entidades financieras han sido rescatadas con dinero público, a pesar de los escándalos que han protagonizado algunas de ellas, con sus máximos




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dirigentes al frente, y cómo estas no contribuyen a rescatar a las personas, cosa que no hace la ley en cuestión; una ley que, por cierto, fue aprobada, solo, con los votos del PP y en contra de todos, pues no se aceptó ninguna enmienda.

Hecha esta reflexión inicial, quiero subrayar algunas de las enmiendas que en su momento nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, presentó porque creo que hoy, con la perspectiva que da un año y medio, tienen mucha importancia.

Un bloque de ellas se refería a ampliar los colectivos de personas y familias beneficiarias de las medidas destinadas a suspender los desahucios y extender los procedimientos de ejecución hipotecaria. Totalmente insuficiente, y después hablaré de ello más ampliamente.

Otro bloque pretendía adecuar la vigente Ley hipotecaria al contenido de la sentencia del Tribunal Europeo sobre la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando se detecte que pueda haber cláusulas abusivas. Se ha comprobado que muchísimas de estas hipotecas tenían cláusulas abusivas.

Otro bloque, promover la intermediación con las entidades financieras, y nosotros proponíamos aquí un leasing social sobre la vivienda habitual con tal de que la persona afectada con sus recursos mínimos pudiera continuar en la vivienda y, por tanto, poder tener una especie de alquiler social.

Impulsar la aprobación de una ley de endeudamiento responsable —después hablaré de ello— a través del Código de buenas prácticas.

Impulsar una reforma de la Ley concursal, con el objeto de dar una segunda oportunidad fundamental: transformar el Fondo Social de Viviendas, que las entidades financieras cedan voluntariamente inmuebles. Y es evidente —se ha dicho en muchas ocasiones y el ministro en la interpelación también se refirió a ello— que había un contrato que se realizó con Cataluña, pero esto es del todo insuficiente para poder abordar la problemática de la que estamos hablando: rescatar a las personas. Es decir, la creación del FROB está permitiendo facilitar la recapitalización de las entidades financieras y con eso garantizar su viabilidad, pero lo que es necesario es abordar también respuestas realistas y efectivas para que las familias afectadas no sufran esta situación y, en definitiva, evitar este crac social que en estos momentos se está produciendo.

Por tanto, resumiendo, las medidas que ha adoptado el Gobierno del PP ante el drama de las familias y las personas que se quedan sin vivienda y que tienen una deuda que no podrán devolver en toda su vida, han sido simples pegotes cosméticos, medidas del todo insuficientes para hacer ver que se hace algo. Y, evidentemente, esto no es suficiente. El senador Ibarrondo se refería antes a las familias que se han beneficiado, y esto es del todo insuficiente.

Querría poner otro ejemplo, y es que el Parlamento de Cataluña en julio de 2012 aprobó una propuesta de ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante los procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Esta propuesta de ley fue rechazada en el Congreso de los Diputados, evidentemente, con los votos del Partido Popular. Por tanto, si Cataluña tuviese competencia es evidente que ya estaríamos haciendo políticas en este sentido.

Por tanto, nosotros estamos a favor de esta moción consecuencia de interpelación que se ha presentado aquí; en definitiva, no es lo que desearíamos en su máxima amplitud, querríamos ir un poco más lejos en algunas cosas, pero sobre todo creemos que es importante, que es una ley de segundas oportunidades. Y, por tanto y para finalizar, ¿qué pasará dentro de un año, en el mes de mayo, cuando finalice este plazo de dos años que supuso el aplazamiento del problema? Seguramente entonces el Partido Popular ya no gobernará y el problema será de otros, con lo cual el problema continuará teniéndolo las personas y las familias que en estos momentos lo están sufriendo. Por todo ello, nosotros apoyamos esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no me negarán que el señor Ibarrondo es temerario: venir aquí a acusarme de bombero-pirómano cuando el ministro de Economía del anterior Gobierno del Partido Popular pasó a banquero y de banquero pasaron a hablar de él los jueces —en lugar de hablar él de la justicia hablan de él los jueces— y hay que ser temerario para recordar y hablar de bomberos pirómanos




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cuando resulta que han puesto como ministro de Economía al director de Lehman Brothers, hasta el año 2008, hasta que quebró. ¡Hay que ser temerario para venir a hablar de bomberos pirómanos! ¡Si ustedes tienen como ministros de Economía a pirómanos que no han dejado de serlo hasta el día de hoy! (Aplausos). ¡Hay que ser temerario para venir aquí y decirnos a todos nosotros, incluso a ustedes, señorías del Partido Popular, que la culpa es de la política —digo temerario por no decir algún adjetivo de trazo más grueso, que seguro que se les ocurre a ustedes!

¿Cómo que la culpa es de la política, hombre? ¡De los banqueros sinvergüenzas y ladrones! ¿Cómo que de la política? ¡De los banqueros sinvergüenzas y ladrones! (Aplausos). ¡Las cosas, por su nombre¡ ¿Cómo va ser la culpa de quienes piden las hipotecas? ¡No! La culpa es de los que las dan especulando para robar a las familias: de esos. Y ahora empieza a ser la culpa también de nosotros, porque nos está avisando todo el mundo: los jueces, la policía, la Unión Europea, y ustedes no quieren hacer nada. ¿Cómo van a hacer algo si son tan temerarios que vienen aquí, después de poner al pirómano de ministro, y nos siguen diciendo que somos los demás los que hacemos las cosas mal? Tengan un poquito de sensibilidad, señorías. ¿De verdad piensan que la culpa es de los políticos? ¿De verdad? Y tienen la cara de venir a decir a los que estamos en la bancada socialista que la culpa es nuestra. Así, el ministro dijo aquí, textualmente: La culpa es de las políticas que se hacían entre los años 2005 y 2008. Hay que tener cara para decir eso en esta sala. La culpa no es de la política, es de la usura, de quien especula dando dinero aun sabiendo que no se puede dar. Y viene aquí el ministro, que es temerario, y nos dice que Banca Catalana dio hipotecas a gente que no podía pagarla, y precisamente lo estaba diciendo el director de Lehman Brothers, señorías; repito, lo estaba diciendo el director de Lehman Brothers, que es la quintaesencia de la especulación y que provocó la ola que nos ha traído hasta aquí, con la crisis general. Viene aquí a decir que la culpa es de los políticos, cuando él dirigía un banco que engañaba a la gente, engañaba al sistema y nos ponía a todos en riesgo. ¡Y encima se lo tenemos que aguantar! Y ustedes vienen hoy y nos lo repiten; pero hombre, por favor... (Aplausos).

Nos dicen que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, pero no es así, es mentira, no han hecho nada. Lo que han hecho ha sido una pantomima. Llamemos a las cosas por su nombre. Vienen aquí y dicen que se han conseguido 10 000 reestructuraciones gracias a su ley; pero el subdirector del Banco de Santander ha reconocido que, ellos solos, han hecho 20 000 reestructuraciones en dos años. Las reestructuraciones que se han hecho se hubieran conseguido con ley y sin ley.

Dicen ustedes que han suspendido el lanzamiento de 12 000 familias pero, como les he dicho antes, señorías ¿qué pasará el día que se acabe la moratoria? ¿Imaginan lo que sería empujar a 12 000 familias fuera de su casa, de golpe? ¿Se dan cuenta de que acaban de crear un problema social del que hay que ocuparse y no hay nadie en el Ministerio de Economía que se esté encargando de hacerlo? ¿Son ustedes conscientes de que el ministro de Economía, por dos veces interpelado, fue incapaz de señalar un responsable, solo uno, en el Ministerio de Economía? Incluso tuvo la osadía de decirme: ¿es que usted conoce mi agenda? ¿Es que usted sabe con quién me reúno? No la conozco, pero debiera; debiera ser transparente porque tengo derecho a controlar su gestión porque él ha aceptado formar parte del ministerio; ha aceptado formar parte del Poder Ejecutivo y yo he sido elegido por los ciudadanos para controlarlo, así que no se extrañe el señor ministro, el economista, porque aquí no estaba ningún político.

Saben ustedes que hay cargos que visten a las personas y personas que visten a los cargos. Pues bien, decía el ministro que un político es un ministro, pero no es así, señorías, el cargo viste a esta persona como político, pero él no viste el cargo, él sigue actuando como banquero de Lehman Brothers, que fue el que generó este problema; así sigue actuando el Gobierno de España. (Aplausos).

Dicen ustedes que gracias a su ley se han hecho 3000 daciones en pago. Pero ¿es que no leen los informes del Banco de España? ¿Saben ustedes que se han dado más de 30 000 daciones en pago? ¿De verdad creen que sin su ley no se hubieran producido? Lo que han hecho es nada y lo que viene es muy grave. Han perdido su vivienda 500 000 personas; hay 500 000 personas en la sala de espera; hay 40 000 familias desahuciadas cada año; 40 000 familias que entran en la lista de ejecución hipotecaria inscrita y, según el propio ministro de Economía de este país, 327 000 familias que no pueden pagar su hipoteca. ¿Qué? ¿Todo va bien?

Gracias, señor presidente. (Aplausos).




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, señor presidente. Señorías, de nuevo, buenos días.

Efectivamente, esta es una moción de linchamiento, incendiaria. (Rumores). Voy a hablar con el bombero, ya que el apagafuegos ha desaparecido. Voy a hablar con el bombero, y le voy a preguntar.

Respecto a Lehman Brothers, usted sabe que esa compañía no da hipotecas en España, pero esos banqueros a los que ha insultado y les ha dicho no sé qué, son los mismos que han condonado al Partido Socialista una y otra vez todos los préstamos que ha ido pidiendo a lo largo de la historia de los cien años de socialismo (Rumores.—El señor Fernández Ortega: Mentira; eso es mentira). Tranquilícese, recójase la coleta, por favor, señor Fernández, tranquilícese.

Cuando usted me dice que quiere presentar una moción y llegar a un acuerdo, yo leo las palabras de Luz Rodríguez, la secretaria ejecutiva, que dice: «Hemos dicho que con el PP no hay pactos». Presentan mociones, pero dicen: con el PP no hay pactos. Repito las palabras de mi secretario de organización: que no, que no y que no. Como hubiera dicho mi padre: ni a coger agua con el PP; que no vamos a pactar con el PP. Por eso le digo que con esta moción vienen aquí a insultar, a proponer algo que no quieren acordar. Sin embargo, nosotros estamos acordando con muchos otros, como le he dicho. Estamos llegando a acuerdos que están alcanzando aplicación en la mediación hipotecaria, que van en la línea de la reunificación de los créditos, de la reducción de las cuentas de la hipoteca, de la quita de un porcentaje de los préstamos; alargamos las carencias y abonamos solamente los intereses, la venta de la vivienda y, por último, la dación en pago, que antes no existía. Ahora existe la dación en pago, y hace unos meses nos decían que no existía.

En cuanto a los diferentes puntos de su moción, respecto a la paralización de la acumulación de intereses de demora, hemos conseguido, pactando, que los intereses de demora se reduzcan y se limiten para evitar la rápida multiplicación de las deudas en caso de impago. Los intereses de demora solo se devengarán sobre el principal y no podrán sumarse al capital. Esto no pasaba con ustedes.

Aplazamiento temporal y parcialmente de las obligaciones del pago. Respecto al inicio del procedimiento ejecutivo se amplía de uno a tres meses el impago.

Respecto a las cláusulas de seguridad —usted insulte, usted grite, usted diga todo lo que quiera, pero yo le contesto con datos, le contesto con los acuerdos a los que hemos llegado—, se refuerza la obligación de las tasadoras de aceptar las tasaciones presentadas por los clientes.

Nos piden evitar el desahucio por deudas menores a 30 000 euros. Pues bien, si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente siempre que se cumplan ciertas obligaciones de pago.

Respecto a la segunda oportunidad, debería tramitarse en una ley concursal, pero existe; existe para la rehabilitación del empresario y de la persona física en la Ley 14/2013, de emprendedores. Hay también un sistema muy interesante de quitas, que es novedoso y ayuda mucho a esta segunda oportunidad, y es que la deuda remanente solo devengará el interés legal del dinero, y si se paga en 5 años, se reduce un 35 %; si se paga en 10 años, se reducirá un 20 %.

A usted le molesta que un 94 % de la población española cumpla sus compromisos con la banca. A sus datos, yo respondo con los nuestros: el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los tres meses de 2014 fue de 24 226, y se redujeron los desahucios en un 5 %. El dato de las 26 000 familias a usted le parece insuficiente; a nosotros también, pero es un trabajo que antes no sucedía: 10 000 reestructuraciones viables de deuda, 3000 daciones en pago. Le repito que se va a realizar la prórroga social de estas viviendas en mayo de 2015, por lo tanto, tranquilidad, no incendie más la situación.

Trabajamos en tres ejes: primero, cobertura para aquellos colectivos más vulnerables. Segundo, también hemos trabajado para que no se reproduzcan esas prácticas en los bancos. Le recordaré, ahora que usted ha hablado de los bancos, que Caixa Cataluña tiene una mora del 60 %; de cada 100 que fueron a pedir un préstamo hipotecario, 60 no están pagándolo. ¿Quién gestionaba ese banco? Aquellos a los que usted ha dado esos calificativos tan tremendos, junto con el Partido Socialista de Cataluña. Tercero, sacar a España de la crisis. Para sacar a España de la crisis, introducir medidas como las que se están poniendo en marcha para crear empleo es la mejor solución, que junto a las que hemos aplicado, van a dar ese resultado.




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Ustedes han trabajado la escenografía, el golpe mediático, las kellyfinder, el Ministerio de Vivienda, pero además fomentaron la penalización con los famosos desahucios exprés. Yo estoy hablando con ese incendiario.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor IBARRONDO BAJO: Por favor, tranquilícese; córtese la coleta y no haga tanta demagogia, porque, como le decía su compañero Nicolás Redondo Terreros, si jugamos a Podemos, perdemos. Y ustedes están perdiendo.

Muchas gracias. (Protestas.—Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista que hemos debatido, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

4. MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LAS CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL DEPORTE.

(Núm. exp. 662/000166)

AUTOR: GPP

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Entramos en el punto cuarto del orden del día: mociones.

La moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado con número de expediente 662/000166 ha sido retirada.

4.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2009-2013 PARA TRABAJAR EN LA REDEFINICIÓN DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

(Núm. exp. 662/000167)

AUTOR: GPP

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 4.1. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, silencio.

A esta moción se ha presentado un documento firmado por todos los grupos parlamentarios, por lo que la Presidencia entiende que decaen las 2 enmiendas presentadas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Alarcó. (Rumores).

Un momento, señor Alarcó, espere a que se tranquilice el hemiciclo. (Pausa).

Puede iniciar su intervención.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco una vez más ante este Pleno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para presentar una moción relacionada con un asunto que no es novedoso en el Senado y que es de mucha importancia social y médica: el suicidio —lo que se denomina autolisis— en




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nuestro país. Y digo nuevamente porque el 15 de enero de 2013 presentamos, también en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una iniciativa —en aquel momento pionera en las cámaras legislativas— referida a la diagnosis y lucha contra la verdadera plaga que supone el suicidio. Y lo decimos sin alarmismos pero con contundencia: es una verdadera plaga social con amplísima repercusión. En aquel momento buscábamos una concienciación social, lo que se llama visualización, y también políticas activas de prevención en coordinación con las comunidades autónomas, además de —como tercer punto— una potenciación de la salud mental en el ámbito de la atención primaria centrada en la autolisis, con planes preventivos claros. Y volvemos a insistir en ello porque consideramos que sigue siendo un problema; volvemos a insistir porque el Senado es el sitio adecuado para hacerlo, y volvemos a insistir porque el Senado no se puede quedar al margen, de ninguna manera, de un asunto tan importante como el que estamos planteando. Por cierto, una vez más, esta es una moción que no tiene ideología, no tiene por qué tenerla; pretende dar visibilidad, analizar de forma sosegada, mitigar, prevenir y dar soluciones a un problema social y sanitario de primer orden. No olvidemos que estadísticamente el suicidio o autolisis es la principal causa de muerte violenta en nuestro país.

Desde que se presentó la moción se han producido avances. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha desarrollado una línea de trabajo, según las competencias que le atribuye la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, enmarcada en una serie de estrategias que podemos agrupar en tres muy importantes: primera: una Estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud; segunda: enmarcarla dentro del Pacto europeo por la salud mental y el bienestar, y tercera, y no menos importante: el Plan de acción global para la salud mental 2013-2020, de la Organización Mundial de la Salud, publicado en agosto de este año.

Finalizado el periodo de estudio del Plan de salud mental nacional y la recogida de datos, en coordinación —para que se pueda llevar a cabo una evaluación, que es clave, y la actualización al respecto— con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las asociaciones de familias y pacientes, el Instituto de Salud Carlos III, el Imserso, la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, introduciendo, como no puede ser de otra manera, indicadores del Sistema Nacional de Salud; finalizada la recogida de datos relativa al Plan de salud mental nacional, se va a elaborar un primer informe que será trasladado a los comités de estrategias, que presentarán, dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —donde se tiene que hacer—, los resultados al respecto. Con ello se están buscando dos objetivos fundamentales: por un lado, intervenciones claras comunitarias, y por otro, acciones específicas para disminuir las tasas de depresión y suicidio en los grupos de riesgo. Para ello se han creado talleres específicos donde se entrena en habilidades importantes para la prevención de la depresión y el suicidio. ¿En dónde se ha hecho esto? En centros docentes —que van a continuar—, instituciones penitenciarias y residencias geriátricas.

Es evidente, señorías, que un plan que vaya, primero, a diagnosticar el problema social y sanitario que tenemos; segundo, a evaluarlo, y tercero, a dar soluciones para mitigar este drama social, requería, como ya requirió en el año 2013, un apoyo unánime de las fuerzas políticas de esta Cámara. Una vez más esta Cámara —por cierto, por muchos cuestionada, yo creo que de forma injusta, seguramente por desconocimiento— se suma claramente al apoyo de una moción que tiene una trascendencia social muy importante. Se tiene que hacer, evidentemente, con rigor, con objetividad y —algo muy importante en un tema tan sensible como este— sin crear alarmismo social, que reconocemos que es difícil, pero no por eso tenemos que dejar de divulgar, que es concienciar, para que tenga visibilidad. Y, como dije antes, todo dentro de la evaluación y la actualización de la Estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013, que se unirá, como dice la propia moción, a los planes estratégicos europeos y a los planes estratégicos de la OMS, que es el Plan de acción global para la salud mental 2013-2020, publicado en agosto de 2013.

En definitiva, ¿qué se pretende? Se pretende la prevención del suicidio o de la autolisis. Señorías, a pesar de que las administraciones competentes han hecho muchos esfuerzos, incluidas, como es lógico, las autonómicas, con planes específicos realizados en varias autonomías, que se sumarán y se suman a esta estrategia nacional, tenemos que decir que el suicido o la autolisis en España sigue constituyendo un problema muy importante; no en vano,




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sesga más de 3000 vidas al año, con lo cual las estadísticas son estremecedoras. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. En España hubo un total de 3145 muertes por suicidio en 2010, y estamos pendientes de encuestas recientes que demuestran que tenemos un índice muy alto, siempre por debajo —es evidente— de los países nórdicos y de Japón. Por tanto, este problema de primer orden social y sanitario duplica las tasas de mortalidad de los accidentes de tráfico. No olvidemos que se ha luchado mucho y bien para reducir los accidentes de tráfico y hay una fortaleza clara en esta reducción, pero las cifras de suicidio duplican las cifras de accidentes de forma clara.

Las formas de actuar son importantes porque hay muchas reincidencias, generalmente vinculadas a un 30 % de las tentativas, lo cual permite elaborar planes de acción correctos. Y también hay que decir que el 90 % de esta tasa de mortalidad se produce por patologías mentales importantes. Tiene una distribución por género: es la primera causa de muerte violenta en mujeres de 30 a 35 años. Y las estadísticas apuntan más intentonas por parte de mujeres y más consumaciones por los varones. También hay que decir que no es un asunto exclusivamente español y no es algo que tenga que ver con la crisis económica; creo que es importante dejar claro que es una problemática multinacional o mundial. Tenemos que decir de forma contundente que hablamos de la primera causa de muerte violenta en el mundo. Ha experimentado un aumento del 60 % durante el medio siglo anterior, una cifra aterradora, y además sigue una curva ascendente, con lo cual todos los esfuerzos que hagamos —y se pueden hacer, porque el 30 % son reincidentes y permite actuar en ese nivel— son importantísimos. El 15 % de la población mundial ha tenido pensamientos suicidas al menos una vez en su vida. Creo que son cifras a tener muy en cuenta.

Por eso la Organización Mundial de la Salud alertó de estas conductas autolíticas y lanzó el plan que ya he mencionado dos veces y que es muy importante, el Plan global para la salud mental 2013-2020 que es imprescindible. Dicho plan tiene 4 objetivos fundamentales: primero, reforzar el liderazgo y gobernanza para la salud mental, que es una de las principales causas; segundo, proporcionar una salud mental comprensiva, integrada y sensible junto a servicios sociales comunitarios; tercero, promoción de la salud mental y protección, incluyendo acciones para prevenir desórdenes mentales, suicidios y autolisis; y, cuarto, un sistema de información, divulgación e investigación para la salud mental. Es verdad que la OMS calcula que el suicidio representa el 1,5 % de los fallecimientos de todo el mundo, con especial prevalencia en los países menos desarrollados.

En definitiva, detrás de esto también hay puntos de vistas clínicos en los que influyen una serie de factores, una tipología y una demografía, y además con posibles soluciones. Y es verdad que en el punto de las soluciones del plan es donde tenemos que hacer mucho más hincapié. Como digo, es multilateral, tiene sus causas fundamentales en enfermedades crónicas, antecedentes familiares, adicciones, aislamientos y roturas sentimentales. Por eso ya existen puntos pioneros en España, como la doctora Mercedes Navío Acosta, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que tiene un plan pionero muy importante, cuyos resultados se están evaluando. Creo que en una moción como esta hay que resaltar la eficacia de su sistema. También, por qué no decirlo, hay un miembro destacado de la sociedad española de siquiatría, con una publicación científica —en la, por cierto, tuve la oportunidad de colaborar, como director de una fundación— que se titula «Modelo de Red de Redes», del doctor Francisco Rodríguez Pulido, editada por la Fundación Canaria de Investigación y Salud en 2010. Se han aprobado unas estrategias conjuntas para atajar este problema y minimizarlo.

En definitiva, hay que tomar medidas importantes que pasen por la concienciación, la prevención y la divulgación para que la ciudadanía tome conciencia de la cotidianidad de un fenómeno que convive con nosotros a diario y que, como tal, debe ser tratado con el mayor de los esmeros.

Por eso, es importantísima la detección temprana, con un índice de depresión importante contrastado y sin fallidos. Segundo, un seguimiento obligatorio ambulatorio en sistemas primarios y secundarios, como digo, con índices que no tengan fallido y que exista a través de las urgencias, para reducir las tasas de reincidencia, de un 25 % —si puede ser— a nulo. En definitiva, una potenciación de la atención primaria especializada con un protocolo de actuación en donde se impongan las necesidades específicas de la población en materia de salud mental que haga que




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este plan, que esta plaga —porque es una plaga— importantísima, tanto social como de salud, disminuya de forma drástica y se pueda prevenir de forma correcta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alarcó.

Decaídas las enmiendas del Grupo Socialista y de Convergència i Unió, así como el turno en contra, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Desde una coincidencia sustancial con el contenido de la moción, quiero sin embargo aprovechar esta oportunidad para proyectar el debate sobre la realidad de la atención a los problemas de salud mental en nuestro país e introducir la reflexión de que, más allá del consenso que alcancemos hoy aquí, es necesario adoptar medidas que signifiquen un reforzamiento en la atención a los pacientes, sobremanera en un momento en que la atención a la salud mental como parte del sistema sanitario en nuestro país padece las consecuencias de los ajustes y los recortes.

Estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario actualizar la Estrategia nacional de salud mental, aunque solo sea por algo evidente: ha concluido el periodo de vigencia previsto para ella, lo cual ya es un emplazamiento a la necesidad de abordar una nueva estrategia, salvo que llegáramos a la absurda conclusión de que no es necesario porque se ha resuelto definitivamente el problema de la salud mental en nuestro país. Y en esa actualización quiero destacar que en el proceso de evaluación —ayer se lo adelanté al señor Alarcó en una conversación informal— es imprescindible, igual que se hizo en la elaboración de la estrategia anterior, contar con la participación de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes o de sus familiares; que ese mecanismo de participación que fue útil entonces se incorpore de nuevo a la elaboración y actualización de la estrategia.

Creo que es bueno que la moción en su parte expositiva sea sincera y reconozca que el porcentaje de gasto de salud mental en nuestro país es la mitad del porcentaje del gasto en salud mental sobre el gasto total sanitario de la Unión Europea, porque solo estaría justificada tal situación si la prevalencia en nuestro país de las enfermedades mentales fuera inferior a la de la Unión Europea, lo cual no es cierto, incluso algunos estudios abundan en la posibilidad de que tengamos un porcentaje mayor de problemas de salud mental que la media de la Unión Europea.

En un congreso celebrado en Barcelona el pasado mes de febrero se concluía que mientras en España la atención urgente ante una crisis está garantizada en términos razonables, «resulta imprescindible —y leo textualmente— humanizar la asistencia y garantizar la continuidad de cuidados dirigidos a proporcionar atención ambulatoria integradora biosicosocial», y en este terreno tenemos todavía mucho que avanzar. De hecho, a la hora de establecer —si ello fuera imprescindible— una valoración económica del coste de atención a estas personas que padecen problemas de salud mental, en el otro platillo de la balanza sería imprescindible determinar una valoración del coste socioeconómico de la enfermedad mental, y en este mismo congreso se hacía una aproximación de lo que representaría ese coste socioeconómico para nuestro país, y se cuantificaba en 797 000 millones de euros.

Los estudios más recientes describen un incremento en el número de pacientes. Y discrepo con el señor Alarcó cuando dice que la crisis no está teniendo repercusión en el número de personas que padecen problemas de salud mental. Según publicaba recientemente European Journal of Public Health, la prevalencia de la mala salud mental, la ansiedad y la depresión fundamentalmente en nuestro país pasó del 14,7 % al 16,9 % en los varones. Los servicios de salud de algunas comunidades autónomas han visto aumentar el número de pacientes con problemas de salud mental de una forma muy importante, en algunos casos hasta un 75 %, aunque es cierto que, afortunadamente, la mayoría de estos problemas de salud mental son leves, y basta con un tratamiento en atención primaria y un seguimiento durante un periodo no muy largo, y con el tratamiento adecuado se pueden dar por superados. Además de la crisis —por eso coincido con el señor Alarcó en que su incremento no es un problema español sino que se da en todo el mundo— afectan también factores sociales y culturales profundos en nuestra sociedad que contribuyen a los problemas de salud mental. Una sociedad como la nuestra, que genera cada día mucha frustración y en la que además los ciudadanos tenemos mayor incomprensión hacia el




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fenómeno del dolor propio frente a generaciones anteriores que eran capaces de asumirlo con una actitud diferente, es una sociedad que de por sí alienta los problemas de salud mental.

En la mayoría de los casos, el suicidio, efectivamente, es la expresión extrema de los problemas de salud mental. Hay suicidios que no tienen relación directa con problemas de salud mental sino que pueden responder a otros factores, pero seguramente la crisis también influye en ello. Hay discrepancias de opinión entre la comunidad científica. En los últimos meses se publicó un informe en el que se señalaba que se había frenado la caída del número de suicidios a finales de la década pasada y que a partir de 2011 remontaba, y ese estudio ha sido contestado también por la comunidad científica descalificándolo; por tanto, nos movemos en un terreno nebuloso.

Pero el sentido común lleva a pensar que puede haber algún factor, y yo lo voy a expresar desde la literatura. Anoche empecé a leer una novela de Petros Márkaris, titulada Liquidación final —no sé si lo conocen sus señorías, es un autor griego de novela negra que, al menos, a mí me gusta—, y en sus primeras páginas un comisario de policía acudía a un suicidio de cuatro mujeres y encontraba la siguiente carta: Somos cuatro mujeres jubiladas solas en el mundo. No tenemos hijos ni perros. Primero, nos recortaron la pensión, nuestra única fuente de ingresos. Después, tuvimos que recurrir a un médico privado para que nos recetara nuestros medicamentos porque los médicos de la Seguridad Social estaban en huelga. Cuando por fin conseguimos las recetas, en las farmacias nos dijeron que no los servían porque la Seguridad Social les debía dinero y teníamos que pagar las medicinas de nuestro bolsillo, de nuestra pensión recortada. Nos dimos cuenta de que somos una carga para el Estado, para los médicos, para las farmacias y para la sociedad entera. Nos vamos, así no tendréis que preocuparos por nosotras. Con cuatro jubiladas menos mejorarán vuestras condiciones de vida.

Es solo una recreación literaria, pero como toda recreación literaria, inevitablemente, guarda siempre un fondo de verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Egun on, senatari jaun-andreok.

Senador Alarcó, una vez más nos ha dado un montón de datos. Estemos o no de acuerdo con ellos, la verdad es que la parte científica la tiene usted muy bien solventada. He visto la documentación que contiene la moción y me he fijado en la vigente Estrategia nacional de salud mental de 2009, que hacía referencia a la primera estrategia de salud mental que se llevó a cabo en el Sistema Nacional de Salud, y hay muchísimos aspectos —me atrevo a decir que casi todos— que están parcialmente conseguidos y que mantienen los objetivos para lo que ahora estamos discutiendo, que es la Estrategia 2009/2013.

Yo no he encontrado la correspondiente evaluación a esta última estrategia, creo que no está hecha todavía, y usted me lo confirma. Pero posiblemente diga algo parecido a la de 2009, porque, desgraciadamente, elaborar estrategias no garantiza para nada que se cumplan las indicaciones que se incluyen en ellas. La estrategia está muy bien, pero, posteriormente, hay que poner empeño, medios y recursos entre todos para que se cumpla.

También es cierto —en eso coincido con el senador Iglesias, como muchas otras veces— que las propias estrategias y los protocolos siempre deben incluir de oficio sus propios sistemas indicadores de cumplimiento, si no, no tendría ningún sentido y, por tanto, deben ser prácticamente autorregulables o autorreeditables, por decirlo de alguna manera. Aun así nos parece bien pedir a esta Cámara, como Cámara que es de representación de los ciudadanos, que se interese por la salud mental, que los gestores sanitarios vean que para nosotros es importante trabajar por la salud mental, siempre considerada, siempre, como accesoria del resto de las políticas de salud o como más accesoria que otras especialidades.

Mi intención original, senador Alarcó, fue aceptar la moción de la salud mental y proponerle que empleara ese cupo que tiene el Partido Popular —que lo suele utilizar para este tipo de cosas— para pedir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que cree una estrategia específica sobre el suicidio para no dejar la salud mental coja y para afrontar este tema tan grave que, además, se va agravando.




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Estos días me he puesto a analizar, con mis limitaciones, de una manera pedestre, muy básica, los datos sobre causas de defunción que se pueden sacar fácilmente del INE, el código X60X84 del CIE-10. Una somera elaboración propia y por encima, en una tabla Excel, me ha dejado preocupado, más preocupado, si cabe, por las cifras. De 2010 a 2011 los suicidios crecieron en un 0,7 %; en cambio, de 2011 a 2012 crecieron un 11 %; una barbaridad. Y hay cosas que me han parecido curiosas, como que el 77 % de los suicidas son varones y el 23 % son mujeres, algo que también me sorprendió. Una cifra que no podemos aceptar son los 57 suicidios de personas menores de 19 años que también han aumentado en 5, sobre todo en el rango de edad que va de los 10 a 14 años; relativamente son pocos, pero en números absolutos me parece una barbaridad. En 2010 fueron 3, en 2011, 2 y en 2012, 5. Esto nos tiene que reafirmar en la estrategia específica contra el suicidio porque hay una parte que se debe hacer en la escuela. Después, a lo mejor me da tiempo a hablar más de ello. El pico de suicidios —tercera cuestión que me ha sorprendido— se da entre los 40 y los 44 años. Prácticamente son el 10,5 % del total, pero es el pico. La mayoría, el 52,76 %, se suicida entre los 35 y los 65 años, curiosamente. Yo no sé por qué tenía la idea de que la mayoría lo hacían de los 65 años en adelante, pero la cifra en este tramo, que es alta, es del 31 % de la población.

Preocupante, muy preocupante —como he dicho— es el número de menores y, sobre todo, la gran diferencia de aumento entre 2010-2011 y 2011-2012. Preocupante es, por supuesto, si tenemos en cuenta que el pico se da entre los 40 y los 45 años. Lo que es evidente, pues es una cosa que está probada, es que la desgracia del suicidio aumenta en función de la resiliencia del afectado, de su capacidad de adaptación a las propias circunstancias de vida. Por eso, hago una reflexión importante, que también ha apuntado el senador Iglesias, y es si el aumento del 11 % de suicidios entre 2011 y 2012, muy muy superior al del período 2010-2011 —solamente cojo una serie de 3 años porque si no no me hubiera dado la tabla—, tiene que ver con que las circunstancias de vida de las personas en España desbordan ahora mucho más la capacidad de resiliencia de la población. Pues probablemente sí. Por eso es por lo que planteábamos y pedíamos que se tratara este tema de forma separada del de la salud mental, muy relacionada evidentemente, pero específica desde un punto de vista médico, sicológico y sociológico. Y como tenemos una cifra de suicidios en menores de 20 años que es muy preocupante, el tema habría que abordarlo también desde un punto de vista pedagógico, persiguiendo esencialmente esos indicadores tempranos de que algo sucede o puede suceder porque, evidentemente, hay maneras de sospechar que algo sucede. Y yo creo que eso es lo que hay que explorar, y hay que explorarlo desde un punto de vista científico y muy específico.

Sí que es cierto que la transaccional que nos ha propuesto va más en la línea del suicidio que en la de la Estrategia de salud mental. Sinceramente creo —se lo he dicho antes— que la Estrategia de salud mental hay que mantenerla, apoyarla, fomentarla y encargarnos de que se cumpla y de que se pongan los medios. Al no bajar la guardia con la salud mental, podríamos hacer un trabajo específico sobre estrategia contra el suicidio. Se lo planteo. Ustedes tienen el cupo. Nosotros tenemos muy poquito y, probablemente, no podemos acceder con tanta facilidad a ello.

Votaremos a favor, no podemos hacerlo de otra forma. También hemos firmado la transaccional. Le vuelvo a felicitar por su trabajo y por su capacidad para llegar a acuerdos. ¿Usted se ha planteado, senador Alarcó, hacer un máster en su grupo sobre consecución de acuerdos? Le vendría muy bien, tiene mucha gente, mucho público con ganas de aprender y usted con ganas de enseñar. Por lo tanto, vamos a ver si cunde el ejemplo dentro del Grupo Popular y podemos llegar a acuerdos en este y en otros muchos campos de esta manera, porque en las cosas que son importantes, en las cosas de comer, es la única forma que tenemos de trabajar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría, senador Cazalis.

Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra la senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president. Bon dia.

Menys de la meitat de les persones que pateixen trastorns mentals a Europa reben tractament. I, dels que reben tractament, un 10 % dels pacients no reben el tractament adequat. L’estigma de patir un trastorn mental és una de les principals causes que fa que la gent no accedeixi als serveis de salut mental. També li podem sumar la disminució de serveis que cada cop s’agreuja més amb




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les polítiques d’austeritat i que les patologies mentals, conseqüents de la pròpia crisi, com per exemple, l’augment de les depressions o de l’ansietat, fan que la salut mental vagi requerint un nou enfocament, millor dit, una nova planificació, perquè l’enfocament, segurament, el compartim tots.

El Pla europeu de salut mental i benestar de 2013-2020 recull els seus pilars bàsics en set punts. El primer. Qualsevol persona ha de tenir la mateixa oportunitat per aconseguir el nivell adequat de benestar mental al llarg de la seva vida. En segon lloc, els drets humans de les persones amb problemes de salut mental han de ser plenament valorats, respectats i promoguts. Tres, els serveis de salut mental han de ser accessibles, competents i assequibles. Disponibles per a totes les comunitats i ajustats a les necessitats específiques. També han de proporcionar una adequada atenció a la salut física i mental de tots els ciutadans. S’ha de treballar la salut mental amb els altres sectors. I les directrius polítiques en salut mental, i la seva implementació, han de desenvolupar-se a partir del coneixement adequat.

L’any 2012, l’Organització Mundial de la Salut va escollir per al Dia Mundial de la Salut Mental com: «La Depressió, la crisi mundial». Aquest lema reflecteix el que tots sabem. Que la crisi augmenta les patologies relacionades amb la salut mental. Des del punt de vista clínic, l’atur, el treball en precari incrementen les reaccions de dol, de pèrdua, la presència dels trastorns mentals comuns, les depressions i l’ansietat i l’índex de recaigudes en les persones que ja estaven diagnosticades prèviament d’un trastorn mental greu. També augmenta el consum de substàncies com l’alcohol o altres drogues.

Algunes reaccions que les persones presenten davant, per exemple, l’atur, com l’ansietat o l’estrès o fins i tot la depressió no tenen per què ser, necessàriament, patològiques, són reaccions normals davant d’una situació molt estressant. Però sí que hem d’estar atents perquè molts símptomes poden cronificar-se i, en algunes ocasions, donar complicacions psiquiàtriques greus que poden acabar en depressió major o conductes suïcides. S’ha vist que els aturats de llarga durada, aquells que estan més de sis mesos a l’atur, que tenen una educació superior, o que pertanyen a grups minoritaris, presenten més quadres depressius i d’ansietat generalitzada. I les últimes dades apunten que l’impacte econòmic dels problemes de salut mental equivalen a un 3 i un 4 % del producte interior brut de la Unió Europea.

Per tant, la nostra realitat avui, a 2014, és molt diferent de la que teníem quan vam fer el Pla 2009-2013. I això ens obliga a refer-lo i, com he dit al principi, a canviar algunes de les coses. El que està clar és que cada cop més experts adverteixen clarament de la relació entre l’increment de suïcidis i la crisi econòmica. Es calcula que la crisi actual és responsable de 10.000 suïcidis a Estats Units, Canadà i Europa entre els anys 2008 i 2010. I un altre estudi publicat al British Journal of Psychiatry, fet pel senyor Reeves, diu que, des que va començar la crisi l’any 2007, analitzant 24 països europeus, el número de suïcidis, que en els darrers anys anava a la baixa, ha canviat la tendència, i ha començat a incrementar-se, arribant el 2009 a un 6,5 % de la població. I que es manté fins el 2011.

S’ha de tenir en compte que hi ha dades més recents —i amb això llegiré les dades més recents que he trobat de la meva comunitat autònoma— en què claríssimament el Departament de Salut ha revelat el número de suïcidis, posant el problema sobre de la taula amb un informe que es diu «Els efectes de la crisi econòmica a la salut de la població de catalunya». I en aquest estudi es revela, claríssimament, que a l’any 2008 es registraven 27,3 temptatives de suïcidi per cada 100000 dones i 15,3 per cada 100.000 homes. És una dada de 2008. Doncs amb dades de 2012, dos anys després, els homes havien incrementat a un 21,6 % i les dones amb un 33,8 %. Per tant, el que sí diu, també, és que la mortalitat per suïcidi el 2011 arriba a xifres de 5,6 casos cada 100.000 habitants, quan en anys anteriors havien estat més baixes, de 4,7.

Com sempre, les temptatives de suïcidi i els suïcidis consumats acaben essent més específicament en els homes majors de 45 anys. I, per això, el Departament de Salut ha posat en marxa a Catalunya un nou codi, que es diu Codi de Risc de Suïcidi, i que pretén implementar a tot el territori, en aquests moments només està implementat a un 40 %. Aquesta és una de les mesures que, des de la meva Comunitat Autònoma, s’ha posat en marxa. Tot i que cal recalcar que, com molt bé va dir el director de l’Agència de Salut Pública, el problema no són els suïcidis a Catalunya, el problema és l’atur.




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Per això, només vull afegir, per acabar, un estudi que crec que, com a mínim, ens ha de fer pensar. Són dades fetes amb dades anteriors, però crec que ens ha de fer pensar. El doctor Reeves, professor de la Universitat d’Oxford, en el seu estudi afirma que per a cada inversió de 100 dòlars, és a dir, uns 74 euros per càpita, amb programes de treball actiu, es va reduir l’associació entre l’atur i el risc de suïcidi. I tant en la recessió europea de 1970 com en la del 2007. I això què vol dir? Doncs que per parlar d’evitar el suïcidi potser també és necessari, com ell apunta, donar suport i capacitar aquells treballadors que s’han quedat sense recursos i, per tant, invertir en polítiques de feina activa.

I acabo. Tots tenim clar que un dels objectes de la política és, sens dubte, intentar construir ciutadans cada cop més autònoms i que puguin construir els seus propis projectes vitals. Això requereix, sens dubte, un bon nivell de salut mental i, per això és necessari que posem els màxims esforços en fer estratègies que puguin portar els nostres ciutadans a ser els més feliços possible.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente. Buenos días.

Menos de la mitad de las personas que sufren trastornos mentales en Europa reciben tratamiento, y de los que reciben tratamiento, un 10 % de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. El estigma de sufrir un trastorno mental es una de las causas principales que hace que la gente no acceda a los servicios de salud mental. También le podemos sumar la disminución de servicios, que cada vez se agrava más con las políticas de austeridad, y que las patologías mentales consecuentes de la propia crisis, como el aumento de las depresiones o la ansiedad, hacen que la salud mental requiera de un nuevo enfoque, una nueva planificación, porque seguramente el enfoque lo compartimos todos. El Plan europeo de salud mental y bienestar 2013-2020 recoge sus pilares básicos en 7 puntos: Cualquier persona debe tener la misma oportunidad de conseguir el nivel adecuado de bienestar mental a lo largo de su vida. Los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental tienen que ser valorados plenamente, respetados y cubiertos. Tienen que ser accesibles los sistemas de salud mental, estar disponibles en todas las comunidades y ajustados a las necesidades específicas. También proporcionar una adecuada atención a la salud física y mental de todos los ciudadanos. Trabajar la salud mental con el resto de actores y las directrices políticas en salud mental y su implementación debe desarrollarse a partir del conocimiento adecuado.

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud escogió para el Día Mundial de la Salud Mental el lema «La depresión, una crisis mundial», que refleja lo que todos ya sabemos: la crisis aumenta las patologías relacionadas con la salud mental. Desde el punto de vista clínico, el paro y el trabajo precario incrementan las reacciones de duelo, de pérdida, la presencia de trastornos mentales comunes, las depresiones, la ansiedad y el índice de recaídas en las personas que estaban diagnosticadas previamente con un trastorno mental grave. También aumenta el consumo de sustancias como el alcohol u otras drogas.

Algunas reacciones que las personas presentan ante, por ejemplo, el paro, como la ansiedad o el estrés o incluso la depresión, no tienen por qué ser necesariamente patológicas, son reacciones normales ante una situación muy estresante. Pero sí que tenemos que estar atentos, porque muchos síntomas se pueden cronificar y dar complicaciones siquiátricas graves que pueden terminar en depresión mayor o en conductas suicidas. Se ha visto que los parados de larga duración, los que están más de seis meses en el paro, que tienen una educación superior o que pertenecen a grupos minoritarios presentan más cuadros depresivos y de ansiedad generalizada. Los últimos datos apuntan que el impacto económico de los problemas de salud mental equivale a un 3 y 4 % del producto interior bruto de la Unión Europea.

Por lo tanto, nuestra realidad hoy, en 2014, es muy distinta de la que teníamos cuando elaboramos el Plan 2009-2013, y esto nos hace rehacerlo y, como decía al principio, cambiar algunos de los elementos. Lo que está claro es que cada vez más expertos advierten de la relación entre el incremento de suicidios y la crisis económica. Se calcula que la crisis actual es responsable de 10 000 suicidios al año en Estados Unidos, Canadá y Europa entre 2008 y 2010. Otro estudio publicado por el British Journal of Psichiatry, hecho por el señor Reeves, señala que desde que empezó la crisis en el año 2007, analizando 24 países europeos, el número de suicidios, que en




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los últimos años bajaba, ha cambiado la tendencia y ha empezado a incrementarse, llegando en 2009 a un 6,5 % de la población, cifra que se mantiene hasta el 2011.

Se ha de tener en cuenta que hay datos más recientes —y con esto voy a leer los datos que he encontrado de mi comunidad autónoma— en los que el departamento de salud ha revelado el número de suicidios, poniendo el problema sobre la mesa con un informe denominado «Efectos de la crisis económica en la salud de la población catalana». En él se revela clarísimamente que en el año 2008 se registraban 27,3 tentativas de suicidio por cada 100 000 mujeres y 15,3 por cada 100 000 hombres. En 2012 la cifra sobre hombres se incrementó hasta el 21,6 % y las mujeres hasta el 33,8 %. Por lo tanto, lo que sí dice es que la mortalidad por suicidio en el 2011 alcanzó cifras de 5,6 casos por cada 100 000 habitantes, cuando antes la cifra era inferior al 4,7.

Como siempre, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados acaban siendo más específicamente en los hombres mayores de 45 años. Por ello, el departamento de salud ha puesto en marcha en Cataluña un nuevo código denominado de riesgo de suicidio, que pretende implementarse en todo el territorio; solo está implementado en un 40 %. Es una de las medidas puestas en marcha en mi comunidad autónoma, aunque hay que recalcar que, como muy bien dijo el director de la Agencia de Salud Pública, el problema no son los suicidios en Cataluña, sino el paro.

Por eso solo quiero añadir, para ir terminando, un estudio que creo que, como mínimo, nos tendría que hacer pensar, aunque se trate de datos anteriores. El doctor Reeves, profesor de la Universidad de Oxford, afirma en su estudio que para cada inversión de 100 dólares, es decir, unos 74 euros per cápita en programas de trabajo activo, se redujo la asociación entre el paro y el riesgo de suicidio en la recesión europea de 1970 y también en la de 2007. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de evitar el suicidio, como nos dice él, también sería necesario apoyar y capacitar a aquellos trabajadores que se han quedado sin recursos y, por tanto, invertir en políticas de empleo activo.

Termino. Todos tenemos claro que el proyecto, o uno de los objetivos de la política, es intentar formar ciudadanos cada vez más autónomos y que puedan construir sus propios proyectos vitales. Esto requiere, sin duda, un buen nivel de salud mental. Por ello es necesario que pongamos los máximos esfuerzos en realizar estrategias que conduzcan a nuestros ciudadanos a la felicidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: President. Molt bon dia. Senadors.

Ara fa uns mesos el grup del PP ens portava a l’aprovació al Ple una moció sobre suïcidis. Ja vaig pronunciar-me o ja vaig dir en aquella ocasió que debatre o parlar sobre aquest tema em semblava molt interesant, sobretot perquè es tracta d’un tema tabú, per dir-ho d’alguna manera, un tema difícil d’encarar, d’assumir, d’exterioritzar per part dels qui ho viuen d’una manera més directa. La societat en general creiem que dóna l’esquena a un tema que és molt més normal del que ens sembla. Parlàvem en aquell moment concretament de la invisibilitat del problema. Una invisibilitat que al nostre entendre es produeix també quan parlem de malalties mentals en general. Tanmateix, senyories, la majoria de nosaltres hem viscut de manera directa o a través d’algun familiar o algun amic algun cas de malaltia mental. I no ens ha de sorprendre, perquè com he dit és molt més normal del que sembla i així ho demostren les dades, que ja han avançat alguns dels meus companys, i d’altres a les quals faré referència ara mateix.

Els trastorns mentals són malalties d’elevada prevalença, ho hem dit, en aquest cas segons les dades de l’enquesta de salut mental a Catalunya, l’any 2013 la probabilitat de patir un trastorn mental entre la població catalana major de 15 anys d’edat va ser d’un 12,4 %. Una dada superior a la de 2012, que va ser d’un 10,7. Per tant, no només ens hem de preocupar per l’alt índex actual, sinó pel seu constant creixement any darrere any. Aquí voldria fer un apunt. Havíem tingut anys millors, amb millors dades, i, per tant, jo també crec personalment que la crisi te un efecte directe en aquest trastorns i òbviament en el cas dels suïcidis. També ho comentava la senadora Almiñana, si fem una anàlisi, i penso que val la pena dir-ho, dels índex de prevalença analitzats segons al gènere, les dones tenen moltes més probabilitats de patir algun tipus de malaltia mental. A nosaltres




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dins del nostre grup, evidentment, això ens preocupa per la vulnerabilitat que aquest fet pot suposar per les dones, i per tant, hem de treballar de manera intensa òbviament.

Més dades: els trastorns mentals són un dels principals factors de risc de suïcidi en els països occidentals —ho han dit els companys—. El senador Alarcó feia referència a la dada actual de l’OMS, hem sembla que deia un 1,5 % de la mortalitat en l’actualitat. Però la pròpia OMS preveu que per a 2020 el suïcidi representarà un 2,4 % de la mortalitat total. Per tant, és una dada absolutament increïble, esgarrifant, però que d’altra banda te remei, ho veiem en l’anterior moció, les polítiques de prevenció són efectives, tenen un impacte important, un impacte positiu en la reducció de la mortalitat, i, per tant, és important treballar en la prevenció. La depressió, per exemple, constitueix en l’actualitat la tercera causa d’incapacitat al món. I és preveu que l’any 2030 en sigui la primera causa. Es tracta del segon problema de salut que comporta una alta pèrdua de qualitat de vida darrere dels problemes associats al dolor.

Per tant, senyories, la magnitud del problema és molt més important del que molts volen interpretar, o del que molts coneixen, i, per tant, és important que a través d’aquest tipus de mocions es plantegin aquests temes, parlem d’aquests temes, perquè, efectivament, és una trista realitat que també, òbviament dins de l’àmbit de la salut i d’altres àmbits, hem de treballar.

Què ens preocupa doncs de les malalties mentals? En primer lloc, òbviament, l’afectació directa pels propis malalts i les seves famílies, el seu entorn més directe. Però també, què és el que ens preocupa? I en aquest sentit, una mica en la línia del que deia el senador Iglesias, l’impacte d’aquests trastorns mentals en termes de dependència i de costos econòmics, i també en termes de costos sanitaris i socials, perquè, òbviament, aquests costos sociosanitaris són elevats. A Europa s’estima que els costos associats a trastorns mentals estan a l’entorn d’un 3 o un 4 % del PIB, sobretot, associat a la pèrdua de productivitat i discapacitat, dades importants que hem de tenir en compte.

I bé, davant d’aquestes 2 clares dimensions que giren en torn del problema de les malalties mentals, com bé deia, l’afectació als propis malalts, però també els costos, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat de les polítiques públiques, i promou accions dirigides a la prevenció d’aquestes malalties i discapacitat associada, així com la lluita de l’estigma i l’exclusió social. En la mateixa línia, i evidentment deixem que en aquest cas faja una referència a Catalunya —completant d’alguna manera la informació que ja ha avançat la senadora Almiñana—, el Govern i el sector ha estat treballant de manera intensa per poder presentar el pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i adicions, prioritzant unes actuacions per als anys 2014, 2015 i 2016. Entenem que la salut mental és un repte que s’ha d’afrontar de manera transversal —ho deien abans també alguns dels portaveus—. És un pla que pretén donar resposta principalment a dos objectius. En primer lloc, contribuir a la millora de la salut mental i la disminució de les desigualtats socials d’aquest col·lectiu, identificar les seves necessitats de manera integral i millorant, òbviament, la seva atenció, i incrementant la seva possibilitat d’integració, hem de treballar aquest tema. I, com dèiem, incorporar estratègies transversals, dins de tots els àmbits. Crec que el senyor Cazalis també feia referència a la necessitat de treballar de manera transversal en la prevenció de la malaltia, en la promoció de la salut, en l’atenció i la reinserció social i laboral, l’atenció integrada i complementària als serveis de salut social, educació, feia referència a l’àmbit de l’educació, l’àmbit laboral, la justícia, algunes accions concretes, doncs lluitar contra l’estigma associat a aquestes malalties, millorar l’atenció a la població infantil i juvenil —ho deia el senador Cazalis—.

Per exemple, evidentment, hem intentat des de Catalunya atendre o respondre a una llarga reivindicació del sector de la salut mental, que és, concertar a través dels serveis socials habitatge per les persones d’aquest col·lectiu. Per tant tot una sèrie de polítiques transversals i accions que han permès al Govern manifestar públicament els seu compromís amb el sector de la salut mental, i apostar al mateix temps per una gestió i una planificació molt més integrada d’uns serveis que permetran no només que el nostre sistema sigui molt més eficaç i molt més eficient, sinó que en definitiva permetrà millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i del seu entorn i les seves famílies.

Evidentment, fetes aquestes reflexions i abans d’acabar la meua intervenció, agrair que s’hagi incorporat en aquesta transaccional un dels punts que nosaltres proposàvem a la nostra esmena. Estem d’acord amb la necessitat d’elaborar la nova estratègia de salut mental, sobretot sota aquest




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paraigua del Pla europeu de salut mental i el Pla global per la salut mental de l’OMS. De fet, són els paraigües que també han abraçat el nostre pla redactat a Catalunya.

Com bé deia, agraïm que hagin incorporat un punt específic sobre el respecte no només a les competències que tenen les Comunitats Autònomes, sinó als plans que ja s’estan desenvolupant. Ho dic amb moltíssimes ocasions. Nosaltres el que volem és que totes les Comunitats Autònomes avancin, sobretot per millorar els serveis i l’atenció, en aquest cas, doncs amb els malalts de salut mental, però respecte la ciutadania en general. A nosaltres ens preocuparia que això suposés fer un pas enrere. Per tant, el que volem fer és ajudar a tothom a que s’avanci a millorar l’atenció. Per tant, agraïm que s’hagi incorporat aquest punt específic, perquè ens interessava molt aconseguir que hi hagués un compromís respecte a les polítiques que ja hem desenvolupat nosaltres. Òbviament, lamentem que no s’hagi incorporat el punt que fa referència a les partides pressupostàries. N’hem parlat. Per nosaltres el fet de no disposar de recursos fa d’alguna manera més difícil el desplegament d’algunes de les polítiques. Parlem constantment de la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Part del problema és que està infrautilitzat. Si després no dotem amb partides pressupostàries és molt difícil aquest desplegament correcte i, en definitiva, una millora de la qualitat del nostre sistema envers els usuaris.

Per tant, per nosaltres era important incorporar-hi aquest punt, però, efectivament, entenem que hi havia una acord de les diferents forces polítiques en representació en aquesta cambra, i que al final el que busca aquest document és una millora de la qualitat de vida dels malalts, doncs nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa i esperem que tiri endavant i que es converteixi en una realitat que afecte a millor la qualitat de vida d’aquests pacients.

Moltíssimes gràcies.

Presidente, buenos días.

Senadores, hace ahora unos meses el Grupo Parlamentario Popular nos traía, para que lo aprobara el Pleno, una moción sobre suicidios. Ya dije en esa ocasión que hablar sobre este tema me parecía muy interesante, sobre todo porque se trata de un tema tabú, un tema difícil de encarar, de asumir, de exteriorizar por parte de los que lo viven de una forma más directa. La sociedad en general da la espalda a un problema que es mucho más normal de lo que nos parece. En ese momento hablábamos concretamente de la invisibilidad del problema, una invisibilidad que a nuestro entender se produce también cuando hablamos de enfermedades mentales en general. Sin embargo, señorías, la mayoría de nosotros hemos vivido, de forma directa o a través de algún familiar o amigo, algún caso de enfermedad mental, y no nos debe sorprender porque, como he dicho, es mucho más normal de lo que parece y así lo demuestran los datos que ya han avanzado algunos de mis compañeros y otros a los cuales me voy a referir ahora.

Los trastornos mentales son enfermedades de elevada prevalencia. Según los datos de la encuesta de salud mental, en Cataluña, en el año 2013 la probabilidad de sufrir un trastorno mental entre la población catalana mayor de 15 años era de un 12,4 %, dato superior al de 2012, que fue de un 10,7. Por lo tanto, no solo nos tenemos que preocupar por este alto índice actual, sino por su crecimiento constante año tras año. Aquí quisiera hacer un apunte. Habíamos tenido años mejores, con mejores datos y, por lo tanto, yo también creo que la crisis tiene un efecto directo en estos trastornos y, obviamente, en el caso de los suicidios. También lo decía la senadora Almiñana, si hacemos un análisis y estudiamos los índices de prevalencia según el género, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir algún tipo de enfermedad mental. En consecuencia, esto nos preocupa por la vulnerabilidad que este hecho puede suponer para las mujeres, por lo que debemos trabajar de manera intensa, obviamente.

Los trastornos mentales son uno de los principales riesgos de suicidio en los países occidentales —lo han dicho mis compañeros—. El senador Alarcó se refería al dato actual de la OMS, un 1,5 % de la mortalidad en la actualidad, pero la propia OMS prevé que para el 2020 los suicidios representarán un 2,4 % de la mortalidad total. Se trata, por tanto, de un dato absolutamente increíble pero que tiene remedio, como veíamos en la anterior moción. Las políticas de prevención son efectivas, tienen un impacto importante y positivo en la reducción de la mortalidad y, por lo tanto, es fundamental trabajar en la prevención. Por ejemplo, en la actualidad la depresión constituye la tercera causa de incapacidad en el mundo y se prevé que en el año 2030 sea la




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primera causa. Se trata del segundo problema de salud que comporta una alta pérdida de calidad de vida después de los problemas asociados al dolor.

Señorías, la magnitud del problema es mucho más importante de lo que muchos quieren interpretar o conocen, por lo que es importante que a través de este tipo de mociones se planteen estos temas. Hablemos de estas cuestiones porque, efectivamente, es una triste realidad que también desde el ámbito de la salud y otros tenemos que trabajar.

¿Qué nos preocupa de las enfermedades mentales? La afectación directa de los propios enfermos y de sus familias, su entorno más directo. ¿Qué nos preocupa también? En la línea de lo que decía el senador Iglesias, el impacto de estos trastornos mentales en términos de dependencia y costes económicos, sanitarios y sociales, porque obviamente estos costes sociosanitarios son elevados. En Europa, los costes asociados a los trastornos mentales están en el entorno de un 3 o un 4 % del PIB, sobre todo asociado a la pérdida de productividad y discapacidad. Son datos importantes que tenemos que tener en cuenta.

Ante estas dos claras dimensiones, el problema de las enfermedades mentales y la afectación de los propios enfermos y los costes, la Unión Europea ha declarado la salud mental como una prioridad de las políticas públicas y promueve acciones dirigidas a la prevención de estas enfermedades y de discapacidad asociada, así como la lucha contra el estigma y la exclusión social. En la misma línea, y voy a hacer referencia a Cataluña, completando de alguna forma la información que ha avanzado la senadora Almiñana, el Gobierno y el sector han trabajado de forma intensa para poder presentar el Plan integral de atención a las personas con trastorno mental y adicciones, priorizando unas actuaciones para estos años 2014, 2015 y 2016. Entendemos que la salud mental es un reto que se tiene que afrontar de forma transversal —lo decían antes algunos portavoces—. Es un plan que pretende dar respuesta principalmente a dos objetivos. En primer lugar, contribuir a la mejora de la salud mental y a la disminución de las desigualdades sociales de este colectivo identificando sus necesidades de manera integral y mejorando, obviamente, su atención e incrementando su posibilidad de integración. Debemos trabajar este tema. Y como decíamos, hay que incorporar estrategias transversales desde todos los ámbitos. El señor Cazalis también se refería a la necesidad de trabajar de forma transversal en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, en la atención y reinserción social y laboral, en la atención integrada y complementaria de los servicios de salud, social y educación. Se refería también al ámbito de la educación, laboral, de justicia y a algunas acciones concretas, por ejemplo, luchar contra el estigma social de estas enfermedades, mejorar la atención a la población infantil y juvenil.

Desde Cataluña se ha respondido a una gran reivindicación: concertar viviendas a través de los servicios sociales para las personas de este colectivo. Es decir, toda una serie de políticas transversales y de acciones que han permitido al Gobierno manifestar públicamente su compromiso sostenido con el sector de la salud mental apostando al mismo tiempo por una gestión y planificación mucho más integrada de los servicios que no solo permitirá que nuestro sistema sea más eficaz y mucho más eficiente, sino que, en definitiva, mejorará la atención y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de su entorno y sus familias.

Hechas estas reflexiones y antes de acabar mi intervención, quiero agradecer que se haya incorporado a esta transaccional uno de los puntos que nosotros habíamos propuesto en nuestra enmienda. Estamos de acuerdo en la necesidad de elaborar la nueva estrategia de salud mental, sobre todo bajo este paraguas del Plan europeo de salud mental y del Plan global para la salud mental de la OMS. De hecho son los paraguas que también han enmarcado nuestro plan redactado en Cataluña.

Como decía, agradecemos que hayan incorporado un punto específico no solo sobre el respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas, sino sobre los planes que ya se están desarrollando. Lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que nosotros queremos es que todas las comunidades autónomas avancen sobre todo para mejorar los servicios a la atención de los enfermos de salud mental en este caso. Y respecto a la ciudadanía en general, nos preocuparía que esto supusiese un paso atrás. Lo que nosotros queremos es poder ayudar a todo el mundo a que se avance y mejorar la atención a esas personas, y agradecemos que se haya incorporado este punto específico porque nos interesa mucho conseguir un compromiso respecto a las políticas que hemos desarrollado. Obviamente, lamentamos que no se haya incorporado el punto que hace referencia a las partidas presupuestarias, tema del que ya hemos hablado. En nuestro caso el no




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disponer de recursos nos hace más difícil el despliegue de algunas políticas. Hablamos constantemente de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y es que parte del problema es que está infrautilizado. Si después no dotamos partidas presupuestarias es muy difícil hacer un despliegue correcto y, en definitiva, una mejora de la calidad de nuestro sistema ante los usuarios.

Por tanto, para nosotros era importante incorporar este punto, pero entendiendo efectivamente que había un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Lo que se está buscando con este documento es una mejora de la calidad de vida de los enfermos. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa que esperamos siga hacia delante y se convierta en una realidad que suponga mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidente. Buenos días.

La Organización Mundial de la Salud considera la salud mental como un elemento fundamental para la calidad de vida y el bienestar de las personas. Cuando en 2009 se evalúa la estrategia realizada en 2006 —y las dos senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra lo han mencionado—, es verdad que en este país la crisis aún no había empezado a hacer mella en la sociedad, pero hoy contamos con una problemática social totalmente distinta a lo que había en 2006 y en 2009. Hoy hay una tasa de paro que supera el 24 %. Hay 1 800 000 hogares con todos sus miembros en paro. Tenemos unas tasas de desigualdad que si no somos capaces de atajar se convertirán en situaciones crónicas de pobreza a medio plazo. Y lo que es peor aún, solo un 34 % de la población de este país goza de plena integración social.

Por tanto, con este panorama, se hace más necesaria que nunca la elaboración de una nueva Estrategia en salud mental partiendo de un diagnóstico que refleje esta problemática. Estamos en diciembre de 2014, la Estrategia actual de salud mental finalizó en 2013. Después de un año, aún no tenemos ni la evaluación de la Estrategia de salud mental actual, ni puesto encima de la mesa un nuevo plan para hacer frente a todo esto. También lo han mencionado las senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra, la precariedad laboral y la pérdida del empleo son uno de los principales factores de riesgo para problemas de salud mental. Los parados —está contrastado— tienen mayores tasas de mortalidad y prevalencia de problemas sicosociales que las personas con trabajo. Estamos hablando de un 34 % frente a un 16 %. Y a esta pérdida de estabilidad social, se unen, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, las reformas emprendidas por el Gobierno del Partido Popular, reformas en aras, como dicen ustedes, de garantizar la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud; reformas como la aprobación del Real Decreto 16/2012, que ha producido cambios estructurales en nuestro sistema sanitario.

Nuestro grupo parlamentario, señorías, piensa que para paliar los efectos que puede causar un drama tan preocupante como una alta tasa de desempleo, los mecanismos protectores del Estado se deben fortalecer. Y ustedes están haciendo justamente lo contrario. Frente a la desprotección concreta en materia de desempleo, ustedes han reducido en tres años 8000 millones de euros la partida presupuestaria destinada a tal fin. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Y a esta desprotección unen también reformas como la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 en ámbitos tan fundamentales en la seguridad y estabilidad emocional de los ciudadanos como el de la salud pública. Han revisado la cartera de servicios, que no decimos que esté mal hecho, pero han introducido copagos, han excluido miles de medicamentos de la financiación pública, y los recortes, señorías, han redundado en el deterioro de la salud de nuestros ciudadanos. Y si la salud mental ya era la hermana pobre en nuestro Sistema Nacional de Salud, es verdad que este deterioro ha redundado aún más en la salud mental de los ciudadanos, con demoras en la atención primaria, con un incremento en las listas de espera quirúrgicas, con demoras en consultas de especialistas, con demoras en la resolución de pruebas diagnósticas, cuestiones, señorías, que a los que no tienen posibilidad de recurrir a lo privado pueden provocar situaciones de ansiedad e inestabilidad.

Porque ustedes presentan este tipo de mociones con las que no podemos no estar de acuerdo, por supuesto, pero en su debate y en su exposición omiten cualquier diagnóstico de




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por qué tenemos que tratar determinados problemas, de por qué tenemos que dar soluciones rápidas a problemas que hoy existen. Señoría, usted lo ha reconocido aquí. En este país, con los últimos datos en la mano, la tasa de suicidios se ha elevado. Y es verdad que en ningún momento ha existido por su parte un planteamiento sereno y serio de las causas, de las posibles causas, porque no digo, ni quiero decir, que la elevación de esta tasa tenga una causa especial o una sola causa.

Estamos de acuerdo, pues, en centrar el objetivo en la mortalidad por suicidios, pero, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no debemos obviar fases previas, porque resulta preocupante el aumento de entre un 29 y un 48 % de la prevalencia de trastornos mentales en la población atendida en los centros de salud, en especial, trastornos de ánimo y de ansiedad vinculados con el alcoholismo, correspondiendo el mayor incremento a trastornos como la depresión. España es el país europeo con las tasas más altas de síndromes depresivos en población de edad avanzada. Se estima que, en total, 1 900 000 personas sufrieron esta enfermedad el año pasado. Reconociendo, señorías, que la depresión se encuentra en la cartera de servicios del sistema nacional de salud —teóricamente cubierta, pues—, en la práctica existen muchísimas lagunas que la nueva estrategia debiera atender.

Señoría, usted sabe que el debate de un nuevo abordaje en la estrategia de salud mental lo abre, en abril de este año, un grupo de profesionales de salud en la denominada Declaración de Atocha, cuya petición central comparte mi grupo parlamentario: la atención a la salud mental ha de regirse por los principios de universalidad, de equidad, de eficiencia, de solidaridad y de normalización. Eso es lo que debería estarse haciendo, pero no se hace.

Señorías, lógicamente, tienen el voto a favor de mi grupo, a pesar de que creamos que, como ha sucedido con la elaboración de otras estrategias nacionales, no van a dotar esta estrategia nacional de cuantías presupuestarias específicas. No está previsto y nos han rechazado enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado del 2015 para implementar las partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de estrategias nacionales ya creadas, así que dudamos que vayan a establecer una partida para esta. Pero, como digo, tienen el voto a favor de mi grupo.

También somos conscientes, y lo venimos pidiendo reiteradamente en esta tribuna, de que mientras no se derogue el Real Decreto 16/2012, el actual sistema de salud nada tiene que ver con el que creamos a lo largo de todos estos años. Pero les vamos a dar nuestro voto a favor porque creemos que este año que entra el mapa político va a cambiar considerablemente. Creemos que está bien que se empiece a trabajar desde ya en una nueva estrategia y que den la oportunidad de poner en marcha eficazmente esta estrategia a gobiernos más sensibles con la sanidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, qué pena, senadora Andrés, con lo bien que íbamos. (Rumores). No, si se lo digo sereno, totalmente sereno, como siempre, y se lo comento por alguno de sus compañeros. Íbamos muy bien, de todas maneras le voy a intentar contestar en los diez minutos que tengo.

Muchas gracias a todos los compañeros que han intervenido: el senador Iglesias, el senador Cazalis, la senadora Almiñana, la senadora Cunyat y la senadora Andrés, sin duda.

El senador Cazalis ha hecho una reflexión con la que estoy de acuerdo, y además le agradezco sus aportaciones, igual que hago siempre. Yo creo que buscamos grandes consensos porque los ciudadanos nos exigen que en los grandes problemas alcancemos grandes consensos y que la ideología no entre donde no tiene que entrar, y evidentemente este es uno de ellos. Y el Senado ha demostrado claramente que así debe ser. Por eso, en los temas que generalmente tratamos, el diálogo es propicio y la búsqueda de soluciones, también.

Dicho esto, voy a intentar contestar a las observaciones de todos. Al señor Iglesias, al que no veo en este momento, le agradezco su tono. Por cierto, he apuntado el título del libro que ha recomendado, y lo voy a leer. Aunque discrepo absolutamente en la ideología, le agradezco muchísimo su reflexión y su forma de presentar los temas. Con respecto al asunto que nos atañe, el suicidio, creo que su aportación ha sido positiva, y se lo agradezco en nombre del Partido Popular, pero sobre todo nos lo van a agradecer todos los ciudadanos y todos nuestros pacientes.




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Quiero recordarle, señor Iglesias, que, según la OMS, la salud es el estado de bienestar físico y psíquico, y es importante tener clara esta definición cuando hablamos de salud, a pesar de los problemas que tenemos, y sin duda uno de ellos es este.

Con respecto al señor Cazalis, tengo que decir que efectivamente ha habido consenso. Ha hablado usted de la Cámara de representación, y en esto también estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que esta Cámara, precisamente por estar transferida la sanidad, tiene muchísima más potencialidad en el tema sanitario; por cierto, día a día demostramos que está siendo así.

Los menores. Se ha referido usted a un tema importantísimo, totalmente de acuerdo en que hay que buscar índices fiables de detección. ¿Dónde? En colegios, hospitales, urgencias, pero sobre todo en los colegios.

Tocó también una palabra importantísima y a la cual ha dedicado tiempo: la resiliencia, sin duda, tema definitivo y que, por cierto, se enseña y es muy oportuno que usted lo haya sacado relacionado con el tema del suicidio. Yo estoy con usted en que el plan especial de suicidios o de autolisis debe ser especial de suicidios o autolisis, no de la enfermedad mental, aunque, evidentemente, hay que seguir con los planes europeos y mundiales, pero dedicados específicamente al suicidio para que no haya ningún factor definitorio. Efectivamente, sí a la introducción de la resiliencia como tal y enseñarla de forma clara.

Senadora Almiñana —que también es médico, por cierto, discúlpenme los demás compañeros—, usted ha dado un enfoque de sí a los planes que se están haciendo, y evidentemente en Cataluña tienen unos planes que caben en la moción —a propósito, agradezco a todos que la moción original haya sido mejorada de forma clara con las aportaciones de los partidos políticos, sobre todo del Grupo Socialista y del Grupo Mixto—. Ha dado datos: el 30 % de tentativas. Claro que hay que luchar ahí, en asistencia primaria, con índices también fiables, así como continuar con los planes específicos, pero no solamente españoles, sino en 2015-2020 con el enfoque europeo, que es de obligado cumplimiento y que contiene las recomendaciones de la OMS.

Ha hecho una reflexión: tenemos que ser más felices. La comparto, ahí está el truco, intentar buscar la felicidad, y por eso tenemos que seguir luchando por conseguir ciudadanos libres y empleables, para que su felicidad pueda ser mejor resuelta.

Senadora Cunyat, muchas gracias por sus aportaciones y por el tono, que es común a todos. Ha hablado usted de que estos temas hay que tocarlos aquí por muchos motivos, porque sigue siendo un tema tabú innecesario y que no lo queremos visualizar, pero hay que visualizarlo porque no se va a resolver sin que haya visualización.

¿Que hay que tener estrategias transversales? Sin lugar a dudas, en la propia exposición de nuestros motivos quedó claro que tiene que ser transversal: educación, justicia, sanidad, etcétera. ¿Y que hay que valorar los planes? Claro que hay que valorar los planes, está introducido en el texto de la moción: evaluación, actualización y establecer de forma clara cómo ha sido en la interterritorial sanitaria, y desde luego, también en los presupuestos, puesto que cuando se hacen planes está implícito que se pongan prioridades. Es evidente que hay que poner prioridades en los presupuestos y la definición de prioridades para hacer sostenible la sanidad —porque su mortalidad es altísima— pasa por implantar planes con índices fiables, que los hay. ¿En dónde? En la transversalidad de la que usted habla de forma clara porque, como ustedes saben y ha señalado la senadora Almiñana, las tentativas han aumentado en hombres y mujeres. Pero el hecho es distinto, en mujeres es más frecuente la tentativa y en el hombre es más frecuente la ejecución directa, por tanto, hay un plano muy importante a discutir y a prevenir, porque lo importante es que lo podamos prevenir.

Por último, senadora Andrés, el paro es una circunstancia dentro de un proyecto vital evidente, pero hay que decir que los países con menos paro del mundo tienen los índices mayores de suicidio, son dos cosas compatibles. ¿Hay que luchar contra el paro? Evidente. ¿Dentro del proyecto vital el paro influye? Es evidente, pero los países con menos paro tienen más suicidios, luego tampoco es un silogismo que podamos relacionar, pero es así, los países con menos paro tienen el peso específico que tienen y tienen más índice de suicidios, como usted sabe: Japón, Suecia y Dinamarca. Para hacer un diagnóstico correcto hay que tener en cuenta todo.

La evaluación. He comentado en nombre del Grupo Popular que en la evaluación está hecha la recogida de datos en 10 sectores determinantes, que los resultados van a ser expuestos territorialmente, así como la evaluación completa, y de hecho lo pone también la moción con ese compromiso.




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Usted no se olvide, senadora Andrés, del Grupo Socialista, que la sanidad está transferida, como usted sabe. En relación con el suicidio no quería hablar de listas de espera, pero usted ha aprovechado que el Guadalquivir pasa por donde pasa, entre otras por una gran ciudad, para abordar la cuestión, y repito que no debemos entrar ahí porque la programación de las listas de espera está transferida.

Debemos mantener un debate sereno y claro para conseguir lo que creo que hemos logrado entre todos, que es mejorar la moción que se ha presentado porque, en definitiva, lo que a todos nos debe atañer en política es intentar solucionar o mitigar de forma clara los problemas fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, estoy convencido, y lo digo de forma contundente, de que esta moción, firmada por todos los grupos políticos, y mejorada por las modificaciones que se han realizado, va a conseguir aquello que a todos nos incumbe: mejorar la vida de nuestros conciudadanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de modificación que se ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Popular ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Muchas gracias.

4.2. MOCIÓN SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN EL MEDITERRÁNEO Y EN LAS AGUAS JURISDICCIONALES COLINDANTES AL ARCHIPIÉLAGO CANARIO.

(Núm. exp. 662/000165)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 4.2.

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la siguiente moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Les anuncio que las votaciones de las enmiendas a los presupuestos se realizarán inmediatamente después de la votación de esta moción.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta moción para seguir manifestando nuestra postura en relación con las prospecciones de hidrocarburos; una postura clara y contundente, decimos que no a las prospecciones de hidrocarburos y decimos que no a las prospecciones de hidrocarburos en el mar Mediterráneo, concretamente en la Costa del Sol y Baleares, así como en las aguas de Canarias. Además, con esta moción queremos insistir en la necesidad de cambiar la política en relación con las prospecciones de hidrocarburos por el peligro que conllevan.

Los socialistas decimos que no a las prospecciones de hidrocarburos porque afectan a uno de nuestros principales motores económicos, generador de empleo y, sobre todo, del mantenimiento del empleo: el turismo. También decimos que no porque afectan al sector pesquero, a los fondos marinos, a la fauna y a la flora, además de al modelo energético de lucha contra el cambio climático; un modelo energético basado en las energías renovables, en lugar de, como quiere el Gobierno del Partido Popular, basado en los combustibles fósiles, en la prórroga de las centrales nucleares, así como en el fracking y en la connivencia con las grandes eléctricas. Eso es lo que no queremos.

Señorías, actualmente tenemos una serie de permisos de investigación, de autorizaciones de explotación en trámites o, en algunos casos, aprobados. Estos permisos conllevan una serie de trabajos, de sondeos, de perforaciones, de detonaciones submarinas y de detonaciones de aire comprimido que, como he dicho al principio de mi intervención, afectan de forma negativa al turismo.

En este punto me quiero detener porque el turismo es uno de los motores económicos de nuestro país, como he dicho, elemento económico estratégico para la recuperación económica,




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generador de empleo y, sobre todo, del mantenimiento de este, que se ha consolidado como una gran industria en nuestro país y representa el 10,2 % del PIB nacional, el 11,5 % del empleo generado y supone más de 2 millones de puestos en el sector turístico.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular, señorías, su Gobierno, no da el apoyo efectivo y real que necesita el turismo. Necesita un apoyo efectivo y real con unas medidas que hagan que el sector del turismo sea más competitivo, y solo podemos competir en calidad. Las medidas que ustedes han puesto en marcha, como la subida del IVA, la subida de las tasas aeroportuarias y los recortes en los presupuestos suponen —cuatro presupuestos, tres años de Gobierno y más de un 50 % de recortes en las partidas presupuestarias para el sector del turismo— 300 millones de euros menos. Esto tiene el efecto totalmente contrario: no hacer más competitivo nuestro sector turístico. A ello hay que sumar la decisión política de continuar y de autorizar prospecciones de hidrocarburos en la Costa del Sol, Baleares y Canarias, que, además, afecta negativamente al turismo.

Quiero reconocer aquí el esfuerzo del tejido empresarial, y voy a dar datos positivos, a pesar de la situación de crisis en la que estamos viviendo: la entrada de turistas extranjeros a nivel nacional ha crecido un 7,5 %; en Canarias, un 10,7 %; en Andalucía, un 8,3 % —Canarias y Andalucía por encima de la media nacional— y en Baleares, un 3,8 %. Por lo tanto, Andalucía, con la Costa del Sol como primera zona turística de extranjeros, Baleares y Canarias son referentes en cuanto a la entrada de turistas extranjeros. Y como principales países emisores: Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza, cuyas federaciones han pedido al Gobierno del Partido Popular que, por favor, paralicen y no se autoricen más prospecciones porque ello afecta a la imagen internacional de nuestro país. El gasto turístico ha aumentado un 7 %; el empleo —lo he dicho— más de 2 millones de puestos de trabajo: en la Costa del Sol, más de 200 000 puestos de trabajo; en Canarias más de 150 000 puestos de trabajo y en Baleares, casi 100 000 puestos de trabajo en relación con el sector turístico, con lo cual podemos decir que el 25 % del empleo generado proviene de Andalucía —Costa del Sol—, Canarias y Baleares.

Sin embargo, a pesar de estos datos, la postura del Gobierno del Partido Popular es clara: sigue apostando por las prospecciones de hidrocarburos. Concretamente, en la Costa del Sol, el proyecto Siroco autorizó en el año 2004 los permisos de investigación. Actualmente estamos pendientes de que Repsol empiece los sondeos tras dos prórrogas. ¿Qué significa esto, señorías? Significa que a 9 kilómetros de la costa de Mijas y a 12 kilómetros de la costa de Fuengirola, se van a poner unas plataformas petrolíferas de 8 anclajes con 2 cabezas, una de salida y otra de entrada. Y, señoría, esto no es bueno para el turismo en Málaga, en la Costa del Sol, principal motor económico de nuestra provincia. Aquí hay tres senadores por el Partido Popular de Málaga —que ahora mismo no están en esta Cámara— que conocen perfectamente la Costa del Sol y saben perfectamente lo que significaría para el sector turístico tener esa plataforma petrolífera a 9 kilómetros de la costa de Mijas, insisto, y a 12 de la costa de Fuengirola. Además, hay un senador autonómico de Málaga, presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que además dice que es compatible con el turismo. Señorías, me gustaría que eso lo dijeran al tejido empresarial que, no podemos olvidar, está totalmente en contra de las prospecciones de hidrocarburo.

En Canarias, en 2001, el Gobierno del Partido Popular autorizó las prospecciones a 50 kilómetros, y este año 2014 se ha concedido la declaración de impacto medioambiental, afectando principalmente a Fuerteventura y a Lanzarote, donde se encuentran los principales asentamientos turísticos. Además hay un dato importante: un alto porcentaje de agua proviene de las desaladoras que están frente a las cuadrículas donde se realizan estas prospecciones. Un dato importante: ayer conocimos el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una decisión, señoría, no olviden, jurídica que dice que se ajusta a los permisos, y los procedimientos está legalmente realizados, con lo cual lo que estamos planteando aquí es una decisión política y no una decisión jurídica.

Baleares, como saben, también está pendiente de la declaración de impacto medioambiental —hoy parece que era el plazo para concederla—. Tenemos que demostrar nuestra gratificación o nuestra alegría porque la semana pasada conocimos un informe del ministerio donde se desaconsejaba realizar las prospecciones en Baleares, con lo cual esperemos que esta declaración de impacto medioambiental siga ese camino y sea negativa. Quiero poner de manifiesto que el Gobierno de Baleares durante el año 2013 ha ocultado a los ciudadanos que se han realizado




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unos sondeos en Baleares, hecho que hemos conocido por un informe de la Consejería de Medio Ambiente de dicho Gobierno. Nos parece un hecho incomprensible tal ocultación a la ciudadanía. Para ir finalizando quiero decirles que hay una postura contraria de toda la sociedad, de las fuerzas políticas, todas, excepto la del Partido Popular. En Andalucía, el Parlamento andaluz ha rechazado esas prospecciones en la Costa del Sol el pasado día 11 de septiembre de 2014, al igual que el Parlamento de Baleares en 2011 y en esta legislatura. Además, nosotros queremos dar un paso más con esta moción de prospecciones y es la modificación de la Ley de hidrocarburos y de la Ley de evaluación ambiental, aprobada en 2013, que es claramente deficiente. Si no se modifica la Ley de hidrocarburos se seguirán dando esos permisos para realizar las prospecciones. Necesitamos aumentar la exigencia ambiental para evaluar ese impacto no solo en el medio marino, en el medio natural, sino también en sectores que se ven afectados, como la pesca y el turismo, y otros que pueden verse afectados negativamente.

Por lo tanto, con esta moción manifestamos nuestro rechazo total y absoluto a las prospecciones de hidrocarburos; pedimos que se suspendan los permisos que ya estén concedidos y que no se concedan nuevos, concretamente en el mar Mediterráneo, en la Costa del Sol, Baleares y en las aguas de Canarias y, además, que se modifique la Ley de hidrocarburos y la Ley de evaluación ambiental.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias Fernández.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Como respuesta a la elevada dependencia exterior en materia energética de nuestro país, el Gobierno del Partido Popular, fundamentalmente el ministro de Industria y Energia, el señor Soria, ha desarrollado una estrategia energética que busca la superación de esa situación no en la consolidación de la alternativa que suponían las energías renovables, sino en la potenciación de las posibilidades que tanto el fracking como la búsqueda de recursos de hidrocarburos en nuestras costas pueden ofrecer.

La enmienda plantea que se incorporen como alternativas específicas la defensa de las energías renovables y el mantenimiento del carbón nacional. Puede parecer que son incluso contradictorias o que no guardan relación las energías renovables y el carbón nacional, pero hay un vínculo, un elemento de conexión clara, las dos suponen apuestas ya existentes para disminuir la dependencia del exterior en el suministro eléctrico. De hecho, durante un tiempo, en la Unión Europea se estableció una estrategia en la que se planteaba el carbón de los países europeos como un instrumento útil para la consecución se ese objetivo y se fijaban cupos para su obtención como elemento para la transformación en energía eléctrica.

Creemos que renunciar a las renovables y renunciar al carbón para buscar la alternativa en el fracking y en las prospecciones petrolíferas, en primer lugar, supone renunciar a recursos ya existentes que han demostrado su utilidad y, en segundo lugar, conlleva riesgos medioambientales importantes. Baste recordar lo que significaron en su día los accidentes que en el Golfo de México se produjeron en plataformas de extracción de petróleo. Piénsese en los riesgos existentes en una zona, que, por un lado, tiene valor ambiental reconocido y, por otro, su economía gira en torno al sector turístico, en la que puedan darse circunstancias o situaciones que conlleven importantes fenómenos de contaminación. Hay ya en los medios de comunicación informaciones sobre que inversores internacionales en el sector turístico podrían paralizar esas inversiones si se persevera en la realización de estas prospecciones petrolíferas.

Seguramente no va a ser la voluntad política del Gobierno la que modifique esta realidad por muchos pronunciamientos que pudieran salir adelante en esta Cámara, que no van a salir por la mayoría con la que cuenta el Partido Popular, pero quizá sea el propio mercado el que acabe metiendo en vía muerta —esperemos— estas prospecciones petrolíferas. Es la caída del precio del petróleo en este momento seguramente el elemento que más puede contribuir a frenar las inversiones para su extracción en nuestras costas. Desde junio hasta hoy, el precio del barril de Brent —que hoy debe andar en torno a los 60 dólares— cayó un 41 %. Si se mantiene o consolida esta tendencia, felizmente las prospecciones petrolíferas que se quieran realizar en la costa mediterránea y en torno a Canarias no van a ser rentables y la garantía medioambiental y del




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sector industrial no estará en la voluntad política del Gobierno sino, curiosamente, en las leyes del mercado que este mismo Gobierno defiende.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Serrano, para indicar si acepta o no la enmienda.

La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente.

No aceptamos la enmienda, pues el texto de la misma no se corresponde con el objeto concreto de la moción presentada: las prospecciones de hidrocarburos en el mar Mediterráneo, concretamente en la Costa del Sol, en Baleares y en las aguas de Canarias. Existen otros cauces para presentar esta iniciativa, iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista apoyaría, sin descartar no votar contra la misma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero decir que, evidentemente, vamos a apoyar la moción defendida por la senadora Pilar, y ello por muchas razones. Primero, porque estamos convencidos de todo lo que ha dicho. Segundo, porque, como es sabido, mi grupo ha presentado otras iniciativas muy parecidas, tanto en el Senado como en el Congreso, en el Parlamento de Canarias, en los diferentes cabildos y en todos los ayuntamientos, en las que hemos manifestado estar en contra de las prospecciones y sondeos que actualmente se están llevando a cabo en Canarias, así como de las prospecciones futuras que previsiblemente se quieren realizar; y son muchas las razones. Seguramente nos hablarán de todos los recursos que se han perdido ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero existe otra realidad de la que yo quería hablar aquí. Señorías, nos estamos refiriendo a decisiones políticas y sociales —algo a lo que también se refería anteriormente la señora senadora—. Se trata por tanto de una decisión de la sociedad.

Yo me alegro muchísimo de la declaración de impacto ambiental publicada hace poco, la cual no aconseja sondeos ni prospecciones en zonas cercanas a Valencia y Baleares. Me alegro, de verdad lo digo, porque creo que supone una victoria para estas comunidades, para el medio ambiente, para el turismo, su sector más importante, y para el futuro de las personas que allí vayan a vivir. Desgraciadamente no ha pasado lo mismo con Canarias y, claro, cuando desde un ministerio se dice que en una comunidad no se pueden hacer prospecciones por motivos medioambientales —cosa de la que me alegro-pero que en otra, como es el caso de Canarias, sí, uno se queda perplejo. Uno lee el informe y ve que se habla de los cetáceos. Seguramente el mar Mediterráneo tendrá muchísimos, pero todos los informes dicen que en el océano y en las costas Canarias hay muchos más. Por lo tanto, no entendemos que el Ministerio de Industria —quien da la autorización— y el Ministerio de Medio Ambiente hayan permitido en las aguas canarias, incluso declaradas como LIC —lugares de importancia comunitaria por su fauna marítima y su interés—, estos sondeos y prospecciones.

Por todos estos motivos apoyaremos esta moción, pues solicita algo que nosotros ya habíamos pedido hace mucho tiempo, como es cambiar la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y la modificación de la valoración ambiental. Asimismo nosotros hemos solicitado que se escuche al pueblo de Canarias, simplemente, que se le atienda, y somos conscientes de que si hubiera dicho sí —aunque yo personalmente sigo estando en contra—, habríamos aceptado.

También se ha hablado del agua. Miren, podemos vivir sin petróleo, seguro, pero no podemos vivir sin agua, eso sin duda. Volvemos a recalcar que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura más del 95 % del agua de consumo proviene de la desalación y de la depuración, con lo cual cualquier posible derrame, ya sea de los sondeos o de las perforaciones, puede tener




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consecuencias extremadamente peligrosas para estas dos poblaciones. La sociedad civil de Lanzarote y Fuerteventura, en su mayoría, y todos los ayuntamientos y los cabildos de estas dos islas están completamente en contra, con lo cual, una vez más apoyamos esta moción para parar definitivamente algo que creemos que pone en serio riesgo el futuro y el presente de la fuente de riqueza que ahora mismo tenemos los canarios, el turismo, que supone más de un 30 % del PIB, porque la sociedad canaria ha dicho en numerosas ocasiones no a los sondeos y no a las prospecciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies senyor president.

Senyores i senyor senadors, anuncio d’entrada el vot favorable del grup de l’Entesa a la moció presentada per el Grup Socialista demanant la suspensió, la paralització de les prospeccions per a l’obtenció d’hidrocarburs en zones de la costa mediterrània, d’Andalusia i també d’aigües de l’arxipèlag canari.

Dit això, voldria trencar una llança per la necessitat d’avançar en l’autosuficiència energètica. Necessitem produir més energia, sé més autosuficients per ser més competitius, perquè la nostre economia sigui més competitiva. I precisament per poder garantir creixement i la creació de llocs de treball. Un dels grans problemes de l’economia de la Unió Europea i també per tant d’Espanya, és el problema energètic i la competitivitat amb altres economies, molt especialment en el darrers temps amb l’economia nord-americana dels Estats Units d’Amèrica i del Canada, que gràcies a la producció de gas i de petroli esquisto, amb la tècnica del fracking i d’altres tècniques similars, estan aconseguint uns productes energètics a preus molt baixos i precisament per tant, fan que la seva economia sigui una greu competidora amb l’economia europea.

És per tant necessari fer un esforç per avançar en l’obtenció de més productes energètics, explorar noves fons d’energia, preferentment, és clar, d’energies renovables, d’energies que no tinguin costos mediambientals, d’energies que siguin sostenibles, i també és necessari, avui en dia, prosseguir la producció de petroli i hidrocarburs en general. Però dit això, és evident que no es pot fer a qualsevol preu. No pot ser que l’obtenció d’hidrocarburs es faci precisament amb costos mediambientals insostenibles. És necessari ser molt atentes a les implicacions des del punt de vista de l’afectació al medi ambient, i en aquest cas concret sobretot al medi ambient marítim, les repercussions que això pot tenir sobre les nostres costes, i evidentment també la repercussió que pot tenir sobre les activitats econòmiques que estan vinculades, en concret el turisme, que és un dels sectors econòmics més importants al nostre país i dels que millor estan aguantant durant la crisi econòmica que estem patint, i també la activitat pesquera, molt important, i que cal garantir la seva continuïtat i que no es vegi afectada per les possibles conseqüències.Per tant, com sempre, cal apostar per la sostenibilitat, pel creixement sostenible. Ser capaços de créixer, però sense afectar d’una manera greu ni el medi ambient ni d’altres sectors de l’economia, perquè evidentment, llavors aquest viatge no pagaria el preu.

Per tant, és necessari atendre les raons mediambientals que s’estan adduint per paralitzar aquestes prospeccions, i sobretot, i molt important, és també necessari respectar els acords i la voluntat de moltes institucions, sobre tot dels parlaments autonòmics que s’han pronunciat precisament en contra d’aquest tipus d’activitats. No és possible produir energia a qualsevol preu i per tant, cal estar atents també a les decisions de les institucions que estan alertant sobre aquests perills, i dels informes que hi ha.

Per tant, sí a un no increment en la producció energètica, sí a la necessitat també d’incrementar la producció d’hidrocarburs, però no precisament en els llocs on poden tenir una greu afectació sobre el turisme, sobre la pesca i precisament en aquest llocs en què les seves comunitats autònomes i especialment els parlament autonòmics, com pot ser el cas d’Andalusia i de Canàries, s’han pronunciat clarament en contra.

És per això que el grup de l’Entesa donarà suport a la moció que es planteja, una moció que evidentment està plantejada amb oportunitat, i que és necessari que aquesta Cambra, amb




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vocació i amb voluntat territorial, atengui aquestes demandes que venen de les comunitats autònomes per protegir el seu litoral i per protegir el medi ambient i les activitats econòmiques.

Gràcies senyor president, senyories. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, anuncio de entrada el voto favorable del Grupo Parlamentario de Entesa a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que solicita la suspensión o paralización de las prospecciones para la obtención de hidrocarburos en zonas de la costa mediterránea, de Andalucía y también de las aguas del archipiélago canario.

Dicho esto, quería romper una lanza por la necesidad de avanzar en la autosuficiencia energética. Necesitamos producir más energía, ser más autosuficientes para ser más competitivos, para que nuestra economía sea más competitiva y precisamente para poder garantizar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Uno de los grandes problemas de la economía de la Unión Europea y también por tanto de España es el problema energético y la competitividad de otras economías especialmente en los últimos tiempos —de la economía norteamericana de los Estados Unidos de América y del Canadá—, que, gracias a la producción de gas y de petróleo de esquisto, a la técnica del fracking y otras técnicas similares, están consiguiendo unos productos energéticos a precios más bajos, haciendo que su economía sea una gran competidora respecto a la economía europea.

Por tanto, es necesario hacer un esfuerzo para avanzar en la obtención de más productos energéticos, explorar más fuentes de energía —preferentemente energías renovables—, energías que no tengan costes medioambientales, energías que sean sostenibles, y, hoy por hoy, conseguir la producción de petróleo y de hidrocarburos en general. Dicho esto, es evidente que no se puede hacer a cualquier precio. No puede ser que la obtención de hidrocarburos se haga precisamente con costos medioambientales insostenibles. Es necesario estar muy atentos a las implicaciones desde el punto de vista de la afectación al medio ambiente —en este caso concreto, sobre todo al medio ambiente marítimo—, a las repercusiones que puede tener sobre nuestras costas y sobre las actividades económicas vinculadas a ellas, en concreto el turismo —que es uno de los sectores económicos más importantes en nuestro país y de los que mejor están aguantando la crisis económica que estamos sufriendo— y la actividad pesquera —que es muy importante y cuya continuidad es necesario garantizar, de modo que no se vea afectada por las posibles consecuencias—. Por tanto, como siempre, hay que apostar por la sostenibilidad para el crecimiento sostenible, ser capaces de crecer pero sin afectar de una manera grave ni al medio ambiente ni a otros sectores de la economía porque, de no ser así, no valdría la pena.

Por tanto, es necesario atender a las razones medioambientales que se están argumentando para paralizar esas prospecciones, así como respetar los acuerdos y la voluntad de muchas instituciones, sobre todo de los parlamentos autonómicos, que se han pronunciado precisamente en contra de este tipo de actividades. No es posible, insisto, producir energía a cualquier precio, tenemos que estar atentos a las decisiones de las instituciones que están alertando sobre estos peligros y a los informes. Por tanto, sí a un incremento de la producción energética, sí a la necesidad de incrementar la producción de hidrocarburos, pero no precisamente en los lugares donde pueda tener una grave afectación sobre el turismo y sobre la pesca y en donde sus comunidades autónomas, y especialmente los parlamentos autonómicos, como pueda ser el caso de Andalucía y de Canarias, se han pronunciado claramente en contra.

Por eso, el Grupo de Entesa dará nuestro apoyo a la moción que se plantea, una moción oportuna. Es necesario que esta Cámara, con vocación y voluntad territorial, atienda estas demandas que vienen de las comunidades autónomas para proteger su litoral, el medio ambiente y las actividades económicas.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Moltes gràcies senyor president.

Per fixar la posició del meu grup respecte a aquesta moció, voldria analitzar alguns dels dos punts en que es desenvolupa la mateixa. Però primer de tot voldria fer una breu reflexió.




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La dependència energètica, la dependència exterior que té aquest Estat ens obliga, més enllà de la discussió política, sovint en aquest àmbit mol populista i demagoga, que tècnica i rigorosament ens hem de posar d’acord per poder garantir un subministrament energètic segur, competitiu i sostenible. Ens cal un pacte per l’energia, un pacte d’Estat de l’energia perquè puguem definir a llarg termini les necessitats energètiques de l’Estat i com les resolem. I menys demagògia en un tema tant important. Ens cal, per tant, que puguem definir quines són les necessitats i com les poden suplir.

Analitzant la moció, voldria fer una referencia, voldria destacar dos temes: el primer punt a analitzar seria al meu parer, que no podem generalitzar completament al analitzar l’autorització d’exploracions i prospeccions per futures explotacions d’hidrocarburs a l’espai marítim. No podem generalitzar. Crec que no ho podem fer perquè les situacions medi ambientals i la influencia soci econòmica poden ser molt diferents en zones geogràfiques diferents. No és el mateix un espai protegit o de gran valor natural, que un altre que no ho sigui. No és el mateix una zona d’especial importància per el sector de la pesca que un altre que no ho sigui. I no és el mateix una petició d’autorització al voltant d’una zona d’explotació ja existent, que en una que ho sigui de nova.

La segona reflexió és que entenent l’impacte en sectors econòmics com poden ser el turisme o la pesca, a la que fa referencia la moció, i ho entenem, i don jo vinc m’afecta severament, però pot ser que en altres zones geogràfiques, en altres àrees, l’impacte en sectors econòmics com l’industrial, seria molt important si no es permetés de mantenir o potenciar exploracions ja existents. I en termes generals, malgrat alguns problemes, la gestió global d’aquestes explotacions ha estat positiva. Faig referència per exemple al sector petroquímic, el principal clúster petroquímic que hi ha al sud d’Europa, que està a les comarques tarragonines, i que per tant també és un sector que genera molts llos de treball directes i indirectes, i per tant poden estar amenaçats si la voluntat, l’objectiu d’aquesta moció, en cas de ser aprovada, pot ser el paralitzar explotacions ja existents, o l’autorització de noves exploracions en plataformes ja existents com és el cas.

Compartim en qualsevol cas que si que cal modificar les lleis necessàries perquè tots els processos de verificació i autorització administrativa i ambiental siguin, d’una banda tècnicament rigorosos i administrativament transparents. S’ha creta alarma social per alguns projectes similars, no directament vinculats amb els temes de l’exploració d’hidrocarburs, però s’ha creat alarma social, perquè el què necessitàvem es més transparència i claredat, i no tanta demagògia.

Per tant, entenem l’impacte econòmic i ambiental que poden tenir en el cas d’hipotètics accidents en algunes zones geogràfiques per el seus sectors econòmics, però entenem també l’impacte econòmic en sectors industrials i compartint la necessitat de ser més rigorosos en les tramitacions, no podem compartir plenament l’objectiu de la moció, de generalitzar tot el tema de permetre noves autoritzacions d’exploració i cancel·lar les ja existents.

Per tant, perquè no podem estar d’acord amb aquesta generalització global, el grup de Convergència Unió s’abstindrà en aquesta moció.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para fijar la posición de mi grupo respecto a esta moción.

Querría analizar algunos de los puntos que se desarrollan en la misma, pero en primer lugar querría hacer una breve reflexión.

La dependencia energética, la dependencia exterior que tiene este Estado nos obliga, más allá de la discusión política, al menos en este ámbito muy populista y demagogo, a que técnica y rigurosamente tenemos que ponernos de acuerdo para poder garantizar un suministro energético seguro, competitivo y sostenible. Es necesario un pacto por la energía, un pacto de Estado de la energía para poder definir a largo plazo las necesidades energéticas del Estado y cómo la resolvemos, y menos demagogia en un tema tan importante. Es necesario, por tanto, que podamos definir cuáles son las necesidades y cómo las podemos suplir.

Analizo la moción. Quería destacar dos temas: el primero, que, en mi opinión, no podemos generalizar la utilización de exploraciones y prospecciones para futuras explotaciones de hidrocarburos en el espacio marítimo porque las situaciones medioambientales y la influencia socioeconómica pueden ser muy distintas en zonas geográficas diferentes. No es lo mismo un espacio protegido o de gran valor natural que otro que no lo sea. No es lo mismo una zona de




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especial importancia para el sector de la pesca que otra que no lo sea. Y no es lo mismo una petición de autorización alrededor de una zona de explotación ya existente que en otra que sea nueva.

La segunda reflexión es que, entendiendo el impacto en sectores económicos como puede ser el turismo o la pesca, al que se refiere la moción —y lo entiendo porque, de donde yo provengo, me afecta severamente—, puede ser que en otras zonas geográficas, en otras áreas el impacto en sectores económicos como el industrial sea muy importante si no se permite mantener o potenciar explotaciones existentes. Y en términos generales, a pesar de algunos problemas, la gestión global de estas explotaciones ha sido positiva, me refiero, por ejemplo, al sector petroquímico, que está en el sur de Europa y que se encuentra en las comarcas tarraconenses, por tanto, también un sector que genera muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, que pueden estar amenazados si la voluntad o el objetivo de esta moción, en caso de aprobarse, pudiera ser paralizar explotaciones ya existentes o la autorización de nuevas exploraciones en plataformas ya existentes, como es el caso.

Compartimos, en cualquier caso, que es necesario, y que si es así tienen que modificarse las leyes suficientes para que todos los procesos de verificación y autorización administrativa y ambiental sean, de un lado, técnicamente rigurosos y, de otro, administrativamente transparentes. Se ha creado una alarma social para algunos proyectos similares no directamente vinculados con los temas de las explotaciones de hidrocarburos, porque lo que necesitábamos era más trasparencia y clarificación y no tanta demagogia.

Por tanto, entendemos el impacto económico y ambiental que en el caso de hipotéticos accidentes puedan tener en algunas zonas geográficas para sus sectores económicos, pero también en sectores industriales. Compartimos la necesidad de ser más rigurosos en la tramitación, pero no el objetivo de la moción de permitir nuevas autorizaciones de exploración y cancelar las ya existentes.

Señorías, porque no podemos estar de acuerdo en esta generalización global, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió se abstendrá en esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a los senadores Quintero y Sabaté por su apoyo a esta moción —el senador de CiU ha dicho que se va a abstener— con la que pretendemos paralizar, suspender y modificar la Ley de hidrocarburos para que no continúen esos permisos. Esta es una decisión política que se tiene que tomar en esta Cámara.

Nuestra postura es clara y contundente: decimos no a las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, concretamente en la Costa del Sol y en Baleares, así como en Canarias. Además creemos en la necesidad de cambiar la postura política en relación con las prospecciones de hidrocarburos, como ya he dicho, por el peligro que representa. Continuar o no con las prospecciones de hidrocarburos es una decisión política, y de eso trata nuestra moción, de tomar esa decisión política.

Me hubiera gustado escuchar algo distinto en el turno en contra al portavoz del Partido Popular, pero supongo que dirán que nuestra postura es sí-no. No quisiera entrar en ese debate de nosotros-vosotros, pero sí está clara la postura cambiante y demagógica que ha tenido el Partido Popular en el Gobierno y en la oposición respecto a las prospecciones de hidrocarburos en el mar Mediterráneo y en Canarias. En los años 2001 y 2004 su postura fue clara y contundente en cuanto a apoyar las prospecciones de hidrocarburos. En el año 2004 se autorizaron los permisos de investigación, el proyecto Siroco en la Costa del Sol. En el año 2004 se autorizaron también los permisos para Canarias. Después, cuando pasaron a la oposición, su postura fue criticarlo y decir que iban a romper su compromiso de suspender estos permisos. Sin embargo, ahora volvemos al inicio: en el año 2012 se produjo la declaración de impacto medioambiental definitiva en el proyecto de la Costa del Sol y la declaración de impacto medioambiental en Canarias, en el mes de junio.

Nuestra postura con respecto a Canarias, Baleares y la Costa del Sol siempre ha sido no a las prospecciones de hidrocarburos —tanto en gobierno como en oposición—, y no hemos cambiado. En el año 2012 Francia cambió su postura política con referencia a las prospecciones de




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hidrocarburos —por eso, señorías, siempre se está a tiempo, y este es el momento para cambiar y adoptar esa decisión política— que decidió paralizar porque representaban un peligro para el mar.

Todos y todas sabemos que estas prospecciones, como he dicho, afectan a uno de nuestros principales motores económicos, generador de empleo y sobre todo de su mantenimiento, como es el turismo. El turismo genera más de 2 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, en la Costa del Sol más de 200 000 puestos de trabajo, 150 000 en Canarias y más de 100 000 en Baleares.

Por tanto, Baleares, Andalucía y Canarias representan el 25 % del empleo generado en el sector turístico, sin embargo, el Partido Popular se quiere cargar este sector turístico no dándole el apoyo efectivo y real que necesita, porque ha pasado de meter miedo con las prospecciones cuando estaban en la oposición a convencernos de que son buenas cuando están gobernando. Y díganselo ustedes al sector turístico o al de la pesca, que también se ve perjudicado y que sería su ruina, porque afecta a más del 50 % de su actividad. Sí, señor Almodóbar, las detonaciones submarinas afectan a más del 50 % del sector pesquero. Además, en el caso del turismo, con las prospecciones está pasando lo mismo que con las energías renovables: ceden su gobierno a las grandes compañías.

Necesitamos tomar una postura clara con respecto a las prospecciones de hidrocarburos porque, como he dicho, afecta al sector turístico, al sector pesquero, al medio natural, a la fauna y a la flora. Soy de Málaga, como saben ustedes, de la Costa del Sol, y el proyecto Siroco afecta a 9 kilómetros de la Costa de Mijas y a 10 kilómetros de la Costa del Sol. ¿Me pueden explicar qué tiene de bueno para el sector turístico esta plataforma petrolífera que está a 9 kilómetros de la Costa del Sol? Señorías, eso no es bueno, y lo saben bien los senadores del Partido Popular de Málaga, y el senador autonómico, Juanma Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular en Andalucía por esta misma ciudad, sabe perfectamente cómo afecta a nuestro sector. Además, tenemos todo el tejido empresarial en contra de las prospecciones de hidrocarburos. En Canarias, en Lanzarote y en Fuerteventura ¿también son buenas las prospecciones petrolíferas? ¿Son buenas para el sector turístico? Como he dicho anteriormente, ayer se dictó el auto del Tribunal Superior de Justicia, fue una decisión jurídica, y aquí estamos hablando de decisión política. ¿También es bueno para el sector turístico de Baleares? Países emisores, como Reino Unido, Suiza o Alemania, ya han solicitado que no se lleven a cabo las prospecciones de hidrocarburos. Por tanto, no son buenas para nuestra marca España porque perjudican a la imagen internacional.

Lo que está claro es que su Gobierno pretende un cambio de modelo productivo, pero el nuestro está basado en el turismo y el desarrollo sostenible, y el suyo en las energías fósiles. Además también tenemos que recordar los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, donde decidimos que había que proteger el 10 % de los mares, y resulta que la gran parte de esos mares se encuentran donde se están realizando las prospecciones petrolíferas —insisto, Baleares, Costa del Sol y Canarias—.

Por tanto, se puede rectificar y se puede tomar esa decisión política de decir no a las prospecciones de hidrocarburos; no, porque afecta al sector turístico; no, porque afecta al sector pesquero; no, porque no impulsa ese modelo energético que queremos de lucha contra el cambio climático basado en la energía renovable. Por eso, hay que decir que no a las prospecciones de hidrocarburos, y aquí es donde se puede tomar esa decisión, en la que se diga no a las prospecciones de hidrocarburos. Apelo a su coherencia, a su responsabilidad institucional para decir no a las prospecciones de hidrocarburos en el mar Mediterráneo, en la Costa del Sol, concretamente, en Baleares, así como en las aguas de las islas Canarias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Serrano, la verdad es que ustedes tienen mala suerte porque la última moción que debatimos sobre prospecciones fue el día que podíamos leer en los periódicos que Marruecos había encontrado petróleo a 200 kilómetros al norte de Canarias, y hoy, que estamos debatiendo esta moción, es cuando hemos leído que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado con contundencia, con el voto favorable de cinco de los seis magistrados, la suspensión cautelar




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de las prospecciones petrolíferas en ese archipiélago. No sé si ustedes tienen mala suerte o es que, últimamente, todos los días son malos para ustedes en esta materia.

En el párrafo primero de la moción empiezan diciendo que, en la actualidad, hay un conjunto de permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos en la costa mediterránea, Canarias e Islas Baleares. Sí, ya lo sabemos, pero lo que usted no nos ha dicho, y se lo ha callado, es que algunos —como pueden ser Albufera, Benifaió, Gandía y Altamar I y Altamar II— fueron autorizados por el Consejo de Ministros de Zapatero en el mes de diciembre del año 2010. Y yo me pregunto: ¿En ese momento el Mediterráneo no era un mar cerrado, con una gran riqueza de ecosistemas, faunas y floras marítimas? ¿No albergaba entonces gran cantidad de zonas y de especies protegidas, como dicen ahora en su moción? ¿Qué pasa, tanto ha cambiado ese mar en cuatro años para que ahora se opongan y entonces, el que hoy es senador y, a la sazón, presidente de Baleares, el señor Antich, decía que las prospecciones no suponían ningún escándalo y añadía que no conocía que se hubiera producido ningún desastre medioambiental? ¿Tanto ha cambiado el océano Atlántico para que ahora se opongan, y entonces el secretario general del PSOE de Canarias dijera que él haría las prospecciones y anunciara que, cuando gobernase él allí, tendría que hacer lo posible por acelerar las prospecciones para ver si, definitivamente, podrían encontrar petróleo cerca de Canarias? ¿Qué ha pasado en estos cuatro años desde que ustedes las concedieron para que hayan dado un giro de 180 grados? ¿Ha habido algún percance? ¿Ha habido algún riesgo sobrevenido? ¿Es que en 2010 no había riesgos para el medio marino o no había peligros para la pesca y para el turismo? Yo creo que entonces, aunque no se batían los records en números de turistas recibidos, como sucede con el actual Gobierno, el turismo ya era un elemento económico estratégico, motor de la economía de España, como ustedes nos indican ahora en su moción, ¿o no? Y si ya lo era, ¿por qué ustedes concedieron esos permisos? ¿Por qué? ¿Por qué los concedieron? ¿Qué pasa, qué ustedes no tienen una política de Estado y cambian de posición según están en el gobierno o en la oposición? Porque en esto de las prospecciones pasa lo mismo que con el fracking. Ustedes fueron los que concedieron los permisos. Ustedes eran firmes partidarios de esta técnica cuando gobernaban y si no, pregúntenselo al lehendakari Patxi López, al que le pilló la tregua de ETA en Estados Unidos, viendo in situ esta técnica y haciendo declaraciones a favor de ella. Ustedes se oponen al fracking en Navarra y a 90 kilómetros de distancia del País Vasco ustedes están a favor. ¿En qué quedamos, señores del Partido Socialista?

Ustedes no se ruborizan y dicen ahora que las prospecciones son perjudiciales para el turismo y para la pesca, pero las autorizaron a muy escasos kilómetros, a 3 kilómetros de la Albufera valenciana y de las playas de Benifaió y de Gandía.

Yo les preguntaría: ¿Es que ustedes no viajan por el mundo? ¿No saben que en Italia, que es el quinto destino turístico mundial, se han realizado 126 sondeos exploratorios desde el año 1991 en ese mismo mar cerrado que es el Mediterráneo y en otro mar mucho más cerrado, el Adriático? ¿No saben que en Italia tienen más de 100 plataformas en unas costas tan turísticas como esas que ustedes nos citan en su moción?

¿No saben que en Noruega —uno de los principales países pesqueros del mundo y un destino de primer nivel de cruceros— hay centenares de plataformas en sus costas y que es el primer productor europeo de gas? ¿Acaso dudan ustedes de la sensibilidad medioambiental de los noruegos? ¿Acaso es inferior a la suya en este momento y no hace cuatro años?

¿No saben ustedes que en California —que es uno de los estados con mayor nivel de vida de Estados Unidos y que es un destino de grandes eventos sociales y deportivos de categoría mundial— hay decenas de plataformas que están situadas a 2 o 3 kilómetros de lugares tan renombrados como Santa Bárbara y Newport Beach, y que allí conviven hoteles de cinco estrellas con vistas a esas plataformas y no pasa nada?

¿No saben que aquí al lado, en Portugal, se han concedido permisos de exploración en su costa más turística, que es la del Algarve?

¿No saben que en el Reino Unido tienen desde hace años unas plataformas marítimas en el mar del Norte que le dan una riqueza insospechada? ¿No saben que en Canadá, en la Bahía de San Lorenzo, las tienen y que, junto a ellas, están propiciando reservas marinas?

¿No saben, como decía el señor Sedó, que en la costa de Tarragona, donde se extrae petróleo desde hace décadas, convive una gran industria petroquímica, una refinería y varias centrales nucleares con grandes núcleos turísticos como Salou, Cambrils o Port Aventura?




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¿Qué pasa, que en todos estos lugares se puede investigar y, en su caso, extraer petróleo y aquí no podemos explorar para ver si tenemos recursos? ¿Qué pasa, que ha aumentado la magnitud de los impactos en el medio marino y en las actividades de pesca y turismo, como lo que piden ustedes en su moción, para rechazar o suspender los permisos que ustedes concedieron? Porque ustedes debieran saber que a priori esos permisos no se pueden rechazar o suspender y lo único que cabe es lo que en estos momentos está haciendo el actual Gobierno: exigir una autorización expresa favorable del Ministerio de Agricultura y Medioambiente para todos y cada uno de los trabajos específicos, es decir, campañas sísmicas, sondeos, etcétera.

Debieran saber que ha sido este Gobierno el que ha reforzado los mecanismos de protección medioambiental y de la biodiversidad y, a diferencia de lo que sucedía con el Gobierno de Zapatero, se exige la declaración de impacto ambiental a todas las prospecciones. Debieran ustedes saber que todos esos permisos, que ahora ustedes piden que se suspendan o que se rechacen, han sido evaluados de conformidad con lo establecido en las directivas comunitarias y la legislación nacional en materia de evaluación ambiental y patrimonio natural y biodiversidad, por lo que no procede que sean suspendidos o rechazados.

Desde esta tribuna le pediría al presidente de Canarias que no nos hable de godadas; lo que tiene que hacer es leerse bien el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Si lo hace, verá que en el punto 9 se deja vía libre a una declaración de impacto ambiental favorable en las Islas Baleares. Con este informe no se rechaza, se deja vía libre.

Señores del Partido Socialista, si tan mala les parece la Ley de hidrocarburos del año 1998, ¿por qué ustedes, en los ocho años que gobernaron, no la modificaron? ¿Por qué la emplearon para hacer sus concesiones? Me gustaría que estas preguntas me las respondieran alguna vez.

Para terminar, les tengo que decir que uno de los problemas que tenemos como país es el déficit exterior, pero si quitamos la energía, este no es tan grande; de hecho, ahora tenemos incluso un superávit comercial. Nuestro problema es la energía. No tenemos petróleo ni tenemos gas. Si tuviéramos petróleo o gas, tendríamos un nivel de renta, un nivel de empleo y un nivel de crecimiento económico mucho más elevado, como le ha pasado a Noruega o a Reino Unido. Pero nunca tendremos petróleo o gas si no lo buscamos. Las prospecciones no dañan el medio ambiente, son investigación, no son barcos que generen ninguna contaminación. Hay pruebas de ello en otros países muy turísticos en los que se han hecho e incluso en nuestro propio país.

Señores del Partido Socialista, esto que les acabo de leer no es mío, es una cita del entonces ministro socialista de Industria, el señor Miguel Sebastián, y la pronunció aquí, en esta Cámara el 26 de mayo de 2011, es decir, siete meses antes de dejar el cargo. Ustedes verán si están de acuerdo con él o si reniegan de sus palabras y sus hechos. Lo que yo le tengo que decir es que el Grupo Popular está de acuerdo al cien por cien con lo que dijo el ministro Miguel Sebastián.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—El senador Antich Oliver pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, senador Antich?

El señor ANTICH OLIVER: Señor presidente, quería pedir la palabra por alusiones. El señor Palacios me ha aludido y, si usted me permite, quería hacer una aclaración. (Asentimiento).

Solo quiero recordar al señor Palacios, independientemente de recortes de prensa, que lo que caracteriza la posición de cada uno es el voto que hace cada uno. Solo quiero recordar al señor Palacios que él en la legislatura pasada votaba en contra de las prospecciones en esta Cámara y en esta legislatura vota a favor. Yo en la legislatura pasada votaba en contra de las prospecciones en la Cámara legislativa de Baleares y en esta legislatura vuelvo a votar en contra.

Nada más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 81; en contra, 148; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Fuertes rumores).

2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

2.1.1. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES. (Votación).

COMISIÓN: PRESUPUESTOS

(Núm. exp. 621/000100)

El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos las votaciones de las enmiendas de los presupuestos. Advierto a los portavoces que ha habido pequeñas modificaciones causadas por peticiones de votación separada de última hora pero las iremos avisando.

Comenzando con las enmiendas del senador Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto, votamos en primer lugar la enmienda número 571.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 21; en contra, 222; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 572, 573 y 574.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 218; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 547, 563, 567 y 588.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 26; en contra, 150; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 575, 578 y 582.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 25; en contra, 219; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del senador Quintero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 95; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De las senadoras Santos Fernández, Ibarz Ibarz y del senador Fuster Muniesa comenzamos votando la enmienda 685.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 97; en contra, 148.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 649 y 650.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 28; en contra, 215; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 651 a 684.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 96; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal, comenzamos votando las enmiendas números 751, 752 y 754.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 91; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1141 a 1147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 6; en contra, 234; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 705, 709, 712, 715, 716, 718, 815, y 1130 a 1135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 5; en contra, 222; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 737, 1032 y 1036.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 18; en contra, 221; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 686, 694, 699, 721, 725, 734 a 736, 742, 957, 958, 964, 966 y 1037.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 19; en contra, 154; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 764, 956, 967 y 978.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 25; en contra, 153; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 687, 698, 701, 706, 710, 727, 763, 765, 769, 770, 995, 1007, 1009, 1015, 1016, 1019, 1020, 1024 y 1039.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 688 a 692, 697, 700, 719, 720, 722, 726, 729 a 733, 738 a 741, 743 a 745, 749, 750, 753, 755 a 758, 771 a 777, 779 a 781, 786, 788, 789, 799, 800, 805, 807, 808, 817 a 840, 842, 849, 851 a 854, 859 a 863, 870, 873 a 879, 881 a 883, 885, 888, 897, 900 a 902, 932, 935, 936, 938, 947, 953 a 955, 959 a 963, 965, 968 a 977, 979 a 982, 988, 1003, 1005, 1023, 1031, 1033, 1093, 1094, 1123 a 1129, 1137 a 1140 y 1148 a 1193. (Aplausos).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, que no deben de ser muchas. (Risas).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella, comenzamos votando la enmienda número 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 221; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 18, 20 y 334.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 6; en contra, 152; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las emiendas números 23, 24, 31, 42, 139, 146, 268 y 273.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 18; en contra, 221; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 19, 22, 29, 40, 41, 158, 206, 270, 329, 346, 347 y 380.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 242; a favor, 17; en contra, 154; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 76; en contra, 154; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 32.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 13233


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 83; en contra, 152; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 33, 38 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 154; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 34, 220 y 240.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 24; en contra, 151; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 35 a 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 22; en contra, 215; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 43, 44 y 269.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 226; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 122 y 129 a 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 85; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 45 y 145.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 221; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 250.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 22; en contra, 154; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 4.




Página 13234


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza y Yangüas y de la senadora Salanueva, votamos la enmienda número 520.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 77; en contra, 150; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 521 a 527.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 90; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Domínguez, votamos la enmienda número 534.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 86; en contra, 151; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 543.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 77; en contra, 163; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 528 a 533, 535 a 542 y 544.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 90; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca, votamos las enmiendas números 1323, 1324, 1328 y 1329.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 90; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1305 a 1322, 1325 a 1327, 1330 a 1348 y 3197.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 78; en contra, 151; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando las enmiendas números 4039, 4045, 4051 y 4052.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 72.




Página 13235


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4040.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4044.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 151; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 4046, 4055 y 4056.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 87; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4048 y 4049.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 75; en contra, 154; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4037, 4053, 4058 y 4060.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 79; en contra, 153; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando el primer bloque de enmiendas, que corresponde a los senadores del Partido Socialista de Cataluña. Votamos la enmienda 1352.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 69; en contra, 157; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 1584.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 90; en contra, 154; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1712, 1713 y 1794.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 13236


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 70; en contra, 152; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1353 a 1355, 1357, 1359 a 1364, 1366, 1367, 1369, 1371 a 1378, 1380, 1385, 1386, 1397, 1402 a 1404, 1406, 1408, 1409, 1411, 1416, 1428, 1429, 1434 a 1442, 1445, 1480, 1488, 1495, 1498, 1501 a 1533, 1538, 1539, 1543, 1549 a 1556, 1560 a 1570, 1585, 1587, 1590, 1593, 1595, 1597 a 1601, 1603, 1604, 1617, 1628 a 1630, 1632, 1635, 1636, 1639 a 1646, 1648 a 1655, 1657 a 1660, 1678 a 1711, 1714 a 1760, 1762 a 1782, 1784 a 1789, y 1791 a 1793.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del primer bloque del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos el segundo bloque de enmiendas, correspondiente a los senadores de Iniciativa per Catalunya Verds.

Empezamos votando la enmienda número 1810.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 1812.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 78; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 1819.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 26; en contra, 154; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2007, 2018 y 2034.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 25; en contra, 154; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1795, 2084 y 2086.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 5; en contra, 222; abstenciones, 18.




Página 13237


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1825 y 1827.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 20; en contra, 219; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1849 a 1861.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 233; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1799, 1830, 2005, 2008, 2009, 2015 y 2017.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 18; en contra, 153; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1836, 2063, 2064, 2074, 2077 a 2079, 2081, 2092, 2094 y 2099.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1796, 1805, 1815 a 1818, 1820, 1821, 1833 a 1835, 1837, 1885, 1887 a 1890, 1918, 1920, 1922, 1947, 1949, 1951 a 1956, 1958, 1962 a 1965, 1979, 1980, 1982, 1983, 1988, 1989, 1992 a 1995, 1998, 2000 a 2002, 2020, 2021, 2042, 2044, 2054, 2057, 2061, 2062, 2065 a 2076, 2080, 2082, 2083, 2085, 2087 a 2091, 2093, 2095 a 2098 y 2100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del segundo bloque del Grupo Parlamentario de Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 87; en contra, 152; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 3272, 3284, 3287, 3305, 3306, 3645, 3651 y 3848.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 22; en contra, 221; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3307.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 22; en contra, 221; abstenciones, 1.




Página 13238


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3336, 3346, 3360, 3663, 3672, 3674, 3690 y 3735.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 87; en contra, 158.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3337.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 18; en contra, 156 abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3365, 3521, 3522, 3528 a 3530, 3534 a 3538, 3540, 3564, 3582, 3594, 3596 y 3868.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 29; en contra, 154; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3275, 3298, 3310, 3316 a 3323, 3352 y 3354.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3343, 3344, 3347 y 3353.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 22; en contra, 154; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3511 y 3523.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 87; en contra, 153 abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3308.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 240; en contra, 4; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación las enmiendas números 3265, 3266, 3276, 3280, 3282, 3283, 3285, 3286, 3290 a 3292, 3299, 3315, 3326, 3327, 3330, 3338, 3341, 3351, 3358, 3359, 3366, 3507, 3539, 3632, 3637, 3649, 3816 y 3851.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 68.




Página 13239


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 91; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda número 2274.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 88; en contra, 153; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2275.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 87; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2276.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 89; en contra, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2282.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 86; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2283.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 154; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2135, 2136, 2518 y 3949.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 70; en contra, 153; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2148 y 2287.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 68; en contra, 157; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2233 y la 2241.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 13240


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 241; a favor, 81; en contra, 156; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2363, 2398, 2405 a 2410, 2433, 2547 a 2549, 2564, 2565, 2569, 3067, 3068, 3129, 3130, 3199, 3200, 3212, 3213, 3240 a 3246, 3254, 3878 a 3881 y 3977.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 77; en contra, 153; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3973, 3975, 3976, 3978, 3979, 3996, 3998, 4000 a 4004, 4008 a 4011, 4025 y 4030.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 91; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2235.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 90; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2605, 2606, 2608 y 2609.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 93; en contra, 151; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2607.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 81; en contra, 150; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2171, 2227, 2231 y 2503.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 78; en contra, 149; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2364 y 2397.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 88; en contra, 154; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2105, 2108, 2111, 2115, 2117, 2119, 2121, 2122, 2124, 2127, 2129, 2130, 2131, 2137, 2138, 2151, 2154, 2160, 2164, 2172, 2173, 2178 a 2202, 2204 a 2210, 2213 a 2216, 2219, 2221, 2222, 2223, 2232, 2234, 2237, 2239, 2240, 2242 a 2250, 2252 a 2255,




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2257, 2258, 2260, 2261, 2263, 2266, 2269, 2270, 2271, 2273, 2279, 2281, 2284, 2286, 2288, 2293, 2297, 2300, 2301, 2338, 2365 a 2368, 2387 a 2390, 2399 a 2402, 2411 a 2417, 2505, 2568, 2596, 2599, 2610, 2611, 2885 a 2913, 2950, 2954, 2959, 2999, 3007, 3008, 3013 a 3017, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029 a 3032, 3034 a 3038, 3040, 3042 a 3045, 3052 a 3057, 3069 a 3082, 3095, 3096, 3099, 3124, 3131, 3181, 3182, 3185, 3186, 3191, 3196, 3208, 3214, 3888, 3959, 3960, 3962, 3971, 3982, 3984, 3985, 3986, 4006, 4020 a 4024, 4028 y 4029.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 90; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 93; en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios de la Entesa y Convergència i Unió votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 446, 648 y la transaccional sobre la número 634, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 31; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos parlamentarios de la Entesa, Convergència i Unió y Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado 638.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 93; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular 639.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 93; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 641 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 92; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 642 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 93; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y de los mismos grupos votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 643 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 94; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 93; en contra, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la propuesta de modificación con número de expediente 150225 sobre la enmienda número 3304 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 244; a favor, 241; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación las enmiendas introducidas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 163; en contra, 81; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos a continuación en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 151; en contra, 95.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey. (Aplausos).

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

5.1.1. PROTOCOLO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE UNIÓN ADUANERA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, POR OTRA, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA COMO PARTE CONTRATANTE A RAÍZ DE SU ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2013.

(Núm. exp. 610/000129)




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5.1.2. PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL RESPECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1990, Y MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, HECHOS EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2013, ASÍ COMO LAS NOTAS SOBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL PROTOCOLO Y DEL MEMORANDO.

(Núm. exp. 610/000130)

5.1.3. ACUERDO INTERINO POR EL QUE SE ESTABLECE UN MARCO PARA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN GRAND BAIE EL 29 DE AGOSTO DE 2009.

(Núm. exp. 610/000131)

5.1.4. ACUERDO DE SEDE ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 98.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, HECHO EN MADRID EL 24 DE ABRIL DE 2014.

(Núm. exp. 610/000132)

5.1.5. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA, SU OFICINA Y SU PERSONAL, HECHO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 2014.

(Núm. exp. 610/000133)

5.1.6. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA CREACIÓN DEL «CENTRO INTERNACIONAL SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA MEDITERRÁNEAS, DOS ORILLAS UNIDAS POR SU CULTURA Y SU NATURALEZA», COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 AUSPICIADO POR LA UNESCO, HECHO EN BARCELONA EL 5 DE ABRIL DE 2014.

(Núm. exp. 610/000134)

5.1.7. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL 1 DE MAYO DE 2014.

(Núm. exp. 610/000135)

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y 5.1.2. a 5.1.7.

El señor PRESIDENTE: No vamos a parar para almorzar. Vamos a continuar con los tratados y con el Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, que no tiene vetos.

Si termináramos con el debate de este proyecto de ley antes de las dieciséis horas se aplazaría la votación de las enmiendas de este proyecto a la votación de los vetos del siguiente proyecto de ley. (Rumores).

No se han presentado propuestas a estos acuerdos.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para manifestar el voto en contra de Esquerra Republicana al acuerdo señalado en el punto 5.1.7., entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein y nuestra abstención al resto de acuerdos y tratados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más quiere manifestar su voto? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Unamunzaga.




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El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Intervengo también para manifestar nuestra abstención al conjunto de acuerdos y protocolos.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar también nuestra abstención al conjunto de acuerdos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más? (Denegaciones).

Señorías, se ha autorizado votación telemática a la senadora Carmen Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado en sentido afirmativo a todos los convenios y tratados. Por tanto, con la salvedad de los votos manifestados por la senadora Capella y por los senadores Unamunzaga e Iglesias, y añadiendo la votación telemática de la senadora Carmen Torres, ¿pueden autorizarse por asentimiento los convenios y tratados? (Asentimiento).

Quedan autorizados.

Muchas gracias.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000099)

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el vicepresidente primero de la comisión, don Jesús Sedano.

El señor SEDANO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingresos de cuotas de la Seguridad Social.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 7 de noviembre de 2014, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el pasado día 20 de noviembre y fue ampliado hasta el día 26 del mismo mes. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. A este proyecto de ley se han presentado 9 enmiendas, distribuidas de la siguiente forma: 1 de los señores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 1 del Grupo Parlamentario Socialista y 3 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha dictaminado dicho proyecto en su sesión del pasado día 2 de diciembre, incorporando enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Por último, para su debate en el Pleno, se han formulado 5 votos particulares.

Con estas palabras, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Comienza el debate de totalidad.

Comenzamos con los votos particulares.

Enmienda número 1, de los senadores Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señora presidenta, si me lo permite, intervendré desde el escaño porque se trata de una sola enmienda.

Con esta enmienda planteamos que en el plazo de tres meses desde la aprobación de este proyecto, el Gobierno presente las disposiciones legales oportunas al efecto de garantizar que el nuevo sistema de liquidación de cuotas no suponga una merma de las actuales obligaciones empresariales en materia de información a los trabajadores y a sus representantes legales sobre la cotización mensual.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas 8 y 9, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. También voy a intervenir desde el escaño, dado que son únicamente 2 enmiendas y que, además, son de fácil comprensión.

La primera solicita sustituir el término «caja única de la Seguridad Social» por otro que tenga contenido jurídico. En la justificación de la propia enmienda se dice que el concepto de caja única es un concepto contable que por primera vez se incorpora al ordenamiento jurídico a través de una sentencia del Tribunal Constitucional; posteriormente, también ha sido incluido en algunos proyectos de ley. Pero entendemos que es incorrecto porque no existe una caja única de la Seguridad Social y porque, además, insisto en que la utilización jurídica y positiva de este término va contra el bloque constitucional y contra algunas de las competencias reconocidas a la comunidad autónoma vasca en el Estatuto de Gernika. Por tanto, pedimos que se utilice un término adecuado, apropiado y que jurídicamente corresponda con lo que el ordenamiento establece.

La segunda enmienda solicita que esta ley se enmarque en el ámbito de la Ley de protección de datos. Al fin y al cabo, estamos hablando de las cuotas a la Seguridad Social y, por tanto, como cualquier otro dato operante que utilicen las administraciones públicas, tiene que estar sujeto a las limitaciones y a lo establecido por la Ley de protección de datos.

Estas son las 2 enmiendas que ha presentado mi grupo. Entiendo que si se aceptaran ambas enmiendas, este proyecto de ley sería francamente mejor.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmienda 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmienda 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente también para exponer nuestra posición con respecto a esta enmienda que pretende que cuando, bien por acción de la Tesorería General de la Seguridad Social o bien por la Inspección de Trabajo, se produzca una modificación sobre las bases de cotización provisionalmente estimadas no suponga un perjuicio para los trabajadores, es decir que se pueda revisar la base de cotización del trabajador a partir del primer día del mes siguiente en que se realice y, por tanto, no tenga efectos negativos sobre las cotizaciones y los ingresos de los trabajadores.

Nos parece que es una enmienda razonable, aceptable. El Partido Popular ha presentado una enmienda en un sentido parecido, fijando en 2 años el tiempo de estudio para analizar las modificaciones que se puedan producir en este sentido, y creemos que debería ser posible llegar a una transacción entre su enmienda y la nuestra, a lo que estamos dispuestos.

Gracias.




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Senador Blas Fernández, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 3 enmiendas. La primera es puramente formal y su objetivo es que el preámbulo recoja adecuadamente el contenido de la propia ley. La segunda, a la disposición adicional segunda, solicita que el plazo sea de dos años, por entender que es mucho más ágil la prestación de la Seguridad Social. La tercera es una enmienda de carácter técnico y su objetivo es adecuar formalmente el contenido de la disposición final tercera del proyecto de ley.

Este grupo parlamentario manifiesta en este turno en contra que las enmiendas que se han presentado por los restantes grupos parlamentarios no modifican en absoluto el aspecto puramente jurídico que subyace en la propia ley. No se menoscaban los intereses de ningún trabajador en cuanto a la Ley de protección de datos. Por otra parte, tampoco se pueden modificar, a la vista del contenido, las actuaciones procesales que van a tener las enmiendas. Por tal motivo, vamos a rechazar las enmiendas que presentan los restantes grupos y mantenemos las nuestras.

La parte positiva es que ha habido consenso entre los grupos parlamentarios. La ley viene muy consensuada y supondrá una gran mejora para el sistema público de pensiones y para el sistema general de la Seguridad Social.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño, si me lo permite, señora presidenta, en nombre de UPN, para destacar lo más importante que, a nuestro juicio, tiene este proyecto de ley. Se trata, en definitiva, de una ley que quiere modernizar y simplificar la gestión de la Seguridad Social e implantar un nuevo sistema de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y por recaudación conjunta, que se efectuará, además, directamente por la Tesorería General de la Seguridad Social. Este sistema aligera las cargas a las empresas y también aumenta el control. Sí que es cierto que al contribuyente se le salvaguardan así lo entendemos en UPN todos sus derechos para comprobar que la Administración lo hace todo como debe hacerse, bien. Quizás, como dice el CES en su informe, se echa en falta una centralización, una ventanilla de incidencias y de resolución de discrepancias, y el plazo para aplicar este sistema por las empresas es breve, aunque es cierto que ha habido algún proyecto piloto que ha funcionado perfectamente.

En definitiva, UPN cree que es una buena ley y, por tanto, le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Aunque haya bajado a la tribuna, voy a ser muy breve. Voy a procurar ser tan breve como si hablase desde el escaño, pero creo que hacerlo aquí reviste de mayor dignidad a cualquier proyecto de ley.

Este proyecto de ley va a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En este sentido, todos nos tenemos que dar la enhorabuena. Es un texto técnico, sumamente corto y ciertamente difícil de enmendar, porque viene a reconocer los parámetros generales de procedimiento en los que se va a mover la transición del sistema de autoliquidación hacia un modelo de liquidación directa de cuotas. Por lo tanto, la modernización del sistema es lo que se inicia con este cambio normativo, que ya, además, adelanta los cambios realmente importantes que se van a producir con posterioridad, cuando se desarrollen administrativamente los complejos detalles que implica esta modificación en el sistema de liquidación de cuotas.




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Este es un claro ejemplo de cómo, al menos en este caso, las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la Administración Pública, una vez más facilitando, agilizando, simplificando y automatizando complejos sistemas burocráticos que tan de cabeza traen y han traído a trabajadores, a empresas y a funcionarios que trabajan en el ámbito de la Seguridad Social. La implicación de estos tres agentes es fundamental en la parte posterior; es decir, una vez que haya concluido este trabajo aquí en el Senado van a ser ellos quienes se van a tener que poner las pilas parar llevar adelante la transición del sistema. Y aquí hay que hacer un requerimiento más, en este caso al Gobierno, para que dote a todos los agentes implicados, a los funcionarios, a los trabajadores y a las empresas de la formación y los recursos necesarios para que las buenas perspectivas y la buena pinta que tiene este nuevo sistema realmente pueda cumplir con las expectativas que todos los grupos parlamentarios estamos poniendo en él.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Tiene razón la senadora Martínez cuando dice que este es un proyecto de ley muy importante. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la liquidación de los ingresos de la Seguridad Social, un aspecto clave para el funcionamiento y mantenimiento de la Seguridad Social. También es cierto, lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, que ha habido debate, diálogo y acuerdo y que este proyecto de ley no cuenta con vetos y tiene muy pocas enmiendas. Y es cierto también que el proyecto apuesta por nuevas vías para la gestión de la liquidación e ingresos, avalada por los técnicos de la tesorería de la Seguridad Social, en quienes confiamos plenamente, pero ya dijo el señor Coscubiela en el Congreso, y lo quiero repetir en el Senado, que tenemos dudas razonables, y ojalá que estas dudas se disipen, de que en una estructura empresarial como la que hay en España, tan fundamentada en microempresas, pueda ser efectiva o positiva la implantación de este nuevo sistema. Haremos un seguimiento.

Daremos nuestro apoyo al proyecto de ley. Hemos retirado la única enmienda que teníamos como Iniciativa per Catalunya Verds, que es la enmienda de Entesa, de los senadores socialistas. Haremos un seguimiento del proyecto de ley, pero queremos dejar patente esta duda, porque tenemos una estructura determinada y hay que ver la adaptabilidad de estas propuestas a la estructura empresarial de nuestro país.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, presidenta.

Efectivamente, es un proyecto de ley importante que adapta a las nuevas tecnologías todas estas cuestiones. Por todo ello, vamos a votar a favor, y también a favor de todas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. En todo caso, creemos que ese sistema facilitará minimizar errores, reducir costos a la Seguridad Social, lo cual puede permitir optimizar sus recursos humanos y económicos y mejorar la calidad de la atención, al tratarse de un sistema tramitado íntegramente a través de medios telemáticos y electrónicos. Sinceramente, creemos que si se hace bien se puede conseguir una mayor efectividad en el control de aspectos determinantes para la correcta gestión liquidadora y recaudatoria de la Seguridad Social y una mejora en la calidad de la información utilizada para la liquidación de costes; evidentemente, siempre protegiendo al trabajador y todos aquellos datos que sean susceptibles de mejora de protección y canalización de sus intereses.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Varela.




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El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo para manifestar nuestro apoyo a este texto. En primer lugar, porque es un texto trasversal, nace del anterior Gobierno, que es el que inicia este proceso de modernización y simplificación de los procedimientos en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y trabajadores. Es un proyecto en el que, con cierta nostalgia, despediremos a los TC1 y TC2, tan presentes en nuestras empresas, gestorías y asesorías durante décadas, y que debe permitir la modernización del sistema; debe ayudar a la optimización de las nuevas tecnologías, que hoy son una pieza fundamental y clave para el buen funcionamiento de las administraciones; debe permitir la simplificación de la tramitación de los obligados con la Seguridad Social a la tramitación de las cotizaciones; debe evitar las duplicidades, y debe ayudar a mejorar el control. También este proceso debe posibilitar, debe ayudar a una mejor recaudación del sistema de la Seguridad Social, y en estos momentos de dificultad, en que vemos que el Gobierno actual un día sí y otro también tira de esa caja común, de ese fondo de reserva, de esa caja de resistencia de la Seguridad Social, nos parece que el efecto de recaudación es algo muy necesario.

Respecto a la enmienda que comentamos anteriormente, un plazo de un año debería ser más que suficiente para analizar la evolución y los efectos que el nuevo sistema tiene sobre la recaudación y sobre las cotizaciones. En cualquier caso, si el Grupo Popular acepta esa modificación de un año, nosotros votaremos esa transacción presentada sobre nuestras enmiendas y la del Grupo Popular, y si no la acepta, nos abstendremos con respecto a las del Grupo Popular y apoyaremos la integridad de la ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta.

En primer lugar, y muy brevemente, quiero agradecer el tono de los portavoces que han intervenido en esta materia tan importante que es la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Creo que el modelo de cotización al sistema varía sustancialmente y hace responsables de su cumplimiento a muchísimos agentes que van a intervenir en ello, sobre todo a los profesionales colegiados. No olvidemos que se llama sistema Creta, un sistema nuevo que llevará a cabo el sistema telemático para la recaudación de liquidaciones y que persigue los siguientes objetivos: simplificar el cumplimiento de la aplicación de cotizar; facilitar en la liquidación mensual las cuotas efectuadas por aquellos, con lo cual es importante su tramitación; reducir costes para la Seguridad Social, lo que permitirá también optimizar sus recursos humanos y económicos; conseguir una mayor efectividad en el control de aspectos determinantes, y lograr una mejora en la calidad de la información utilizada para esta liquidación de cuotas. Es decir, muchísimos agentes van a intervenir en este nuevo sistema, denominado, como digo, Creta.

Quiero también felicitar y agradecer, como es lógico, a tantísimos funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social que están ya en estos momentos llevando a cabo cursos de implantación de sistemas modernos para ponerlos en práctica a partir del día 1 de enero. Es decir, este es un gran reto en muchos despachos profesionales, sobre todo los graduados sociales están llevando a cabo el lanzamiento del mencionado sistema Creta.

Por tanto, se va a modificar el texto refundido, se va a modificar, como es lógico, la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social; se va a dar más actividad a Inspección de Trabajo; en el punto Dos, apartados 1 y 3 del artículo 22 dice que va a iniciar su actividad sin haber solicitado su inscripción en la Seguridad Social; va a modificarse el no ingreso en la forma y plazos previstos y va a modificarse también el no ingreso en los plazos previstos reglamentarios de las cuotas correspondientes. Es decir, se van a efectuar declaraciones o asimilaciones para facilitar, comunicar y conseguir datos que pueden ser falsos o inexactos, con lo cual se va combatir muchísimo el fraude contra la Seguridad Social.

En principio, respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista he de decir que entendemos que es mucho mejor lanzar la negociación con los agentes sociales y todos aquellos que van a intervenir durante el plazo de dos años. Lo vemos mucho más coherente, sin perjuicio de que una vez que se vea por el sistema esta facultad que se le otorga al Gobierno se pueda ir analizando la disminución en el plazo, si acaso, de este proyecto en el sentido de aplicarlo




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en menos de dos años. Estimamos, por tanto, que es un gran proyecto de medidas en materia de liquidación de cuotas, consensuado, como se ha visto, por todos los agentes y por los grupos parlamentarios, y debemos felicitarnos porque entre todos hemos hecho una gran aportación a este nuevo sistema de la Seguridad Social, que va a impartirse prácticamente a partir del día 1 de enero, con lo cual también se va a notar en mayores cuotas a la Seguridad Social, en beneficio de todos aquellos que cotizan en el sistema público de pensiones, y en que vamos a tener, como es lógico, un mejor sistema público de recaudación del sistema público de la Seguridad Social.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

6.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000097)

La señora vicepresidenta da lectura al punto 6.1.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen de dicho proyecto, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Alicia Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designada, como presidenta de la comisión, para presentar en esta Cámara el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 30 de octubre de 2014, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el pasado día 13 de noviembre y fue ampliado hasta el día 19 del presente mes. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario.

Señorías, a este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 182 enmiendas. Las propuestas de veto han sido presentadas por los siguientes senadores: la propuesta de veto número 1, por los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; la propuesta de veto número 2, por la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; la propuesta de veto número 3, por los senadores don Urko Aiartza Azurtza, don Iñaki Goioaga Llano, don Alberto Unamunzaga Osoro y la senadora doña Amalur Mendizabal Azurmendi, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; la propuesta de veto número 4, presentada por los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la propuesta de veto número 5, por las senadoras doña Mónica Almiñana Riqué y doña María Jesús Sequera García, y los senadores don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera y don Juan Sabaté Borràs, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés; la propuesta de veto número 6, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la propuesta de veto número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Las 182 enmiendas, señorías, se distribuyen de la siguiente forma: 31 enmiendas pertenecen al Grupo Parlamentario Mixto, de las cuales, 3 han sido formuladas por los señores Eza y Yanguas y la señora Salanueva, y 18 por los señores Iglesias y Mariscal; 12, al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 53, al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 40, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 27, al Grupo Parlamentario Socialista, y 19 al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de las cuales 14 han sido formuladas por el señor Fuster y las señoras Ibarz y Santos.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha dictaminado dicho proyecto en su sesión del pasado día 2 de diciembre, incorporando las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el




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Senado y 7 enmiendas transaccionales. Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado 11 votos particulares.

Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Pasamos al debate de los vetos.

Propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.

La historia de las mutuas de accidentes de trabajo es larga. La ley data de 30 de enero de 1900 y estableció la responsabilidad del patrono por los accidentes acaecidos a sus operarios por motivo del trabajo que realizasen, a menos que el accidente fuese debido a fuerza mayor extraña al trabajo. Establecía así la teoría del riesgo profesional, que el patrono debía asumir como responsable económico. Y para asumir tal responsabilidad, la ley permitía que se constituyera un seguro en una sociedad de seguros debidamente constituida, que debería ser aprobada y aceptada a este efecto por el Ministerio de la Gobernación. El 21 de enero de 1901 el Gobierno civil de Barcelona aprobó la constitución del seguro tarrasense contra los accidentes de trabajo, primera mutua de accidentes de trabajo. Muchos han sido los avatares que han ocurrido desde entonces y los cambios que se han producido hasta ahora.

Los senadores que suscribimos este veto no negamos la necesidad de una reforma, siendo además esta más evidente a la vista de lo que ha sido piedra de escándalo en los últimos años en diferentes ocasiones: la gestión que de algunas de estas mutuas se ha realizado, con prácticas absolutamente inaceptables. Hace pocos días los medios de comunicación recogían un ejemplo, estas prácticas son: nepotismo en los órganos gestores, remuneraciones estratosféricas de los miembros de dichos órganos gestores y descapitalizaciones de alguna de las mutuas.

El último escándalo al que me he referido es el de Fremap, que además resulta emblemático, porque la sociedad principal del grupo Mapfre nace precisamente como una mutualidad —las siglas significan Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España— en 1933, convirtiéndose después en una gran compañía de seguros que, por aplicación de la Ley de bases de la Seguridad Social de 1966, tuvo que segregar la actividad mutualista en Fremap. Ahora parece que garantizó a las clínicas con las que tenía suscritos conciertos márgenes de beneficios que llegaban al 15 % sin riesgo empresarial y que, además, les financió las obras de acondicionamiento de los locales, les facilitó material de rehabilitación e incluso les pagó el impuesto sobre sociedades. Todo esto se hizo con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero estas irregularidades no fueron las únicas, y para ocultarlas a la Seguridad Social, al parecer realizó una facturación absolutamente falsa.

Nada que ver con el espíritu con el que nacieron las mutuas; nada que ver con una buena gestión de un ente colaborador de la Seguridad Social, que, por lo tanto, puede reivindicar su papel como sociedad privada, si bien tiene mucho que ver con lo público: depende de lo público. Más allá de que puedan existir responsabilidades de todo tipo por las prácticas a las que me acabo de referir, incluso penales, queda claro y se demuestra que los mecanismos de control existentes son insuficientes, y lo seguirán siendo después de esta ley, a pesar de que yo le reconozca que algún avance se ha introducido en esta materia.

Aunque el proyecto reconozca y destaque ese carácter de entidades privadas, lo cierto es que estamos ante unas entidades que son privadas de una forma muy peculiar. En primer lugar, por su condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social. En segundo lugar, porque se financian con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios; es decir, por una parte, con los salarios directos de los trabajadores y, por otra parte, con los salarios indirectos: la cuota patronal que, por sus trabajadores, abonan los empresarios. Y finalmente, porque sus ingresos, las cotizaciones no las recaudan directamente, sino que las recauda un ente público, la Tesorería General de la Seguridad Social, que posteriormente transfiere esos ingresos por cuotas a las mutualidades.




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Aunque han aumentado los controles, incluso con la transaccional a la que se ha llegado en torno a una de nuestras enmiendas —si no me equivoco, la número 6— y a otra del Grupo Parlamentario Entesa formulada en los mismos términos, insisto en que siguen siendo, aun hoy, insuficientes. Seguramente, esas son las razones, esas prácticas y la ausencia de controles eficaces, por las que este proyecto llega sin consenso social y político, a pesar de que tenía un punto de partida sólido que en principio debía haber propiciado y facilitado que ese consenso social y político fuera posible. Me refiero a la base que le daba el acuerdo social y económico de 2 de febrero de 2011, en el que ya se suscribía la necesidad de una reforma de la Ley de mutuas.

Como consecuencia de sucesivas reformas, que se iniciaron con la disposición adicional duodécima de la Ley 30/1995, que les atribuyó entonces la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes, las mutuas han ido incrementando su ámbito de actuación. Han ido asumiendo la gestión de más prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, eso sí, siempre con los votos en contra de la fuerza política que represento en esta Cámara. Han ido incrementando esa gestión, extendiéndola a las prestaciones económicas por riesgo durante el embarazo, a la gestión de las prestaciones por menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, incluso a la gestión de prestaciones económicas por cese de actividad de los autónomos, que en principio no guarda la más mínima relación con los riesgos profesionales, que deben ser el ámbito natural de actuación de las mutuas de accidentes de trabajo.

Todo ello no solo ha desvirtuado la naturaleza de las mutuas, sino que, inevitablemente, se ha ido traduciendo en un mayor proceso de mercantilización de la salud de los trabajadores. Y el proyecto que debatimos, el proyecto frente al cual formulamos nuestro veto el senador Mariscal y yo mismo, consagra esa realidad dándole además carta de naturaleza y abriendo la posibilidad de seguir profundizando en ello desde el punto cero, desde la propia denominación, modificándola para que ya dejen de ser mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y pasen a denominarse mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, lo cual, en principio, abre un escenario en el que podrán colaborar con la Seguridad Social en todo, en cualquiera de los ámbitos en los que la Seguridad Social viene desarrollando su actividad. De nuevo, un proyecto que encoge el ámbito de lo público y extiende, amplía el ámbito de lo privado.

Negamos que las mutuas hagan, incluso cuando actúan con honradez y conforme a la lex artis, una gestión más eficiente que la que desarrolla el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, y rechazamos, por tanto, que se transfieran competencias de lo público a lo privado.

Discrepamos —y es otro motivo de nuestro veto— de la regulación que se introduce en el proyecto de los órganos de gobierno y el régimen retributivo de los miembros de este, que permitirá a las mutuas, introduciendo los mecanismos oportunos que son de todos conocidos, hacer prevalecer, para aumentar las retribuciones de sus gestores, una reducción de los costes de cobertura de atención, de asistencia a los trabajadores.

A pesar de haber sido atemperadas a lo largo de la tramitación —es verdad que el proyecto que llega a esta Cámara felizmente se ha descafeinado de forma notable en relación con el anteproyecto inicialmente presentado—, sobre todo respecto al incremento de las facultades de las mutuas, tanto en el ámbito del reconocimiento administrativo del derecho a la prestación económica como a la propia gestión de esa prestación, también se ha atemperado su capacidad para controlar el estado de salud de los trabajadores aquejados de enfermedad común. Pero aun habiendo atemperado, aun habiendo devaluado las pretensiones iniciales, el texto continúa, de un lado, incentivando a las empresas a encomendar a las mutuas en detrimento del Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión de la prestación por incapacidad transitoria derivada de contingencia común, y de otro, manteniendo la presión sobre los médicos del Sistema Nacional de Salud proyectada por los servicios sanitarios de las mutuas con el objetivo de reducir la duración de los períodos de incapacidad temporal, con un argumento falaz que se repite de forma reiterada: que en nuestro país el absentismo es muy elevado. Sin embargo, en nuestro país el absentismo no es más elevado que el de la media de la Unión Europea y, además, en los últimos años ha caído, y no porque los trabajadores estén más sanos, no porque gocen de mejor salud, sino porque la precarización del mercado laboral ha convertido la estabilidad en una quimera y hace pender una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores, que no dudan en acudir a trabajar incluso cuando están enfermos, ante el riesgo de que sus contratos laborales no




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se renueven o que esa baja productividad, derivada de un elevado absentismo generado por una enfermedad real, acabe siendo lo que motive al empleador a incluir en la lista del ERE al trabajador enfermo.

Por todas estas razones y motivos, presentamos este veto y votaremos a favor de los vetos de las demás fuerzas políticas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, también del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Capella.

Tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes.

Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, es bueno recordar que también los artículos 22 y 23 recogen el derecho de toda persona, como miembro de una sociedad, a la Seguridad Social, pero también el derecho al trabajo en condiciones de equidad y de protección social. Por tanto, en el debate de este proyecto de ley, que consideramos lesivo para los intereses de los derechos sociales de las trabajadoras y de los trabajadores, consideramos necesario recordar el día que hoy conmemoramos.

En relación con el origen de las mutuas, es evidente que ha llovido muchísimo, como antes nos describía el senador Iglesias. El origen de las mutuas tenía su razón de ser en la protección y en la responsabilidad que debía asumir el patrono respecto a sus trabajadores. Pues bien, el presente proyecto de ley, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, supone un nuevo recorte en el derecho a la salud y un paso más hacia la privatización de la sanidad y de las prestaciones sociales.

Tras las sucesivas reformas parciales era evidente la necesidad de una reforma, pero consideramos que no en la forma en que la llevan a cabo el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular que le da apoyo parlamentario. De nuevo nos encontramos ante una reforma que se realiza en contra de todo consenso, sin consenso social y sin consenso político.

Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley significa recortar el derecho a la salud y un paso más en el camino hacia la privatización de la sanidad. La prevención, o la baja laboral para conseguir una adecuada recuperación terapéutica, estará más relacionada con los intereses económicos de determinadas organizaciones económicas que con la propia salud, en este caso, del trabajador o de la trabajadora. De nuevo, como decía, pérdida de derechos e involución en derechos sociales.

A partir de ahora serán las mutuas al servicio de las empresas, unas empresas con una naturaleza jurídica muy especial ―tal y como refería el senador Iglesias―, quienes acabarán decidiendo cuándo el trabajador está apto para volver a trabajar. Ya no será el médico quien garantice la recuperación terapéutica, sino que será el médico de una mutua, al servicio de unos intereses economicistas. Es un paso más hacia la privatización de la sanidad y un recorte más, como decía, en el derecho a la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Otorgan este poder a las mutuas bajo argumentos hipócritas que enfangan la misma dignidad de los trabajadores. Se les acusa de absentistas y de gandules, cuando no de fraudulentos. Se establece la presunción de culpabilidad del trabajador o de la trabajadora y eso es puro cinismo porque se argumenta a sabiendas de que los datos reflejan todo lo contrario. Si bien es cierto que existe un porcentaje mínimo de fraude que hay que perseguir y condenar, como en todos los ámbitos de la vida, más cierto es aún que los trabajadores y trabajadoras están normalizando el acudir enfermos al trabajo a raíz de la precariedad laboral y de los efectos perniciosos de la reforma laboral.

Por el propio miedo o por la coacción patronal estamos perdiendo un derecho que costó conseguir siglos de lucha; involución, pura involución, pérdida de derechos, cada vez menos y más precarios, y con límites para su pleno ejercicio. Esta es la realidad y no —repito— sus hipócritas argumentos, que quieren hacernos creer que se persigue una mayor funcionalidad y la sostenibilidad de la misma Seguridad Social. Totalmente falso.

Se pretende extraer beneficios aun a costa de la salud de los trabajadores porque es evidente que lo público quedará hipotecado a los resultados económicos de la entidad mutualista. Es vergonzoso que las mutuas puedan reconocer la prestación y gestión del estado de incapacidad




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temporal de los trabajadores al margen de que la causa tenga relación o no con el trabajo: artículo 3 del proyecto de ley. Se trata de un verdadero sabotaje al sistema público de salud el posibilitar que las mutuas puedan actuar desde el primer día en la baja laboral de un trabajador y hacer propuestas de altas médicas, como lo es externalizar la prevención de riesgos laborales, una de las primeras funciones de las mutuas.

La perversión política del Partido Popular no tiene freno. Ahora ustedes pretenden mercantilizar todavía más las mutuas otorgándoles nuevas capacidades que pertenecen al sistema público de salud. Ustedes cruzan esa delgada línea roja y olvidan que son entidades que, a pesar de ejercer funciones públicas y no tener de entrada ánimo de lucro, gestionan fondos de naturaleza pública y son entes de gestión fundamentalmente privados.

El neoliberalismo sigue avanzando en la privatización de la sanidad, lo que supone necesariamente la mercantilización de la salud. Pero hay más, también supone un robo al patrimonio colectivo, al Estado social, a los derechos conquistados y a los recursos que se derivarán del sector público al sector privado. No existe, no tiene justificación económica; al contrario, este proyecto de ley significa un incremento del gasto público, porque unas mutuas guiadas por criterios económicos y empresariales no invertirán suficientemente en prevención, y porque los recortes en las bajas laborales supondrán un agravamiento del estrés y de las enfermedades que entonces sí acabarán siendo asumidas por la sanidad pública.

Finalmente, hemos de señalar el compromiso ético en que sitúan a los médicos que trabajan para las mutuas, quienes pueden verse presionados para favorecer los intereses empresariales, poniendo en cuestión su propia profesionalidad y el bien superior del paciente, que no es otro que la salud. En definitiva, la salud en manos no de la ciencia médica, sino de los intereses empresariales.

Por estos motivos que he ido desgranando hemos presentado veto al presente proyecto de ley, veto para el que solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios, al tiempo que anunciamos nuestro voto favorable al veto presentado por el resto de grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Mixto, de los senadores Aiartza, Goioaga, Unamunzaga y Mendizabal.

Señora Mendizabal, tiene la palabra.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Hemos presentado un veto a este Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, más conocida como Ley de mutuas e impulsada por el Gobierno porque, a nuestro entender, supone un retroceso considerable en el sistema público de salud, una vía abierta a la privatización de importantes servicios sanitarios y un más que previsible atentado contra la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Las actuales mutuas patronales —porque no nos olvidemos nunca de que de eso se trata, ese es su verdadero carácter, patronal y, por lo tanto, privadas—, en cuanto a estructura privada paralela a la Seguridad Social y colaboradora oficial de esta, tan solo existen a nivel europeo en el Estado español y en Alemania, si bien aquí con otro carácter diferente. En el resto de países las mutuas desaparecieron hace ya medio siglo, quedando estas competencias en manos de la Administración pública. Sin embargo, aquí, al igual que sucedió con otras instituciones franquistas, las mutuas siguieron campando a sus anchas, y eso, a entender de Amaiur y de muchos especialistas en la materia, tiene bastante que ver con el crónico puesto de cabecera que el Estado español ocupa en la Unión Europea en materia de accidentes de trabajo y ocultación de enfermedades profesionales.

Quiero destacar que este proyecto de ley se asienta sobre dos grandes principios que rechazamos tajantemente. El primero de ellos es concebir al enfermo como un sospechoso de fraude y adicto al escaqueo laboral a quien es preciso vigilar y controlar. Con esta excusa la gestión de las bajas se va derivando del sistema público al mutual patronal, pero se esconde el




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hecho de que las bajas no se cogen a voluntad, sino que se las dan, las revisan y las controlan profesionales médicos de la sanidad pública.

El segundo principio —relacionado con el anterior párrafo— tiene que ver con la puesta en sospecha de la profesionalidad del personal sanitario público, el mismo personal al que todos alabamos cuando se produjo la crisis del ébola, por ejemplo, y que también alabó el Gobierno. En definitiva, dar competencias a las mutuas patronales para controlar la salud de los trabajadores y trabajadoras es absurdo. Con este sinsentido crece la desprotección de los trabajadores y trabajadoras frente a los abusos de las mutuas y sus intereses ligados a la patronal. Y esto repercute, a su vez, en detrimento de la salud laboral. Este tipo de medidas supone para el trabajador o trabajadora mayor presión, miedo a las sanciones, miedo al despido, aumento de riesgos sicosociales, mayor exposición a accidentes laborales, agravamiento de enfermedades, etcétera. Este proyecto de ley posibilita que las mutuas patronales puedan intervenir en las bajas médicas desde el primer día; así, por ejemplo, podrán llamar desde el primer momento a los enfermos y enfermas, sometiéndoles a una presión para que vuelvan al trabajo, algo completamente contraproducente para la situación en la que se encuentran.

Con esta ley también se extraen competencias al sistema sanitario público y a sus inspecciones médicas, avanzando así por una vía de la privatización de la salud pública contraria a los criterios de equidad y universalidad sobre los cuales deben estar asentados.

Todo lo anterior supone una mayor financiación del sector privado con cargo a fondos públicos y una disminución y falta de control respecto al funcionamiento y gestión de las propias mutuas. Las mutuas podrán tener acceso al historial clínico de los pacientes, puesto que los informes y resultados de las pruebas efectuadas desde la mutua y la Administración conformarán un único historial.

Para finalizar, no podemos por menos que hacer mención a la declaración institucional adoptada en el Parlamento de Navarra en la que muestra —y leo textualmente— su más absoluto rechazo al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social y su voluntad de que sea retirado por dotar de mayores competencias a las mutuas en detrimento del derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras y por suponer un paso más en la privatización de la salud. Junto a ello, no podemos por menos que señalar el rechazo unánime que este proyecto ha generado en Euskal Herria en la práctica unanimidad de las organizaciones sindicales y sociales de nuestro pueblo.

Es inconcebible, desde un punto de vista democrático, que, a pesar de lo anterior, se pretenda una vez más imponer a nuestro pueblo una nueva ley que es completamente rechazada por él tanto a nivel político como sindical y social.

En esta medida, Amaiur reclama competencias soberanas plenas para Euskal Herria, para la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en materia de Seguridad Social y protección social, a fin de poder construir un sistema público de salud universal y atención integral, donde la salud de las personas sea un derecho a garantizar y materializar por la Administración, atendiendo siempre a los prioritarios intereses de las grandes mayorías sociales.

Por estas razones, proponemos este veto y anunciamos también que vamos a votar afirmativamente el resto de los vetos presentados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

En este desolado páramo en que se ha convertido el Pleno del Senado voy a intentar justificar el veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

En primer lugar, si tuviera que hacer un titular sería que estamos en contra de este proyecto de ley porque creemos que mercantiliza aún más el rol de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Permítanme que vaya desglosando las razones de nuestro veto. En el primer párrafo del preámbulo que justifica este proyecto de ley, el Gobierno afirma que el objetivo de esta ley es




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modernizar el funcionamiento y gestión de las mutuas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia y contribuyendo en mayor medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Es evidente, está claro, que el senador Saura y yo compartimos los objetivos de modernización, transparencia, eficiencia y sostenibilidad. Pero, señorías del PP, mi grupo y el senador Saura y yo nunca hubiéramos situado como principal prioridad la lucha contra el absentismo laboral injustificado en una reforma de la Ley de mutuas. Hubiéramos señalado como principal objetivo de esa reforma la salud laboral, la lucha contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y garantizar las prestaciones en caso de necesidad. Y esta no es una cuestión baladí. Su primera afirmación para justificar la ley expresa cuáles son sus prioridades: el absentismo laboral, el absentismo laboral injustificado. Señorías del PP, para ustedes los trabajadores son sujetos proclives al fraude. Esto ya pasó en el debate de la Ley contra el fraude a la Seguridad Social, y es un error, no sé si fruto del ideologismo o un error malintencionado para justificar sus políticas de recortes en el ámbito laboral. Hablemos de horas trabajadas y no trabajadas, ya que esta es su real preocupación. Llevan toda la legislatura con este asunto. Si alguien les escucha y les cree parecería que el problema de nuestro mercado laboral es hoy el absentismo; antes eran sus rigideces.

Permítanme algunos datos. La tasa de absentismo en España, según la encuesta de coyuntura laboral, era del 4,9 % en 2007, mientras que en 2013 era del 4,1 %. En 2013, la jornada de trabajo efectiva por trabajador fue de 1557 horas, mientras que en el año 2000 era de 1684 horas. Paradójicamente, la reducción del absentismo no se traduce en un aumento de las horas efectivas trabajadas, las cuales presentan, al igual que las pactadas, una continua reducción. Nuestra explicación es que en el modelo laboral español prima la tendencia a la reducción de horas trabajadas. El absentismo no justificado se redujo un 24 % entre 2009 y 2012. Asimismo, otro dato de la realidad, según Adecco, es que una de cada dos empresas reconoce tener hasta un 10 % de trabajadores presentistas, no absentistas, y este fenómeno se da especialmente en empresas donde se han producido despidos.

Señorías, existe un menor absentismo porque se han reducido las bajas por incapacidad temporal. El motivo, la crisis. Hay miedo a perder el empleo. Los trabajadores tienen miedo a que se les aplique su reforma laboral, que permite considerar como causas de despido objetivo las faltas de asistencia al trabajo, aunque sean justificadas.

Otras causas de baja laboral son los accidentes de trabajo. Durante estos años de crisis se había producido una caída de las tasas de siniestralidad. Los motivos: caída de la actividad económica, incremento exponencial del desempleo y menos partes presentados. En 2013, el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja creció un 2 % respecto a 2012. Los accidentes de trabajo que han causado baja durante el periodo de enero a septiembre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013 han crecido un 5 %; siniestralidad que crece en aquellas actividades que están siendo motores de la incipiente recuperación económica y que se produce mayoritariamente entre los trabajadores temporales respecto a los trabajadores fijos.

En 2013, la población afiliada a la Seguridad Social con cobertura por accidente de trabajo era de 13,43 millones de trabajadores, un 3 % menos que en 2012, y no los 15 millones a los que se refiere la ministra Báñez, sino 1,6 millones menos y con tendencia a la baja.

Me gustaría hacer un último comentario sobre las horas trabajadas. En España se realizan cada semana 10 millones de horas extras ilegales. Señorías del PP, si quieren hablar de las horas que se trabajan o no en España, estos son los datos. El absentismo es un problema, especialmente el no justificado, y habrá que reducirlo, pero no es el problema con mayúsculas y por ello no puede justificar este proyecto.

Entrando ya en sus contenidos, este proyecto de ley introduce algunas mejoras en la regulación de las mutuas. Se ha producido un cierto diálogo con los agentes sociales. Hemos sido capaces de consensuar determinadas transaccionales tanto en el Congreso como en el Senado, no me duelen prendas reconocerlo, de la misma manera que digo que el diálogo ha sido insuficiente respecto a los acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales y económicos entre los agentes sociales referidos a las mutuas. Tampoco puedo dejar de afirmar que parte de los problemas arrancan con la ampliación de funciones realizada en el año 1995 y posteriores, y que la dejadez en el control de las mutuas es responsabilidad compartida entre los 2 partidos que han




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gobernado España. Estamos hablando de casi 10 000 millones de euros que gestionan las mutuas provenientes de cuotas a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresarios.

Por tanto, creemos que se avanza en el control, pero insuficientemente. No podemos ignorar que se ha producido una patrimonialización de las mutuas por sus gestores, como tampoco podemos olvidar los escándalos que se han ido produciendo y reproduciendo.

Señorías, la presentación de este proyecto de ley era, a mi entender, una buena ocasión para debatir qué funciones deben desarrollar las mutuas, pero no ha sido así. Es más, el Gobierno propone un cambio de denominación de las mismas, que pasarán de llamarse mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales a mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que, vistos los precedentes, hacen aún más difuso el carácter y funciones de estas mutuas. ¿Cuáles son los precedentes? De accidentes y enfermedades profesionales, se amplía en el año 1993 a la asunción de la gestión de la incapacidad laboral por contingencia común. En 1995, a los servicios de prevención ajenos y la gestión de la incapacidad temporal por riesgo en el embarazo y la lactancia natural. En 2010, a la prestación por cese de actividad de los autónomos. Y en 2011 se incorpora la prestación durante la suspensión del contrato por hijos con cáncer o enfermedad grave. ¿Cuál es el problema? Que con una definición tan laxa, mucho me temo que se vaya produciendo una ampliación de nuevos ámbitos de actuación de las mutuas sobre servicios y prestaciones propias de ser gestionadas por el sector público. La experiencia en España nos indica que las políticas de concertar con entes de carácter privado servicios y prestaciones públicos, ya sea mutualidad laboral, salud o educación, conllevan tantas veces procesos de mercantilización de esos servicios y prestaciones. Y que tantas veces la motivación última es ofrecer negocio privado o abaratar costes públicos independientemente de la calidad de la prestación.

En este proyecto de ley destaca como muy preocupante la intervención de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común. Señorías, ¿hay mejor opinión sobre una baja que la del médico de familia? Si la Inspección médica del servicio público de salud desestima una propuesta de alta formulada por una mutua, ¿puede revocarse esta decisión en otras instancias? Si un trabajador está afiliado a una mutua con escasa implantación en su territorio, ¿debe desplazarse a las citas de las mutuas sin ningún tipo de abono cuando se desplaza fuera de su área de salud? ¿Las propuestas de altas de las mutuas se van a realizar con criterios y argumentos sanitarios? ¿Con qué criterios una mutua evaluará si una inasistencia está justificada o no? Todos estos son interrogantes que pesan sobre la propuesta de este proyecto de ley y para los que, evidentemente, el senador y yo tenemos una respuesta: por encima de los profesionales del Sistema Nacional de Salud no puede haber nada, por encima de la Inspección del servicio público sanitario no puede haber nada, porque ellos son los que están en mejores condiciones para justificar o no una baja.

Por otra parte, mucho me temo que todo este barullo de plazos de comunicación, presentación de informes, organismos que intervienen, etcétera, va a representar en la práctica un gran atasco burocrático que sufrirá el trabajador. En definitiva, no creo que con este proyecto de ley se mejore la defensa de la salud de los trabajadores; todo lo contrario, se amplía negocio para las mutuas, unas mutuas que no tienen ningún empacho en derivar al Sistema Nacional de Salud determinados accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Quisiera terminar la justificación de este veto refiriéndome a tres cuestiones. La primera hace referencia a las remuneraciones del director gerente y personal ejecutivo; retribuciones que a lo largo de estos años han sido desorbitadas en tantas mutuas. En el artículo 71.4 del proyecto de ley se establecían unos límites: para el director gerente no superar el importe de las retribuciones asignadas al presidente ejecutivo o cargo equivalente de las entidades públicas empresariales del Estado. Las retribuciones del personal ejecutivo no podrán superar el importe de las asignadas a la ministra de Empleo, es decir, al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En su tramitación en el Senado, el PP ha acordado con enmiendas de CiU, PNV y UPN, una transaccional que deja esas limitaciones en papel mojado, los directivos volverán a cobrar lo que quieran. Senadores y senadoras de CiU, PNV y UPN, sus enmiendas son más de carácter «lobista» de las grandes mutuas que aportaciones a la mejora de un proyecto legislativo orientado a la mejora de la lucha contra las contingencias profesionales. Esa es mi opinión y la del senador Saura.




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De lo que sí ha sido incapaz el PP es de aceptar nuestra propuesta de que los empleados de las mutuas puedan acogerse a la negociación colectiva y no a las disposiciones que anualmente marquen los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos. Una vez más se repite su predisposición a defender los intereses de las élites directivas y a limitar y recortar los derechos de los trabajadores, y para muestra este botón. Una segunda cuestión es incluir la codecisión de empresarios y trabajadores en la elección de la mutua en el seno de las empresas. Y una tercera es no obligar legalmente a las mutuas a que su ámbito de actuación sea todo el Estado, eso solo favorece a las grandes.

En definitiva, señorías, para el senador Saura y para mí, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben tener como único objeto la gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que derivan de la Ley de prevención de riesgos profesionales. Todo el resto es la privatización de la gestión de servicios y prestaciones públicas y su mercantilización por parte de entidades privadas, que no estarán sujetas al control necesario que exige la gestión de fondos y servicios públicos.

Por todas estas razones el señor Saura y yo hemos presentado este veto en el Senado, para el cual pedimos su voto, a la vez que afirmamos que vamos a votar a favor del resto de los vetos presentados.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5 de las senadoras Almiñana y Sequera, y de los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté.

Tiene la palabra el senador Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, presento este veto en nombre de los senadores del Partit dels Socialistes de Catalunya, Montilla, Sabaté, Bruguera, Boya, Martí, Sequera y yo misma.

Aunque mi especialidad no es la Seguridad Social ni el mundo del trabajo y soy portavoz en otras comisiones, como la de Sanidad, esta ley me parecía muy importante porque considero que vale la pena profundizar y aprender de ella, básicamente porque trata de sanidad, y me ha sorprendido muy gratamente ver que todos los senadores que me han precedido han hablado básicamente de sanidad, porque es la realidad de esta ley.

Este verano, el 18 de julio, El Periódico, un periódico de tirada nacional, titulaba: «La sanidad pública pierde poder en el control de las bajas laborales». Ese titular, que pasa desapercibido para muchos españoles, en el fondo es la guinda de esta legislatura a sus políticas de privatización de la sanidad. Me explicaré.

Ustedes cambiaron el modelo de nuestro sistema sanitario de una forma que nunca hubiéramos sospechado ni imaginado, y nos sorprendieron, creo que sorprendieron a todos los expertos en gestión de modelos sanitarios del país. Hicieron ese pequeño gran cambio. No usaron una ley para ese cambio, usaron un real decreto, que ni tan siquiera se discutió en esta Cámara. El Real Decreto 16/2012 de 20 de abril cambiaba la realidad de nuestra sanidad y pasábamos de una sanidad universal para todos los ciudadanos a una sanidad para asegurados. Esto, que para los ciudadanos no significaba un gran retroceso cuando lo leyeron en los periódicos, en el fondo era su caballo de Troya para su particular reforma sanitaria, y la ley que hoy debatimos forma parte de ese cambio, como voy a explicar más adelante.

Déjeme que continúe enmarcando la situación de ese real decreto, lo que ha ido desgranando ese real decreto, porque cada vez nos lleva a una sanidad más dual, para los que pueden pagarla y los que no, para los que están asegurados y los que no.

Después ustedes introdujeron nuevos copagos, por supuesto el que más nos duele a todos es el de medicamentos para los pensionistas porque son los que consumen más medicinas y porque la mayoría de nuestros pensionistas a día de hoy aún tienen un poder adquisitivo muy bajo. Un dato, en los primeros seis meses del copago de medicamentos, 243 millones de euros fueron sufragados por pensionistas con pensiones inferiores a 18 000 euros, es decir, sabemos que a día de hoy 2 de cada 10 pensionistas renuncian a algún medicamento por culpa de su copago; una




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sanidad para quien se la puede pagar y otra para quien no se la puede pagar. Es decir, antes lo pagábamos entre todos, éramos más solidarios; ahora cada uno paga lo suyo.

Intentaron también hacer copagar los medicamentos hospitalarios —¿lo recuerdan?—, pero eso no caló porque hasta las comunidades autónomas dirigidas por presidentes del Partido Popular se negaron a ello, era un impuesto demasiado claro a la enfermedad y no tenía ningún sentido.

Continuaron desgranando ese Real Decreto en el que proponían recortar 7000 millones. La realidad es que llevan 13 000 millones de euros, y eso ha repercutido en la calidad asistencial, en el aumento de las listas de espera —y esto también es clave en esta ley— y en la disminución de los profesionales.

Pero volvemos al concepto del asegurado, que es lo que está relacionado con esta ley. Con ese pequeño cambio quedaron excluidos del sistema sanitario 873 000 ciudadanos, según datos del propio ministerio, aunque ustedes tuvieron que corregir la norma porque se dieron cuenta de que no habían buscado la solución adecuada para los jóvenes mayores de 26 años que no habían trabajado nunca, después de que saltara a la portada de los periódicos el caso de un joven catalán que había recibido una carta de la Seguridad Social en la que se le comunicaba que no tenía derecho a prestación, y aquí entra en valor la importancia de ser cotizante de la Seguridad Social o no serlo y de recibir sanidad o no recibirla.

Este proyecto de ley que hoy debatimos en el Senado es la guinda de la legislatura para abrir la puerta a la privatización del Sistema Nacional de Salud. Porque esta ley, que para muchos ciudadanos pasará desapercibida hasta que poco a poco vaya entrando en vigor, dibuja una sanidad para las personas que tienen trabajo y otra distinta para los que no lo tienen.

Esta ley cambia básicamente tres cosas: la reforma jurídica de las mutuas, modifica la gestión de la baja laboral por contingencia común, y crea un sistema específico para el cese de la actividad de los trabajadores autónomos. En el primer caso, la reforma jurídica de las mutuas, cambian, entre otras cosas, su nombre, y a las mutuas con la denominación actual de mutuas patronales empresariales o mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social les suprimen estos apellidos y las bautizan con un nuevo nombre, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, pero dejan claro en el preámbulo de la ley que se definen como asociaciones de empresarios de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto es colaborar con la gestión de la Seguridad Social, resumiendo, entidades privadas que colaboran con la gestión de la protección pública.

Señorías, ese cambio de nombre no es baladí porque de esta forma podemos colaborar con muchas otras cosas, como después explicaré. No hay que olvidar que los empresarios o las personas designadas por ellos son los que forman parte exclusiva de los órganos jurídicos y gestores de las mutuas. Me dirán que hasta día de hoy las mutuas funcionaban así, y es verdad, pero es en el segundo punto, la gestión de la contingencia común, donde cambia todo, y este es otro pequeño gran cambio.

Entramos en la disposición adicional undécima, que define la gestión de la incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes. Esta es la puerta que abren hacia una sanidad dual. Hasta el día de hoy las bajas por enfermedad común las gestionaban únicamente los médicos de familia y los inspectores de la Seguridad Social. Ahora ya no; los médicos de las mutuas podrán controlar las bajas de los trabajadores por enfermedad común desde el primer día, podrán llamar, citar a revisión y emitir una propuesta de alta de una enfermedad que nada tiene que ver con su mundo laboral.

Dicen ustedes en el preámbulo que uno de los objetos de esta ley es reducir el absentismo laboral injustificado, pero permítanme que les diga que el redactado ofende, porque de entrada sugiere que los médicos de familia no hacemos bien nuestro trabajo. Pues bien, como médico de familia no les voy a negar que la gestión de las bajas laborales es un tema complejo, pero esa complejidad no da de ninguna forma el derecho a la supervisión del trabajo de los médicos de familia desde una posición que no sea la del inspector nacional de la Seguridad Social. Y con esta ley el criterio del médico de familia será supervisado por un médico de la mutua laboral, lo que significa que desde la mutua laboral se podrá hacer una propuesta de alta a los pacientes, que se comunicará a la inspección médica del servicio público en un plazo de cinco días; la inspección médica tiene que pronunciarse y si decide denegar esa propuesta de alta tiene que justificar el porqué, es decir, el inspector médico público tiene que justificar una baja por enfermedad común a




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la mutua laboral de empresarios, y si la inspección médica no contesta, la mutua se podrá dirigir directamente a la Seguridad Social en un plazo de seis días, pero la Seguridad Social tendrá que dar una respuesta definitiva en un plazo de cuatro días.

Todo esto lo justifican, primero, porque deducen que algunos enfermos estafan, cosa que afortunadamente no he vivido así cuando ejercía de médico, y, segundo, porque los medios informáticos son muy eficientes; los medios informáticos por supuesto son muy eficientes pero tendrán que conectar 3 entidades que no siempre están conectadas, al menos en mi comunidad, que son las mutuas laborales, el INSS, o el CRAM, en Cataluña, y los médicos de familia.

¿Qué acaba pasando con todo esto? Pues que las mutuas al servicio de los empresarios acaban mandando a los inspectores y a los médicos de familia para enfermedades comunes, y digo comunes porque, señorías, estamos hablando de depresiones, de cánceres, de complicaciones de VIH, de trastornos bipolares, de mobbing o, por ejemplo, de un aborto; enfermedades que a muchos de los que estamos aquí no nos gustaría que nadie conociera sino aquellas personas a las que voluntariamente decidimos contárselo, que normalmente es nuestro médico de familia; pues bien, ahora, el médico de la mutua laboral tendrá derecho a preguntarnos y a pedirnos pruebas para comprobar que tenemos esas enfermedades. ¿Cómo vamos a gestionar los mobbing? Porque existen. ¿Cómo vamos a gestionar los trastornos bipolares? ¿Cómo vamos a gestionar todas estas enfermedades que están estigmatizadas socialmente pero que, en cambio, hasta ahora, sus pacientes han tenido una vida laboral absolutamente normal? ¿La van a tener igualmente normal? No estoy poniendo en cuestión el secreto profesional de los médicos de la mutua laboral, pero sospecho que recibirán muchas presiones por el número de altas que den, algo que ocurre a día de hoy.

Estas enfermedades, como he dicho, son suficientemente graves y difíciles muchas veces como para compartirlas con los médicos laborales. Pero es que, además, la guinda definitiva —es ahí donde realmente empieza la privatización— la ponen ustedes cuando en uno de sus apartados dicen: las mutuas podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos, así como rehabilitación, para evitar prolongar innecesariamente las bajas laborales por enfermedad común, debido al tiempo de espera por razones burocráticas de la sanidad pública. Estupendísimo. Las razones burocráticas se llaman listas de espera, y tienen que ver con la cantidad de dinero que se invierte en sanidad pública y con sus políticas. Gracias a sus políticas de austeridad estamos en los niveles más altos de listas de espera. Por tanto, así es como realmente han construido un puente entre su Real Decreto 16/2012 y esta ley. Es la guinda al pastel de sus políticas sanitarias, una tarta muy amarga para los ciudadanos.

La diferencia entre estar asegurado y tener un trabajo y no tenerlo y ser un pensionista o alguien sin seguro se producirá con el tiempo, porque, a medida que aumenten las trabas burocráticas del sistema sanitario público —algo que ustedes no piensan remediar—, los pacientes se seguirán derivando hacia las mutuas para poder efectuar diagnósticos y avanzar en los tratamientos. Y así es como se llega, poco a poco y con los años, a una sanidad realmente dual; por todo lo expuesto, tiene sentido este veto. También quiero manifestar que vamos a votar afirmativamente los vetos de los otros grupos.

Termino con un fragmento de un poema encontrado en las ruinas de Babilonia, junto a la puerta de Ishtar, y dice lo siguiente: «Y llegaron los tiempos oscuros en que todas nuestras conquistas fueron destruidas por las hordas de ciegos mercenarios al servicio del poder del dinero». ¿Les suena?

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, defiendo este veto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y permítanme que comience haciendo dos consideraciones previas: la primera es que este proyecto de ley que trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular es un mandato emanado de la Ley 27/2011 y fruto de lo que se había comentado en el Pacto de Toledo. Y lo que se comentó en el Pacto de Toledo sobre este asunto es que el Gobierno remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley




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negociado con los agentes sociales y consensuado políticamente con los partidos políticos, y subrayo ambas palabras: negociado con los agentes sociales y consensuado políticamente con los partidos políticos.

Y la segunda consideración es que estamos ante una ley importante, y basta con citar dos datos que aportaba la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, la señora Báñez, en el Congreso de los Diputados con motivo del debate de totalidad del proyecto de ley. En primer lugar, según ella, hay 15 millones de trabajadores cubiertos por las mutuas y, en segundo lugar, las mutuas gestionan cuotas de la Seguridad Social por más de 9000 millones de euros al año.

Señorías, con estos antecedentes que acabo de relatarles, es decir, teniendo en cuenta el mandato de negociación y consenso emanado del Pacto de Toledo sobre este asunto, la cantidad de trabajadores afectados —millones— y el monto económico de cuotas a la Seguridad Social —9000 millones de euros— el Partido Popular tenía la obligación de haber trabajado hasta la extenuación para buscar un consenso que, evidentemente, no ha buscado y, por supuesto, no ha encontrado. Ustedes me dirán que ha habido conversaciones con algunos sindicatos, es cierto, reuniones con algunas asociaciones, es verdad, pero han sido incapaces de alcanzar un pacto. También es verdad que no sé de qué nos extrañamos. Esto no es nuevo. Su política habitual es la de los hechos consumados, como hicieron también recientemente con el Decreto 5/2013. Por tanto, quisiera llegar a la primera conclusión. Ustedes, en el Partido Popular, han roto lo que desde el año 1995 era una tradición en las Cortes Generales, por cierto, una buena tradición, y es que todas las reformas de la Seguridad Social se hacían con amplio consenso, y eso ustedes lo han roto con esta ley.

Señora presidenta, señorías, podríamos preguntarnos, ¿es necesario que hagamos cambios en las mutuas? Sí, es necesario. ¿Hace falta que esta materia se actualice? Sí, hace falta actualizarla. Pero lamentablemente a esta Cámara llegó un proyecto de ley que incluía solo las aportaciones del Partido Popular. Por eso, hay 7 vetos que ahora han quedado en 6 y casi 200 enmiendas, 182. Es verdad que aquí en el Senado ha habido conversaciones y algunos acuerdos, fundamentalmente con PNV y con Convergència i Unió; y es que cuando hablamos de estas cosas, la derecha, sea española, catalana o vasca, se pone muy fácilmente de acuerdo, muy fácilmente, señorías. Por eso, con este mal proceder, lo que ustedes están haciendo aquí hoy es garantizar que esta reforma va a durar lo que dure su mayoría parlamentaria, es decir, un año, porque cuando haya otra mayoría parlamentaria es evidente que habrá que volver a reformar esta ley. Así lo anuncio y así lo comprometo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, con este veto, que defiendo en nombre de mi grupo, pedimos la devolución del proyecto de ley al Gobierno, pero reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Queremos y proponemos un diálogo sereno para alcanzar un consenso total, consenso social, consenso político y también consenso con las patronales, consenso total. Y proponemos el lugar para el encuentro, que no es otro que el Pacto de Toledo. ¿Qué queremos nosotros, los socialistas, de una Ley de mutuas? ¿Qué queremos de las mutuas? Fundamentalmente dos cosas, la primera, que se encarguen de su mayor activo y de lo que su propio nombre indica, de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales. ¿Y qué más queremos? Que se establezcan los máximos niveles de transparencia y de eficacia, porque es verdad que las mutuas son entidades privadas, pero manejan dinero público y forman parte del sistema público de la Seguridad Social, y como manejan dinero público debemos exigirles la máxima transparencia y la máxima eficacia en el uso y destino de estos recursos. Estas dos cosas queremos básicamente los socialistas de las mutuas y sobre esto estamos dispuestos a dialogar y a acordar.

¿Y qué es lo que no queremos de las mutuas los socialistas? Lo que no queremos, en primer lugar, bajo ningún concepto es lo que se esconde en el fondo de este proyecto de ley, que no es otra cosa que privatizar la sanidad pública, porque este y no otro, señorías, es el planteamiento y el objetivo de esta ley del Partido Popular y por eso nos tienen y nos van a tener enfrente. Con esta ley ustedes quieren hacer lo que los ciudadanos, los profesionales de la sanidad y los tribunales de Madrid les han impedido hacer, que no es otra cosa que privatizar la sanidad. Si la oposición ciudadana y política y la justicia les cierran a ustedes las puertas de la privatización, ustedes abren las ventanas de las mutuas para que, a través de ellas, entre lo privado en nuestro sistema público sanitario. Con esta ley, ustedes pretenden abrir el camino a que en el futuro las mutuas gestionen cualquier prestación de la Seguridad Social. Se trataría, en definitiva, de aplicar




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a la Seguridad Social la misma política que el Partido Popular ha aplicado a educación, sanidad y dependencia, es decir, recortar y destrozar la gestión pública para luego justificar su privatización. ¡Ya les conocemos, señorías del Partido Popular! Y esto para mi grupo, para los socialistas es una línea roja que no estamos dispuestos a traspasar bajo ningún concepto, porque para nosotros la sanidad pública sí que es una seña de identidad de este país, sí que es marca España de la buena, a pesar de los recortes del Partido Popular en esta legislatura. Por cierto, señorías, por eso queremos blindarlas como un derecho en nuestra propuesta de reforma constitucional, para que nadie nunca, jamás, haga negocio privado con ella, porque con la salud de los españoles no se juega, señorías, del Partido Popular.

En segundo lugar, lo que tampoco queremos, ni compartimos en absoluto, es la desconfianza que este proyecto de ley del Partido Popular muestra hacia el médico de familia, hacia el médico de cabecera, y lo han apuntado también varios de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Cómo es posible que el médico de cabecera, el que conoce al paciente como nadie, le dé la baja hoy y mañana el médico de la mutua pueda decidir que se le puede dar el alta a ese enfermo? ¿Cómo es posible, señorías? Ustedes no solo quieren utilizar las mutuas como policía de los trabajadores, es que además ponen en cuestión, por desconfianza, el papel del médico de familia, que es un papel incuestionable dentro del sistema público de salud, tan incuestionable y tan bien apreciado por los ciudadanos que es dentro del sistema general de la Seguridad Social y de la sanidad el estamento más apreciado por los españoles. Por cierto, una cuestión que deberían aclararnos, los ciudadanos tenemos el médico de familia en la puerta de casa, en nuestro barrio o en nuestro pueblo y las mutuas tienen sus sedes a nivel regional, provincial o, como mucho, comarcal. ¿Quién va a pagar los desplazamientos de estos trabajadores? Espero su respuesta, señorías, del Partido Popular.

Y aún hay más, y a nuestro juicio grave, un trabajador no puede elegir su mutua, pero, como ustedes saben, sí podemos elegir a nuestro médico de familia, es decir, no solo privatizan, no solo generan desconfianza hacia el médico de primaria, sino que de un plumazo eliminan un derecho que hoy tenemos los ciudadanos y trabajadores de este país, como es el derecho a elegir quién queremos que sea la persona que se ocupe de nuestra salud, y de rebote el sistema de salud —y esto es tremendamente grave— pasará a estar compuesto por dos subsistemas: uno con carácter general, al que el Partido Popular no para de recortar, podar y privatizar allí donde gobierna y otro subsistema de atención a los trabajadores que se encuentran en incapacidad temporal, que estará gestionado por las mutuas, donde se prioriza la atención frente a los demás colectivos, pero no con el fin de mejorar la salud de los trabajadores, ojalá, sino con la única finalidad de reducir a toda costa el gasto de las prestaciones de la Seguridad Social, y esto, señorías, es un escándalo, porque ustedes priman la reducción del gasto antes que la salud de los trabajadores, olvidando, además, de forma injusta que son estos trabajadores cotizantes de la Seguridad Social.

Hay una tercera cuestión, señorías, que no compartimos y lo mejor es poner un ejemplo para visualizarlo. Supongamos el caso de un trabajador de una empresa de mi tierra, de La Rioja, y que el empresario elija, por ejemplo, a una mutua gallega que no tenga en La Rioja representación. Está claro que esta mutua va a subcontratar los servicios 1, 2, 3, 4 o las veces que haga falta y la pregunta es: ¿quién vigila que ese trabajador reciba un servicio de calidad? ¿Quién vigila la subcontrata? ¿Se lo digo yo? Nadie. Y está claro que con estas prácticas se va a resentir y mucho la calidad del servicio sanitario que está recibiendo ese trabajador y esto, evidentemente, tampoco lo podemos compartir.

Por estas razones, señorías, tanto de forma como de fondo, por la incapacidad del Partido Popular para consensuar algo tan importante para el país como es esta ley, mi grupo presenta el veto a este proyecto de ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los participantes en este proyecto de ley por sus aportaciones y por el diálogo que se ha mantenido.




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El proyecto de ley que hoy se trae a esta Cámara da cumplimiento al programa nacional de reformas que se ha propuesto el Gobierno durante el año 2014, destinadas, como saben muy bien, a que se conforme un modelo de protección más eficaz, más cercano y, sobre todo, más útil a todos los ciudadanos. El proyecto que hoy se trae aquí prevé una nueva regulación de las mutuas de accidentes de trabajo con el fin de modernizar su funcionamiento y su gestión, reforzando además los niveles de trasparencia y eficiencia y contribuyendo con ello a mejorar la sostenibilidad en el sistema de la Seguridad Social, que ya está protegido por el artículo 41 de nuestra Constitución.

Con este proyecto de ley que hoy se trae a esta Cámara las mutuas pasan a denominarse mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En este sentido, hay que señalar que las mutuas, durante más de cinco décadas, han estado colaborando activamente en la gestión pública con la Seguridad Social. En este tiempo también ha quedado muy bien acreditado su papel porque incluso en tiempos de crisis ha resultado positivo.

Es cierto que se ha puesto de manifiesto que hay que actualizar y modernizar el servicio que prestan. Por ello, este proyecto de ley trata de hacer un programa más moderno, un programa más eficaz y un programa más fluido. De lo que se trata es de mejorar y dar soluciones para suplir las deficiencias que se han detectado por el propio Tribunal de Cuentas en este sistema de mutuas. Es un proyecto de ley que, en contra de lo que dicen los senadores de los diferentes grupos políticos, ha sido ampliamente consensuado —ya lo fue en el Congreso—, ampliamente hablado porque se ha mantenido un gran diálogo con los diferentes agentes sociales, con el sector sanitario, con el sector sindical y, por supuesto, con las asociaciones de autónomos y con el sector de la discapacidad. Es un proyecto que se mejora aquí, en el Senado, que se consensua; se han transaccionado más de 7 enmiendas y, como consecuencia de ello, se retira uno de los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Vasco.

Es cierto, señor Martínez-Aldama, que se trata de una reforma que viene como consecuencia del mandato de la Ley de 2011, pero también es cierto que es un compromiso que el Gobierno del Partido Popular tenía en su plan nacional de reformas del año 2014. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a dar su apoyo a esta ley, porque entendemos que es obligado que las normas sirvan lo más eficazmente posible a los ciudadanos; porque hablamos de recursos públicos que, además, afectan al corazón de nuestro sistema de bienestar, al sistema de la Seguridad Social; porque hablamos de recursos que afectan a la salud de los españoles; porque tenemos la convicción de que podemos hacer más y mejor también en el ámbito de la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social; y porque entendemos que es una reforma importantísima —en eso coincido con el resto de los compañeros que me han precedido— porque está pensada para casi 15 millones de trabajadores que actualmente se encuentran cubiertos por estas entidades. Es una reforma que, además, también está pensada para los potenciales trabajadores que pueden verse afectados por una incapacidad temporal y que van a verse beneficiados por una mejor atención, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento y simplificación en los procesos. De estos 15 millones de trabajadores a quienes les afecta esta reforma, 13 están protegidos por contingencias profesionales, 12 millones de trabajadores están protegidos por contingencias comunes y más de 625 000 autónomos cotizan por el cese de actividad. Estos datos por sí solos son suficientemente indicativos de la importancia que tienen hoy las mutuas en nuestro sistema y de la cantidad de personas que reciben y a las que van dirigidas sus servicios.

Por eso, señorías, la reforma que hoy debatimos beneficia a los trabajadores, beneficia a las empresas y beneficia a todo el Sistema de la Seguridad Social. Esta reforma contiene y consigue un importante conjunto de prestaciones del sistema, no solamente la incapacidad temporal y el cese de actividad, prestaciones tan relevantes como la protección de incapacidad temporal por contingencias comunes, la prestación del cese de actividad por los trabajadores autónomos, la prestación económica derivada del riesgo de embarazo o durante la lactancia y la prestación por cuidado de hijos con cáncer o alguna enfermedad grave. Por tanto, señorías, son cuestiones muy sensibles, muy importantes que conforman una parte fundamental de nuestro modelo de protección, que debemos y podemos preservar.

A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos: 3 del Grupo Parlamentario Mixto, 2 de Entesa y 1 del Grupo Parlamentario Socialista. Voy a intentar explicar por qué mi grupo los va a rechazar. Las razones que han esgrimido en la presentación de estos vetos han sido: en primer




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lugar, la falta de consenso de todos los senadores de los grupos de la oposición, que han ido señalando en sus intervenciones. Diré a este respecto que el Gobierno ha mantenido muchísimas reuniones con los diferentes interlocutores sociales, que el diálogo social ha existido, y mucho; que ha habido diálogo, como he dicho anteriormente, con los autónomos, con el sector de la discapacidad, con el sector sanitario y con los sindicatos.

Señorías, en este proyecto de ley se tratan cuestiones tan importantes como el cese de la actividad en los autónomos. Se ha mantenido un diálogo intenso con muchos grupos de esta Cámara y con las organizaciones de autónomos para mejorar una prestación que para ellos, en muchos casos, era inalcanzable —porque solo un 20 % de ellos podía optar a tener ese cese de actividad— porque no cumplían los requisitos tan rígidos que establecía la ley socialista. Con este proyecto de ley lo que se hace es flexibilizar el cumplimiento de estos requisitos que hasta ahora se exigían y que hacían —repito— esa prestación inalcanzable. Además, se configura como voluntaria la prestación y se desliga totalmente de la cotización por contingencias profesionales. Y también se establece ser voluntaria, que implica una mayor capacidad de elección por el trabajador autónomo. Señorías, como he dicho, son 625 000 autónomos los que están cotizando por este tipo de prestación.

En segundo lugar, la reforma permite algo tan importante como los nuevos usos de los fondos excedentarios, es decir, se pueden dedicar a actividades de I+D para mejorar los tratamientos terapéuticos, quirúrgicos y rehabilitadores de patologías relacionadas con los accidentes de trabajo y también, por ejemplo, con la recolocación de personas con discapacidad.

Señorías, las mutuas pueden hacer más en la labor de adaptación de los puestos de trabajo para aquellas personas que tienen una discapacidad sobrevenida como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Este proyecto de ley abre esa posibilidad, y, señorías, esa posibilidad ha nacido precisamente del diálogo y de la colaboración con el sector de la discapacidad. Fíjense si ha habido diálogo con los diferentes agentes sociales.

También se ha hecho referencia, para justificar la presentación de los vetos, a la naturaleza privada de las mutuas y a la realización de funciones públicas, utilizando para ello recursos públicos. Pues bien, en este proyecto se indica con claridad qué es la organización, el continente —que es privado—, y qué es el contenido, que es público. Con este proyecto de ley se da coherencia a esa dualidad, además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 2011, porque permite que el sector privado participe en la gestión de la cosa pública pero reservándose el Estado la titularidad de sus prestaciones y de sus recursos.

Asimismo, en las propuestas de veto se habla de un avance en la externalización de las funciones propias de la Seguridad Social a las mutuas como entidades colaboradoras y de un avance en la privatización de la sanidad. Señorías, nada más lejos del contenido de este proyecto de ley. Las mutuas no han venido asumiendo ni con este proyecto de ley mayores contingencias que las que ya tenían. Lo que hace este proyecto de ley es clarificar qué funciones tienen las mutuas, qué funciones desarrollan y qué funciones se derivan de las contingencias profesionales y cuáles de las comunes. La gestión de todas estas atribuciones que se establecen como nuevas en este proyecto de ley ya venían atribuidas anteriormente. Así, la gestión de la prestación económica por IT, derivada de contingencias comunes, se estableció en el año 1993, la gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia se estableció y se atribuyó a las mutuas en el año 2007, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos se atribuyó a las mutuas en el año 2010, la gestión de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer se atribuyó en el año 2011. Señorías, curiosamente, todas ellas son leyes promulgadas durante el mandato del Gobierno Socialista. En ningún caso se atribuye ninguna competencia nueva en este proyecto de ley que no estuviese atribuida anteriormente, y es curioso, por gobiernos de izquierdas como ellos se denominan. Son precisamente los gobiernos de derechas los que tienen que hacer una mejor redistribución y una mejor fijación de las funciones de las mutuas para saber qué corresponde a las mutuas y qué a la sanidad pública.

Se alude también en las propuestas de veto a las características privatizadoras de las mutuas desde la perspectiva de su funcionamiento interno. Señorías, también es absolutamente incierto lo manifestado en sus propuestas de veto. Con este proyecto de ley es la primera vez que se va a regular la figura del presidente y de sus funciones; es la primera vez que se reserva un cupo del 30 % en las juntas directas a las empresas de mayor dimensión; es la primera vez también que




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se incorpora a los representantes de los trabajadores autónomos en los órganos cuya actividad afecta a sus intereses, como son la comisión de control y seguimiento y la comisión de prestaciones especiales; se regula por vez primera el derecho de los asociados a impugnar los acuerdos de la junta general. Con ello se cubre además una laguna legal existente y se mejoran los derechos de los empresarios asociados. Se regula también la responsabilidad directa de los directivos o de la mutua por los actos lesivos, así como las distintas clases de responsabilidad, directa o subsidiaria.

En contra de lo señalado en las propuestas de veto, el proyecto supone una sustancial mejora respecto de la actual regulación.

El proyecto deriva la relación jurídica que vincula a los empleados con las mutuas a las normas del derecho del trabajo. También se fijan las retribuciones de los directivos, porque, señorías, con la anterior ley socialista se habían limitado las retribuciones básicas de los gerentes, pero no las retribuciones complementarias, lo que supuso que durante su vigencia hubiese directivos que cobrasen más de 200 000 euros. En este proyecto de ley realmente se pone una limitación a esas retribuciones y se prohíbe que con cargo a los recursos públicos se puedan satisfacer indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral que superen las establecidas en las disposiciones legales. Además, es la primera vez que se prohíbe que los directivos puedan realizar contratos con las mutuas, incompatibilizando su participación en el órgano de contratación, a ellos y a sus familiares hasta el cuarto grado. De esta forma, se procura que los cargos no utilicen su posición en beneficio propio o mantengan intereses contrapuestos con los fines de la mutua.

Señorías, estas medidas no son sino una trasposición de los principios de transparencia y de buen gobierno que el Gobierno del Partido Popular ha materializado en la Ley de 9 de diciembre de 2013. Esto no lo hizo el Partido Socialista, señorías. Es una ley que aumenta la transparencia porque va a haber otra vez memorias —que fueron quitadas por el Partido Socialista—, porque va a haber responsabilidades para todos los directivos —cosa que no hizo el Partido Socialista—. Es una ley en la que por primera vez se limitan de verdad las retribuciones de los directivos de la mutua. Es una ley que va a tener un mayor control y una absoluta transparencia, y eso no lo digo yo, señorías, sino el propio informe del Tribunal de Cuentas. Dice que esta normativa va a mejorar considerablemente el control de las retribuciones e indemnizaciones. Y también ha valorado el régimen de prohibiciones e incompatibilidades. Ha dicho el Tribunal de Cuentas que en el año 2009 ya recomendaba este régimen de incompatibilidades porque decía que había muchos incumplimientos en él y que no se había incoado expediente alguno. Y todo ello gobernando, señorías, el Partido Socialista. Por tanto, es una ley que va a establecer un mayor control, una mejora en la gobernanza y una mejor transparencia en los órganos de gestión. Y yo les pregunto, señorías: ¿Por qué les molesta tanto, por qué están en contra de este proyecto de ley? ¿A alguien le puede molestar que haya un mayor control, una mayor transparencia en los órganos de gestión de las mutuas?

Por último he de decir que se ha cuestionado mucho que la mutua vaya a revisar al médico de familia, sobre lo que se ha hablado. Es totalmente incierto. La última palabra, como recoge el proyecto de ley, la va a tener el médico de familia, el sistema sanitario público. No se invade en absoluto el ámbito funcional de los servicios públicos de salud. La capacidad de decisión sobre el alta de un trabajador la tendrá siempre un médico del sistema público de salud. Lo que se va a mejorar y a acortar son los plazos administrativos para que el trabajador, además de estar padeciendo una enfermedad, no tenga que estar sufriendo las ineficiencias del sistema administrativo, las de la burocracia, en definitiva, la amplitud de los plazos que ahora tenemos.

Lo que se persigue con este proyecto de ley es potenciar la recuperación de los enfermos y evitar que padezcan las deficiencias de la Administración. Por eso se mejoran y se elevan los niveles de eficacia y de transparencia en la propuesta de alta médica.

El servicio público de salud no se encuentra mermado, va a seguir emitiendo los partes de alta. Además, cuando se dé un parte de alta, se le va a comunicar al trabajador simultáneamente, con lo que, en definitiva, va a ser el sistema sanitario público español el que va a tener la última palabra sobre si corresponde o no esa alta. Por tanto, en absoluto se privatiza ni se merman las funciones del sistema sanitario público español.

Señorías, este proyecto de ley —estoy firmemente convencida y así lo cree el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por eso vamos a darle nuestro apoyo— implica más transparencia, que es lo que nos está demandando en estos momentos la sociedad, pero no una




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merma en las competencias de las comunidades autónomas como algunos grupos manifiestan en sus propuestas de veto, porque esta ley se está refiriendo a la realización de actividades preventivas de la Seguridad Social. En la regulación de este tipo de actividades preventivas ya se tienen en cuenta las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, y así está ya previsto en el artículo 68 del proyecto.

Repito que es un proyecto que va a implicar un mayor control en la gobernanza de las mutuas, una mayor transparencia y una optimización de los recursos públicos, que creemos es lo que en este momento nos está demandando la sociedad.

Este proyecto de ley va a traer también un mayor control en la reserva de las mutuas, cuyos topes, lamentablemente, eliminó el Partido Socialista en el año 2011, con lo cual, las reservas de las mutuas empezaron a crecer de forma consistente con miles de millones. Ese exceso se va a corregir para que esas reservas vayan al Sistema de la Seguridad Social y así poder pagar las pensiones de nuestros pensionistas, para poder apoyarlos de una vez por todas y en justicia, así como a los autónomos.

Por lo tanto, es un proyecto de ley que significa más apoyo a los pensionistas, más apoyo a los autónomos, que gestiona más y mejor nuestros recursos públicos y que apuesta decididamente por la sostenibilidad de nuestro Sistema de Seguridad Social, por la salud de los españoles y por que tengamos un sistema con mejores y mayores prestaciones, con mayor cobertura, con mejor calidad y con un uso más eficaz de los recursos públicos.

Por eso, señorías, yo les pediría el voto favorable al proyecto de ley que estamos debatiendo en esta Cámara y que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, desde luego va a apoyar. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Se preguntaba la portavoz del Grupo Popular qué nos molesta de esta ley. Lo que nos molesta de la ley ya se lo hemos explicado en el veto, pero, además, nos molesta, y de forma notable, por no decir otra cosa, escucharle a usted afirmaciones como «la burocracia de la Administración» cuestionando los servicios públicos. A una le vienen ganas de decir aquello de l’últim que apagui el llum, o tanqui el llum; o llençi la clau al riu i fotem el camp. Realmente, después de escucharla a usted cuestionando los servicios públicos, lo público, no sé qué estamos haciendo todos aquí, en esta Cámara parlamentaria.

Le diré unas cuantas cositas a ver si así termina entendiendo por qué no nos gusta este proyecto de ley. Usted afirma: modernidad, eficacia y madurez. Esquerra Republicana entiende que este debería ser el objetivo que ustedes persiguieran para que el Sistema público de la Seguridad Social fuese así. Ustedes ponen todas las esperanzas y la capacidad de decidir sobre las mutuas, o, en todo caso, en que la tengan las mutuas, es decir, que ejerzan funciones públicas, cuando, como decíamos también en el veto, su gestión es principalmente privada. Expliquen en qué beneficia a los trabajadores esta ley. Explíquenlo. Expliquen detalladamente en qué beneficia a los trabajadores. Digan cómo mejorará la funcionalidad y la sostenibilidad de la Seguridad Social. Explíquenlo de forma detallada. Explíquenlo de verdad. Digan cómo beneficia al sistema público de salud este proyecto de ley.

Para ustedes consensuar debe de ser esto de transaccionar enmiendas —por cierto, 7; creo que han sido ustedes muy generosos—, y la mayoría de ellas, las más importantes, van referidas a las retribuciones de los altos cargos de las mutuas —para que no sean controlados por el sector público— y a la limitación de ciertas responsabilidades.

En definitiva, repito, robo al patrimonio colectivo, al Estado social, a los derechos conquistados y a los recursos públicos que se derivarán del sector público al sector privado. Se pretende, por tanto, generar beneficios a costa de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, no votaremos favorablemente este proyecto de ley.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Iglesias.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Resulta difícil que el discurso del consenso tenga credibilidad cuando hace aproximadamente dos horas y media hemos votado unos presupuestos a los que los grupos de la oposición habían formulado prácticamente 4000 enmiendas, de las cuales, una fue asumida en comisión, otra fue asumida en plenario y sobre una tercera se realizó una transaccional —3970 enmiendas creo recordar— y que dieron lugar a que dos prosperaran en su literalidad y una sirviera de base para acuerdo.

Lo que nos molesta de este proyecto de ley es que, una vez más, se avanza en el proceso de desmontar lo público para abrir nuevas oportunidades de negocio a la iniciativa privada, y además en una materia especialmente sensible: la protección de los trabajadores.

Se reformó la Ley de pensiones públicas para propiciar que los ciudadanos asumieran la idea de que el sistema no les iba a garantizar una pensión suficiente y que, por lo tanto, debían acudir —aquellos que pudieran— a planes privados de pensiones. Se han desarrollado iniciativas de ajuste y de recorte en la sanidad pública que han tenido como traslación, como correlato, un incremento de los seguros privados de atención sanitaria. Y ahora, de nuevo, se plantea una reforma en el mismo ámbito, específicamente en el relativo a la salud de los trabajadores, para que la capacidad de desarrollar esta función por las entidades públicas se vea reducida, propiciando y favoreciendo que el ámbito de la iniciativa privada se incremente, insisto, desde la propia denominación de la ley —lo expresé en la defensa del veto—. Vuelvo a decir, y lamento ser aburrido: esta reforma es coherente con las demás reformas que pretenden encoger lo público, encoger el Estado para que haya más espacio, más terreno para la iniciativa privada —y les reconoceré siempre esa coherencia—.

La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha dicho que con esta ley la última palabra la seguirán teniendo los médicos del Sistema Nacional de Salud. La seguirán teniendo mientras la inspección médica resista la presión que tendrá de las mutuas y de sus médicos.

Y no es cierto que con ello se reduzca la burocracia, todo lo contrario, aumentamos la burocracia. Si antes teníamos un médico, el del centro de salud que controlaba la evolución de su trabajador/paciente y le daba el alta cuando lo consideraba oportuno, ahora vamos a tener dos médicos y probablemente la inspección médica; o sea, tres. Eso no es reducir la burocracia, eso es aumentarla: papeles para acá, propuesta de alta a la inspección médica, papel para allá, informe del médico de cabecera, vuelta a la inspección, respuesta a la mutua. Eso es más burocracia que la que hay en este momento.

Y con el tratamiento que ustedes dan a las enmiendas, también queda muy clara la orientación política del proyecto de ley. Rechazan ustedes todas las enmiendas que pretenden reducir, o al menos acotar, la posibilidad de que las mutuas concierten con la sanidad privada la prestación del servicio correspondiente, todas esas las van a rechazar. Aceptan por contra, transaccionan una reducción de las limitaciones a la remuneración de los gestores de estas entidades, que, además, fue una de las preocupaciones de este proyecto desde el principio. Yo no lo entiendo, bueno, por supuesto que lo entiendo, pero creo que es una incoherencia que renuncien a una de las motivaciones de este proyecto, que era vamos a poner orden a la vista de que se ha producido un desmadre en la gestión de las mutuas, vamos a poner orden en una parte de ese desmadre, en las remuneraciones desmedidas de los gestores. Esa es la enmienda transaccional que ustedes están dispuestos a asumir.

Por lo tanto, no veo ningún motivo para retirar el veto que hemos formulado, y me ratifico en todos y cada uno de los argumentos que allí se expresan y en los que he tenido la oportunidad de explicar a algunas de sus señorías hace poco más de tres cuartos de hora.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Mi grupo parlamentario inicialmente planteó un veto a este proyecto de ley, que luego ha procedido a retirar después del trámite que se ha seguido tanto en el Congreso como aquí en el Senado. En mi intervención pretendo justificar precisamente por qué hemos hecho eso.




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Lejos de las acusaciones que nos han lanzado algunos de los portavoces en el sentido de que prácticamente es una especie de claudicación respecto de no sé qué tipo de connivencia ideológica de los partidos de derechos, nuestra posición es mucho más sencilla y mucho más simple, y además entiendo que va a ser compartida perfectamente por ustedes. Y es que si realmente ustedes tuviesen intención de acabar con el sistema de mutuas —que es algo que parece que les duele porque entienden que afecta o que usurpa recursos públicos—, nada más sencillo que dejar este proyecto de ley tal cual salió de las páginas del Gobierno, no haber hecho nada, no haber enmendado, no haber presentado vetos, porque yo les aseguro que, tal y como salió este proyecto de ley del Gobierno, este proyecto habría acabado con las mutuas, habría acabado con el sector, un sector en el que también hay trabajadores, un sector económicamente importante, y lo que yo vengo a decir: un sector que se ha demostrado eficiente. Y precisamente por esa eficiencia que ha demostrado el sector a la hora de gestionar las contingencias que le han ido dando los sucesivos Gobiernos socialistas a lo largo de los tiempos, es por lo que nos parece que es suficientemente importante como para presentar un veto: porque entendemos que la pervivencia del sector es fundamental para una mejor protección concretamente de los trabajadores, sí, señor, no por la pervivencia del sector como tal, sino porque entendemos que es un sector que se ha demostrado eficaz a la hora de hacer frente a las prestaciones y a las contingencias de los trabajadores, concretamente de las de accidente.

Y ante esa tesitura nosotros planteamos un veto y dijimos: No, porque queremos que perviva el sector de las mutuas, porque entendemos que están haciendo un buen trabajo, porque el nivel de satisfacción de los trabajadores —no ya de los empresarios, no ya de los Gobiernos— con respecto de las mutuas es altísimo: cero días en lista de espera, cero, el límite más bajo de litigiosidad que existe, al que la salud pública por desgracia no llega. Es decir, vamos a quitarnos estas vendas ideológicas que utilizamos para analizar las cuestiones en términos de público versus privado, como si no fuesen compatibles y como si no hubiese una posibilidad de colaboración entre ellos, y vamos a plantearnos las cuestiones con mucho más rigor.

Algo que tendríamos que aprender todos los que tenemos responsabilidad pública, por ejemplo, en la gestión pública: ¿por qué hay menos litigiosidad y menores listas de espera y hay mayor grado de satisfacción en la gestión que están haciendo las mutuas de las contingencias que ellos están cubriendo que las que se hacen desde la sanidad pública? ¿Quizás tenga algo que ver el hecho de que las mutuas, en el caso de accidentes de trabajo, al día siguiente de tener un accidente estés ya donde un especialista, y si vas al sistema público de seguridad te puedes encontrar con una lista de espera, y que hasta que te hacen un escáner o hasta que te hacen una radiografía tengas que estar esperando durante un mes? ¿Eso no es algo de lo que todos podríamos aprender?

Si el que está pagando la contingencia es el que está organizando también la asistencia que se está dando a esa persona, es más probable que se ponga las pilas a la hora de dar a esa persona las pruebas diagnósticas que necesita. Desde la Administración pública, el médico de cabecera te da un volante para que tú vayas a hacerte un escáner para ver de qué te viene la dolencia, y puede que pase un mes hasta que tú te hagas ese escáner, un mes en el que se está pagando una contingencia no ya por el sistema de salud, sino por la Tesorería de la Seguridad Social, por otro ámbito. Si unificamos —y lo hablo como una buena práctica— ambas responsabilidades es probable que el sistema se vuelva más eficiente.

No veamos única y exclusivamente las mutuas como las malas de la película que están gestionando fondos públicos; el 80 % del remanente que les queda a las mutuas después de gestionar todas esas cotizaciones vuelve otra vez a la Tesorería de la Seguridad Social y con el 20 % restante cubren unos gastos de gestión, y el 10 % restante va a un fondo de solidaridad entre las propias mutuas para hacer frente a las indemnizaciones más grandes. O sea, vamos a hablar con cierto rigor.

La ley, tal y como venía del Partido Socialista, lo que hacía era publicitar completamente el sistema de mutuas. Les estaba negando, primero, la capacidad de controlar su propio funcionamiento, 36 competencias de gestión ordinaria, de gastos de administración, quedaban en manos así del Ministerio de Empleo o de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Se va a modificar, gracias a aquellas enmiendas que hemos estado negociando nosotros como grupo parlamentario, que no se hable de entidades colaboradoras de la Seguridad Social sino de




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entidades colaboradoras con la Seguridad Social, precisamente para garantizar el carácter privado que las reconoce la ley pero que en la práctica les niega. ¿Qué incentivos va a tener para una empresa? Les recuerdo que el 98 % de las empresas están voluntariamente adscritas al sistema de mutuas y no al de Seguridad Social. Igual nos tendríamos que plantear, como gestores públicos —sin hacer discursos demagógicos de si acortan las bajas o dejan de acortarlas ni nada de eso—, por qué las empresas prefieren el sistema de mutuas y no el sistema de la Seguridad Social. Quizás la reflexión debería ir también por ahí.

El proyecto de ley, tal y como estaba redactado, si no hubiésemos intervenido los grupos parlamentarios que hemos estado intentando negociar la pervivencia del propio sistema de mutuas, y tal y como y lo traía el Partido Popular, se estaba convirtiendo en el sistema menos atractivo para las empresas, porque se las estaba haciendo responsables de los resultados, hipotéticamente fraudulentos, en cuanto a una gestión que no van a poder ya controlar, ni las propias empresas que forman parte de las mutuas ni los sindicatos ni los trabajadores que también están en sus órganos de gestión. Y si realmente se quiere ahogar a unas mutuas, que se haga un proyecto de ley que lo diga: se acaba el sistema privado de las mutuas; vamos a pasar a un sistema público puro. Pues muy bien, pero pongamos las cartas sobre la mesa. Lo que no se puede es intentar acabar con un sector por el mal funcionamiento, por la mala gestión o por la dejadez de los sucesivos gobiernos que han sido los encargados de la tutela y del control del ejercicio de las mutuas, porque hayan sido negligentes a la hora de establecer ese control, porque haya habido mutuas que, efectivamente, hayan hecho cosas que estaban fuera de la legalidad y de la ética, y que el resto de las mutuas, grandes y pequeñas, acaben pagando el pato. Eso es lo que nosotros no vemos.

Y tiene toda la razón, aunque me cuesta admitirlo, porque curiosamente el Partido Socialista está diciendo lo contrario de lo que ha estado diciendo siempre, reconociendo el buen funcionamiento de las mutuas, que es por lo que los sucesivos gobiernos socialistas les dieron mayores competencias y la gestión de mayores contingencias. ¿O es que todos tenemos la memoria corta? Y ustedes, señores del Partido Popular, están haciendo ahora todo lo contrario, la politización de las mutuas, de lo que estaban diciendo en la reforma del año 2007.

Por lo tanto, vamos a dejarnos de discursos de derechas y de izquierdas, ideológicos o no ideológicos, y a hablar las cosas claras. Quien no quiera un sistema de mutuas, que lo diga y que lo haga a las claras, no intentando hacer de las mutuas un sistema público sujeto al control público pero a la responsabilidad privada, porque eso es una auténtica chapuza que lo único que va a conseguir es acabar con el sector.

La retirada de nuestro veto es por eso, porque entendemos que el proyecto de ley, hoy, después de las enmiendas transaccionales que se van a incorporar, va a ser mucho mejor que el que salió del Gobierno, porque ese sí que era un proyecto de ley que acababa con el sector de mutuas, con lo que esto supone. He dicho.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Es un poco difícil hacer este turno de portavoces porque para la portavoz del Grupo Popular todo va bien, todo irá perfecto y todo va mejor. Si todo va bien, todo irá perfecto y todo va mejor, es como si usted quisiera discutir y que yo diga: no, todo va mal, todo irá peor y esta ley no sirve para nada. No hay debate. Es pura retórica o afirmaciones a partir de la —imagino— fe inquebrantable que usted tiene en su Gobierno, en este ministerio y en este proyecto de ley.

Lo primero que me llama la atención es que para ustedes, ahora, el absentismo ya no existe; estaba presente en todos los medios de comunicación cuando la ministra presentó este proyecto de ley y desaparece en el debate político parlamentario. Discutamos sobre el absentismo y si realmente el absentismo puede justificar este proyecto de ley.

En segundo lugar, yo puedo entender que ustedes tienen la mayor disponibilidad hacia el diálogo y el consenso. Pero permitan que seamos los interlocutores los que digamos si ha habido diálogo o consenso: diálogo parlamentario, insuficiente; diálogo social, insuficiente. ¿Y eso quién se lo dice? Pues los protagonistas: se lo han dicho Comisiones Obreras, UGT, PSOE, Entesa Catalana pel Progrés, Izquierda Unida y Esquerra Republicana. A lo mejor el PNV no se lo ha




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dicho, porque ha encontrado el diálogo y el consenso necesario para retirar su veto. Pero, claro, no hable en nuestro nombre. En mi intervención inicial he dicho que se han dado pasos hacia delante, que ha habido acuerdos, pero no respecto al diálogo exigible en una cuestión tan importante. Y permítame hacer unas concreciones. La población afiliada a la Seguridad Social con cobertura por accidentes de trabajo es de 13,4 millones de personas, no de 15 millones. Y de estos 13,4 millones, 12 millones tienen la cobertura precisa; un 3 % menos que en 2012.

Por último, ¿que ustedes fijan las limitaciones de las retribuciones? Señoría, no. Si usted se lee la transaccional que han pactado con el PNV, con Convergència i Unió y con UPN verá que el proyecto que nos viene del Congreso es papel mojado, porque ustedes han pactado una transaccional que vuelve a abrir el pastel de las retribuciones al director gerente y a los altos cargos de estas mutuas. Señoría, ¿usted cree que el control de las mutuas durante el periodo 1996-2004 fue mejor que durante el periodo de Gobierno 2004-2011? No. Los escándalos en el periodo 1996-2004, cuando ustedes gobernaron, se sucedieron y, en algunos casos, se repitieron.

El senador Saura y yo creíamos que la presentación de este proyecto de ley era el momento adecuado para abordar el debate de las mutuas. La senadora Martínez decía: hay que ser claros. Pues seremos muy claros. Para nosotros, las mutuas —y esto justifica las enmiendas que hemos presentado— deberían reducir su papel y sus funciones a la prestación por contingencias profesionales: accidentes laborales y enfermedades profesionales. El resto, debería estar en manos del sistema público sanitario.

En cuanto a las altas, si usted lee el proyecto de ley verá que cuando la inspección médica diga que no a una petición de alta, la mutua puede apelar al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. Por ello, nosotros nos preguntábamos en el veto: ¿Quién está por encima del médico de familia y quién por encima de la inspección médica del servicio público sanitario para poder decidir si hay que dar un alta o no? En su ley, ustedes lo contestan: el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, algo que nosotros consideramos negativo pues creemos que debería ser el sistema público sanitario que, en definitiva, es el que en mejores condiciones está para dilucidar si se produce un alta o una baja.

La senadora Martínez afirmaba que las mutuas juegan un papel muy positivo, mucho mejor que el sistema público y que habría que pensárselo. Con 13,4 millones de personas con cobertura, casi 10 000 millones de euros que, transferidos de la Seguridad Social, se da a las mutuas: prestaciones reducidas para accidentes, enfermedades profesionales, incapacidad temporal por contingencias comunes, lactancia, embarazo, hijos con cáncer o enfermedades graves..., prorratee todos estos datos y trasládelos al sistema nacional público sanitario y verá cómo funciona: ¡Como un cohete! ¡Pero si es que al sistema sanitario público lo único que se le proyectan son recortes, cuando tiene que atender a una población mucho mayor y dar todo tipo de prestaciones! Por eso, no haga esa afirmación. Las mutuas no funcionan mejor que el sistema público. No es cierto. Las mutuas sirven más y mejor para mercantilizar la prestación de servicios públicos, para mercantilizar la defensa de la salud. Y las mutuas se han patrimonializado por parte de sus gestores. Y es por esto que nosotros intentamos reducir, controlar, incidir en esta patrimonialización; es por esto que nosotros exigimos la cobertura de riesgos por decisiones, la limitación de retribuciones. Y ustedes desmontan todo eso, lo que parecían victorias —perdonen lo de «victorias»—, lo que parecían avances producidos en el Congreso, en el Senado son retrocesos. Son retrocesos justificados de una manera muy preocupante a partir del guay del Paraguay del PP o de lo que hasta ahora he escuchado de la senadora del Partido Nacionalista Vasco.

Señorías, la experiencia en España es que siempre que se concierten servicios públicos con entidades privadas, sean de mutualidad laboral, sea en educación, sea en salud, hay una pulsión entre el interés privado y el interés público. La propuesta del senador Saura y mía es siempre tender a que los servicios públicos los gestionen entes públicos porque esta pulsión existe. Ya no hablo de problemas, de escándalos, etcétera, sino de una pulsión objetiva entre los intereses privados respecto a un servicio público.

Y por último, hay un dicho muy catalán, qui paga mana, y esto exige que ya que los trabajadores y los empresarios mediante sus cuotas pagan a las mutuas, pidamos y exijamos el máximo control de las mismas.

Gracias por su atención.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones).

No interviene. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar diciendo que el Partido Popular no ha respondido a ninguna de las preguntas que formulaba en la tribuna anteriormente. Por ejemplo no han respondido a por qué esta ley no ha llegado negociada y consensuada como proponía el Pacto de Toledo. ¿Por qué el Partido Popular rompe una tradición que viene de hace más de veinte años y que ha sido buena para el país en su conjunto? Y como no hay consenso, pasa lo que pasa; hay 6 vetos, uno que ha retirado el Partido Nacionalista Vasco al que luego me referiré, y casi 200 enmiendas porque no ha habido voluntad ni de diálogo ni de consenso. La segunda pregunta que está sin responder es quién va a pagar los desplazamientos de los trabajadores hasta la sede de las mutuas. La tercera pregunta es por qué esa desconfianza hacia el médico de primaria. Usted dice que él preserva la capacidad de dar el alta o no. Y yo pregunto por qué tiene que aguantar ese médico el marcaje del médico de una mutua, por qué razón, por qué esa desconfianza hacia el médico de familia que es el más valorado dentro del conjunto del sistema sanitario español. Son preguntas para las que tiene usted ahora una segunda ocasión de poder respondernos.

Señora Martínez, usted haga con su veto lo que le parezca oportuno, pero yo la he escuchado hablar a usted aquí y parecía más la portavoz de una mutua que la portavoz de un partido político. ¿Qué es eso de demagogia política de izquierda y derecha? Es que hay visión de izquierdas y visión de derechas, y la que usted tiene en torno a este proyecto de ley es una visión totalmente de derechas. Déjenos que tengamos una visión de izquierdas. Dice una locución latina excusatio non petita, accusatio manifesta; usted ha empleado diez minutos en atacar nuestra posición política para justificar, usted sabrá por qué, la razón de la retirada de su veto.

Y entremos en materia. Señor presidente, señorías, déjenme que les hable ahora de una cuestión importante, de un dato que creo que es revelador. España es un país donde las bajas por accidente laboral son el 1 %, mientras que en el entorno europeo la cifra se eleva al 5 %. ¿Quiere esto decir que en España trabajamos más seguros? No. ¿Quiere esto decir que nuestras condiciones de trabajo son mejores que en Europa? En absoluto, se lo garantizo. Lo que sucede en España, señorías, es que las mutuas están derivando bajas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la sanidad pública, con todo lo que eso conlleva. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los datos. De cada 100 euros que gastamos en bajas laborales, 10 son por accidentes de trabajo. Ahí está la prueba. ¿Alguien puede creer que esto sea así, que en España no hay enfermedades profesionales o que no hay accidentes laborales? ¡Claro que los hay! Y a esto es, a nuestro juicio, a lo que deben dedicarse las mutuas, por lo que no compartimos el proyecto de ley que ha traído aquí el Partido Popular.

Es verdad, y lo reconozco, senadora del Partido Popular, que un Gobierno Socialista transfirió a las mutuas el control económico de la incapacidad temporal, pero es que, ahora, ustedes les dan todo el control desde el primer día, y se lo dan con un objetivo que para más inri lo hacen explícito en su exposición de motivos. ¿Y saben qué pasa? Que igual que han conseguido que no haya accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ahora quieren con esta ley que tampoco haya enfermedad común. Este es el trasfondo de esta ley, que tampoco exista en España enfermedad común en nuestros trabajadores. Y, señorías del Partido Popular, para que no haya enfermedad común solo hay dos caminos y ambos, por cierto, muy malos para el trabajador, o se manda al trabajador a trabajar enfermo, cosa que es intolerable, o se le manda directamente al cementerio. Y contra esto, señorías, estamos los socialistas y están los trabajadores, se lo aseguro, por cierto muchos de los cuales a ustedes les votaron en el año 2011 y están más que arrepentidos de haberlo hecho.

Pero, señorías, lo más curioso de todo es que en la memoria que acompaña la ley nos ponen unos datos que reflejan que es más eficiente el INSS que las mutuas en el control de la incapacidad temporal. Ustedes mismos lo dicen en la memoria, señora Martínez, del PNV. Y digo yo que si lo dice la memoria del propio proyecto de ley, y si dice el Partido Popular que es más eficiente el INSS que las mutuas, ¿por qué hacen esta barbaridad de transferir a las mutuas la incapacidad




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temporal? ¿No ven que hay una enorme contradicción entre lo que dice la ley que van a hacer y la memoria que acompaña la ley que reconoce más eficiencia en el INSS? Díganlo alto y claro, señorías del Partido Popular. Ustedes lo que pretenden, lisa y llanamente, es que no haya bajas laborales y que los trabajadores vayan a trabajar aun estando enfermos. Y esto, en la España del siglo XXI, es intolerable. Claro que no sé de qué me extraño porque en el fondo estamos ante una decisión acorde con su filosofía política. Sí, la filosofía política de la derecha, que existe.

Para ustedes los parados son vagos que no quieren trabajar. ¿Recuerdan ese ¡que se jodan!, de Fabra, que aún se puede escuchar? Para ustedes los que cobran una prestación por desempleo son unos golfos defraudadores, y por eso los persiguen. Y para ustedes, con esta ley, los enfermos son unos mentirosos que se quejan por nada con tal de no ir a trabajar. Esa es la filosofía y el fondo de esta ley.

En conclusión, señorías del Partido Popular, ustedes ponen con esta ley la guinda a una serie de decisiones políticas que han tomado a lo largo de estos últimos años de Gobierno del Partido Popular. Con su política económica, los trabajadores sufren más paro y menos empleo. Con su reforma laboral los despiden más fácil, les bajan el sueldo y les empeoran sus condiciones de trabajo. Con sus recortes en prestaciones se recibe menos por el paro o les eliminan los subsidios. Y ahora, con la ley de mutuas, los quieren mandar a trabajar enfermos. Por eso, son ustedes, señorías del Partido Popular, no el partido de los trabajadores que decía Cospedal, sino el partido que más ha hecho en España en contra de los trabajadores españoles.

Por eso les digo y les auguro que a ustedes en el Gobierno les queda como a esta ley, tan solo un año.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora señora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Señora Capella, o no ha escuchado mi intervención o la ha malinterpretado, porque en absoluto he ido en contra del sistema público de salud, todo lo contrario: he dicho que es el que tiene la última palabra, que la mutua no controla el sistema público de salud y que es, en definitiva, el que tiene que dar el alta.

Señor Guillot, he de decirle que a usted le parecerá que no ha habido diálogo pero sí que lo ha habido, fruto del cual son las aportaciones que se producen en esta ley, como es el cese de la actividad de los autónomos o la recolocación de las personas con discapacidad que han podido sufrir como consecuencia de un accidente de trabajo, diálogo que se ha mantenido tanto con las asociaciones de empresarios como con el sector de la discapacidad, de la misma manera que el tema del alta ha sido fruto del diálogo con el sector sanitario. Le podrá gustar a usted más o menos, pero diálogo ha existido.

Al senador Martínez-Aldama, del Grupo Parlamentario Socialista, quiero decirle que le he contestado a todas sus preguntas, lo que pasa es que usted no ha escuchado mi intervención. Y le voy a lanzar otra pregunta: ¿por qué no hicieron ustedes lo que están pidiendo que haga ahora el Partido Popular cuando gobernaron durante ocho años en España? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? (Aplausos). Ustedes quitaron el tope del fondo de reserva, haciendo que las mutuas tuviesen miles y miles de millones de euros en dicho fondo, y nosotros lo que hacemos con esta ley es limitar esas reservas, que se ponga un tope, y que vayan al sistema de la Seguridad Social para garantizar el fondo de pensiones a nuestros pensionistas que, por cierto, fueron ustedes los que lo congelaron.

¿Quién ha hecho más en perjuicio de los trabajadores españoles? Ustedes, que congelaron las pensiones, que cuando estuvieron gobernando dejaron a España sumida en la más absoluta ruina, con más de 3,5 millones de parados. Por cierto, respecto a lo que ha dicho sobre los parados, no ha visto los datos del mes de noviembre, donde se puede comprobar que el Gobierno que más ha hecho para frenar el paro en España ha sido el Gobierno del Partido Popular, porque se ha incrementado el número de afiliados en más de 5000, cifras que no teníamos desde el año 2007. Le gustará a usted o no, pero las cifras son las que son (El señor Martínez-Aldama Sáenz: ¡Miente!) Entonces, ¿el ministerio miente? (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.




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La señora ROMERO BAÑÓN: Cuando el ministerio lanza sus dados, miente, pero el Gobierno del Partido Socialista no mentía, por eso cuando el gobierno del Partido Popular entró se encontró con un déficit que sobrepasaba el 9 %, con más de 16 000 millones de déficit en el sistema sanitario, y con un número de parados que no se correspondía con el que nos decían. Pero ustedes no mentían, mentimos nosotros. (Aplausos).

Señorías, centrándome en el proyecto de ley que ahora debatimos y que creemos que es importante porque supone más de 9000 millones de euros en cuotas, afecta a muchas personas y trabajadores, y a los que potencialmente se pueden ver afectados, hay que decirles que es necesario, que da respuesta a gran parte de las deficiencias que se detectan en el sector, que es útil para muchas cuestiones importantes para las personas, para los trabajadores, para las empresas, para los autónomos y en definitiva para el conjunto de la sociedad española; además, limita y optimiza los recursos públicos que son el centro del Estado del bienestar, y por ello mejora la sostenibilidad y la salud financiera del Sistema de Seguridad Social, y supone una tranquilidad para millones de ciudadanos, millones de personas que saben que van a cobrar puntualmente sus pensiones, no como ocurría, señor Martínez-Aldama, cuando gobernaba el Partido Socialista, que las congelaron y ni siquiera sabíamos si podríamos llegar a cobrarlas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es un proyecto de ley que da tranquilidad a los ciudadanos porque estos, además, y así debe ser, son más exigentes con el uso de los fondos públicos. Es un proyecto de ley que aboga por la gobernanza de las mutuas, por un mayor control y por la transparencia.

Es importante también que quede claro, y por eso se refleja y se recoge en el proyecto de ley, lo que se puede y lo que no se puede hacer con los recursos que pertenecen a todos los trabajadores, con los recursos que forman parte de la Seguridad Social, y que se destinan al pago de prestaciones derivadas de su actividad colaboradora. No se van a poder emplear, como ocurría anteriormente, en la realización de actividad mercantil alguna.

No sé qué senador ha dicho en su intervención que no se estaba cumpliendo el Pacto de Toledo. No es cierto. Con este proyecto de ley se atiende a las recomendaciones novena y décima del informe de evaluación y a la reforma del Pacto de Toledo y se potencia también la colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, en concreto, en la gestión de la incapacidad temporal y, con especial atención, a las bajas cuya duración sea inferior a quince días. En este punto, señorías, el proyecto es absolutamente respetuoso con la concesión de esta prestación y es una responsabilidad pública que descansa en el sistema sanitario público. La garantía de que la salud del trabajador prevalece sobre cualquier otra consideración es uno de los elementos que definen este proyecto de ley.

Es importante resaltar, en contra de lo que se ha dicho en las intervenciones de los senadores de los grupos de la oposición, que en absoluto se limita y privatiza el sistema público sanitario español, que la última palabra la tiene el sistema público español, y que las mutuas únicamente pueden hacer propuestas, pero dar el alta es una de las funciones que compete al médico de cabecera. Lo único que aquí se agiliza es la duración de los plazos de respuesta y la burocracia, y todo ello, fruto del diálogo y de las conversaciones que se han mantenido con representantes del sector sanitario.

Por último, señorías, y no lo digo yo, lo dice el propio presidente del Tribunal de Cuentas cuando compareció ante el Congreso de los Diputados, este proyecto de ley da respuesta a la mayoría de las deficiencias que se detectaron por dicho tribunal en este sector, y se trata de una reforma oportuna, de una reforma que no puede aplazarse, que va a mejorar la gestión y la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, y que además tiene como objetivo principal la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y la salud de todos los españoles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto del proyecto de ley que se acaba de debatir y luego votaremos también las enmiendas del anterior proyecto de ley y el proyecto de ley en su conjunto.

Tengo que decirles que para las propuestas de veto ha habido votación telemática. Igual que en el caso de los presupuestos, la senadora Carmen Torres Sánchez ha emitido voto telemático




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que le ha sido autorizado. En el caso de los vetos, a todos ellos ha votado en sentido negativo, voto que yo incrementaré en el voto que realicemos ahora en el hemiciclo.

Comenzamos con la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2 de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231 más 1 voto telemático, 232; votos emitidos, 231 más 1 voto telemático, 232; a favor, 72; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3 de los senadores Aiarza, Goioaga, Unamunzaga y Mendizábal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 72; en contra, 144 más 1voto telemático, 145; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1voto telemático, 145; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5 de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231 más 1 voto telemático, 232; votos emitidos, 231 más 1 voto telemático, 232; a favor, 70; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 232 más 1 voto telemático, 233; a favor, 71; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.




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6.1.1. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Votación).

(Núm. exp. 621/000099)

El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto, vamos a proceder a votar las enmiendas y el proyecto de ley anterior. Comenzamos por las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 75; en contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, comenzamos votando la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 25; en contra, 203; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 230; a favor, 85; en contra, 144; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 228; a favor, 12; en contra, 211; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 84; en contra, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 223; en contra, 5; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 229; a favor, 227; en contra, 1; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

6.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Continuación).

COMISIÓN: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. 621/000097)

El señor presidente da lectura al punto 6.1.2.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las enmiendas números 22 a 28 y 30 a 35, del senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Santos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Muy brevemente y desde el escaño, intervengo para defender las enmiendas 22 a 35, presentadas por el Partido Aragonés. Ya en su momento, en la comisión, fue transaccionada una de ellas, la enmienda 29, relativa al patrimonio de las mutuas y a lo largo de esta jornada se ha transaccionado, junto con la de otros grupos políticos, la enmienda 22, que modificaría la nomenclatura que a lo largo de todo el proyecto de ley tienen las mutuas, entendiéndose a partir de este momento y gracias a esta transacción que serán mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una diferenciación terminológica con respecto de lo que estaba expuesto hasta este momento en el proyecto.

También quiero decir que estamos pendientes de ver lo que sucede con nuestra enmienda número 23, una enmienda para nosotros importante porque hace referencia a cuestiones competenciales, recogidas en nuestro estatuto de autonomía, en materia de prevención de riesgos laborales. Como es bien conocido, sobre todo por los senadores aragoneses, la prevención de riesgos laborales se gestiona en Aragón a través del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud, un consejo en el que se sientan además del Gobierno de Aragón, todos los agentes sociales.

Esta ley, en la medida en que atribuye a las mutuas competencias en materia de prevención, entraría en cierta contradicción con lo establecido en el estatuto respecto a la gestión de la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, esperamos que a lo largo de esta jornada también esta materia pueda ser transaccionada.

Nosotros pensamos, como ha expresado la senadora Martínez cuando defendía su veto, que las mutuas, durante estos años, han sido útiles para una serie de objetivos, y concretamente han demostrado ser eficientes en lo que concierne al diagnóstico, a la curación, a los procesos de recuperación de los trabajadores y, por lo tanto, han contribuido a la productividad del sistema. En ese sentido, pensamos que una mayor injerencia del Ministerio de Empleo en los términos que se exponen en esta ley podría menoscabar esa eficiencia. En todo caso, hemos tenido oportunidad de comprobarlo estos últimos años a raíz de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Socialista en la época de Rodríguez Zapatero, donde se limitó la reinversión de excedentes, se limitó la posibilidad de las empresas para variar de mutua; en definitiva, todas estas medidas, que como decía empezaron en la época del Partido Socialista, han podido demostrar cómo esa mayor publificación del sistema de mutuas ha limitado de manera notable su eficiencia. Por lo tanto, señorías, creemos que, en la medida en que el espíritu del proyecto mantiene esa mayor injerencia, se puede restar eficiencia a las mutuas que, como decía, han demostrado ser eficaces a lo largo de estos años, y todo ello sin perjuicio del control necesario que debe hacerse por parte del ministerio en la medida en que las mutuas están gestionando prestaciones y contingencias de carácter público.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.

Los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 1 a 3, 36, 37, 39, 40 y 42 a 45.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender estas enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley que modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Inicialmente presentamos 13 enmiendas, de las cuales 2 ya se transaccionaron en la comisión, concretamente la 38 y la 41. Por tanto, quedaron 11 para este Pleno que, desde nuestro punto de vista, mejoran el texto. Aun así, hoy mismo se ha transaccionado la número 36 y quedan 10 vivas que voy a intentar defender.

Este grupo de 10 enmiendas piden varias cosas. Un primer grupo pide la exigencia de la venta únicamente de aquellas mutuas que hayan incumplido la normativa vigente. Además, en el caso de venta obligatoria se pide que se amplíe el plazo de esa venta durante unos escasos meses, que creo que no es pedir mucho. En un segundo bloque solicitamos algún cambio para asegurar esa autonomía de las mutuas. En este punto tenemos 2 enmiendas. Otro grupo pretende que el régimen económico en el que operan las mutuas sea más equilibrado, más seguro, más transparente e incentivador. Por último, otra parte de las enmiendas piden la estimulación de la competencia entre todas las mutuas.

Se trata, en definitiva, de una serie de mejoras a un texto que ya, según nuestra opinión, ha mejorado tanto en el trámite en comisión como hoy mismo, pero creemos que todavía se puede llegar más lejos y que, según nuestro modo de ver, nos estamos quedando un poco escasos.

Finalizo agradeciendo el trabajo que ha realizado la senadora Peris en la tramitación de este proyecto. Siempre ha buscado el acuerdo con los demás grupos —por lo menos con el nuestro y con otros— tanto en la sesión que tuvimos la semana pasada como en este Pleno, y creo que eso hay que agradecerlo y reconocerlo, como lo estamos haciendo hoy aquí. Pese a ese esfuerzo, senadora, nuestra posición final será la de abstención al propio proyecto de ley por esas enmiendas inadmitidas o que se han quedado en el tintero.

Muchas gracias y buenas tardes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 4, 5 y de la 7 a la 21.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Con la primera enmienda que formulamos, que afecta al artículo 68 de la ley que reforma este proyecto, mantenemos la denominación tradicional de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y acotamos las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de estos al ámbito de actuación de las mutuas, revertiendo a la situación anterior a la Ley 30/1995.

Con la siguiente enmienda, que afecta al artículo 70, en consonancia con la anterior, acotamos los ingresos por cuotas de las mutuas con las cuotas que se correspondan con ese ámbito específico de intervención.

La enmienda número 6 ha sido objeto de transacción.

La siguiente, la que afecta al artículo número 72, además de reiterar el ámbito exclusivo de intervención en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, da participación a los trabajadores en la decisión empresarial de renovar o no o cambiar la mutua con la que se concierta la cobertura del seguro de accidentes y enfermedad profesional.

Con otra enmienda se quiere modificar el artículo 74 del texto que se reforma haciendo más estrictas las incompatibilidades para formar parte de los órganos de contratación y se excluye de la exención tributaria contemplada en la ley al patrimonio histórico de las mutuas.

Mediante otra enmienda se pretende suprimir la posibilidad de que se destine el 20 % del excedente al pago del exceso de gastos de administración. No tiene ningún sentido primar un




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mayor gasto cuando los gastos cuantificados de las mutuas por gestión, por administración son superiores a los del Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo cual demuestra que este es mucho más eficiente.

En otra enmienda planteamos que no sean posibles indemnizaciones por extinción de la relación laboral en una cuantía por encima de lo que se establece legalmente ni siquiera aunque sea con cargo a las empresas asociadas; es decir, aunque no lo pague la propia mutua sino que lo paguen las empresas asociadas.

Mediante otra enmienda establecemos que las facultades de control de las mutuas de la prestación económica por incapacidad temporal, así como los reconocimientos médicos que estas puedan practicar a los trabajadores, no puedan ser ejercidos por las mutuas hasta el día 16 tras la baja, dado que es en ese momento cuando nace la responsabilidad de la mutua. Con esta enmienda también ampliamos de cinco a quince días el plazo que tiene la inspección médica del Servicio Nacional de Salud para responder a las propuestas de alta de la mutua.

Con otra enmienda queremos introducir una nueva disposición adicional en la que se establezca que el Gobierno tendrá un plazo de seis meses para, en el marco del Pacto de Toledo, realizar una evaluación de las competencias y actividades de las mutuas de accidentes de trabajo. Una nueva disposición adicional también emplaza al Gobierno a que en el plazo de un año evalúe el absentismo y sus causas.

A través de otra enmienda planteamos la introducción de una nueva disposición adicional para que no se pueda fijar por las mutuas un complemento retributivo a sus médicos que esté vinculado al número de altas concedidas.

Con otra enmienda hacemos una adaptación del texto de la disposición transitoria segunda a esa reducción del ámbito de intervención de las mutuas que establecemos en otras enmiendas.

Enmendamos la disposición transitoria tercera, manteniendo la posibilidad de colaboración entre mutuas y sociedades de prevención, aunque limitada esa posibilidad a las empresas asociadas y modificando el régimen de venta de bienes, derechos y obligaciones.

Mediante una enmienda a las disposiciones finales segunda y tercera volvemos a hacer una adaptación de sus contenidos a la previsión de ámbito que marcamos en enmiendas anteriores.

Por último, en la disposición final cuarta excluimos el patrimonio histórico de la exención parcial del impuesto sobre sociedades, exención que ya habíamos planteado en alguna enmienda anterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas números 171 a 173, 175, 176, 179, 180 y 182.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias.

Señor presidente, voy a dar por defendidas todas ellas, por si acaso durante estos siete minutos se me queda alguna en el tintero.

Las enmiendas que nosotros planteamos obedecen a dos cuestiones fundamentales. Unas son enmiendas de carácter competencial y otras de carácter sectorial, no porque yo me erija como portavoz del sector de las mutuas, sino porque, sinceramente, creemos que es el principal ejemplo de colaboración público-privada que mejor ha funcionado y mejor está funcionando, y lo que buscamos es la pervivencia del sector, no porque tengamos intereses espurios en las empresas de las mutuas, ni muchísimo menos, sino porque entendemos que están haciendo y han hecho una gran labor a la hora de dotar de prestaciones por las contingencias en que se pueda haber incurrido. Por lo tanto, entendemos que es un ámbito en el que tenemos que mejorar y del que también tenemos que aprender como administraciones públicas. Y en este sentido van todas nuestras enmiendas y la defensa que hago de las mismas.

Hay una cuestión que antes, durante el turno de portavoces, no he podido abordar pero sí quisiera tratar en esta intervención, que es la cuestión competencial. El Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social —es el pedazo título que tiene este proyecto de ley— ignora completamente las




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competencias autonómicas previstas por diversos estatutos, particularmente el de Euskadi y también el de Cataluña en materia de prevención de riesgos laborales. Concretamente, este proyecto de ley regula el régimen jurídico de mutuas que gestiona la prevención del riesgo laboral. Por lo tanto, cae de lleno en el ámbito competencial que recogen nuestros estatutos. Y lo mismo sucede respecto a las competencias en materia de sanidad, y específicamente en la gestión de determinadas contingencias, como la incapacidad temporal. Ello motiva que nuestro grupo parlamentario mantenga una actitud crítica, muy crítica con este proyecto de ley.

La dimensión de la competencia autonómica en el caso de Euskadi es amplia, porque estamos hablando de competencias de carácter exclusivo. La disposición transitoria quinta del Estatuto de Guernica atribuye a la comunidad autónoma vasca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el régimen de Convenio. Lo hemos mencionado antes también, cuando hablábamos del tema de la caja única; tenemos reconocida esa capacidad en nuestro estatuto. El Convenio es algo similar a lo que es el Concierto: el Concierto para los tributos y en este caso el Convenio para las cuotas de la Seguridad Social. Y el actual proyecto de ley regula el régimen jurídico de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, a las que, de facto, el sistema público de seguridad acaba absorbiendo, tal y como estaba planteado en su inicio.

Mi grupo parlamentario se reitera una vez más en el ámbito competencial y en la incursión competencial que supone este proyecto de ley. No compartimos el modelo de mutua, el modelo de publicitación de las mutuas porque tampoco lo podemos compartir desde el punto de vista competencial, porque está absorbiendo competencias que son nuestras, exclusivas. Así, las enmiendas que han venido a subsanar en buena medida los impedimentos que, por ejemplo, podrían tener los catalanes respecto del artículo 56 de su propio estatuto para nosotros no son suficientes. Entendemos que lo mejoran y que, efectivamente, una interpretación expansiva de esa enmienda podría ser favorable pero, desde luego, no es suficiente para mi grupo parlamentario.

El resto de las enmiendas que hoy planteamos intentan minimizar el impacto negativo que puede tener este proyecto de ley en el sector de las mutuas, pero no desde la defensa de las empresas mutualistas sino también desde la defensa de los propios trabajadores adscritos a las empresas y de los trabajadores de las mutuas.

Señor Guillot, sin interés alguno en fomentar mucho más la polémica, créame cuando le digo que mi grupo parlamentario no está defendiendo aquí las retribuciones de los altos cargos de las mutuas. Lo que venimos a defender aquí es la necesidad de que este límite a las retribuciones, que entiendo se tiene que hacer, se haga de una forma ordenada y que no ponga en riesgo la pervivencia de las propias mutuas ni tampoco la permanencia en las propias mutuas de grandes profesionales, por ejemplo, médicos de determinados ámbitos, como puede ser el de la ortopedia o el de la traumatología. Por cierto, que los mejores están en las mutuas. Y hay que entender que son médicos que en el sector privado seguramente podrían cobrar mucho más que en el sector de las mutuas. Y hay casos de profesionales médicos en los que una aplicación de la noche a la mañana, como se pretende en este proyecto de ley, de controlar retribuciones en cuestión de apenas quince días —pretendían introducirlo el día 1 de enero—, va a suponer que esa gente se pire y deje las mutuas, y en este caso a los trabajadores, sin contar con esos buenos profesionales. Vamos a darles un período de carencia, vamos a dejar a las propias mutuas y a estos profesionales que puedan alcanzar acuerdos y planear más o menos su futuro económico porque al fin y al cabo también son trabajadores. Limitar las retribuciones máximas que están cobrando en el Ministerio de Empleo y las que están cobrando los médicos supondría en algunos casos cortar sus ingresos hasta en un 50 %. Es así no en todos los casos pero sí en muchos de ellos. Vamos a dar un período de carencia y vamos a aportar también un mínimo de racionalidad a este sistema de transición. No por ser más papistas que el papa vamos a poner en riesgo la continuidad de profesionales sumamente acreditados en el sistema de los cuadros médicos de las mutuas.

Por poner un ejemplo, ¿que efectivamente tiene que haber un control con los tiempos que corren sobre las retribuciones de los altos cargos de las empresas privadas? Evidentemente que sí, pero vamos a hacerlo con cabeza y con un cierto margen de racionalidad. De ahí que nosotros planteásemos enmiendas que establecían que en vez de entrar en vigor ese control de los sueldos el día 1 de enero, se haga por lo menos en un período de tres años, de tal modo que se permita organizar los cuadros profesionales y de altos profesionales a estas nuevas circunstancias.




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Otra de las cosas que pedimos es que se mantenga realmente coherencia entre lo que dice la ley que quiere hacer y lo que finalmente hace. Porque lo que en realidad se está consiguiendo con este proyecto de ley es cambiar un modelo privado a uno público e incrementar hasta su grado máximo el nivel injerencia de la Administración Pública en asociaciones privadas de empresarios que pasa a definirlas a todos los efectos como sector público estatal de carácter administrativo. Pero es que esto tampoco tiene mayor sentido; podrían ser unas empresas públicas estatales adscritas a ese sistema. Pero o son administraciones o son organismos públicos.

El proyecto de ley realmente es sumamente chapucero —permítanme lo coloquial de la expresión— a la hora de establecer cuál es el régimen jurídico que tiene que regular a las mutuas. Pero lo que no puede ser es una especie de híbrido, algo que no se sabe si es público o privado, como también decía el señor Guillot. Queremos que sea público por cuestiones de control puesto que queremos controlar a las mutuas y que sus trabajadores estén adscritos a la negociación colectiva. Hay que decir que sopas y sorber nunca ha podido ser. Seamos claros. Es lo que yo decía al inicio de mi intervención. Si queremos que las mutuas desaparezcan y que todo sea sistema público, muy bien, pero digámoslo a las claras para que todos sepamos a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de un proyecto de ley y cuáles son las consecuencias que puede tener la aplicación tal cual de este proyecto.

Por tanto, vuelvo otra vez a pedirles que repasen las enmiendas. Son sumamente razonables y son las que van a permitir la pervivencia de un sistema de cooperación entre lo público y lo privado que, de verdad, yo considero que ha funcionado bien. Entiendo que ese es el trabajo por el que debería ir este proyecto de ley y no por todo lo contrario, por intentar establecer un mecanismo de control tan férreo que ahogue a las propias mutuas y ponga en riesgo la pervivencia de este ámbito importante de colaboración.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero es de la 46 a la 69 y 168 a 170.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señoría, nuestro grupo ha presentado 23 enmiendas, que podríamos agrupar en tres bloques, más una. La una es la enmienda número 46, en la que proponemos que la denominación para las mutuas sea la de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en lugar de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Porque, con su particular neolengua, con la que llaman ajustes a los recortes y austeridad a lo que se traduce como políticas neoliberales, la palabra colaboradoras nos suena a mutuas que abren la puerta a la privatización, que es lo que realmente esconde la ley.

El primer bloque de enmiendas comprende 2, las números 47 y 49, sobre la posibilidad de que los convenios que suscriban dichas mutuas no sean con entidades privadas, sino que lo hagan con entidades públicas o con otras mutuas, y establecemos un perfecto orden de prioridades: primero, que se establezcan convenios con otras mutuas y luego con entidades de la Administración pública. Porque es ahí —como comentábamos antes con ocasión de nuestro veto— donde empezará la privatización para hacer pruebas diagnósticas y tratamientos cuando razones burocráticas —abro paréntesis—, (listas de espera del Sistema Nacional de Salud) impidan adelantar esa alta.

El segundo bloque comprende 10 enmiendas, las número 50 a 60, en las que abordamos básicamente dos temas: el primero es la participación de los trabajadores en los órganos jurídicos y de gestión de las empresas, que hoy por hoy solo están gestionadas por empresarios o por personas nombradas por empresarios. El segundo es someter a las mutuas a controles que marca la Administración pública, puesto que gestionan 10 000 millones de dinero público. De este modo, la protección del patrimonio histórico de las gestiones incorrectas, que han venido sucediendo con anterioridad, podrá ser atendida. Porque nosotros consideramos que hay una diferencia entre descapitalizar y no asumir las posibles responsabilidades mancomunadas de la propia gestión.

Y el último bloque de enmiendas intenta corregir ese pequeño gran cambio que ustedes introducen en esta ley: la gestión de la incapacidad por enfermedad común. Ese pequeño gran cambio tiene tres




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grandes consecuencias que ya comentamos antes en el veto, pero que no puedo dejar de repetir. La primera consecuencia es que crea un puente entre el Real Decreto 16/2012 y esta ley, porque por fin nos damos cuenta de lo que es la sanidad dual: una sanidad para los asegurados que tienen trabajo y una sanidad para los que no están asegurados con trabajo, como, por ejemplo, los pensionistas, que aunque los cubre directamente la sanidad pública, no son trabajadores.

Otra consecuencia es que pone de controlador de los médicos públicos del Sistema Nacional de Salud a los médicos de las mutuas, a los médicos laborales controlados por empresarios. Es decir, lo público, el personal público, acabará siendo supervisado por personal que trabaja para entidades privadas. Y eso cuestiona 2 cosas: la primera, si se considera, de entrada, que el trabajo de los médicos de familia es fraudulento, y la segunda, por qué se quiere controlar tan de cerca al trabajador en las enfermedades comunes que no tienen que ver con el entorno laboral.

Y la tercera gran consecuencia es ese gran paréntesis que abren ustedes cuando ofrecen la posibilidad, con un estupendo «podrán», a que los trabajadores que estén de baja por contingencia común y tengan que esperar por una prueba o por un tratamiento en la sanidad pública por culpa de lo que ustedes llaman problemas burocráticos, puedan acceder al tratamiento directamente a través de la mutua laboral. Les voy a poner un ejemplo, porque a veces parece que no se dan cuenta de lo que es privatizar. Un médico de atención primaria tiene un enfermo con una lumbalgia desde hace cuatro días y con mucho dolor. Este dolor se irradia a la pierna, y el médico considera que ese paciente necesita un TAC o una resonancia. Si para un TAC o una resonancia en el sistema público, a causa de los reiterados ajustes, el paciente tiene que esperar un mes y la mutua laboral le ofrece la posibilidad de hacerle ese TAC o esa resonancia, que tiene contratada con una empresa privada experta en resonancias, en siete días, cualquier médico acabará derivando a ese enfermo a la empresa privada para que le hagan la prueba. Porque los médicos de familia, como cualquier otro médico, lo que quieren es que sus enfermos mejoren cuanto antes.

Por lo tanto, ahí empezará la gran privatización y empezaremos con la sanidad dual. Porque la gente que trabaja tendrá prioridades dentro del sistema sobre la gente que no trabaja. Es decir, en el mismo caso con un señor de 66 años, se va a tener que esperar un mes y medio para que podamos hacerle la prueba. Esas sutilezas se van a repetir en muchísimos aspectos, y por eso nosotros hablamos de abrir la puerta a la privatización.

Nuestro grupo cree que las mutuas laborales deberían encargarse exclusivamente de los accidentes de trabajo, de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo y de las enfermedades laborales. Las mutuas, y no hablo de todas pero sí de muchísimas, llevan mucho tiempo, todos estos años, intentando expulsar de su sistema aquellas enfermedades más costosas, por ejemplo, la asbestosis. El número de asbestosis tratadas en el sistema sanitario público es mucho más elevado del que se hacen responsables las propias mutuas. Y lo mismo sucede con todas aquellas patologías derivadas de la minería, porque para empezar los mineros no están adscritos a ninguna mutua, sino directamente al Sistema Nacional de Salud. ¿Ven lo que están construyendo? Una sanidad para los que están más enfermos y para las enfermedades más caras, que van a estar en la izquierda, en los servicios de sanidad pública, y otra para las enfermedades más eficientes y menos costosas, que van a estar en la derecha, en un sistema de sanidad privada.

Con esta ley, y lo hemos dicho en el veto, ustedes nos quieren hacer tragar una píldora, como si no estuvieran cambiando nada, pero realmente lo están cambiando todo. Empezaron en abril, y se ve que no quieren dejar de gobernar sin haber hecho el cambio definitivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

El siguiente bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa, corresponde a las números 70, 71, 73 a 80 y 82 a 95 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado como consecuencia de las enmiendas transaccionales sobre la base de la número 108, de Convergència i Unió; sobre la base de las números 38, del Grupo Mixto; 110, de Convergència i Unió, y 174, del Grupo Parlamentario Vasco; sobre la base de las enmiendas 41, del Grupo Mixto; 181, del Grupo Parlamentario Vasco, y 29 de los senadores Fuster, Ibarz y Santos; y sobre la base de las enmiendas números 119, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y 177 y 178, del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.




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El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar diciendo que esto va a peor, señora Peris. Ahora nos presentan una nueva transaccional que dice que las comunidades autónomas que así lo dispongan en sus estatutos, también podrán pedir la cesión de actividades a las mutuas que consideren oportuno, con lo cual vamos haciendo la pelota aún más grande. Con esta ley lo hacía el Gobierno del Estado, y ahora también lo podrán hacer las comunidades autónomas.

Respecto a las retribuciones, señora Martínez, si usted se refiere a la eventual diferencia entre las retribuciones actualmente percibidas y las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 71.4 de la Ley general de Seguridad Social que pueda existir a la entrada en vigor de esta ley: ser absorbida por terceras partes en los 3 ejercicios siguientes, ningún problema, pero es que esta transaccional contiene muchos más puntos, y quedan en papel mojado los límites de las retribuciones del director gerente y los altos cargos de las mutuas.

Si esto no lo desbloqueamos, podemos perder grandes facultativos. Señorías, ¿ustedes qué creen que cobra el doctor Pedro Alonso, que es un especialista en malaria a nivel mundial? ¿Qué creen que cobra? ¿Esto? Ni de lejos. ¿Ustedes qué creen que cobra el doctor Pedro Cavadas, especialista en trasplantes a nivel mundial? ¿Esto? Ni de lejos. Por cierto, los 2 participan en el sistema público sanitario. Entonces, ¿con qué argumentos los facultativos de las mutuas pueden cobrar muchísimo más? Ya no hablo de estos 2 genios reconocidos internacionalmente, sino de cualquier médico de familia que se bate el cobre cada día en los centros de atención primaria. ¿O con qué argumentos el director gerente de una mutua puede cobrar más que la ministra de Empleo o que el director general de la Tesorería de la Seguridad Social? De verdad, en este debate no puede haber encuentro, y eso explica parte de nuestras enmiendas; pero no hay solución. Lo que ustedes creen que es injerencia, para nosotros es el control imprescindible cuando se traspasan casi 10 000 millones de euros de la Tesorería de la Seguridad Social a mutuas que son entidades privadas. Ahí no hay punto de encuentro.

Para nosotros las bajas por enfermedad son un derecho, no un problema, son un derecho, y si hubiera abusos en este derecho hay que corregirlos, pero este derecho tiene que estar tutelado, protegido y garantizado por los poderes públicos. Y los derechos, señorías, no están bajo sospecha. Ya lo he dicho antes, pero me ha sorprendido que en el debate del primer párrafo del preámbulo que justifica esta ley, que se refiere al absentismo laboral, no haya aparecido, porque parece que uno de los problemas actuales del mercado laboral de España es el absentismo, y parece que esta modificación del régimen jurídico de las mutuas va a permitir combatir este absentismo, que es el gran hándicap para garantizar nuestra competitividad y la viabilidad de nuestras empresas. Señorías, esto no es así, antes he dado las cifras y no las voy a repetir, pero, insisto, los derechos no se ponen bajo sospecha, y ustedes tienen la costumbre de hacerlo —antes se lo decía el señor Aldama y algún otro portavoz—: la gente que está de baja es porque no quiere trabajar, la gente que está en el paro es porque se escaquea.

Y respecto a las mutuas, nuestras enmiendas también justifican que vuelvan a sus orígenes, es decir, que el ámbito de actuación de las mutuas se reduzca a prestaciones por contingencias profesionales. Porque, ¿aquí qué pasa? Que las mutuas son anteriores a la creación de la Seguridad Social, como en tantas otras cuestiones: la red de hospitales privados, que se incorporó a la xarxa pública en Cataluña; las escuelas privadas, que no entraron en la red concertada, dentro de la red pública también en Cataluña, y hablo de los ejemplos que conozco. ¿Qué ha pasado? La Seguridad Social concertó con esas entidades privadas la prestación de los servicios, y el problema es que se han ido ampliando, y con esta ley ustedes no solo formalizan la ampliación, sino que, insisto, abren la puerta a poder ampliarla en un futuro a partir de algo que no es ingenuo, que es el cambio.

Por último —y con esto termino, señor presidente, porque además las enmiendas son idénticas a las que ha expuesto el senador Iglesias de manera pormenorizada—, también tenemos un concepto diferente del gasto. Para nosotros el gasto en sanidad, en salud laboral o en educación no son gastos, son inversiones que permiten garantizar derechos y que permiten garantizar las mismas condiciones de vida y la igualdad de oportunidades. Con lo cual en estas




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cuestiones —aparte de aspectos puntuales y concretos— difícilmente podemos llegar a acuerdos, porque partimos de puntos de vista totalmente diferentes.

En el turno de portavoces me permitiré entrar en lo de derecha, izquierda, herencias, etcétera, que seguramente saldrá, como en cualquier debate clásico de un proyecto legislativo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 96 a 107, 109, 111 a 118, 120 a 126 y 128 a 135. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado inicialmente 40 enmiendas, de las cuales han sido transaccionadas o aceptadas en su integridad un total de 13. Básicamente, nuestras enmiendas estaban agrupadas en cuatro bloques. El primero abarca todo lo relativo a nuestras propias competencias, por entender que el proyecto daba un papel excesivamente subordinado al Gobierno de Cataluña respecto del Gobierno central en esta cuestión de las mutuas. El segundo está vinculado con el patrimonio histórico. El tercero se refiere a la remuneración económica, no única y exclusivamente, como se está diciendo, respecto a los directores gerentes, sino, tal y como ha comentado la senadora Martínez, también para aquellos médicos que por su trayectoria y por su profesionalidad puedan acceder a mutuas y, por tanto, sean garantía de mayor profesionalidad y competitividad. Y el cuarto trata unas cuestiones a nuestro entender muy muy importantes como son los aspectos sociales.

En todo caso, teniendo en cuenta que han sido aceptadas 13 de estas 40 enmiendas, me remitiré básicamente al último bloque, a los aspectos sociales, porque no hemos tenido demasiada suerte, y creo que es importante insistir en él. Antes de finalizar el trámite de esta ley, me gustaría que se aceptaran, aunque sea en el último minuto, estas enmiendas. Me refiero concretamente a la 98, que, en el artículo 68. 2 bis, propone que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, en el marco de las funciones en materia de rehabilitación y prevención reconocidas en la letra a) del apartado 2 de este artículo, podrán desarrollar actividades dirigidas a la recuperación o mantenimiento del empleo de los trabajadores, tengan o no reconocida una discapacidad. Nosotros creemos que ante la aparición de una discapacidad en un trabajador en activo, nuestro actual sistema de Seguridad Social interviene de forma muy poco intensa en caso de discapacidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades ligadas directamente al trabajo, y solo lo hace para paliar sus consecuencias inmediatas, descuidando aspectos a nuestro entender esenciales para la continuidad laboral del trabajador, como la rehabilitación, la reorientación y la recolocación. Creemos que esta es una enmienda importante.

La enmienda 102 propone definir un marco legal de libre y leal competencia sin olvidar que el nivel de protección de los trabajadores debe quedar garantizado, que es la mejor forma de trasladar los esfuerzos individuales, estimulando la mejora continua en cualquier sector de actividad, por lo que resulta necesario recoger la posibilidad de que las mutuas puedan competir realizando actuaciones orientadas a la captación y fidelización de empresas asociadas.

La enmienda 119 se refiere a medidas cautelares y responsabilidad mancomunada. Entendemos que la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados debe aplicarse necesaria y exclusivamente cuando no existan recursos para sufragar las prestaciones económicas y asistenciales a las que tienen derecho los trabajadores. Este es el objeto de colaboración en la gestión de la mutua. No obstante, debe establecerse una responsabilidad mancomunada limitada al patrimonio histórico de cada mutua para los empresarios asociados, quienes no deben responder ad infinitum, sino por las acciones u omisiones en las que existe culpa leve y no exista responsabilidad directa.

La enmienda 124 es muy muy importante para nosotros. Propone una nueva disposición adicional para mejorar la protección de la Seguridad Social a las personas afectadas por cáncer u otra enfermedad grave. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta legislativa en cuya elaboración hayan participado los interlocutores sociales y los representantes de las asociaciones de afectados, para mejorar la protección otorgada por la Seguridad Social a las personas afectadas por cáncer




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—tumores malignos, melanomas, carcinomas— o por cualquier otra enfermedad grave que incluya los supuestos de desempleo en estas circunstancias; modificaciones para garantizar que en las situaciones de incapacidad temporal derivadas de enfermedades graves o cáncer subsista la obligación de cotizar durante todo el tiempo que dure la situación de incapacidad. Para nosotros es del todo necesario y urgente adoptar medidas para mejorar la protección otorgada por la Seguridad Social a las personas afectadas por cáncer u otras enfermedades muy graves. Y, como en todos los ámbitos, dichas reformas deberían acometerse con diálogo y consenso entre todas las partes afectadas.

La enmienda 125, muy importante para nosotros, propone una nueva disposición adicional para mejorar el reconocimiento de las enfermedades graves con origen laboral. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para solucionar de forma definitiva el problema de subregistro de enfermedades graves ocasionadas por el trabajo, mejorando los procedimientos de notificación y coordinando a los diferentes agentes que intervienen en su declaración. Entendemos, y así lo demuestran los diferentes indicadores, que la evolución del cáncer en España no es ajena a las tendencias internacionales, que se incrementan a ritmo alarmante y adquieren relevancia los cánceres de origen ocupacional. Sin embargo, el nivel de reconocimiento del cáncer de origen laboral en España es bajísimo, lo que lleva a pensar que, quizá, debería mejorar la colaboración de las empresas y agilizarse los procedimientos para evitar que la resolución de estos conflictos acabe, como sucede en la mayoría de los casos, en procesos judiciales por demandas de las víctimas y de sus familiares. Por tanto, sería conveniente para todos identificar correctamente cada una de las contingencias como corresponda, comunes o profesionales.

Por último, quisiera destacar de manera especial el punto 6 de la enmienda 135, donde incorporamos que no pueda denegarse la prestación durante el ingreso hospitalario, o durante la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por enfermedad grave, basándose en que el beneficiario sea, o pueda serlo, de prestaciones en el marco del sistema de autonomía y atención a la dependencia, regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Sabemos que se están produciendo casos de denegación de esta prestación bajo el pretexto de que no queda acreditada la necesidad del cuidado directo, continuado y permanente del menor durante el tratamiento de la enfermedad, pues la atención que se le debe prestar no está necesariamente vinculada al beneficiario y puede hacerse el margen del ámbito doméstico, por ser de aplicación la Ley de promoción de la autonomía personal. Se trata, a nuestro entender, de una interpretación de la norma ajena al tenor literal y a la finalidad de la norma. No obstante, puede que la redacción del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo en el sistema de la Seguridad Social de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave no sea del todo afortunada. A nuestro entender, sería absolutamente necesario revisarla para evitar que se realicen interpretaciones incorrectas e injustas materialmente.

Por todo ello consideramos que todas estas enmiendas relativas a los aspectos sociales que he señalado de forma mucho más detallada deberían ser incorporadas a esta ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 136 a 162 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 163 y 167, del Grupo Parlamentario Popular, y las enmiendas transaccionales sobre la enmienda número 108, de Convergència i Unió; 119, de Convergència i Unió, y 177 y 178, del Grupo Parlamentario Vasco; sobre la número 38, del Grupo Parlamentario Mixto; 110, de Convergència i Unió, y 174, del Grupo Parlamentario Vasco; sobre las enmiendas números 41, del Grupo Parlamentario Mixto; 181, del Grupo Parlamentario Vasco, y 29, de los senadores don José María Fuster, doña María Belén Ibarz y doña Rosario Santos.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.




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El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado 27 enmiendas a este proyecto de ley, en concreto, las números 136 a 162.

Quiero empezar repitiendo algunos argumentos que ya nuestro portavoz, el señor MartínezAldama, expresó en el anterior turno de defensa de los vetos, por considerarlos el hilo conductor y la justificación de todas las enmiendas que hoy presentamos.

Como ya se ha dicho aquí, este proyecto es una de esas leyes que ustedes han impuesto a la sociedad española y que tendrá muy poca vida, como ocurrirá con la reforma laboral, la Ley de las pensiones o la dictada en el ámbito de la educación. Por eso, tómense estas enmiendas como anticipo de lo que será una futura ley de mutuas distinta a la que hoy, con sus votos, van ustedes a aprobar.

No es de recibo que ustedes lleven su vorágine mercantilista al ámbito de la salud de las personas. Es cierto que ya lo han hecho ustedes en los últimos años, también ha quedado claro aquí esta tarde. Pero ahora con estos cambios en las mutuas pretenden hacerlo también sobre la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Les debería valer la máxima de que con la salud no se juega, pero el contenido de esa frase hace mucho tiempo que ustedes ya se lo saltaron. Hoy nos presentan un proyecto de ley que antepone los intereses económicos de la sanidad privada a la pública o, lo que es lo mismo, juegan con la salud de los ciudadanos, en este caso con los que sufren un accidente o una enfermedad profesional.

No me referiré a todas las enmiendas, pero sí a un grupo que considero importante destacar.

La enmienda 136 es de sustitución y se propone cambiar en todo el proyecto de ley la denominación de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social por mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la Seguridad Social. Esta es una cuestión que puede resultar puramente de apariencia o de gustos, a simple vista puede parecer que no tiene importancia, pero no es así. Además, precisamente si ese cambio no tuviera importancia, el Gobierno no lo hubiera cambiado. El término mutuas colaboradoras abre la puerta a otras funciones que no les son propias a las mutuas, ya que esta nueva definición lo es de las nuevas tareas que se asignan a las mutuas en el ámbito privado y a su propia gestión, alejándose de su verdadera función, que es la protección de la salud en el ámbito de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De la misma manera, la enmienda 137 propone una modificación del apartado 3, letra a, del artículo 68. Intentamos evitar la privatización de la asistencia sanitaria que persigue esta ley y que, por la vía de los convenios con entidades privadas, se mercantilice con la salud de los trabajadores. Se propone establecer un orden para utilizar la fórmula de los convenios privados: en primer lugar, para las prestaciones sanitarias derivadas del ámbito de su competencia, en el caso de que la mutua no dispusiera de los propios medios adecuados, deberá recurrir a otras mutuas que sí dispongan de esos medios, o, en su defecto, a las propias administraciones públicas sanitarias. Solo en ese caso, cuando no fuera posible hacerlo de la forma anterior, es cuando entraríamos en los convenios con entidades privadas, pero no como ustedes pretenden con esta ley: eliminando esa prelación.

La enmienda 138 pretende modificar el artículo 68.6. Con ella se prohíbe que con recursos públicos que administran las mutuas se puedan originar operaciones de lucro con la denominada administración concertada. Hace algunas décadas podía parecer adecuado por lo prolijo de la tarea de las mutuas, pero en estos momentos, con el número de mutuas, que ya solo son 20, y con el uso de las nuevas tecnologías, no creo que esa administración y ese gasto, que al final se paga con dinero público procedente de las cotizaciones, sea lo más adecuado.

La enmienda 140 pretende modificar el artículo 71.2 para establecer una representación justa entre los empresarios asociados y los trabajadores protegidos por la mutua. Este será el mismo criterio de algunas enmiendas que vamos a presentar. Se propone, por ejemplo, que formen parte de la junta general en número igual a un tercio de los empresarios asociados, representantes de los trabajadores que prestan servicio en las empresas asociadas, y también, por supuesto, a propuesta de las organizaciones sindicales de mayor representatividad. La propuesta deberá recaer en trabajadores que presten servicios en las empresas asociadas.

La enmienda 141, al artículo 71.3, tiene el mismo espíritu que la anterior, para que se tenga una correcta representación de los trabajadores.




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La enmienda 143, al artículo 71.4, trata de impedir que ocupen el cargo de director gerente quienes forman parte del consejo de administración de una empresa asociada, o quienes tengan —ellos, sus cónyuges o sus hijos— al menos el 10 % del capital social de esa empresa asociada. De igual manera tampoco podrán ser directores gerentes quienes hayan tenido previamente un cargo directivo en el ámbito de la Seguridad Social.

Las retribuciones de los cargos directivos —cuestión que no veo pacífica aunque ustedes intentan resolverla hoy aquí por la vía de la transacción— no podrán superar, por todos los conceptos, la cuantía; también por todos los conceptos de las retribuciones que perciban los directores generales de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social. Por supuesto, el personal no directivo se regirá en su relación laboral por el Estatuto de los Trabajadores y las disposiciones sobre la masa salarial y las limitaciones que se establezcan en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Con esto lo que intenta sobre todo es evitar conflictos de intereses y lo que todos hemos visto en los últimos meses en las noticias sobre sueldos que podíamos tachar, al menos, de escandalosos y fuera de control.

La enmienda 144, de modificación al artículo 72, apartado 1, pretende que no se pueda seleccionar, como ocurre ahora, el riesgo. Se hablaba aquí de mayor y mejor gestión por parte de las mutuas respecto a la sanidad pública y privada, pero no se ha hablado de lo que ocurre y es una realidad, que es la selección del riesgo. Creo que —la iba a llamar doctora Almiñana, pero no se encuentra aquí— la senadora Almiñana nos hablaba de una enfermedad muy concreta derivada de la minería. Efectivamente, lo que intentamos es que las mutuas no puedan proceder a seleccionar el riesgo; es decir, que en el caso de aquellos trabajadores que potencialmente puedan ocasionar gastos porque tengan grandes indemnizaciones o una problemática laboral asociada a la enfermedad más frecuente o más grave que otro tipo de trabajadores, esa selección no se pueda producir al amparo de esta ley.

La enmienda 145 es de modificación al artículo 73, apartado 2. Se considera necesaria una fiscalización previa de la gestión de las mutuas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, así como la realización de una auditoría de cuentas efectuada anualmente por el mismo organismo, además de una auditoría de cumplimiento. Sé que esta cuestión también ha sido controvertida en el sentido de que supone demasiados controles, demasiada fiscalización, y que si son entidades de ámbito privado sin ánimo de lucro esta burocracia y estos trámites de control previo deberían limitarse, pero no es el caso porque esto lo que puede evitar precisamente es la desviación de algo que le es común a todas las mutuas, que es la utilización de dinero público. Por lo tanto, lo que puede ocurrir con la aplicación de esos controles es justo lo contrario.

La enmienda número 146 es de modificación al artículo 74.1, y recoge el espíritu de la titularidad del patrimonio de las mutuas que recae en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que se establece que la gestión, administración y acto de disposición deben ser tutelados y utilizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En esta cuestión del patrimonio histórico creo que a todos los grupos parlamentarios nos han visitado representantes de colectivos empresariales, de colectivos asociados a las mutuas, de colectivos como el Cermi, sindicatos, UGT, Comisiones, y nos han hablado mucho del patrimonio histórico, pero, en cualquier caso, como filosofía última, el patrimonio histórico es de todos. Por lo tanto, tenemos que protegerlo limitando la capacidad desde el consenso y la lógica que se pueda hacer de él.

La enmienda 147 pretende una modificación al apartado 2 del artículo 74, lo que significaría eliminar la posibilidad de que las mutuas carguen un canon a la Seguridad Social por el uso de bienes pertenecientes a ese propio patrimonio histórico, y esto iría en consonancia con el criterio del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Seguridad Social. Precisamente en el futuro veremos si la enmienda que hoy se ha aprobado aquí y que suscribe el PNV con ustedes está dentro del ámbito de lo que opinaban a este respecto el Tribunal de Cuentas y la Intervención, porque ese trámite, esa transacción no ha sido tutelada por esas administraciones, y en la ejecución de esos actos posteriores que veremos sobre las mutuas, veremos qué opina y si mantiene su criterio el Tribunal de Cuentas y se puede evitar que se hagan disposiciones no correctas sobre el mismo.

La enmienda 151 es de supresión al artículo 68.2, letras b), d) y e). La justificación de esta supresión es clara, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben residenciar toda su actuación en el campo que les es propio. Por tanto, debe suprimirse la




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prestación de cuidados a menores afectados por cáncer al no guardar relación con el campo de actuación de las mutuas; máxima prioridad a esa circunstancia pero desde luego desde lo público, con lo público y con una prioridad absoluta. También queremos suprimir la gestión derivada del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, que después de cuatro años —hay que reconocerlo— ha demostrado ser una gestión ineficaz y debe ser asumida por el Servicio Público de Empleo Estatal; no pasa nada por reconocer las cosas cuando han ido mal o se han hecho de forma no totalmente correcta, sobre todo en su desarrollo.

La enmienda 154 es de adición en el artículo 68 de un nuevo apartado después del 2. Las mutuas en el ámbito de la rehabilitación y prevención podrán desarrollar actividades dirigidas a la recuperación o mantenimiento del empleo de los trabajadores, tengan o no reconocida una discapacidad, y el asesoramiento a las empresas en orden a la adaptación y ajustes razonables en los entornos laborales. Este espíritu lo recogemos de unas enmiendas propuestas no solo por mi grupo, sino también por la organización que representa a las personas con discapacidad, en este caso el Cermi, que solicitaba introducir esta enmienda.

La enmienda 160, a la disposición transitoria quinta, propone la adición de una disposición transitoria séptima, donde se recoge un plazo de seis meses para transferir parte de las mutuas en metálico, los saldos, los valores, bienes muebles o inmuebles existentes en sus reservas de estabilización de contingencias profesionales y de contingencias comunes o los propios rendimientos del mismo al fondo de estabilización único para todo el sistema de la Seguridad Social. No se entiende que teniendo un fondo único pueda darse la circunstancia de que existan fondos en todas y cada una de las mutuas donde pudiera haber esos excedentes, máxime cuando por las autoridades competentes se establece que actualmente la cantidad de la que se dispone debe rondar los 5676 millones de euros, y teniendo en cuenta también las necesidades de tesorería que todos conocemos; y si bien las provisiones para contingencias en tramitación sí deben continuar en las mutuas, como digo, los fondos de estabilización deben pasar al fondo común.

Por último, me referiré a la enmienda 162, de sustitución a la disposición final primera, con una nueva redacción, en concreto, el artículo 32, actividades de prevención desarrolladas por las mutuas de la Seguridad Social. Las mutuas de la Seguridad Social podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos participando con cargo a su patrimonio histórico en el capital de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure actividad de prevención, en los términos y con las limitaciones previstas legal y reglamentariamente. De esta manera se evita la mercantilización de la salud laboral y se asocia el concepto de prevención como garante de salud laboral de los trabajadores. En definitiva, más y mejor prevención, menos accidentes y enfermedades profesionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Santos.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente. Voy a ser bastante breve, lo digo porque dispongo de treinta minutos pero no los voy a usar, una alegría para mis compañeras y compañeros.

Quiero manifestar que vamos a votar en contra y voy a referirme solo a algunos grupos de enmiendas. Las enmiendas que plantean que las mutuas sigan actuando como servicios de prevención ajenos no las vamos a aceptar porque permiten la pervivencia de una situación que, además de distorsionar el ámbito de los servicios mercantiles de prevención, ha generado perjuicios tanto a la Seguridad Social como al patrimonio histórico.

Tampoco vamos a aceptar las que pretenden romper con la evolución que ha seguido la encomienda a las mutuas de otros ámbitos de gestión de la Seguridad Social distintos del relativo a las contingencias profesionales.

Las enmiendas relativas a las facultades del Meyss no proceden por las funciones de dirección y tutela atribuidas al mismo en el artículo 5.2.c de la Ley General de Seguridad Social. De igual modo, la rebaja del porcentaje destinado al fondo de contingencias profesionales supone romper una situación que se produce desde hace mucho tiempo. Y respecto a las que piden destinar




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el 25 % a reducir las cotizaciones sociales empresariales, el proyecto ya prevé reducir cotizaciones mediante bonus.

En cuanto a la posibilidad de incluir una fracción de cuota adicional, les diré que ya está implementado en la normativa actual y se regula a través de reglamento, así se adapta mejor a una realidad cambiante.

Respecto al sometimiento de la gestión a la fiscalización previa de la Intervención General de la Seguridad Social, quiero señalar que no son sujetos de derecho público y solo se les puede aplicar la figura de la auditoría pública. Hasta aquí la referencia a las enmiendas presentadas y el motivo de nuestro voto en contra.

Ahora quiero dedicar un espacio de mi exposición a destacar las enmiendas que fueron incorporadas en comisión, en concreto, las números 163 a 167, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, porque incluyeron la obligación para las mutuas de establecer una reserva de asistencia social con el 10 % del excedente, lo que considero que mejora el proyecto.

Además, quiero agradecer la paciencia y la voluntad de todos los grupos en el desarrollo de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, donde se alcanzó la firma de 7 transaccionales, en concreto, la primera afecta a la enmienda 81 de Entesa, que establece que la Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de beneficios derivados de la reserva de asistencia social.

La segunda transaccional afecta a la enmienda 108 de CiU y, por tanto, a la disposición adicional nueva sobre responsabilidad social de las empresas.

La tercera transaccional afecta a la enmienda 127 de CiU, sobre la venta de las sociedades de prevención. Las propuestas de venta están finalizadas antes del 31 de marzo de 2015, pero la enajenación se pospone hasta el 30 de junio.

La cuarta transaccional afecta a las enmiendas 119 de CiU y 177 y 178 del PNV, en cuanto a la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las mutuas y con qué patrimonio se puede hacer frente.

La quinta transaccional afecta a la enmienda 6 del Grupo Mixto, en concreto de Izquierda Unida, y la 72 de Entesa, y establece que la Comisión de Control y Seguimiento, que es el órgano de participación de los agentes sociales, dispondrá periódicamente de los informes sobre litigiosidad, reclamaciones y recursos y, además, elaborará recomendaciones.

En cuanto a la sexta transaccional, que afecta a la enmienda 38 del Grupo Mixto, 110 de CiU, y 174 del PNV, regula las incompatibilidades y retribuciones. Se amplía un poco el margen sobre todo en la limitación de salarios, estableciendo un plazo de tres años.

La séptima, que afecta a la enmienda 41 del Grupo Mixto, 181 del PNV y 29 del PAR, se refiere al patrimonio histórico.

Entiendo que el contenido de todas estas transaccionales mejora el proyecto que vino del Congreso al Senado, y fue elaborado con la buena voluntad de muchos grupos. Además, todos saben que son peticiones que nos han llegado de los agentes sociales, del sector y también de los sindicatos.

Ahora, en este Pleno, hemos presentado 2 transaccionales más: una afecta a la enmienda 100 de CiU, relativa al ámbito competencial de las actividades preventivas; y otra afecta a las enmiendas 22 del PAR, 36 del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto UPN, 96, 103, 105, 113, 115 y 117 de CiU, y 171 y 172 del Grupo Parlamentario Vasco, que señala que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se denominarán mutuas colaboradoras con la Seguridad Social; también en el Pleno hemos conseguido mejorar el proyecto. Además, anuncio que votaremos a favor la enmienda 122 de CiU, que se refiere a los convenios con entidades privadas, según se establezca reglamentariamente, que afecta a la disposición adicional undécima; así como una enmienda del PSOE, en concreto la 138, que afecta a la regulación del artículo 68.6, respecto a la eliminación de la administración complementaria de la directa. Y, además, gracias a esto también votaremos, por coherencia, a favor de la enmienda 48 de Entesa que tiene, como ellos mismos saben, el mismo texto.

Por todo ello —termino mi turno en un tiempo absolutamente récord para mí—, agradezco muchísimo, muchísimo, el trabajo de todos los grupos. En nuestra humilde opinión, este proyecto saldrá mejorado del Senado con nuestras aportaciones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente. Voy a intentar hacer la misma economía de tiempo que la señora Peris.

Les digo sinceramente que este proyecto de ley empeora en el Senado. El senador Saura y yo dudamos entre retirar el veto o no porque había habido avances en el Congreso, se habían alcanzado 2 transaccionales, una de ellas importante para los sindicatos; pero visto el alud de transaccionales que se han realizado, siempre de la mano de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, creemos que el proyecto empeora. Empeoran las retribuciones y amplía a las comunidades autónomas la posibilidad de externalizar del sistema público a mutuas una serie de prestaciones. Esto no responde a la lógica del diálogo que hubo en el Congreso y que ha habido con los agentes sociales. ¿Qué ha pasado? Que al final las mutuas son muy poderosas y algunas de ellas muchísimo más. Al final, ha habido un contraataque típico y tópico y ustedes han cedido y han tramitado transaccionales de la mano de enmiendas del PNV o de Convergència. Y este es un hecho que nosotros lamentamos porque algo que podía haber salido mínimamente bien, si hablamos de empleo, de mercado laboral y de Seguridad Social, con este Gobierno ha acabado empeorando —la tradición hasta ahora, en esta legislatura, ha sido que el diálogo sobre estos aspectos ha resultado siempre desastroso, negativo, muy polarizado—. Esta circunstancia reafirma el porqué de nuestro veto, el porqué de nuestras enmiendas y, evidentemente, justificará que votemos en contra del proyecto de ley.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, esta es una ley que Convergència i Unió no la habría hecho de esta manera. Esto es evidente. También queremos denunciar —lo hemos dicho en otro momento— que ha faltado un cierto diálogo. Es verdad que en este proceso y en este último tramo de la negociación con la senadora Peris ha sido posible. Pero no es lógico que el Gobierno no pacte también un proyecto de ley con las comunidades autónomas. Después vendrá a las Cámaras parlamentarias y, por tanto, habrá procesos legislativos. Pero por mucho diálogo que haya, que tiene que haberlo con los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, las comunidades autónomas también tienen que decir algo. Por tanto, en este trámite del Senado hemos podido salvar, a partir de la enmienda 100 y alguna otra transacción, todo lo que tiene que ver con las competencias de la Generalitat y muy concretamente con el artículo 165 del Estatuto de Autonomía, y creemos ciertamente que sale mucho mejor parado en este aspecto.

Quisiera decir también que mi grupo no va a renunciar a defender lo que nosotros entendemos que es un buen modelo de cooperación público-privada. Debemos ser capaces de mantener un estricto control de las mutuas que gestionan recursos públicos de la Seguridad Social. Por tanto, debemos ser exigentes en materia de transferencia, de buena gobernanza, en todos aquellos elementos en los que se tenga que garantizar el interés general de estos recursos públicos. Pero no tenemos por qué renunciar, como en otros sistemas y en otros ámbitos, a un buen modelo de colaboración público-privada. Por eso, hemos planteado en diferentes iniciativas y enmiendas que la colaboración sea mucho más controlada y mucho más transversal a través de diferentes comités de coordinación de todas las partes, de todos los agentes implicados.

He oído en algunas intervenciones cierto alarmismo por parte de algunos portavoces. No es la primera vez —justamente ahora no veo en la Cámara al senador que ha hecho uso de la palabra— que sacaba este reduccionismo de izquierdas y derechas, de purezas y no purezas. Yo creo que el dogmatismo es un mal compañero para analizar las cosas. Desde nuestra propia experiencia en Cataluña, en esta cuestión la última palabra siempre la va a tener el sistema público. En Cataluña




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existe el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, que permite una perfecta coordinación. Este instituto se creó con el Gobierno de Convergència i Unió, pero lo mantuvo el tripartito y, por tanto, es un instituto que da plenas garantías de coordinación y una buena gestión de la contingencia común. Queremos que este modelo catalán se blinde. Cada uno que haga lo que crea que tenga que hacer en su territorio, pero que quede claro que todo aquello que funciona bien debe quedar absolutamente blindado. Esto es muy importante.

También hemos querido blindar —lo he dicho hace un momento— la enmienda 100, que es la que da garantías al artículo 165 del estatuto y, en definitiva, lamento que no se contemplen profundamente cuestiones de carácter mucho más social y de sensibilidad, que son las que están vinculadas a las enmiendas 135, 125 y 124. Son las realidades de aquello que no queda en el día a día. Hay más casos de cáncer de los que señalan los propios indicadores en los últimos diez años, que apuntan un aumento importante, y cambian las características de cómo se da protección a las familias, de cómo se da protección a los familiares para que puedan cuidar a los menores que sufren cáncer. Yo creo que en este aspecto y en otros de la tramitación, a esta ley le falta un poquito de alma social.

No obstante, porque ustedes han aceptado 13 de nuestras enmiendas y sobre todo por el blindaje de nuestras competencias, vamos a votar a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, presidente.

Turno de portavoces, tres horas hablando de mutuas y, quitando lo tedioso, lo más complicado, que pueden ser las enmiendas por la complejidad técnica, entramos en ese debate en el que el PNV nos decía que no entráramos. Nos daba la lección sobre todo para justificar por qué retiraba el veto que con tanto ímpetu había presentado, sobre todo en su contenido. Nos decía que no habláramos tanto, que esto era un poco demagógico y hablaba de derechas y de izquierdas. Pues bien, para buscar la causa de por qué se retiraba este veto en una transacción, puesto que era un veto muy cargado, he tenido ocasión de leer lo que el portavoz, el señor Olabarria, decía en el Congreso, que acababa toda su intervención diciendo: «Espero que hayan servido para algo estas reflexiones, casi melancólicas, casi nostálgicas, y tengamos posibilidad en el Senado, como nos han dicho, de llegar a algún acuerdo razonable». No veo a nadie del PNV, se ve que ya han conseguido lo que necesitaban. Y ese acuerdo razonable ha sido una transacción para conseguir lo prometido y lo razonable para ellos, que es permitir una retribución más alta y en mejores condiciones para parte del personal de las mutuas, sobre todo el directivo, y hacer algo que entendemos que sobre el patrimonio histórico no se debería hacer. No sé si ha tenido algo que ver que el actual consejero de Salud del Gobierno del País Vasco haya sido previamente director de una mutua, seguro que no, pero sobre lecciones deberíamos ser un poquito más claros.

Ustedes, con este proyecto de ley, tratan a los trabajadores de este país de auténticos vagos y a los médicos de familia como colaboradores de esa posibilidad de que la gente se dé de baja por un accidente simplemente porque no quiere trabajar. Esa es la realidad. Puede parecer que las más interesadas en que no se produzcan esos accidentes laborales sean las propias empresas, pero no es cierto. El más interesado en que no haya accidentes es el propio trabajador que no quiere tener problemas de salud. Y ante eso ustedes miran para otro lado.

Que tengamos una recomendación a partir de la Ley 27/2011 para consensuar, para pactar una modificación de las mutuas, no da pie a que ustedes hagan esto que están haciendo, que es abrir la puerta a la privatización. Y no se escondan detrás de eso de mayor transparencia cuando todavía permitimos unos pequeños resquicios para percibir esas grandes retribuciones. ¿Mayor eficacia cuando estamos dejando esa eficacia en la sanidad privada? ¿Más modernas? Yo creo que no. Eso no es lo que esconden ustedes. Ustedes han consensuado y han pactado, pero no con grupos políticos, sino con los lobbies económicos sanitarios privados, como siempre han hecho, sobre todo en los últimos tiempos. Con ellos sí que han pactado y han consensuado, y a partir de ahora tendrán una mayor parte de la tarta porque no hay una prelación clara en cuanto a que el último recurso sea el convenio privado con las entidades de gestión sanitaria privada.




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Ustedes han precarizado el mercado laboral en su conjunto. Hoy, una portavoz del Grupo Popular en la defensa del veto nos decía: dentro y en el marco del programa de reformas del Partido Popular. Y es que para ustedes esto cierra un círculo; un círculo que no diré perfecto, porque perfecto parece que tiene una connotación de bondad; diré casi un círculo vicioso, y me explico. Tenemos que precarizar el mercado laboral. Estamos en crisis y los recursos que obteníamos de un sitio muy determinado, que era el sector inmobiliario, ya no los tenemos, por lo que hemos de buscar otros nichos de eficiencia económica y de beneficios, como los sectores ligados a la sanidad o recortar los derechos de los trabajadores, y ahí encontraremos ese beneficio perdido. Primero, una gran reforma laboral, con un despido más barato, troceando el empleo, procurando que los trabajadores pierdan derechos. Como decía perfectamente el señor Guillot en la exposición de sus datos, en este país se trabaja más horas y, sin embargo, baja la accidentabilidad. ¿Hacía falta retorcer esto tanto? ¿Sospechar tanto de médicos y trabajadores y poner tantos controles? Yo entiendo que no. Ustedes siguen cerrando ese círculo, por un lado, con el tiempo parcial, permitiendo también esa precariedad a la hora de poder trabajar una o dos horas y que no pase absolutamente nada; y por otro con la reforma de las pensiones. Y ahora con la reforma de las mutuas. Ustedes han cerrado el círculo y siempre hay unos agentes que prácticamente son gemelos en todo esto: los bancos, los fondos de inversión, las empresas privadas, y en este caso en la sanidad también encuentran un nicho de recursos económicos.

Esta mañana una senadora que no es de mi grupo político me decía que cuando gobierna el Partido Popular desgraciadamente se tardan varias legislaturas en corregir lo que legisla. Yo le contestaba que esto no era así porque tenemos que hacerlo no en varias legislaturas, sino que se trata de conseguir una mayoría amplia dentro de once o doce meses y empezar a corregir esto que ustedes están haciendo a través de eso que llaman programa de reformas. Dicen que todo va muy bien y además nos dan lecciones en ese sentido. También hablan de pensiones, de disminución del paro, pero no intenten convencernos con sus argumentaciones porque no vamos a llegar a acuerdos. Intenten convencer a los ciudadanos, a los que están fuera, a los que nos están escuchando, a ver si con su proyecto de ley y con sus argumentaciones les pueden decir que hoy hay menos paro que hace tres años. No; hay un millón de personas que están fuera del mercado laboral. Ustedes pueden convencerles de que hay más afiliación a la Seguridad Social porque tenemos 5000 nuevos afiliados en el último mes de noviembre. No; tenemos 500 000 personas que ya no están afiliadas a la Seguridad Social. Les pueden decir ustedes que cobran más que lo que cobraban. No, cobran un 10 % menos. O pueden ustedes repetir aquella mentira, que intentan ustedes elevar a la categoría de verdad a base de repetirla, de que los socialistas congelaron las pensiones y nosotros las hemos asegurado. En el período en que gobernó el Partido Popular las pensiones mínimas subieron 40 euros, y en el período en que gobernó el Partido Socialista subieron 257 euros. (Rumores). No se produjo tal congelación, solo sobre las pensiones máximas y, además, venían de una revaloración anterior y una desviación positiva en el IPC. Por lo tanto, aquello de mentir cada vez se les va haciendo un poco más complicado, porque ustedes no convencen. Ustedes se han dado un tiempo de cuatro años no para convencer, sino para hacer lo que venían a hacer, y es a repartir, a tener unos pactos que no es que sean cada vez más ocultos, sino que son más evidentes, con una sociedad que no es precisamente la articulada de este país, sino aquella a la que ustedes se deben, que son los intereses económicos, que para ustedes son una prioridad, y en este proyecto de ley también lo son.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Santos.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, presidente.

Señorías, senador del Grupo Parlamentario Socialista, con la reforma que se recoge en este proyecto en ningún caso se les ha faltado al respeto a los trabajadores, todo lo contrario; el espíritu de este proyecto de ley es precisamente beneficiar a los trabajadores y beneficiar a los ciudadanos españoles.

Usted ha hablado de precarizar el mercado laboral. Señorías, cuando gobernaba el Partido Socialista se cerraron más de 500 000 empresas, más de medio millón de pequeños y medianos




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empresarios cerraron; eso sí es precarizar el mercado laboral, porque empresas que antes estaban funcionando dejan de trabajar. Eso sí es precarizar el mercado laboral, señoría.

Además, usted habla de las pensiones. ¡Pero si fueron ustedes los que congelaron las pensiones! (Rumores). ¡Pero si la reforma del Partido Popular lo que ha hecho ha sido garantizar que no volviera a suceder lo que ocurrió mientras ustedes gobernaban! Se trata de revalorizar las pensiones tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis para evitar que gobiernos como el suyo vuelvan a poner en peligro el sistema de pensiones, como lo estuvo mientras gobernaba el Partido Socialista. ¿Cómo pueden hablar ustedes de que nosotros hemos precarizado las pensiones si han sido ustedes los que han congelado las pensiones, los que congelaron los sueldos a los funcionarios?

Pero, señoría, centrándonos en el proyecto que ahora nos ocupa, fíjense ustedes si es importante que las mutuas gestionan más de 9 millones de euros, el 62 % de los cuales aproximadamente son cuotas provenientes de cotizaciones por contingencias profesionales, el 37 % por contingencias comunes, y el resto por el cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Por eso, señorías, me gustaría insistir en que la reforma que supone este proyecto de ley es equilibrada, cumple con el mandato de la Ley 27 de 2011, desde luego cumple con las recomendaciones que hemos hecho entre todos en el Pacto de Toledo; cumple con lo manifestado por el Tribunal de Cuentas, intentando mejorar las deficiencias en la burocracia y en la gestión; moderniza la gobernanza de las mutuas y aumenta, con muchísima claridad, la transparencia en su gestión.

Asimismo, este proyecto de ley proporciona unas reglas adecuadas para el establecimiento de las reservas y el uso de los excedentes del sistema para que las cotizaciones sociales sobrantes —algo que ustedes no hicieron porque quitaron el límite a esos excedentes— puedan ir a la Tesorería de la Seguridad Social y a la caja común de la Seguridad Social.

El Grupo Parlamentario Popular tampoco puede aceptar el argumento de que privatiza la sanidad. Vuelvo a repetir, y lo repetiré hasta la saciedad, que las mutuas hacen propuestas de alta, pero quienes tienen la última palabra y quienes dan el alta son los médicos de la sanidad española; es decir, el sistema sanitario público español. Por lo tanto, señorías, en absoluto hay privatización de la sanidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a apoyar este proyecto de ley, porque con él estamos apoyando a los autónomos, estamos apoyando a los pensionistas, estamos gestionando mejor nuestros recursos públicos. Apostamos por la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social con el objetivo principal de que los ciudadanos tengan cada día un sistema mejor, con más y mejores prestaciones. Porque apoyar este proyecto de ley, señorías, es apostar por la salud de los españoles, es apostar por nuestro sistema sanitario español. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado apuesta por ello y por eso va a votar a favor de él. Y quiere mostrar su agradecimiento a aquellos grupos que van a dar su voto favorable a este proyecto de ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero. (El señor Cazalis Eiguren pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, por alusiones, por una afirmación que ha hecho el senador Santos. Quisiera puntualizar un tema, sobre todo para que conste en el Diario de Sesiones.

Ha dado a entender el senador Santos que el cambio de postura de nuestro grupo en esta ley se debe a que el actual consejero de Sanidad, el señor Darpón, fue director de una mutua. Nada más lejos de la realidad. No fue director de una mutua; fue director de dos clínicas del Igualatorio Médico Quirúrgico, que es una aseguradora médica. No tiene nada que ver una cosa con la otra, senador Santos. Está bien que utilice usted los argumentos que quiera, pero, primero, infórmese, no mienta y, segundo, no intente mezclar cosas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fue director médico de clínicas del Igualatorio Médico Quirúrgico.

Gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas, les informo de que la Comisión de Hacienda se va a reunir a continuación en la sala Clara Campoamor, la Comisión de Peticiones en la sala Giménez Abad y la Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores en la sala 20001 B.

Vamos a comenzar la votación de las enmiendas.

En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por las senadoras Ibarz, Santos y el senador Fuster.

Votamos la enmienda número 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 10; en contra, 214; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 31 y la 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 13; en contra, 214; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 24 a 28, 30, 33 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 11; en contra, 217; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza y Yanguas y la senadora Salanueva votamos las enmiendas 1 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 7; en contra, 214; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 5; en contra, 213; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 37, 39, 40, 42 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 217; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 150; abstenciones, 86.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 213; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal votamos las enmiendas 4, 5, 7, 8 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13 a 17 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 9, 11 y 12 y 18 a 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 3; en contra, 151; abstenciones, 86.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 13; en contra, 147; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 182.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 213; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 173, 176 y 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 78; en contra, 148; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, el primer bloque de enmiendas. Votamos las enmiendas 46 y 168 a 170.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47, 59, 62 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 230; en contra, 6; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 67; en contra, 155; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del primer bloque de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del segundo bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas 75, 77 a 80, 86 y 92 a 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 152; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 87 a 91 y 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 70, 71, 73, 74, 76 y 82 a 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 75; en contra, 151; abstenciones, 14.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, votamos la enmienda número 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 168; en contra, 68; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 104 y 114.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 16; en contra, 149; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 15; en contra, 151; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 111 y la 120.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 217; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 116, 124 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 82; en contra, 152; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 128 y la 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 92; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 84; en contra, 153; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 109 y la 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 152; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 123.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 150; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 129 a 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 97, 98, 106 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 15; en contra, 215; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 99, 101, 102 y 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 216; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la 138.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 68; en contra, 154; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 161.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 137, 149, 153 y 155.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 150; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 70; en contra, 151; abstenciones, 18.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 163, 165 y 166, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 169; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 164 y 167, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 169; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las siguientes enmiendas transaccionales: sobre la enmienda número 108 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; sobre las enmiendas números 119 del Grupo Convergència i Unió y 177 y 178 del Grupo Parlamentario Vasco; sobre las enmiendas números 38 del Grupo Parlamentario Mixto, 110 del Grupo Convergència i Unió y 174 del Grupo Parlamentario Vasco; sobre las enmiendas números 41 del Grupo Parlamentario Mixto, 181 del Grupo Parlamentario Vasco y 29 de los senadores Fuster, Ibarz y Santos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 165; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las siguientes propuestas de modificación del dictamen. En primer lugar, la número de registro 150 254, sobre las enmiendas número 22 del Partido Aragonés, 36 de UPN, 96, 103, 105, 113, 115 y 117 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y 171 y 172 del Grupo Parlamentario Vasco, y firmada por 4 grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 169; en contra, 71; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 150255, sobre las enmiendas números 23 del Partido Aragonés y 100 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, y firmada por 4 grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 169; en contra, 70; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 164; en contra, 73; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 159; en contra, 73; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, buenas tardes a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas.


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