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DS. Senado, Pleno, núm. 120, de 09/07/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 57 (extraordinaria)

celebrada el miércoles, 9 de julio de 2014

ORDEN DEL DÍA

8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

8.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015.

(Núm. exp. 702/000004)

9. MOCIONES

9.1. Moción por la que se insta al Gobierno, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, a realizar cuantos esfuerzos sean necesarios, institucionales y económicos, para lograr la consecución de la isla de Tenerife como sede del hemisferio norte del proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array).

(Núm. exp. 662/000147)

Autor: GPP

9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la mejora del sector porcino.

(Núm. exp. 662/000148)

Autor: GPP

9.3. Moción por la que se proponen determinadas medidas dirigidas a la rebaja de los precios de los carburantes de automoción, sobre la base del aumento de la competencia en el sector.

(Núm. exp. 662/000149)

Autor: GPS




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10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000072)

10.1.2. Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a Proveedores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000077)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

8.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015.

(Núm. exp. 702/000004)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta el acuerdo.

En turno a favor interviene el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López García, por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; López García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Antes de proceder a la votación, el señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo los tres favorables al acuerdo.

Se aprueba el acuerdo con el siguiente resultado: presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 151 más 3 telemáticos, 154; en contra, 89; abstenciones, 1.

9. MOCIONES

9.1. Moción por la que se insta al Gobierno, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, a realizar cuantos esfuerzos sean necesarios, institucionales y económicos, para lograr la consecución de la isla de Tenerife como sede del hemisferio norte del proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array).

(Núm. exp. 662/000147)

Autor: GPP

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El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

El señor Fuentes Curbelo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Alarcó Hernández expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazando la del Grupo Parlamentario Mixto y aceptando la formulación de una propuesta de modificación sobre la base de la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan; Fuentes Curbelo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.




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9.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la mejora del sector porcino.

(Núm. exp. 662/000148)

Autor: GPP

11320

El señor Cotillas López defiende la moción.

El señor Arrufat Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Cotillas López expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 149; en contra, 77; abstenciones, 11339

9.3. Moción por la que se proponen determinadas medidas dirigidas a la rebaja de los precios de los carburantes de automoción, sobre la base del aumento de la competencia en el sector.

(Núm. exp. 662/000149)

Autor: GPS

11338

El señor Alique López defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 13.

Se suspende la sesión a las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

11355

(Núm. exp. 621/000072)




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El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número 5, presentada por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Bel Accensi defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Vázquez García defiende la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet y Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que han sido autorizadas para votar telemáticamente las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, y han emitido voto telemático solamente las senadoras García Carrasco y Nevado del Campo, que lo han hecho en sentido contrario a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 95; en contra, 151 más 2 telemáticos, 153; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 245 más 2 votos telemáticos, 247; votos emitidos, 245 más 2 votos telemáticos, 247; a favor, 91; en contra, 151 más 2 telemáticos, 153; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 2 votos telemáticos, 250; votos emitidos, 247 más 2 votos telemáticos, 249; a favor, 92; en contra, 152 más 2 telemáticos, 154; abstenciones, 3.




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Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 248 más 2 votos telemáticos, 250; a favor, 94; en contra, 152 más 2 telemáticos, 154; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió con el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

Se rechaza la propuesta de veto número 8, con el siguiente resultado: presentes, 249, más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249, más dos votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153, más 2 votos telemáticos, 155; abstenciones, 2.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Santos Fernández defiende las enmiendas 2 a 13, del señor. Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora. Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 14 a 32, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 113 a 123, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 55 a 93 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 94 a 112, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas 33 a 54, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Sanz Murillo defiende enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 124 a 162 y el voto particular respecto del Dictamen modificado por la aprobación de las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; las señoras Sanz Murillo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Romero Bañón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que se procederá a las votaciones de este proyecto de ley tras debatir el siguiente.




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10.1.2. Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a Proveedores. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

11408

(Núm. exp. 621/000077)

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador.

La señora Martínez Muñoz da por defendidas las enmiendas 4 y 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Sequera García defiende las enmiendas 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Vázquez García defiende la enmienda 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

11416

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

10.1.1. Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (Votación)

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

11355

(Núm. exp. 621/000072)

Se procede a votar

11417

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 135795, 135796, 135831, 135832, 135837 y 135838.

El señor presidente informa a la Cámara de que la propuesta de modificación con número de registro 135839 ha decaído al haberse retirado la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

8. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA

8.1. ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2015-2017 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2015.

(Núm. exp. 702/000004)

El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de este acuerdo, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de volver a representar al Gobierno en la defensa del acuerdo del Consejo de Ministros relativo, como se conoce popularmente, al techo de gasto, el máximo de gasto y los objetivos de déficit y de deuda correspondientes al ejercicio 2015, último año de esta legislatura.

Comienzo mi intervención en el Senado recordando algunas de las expresiones con las que finalicé hace justo un año una intervención con este mismo motivo, el inicio del proceso presupuestario de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y del conjunto de las administraciones públicas, puesto que el contenido de los escenarios económicos y también el contenido de las propias previsiones derivadas del escenario económico en lo que se refiere a ingresos impositivos, ingresos tributarios, determina el conjunto de las previsiones presupuestarias de nuestras administraciones públicas.

El año pasado, acababa esa intervención utilizando la figura de la salida de la crisis económica en forma ―que ya se ha hecho bastante tópica― del túnel y decía entonces: «La perspectiva del Gobierno es que tengamos, a partir del próximo año, un crecimiento económico que empezará siendo moderado, para ir, a partir de las bases sanas que se están estableciendo, a más a lo largo de la legislatura —obviamente, me refería a 2014 y 2015— ,lo que permitirá alcanzar en el 2016 el objetivo de que el conjunto de las administraciones públicas de España estén por debajo del 3%.» Además, utilizaba una figura retórica y, si quieren, incluso un poco manoseada, cuando afirmaba que «España ve ya la luz del túnel ahí, muy cerca. La salida del túnel está muy cerca y, por consiguiente, estamos viendo luz, no luz artificial, sino luz natural, que es la que realmente muestra que estamos al término de un recorrido que ha sido muy doloroso, pero del que podemos decir que va a acabar pronto.»

Esa forma retórica, insisto, era relativa a que en el año 2013, cuando hablaba desde esta tribuna, lo que estaba finalizando en España era la recesión económica y también decía entonces que, a partir de la segunda mitad de 2013 finalizaría en España la recesión económica y, por tanto, abriríamos un nuevo período de crecimiento económico y de creación de empleo. Ese nuevo periodo de crecimiento económico y de creación de empleo ya está aquí, ya está entre nosotros. Hoy, la economía española ya está creciendo. Está creciendo en la primera parte del año 2014, aunque con crecimientos todavía moderados, modestos; crecimientos en el primer trimestre que hemos conocido del 0,4% en términos intertrimestrales; crecimiento que todo anuncia a que en el segundo trimestre de este mismo año 2014 que acabamos de cerrar puede haber sido algo mayor del 0,4%, lo que significaría, si ha sido así, un 0,5% caso de registrarse, que la economía española estaría creciendo en términos interanuales en 1,4% o 1,5%.

Por tanto, está acelerándose el crecimiento económico y, lo que es más importante, con esos crecimientos económicos, por primera vez en nuestra historia, se está creando empleo en términos de registro de afiliados a la Seguridad Social, de cotizantes a la Seguridad Social. Esto ocurre desde el mes de febrero de este año, en que ya hemos entrado en tasas positivas de afiliación a




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la Seguridad Social y tasas que se han ido fortaleciendo hasta la última que hemos conocido, la tasa del mes de junio, que eleva el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social, de nuevos cotizantes, al 1,8%.

Quiere decir ello que está ocurriendo algo inédito en España, y es que con crecimientos económicos claramente inferiores al 2% se está creando empleo por primera vez en nuestra historia. Quiere decir ello que cuando hace un año afirmábamos desde esta tribuna que se estaban sentando las bases sólidas del crecimiento económico, no nos equivocábamos. No pecábamos de un exceso de optimismo, sino que hoy todos —y estoy seguro de que todos los que van a ocupar la tribuna también insistirán en ello— reconocen que hoy en España hay una recuperación económica. ¿O hay quien lo va a negar? ¿Lo va a negar también algún grupo político de los que suban a esta tribuna? Sí, seguro que lo niega y que va a decir que no hay recuperación económica para una parte de la sociedad. Está en el guion, pero cuando diga eso no diga que la gente no está participando de esta recuperación económica. ¿O no son gentes los que están encontrando empleo? ¿No son gentes los que se están dando de alta como autónomos a la Seguridad Social? Hay 250 000 nuevos autónomos en la Seguridad Social desde que esta Cámara, el Senado, aprobó la tarifa plana de 50 euros. Repito, 250 000 dados de alta en la Seguridad Social. Son personas, no son números —ahora me referiré a los números, a las bases de ese crecimiento económico—. ¿O no son personas las que están liderando con su conducta esas compras en nuestras empresas que hacen que la formación bruta de capital fijo, los bienes de equipo, se estén incrementando por encima del 10%? ¿No son personas los que están tomando esas decisiones? ¿No son personas las que están aumentando su capacidad de consumo? Porque esto hace que modestamente el consumo se esté recuperando en nuestro país, como se aprecia también en otros indicadores, como el pago de impuestos y la recaudación del IVA, que en el Estado, en términos de contabilidad nacional, según los últimos datos publicados, el incremento de recaudación en el mes de mayo en el Estado en contabilidad nacional, insisto, es del 7,7%. ¿De dónde viene eso? ¿No es de las conductas de las personas en nuestro país? Por supuesto que eso es compatible con que hay mucha gente que lo está pasando mal, por supuesto que no ha llegado a todo el mundo, por supuesto que esta recuperación económica, como todas las recuperaciones económicas, comienza en una parte de la población y va extendiéndose. Debemos interpretarlo como si fuera la subida de una marea que va llegando a todos.

Lo que es fundamental es que sigamos sentando las bases de nuestro crecimiento económico, las mismas bases de hace un año cuando decíamos con rotundidad que qué había cambiado en España, esas bases que hoy todavía permanecen, el signo positivo de nuestra balanza por cuenta corriente, el signo positivo de nuestra capacidad de financiación frente al resto del mundo. Eso es lo que cambió. Y la pregunta que nos hacíamos también hace un año era esta: ¿Hubiera sido posible ese cambio drástico, dramático de nuestra balanza por cuenta corriente si no hubiésemos corregido, reducido el déficit de nuestras administraciones públicas con la intensidad con que lo hicimos? La respuesta es no. Si hubiésemos hecho esa política que algunos pretendían hacer en nuestro país de no reducir el déficit público asumiendo, por supuesto, las consecuencias de esa reducción, hoy no estaríamos hablando de crecimiento económico ni de creación de empleo en nuestro país, hoy no estaríamos dando la sorpresa, expresión que hoy domina en los informes internacionales. Por citar uno, The Economist, el prestigioso semanario británico, también califica la recuperación económica de España de: asombrosamente rápida. Es decir, hemos roto perspectivas y pronósticos porque estamos haciendo política, lo que significa tomar decisiones en materia económica para que esos pronósticos y esas opiniones tan negativas sobre la economía española pudieran cambiar. Eso es lo que estamos consiguiendo mostrar de nuevo, como en los años noventa, cuando se veía como imposible que España fundara el euro. Pues lo fundó, pero también fundó algo más importante todavía: el período de crecimiento económico creador de empleo más intenso de su historia.

Pues bien, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que en el primer trimestre de este año 2014 seguimos teniendo una capacidad de financiación frente al resto del mundo equivalente al 1% del producto interior bruto. A eso nos estamos refiriendo, a que tenemos un crecimiento económico sin inflación por primera vez en nuestra historia; a eso nos estamos refiriendo cuando afirmamos y reiteramos que tenemos que seguir reduciendo el déficit público, porque lo que nos conviene a los españoles es que nuestras finanzas públicas vuelvan al equilibrio cuanto antes, que




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se elimine el déficit primario todavía existente en nuestro país, lo que causa que la deuda pública sobre el PIB siga aumentando. Tenemos que parar ese crecimiento de deuda pública para conseguir llegar al superávit nominal primario puesto que el superávit estructural, el que descuenta los efectos del ciclo, ya lo hemos conseguido en nuestro país, y hoy España tiene un superávit estructural primario, esto es, descontada la carga de intereses, y nuestras administraciones públicas, en términos estructurales, que son los importantes, están saneadas. Ese es el gran esfuerzo de ajuste presupuestario que hemos logrado en nuestro país.

Además, voy a dar un dato, aún incompleto, en esta intervención. Es un dato que trata de romper un cliché: la reducción del déficit público en España se ha hecho sin tener que reducir el conjunto de los gastos sociales de nuestras administraciones públicas. (Rumores). Esos son los datos. En España la previsión para 2014 es que las administraciones públicas gastaremos, en el llamado gasto social, el que incluye las pensiones, el seguro de desempleo, la educación y la sanidad, es decir, los grandes componentes del gasto social, del orden de 186 000 millones de euros. Y en el año 2011 nuestras administraciones públicas gastaron 184 560 millones de euros. Por tanto, estamos haciendo una reducción del gasto claramente solidaria, sin olvidarnos de la cohesión social.

Estos son los datos, luego vienen las retóricas pero, en fin, contra eso no vamos a esforzarnos demasiado a estas alturas y, sobre todo, en el comienzo de un debate parlamentario a esta hora de la mañana, a las 9,15. Puesto que cerraremos la contabilidad nacional de forma definitiva en el próximo septiembre, tendré oportunidad de traer los datos en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Año 2012: gasto social de nuestras administraciones públicas, 28,4% del producto interior bruto. Año 2011, 28,4% del producto interior bruto. Año 2010, 28,6% del producto interior bruto.

Estos son los datos que demuestran que en nuestro país se ha hecho un ajuste presupuestario con cohesión social. Si quieren les puedo leer los datos que demuestran de donde procede la mayor recaudación tributaria pero no sé si les aburriré. (Rumores).Yo les invito a que los estudien, a que los conozcan, reflexionen y que antes de emitir estos juicios políticos tan extendidos al menos los contrasten porque si no estaremos dando una imagen falsa de lo que está siendo el ajuste presupuestario en nuestro país, señorías. Lo que no se sustenta en datos en los debates parlamentarios relativos a la utilización del gasto público, de los ingresos públicos, es falso; por tanto, vamos a calificar las cosas como son, y como esto tiene un gran contenido político voy a insistir en ello.

Ya les he dicho lo que ha sido la evolución de la recaudación tributaria pero voy a referirme únicamente a lo que ha supuesto el pago del incremento del impuesto sobre sociedades, es decir, lo que encontramos cuando llegamos al Gobierno, cómo estaba la tributación del impuesto y cómo ha evolucionado. Entre los años 2007 y 2011, con un Gobierno socialista, se produjo una caída de ingresos tributarios por el impuesto sobre sociedades del 62,9%: la crisis. Ante esta situación, llegamos al Gobierno y tomamos medidas; esta Cámara tomó medidas de cambio tributario en el ámbito de este impuesto, que todos recordarán: limitamos la libertad de amortizaciones, redujimos la capacidad de deducción de los gastos financieros, etcétera, medidas que afectaron exclusivamente a las grandes empresas de nuestro país. Las pequeñas y medianas empresas no incrementaron la recaudación tributaria en los ejercicios 2012 y 2013, sí lo están haciendo a partir del año 2014. Leo: «Los ingresos tributarios por el impuesto sobre sociedades pasaron de 16 611 millones de euros en el año 2011 a 21 435 millones de euros. Por tanto, casi 5000 millones de euros, exactamente 4800 millones de euros más, en el año 2012, año de recesión económica, en términos de recaudación de las grandes empresas.

Por tanto, si contempláramos los pagos a cuenta de los grandes grupos de nuestro país del año 2011 con la perspectiva de 2013, observaríamos que se han duplicado prácticamente, mientras que los pagos a cuenta de las pymes, que en el año 2011 eran de 1800 millones de euros, en 2013 eran de 1400 millones de euros. Estas son las políticas tributarias que piden que haya más aportación a la recaudación tributaria, al ajuste del déficit público, de quienes tienen más capacidad económica.

Datos de recaudación. Espero que estos datos sean compartidos, son públicos. (Risas). No se los creen tampoco. Sus señorías socialistas no se los creen. Pues bien, los datos del escenario económico actual que les voy a dar ahora son los que marcan la evolución, los que marcan no ya




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la situación económica actual sino también, obviamente, el techo de gasto del año 2015. La situación económica es de recuperación. Los pronósticos de nuestra economía no son los del año 2012, cuando se decía: ¡Vamos a ser rescatados! ¡Habrá rescate en España! ¡España saldrá del euro! ¡España se llevará por delante al euro! Nadie se plantea estas cuestiones que se formulaban en el año 2012.

¿Qué ocurrirá con la evolución económica de España? ¿Se saldrá lentamente de la crisis económica? Esta no es la cuestión ahora. La cuestión ahora es que todos los pronósticos, y también los del Gobierno de España que trae esta mañana al Senado, son de crecimiento, de un crecimiento más intenso a partir del año 2015. Ese es el crecimiento que se espera. El pronóstico del Gobierno para el año 2015 es de un 1,8% de crecimiento, el mismo del programa de estabilidad. Y ese 1,8% para el año que viene es moderado, se está quedando en la banda baja de los pronósticos. Ya se han realizado numerosos pronósticos dentro y fuera de España que vaticinan un crecimiento económico mayor, incluyendo la propia Comisión Europea, que para el año próximo vaticina un crecimiento para España del 2,1%. Es decir, en el año 2015, España liderará el crecimiento de la Unión Europea. Vamos a estar a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea. Y si ya se está creando empleo con un crecimiento mucho más moderado registrado en la primera parte del año 2014, eso significa que en el año 2015 se creará bastante más, y de ello se deriva, por tanto, que las reformas estructurales del Gobierno, la reforma laboral que actualizaba nuestras relaciones laborales, la reforma de saneamiento bancario, la reforma energética, la reforma del sector público, están cambiando las condiciones para la creación de empleo y la economía de nuestro país.

Crear empleo. La política más solidaria que puede existir, que se puede aplicar en cualquier país, pero más aún en un país cuya tasa de paro es sencillamente inaceptable, como es el caso de España. Crear empleo es también crear optimismo, ilusión y confianza; es abrir un horizonte de futuro para todos, pero especialmente para nuestros jóvenes, para que realmente entiendan que España es ese gran país al que pertenecen, miembro de Europa de pleno derecho, y que ejerce en Europa toda su capacidad de acción para conseguir un futuro esperanzador.

Ese crecimiento económico está cambiando en términos de componentes, y ahí hay uno de los mayores desafíos. Es lógico que el crecimiento económico, a medida que va avanzando, como ya está ocurriendo, lo que haga es que aumente la demanda interna de la economía. El componente más dinámico de esa demanda interna es la formación bruta de capital fijo en su vertiente de bienes de equipo, que está creciendo por encima del 10 o del 11%. A ello se añade un crecimiento también más moderado, pero fundamental, del consumo. El desafío de España —e invito a todos a que no lo veamos como un riesgo, sino como un desafío— es compatibilizar la recuperación de la demanda interna, que es absolutamente necesaria si queremos crear empleo. El sector exportador, el sector exterior, la aportación de la demanda interna siempre será insuficiente en términos de creación de empleo. Por tanto, necesitamos más impulso de la demanda interna, pero que ello sea compatible con un hecho que también es nuevo en nuestra historia, la elevada cuota de participación de nuestras exportaciones en el producto interior bruto. Nunca España había tenido tanta capacidad exportadora como la que tiene actualmente. La cuota de la exportación sobre el producto interior bruto español supera el 30%, está en el orden del 31%. Eso nos coloca a la cabeza de los países desarrollados exportadores del mundo. Y eso es lo que tenemos que preservar. Estoy seguro de que nuestras empresas, que han hecho una gran tarea en términos de ganancia de competitividad, lo van a compatibilizar con la recuperación de la demanda interna. Tenemos, por tanto, por delante, ese caminar, pero no tiene por qué encerrar riesgos excesivos si lo que hacemos es seguir ganando competitividad. No debemos aspirar a que la demanda procedente del exterior, en suma, la que procede no solo del avance de las exportaciones, sino de la debilidad de las importaciones, se mantenga, aportando a nuestro producto interior bruto como lo ha hecho hasta ahora. Eso está cambiando, las importaciones se están recuperando como consecuencia de la demanda interna y lo que tenemos que hacer es que sea compatible con estar presente en los grandes mercados internacionales a través de esa muy elevada cuota de exportación que debemos considerar como uno de los hechos más relevantes de nuestra evolución económica.

Durante este tiempo en nuestro país ha ocurrido, por un lado, que el entorno de baja inflación —inexistente— ha mejorado la capacidad adquisitiva de las familias, sin necesidad de que




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aumenten sus rentas monetarias. Ha ocurrido que la evolución muy positiva de los mercados financieros desde el año pasado ha mejorado la riqueza financiera neta de las familias, los activos financieros netos en los hogares. El año pasado se incrementó un 23,5%, pasando de 830 000 millones de euros en 2011 a 1 billón 26 000 millones de euros en 2013. Un avance semejante de la riqueza financiera es histórico. Nunca se había producido en un solo ejercicio. Es una revalorización de activos que lo que está haciendo es que la riqueza financiera de las familias compense la pérdida de la riqueza inmobiliaria, del valor inmobiliario que está viviendo el ajuste a la baja. Por tanto, esta combinación que también se está dando en la sociedad española es muy positiva y por eso era tan importante abrir esos mercados financieros, como ocurrió en el año 2013.

Las sociedades no financieras y las familias están ahora aprovechando el esfuerzo de ahorro que han llevado a cabo en los últimos años, impulsando el consumo y la inversión. Las sociedades no financieras y los hogares residentes en España han sabido adaptarse a la crisis desapalancándose —y este es el gran término económico— y han reducido su endeudamiento.

Las cifras las recordé ayer en el Congreso, y las voy a repetir esta mañana. En el año 2011 las sociedades no financieras redujeron su endeudamiento en 24 400 millones de euros, exactamente en 24 440 millones de euros, un 1,9% respecto al año anterior. En el 2012, respondiendo al incentivo de las reformas fiscales, bajaron un 6,1%, lo que significó 76 700 millones de euros de desapalancamiento de las empresas no financieras en el año 2012. A ello cabe añadir una caída, en el año 2013, de 58 290 millones de euros, es decir un –5% respecto del año anterior. Observen qué proporción de desapalancamiento hemos generado en España en términos de empresas no financieras. Y a todo esto hay que añadir lo que ya ha ocurrido en los cinco primeros meses del año 2014: que las empresas no financieras han desapalancado otros 20 378 millones de euros. Ese es el proceso sano que está ocurriendo en nuestro país, y los mercados lo están reconociendo y nos lo devuelven con una valoración más positiva de las empresas de nuestro país.

El proceso de desapalancamiento también ha tenido lugar en los hogares, donde el ratio de endeudamiento, que se redujo ya en el año 2011 en 21 844 millones de euros, siguió bajando en el 2012 en 32 980 millones de euros, en el 2013 en 42 155 millones de euros y en los cinco primeros meses ha caído en 14 636. Por lo tanto, estamos viviendo un desapalancamiento financiero del sector privado que en esta legislatura, como ven, supera los 250 000 millones de euros. Estas cifras extraordinariamente positivas están aliviando y mejorando la capacidad de respuesta de nuestro país.

Por supuesto que eso tiene su reflejo en las cotizaciones de la bolsa, cuyo valor más bajo se registró en julio del año 2012. ¡Qué mes de julio el del año 2012!, lo recordarán sus señorías. Hace solo dos años estábamos donde estábamos. En julio del año 2012 estábamos tomando decisiones con ese mínimo de cotizaciones bursátiles, pero desde entonces la bolsa ha recuperado 326 000 millones de euros de capitalización. Repito, 326 000 millones de euros. Estas son las proporciones de la recuperación financiera de España, además de todo lo que implica en términos de renegociación de la deuda del Estado, de las deudas del sector privado, de las grandes empresas españolas, que como es bien conocido son multinacionales presentes en todo el mundo, y eso es lo que nos está conduciendo a esa situación de superávit en la capacidad de financiación de la economía frente al resto del mundo.

El techo de gasto que traemos a la Cámara insiste en la necesidad de la consolidación fiscal de las administraciones públicas en España. No hay que cansarse. Comprendo que es fatigante el camino, vaya por delante, pero todas las administraciones públicas y todos los que tenemos responsabilidades políticas debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo en política presupuestaria. Gracias a esa política presupuestaria, hoy es posible la recuperación económica y la creación de empleo, y hoy es posible que España vuelva a ser un país respetado en Europa y en el mundo. Eso es lo que estamos haciendo, así que no cabe fatiga alguna, ni a la hora de seguir reduciendo el déficit público ni a la hora de seguir aplicando reformas estructurales en la economía de nuestro país que sigan mejorando nuestra competitividad.

Ese es el sentido de que este nuevo techo de gasto albergue una reforma tributaria. Una reforma tributaria que pretende devolver a la sociedad buena parte de los esfuerzos que han materializado los españoles a lo largo de esta crisis, en concreto en la segunda fase de esta recesión: años 2012 y 2013. Una reforma tributaria que en el ámbito de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades supone una devolución de




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prácticamente 3700 millones de euros, lo que significa 9000 millones de euros de impacto ex ante acumulado en el periodo 2015-2016. Una reforma tributaria que se enmarca dentro de las previsiones correspondientes a esta evolución del techo de gasto que para el año próximo prevemos que se reducirá en el 3,15%, quedando, por tanto, fijado el techo de gasto del Estado en 129 060 millones de euros, lo que es compatible con un aumento de la recaudación tributaria de algo más del 4% habida cuenta de que durante este ejercicio —y ayer avanzaba también la cifra, aún provisional obviamente— los ingresos tributarios del Estado hasta el mes de junio están creciendo del orden del 5%, lo cual es un crecimiento bastante más holgado que el que viene simplemente del crecimiento económico. Y ello también quiere decir que se está luchando con gran eficacia contra el fraude fiscal porque, de lo contrario, no sería posible explicar aumentos de recaudación del orden del 5% como están ocurriendo en nuestro país con crecimientos que son, insisto, aumentos de bases imponibles mucho más moderados.

Quiero insistir también en la idea de que cuando pronosticamos una reducción del gasto público para el año próximo en términos de techo de gasto no equivale en modo alguno a que se vaya a reducir en términos absolutos el gasto de nuestras administraciones públicas. ¿Y ello por qué? Pues porque el ahorro vendrá del propio ciclo económico que permitirá un ahorro en las prestaciones de desempleo y un ahorro en la carga de intereses a medida que vamos afianzando la fiabilidad de nuestras finanzas públicas. El primero se deriva del hecho de que cientos de miles de personas no van a perder su puesto de trabajo el año que viene, y por tanto, no van a ir al paro y no van a requerir prestación por desempleo. Y ahí tendremos un importante ahorro presupuestario que nos permite que no tengamos que reducir en términos absolutos el gasto público como hemos tenido que hacer en el pasado. Ahora, para que el año próximo el gasto público baje en términos de producto interior bruto, es decir, que quede en el 43% de nuestro producto interior bruto, tenemos que hacer una política de contención en el aumento del gasto público de forma que quede por debajo del crecimiento de la economía. Eso es lo que hay que hacer y es la nueva senda que entrará en vigor con toda claridad a partir del año 2015, aunque ya lo estamos haciendo en el 2014. Basta con que el total del gasto de nuestras administraciones públicas crezca por debajo del crecimiento nominal del producto interior bruto, y desde luego también del crecimiento en términos reales puesto que hoy las inflaciones son tan bajas que el nominal se parece muchísimo al crecimiento en términos reales. Estamos, pues, ante esa obligación que no debe confundirse con las reducciones drásticas que se han practicado en el pasado, pero que, como antes explicaba, no han afectado al total del gasto social en nuestro país.

Esto lo explico también como un recordatorio en el sentido de que esta política presupuestaria en la que el gasto público crece menos que la evolución de la economía es la política que hacíamos los gobiernos del Partido Popular y la que ahora estamos empezando a hacer; es la política que nos hizo fundar el euro; es la política que nos permitía reducir impuestos de forma sucesiva, puesto que el crecimiento económico ensanchaba las bases imponibles. Por lo tanto, esa es nuestra política, y a esa política estamos volviendo con rapidez y es la que —insisto— planteamos y proponemos a la Cámara.

Termino, porque tampoco pretendía extenderme mucho —un poco sí lo he hecho— (Risas), diciéndoles que la salida de la crisis es una realidad; que la recuperación económica es innegable; que de esta crisis tenemos que aprender y sacar lecciones. España siempre fracasa cuando desequilibra su balanza de pagos. España siempre fracasa cuando trata de salir de las crisis con más déficit público. España siempre fracasa cuando genera desequilibrios económicos y no utiliza las crisis para sentar las bases sanas de un crecimiento económico. Esa es la lección, la lección que tenemos que aprender los españoles, y la lección que estoy seguro que hemos aprendido de esta crisis tan dura, en términos de pérdida de puestos de trabajo, de la que ahora podemos salir afrontando las consecuencias y aplicando las políticas prácticas.

Es el momento de devolver el esfuerzo, el afán, la ilusión. Es el momento de devolver la confianza, porque es la confianza que merece el pueblo español que, como afirmaba ayer, cuando se cae, se levanta; y se levanta con fuerza, con la capacidad que tiene de hacerlo una sociedad emprendedora; y se levanta con esa fuerza que hace que desde fuera de nuestro país algunos —bastantes— sigan asombrándose, como se asombraban antes en los años noventa y en los años dos mil, que se referían a lo que ocurría en España como si fuera un milagro. No era un milagro, era el resultado del esfuerzo y de la ilusión de un pueblo; era el resultado de la confianza




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de una sociedad; y era el resultado también del tesón de políticas económicas comprometidas con la estabilidad económica, políticas económicas que favorecen que prosigan las reformas para garantizar la solución y la salida de la crisis.

Hoy nuestro objetivo, el objetivo del nuevo presupuesto será promover ese crecimiento sostenible creador de empleo, que es también el crecimiento que, a través de la solidaridad y de la cohesión social garantizará el mejor, el más equitativo reparto de la distribución de los beneficios del crecimiento económico que, afortunadamente, se está iniciando entre nosotros.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

¿Turno a favor?

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores senadores, es para mí una ocasión —una muy grata ocasión—, una vez más, de reafirmar el convencimiento que tiene el Grupo Parlamentario Popular de que se está aplicando una política económica adecuada, que está dando resultados, y que esa política económica nos está conduciendo a una situación absolutamente diferente a la que nos encontrábamos hace algunos años. Y quizá de este debate, si alguno de ustedes se toma la molestia de repasarlo en los anteriores ejercicios 2013 y 2014 —incluso si va más allá, también podrá ver cómo eran los debates en la época del Gobierno socialista para poder contrastar unos con otros—, podemos sacar algunas conclusiones que entiendo son muy importantes. En el debate de estabilidad financiera y límite de gasto público para el año 2013, el Grupo Parlamentario Popular tuvo la sensación de que a todos los grupos de la oposición, prácticamente de forma unánime, se nos pedía, se nos sugería, se nos indicaba o en cualquier caso se apuntaba que la idea de una cierta intervención o rescate de la economía española era ineludible, cosa a la que nosotros nos negamos desde el primer momento por las gravísimas consecuencias que eso habría de tener. Sí, así era; se nos pedía rescate. Incluso algunos medios de comunicación insistían en que era imposible evitar ese rescate. Y cuando, al final, en la Unión Europea posteriormente hubo una aportación financiera, un apoyo financiero para la reforma del sistema financiero, se habló de rescate, lo que no era un rescate sino un préstamo a largo plazo, un préstamo, por tanto, que tenía sus condiciones, sus tiempos y sus estipulaciones; y se habló o se quiso sugerir que eso era un rescate a la economía española, fruto de la política que se estaba aplicando. Y eso es estrictamente cierto.

Por tanto, pasamos de un debate del rescate, de la intervención o de la dirección exterior de la economía española a la situación del pasado año, cuando ya el ministro de Hacienda, aquí presente y a quien agradezco la exposición —la de ahora y la del pasado año—, pudo manifestarlo, porque punto por punto se han ido confirmando todos los extremos que entonces se dijeron. Estábamos iniciando una recuperación económica, todos los indicadores económicos apuntaban a que se iniciaba esa recuperación —suave, ciertamente, puesto que veníamos de una muy grave posición financiera, tanto de empresas, de familias, como del sector público— y que ya sería en la segunda parte del año 2013 y, desde luego, en 2014 cuando empezaríamos a apreciar la recuperación económica y la creación de empleo.

Pues bien, así ha sido, y llegamos ahora al debate correspondiente al techo de gasto para el año 2015 y nos encontramos con unos datos que, como se ha apuntado, son datos. Podemos discutir sobre algunos decimales, podemos incluso discutir sobre algunas consecuencias de esos datos, pero no negarlos, porque volveríamos a una época pretérita, una época que espero esté superada, en que la fantasía prevalecía sobre la realidad, fantasía que llevaba a despilfarrar los muchos miles de millones que se despilfarraron, por ejemplo, en los planes de empleo municipales, con muy escasa eficacia, y que ahora el mismo grupo, el Grupo Socialista, lamenta que el ajuste para el próximo año —que no es tal, sino, como se ha apuntado, una política de contención de gasto público— apenas va a suponer 5000 millones de euros, cuando entonces se despilfarraban sin mayor cuidado, sin prestar mayor atención, más de 15 000 millones de euros.

Por tanto, hemos avanzado, hemos avanzado mucho. Los datos de empleo confirman que en el último año se ha reducido el número de parados en algo más de 300 000, que hay casi 300 000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social en términos medios anuales, que la economía española está creciendo —lleva tres trimestres de crecimiento y cuando tengamos los datos correspondientes




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al segundo trimestre podremos confirmar ya un cuarto trimestre de crecimiento económico continuado—, que nuestra presencia exterior está aumentando a tasas muy importantes en exportaciones, y ahora veremos también una cierta progresión en las importaciones, fruto del crecimiento económico del que estamos empezando a disfrutar, lo que va a permitir que en el sector exterior podamos mantener una presencia internacional que ciertamente colabora, contribuye, junto con la demanda interna, a sostener este crecimiento estable, duradero y a largo plazo. Por consiguiente, estamos en una situación mucho mejor que la pretendida, en la que nos encontrábamos hace tres años y a la que algunos todavía parecen retrotraerse.

Frente a esto —por eso para nosotros este resulta un debate muy sencillo, muy cómodo—, hay que proseguir con los esfuerzos de contención del gasto público para el año 2015 porque es lo que está dando resultados, es lo que está permitiendo que crezca la economía y es lo que está permitiendo que se cree empleo en nuestro país, de forma que los resultados en este segundo semestre de 2014 y en el año 2015 serán mucho más evidentes que lo están siendo hasta ahora. Y por tanto, sin perder de vista el conocimiento de que la tasa de paro en España sigue siendo insoportablemente alta, por lo que no podemos dar por concluida una crisis económica cuando todavía hay una tasa de paro por encima del 20%, sin embargo sí que tenemos la seguridad de que este problema se va a ir resolviendo.

Y ante todo esto se esgrimen argumentos, cuya consistencia es bastante endeble. Yo voy a resumirlos en 3, escucharé a los portavoces de los otros grupos y ya veremos cuál de ellos se confirma en mayor o menor medida.

El primero es el del agravio. Hay gente que se siente agraviada, agraviada en distintos grados, algunos por la mera existencia de un techo de gasto público porque lo que piden es libertad para gastar lo que quieran, como ocurrió en el pasado con el Gobierno socialista presidido por el señor Zapatero. Por tanto, hay un cierto agravio aquí, lo bueno es gastar y cuanto más se gaste mejor, incluso despilfarrando no pasa nada; lo que ocurre es que al final sí pasa, al final se destruyen 3 millones de puestos de trabajo y se sitúa a la sociedad y a la economía española en la situación en que estamos hoy.

Otro grado de agravio es que se distribuye mal, no sabemos muy bien qué, si el déficit público o la capacidad de endeudarse, porque piden más déficit público algunos gobiernos regionales que no tienen capacidad de endeudarse porque los mercados no les prestan y, por tanto, lo que quieren es una apariencia de mayor déficit público para financiar unos gastos que no pueden financiar por sí mismos, con lo cual lo único que harían sería alterar la posición española de credibilidad que hemos conseguido en el resto del mundo. En definitiva, ese agravio en cuanto a los repartos de déficit público no deja de ser un juego bastante pueril.

El segundo argumento es todavía más consistente desde el punto de vista argumental, pero ciertamente mucho más incoherente desde el punto de vista social y político, y sería el de la pretendida superioridad ética y moral que algunos esgrimen como norma para valorar las políticas que hacen los demás. Así pues, frente a una política de hechos —de creación de empleo, de promoción de las oportunidades de empleo, que es el mejor mecanismo para reducir las desigualdades sociales—, se habla de desigualdad, de falta de cohesión social y de algunos otros productos sucedáneos, de un crecimiento económico sostenido y estable como el que se está promoviendo para España como si fuera de peor calidad que una situación de política económica en la que se gasta sin medida, se controla muy mal el déficit público y al final llegamos a una situación de deuda financiera, una posición financiera insostenible, como nos ocurrió en el pasado. Lo que ocurre es que esa posición, esa pretendida superioridad moral ya quedó en evidencia, quedó en evidencia en el año 2010, y esa es una realidad que nadie puede negar aquí. Cuando exhaustas las arcas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino en un minuto, señor presidente.

Exhaustas las arcas públicas, cuando algunos decían que teníamos las despensas llenas, hubo que dar un zapatazo —y nunca mejor dicho— al gasto público recortando sueldos, pensiones y todo lo que se pusiera por delante. En esos recortes, en esos hachazos brutales terminan las políticas de alegrías presupuestarias.




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Por último, y con esto concluyo, señor presidente, el tercer argumento —veremos hasta qué punto se extiende— es la fiabilidad de las previsiones, si son fiables o no son fiables. Este argumento ha perdido fuerza porque está claro que el cuadro macroeconómico laboral, las previsiones en él fundamentadas...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA: ...son bastantes razonables e, incluso, bastante conservadoras. Veremos a ver lo que da de sí este argumento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias.

Señor presidente, señor ministro, señoras y señores senadores, demasiado eufórico y autocomplaciente veo al señor ministro con las cosas que dice. Es evidente que se retroalimenta en una parte privilegiada de la sociedad y que ciertamente está más en sintonía con los aromas que desprende el parqué de la bolsa y el Ibex 35 que con lo que ocurre en muchos pueblos y ciudades de España.

Usted decía —lo ha dicho literalmente porque he estado escuchando su intervención— que la recuperación comienza en una parte de la sociedad y se irá extendiendo. Lo cierto es que hay una situación real. Usted habla del crecimiento. Para nosotros el crecimiento es absolutamente insuficiente, es condición necesaria pero no suficiente. El tema es que haya desarrollo, crecimiento y redistribución. Empieza, efectivamente, a haber crecimiento pero justamente para los que antes estuvieron en el origen de los problemas, después no asumieron ninguna responsabilidad y hoy están incrementando su riqueza. Este es el cuadro, señor ministro. Por lo tanto, los problemas de la sociedad española hoy son básicamente los de la desigualdad, los de la profundización en la desigualdad.

El portavoz del Grupo Popular nos ha hecho algunos comentarios en relación con nuestra supuesta demanda de gasto ilimitado e infinito. No sé de dónde saca eso en función de la trayectoria del Gobierno anterior. En el año 2007 había un superávit presupuestario del 2%. En el año 2011 acabamos con un déficit del 11%. Ustedes utilizaron un ardid electoral que les funcionó —no se lo voy a negar, señor ministro—, pero usted no es un mitómano, no se cree sus propias mentiras. Ustedes elaboraron como partido una mentira que fueron capaces de colocar en el imaginario colectivo de forma eficaz. Hasta ahí, de acuerdo; pero usted sabe lo que había, sabe cuál era el origen de los problemas que teníamos, ciertamente; una retahíla de hechos que ustedes conocen perfectamente: en 2008 quiebra de un banco del que, por cierto, era representante en España un compañero de su gabinete, problemas de transferencia, como siempre ocurre con las grandes crisis, de deuda privada al sector público, problemas lógicamente de deterioro crediticio de lo que representaba la solvencia del sector público, inestabilidad, incremento del coste de la deuda, esa bomba externa que por simpatía hace estallar otra bomba interna en la que ustedes estaban como gobierno. En fin, no voy a repetirle lo que usted sabe. Pero después de todo eso, ¿qué camino se elige para salir de la situación? Esta es la cuestión. ¿Qué camino se elige? Ustedes han elegido un camino que no sé si es el fruto del error o ha sido deliberadamente elegido. ¿Para qué? Pues para que, efectivamente, el coste de esta crisis lo acaben soportando aquellas espaldas que precisamente tuvieron poco que ver con su generación y lo que se está produciendo es una transferencia de recursos de las rentas medias y bajas a las rentas de los sectores privilegiados. Ese es el hecho.

A usted le han señalado hace poco que hay unos informes que le contradicen, informes que usted ha recibido con bastante desagrado porque todo lo que no sea coincidir con usted en que esto es maravilloso y en lo que dice The Economist no le gusta. Hablo de informes de organizaciones no gubernamentales muy solventes, como el de Cáritas, que usted descalificó, y que decía que España era, en términos de pobreza infantil, el segundo país peor de Europa después de Rumanía. No le gustó el informe. Hace pocos días un informe de Unicef señalaba, lamentablemente, que los datos eran desoladores. No nos regodeamos en esos informes y ojala




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esto no estuviera sucediendo. Lo que estamos diciendo es que hay caminos alternativos que ustedes no quieren recorrer, que ustedes como gobierno y la Unión Europea, en su empecinamiento por elegir un camino que profundiza en las desigualdades, no quieren recorrer. Ahora ha habido, es verdad, una llamada de atención cuando se han producido las elecciones europeas y el resultado ha empezado a conmover los cimientos de algunas cancillerías. Y es que el problema no es solo la inmoralidad de la profundización de la desigualdad, el problema es que además la desigualdad es un poderoso disolvente para la cohesión social, para el funcionamiento eficaz de la economía y desde luego para un aceptable funcionamiento de la democracia; y la democracia no puede funcionar con niveles de grandísima desigualdad lacerante.

Renzi, el actual presidente de turno de la Comisión Europea, hablaba de la inmoralidad de seguir avanzando con políticas que profundizan en la desigualdad. Y lo decía, desde otra perspectiva ideológica, no coincidente, pero que en términos de acción política puede ser un camino compartido, aunque los postulados iniciales sean diferentes, la señora Lagarde, y es que, efectivamente, es ineficaz desde el punto de vista económico y del sostenimiento del crecimiento en el medio plazo que haya un aumento de las desigualdades, una menor capacidad de gasto, de compra y de satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, con salarios que van cayendo y con menos renta disponible. La mitad del consumo, como mínimo la mitad de la demanda, es demanda interna, como usted sabe. Y las exportaciones —ojalá crezcan— no pueden ser solo a costa de una depauperación sostenida de los salarios de los trabajadores. Por cierto, el otro día, el señor presidente de la patronal, en un escenario propicio, la fundación que ustedes tienen, en FAES, pedía otro apretón de tuerca sobre la reforma laboral; más leña al mono, si usted me permite la expresión. No le oí ningún comentario, en relación con ese razonable reparto de esfuerzo que tenía que haber, sobre esa indemnización indecente de un directivo de la Caixa de 11 millones euros.

Hemos hablado aquí de reforma laboral unilateral impuesta para que las rentas de pocos crezcan a mucha velocidad y las rentas de la mayoría se acaben depauperando. Y frente a eso había una solución: un pacto de rentas que hacía moderar el salario, pero un pacto de rentas de todos, no solo de la franja media y baja de la sociedad, sino de todos, porque esos siguen creciendo y, por supuesto, un compromiso de reinversión de los beneficios empresariales. En definitiva, un camino que es el que ustedes, en las políticas que les corresponden, no han elegido. Y, además de esos informes de las ONG, que he señalado antes, y que ustedes desprecian, están los informes oficiales. Eurostat. Es un dato de la Unión Europea. Váyase usted al coeficiente de Gini, que nos coloca, lamentablemente, como el segundo país en desigualdad de la Unión Europea, detrás de Letonia. No creo que ese informe sea discutido por ustedes. Pero hay otro informe, de su Gobierno, del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística, que, con otro índice, el que mide las políticas de convergencia en el horizonte 2020 en la Unión Europea, el índice AROPE, nos coloca con el 27,5% de la población en pobreza o riesgo serio de exclusión social.

Este es el tema: cómo salimos, qué políticas se aplican. Para algunos, evidentemente, esto va bien, siguen incrementando su riqueza. Hay un 11% más de ricos en el año 2013, gente que tiene una disponibilidad de más de un millón de dólares. Las sicav en el año 2007 eran 23 000 y en el año 2013 son 28 000, siguen tributando al 1% y, por supuesto, están ajenas al control de la Agencia Tributaria; siguen estando en la órbita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Ustedes qué políticas hacen? Lo que les digo es que el interés de España en este momento, señor ministro, es que el Gobierno de España, siendo un Gobierno conservador y de derechas, acabe sumándose a la estrategia que está preconizando el presidente de turno de la Unión Europea. No hay salida posible que no sea una que focalice la atención, fundamentalmente, en la necesidad de crecimiento de la economía y de redistribución, es decir, de desarrollo.

Por tanto, lo que le estamos planteando es que se sumen a la estrategia de pedir otra flexibilización en la aplicación del objetivo de déficit. Nosotros no estamos en contra del control del déficit. Se hizo una reforma en la Constitución, que es la base de la Ley de estabilidad presupuestaria, y del artículo 15, que le obliga a traer este acuerdo del Gobierno hoy aquí. Lo que decimos es, la modificación del artículo 15 ¿tiene que llevar inherente el incumplimiento del artículo 1, que está en el Título Preliminar de la Constitución, que dice que España es un Estado social y de derecho, por lo que la igualdad es uno de los temas que hay que preconizar y perseguir?




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El problema es que si se quiere sacrificar lo segundo sobre lo primero, intentaremos la falacia de que sobre la necesaria estabilidad financiera acabemos haciendo imposible la insostenibilidad social. Pero sobre la sostenibilidad financiera no se puede colgar la insostenibilidad social, y este es el elemento que determina qué camino se elige a la hora de establecer las políticas.

Por lo que se refiere a la estrategia de la Unión Europea, hay que pedir que determinadas inversiones no sean computables en el déficit; hay que buscar una fórmula para que el crédito llegue a las pymes —en lo que va de año ha caído el 19%, como usted sabe—; hay que plantear que haya una programa de inversiones paneuropeo, ahora que los intereses están bajos, que permita infraestructuras en energía y que se desarrollen políticas imprescindibles en la Unión Europea, como el programa Conectar Europa y el programa de la Red Transeuropea de Transportes, que puede tener un impulso que genere empleo, que genere oportunidad de desarrollo en el futuro, ciertamente, si se cambia el timón de esa política.

Por tanto, los intereses del Gobierno de España hoy están en ponerse de acuerdo con los gobiernos socialdemócratas de la Unión Europea, que están planteando...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

...no renunciar al objetivo de déficit, sin hacerlo por una senda que sea compatible socialmente con el mantenimiento de la cohesión, porque, si no, al final estaremos dando lugar al descrédito de la política y, lo que es más grave, a escenarios populistas, y en situaciones extremas, lamentablemente, tenemos experiencia en Europa décadas atrás. Busquemos un camino que haga posible que no haya un crecimiento de los populismos de un lado y de otro, donde la política sensata acabe siendo la que gobierne las sociedades, donde la gente tenga credibilidad, y con posibilidad de que, efectivamente, no haya una fórmula desequilibrada de abordar los problemas que tenemos, porque los problemas están ahí.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

Diez minutos no dan mucho de sí para contestar una intervención suya —obviamente, es Gobierno—, de cuarenta y cinco minutos, por lo que en el segundo turno haré algunas consideraciones sobre lo que en el ámbito de su responsabilidad como Gobierno, no ya de la Unión Europea, podrían hacer y no hacen.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Pasamos al turno de portavoces.

Grupo Parlamentario Mixto. ¿Van a compartir turno? (Asentimiento).

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.

Usted no nos aburre nunca, efectivamente. En todo caso, como decía el portavoz socialista, yo creo que los estados de ánimo positivos son imprescindibles para el desarrollo de cualquier acción en la vida, y en la política son fundamentales, pero la euforia es un estado de ánimo peligroso porque es incompatible con la racionalidad al cien por cien. En consecuencia, no me gusta un Gobierno eufórico, prefiero un Gobierno prudente, un Gobierno sensato.

Decía una vez más el señor ministro que vamos a ser el asombro de Occidente. Yo no voy a discutir los datos positivos que existen, simplemente voy a apuntar algunos que deben contribuir a paliar ese entusiasmo. Seguramente estaremos saliendo del túnel, pero quienes ha tirado del tren a lo largo de estos tres años están hoy exhaustos. Estaremos saliendo de la crisis económica, pero los riesgos siguen estando ahí. Ahora que estamos en los Sanfermines, diré que tenemos todavía el toro en el cogote y sigue lanzando cornadas a derecha e izquierda y dejando aún víctimas. Por lo tanto, prudencia.

En relación con el crecimiento, en los últimos trimestres crecemos, pero estamos a punto de que el Fondo Monetario Internacional presente —en los próximos quince días— sus previsiones de crecimiento para la eurozona. La señora Lagarde ha adelantado que probablemente se haga




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una revisión a la baja de las previsiones, señala que la recuperación está lejos de ser suficiente para bajar el paro y el endeudamiento, y apuesta por la inversión tanto pública como privada para impulsar la actividad económica.

Los dos elementos sobre los que giraba el discurso optimista hace un año —y lo sigue haciendo en esta intervención— del señor Montoro son el sector exterior y el consumo interno. Nos decía que España está en riesgo cuando se producen desequilibrios en la balanza de pagos. Y es curioso que nos diga eso, cuando los datos de los últimos meses apuntan riesgos en esa dirección. El sector exterior apunta a un claro agotamiento en marzo. Mientras que las importaciones subieron el 22%, las exportaciones han experimentado un crecimiento muy inferior, fundamentalmente como consecuencia de la fortaleza del euro; crecen un 8% en la zona euro, pero caen un 4,3% fuera de ella. Es bueno que se adquieran bienes de equipo, porque eso indica voluntad inversora y la mejora de la capacidad productiva, pero ello se está traduciendo en que la deuda exterior española aumentó en el primer trimestre —datos del Banco de España— en 38 615 millones, hasta situarse en 1,67 billones, es decir, el 163% del producto interior bruto. Lo que es bueno para el cuerpo es malo para el espíritu.

El repunte del consumo interno se está haciendo a costa del ahorro, lo cual supone tener un techo muy bajo de crecimiento. Y es lógico: si la renta disponible de los hogares bajó el 2,7%, la elevación del 1,9% del consumo solo se puede hacer a costa de los escasos recursos que aún conservan los hogares. Y va a incrementarse el PIB, no hay ninguna duda, incluso desde una perspectiva meramente estadística, aunque no me voy a detener en ello.

Desempleo. Según los datos de la EPA del primer trimestre, hay 483 000 personas que han dejado de buscar trabajo, un 21% más que en 2011. Por otra parte, 633 000 extranjeros en edad de trabajar se han ido de nuestro país; también se van jóvenes españoles. Durante el último año y medio la población activa descendió en más de medio millón de personas. Y si vamos a los datos del INEM, en junio se produjo un descenso de 122 700 personas, pero aplicando a la desestacionalización solo hubo una caída de 16 000. Si nos fijamos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, hay una ligera tendencia positiva desde el segundo semestre de 2013, con un aumento de 56 000 afiliaciones en junio, aunque si desestacionalizamos es de solo 9000. Y todo esto ¿a qué costa? Nos decía que sin reducción del gasto social, pero el gasto en sanidad ha caído en 7179 millones desde 2010 y la sanidad pública ha perdido entre 2012 y 2012 —son datos de su ministerio— 28 500 trabajadores. Durante ese mismo periodo la enseñanza pública ha perdido 24 000 profesores; el copago de los dependientes ha aumentado el 68%; las familias que cobran rentas de inserción se han duplicado desde 2007; los desahucios han aumentado en 2013 un 11%; y la desigualdad avanza.

Tengo que terminar, porque debo compartir mi tiempo, pero creo, señor ministro, que la respuesta a esta realidad no es una reforma fiscal. Si está aumentando la recaudación, aprovéchense esos recursos para realizar esa inversión pública necesaria y la generación de empleo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia a tothom; bon dia, ministre.

Una vez más, ministro, debemos constatar lo que representará fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, y en especial para Cataluña. Estoy hablando del ahogo económico que, de forma sistemática, el Gobierno del Estado español ejerce sobre Cataluña y los catalanes. No les voy a defraudar con lo que voy a decir. En definitiva, estamos hablando de la capacidad de atender o no a las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía, de dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Administración que tiene las competencias, que las debe ejercer plenamente y que las quiere ejercer.

Con el techo de gasto que nos imponen, no solo mantienen la asfixia económica de las comunidades autónomas, sino que la van agravando. Y una advertencia: en el caso de Cataluña esta asfixia económica no nos frena ni nos frenará. A pesar de ustedes, Cataluña ejercerá democráticamente su derecho a decidir; y decidirá, les guste o no les guste, y lo hará el próximo 9 de noviembre. No se equivoquen, la asfixia económica que nos imponen repercute en las políticas




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sociales, no en las convicciones de la ciudadanía. El 80% de nuestro presupuesto va destinado a políticas sociales y, en consecuencia, los recortes y el ahogo financiero al que someten a las comunidades autónomas son recortes en gastos sociales y, por extensión, en estímulos de la propia economía.

Ministro, a menudo —prácticamente siempre— usted imputa la responsabilidad de lo que acaece al pasado, a mi partido y a los gobiernos de izquierda que se formaron en Cataluña. Bien, con la capacidad económica que se tenía en ese momento y que se tiene en este momento en Cataluña los datos económicos, de los que usted alardea a menudo, no engañan. Es como la prueba del algodón. A pesar de los pesares, estaríamos en situación de poder pagar el cien por cien de nuestras políticas sociales si no tuviéramos que cargar con ustedes y si ustedes cumplieran con las obligaciones de financiación que se derivan de los acuerdos estatutarios; si ustedes cumplieran, repito, con las obligaciones de financiación. Y todavía tienen ustedes la desfachatez, no solo de señalarnos, sino de aparecer como los austeros salvadores que permiten que podamos pagar nuestras deudas con los proveedores necesarios para mantener los servicios sociales.

Ministro, ustedes nos dejan nuestro dinero y nos cobran unos intereses altísimos por ello. Es dinero que se recauda en Cataluña, pagado por los catalanes y catalanas de su bolsillo y que no vuelve en forma de servicio. Así de simple y sencillo.

Y no me hable de nuevo de despilfarro o de malgasto, para evitar tener que leerle la lista del despilfarro del Estado. Basta con leer cada día el Boletín Oficial del Estado para verlo. Le recomiendo un libro muy saludable, escrito por un diputado del Parlament de Catalunya, de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, y un periodista, Andreu Mas. Se llama Les #cosesdelBOE. De verdad, quedaría usted maravillado de la capacidad de gasto y de despilfarro del Estado. Le citaré algunos ejemplos de ello: subvenciones a las empresas eléctricas o el desproporcionado e innecesario gasto militar, de alrededor de 50 millones de euros al día, mientras que a nosotros, a Cataluña, nos prohíben endeudarnos. Ustedes han incrementado este año el gasto militar, vía Fondo de contingencia, en 500 millones de euros, una cantidad equivalente a lo que obligan a recortar a la Generalitat de Catalunya.

Para el Gobierno del Partido Popular la consolidación fiscal es un dogma. Ustedes, el Gobierno del Estado español ¿qué han hecho en este proceso de consolidación fiscal? Centrifugar el esfuerzo, manteniendo la capacidad recaudatoria del Estado, imponiendo unos objetivos de déficit que nada tienen que ver con la proporcionalidad ni con el gasto que asumen las comunidades autónomas, al tiempo que restringen las capacidades de autonomía financiera, en este caso, de la Generalitat de Catalunya, para poder gestionar de forma autónoma su tesorería conforme a su realidad y a las obligaciones asumidas. Y esto no se lo dice esta senadora, sino que se lo dice al Gobierno del Estado español la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y les dice, además, que es necesaria más transparencia en la fijación de los criterios de reparto vertical de los objetivos de déficit entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Ministro, dígame de lo que presume y les diré de lo que carecen.

Le dije que cada vez que bajase a esta tribuna de oradores le recordaría qué representa Cataluña. Cataluña representa el 16% de la población del Estado, aportamos el 22% de los impuestos, somos el 20% de la riqueza del Estado. ¿Y qué recibimos a cambio? El 9% de las inversiones; y padecemos el 29,7% de los recortes del Estado. Y, esto, ministro, es incontestable.

Por cierto, ya sabemos cuál es su receta para salir de la crisis: mayores desigualdades sociales, y en este punto le recuerdo en qué situación aparece España en los informes internacionales con respecto a la pobreza infantil y también qué resultado obtuvieron las diferentes enmiendas que Esquerra Republicana de Catalunya presentó a los presupuestos generales del Estado para poder abordar la pobreza infantil.

Por tanto, aplíquense ustedes su propia receta y cumplan con las obligaciones que tienen contraídas ―que no las cumplen― y también con esas recomendaciones de esa autoridad independiente, que ustedes mismos han defendido que lo era.

Repito, cumplan con sus obligaciones, ministro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.




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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, quiero agradecerle una vez más su presencia aquí para defender este acuerdo de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas.

Siento decirle que aquí se acaba la cortesía, tanto por el contenido del acuerdo que hoy nos presenta, como por el tono de que han hecho gala usted, en su intervención, y el señor Utrera. Y a continuación me voy a referir a ello.

Para empezar, se habla de acuerdo de estabilidad, pero acuerdo ¿con quién? ¿Con el resto de fuerzas políticas? Es evidente, dada la contestación que tuvo ayer en el Congreso y la que previsiblemente va a tener hoy en el Senado, que no ha hecho un mínimo esfuerzo para consensuar todas estas medidas con el resto de fuerzas políticas. Tampoco lo ha hecho con los agentes sociales. Ni siquiera con la ciudadanía. Y no hablemos ya de las comunidades autónomas, particularmente de aquellas comunidades con las que usted sabe que tiene forzosamente que acordar, como es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, a través de la comisión mixta del concierto y del convenio navarro. Una vez más, usted sigue haciendo su política y la sigue imponiendo al resto.

Tampoco hay compromiso con los ciudadanos, como le estaba diciendo. Además, en sus propias notas de prensa ustedes adolecen muchas veces incluso de falta de sensibilidad respecto de este tema, como cuando en la nota de prensa de asunto generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas —leo textualmente— dicen: Asimismo, y dado que el objetivo prioritario de la política presupuestaria del Gobierno continúa siendo la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea —no con los ciudadanos, sino con la Unión Europea—, el Gobierno ha decidido acelerar el ritmo de reducción del déficit estableciendo un objetivo más ambicioso, del 5,5% del PIB, en lugar del 5,8% exigido. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Es decir, esto ya no es una imposición europea. Esto es que ustedes quieren ser, como le dijo ayer Pedro Azpiazu, más papistas que el papa. No solamente se limitan a establecer los compromisos que han adquirido con la Unión Europea, sino que están yendo muchísimo más allá. Tienen totalmente asimilado que la política de austeridad es el único camino posible, y ahí, señor ministro, es donde discrepamos.

Y quiero hacer referencia a una cuestión. En su intervención usted ha venido a decir prácticamente que está en los genes del Partido Popular, no solo facilitar la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit, sino también iniciar un proceso natural y consustancial con el Partido Popular, que es el de la reducción de impuestos. Que usted, precisamente usted, que es el responsable de la subida del IVA más importante que se ha dado en España en los últimos años, venga diciendo eso… Cuando ustedes realmente empiecen a bajar los impuestos, lo veremos.

Ha hecho referencia también a la reforma fiscal, y ha llegado incluso a decir que la reforma fiscal va a ser, además, la forma que va a tener el Gobierno de compensar a la ciudadanía por los esfuerzos que ha venido realizando durante todos estos años de crisis económica. E incluso ha cuantificado en 3000 millones el retorno económico que van a percibir los ciudadanos españoles en los años 2015 y 2016. Creo que ha utilizado la expresión de cantidad ex ante o retornos ex ante, y los ha valorado en más de 9000 millones. Pero debemos tener en cuenta, señor ministro, que ustedes se gastaron 102 000 millones de euros, según lo cuantifica el Tribunal de Cuentas, en rescatar a la banca. Hasta los 3000 efectivos que va a suponer la reforma fiscal, en palabras suyas, o los 9000 agregados o de impacto ex ante que pueda tener su reforma fiscal, todavía queda mucho trecho para corresponder a los ciudadanos en la justa medida por el esfuerzo financiero que han estado haciendo para sujetar y sostener sus políticas de ajuste.

Y, señor Utrera, le voy a dar la razón, porque voy a hacer referencia a las tres cuestiones, a los tres argumentos que usted decía que seguramente saldrían a la palestra por parte de la oposición. Además, sé que usted —y esta es una cuestión que generalmente hacen en el Partido Popular— cuando se refiere a la oposición se refiere exclusivamente al Partido Socialista. Y, efectivamente, muchas de las cuestiones que usted está diciendo se referían exclusivamente al Partido Socialista y no al resto de partidos políticos representados aquí, como es el caso de mi partido político, que lleva treinta años gobernando en el País Vasco. Por lo tanto, algo tendremos que decir.




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A lo que voy. Usted hablaba de agravios, de que iba a salir el argumento del agravio, de que realmente saldrían algunos diciendo que les molesta que desde el Gobierno central se estén estableciendo techos de gasto y límites al déficit porque lo que nos gustaría sería gastar alegremente, como se hacía durante la época socialista. Creo que estas han sido más o menos sus palabras literales. Y por supuesto que nos consideramos agraviados cuando desde el Gobierno central se nos establece el límite de gasto y cuál debe ser el límite de endeudamiento al que hacemos frente desde nuestras administraciones públicas. ¿Por qué? No porque queramos gastar alegremente, sino porque no necesitamos ningún tipo de tutela, ni suya ni de nadie, para establecer la política presupuestaria y financiera de las administraciones públicas que nosotros gobernamos. Y no es que tengamos una superioridad ética ni moral al respecto, no somos ni más ni menos que nadie, pero sí tenemos treinta años de gestión eficaz que avalan que no necesitemos que ustedes nos vengan a decir ni cuándo, ni cómo ni en qué gastamos el dinero que además es nuestro. Por lo tanto, le voy a dar la razón: nos sentimos agraviados. No nos gusta ni nos ha gustado ni nos va a seguir gustando. Y, en segundo lugar, ninguna superioridad ética, pero sí treinta años de gestión contrastada con la que además hemos posibilitado, primero, tener una gestión en la que la deuda ha sido sumamente reducida. Durante muchísimos años, hasta que llegó el Partido Socialista a la Lehendakarizta, fue una deuda de cero. Una política presupuestaria que ha sido ejemplar —estará de acuerdo conmigo, señor ministro—, con la que no hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y además hemos conseguido que el 80% de lo recaudado, 8 de cada 10 euros recaudados, vaya a sostener sanidad, servicios sociales y educación, lo que nosotros consideramos que es prioritario dentro de nuestra política de Gobierno. Y esto lo hemos hecho sin necesidad de que ustedes nos vengan a tutelar y sin necesidad de que tengan que ponernos límites en un campo que, además, no es el suyo.

Y respecto de la fiabilidad de los datos, los podemos poner en duda; como todas las estimaciones, están sujetos a error, evidentemente. Pero solo tenemos que remontarnos a dos ejercicios presupuestarios para recordarle que, en esta misma Cámara, en el año 2012 tuvimos dos debates sobre techo de gasto porque los datos en los que se estaba basando el Gobierno para hacer sus estimaciones, tanto de déficit como de deuda, no se cumplieron. Por eso tuvimos que debatirlo aquí en dos ocasiones. Por tanto, la fiabilidad de los datos es la que es y la de las estimaciones también es la que es. Y a los datos me remito para demostrar que en los últimos años su Gobierno no ha sido el más certero precisamente a la hora de clavar tanto los datos de déficit como de deuda pública. Así pues, señor ministro, es evidente que vamos a votar en contra de este objetivo de déficit y de este techo de gasto.

Y también consideramos que esto es sumamente injusto con aquellas comunidades autónomas y aquellos ayuntamientos, muchos de ellos vascos, como usted sabe, que no tienen problemas ni de déficit ni de deuda. Pero ustedes hacen tábula rasa y tratan de la misma forma a las administraciones públicas que tienen buenos resultados y buenos comportamientos financieros y a las que no los tienen. Y en eso desde luego no va a contar nunca con el apoyo de mi grupo parlamentario.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, mediante esta intervención fijaré la posición de mi grupo parlamentario respecto de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2015.

La economía europea está mejor que hace un año; es una evidencia, y las evidencias conviene no negarlas. Y también lo está la economía española. La integración europea y el proceso de globalización sin duda ayudan a ello. Es obvio que en algún momento teníamos que dejar atrás la recesión. Hemos dejado de caer, y ahora ha de venir la recuperación. El problema será el ritmo y las características de esta.

Es también una obviedad que la economía española ha ganado en competitividad, ahora bien, a costa de paro, de ajustes salariales y de trabajo precario —también conviene decirlo—. Y un ejemplo es la tasa de ahorro, que si en el año 2010 significaba el 17,8% de la renta disponible,




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en 2014 significa el 9,4%, debido fundamentalmente a la reducción de la renta disponible por la bajada de los salarios y la desaparición del subsidio de desempleo para muchas personas. En más de dos millones de hogares todos sus miembros están en paro a pesar del repunte de la economía; seguramente por eso la encuesta del CIS de hace dos días cifraba en más del 80% los españoles que piensan que la economía está mal o muy mal. Repito que son datos del CIS.

Las propias recomendaciones del Consejo Europeo relativas al Plan nacional de reformas de 2014 presentado por España no solo ponen de relieve la delicada situación del mercado de trabajo —un paro juvenil del 54,3% y un 49,7% de paro de larga duración—, sino también la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza. La Comisión recuerda que España se sitúa por debajo de la media en lo que respecta a los indicadores de pobreza y exclusión social. Porque, señor ministro, el problema no es que algunos neguemos lo evidente, cosa que no hacemos, el problema es la magnificación y la propaganda que ustedes están orquestando ante esta todavía tímida recuperación, de la que, por supuesto, nos alegramos. Porque con ello intentan ocultar problemas existentes y justificar decisiones equivocadas en materia de política económica. Problemas existentes, como, por ejemplo, que los ingresos fiscales crecen menos que los intereses de la deuda a pesar de la caída de la prima de riesgo, entre otras causas, por la deflación salarial. Problemas existentes como que, a pesar de tener 290 000 altas más en la Seguridad Social que hace un año, en el primer semestre esta haya recaudado 1300 millones de euros menos que en el mismo período de 2013 y pagado 1800 millones de euros más; y mientras, tirando de la hucha heredada. Problemas existentes como las subsistentes dificultades de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, para acceder al crédito, y ello a pesar de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo.

Señor ministro, hacen falta cambios en la política económica de la Unión Europea, pero a veces parece que ustedes están de observadores, solo dando un tímido apoyo a la canciller Merkel, en ningún caso planteando iniciativas necesarias para nuestro país; cambios que posibiliten que la política fiscal pueda actuar como instrumento de estabilización cíclica. Como usted sabe, nosotros compartimos la necesidad de mantener un saldo público equilibrado a lo largo del ciclo que garantice la sostenibilidad de la deuda pública, pero la política europea no puede limitarse en las actuales circunstancias a exigir la consolidación fiscal, los objetivos a medio plazo deben complementarse con una labor estabilizadora a corto plazo, y en situaciones como las actuales, de débil crecimiento todavía, las consolidaciones fiscales deben diseñarse de un modo y con un horizonte temporal tal que su implementación no solo no perjudique sino que coadyuve a la recuperación de la economía, y el nuevo marco de supervisión macroeconómica la posibilita. Se trata, por tanto, de tener iniciativas y ser capaces de forjar mayorías políticas que la impulsen en el seno de la Unión Europea.

Continúa siendo necesaria la flexibilización de las normas fiscales comunitarias. Una cuestión básica sería plantear la exclusión de determinadas partidas del gasto del conjunto del déficit a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es un sinsentido que las actuales cláusulas de inversión y cláusulas de pensiones sean de carácter sumamente restrictivo y solo de aplicación por los Estados miembros con un déficit inferior al 3% del PIB; la protección de la inversión pública en infraestructuras y en I+D+i a través de esta flexibilización de las reglas fiscales sería imprescindible para ayudar a recuperar actividad económica y empleo.

La Unión Europea ha de ser percibida no como un problema —solo hay que ver el crecimiento del populismo y del euroescepticismo en las últimas elecciones europeas— sino como el mejor instrumento para ayudar a la recuperación económica. Si las recetas a la crisis continúan siendo exclusivamente las políticas de austeridad impulsadas por la Troika, la legitimidad y el atractivo del proyecto europeo se irán debilitando, reforzando el populismo y el nacionalismo milagrero y falso. Ustedes tienen la obligación como Gobierno de hacer propuestas y avalar aquellas otras realizadas en estos momentos por la presidencia italiana que vayan en la dirección que antes apuntaba, y la Unión Europea y el Banco Central Europeo han de ejecutar, por tanto, medidas de estímulo que ayuden al crecimiento de nuestra economía.

En otro orden de cosas, ustedes conocen las dificultades que para la consolidación fiscal en el horizonte de 2017 tiene el elevado nivel de deuda acumulada; con la baja inflación, sin mayores tasas de crecimiento real y sin mejoras del superávit primario será muy difícil reducir esta ratio, deuda pública que durante 2015 seguirá creciendo, como ustedes admiten, superando ya




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largamente el cien por cien del PIB, superior en más de 30 puntos a la existente a finales del año 2011. Cada español hemos pasado a deber 6000 euros más desde que ustedes gobiernan; ahora bien, uno de los problemas fundamentales de nuestras cuentas públicas continúa siendo la insuficiencia de ingresos, incluso el ortodoxo Fondo Monetario Internacional lo pone de relieve en su último informe sobre España: España dispone de unos ingresos fiscales 7,9 puntos por debajo de la media comunitaria, ello a pesar de tener unos tipos impositivos en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades superior a la media; además, la elusión y el fraude fiscal son una lacra superior también a la de otros países, ya que nuestra Agencia Tributaria no dispone de instrumentos legales, materiales y humanos suficientes para luchar contra ello.

¿Con qué nos encontramos? Con una reforma tributaria que, aunque anunciada como global, después del informe de la comisión de expertos acaba siendo parcial, regresiva y dirigida básicamente a tratar de obtener réditos electorales a corto plazo. Después de subir casi todos los impuestos en contra de lo prometido, el IVA, impuestos especiales, sociedades, IRPF, medioambientales, etcétera, tratan ahora de que los ciudadanos olviden su incumplimiento bajando algún impuesto solo a algunos colectivos, entre los que no se incluye a los trabajadores que sean despedidos, que tendrán que tributar más por la indemnización que reciban. No serán las clases medias las que, en 2015, ganen entre 20 000 y 30 000 euros; 3 millones de contribuyentes pasarán de pagar el 31% frente al 30% actual. Eso sí, los que ganen más de 300 000 euros pasarán del 52% actual a tributar al 47%. La reforma no es precisamente muy equitativa, mientras se sube el IVA sanitario, se reducen las rentas de alquiler exentas o se elimina la deducción por alquiler. Ya tendremos tiempo de debatirlo, pero sus efectos ya se contemplan en las cifras macroeconómicas que hoy aprobaremos, como muy bien nos explicaba el señor ministro, lo cual comportará menos ingresos y, por tanto, más recortes en las políticas sociales.

Una última cuestión, para acabar. Nuevamente, la Administración central efectúa un reparto injusto y discriminatorio del objetivo del déficit para las comunidades autónomas. Si en 2012 el déficit de las comunidades autónomas era porcentualmente del 27% del total, en 2013, pasó al 22,7%, al 18,1%, en 2014, y se prevé que al 16,6%, en 2015. Por tanto, el esfuerzo creciente de reducción del déficit público recae sobre las administraciones territoriales y, especialmente, sobre las comunidades autónomas, cuando no disponen de autonomía fiscal sobre los ingresos, y son las responsables directas de las grandes políticas del Estado del bienestar: la salud, la educación y los servicios sociales. Esta es una razón importante más que, sumada a todas las expuestas anteriormente, hacen que nuestro grupo vaya a votar negativamente la propuesta de acuerdo que nos propone el Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, president Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al ministro su presencia en esta Cámara para presentar su propuesta de acuerdo y dejar constancia de que es uno de los ministros más fieles a la hora de presentar los proyectos legislativos. En segundo lugar, quiero hacer una consideración previa. En mi opinión, ha debido haber una modificación del Reglamento del Senado porque hemos asistido a un turno a favor que realmente ha sido un turno en contra de la posición de la oposición, que todavía no se ha manifestado. Han perdido una oportunidad. Lo ha hecho muy bien el ministro, pero el portavoz del Partido Popular ha perdido la oportunidad de defender su propuesta, pues en el turno a favor hemos asistido a una crítica de lo que diría la oposición. Habrá que ver cómo evoluciona este Reglamento.

Señor ministro, quiero hacer algunas consideraciones a su intervención y después concretaré nuestra posición. Nosotros no vamos a negar la recuperación económica, al contrario, creemos que hay recuperación económica, aunque es absolutamente insuficiente. Estoy seguro de que compartimos este diagnóstico, y si en algún momento tenemos que felicitarles, lo haremos, no nos importa, pero creemos que todavía es incipiente. Sinceramente, creemos que estamos mejor de lo que lo estábamos hace un año, y eso hay que reconocerlo.




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Dicho esto, le diré que discrepamos de algunas de sus afirmaciones expuestas desde la tribuna. En primer lugar, nos gustaría que nos dejara el cuadro sobre el cual basaba su exposición, pues no disponemos de esos datos relativos a que el gasto social en el conjunto de las administraciones públicas, en términos globales y del porcentaje del PIB, se ha incrementado a lo largo de estos últimos años o no ha disminuido. No son los que nosotros tenemos —los analizaremos—, no dudamos de ellos pero no los entendemos, y le voy a explicar rápidamente por qué. En el periodo 2010—2013, las comunidades autónomas han reducido su déficit en 18 000 millones de euros. De estos 18 000 millones, prácticamente, la reducción se ha producido vía gasto; el incremento de ingresos de las comunidades autónomas ha sido muy modesto. De estos 18 000, la Generalitat de Cataluña ha reducido 5000 millones. Por tanto, ha reducido su presupuesto en 5000 millones. Algo más del 70 por ciento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña es gasto social. Es matemática, físicamente imposible no disminuir el conjunto del gasto social reduciendo 5000 millones. En porcentaje de presupuesto, el gasto social de la Generalitat se ha incrementado. Gastamos una mayor parte de nuestro presupuesto en servicios sociales, en sanidad y en educación. Pero respecto al global si nos hemos visto obligados a reducir 5000 millones, es prácticamente imposible. En todo caso, estudiaremos el cuadro al que hacía referencia.

Yendo a la sustancia de lo que nos proponen, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero del presupuesto de las administraciones públicas. Efectivamente, en la distribución de los objetivos de estabilidad presupuestaria no estamos de acuerdo. No le va a venir de nuevo. Nuestra posición es clara, entendemos que se tenía que reducir el déficit público. Sabe que nosotros inicialmente aprobamos la Ley de estabilidad presupuestaria, que, en esencia, podemos compartir. Pero, no estamos de acuerdo en cómo se ha aplicado después esta ley. Disposición adicional primera de la Ley de estabilidad presupuestaria: La reducción del déficit se deberá efectuar de acuerdo con las proporciones de déficit estructural que mantiene en el momento de aprobación de la ley cada una de las administraciones públicas. Las comunidades autónomas, en aquel momento, representaban aproximadamente un 40% del déficit estructural. En la actualidad, los objetivos de déficit que estamos aprobando fijan para las comunidades autónomas el 17% del déficit. Por tanto, esta reducción no se ha hecho de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de dicha ley. Y sabe que por este motivo la Generalitat de Cataluña ha planteado el correspondiente recurso.

En efecto, nos sentimos agraviados. No porque no queramos reducir el déficit, no porque no queramos contribuir a esta reducción. Lo que queremos es contribuir de acuerdo con la proporción que nos corresponde. Y las comunidades autónomas deben reducir su déficit de forma más paulatina. No le voy a dar todos los datos porque los conocen, pero si comparan el déficit que tenía cada nivel de administración en el conjunto del Estado español en 2011 con los objetivos para 2015, verán que gran parte de la reducción del déficit es asumida exclusivamente por las comunidades autónomas, también por las corporaciones locales y, en menor medida, aunque también contribuye la Administración General del Estado. Por tanto, no estamos de acuerdo. Tampoco lo estamos en cuanto al límite de gasto no financiero, en cuanto al techo de gasto. Voy a intentar ser didáctico, lo que no es fácil en este tema. Hace un año aprobamos un límite de gasto y unas previsiones de techo de gasto en esta Cámara. En estas previsiones, para 2015 el límite que ustedes preveían era del 1,7%. Hoy nos presentan el límite del 1,3%. Por tanto, respecto al año pasado este límite lo han reducido en 2015 un 27%. ¿Qué nos dice el artículo 14 de la Ley de estabilidad presupuestaria? Que no podrá crecer el gasto público en una cantidad superior al límite previsto de crecimiento del PIB a medio plazo. Las tasas de crecimiento del PIB previstas en 2014 son muy superiores a las tasas de crecimiento previstas en 2013. Por tanto, si todo el mundo entiende que no debemos superar estas tasas, si incrementamos nuestras previsiones de crecimiento del PIB, alguien podría pensar razonablemente que este límite de gasto tendría que incrementarse, no reducirse. Porque la cuestión es la siguiente: A pesar de que incrementamos nuestras previsiones de crecimiento del PIB, estamos reduciendo el techo de gasto en relación con las previsiones del año pasado, ¿pero qué ocurre? Que están pidiendo a las administraciones que gasten menos que el crecimiento del PIB previsto y sustancialmente menos de lo que les pedían el año pasado. Y eso, desde nuestra óptica, no tiene sentido. No tiene sentido para el conjunto de las administraciones públicas pero, señor ministro, desde nuestra perspectiva —y




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usted lo sabe—, tampoco lo tiene para las corporaciones locales. Las corporaciones locales, mayoritariamente y en conjunto, generan superávit, reducen su deuda, ¿qué sentido tiene pedirles que no incrementen su gasto en un porcentaje muy inferior al crecimiento del PIB? Les estamos pidiendo que reduzcan su participación en la actividad económica local; les estamos pidiendo que reduzcan su participación en la prestación de determinados servicios públicos de muchísima proximidad.

Tampoco estamos de acuerdo —y sé que no es materia del acuerdo de hoy— en que este techo de gasto se imponga de forma lineal en todos los niveles de la Administración. Entendemos que las corporaciones locales deberían tener un límite de gasto diferente, si es que han de tenerlo, y eso no quiere decir despilfarrar, porque existen otros sistemas de control, como los objetivos de déficit, que las corporaciones locales han cumplido escrupulosamente llegando incluso a generar superávit.

Por tanto, no estamos de acuerdo ni en la distribución del déficit ni con el límite de gasto, creemos que ustedes son demasiado restrictivos. En su intervención final usted ha dicho que es importante que el crecimiento del gasto sea sustancialmente inferior al crecimiento del PIB, pero nosotros creemos que eso puede tener un efecto perverso en la evolución económica, así que ahí discrepamos.

En todo caso, nuestro grupo va a votar en sentido negativo estos objetivos de estabilidad presupuestaria, como ya hizo el año pasado y el anterior.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

He terminado mi anterior intervención diciendo que, efectivamente, los intereses de España, señor ministro, pasaban por sumarse a la estrategia que los gobiernos socialdemócratas en Europa están planteando para hacer posible ese pacto de estabilidad y crecimiento. Hasta ahora solo ha prevalecido el término estabilidad —y, obviamente, no estamos en contra—, dejando orillado el crecimiento, pero hay que hacerlos compatibles porque ello tiene mucho que ver con una salida equilibrada de la crisis.

Usted ha traído aquí unos números, que son ciertamente modificables. En el año 2013 al final se rectificaron, después de aceptar que intentar hacer una reducción del déficit al galope introducía la economía en un ciclo recesivo y producía una consolidación fiscal autodestructiva. Pero razonablemente se modifica —a la fuerza ahorcan, ¿verdad?— el calendario porque aquello era indigerible, y no tanto por el sufrimiento que podía ocasionar a la sociedad, sino porque en términos económicos era ineficiente. Lo que planteamos es que esa modificación, a resultas de la evidencia, no sea algo excepcional. Hay que poder flexibilizar ese calendario pero, sobre todo, hay que poder flexibilizar la aplicación de las normas, como antes he señalado, para permitir la adopción de una estrategia diferente. Por ejemplo, que el Banco Europeo de Inversiones o la propia Comisión, aprovechando los bajos tipos de interés, puedan llevar a cabo un programa de inversiones o facilitar que fluya el crédito a las empresas; se trata de permitir que se adopten una serie de medidas que faciliten el asunto.

Yo creo que cuando uno se equivoca tan solo hay que hacer el ejercicio razonable de asumir esa equivocación. El presidente saliente de la Comisión, como todos los incompetentes, acabó buscando una excusa externa para no asumir su propia responsabilidad, y se despidió con una frase. No digo que no tuviera responsabilidad el supervisor en España, seguramente sí, pero desde luego los gestores de las cajas tenían más responsabilidad que el supervisor, aunque también la tuviese el supervisor. En cualquier caso eso solo pretendía tapar su incompetencia como responsable de la Comisión, fijando una estrategia que a todas luces ha sido equivocada.

Pero al margen de ese trabajo que tiene que hacer el Gobierno en defensa de los intereses nacionales, y coincidiendo más con los gobiernos socialdemócratas que con los conservadores a cuya cabeza está la señora Merkel, quiero referirme a las decisiones propias del Gobierno que no son impuestas ni interferidas por la Unión Europea y que usted ha elegido, desde nuestro punto de vista, de manera errónea. Usted sabe, como todo el mundo, que el problema de España es fundamentalmente de ingresos, no de exceso de gasto. Dice usted en su intervención que hasta




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junio ha habido un crecimiento del 5% del incremento de la recaudación, algo que saludamos, pero lo que también es cierto es que, por ejemplo, en la lucha contra el fraude el primer año en el que ha retrocedido la recaudación desde que se creó la Agencia Tributaria ha sido en el 2013 con 540 millones menos de recaudación. ¿Qué cosas creemos que ha hecho mal el Gobierno y puede rectificar en esa estrategia nacional de búsqueda de un punto de equilibrio entre la reducción del déficit y el mantenimiento de la cohesión, de las políticas sociales, del equilibrio y, en definitiva, del reparto de cargas? Es verdad que, como ha señalado también algún interviniente y usted lo sabe perfectamente, según los datos de Eurostat España tiene un nivel de ingresos fiscales medios por debajo de la Unión Europea, casi en torno al 9%. ¿Qué hace el Gobierno para mejorar esa situación? Pues algunas cosas que forman parte de las decisiones que el Gobierno y usted han tomado no han ido en la dirección de incrementar esos recursos. Por ejemplo, hizo una amnistía fiscal que mandaba un mensaje al conjunto de la sociedad diciendo que habían buscado una forma de exonerar a aquellos que estaban en una posición de privilegio de su obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y que tenían puente de plata para huir al módico precio del 3%, cuando el resto de los trabajadores estaban pagando un impuesto sobre el IRPF suficientemente razonable. Cuando hacen una reforma del Código Penal nominalmente con un endurecimiento de las penas lo que sucede en la práctica es que se mantiene la llamada cláusula absolutoria o excepción absolutoria que los inspectores fiscales les están diciendo reiteradamente que eliminen, porque al final es una invitación a que haya menos ingresos en el Estado, ya que cuando la gente tiene la certeza de que a lo más que se enfrenta luego es a una sanción administrativa que más o menos viene a ser lo que ha defraudado no hay incentivo para acabar pagando. Por tanto, háganles caso a quienes están todos los días en el tajo luchando contra el fraude fiscal y les sugieren que se elimine eso —creo— en el artículo 305.6 del Código Penal. Y es que no tiene sentido que en una situación donde el problema es fundamentalmente de ingresos se esté dando estímulos de forma tácita a los grandes defraudadores.

En cuanto a los medios con los que cuenta la Agencia Tributaria presupuesto tras presupuesto —usted es el responsable del Ministerio de Hacienda, y de Administraciones Públicas—, la tasa de reposición no se puede sostener en los términos en los que está cuando hay una carencia de medios objetiva, absolutamente insuficiente para que la Agencia Tributaria pueda enfrentarse al problema que tiene. La referencia del 0,1% del gasto en relación con el PIB dedicado precisamente a la caldera que tiene que nutrir de energía al conjunto de la sociedad siendo eficaz en su tarea de recaudación. El problema no es lo mal que lo hacen los trabajadores de la Agencia Tributaria, sino de los medios absolutamente insuficientes que tiene, y el Gobierno no se plantea eso como una tarea prioritaria y, por tanto, no está haciendo nada para resolver el problema fundamental que es, insisto, de ingreso y no de gasto. Ha hecho usted un anteproyecto del impuesto sobre sociedades que le da otra vuelta más en la dirección inadecuada desde nuestro punto de vista. Esos llamados activos fiscales diferidos. La pregunta es: ¿Por qué las empresas del sector financiero son las empresas que tienen que trabajar siempre con una red de seguridad de forma que puedan asumir los riesgos que quieran, pues si pierden, al final está el conjunto de la sociedad para acabar absorbiendo las pérdidas de decisiones tomadas, a veces temerariamente, para maximizar sus beneficios, y, si les sale mal, paga toda la sociedad? Eso es lo que se ha hecho con el rescate bancario en España y en otros países en Europa, y es lo que está usted planteando al ampliar las oportunidades de que esos activos fiscales diferidos acaben siendo compensados, no ya en dieciocho años, con futuros beneficios, sino como una exigencia, en términos de requerimiento contra el Tesoro público para ser canjeable por deuda pública. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

¿Por qué ese tratamiento absolutamente privilegiado de las entidades financieras cuando todos los ciudadanos están apretándose el cinturón y ya no les quedan agujeros en el cinturón? ¿Eso va en la dirección de incrementar los recursos que el Estado necesita para responder a sus obligaciones? Evidentemente no, señor ministro. Y son decisiones que no se las están imponiendo en Bruselas, porque si pretendemos realmente un Estado que tenga suficiencia financiera para atender a sus necesidades, tendría que hacer esa recaudación de forma equitativa —el término de equidad es siempre absolutamente imprescindible—, y en situaciones como estas mucho más, porque la gente siente como un agravio insoportable que, estando padeciendo situaciones de




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carencia, acabe habiendo sectores de la sociedad —que, evidentemente, como decía antes, está en el origen de los problemas— que tengan un tratamiento privilegiado.

Señor ministro, ha hablado usted de una reducción en el techo de gasto de 5000 millones de euros menos. Evidentemente, al margen de que se incremente algo la recaudación, fruto del crecimiento del PIB, serán más recortes de servicios públicos básicos.

Ha hablado de la reducción de los gastos de desempleo. Señor ministro, hoy hay 845 000 personas más paradas en España sin cobertura que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Pueden seguir recortándolo. En lo que va de año, ha habido un recorte del 10% en el número de perceptores, y de un 7,5 % en la cantidad percibida; es decir, una reducción del 17%, lo que da 2200 millones de euros en lo que va de año; extrapolado a todo el año, estaríamos hablando de 5000 millones. Esa no es una forma de ahorrar para la gente que de verdad tiene más necesidad, que está en una situación de carencia; hay millones de personas padeciendo una situación absolutamente insostenible, y por ahí no se puede recortar.

Y haré un último comentario sobre la distribución de los márgenes de déficit en relación con las comunidades autónomas, que nos parece absolutamente injusto, pues no se puede ignorar que las comunidades autónomas son una parte importante del Estado que tienen a sus espaldas la competencia y la obligación de cumplir exactamente servicios públicos básicos como la salud, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia. En el reparto de 2013, excluida la Seguridad Social, la distribución del margen de maniobra en cuanto al déficit era de 73,8 para la Administración General del Estado, 26,2 para las comunidades autónomas. En 2014, se modificó a favor de la Administración General del Estado: 78% para el Estado, 22% para las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Concluyo, señor presidente.

Usted, en el escenario de 2015, trae otro apretón: 19,4% de margen para las comunidades autónomas, 80,6% para la Administración General del Estado. En 2016, todavía más: 12% para las comunidades autónomas, 88% para la Administración General del Estado.

En definitiva, estamos hablando de que es un planteamiento absolutamente desequilibrado, que no tiene proporcionalidad ni racionalidad y, salvo que albergue un propósito político no explicitado, que es: deterioremos el espacio de los servicios públicos básicos —algo que decía un representante del Tea Party republicano: realmente no queremos que desaparezca el Estado, lo que pretendemos es reducir su tamaño lo suficiente como para poder ahogarlo en la bañera—.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

Pues bien, creo que las comunidades autónomas, que tienen una función política fundamental para sostener los pilares del Estado de bienestar, no pueden estar sosteniendo un reparto tan desequilibrado de los márgenes de maniobra que hay en la distribución del déficit.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, en turno de portavoces, y sin modificación reglamentaria, voy a ceñirme a hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos venido a debatir aquí, sobre el programa de estabilidad, la proyección de estabilidad a tres años, tanto de la posición financiera en relación con el déficit público como con la deuda pública y el techo de gasto.

Creo que hemos asistido a un debate interesante, en el que además algunos de los argumentos más manidos, más desgastados sobre la cuestión del gasto público, el déficit público y la consolidación fiscal prácticamente han sido desechados, no se han utilizado, de lo cual me alegro. Es decir, no se ha cuestionado o se ha cuestionado muy poco la credibilidad de los datos que nos presenta el Gobierno en el programa de estabilidad para los próximos años, lo cual creo que es una muy buena noticia y, en segundo lugar, se ha puesto de manifiesto lo que, efectivamente,




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todos sabemos, que en los dos o tres últimos años de ejecución presupuestaria se ha ganado credibilidad también en las cifras, también en las proyecciones económicas, y que esa credibilidad hay que presumirla para el próximo ejercicio. Por tanto, creceremos a tasas moderadas, quizá de algo menos del 2% —el 1,8%, como está previsto, o quizás algo más—, se va a crear empleo a tasas superiores al 1,3%, 1,4% de la población activa y, en definitiva, vamos a vivir una situación económica mucho más holgada que la que hemos vivido hasta el presente; holgura respecto de la que, sin embargo, ya se está pidiendo laxitud, es decir, que se utilice para —y ahí aparece una vez más el buenismo, aparecen las buenas intenciones y esa superioridad moral a la que antes me refería— gastar.

En fin, ya he asistido a muchos debates y ya sé cómo funciona esto: no hagan reforma fiscal y ese margen queda para gastarlo; para gastarlo en cosas buenas, en cosas razonables. Pero ocurre que desde esa premisa prácticamente está garantizado en qué derivaría esto. Lógicamente, cuando deriva ya en una posición extrema, fantasmagórica, como sucedió en la anterior legislatura socialista, se llega a un descontrol absoluto de cuentas públicas, a una necesidad de ajuste total y, en definitiva, a una posición de inferioridad y una consideración de España como país de segunda o tercera división, que nos impide la financiación exterior que la economía requiere, al tiempo que impide llevar a cabo ese gasto tan bien intencionado que se pretendía.

Por tanto, de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno, actualmente en fase de anteproyecto y próximamente de proyectos de ley, cuatro proyectos de ley, estamos muy contentos y muy satisfechos en el Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que es lo que ahora hace falta, y hace falta por dos razones: en primer lugar, para dinamizar el crecimiento económico y potenciar la creación de empleo, ahora que precisamente la economía está dando señales favorables para iniciar esa tendencia y fortalecerla, y en segundo lugar, el objetivo de la reforma fiscal es hacer lo que hasta ahora no ha sido posible, que es bajar los impuestos, como fue nuestra propuesta inicial y es nuestro mayor deseo, y sobre todo, bajar los impuestos de forma ciertamente selectiva, favoreciendo, por un lado, la generalización de los impuestos, evitando deducciones específicas —ya fueran grandes o pequeñas— que afectan a unos y no a la mayoría, y por otra parte, bajando los impuestos sobre las rentas más reducidas, sobre las rentas del trabajo y las de menor cuantía.

Siendo eso así, el portavoz socialista —me va a permitir la expresión, sin acritud, señoría—, creo que ha hecho una intervención realmente disparatada en materia fiscal. En realidad, no le he entendido bien. Lo que está diciendo es que se aumente la recaudación, pero no se ha atrevido a decir que se aumenten los impuestos. Y, claro, como siempre ocurre cuando no se sabe de qué hablar, se recurre al fraude fiscal; el margen está en el fraude fiscal. Si hay 40 000, 50 0000 o 100 0000 millones, a por ellos, y entonces uno puede hacer propuestas altisonantes, prácticamente sin ninguna coherencia, aunque eso sí: vamos a por el fraude fiscal. Y así, se atreve usted —y en ese sentido, o bien está equivocado porque no hay datos que lo confirmen o directamente usted miente— a acusar al Gobierno de que está propiciando, estimulando a los grandes defraudadores en España. Eso es lo que usted ha dicho, que está estimulando a los grandes defraudadores. (Rumores). Eso no deja de ser, y sobre todo en boca de quienes han tenido responsabilidades de gobierno los pasados ejercicios, que pusieron a la Hacienda Pública al pie de los caballos, en gravísimo riesgo financiero, no deja de ser —decía— una afirmación como mínimo temeraria. Y si me permite, lo dejamos así, sin entrar en más detalles.

En el fraude fiscal ha habido avances sustanciales año tras año y quienes como usted y como el ministro Solbes —el ministro Solbes, ministro de grato recuerdo para muchos de ustedes, supongo— basaban en la corrección del fraude fiscal la solución de todos los problemas de España vieron que los problemas no se resolvían, que el fraude fiscal estaba más o menos a los mismos niveles y que España entraba en crisis total. Por tanto, quienes hablan mucho de fraude fiscal normalmente no me atrevería yo a decir que son defraudadores o favorecen a los defraudadores, pero algún dato tenemos que apunta en esa dirección: la tributación de grandes empresas en España, año 2011, en torno a 4-5% por impuesto sobre sociedades; tributación de las empresas, de las grandes sociedades, año 2013, un 12-13%. ¿Por qué? Porque, como ya ha señalado el señor ministro, se ha reducido la deducibilidad. No porque hicieran fraude, no es eso, es porque se ha reducido la capacidad de deducir algunos elementos que lo que hacían era reducir la capacidad tributaria, y había que mantener una capacidad tributaria porque lo que nosotros no hemos consentido es que, a pesar de la crisis, se nos desplome la recaudación, como se les




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desplomó a ustedes. ¿Recuerdan los años en que preveían un superávit del 2% y cerraron con un déficit del 4%, para posteriormente, al año siguiente, 2009, tener un déficit del 11%, que es un déficit único, irrepetible, un caso único en toda la historia financiera de España? Solamente nuestra pertenencia al euro pudo permitir un déficit de esa magnitud, pero al cabo de dos años, en realidad ya a partir de aquel momento, empezamos a pagar muy duramente ese déficit.

Por tanto, nada hay tan demagógico como cargar a intangibles, a propuestas y a afirmaciones como esa del estímulo de los grandes defraudadores soluciones que cuando ustedes gobernaron fueron incapaces, no ya de aplicar, sino ni siquiera de concebir. Permítame que sea reiterativo en este punto. Ustedes se limitaron a hacer planes de empleo rural, a arreglar aceras en los pueblos, no hicieron otra cosa para resolver la crisis y nos pusieron en la situación financiera en que nos encontramos.

Por lo demás, reafirmo que el techo de gasto es una necesidad, que fueron los gobiernos del Partido Popular los que establecieron este procedimiento de inicio del proceso presupuestario, puesto que le da coherencia, y dentro del Gobierno, da al ministro de Hacienda la capacidad incluso de limitar a los demás miembros del Gobierno y sujetarles a un programa de gasto público autorizado desde las Cámaras. No vaya a ocurrir como le ocurrió al ministro de Hacienda y a la ministra posterior del Gobierno socialista, que no controlaban nada, o casi nada, y que presuntos superávits del 2% terminaban en déficits del 5% ese mismo año; es decir, 70 000 millones de diferencia entre lo previsto y lo ejecutado. Bien, no se va a dar ese caso. Nosotros creemos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: ...en la necesidad —termino, señor presidente— del techo de gasto y no solamente como un mero acto formal de presentación para mañana o pasado tener algún titular de prensa, sino para cumplirlo. En este sentido, instamos al ministro de Hacienda a que lo cumpla porque vamos por muy buen camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar el Acuerdo del Gobierno sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria. Les anuncio que ha habido votación telemática. Se han autorizado los votos de las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Las tres han emitido el voto y las tres han emitido el voto favorable al acuerdo. Como siempre, sumaré este dato al resultado de la votación que celebremos ahora en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 151 más 3 votos telemáticos, 154; en contra, 89; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el acuerdo del Gobierno. (Aplausos).

9. MOCIONES

9.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO, EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A REALIZAR CUANTOS ESFUERZOS SEAN NECESARIOS, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS, PARA LOGRAR LA CONSECUCIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE COMO SEDE DEL HEMISFERIO NORTE DEL PROYECTO CTA (CHERENKOV TELESCOPE ARRAY).

(Núm. exp. 662/000147)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.




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El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa del Senador Quintero Castañeda. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Alarcó. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Me complace, una vez más, comparecer ante todos ustedes para defender, en nombre del Grupo Popular, una moción de las características que tiene la que hoy presentamos. Por mi formación, por mi devoción, por mi dedicación me siento muy cómodo planteando mociones como esta —y agradezco a mi grupo que me permita una vez más hacerlo—, porque tiene una importancia decisiva.

El título de la moción es muy sencillo, pero detrás de ese título se esconde —entre comillas— uno de los proyectos científicos más importantes de la historia de la ciencia en estos momentos; detrás de ese título hay un proyecto de ese estilo. Debo decir —y lo digo con orgullo, como senador en esta segunda legislatura, que lo soy gracias a mi partido y a los ciudadanos que me han elegido— que esta Cámara, el Senado, que algunos ponen en tela de juicio de forma injusta, tiene un papel decisivo como Cámara territorial de la ciencia, y eso se debe a que ha tenido iniciativas muy importantes respecto a lo que significa la ciencia de forma global. Además, en una iniciativa de este tipo, una moción, no hay ideología, y no es que no me guste la ideología, presumo de la que tengo y creo que es importantísima, pero no es una moción ideológica, porque los ciudadanos y los científicos nos exigen principalmente que busquemos grandes consensos, ya que es trascendental que así sea.

También es verdad que en esta Cámara los consensos en la materia de la que estamos hablando han sido un ejemplo. Podríamos hablar de la unanimidad, después de muchos trabajos, de arduos trabajos, de todos los partidos con respecto a la Ley de la ciencia; unanimidad, después de mucho consenso, con respecto de una ponencia que pronto verá la luz, en la que hablamos de fondos éticos, de responsabilidad social cooperativa, de micromecenazgo y mecenazgo, dedicado concretamente a las pymes, pero también, en general, a la I+D+i. Fue en esta Cámara donde se añadió —que, por cierto, se habrá de aclarar siempre bien— la «d» de divulgación, investigación, desarrollo, innovación y divulgación. Esa «d» pequeña, que es de obligado cumplimiento y que en muchos documentos oficiales se sigue sin poner, nace en esta Cámara, y es la necesidad de divulgar de forma normal, de buscar la complicidad de los ciudadanos con la ciencia, porque la ciencia que no tiene que ver con los ciudadanos, igual que la economía y otras materias, no se entiende, no hay complicidad y, si no hay complicidad, no se justifican las acciones que se hacen. Por eso, entiendo que esta Cámara tiene fundamentos políticos muy importantes para decir que es Cámara territorial de la ciencia.

También es verdad que ha habido iniciativas que se han discutido en esta Cámara y nos hemos puesto de acuerdo, como el proyecto de El Telescopio Europeo Extremadamente Grande, el E-ELT, que aquí se votó por unanimidad. Yo creo —y no es cuestión de reprochar nada a estas alturas— que por no conseguir un lobby fuerte —lobby con mayúsculas— en el anterior Gobierno, se ha ido a Chile —proyecto europeo en Chile—. Era una gran inversión astronómica de 1200 millones de euros; está en Chile, que es América, un gran país, pero no se ha terminado. No es que desee que no se termine, pero está en Chile, donde hay una serie de problemas, entre otras cosas, un terremoto en el lugar donde se estaba instalando, y creo que Europa, que Canarias, que España, se podía haber ofrecido, pero se fue.

A pesar de todo, tenemos que conseguir consenso. Esta iniciativa lo que pide es que la infraestructura más revolucionaria y más grande desde el punto de vista científico, como es el Cherenkov Telescope Array —como siempre, todo en inglés—, el CTA, para el estudio de reacciones gamma, se instale en España, porque tiene el mejor cielo astronómico del mundo y dentro de España en Canarias, porque Canarias, como España que es, tiene, sin lugar a dudas, el mejor cielo astronómico conocido desde el punto de vista científico.




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Y esto, ¿para qué sirve? Porque los ciudadanos se preguntan: ¿qué están discutiendo en el Senado estos políticos de todos los partidos para instalar un gran telescopio que tiene un nombre en inglés y que además viene de Rusia? Pues es algo trascendental para conocer los orígenes del universo. Y los ciudadanos se preguntarán para qué sirve saber dónde está el universo, para qué sirve buscar la materia oscura, para qué sirve la comprobación del espacio y el tiempo, para qué sirven los restos de supernova, para qué nos sirven los grupos y sistemas estelares. Pues nos sirve para la vida cotidiana. Ese es el esfuerzo de la «d» pequeña. Esto que suena a algo muy científico, que lo es, si no tiene traducción en esa «d» pequeña, no se va a entender. Y la transferencia de conocimiento de la astronomía —y en España concretamente más— que afecta a la vida diaria de todos los españoles es importantísima, y hay que transmitirlo de forma correcta.

Este es un telescopio solar, muy grande, que tiene 19 dispositivos. Somos candidatos firmes, nos lo merecemos por lo que hemos hecho en astronomía y por el cielo astronómico que tenemos. Por eso estamos pidiendo que se instale en suelo español, y dentro del suelo español en suelo canario y dentro del suelo canario en el Instituto Astrofísico de Canarias, que es una institución científica española a nivel mundial que está asociada a la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos y que unido a las Cañadas del Teide componen uno de los lugares científicos más importantes del mundo y uno de los lugares científicos más importantes de España. Eso lo sabemos bien. Entre nosotros hay una senadora, y amiga, del Partido Popular de La Palma, María de Haro, que sigue muy de cerca este tema, a la que, por cierto, tengo que felicitar públicamente por la aclaración que ha hecho hoy en un medio de comunicación. Porque esto no es un problema de medallas, es, simplemente, ponernos cada uno en su sitio y luchar para que esta infraestructura venga aquí, haciendo un esfuerzo colectivo que nos tiene que llevar a sumar y conseguirlo.

Por eso no tenemos que realizar maniobras de distracción, ni pedir más, solo esto, porque si unimos otra serie de peticiones, creyendo que es bueno pedir mucho, distrae y, al final, es contraproducente.

Señorías, señores senadores, señoras senadoras, nosotros creemos que podemos, de forma clara, seguir pidiendo que este gran instrumento científico de rayos gamma se ubique en España. Se va a decidir en octubre. La fortaleza política que tiene sacar una moción como esta, en una Cámara como esta es trascendental. Y debo decir que en España tenemos muchas fortalezas dentro del mundo científico que nos dan una ventaja evidente. La primera fortaleza es el cielo, los centros de astronomía que tenemos, que son muy importantes. Y una cosa hay que decir con orgullo: una industria española, predominantemente vasca, ha conseguido ser pionera en el mundo e imprescindible para el desarrollo de cualquier estructura de astronomía de valía, incluido el Telescopio Extremadamente Grande Europeo; nombre que a mí me recuerda siempre a un chiste que me contaron una vez. No sé de dónde proviene esa traducción inglesa tan mala.

Señorías, en Chile la ESO está pidiendo piezas a España, concretamente al País Vasco, porque son los únicos que están a la altura de las circunstancias para poder competir. Por lo tanto, la industria española proporciona ya grandes ventajas y brinda una holgura clara a este tipo de proyectos para construir un gran telescopio. En este sentido quiero decir también que deberíamos consolidarnos como sede del hemisferio norte en España, lo cual pasa por que se instale el Cherenkov Telescope Array, algo trascendental que nos diferenciaría del resto del mundo científico y nos situaría en avanzadilla científica casi 30 años. Este objetivo supone la instalación de 2 decenas de telescopios —lo cual no es baladí— de 6 a 25 metros, de altísima tecnología, fabricados principalmente en España, instalados en España, en el Astrofísico de Canarias, en Tenerife, La Palma, etcétera. Hay que decir que nuestro cielo es globalmente muy bueno y que contamos con otros lugares astronómicos de primera categoría, por ejemplo Almería, cada uno de los cuales se está especializando.

Para todo ello necesitamos un apoyo explícito y decidido. En honor a la verdad debo decir también que esta no es la primera iniciativa al respecto. Se han llevado a cabo preguntas como las formuladas por el senador Narvay Quintero, las realizadas en el Congreso de los Diputados por la diputada Ana Oramas o las de quien les está hablando, o las del Partido Socialista que también ha presentado algunas iniciativas. Sin embargo, no es cuestión de que nos pongamos ninguna medalla sino de que todos nos sintamos orgullosos de una infraestructura absolutamente imprescindible para consolidar el puesto mundial de España en el ámbito del desarrollo científico, concretamente el astronómico, que nos ha permitido ser pioneros en el mundo y definitivamente




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mucho más importantes. Debemos transmitir a los ciudadanos que esto no solo supone la instalación de un aparato que sirve para ver las estrellas, lo que también es verdad, sino que se trata de un aparato que mejora su vida diaria, para que cuando aprieten su vitrocerámica se sientan más confortados, y todo ello sale de la astronomía. Para que cuando le den al interruptor de la luz sepan que eso proviene de la I+D+i, que mucha gente cree que es un partido. De verdad, yo he hecho la prueba de preguntar a la gente qué es para ellos la I+D+i y compruebo que se quedan despistados. Hay que traducir y realizar el esfuerzo para que se entienda lo que significa la ciencia, y ahora que veo a un gran jurista, para que se entienda también la justicia, como para que se entienda también la medicina. Si todos los políticos no hacemos ese esfuerzo estaremos hablando de cosas que no se entienden. Por eso le doy tanta importancia a que en esta Cámara se aprobara la «d» pequeña de divulgación, porque si no divulgamos estos asuntos de forma normal, para que nos entienda el ciudadano medio, estaremos hablando de algo que se les escapa y no entenderán ni verán justificado que nos gastemos, por ejemplo, 70 millones de euros en la inversión primaria. Es verdad que en este movimiento está colaborando el Gobierno actual, el Ministerio de Economía, la secretaria de Estado, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. En cuanto a los fondos Feder, existe el compromiso formal, si nos los conceden en octubre, de una hoja de ruta de inversión que no es baladí —y se la muestro porque siempre se ve más en una gráfica aunque no sea muy grande—, que supondría que a partir de octubre se produciría una inversión muy fuerte durante los primeros cuatro años y se mantendría hasta 2030. Por la edad que tengo a mí me suena raro hablar de 2030, pero desde el punto de vista científico y astronómico es una cifra muy pequeña que nos consolida de forma definitiva.

Señorías, estoy convencido de que entre todos hay que hacer un lobby profundo —y vuelvo a hablar de lobby porque es una palabra a la que no le tengo ningún miedo— desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los medios de comunicación y desde el punto de vista económico para llevar a buen puerto este proyecto. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que si este proyecto lo llevamos a buen puerto haciendo ese lobby con mayúsculas, claro, transparente y público en los medios de comunicación, diciendo lo que tenemos que hacer estaremos en la senda adecuada que nos consolide definitivamente como un país científico de primer orden, con gran transparencia.

En definitiva, debemos conseguir ―y ruego humildemente a todos los partidos que lo tengan en consideración― un acuerdo. Hay quien lo llama prepotencia pero en mi caso lo llamo pasión porque me apasiona lo que estoy transmitiendo. La pasión es importante en política y esto es para apasionarse porque estoy convencido de que puede ser una sede importante, después de lograr el apoyo en octubre de Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, el Gobierno autónomo, el Gobierno central, el Feder, etcétera, para contar con una fortaleza insustituible, que será la infraestructura científica en este momento más importante de la historia de nuestro país en el mejor cielo astronómico del mundo, en España-Canarias-Tenerife-La Palma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alarcó.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El asunto que se plantea en esta moción ya se ha abordado en otras ocasiones en el Senado. De manera general, lo hizo mi compañero el senador Andrés Gil, en una interpelación y su consecuente moción, en la que pedía una mayor implicación del Gobierno en el impulso a la fortaleza y competitividad de la industria aeroespacial española, alarmado porque la contribución como país a los programas de la Agencia Espacial Europea se ha reducido en los últimos años, nada más y nada menos, que en un 80%.

También hemos estudiado esta cuestión en esta Cámara en una pregunta planteada por el senador Quintero, en la que el ministro de Economía y Competitividad respondía literalmente que el Gobierno era sensible, es sensible a esta realidad, a la aspiración de Tenerife y de Canarias de albergar esta infraestructura astronómica y que el Gobierno ya le ha transmitido a la Presidencia del Consorcio Cherenkov Telescope Array su apoyo firme a la candidatura de Tenerife como sede de este.




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En este caso, estamos hablando de una red de telescopios que está en la hoja de ruta del Observatorio Austral Europeo y que se instalarán tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Se trata de una red de última generación de telescopios para el estudio de los rayos gamma, que supondrá un salto cualitativo en el conocimiento del universo; un proyecto internacional del que forma parte una comunidad de más de 1000 científicos e ingenieros de 27 países de todo el mundo.

El ministro De Guindos aseguró en esta misma Cámara que estamos trabajando, junto con el Gobierno de Canarias ―y recalco lo de Gobierno de Canarias― para definir el marco de financiación conjunta y ahí está la cuestión porque no se trata solo de manifestar la buena voluntad para traer esa infraestructura científica a nuestro país y a Canarias sino que hace falta un marco de financiación y compromisos de los gobiernos de Canarias y de España; esa será la clave del éxito ya que tenemos que competir duramente con otras candidaturas, especialmente con la de Arizona, de los Estados Unidos, y son candidaturas también muy potentes.

Es decir, que parece meridianamente claro que el Gobierno de España, al igual que ya lo hizo en su día el Gobierno de Canarias, apoya la candidatura de Tenerife y el Grupo Parlamentario Socialista comparte el objetivo de que el telescopio Cherenkov del hemisferio norte se instale en Tenerife. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción del Grupo Parlamentario Popular, que incide en el asunto, ya que lo que abunda no daña. No basta con las palabras del ministro, porque cuando los representantes de nuestro país se sienten en los centros de decisión donde se va a determinar dónde irán ubicados los telescopios del hemisferio norte, deben llevar no solo el respaldo y las palabras del Gobierno, sino también acuerdos de las cámaras legislativas, en este caso del Senado. Sin embargo, los socialistas hemos considerado que es conveniente presentar una enmienda que creemos que mejora la redacción de lo que se pide, del petitum, ya que nos pareció un tanto engorrosa desde el punto de vista sintáctico, sobre todo, y al mismo tiempo poner en valor la denominada Ley del cielo —exactamente se llama Ley sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias—, promovida por el Gobierno de Canarias y que fue aprobada por las Cortes Generales en el año 1988. Precisamente esa es la ley que nos ha permitido llegar hasta ahí y que Canarias y España se coloquen a la cabeza de la investigación astronómica y de la industria aeroespacial.

En la enmienda hacemos un reconocimiento específico a todas las administraciones públicas que han venido contribuyendo al impulso de la investigación astronómica a través del Instituto de Astrofísica de Canarias, del que forman parte el Estado, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el Gobierno de Canarias, con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; y también la Universidad de La Laguna.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.

Es el trabajo del Instituto de Astrofísica de Canarias el que, además de los incuestionables beneficios en el campo de la investigación, genera beneficios económicos porque de cada euro que se inyecta en este campo retornan, como mínimo, 4, y aporta un valor añadido al reconocimiento internacional de Canarias y de la marca España. Es una experiencia tecnológica que aun pasando estrecheces, ya que el Instituto de Astrofísica de Canarias dispone de un presupuesto de 3 a 5 veces inferior al de otros centros de investigación, ha permitido situar a España en la vanguardia de la astrofísica mundial.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor FUENTES CURBELO: Termino.

Conseguir este objetivo de albergar el telescopio Cherenkov en Tenerife significaría la consolidación definitiva de Canarias y de España como país puntero en la observación astronómica, especialmente en los rayos gamma, donde ya disponemos en la isla de La Palma de dos telescopios más, los Magic, muy sensibles y los más potentes de todo el mundo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

La enmienda que yo presento es de adición —no es ni de modificación ni de sustitución— porque, evidentemente, estamos hablando de algo muy importante. No es la primera vez que se habla de este asunto y seguramente tendremos que seguir debatiendo en el futuro sobre el mismo.

La enmienda persigue algo que el señor Alarcó ha dicho, y que yo ratifico: la consolidación del Instituto de Astrofísica de Canarias, del IAC, dentro del hemisferio norte, para la astrofísica mundial. A su vez, también hay dos proyectos, que aunque no están en la hoja de ruta del consorcio, como sí lo está el telescopio ruso, el Cherenkov, sí estarán planificados en pocos años. Me refiero al telescopio solar europeo y al futuro telescopio gigante ruso. De lo que se está hablando hoy más estas dos nuevas instalaciones consolidarían dentro del hemisferio norte a Canarias como sede puntera y mundial.

Con esa inquietud y con ese pronóstico intento que esta enmienda sea aceptada por el Grupo Parlamentario Popular y por el senador proponente, Antonio Alarcó, sin ningún tipo de discusión ni de entrar en detalle, pero creo que sería positivo ir más allá de lo que plantea dicha moción para intentar consolidar a Canarias como sede mundial, puesto que si no lo hacemos hay otros sitios del mundo muy interesados en conseguirlo. Podemos hablar de Estados Unidos, de Méjico y de otros países. Nosotros creemos que Canarias tiene las mejores condiciones de cielo del mundo, y si no son las mejores del mundo, evidentemente sí son las más estables para poder instalar ese tipo de telescopios.

El senador Alarcó decía que ese telescopio extremadamente grande se ha trasladado a Chile; es una pena. En la pasada legislatura creo que todos luchamos por que se instalara en España, concretamente en Canarias, pero desgraciadamente esa inversión, que es muy superior a esta de la que estamos hablando, se fue a Chile aunque nosotros creíamos que Canarias tenía las condiciones necesarias para albergarlo. Aunque ya no podemos retroceder sí podemos avanzar en el tiempo. La enmienda insta, aparte de la instalación en Canarias del telescopio Cherenkov, a que también se instale el telescopio solar europeo y el telescopio gigante ruso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra el senador Alarcó, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos hablado con todos los portavoces, incluidos el señor Quintero y el senador por Fuerteventura del Grupo Parlamentario Socialista, y les hemos transmitido que no hay que hacer sumas distintas; hay que sumar todo tipo de cosas que puedan llevar a que se pueda conseguir este objetivo, y una vez realizado esto, si es que lo conseguimos, lo que supondría un éxito, habrá que traer a esta Cámara, si fuera necesario, mociones en ese sentido que puedan dar cabida a lo que está diciendo el senador Quintero. Con lo cual, la respuesta es que dejamos el mismo texto tan solo modificado gramaticalmente —lo hemos hablado con el Grupo Parlamentario Socialista—. Creemos que no es conveniente unir ninguna petición más.

Por tanto, nuestra contestación a la propuesta del senador Quintero es no. En cuanto al senador del Grupo Parlamentario Socialista, hemos acordado una redacción a la que el propio senador se ha referido, con lo cual le decimos sí, lo que no significa aceptar su enmienda sino corregirla tan solo gramáticamente. Eso, por tanto, no tiene nada que ver con su exposición de motivos.

El señor PRESIDENTE: Senador Alarcó, eso sería objeto de una enmienda transaccional.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Señor presidente, si lo quieren llamar transaccional..., pero es simplemente el mismo texto de nuestra moción colocado gramaticalmente en un orden distinto. Yo me pongo a disposición de la Presidencia, como no podría ser de otra manera, para llamarlo como estimen oportuno.




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El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara lo van a estudiar a lo largo del debate, pero yo creo que eso es objeto de una transaccional. Ya veremos.

¿Desean hacer uso de la palabra en turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, no seré yo quien se oponga a cualquier texto. Entiendo que cualquiera de ellos va a ser positivo para Canarias, pero sí creo que, como dice el señor presidente, deberíamos tener el texto de esa transaccional, que apoyaré con toda seguridad puesto que tanto el senador Alarcó como el senador Domingo Fuentes han llegado a un acuerdo positivo para Canarias. Lo que sí entiendo es que deberíamos tener por lo menos el texto de la moción antes de que terminemos este debate, para saber en qué términos vamos a hablar y después poder votar

Dicho esto, también diré que es una pena que no se haya aceptado la enmienda que yo proponía. La moción que se presenta sin lugar a dudas es muy interesante y prioritaria para Canarias, pero también tengo que decir que en este caso aporta poco a lo que ya se está haciendo. Ya el ministro dijo aquí el pasado febrero que el Gobierno de España junto con el Gobierno de Canarias están trabajando en ello y han propuesto al consorcio que Canarias sea sede del telescopio Cherenkov. Tanto la Secretaría de Estado del Gobierno de España como el Gobierno de Canarias han trabajado y están trabajando en ello; de hecho, como se ha dicho anteriormente, el pasado 11 de febrero, el ministro de Economía, en respuesta a una pregunta oral, dijo que el Gobierno ya había transmitido a la Presidencia del Consorcio su apoyo firme y decidido a la candidatura de Canarias como sede del telescopio Cherenkov dentro del hemisferio norte, y dijo también que estaba trabajando, junto con el Gobierno de Canarias, para definir un marco de financiación conjunta, que hoy en día casi es una realidad, como ha significado el señor Alarcó. Es cierto, ya hay un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para la financiación económica de esa instalación, pero nos extraña que en la moción se plantee realizar una serie de esfuerzos institucionales y económicos a coste cero. Desde nuestro punto de vista, hubiera sido más oportuno haber fijado el coste real y, aunque es cierto que hay un compromiso entre la Secretaría de Estado del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, pensamos que las buenas intenciones del Gobierno deben quedar plasmadas en hechos.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, les diré que no será este senador quien vote en contra de esta moción, evidentemente, votaré a favor, y tengo que reconocer la labor del senador Alarcó, que ha hablado con todos nosotros, no solo en esta legislatura sino también en la pasada, en defensa de la ciencia, pero me gustaría que muchas iniciativas que he presentado aquí, que no tienen que ver con este asunto pero sí con la mejora de la calidad de vida de los canarios, también sean fruto de un consenso. Si no se acepta mi enmienda, yo aceptaré la moción de Antonio Alarcó o la transaccional que están firmando, porque es bueno para Canarias, pero por el bien de los ciudadanos canarios, democráticamente, podríamos consensuar algunas de las propuestas e iniciativas que he traído a esta Cámara pues, desgraciadamente, me iré de esta legislatura con la percepción de que todas las que he presentado son negativas para Canarias, que son malas y no sirven.

España acaba de anunciar, y lo repito, una importante contribución económica al Telescopio Europeo Extremadamente Grande, aquel que se fue a Chile; nosotros no vemos con malos ojos esta aportación económica, evidentemente, pero nos gustaría que el Gobierno del Estado hiciera la misma aportación económica a la astronomía y a la investigación española, de la que se está hablando mucho, pero que ha bajado sustancialmente en los Presupuestos Generales del Estado, y por eso me gustaría que nos aclararan la inversión de capital que se va a destinar a la instalación del telescopio en Canarias.

Europa está orientando principalmente sus esfuerzos hacia Chile, pero en nuestra opinión debe existir el mismo compromiso para el hemisferio norte, y al Gobierno español le corresponde ser más incisivo en el seno de la Unión Europea y negociar un desarrollo paralelo al menos con la misma intensidad que se está haciendo en otros países; de no ser así, podríamos perder la referencia astronómica del hemisferio norte, que se podría situar en Hawái, en Arizona, incluso en Méjico, que está empujando fuertemente por conseguirla, lo cual sería una pérdida no solo para




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Canarias, como he dicho, sino también para toda España, incluso para la industria española, que es puntera; una pérdida que no nos podemos permitir.

El consorcio no ha dicho todavía donde se va a instalar, tiene serias dudas al respecto; la primera opción es Tenerife y la segunda La Palma; evidentemente, nosotros estaríamos de acuerdo en cualquiera de las 2 opciones pero, en todo caso, esto corresponde al consorcio y no a nosotros, pero también intentamos que este consorcio se comprometa a instalar las 2 grandes infraestructuras del futuro en Canarias.

Nadie duda de la excelente calidad astronómica del cielo de Canarias y de sus observatorios, tanto el de la isla de La Palma como el de Tenerife, abiertos a la comunidad científica hace ya casi 35 años; su desarrollo es fundamental en nuestra apuesta por la diversificación de la economía canaria a través, entre otras medidas, de un mayor peso específico de la investigación dentro de nuestro modelo económico. Este sector es uno de los más proclives a la creación de empresas de base tecnológica en Canarias y a la creación de grandes empresas del sector hacia el archipiélago y hacia España, y el aprovechamiento socioeconómico, en definitiva, de las actividades de I+D+i en torno al desarrollo de la astrofísica. Asimismo, la calidad de la infraestructura científica disponible y la excelencia investigadora del personal con la que cuenta el Instituto de Astrofísica de Canarias es fundamental para que infraestructuras como estas se desarrollen en nuestro territorio.

Cuando recibamos la enmienda transaccional, evidentemente, votaremos afirmativamente la moción, pero consideramos, sinceramente, que se debería haber hecho un esfuerzo mayor y haber incluido un compromiso económico directo para esta instalación. Esperemos que así sea. Sabemos que se ha llegado a un acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para cofinanciarlo entre ambos. Esperemos que no se quede en simple papel, como ha pasado con otras mociones aprobadas en esta Cámara, y se lleve a la realidad, porque sería bueno no solo para Canarias sino también para España.

Vuelvo a decir al senador Alarcó que no pongo en duda el trabajo que ha realizado por la ciencia en España, que hemos compartido, no solo en esta legislatura sino también en la anterior, y, en concreto, por el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero me hubiera gustado haber llegado a un consenso entre todos, no al consenso del «digo yo solo». Yo votaré a favor de su moción porque es positiva para Canarias y para España, pero me gustaría que cuando habláramos de consenso en la ciencia, sea el consenso de todos y no de lo que plantea uno solo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, eskerrik asko mahaiburu jauna.

Bueno zalantzarik gabe, talde popularrak eta Alarcó senatariaren eskutik dakarkigun mozioaren edukiarekin ezin dugu desadostasun batetan egon. Bat gatoz planteatzen den edukiarekin, eta aurretik entzun ditugun beste senatariaren hitzekin. Garbi dago aurkezten dena garrantzizkoa dela, eta zalantzarik gabe Ganbera honen ahalik eta kontsentsu gehienarekin lortzeak ere bere garrantzia daukala.

Horrekin aipatzen dut nire taldeak babestuko duela mozio hau. Baina hori esanda ere, eta Alarcó senatariarekin diodan estimarekin, esango nuke ere, berriro aurkitzen garela talde popularrak aurkezten duen edo aurkezten digun mozio baten aurrean, non esan genezake, kupoa betetzeko, berriz diot, edukiak duen garrantzia kendu gabe, kupoa betetzeko iruditzen zaigula.

Mozioak berak aipatzen du aurrera eramaten ari den gai bat jorratzen ari garela. Planteamendu hori talde popularrarentzat baliagarria den heinean, inoiz edo ia inoiz ez da baliagarria izaten oposizioak aurkezten dituen mozioak aurrera eramateko. Hau da, talde popularrak beste oposizioko taldeak —nire taldearen izenean hitz egingo dut—, mozioa atzera botatzeko askotan erabiltzen den argudioa izaten da aurrera eramaten ari dela dagoeneko mozio horretan eskatzen dena. Kasu honetan, talde popularrak aurkezten digun mozioaren edukia aurrera eramaten ari da eta zalantzarik gabe hemengo bultzakadarekin aurrerago joaterik badauka, gure taldeak babestuko du. Zalantzarik gabe Kanariasentzako onuragarria izango dena gure taldeak babestuko du. Baina eskaera bat egingo nuke, hemendikan. Talante demokratiko hori beste kasuetara ere islatu dadila. Eta ez naiz ni izango kontsentsu horretaz hitz egiten dudan bakarra; hain zuzen ere, Alarcó




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senatariak hemen bertatik duela minutu batzuk aipatu digu «kontsentsu» hitza. Bera murriztu da zientzia arlora, baina zalantzarik gabe, kontsentsu hitza, daukan garrantzia edota maiuskulaz idazterik baldin badaukagu, edozein arlotara trasladatzeko garrantzia dauka.

Beraz, eta kontsentsu hitz horrek daukan garrantziari helduta, aipatuko nuke duela oso minutu gutxi nire alderdiaren presidenteak gosari batean aipatu duen hitza, Espainiako Gobernuari buruz, eta berak zioen, euskal esaera batek zioen modura: «ez da hitz txar bat bera ere, baina ezta ekintza on bat ere» ez dugula jasotzen. Horrekin zer esan nahi dut? Kontsentsua bilatzen baldin badugu, jo dezagun ekintzetara, jo dezagun adibideetara, eta ez gaitezen geratu hitzetan, edo kasu honetan, hitz txarrik gabekoetan. Zeren Narvay senatariak, Quintero senatariak aipatzen zuen modura, kontsentsu bat lortzeko, askotan, batek jartzen duenaz gain, beste zeozer jaso behar dugu, eta hemen askotan aurkitzen garen kontsentsura iristeko, beti da «baldin eta nik proposatzen dudana» aurrera eramaten bada. Gustatuko litzaiguke berez transakzional hori aurrera eramaten bada, Alderdi Sozialistak aurkeztu duenarekin, babestuko dugula, baina berriro diot: kontsentsuen bila edo behar den talante hori, haratago joan behar du. Ez da bakarrik izan behar nik proposatzen dudana zuek erakarri hontara, baizik eta nik ere nire aldetik zeozer jarri beharko dut adostasun horretara iristeko. Ez da lehenengo aldia ni neu eta mikrofono hauetatik aipatu dudala hori, eta jarraituko du erreibindikatzen. Benetan, kontsentsutan sinesten badugu, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu, eta gure ekintzak eredua izan behar dute.

Mila esker.

Buenos días. Gracias, señor presidente.

Sin duda, el Grupo Parlamentario Popular y, en concreto, el señor Alarcó, han presentado una moción con la cual nosotros, sin ninguna duda, podemos estar disconformes con su contenido. Por tanto, estamos de acuerdo con el contenido planteado y con otras intervenciones que hemos escuchado esta mañana. Es evidente que se trata de algo muy importante. Esta propuesta es fundamental, sin duda, y necesita del mayor consenso posible de esta Cámara.

Además de manifestar que mi grupo apoyará esta moción, me gustaría hacer un apunte. Tengo que decir que estimo al senador Alarcó, cómo no, pero, una vez más, nos encontramos ante una moción del Grupo Popular en la cual solicita simplemente cumplir un cupo, es decir, sin dar importancia al propio contenido del texto. Es lo que parece, es nuestra impresión.

La moción dice que este es un asunto en el que ya se está trabajando, pero este planteamiento puede ser válido para el Partido Popular pero casi nunca es válido para aprobar las mociones que presenta la oposición. Es decir, el Partido Popular —hablo en nombre de mi grupo, cómo no—, rechaza muchas veces las mociones que presentan otros grupos con la argumentación de que ya se está trabajando en su contenido. En este caso, la moción del Partido Popular va a salir adelante con el apoyo de esta Cámara, y nuestro grupo la va a apoyar porque pensamos que es beneficioso para Canarias. Pero me gustaría hacer una petición, y es que se aplicara también en otros casos, que se reflejara esta tendencia. No soy la única que habla de consenso; de hecho, hace unos minutos, el senador Alarcó mencionaba la palabra consenso en el ámbito de la ciencia, pero es evidente que la palabra consenso se tiene que escribir con mayúsculas y trasladar y reflejar siempre en todos los ámbitos.

Por tanto, por la importancia que tiene el término consenso, me gustaría apuntar que hace algunos minutos el presidente de mi partido ha mencionado una palabra en un desayuno sobre la actitud del Gobierno español, y decía que no se dice ni una sola mala palabra pero que tampoco recibimos ni una sola acción positiva. Es decir, si queremos realmente obtener consenso tenemos que pasar a los hechos, no podemos quedarnos simplemente en las palabras o en no decir palabras feas, nada malo, tal y como nos decía el senador Quintero. Muchas veces, para obtener consenso tenemos que saber qué opinan los demás. Esto es necesario, porque cuando reflejamos nuestras opiniones vemos que de alguna manera están condicionadas por otros grupos. Nosotros vamos a apoyar la transaccional, pero diré una vez más que si pretendemos obtener consensos tenemos que llegar más allá. No se trata de que se acepte lo que yo propongo, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte para estar de acuerdo. No es la primera vez que hablo de esto en este micrófono y voy a seguir reivindicándolo. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos y nuestras acciones tienen que ser un modelo.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Gracias señor presidente,

Des de l’escó, amb molta brevetat, per manifestar el nostre suport a la moció, malgrat que encara no coneixem el text que serà fruit d’aquestes converses que donaran lloc a una transaccional. Ho farem perquè donaríem suport a qualsevol projecto o iniciativa relacionada amb la investigació, el desenvolupament i la recerca, la innovació, qualsevol projecte sigui benvingut sempre que a més a més porti a un acord, un cert consens entre les forces d’aquesta cambra.

Certament Canàries és un espai privilegiat per l’astrofísica, no és casualitat que des de fa dècades les principals instal·lacions en aquesta disciplina estiguin ubicades allà. Òbviament en el passat més recent s’han perdut algunes oportunitats, com s’ha posat de relleu a la discussió. No hauria de ser aquest el cas amb aquest projecte, amb la seu de l’hemisferi nord amb el projecte i la instal·lació d’aquest telescopi Cherenjov Telescope Array. Per això la col·laboració i el compromís entre les institucions ha de ser decisiva, i en aquest sentit l’aportació que pugui fer aquesta Cambra i també és una aportació, un petit gra de sorra per fer-ho possible. I nosaltres contribuirem amb el nostre vot positiu a la moció que es presenta.

Moltes gràcies.

Intervendré brevemente desde el escaño para manifestar nuestro apoyo a esta moción, a pesar de que todavía no conocemos el texto que será fruto de estas conversaciones y que dará lugar a la transaccional. Lo haremos porque apoyaríamos cualquier proyecto o iniciativa relacionada con la investigación, el desarrollo y la innovación. Cualquier proyecto será bienvenido, siempre que se llegue a un acuerdo, a un consenso, de las fuerzas de esta Cámara. Canarias es un espacio privilegiado para la astrofísica. No es casual que desde hace décadas las principales instalaciones de esta disciplina estén ubicadas allí. Obviamente, en el pasado más reciente se han perdido algunas oportunidades, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate. Ahora este no debería ser el caso de este proyecto concreto, el de la sede del hemisferio norte del proyecto e instalación del Cherenkov Telescope Array. Por ello, la colaboración y el compromiso entre las instituciones deben ser decisivos. En este sentido, la aportación que puede hacer esta Cámara es un pequeño grano de arena para hacerlo posible. Y nosotros contribuiremos con nuestro voto positivo a la moción que se presenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies senyor president, senyories, molt bon dia.

Vagi per davant que el nostre Grup donarà suport a la moció que ens presenten aquí, però deixi’m que li digui senyor Alarcón, que quan vaig llegir la moció i el text de la mateixa, la veritat és que em va causar sorpresa. I li diré perquè: perquè habitualment les mocions que des de l’oposició presentem, de caràcter territorial, i no ideològiques, com deia vostè, gairebé totes són rebutjades de manera sistemàtica. I li poso com a exemple la darrera Comissió d’Economia, o la darrera Comissió d’Indústria, i sempre amb el pretext que, o bé s’han de complir els objectius de dèficit, o bé el Govern ja està treballant en aquest tema, o bé també aprofito per dir una famosa frase seva, que ens diu de manera reiterativa: que en política la mesura del temps és la legislatura, però és que aquesta legislatura s’acaba, i per tant, moltes de les iniciatives que s’han presentat, gairebé no hi haurà temps de portar-les endavant. Per tant li dic tot això perquè després de tot el que està succeint, que vostè ens presenti una moció d’aquestes característiques perquè després no hi haurà temps per tirar-les endavant.Per tant li dic tot això perquè després de tot el que està succeint, que vostè ens presenti una moció d’aquestes característiques, a la que reitero que donarem suport, no deixa de causar-nos una sorpresa.

Realment quin és l’objectiu? És complir un cupo com deia la senadora Iparraguirre? O també podria posar com a exemple al senador Quintero, la quantitat d’iniciatives que ha plantejat i que ha




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fet aquí per Tenerife i que vostès han rebutjat sistemàticament. Per tant, això ens fa sospitar i dir on és la credibilitat d’aquesta moció que vostès ens presenten?

Jo li demanaria 2 coses en aquest sentit: primera, quin és el pressupost que assignen per fer aquest objectiu viable, i segona, quines són les actuacions que està portant a terme el Govern amb caràcter internacional perquè realment Tenerife sigui la base d’aquest projecte tant important i tant potent que nosaltres també creiem. Per tant, m’agradaria conèixer què s’està fent des del govern per tirar endavant aquest projecte.

I vostè ens parla molt de la recerca, el desenvolupament la innovació i la «d» de divulgació. Molt bé, deixi’m que li digui que justament en els darrers pressupostos no es caracteritzant per donar credibilitat en aquest missatge que vostè ens està donant aquí. És a dir, parlem molt de la recerca, del desenvolupament, de la innovació, de la divulgació, però a l’hora dels pressupostos: 2012, retallada importantíssima en aquest capítol, 2013, retallada importantíssima que ens situa al 1,3% del producte interior brut. I aquest 2014 em dirà: no, aquest 2014 s’ha posat els pressupostos una partida important. Certament, però no hem arribat a compensar les retallades que s’han fet en aquests dos anys. Per tant, des d’aquest punt de vista, poca credibilitat, perquè en definitiva són molts els projectes que es veuen afectats per les retallades pressupostaries que estan practicant.

Voldria dir-li que des de Convergència i Unió, al llarg de la legislatura, hem manifestat sempre el nostre compromís per a la investigació, per la innovació com a instruments de creixement i de competitivitat. Projectes com el CTA que ara és objecte d’aquesta moció, ens ajudaran evidentment a ser més competitius, per això nosaltres recolzem i unim tots aquells esforços que siguin necessaris per aconseguir que l’illa de Tenerife amb el seu projecte CTA pugui ser una realitat.

Per tant, senyor Alarcón, procurin que quan es presentin mocions, com diu vostè, encara que no siguin ideològiques i siguin de l’àmbit territorial, puguin atendre’ns com nosaltres ara farem amb aquesta moció perquè creiem que beneficia a Tenerife i per tant hem de col·laborar però desitjaríem la mateixa consideració quan es presentin mocions com d’altres grups estem fent reiteradament i que vostès per els objectius de dèficit o per els arguments que ja els he dit, ens rebutgen sistemàticament.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Vaya por delante que nuestro grupo apoyará la moción que nos presentan aquí. Pero déjeme decirle, señor Alarcó, que cuando leí la moción y su texto, la verdad es que quedé sorprendido. Y le explicaré el porqué. Porque habitualmente casi todas las mociones que presentamos desde la oposición, de carácter territorial y no ideológicas, como usted decía, las rechazan de manera sistemática —le pongo como ejemplo la última Comisión de Economía o la última Comisión de Industria—, siempre con el pretexto de que, o bien se han de cumplir los objetivos de déficit, o bien el Gobierno ya está trabajando en ello. Y aprovecho para decir una famosa frase suya que repite: en política, la medida del tiempo es la legislatura. Pero esta legislatura está acabando y, por tanto, no habrá tiempo para seguir adelante con muchas de las iniciativas que se han presentado. Le digo todo esto porque después de todo lo que está sucediendo, que usted nos presente una moción de estas características —y reitero que daremos nuestro apoyo— no deja de causarnos sorpresa.

¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Es cumplir un cupo, como decía la senadora Iparragirre? También podría poner como ejemplo al senador Quintero, que ha planteado aquí cantidad de iniciativas sobre Tenerife, si bien ustedes las han rechazado sistemáticamente. Por tanto, el objetivo nos hace sospechar y preguntarnos dónde está la credibilidad de la moción que ustedes presentan.

Quiero preguntarle 2 cosas. Primero, ¿qué presupuesto asignan para que ese objetivo sea viable? Segundo, ¿cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno con carácter internacional para que realmente Tenerife sea la base de este proyecto tan importante y tan potente? Nosotros también lo consideramos fundamental, por eso me gustaría saber qué está haciendo el Gobierno para sacar adelante este proyecto.

Usted habla mucho de la investigación, del desarrollo, de la innovación y de la «d» de divulgación. Pues bien, déjeme decirle que los últimos presupuestos no les caracterizan a ustedes




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por dar credibilidad al mensaje que nos han transmitido aquí. Hablamos mucho de la investigación, del desarrollo, de la innovación y de la divulgación, pero en los presupuestos del 2012 se produjo un notable recorte en este capítulo; y en el 2013, otro recorte importantísimo que nos situó en el 1,3% del producto interior bruto; y en el 2014 —y usted puede decir que en el ejercicio 2014 se destina una partida considerable, y es verdad— no se llegan a compensar los recortes de los últimos años. Desde este punto de vista, poca es su credibilidad, porque son muchos los proyectos afectados por los recortes presupuestarios que están aplicando.

A lo largo de la legislatura en Convergència i Unió siempre hemos manifestado nuestro compromiso por la investigación y la innovación, entendidas como instrumentos de crecimiento y de competitividad. Proyectos como el CTA, objeto de esta moción, nos ayudarán, evidentemente, a ser más competitivos, de ahí nuestro apoyo. Se trata de aunar todos los esfuerzos que sean necesarios para conseguir que el proyecto CTA en la isla de Tenerife pueda ser una realidad.

Pero, señor Alarcó, cuando desde un ámbito territorial se presenten mociones, aunque no sean ideológicas, como dice usted, atiéndanlas. Nosotros lo hacemos con esta moción porque creemos que beneficia a Tenerife, así que hemos de colaborar, y deseamos la misma consideración cuando otros grupos —nosotros lo hacemos reiteradamente— presenten mociones, aunque ustedes, ya sea por los objetivos de déficit o por los argumentos ya comentados, las rechacen sistemáticamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Alarcó, gracias por la alusión que ha hecho a mi condición de senador por la isla de Fuerteventura, donde tuve la suerte de nacer, pero no soy senador por esa isla. Fuerteventura tiene su senadora en el Grupo Parlamentario Mixto y yo soy senador por toda la Comunidad Autónoma de Canarias. Creo que es importante el matiz porque estamos defendiendo un proyecto, no para mi isla, sino para nuestra comunidad autónoma y, al fin y al cabo, para toda España.

Gracias por aceptar la nueva redacción del acuerdo que se pretende en el Senado. Quiero confesarle que no me hubiera importado retirar mi enmienda, convertirla en una transaccional e incluso incorporar la enmienda del senador Quintero, que amplía nuestras aspiraciones con otros telescopios que podrían instalarse también en Canarias. Yo creo que este es uno de los asuntos en los que evidentemente todos debemos remar en la misma dirección. Señor Alarcó, podemos coincidir en que fue el Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, que forma parte del IAC, quien dio el primer paso a la hora de ofrecer a la candidatura de Tenerife un paraguas institucional e, incluso —y doy un dato preciso porque es importante—, el 10% de la aportación española a través de la Agencia Canaria de Investigación. En una respuesta escrita a la diputada doña Ana Oramas en el Congreso, el Gobierno dice exactamente que apoya el proyecto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas son palabras del Gobierno para albergar dicha instalación en Tenerife y así —dice el Gobierno— se lo han hecho saber a la presidenta del Resource Board del Cherenkov Telescope Array, que es la Presidencia de este proyecto. Son palabras del Gobierno las que habíamos puesto en la enmienda. No obstante, aunque usted hubiera mantenido su texto y hubiera rechazado nuestra enmienda, también lo habríamos apoyado, porque nosotros consideramos que efectivamente estas no son cuestiones para una política de vuelo raso o de regate en corto. El objetivo merece un esfuerzo de generosidad por parte de todos. Por tanto, le agradezco que al fin y al cabo hayamos convertido el acuerdo que se pretende en el Senado en una transaccional. Asimismo quiero agradecer al resto de los grupos parlamentarios el apoyo manifestado.

El Grupo Parlamentario Socialista sabe estar al lado del Gobierno sin fisuras cuando se trata de asuntos de interés general, sin sospecha de falta de implicación. Un apoyo que ciertamente no tuvimos nosotros cuando, estando en el Gobierno, nos tocó traer ese otro proyecto, el European Extremely Large Telescope, el telescopio europeo extremadamente largo que finalmente se fue para Chile, donde, por cierto, el Observatorio Europeo Austral tiene instalados prácticamente el 100% de sus telescopios. En aquel caso sí era realmente complicado y difícil hacerlo porque durante la última década este organismo, ESO, lleva instalando todos sus telescopios en el




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hemisferio austral. Usted sabe que no hubo pasividad ni desidia. Esa decisión la tomaron delegados de 14 países miembros de ese observatorio respaldados y apoyados por la decisión de un comité científico. No se trata de ningún apaño. Aun así, el telescopio extremadamente largo sigue sin instalarse por diversos motivos y tendría que haber estado en funcionamiento este año.

Pero independientemente de que ustedes siguen pensando que en aquella ocasión se podría haber hecho algo mejor, como he leído haciendo repaso de las hemerotecas, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la candidatura de Tenerife para el telescopio Cherenkov, porque eso constituiría el afianzamiento definitivo de todo el esfuerzo que se está haciendo en astrofísica en España. Al fin y al cabo se trata de recuperar el espíritu de la moción que presentó nuestro compañero, el senador don Andrés Gil, que inexplicablemente fue rechazado por esta Cámara, y ahí coincido con los portavoces del Grupo Vasco y de Convergència i Unió cuando dicen que aquí se rechaza todo por sistema, cuando lo que pedía el Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión era recuperar el ritmo que estábamos perdiendo, ya que hemos pasado de aportar el 6% del total de lo que dan el conjunto de los países que están en estos proyectos a solo el 1,4%; asimismo hemos pasado de participar en 15 programas de la Agencia Espacial Europea a solo 5, y del quinto puesto en el ranking al duodécimo.

En el caso que nos ocupa el proyecto Cherenkov ya ha superado algunas fases, como la de estudio y la preparatoria, y ahora estamos en la fase decisoria sobre la ubicación para su posible construcción. Dicho consorcio internacional invertirá alrededor de 4 millones de euros al año para el funcionamiento del telescopio Cherenkov durante los próximos treinta años, por lo que la inversión externa que llegaría a Canarias sería de más de 100 millones de euros en ese período.

A mí me gustaría, señor Alarcó, que esta moción no se convirtiera en un acuerdo más de esta Cámara y en papel mojado; este acuerdo tiene que tener después un reflejo presupuestario. Si ustedes no consiguen que el Gobierno incluya en los presupuestos de 2015 la parte que le corresponde a España para participar en ese proyecto —en el caso de que España tuviera posibilidades—, nosotros nos comprometemos a presentar una enmienda para defender la participación española en el proyecto Cherenkov. En su momento afirmé que el Gobierno de Canarias ha comprometido su participación al 10%.

El pasado día 10 de abril los delegados de los gobiernos de 12 países que forman parte de ese consorcio, entre los que se encuentra España, se reunieron para dar comienzo a las negociaciones que concluirán con la elección del lugar donde se construirán los observatorios norte y sur que conforman el proyecto. Los socialistas queremos que Canarias y España formen parte de un proyecto enorme, de una gran ventana para mirar el universo, una experiencia tecnológica importantísima que nos va a permitir seguir trabajando al límite del conocimiento. El proyecto Cherenkov significa multiplicar por 10 el alcance actual; es decir, vamos a acercar 10 veces más las fuentes conocidas y nos vamos a acercar 10 veces más a nuevas fuentes que hasta ahora han sido insondables por su lejanía.

En Canarias y en España ya somos los más avanzados en la investigación de rayos gamma, gracias a esos 2 telescopios que he comentado en mi primera intervención, los Magic, instalados en la isla de La Palma. En Canarias tenemos, como se ha dicho, uno de los mejores cielos del mundo, y por eso queremos seguir haciendo ciencia, queremos seguir haciendo tecnología que, señorías, al fin y al cabo, significa generar riqueza y generar empleo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Senador Alarcó, tiene que entregar el texto a los servicios de la Cámara para que lo registren.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Tenía usted razón, como siempre, de verdad, y lo digo públicamente. (Risas). Yo asumo la responsabilidad de decir como siempre; estoy hablando yo...

El señor PRESIDENTE: Nadie es perfecto, senador Alarcó. (Risas).




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El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. No quiero utilizar todo el tiempo en este tipo de explicaciones.

Voy a intentar responder a todo lo que me han preguntado mis compañeros. En primer lugar, muchas gracias a todos por el clima, por el entendimiento, por el tono, a todos, sin excepción; y eso es importante. Claro que uso la palabra consenso, yo la uso con mayúsculas, y esto son consensos en la Cámara, y consensuar significa esfuerzo, ceder, dar; en definitiva, en unos casos se puede y en otros no se puede. Pero es evidente que en ciencia el consenso es imprescindible, y ahí hay muy poco margen para la ideología, e intentar introducir ideología donde no se puede es malo, no nos lo perdonarían los ciudadanos que nos han votado y no nos lo perdonarían nuestros científicos, que son buenos, y son muchos.

Con respecto al senador Domingo Fuentes Curbelo, tiene usted razón; usted es senador autonómico, y le pido disculpas al respecto. Es senador autonómico y Fuerteventura tiene concretamente una senadora.

Usted ha dicho muchas cosas. En cuanto a su referencia al E-ELT, el Telescopio Extremadamente Grande, que no se consiguió para España y se fue para Chile, debo decirle que cuando lo planteamos —y, por cierto, en el Senado lo aprobamos por unanimidad— le dijimos al Gobierno de turno —y el presidente europeo fue el señor Zapatero durante seis meses—, que, utilizando la Presidencia, comunicara a Europa que era imprescindible instalar en España ese gran telescopio. Decirlo tenía coste cero, pero hubiera tenido una repercusión importante donde se tenía que decir, que era en la Comisión Europea, pero no se dijo.

No es cuestión de recortes o no recortes. Es cuestión de que haya o no haya ajustes. Usted no se puede gastar lo que no tiene. Y debo decirle que en la anterior legislatura, la ministra Garmendia, con quien tuvimos un trato muy fluido en esta Cámara —concretamente yo también era portavoz de Innovación por el Grupo Popular—, dejó de utilizar 1000 millones de euros. No es cuestión de tener dinero, sino de gastarlo bien. Y no es cuestión de hacer ajustes o no, sino de que uno no puede gastarse lo que no tiene. Pero si lo tiene y no se lo gasta, no sirve absolutamente para nada.

Esta moción —que agradezco se apruebe por unanimidad— deja muy claro que es un factor muy relevante a nivel europeo, a nivel del ESO. Y hay unanimidad por parte de todas las fuerzas políticas en pedir apoyo para que se instale aquí.

Me preguntaba por el presupuesto. Señoría, el presupuesto vendrá cuando venga; no voy a obviar la pregunta. Pero este es un apoyo decidido para que se instale en España. No es una cuestión regional. Se instala en España, concretamente en Canarias, y es beneficioso para toda España. Señoría, la ciencia no es territorial. Lo que estamos intentando en Europa todos los europeos —y todos los que estamos aquí somos europeos— es la libre circulación del conocimiento y el Espacio Único Europeo de Investigación, eso que se llama la quinta libertad en ciencia. Y eso es lo que se está consiguiendo. Por tanto, es muy importante para España y, por ende, para Canarias, que tiene un gran cielo astronómico español. Y también, por cierto, en Cataluña, senador Alturo, influye directamente, primero, porque la ciencia es europea, la ciencia es nacional, la ciencia también es catalana, con lo cual también influye en industrias importantes en Cataluña, su comunidad autónoma, aunque no queremos entrar en diatribas de ese estilo.

¿El momento? En octubre si tenemos la suerte; y estoy convencido de que la habremos de tener, porque tenemos fundamento científico. Es un compromiso real con presupuesto previsto. Hay un compromiso del Gobierno. Si nos lo dan, inmediatamente tendrá que acompañarse del presupuesto, del que le he enseñado un diagrama, que se mueve del siguiente modo: entre 2014 y 2020 hay que gastar 200 millones de euros —entre todos, porque también participan otros países: Japón, etcétera—, y España tendrá que colaborar aproximadamente en esa fase con unos 70 millones de euros —estoy hablando de memoria—, que vendrán de comunidad autónoma, fondo Feder, Gobierno nacional y de otros países; y a partir de 2020 hasta 2030, otros 250 millones de euros. Pero este es el momento de tener que ver los compromisos económicos, y no dude usted de que, si lo conseguimos —y es muy bueno para todos que nos lo den—, será así. Luego, sí al consenso; sí, con mayúsculas. Y los consensos son los que son.

Senador Fuentes, en la anterior legislatura el Partido Popular presentó en los últimos presupuestos más de 7000 propuestas de modificación y no se aceptó ninguna. Pero yo no estoy en el discurso del y tú más, y menos hablando de ciencia, porque este no es el tema. La cuestión




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es la que estamos tratando: tenemos que conseguir que este gran telescopio venga para España y, concretamente, se pueda instalar en el mejor cielo astronómico.

Senador Alturo, ciertamente, la unidad de tiempo en política es una legislatura, y esta legislatura no está a punto de acabar ni ha terminado. Podrá ser más pequeña, quedará menos tiempo o también es que nos queda menos vida porque vamos cumpliendo años, pero ese no es el tema; la cuestión es que la unidad no la va a alterar nadie y hay que dar tiempo al tiempo.

Por otra parte, nosotros estamos en contacto permanente con el Astrofísico de Canarias, que es uno de los más destacados del mundo, y mantenemos un diálogo fluido con su director, el señor Rebolo, así como con el profesor Francisco Sánchez, que fue el inventor de la astronomía moderna en nuestro país, el primer catedrático en la materia. Con él he mantenido un diálogo fluido no solo por mis anteriores responsabilidades como vicerrector de Infraestructura, sino también por la actividad política y científica que desarrollamos. Y, en ese sentido, están absolutamente identificados con lo que estamos haciendo, como no podría ser de otra manera; si el Astrofísico, La Palma y Tenerife van a ser los receptores, claro que estamos absolutamente en contacto con ellos.

Con respecto a la senadora Iparragirre, sí, estoy de acuerdo y le digo lo mismo que al señor Alturo: muchas gracias por su apoyo, estamos en eso y, por cierto, ya comenté con orgullo que tenemos un valor muy importante que nos hace ser favoritos en ese sentido, que es la industria que se ha desarrollado en nuestro país y concretamente en el País Vasco, que es puntera en el mundo; el Telescopio Europeo Extremadamente Grande que se está haciendo en Chile, que está teniendo dificultades, necesita a nuestro país y a las industrias, a las 50 industrias que se han unido para hacer un consorcio y dar salida a nuestro país, de las que un porcentaje muy importante son del País Vasco.

En definitiva, agradecimientos a todos por su colaboración, creo que estamos haciendo lo que nos corresponde, buscando unanimidad en lo que significa la ciencia y no es nada oportuno intentar unir otro tipo de peticiones —y me refiero a la petición del señor Quintero; él lo sabe porque he hablado con él muchas veces— porque son un factor disuasorio, que vendrán en su momento si a partir de octubre conseguimos que se instale el gran telescopio de rayos gamma en España, concretamente en Tenerife.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

La propuesta de modificación transaccional ha sido repartida a todos los grupos. ¿Puedo someterla a asentimiento o necesito llamar a votación? (Pausa). ¿Están todos los grupos de acuerdo en que se apruebe por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada por asentimiento. Muchas gracias. (Aplausos).

9.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL SECTOR PORCINO.

(Núm. exp. 662/000148)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y finalmente otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna a defender en nombre del Grupo Popular una moción que este grupo presenta a debate ante esta Cámara para instar al Gobierno de España a seguir generando medidas, generando actuaciones políticas y administrativas que permitan ayudar a la economía real en nuestro país, a la economía productiva en el sector agroalimentario y muy especialmente en este caso a la economía en el sector cárnico y en el sector porcino.




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Hoy proponemos 4 actuaciones que pretenden lograr unas mejores condiciones para ayudar a ganar más competitividad, para ayudar a ganar una calidad aún mayor en las producciones agroalimentarias, para lograr más apoyo a las exportaciones y una mayor rentabilidad con mayor transparencia en el sector cárnico, en concreto en el sector porcino en España.

Este sector productivo ha visto cómo en los años 2012 y 2013 se produce un ligero descenso en el número de animales sacrificados en nuestro país, de 41 743 000 a 41 418 000; aunque este descenso se ha producido, como digo, en los años 2012 y 2013, se mantiene por encima del período 2008-2012. Ya en este año, en el período de enero a abril, se está invirtiendo esa tendencia con un incremento del 2,5% en sacrificio de animales, aunque el incremento en toneladas es inferior en un 1,2%.

Actualmente, España es el segundo país de la Unión Europea en producción de carne de porcino, con un 17,5% del censo comunitario y con un 15,7% de toneladas producidas; solo nos supera Alemania. A nivel mundial, somos los cuartos productores, tras China, Estados Unidos y la propia Alemania, como ya se comentaba.

El número de explotaciones porcinas registradas a diciembre del año pasado es de 85 449, con un descenso del 14,2% en referencia al año 2007 —año anterior a la crisis— y un 2% en ese mismo año 2013. Asistimos, por lo tanto, a un proceso continuo de concentración de las explotaciones más pequeñas, lo que ayuda a ganar competitividad y capacidad de negociación en la oferta del sector.

El sector del porcino es el más importante de nuestra ganadería y el que contribuye, por tanto, en mayor medida en la renta de nuestros ganaderos. Supone casi el 40% de la producción final ganadera y más del 14% de la producción final agraria, con más de 6270 millones de euros el año pasado frente a los 5528 millones de euros en el año 2011. Este sector, además, contribuye a la generación de empleo en nuestro país con unos 200 000 ocupados en las tareas propias de la producción de ganado porcino. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los datos de consumo en España en 2013 muestran una estabilidad con respecto al año 2012 tanto en la carne fresca como en los transformados, con un ligero descenso en los volúmenes y un ligero aumento en el valor, tendencia que se mantiene en el período enero a abril de este año en el producto fresco, pero que cae en el 3,2% en los transformados. Este hecho y el hecho también de que el nivel de autoabastecimiento de España de carne de porcino es muy elevado, el 151%, convierten a las exportaciones en un elemento clave para el equilibrio del mercado, para lograr una balanza positiva en el mercado.

Tras el descenso de las exportaciones españolas en el año 2013, España se posicionó como cuarto país mayor exportador de porcino de la Unión Europea, tras Alemania, Dinamarca y Polonia. El 38% de las exportaciones mundiales son y provienen de la Unión Europea. El año pasado, el año 2013, nos ha mostrado un precio medio de la canal clase E superior en un 11,4% al año precedente, al año 2012, y superior en un 11,3% al mercado alemán o en un 10,3% a la media de la Unión Europea. Esto ha permitido compensar el coste de la alimentación y recuperar margen de beneficio a los ganaderos productores. Este año 2014 se ha iniciado de una manera irregular, con tendencia a la baja, y así, el mes pasado, junio, se sitúa en 1,867 euros/kilo/canal, un 4,9% menos que en 2013, aunque sigue siendo un 7,3% superior a la media comunitaria.

El cierre de las fronteras rusas al porcino europeo y una mayor producción en China a precios más bajos pueden explicar en parte estos datos. En el lado de los costos, los datos de este año 2014 apuntan a un descenso en el precio de las materias primas para alimentación y se prevé que esa tendencia continuará y, por lo tanto, sucederá lo mismo que ha ocurrido a lo largo del año 2013. Como les decía anteriormente, señorías, tras el récord de exportaciones en el año 2012, con 1 408 000 toneladas y más de 3240 millones de euros, en el año 2013 hay un descenso del 4% en volumen, con un incremento del 2,5% en valor, hasta los 3327 millones de euros. Retroceden las exportaciones a terceros países, principalmente Rusia, que supone el 30% de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea y que hasta entonces este era nuestro principal receptor, y en cambio aumentan las que se producen a nivel intracomunitario, así como en China, Hong Kong y Japón. En este inicio de año vuelve a producirse una recuperación de las exportaciones, tanto en volumen —con un 9,3% más— como en valor —con un 5,5% más—, y aun así nos siguen penalizando las restricciones rusas, creciendo en la Unión Europea las exportaciones, y también en Japón y Corea del Sur.




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Señorías, en el programa electoral presentado a los ciudadanos en el año 2011 por el Partido Popular decíamos que promoveremos la innovación en la industria agroalimentaria para mejorar las posibilidades comerciales del mercado doméstico y la exportación y consolidar una estructura empresarial capaz de afrontar la complejidad creciente de un negocio cada vez más globalizado. Y también, que fomentaremos la internacionalización del sector agroalimentario español mediante la promoción de su industria y el apoyo a la implantación de nuestra gastronomía en el ámbito europeo e internacional.

A lo largo de la legislatura actual el Grupo Popular ha traído a esta Cámara, entre otras, las siguientes iniciativas: una moción relativa a la adopción de determinadas medidas para la promoción y conservación de las razas autóctonas del patrimonio ganadero español; una moción para la adopción de determinadas medidas en relación con los precios de los alimentos y el sector agrario y ganadero; y una moción para la adopción de determinadas medidas a favor del sector cárnico español. En todas ellas hacíamos referencia también al sector del porcino.

Garantizada la más importante aportación de la Unión Europea a las rentas de nuestros agricultores y ganaderos a través de los fondos de la política agraria común para el período 2014-2020, el Grupo Popular y el Gobierno de España seguimos trabajando junto a los agricultores, los ganaderos, sus representantes en organizaciones agrarias y sectoriales y la industria agroalimentaria y las cooperativas para impulsar las condiciones legislativas, administrativas y políticas más óptimas para que las inversiones, el trabajo y los esfuerzos de nuestros agricultores y ganaderos obtengan el mejor fruto en forma de renta y generación de oportunidades al empleo. Trabajamos para hacer más competitivas las explotaciones agrarias y ganaderas y la producción en la industria agroalimentaria. Impulsamos y colaboramos en la adopción de actuaciones basadas en la investigación, la innovación y la modernización de todos los sectores agroalimentarios. Nos esmeramos en mejorar la calidad de las producciones agroalimentarias y su control sanitario. Propiciamos la salida al exterior para consolidar los mercados existentes y ganar nuevos mercados para la producción industrial agroalimentaria española con las mejores condiciones de seguridad y de rentabilidad. Y hemos propiciado también una mayor trasparencia en la fijación de precios y márgenes comerciales a lo largo de todo el proceso de negocio que se produce desde el campo a la mesa, desde el productor al consumidor final.

La moción que hoy traemos a debate continúa en esa línea argumental de actuación del Grupo Popular en el Senado en apoyo a la labor del Gobierno de España y, por tanto, en apoyo al trabajo y esfuerzo de los agentes que actúan en el sector del porcino, en el caso de hoy, y de manera muy especial a los ganaderos e industriales que generan bienestar, empleo y oportunidades de vida en el mundo rural.

Por el alto grado de autoabastecimiento en el sector porcino español, dependemos enormemente de la exportación. Por consiguiente, es importante mantener la actividad exportadora como estrategia sectorial de manera relevante de cara al consumidor europeo, ya que, según estudios de la Comisión, para el período 2012-2020, aunque disminuya ligeramente el consumo de carne de cerdo, seguirá siendo la más consumida en Europa, un mercado difícil, exigente. Hemos de trabajar para que nuestros ganaderos, empresarios porcinos, logren una mejora de la eficiencia y la eficacia de sus explotaciones, de sus empresas. La extraordinaria calidad de nuestro porcino debe conocerse más y mejor, al igual que hay que señalar la necesidad de impulsar proyectos de investigación que promuevan la innovación y la generación de empleo. Con la implantación de tecnología moderna y la especialización de la mano de obra se promueve la competitividad en el sector del porcino español, un sector que ha sido siempre punta de lanza, pero en el que, como en todo, hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo más. Nuestro país debe ser capaz de competir en calidad y diferenciación, pero también en eficiencia, tanto en los mercados interiores como internacionales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone al Senado una moción, cuyo texto es el siguiente: Primero, potenciar la imagen del sector del porcino, así como la de la carne de cerdo y de sus productos elaborados entre la sociedad española. Es necesario, a su vez, un consumidor formado e informado que sepa valorar el esfuerzo productivo que supone el modelo europeo de producción para nuestros ganaderos.

Segundo, promover las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el sector del porcino.




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Tercero, fomentar la comercialización de la carne de porcino en el exterior, aprovechando el incremento de la demanda de países emergentes, el cuidado que se presta al consumidor y la promoción en los mercados exteriores.

Y cuarto, dotarse de la suficiente información técnico-económica que sirva de herramienta para vigilar los costes de producción y el margen de beneficio de nuestros productores de porcino y permita evaluar y/o anticipar impactos y la toma de decisiones.

Por lo tanto, se trata de ayudar a la imagen del porcino en el consumo interno; garantizar la calidad de la producción; también la sanidad alimentaria; hacer posible que la investigación y la innovación no sean solo palabras, sino hechos continuos en la industria agroalimentaria; fomentar, como no puede ser de otra manera, el consumo, la promoción exterior de un producto que es punta de lanza en nuestro mercado exterior, en nuestras exportaciones; y, por último, hacerlo todo cuidando al consumidor del siglo XXI y también al productor del siglo XXI con absoluta transparencia, tanto en lo que respecta a la elaboración y producción, como en el mercado, al igual que a la hora de la fijación de los precios, márgenes y costos que se dan en ese mercado.

Espero contar con el apoyo de sus señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, senador Cotillas.

Pasamos a la defensa de las enmiendas. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador señor Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente. Buenos días.

Señor Cotillas, coincidimos totalmente en la importancia socioeconómica del sector porcino en nuestro país, sobre todo en la España rural, esa España en la que sufrimos una continua despoblación. Efectivamente, está contribuyendo, como otras actividades, por ejemplo, el ganado ovino, a fijar la población, dado que la actividad ganadera es muy diferente a la agrícola, sobre todo la de secano, y exige a los actores, en este caso a los ganaderos, permanecer en el lugar de ubicación de las explotaciones.

Su señoría hacía referencia a las iniciativas presentadas por ustedes. Le voy a recordar dos: una moción que presentaron en febrero sobre el sector cárnico, y otra sobre la cadena alimentaria. En ambos casos entendimos que solo se trataba de una declaración de intenciones, puesto que no había voluntad de abordar un tema de gran calado, como es la creación de empleo en territorios en que es necesario. Con lo cual, sin lugar a dudas se trataba de un brindis al sol.

La propuesta que defendemos en la enmienda va encaminada a fortalecer el sector porcino incrementando el valor añadido y creando empleos en terrritorios con problemas de población. La primera parte se refiere a apoyar con dotación presupuestaria la concentración de oferta y la promoción de productos elaborados de carne de primera calidad. Nos referimos a los productos de denominación de origen, productos de dedicación geográfica protegida y productos de carnes de marca de calidad, tanto en el mercado interior, como fundamentalmente en el exterior. Con ello, ¿qué pretendemos? Potenciar el valor añadido, crear riqueza y aumentar los puestos de trabajo.

Somos un país de alta tradición chacinera, y —permítanme que lo diga— hay una provincia a la que tengo especial cariño y a la que voy a hacer referencia, porque es la que nos enseña a todos. Me refiero a Salamanca, la provincia de mayor tradición y mayor calidad, lo que nos permite aprender y crear un valor añadido en nuestra actividad, no solamente en las carnes de ibérico, como Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Serranía de Huelva o Pedroches, sino en las carnes de cerdo blanco, como Jamón de Teruel y Paleta de Teruel, Jamón de Trévelez y Jamón Serrano.

Una segunda parte se refiere a dotar presupuestariamente las agrupaciones de defensa sanitaria. Señorías, el Partido Popular se ha cargado en dos años los apoyos económicos a las ADS. Estas estructuras, que son asociaciones de ganaderos, han sido fundamentales en este país por muchos motivos, y luego hablaré del más importante; pero sobre todo han creado una actitud de convivencia y entendimiento entre las administraciones públicas autonómica y central, los ganaderos y los técnicos veterinarios que están trabajando en el sector, una actitud que ha permitido la transparencia y sobre todo la fortaleza del sector. Les invito a que recuerden cómo estábamos años antes de entrar en la entonces Comunidad Económica Europea —nunca mejor dicho lo de comunidad económica— y después de entrar en ella, cuando teníamos condicionantes comerciales por razones sanitarias. Con lo cual, volver a la estructura y al apoyo de las




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agrupaciones de defensa sanitaria es fundamental en este país, queramos o no entenderlo. Vimos que el ministro que desapareció de tal ministerio se las cargó en los presupuestos, y entendemos que es un error porque hay que seguir velando, previniendo y protegiendo, siempre pensando en futuros mercados. Si queremos exportar debemos tener una sanidad de primer orden; si no la tenemos difícilmente vamos a llegar a los mercados, en los que defendemos tanto la carne fresca como los elaborados.

Y para terminar permítanme resaltar un tema también muy importante. Si queremos que un sector tenga fortaleza y esté posicionado en el medio rural, no olvidemos los productos que traen consigo, como los purines. Aunque esta cuestión se ha debatido en repetidas ocasiones, no me voy a cansar de decirlo por enésima vez: es fundamental continuar con el aprovechamiento de purines para la energía de cogeneración o con las medidas transitorias sobre el transporte de purines de origen a destino —sobre todo en origen si hay zonas vulnerables— y tener sensibilidad sobre este tema.

Por lo tanto, como decía al principio, nuestro grupo cree que con estas medidas se incrementa el valor añadido y se crea empleo en territorios con dificultades de población.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría; gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, aquest és un debat a una moció a la qual certament nosaltres hi hem presentat una esmena perquè ens sembla, amb tot el respecte pel portaveu del Grup Popular, que no és raonable parlar del sector porcí després dels conflictes, dels debats que hem tingut en aquesta Cambra, per un problema molt greu, com ha estat i com és encara avui, perquè no s’ha resolt, el tema de la gestió dels purins. Puc entendre la intervenció que ha fet el senyor Cotillas, però certament a nosaltres ens sembla que en aquest moment no podem abordar una qüestió com és el sector del porcí sense ser capaços de donar una solució i una alternativa a un problema que continua molt viu, que ha fet i està fent pràcticament impossible la gestió de moltes explotacions que en aquests moments no saben què fer amb el tema dels residus que generen. Com deia vostè molt bé, senyor Cotillas, un sector porcí que és un sector clau per a la nostra agricultura. Vostè ha explicat molt bé, amb unes xifres que jo comparteixo plenament, la transcendència que té aquest sector per a aquestes regions, però efectivament no podem oblidar que en aquests moments aquest país no sap què fer-ne amb 7 milions de tones de purins que van directes a contaminar els nostres aqüífers. Catalunya, avui, després del succeït els anys noranta, encara té gairebé el 30% o el 40% dels seus aqüífers subterranis contaminats, amb una sèrie de problemes i una crisi ambiental de primer ordre en el seu moment; i vostès, francament, s’han ventilat aquesta qüestió d’una forma que a nosaltres no ens sembla en absolut rigorosa. Tot i les dades aportades pel ministre d’Indústria, Energia i Turisme, no és veritat segons cap dels sectors, que ho han expressat en premsa d’una manera reiterada, que el tancament de les plantes respongui a les xifres que ha donat el ministre Soria; és a dir, mentre uns parlen d’un benefici del 3%, el ministre Soria diu que això queda en un benefici del 7%, mentre que abans deia que en tenien el 15%. Per tant, el ball de xifres és evident.

Ara no hi entrarem en aquest debat perquè no toca, però és veritat que aquests 7 milions de tones de purins que en aquest moment no es gestionen, o en tot cas la solució que se’ls ha donat de transportar aquests purins a unes distàncies molt àmplies, no és sostenible per al sector. Per això, espero que accepti la nostra esmena en aquesta moció, ja que efectivament és molt difícil centrar-se en el debat —segurament l’hem de fer i jo procuraré també en la meva intervenció en el torn de portaveus fer-ho—, però efectivament no tindria sentit parlar dels problemes que tenim amb l’exportació i amb qüestions com l’ibèric quan tenim en aquest moment 3000 explotacions que estan en risc de tancar perquè no saben què fer amb els seus purins.

Vostè a això no li ha dedicat ni una paraula. Crec que tots els grups hem presentat esmenes en aquest sentit, i això també ens dona un argument molt potent per dir-li que ho acceptin, que dialoguem, parlem i veiem quina és l’alternativa per tots aquests problemes que tenen a veure




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amb una decisió aliena al sector i pressa pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i que, per tant, arribem a algun acord.

Segurament alguna solució hi ha a aquest problema, segurament haver raonat en el temps una solució per veure si les concentracions que en aquests moments tenim de granges de porcs en determinats territoris és positiva o no, si hem d’obrir un temps perquè aquest mapa de les nostres explotacions canviï. En tot cas, és evident que —insisteixo— no podem abordar aquest debat sense tenir en compte el principal problema del sector en aquests moments, que és la gestió dels purins.

Per tant, li demanaria que pogués acceptar la nostra o alguna de les esmenes que es presenten en aquesta línia per poder llençar un missatge a un sector que en aquest moment està, i ha estat durant tots aquests mesos, molt preocupat i que encara avui no té cap solució per al seu problema principal.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, hemos presentado una enmienda a esta moción, porque, con todos los respetos hacia el portavoz del Grupo Popular, no nos parece razonable hablar del sector porcino tras los conflictos y debates que hemos tenido en esta Cámara por un problema tan grave como ha sido y es, porque todavía no se ha resuelto, el de la gestión de los purines. Puedo entender la intervención realizada por el senador Cotillas, pero creemos que en estos momentos no podemos abordar la cuestión del sector del porcino sin ser capaces de dar una solución y una alternativa a un problema que continúa muy vivo, que ha hecho y está haciendo prácticamente imposible la gestión de muchas explotaciones, que en estos momentos no saben qué hacer con el residuo que generan. Como usted muy bien decía, señor Cotillas, se trata de un sector clave para nuestra agricultura. Usted ha explicado muy bien, con unas cifras que comparto plenamente, la trascendencia de este sector para estas regiones, pero no podemos olvidar que actualmente en este país no se sabe qué hacer con 7 millones de toneladas de purines, que van directas a contaminar nuestros acuíferos. Tras lo que sucedió en los años noventa, Cataluña todavía tiene entre el 30% y el 40% de los acuíferos subterráneos contaminados, con una serie de problemas y una crisis ambiental de primer orden en su momento; y, francamente, ustedes se han ventilado esta cuestión de una forma que no nos parece nada rigurosa. En este sentido, ninguno de los sectores ha expresado en prensa de forma reiterada que el cierre de las plantas responda a las cifras que ha dado el dado el ministro Soria; es decir, que mientras unos hablan de un beneficio del 3%, el ministro Soria dirá que esto queda en un beneficio del 17% y decía que ya tenían el 15%. Por tanto, el baile de cifras es evidente.

No vamos a entrar ahora en este debate porque no toca, pero lo cierto es que la solución que se ha dado, consistente en transportar a distancias muy amplias esos 7 millones de toneladas de purines que en este momento no se gestionan, no es sostenible para el sector. En consecuencia, espero que acepten nuestra enmienda a esta moción porque, efectivamente, es muy difícil centrarse en el debate —seguramente haya que hacerlo, y en mi intervención en el turno de portavoces lo procuraré— ya que no tendría sentido hablar de los problemas de la exportación y del ibérico cuando en este momento tenemos 3000 explotaciones en riesgo de cierre porque no saben qué hacer con sus purines.

Usted no ha dedicado a esto ni una palabra, a pesar de que todos los grupos hemos presentado enmiendas en este sentido, y eso también nos da un argumento muy potente para pedirle que dialoguemos, que hablemos y veamos cuál es la alternativa para llegar a un acuerdo en relación con todos estos problemas, que están relacionados con una decisión que afecta al sector y que ha tomado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Seguramente exista alguna solución a este problema, y sería conveniente razonar una solución para ver si las concentraciones de granjas de cerdos en determinados territorios es o no positiva, o si debemos abrir un debate para que cambie este mapa de nuestras explotaciones. En todo caso, es evidente que no podemos abordar este debate sin tener en cuenta el principal problema del sector en este momento, que es la gestión de los purines.




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Por lo tanto, he de pedirle que acepte alguna de las enmiendas que se han presentado en esta línea para lanzar un mensaje a un sector que está y ha estado muy preocupado durante estos meses y que todavía no cuenta con ninguna solución para su problema principal.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

El Grup de Convergència i Unió voldríem, en primer lloc, que aquesta moció, presentada pel Grup Popular, i que no neguem pas que tingui la seva part positiva, hagués tingut també associada una dotació pressupostària per fer aquests plans.

Aquest és un element essencial, perquè aquí podem fer brindis al sol, podem explicar que es vol estar al costat del sector, que es volen fer diferents actuacions o que s’insti al Govern perquè faci diferents actuacions, però a l’hora de la veritat no hi ha cap tipus d’actuació que sigui tangible.

És per això que les esmenes que s’han presentat van en aquesta línia, però no únicament i exclusiva en unes qüestions que poden ser crítiques i que ja n’hem parlat aquí. Aquest mateix senador va fer una interpel·lació al ministre Soria i després va fer una moció conseqüència d’interpel·lació que no va tirar endavant, i els únics que van votar en contra de la qüestió de la gestió de purins, que és un element crític juntament amb l’abastament de matèries primeres, van ser els membres del Partit Popular. Per tant, sí que hi ha una certa uniformitat per part de totes les altres forces amb què no s’està tractant de la forma més adequada possible un element crític com és la gestió dels excedents de purins. Aquí, amb aquesta moció que vostès presenten, tenien una oportunitat magnífica per incloure-ho, per intentar trobar algun punt d’acord entre les diferents parts que es troben afectades, siguin productors, siguin les plantes de tractaments de purins, siguin les administracions autonòmiques —que al final se n’hauran de fer càrrec— i l’Administració estatal. I li dic això perquè, entre d’altres coses, parlaré de Catalunya i li diré que el 70% del cens estatal porcí es troba a Catalunya, i el 30% de les exportacions surten de Catalunya. Aquestes exportacions estan d’alguna manera molt forta aportant aquest valor afegit tant al que és el PIB com el que és al manteniment del sector agroindustrial. I és per això que sí que li diem que tenim un pla, en aquest cas, des del Govern de la Generalitat i des de la representació que jo tinc com a senador d’una província que està totalment afectada per les mesures preses en aquest cas per part del ministre Soria, induït pel ministre d’Hisenda degut a les retallades que va haver de demanar. I el que li demanem, doncs, és això; en primer lloc, la millora de la dotació econòmica de les ajudes estatals destinades a potenciar, conjuntament amb les comunitats autònomes, això que sí que volen fer vostès, que és posar en valor el sector porcí —ja hi estem d’acord—. En segon lloc, un element fonamental és que hi hagi un increment de partida pressupostària per a la investigació, el desenvolupament i la transferència des dels centres d’investigació cap al sector privat. Aquesta convivència adaptable entre el sector públic, la iniciativa privada i els centres d’investigació, que poden ser perfectament diferents centres com universitats.

Després també demanem que hi hagi un suport financer a les comunitats autònomes pel que fa al foment de comercialització de la carn de porcí i l’element clau i fonamental que li he comentat: un tractament crític, que és que es doni solució a l’excés dels purins a les zones que estan taxades com a vulnerables. Hi ha zones concretes, com poden ser —ja li vaig exposar aquí al ministre Soria i els hi torno a exposar— com és la vall de l’Ebre. Fixi’s vostè, de les 600 granges que es veuran afectades per l’ordre ministerial que fa poc es va publicar per part del Govern del Partit Popular, 400 i escaig es troben a Catalunya. No vull dir que hagi estat una normativa per anar en contra de ningú, en contra de cap territori, però sí que li vull dir, per una qüestió numèrica, que té una afectació concreta en una zona determinada i això és Catalunya i Aragó. I vostès tenen l’obligació, ja que tenen la possibilitat de regular i han regulat aquesta normativa, tenen l’obligació de donar una solució, perquè evidentment des de les administracions autonòmiques es dona o s’intenta posar les mesures per poder donar aquest tipus de solució a uns purins, a uns excedents que, si no es fa una gestió adequada, després vindran des de la Unió Europea i ens sancionarà i sancionarà l’Estat espanyol. Però tenen l’obligació de donar una solució i de parlar amb tots els actors que estan relacionats amb aquesta situació, amb aquest excés de purins, amb aquesta problemàtica que ens afecta, i molt, a unes zones concretes com poden ser Catalunya, com poden




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ser Aragó, així com altres comunitats autònomes però no amb un nivell d’intensitat tan fort com el que tenim nosaltres.

Per tant, espero que siguin coherents i que vulguin acceptar les esmenes que ha presentat aquest grup per mitjà d’aquest senador.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, el Grupo Convergència i Unió quiere dejar constancia de que no niega que la moción presentada por el Grupo Popular tenga su parte positiva, pero hubiera sido deseable que hubiera llevado asociada una dotación presupuestaria para esos planes.

Este es un elemento esencial, porque aquí podemos hacer brindis al sol, podemos explicar que queremos estar al lado del sector, que queremos realizar distintas actuaciones o que se inste al Gobierno a que las realice, pero a la hora de la verdad no hay ningún tipo de actuación que sea tangible.

Y la enmienda que hemos presentado va en esta línea, pero no única y exclusivamente en relación con unas cuestiones que puedan ser críticas, y de las que ya se ha hablado aquí. En este mismo sentido, este senador presentó una interpelación al ministro Soria y después, una moción consecuencia de interpelación que no salió adelante y a la que votaron en contra únicamente los miembros del Partido Popular, sobre la gestión de purines, que es un elemento crítico junto con la consecución de las materias primas. Por lo tanto, sí existe cierta uniformidad por parte del resto de los grupos en que no se está tratando de la forma más adecuada posible un elemento crítico, como es la gestión de los excedentes de purines. Y en la moción que ustedes presentan tenían una oportunidad magnífica para incluirlo, para intentar encontrar algún punto de acuerdo entre las distintas partes afectadas, sean productores, sean las plantas de tratamiento de purines, sean las administraciones autonómicas —que al final deberán hacerse cargo de ello— y la Administración estatal. Se lo digo, porque, entre otras cosas, el 70% del censo estatal porcino se encuentra en Cataluña, y el 30% de las exportaciones sale también de Cataluña. Las exportaciones están siendo muy fuertes y aportan ese valor añadido, tanto al PIB como al mantenimiento del sector agroindustrial. Y desde el Gobierno de la Generalitat, y desde mi representación como senador de una provincia que está totalmente afectada por las medidas adoptadas por parte del ministro Soria, inducido por el ministro de Hacienda debido a los recortes que tuvo que pedir, les decimos que tenemos un plan. Y lo que le solicitamos es la mejora de la dotación económica de las ayudas estatales destinadas a potenciar y poner en valor, conjuntamente con las comunidades autónomas, el sector porcino —estamos de acuerdo con ello—. Otro elemento fundamental es que exista un incremento de la partida presupuestaria para la I+D+i y la transferencia desde los centros de investigación hacia el sector privado. Esta convivencia debe ser adaptable entre el sector público, la iniciativa privada y los centros de investigación, que pueden ser tanto distintos centros como las universidades.

También pedimos un apoyo financiero a las comunidades autónomas para el fomento de la comercialización de la carne de porcino. Y solicitamos algo clave y fundamental que ya he comentado, que se dé solución al exceso de purines en las zonas que están tasadas como vulnerables. Porque existen zonas concretas —ya se lo expuse aquí al ministro Soria y lo vuelvo a decir—, como el valle del Ebro. Fíjese, de las 600 granjas que se verán afectadas por la orden ministerial que hace poco se publicó por parte del Gobierno del Partido Popular, más de 400 se encuentran en Cataluña. No quiero decir con esto que haya sido una norma en contra de nadie, en contra de ningún territorio, pero, por una cuestión numérica, eso tiene una afectación concreta en una zona determinada, como Cataluña y Aragón. Y puesto que ustedes tienen la posibilidad de regular, y de hecho han regulado esta normativa, tienen la obligación de dar una solución, porque desde las administraciones autonómicas se intentan poner medidas para dar una solución a unos excedentes de purines, y si no se realiza una gestión adecuada vendrán estas normas de la Unión Europea y sancionarán al Estado español. Pero ustedes, repito, tienen obligación de dar una solución y hablar con todos los actores relacionados con este exceso de purines, con esta problemática que nos afecta, y mucho, a unas zonas concretas, como Cataluña y Aragón, así como a otras comunidades autónomas, pero no en un nivel de intensidad tan fuerte como el que tenemos nosotros.




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Por lo tanto, espero que sean coherentes y que quieran aceptar la enmienda que ha presentado este grupo a través de este senador.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para decir que no podemos aceptar las enmiendas presentadas por los tres grupos. Entendemos la intención de cada uno de ellos y la posición, siempre agradable, de promover una mayor dotación presupuestaria para todo, pero a este grupo le corresponde gestionar con el Gobierno una situación económica, que es la que es, que nos obliga a mantener la estabilidad presupuestaria, a reducir el déficit y, por lo tanto, que nos obliga a priorizar en el gasto. Me gustaría que concretasen siempre mucho más esas peticiones de aportación económica y que lo hiciesen con lógica presupuestaria, diciendo de dónde sale el dinero que piden y, por lo tanto, a qué otros sectores o partidas del ministerio aplicarían ustedes la reducción oportuna, en un ministerio que ha hecho un ajuste importante en sus propios gastos.

Y en cuanto a las enmiendas relacionadas con el sector de los purines, es evidente. Hubo una interpelación presentada por CiU al ministro señor Soria que dio lugar a una moción, que fue debatida. El Grupo Popular manifestó en aquel momento su posición —muy recientemente—, por lo que no hay nada nuevo que aportar a ese posicionamiento de nuestro grupo. Eso sí, quiero decirles que el Ministerio de Agricultura se ha reunido en tres ocasiones con las comunidades autónomas en una comisión de trabajo, porque esto no solo afecta a Cataluña, senador Plana; también en mi región hay una provincia muy afectada por este sistema y eso también ocurre en muchas otras regiones. Y la voluntad del Ministerio de Agricultura que se ha planteado en esas reuniones es muy clara: apoyar medidas en el corto plazo; pero, eso sí, las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad en el medio y en el largo. Y a eso les emplazo a ustedes, a que si en Cataluña es tan importante ese problema, sea la Generalitat catalana la que adopte las medidas a medio y a largo plazo, como le corresponde y le están pidiendo en el sector.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna.

Señorías, no sé si podemos decir que esta moción es oportuna o no, pero lo que sí creo es que es oportunista, y además de cupo, porque coincide prácticamente con la última asamblea de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino. Y esta coincidencia podría haber sido una fortaleza y una gran oportunidad para presentar una iniciativa parlamentaria como la presente, pero ocupándose de forma realista y completa de todo lo que preocupa y debería preocupar al sector y también al Gobierno, al menos en lo que le compete. Podría haber sido una iniciativa que contemplara y no obviara la distribución competencial de la agricultura y de la ganadería en el Estado, una iniciativa que, como han dicho todos los portavoces que me han precedido, incluyera y buscara soluciones a problemas ya mencionados y a otros a los que esta misma Cámara, ante iniciativas de otros grupos, por supuesto ha dicho no con los votos únicos del Grupo Parlamentario Popular; sin ir más lejos, hace escasas semanas, en una moción consecuencia de interpelación sobre el tema de la gestión de los purines, a iniciativa del grupo catalán.

En fin, de nuevo esta es otra gran oportunidad para incluir en la moción original las aportaciones que han hecho los grupos enmendantes, que parecen lógicas y razonables; pero no va a ser así y, sinceramente, lo sentimos. Y no es que en el País Vasco haya un gran sector porcino, pero




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creemos que este se merece algo más que esas buenas palabras. Y como ha comentado en euskera mi compañera la senadora Iparragirre en la moción anterior, aunque ella lo ha dicho en euskera y yo lo voy a hacer en castellano, el presidente de mi partido ha dicho en un desayuno hoy aquí, en Madrid, que el Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular cumple a la perfección lo que dice una vieja sentencia vasca: ni una mala palabra ni una buena acción. Esto es aplicable sin duda al Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. Muchas buenas palabras, pero muy escasa, sino nula, aceptación de aportaciones y consensos.

En fin, resumiendo, señorías, el Grupo Vasco no puede apoyar este texto, meramente testimonial, que no aporta casi nada nuevo y obvia la realidad política y competencial del Estado español.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyories, efectivament ja sabem que les nostres esmenes no seran acceptades. Estem, doncs, com deia el senador Cazalis, davant d’una moció oportunista, perquè com altres que hem vist ve a donar un missatge a un sector, un missatge, diguem-ho així, tranquil·litzador, però en definitiva una d’aquests mocions neutres que manifesten una bona voluntat únicament en paraules i que està mancada de tota capacitat d’acció i de tota capacitat de manifesta voluntat de canviar allò que realment avui és un problema per a aquest sector que, ho hem explicat, crec que condiciona d’una forma molt directa el sector.

El senyor Cotillas deia aquí que hem de potenciar la imatge del sector porcí, però s’estan generant en aquest moment conflictes de caire social, perquè efectivament el purí és un residu que genera olors, que genera problemes ambientals greus i que els consumidors saben perquè pateixen aquests efectes d’una manera directa. Això doncs, senyor Cotillas, afecta o no afecta a la imatge del sector? Jo crec que sí, que l’afecta d’una forma molt directa i que és un problema molt greu, no només per al senyor que té la granja, que té l’explotació i que hem dit que està patint en aquest moment un problema molt seriós perquè no sap què fer amb els dipòsits que té absolutament plens a vessar i que ja no pot gestionar de cap manera sense incomplir la normativa de la Unió Europea i, per tant, com està succeint en algun lloc, ser sancionat pel Seprona.

És a dir, aquest és un problema real, és un problema tangible. Vostè diu que això ja ho hem debatut i com tenim la majoria absoluta ja s’ha acabat el problema. No, el problema continua, vostès, amb el seu dit, amb la seva votació, no tenen la capacitat de canviar les coses, la realitat és la que és, i malgrat que vostès votin no, malgrat neguin la veritat, la veritat continua allà i nosaltres, és veritat, ens cansem d’explicar-la i serveix de poc, perquè vostès no escolten.

He viscut el debat anterior que hi ha hagut, en què el portaveu del Partit Popular reclamava, jo crec que amb raó, que es tractava d’una moció objectiva, una moció que reclamava l’I+D, la ciència, etcètera i que, per tant, això no és política; jo els podria dir el mateix ara. Crec que nosaltres en aquest moment no estem parlant de política; estem parlant de purins, estem parlant d’un problema del país i l’únic que demanem és que ho arreglem; vostès estan al Govern, busquem una solució transitòria. Si volen, fins i tot, i mirin que jo he estat crític amb el ministre Soria, he estat molt crític amb això, amb la cogeneració i amb els purins, però donem-li la raó, posem-nos en el paper del ministre i donem-li la raó i diem escolti no, la solució no és aquesta. Bé, tenen la possibilitat d’obrir un període transitori, de dir això, que sàpiguen vostès que progressivament, en un termini de dos o de tres anys, aquest escenari canvia i el que avui hem tingut com a regla de joc canviarà i es situarà en aquesta posició.

Per tant, senyors que gestionen les plantes de purins, ramaders, vagin adaptant les seves explotacions a una nova normativa que els obligarà a estar en unes altres condicions i, per tant, en aquest termini vostès facin els canvis que convinguin i amb comunitats autònomes i Administració General de l’Estat nosaltres pactarem de quina manera ajudem i fem possibles aquests canvis. Però res de tot això, vostès han canviat les regles del joc a meitat de la partida, les empreses han tancat, les transformadores d’aquests purins estan en aquests moments parades amb unes pèrdues importantíssimes i moltes d’elles encara no havien finançat els costos de les instal·lacions.




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Vostè ens diu que això ja és un problema passat, doncs no ho és, aquest és un problema molt real, com se n’ocupen de dir cada dia als mitjans de comunicació els ramaders d’aquest país.

Francament penso —i ara ho ha dit el senyor Cazalis— que aquest joc no és estimulant, ni per la política ni és estimulant pels ciutadans, ni ens dona prestigi ni crec que ens ajudi a posar el nostre paper a la societat en el lloc que ens correspon. I per tant, facin algun gest algun dia, amb un problema real del país, que és tangible, que no ens l’estem inventant nosaltres, facin un gest per dir, volem dialogar, volem arreglar aquesta qüestió, i no només la volem tapar o cobrir amb una tapa de vernís, de pura literatura, en què nosaltres intentem quedar bé i únicament i exclusiva ens dediquem a fer coses absolutament neutres i que serveixen per ser llegides en jocs florals, en aquest cas diguem-ne d’odes a l’alimentació.

Per tant, mirin, jo no parlaré de res més. És veritat que volia parlar també de tot el tema del mercat amb Rússia, volia parlar dels problemes de la innovació, però és que em sembla que francament no val la pena. Si davant d’un tema com aquest, amb un problema greu com el que tenen les explotacions del porcí en aquest moment, nosaltres l’únic que fem és aixecar cortines de fum i negar-nos a parlar de la realitat que en aquest moment està preocupant i té entre l’espasa i la paret a un sector tant important. Estic absolutament d’acord que és un sector vital per la nostra agricultura, que ha demostrat que ha estat capaç d’innovar. El senador Manel Plana ho ha dit molt bé, cal visitar el grup sanitari del porcí, a Lleida, per veure quin nivell d’innovació i de capacitat ha demostrat el sector per ser competitiu i distribuir absolutament totes les parts del porc col·locant-les a mercats diferents en el conjunt del món, i resulta que aquest mercat i aquest sector, que és un sector punter, que és un sector absolutament capdavanter de la nostra agroalimentació, resulta que s’ha d’enfrontar a aquelles normatives del Govern que es fan sense pensar que, d’una forma molt directa i molt greu afecten a la competitivitat i a l’esforç que ha fet tot aquest sector per ser competitiu i per ser el que és avui. Francament, és que no hi ha res més a parlar.

Vostès han de reaccionar, han de rectificar, i han de ser capaços d’entendre que la veritat no és la que vostès voten, la veritat és la que té el país, a les explotacions, la que tenen els ramaders, i aquesta és la que hem de canviar i, per tant, mentre vostès no rectifiquin nosaltres no hi podrem fer res, i els adverteixo que la meva sensació davant d’aquesta situació és d’absoluta desolació; per tant, lamento una vegada més que no s’acceptin les esmenes.

Gràcies, senyor president (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente, ya sabemos que nuestras enmiendas no van a ser aceptadas. El senador Cazalis decía que estamos ante una moción oportunista porque, como algunos hemos visto, viene a dar un mensaje tranquilizador a un sector, una de esas mociones neutras que manifiestan buena voluntad pero a la que falta toda capacidad de acción para cambiar aquello que hoy supone realmente un problema para este sector al que, como hemos explicado, este hecho lo condiciona de una forma muy directa.

El señor Cotillas decía que debemos potenciar la imagen del sector porcino, pero en este momento se están generando conflictos de tipo social porque el purín genera graves problemas ambientales y los consumidores lo saben porque sufren sus efectos de forma directa. Por tanto, señor Cotillas, ¿este hecho afecta o no a la imagen del sector? Yo creo que sí, de forma muy directa, y es un problema muy grave, y no solo para el señor que tiene una granja, una explotación, que no sabe qué hacer con los depósitos que tiene absolutamente rebosantes y que no puede gestionar sin incumplir la normativa de la Unión Europea, porque sabemos que en algunas zonas ya han sido sancionados por el Seprona.

Por tanto, este es un problema real, tangible. Usted dice: ya lo hemos debatido y como tenemos mayoría absoluta se ha terminado el problema. Pero el problema persiste, ustedes, con su votación, no tienen la capacidad de cambiar las cosas, la realidad es la que es, y a pesar de que ustedes nieguen la verdad, la verdad sigue presente, nosotros nos cansamos de explicarla pero sirve de poco porque ustedes no escuchan.

Yo he vivido el debate anterior en el que el portavoz del Partido Popular decía, y creo que con razón, que es una moción objetiva, una moción en la que se reclama I+D, ciencia, etcétera, y que, por tanto, no es política; pues bien, yo les puedo decir lo mismo, en estos momentos nosotros no hablamos de política, estamos hablando de purines, estamos hablando de un problema de país y




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lo único que decimos es: arreglémoslo; ustedes están en el Gobierno, busquemos una solución transitoria. Incluso vamos a dar la razón al ministro Soria, y miren que he sido crítico con él en el tema de los purines, vamos a ponernos en su papel y digamos que la solución no es esta; pues bien, tenemos la posibilidad de abrir un periodo transitorio y sepan ustedes que, progresivamente, en un plazo de dos o tres años, este escenario cambiará, y las actuales reglas del juego les situarán en otra posición.

Por tanto, señores que gestionan las plantas de purines, ganaderos, vayan adaptando sus explotaciones a una nueva normativa que les obligue a tener otras condiciones y realicen en ese plazo los cambios que sean convenientes; nosotros pactaremos con las comunidades autónomas y con la Administración General del Estado para ver de qué forma podemos ayudar y hacer posible estos cambios. Pero nada de eso, ustedes han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, las empresas han cerrado, las transformadoras de los purines están paradas en estos momentos, con unas pérdidas importantísimas, muchas de las cuales todavía no han acabado de financiar los costes de sus instalaciones. Usted nos ha dicho que es un problema pasado, pues no lo es, es un problema muy real, del cual se ocupan a diario los medios de comunicación y los ganaderos de este país.

Como ha dicho el senador Cazalis, este juego no es estimulante, ni para la política ni para los ciudadanos, ni nos da prestigio ni nos ayuda a poner a la sociedad en el lugar que le corresponde. Por tanto, hagan algún gesto algún día, alguna vez, ante un problema real y tangible que padece el país, que no nos estamos inventando. Hagan un gesto para decir: queremos dialogar, queremos arreglar esta cuestión, y no solo lo queremos tapar o cubrir con una capa de barniz de pura literatura en la que intentamos quedar bien, y que única y exclusivamente nos dedicamos a hacer cosas absolutamente neutras que sirven para ser leídas en lugares forales alejados de la alimentación.

No voy a añadir nada más. Quería hablar de todo lo relacionado con Rusia, de los problemas de la innovación, pero es que, francamente, no vale la pena. Si ante un tema como este, con el grave problema que tienen las explotaciones de porcino en estos momentos, lo único que hacemos es lanzar cortinas de humo y negarnos a hablar de la realidad que actualmente nos preocupa y que tiene entre la espada y la pared a un sector tan importante, francamente no hay nada más que hablar. Estoy absolutamente de acuerdo en que es un sector vital para nuestra agricultura, que ha demostrado que ha sido capaz de innovar. El senador Manel Plana lo ha dicho muy bien, hay que visitar al grupo sanitario del porcino, en Lleida, para ver qué grado de innovación y capacidad ha demostrado el sector para ser competitivo y para distribuir todas las partes del cerdo, colocándolo en distintos mercados en todo el mundo, y ahora resulta que este mercado y este sector, que es puntero en nuestra agroalimentación, se tiene que enfrentar a aquellas normativas del Gobierno que se hacen sin pensar, de una forma muy directa y grave, que afectan a la competitividad y al esfuerzo que ha realizado este sector para ser competitivo y para ser el que es hoy en día.

Por tanto, ustedes deben reaccionar, deben rectificar y tienen que entender que la verdad no es la que ustedes votan, la verdad está en las explotaciones de los ganaderos del país, y esta es la que se debe cambiar. Mientras ustedes no rectifiquen, nosotros no podremos hacer nada y, francamente, les advierto que mi sensación ante esta situación es de absoluta desolación; por tanto, lamento, una vez más, que no se acepten las enmiendas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Senador Cotillas, le voy a leer una noticia que aparecía en la página web del Partido Popular catalán, de 4 de abril de 2014, y dice lo siguiente: La presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se ha comprometido hoy a ejercer de interlocutora con el Gobierno de España para conseguir una moratoria hasta 2015 para el cierre de las plantas de purinas; de hecho, la presidenta del Partido Popular catalán ya había iniciado gestiones en esa línea con los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de Industria, José Manuel Soria, aprovechando su presencia en Cataluña esta semana.




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Suspesa, la senadora, suspesa, perquè hi havia un mandat per part del Parlament de Catalunya, hi havia una demanda per part de tot el sector porcí, en el qual hi havia organitzacions professionals agràries, productors, transformadors i les plantes de purins, i no li han fet cas. Però li donaré un altre argument, que sortia a la pàgina web, en aquest cas, del Ministeri d’Agricultura, del Magrama. La Comisión Europea acepta una excepción a la Directiva de nitratos para el periodo 2014-2017, refiriéndose a los Países Bajos. La exención, también llamada derogación, implica que los agricultores, en este caso los ganaderos holandeses, podrán usar 250 o 230 kilogramos en lugar de 170 kilos de nitrógeno de estiércol por hectárea durante los años 2014 a 2017.

És a dir, la capacitat d’incidència i de negociació que té l’Executiu dels Països Baixos, d’Holanda, és molt superior a la que té en aquest cas la del Govern de l’Estat espanyol. Poden anar a la pàgina web de Magrama, i això ho diuen. I aquesta seria una solució màgica, factible, i acceptada per tots els actors que es troben implicats amb el tema dels purins, des dels productors fins aquells que tracten els excessos de purins.

Per tant, senyor Cotillas, sense cap tipus d’acritud, sense cap tipus d’aixecament del to de veu, ans al contrari, amb positivitat, li dono un exemple que en aquest cas la presidenta del Partit Popular català també va intercedir al Govern de l’Estat espanyol i no va aconseguir res, i després una solució que ha trobat, en aquest cas, l’Executiu dels Països Baixos, d’Holanda, i que aquí no s’ha portat a terme.

I retorno a l’argument que vostè em feia quan ens demanava concreció de partides pressupostàries, d’on les trauríem i on les aplicaríem. Això no ens correspon a nosaltres. Fins i tot li dic que una certa valoració econòmica quan es volen establir segons quins plans s’hauria de fer, i això li correspon al Govern de l’Estat espanyol o, fins i tot vostès, com a grup polític que dona suport al Govern de l’Estat espanyol, que els proposés que fessin unes actuacions i que els demandés que hi ha unes certes necessitats, i aquestes necessitats, tal com han exposat els senadors que m’han precedit, són factibles, són palpables i són reals.

I després també li comentaré el principi de subsidiarietat, és a dir, que aquelles administracions que estan més properes als problemes són les que donen solucions. I en aquest cas la Generalitat de Catalunya el que està fent és una actuació dirigida, entre d’altres coses, perquè la dieta dels porcs tingui uns nitrats menys elevats, i després l’aplicació d’uns xumets, que això també redueix el nombre de dejeccions. I aquestes accions s’estan fent, i s’ha demanat per part de tots els col·lectius que hi hagués una moratòria. Perquè la pregunta del milió és: per què serveix l’Estat? Per generar problemes i després per centrifugar les responsabilitats cap a les altres administracions o per establir un marc regulador que sigui favorable a que l’activitat privada, el procés de vertebració i el procés de manteniment d’aquell projecte social que ha d’anar acompanyat d’un projecte econòmic com són en aquest cas els productors de porcí, puguin establir-se al medi rural? Perquè tots nosaltres, totes aquelles persones que avui hem sortit a aquest faristol o hem intervingut des de l’escó, estem perquè volem un territori vertebrat i que hi hagi l’entorn rural el més adequat possible. Que no hi hagi aquest procés de fugues de la gent del món rural cap al món de la ciutat. Per tant, ja estem donant solucions, solucions que no serien de molt calat econòmic.

A més a més, li diré que aquesta moció és parcial, perquè no parla res del porc de capa blanca, que representa el 90% de la producció. I això ho haurien de tenir en compte, i en totes aquelles actuacions que van en aquesta línia s’haurien d’incloure i no deixar de banda el porc de capa blanca. No em vull estendre més. Ja hem parlat, també el senador Boya que m’ha precedit, d’aquells problemes d’exportació, sobretot en un mercat tan dependent com podem ser nosaltres ja que tenim el 145% de la producció o de cobertura com pot ser el mercat rus. Se n’ha parlat, és necessari que es fomenti l’exportació. Sense cap mena de dubte. És necessari que hi hagi un procés de transformació i d’investigació, que hi hagi una transferència de tecnologia del món de la investigació cap al sector privat, per millorar la productivitat i per millorar el rendiment econòmic, això sense cap mena de dubte. Hi ha hagut un increment. Fa vint anys, des de l’Estat espanyol tan sols s’exportava la carn del porcí a Andorra, ara s’està exportant a tot el món. Evidentment que hi ha hagut millores, però ara, davant d’una situació com la que ens trobem, davant d’una directiva europea que estableix uns requisits que són inamovibles, el que els demanem és que tots aquests excessos, totes aquestes situacions de tractament de purins —torno a repetir i no vull fer-me




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pesat, al final em diran el chico de los purines— que tot això es tracti de la millor manera possible, i això depèn únicament i exclusiva de vostès, del Govern de l’Estat espanyol.

Li he donat una solució, que ha fet en aquest cas el Govern dels Països Baixos, i l’insto que facin les gestions pertinents perquè el Govern de l’Estat espanyol agafi consciència, a no ser que aquestes actuacions, que aquestes maniobres, vagin a reduir la producció del sector porcí. Però llavors diguin-ho clarament. Si vostès han creat un marc normatiu en el qual s’estableix que la producció és la que és i que és necessari, mitjançant els elements crítics —li he dit, el tema del gra i el tema del tractament de les dejeccions— i s’ha creat aquest escenari concret, mantinguin-lo, o parlin d’una forma clara. Diguin, s’ha de rebaixar la cabanya porcina. No facin fer treballs en de baldes a tots aquells productors, a tota aquella gent que ha fet unes inversions, que està aplicant la normativa europea, les directives de benestar animal, les directives de transport d’animals, i que després a l’hora de la veritat que es trobin, quan hi ha un marc normatiu que estableix des de l’any 2007 que ha de tenir una vigència de 15 anys amb el tema del tractament i de la cogeneració, que a meitat de partida es canviï la normativa i fins i tot amb efectes retroactius, que serà la mort de totes aquelles empreses que estaven fent aquesta activitat relacionada amb un element crític com és el sector del porcí.

Jo no voldria estendre’m més, e intentat ser propositiu, espero i desitjo que, aquí no em donaran la raó, però que després no caiga en saco roto i que facin les actuacions pertinents.

Moltes gràcies.

La senadora, suspendida, porque había un mandato del Parlamento de Cataluña y una demanda de todo el sector porcino, de las organizaciones profesionales agrarias, productores, transformadores y de las plantas de purines, y no les han hecho caso. Pero le daré otro argumento que aparecía en la página web del Ministerio de Agricultura, y es el siguiente: La Comisión Europea acepta una excepción a la Directiva de nitratos para el periodo 2014-2017, refiriéndose a los Países Bajos. La exención, también llamada derogación, implica que los agricultores, en este caso los ganaderos holandeses, podrán usar 250 o 230 kilogramos en lugar de 170 kilos de nitrógeno de estiércol por hectárea durante los años 2014 a 2017.

Es decir, la capacidad de incidencia y de negociación que tiene el Ejecutivo de los Países Bajos, de Holanda, es muy superior a la que tiene en este caso el Gobierno del Estado español. Ustedes pueden ir a la página web del Magrama. Esta sería una solución mágica, factible y aceptada por todos los actores que se encuentran implicados en el tema de los purines, desde los productores a aquellos que tratan los excesos de estos residuos.

Señor Cotillas, sin ningún tipo de acritud, ni de subida de tono de voz, sino, todo lo contrario, con positividad, le diré que la presidenta del Partido Popular también intercedió con el Gobierno del Estado español y no consiguió nada. Asimismo, el Ejecutivo de los Países Bajos ha hallado una solución para este caso y aquí no se ha llevado a cabo. Por ello, vuelvo a la cuestión que usted nos preguntaba cuando nos pedía concreción de partidas presupuestarias, de dónde las sacaríamos y a dónde las aplicaríamos. Esto no nos corresponde a nosotros. Incluso le diré que cuando se quieren establecer, según qué planes, debería hacerse una cierta valoración económica. Y esto le corresponde al Gobierno del Estado español. Incluso ustedes, como grupo parlamentario que le da apoyo, deberían proponerle que realizara algunas actuaciones, así como demandarle que existen ciertas necesidades que, tal y como han expuesto algunos senadores que me han precedido, son factibles, palpables y reales.

También he de comentarle en relación con el principio de subsidiariedad que aquellas administraciones que están más cercanas a los problemas son las que deben darles solución. Y, en este caso, la Generalitat de Cataluña lo que está haciendo es una actuación dirigida, entre otras cosas, a que la dieta de los cerdos tenga unos nitratos menos elevados, así como la aplicación de unos chupetes que reducen el número de deyecciones. Estas actuaciones se están llevando a cabo y se ha solicitado una moratoria por parte de todos los colectivos. Porque la pregunta del millón es: ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para generar problemas y después centrifugar las responsabilidades hacia las otras administraciones o para establecer un marco regulador que sea favorable a que la actividad privada, el proceso de vertebración territorial y el proceso de mantenimiento de aquel proyecto social que debe ir acompañado de un proyecto económico como, en este caso, el de los productores de porcino, puedan establecerse en el medio rural? Porque




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todos nosotros, todas aquellas personas que hoy hemos salido a este facistol o hemos intervenido desde el escaño, queremos un territorio vertebrado en el que haya un entorno rural lo más adecuado posible. Que no exista este proceso de fugas de la gente del mundo rural hacia el mundo de la ciudad. Por lo tanto, estamos aportando soluciones que no serían de un excesivo calado económico.

Además, le diré que esta moción es parcial. Porque no habla nada del cerdo de cuerpo blanco que representa el 90% de la producción. Y esto debería tenerse en cuenta para todas aquellas actuaciones que vayan en esta línea. No quiero extenderme más. El senador Boya, que me ha precedido, también ha hablado de estos problemas de exportación, sobre todo, en un mercado como el nuestro, en el que tenemos el 145% de la producción de cobertura y como ocurre en el mercado ruso. Se ha hablado de ello. Es necesario que se fomente la exportación. Sin duda. Es necesario que exista un proceso de transformación y de investigación, una transferencia de tecnología del mundo de la investigación hacia el sector privado para mejorar la productividad y la rentabilidad económica. Y ha habido incrementos. Hace 20 años el Estado español solo exportaba la carne de cerdo a Andorra, ahora se está exportando porcino a todo el mundo. Evidentemente, ha habido mejoras pero ahora, ante una situación como la que nos encontramos, ante una directiva europea que establece unos requisitos que son inamovibles, le solicitamos que todos estos excesos y la situación en el tratamiento de los purines —lo reitero y no quiero hacerme pesado, que al final me llamarán el chico de los purines— se trate de la mejor forma posible, y esto depende única y exclusivamente de ustedes, del Gobierno del Estado español.

Les he aportado una solución: lo que ha hecho en este caso el Gobierno de los Países Bajos, así que le insto a que haga las gestiones pertinentes para que el Gobierno del Estado español sea consciente de ello, a no ser que estas actuaciones y maniobras vayan en la línea de reducir la producción del sector porcino. Pero entonces díganlo claramente. Si ustedes han creado un marco normativo en el que se establece que la producción es la que es y que es necesario, mediante elementos críticos —y le he citado temas como el del grano o el tratamiento de las deyecciones—, este escenario concreto, manténganlo o hablen de forma clara. Digan si se debe rebajar la cabaña porcina, pero no hagan trabajar en balde a todos aquellos productores y personas que han hecho unas inversiones y que están aplicando la directiva europea y las directivas sobre bienestar y transporte animal, porque después, a la hora de la verdad, van a encontrarse que el marco normativo que existe desde el año 2007 —y debe tener una vigencia de 15 años en cuanto al trato y la cogeneración— se cambia a mitad de la partida, incluso con efectos retroactivos, lo que supondrá la muerte de todas aquellas empresas que desarrollan esta actividad relacionada con un elemento crítico como es el sector del porcino.

No quiero extenderme más. He intentado ser propositivo y espero y deseo que, aunque aquí no me den la razón, todo esto no caiga en saco roto y realicen las actuaciones pertinentes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cotillas, usted ni ha intentado hablar de las enmiendas. Ha dicho que no las aceptaba pero no ha tenido la delicadeza de sentarse a tomar un café para hablar las cosas.

A mí me llama la atención que diga que propicia la exportación. ¡Solo faltaría que el Gobierno pusiera trabas! Cuando ustedes van, los empresarios han vuelto tres veces. Solo faltaría eso.

Le voy a recordar una serie de cosas para que esté al tanto del alcance de la exportación de la carne de porcino, que son muchos los motivos. Primero, es un sector muy profesionalizado, tanto en cuanto a los cuidadores de ganado como a los técnicos que trabajan en el tema. Segundo, cuenta con empresarios con capacidad de asunción de riesgos, gran voluntad, talento y una notable visión comercial. Tercero, mantiene las estructuras de las agrupaciones de defensa sanitaria, a las que antes he hecho referencia. Imprescindible es también el papel desempeñado por las Cámaras de Comercio; vamos a poner a cada uno lo que tiene. La evolución de los precios de mercado, a lo que luego haré referencia, y de la renta agraria; eso que tanto nos dicen que ha subido gracias a ustedes, y luego verán por qué. La climatología de España. Es más competitivo producir porcino en España que no en países nórdicos, como Suecia o Noruega, por ejemplo. La




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disponibilidad de terrenos para poder verter purines y allí donde no existe posibilidad de vertido de purines por ser zonas vulnerables la capacidad de hacer plantas de cogeneración. Esto es lo que permite la exportación de carne de porcino a los españoles.

Y eso de la evolución de la renta se lo voy a explicar claramente. Hablaré de la evolución en los sectores industrial, industrial-agroalimentario y agrario. La evolución de empleo en el sector agroalimentario entre el 2011 y el 2013 ha sido de un crecimiento del 2% frente a una disminución del 2,8% en el total agrario y a un 8,5% en el total industrial. Con lo cual cuando se defiende una serie de enmiendas a favor de la transformación para crear puestos de trabajo, se nos da la razón, porque al final ello indica que lo que está creciendo es esa actividad en contra del 8% que va al resto de la industrial. Habrá que ser inteligentes y pensar, y apoyar a la gente que tiene capacidad de asumir riesgos.

En cuanto a la renta agraria, que es otro tema importantísimo, yo he oído decir en esta tribuna que gracias al Gobierno ha crecido la renta agraria, pero, ¿saben gracias a qué ha crecido? A dos factores: a la climatología del año pasado y a los precios de mercado, y se lo voy a demostrar. En el año 2013 la producción vegetal creció un 10%, los precios disminuyeron un 2,8%, la producción de cereal el 42% y la de vino el 41%. Con lo cual la climatología permitió que la cosecha fuera excepcional, cosa que este año no está siendo así. Pero en la producción porcina los precios subieron un 8,6% y la producción disminuyó un 1%. Es decir, dos razones por las que sube la renta agraria: el mercado, y en este caso los precios de porcino, y la alta producción de cereales, de lo cual nos alegramos.

Y en cuanto a cómo han evolucionado los mercados, le daré unos datos. El año 2011 el precio medio del porcino vivo fue de 1,15 euros por kilo, en el año 2012 de 1,34 euros por kilo, el 2013 de 1,41 euros por kilo, y este año de 1,47 euros por kilo. Ayer coincidí en el AVE con un buen amigo responsable de una de las empresas porcinas de España y me dijo que estaban ante una situación de incertidumbre, que no saben qué hacer, si crecer o sujetarse un poco, porque el crecimiento no ordenado puede tener sus consecuencias. Y les hablo de una conversación que mantuve ayer con el responsable de una gran empresa productora de porcino y de exportación de cerdo en España.

El senador Plana hacía referencia a un tema muy importante porque a mí me llama la atención que ustedes en la defensa de motivos solo hagan alusión al cerdo ibérico. Ya sabemos que era un capricho del que fue ministro de Agricultura que ha sacado pecho y está acostumbrado a hacerlo con este tema, pero les voy a recordar una serie de cosas muy importantes. Primero, la realidad es que el cerdo blanco —y el señor Plana se ha referido a él— tiene una importancia económica en España mucho mayor que el ibérico, y por ello hago un paréntesis, pues es una hora oportuna para decir que todos los jamones que tenemos en España son buenos, unos son buenos y otros mejores, y yo siempre he dicho que el jamón de Teruel nunca está reñido con el ibérico; ambos son compatibles, y esto lo he defendido a lo largo de mi vida profesional durante muchos años. Pero volviendo al tema del cerdo ibérico y a lo que supone, lo que realmente importa en una actividad económica es la base genética que producimos, la carne, y la estructura comercial que tenemos en el mercado. Lo demás se compra, se vende o se alquila, es fácil ordenarlo.

En la cabaña porcina de cerdo blanco tenemos razas y unas líneas genéticas que tienen una calidad de carne igual o incluso superior a lo que durante años hemos llamado recebo, una palabra que se ha utilizado a veces en plan comercial aunque también en ocasiones se han pintado las pezuñas de los jamones. Pues bien, volviendo a la estructura comercial, que es vender, ampliar mercados, crear empleo y fortalecer un sector, les voy a poner un modelo que tenemos que imitar y en el que nos falta mucho por avanzar. Me refiero al modelo italiano. Italia es un país que con cerdo blanco ha llegado a los mercados internacionales más importantes, y no solo con el jamón de Parma, sino con todos los elaborados, con toda la gama de productos transformados que tienen. ¿Y cómo lo han hecho? Pues con estructuras comerciales fuertes, con promoción y sobre todo poniendo dinero encima de la mesa, un dinero que no tiene que venir solo de la Administración, sino que los empresarios también tienen que asumir que tienen que poner su parte. Es decir, que nadie piense que somos pedigüeños y que creemos que con el dinero todo se soluciona; tendremos que poner todos parte del dinero.

Y volviendo al cerdo blanco, al que hacía referencia con el cerdo italiano —y lo digo para los del ibérico—, les voy a recordar que la primera denominación de origen de España que aprobó el




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Ministerio de Agricultura, hace treinta años, fue la del jamón de Teruel. Algunos tuvimos la oportunidad de participar dentro de nuestra actividad profesional en aquellos tiempos —repito, de 1984—; este año se han cumplido treinta años. Pero vuelvo a insistir —y máxime a la hora en que estamos— en que cualquiera de los jamones españoles es bueno y, dentro de los buenos, hay buenos y hay mejores, y todos son compatibles.

Ya terminando, haré una referencia al modelo italiano, que voy a comparar con el modelo español, que es la faena que nos queda por hacer, que es la asignatura pendiente que tenemos. Repito que cuando hablamos de dinero no solamente hablamos de lo que tiene que venir de la Administración, hablamos de recursos que tienen que partir de diferentes entidades. Nuestro país tiene una alta atomización del sector y necesita más que nunca medidas sólidas; necesita concentrar la oferta con estructuras comerciales sólidas; necesita la promoción de productos; necesita productos con seguridad alimentaria —a los que antes hacía referencia: cuidadín, y aviso para navegantes—, que los empresarios del porcino de este país hemos tenido la espada de Damocles por la exportación a la Unión Europea y la hemos sufrido durante años. Por lo tanto, no caigamos otra vez en la misma trampa. Aviso para navegantes porque es seguridad alimentaria: transformación de productos en origen para crear valor añadido, crear riqueza y puestos de trabajo y permitir el mantenimiento y crecimiento de la actividad ganadera con medidas de trazamiento y/o transporte de purinas.

La industria cárnica española ha sufrido una fuerte crisis durante los tres últimos años. Las medidas de recesión —que recuerdo que han aplicado ustedes desde que entraron en el Gobierno— ¿saben a qué han contribuido? A que se hayan vendido productos de calidad por debajo del precio, porque la gente se ha retraído por miedo. Esa es una de las facetas que tienen que apuntarse en su activo de lo que han conseguido cuando hablan de los modelos económicos, y hoy viene muy bien a colación con los presupuestos.

Por todo ello, y dado que el Partido Popular no admite ni negocia enmienda alguna, nosotros vamos a votar en contra, dejando presente nuestra propuesta de aplicación de medidas que incentiven el empleo e incrementen el valor añadido en territorios rurales despoblados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador señor Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero agradecer las intervenciones de los diferentes grupos, evidentemente, unas más que otras. Porque, señor Cazalis, la moción puede ser oportunista, la moción puede ser un brindis al sol; la moción puede ser muchas cosas, pero la posición del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado en este caso ha sido clara, contundente y concisa: nada. Usted no ha propuesto nada ni como enmienda ni en el debate; no ha propuesto nada; su intervención no ha favorecido en nada al sector del porcino, aparte de calificar de una manera más o menos agradable, de una manera más o menos oportuna o de una manera más o menos acertada a este grupo y a este portavoz. Por lo tanto, permítame que no me dirija más a usted en este turno.

Señor Boya y señor Plana, si la moción lleva un mensaje tranquilizador al sector, ya hemos cubierto una parte del objetivo. Si traemos a esta Cámara la oportunidad de hablar de un sector, del que hemos coincidido todos en que es muy importante en el ámbito ganadero y agrario de nuestro país, en torno al 40% de la producción final ganadera y el 14% de la producción final agraria; si, además, coincidimos en que hay que propiciar la innovación, la investigación, hay que propiciar la salida al exterior, hay que propiciar la mejor información, la mayor transparencia en los mercados, la mayor seguridad alimentaria para el consumidor… Señor Arrufat, si coincidimos en todo eso, ya hemos adelantado algo en el día de hoy.

Si todo se circunscribe a lo que ustedes y nosotros hemos propuesto, creo que en la anterior intervención ya les había contestado sobre las razones claras por las que no admitimos las enmiendas: unas, porque producen un aumento del gasto indeterminado en un presupuesto que claramente está fijado para garantizar, además de la estabilidad presupuestaria y la contención del déficit, la garantía de los servicios básicos a los ciudadanos, la promoción de nuestra economía y la generación de empleo. Por tanto, concreten en qué partidas, en qué medidas, de dónde sale el dinero, a quiénes se retiran los fondos, es decir, cómo se administra el presupuesto de todos.




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Dicen ustedes que esa es labor del Gobierno y, evidentemente, de este grupo parlamentario que apoya al Gobierno, de modo que nosotros aceptamos que nos hablen de brindis al sol, pero en materia presupuestaria intentamos siempre ser claros y precisos, y les animamos a lo mismo.

Entiendo también que en el afán de crítica a lo que presenta el Grupo Popular algunas veces hasta se exceda en lo que nosotros mismos proponemos. En ningún caso nuestra moción olvida al sector porcino de capa blanca. Solo hay un párrafo en la exposición de motivos que habla concretamente del ibérico. El resto de la moción, al igual que todas y cada una de las propuestas, se refiere al sector porcino. Por tanto, ibérico y capa blanca; absolutamente todo: productores y transformadores. Hemos hablado de carne en fresco y de productos transformados. Es decir, no lo estamos circunscribiendo al ibérico, aunque es verdad que hacemos referencia a que el Gobierno de España ha aprobado recientemente, después de mucho debate y después de intentar acuerdos con todos los sectores implicados, una norma de calidad del sector ibérico y que además está trabajando con este sector productor para hacerlo lo más eficaz posible. Por lo tanto, hablamos de todo.

También entiendo que los grupos nacionalistas están, no sé si en su obligación, sí en su derecho, de posicionarse prácticamente siempre en contra del Gobierno central, haga lo que haga. Es decir, hablan ustedes de competencias y las quieren todas y las quieren ejercer… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. No se puede oír al orador.

El señor COTILLAS LÓPEZ: ...y luego echan la culpa al Gobierno central de no ejercer las competencias del Gobierno central. Quieren competencias pero que las financie el Gobierno central. Quieren que el Gobierno central legisle y armonice, eso sí, con lo que ustedes digan en la comunidad autónoma, y eso es complicado. Por lo tanto, es difícil para este grupo, que intenta legislar, animar al Gobierno, impulsar la acción del Gobierno para todos los españoles, independientemente del territorio donde vivan y en igualdad, es complicado muchas veces —digo—, poder atender sus sugerencias y sus propuestas, pero se agradecen, como siempre, porque generan la oportunidad de debatir y generan la oportunidad, por supuesto, de pensar que puede haber matices, que puede haber otras soluciones, que puede haber otras propuestas.

En cuanto a entrar o no en el debate sobre los purines, tampoco quiero que se malinterpreten mis palabras. He sido escueto por no abrir un debate con ustedes, que hablan tanto de las competencias, que se escapa un poco a este humilde portavoz, que es portavoz de agricultura. Estamos hablando de un debate reciente en materia de medio ambiente, un debate cuyas competencias corresponden a las comunidades autónomas y un debate en el que, como le he dicho, el Ministerio de Agricultura se ha puesto al lado de las comunidades autónomas para tratar de solucionar un problema en el corto plazo. Creo que a las cosas hay que llamarlas como hay que llamarlas y, si ustedes dicen que hay un problema medioambiental con los purines, es una cuestión que competencialmente afecta a las comunidades autónomas. Por lo tanto, centremos allí el debate, el ministerio está dispuesto a colaborar, sin duda; ya se ha ofrecido y además ha mantenido reuniones para llevarlo a cabo.

Pero centrémoslo también en su posición. Estamos hablando de un sector, el porcino, de capa blanca y de ibérico, muy amplio, en todo el territorio nacional, cuya problemática en estos momentos en esa materia de los purines —según ha dicho el ministro de Industria en esta misma sede— equivale a un tanto por ciento importante para quien le toca, importante para quien le preocupa, importante para quien tiene que poner remedio y solución a la problemática, pero no es todo el sector del porcino, ni siquiera la amplia mayoría del sector del porcino el que se ve afectado por esta situación. Por lo tanto, tenemos que esmerarnos en que ese problema puntual no entorpezca, señor Boya, la imagen que tiene el sector del porcino en el resto del territorio nacional, donde está haciendo las cosas sin que tenga que repercutirle este problema.

Y eso es lo que buscábamos con nuestra moción, potenciar la imagen del sector del porcino, con transparencia, con claridad, buscando un consumidor informado y bien formado que sepa las dificultades que tiene elaborar un producto de calidad, dificultades económicas, medioambientales y de todo tipo que tiene ese producto y que, por tanto, lo valore y lo incluya más en su dieta en nuestro territorio, puesto que, como he dicho antes, el 151% producimos, el 151% es lo que consumimos y, por lo tanto, hay que aumentar el consumo interno a la vez que buscamos el mercado exterior.




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No hemos eludido problemas, hemos hablado de un enorme problema que existe ahora mismo en el mercado exterior. Si más del 30% de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea van al mercado ruso y hay restricciones de entrada a Rusia, evidentemente estamos centrándonos en un problema muy importante para el sector porcino, para el que tiene problemas con los purines y para el que no tiene problemas con los purines, para los dos, y en eso es en lo que hemos querido avanzar. Y hemos dicho que hay que buscar mayor internacionalización dentro de la Unión Europea, que es también nuestro principal cliente y nuevos mercados fuera de la Unión Europea; fomentar la comercialización de carne dentro y fuera; promover las actividades de investigación, que ya está haciendo el ministerio —el año pasado 3 millones de euros, este año 6 millones de euros, y el año pasado 3 proyectos en el sector porcino, este año 8 proyectos en el sector porcino—; aprovechar el trabajo que está haciendo la interprofesional de capa blanca y también la interprofesional de ibérico; y, en definitiva, nos hemos dado también una ley, la Ley de la cadena alimentaria, por lo que instemos al Gobierno a que ponga en marcha todos los recursos posibles para que esa ley garantice la transparencia, tanto para el productor como para el consumidor final y todo aquel que participa en el proceso.

Dicen ustedes que…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando, señor presidente.

Dicen ustedes que estas mociones son un brindis al sol. Estas mociones son el cumplimiento de nuestro programa electoral, como he detallado, es una línea argumental que sigue este grupo de manera continua, que incide en lo que el ministerio presenta también como su plan estratégico en estos cuatro años y que anima al Gobierno, evidentemente, a tomar medidas como las que ya ha tomado, que también surgieron de iniciativas como esta: cadena alimentaria, fusión de cooperativas, promoción e internacionalización del sector alimentario e innovación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe, por favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Acabo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 149; en contra, 77; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

9.3. MOCIÓN POR LA QUE SE PROPONEN DETERMINADAS MEDIDAS DIRIGIDAS A LA REBAJA DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN, SOBRE LA BASE DEL AUMENTO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR.

(Núm. exp. 662/000149)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor presidente da lectura al punto 9.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Alique por tiempo de quince, minutos.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.




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Señorías, durante este mes de julio está previsto que se produzcan unos 38 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Y como todos los años, la operación salida llega con los precios de los carburantes más caros, a pesar de que en esta ocasión la cotización internacional del petróleo ha bajado. A ello me referiré posteriormente. Con la subida de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 80 euros, y de gasóleo 74. De esta forma, coincidiendo con la primera operación salida de vacaciones, el precio de la gasolina ha marcado un nuevo máximo no solo en lo que va de año, que ha crecido un 3,4%, sino desde septiembre del año 2013; y en lo que se refiere al gasóleo ha alcanzado el nivel más alto desde la primera semana de este año. Estos precios no solo son muy elevados en términos de evolución, también lo son en términos comparativos. Les recuerdo, señorías, que el precio de los carburantes en España antes de impuestos, antes de la gasolina y del gasóleo, es de los más elevados de Europa, más que los países de la zona euro, de la Unión Europea a Veintiocho y de la Unión Europea a Veintiséis. Estas subidas se han producido —esto es algo muy importante— en un contexto muy determinado que viene a desmentir la tesis de quienes atribuyen exclusivamente esta situación a los problemas de países como Irak. En concreto, estas últimas subidas se han producido cuando el barril de crudo Brent, que es el de referencia en Europa, ha bajado 5 dólares, situándose en 110 dólares.

Señorías, el encarecimiento del precio de los carburantes en nuestro país se localiza en la mitad del precio sin impuestos, es decir, en el segmento que recoge el precio de los carburantes antes de impuestos y el margen empresarial. Por tanto, si la cotización internacional, como he dicho anteriormente, ha bajado, ¿qué es lo que ha subido en estas fechas? Ante esta situación, ¿quién puede seguir defendiendo que las recientes subidas del precio de los carburantes se deben, por ejemplo, al conflicto de Irak? Obviamente, nadie, señorías.

Todos somos conscientes de lo que pasa. En España los precios antes de impuestos de los carburantes, es decir, de la gasolina y del gasóleo, incluidos los márgenes empresariales, están por encima de la media de la Unión Europea, pero al añadir los impuestos al precio final de venta, este es inferior por la menor fiscalidad. No lo digo yo, lo ha dicho el señor Soria en más de una ocasión. Por tanto, el problema son los excesivos márgenes empresariales, muy superiores a los de los homólogos europeos, que lejos de disminuir, van aumentando año tras año.

Le voy a dar un dato comparativo: agosto del año 2012, según datos del propio Gobierno, el margen que se llevaba cada operador español por litro, en este caso de gasolina, era de 15 céntimos por litro y en el caso del gasóleo, de 15,1 céntimos por litro. Pues bien, según los datos a abril del año 2014, es decir, dos años después, según el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, esos márgenes eran de 15,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina, es decir, 0,7 céntimos por litro más que hace dos años y en el caso del gasóleo, de 16,3 céntimos por litro, es decir, más 1,2 céntimos por litro que hace dos años.

El problema, por tanto, está, como digo, en la falta de competencia por la posición dominante de 3 grandes operadoras, en este caso Repsol, Cepsa y BP, que copan en torno al 75%, del mercado nacional, un porcentaje excesivamente alto si tenemos en cuenta lo que ocurre en otros países, como el caso de Italia, donde las 3 grandes operadoras no llegan ni siquiera a cubrir el 50% del mercado. Por consiguiente, señorías, todos somos conscientes de lo que pasa, pero eso no es suficiente. Debemos hacer algo más para dejar que eso pase.

En este sentido, la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista desde el primer momento ha sido esa. Lo hicimos en el año 2012 con la presentación de una moción en la que pedíamos la creación de una ponencia de estudio que, en primer lugar, reflexionase sobre sendos informes: uno, el de la Comisión Nacional de la Energía y otro, el de la Comisión Nacional de la Competencia, que nos alertaban de que se habían incrementado los márgenes empresariales en plena crisis en un 20% y que no había competencia en el sector. Pedíamos en esa moción que se escuchase al sector, a los consumidores y también que participase el Gobierno para trazar entre todos las líneas básicas de lo que debía ser una reforma en profundidad para que hubiese competencia y bajasen los precios de los carburantes. Sin embargo, como suele ser habitual en esta legislatura, el Partido Popular votó en contra, como también votó en contra de una proposición de ley que presentó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados con la misma finalidad, en la que se introducían




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varias medidas con el único objetivo de poner coto a esa injustificable subida de los carburantes en nuestro país.

Pues bien, señorías, a pesar de la falta de diálogo, a pesar de la falta de consenso de este Gobierno, nosotros insistimos porque consideramos que esta situación es muy importante y continuamos esperando que el Gobierno reaccione, que el Gobierno entre en razón. Por eso, presentamos esta moción, que va en línea con las anteriores iniciativas parlamentarias a las que he hecho referencia, con la única finalidad de resolver un problema que daña muy directamente la competitividad de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes y de nuestros autónomos y que también daña muy seriamente al bolsillo de los ciudadanos, seriamente asfixiados por las políticas económicas y sociales de este Gobierno.

Señorías, con este problema, el de la falta de competencia en el sector de los carburantes, el Gobierno actúa con el mismo patrón que en otros problemas a los que ha sido incapaz de hacer frente, un patrón que evidencia la debilidad de un Gobierno al que le viene grande la situación que en este momento está atravesando España y que estamos pagando entre todos, especialmente las clases medias y los sectores más desfavorecidos.

¿A qué me refiero cuando hablo de ese patrón, de ese modus operandi? Me explico, señorías. Cuando el Gobierno se encuentra un problema, llámese el déficit de tarifa o llámese las prácticas anticompetitivas en el mercado de los carburantes de automoción, sin contar con nadie, sin escuchar a nadie, legisla, es decir, dicta sus propias recetas, y meses después comprueba que el problema sigue estando ahí cuando no se ha agravado. Cuando esta situación se pone de manifiesto, el Gobierno, como siempre, se pone a la defensiva, niega la mayor y dice que lo único que se puede hacer es lo que ellos proponen y que no tienen la culpa. ¿Les suena? En unas ocasiones los culpables son las energías renovables y en otras, como ahora, son países lejanos los que generan el problema. Pero atisbo de autocrítica, señorías, ninguno. Seamos serios, señorías, señorías del Partido Popular de manera muy especial. Hace 17 meses, el Partido Popular, el Gobierno, utilizando un real decreto que no tenía que ver nada con esto, el de apoyo a emprendedores, introdujo una serie de medidas que luego se plasmaron en la Ley 11/2013. Esas medidas —cito textualmente— tenían por objeto, según palabras del propio Ejecutivo, por razones del interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y permitir un funcionamiento más eficiente de ese mercado. Y un año después podemos afirmar que el Gobierno, señorías, ha fracasado. En el mejor de los casos estamos igual, cuando no peor, como señala un informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que dice que las enmiendas que introdujo el Grupo Popular a ese proyecto de ley generan un efecto desfavorable sobre la competencia de carburantes, especialmente en lo que se refiere a los contratos en exclusiva. Por tanto, que el Gobierno ha fracasado no lo dice el Grupo Socialista, lo pone de manifiesto los altos costes de los carburantes, del gasóleo y la gasolina, en España, y lo pone de manifiesto distintos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que nos habla de aumento de los márgenes empresariales, que nos habla de que ha vuelto el efecto lunes o de que es una realidad el efecto cohetes y plumas. Es decir, que cada vez que sube la cotización internacional del petróleo, las operadoras suben el precio del gasóleo y de la gasolina como un cohete, de una forma rápida, y sin embargo, cuando baja, lo hacen muy lentamente, como cuando cae una pluma.

Pues bien, en este sentido, es especialmente significativo el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia referido, escuchen bien, al mes de enero del año 2014, hace seis meses. En ese informe afirman que el margen bruto, es decir, el precio de los carburantes antes de impuestos menos la cotización internacional, es decir, el margen empresarial, superó al de enero del año 2013 —en tan solo un año— un 25%, en lo que se refiere a gasolina, y un 11%, en lo que se refiere al gasóleo. Un incremento nada coherente, señorías, sobre todo, si se tiene en cuenta que desde septiembre del año 2013 bajaron las cotizaciones internacionales y, por tanto, el precio del petróleo, y así se mantuvo estable. Por tanto, mientras que no se introduzca ninguna medida para que haya competencia en el sector, seguiremos exactamente igual, con precios altos en los carburantes. A las pruebas me remito, el Gobierno ha fracasado porque después de un año el sector de los carburantes sigue siendo un sector opaco, altamente concentrado en 3 grandes operadoras, como decía anteriormente, y actúan en la práctica como si fuesen un verdadero monopolio. Como ya decía la extinguida Comisión Nacional de la Competencia, esto seguirá




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ocurriendo mientras que los tres grandes operadores sigan siendo dominantes por 3 aspectos: el primero, porque tienen el control sobre la producción nacional a través de sus respectivas refinerías; en segundo lugar, porque siguen ejerciendo una importante influencia sobre la empresa que se encarga de la distribución, del almacenamiento y del transporte de los carburantes, es decir, CNH, y, en tercer lugar, porque las tres operadoras son las propietarias de la inmensa mayoría de las estaciones de servicio. Pues bien, mientras que no se alteren estas condiciones, no habrá una competencia efectiva. Y ¿quién lo puede cambiar? El Gobierno, pero también, señorías, esta Cámara instando al Gobierno a que lo haga, porque no parece de recibo que unos pocos, muy pocos, estén haciendo caja a costa de millones de consumidores, de pymes y de autónomos en este país, sobre todo, en un momento, en un contexto, que claramente es injustificable e incomprensible, no ya por el alto precio de la gasolina y el gasóleo, sino, sobre todo, como decía anteriormente, por los excesivos y crecientes márgenes que las operadoras tienen sobre estos productos.

Como vemos, en estos 17 meses no se ha puesto punto y final a esta situación; muy al contrario, estas medidas han sido insuficientes, cuando no contraproducentes, para resolver el problema de los elevados precios de los combustibles en España antes de impuestos. Como dijimos hace un año, el problema no es, como proponía el Partido Popular, aumentar el número de gasolineras, porque, como decía la Comisión Nacional de la Energía, España tiene más gasolineras que la media de la Unión Europea, tanto por habitante como por kilómetro. Por eso, no entendemos la injerencia que ha hecho este Gobierno en la autonomía municipal y no entendemos cómo se prima el interés económico frente a la seguridad y a la vida de las personas, como denunciaba mi compañero, el senador Martín, por la provincia de Ciudad Real, y alcalde de Valdepeñas.

El problema no está en la fiscalidad, señorías, porque en España la carga impositiva sobre los carburantes es inferior a la de la zona euro. El problema, por tanto, está en la posición de dominio que tienen estas tres grandes operadoras, que no solo no se ha limitado con la Ley 11/2013, que aprobó mayoritariamente el Partido Popular, sino que, como dice la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha salido reforzada.

Por ello, como dijimos hace dos años es necesario poner en marcha cambios regulatorios tanto en el sector mayorista como en el minorista para que las grandes operadoras no puedan seguir utilizando su poder de mercado en detrimento de una competencia efectiva; esta sí, señorías, es la única garantía de una moderación real de precios. Por este motivo hemos presentado esta moción en la que se recogen una serie de medidas precisamente para erradicar las prácticas anticompetitivas, medidas que muy resumidamente les expongo. Se trata en primer lugar de medidas que tienen que ver con limitar la participación en el accionariado de CLH y en el ejercicio de los derechos políticos de esta compañía y con un régimen estricto de incompatibilidades para los miembros de los órganos de dirección de CLH. En segundo lugar, medidas para asegurar un buen funcionamiento de la red de transporte para reducir los precios finales de los carburantes y fomentar la igualdad de oportunidades de los operadores mayoristas y minoristas. En tercer lugar, aplicar limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva cuando el gestor de la estación de servicio tiene arrendada la estación a un tercero o bien tiene el derecho de superficie sobre ella. En cuarto lugar, la reducción de la cuota de mercado de las operadoras al 25% en todas y cada una de nuestras provincias. En quinto lugar, ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de las concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales. En sexto lugar, avanzar en la armonización metodológica a nivel europeo en cuanto al recorte de los precios al consumidor de las petroleras y, en séptimo lugar, fomentar la transparencia, de tal manera que se publique el listado de las estaciones de servicio más baratas en los entornos locales en la página web del ministerio.

Señorías, termino. Es urgente devolver al sector de los carburantes a la senda de la competitividad. Es una obligación conseguir que los precios de los carburantes, de la gasolina y del gasóleo, no sean un lastre para el bolsillo de los ciudadanos, para el poder adquisitivo de los ciudadanos y una rémora para la competitividad de la economía, de las empresas y de manera muy especial de las pymes y autónomos de nuestro país. Señorías, nuestra economía y nuestra sociedad no pueden permitir ni un minuto más que España tenga los precios de los carburantes, de la gasolina y el gasóleo, más altos de toda Europa. No podemos permitir que tengamos los márgenes empresariales más grandes, muy superiores a los de nuestros homólogos europeos,




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porque, señorías, eso contribuye al empobrecimiento de la población y al estancamiento, cuando no a la recesión, de la economía española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Cuando se habla de los carburantes de automoción hay que ser conscientes de que desde 1998, cuando se aprobó la Ley de hidrocarburos, la distribución de carburantes en nuestro país está liberalizada y tiene que responder a los principios de competencia, libertad de mercado y transparencia. El Gobierno, por mucho que quiera, no puede establecer unos precios máximos para los carburantes. Este no es un asunto nuevo. Tanto la Comisión Nacional de la Energía como la Comisión Nacional de la Competencia lo han venido denunciando desde hace ya muchos años. El hecho es que en este país tenemos uno de los precios más caros de Europa, tanto de gasolina como de gasóleo antes de impuestos. Es cierto que nuestra fiscalidad está por debajo de la media europea y como consecuencia de ello también nuestros precios de venta al público. Por eso para atravesar el continente, antes de llegar a Francia se reposta aquí. Pero el hecho es que, si llegamos a reducir los precios de los carburantes antes de impuestos, esto tendrá un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos y en la competitividad de nuestra economía. Por esa razón se ha convertido en una de las prioridades del actual Gobierno. Ahora, el Grupo Socialista, que poco o nada hizo en esta materia durante su etapa de Gobierno, nos presenta esta moción que contiene un amplio petitum. Se trata de 3 folios con 8 puntos y muchas medidas a las cuales voy a tratar de dar cumplida respuesta.

En el primero de esos puntos, y para asegurar que ninguna empresa que opere en la actividad de refino y comercialización de carburantes pueda ejercer un control o una influencia significativa sobre la compañía logística de hidrocarburos, se pretende endurecer los límites ahora establecidos en el artículo 1 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, en el que se dice que ninguna persona física o jurídica podrá tener más del 25% del accionariado y se establece también que la totalidad de los accionistas con capacidad de refino no puedan tener más del 45% de ese accionariado. Lo que se pretende con esta moción es limitar al 10% donde pone 25% y al 30% donde ahora pone 45%.

Les tengo que decir que esta medida restrictiva tendría unos efectos mínimos porque en la actualidad ninguno de los accionistas de CLH posee más del 10% del capital social de la compañía y la suma de las participaciones de todos los sujetos con capacidad de refino en España es también inferior al 30%. Por tanto, la propuesta planteada en este primer punto no tendría efectos sobre la competencia en el sector de la distribución minorista de hidrocarburos líquidos y, en consecuencia, parece que es una medida innecesaria.

En el segundo de los puntos de la moción se pretende modificar esa Ley 11/2013 a la que se ha referido el señor Alique ―y que mencionaré en reiteradas ocasiones― con el fin de que respetando el libre ejercicio de la actividad de distribución al por menor se devuelva a las administraciones locales y autonómicas, sobre la base de los planeamientos urbanos, una serie de competencias sobre todo lo que es la regulación de las instalaciones de suministro de combustibles al por menor. Tengo que decir que es sorprendente que se plantee algo así en una moción con la que parece ser que se pretende todo lo contrario porque yo pensaba que estaba demostrado y que era evidente que una de las mayores trabas que había para la apertura de nuevas estaciones de servicio era la obtención de las licencias municipales porque los grupos de presión ligados a las estaciones de servicio influían sobre los ayuntamientos y las autoridades autonómicas. Esta fue la razón por la que en esa Ley 11/2013 se le dio una nueva redacción al artículo 43.2 de la Ley de hidrocarburos del año 1998. Ahí están los datos y el hecho es que en el primer año de vigencia de esa Ley 11/2013 se ha demostrado que esta ha sido una de las medidas más eficaces para el fomento de la competencia en el sector de la distribución al por menor de hidrocarburos líquidos y para el crecimiento y la creación de empleo porque entre el mes de febrero de 2013 y el mismo mes de 2014 se han abierto un 41% más de estaciones de servicio que en el mismo período de los años 2012 a 2013 y un 36% más que en el período 2011-2012.




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Por tanto, volver a la situación anterior, tal y como se solicita en esta moción, es algo que perjudicaría notablemente a la competencia en el sector minorista de hidrocarburos líquidos.

En el tercer punto se pretende la adopción de una serie de medidas para reducir los precios finales de los carburantes y para fomentar la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores mayoristas y minoristas. Así, por ejemplo, en ese punto tercero se pide que el acceso de terceros a las instalaciones de transporte de la compañía CLH se conceda por el estricto orden de solicitud, cuando en la actualidad ya se hace mediante un procedimiento negociado, en unas condiciones técnicas y económicas transparentes y objetivas que no son discriminatorias, y no solo eso sino que, además, la ley ya prevé que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que tenga que resolver los conflictos relativos al acceso de terceros a las instalaciones de transporte o almacenamiento de productos petrolíferos.

En este punto tercero de la moción se pide también que las tarifas por el uso de la red de transporte de la compañía CLH y su metodología estén sujetas a autorización por el regulador, cuando en la actualidad esas tarifas ya están basadas en unas condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, transparentes y objetivas y son comunicadas al regulador junto a la metodología aplicada para su cálculo, por lo que no es necesario ni está justificado que este las tenga que aprobar a priori. Se pide también en este punto tercero que se reduzcan las obligaciones sobre reservas mínimas de seguridad a nuevos entrantes, cosa que si bien es cierto que podría favorecer la entrada de nuevos operadores, habría que estudiar cuidadosamente los términos en los que se realice tal reducción, ya que podría suponer una mayor carga para los operadores existentes o un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en esta materia.

En el cuarto punto tengo que decir que la redacción que se le da no nos parece muy clara y queremos pensar que en él lo que pretenden es que en los casos en los que el propietario de la estación tiene establecidos contratos de arrendamiento con un tercero con el que tiene suscrito un contrato de suministro en exclusiva, que se pueda cambiar y pueda comprarles a otros, y si esto es así, no nos parece razonable que en una estación propiedad de un operador mayorista el gestor decida adquirir combustible a un operador mayorista diferente del propietario de la estación, ya que si lo hicieran es de prever que se abrirían procesos judiciales de un resultado incierto.

En el punto quinto lo que pretenden es modificar esa Ley 11/2013 para reducir al 25% la cuota de mercado de los principales operadores, así como para impedir la renovación de los contratos de suministro en exclusiva. Si esto se llevase a cabo no supondría una variación importante en los territorios y operadores, ya que la disposición transitoria quinta de esa Ley 11/2013 establece una cuota provincial o por islas máxima del 30%, a partir de la cual los operadores al por mayor no pueden aumentar el número de estaciones de servicio que gestionan directa o indirectamente ni pueden firmar nuevos contratos de suministro en exclusiva.

Por otro lado, hay que decir que con la prohibición que pretenden de la renovación de los contratos de suministro en exclusiva, que en la actualidad tienen una duración máxima de un año, los operadores afectados tendrían que dar por finalizados todos sus contratos de suministro en exclusiva en estaciones que no sean de su propiedad en las provincias afectadas, medida que a todas luces es desproporcionada y podría llegar a ser considerada como confiscatoria.

En el punto sexto pretenden modificar la Ley de carreteras de 1988 con objeto de ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de las concesiones sobre las áreas de servicios en las carreteras estatales. Hay que tener en cuenta que esa ley únicamente hace referencia a las áreas de servicio y no entra a detallar los requisitos y las condiciones para la adjudicación de las concesiones en áreas de servicio que debe contener el pliego de condiciones generales, que es el que rige en el otorgamiento mediante concurso del correspondiente contrato. Por tanto, no resulta adecuado introducir en la ley una condición de este tipo cuando otros condicionantes de adjudicación que incluye el pliego de condiciones no se contemplan en el texto legal.

Lo que se plantea en el punto séptimo es que se siga avanzando en la armonización metodológica a nivel europeo en todo lo que es el reporte de precios al consumidor de productos petrolíferos. Efectivamente, es positivo seguir trabajando en esa armonización con objeto de incrementar la homogeneidad de los datos de productos petrolíferos en la Unión Europea. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la recomendación de la Comisión de 12 de noviembre de 2013 sobre el reporte semanal de los precios de productos petrolíferos fue elaborada tras las quejas de




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algunos Estados miembros, entre otros de España, y se elaboró gracias a las aportaciones de esos Estados. Es cierto, hay que seguir avanzando, porque se ha mejorado en la comparabilidad de los datos, pero todavía siguen existiendo diferencias en la forma de su obtención entre los distintos países, y tales recomendaciones no son obligatorias, pero esto ya se está haciendo y no es preciso una moción para ello.

Por último, en el punto octavo se pide que se elaboren y publiquen en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo los ranking de las estaciones de servicio más baratas, así como los servicios adicionales con los que cuentan esas estaciones de servicio. Nos da la impresión de que al hacer esta petición no se ha tenido en cuenta que en estos momentos en la página web del geoportal gasolineras, creada y mantenida por ese ministerio, ya se pueden encontrar las gasolineras más baratas por provincia, por localidad e incluso por código postal. Y en ese ministerio se sigue trabajando, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, para mejorar esa página y para que siga siendo una herramienta útil y eficaz para todos los usuarios.

Señorías, creo que antes de pensar en cambiar las medidas introducidas por el actual Gobierno el año pasado, es necesario conocer con detalle cuáles han sido sus efectos. Pues bien, a pesar del corto tiempo transcurrido ya hay algunos datos interesantes. Así, el margen bruto observado hasta el día 12 de mayo de 2014 respecto de 2013 se ha reducido en casi un 0,7% en gasolina, cuando en ese mismo período en la zona euro ese margen se ha incrementado en un 1,3, es decir, en dos puntos de diferencia. Y el precio de venta al público de la gasolina se ha reducido en ese mismo período de tiempo en un 2,1%, colocándose así en línea con lo que ha sucedido en la eurozona.

Por todo lo expuesto, y por considerar que las medidas que se plantean en esta moción son innecesarias o van en contra de la competencia, que es lo que se dice defender con ella, vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Pasamos a turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto veo que no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, señor Palacios, me ha llamado la atención que haya utilizado usted el turno en contra en lugar del turno de portavoces porque, indudablemente, es una manifestación muy negativa ante una iniciativa que creemos tiene su momento y su interés político. Los compañeros que han intervenido antes que yo, en relación con una frase que se atribuía al propio Gobierno del presidente Zapatero, han dicho: ni una mala palabra ni una buena acción. Pero es que casi siempre hay cantidad de mociones que puede admitir el Grupo Parlamentario Popular, porque a fin de cuentas son instancias que se le hacen al propio Gobierno para que tome en consideración ciertas cosas, pero no solamente no se hace eso, es que se toma en contra y se vota en contra. He de decir que ese tipo de parlamentarismo me parece insólito. Debe ser la mayoría absoluta.

En relación con esta moción, nosotros decimos que la vamos a apoyar porque creemos que está bien estudiada y bien planteada y que ha recogido con rigor y exactitud todas las observaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha realizado en sus informes sobre el asunto. Hay 3 temas dentro de la moción que a nuestro juicio tienen relevancia política e incluso hasta prioritaria. En primer lugar, la posición de dominio del mercado por las 3 grandes distribuidoras, Repsol-Petronor, Cepsa, Bp Oil, un oligopolio que domina el 72% del mercado de distribución. Y señalaba la Comisión Nacional de Energía en el año 2013 —no es tanto el tiempo transcurrido— lo siguiente: «En España, las dos operadoras principales ostentan cuotas de mercado de estaciones de servicio muy elevadas, no solo en términos relativos respecto a Francia, sino también en términos absolutos. Alcanzan un porcentaje superior al 45% en el ámbito nacional y local, y son especialmente altas en el caso de algunas carreteras y autopistas donde pueden ascender hasta el 100%. Ello aconseja revisar la aplicación y el diseño de los criterios de competencia en los procesos de concesión y autorización de las estaciones de servicio en estos entornos». Esto lo decía la Comisión Nacional de Energía. Es decir, favorecer la entrada de operadores independientes y limitar la acción de los grandes.




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En segundo lugar, el desproporcionado margen bruto, 25% en gasolina y 12% en gasoil antes de impuestos, aunque el coste de aprovisionamiento en España es uno de los más bajos de la Unión Europea. En tercer lugar, la inmediata aplicación de la subida del precio del barril a los carburantes existentes en el mercado diario. Es decir, a un carburante comprado a precios menores de mercado se le aplica el nuevo precio del día anterior, generalmente más elevado. Y, a la recíproca, cuando baja el precio del barril no se produce un rápido descenso de los precios de los carburantes en las estaciones de servicio, y esto no tiene ninguna racionalidad.

A estos asuntos, denunciados por la antigua Comisión Nacional de Energía y la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en sus informes, se ha respondido con absoluta pasividad, tanto por gobiernos socialistas como del Partido Popular, y es que el ministerio tiene capacidad regulatoria e interventora, a través de la inspección y de la sanción, y no se actúa, siendo perjudicado el ciudadano de a pie.

La subida de los carburantes y de los precios energéticos ha sido la principal causa de la inflación en el Estado en la última década, y hay temas que en la Unión Europea son relevantes por su eficacia en la competencia y que la moción no trata, como es la dispersión de estaciones de servicio y la baja presencia del suministro y distribución en los centros comerciales.

Decía la Comisión Nacional de Energía en el año 2013 —solamente ha pasado un año—: «En España se han introducido medidas regulatorias de promoción de la competencia; el Real Decreto Ley 6/2000 limitó temporalmente la cuota de mercado a los operadores dominantes en la distribución de carburantes pero no tuvo el éxito esperado, pues las limitaciones no se establecieron en cuota de ventas sino en número de puntos de suministro. Tampoco las facilidades para la apertura de estaciones de servicio en grandes superficies surtió el efecto deseado, dadas, entre otras, las trabas administrativas para acometer este tipo de inversiones». Sin embargo, la experiencia europea, según los estudios de la hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dice que las estaciones de servicio localizadas en centros comerciales son las que presentan costes inferiores, pues priorizan otras fuentes de negocio derivadas del carry trade y los beneficios de la distribución de carburantes son indirectos.

Una cuestión diferencial frente a España es que en Francia las cadenas de hipermercados participan en el mercado de aprovisionamiento e importan directamente los carburantes que comercializan, lo que les otorga ventajas de costes. En España, los supermercados se aprovisionan de las operadoras al por mayor instaladas; esta experiencia la practican aquí Eroski y Carrefour, con evidente competencia sobre las operadoras. En general, puede decirse que la situación de la distribución de carburantes en España, con una alta participación de las estaciones de servicio convencionales vinculadas a los operadores, una escasa presencia de hipermercados y una fuerte concentración de mercado, conducen a una estructura de costes mucho menos competitiva. Esta es una tarea cuya promoción corresponde a la Administración central, a la autonómica y también a la Local. Si hubiese tiempo, se podría poner sobre la mesa que la Comisión Nacional de Energía realizó un exhaustivo estudio sobre el sector de carburantes en España comparado, en este caso, con Francia, y podemos decir que se nota una postura similar de argumentos en esta moción que, como he dicho, vamos a apoyar.

Un paso importante que hay que tener en cuenta en cuanto a la ordenación de las áreas de servicio en carreteras, autovías y autopistas es que la moción no trata las competencias que tenemos en Euskadi con las diputaciones forales, así como en Navarra; la moción no hace mención a un tema que tiene su relevancia, y es el olvido de los biocombustibles, que por su efecto en las consecuencias de la reducción de gases de efecto invernadero deberían ser tenidas en cuenta. La Asociación de Productores de Energías Renovables ha realizado un interesante estudio diciendo que el objetivo global de los biocarburantes en España, fijado desde el pasado año en el 4,1% del consumo de carburantes de automoción, está a la cola de la Unión Europea; de los 25 países comunitarios que utilizan este mecanismo de apoyo a los biocarburantes solo 3 tienen un objetivo mínimo para 2014 inferior al español, según el análisis comparativo «Objetivos mínimos de biocarburantes en la Unión Europea» realizado, como he dicho, por la Asociación de Productores de Energías Renovables. El objetivo español es entre un 45% y un 35% inferior a los vigentes en los 2 principales mercados de biocarburantes de la Unión Europea, Francia y Alemania, al tiempo que queda un 20% por debajo de la media comunitaria.




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Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incremente los actuales objetivos de biocarburantes con el fin de retomar la senda de cumplimiento de la meta de energías renovables en el transporte fijada para el año 2020, que es un10%.

Finalizo, señor presidente. Aunque, en la actualidad, son más caros, de 10 a 15 euros, que los derivados del petróleo, tienen su importancia por su papel de reducción de la contaminación y de la factura del petróleo, además de impulsar la industria y el empleo en el Estado, podrían tener un menor impuesto, con lo que serían competitivos, y la planta más importante, lo tengo que decir, está en el puerto de Bilbao.

Por todas estas razones, consideramos que esta moción es interesante, y nuestro grupo parlamentario la va a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagsti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies senyor president. Bona tarda senyories.

En un context com el que vivim de profunda crisi econòmica, és evident que el control del preu dels carburants no sols aquest, però també aquest, es converteix en un element estratègic en les polítiques de redreçament econòmic, tant des del punt de vista de la millora de la competitivitat del nostre teixit productiu, de les nostres empreses, com també des del punt de vista de la millora de l’economia familiar, de les economies domèstiques, i per tant el foment del consum intern.

En aquest sentit, fa un any, com ja s’ha dit anteriorment, el Govern i el Grup Parlamentari que el sustenta, aprovaven una Llei, la Llei 11/2013 de 26 de juliol, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. Un conjunt de mesures molt heterogènies, diverses, que afectaven molts àmbits, però pel que fa al tema que ens ocupa, pretenia com a objectius, en primer lloc establir mesures d’establiment d’estabilitat dels preus dels combustibles d’automoció, pretenia adoptar mesures directes per el control dels preus dels carburants, aconseguir un funcionament més eficient d’aquest mercat i, finalment incrementar la competència en el mercat dels hidrocarburs líquids.

La veritat senyories és que, transcorregut un any, fonamentalment la mesura estrella, que era l’increment d’estacions de servei, de benzineres, que per cert, des del nostre punt de vista, vulnerava les competències que en matèria d’ordenació del territori tenen els municipis, aquesta era fonamentalment la mesura estrella. L’argument era: més gasolineres igual a més competència, i per tant més competència igual a major control, disminució per tant, del preu dels carburants.

Doncs senyories, transcorregut un any, res més lluny de la realitat. L’aprovació d’aquesta Llei no ha ajudat a la consecució dels objectius que es plantejaven, altrament lloables, carregats de bones intencions i que em sembla que tots podem compartir. Cal reconèixer, per tant, que les mesures que pretenia adoptar aquesta Llei no han aconseguit els objectius desitjats i, per tant en aquest sentit, transcorregut un any, repeteixo, hauríem de parlar de fracàs. I no sols ho diem nosaltres, no sols ho diem els grups parlamentaris, sinó que també ho diuen els informes reiterats, constants, els informes de supervisió de la distribució de carburants en estacions de servei que, mensualment emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i em refereixo especialment a l’informe del mes de gener de l’any 2014, en el que es diu en primer lloc que el preu dels carburants, lluny de baixar, augmenta, en segon lloc, que el increment del preu internacional del petroli, conegut com Brent del cru es trasllada immediatament al preu dels carburants a les benzineres quan puja, però en canvi, quan baixa, quan es produeix un descens, el preu final es trasllada d’una manera molt lenta, i en tot cas, mai en la seva totalitat. I com ja s’ha dit, el preu abans d’impostos, tant de la gasolina com del gasoil, Espanya és dels més elevats dels països de la Unió Europea, i que per contra, el marge de benefici brut a Espanya és molt superior a la mitjana dels països europeus, com ja s’ha dit un 25% en la gasolina i un 11% gairebé un 12% en el gasoil. I finalment l’informe també diu que les estacions de servei independents tenen preus de venda al públic, en general, molt més baixos que les tres empreses que copen la majoria, gairebé les ¾ parts del mercat espanyol, com són Repsol, Cepsa i BP.




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En aquests sentit i en aquest context és en el que s’ha d’emmarcar la moció que ens presenta el Grup Parlamentari Socialista, vista la ineficàcia i el fracàs de les mesures contemplades a la Llei que hem comentat anteriorment. En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista proposa una sèrie de mesures que, d’alguna manera també tenien un precedent com ja ha dit el senador Alique, en una moció que havien presentat ells mateixos fa dos anys, i també en la proposició de Llei per l’increment de la competència efectiva en el mercat dels hidrocarburs líquids. Mesures que no varen ser tingudes en compte per el Grup Parlamentari Popular.

En quina línia van aquestes mesures que proposa en aquesta moció el Grup Parlamentari Socialista? Doncs en la de garantir que cap empresa que operi en l’activitat de refinament i comercialització de carburants pugui exercir un control o influencia significativa sobre la Companyia Logística d’Hidrocarburs, la coneguda com CLH. En segon lloc retornar als municipis i comunitats autònomes les competències i, per tant modificar la Llei que hem comentat anteriorment, sobre la regulació d’instal·lacions a subministrament minorista de combustible. En tercer lloc fomentar la igualtat d’oportunitats entre els diferents operadors, tant majoristes com minoristes i els propietaris d’instal·lacions competidores de la CLH, reduir la quota màxima de mercat dels principals operadors al 20%, ampliar els criteris de competència en l’adjudicació de concessions i, finalment establir una metodologia comuna dins la Unió Europea per el càlcul dels preus de venda mitjans nacionals.

A nosaltres també ens ha sorprès la utilització del torn en contra. Pensem que hauria estat més intel·ligent proposar una transaccional, proposar alternatives si en algun cas algunes de les mesures no es veien prou concretes o no s’entenien prou eficaces. En definitiva, lamentem que el Grup Parlamentari Popular no doni suport a aquesta moció, fonamentalment perquè, vist el fracàs de les mesures previstes a la llei de fa un any, potser les propostes que puguin venir des de l’oposició, es pot intentar si redunden en els objectius que pretenia la llei i que repeteixo, compartim, com és la millora de la competència i per tant una lluita per una posició de domini i de monopoli per part d’algunes de les operadores.

Repeteixo, lamentem la utilització del torn en contra, que no s’hagin presentat alternatives i, en tot cas, i finalitzo, senyories, dient que nosaltres donarem suport a la moció presentada per el Grup Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

En un contexto, como el que vivimos, de profunda crisis económica, es evidente que el control del precio de los carburantes se convierta en un elemento estratégico en las políticas de enderezamiento económico, tanto desde el punto de vista de la mejora de la competitividad del tejido productivo de nuestras empresas como desde el punto de vista de mejora de la economía familiar, de las economías domésticas y, por tanto, del fomento del consumo interno.

En este sentido, hace un año, como se ha dicho anteriormente, el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya, aprobaban la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, que incluía un conjunto de medidas muy heterogéneas, diversas, que afectaban a muchos ámbitos. Por lo que respecta al asunto que nos ocupa, tenía como objetivos, en primer lugar, adoptar medidas para la estabilidad de precios de vehículos de automoción; en segundo lugar, adoptar medidas directas para el control de los precios de los carburantes; en tercer lugar, conseguir un funcionamiento más eficaz de este mercado y, finalmente, incrementar la competencia en el mercado de los hidrocarburos líquidos.

La verdad, señorías, es que, transcurrido un año, fundamentalmente la medida estrella que se planteaba era el incremento del número de estaciones de servicio de gasolineras —por cierto, desde nuestro punto de vista, como ya le dijimos, vulneraba las competencias que en materia de ordenación del territorio tienen los municipios—, y el argumento que la sustentaba era el de más gasolineras igual a más competencia y, por tanto, más competencia igual a un mayor control y descenso de precio de los carburantes.

Señorías, transcurrido un año, nada más lejos de la realidad. La aprobación de esta ley no ha ayudado a la consecución de los objetivos que se planteaban, por otra parte, loables, cargados de buenas intenciones y que todos podemos compartir. Hay que reconocer, por tanto, que las medidas que pretendía adoptar esta ley no han conseguido los objetivos deseados y, por tanto, en este




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sentido, después de un año, repito, deberíamos hablar de fracaso, y no solo lo decimos nosotros, no solo lo decimos los grupos parlamentarios, también lo afirman los reiterados y constantes informes de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio que, mensualmente, como ya también se ha dicho, emite la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y me refiero especialmente al informe del mes de enero del año 2014, de este mismo año, en el que se dice que, en primer lugar, el precio de los carburantes, lejos de bajar, aumenta; en segundo lugar, que el incremento del precio internacional del petróleo, conocido como barril Brent de crudo, se traslada inmediatamente al precio de los carburantes en las gasolineras cuando sube el precio, pero, en cambio, cuando baja, el precio final se traslada de una manera muy lenta y, en todo caso, nunca en su totalidad. Y, como también ya se ha dicho, el precio antes de impuestos, tanto de la gasolina como del gasóleo en España son de los más elevados de los países de la Unión Europea. Por contra, el margen de beneficio bruto en España es muy superior a la media de los países europeos, como ya se ha dicho, un 25% en la gasolina y casi un 11% en el gasóleo. Finalmente, este informe dice que las estaciones de servicio independientes tienen precios de venta al público, en general, mucho más bajos que las 3 empresas que copan las 3/4 partes del mercado español, que son Repsol, Cepsa y BP.

En este contexto es en el que tenemos que enmarcar la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, vista la ineficacia y el fracaso de las medidas contempladas en la ley que hemos comentado anteriormente. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista propone una serie de medidas que de algún modo tienen un precedente, como ha dicho el senador Alique, en una moción que habían presentado ellos mismos hace 2 años y también en la proposición de ley para el incremento de la competencia efectiva en el mercado de los hidrocarburos líquidos, medidas que no fueron previstas ni tenidas en cuenta por el Grupo Parlamentario Popular.

¿En qué línea van las medidas que propone en esta moción el Grupo Parlamentario Socialista? Pues en la de garantizar que ninguna empresa que opere en la actividad de refinamiento o comercialización de carburantes pueda ejercer control o influencia significativa sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH. En segundo lugar, en la de devolver a los municipios y comunidades autónomas las competencias, y, por tanto, en la de modificar la ley que hemos comentado anteriormente sobre la regulación de instalaciones de suministro de combustible. Y, en tercer lugar, en la de fomentar la igualdad de oportunidades entre los diferentes operadores, tanto mayoristas como minoristas y los propietarios de instalaciones competidoras de la CLH, en la de reducir la cuota máxima de mercado de los principales operadores al 20%, en la de ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de concesiones, y, finalmente, en la de establecer una metodología común dentro de la Unión Europea para el cálculo de los precios de venta medios nacionales.

A nosotros también nos ha sorprendido la utilización del turno en contra. Creemos que hubiera sido más inteligente, en todo caso, proponer una transaccional, alternativas, si algunas de las medidas no se veían demasiado concretas o eficaces. En definitiva, lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no apoye esta moción, fundamentalmente, porque visto el fracaso de las medidas previstas en la ley de hace un año, quizás podrían contemplarse las propuestas que pudieran venir de la oposición si redundan en los objetivos que pretendía la ley que, repito, compartimos, como en el caso de la mejora de la competencia y, por tanto, en la lucha contra la posición de dominio y de monopolio por parte de algunas operadoras.

Repito que lamentamos la utilización del turno en contra, que no se hayan presentado alternativas y, en todo caso, para finalizar, señalaré que nosotros apoyaremos la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies senyor president.

Senyor Alique, nosaltres compartim molts dels punts d’aquesta extensa moció que avui aquí ens ha presentat, no tots, però la gran majoria els compartim, com aniré detallant a llarg de la intervenció, i el que és evident és el que fa referencia en el camp de l’evolució preus dels carburants d’automoció, i el que està clar és que alguna cosa no va bé perquè quan el preu del cru, i en




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referència al Bren, puja, pugen els preus de manera immediata i quan aquest preu del cru baixa, es tarda un temps. Per tant, alguna cosa no acaba de funcionar de manera correcta.

Però per analitzar tot això voldria com han fet també d’altres portaveus que ha intervingut anteriorment, analitzar alguns dels aspectes que contempla la Llei que es va aprovar justament fa un any, una Llei de mesures de suport a l’emprenedor, una Llei amplia, mesures transversals en diferents àmbits, en l’ocupació, en l’empleabilitat, en la feina dels joves, etc. però també en el camp dels hidrocarburs i especialment pel que fa referencia als combustibles per els cotxes.

Val la pena recordar quines intencions hi havia en aquesta llei, ´quin era l’esperit que recollia, i el que és evident és que l’actual escenari de recessió econòmica i tenint en compte l’evolució de les cotitzacions dels productes petrolífers, es considerava justificat per raons d’interès nacional, vetllar per l’estabilitat dels preus dels combustibles d’automoció i adoptar mesures directes d’impacte immediat sobre els preus dels carburants, alhora que permetessin un millor funcionament i més eficient d’aquest mercat. Això eren intencions de la llei.

També reconeixia algunes coses que val la pena posar damunt la taula: el major nivell de preus abans d’impostos, que també hi ha fet referència gairebé tots els portaveus, dels carburants a Espanya respecte a Europa es constata de forma reiterada que són superiors, per tant aquesta és un altre realitat reconeguda a través dels informes de la Comissió Nacional de la Energia. Així mateix, la Comissió Nacional de la Competència conclou en els diferents informes que, a partir d’una comparació de preus dels carburants de diversos països d’Europa, el comportament dels preus i marges de mercat de distribució de carburants a Espanya mostra signes d’una reduïda competència efectiva. Es a dir, reconeixement que hi ha manca de competència, i d’una competència com cal.

En aquest sentit, s’adopten una sèrie de mesures tant en l’àmbit del mercat majorista com en l’àmbit del mercat minorista, i per destacar les principals, es deia que en l’àmbit majorista es considera necessari garantir que l’eficiència de la logística d’hidrocarburs permeti que els costos de distribució siguin el més baixos possible. D’acord, siguin el més baixos possible. I en l’àmbit minorista del sector es proposen mesures per eliminar barreres administratives, simplificar tràmits, l’apertura de noves instal·lacions de subministrament minorista, de carburants i mesures per fomentar l’entrada de nous operadors. Tot això es contemplava, totalment d’acord, però la realitat és que la Llei en aquest sentit s’ha manifestat totalment insuficient per aconseguir tots aquests aspectes.

Però jo voldria també, ja que parlem de carburants d’automoció, és també parlar de energia i de política energètica i crec que val la pena també manifestar en aquests sentit la preocupació general que tenim de que no hi ja una política energètica per part dels Governs de l’Estat espanyol. Una política energètica clara, una política energètica definida i una política energètica que venim demanant de maner reiterada des de fa molt de temps. Des de la Legislatura passada, quan governaven els Socialistes, a l’actual.

I per tant, estem veient en aquests moments diferents moviments en països a nivell europeu i fora d’Europa, de les pugnes que hi ha per liderar la política energètica mundial. La manca de subministraments en alguns països europeus, i com s’exerceix el lideratge a partir de l’energia. Per tant tot això què ens posa de manifest, que vull dir amb tot això? Que la política energètica és una qüestió estratègica d’un país de cabdal importància per qualsevol Estat, i que lamentablement aquí no veiem que aquesta sigui una prioritat per aquest govern, i per tant ho lamentem i ho estem patint.

Evidentment, per fer referencia a la moció que ens presentava el senyor Alique, és evident que totes aquelles mesures favorable a la transparència, la competitivitat, la transparència entre subministradors perquè en definitiva el consumidor pugui tenir un millor preu, amb tot això, totalment d’acord. Però també hi ha alguns aspectes en que nosaltres discrepem i és a dir que un excés d’intervencionisme en els mercats va en contra d’un procés liberalitzador del sector, i per tant veiem que hi ha algun punt en el que no estem totalment d’acord. I també voldria dir que hi ha aspectes que són competències de les comunitats autònomes i que ens hagués agradat que s’hagués detallat de manera clara que moltes de les iniciatives que es proposen com a objectius en aquesta moció, són competència de les comunitats autònomes.Per tant, i atès que no es pot votar una moció punt a punt, i estan d’acord en molts dels punts, n’hi ha alguns en els que nosaltres discrepem, i per tant, per tot això, la nostre posició en aquesta moció és d’una abstenció, tot i




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reconeixent que estem molt d’acord en que cal fomentar la competitivitat, la transparència, la competència i que, en definitiva els preus han de ser molt més competitius, perquè realment això té una incidència diària i pràctica sobre l’evolució de l’economia espanyola i d’aquest país, i en definitiva cal fer encara molts esforços en aquesta línia.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Alique, nosotros compartimos muchos de los puntos de esta extensa moción que nos ha presentado hoy aquí. No todos, pero sí la gran mayoría, como iré detallando a lo largo de mi intervención. Lo que es evidente es que, sobre todo, en lo que se refiere al campo de la evolución de los precios de los carburantes de automoción, algo no está funcionando bien, porque cuando el precio del crudo —en referencia al Brent— sube, los precios suben inmediatamente, y cuando este precio del crudo baja, se tarda un tiempo. Por tanto, algo no acaba de funcionar correctamente.

Para analizar todo ello, quiero, como han hecho los portavoces que han intervenido anteriormente, analizar algunos de los aspectos que contempla la ley que se aprobó justamente hace un año, la Ley de medidas de apoyo al emprendedor; una amplia ley que contiene cuestiones transversales sobre diferentes ámbitos: el empleo, el trabajo de los jóvenes, etcétera, y también la situación de los hidrocarburos, especialmente de los combustibles para los coches.

Es necesario recordar qué intenciones tenía esta ley, cuál era su espíritu. Lo que es evidente es que en el escenario actual de recesión económica, teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, se consideraba justificado por razones de interés nacional velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre esos precios, a la vez que permite un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en este mercado. Estas eran las intenciones de la ley.

Pero reconocía más cosas, y conviene ponerlo encima de la mesa. Existe un mayor nivel en los precios antes de impuestos de los carburantes —y todos los portavoces han hecho referencia a ello— respecto a Europa; se constata de manera reiterada que son superiores. Esta es una realidad reconocida en los informes de la Comisión Nacional de la Energía. Sin embargo, la Comisión Nacional de la Competencia en sus diferentes informes concluye, a partir de la comparación de los precios de los carburantes de diferentes países de Europa, que el comportamiento de los precios y márgenes de mercado de distribución de carburantes en España muestra signos de una reducida competencia efectiva. Es decir, reconocemos una falta de competencia al respecto.

En este sentido se propusieron una serie de medidas, tanto en el ámbito del mercado minorista como en el del mercado mayorista, y voy a referirme a ello destacando las principales. En el ámbito mayorista se considera necesario garantizar que la eficiencia de la logística de hidrocarburos permita que los costes de distribución sean lo más bajos posible y para el ámbito minorista del sector se proponen medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar trámites, la apertura de nuevas instalaciones de suministro de carburante a minoristas y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores. Todo esto se contemplaba, estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que la ley se ha manifestado totalmente insuficiente para conseguir estos objetivos.

Ya que hablamos de carburantes y automoción, también quiero referirme a la energía y a la política energética. En este sentido, es necesario manifestar la preocupación general que existe porque no haya una política energética por parte del Gobierno del Estado español; una política energética clara y definida que venimos pidiendo de forma reiterada desde hace mucho tiempo, desde la legislatura pasada, cuando gobernaban los socialistas, hasta la actual.

En este momento vemos diferentes movimientos en países europeos y de fuera de Europa por las pugnas que existen para liderar la política energética mundial. Se ha evidenciado la falta de suministro de algunos países europeos y cómo se ejerce un liderazgo a partir de la energía. Y todo esto, ¿qué pone de manifiesto? Que la política energética es una cuestión estratégica para un país, es de vital importancia para cualquier Estado, pero lamentablemente no vemos que para este Gobierno sea una prioridad. Lo lamentamos y también lo estamos sufriendo.

Si nos referimos a la moción que ha presentado el señor Alique, es evidente que todas las medidas van encaminadas a favorecer la transparencia, la competitividad, la competencia entre los suministradores y, en definitiva, a que el consumidor pueda obtener el mejor precio. Estoy




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totalmente de acuerdo con todo esto, pero también hay algunos aspectos en los que discrepamos, y es que un exceso de intervencionismo en los mercados va en contra de un proceso liberalizador del sector, y por tanto, vemos que hay algún punto con el que no estamos de acuerdo. Y también hay aspectos que son competencia de las comunidades autónomas, y nos hubiese gustado que se hubiera dicho de manera clara que muchas de las iniciativas que se proponen como objetivos en esta moción son competencia de las comunidades autónomas. Así pues, y ya que no se puede votar solo un punto de la moción, estando de acuerdo con muchos de ellos, hay otros con los que discrepamos, y por tanto, nos abstendremos en la votación, aunque reconocemos que estamos muy de acuerdo en que hay que fomentar la competitividad, la transparencia y la competencia, y que en definitiva los precios tienen que ser mucho más competitivos porque esto tiene una incidencia diaria y práctica sobre la evolución de la economía española, y todavía hay que hacer muchos esfuerzos en esta línea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del Grupo Vasco y las palabras del senador Anasagasti, así como el apoyo del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, pero simple y llanamente no entiendo al Grupo Convergència i Unió, porque ustedes coinciden mayoritariamente con lo que plateamos; podrían haber presentado una enmienda y seguramente habríamos podido llegar a un acuerdo. Así pues, si creen que la finalidad es buena, les pido que reflexionen de aquí a la votación.

Señorías, en el último Pleno defendí en esta Cámara lo que considero es un ataque de este Gobierno a las energías renovables. Dije entonces, y lo repito ahora, que esta es la legislatura de las oportunidades perdidas, y me reafirmo en ello. ¿Recuerdan las primeras declaraciones del presidente del Gobierno y de sus ministros? Hablaban de forma un tanto grandilocuente de reformas estructurales, de políticas a largo plazo, de planes de competitividad, de reorientación del tejido productivo, y al final, ¿adónde hemos llegado?, ¿qué es lo que queda de todo aquello? Pues, señorías, nada de nada. El Partido Popular engañó a los ciudadanos para ganar las elecciones cuando prometieron que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo y se ha destruido 1 millón; cuando dijeron que no recortarían en educación, sanidad y dependencia, y lo han hecho un día sí y otro también en el Estado de bienestar. Ustedes han utilizado el paraguas de la crisis para llevar a cabo su ideología, para modificar el modelo económico y social, para cambiar servicios públicos por negocio privado y, en definitiva, para institucionalizar la precarización. ¿Y cómo lo han hecho? Pues precarizando el empleo y bajando los salarios, rebajando el poder adquisitivo de las pensiones, y deteriorando la educación, la sanidad y la dependencia. El resultado es más paro, más desigualdad, más pobreza, más dolor y más sufrimiento. A este Gobierno, que no va más allá de la reducción de los costes salariales y del gasto social, el Grupo Parlamentario Socialista le quiere decir que hay otra forma de hacer política, de gestionar la economía, de defender los intereses de los ciudadanos y de mejorar el tejido productivo sin que nadie pierda y sin que nadie quede excluido. Es más, el Grupo Parlamentario Socialista considera que sin esas políticas que les estaba comentando cualquier salida de la crisis será, por ortodoxa que sea, una salida en falso porque seguiremos estando condenados a seguir padeciendo los mismos males.

Por tanto, el Gobierno no puede mirar para otro lado y tiene, y es su obligación, que adoptar medidas encaminadas a introducir más competencias en los mercados, porque, señor Palacios, los mercados no están funcionando en este momento; lo dijo hace dos años la Comisión Nacional de la Competencia y ahora la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que ustedes han creado. Señor Palacios, es increíble que diga usted que el Gobierno no puede hacer nada, echando balones fuera. Le recuerdo que la liberalización de este sector la hizo el Partido Popular a finales de los años noventa. ¿Y sabe lo que dijeron entonces? Que lo hacían para mejorar los servicios y para que bajasen los precios, y ha sido un fracaso porque los precios no han bajado. ¿Y por qué no han bajado los precios? Porque no hay competencia —se lo dijo hace dos años la Comisión Nacional de la Competencia y ahora la actual Comisión Nacional del Mercado de la Competencia—, y siguen ustedes mirando para otro lado. Parece que aceptan que unos pocos




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—muy pocos—, las grandes petroleras, sigan forrándose —hablando en plata— a costa del bolsillo de los ciudadanos, de las pymes y de los autónomos de nuestro país.

Señoría, le voy a decir cómo funciona esto. Yo algunas veces echo gasolina en Alcalá de Henares, en Alcampo, y pone: gasolina suministrada por Repsol, hace unas semanas a 1,259. Voy hacia Guadalajara, hacia mi ciudad, y me encuentro 2 gasolineras de Repsol y del oligopolio, y están a 1,359 y a 1,459. ¿Por qué ocurre esto, señorías? Porque 6 de cada 10 gasolineras son de las 3 operadoras dominantes, y porque 7 de cada 10 litros los venden estas operadoras. Por lo tanto, más gasolineras no es igual a más competencia; pero menos posición dominante de las 3 grandes operadoras sí es competencia.

Eso es lo que le estamos pidiendo, señorías. Este Gobierno debe dejar de jugar al ratón y al gato con los consumidores, con las pymes y con los autónomos y dar la cara de una vez por todas. En este contexto es donde se enmarcan precisamente las reformas que les pedimos que hay que acometer para que el mercado de los carburantes y el de la electricidad dejen de ser un lastre y una rémora para la competitividad de nuestra economía y pasen a ser una palanca y un factor de desarrollo, de creación de riqueza y de empleo. Pero con medias tintas, con servidumbres espurias y con comportamientos injustificados como los de este Gobierno, no va a cambiar absolutamente nada; eso sí, a Repsol, a Cepsa o a BP le irá bien, pero les irá mal a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos de nuestro país.

Señorías, no son de recibo los márgenes brutos de distribución a corto y a medio plazo para los consumidores españoles en el mercado de los combustibles, tanto de la gasolina como del gasóleo, porque esa es la principal causa de los precios desorbitados que hay en este momento antes de impuestos en los carburantes, que no tienen ningún parangón con Europa, como tampoco es de recibo que se cobre sobre retribuciones de las centrales nucleares o de las hidroeléctricas.

Pues bien, señorías, en uno y en otro caso hay un primer denominador común, que son las grandes empresas, oligopolios de oferta, comportamientos monopolísticos, fijación de precios, beneficios extraordinarios. Esa es la película. Y en uno y en otro caso hay otro segundo denominador común: un Gobierno títere que no hace absolutamente nada y que permite que esas grandes empresas se apropien indebidamente de parte de la renta de los consumidores en detrimento de su poder adquisitivo y del conjunto del sistema.

Le voy a dar 2 datos. Cada familia necesita un 4,4% de sus gastos para abastecerse del carburante al cabo del año; es decir, unos 1300 euros al año. Otro dato: el gasóleo para un transportista significa un 40% de sus gastos de explotación. Señorías, la relación que mantiene este Gobierno con las grandes empresas es una especie de toma y daca que, en cierto modo, recuerda a uno de esos partidos amañados de un mundial cuando a uno y a otro contendiente le sirve el empate para clasificarse, que en algunos casos, no pocos —y ahora me refiero a la política del Gobierno—, han acabado en comedia cuando no en tragedia.

Señorías, todos hemos conocido y hemos sido testigos de las fervorosas defensas de la libertad de mercado para la fijación de precios que ha hecho el señor Soria en esta Cámara —ahí está el Diario de Sesiones para atestiguarlo—; fervorosas defensas de la libertad de mercado para la fijación de precios que inmediatamente, en algún caso, han sido seguidas de actuaciones intervencionistas que venían a contradecir ese credo expresado con tanta vehemencia tan solo unos días antes. Para muestra un botón: en el recuerdo quedan hitos tan sobresalientes, desde el punto de vista del esperpento político, como la archiconocida —y la recordarán— anulación de la subasta eléctrica y el establecimiento de unas normas nuevas para fijar las tarifas, que ya veremos dónde acaba; de momento puede acabar en una importante subida del recibo de la luz en este mes.

Por lo tanto, vamos de vodevil en vodevil, vamos de sainete político en sainete político, vamos de despropósito en despropósito, y se me acaban los calificativos. Pero, señorías, no se me acaban los calificativos para denunciar, alto y claro, y para exigir un respeto para cada uno de los ciudadanos, de las pymes, de los autónomos de este país que, señorías del Grupo Parlamentario Popular, tienen todo el derecho a tener y a disfrutar de unos mercados competitivos en sectores tan estratégicos como el de los carburantes o el de la electricidad. Basta ya de medidas inocuas como las que aprobaron ustedes hace tan solo un año, porque solo son una cortina de humo; basta ya de políticas serviles; basta ya de sumisión al poder de las grandes empresas; y basta ya de anteponer los intereses particulares a los intereses generales.




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El Grupo Parlamentario Socialista les pide, les exige que haya un cambio de rumbo, empezando por este sector, el de los carburantes y el de los combustibles de automoción, en un momento en el que, como le decía al principio, muchas personas que utilizan el vehículo han visto que ha subido de una forma considerable el precio de los carburantes. Este sector de los carburantes es vital para el bolsillo de los ciudadanos, es vital para el transporte terrestre y es vital para la competitividad de nuestras empresas, especialmente para nuestras pymes y autónomos, y es un sector, señorías, que debe estar en la matriz del cambio de un nuevo modelo económico, innovador, competitivo y sostenible, que genere empleo, que genere riqueza, que genere igualdad y también cohesión económica y territorial.

Creemos que esta moción que presenta el Grupo Socialista va en el buen camino. Son medidas valientes, atrevidas y antimonopolio, medidas necesarias para romper las barreras que hoy existen y que dificultan que entren nuevos competidores en el mercado de los hidrocarburos líquidos, abriéndose así a la competencia, porque es necesario que haya competencia en este sector, y contribuyendo con ello a reducir los márgenes empresariales, que son abusivos en este país, y a que se moderen los precios y se ajusten a la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo.

Señorías, simplemente es vergonzoso e inaceptable que ocurra esto al mismo tiempo que estas grandes empresas anuncian importantes beneficios en sus cuentas de resultados. Señorías del Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Socialista está del lado de los ciudadanos, de las pymes, de los autónomos; ustedes están del lado del oligopolio y de los poderosos. Por eso les pedimos que rectifiquen. (Protestas.—Aplausos). Sí, señorías, hoy tienen ustedes oportunidad de cambiar de bando y defender el interés de los ciudadanos, de las pymes de nuestro país y de los autónomos. ¿Saben cómo? Votando a favor de la moción del Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, senadores Anasagasti y Bruguera, he de decirles que no tengo por costumbre utilizar el turno en contra, pero en este caso esta es una moción muy técnica, muy larga —son 3 folios de petitum— y he considerado que era necesario hacerlo para poder explicar los argumentos por los que entendíamos que esta moción era innecesaria.

En mi primera intervención les decía que el problema de este país está en los precios antes de impuestos de los carburantes. ¿Y cuáles son las razones? Ya las han dicho algunos de los portavoces que han intervenido desde esta tribuna. En primer lugar, el grado de concentración en la propiedad de las refinerías y de las estaciones de servicio, que es mayor que en los países de nuestro entorno, y, en segundo lugar, los elevados márgenes de nuestros carburantes.

Pero esta situación no es nueva, no es de hoy, porque desde hace muchos años las 9 refinerías aptas para producir carburantes pertenecen a 3 operadores, y estos, a su vez, tenían el 55% de las estaciones de servicio. Y no solo eso, sino que entre los años 2007 y 2010, es decir, durante la etapa del Gobierno socialista, esos operadores aumentaron su margen bruto de beneficio en un 20%. Esto no me lo estoy inventando; fue la anterior Comisión Nacional de la Energía la que año tras año venía denunciando ese mayor nivel de precios antes de impuestos de los carburantes en España en sus informes de supervisión, y lo hacía también la Comisión Nacional de la Competencia, que advertía que el comportamiento de los precios y los márgenes del mercado de distribución de carburantes era una muestra de la reducida competencia efectiva que había en este país. Pero no solo eso, sino que además esos informes recomendaban al Gobierno anterior de manera reiterada que tomara una serie de medidas para paliar los efectos perniciosos. Y este, a pesar de que las operadoras aumentaron el margen, como les he dicho, en un 20%, y a pesar de que la gasolina subió en un solo año un 16%, la única medida efectiva o efectista que tomó fue la de reducir la velocidad máxima en las vías rápidas a 110 km/h. ¿Lo recuerdan, señorías? Esta era la situación. Esto es lo que nos dejó el Partido Socialista. Porque la Comisión Nacional de la Competencia en un informe del año 2012 describía muy bien la situación que se había producido en España a finales del año 2011: los precios y los márgenes de los carburantes en nuestro país seguían estando entre los más altos de la Unión Europea, estaban por encima de los de las




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economías de un tamaño comparable al nuestro y se producía ese efecto de plumas y cohetes que nos ha explicado el portavoz socialista.

El hecho es que estos mismos que ahora presentan esta moción nada hicieron en los años en que gobernaron, y ahora en su moción lo que pretenden es que se devuelvan a las administraciones locales las competencias para la concesión de licencias municipales en la apertura de nuevas gasolineras, lo cual es algo insólito, porque la antigua Comisión Nacional de la Competencia señaló reiteradamente esto como uno de los obstáculos para poder rebajar el precio final de los carburantes, puesto que, como decía esa comisión, la escasez de estaciones de servicio en muchas zonas de nuestro país se debía a las trabas burocráticas y administrativas que ponían los ayuntamientos, y decía además que la apertura de nuevas estaciones de servicio en entornos urbanos seguía siendo muy complicada porque los procedimientos administrativos de concesión de licencias podían prolongarse durante demasiado tiempo debido a que los ayuntamientos seguían disponiendo de numerosos instrumentos con los que controlar o retrasar la apertura de gasolineras en sus términos municipales. Esto no lo dicen ahora, lo decían en la etapa del Gobierno socialista. (Rumores).

Estas trabas son las que se han subsanado con la Ley 11/2013, y ahora, cuando se está demostrando que esa medida ha sido efectiva para mejorar la competencia, vienen ustedes y nos plantean volver a la situación anterior, es decir, la que influía negativamente en la concentración minorista, en la estabilidad de cuotas de mercado, en la introducción de nuevos modelos de negocio competitivos y en el tamaño potencial del mercado mayorista. Y les tengo que decir que la verdad es que no lo entiendo. (Rumores).

Señorías, el actual Gobierno tiene entre sus prioridades que en este país podamos tener una gasolina y un gasóleo a unos precios similares a los de los países de nuestro entorno y por eso ha tomado una serie de medidas —lo que no hicieron ustedes— para acabar con todas esas barreras para la entrada y expansión de otros operadores, para acabar con los elevados márgenes en los carburantes de automoción y para acabar con esas trabas burocráticas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor PALACIOS ZUASTI: Y lo ha hecho a través de 2 disposiciones: el Real Decreto Ley 4/2013 y la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, con las que se han incluido una serie de medidas tanto en el mercado de mayorista como en el de minorista para introducir una competencia más efectiva, limitar el poder de los operadores dominantes, reducir la barrera de entrada a nuevos operadores, velar por la estabilidad en el precio de los combustibles de automoción, facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio, al tiempo que se limita el poder de mercado de los grandes operadores, y lograr un funcionamiento más eficiente de este mercado.

Por tanto, este Gobierno, el actual Gobierno, a diferencia del anterior, no ha perdido el tiempo, se ha ocupado del tema y ha tomado medidas que están contribuyendo a que el precio de la gasolina y del gasóleo pueda abaratarse; medidas que ya están dando resultados: el margen bruto, como les decía antes, se ha reducido en un 0,7% en el caso de la gasolina, mientras que en la eurozona se ha incrementado en el 1,3%. Unas medidas, unas modificaciones que han sido analizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su informe del pasado 6 de marzo, en el que se valora favorablemente la nueva regulación de los contratos de suministro en exclusiva de carburantes, se dice que los contratos anteriores constituían una de las principales barreras a la entrada y expansión en España de operadores petrolíferos y se dice expresamente que las limitaciones establecidas en la nueva ley son recomendables y coherentes con la normativa de competencia e incluso va más allá de lo que impone la normativa comunitaria en el caso de la duración de los contratos. Esto lo dice la Comisión Nacional, por tanto no entiendo, señor Alique, que diga que este Gobierno ha fracasado en la materia.

Aunque el tiempo transcurrido desde esta reforma es poco todavía, sus efectos favorables ya los estamos viendo. La realidad es que los 3 grandes operadores han perdido 9 puntos de cuota de mercado en estaciones de servicio en favor de otros mayoristas de hipermercados y de supermercados. Entre el mes de febrero de 2013 y febrero de 2014, con la nueva normativa, con esa medida, que el señor Bruguera decía que era la medida estrella, se ha conseguido que se hayan abierto un 41% más de estaciones de servicio que en el mismo período




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de los años 2012-2013 y un 36% más que entre los años 2011-2012. Por tanto, señor Bruguera, de fracaso nada de nada. Las reformas puestas en marcha por el actual gobierno están empezando a reconducir la situación, y no solo eso sino que, además, este Gobierno sigue muy de cerca la cuestión y está realizando una supervisión permanente del sector de los combustibles, por lo que va a seguir impulsando cuantas medidas sean necesarias y oportunas para garantizar un funcionamiento del mercado que sea transparente y competitivo y con un único objetivo: que los carburantes en este país no lastren a nuestras familias, a las pymes y al resto de nuestra industria. Y esto lo va a hacer, señor Alique, aunque tenga que ir contra su famoso oligopolio. Lo hará. En definitiva, va a tomar las medidas que sean necesarias para que los carburantes coadyuven al bienestar de todos los ciudadanos, a la competitividad de la economía en general y a la creación de empleo. Y, por eso, señor presidente, vamos a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 230; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes.

Eran las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

10.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000072)

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Sanz.

EL señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicado el día 22 de mayo de este año, y se ha tramitado por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el día 3 de junio, y fue ampliado hasta el día 9 del mismo mes. Se presentaron 8 propuestas de veto y 181 enmiendas. Las 8 propuestas de veto fueron las siguientes: de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; de la senadora Capella i Farré, del Grupo Mixto; del Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió; de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; de los senadores Almiña Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Entesa; del senador Martínez Oblanca, del Grupo Mixto; del Grupo Vasco en el Senado; y finalmente, del Grupo Socialista.

Por su parte, las enmiendas se distribuyeron de la siguiente forma: 13 enmiendas de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Popular en el Senado; 19




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enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; 22 enmiendas del Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió; 58 enmiendas del Grupo Entesa; 11 enmiendas del Grupo Vasco; 39 enmiendas del Grupo Socialista; y 19 enmiendas del Grupo Popular en el Senado.

La comisión se reunió el pasado 24 de junio y acordó designar la siguiente ponencia para informar este proyecto de ley: por el Grupo Popular, don Juan Antonio de las Heras y doña Virginia Romero Bañón; por el Grupo Socialista, la senadora Sanz Murillo y el senador Vázquez García; por el Grupo Catalán, el senador Ferran Bel Accensi; por el Grupo de la Entesa, el senador Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco, la senadora Martínez Muñoz; y por el Grupo Mixto, el senador Martínez Oblanca. Dicha ponencia elevó a la comisión el informe que introducía como modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas 163 a 167, 169, 172 y 173, 175 y 177 a 181, presentadas por el Grupo Popular.

La comisión se volvió a reunir el pasado 26 de junio para dictaminar, y tras el debate correspondiente se votaron las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas. Se debatieron las enmiendas, y finalmente se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, con la inclusión de una enmienda transaccional sobre la enmienda número 1, de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Popular, resultando aprobado por 16 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.

Han presentado votos particulares el Grupo Mixto, respecto a las propuestas de veto número 1 y número 2 y a las enmiendas 14 a 32; el senador Martínez Oblanca, respecto a su propuesta de veto número 6; el Grupo Vasco en el Senado, respecto a su veto número 7 y a sus enmiendas presentadas; el Grupo Catalán, respecto a su propuesto de veto número 3 y a sus enmiendas presentadas; los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Popular, respecto a sus enmiendas 2 a 13; el Grupo Socialista, respecto a su propuesta de veto número 8 y a sus enmiendas presentadas; el Grupo Popular, respecto a sus enmiendas 168, 171 y 176; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, respecto a su propuesta de veto número 4; los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Entesa respecto a su propuesta de veto número 5; y el Grupo Entesa respecto a sus enmiendas 55 a 112. Además, el Grupo Entesa ha presentado un voto particular para volver al texto del Congreso en la parte enmendada por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por último, señorías, debo advertirles de que, como consecuencia de la retirada de las enmiendas número 170 y 174, del Grupo Popular, han quedado sin sentido las referencias a los apartados uno a cinco del artículo 28, apartados seis a ocho del artículo 28 y a la disposición transitoria novena, que figuraban en la disposición adicional quinta, por lo que se suprimirán del texto oficial del Senado.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 2, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la senadora Capella para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda.

Señorías, una vez más debo iniciar mi intervención en esta Cámara adjetivando el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa de proyecto no compartido y de reforma impuesta. Asimismo, describo una realidad que va siendo cada vez más habitual: el grado de desencuentro o, mejor dicho, de fractura entre el Gobierno y el partido que le da apoyo con el resto de los partidos políticos que conforman el actual Senado, lo que se traduce una vez más en 8 vetos presentados al proyecto de ley y, en consecuencia, en un rechazo frontal al proyecto de ley que nos presentan hoy aquí.

Dirán que las posiciones de los distintos partidos que conforman la oposición política al Gobierno no son monolíticas o al cien por cien coincidentes. Cierto, pero es evidente que existen muchos puntos de coincidencia respecto de por qué el presente proyecto de ley no es un buen proyecto y no cumplirá con los objetivos que ustedes dicen perseguir. Efectivamente, en la




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exposición de motivos del proyecto de ley se nos dice que obedece a criterios de sostenibilidad de la Administración pública a los efectos de que esta sea eficaz y eficiente. A priori este planteamiento es asumible por todo el mundo, por toda la Cámara, y lo compartiríamos al cien por cien todos los grupos del hemiciclo; pero a criterio de Esquerra Republicana este proyecto de ley no nos explica cómo será de eficiente y eficaz la Administración pública a la hora de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, en cambio, sí nos explica la intencionalidad política del propio proyecto de ley.

La dimensión de la Administración pública, la reforma que ustedes proyectan, se plantea desde la óptica de la reducción del gasto, de la estabilidad presupuestaria, de la reducción del déficit público y la priorización del gasto y de la deuda. Ustedes en ningún momento plantean esta reforma desde la óptica de la Administración central en atención a las muchas competencias que ya no ostenta la Administración central y que han sido transferidas a las comunidades autónomas. Tampoco se formulan la pregunta que deberían formularse antes de proceder a cualquier reforma política: qué necesito y para qué, para hacer qué. Deberían formularse esta pregunta en todas las acciones que llevan a cabo; se habrían ahorrado un montón de disgustos, entre ellos, trenes que no llevan a ninguna persona, carreteras por las que no circulan coches, aeropuertos donde no aterrizan aviones.

Nos dicen que la redimensión tiene que ver con la consolidación del déficit y la estabilidad presupuestaria. Este es su dogma de fe. Ahora bien, en la exposición de motivos de la ley reconocen que el porcentaje de gasto público en el PIB español es bajo respecto de la media de los países europeos —lo dice la propia exposición de motivos—, si bien ustedes olvidan una parte importante de cómo se sostiene lo público, de qué manera debe ser sufragada la Administración pública, el sector público. La Administración pública y los servicios públicos, efectivamente, deben ser sufragados con los ingresos. Es cierto que estos han descendido a consecuencia de la crisis económica y el descenso de la actividad económica. También resulta sorprendente que la lucha contra el fraude fiscal no haya sido ni sea una prioridad de este Gobierno, pero, se mire por donde se mire, es evidente que existe y persiste una enorme bolsa de fraude fiscal, a pesar de lo que diga su compañero de partido, el señor Utrera, que nos decía esta mañana que no es cierto que el fraude fiscal esté dimensionado, como manifiestan los partidos de la oposición. De manera que el gasto público no es el problema; el problema, en todo caso, es la falta de ingresos.

Este es un proyecto de ley recentralizador, no nos cansaremos de decirlo. Ustedes tienen un plan preconcebido. Este proyecto de ley es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular.

De la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas se desprenden dos grandes reformas o dos reformas de gran calado: la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha supuesto limitar la autonomía local y reducir sustancial y notablemente las competencias locales y autonómicas. Y la segunda gran reforma, también de enorme calado, es este proyecto de ley, que pretende eliminar, en palabras de la propia ley, las duplicidades administrativas entre administraciones del Estado y comunidades autónomas.

Se trata de un proyecto de ley elaborado con el objetivo de laminar las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado. Se trata, a fin de cuentas, de reducir las comunidades autónomas a meras delegaciones de la Administración General de Estado dedicadas a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno del Estado español. Este proyecto de ley forma parte del programa de reformas que continúa con el desarrollo del artículo 135 de la Constitución, con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pese a que el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria supone afectar gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria está repercutiendo en la atención a las personas, especialmente de las más necesitadas, se mire como se mire. Lo hemos recordado esta mañana en el debate sobre el techo del déficit. Además, la falta de recursos públicos que supone sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y universalidad. Poner límites al déficit público, y más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica y la aniquilación ideológica de la salida social a la crisis.




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El presente proyecto de ley se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que prevé el artículo 149.1.18ª de la Constitución. Se trata de una competencia de carácter transversal que es utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las comunidades autónomas. De nuevo, ustedes infringen, en este caso, el Estatut d’Autonomia de Catalunya, porque en este proyecto de ley se extralimita la determinación de aquellas materias que deben tener la consideración de básicas, de acuerdo con el actual marco de distribución de competencias. El ámbito de decisión del Generalitat de Catalunya y del resto de las comunidades autónomas queda enormemente reducido y se le impide el desarrollo de políticas propias. De este modo, se reduce la descentralización política a mera descentralización administrativa, imponiendo una rigurosa y monolítica uniformidad.

Así pues, por ejemplo, y en el ámbito de la fiscalización de cuentas, se modifica la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas para favorecer la supresión de la Sindicatura de Comptes y el resto de órganos autonómicos equivalente. Por ello, se crean secciones territoriales del Tribunal de Cuentas desde una visión absolutamente centralista y homogeneizadora. Y también en el ámbito de las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, pretendiendo así facilitar la integración en la Aneca de las entidades de las comunidades autónomas que ejercen dichas funciones.

Además, y en otras muchas medidas, el proyecto de ley pretende imponer la licencia federativa única mediante la modificación del apartado cuarto de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Dicha imposición es de nuevo fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el Partido Popular. La modificación proyectada supone convertir a las federaciones autonómicas en simples delegaciones de la federación española, sustrayendo cualquier ámbito de decisión y subordinándolas a esta. Todo ello por un interés eminentemente recaudatorio, que pretende dotar de recursos a las federaciones estatales sustrayendo a las autonómicas, con las consecuencias que ello comporta para el deporte de base, en este caso en Cataluña.

La Administración del Estado, por otro lado, queda indemne a la racionalización. Se convierte en el tablón de anuncios del Boletín Oficial del Estado y reasume competencias. Ustedes desatienden con ello los mandatos constitucionales del artículo 9.2, que dice que la principal función de los poderes públicos es remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la personalidad, y en este caso, las políticas de proximidad, que también ayudan a remover los obstáculos.

Ustedes caminan en sentido contrario a las demandas de la ciudadanía. Ustedes se apoyan en menos Administración activa, menos Administración próxima, menos Administración eficaz y eficiente.

Por todo lo expuesto, parece que de lo que se trata es de imponer un marco homogéneo a una realidad heterogénea que a ustedes no les gusta.

Por los motivos expuestos, y por otros muchos que ya han sido relatados a lo largo de mis muchas intervenciones en esta Cámara, hemos presentado el siguiente veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, para el que solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Y por estos motivos y por los que también expresarán el resto de portavoces, que han quedado transcritos a través de los vetos presentados, apoyaremos los presentados por los demás grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 6, presentada por el senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. El último paso parlamentario de este proyecto de ley culmina un fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular para llevar a término una de las reformas de mayor complejidad pero también de mayor necesidad para España. Hemos consumido abundantemente la mitad de la X Legislatura,




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estamos enfilando el periodo preelectoral de las elecciones locales y autonómicas, y el Gobierno nos aporta una iniciativa legislativa que en la práctica rubrica la renuncia a pegar el escobazo a la multitud de chiringuitos y demás sucedáneos, parásitos de los recursos públicos, que han proliferado a lo largo de la última década por toda la geografía administrativa española.

Asombra, aunque ya no sorprende, que quienes desde la oposición esgrimieron bandera de combate contra el inaceptable derroche del coste de nuestras administraciones hoy hagan renuncia de aquella lucha. Entonces se alarmaban, muy razonablemente, por el aumento del coste de nuestras administraciones, que en el periodo comprendido entre 2005 y 2011 se disparó desde el 38,4% del PIB hasta el 45,2%. Pero ahora no entran en el fondo del problema y avalan una ley de efecto blandiblú, producto de una especie de faena normativa de aliño con la que aspiran a superar un trámite que no responde ni de lejos a lo que el PP reclamaba durante esos años y la sociedad española exige de forma inexcusable. Basta ver las secuelas económicas derivadas de una crisis devastadora, absolutamente incompatible con organismos públicos innecesarios, duplicados, a veces hasta triplicados, y con frecuencia opacos, hasta el punto de burlar los controles democráticos más elementales. Más de dos años y medio hemos esperado para esto que el Gobierno titula como racionalización y que resulta una renuncia a la búsqueda de consenso por parte de un partido que gobierna con mayoría absoluta la Administración del Estado y también en 12 de las 17 comunidades autónomas, así como en una gran mayoría de los 8000 ayuntamientos y entes locales.

Como presidente, Rajoy ha desperdiciado una oportunidad histórica y probablemente irrepetible en mucho tiempo para propiciar el saneamiento de las administraciones y despejarlas de tantísimo tejido adiposo, sobrante, carísimo y nocivo para la economía española.

Así las cosas, tras dos años y medio de espera, lo único que se confirma con este proyecto de ley es que el Partido Popular vuelve a desistir de sus propios compromisos electorales. Se han olvidado de ellos, pese a que hablamos de la primera página del programa, escrita y firmada por el propio Mariano Rajoy. Hoy el Gobierno da esquinazo al problema y esquiva el fondo del asunto del sobrepeso generalizado en el sector público, teniendo como tiene la enorme ventaja de ser del mismo signo político que muchas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que sin duda hubiese facilitado la interlocución para llevar a término las cosas que se reclamaban con mucho ahínco desde los bancos de la oposición y hacerlo además desde un amplio consenso. Esperábamos desde el principio de la legislatura, allá por diciembre de 2011, que el combate contra el sobredimensionamiento del sector público fuese una constante y, de hecho, no tardó muchas semanas el Gobierno en comparecer ante el Senado para anunciar medidas iniciales muy ambiciosas en el corto plazo, que acabaron resultando un auténtico bluf. Yo mismo tuve oportunidad de utilizar algunos turnos en las sesiones de control para interesarme por los avances en el adelgazamiento del sector público, porque ya se percibía un giro copernicano respecto de la multitudinaria e hipermediática comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante la Comisión Constitucional, en la que fijó en 2381 empresas, 613 fundaciones y 1029 consorcios los entes públicos existentes en España. El resultado final de este proyecto de ley está muy lejos de ayudar al factor de competitividad que deben jugar las diferentes administraciones públicas en el desarrollo de sus ámbitos territoriales.

Tampoco parece muy claro el devenir legislativo sobre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, afectada por un sector público sobredimensionado en el que no pocos organismos y entidades se solapan, son perfectamente prescindibles y recargan sobre el bolsillo de los ciudadanos unos costes inasumibles que acaban por repercutir negativamente en el objetivo de crear empleo, la gran necesidad de España y la prioridad absoluta de toda acción política.

Una vez más hay que reseñar que el Gobierno ha ido a lo cómodo, a lo fácil, sin medir las consecuencias futuras porque en algunas medidas planteadas en este proyecto de ley se detecta un riesgo de invasión competencial y un claro avance de intromisión en la gestión ajena, bajo unas premisas de eficiencia en el gasto, simplificación en el funcionamiento administrativo y eliminación de duplicidades que, paradójicamente, el Gobierno no se aplica a sí mismo.

Ya lo sospechábamos mientras pasaba, pasaba y pasaba la X Legislatura y se diluía aquella notoria operación de autopropaganda protagonizada por la vicepresidenta del Gobierno, porque sus grandilocuentes anuncios de reducción del sector público, que constan en el Diario de Sesiones, fueron quedando en el olvido y, de hecho, como varias veces se ha censurado desde




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diferentes grupos parlamentarios, la señora Sáenz de Santamaría se dejó ver muy poco por este salón de Plenos, eludió dar explicaciones y cuando al Gobierno no le quedaba otra que responder a la oposición, envió al ministro de Hacienda de presunto apagafuegos; es decir, de bombero pirómano, que es su especialidad, como bien sabemos en Asturias por sus inolvidables intromisiones y amenazas en contra del Gobierno autonómico de Foro.

Ahora, con este proyecto de ley se reconvierten en auténtica farsa las intervenciones que los portavoces del Partido Popular realizaban desde sus escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Igualmente, se hace trizas el programa electoral, se incumplen los compromisos enunciados por el candidato a la Presidencia en aquel discurso de investidura en el que prometió también bajar los impuestos unas horas antes de aplicarse a subir más de 50 y, como señalé antes, también se incumple lo que enfáticamente se expresó en ambas Cámaras y en no pocos escenarios mediáticos por parte de diferentes miembros del Gobierno, que entonces parecían firmes y decididos para impulsar una reforma de muchísimo mayor fuste.

¿Cuándo se produjo el giro copernicano? ¿Cuándo ese cambio profundo entre lo comprometido y lo puesto realmente en marcha? Fue en octubre de 2012, precisamente aquí, en el Palacio del Senado, durante la V Conferencia de Presidentes, que, a la vista de los acuerdos realizados por el Gobierno y por los presidentes autonómicos, acabaron transmutando aquellas medidas que eran urgentes, necesarias e inaplazables para aparcar lo del sobrepeso y, dos años después, acabar presentando a las Cortes Generales un texto que no convence a nadie ajeno al Partido Popular, ni a los que pedimos cambios profundos y sustanciales para evitar el costosísimo y monumental descontrol de nuestro sector público ni a quienes ven en la ley un afán centralizador. Solo así se explica esta amplia cosecha de vetos, que reflejan la manifiesta desconfianza hacia un Gobierno que ha quebrado sistemáticamente sus compromisos electorales más importantes; entre ellos, el de convertir a las administraciones en motor del cambio que la sociedad española necesita imperiosamente.

En esto de los incumplimientos, no quisiera dejar de mencionar el recientísimo anuncio de prolongar en el tiempo el sistema de financiación autonómica, que hablando de administraciones públicas es clave para que los principios constitucionales de solidaridad y equilibrio territorial sean una realidad. ¿Cómo profundizar en objetivos de control, transparencia y responsabilidad administrativa cuando el Gobierno, contrariamente a lo que prometió, mantiene un sistema de financiación injusto y perverso con el que se maltrata a algunas comunidades autónomas ―desde luego al Principado de Asturias― y se las arrastra a la desigualdad? ¿Cómo aceptar sin rechistar que el sistema continúe vigente, pese a que el hoy ministro de Hacienda y Administraciones Públicas lo rechazó en su momento calificándolo entonces de ejercicio de petulancia y de prepotencia rayano en el delirio, a la par que se comprometió a reemplazarlo por cojo, desasistido, empobrecido, insolidario y antisocial? Pues bien, ahí siguen, el sistema y el ministro, a dúo.

Esto es lo que define al Gobierno y que se remacha con este proyecto de ley: los clamorosos incumplimientos a costa de no afrontar las grandes necesidades del conjunto de españoles y de las diferentes administraciones que les deben garantizar la calidad de las prestaciones esenciales, unos servicios modernos y un mucho mejor futuro. Este proyecto de ley resulta decepcionante porque es otro aderezamiento normativo para tratar de hacer ver que el Gobierno está haciendo cosas sustanciales que en la práctica no van a suponer avances significativos en la lucha política contra el costosísimo sobrepeso del sector público. De hecho, no existe una cuantificación de los recursos económicos que los españoles nos vamos a ahorrar con las supresiones que se fijan en este proyecto. Hubiera sido de gran utilidad hacer un cálculo preciso de lo que supone la aplicación de esta ley en términos contantes y sonantes, un dato clave que se elude porque en la práctica corre el riesgo de alejarse muchísimo de las estimaciones que se barajaron inicialmente y que ascendían a unos 8000 millones de euros. Desconocemos la evaluación económica que supondrá la aplicación de esta ley porque una vez más se relega la búsqueda de un imprescindible control en el gasto público mientras se acomoda con leyes pirotécnicas la escalada recaudatoria basada en sangrar a los ciudadanos con mayor fiscalidad, directa e indirecta, y la imposición de tasas a saco, aunque de ello se derivase dificultar e incluso privar a los ciudadanos de servicios clave.

Este proyecto entra de lleno en el capítulo de las leyes decorativas, porque es más que dudosa la eficacia de unas medidas que no resuelven ni afrontan el fondo del galimatías tremebundo y costosísimo de entidades sostenidas con dinero público. En España, tras esta ley, persistirá el




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lamentable récord de observatorios de cualquier cosa y centros de interpretación de lo inútil. También seguiremos contando con el mayor número de museos de la nada. Es más, continuaremos consultando el inventario oficial de entes públicos estatales, Invespe, para confirmar que el mismo Gobierno que iba a recortar, según sus propias afirmaciones, en un primer paso la quinta parte del sector público, tiene bajo su competencia a fecha de hoy 414 entes, solo 33 menos que a la llegada del Gobierno de Rajoy, apenas el 8% de recorte. ¿Dónde está aquel 20% que iba a suprimir el Gobierno según el propio anuncio de su vicepresidenta ante la Comisión Constitucional de esta Cámara en febrero de 2012? Es la misma vicepresidenta que, siendo como es ministra de la Presidencia, se ufanó en su segunda comparecencia del pasado 4 de noviembre de los resultados de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, pero tiene aún adscrito entre sus competencias el Consorcio del programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos olímpicos, aclaro, de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Ya se creó el Consorcio para los juegos de Río de Janeiro de 2016, pero nuestro Gobierno mantiene vivo y coleando el de 2012, en una muestra simple pero reveladora de la parsimonia del Gobierno para resolver sus propias duplicidades y entes inútiles o caducados.

La limpieza de entes vacíos debería estar consumada desde hace un par de años, y la que el Gobierno plantea ahora mediante este proyecto legislativo es timorata con lo propio y arrogante para con los demás, como prueba esta cosecha de propuestas de veto que augura los votos negativos de la oposición y la alarma de no pocos ayuntamientos, que volverán a ser los sufridores finales de la falta de claridad en el redimensionamiento del sector público. Los paganos finales serán los ciudadanos, que continuarán abonando las facturas derivadas de tanto organismo y ente prescindible, a la par que notarán los efectos del desconcierto derivado de este proyecto en la liquidación de otros entes que sí son necesarios.

Señor presidente, con este fiasco que lleva por título Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, el Gobierno de Rajoy, renunciando a su propio programa y a sus compromisos ante las Cortes, ha malogrado la gran ocasión de poner orden, concierto y sentido común en el farragoso panorama del sector público heredado del Gobierno de Rodríguez Zapatero, un panorama que por costosísimo continuará siendo en el conjunto de las administraciones públicas una de las grandes asignaturas políticas pendientes de España, tan necesitada de corregir toda la sobrecarga administrativa innecesaria y eliminar las rémoras de entidades absurdas en la España del siglo XXI.

Como somos de los que creemos en la Administración pública, entendiéndola como una institución que sirve con objetividad a los intereses generales, lamentamos constatar la deriva del Gobierno, que culmina con esta ley. Como también creemos en la Constitución y en sus principios sobre una Administración pública eficaz, con jerarquía, descentralizada, desconcentrada y coordinada, rechazamos dar nuestro apoyo a esta mala ley que los desdeña. El Gobierno ha desdeñado, ha desperdiciado los dos años y medio de mandato y, lo que es peor, una legislatura en condiciones políticas irrepetibles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. La verdad es que cuando termine esta legislatura habrá que darle un repaso y un gran reconocimiento a la persona que ha puesto título a los proyectos de ley del Partido Popular. Para poder entender de qué va una ley del Partido Popular basta con cambiar el sentido del título. Cuando hemos oído ley de protección del litoral estaba claro que lo que quería decirse era exactamente lo contrario. Y cuando hemos escuchado decir ley de mejora de la calidad educativa, resulta que significa justamente lo contrario. Y ya nos echamos a temblar cuando la palabra racionalización aparece en el título de la ley. Es entonces cuando empezamos a pensar y a saber perfectamente que lo de racionalización suele querer decir eliminación absoluta de todo. Racionalización de la Administración Local ha querido decir, y se comprobará, eliminación de un sector público que a nivel local aún existe y que va a ser laminado como consecuencia de esta ley.




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Y la ley de racionalización del sector público significa exactamente continuar con una óptica en la que, en opinión del Gobierno del Partido Popular y de la Troika, la atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios públicos depende siempre del presupuesto que se tenga sin tener en cuenta ni mirar cómo puede aumentar el presupuesto para que la calidad y la mejora del servicio público vaya en aumento para que también vaya en aumento la atención a la ciudadanía, a sus necesidades y a los derechos sociales y ciudadanos que aparecen recogidos en la Constitución española... Pero no, todo se hace desde un fundamento de tipo radical, encaminado hacia los recortes constantes y permanentes de todo lo que significa lo público.

Y en este aspecto podemos comprobar que en esta ley, efectivamente, siguen apareciendo dos vectores que han sido quizá los fundamentales en la producción legislativa del Gobierno de la nación durante esta legislatura y de sus propuestas en las dos Cámaras de las Cortes Generales. Un vector consiste en hacer caso a aquellos y a aquellas que plantean que todo lo público debe ser laminado, debe ser eliminado tendiendo hacia el déficit cero, hacia la estabilidad presupuestaria, lo que hemos dado en llamar el austericidio, la prioridad en el pago de la deuda, aun reconociendo, como también aparece en este mismo texto, que el porcentaje del producto interior bruto que se destina al gasto público en nuestro país es de los más bajos de la Unión Europea y que la mejor manera de armonizar nuestro gasto público con el conjunto de la Unión Europea será, no ya reducir, sino aumentar el gasto que, en proporción al PIB, tenemos en torno a la gestión y garantía de los servicios públicos.

El segundo vector tiene que ver con una recentralización autoritaria de la Administración hacia el centro, cosa que se viene produciendo en el Reino de España desde que ustedes están gobernando y que está afectando a las competencias autonómicas y también a las competencias en la financiación a nivel local, lo cual está convirtiendo este país en algo muy alejado de lo que aparecía en los inicios en el espíritu del título VIII de la Constitución española y que tiene que ver más con un entendimiento del ordeno y mando desde Madrid hacia absolutamente todo; y si además pudiera ser ordenar y mandar para reducir desde una óptica neoliberal la calidad de los servicios públicos, mucho mejor.

El papel del sector público puede tener, grosso modo, tres opciones: En primer lugar, el mejor sector público es el que no existe. Creo que ustedes están en esta visión claramente. En segundo lugar, tiene que existir un sector público para atender, es decir, una especie de Estado caritativo para aquellos que no tienen recursos para poder acceder a los bienes en los sectores privados, llámense sanidad privada, educación privada... Y para aquellos que no tienen recursos para alcanzar todo eso ya se encarga el Estado de suministrar servicios públicos a esas y a esos más necesitados. No estamos nosotros en ninguno de esos dos espacios. A nuestro entender el sector público, y creo que cada vez al de más gente, debe ser, no un agente pasivo sino un agente activo, un agente fuerte, un agente dinámico, generador de sinergias favorables para el empleo de calidad, para la universalidad de los servicios públicos, ese concepto tan abandonado y que habrá que recuperar porque creemos que de él depende en gran medida la calidad de la democracia y, cómo no, un sector público generador de actividad económica.

Lejos de este planteamiento extensivo, ustedes están permanentemente tirando a la baja en los ingresos, con el enorme problema de ingresos fiscales que tiene este país, con las sucesivas reformas fiscales que están favoreciendo la imposición de impuestos indirectos sobre los impuestos directos. E, incluso, esta última propuesta, con el reconocimiento del Gobierno de España, relativa a que como se van a tener 9000 millones menos a ver dónde recortamos para poder cumplir con los objetivos que la Troika nos ha fijado y que ustedes obedecen sin pestañear. Esa prioridad en el pago de la deuda y ese menor gasto público respecto al producto interior bruto que tenemos en nuestro país es lo que lleva a una progresiva disminución y eliminación de los servicios públicos en España. Y a eso sumamos las privatizaciones, pues pese a que a lo largo de estos años pensábamos que no quedaban cosas sin privatizar, parece que todavía quedan y ustedes van a por todas, especialmente —¡faltaría más!—, en todo aquello que pueda generar beneficios. Ahí tenemos el último ejemplo con lo de AENA y si no lo frenamos, si no lo paramos antes, esa puerta que se abre a la privatización de los ferrocarriles en nuestro país, a través del aspecto primero de la liberalización. Siempre siguen el mismo guion, descapitalizan con dinero público la calidad de los servicios públicos, una vez descapitalizada dicha calidad hablan de la necesidad de buscar la competencia y de la liberalización de los servicios públicos en ese sector. Y, el tercer paso —en la




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agenda siempre ha sido así, con Gobiernos de distinto color, a lo largo de la democracia en España—, es la privatización inevitable y, por lo tanto, prestar desde el Estado los servicios de segunda división a aquellos que tienen menos recursos. A eso también hay que añadir la tasa de reposición, criminal, desde nuestro punto de vista, que está consiguiendo que los servicios públicos no funcionen como deben funcionar en nuestro país. Cada vez hay menos empleados públicos y creemos que esto redunda en la calidad de los servicios públicos que deben prestarse y que aparecen en la Constitución.

Termino refiriéndome a 3 elementos a los que luego aludiremos en la presentación de las enmiendas parciales y que confirman de lo que va esta ley, así como de lo que va la política del Partido Popular en el Gobierno. Nos hemos referido al Instituto de la Mujer. Después presentaremos una de las enmiendas en la que exponemos que esta ley deja a dicho instituto absolutamente devaluado. No necesitamos en estos momentos de apuesta por políticas de género en nuestro país devaluar el carácter del Instituto de la Mujer y es por lo que vamos a proponer en nuestras enmiendas que sea adscrito al Ministerio de la Presidencia. Asimismo, se devalúa el Observatorio Nacional de Salud. Pero para nosotros lo más escandaloso, ejemplo clarísimo de cuáles son y hacia dónde derivan las políticas del Gobierno, es la eliminación del Consejo de la Juventud de España. Esta eliminación conculca los derechos de participación democrática de la juventud española organizada como sociedad civil en un órgano participativo que era escuchado y que ha tenido a lo largo de su existencia una actividad notable en la defensa participativa de los intereses, poniendo el dedo en la llaga de los problemas que aquejan a la juventud española. Cargarse a un órgano de participación para ir a un órgano meramente dependiente del Gobierno dice mucho sobre cuál es su manera de entender la política, de entender la participación y de entender la atención a los problemas de los jóvenes y de las jóvenes de nuestro país.

Por todos estos argumentos y por otros que tendremos ocasión de desarrollar en la presentación de las enmiendas parciales es por lo que hemos presentado este veto, con la esperanza de que sea apoyado por sus señorías y de que este proyecto sea devuelto al Congreso de los Diputados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el senador Saura y yo, en representación de Iniciativa Verds, presentamos este veto por las siguientes razones: La primera es porque consideramos que este tótum revolútum de medidas parciales e inconexas no es la adecuada propuesta de reforma de la Administración pública que necesita España ahora. Con los contenidos de este proyecto de ley, por ampuloso que sea su nombre, ni se logrará la eficiencia en el gasto, ni la simplificación, ni la eliminación de duplicidades. Para conseguir la reforma de las administraciones públicas, tarea nada sencilla, a nuestro entender, es necesario, en primer lugar, tener un modelo claro, criterios precisos y las alianzas políticas y sociales necesarias para realmente poder reformar el sector público. Este Gobierno adolece de todo ello; ya lo demostró con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y lo vuelve a demostrar con este proyecto de ley.

Es por todos compartido el papel fundamental que desempeña la Administración pública en la estructura de nuestra sociedad, su importante papel como vector económico y como factor de cohesión social. Es necesario un sector público eficiente y de calidad que cubra todos los ámbitos y las funciones que tiene encomendadas. Requerimos de una Administración flexible que pueda irse adaptando a los cambios que se van produciendo en la realidad.

¿Es necesaria una reforma de las administraciones públicas? Sí. ¿El batiburrillo de propuestas que va realizando este Gobierno es el camino? Evidentemente, no.

¿Por qué este Gobierno es incapaz de abordar una reforma en profundidad de la Administración pública? A nuestro entender, por varios motivos. En primer lugar, por rigideces ideológicas. Este es un Gobierno profundamente neoliberal e, inspirado por esta doctrina, desconfía de lo público y está firmemente convencido tanto de que el sector privado puede desempeñar en mejores




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condiciones muchos de los servicios y prestaciones actualmente reservadas al sector público, como que deben ser los ciudadanos quienes se paguen el acceso a muchos de estos servicios y prestaciones; y para quien no pueda pagarlo, un mínimo asistencialismo. Como ejemplos de estas afirmaciones, tenemos la privatización de los servicios públicos de empleo o el copago sanitario.

También tiene una visión muy neoliberal del concepto de gasto público. Estamos frente a un Gobierno que no sabe distinguir entre gasto público productivo, gasto público socialmente necesario y gasto público improductivo. Ejemplo de ello es la laminación de las partidas destinadas a I+D+i, gasto público productivo; los recortes en salud o educación, gasto público socialmente necesario; o el rescate de las autopistas privadas, gasto público improductivo.

Y junto a esto, cabe hablar de la incapacidad a la hora de presentar una reforma fiscal que aborde el principal reto planteado para garantizar la sostenibilidad de nuestro sector público: el incremento de los ingresos. Hay que recordar lo dicho anteriormente por otros portavoces, que España es uno de los países de la UE con menor gasto público en relación con el PIB, y también cabe recordar que nuestra presión fiscal está entre 7 y 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

Otro motivo, como decía al inicio de mi intervención, es la falta de un modelo claro de reforma de la Administración pública. Lo que el Gobierno presenta como propuestas de racionalización y reforma de la Administración pública tiene como único objetivo recortar el gasto público para cumplir los objetivos del déficit. Recortar, podar y eliminar: a esto se reducen las reformas de este Gobierno, que siempre ve como prescindibles aquellas partidas u organismos con función social. Luego me referiré en concreto a esta cuestión.

Señorías, los recortes para cumplir con los objetivos de reducción del déficit son la verdadera motivación de la cascada de decretos leyes y leyes presentadas por este Gobierno que afectan al sector público. El proyecto de ley que hoy debatimos forma parte de este paquete de recortes.

Como me imagino que saldrá en el debate, permítanme que haga referencia al déficit. Desde el inicio de esta legislatura, tanto el senador Saura como yo, hemos insistido en que los objetivos de reducción del déficit, marcados por la Troika y aceptados por este Gobierno —al principio suponían un 3% del déficit respecto al PIB para el 2013 y luego se han ido suavizando—, eran un profundo error. Ya advertimos que España ni podía cumplir con esos objetivos ni debía cumplirlos, aunque tampoco lo ha hecho. Y sin desentendernos del problema del déficit ni de la deuda, pusimos de manifiesto que eran necesarios plazos y ritmos más acompasados para poder abordar otras necesidades que tenían el país y nuestra economía, así como que necesitábamos recursos para impulsar la economía y proteger a los sectores más castigados por la crisis. El tiempo nos ha dado la razón, pero el daño ya está hecho. Los responsables son la Troika, la señora Merkel, pero también este Gobierno del PP.

El ministro Montoro ha afirmado hoy que ya se ve la luz, la luz natural al final del túnel, ¿pero a qué precio, señorías? Es evidente que algunos datos macroeconómicos mejoran, como también lo es que la sociedad española es hoy más pobre, más precarizada y más dual, o que para amplios sectores, especialmente los jóvenes, no existen motivos de esperanza, pues no atisban un horizonte próximo que les indique que podrán gobernar su vida con autonomía y la mínima dignidad exigible.

Señorías del PP, es imposible intentar reformar la Administración sin alianzas sociales, políticas y territoriales. Este proyecto de ley tiene enfrente a los sindicatos más representativos de la función pública. Hoy en el Senado vamos a discutir y votar ocho vetos. Pocos proyecto de ley se merecen tantos vetos y eso significa que todos los grupos de la oposición estamos en contra. Y como señala muy acertadamente el informe del Consejo de Estado, este proyecto de ley no cuenta con diálogo ni consenso con las comunidades autónomas. Señorías del PP, ¿creen ustedes que se puede reformar la Administración sin diálogo ni consenso? No, claro que no. Podrán imponer medidas concretas como las que plantean en este proyecto de ley y sacarlas adelante con su mayoría absoluta, pero nunca podrán reformar ni racionalizar el sector público sin consenso. Aunque la verdad es que tampoco lo pretenden; más allá del título de la ley lo único que pretenden es recortar.

¿Cuáles han sido las verdaderas políticas de este Gobierno con el sector público? Recortes —antes me refería a ellos— y aplicar la devaluación interna también a los empleados públicos. En dos años se han perdido 400 000 empleos públicos. Me sorprende que el ministro Montoro se




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refiriera a ello en el Congreso como un logro positivo. Recortes y congelaciones salariales, eliminación de pagas extra, en definitiva, una degradación de las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos, lo que junto con los recortes en los servicios públicos esenciales perfila un panorama desolador de este sector.

Como viene siendo habitual el Gobierno del PP no desaprovecha ninguna iniciativa legislativa para ir recentralizando. Así, establecer en el BOE el tablón edictal único para el conjunto de las administraciones públicas es una medida recentralizadora. La implantación de una licencia deportiva única es una medida recentralizadora, aunque parece que esto lo vamos a poder ir resolviendo con transaccionales. La unificación en la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación de determinadas funciones de evaluación y acreditación en el ámbito universitario es otra medida recentralizadora como tantas otras recogidas en este proyecto de ley.

En su informe el Consejo de Estado señalaba —y lo leo literalmente— una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales, y reclamaba velar por que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos. El Consejo de Estado acierta totalmente. Y pondré solo tres ejemplos: la devaluación del Instituto de la Mujer; lo mismo pasa con el Observatorio Nacional de la Salud y la desaparición del Consejo de la Juventud de España. Por otra parte muchas de las agrupaciones de diversos organismos en uno único se realiza sin garantizar su adecuada financiación ni la preservación de los puestos de trabajo.

Señorías, el senador Saura y yo emplazamos al Gobierno a realizar una verdadera reforma de la Administración pública desde el diálogo y el consenso. Lo que hoy discutimos por parcial, innecesario y contraproducente no puede contar con nuestro apoyo, y por ello les pido su voto a favor de este veto.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por las senadoras Almiñana y Sequera García y por los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a defender el veto al Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que presentamos los senadores socialistas de la Entesa. Estamos de nuevo ante un intento por parte del Gobierno del Partido Popular de legislar en contra del reparto constitucional de competencias, intento que seguramente se va a consumar hoy. Es una vuelta a la centralización, una vuelta a la limitación y reducción de las competencias descentralizadas de los distintos organismos del Estado, especialmente de las comunidades autónomas.

Estaríamos de acuerdo en racionalizar la Administración pública en aras de hacerla más eficaz y eficiente, pero no se trata de eso. Estamos ante una serie de medidas de reducción del sector público con un soterrado objetivo ideológico de recentralización y de deterioro de los servicios públicos. Estamos ante un título ampuloso que no se corresponde en absoluto con el contenido del proyecto de ley; habla de racionalización del sector público, habla de reforma administrativa y, en realidad, estamos ante una serie de medidas variopintas e inconexas con un alcance mucho menor que el que se pretende dar a entender. Así lo dice el propio Consejo de Estado en su informe, al que han hecho referencia otros portavoces. El Consejo de Estado dice textualmente: El título de la norma parece un tanto excesivo, dado que se refiere solo a la Administración General del Estado, y su alcance material no es tan amplio como la voz racionalización evoca y, por tanto, el propio Consejo de Estado recomienda por lo menos cambiar el título del proyecto de ley; precisamente un cambio que se ajuste al contenido.

El proyecto de ley, una vez más, constituye un ataque claro contra el sistema de competencias autonómicas y descentralización. Por ejemplo, genera un conflicto innecesario con el sistema de licencias deportivas autonómicas, que funcionan perfectamente, y un impacto negativo en las federaciones deportivas, afectando también a sus ingresos. Estamos en vías de negociar unas transaccionales, que espero lleguen a buen puerto y permitan aminorar o matizar el impacto




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negativo que en principio podría tener el contenido del proyecto de ley tal y como ha venido del Congreso de los Diputados.

Asimismo, centraliza las funciones de organismos autonómicos sobre evaluación de la enseñanza en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación —por tanto, vuelta a la centralización—, y convierte al Boletín Oficial del Estado en tablón edictal único para todas las administraciones, despreciando los boletines oficiales autonómicos o los diarios oficiales provinciales.

Pretende ser una gran reforma administrativa que tiene como puntos fuertes, entre otros de similar tenor, la supresión de la Obra Pía de los Santos Lugares. Si los caballeros cruzados levantasen la cabeza, no sé si estarían de acuerdo con esta supresión clave, entre otras, de esta reforma de las administraciones públicas y del sector público en España. O también —otro punto importante— la integración de los coros de Radiotelevisión Española con los coros dependientes del Inaem, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música; o lo que es peor —y esto con mucho más contenido—, se suprimen organismos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades; se suprime la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades —precisamente se llama así— y se la integra en el Instituto de la Mujer, que también pierde su consejo rector y que desaparece como tal integrándose en una nueva entidad que lleva el nombre de Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, pero que, evidentemente, limita mucho su capacidad de actuación; y se suprime el Consejo de la Juventud de España, se suprime como organismo público y pasa a ser una entidad corporativa de base privada. Son supresiones de una fuerte carga ideológica camufladas como racionalización de las administraciones públicas; no es racionalización, es ideología y, a nuestro entender, de la peor.

Asimismo, señorías, consideramos totalmente improcedente la regulación de los consorcios; instituciones que implican la colaboración entre administraciones y, en algunos casos, también con participación de la iniciativa privada, que realizan una buena labor de servicio público. Es del todo incomprensible que se exonere a cualquier entidad de la Administración General del Estado que participe en un consorcio del pago de la aportación comprometida porque otro de los miembros no lo haya efectuado por razones diversas, lo que constituye un ataque claro a los principios básicos del derecho, porque no hay ningún principio del derecho que pueda eximir del cumplimiento de las obligaciones a la Administración pública porque otro miembro consorciado deje de atenderlas.

Entendemos que pretenden facilitar la salida de la Administración General del Estado de los consorcios en los que participa. No entendemos muy bien las razones profundas de esta actitud. Es una situación que va a provocar un claro perjuicio a los ciudadanos beneficiarios de los servicios que prestan; es el caso, por ejemplo, de determinados consorcios sanitarios en Cataluña y, señorías, no se percibe una alternativa clara a esta posible desaparición de los consorcios, si no es la absorción de los servicios sanitarios que prestan por la Administración General del Estado; por lo tanto, no entendemos cómo se pretende racionalizar y aligerar la carga de la Administración General del Estado y el conjunto de las administraciones públicas.

Como les he dicho, señorías, estamos ante un proyecto de ley que recorta servicios públicos y, por otra parte, no hay una sola medida de innovación que mejore la eficacia o la eficiencia de las administraciones públicas. No estamos, por tanto, ante un proyecto que signifique innovación, que signifique mejora, que signifique adaptación a los nuevos tiempos, sino que, en realidad, han cogido de nuevo las tijeras y recortan sustancialmente los servicios públicos para la sociedad. Responde a una concepción ideológica de radicalidad liberal en cuanto a los servicios públicos, reducción y privatización. Siguen adelante con la ingente tarea de desmontar los avances en derechos sociales, fruto de la acción de los gobiernos socialistas; gobiernos que a lo largo de todo el periodo democrático iniciado con la Transición y la Constitución de 1978 precisamente han significado un avance importantísimo en la calidad de vida, gracias a generar igualdad de oportunidades sobre la base de un Estado de derecho y unos servicios públicos sólidos, eficaces y eficientes, que afectan a todos los ciudadanos.

Ustedes se han propuesto acabar con esa tarea, dar marcha atrás, una vuelta de 180º y situar de nuevo al Estado en muchos aspectos en una situación incluso anterior al franquismo. Y en esta tarea, señoras y señores senadores del Grupo Popular, desde la radicalidad democrática, entendida como derecho a la igualdad de oportunidades, y desde la radicalidad socialista, en esta tarea de desmontar el Estado de derecho y sobre todo el Estado social nos tendrán siempre en




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contra. Y es por todo esto, señorías, por lo que presentamos un veto a la totalidad de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en términos generales, quisiera hacer una aproximación política a este proyecto de ley, y entiendo que debería empezar constatando que la sociedad ha cambiado y que con ella no solo debe cambiar la forma de hacer política, sino también la forma de gestionar lo que nos es común a todos los ciudadanos. Y en ese sentido, la reforma de la Administración pública, de la estructura de la que se dota el Estado para gestionar lo que nos es común, es una cuestión ineludible para cualquier Gobierno siempre, pero más aún en estos tiempos de crisis económica y política. Eficiencia, eficacia, transparencia, accesibilidad y trazabilidad de los recursos públicos son los principios fundamentales que hoy más que nunca está pidiendo la ciudadanía. Son también los principios a los que se comprometió el Partido Popular tanto en su programa como en su plan de gobierno. Y no es que ponga en duda ese compromiso, señorías, pero me van a permitir que ponga en duda la capacidad de este proyecto de ley que hoy debatimos para contribuir mínimamente a estos principios.

Este proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa es el hijo nacido fuera de cuentas del famoso informe CORA, que a su vez fue el hijo del programa electoral del Partido Popular que prometía un ambicioso plan de reformas, sin precedentes, que iba a modernizar la Administración pública, reducir costes de gestión y trámites burocráticos y duplicidades entre las diferentes administraciones públicas. La cosa empezó mal con la designación del comité de expertos que iba a elaborar el famoso informe: todos de la casa, señorías, designados a dedo por el ministerio, es decir, el partido empezaba con el árbitro comprado y sin contrarios. Cuando publicaron el informe CORA, vimos muy claro por dónde iban los tiros: recentralización y corporativismo central a raudales, ignorando medidas de reforma que implicasen una reforma real y eficaz de la Administración central.

Señorías del Partido Popular, en los últimos seis años se han reformado todos y cada uno de los estatutos de autonomía de todas y cada una de las comunidades autónomas excepto de la Comunidad Autónoma vasca. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). En todas estas reformas se han transferido competencias a las comunidades autónomas, con el consiguiente vaciamiento de las competencias del Estado. Si hay estructuras obsoletas, que no responden a necesidades reales de gestión, es precisamente en el ámbito de la Administración central, en su maraña de sociedades, fundaciones, institutos, agencias, observatorios y también de ministerios —por qué no decirlo— que no responden a competencia alguna.

En el informe CORA, en vez de poner orden dentro de su casa y su trastero, presuponen sin más base ni justificación que su jacobinismo congénito que el problema gordo, importante de la Administración está en las casas ajenas: en las comunidades autónomas, en las provincias y en los ayuntamientos, sin hacer distingos entre unas y otras, claro, y sin tentarse la ropa antes de pasar por encima del ordenamiento jurídico vigente, emanado no ya de los estatutos de autonomía recién reformados con los votos, cuando no con el entusiasmo, del Partido Popular, decía que pasan por encima de esos estatutos y también de la propia Constitución española que los ampara, esta Constitución que ustedes veneran y de cuya defensa hacen bandera cuando les conviene, pero que no dudan en ignorar y contravenir cuando sus preceptos no convienen a sus intereses.

Hasta tal punto es así, que tras la publicación del informe CORA se les revolvieron hasta dentro de sus propias filas, y es posible que esa sea la razón que explique la mediocridad del proyecto de ley que hoy debatimos; mediocridad porque no responde ni a lo establecido en el título del mismo proyecto de ley. En esta ley hay poco, por no decir nada, de racionalidad, ni ordena ni reduce costes ni mejora la eficiencia de la Administración; es más, buena parte de sus preceptos provocarán el efecto contrario no solo en la Administración central, sino también en la de las comunidades autónomas y en los entes locales. Así, dentro de esta ley hay medidas que desbaratan estructuras centrales que funcionan, como es el caso del Consejo de la Juventud; que




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crean conflictos entre diferentes ámbitos administrativos donde ayer no existía conflicto, como es el caso de la regulación que se hace en el tablón edictal único; o que despojan de sus funciones a órganos eficientes de ámbito territorial para transferir dichas funciones a instituciones centrales que no funcionan, como es el caso, por ejemplo, de las disposiciones que hacen referencia a la Aneca, aplicando la política del perro del hortelano, donde ni trabajan ni dejan trabajar. Y todo esto al margen de la ley, como ya he dicho antes.

Durante el debate en comisión de este proyecto de ley ya hice referencia a la cuestión competencial, que es la que viene a sustentar jurídicamente nuestro veto. Ustedes acaban estirando el artículo 149.1 de la Constitución hasta límites absurdos, ignorando alevosamente la propia Constitución y la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior sobre esta materia, que consta en la justificación tanto del veto como de las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco, por lo que en este momento no me voy a extender sobre estas cuestiones.

Se apropian de competencias que les son ajenas sin ningún rubor y estiran las que sí les son propias hasta desbordar los límites jurídicamente racionales y aceptables. Esto no es algo nuevo, lo vienen haciendo sistemáticamente toda esta legislatura, porque lo que hay detrás de todas estas medidas no es más que una estrategia concebida y planificada con toda intencionalidad de acabar con la descentralización, con el Estado de las Autonomías. Y como no tienen el coraje, la valentía política de admitirlo públicamente, están acometiendo este desmantelamiento del Estado de las Autonomías de forma taimada, de tapadillo, pasito a pasito, ley a ley, con la complicidad además de un nuevo Tribunal Constitucional que en los últimos años y mediante sentencias les está haciendo el trabajo de uniformización territorial que ustedes no se atreven a hacer abiertamente.

El otro día, durante el debate que hubo aquí en el Pleno, ustedes instaban a la oposición a trasladar el debate sobre el modelo de Estado, sobre república o monarquía, a la acción política; pedían coraje a la oposición y que incluyesen la reforma constitucional en su programa electoral y en caso de ganar las elecciones iniciasen los trámites necesarios para la reforma constitucional. Bien, pues yo durante mi intervención en este veto les voy a decir exactamente lo mismo: les voy a pedir aquí y hoy que se apliquen el cuento, que dejen de tirar la piedra y esconder la mano, que dejen de una vez por todas claro cuál es su modelo de Estado. ¿Monárquico y centralista? Pues muy bien, es una opción tan legítima como cualquier otra, pero defiendan su opción abiertamente, con valentía y respetando el fair play parlamentario y político; a las claras y de frente, señorías, como hay que hacer las cosas, reformando la Constitución y sin escudarse en las sentencias de aquellos jueces que ustedes designan a dedo.

Por lo tanto, hemos presentado un veto a este proyecto de ley y una serie de enmiendas que más adelante voy a defender tranquilamente aprovechando todos los turnos de portavoces, pero valga esta breve intervención para dejar clara cuál es nuestra postura: no a esta ley, porque es contraria al ordenamiento jurídico, a la autonomía y a la capacidad organizativa de las comunidades autónomas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta es una ley que, como indica su título, parece ambiciosa, de calado, una ley con la que, si nos ceñimos estrictamente a su título, podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que acudir a los orígenes de esta ley, y los orígenes de esta ley, más allá —como decía algún portavoz— de las críticas del partido de la oposición, en aquel momento el Partido Popular, o del programa electoral, el verdadero origen de esta ley está el 26 de octubre del año 2012. El 26 de octubre del año 2012 aprueba el Gobierno crear una comisión para la reforma de la Administración y esta comisión tenía que iniciar sus trabajos. De aquel acuerdo ya se extraían unas primeras conclusiones que yo mismo y otros compañeros hemos expuesto en esta tribuna, desde la que también interpelé en su momento al ministro. Le dije: ministro, están creando una comisión para la reforma de la Administración en su globalidad sin tener en cuenta las comunidades autónomas, sin tener en cuenta a las corporaciones locales. La comisión que emitió el informe, la




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comisión CORA, no tenía ni un representante de las comunidades autónomas y no consensuó el informe con las comunidades autónomas ni con las corporaciones locales. Por tanto, ya era de intuir cuál podría ser el final, que es el que hoy nos encontramos.

Efectivamente, esto se concreta en junio de 2013 con la presentación del informe. De la lectura del informe Cora se desprende claramente que no se había tenido en cuenta a las comunidades autónomas, que no se había tenido en cuenta a las corporaciones locales y que no podría eximirse el atenuante de que lo que pretendía reformarse era la Administración General del Estado porque, como se aprecia en el presente texto legislativo, se modifica la Administración General del Estado, pero se continúa un proceso de recentralización extremadamente preocupante. De hecho, nuestro grupo parlamentario presenta este veto esencialmente porque esta ley no respeta el reparto competencial que establece la misma Constitución. Ya les avanzamos que si esta ley prospera —y así va a ser vistas las mayorías de esta Cámara— va a acabar en el Tribunal Constitucional porque no nos queda otro remedio para defender el reparto competencial que ha estado vigente.

¿Vulnera una ley, dos, o tres leyes? Vulnera varias leyes. Vulnera varios artículos de los estatutos de autonomía, concretamente del Estatuto de Autonomía de Cataluña y este es el motivo por el cual sustentamos el veto. No es que estemos en desacuerdo en que se pueda racionalizar la Administración pública, por supuesto, pero igual que les anunciamos que con el proyecto de racionalización y en aquel momento de sostenibilidad de la Administración Local ni se hacía racional ni se hacía más sostenible la Administración Local, intuimos que con este proyecto de ley no se hace más racional el sector público español, al contrario, lo que sí se hace es mucho más centralizado.

Los avances que se han producido prácticamente a lo largo de los últimos treinta años en un Estado autonómico relativamente descentralizado retroceden de forma importante. ¿Por qué digo esto? Porque haciendo un repaso al texto legislativo, constatamos que las invasiones de competencias son en diferentes ámbitos, todos ellos importantes —algunos se han nombrado en varias intervenciones en la defensa de los anteriores vetos—.

Efectivamente, con una licencia única deportiva, ¿qué se pretende racionalizar? Si está funcionando bien y si las federaciones deportivas, a nivel de comunidades autónomas, están dando sus licencias, eso no crea ningún problema, ni ningún sobrecoste, ni ninguna ineficiencia. Por supuesto, con una licencia única deportiva se está recentralizando, incluso aquel niño o niña que va a practicar deporte exclusivamente en su ciudad o en su comarca, va a tener que someterse a esta licencia única deportiva que va tener que dar una única federación a nivel estatal. Este es un ejemplo.

Podíamos poner otro ejemplo importante para nosotros: la regulación de los consorcios, que es uno de los aspectos que más nos preocupan de esta ley, no solo de los consorcios sanitarios, respecto de los cuales estamos intentando mantener negociaciones hasta el último momento, sino de los consorcios en su forma conceptual. Si ha habido abusos en algún consorcio —que no voy a decirles que no— lo que no se puede hacer es intentar combatir estos abusos eliminando o dejando sin efecto prácticamente todos los consorcios que han demostrado a lo largo de los últimos años que han sido una forma útil de cooperación entre administraciones de diferente nivel y que han servido en diferentes ámbitos: en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la gestión de determinados servicios públicos en el ámbito local y en el autonómico y de cooperación entre estos dos niveles. Usted dice: no, si no los eliminamos; los consorcios se pueden mantener. Efectivamente, se pueden mantener, pero les ponen una serie restricciones que los van a hacer inviables o, a algunos, los van a cuestionar.

Nosotros tenemos algunos consorcios que a lo largo de estas últimas semanas nos han hecho llegar su inquietud, hasta el extremo de que están convencidos de que en pocos meses van a desaparecer. ¿Por qué? Porque si alguna entidad consorciante, que puede ser una Administración local con graves dificultades financieras a corto plazo, una Administración autonómica con graves dificultades financieras a corto plazo, no realiza las aportaciones, la Administración General del Estado también deja de realizar las aportaciones. Ergo, el consorcio se irá a pique. ¿Eso es lo que pretendemos, o pretendemos darles viabilidad a estos consorcios? Este es, entendemos, otro motivo importante para presentar el veto a este proyecto legislativo.

El tablón único edictal, bajo una teórica argumentación de simplificación o de racionalización, supone una clara invasión de las competencias autonómicas y, evidentemente, lleva a la práctica




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desaparición de los diarios oficiales de las comunidades autónomas o los boletines oficiales de las provincias que cumplían perfectamente su papel y que no eran ningún elemento de ineficiencia en la Administración pública española. Por ello, en este ámbito también les presentamos el veto.

Evidentemente hemos presentado enmiendas a todos esos artículos, enmiendas que mayoritariamente entendemos que no van a prosperar. Si no van a prosperar y se aprueba la ley en esencia, como ustedes la plantean, vamos a comprobar en muy pocos meses, yo diría que en muy pocas semanas, que no se va a conseguir el objeto de racionalizar el sector público español. Efectivamente se va a recentralizar, va a estar mucho más centralizado, eso sí que lo van a conseguir con este proyecto legislativo, pero no lo van a racionalizar.

En suprimir algunos organismos podríamos estar de acuerdo, en generar alguna fusión de algunas entidades u organismos, también podríamos estar de acuerdo, pero para eso no se requiere un texto legislativo con el título de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. ¿Por qué? Porque ustedes han sido muy exigentes con las corporaciones locales, y tengo que decirles que las corporaciones locales han respondido y lo han hecho de forma sobrada, han hecho muy bien su trabajo. Han sido exigentes con las comunidades autónomas, incluso se ataca a las comunidades autónomas con que despilfarran en embajadas, que despilfarran con determinado gasto, y todo eso es racional y muy productivo y, si no, que pregunten a las empresas catalanas si suprimirían o no algunas de estas oficinas comerciales en el exterior. Pero cuando vamos a ver en qué racionaliza el sector público estatal y vemos la ley, ¿hay alguna reorganización de algún ministerio? ¿Se plantea eliminar algún ministerio que ya no tiene competencias? ¿Se suprime alguna dirección general? ¿Se suprime alguna secretaría de Estado? ¿Se hace algún esfuerzo para racionalizar la organización del propio Estado? ¿Aprovechan esta ley para ir en esta dirección? Y la respuesta sencillamente es no.

Por tanto, la percepción que puede quedar es que ustedes, el actual Gobierno son muy exigentes con el resto de los niveles de la Administración, yo diría excesivamente exigentes y, en cambio, este nivel de exigencia no se lo autoimponen ustedes mismos. Es muy similar a lo que hablábamos esta mañana. Reducción del déficit, sí. ¿A quién imponen la reducción del déficit? A las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales han tenido unos porcentajes de reducción del déficit muy importantes. ¿Cuál es el nivel de la Administración que ha reducido menos su déficit? La Administración General del Estado.

Por tanto, aquello de predicar dando ejemplo seguramente no se lo están aplicando, y esta ley no es una muestra de ello. Independientemente de que intentemos negociar alguna enmienda, mantenemos por supuesto el veto a una ley que no mejora la situación del sector público español y, en todo caso, empeora los avances que se han realizado a lo largo de los últimos treinta años en la configuración de un Estado que se aproxime a un Estado descentralizado donde la Administración autonómica y la Administración local pueden tener un papel tan relevante como la propia Administración General del Estado. Por ello les pedimos el voto favorable a nuestro veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.

La propuesta de veto número 8 está firmada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Vázquez García.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, con una gran puesta en escena, el 26 de octubre de 2012 el Gobierno crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, y se nos vende, dentro y fuera, como la gran reforma que nuestro país necesita para funcionar y que acabaría con todas las duplicidades, simplificaría los procedimientos, eliminaría costes superfluos, suprimiría entes innecesarios, etcétera. Consecuencia de esta gran reforma, sería una nueva Administración, mucho más moderna, racional, eficaz, eficiente y sostenible, nos decían. Una vez más, se demuestra hoy que este Gobierno es un gran vendedor de humo; una vez más lo que traen al Parlamento nada tiene que ver con lo anunciado; una vez más mantienen el título pomposamente, pero el contenido, como veremos está vacío; una vez más tenemos que reconocer que acertaba Horacio en su fábula: Con gran estruendo parirán los montes; nacerá un ridículo ratón. No le da el propio Gobierno la importancia que esta ley tendría que tener por su título, pues el ministro no ha




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querido venir a presentarla a esta Cámara. Todos los portavoces lo han destacado. El propio Consejo de Estado indica en su informe, y lo indica claramente, la falta de correspondencia entre el título y el contenido, tachándolo de excesivo y recomendando su modificación. Pero una vez más a este Gobierno y al Grupo Popular les da igual. Para qué, si no, su mayoría absoluta.

Fue en esta Cámara, señorías, en febrero de 2012, cuando la vicepresidenta, en una de sus escasas comparecencias, nos anunciaba una gran liquidación de lo que denunciaba como un derroche innecesario de fundaciones, de empresas públicas, de consorcios. Pues bien, han transcurrido 28 meses y, como ya se ha denunciado, de los 447 entes del sector público estatal existentes entonces, continúan vivos 414. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha renunciado a ese anuncio? Lo que ha ocurrido es que han ido a lo fácil, a reducir, sí, pero en las comunidades autónomas y ayuntamientos. En ellos se ha reducido, se han recortado los gastos, se han destruido centenares de miles de empleos, 400 000, según palabras del propio ministro Montoro, se han eliminado convenios y subvenciones, se han cerrado centros y eliminado servicios mientras en la Administración General del Estado no lo han hecho, apenas han reducido, como veremos con esta ley. Posiblemente de eso se trataba, de ideología, de ideología pura y dura, ese programa oculto que tantas veces desde el Grupo Socialista hemos denunciado y que ha ido paso a paso desmantelando servicios de sanidad, de educación, de ayudas a intermediación social, etcétera, resquebrajando, señorías, en definitiva, el Estado de bienestar que los españoles nos habíamos dado y destruyendo poco a poco espacio público.

El primer envite fue con la contrarreforma local, una auténtica irracionalidad, un atentado contra la autonomía de esta Administración cercana al ciudadano y a sus problemas, un atentado contra esa gran red asistencial que amortigua en primera instancia las carencias sociales, que añade valor siempre a las políticas, a todas, a las culturales, a las sociales, pero sobre todo a las participativas. Hoy, tras la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional por más de 3000 alcaldes, más de 3000 ayuntamientos de este país, podemos decir que está tocada. Confiamos en que pronto quede hundida, a ello nos comprometimos todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

Posteriormente, todas las iniciativas legislativas han ido avanzando en el proceso recentralizador, han ido eliminando competencias de otras administraciones para evitar que puedan desarrollar sus propias políticas, muy especialmente en la materia que hemos comentado, y cuando ahora parecía que le tocaba a la Administración central, la que este Gobierno gestiona, no traen ni una sola medida de auténtica reforma, de mejora en la calidad de los servicios públicos, ninguna innovación ni nuevos mecanismos de rendición de cuentas y control. Nada, absolutamente nada.

¿Cuáles son los criterios, los principios sobre los que los basan? No lo dicen más allá de los lugares comunes, aunque algo sí veremos, porque, señorías, el debate sobre este asunto debiera ser sobre qué modelo de Administración queremos para nuestro país, a qué países de nuestro entorno queremos que se parezca la Administración española, sobre cómo la financiamos, sobre el nivel de descentralización y de subsidiariedad que deben tener los distintos niveles de Administración territorial. Este debería ser el debate y, además, en esta Cámara, la llamada Cámara territorial. Pero lo que nos traen hoy aquí ni es reforma ni es racionalización; no pasa de ser una apresurada, caótica y totalmente alejada de su enunciado, propuesta de flecos sueltos, mínimos flecos sueltos. Y aprovechan, eso sí, para otras cosas aún peores, como suprimir algunos organismos sociales que obligan al Consejo de Estado a decir, en el mismo informe, lo siguiente: «Se aprecia una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de políticas sociales». Esto lo tiene que decir el Consejo de Estado en el informe de la ley que hoy aquí debatimos.

Señores del Partido Popular, nuestro país, lo saben ustedes, no tiene un exceso de gasto público, más bien al contrario, estamos 7 puntos por debajo de la media, muy alejados de los países más avanzados y cerca, peligrosamente cerca, de los más atrasados, Bulgaria y Rumanía, por ejemplo. Incluso Grecia nos supera en porcentaje de gasto público. Nuestro problema, lo hemos dicho muchas veces, ya lo ha reconocido el propio presidente Rajoy, es de ingresos, de falta de ingresos. Y esa también es una función del ministerio y del ministro que nos trae aquí esta ley que, también bajo su responsabilidad, pretende, con lo que han llamado pomposamente de




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nuevo una reforma fiscal —y que yo no iría más allá de rebajas electoralistas fiscales— pensar que esto lo va a resolver. Nuevamente ha parido un ratón.

Nosotros sí tenemos un modelo. Defendemos un Estado fuerte que permita afrontar con eficacia los desequilibrios territoriales y sociales que puedan producirse en nuestro país, que esté sustentado en una Administración que reúna todas las cualidades que hemos descrito. Sabemos que no es sencillo, ni puede ser rápido, Por eso, le ofrecimos la colaboración, porque sabemos que esa gran reforma o se hace con consenso político y social o no se hace. Pero su actitud de rechazo al diálogo, sus medidas impuestas con su mayoría, nos hace pensar que no creen en lo público. Lo consideran una carga para la sociedad y se olvidan de que es la Administración la que articula esa sociedad, la hace más justa, más equitativa e igualitaria; que es la que posibilita la participación y garantiza la efectividad de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Otra oportunidad perdida, otra tarea para una nueva mayoría parlamentaria.

Es cierto que en la ley que debatimos se contemplan algunas medias —se podía entender que lógicas—, por ejemplo, se suprimen entes desfasados o de escasa actividad —en términos de ahorro, prácticamente irrelevante, el 0,09%—, se unifica la tesorería, se unifican los coros de Radiotelevisión Española con los del Instituto de Artes Escénicas, se hace un registro de vehículos oficiales —asombra que todavía no lo hubiese— o se pone algún tipo de premisas para la eficacia energética de los edificios públicos. Eso es lo que da de sí, pero al mismo tiempo aprovechan para cargarse el Consejo de la Juventud o transformar, quitándole protagonismo, el Instituto de la Mujer, que lleva muchos años promoviendo la libertad e igualdad desde la participación, que tienen acreditadas sus funciones de interlocución y que sí, que algunas veces son incómodos para el poder, es verdad, pero nuevamente está la ideología, señores del Partido Popular, no creen en esas cosas, molestan: las quitamos.

Deberían releer el artículo 4 de nuestra Constitución que dice que los poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Se lo han cargado. También reconocemos que CORA haya sacado a la luz algunos entes auténticamente ya desfasados y que se elimine la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, que se creó en el año 1938, pero no entendemos mucho que se refuerce otro patronato del año 1940, la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, porque yo creo que en el Ministerio de Asuntos Exteriores podrían hacer sus labores, que supongo importantes.

Pero esto son anécdotas. Hay cosas mucho más preocupantes en el texto —y no me refiero solamente a lo ya denunciado por otros grupos— en cuanto a las licencias federativas deportivas o en cuanto a los boletines oficiales correspondientes. Estoy hablando de los consorcios. Introducen una carga de profundidad que, además de vulnerar los principios generales del derecho, va a suponer en la práctica la desaparición de muchos de ellos y, por tanto, la posibilidad de que desde lo público se puedan prestar servicios con eficacia y eficiencia. Todos sabemos que esta figura es utilizada en muchas comunidades autónomas como órganos supramunicipales para prestar servicios básicos locales. ¿Se quiere que dejen hacerlo? Nuevamente la ideología, nuevamente estrechando el espacio de lo público y ampliando la gestión privada. Lo que dicen es que la Administración General no aportará su cuota cuando pertenezca a un consorcio si alguno de los consorciados no lo ha hecho. ¿Imaginan dónde podríamos llegar aplicando este principio a otras cosas? Yo no pago mi comunidad porque el vecino del quinto no la paga; yo no pago a Hacienda o a la Seguridad Social porque conozco a gente que no lo paga; yo no pago a mi sindicato o a mi partido porque hay otros que no lo hacen. Señores, seriedad en este aspecto. En ningún ámbito del ordenamiento jurídico se contempla que el incumplimiento de terceros pueda exonerar las aportaciones propias, máxime si pueden cobrarlo de alguna forma, como bien hacen en otros asuntos cuando así lo han querido.

Modifican el Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP. Primero demonizan a los funcionarios con aquello de tomar el cafetito y leer los periódicos que dijo el número 2 del ministerio, el señor Beteta, a quien yo califico como un gran depredador de lo público, y a continuación les castigan, les quitan la paga extra, los días de asuntos propios, los derechos de bajas médicas... Y ahora, cuando según ustedes, como repiten día tras día, nos estamos recuperando, ¿les devuelven los salarios? No. ¿Las extras? Tampoco. ¿Los derechos eliminados por el Real Decreto 20/2012? No. Les devuelven un día y a cambio tocan la movilidad interna, introducen militares en la Administración civil, tocan asuntos básicos del EBEP —que obtuvo un gran consenso— y lo hacen




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como acostumbran: sin diálogo y sin consultar con nadie, solos. Donde antes hubo acuerdo, ahora están solos.

Otro asunto es el de las subvenciones. Estamos todavía contemplando una transaccional para ver cómo se puede mejorar esta cuestión. Se ha tratado de centralizar todos los datos, y aunque en principio no nos negaríamos a hablar sobre la existencia de una gran base de datos que incluyera todas las subvenciones, nosotros iríamos más. En aras a esa transparencia que todos pregonamos, y que los ciudadanos tan deseosos están de que se haga efectiva, propondríamos que esto se hiciera público. Yo les propongo un lema: céntimo público, céntimo publicado. Ese sí sería un importante avance.

Señorías, al menos han retirado las enmiendas que afectaban a los empleados públicos indefinidos y que crearon una gran alarma dentro de las decenas y decenas de miles de posibles afectados y de los sindicatos correspondientes. Esto nos lleva a pensar en el tipo de mentes que hay en el ministerio, y en cómo piensan acerca de lo público, cuando se atreven a mandar aquí enmiendas de ese tenor sin tener en cuenta las consecuencias de todo tipo, sociales pero también políticas, que ello puede tener.

Otra vez se trata de evitar el debate en el Congreso y los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social cuando se incluyen aquí un buen número de enmiendas que afectan a materias como estas y a otro tipo de leyes que no tienen nada que ver. Pero, claro, qué decir después de la aprobación el viernes de ese real decreto ley que modifica 26 leyes de distintos ámbitos sectoriales que ustedes publicaron el sábado para que mañana lo convalide el Congreso de los Diputados, como así lo hará; más de 172 páginas del boletín, más de 126 leyes modificadas y sin ningún tipo de debate en esta Cámara. Se trata de nuevo de un desprecio palpable a esta Cámara para sacar leyes adelante sin que haya necesidad, porque ninguna de ellas es urgente y todas las podrían resolver con su mayoría absoluta.

Termino, señor presidente. Al Grupo Parlamentario Socialista, y creo que a todos los grupos de esta Cámara, nos hubiera encantado poder participar para hacer entre todos la reforma de la Administración de nuestro país, que sin duda necesita, con la implicación de los territorios y también de los propios empleados públicos, que seguro que tendrán mucho que decir. Una Administración que se acercara, por supuesto, a la de los países más avanzados de nuestro entorno, que distinga claramente la esfera pública de la privada, pero que pueda facilitar también la colaboración entre ambos ámbitos, que elimine la burocracia innecesaria y sea de verdad eficaz y eficiente; todo eso que ustedes enumeran pero que no se corresponde en absoluto con lo que presentan. En ese debate nos encontrarán siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vázquez.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Intervengo en este turno en contra de los 8 vetos presentados a este Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reformas administrativas para rechazarlos en representación de mi grupo parlamentario. Intentaré dar cuenta de ellos uno por uno.

Evidentemente, una cosa es lo que presentan los grupos políticos en el Registro General y otra cosa es subir a esta tribuna pública y, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, poner en tela de juicio cuestiones que nada tienen que ver con el proyecto de ley y con el propio veto presentado por los grupos, pero eso es algo ya habitual.

Los grupos políticos que presentan estos 8 vetos los basan fundamentalmente en atribuir a este proyecto de ley ―yo creo que erróneamente, aunque pueda estar equivocado― o bien un espíritu recentralizador o bien una invasión competencial, e incluso hay grupos políticos que dicen que ambas cosas o incluso también alguna otra.

En cualquier caso, no tanto en la lectura y análisis de los vetos que he realizado como en la presentación de cada uno de los señores portavoces que han intervenido y que me han antecedido en el uso de la palabra, me ha parecido más un concurso de ideas para ver cuál era el que daba el adjetivo calificativo más ocurrente, más gracioso o más chistoso, pero no creo que se tratara de eso. Sin embargo, no toca ahora hablar de quién es más chistoso que quién, a quién se le ocurre




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un adjetivo descalificativo más sonoro y más contundente sino que lo que corresponde es hablar de los vetos que ustedes presentaron en el Registro General de esta Cámara.

Así, el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente los senadores Iglesias y Mariscal, han presentado el veto número 1, y tal y como presentaron el veto en esta Cámara hablan, como no podía ser menos, de recortes, de reducción de empleo público y de deterioro de los servicios públicos. En las veces que he subido a esta tribuna se lo he repetido por activa y por pasiva, y ahora se lo repetiré por perifrástica: señorías del Grupo Parlamentario Mixto, representantes de Izquierda Unida, quienes pusieron en peligro los servicios públicos básicos fueron ustedes, la izquierda de este país, con los apoyos y silencios, entre otros, de los diputados y senadores de Izquierda Unida al anterior Gobierno socialista en minoría y a su negación de lo evidente: la crisis; la crisis y la herencia recibida. Si quieren, podría estar otros tres cuartos de hora recordándosela, pero no seré tan cruel. (Rumores).

Señorías de Izquierda Unida, senadores Iglesias y Mariscal, la consolidación fiscal es irrenunciable para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno de España, por dolorosa que esta haya sido y, evidentemente, estarán ustedes conmigo ―aunque es posible que no porque niegan hasta lo evidente― en que ya está empezando a dar sus frutos. Las limitaciones al déficit y a la deuda no son un capricho del Gobierno y ni tan siquiera del Grupo Parlamentario Popular sino que es una auténtica necesidad para la supervivencia. Las políticas de gasto sin límite, a las que ustedes, la izquierda de este país estaban acostumbrados, no tuvieron éxito en el pasado reciente de España; es más, queridos compañeros de bancada, llevaron a este país a la cuasi bancarrota y dejaron más de 4 millones de desempleados. Esas son sus políticas keynesianas. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor DE LAS HERAS MUELA: El problema, senador Mariscal, sí es el gasto público, como también lo es la falta de ingresos para financiarlo, y cuando se carece de ellos ―que es lo que ha ocurrido habitualmente en España durante estos últimos años― hay que pedirlos prestados al exterior y, evidentemente, hay que ser creíble porque nadie presta nada a nadie si no es creíble.

Señorías, aquí no se socava ni el principio de autonomía ni el principio de autogobierno ni nada que se le pueda parecer, se legisla para racionalizar el sector público, les guste más o menos. En este sentido, tal y como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, si el texto prácticamente no dice nada no sé qué es entonces lo que les preocupa.

Sobre su impacto en el empleo, del que habla el senador Mariscal, tiempo tendremos de analizar qué reformas laborales, apoyadas por ustedes, destruyeron centenares de miles de empleos y qué otras reformas, no apoyadas por ustedes, empiezan a generar datos de empleo que son los mejores en las series históricas conocidas del empleo o desempleo español.

Señora Capella, usted presentó el veto número 2, y como no podía ser de otra forma, habla de laminación y subordinación de las competencias de las comunidades autónomas, atribuyendo a este proyecto de ley una visión centralista y homogeneizadora del Estado. ¡Mira que le gusta buscar adjetivos complicados para decir algo que es mucho más evidente, que es lo que es!

El Grupo Parlamentario Popular no puede estar más en desacuerdo con esa visión, a mi juicio —y puedo estar equivocado— trasnochada de la realidad de España. El Parlamento español —le recuerdo, señora Capella, del que usted forma parte, no sé si por imperativo legal— legisla, que es lo que corresponde al Poder Legislativo, que es lo que somos. Le podrá gustar más o le podrá gustar menos, pero sobre la base de la mayoría que le otorgó el pueblo español, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y del Senado, junto con el Gobierno, legislan. Efectivamente, senadora Capella, el artículo 135 de la Constitución española garantiza la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y ello, por perifrástica, es irrenunciable para este grupo parlamentario y para el Gobierno. Y no lo es por capricho —se lo decía antes al senador Mariscal—, créannos. Sería mucho mejor recibido un anuncio del Ministerio de Hacienda para continuar con el barra libre para todo y para todos, pero le repito que esa no es la cuestión. La cuestión es la supervivencia del Estado del bienestar que ustedes dejaron absolutamente tocado, porque la salida de la crisis, senadora Capella, nunca será ideológica, sino por aplicación del principio de rigor presupuestario.




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En cualquier caso, si como manifiesta en su veto este proyecto de ley es tan solo una mera descentralización administrativa, no acabo de entender por qué les preocupa tanto a algunos el régimen competencial. Es absolutamente contradictorio. Sus críticas más sobresalientes, como las del resto de los grupos, se centran en las secciones del Tribunal de Cuentas, la integración de la Aneca, las licencias federativas —sobre las que hay propuesta también una enmienda transaccional—, y lo primero y necesario, puesto que hay comunidades autónomas sin órganos externos de control y fiscalización respecto del Tribunal de Cuentas —no son pocas, creo que 5—, es más que razonable que el propio Tribunal de Cuentas tenga una sección territorial en aquella comunidad autónoma como Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja o Murcia, que no tienen Tribunal de Cuentas.

Respecto de la Aneca, creo que es absolutamente razonable que al Estado sea al que le corresponda la evaluación del conjunto del sistema educativo español y, por lo tanto, se trata tan solo, senadora Capella, de lograr la interconectividad entre todas las agencias autonómicas. Finalmente, sobre la licencia deportiva, creo que estamos intentando llegar a un acuerdo respecto a una transaccional.

El veto número 3 se corresponde con el presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Senador Bel, este proyecto de ley —ya se lo he manifestado con anterioridad— no vulnera competencia autonómica alguna ni en materia de universidades ni por la licencia deportiva única —sobre la que estamos trabajando— ni por el boletín edictal único o por el tema de los consorcios que tanto le preocupa. Pero claro, para lo que quieren, para unas cosas el Estado tiene que ser el papá Estado que sujete todos los consorcios de todo el mundo, y para otras, el Estado no pinta absolutamente nada y el régimen competencial de las comunidades autónomas es inviolable. Intuyo, senador Bel, y puedo estar equivocado, una cierta dosis de revancha —igual es un término excesivo—, como si estuviera un poco quejumbroso porque desde el Estado se ha legislado para corregir el déficit y el gasto público en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y entonces se enfada y presenta un recurso de inconstitucionalidad respecto de algunos artículos de esta ley. Dígame qué artículos de esta ley vulneran el estatuto de autonomía, porque yo no los veo.

El veto número 4 fue presentado por la parte de Entesa que es Iniciativa per Catalunya, y sinceramente, después de lo que ha manifestado el senador Guillot, que ha hablado de muchas cosas, cuando uno lo analiza, queridos compañeros de bancada, cambian 3 palabras, exposición de motivos por preámbulo, y el resto es exactamente el mismo veto que ha presentado su compañero ideológico, el señor Mariscal. Lo mismo, no se le cae de la boca el recorte, el hachazo, etcétera. Quién puso en riesgo los servicios públicos, y sobre todo en algunas comunidades autónomas, fue la izquierda de este país. Ha tenido que venir el Gobierno del Partido Popular y tomar medidas muy dolorosas para poner blanco sobre negro y garantizar el Estado del bienestar.

Señor Sabaté, corresponde su veto número 5 con la parte socialista de la coalición electoral con la que concurrieron a las elecciones, y no tengo si no que negarle la mayor. Ni se legisla contra el reparto constitucional de competencias ni mucho menos existe el objetivo ideológico soterrado de recentralización. ¡Es que hay que ver qué complicación de frase! ¡Objetivo ideológico soterrado de recentralización y deterioro de los servicios públicos! ¿De verdad, señor Sabaté, creen ustedes que el objetivo soterrado del Gobierno, del grupo parlamentario y de quien les habla es la aniquilación de los servicios públicos? ¿Usted cree que alguien podría demostrarnos semejante barbaridad? Porque es una auténtica barbaridad. No es ningún objetivo soterrado ni del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular ni de quien les habla el aniquilar ningún tipo de servicios públicos sino de ponerlos en alza y en valor y, evidentemente, partiendo de la cuestión previa de que hay que ser eficaces y eficientes sobre todo cuando se hereda una situación como la que se ha heredado.

Le preocupan también las licencias deportivas únicas, cuestión sobre la que hay una transaccional, las federaciones territoriales, tema en el que también se está trabajando, y al igual que a casi todos los grupos parlamentarios el tema del boletín edictal único, el tema de los consorcios. Y hablan de la desaparición del Instituto de la Juventud o del de la Mujer. Yo creo, aunque puedo estar equivocado, que nada más lejos de lo pretendido por este proyecto de ley, que tan solo pretende, vuelvo a repetirlo, racionalizar y simplificar el sector público estatal.




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Señor Sabaté, el boletín edictal único permitirá que comunidades autónomas y entes locales puedan insertar sus anuncios gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado y que todos los españoles tengan esa posibilidad y referente de garantía jurídica de que todo lo que se publica en este país de forma oficial está en un único boletín. Respecto de los consorcios, creo que la cuestión que se plantea es garantizar su sostenibilidad y a la vez su eficiencia, y de paso dotar de una mayor seguridad jurídica a sus miembros. Porque está claro que si un consorcio está en riesgo de extinción no lo estará porque el Estado deje de aportar, sino porque los propios estatutarios están incumpliendo las obligaciones por las que firmaron formar parte de ese consorcio. Y ¡claro!, para lo que queremos, que venga papá Estado a solucionarlo todo, pero cuando me viene bien, es mejor que sea una competencia. Y respecto del Consejo de la Juventud, tres cuartas de lo mismo. Sus funciones serán asumidas por el Instituto de la Juventud, que es el actual referente de la juventud para comunidades autónomas y entidades locales y todo el movimiento asociativo, por cierto, creado por ustedes, por los socialistas en el año 2005. No sé, por tanto, qué tienen en contra del Instituto de la Juventud.

El señor Martínez Oblanca en su veto número 6 insiste en aquello de la vulneración e invasión del ámbito competencial de las comunidades autónomas, y hace lo que muchos otros grupos, que tan solo lo reflejan en el texto pero no lo demuestran. Hace mención expresa a la V Conferencia de Presidentes como fórmula para abordar lo que todos creemos que ocurre, es decir, el sobredimensionamiento del sector público, pero ahora que tienen una propuesta sobre la mesa, directamente la rechazan. Paradójicamente también se definen ustedes contrarios al déficit a la carta, y usted, y solo usted, dice que fue impulsado por el Gobierno en 2013. Pero, efectivamente, estará usted conmigo en que fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de todas las comunidades autónomas. Porque, claro, si el Principado de Asturias no está conforme con esto, lo que es absolutamente imposible es buscar la unanimidad de todas las comunidades autónomas, corporaciones locales y el propio Estado cada vez que planteamos una reforma de cualquier tipo.

Finalmente critica la calidad de las prestaciones públicas y la política fiscal del Gobierno recién anunciada. Creo que usted mismo y algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra no ven algo que es evidente, la propuesta de reforma fiscal que ahora se esboza y va a beneficiar a todos, a las familias, a los autónomos y a las propias empresas. También le gusta ponerle adjetivos calificativos a la ley y dice que es una ley decorativa, con lo cual no acabo de entender la ferocidad de su crítica.

Voy terminando. El veto número 7 fue el presentado por el Grupo Parlamentario Vasco, y en él se manifiesta, como en el veto de Foro Asturias, que este proyecto de ley vulnera la distribución competencial. Díganme concretamente qué artículo del Estatuto de Autonomía de Euskadi vulnera este proyecto de ley.

Senadora Martínez, nada más lejos de la realidad. No es voluntad del Gobierno. Hagan ustedes un repaso; ya sabe usted que el derecho es una fina línea con dos caras. Hagan un repaso al amparo habilitante del artículo 149 de la Constitución.

Dice que es un texto que proviene del CORA y, además, que hemos puesto un árbitro que está comprado y sin rivales. Pues está de actualidad, pregunte usted a los brasileños qué les ha pasado. Dice que es un proyecto mediocre porque ni ordena ni reduce gastos y cuyo único objetivo es acabar con el Estado de las Autonomías. Nada más lejos de la realidad, senadora Martínez. Sobre una de sus críticas al proyecto de ley, el boletín edictal único, le repito lo que acababa de manifestarle al senador Sabaté, ¿no cree usted que es mucho más eficiente para todos los españoles navegar en un único boletín en vez de tener que navegar en 1, más 17, más 2, más 50? ¿No lo cree usted? Nosotros sí, por eso lo proponemos.

Respecto del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público Estatal de Empleo, le diré que para nada supone una invasión competencial. Léase el artículo 16 del proyecto de ley. Se trata de una mera colaboración con las comunidades autónomas en un tema tan trascendente para el futuro de España como es el empleo.

El perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esa es la sensación que tenemos algunos miembros de mi grupo respecto de la postura de ciertos grupos parlamentarios, pues basta que el Gobierno presente un proyecto de ley para con toda excusa y protesta darle hasta en el cielo del paladar.




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Respecto a la supuesta recentralización de la Aneca o del Organismo Autónomo de Programas Europeos, o a los desbordamientos o recentralizaciones, más bien al contrario, le repito, senadora Martínez, total voluntad de colaboración y racionalización del sector público. Pues tan Estado es el propio Estado, la Administración General del Estado, senadora Martínez, como las comunidades autónomas o los propios entes locales.

Finalizo ya, señor presidente. Senador Vázquez, le voy a dedicar tres minutos al Grupo Parlamentario Socialista. Comienzan ustedes calificando este proyecto de ley como eliminador o reorganizador de algunas estructuras administrativas y añaden en su escrito —entrecomillo— que la crisis— y añado yo, crisis que ustedes negaron primero y luego no supieron atajar por absoluta inoperancia— es la excusa de este Gobierno para establecer las políticas de retroceso y deterioro de los servicios públicos. Y lo dicen ustedes, los socialistas, aquellos que dejaron, queridos compañeros de bancada, la peor de las herencias que Gobierno alguno haya recibido. ¡Qué paradoja y qué deslealtad política, senador Vázquez! Les pediría que, al menos, en algunos temas que afectan a la gobernabilidad, a la economía y al empleo, se mantuviesen, si no callados, porque creo que eso es imposible, con un mínimo de autocrítica, y, sobre todo, que pidieran perdón a los ciudadanos por lo mal que lo hicieron durante los últimos cuatro años de Gobierno.

Dicen que este proyecto de ley es una cuestión ideológica. ¿El qué, senador Vázquez? ¿El sacar a España del agujero es una cuestión ideológica? Pues si usted cree que sacar a España del agujero es una cuestión ideológica, me reafirmo en la ideología. Dicen, además, que antes apoyando las medidas del Gobierno de Zapatero y ahora, en la oposición, defienden lo mismo: una Administración pública y sostenible al servicio de los ciudadanos. Y lo peor, estimados compañeros, es que incluso se lo creen, cuando en realidad son meras palabras, muy bonitas, pero palabras. Porque los hechos, el pretérito y el pasado corroboran todo lo contrario. Sus políticas contradictorias son las que en verdad pusieron en peligro los servicios públicos, la sostenibilidad de las administraciones públicas y el propio Estado del bienestar.

Se preguntan ahora cuál es el modelo del Partido Popular respecto de los servicios públicos. Desde luego, cualquiera menos el suyo. Hablan en su veto de la supresión del Consejo de la Juventud y del Instituto de la Mujer. Y no es cierto. En cuanto al primero, simplemente sus funciones pasan a ser asumidas por el Instituto de la Juventud, que, repito, crearon ustedes en 2005. Y, el segundo, pasa a integrarse en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Aseveran que son elementos recentralizadores el boletín edictal único, las licencias deportivas y la posible transaccional. Nada más lejos de la voluntad política del Gobierno y de este grupo parlamentario. Se trata tan solo de racionalizar.

Y no quisiera finalizar sin aclararles un par de puntos referidos en su veto acerca de que en este proyecto de ley y en algunos otros incluimos cuestiones que nada tienen que ver con él. En eso fueron ustedes auténticos maestros.

Para acabar el análisis de su veto —y me quedan doce segundos— solicitan del Gobierno un nuevo texto que recoja aspectos como la adecuación constitucional de España, que sea un proyecto de ley fielmente racionalizador y que se recojan un conjunto de disposiciones para reorganizar todos los organismos públicos. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, eso es lo que tienen hoy encima de la mesa para discutir, para valorar y para votar.

Nosotros votaremos en contra, evidentemente, de los 8 vetos presentados.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Sí, señor presidente. Compartiré el turno del Grupo Parlamentario Mixto con la senadora Capella.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular y a su portavoz la atención que ha prestado al contenido de los 8 vetos y cómo ha ido analizando su contenido. Al menos nosotros nos sentimos atendidos, y lo digo porque en esta ocasión no ha dedicado todo su tiempo al Grupo Socialista. Para nosotros eso está bien, es bueno.

No estamos tan de acuerdo con los elementos de análisis de nuestro veto, señorías. Ha utilizado usted 4 veces la expresión papá Estado, una expresión cuyo contenido denota lo que




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antes hemos afirmado desde la tribuna: su entendimiento de que un Estado, siempre con un papel paternalista, debe ser eliminado. Este es el contenido que subyace de la utilización permanente de la expresión papá Estado. Pero es curioso que ustedes no hagan mención a la expresión papá Estado cuando en nuestro país papá Estado ha salvado a la banca con 60 000 millones de euros. Y es curioso que no utilicen la expresión papá Estado cuando sus amigos de las empresas de las autopistas de peaje están a punto de quebrar y aparece papá Estado para salvarlas. Es realmente curiosa la utilización de la expresión papá Estado.

Hay 2 cuestiones que quiero aclarar. Señoría, estoy intentando recordar el nombre de los ministros de Izquierda Unida en los Gobiernos de Zapatero, porque no los recuerdo. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Rosa Aguilar.) Le pido, si es usted tan amable, que me diga cuáles son los nombres de los ministros comunistas y de Izquierda Unida en el Gobierno de Zapatero, así como cuáles son las leyes que en Izquierda Unida acordamos y aprobamos durante la época del Gobierno del señor Zapatero. Creo que fueron ustedes los que consensuaron bastantes más leyes que nosotros con ellos, y para empezar puedo citar la reforma del artículo 135 de la Constitución, a la que usted ha hecho referencia.

También estoy intentando recordar, porque no me viene a la cabeza, qué reforma laboral ha apoyado Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados a lo largo de la democracia. Señorías del Grupo Popular, nosotros somos los que estábamos al frente de las huelgas generales, no los que hemos apoyado las reformas laborales que se han puesto en marcha en este país. No estamos de acuerdo con ninguna de ellas, siempre nos hemos movilizado en contra y vamos a seguir haciéndolo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Señor Suárez, qué mala suerte tiene aquí la oposición. Parece que llevamos fatal lo de la comprensión lectora, pues resulta que siempre vemos y leemos cosas que ustedes dicen que no han escrito y que no ven. Pero qué extraña coincidencia que aquí grupos parlamentarios que representan a partidos políticos muy distintos seamos tan coincidentes a la hora de hacer una misma lectura, o al menos aproximada, de este proyecto de ley. Creo que ustedes alguna vez deberían hacerse la pregunta al revés: ¿no será que lo que ustedes están haciendo no está demasiado bien? ¿O realmente que todo lo que están haciendo es lo que nosotros les adjetivamos y resaltamos porque, evidentemente, no coincide con lo que nosotros defendemos? En consecuencia, no ataquen por este lado porque dejan ver claramente sus debilidades.

¿Intencionalidad política de la ley? Por descontado. Como he dicho antes, es la segunda parte de lo que les ha recomendado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. La primera, la reforma de la Administración Local. La segunda, este segundo proceso de recentralización: invasión de competencias y su correspondiente pérdida por parte de las comunidades autónomas y la vulneración del Estatut de Autonomía de Cataluña. ¿Saben qué pasa? Que se les ven los dientes aunque no abran la boca; aunque la tengan cerrada, nosotros les vemos los dientes.

Por descontado que la política económica es ideológica, y la legislación también. La legislación no es neutra porque a través de ella se pretende incidir en la realidad para cambiarla en función del modelo de sociedad que cada uno de nosotros estamos defendiendo. ¡Faltaría más! Y ustedes efectivamente tienen ideología y la demuestran a través de la política económica que ustedes desarrollan, legislan y promocionan, y a través de su propia legislación, y ya se lo he dicho en múltiples ocasiones: evidentemente,

entre el modelo de sociedad que defiende Esquerra Republicana y el que defienden ustedes hay una eternidad ideológica.

Gracias. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.




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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Empezando por lo más importante, quiero anunciar que, como no podía ser de otra forma, mi grupo parlamentario va a votar a favor de los 8 vetos presentados dada la coherencia y coincidencia de nuestros argumentos, unos argumentos que parece ser que al señor De las Heras le han resultado del todo insuficientes. Porque no sé si se refería a mí o a otros portavoces, pero ha iniciado su intervención diciendo que esto parecía un concurso para ver quién era más ocurrente o más chistoso. Vaya por delante, señoría, que en ningún momento es mi intención resultar ni ocurrente ni chistosa, sobre todo en este tipo de materias que para mí son de una seriedad fundamental; lo son para mí y para el Gobierno que nosotros apoyamos. Porque le voy a decir lo siguiente: a día de hoy y en los últimos dieciocho meses, los dieciocho meses de Gobierno del Partido Nacionalista Vasco en esta última legislatura, se han presentado ni más ni menos que 26 conflictos competenciales. Cuando se acogen además esos conflictos competenciales es porque los órganos ante los que se presentan entienden que hay una base jurídica suficiente. Si quiere le puedo traer una lista exhaustiva de cuáles son los preceptos constitucionales, jurídicos, jurisprudenciales y de estatutos que vulneran cada uno de los 26 conflictos; y no solamente este proyecto de ley. Y mi enfado viene precisamente porque esta es la gota que colma el vaso. Esta ley es el paradigma de cuál ha sido realmente la estrategia del Partido Popular respecto de la estructura territorial del Estado desde el principio. Y estos 26 recursos que hoy día están encima de la mesa corresponden en buena medida a recursos presentados por el Gobierno vasco, pero también a recursos presentados por su Gobierno en contra del nuestro en aquellas materias que consideran, no ya que hay una cuestión competencial, sino muchas veces por una cuestión de mero fondo.

Así, por ejemplo, el Gobierno de Rajoy ha recurrido una modificación que incluyó el Gobierno vasco en el decreto de víctimas policiales, dejando así en el aire las compensaciones y el reconocimiento a parte de los damnificados. También el Ministerio del Interior ha rechazado y ha recurrido el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado de la comunidad autónoma vasca, no basándose en cuestiones competenciales, que esas están bien claras, sino en cuestiones tan subjetivas como el hecho de considerar que Euskadi no es ninguna república independiente, para nuestra desgracia, diría yo.

El margen de maniobra que se está dejando a los gobiernos autonómicos —y cuando hablo del Gobierno vasco me van a disculpar sus señorías si no me puedo referir al resto de gobiernos autonómicos, pero es sencillamente porque esa es la cuestión que yo mejor conozco—, como digo, el margen de maniobra que está dejando a los gobiernos autonómicos el Gobierno de Rajoy con su mayoría absoluta es ciertamente limitado, y por ello muchas veces no nos queda más remedio que recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que no nos gusta, porque, como antes decía, dudamos muchísimo de la objetividad de un árbitro tan parcial, dado que sus componentes están designados a dedo por el ministerio, a la hora de dirimir las cuestiones competenciales. Pero de los 26 conflictos competenciales que hay encima de la mesa, 7 los ha presentado Lakua, 2 los ha presentado el Gobierno español, 3 conflictos de competencia son positivos y en ellos no se están tratando leyes de alto rango, sino que son normas de carácter menor, y hay 2 peticiones de aclaraciones para solventar a quién corresponde la competencia en esas medidas.

También es cierto que estamos negociando; lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, porque, además, entendemos que ese es el papel fundamental que justifica nuestra presencia en esta Cámara. Porque muchas veces nos vemos ante la tesitura de elegir entre Guatemala y Guatepeor, y vaya por delante que mi grupo parlamentario siempre va a estar, aquí y en el Congreso, más a favor de Guatemala que de Guatepeor, aunque no nos guste ni la una ni la otra. Y por eso seguimos manteniendo negociaciones pendientes en la comisión bilateral Euskadi-Estado, que existe, señor De las Heras, una comisión bilateral Euskadi-Estado, donde se dirimen de forma previa estas cuestiones de carácter competencial. Y, además, le voy a decir que durante esta legislatura también hemos llegado a 8 acuerdos parciales, muy parciales, en asuntos sumamente menores que afectan a cuestiones muchas veces secundarias de los proyectos de ley. Pero así se demuestra que nosotros estamos aquí no solamente para lanzar ocurrencias y chistes, como dice usted, sino para trabajar los temas y para buscar siempre la mejor solución, en este caso para Euskadi.




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Volvamos al proyecto de ley que nos ocupa. Decía usted que, efectivamente, el objetivo de este proyecto de ley es racionalizar. Usted me pide que le pase una lista de cuáles son los títulos competenciales del estatuto que vienen vulnerados por esta ley, y le prometo que se la voy a hacer. Pero yo también le voy a poner a usted deberes. En la réplica, por favor, dígame usted dónde hay reducción de costes en este proyecto de ley. Porque racionalizar es reducir costes sin reducir servicios, mejorando, por lo tanto, la eficiencia y la eficacia de las funciones de la Administración pública. Dígame usted dónde hay un único recorte de costes en este proyecto de ley. Racionalizar es también ordenar estructuras de modo que sean más accesibles y más transparentes. Ambos criterios me valen: el de la accesibilidad y el de la transparencia. ¿Me está diciendo usted, sinceramente, que el tablón edictal único va a facilitar la accesibilidad de las notificaciones públicas a los ciudadanos de a pie y a las pequeñas y a las medianas empresas, que en un solo tablón van a tener que hacer referencia a todas y cada una de las notificaciones que pueda haber, a las convocatorias de subvenciones y a las modificaciones catastrales de todo el Estado? Pues yo le digo que no. Y no se lo digo desde planteamientos ideológicos, sino desde una cuestión de mera practicidad. Cuando estamos hablando de accesibilidad, cuando estamos hablando de transparencia, es evidente que desde lo más cercano se gobierna mejor porque precisamente somos más accesibles y muchísimo más transparentes. Y eso es así; y eso, llevado a un extremo, llevado a temas políticos se llama principio de subsidiariedad, donde se viene a decir que lo que se puede hacer mejor a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico no tiene por qué ser regulado a un nivel superior.

Y sobre el contenido de los artículos competenciales, me da la sensación, señor De las Heras, de que no se ha leído mis enmiendas, que ni siquiera se ha leído el veto que hemos presentado, porque todos y cada uno de ellos están justificados competencialmente. A veces incluso tengo la sensación de que nos pasamos con el tema competencial, de que estamos siempre mirando hasta el último milímetro, pero es que está claro que ese es el único trabajo posible que podemos hacer aquí, porque ustedes, a la mínima, nos la cuelan, y a la mínima intentan recentralizar y uniformizar el Estado de las Autonomías. Y en eso, señor De las Heras, una y otra vez, las que hagan falta, nos va a encontrar de frente.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor De las Heras, si usted cree que con desfachatez, descaro y sarcasmo puede resolver 8 vetos, va aviado; la verdad es que no. Son 8 vetos a un proyecto de ley que sí que es una ocurrencia, porque llamar racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa a este batiburrillo de propuestas, esto sí que es una ocurrencia.

En segundo lugar, señor De las Heras, sea un poco sutil. Si yo he aprendido la diferencia que hay entre UPyD, PP o Vox, hasta usted puede ser capaz de entender la diferencia que hay entre Izquierda Unida, PSOE, etcétera. Hay que leer, enterarse un poco y ver la evolución en las votaciones que antes le recordaba el señor Mariscal.

Respecto a la consolidación fiscal —lo he dicho antes en mi intervención—, Iniciativa per Catalunya Verds jamás se ha desresponsabilizado ni del déficit ni de la deuda. Siempre hemos insistido en que hacían falta ritmos y plazos más sosegados para hacer frente a la reducción de ese déficit y para poder liberar recursos a fin de impulsar la economía y proteger a los sectores más golpeados por la crisis. Pero, señor De las Heras, este es el debate hoy en Europa; y la realidad es que España, a pesar de su buena gestión, hasta ahora no ha cumplido con ninguno de los objetivos del déficit. ¿Que lo han hecho mejor que otros? No lo sé; pero ustedes no han cumplido. Así que menos lobos.

Respecto a la buena gestión, es cierto que hay algunos datos macroeconómicos que mejoran, sí. Pero la pregunta es ¿a qué precio? Le voy a dar 4, los que indica la Unión Europea: paro, precariedad, pobreza y deuda. Esos son los 4 principales datos macroeconómicos que hoy en día explican la situación de España.




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Y de verdad, senador De las Heras, que usted, que es compañerete del señor Camps o del señor Fabra, del señor Ruiz-Gallardón o de la señora Botella, me hable de buena gestión, lo encuentro descarado. ¿Cómo alguien comprometido con la gestión de la Comunidad Valenciana o del Ayuntamiento de Madrid nos puede hablar de buena gestión? ¿Cómo se le ocurre? Cállese, sea prudente, ignórelo, porque lo que está pasando en Madrid, más allá del café con leche en la plaza Mayor, o lo que está pasando en la Comunidad Valenciana a nivel de gestión no tiene nombre; a nivel de déficit, no tiene nombre; y a nivel de corrupción, no tiene nombre. Por tanto, cállese. (Aplausos).

Y respecto del sector público y el Partido Popular, también se lo voy a decir con mucha claridad. La relación del Partido Popular con el sector público está muy clara: el intento de privatización de la sanidad en Madrid, el cierre de Canal 9, los despidos en Telemadrid y la entrada de agentes privados en los servicios públicos de empleo. Esta es su relación con el sector público y esta es la manera en que ustedes entienden el sector público. Ese es el motivo por el que insistimos en la presentación y justificación de este veto.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Completa el turno de portavoces de la Entesa el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, he defendido la posición de los senadores socialistas de la Entesa en la defensa de nuestra posición sobre nuestro veto en la intervención anterior. Ahora querría centrarme en algunas de las afirmaciones que ha hecho el senador De las Heras en el turno en contra.

Decía su señoría que el problema es de gasto público. Precisamente esa es, no digo la obsesión, pero sí la profunda convicción del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. Pero, senador De las Heras, los datos contradicen sus reiteradas afirmaciones de manual de recomendaciones y de libro de estilo que les manda el partido. El problema de los gobiernos socialistas no fue de exceso de gasto; en todo caso, como consecuencia de la crisis económica, sí de disminución de ingresos. Y la evidencia de que el problema no lo es de exceso de gasto público —y me remito a los datos— es que en 2011 el gasto público en España sobre el producto interior bruto era del 45,2%, por debajo de la media de la Unión Europea, que era del 49,1%. Por tanto, por qué hablar de esa afición a la que se refería usted de los gobiernos de izquierdas y de los gobiernos socialistas al gasto, al gasto y al gasto, cuando en realidad el gasto público sobre el producto interior bruto en España era inferior a la media europea y, sobre todo, bastante inferior a la de la mayoría de los países más desarrollados y que precisamente más tiran de la Unión Europea y especialmente de la zona euro. España estaba en el 45,2%, Dinamarca estaba en el 57,6% y, en cambio, Bulgaria se situaba en el 35,6%. Hoy en día el gasto público en España sobre el producto interior bruto, gracias a los esfuerzos denodados del Gobierno del Partido Popular y de los grupos parlamentarios que le dan apoyo, ha disminuido al 42,3% en 2014 respecto al producto interior bruto, 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea que sigue en el 49,2%; en concreto, de la zona euro. Pero lo que sí ha aumentado —y esto es paradójico, dada su voluntad de disminuir precisamente la carga del sector público— es la deuda pública, que se ha disparado desde 2011, llegando al 100% del producto interior bruto. Le recuerdo que precisamente al final del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del último Gobierno socialista, la deuda pública española estaba por debajo de la media de la Unión Europea.

Por tanto, insisto, es absolutamente falso que sea un problema de exceso de gasto por esa afición a derrochar que usted da a entender que tienen los gobiernos de izquierdas. Es posible mantener un importante gasto público, evidentemente de manera eficiente, de manera eficaz prestando servicios públicos porque esto no solo da cohesión social, no solo mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, sino que puede ayudar incluso a ser un estímulo para la economía y, en cambio, debilitar al sector público puede tener también efectos nefastos para la economía. A la vista está que sus políticas lo que han hecho es incrementar el endeudamiento, la deuda, y disminuir precisamente los servicios públicos que reciben los ciudadanos, especialmente en temas de dependencia, de sanidad, de educación, etcétera; por lo tanto, lo que están haciendo precisamente es debilitar los servicios públicos, debilitar el Estado del bienestar.




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Decía usted que yo hablaba de un objetivo soterrado, que dónde lo veía. Tiene usted razón seguramente, senador De las Heras, no es un objetivo soterrado, es un objetivo evidente, no está bajo tierra, sino que está a la vista esa voluntad insistente, esa voluntad profundamente ideológica de la derecha española, del Partido Popular de debilitar los servicios públicos, con esa concepción de radicalismo liberal de debilitar en lo máximo el sector público y, en todo caso, intentar privatizar aquellos servicios que se deban mantener.

Y finalmente quiero hacer referencia a su alusión a mis comentarios sobre el tema de los consorcios. Ya le he dicho que es inadmisible que la Administración General del Estado pueda aprovechar la situación de crisis actual, las dificultades de algunas administraciones que participan en consorcios que prestan servicios fundamentales para la sociedad precisamente para, con la excusa de que determinado ayuntamiento, determinada comunidad autónoma no ha atendido en su debido momento sus obligaciones, incumplirlas también los organismos de la Administración General del Estado y aprovecharlo como excusa para acabar haciendo desaparecer el propio consorcio. Dice usted que lo que se pretende con este proyecto de ley es evitar la desaparición de los consorcios; muy al contrario, lo que intentan es buscar una razón —por no decir una excusa, pero sí una razón— que se ampare en la ley para poder debilitar los consorcios, para hacerlos desaparecer con la excusa de que alguno de los miembros, sea alguna de las administraciones coparticipantes sea el sector privado, no ha podido atender sus obligaciones, pero, evidentemente, desatendiendo e ignorando aquellos servicios públicos que se atienden por estos consorcios que, por ejemplo, en Cataluña en muchos casos atienden y prestan servicios sanitarios de carácter absolutamente prioritario para la sociedad. Y ustedes sí prevén la salida de la Administración General del Estado de los consorcios, su desaparición y su destrucción, pero en ningún caso plantean quién va a atender esos servicios que se prestaban por parte de administraciones y de sectores privados consorciados y si la Administración General del Estado se va a hacer cargo realmente de esas obligaciones y de la prestación de esos servicios.

Por tanto, nos reafirmamos en nuestra voluntad y en nuestra intención de presentar el veto porque estamos radicalmente en contra de lo que pretenden el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular con este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

La verdad, senador De las Heras, es que, a diferencia de lo que le han dicho el resto de grupos, yo no puedo estar muy satisfecho en mi consideración en los vetos porque hasta el final de su intervención he tenido la duda y he pensado que como no ha nombrado nuestro veto, igual es que es el único que van a admitir. (Rumores.—El señor De las Heras Muela pronuncia palabras que no se perciben). Sí, claro, lo he comprobado con mi compañero Plana. (Rumores).

En todo caso, he escuchado el reto que proponía a la senadora del Grupo vasco: Ustedes dicen que vulnera el estatuto de autonomía, pero no me concreta. Señoría, empiece a buscar: el artículo 68.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que todos los actos de la Generalitat deben ser publicados en el diario oficial de la Generalitat y eso es suficiente y no requiere ninguna otra publicación en ningún diario oficial, ni del Estado ni en ningún otro. Uno, vulneración: artículo 68.5. Vulneración: artículo 134 del Estatuto de Cataluña, que regula las competencias en el ámbito deportivo, donde se establece claramente que a nivel de comunidad autónoma es suficiente que la licencia sea de una federación autonómica. Por tanto, ya tenemos uno: el 68.5. Y otro más: el 134. ¿Son los únicos? No, habrá más; yo no me acuerdo de todos. Busque el 172, sobre competencias en universidades. La evaluación de la calidad de las universidades catalanas corresponde a la Generalitat de Cataluña. Con la ley que ustedes están aprobando están vulnerando también el artículo 172 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Y van a decirnos: no, es que ustedes generalizan, eso no es verdad. Pero es verdad. Ahora, en el turno de portavoces, van a subir a esta tribuna y van a decir: no vulnera el 68.5, el 134 y el 172 por esto, por esto y por esto. Pero ya les he avanzado antes desde esta tribuna que vamos a presentar recurso de inconstitucionalidad, por lo que tienen que pensar que al menos nos lo




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hemos mirado, que hemos visto sobre qué artículos vamos a presentar recurso de inconstitucionalidad y qué competencias se vulneran, si se vulneran algunas de ellas. Tienen que ser, pues, un tanto respetuosos con el trabajo del resto de los compañeros, como nosotros lo somos con su trabajo. Podemos discutirlo y cambiar opiniones, pero si ustedes me dicen que no vulnera ningún artículo del estatuto de autonomía, en el caso catalán ya he nombrado tres en que los vulnera claramente.

Pero no solo es esta la razón. Nosotros les hemos preguntado, sobre qué base racionalizan el sector estatal? Fusionan alguna entidad; de acuerdo. Hacen desaparecer alguna otra; sí. Pero en lo que se refiere a la estructura del Estado, a la organización del Estado, ¿el Gobierno central ha suprimido algún ministerio? ¿Ha suprimido alguna secretaría de Estado? ¿Ha fusionado algunas direcciones generales? Hay ministerios en los que todas sus competencias están en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene que esos ministerios se mantengan? Quizás lo racional, lo sostenible, lo eficiente sería dar ejemplo suprimiendo esos ministerios o esas secretarías de Estado. Por ello, no solo presentamos y mantenemos el veto, sino que vamos a apoyar los 7 vetos restantes, presentados por los otros grupos parlamentarios.

Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho la siguiente reflexión: si en una ley que teóricamente es importante, si en una ley que teóricamente tiene que fundamentar la organización del sector público a nivel estatal, ustedes se quedan solos y tienen 8 vetos, algo no se habrá hecho bien. Ustedes pueden pensar que se equivocan todos los otros, pero si esta fuera una verdadera ley de reforma administrativa se tendría que haber intentado consensuar. ¿Es un tema de los grupos parlamentarios? Bueno. Pero ¿lo han consensuado con las comunidades autónomas? No. Esta es una ley que va a generar muchos recursos de inconstitucionalidad, muchos recursos de invasión de competencias de diferentes comunidades autónomas. Quizás no la hayan hecho del todo bien. ¿La han consensuado con el resto de la Administración? Porque si tiene vocación de permanencia, si tiene vocación de verdadera reforma de contenido, tendrían que haber buscado este consenso. Y no ha sido así.

Me van a permitir que insista en que en el tema estrictamente de los consorcios no están acertados. Que incumpla un ayuntamiento o que incumpla una comunidad autónoma no habilita para que hundan el consorcio. Si lo que ustedes pretenden es hundir el consorcio, esta es una buena medida; pero porque un ayuntamiento o una comunidad autónoma no pueda hacer las aportaciones de un ejercicio, obligatorias en el consorcio, eso les habilite para que el Estado deje de hacer esas aportaciones, con lo cual no se solventa el problema del consorcio, sino que se agrava, lleva, evidentemente, a la desaparición de muchos consorcios. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Son consorcios que han hecho bien su trabajo, que no han despilfarrado y que han sido una herramienta útil para desarrollar diferentes ámbitos, como el universitario o el de la investigación y el desarrollo —fundamentales—, sobre los cuales pivota una parte del futuro de nuestro sector productivo. Y venimos aquí y hacemos leyes de I+D. De acuerdo. Pero ¿sobre qué se van a apoyar estas leyes? ¿Sobre unos consorcios que, por situaciones absolutamente coyunturales, vamos a poder hundir? Creo que eso es una equivocación, que es un error y no solventa nada, porque, que el Estado no haga su aportación, ¿qué va a solventar? Repito que no va a solventar nada; va a hacer que ese consorcio se tenga que disolver.

Y la actividad que hacía ese consorcio, ¿quién la va a hacer? ¿Se va a poder continuar haciendo o simplemente se va a suprimir ese tipo de actividad? Creo que eso es elemental. En definitiva, es una norma que no aporta ningún beneficio, más allá de la dificultad en que ponen al resto de consorcios en general. Ya saben que les he expresado antes mi inquietud respecto de los consorcios sanitarios; pero no se trata exclusivamente de los del ámbito de la sanidad, sino de otros servicios públicos, que van a dificultar. ¿Ustedes quieren eliminar el sector público? Yo no me instalo en ese discurso, lo haré de otra forma. Pero, de forma consciente o de forma inconsciente, están tomando unas medidas que ponen en grave riesgo una parte del sector público que ha sido eficiente, una parte del sector público que ha cumplido una función fundamental y que vamos a poner en una coyuntura mucho más difícil de la que ha tenido hasta estos momentos.

Muchísimas gracias. Y repito que vamos a apoyar cada uno de los 8 vetos presentados a esta ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.




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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor De las Heras, ¿de verdad cree usted que este es un proyecto de reforma de la Administración o siquiera de racionalización de algo? No creo que usted se lo crea, de verdad. Si fuese así, tendría que decirle que no se lo ha leído.

En su intervención usted no ha hecho ni una sola propuesta de contenido de esa supuesta reforma. Es verdad que nos ha hablado del registro de los vehículos, de la unificación del Coro de Radio Televisión Española con no sé qué, de la unificación de las cuentas corrientes de la Administración central del Estado, y de cuatro cositas más, pero reforma reforma de la Administración… ¡Hombre! No, no pueden creérselo ni ustedes mismos.

Nos decía que los socialistas pidiésemos perdón. Pues, mire, señor De las Heras, ni perdón ni permiso a ustedes para decir lo que pensamos cuando salimos a la tribuna. (Aplausos). Ni perdón ni permiso a ustedes, señor De las Heras.

Ayer, en la interpelación con el ministro Soria, ya dije que me aburre tener que hablar de desmontar lo de la herencia. Pero, claro, que ustedes me hablen de deuda, cuando la han subido en más de 340 millones de euros diarios —festivos y fiestas de guardar incluidos—; que me hablen de déficit, cuando al final de 2013 el déficit de la Administración del Estado, que es responsabilidad del señor Rajoy, era superior al que tenía a finales de 2011 el señor Zapatero; que me hablen de facturas en los cajones, cuando son sus facturas y sus cajones o de las comunidades valenciana, murciana, de Castilla y León, de Galicia, y sobre todo del ayuntamiento de Madrid. (Rumores). Que me hablen de eso… ¡Por favor! (Aplausos.—Rumores). Y que me hablen del Plan de pagos a proveedores como algo graciable que el Gobierno del Partido Popular ha hecho en los ayuntamientos, cuando es un dinero que el Banco Central Europeo dio al 1% y se les ha cobrado al 6%... Pues vaya favor que les han hecho.

Señorías, deberíamos intentar encauzar un debate sobre lo importante que sería una gran reforma de la Administración, pero, evidentemente, ustedes no creen, ustedes no tienen modelo más allá del adelgazamiento, la reducción de lo público, la desprotección de aquellos más débiles, que no pueden valerse por sí mismos para acudir a lo privado.

La consecuencia de estos dos años y medio es menos servicios, de menor calidad, más alejados y más costosos para los ciudadanos; menos derechos, en definitiva. Eso es así. Dicen que no, que integran el Consejo de la Juventud. Pero, no, se lo cargan. Han presentado una enmienda en la que le dan seis meses más de vida, le prorrogan seis meses la vida pero se lo cargan, porque el Injuve depende del Gobierno y el Consejo de la Juventud era un organismo autónomo. Por lo tanto, no es así.

Señorías, racionalizar la Administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad en cada momento, pero sabiendo que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque sostienen el pilar de la igualdad: la sanidad, la educación, la seguridad. Esas esferas no pueden ser privatizadas. Por supuesto, tiene que haber más coordinación, menos duplicidades o ninguna de ellas, pero eso no supone más centralización en aquello que no se ha decidido entre todos, que es lo que ustedes hacen: centralizo, pero sin hablar con los que tenían la competencia.

Los socialistas queremos más reformas. Es verdad, señorías, ¡claro que sí!, pero para recuperar servicios de calidad, para acercar la Administración a los ciudadanos, hacerla más transparente y que esté servida por profesionales, por profesionales prestigiados y motivados desde todos los puntos de vista y no denostados, como aquí se ha intentado hacer. Queremos más recursos, sí, pero para combatir la exclusión social y la pobreza, para combatir el desempleo y las desigualdades, y menos para sanear bancos y rescatar autopistas ruinosas. Queremos más para los que más han perdido. Eso es lo que nosotros queremos.

Le voy a hacer un relato, porque la coincidencia de que haya tenido que trabajar en una serie de leyes en los últimos meses me permite hacerlo. Ustedes han diseñado una estrategia muy elaborada, porque si todo lo que aquí voy a relatarles lo hubieran hecho en una sola ley, el escándalo hubiese sido monumental. Por eso, pasito a pasito, aprovechando leyes que nada tenían que ver, han construido el camino perfecto para el asalto de lo privado a lo público, a la gestión de lo público, especialmente en lo municipal. Veamos.




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En varias iniciativas legislativas introdujeron bonificaciones de hasta el 95% de todos los impuestos municipales importantes: el IBI, el IAE, el de plusvalías, aprovechando en este último caso la Ley de impuestos medioambientales. Como sabemos, eso va a beneficiar a las grandes empresas porque son las que van a tener capacidad de presión sobre los ayuntamientos para que les rebajen el 95% de sus tributos locales.

En la reforma local, que yo llamo contrarreforma, permiten hacer paquetes. La concesión de servicios públicos municipales ya no tiene que ir a 8000 municipios No, concentremos en las diputaciones y hagamos los correspondientes 50 pliegos de condiciones, lo que es muchos más fácil, mucho más manejable, y sobre todo es menos costoso para las empresas hacerse con la concesión de los servicios públicos y repartirse el papel sin tener que entrar en la atomización de lo que significaban los municipios o mancomunidades. A través de la Ley de deuda comercial les resuelven a estas empresas concesionarias en el futuro el gran problema que tenían cuando trabajaban con las administraciones locales o autonómicas, es decir, el cobro de los servicios a esas administraciones. La Ley de deuda comercial se lo resuelve perfectamente, porque les garantiza que van a ser, después de los bancos, los primeros que cobren, incluso antes que los empleados públicos. Les paga directamente el Estado, si no lo hace la Administración.

A través de la Ley de la factura electrónica se garantiza la obligatoriedad de presentar y cobrar la factura en un tiempo corto, y se evita incluso que se pueda negociar el retraso. Como no ha sido de mucha aceptación, se presiona a los ayuntamientos, como veremos en la ley próxima, de pago a proveedores, para que tengan obligatoriamente que entrar en el asunto de las facturas electrónicas.

Pero, señorías, lo más grave, a mi entender, es que se aprovechó esa Ley de factura electrónica para introducir en la comisión del Senado, como acostumbran —estamos ahora viendo transaccionales a la ley que estamos debatiendo—, una enmienda muy amplia, de muchas páginas, que modificaba la Ley de contratos de las administraciones públicas. Y de esta forma, como ya denuncié en el debate de esa ley, se permite hacer un traje a medida para realizar la concesión de servicios, aunque sea a muy largo plazo.

Todo esto, señorías, se llama facilitar al máximo a las empresas que vayan a quedarse con esa tarta tan importante que son los servicios municipales del sector público local, y hacerlo con garantía de cobro y beneficio, sin pliego de concesiones imprevisibles y que les garanticen las adjudicaciones pactadas sin tener que ir a licitaciones dolorosas económicamente y con los mayores beneficios fiscales. Sí, la verdad es que está bien pensado; por eso creo que, al igual que la Ley de reforma laboral, fue hecho por algunos despachos.

En la otra intervención les he dicho que no tenían modelo de lo público, pero posiblemente no sea así. Quizás en su partido existan dos tendencias: unos quieren reducir la Administración al mínimo y otros, privatizar y externalizar los servicios; unos quieren matarla y otros hacer negocio con ella. Pero en un futuro tendremos que procurar hacer una ley de racionalización, una ley de reforma de verdad de la Administración de este país. Y lo vamos a hacer contando con el consenso; esta gran reforma —lo decía antes— no pueden hacerla solos, por mucha mayoría que se tenga en un Parlamento. Tiene que hacerse contando con el resto de los grupos políticos, pero, sobre todo, y se ha dicho aquí, con las otras administraciones territoriales. Hay gobiernos de comunidades autónomas, hay gobiernos locales a los que afecta muchísimo esta reforma de las administraciones y, por lo tanto, hay que negociarla con ellos. Pero hay representantes de los empleados públicos, hay sindicatos, hay organizaciones a las que también hay que convocar y con las que también hay que pactar. Nosotros a eso estamos ofreciéndonos permanentemente; pero, por favor, si no retiran la ley, al menos retiren la denominación, y así podremos en el futuro afrontar conjuntamente —incluso en esta legislatura, si quisieran— una auténtica reforma de las administraciones públicas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador de las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Quiero hacer 4 apuntes respecto de algunos de los comentarios que en este turno final de portavoces han hecho los grupos parlamentarios. No veo al senador Mariscal, pero me preguntaba por un ministro de Izquierda Unida. Se me ocurre una directamente: la señora Aguilar, que fue




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alcaldesa de Córdoba; luego se pasó al PSOE, pero creo que era procedente de Izquierda Unida. (Aplausos).

Senadora Capella, no me llamo Suárez, me llamo de las Heras.

Senador Guillot, lo del batiburrillo, el compañerete y el cállese me ha sonado a bolivariano. (Aplausos.—Rumores). Respecto del precio que hemos tenido que pagar todos por la crisis, que es el paro, la precariedad y la deuda, estoy conforme con usted, pero en sentido inverso al que usted alega.

Senadora Martínez, no me dirigía a usted cuando hablaba de los adjetivos calificativos y epítetos; lo hacía por otros grupos. Si usted ha intuido que iba por ahí, le tengo que decir que no, que era genérico y no relativo a su persona. ¿Que de dónde hemos reducido costes? Con esto va a pasar como con la reforma laboral: tiempo al tiempo. Datos históricos, pues tiempo al tiempo. Y en cuanto a su comentario sobre si me he leído el veto y las enmiendas, es tan gratuito como que yo le dijera exactamente lo mismo, lo que no voy a hacer.

Senador Sabaté, le acepto lo del gasto. Es posible que aceptemos que igual no hemos gastado tanto como algunos intuimos, pero estará usted conmigo en que, no sé por qué extraña circunstancia, incurrimos en un protocolo de déficit excesivo, consecuencia de la caída mayoritaria de los ingresos fiscales, y que no tenemos ingresos fiscales suficientes para el gasto que este país necesita. Por lo tanto, sí, es una cuestión de gasto y de ingreso.

Senador Bel, como ahora, no me atiende, porque está hablando por teléfono o está hablando con una compañera. Sobre los 3 artículos que usted dice que vulneran el estatuto de autonomía, creo que... (Rumores). Que conste que no lo hago aposta, luego se lo digo. ¿Que se quedan solos? No, aunque a veces más vale estar solos que mal acompañados, porque, para algunas compañías, casi es mejor aquello de que el buey solo bien se lame.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, senador Vázquez, dice usted que he tenido una intervención que… no sé cómo la ha calificado, poco menos que de ocurrente. Pero, no, he rebatido punto por punto todas y cada una de las cuestiones que ustedes planteaban en sus vetos. Y con respecto a las bondades de la ley, las tiene usted muy claras; y le digo lo mismo que le decía a la senadora Martínez: el preámbulo, los 29 artículos, las 13 disposiciones adicionales, las transitorias, las finales. Y las enmiendas, muchas de las cuales están firmando todos los grupos.

En este turno final me voy a centrar en resaltar algo que se viene produciendo de forma habitual cuando el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno presentan un proyecto de ley, y es que parece que el resto de grupos, más que buscar el consenso, que tanto nos reclaman, lo único que están buscando es la confrontación y el hecho diferencial para, en vez de resaltar lo que nos une, resaltar lo que nos separa. Por mucho que les duela a algunos, sobre todo a la parte de la izquierda parlamentaria más a la izquierda, y a otros que no estaban tan a la izquierda pero que ahora intentan desmarcarse, este proyecto de ley de racionalización del sector público, del que tampoco les gusta su nombre, tiene un antecedente trascendente, que es la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que creo que constituye un hito en la gestión eficiente de los escasos recursos públicos de los que hoy —y ayer— disponemos en el conjunto de las administraciones públicas. Y les vuelvo a repetir, señorías, que dicha opción ni es ideológica ni pretende aniquilar los servicios públicos ni recentralizar la Administración, y mucho menos invadir marco competencial alguno de comunidad autónoma. Dicha ley orgánica se aprobó con el acuerdo mayoritario —y se va a aprobar con el acuerdo mayoritario— de las Cortes españolas, y eso es absolutamente democrático. El desarrollo posterior de la Ley Orgánica de estabilidad en 2012 y en 2013 se resume en varias circunstancias: austeridad, ajuste fiscal y reducción de gasto. Y todo ello, además, acompañado de reformas estructurales que España necesitaba: la reforma laboral, la reforma del sector financiero y la reforma del sector energético. Señorías, si hay algo patente que esta crisis ha puesto de manifiesto es que el sector público debe cumplir una doble premisa: ser sostenible en el tiempo y garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, 4 años 4 —como se anunciaban los toros—, repitiéndoles en las Cortes Generales que hicieran algo coherente frente a la crisis que se venía encima. Pero cuando fueron capaces de reconocerlo ya era tarde, y además con sus medidas provocaron el agravamiento de dicha crisis, dejando más de 4 millones de parados, un descontrol absoluto y falta de supervisión en todas las administraciones públicas. Había 8 millones de facturas




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del conjunto de las administraciones públicas en los cajones; de todas. Un coste, a través del Plan de pago a proveedores, de 42 000 millones de euros, liquidados mediante ese mecanismo para acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Algunas atesoraban facturas impagadas de forma supermillonaria que pusieron en peligro la continuidad de 230 000 pymes y pequeños autónomos. Y el pago de facturas ha permitido que se mantuvieran con empleo más de 400 000 españoles. Y ahora llega un Gobierno capaz, toma las medidas, seguramente duras, pero que van surtiendo efectos —y ahí están todos los indicadores, por mucho que les duelan, señorías del Grupo Parlamentario Socialista—, y la culpa es del Gobierno del Partido Popular. ¡Qué lástima!

Senador Vázquez, me habla del incremento de la deuda a partir de no sé qué año y lo achaca usted al Gobierno de Rajoy, un Gobierno que ha tenido que salir a rescatar a muchas comunidades autónomas con un mecanismo como es el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha contado con más de 62 000 millones de euros. Y responden algunos grupos parlamentarios que eso es una invasión competencial. Un Gobierno que ha tenido que acudir a la titulización de los casi 30 000 millones del déficit de tarifa. Eso debe ser ideológico. Un Gobierno que ha tenido que conseguir 40 000 millones del mecanismo europeo de estabilidad para rescatar los depósitos que los ciudadanos tenían en las entidades financieras que por falta de supervisión suya se fueron casi al garete.

Señorías, situaciones económicas depresivas —y no les entra en la cabeza— como la vivida en España desde la negación de la crisis, allá por el segundo semestre de 2007, y hasta el inicio de la recuperación, en el segundo semestre de 2013, provocaron —estarán ustedes conmigo— una disminución generalizada de la renta disponible de los ciudadanos, un crecimiento galopante del desempleo y una disminución muy considerable de la recaudación fiscal del conjunto de las administraciones públicas, lo que a su vez puso en marcha los estabilizadores automáticos de la economía, y estos provocaron un incremento desmesurado de la deuda y del déficit público para intentar contrarrestar la caída de la demanda interna agregada; déficit y deuda que no son sostenibles en el medio y largo plazo y cuya única solución, y compromiso de este Gobierno y de este grupo, es la consolidación fiscal. En poco más de dos años el presidente Rajoy ha conseguido, con el esfuerzo de todos los españoles, embridar la crisis primero, empezar a tener crecimiento económico constante, reducir las tasas de desempleo con los mejores datos históricos de que se tiene conocimiento, que la prima de riesgo deje de ser un problema, que hoy nos financiemos incluso mejor que la todopoderosa Estados Unidos, salvaguardar los depósitos de los ciudadanos en las entidades financieras que ustedes, por falta de supervisión, dejaron prácticamente en quiebra. Evidentemente, no estamos satisfechos y lo mejor está por venir. Tenemos un objetivo prioritario, que es dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir el objetivo fundamental: reducir el desempleo y afianzar el crecimiento económico.

Ustedes hablan de consenso. Desde el Grupo Parlamentario Popular les ofrecemos que se sumen a este proyecto de ley y a las reformas emprendidas por el Gobierno del presidente Rajoy, apoyadas por nuestro grupo parlamentario, para favorecer dos aspectos fundamentales, la creación de empleo y garantizar la credibilidad de la economía española, acabando con la morosidad pública.

Señor presidente, termino este turno final de portavoces, y lo hago solicitando a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular el voto en contra de los 8 vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Las Heras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.

Les anuncio que ha habido votación telemática, al igual que esta mañana. Han sido autorizadas para votar telemáticamente las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Nevado del Campo, y han emitido voto telemático solamente las senadoras García Carrasco y Nevado del Campo, que lo han hecho en sentido contrario a las propuestas de veto; resultado que iré sumando al que se produzca aquí, en el hemiciclo.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.




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Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 95; en contra, 151 más 2 telemáticos, 153; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 6, del senador Martínez Oblanca.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245 más 2 votos telemáticos, 247; votos emitidos, 245 más 2 votos telemáticos, 247; a favor, 91; en contra, 151 más 2 telemáticos, 153; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 2 votos telemáticos, 250; votos emitidos, 247 más 2 votos telemáticos, 249; a favor, 92; en contra, 152 más 2 telemáticos, 154; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 248 más 2 votos telemáticos, 250; a favor, 94; en contra, 152 más 2 telemáticos, 154; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, excepto los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.




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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249 más 2 votos telemáticos, 251; votos emitidos, 249 más 2 votos telemáticos, 251; a favor, 94; en contra, 153 más 2 telemáticos, 155; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, las senadoras Ibarz y Santos y el senador Fuster, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, han presentado las enmiendas 2 a 13.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Santos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

El objeto de mi intervención es la defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley por el Partido Aragonés. Son 12 enmiendas que tienen por objeto lo que a nuestro entender es la defensa de las competencias del estatuto de autonomía y que ya anticipo que hubieran sido más de haber conocido el contenido de las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el trámite del Senado, enmiendas que no solamente han ampliado de manera notable el contenido del texto que procedía del Congreso, sino que además han incorporado materias nuevas de las que después hablaremos, como es el caso de la Ley de subvenciones.

Señorías, bajo el pretexto de la eficiencia y el ahorro de costes, el Informe CORA ya anunciaba la eliminación de algunas instituciones muy importantes para las comunidades autónomas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Instituciones que prestan importantes servicios a las comunidades autónomas, en algún caso históricas, como es el Justicia de Aragón, una institución con más de siete siglos de historia, tres siglos más que la propia conformación de España.

Finalmente, conseguimos ahuyentar el peligro de su eliminación como conseguimos también, a través de la Ley de reforma de régimen local, salvaguardar nuestra singularidad territorial. Una ley que era, como esta, una de las derivadas del Informe CORA, al que hacía referencia hace un momento.

Señorías, vaya por delante que los objetivos señalados en la exposición de motivos de la ley los compartimos plenamente: mejorar la eficiencia de las administraciones, reducir el gasto, simplificar los procedimientos, evitar trabas y solapamientos, fomentar la transparencia son también objetivos compartidos por el Partido Aragonés. La cuestión es que, a nuestro entender, esta ley no garantiza el cumplimiento de estos objetivos. Esta ley, señorías, no resuelve ni siquiera los principales problemas de eficiencia de la Administración General del Estado. Para no reiterarme con respecto a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, les diré que no resuelve cuestiones tan básicas como la posibilidad de que funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan, por ejemplo, en lo contencioso-administrativo, pasen a lo social ahora que la distribución de cargas se ha visto alterada como consecuencia de las últimas reformas legales.

Señorías, se hablaba de su ampuloso título en las intervenciones anteriores. Decíamos que no resuelve los problemas principales de la Administración General del Estado. Lo que la ley plantea en realidad son una serie de reformas, de modificaciones organizativas y legislativas que afectan a competencias autonómicas unas veces compartidas y otras veces exclusivas, como es obvio en un Estado descentralizado, con un modelo de Estado y de organización territorial como el que establece el título VIII de la Constitución.

Señorías, a nuestro entender, en la ley sí que se produce un desbordamiento casi general de la competencia general para legislar que tiene el Estado. Quizá esta sea la razón por la que la disposición final quinta apenas base los títulos competenciales del Estado, salvo en unos pocos artículos. Pero vayamos por materias, como nos pedía el senador De las Heras.

La evaluación de las titulaciones universitarias y de los docentes, la calidad del sistema, son competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo dice el artículo 31.3 de la Ley Orgánica de Universidades, lo dice el Tribunal Constitucional en una recientísima




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sentencia con motivo del recurso emitido por la Generalitat de Cataluña y lo dice también el Consejo de Estado. Pero el artículo 32 del proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara silencia de manera consciente las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, con un presupuesto exiguo, realiza labores de prospección, autoriza la implantación de titulaciones, realiza su seguimiento y renovación de la acreditación, evalúa los centros de investigación, la actividad del profesorado y la calidad del sistema y en breve evaluará también las titulaciones procedentes de otras universidades.

Señorías, para nosotros es estratégico decidir las titulaciones que queremos implantar, como viene haciéndose hasta la fecha, al igual que es importante analizar las tendencias del mercado laboral, a través de nuestro observatorio, que son competencias ejecutivas de la comunidad autónoma. En nuestra opinión, la coherencia entre la especialización de nuestros sectores económicos y las titulaciones universitarias y de FP garantizan la empleabilidad de nuestros titulados así como también la retención del talento en Aragón. De igual manera, el análisis certero de la evolución de los sectores de actividad nos ofrece mayor predictibilidad a la hora de establecer nuestras políticas de formación y empleo para incrementar la formación.

Señorías, la competencia exclusiva para legislar en materia laboral no puede enmascarar ni la supresión de los observatorios autonómicos ni la homogeneización de las políticas autonómicas como anuncia con claridad la exposición de motivos de la ley. Y no lo puede hacer ni en esta materia ni en materia de licencias deportivas ni de juventud ni de igualdad de oportunidades, siendo estas tres últimas competencias exclusivas de la comunidad autónoma según establece el artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía y desarrollan el Instituto Aragonés de la Juventud y el de la Mujer.

Señorías, nosotros creemos que es nuestra obligación canalizar y garantizar la eficiencia de nuestras políticas y actuaciones en las muchas materias que aborda la ley, y creemos que debemos hacerlo efectivamente con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y, por supuesto, también al techo de gasto, y como no podía ser de otro modo también con respeto a las competencias del Estado.

Nuestro último bloque de enmiendas se refiere al tablón edictal único. Señorías, reconocemos que puede otorgar facilidades al administrado, pero también creemos que en la era de la globalización y de la comunicación en red hay mecanismos que son técnicamente sencillos, jurídicamente seguros y perfectamente viables y acomodados a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico y en la Ley de transparencia para poder dar esas facilidades al administrado sin alterar el principio de unidad de expediente, sin alterar el estado jurídico de los boletines oficiales de ámbito inferior al Estado y sin quebrantar los principios de descentralización y territorialidad que están en la esencia misma de nuestra Constitución. De ahí la redacción alternativa que proponemos.

Y soluciones similares aplicaríamos en relación con las modificaciones que se proponen en las enmiendas 171 y 176 del Grupo Parlamentario Popular referentes a la Ley de subvenciones, materia propuesta que entendemos cercena la autonomía en la gestión de las administraciones autonómicas y locales en la medida en que supedita la validez de las convocatorias y sus resoluciones a la publicación en una base de datos nacional con la que ya les anuncio estaríamos de acuerdo si es que se facilita la actividad de los administrados y no se interfiere en la gestión de las administraciones.

Celebramos la retirada de las enmiendas 170 y 174, por las que se acuñaba la figura de los indefinidos no fijos, figura verdaderamente extraña a la que me quiero referir muy brevemente. Y lo celebramos por las razones de legalidad que ya apuntamos a los portavoces del grupo parlamentario y que en aras de la brevedad no voy a relatar.

Señorías, en sus 39 años de historia el PAR ha demostrado siempre su compromiso con España y seguiremos haciéndolo en el futuro, cualesquiera que sean las circunstancias. Y lo haremos, como siempre lo hemos hecho, con lealtad a la Constitución, con lealtad al Estatuto de Autonomía y con lealtad a los acuerdos alcanzados con nuestros socios, pero sin renunciar ni a nuestra identidad ni a nuestros principios. En el pacto de gobernabilidad firmado con el Partido Popular, que es la hoja de ruta conjunta de los dos partidos para este periodo, para la gobernabilidad de esta legislatura, uno de los objetivos que se relatan es el desarrollo máximo de las competencias




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dispuestas en nuestro Estatuto de Autonomía. Entendemos que pueden existir interpretaciones diferentes en cuanto a esta ley. La posición del Partido Aragonés ha quedado claramente expresada en esta tribuna. Nosotros no aceptaremos un retroceso de las competencias expuestas en nuestro Estatuto de Autonomía, porque entendemos que es lo que está en el espíritu de la Constitución, porque entendemos que es lo que está en nuestro modelo, en la esencia misma de nuestro modelo de Estado y también porque es lo que está en los acuerdos firmados con nuestros socios, en este caso, con el Partido Popular de Aragón, pero, sobre todo y principalmente, porque creemos que es lo mejor para Aragón y para los aragoneses.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas 14 a 32.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Doy las enmiendas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 113 a 123.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Las voy a dar todas por defendidas de antemano, no vaya a ser que se me olvide alguna, o que no me dé tiempo, y esto pueda dar lugar a problemas.

Mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas que voy a defender por bloques en función de la temática de cada una. Pensaba hacer una disquisición bastante más política de cada una de ellas, pero ya que se me ha pedido que enumere cuáles son todos los artículos de nuestro estatuto de autonomía y otras leyes de carácter básico que, a nuestro juicio, vulnera el proyecto de ley, voy a hacer esto último, pese a que entiendo que esta solicitud lo que hace es invertir la carga de la prueba, pues en realidad debería ser el propio proyecto de ley el que en la disposición que establece el título competencial justificase cada una de las medidas y de las cuestiones que incorpora. Y, como ya dije en la comisión correspondiente, este proyecto de ley no lo hace así. No hay más que mirar la disposición final quinta, donde se recogen los títulos competenciales en los que se basa este proyecto de ley y ver cómo ha ido evolucionando el proyecto desde que fue publicado en el Congreso de los Diputados hasta que salió de allí, y lo que ha salido después de la ponencia, en la que esta disposición final quinta se ha visto también modificada. Ya le afearon que no había justificación competencial suficiente en el Congreso. Se lo dijo también el Consejo de Estado. Y ustedes han intentado alargar, como dije en mi primera intervención, este artículo 149 hasta lo imposible. Pero es que donde no hay, no hay, y no se puede sacar de la chistera. Por ejemplo, podemos ver que prácticamente la totalidad del capítulo I no tiene fundamento jurídico en el título competencial que acompaña a esta ley. No tiene fundamento en ningún tipo de competencia. Está en una especie de terreno de nadie en función de este proyecto de ley. Entendemos que si ustedes legislan es porque el Gobierno tiene esas competencias, pero en el momento en que entramos a mirar artículo por artículo, nos damos cuenta de que la cuestión no puede ser así. De ahí la justificación competencial de todas y cada una de las 13 enmiendas que presenta mi grupo parlamentario.

En el caso de la Aneca, hay dos enmiendas, la 114 y la 117. Competencialmente, basta recordar que la práctica totalidad de las funciones que se asignan a la Aneca, excepto lo relativo a los funcionarios docentes universitarios, lo son con participación de las comunidades autónomas. Es decir, le corresponde al Estado la legislación básica y a las comunidades autónomas su desarrollo. Evidentemente, con respeto a la autonomía universitaria y pudiendo crear agencias de evaluación para la ejecución de dicha normativa, como es el caso de la universidad vasca. Por ello, en todo caso, la normativa estatal debe encauzar exclusivamente la actuación de la Aneca, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y la integración de agencias autonómicas en la estatal ha de tener carácter potestativo. La medida que se propone en este




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proyecto de ley se entiende potestativa, como ya he dicho, en el marco del Proyecto de Ley de racionalización del sector público, pero en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi entendemos que, desde el punto de vista del desarrollo autonómico, no es de interés unificar nuestra agencia de acreditación, Unibasq, con Aneca ya que, en virtud del artículo 16 del Estatuto Autonómico del País Vasco —no está el señor De las Heras, pero este es el primer precepto del Estatuto de Autonomía que ustedes se están cargando—, esta comunidad tiene atribuida y desea seguir ejerciendo su competencia en materia universitaria. Este es el primero.

En cuanto a las medidas relativas al BOE, presentamos las enmiendas 114, 115, 120, 121, 122 y 123. Aquí me voy a alargar un poquito más, espero que me dé tiempo a todo. La centralización en el Boletín Oficial del Estado y la totalidad de las notificaciones que deban practicarse por edictos por cualquier Administración pública resulta contraria al principio de descentralización que rige la actuación de las administraciones públicas, que se encuentra consagrado, no ya en el Estatuto de Autonomía, sino en el artículo 103 de la Constitución española, y está también recogido como principio general en la Ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Entendemos, además, que la propuesta neutraliza de forma absoluta el principio de territorialidad de las actuaciones de las administraciones públicas, al establecer un único sistema de notificación por edictos para el conjunto de las administraciones públicas de todo el Estado. Esto se sustenta en preceptos tan importantes como los recogidos en la Constitución, pero además toda la cuestión de la autonomía de las administraciones públicas es respaldada por las correspondientes sentencias del Tribunal Constitucional.

Otra cuestión se recoge en la enmienda 116, que hace referencia al artículo que modifica el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Esta enmienda y este caso lo considero paradigmático, y más adelante veremos que es recurrente en todo el proyecto de ley. Nosotros venimos a decir que corresponde a las comunidades autónomas competentes en materia de educación —la comunidad autónoma vasca es una de ellas— la ejecución de los créditos presupuestarios de procedencia europea que puedan contemplarse en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente de la Unión Europea. Digo Programa de acción en el ámbito de aprendizaje permanente, pero podría decir exactamente igual Plan de garantía juvenil. Y cabe decir lo mismo en el caso de una enmienda posterior, la relativa al Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, porque ustedes hacen exactamente lo mismo. No pueden ampararse en normativa comunitaria sobre los fondos públicos para luego arrogarse una competencia que no es suya. La función que puede reservarse al Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos se concreta exclusivamente en la gestión coordinada de la aplicación de los fondos comunitarios, tal y como se expresa en la decisión comunitaria que regula este programa europeo. La función de información a las comunidades autónomas que se introdujo por enmienda en el Congreso es a todas luces insuficiente para satisfacer el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Esto resulta coherente, además, con la distribución competencial vigente en el Estado en esta materia, sobre la que la normativa europea no tiene efecto alguno, tal y como señala el Tribunal Constitucional en varias sentencias, siendo las más remarcables la 146/1996 y la 208/1999. De nuevo encontramos preceptos de jurisdicción constitucional que se carga su proyecto de ley.

Con el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ocurre lo mismo, y este caso lo recogemos en la enmienda 118. Las funciones propias de un observatorio de estas características se insertan en el ámbito de ejecución de la legislación laboral, competencia una vez más de las comunidades autónomas, y por tanto de los servicios públicos de empleo autonómico. En consecuencia, este Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal no puede obviar el régimen de distribución competencial vigente, consagrado por los estatutos de autonomía y la propia Constitución, relegando a los servicios públicos de empleo autonómicos al papel de meros colaboradores del observatorio estatal.

Instituto de la juventud. Otra vez se cargan aquí un precepto establecido. El Gobierno central no tiene ninguna competencia en materia de juventud. La competencia en esta materia corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas; en el caso de la comunidad autónoma vasca, de conformidad con el artículo 10.31 de su Estatuto de Autonomía. Segundo precepto del Estatuto de Autonomía que vulnera este proyecto de ley. El señor De las Heras decía que no había ninguno, que le dijese alguno, pues aquí los tiene todos. En deporte con el tema de la licencia única sucede




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exactamente lo mismo. ¿Dónde está el señor De las Heras? No le veo. Deporte. Competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas. No son ustedes quiénes para regular este asunto.

Y vamos a la última cuestión. Me quedan exactamente tres minutos para hablar del tema de las subvenciones. La modificación de las subvenciones se ha introducido en este proyecto de ley a través de dos enmiendas aquí en el Senado. A las cinco de la tarde ha venido una de las portavoces del Grupo Parlamentario Popular para proponerme una transaccional. Señoría, lo siento, pero la verdad es que ni siquiera me las pienso leer, porque no me parece de recibo que cuando llevábamos ya una hora debatiendo este proyecto de ley nos vengan a proponer, en una cuestión tan sustantiva como son las subvenciones públicas, modificaciones y transaccionales menores. No me parece de recibo, porque, además, no es la primera vez que lo hacen, no es una excepción; lo han hecho en infinidad de proyectos de ley, al menos en los que me ha tocado a mí ser ponente, y considero que no es serio introducir modificaciones tan sustantivas en el Senado; eso es hacerlo por la puerta de atrás, es vulnerar cualquier principio de participación. No podemos presentar enmiendas a las que a su vez han presentado ustedes, no podemos más que opinar sobre ellas y resignarnos a la pataleta. Pues aquí está la mía, y les voy a decir lo siguiente: al margen de las funciones que se modifican con el tema de las subvenciones con carácter general entendemos que la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a la Ley general de subvenciones merece una valoración altamente negativa en la medida en la que constituye una extralimitación del título correspondiente al artículo 149.1.18.ª de la Constitución española que otorga al Estado competencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas. Es contraria a la Constitución; es inconstitucional y se avecina un nuevo recurso.

De la lectura de la modificación propuesta por la enmienda se desprende también la vulneración de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional, porque sitúa a los órganos de las comunidades autónomas en una posición de subordinación permanente de las actuaciones y directrices que marque la Intervención de la Administración General del Estado, por lo que por sí mismo supone una vulneración directa de la autonomía política de las comunidades autónomas. Además, los límites para la determinación de lo básico en el ámbito del régimen jurídico de las administraciones públicas han de tener en cuenta la competencia de libre organización de la Administración autonómica que se consagra otra vez en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y ya van cuatro, señor De las Heras. El artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi. Imagino que otras comunidades autónomas también tendrán competencias similares en una cuestión tan básica como esta. Es más, la pretensión recogida en el artículo 20.1 de que la base de datos nacional de subvenciones se convierta en un instrumento de planificación de las políticas públicas vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas contenido en el artículo 156 de la Constitución —otro artículo constitucional que vulnera— y también en el artículo 10.25 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Ya son cinco los artículos estatutarios que vulnera este proyecto de ley que otorga a la comunidad autónoma vasca competencia exclusiva sobre la planificación general de la actividad económica del País Vasco.

Tengo, además, aquí también ni más ni menos que tres páginas de sentencias del Tribunal Constitucional que vienen a avalar esta interpretación. Asimismo la competencia tanto para incoar, como para tramitar o imponer las sanciones son funciones ejecutivas que corresponden a las comunidades autónomas. Por todo ello entendemos que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado desborda el límite de la legislación básica en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas al conferir a un instrumento de gestión de la actividad de fomento propia de la actuación de las administraciones públicas carácter único, centralizado y sometido al exclusivo control y supervisión de un órgano estatal, en este caso la Intervención General de la Administración del Estado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Termino ya.

Además, la subordinación del ejercicio de la actividad subvencional de las administraciones, organismos y entidades pertenecientes al sector público a un órgano estatal constituye una minusvaloración absolutamente injustificada de la actuación pública del sector público inexistente




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en este Estado descentralizado que lleva aparejada la adopción de una iniciativa de marcado carácter centralizador y neutralizador de competencias autonómicas.

Pues bien, de forma resumida, rápida y veloz les diré que son siete los preceptos del Estatuto de Autonomía vulnerados; cuatro artículos constitucionales y un sinfín de sentencias del Tribunal Constitucional que este proyecto tira a la basura. Pero yo ya he hecho mi parte y he justificado jurídica y estatutariamente todas mis enmiendas. Espero que en la réplica el Grupo Parlamentario Popular sea capaz de hacer la mitad respecto de los preceptos de este proyecto de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas: El primero comprende las enmiendas 55 a 93 y vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Los senadores socialistas del Grupo Parlamentario Entesa hemos presentado un total de 38 enmiendas que concretan nuestra discrepancia fundamental con el proyecto de ley que nos ocupa, y que hemos explicado en la defensa del veto en la primera parte del debate de este proyecto de ley. A partir de aquí, voy a destacar algunas de las enmiendas más relevantes y, por supuesto, el resto las doy por defendidas.

En concreto, en la enmienda 55 planteamos la modificación del título del proyecto de ley, porque, como hemos señalado, en absoluto se ajusta su contenido a tan ampuloso enunciado: proyecto de ley de racionalización del sector público y de otras medidas de reforma administrativa. Por tanto, proponemos que se denomine Proyecto de ley de supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de orden administrativo.

Asimismo, en las enmiendas 61, 62, 63 y 64 proponemos la supresión de los artículos 12, 13, 14 y 15. Son los artículos que regulan los consorcios, tema que ha salido en el debate anterior y sobre el que hemos explicado nuestra posición. Entendemos que lo que se pretende es debilitar estos consorcios y, en muchos casos, propiciar su disolución. Estamos en contra de la propuesta que tiende a facilitar, de manera abusiva, el abandono de estos por parte de los organismos de la Administración General del Estado, y como hemos señalado, la posibilidad de que estos organismos de la Administración General del Estado incumplan sus obligaciones económicas con dichos consorcios es contraria a los principios básicos del derecho.

En la enmienda 65 hacemos referencia al observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Entendemos que no debe eliminarse la referencia a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Estos organismos públicos existen, y no mencionarlos, en ningún caso significa que no existan y, por tanto, no supone ningún ahorro. En realidad, hay que reconocer aquello que existe y no obviarlo en la redacción de la ley.

En la enmienda 66 proponemos la supresión del artículo 17, que elimina la Dirección General para la igualdad de oportunidades, integrándola en un solo organismo con el Instituto de la Mujer. Entendemos que se degrada su relevancia institucional propositiva y se pierde especialización, incidiendo negativamente en su eficacia; se subsumen dos organismos en un solo y pierden su propia identidad. Seguramente de lo que se trata es de debilitarlos, por lo que nos oponemos frontalmente a ello.

En la enmienda 67 planteamos la supresión del artículo 18. Estamos en contra de la integración de la Dirección General para la igualdad de oportunidades y el Instituto de la Mujer en un mismo organismo y por las mismas razones estamos en contra de que también se subsuma en él el Consejo para la discriminación racial o étnica, porque pierde identidad y capacidad de cumplir con su objetivo importantísimo de actuar en aquellos casos en los que se pueda producir una discriminación de carácter racial o étnica.

En la enmienda 68 planteamos la modificación del artículo 19, que hace referencia al observatorio de la salud. Nos parece bien que haya un observatorio de la salud con competencias transversales, pero no estamos de acuerdo en la supresión de los observatorios de la salud de la mujer y de prevención del tabaquismo. Consideramos que son organismos específicos que cumplen una función muy importante, tanto en cuanto a la salud femenina como en cuanto a algo




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de gran relevancia para la salud, como es la prevención del tabaquismo, e integrarlos en esos organismos puede acabar desdibujando el cumplimiento de sus funciones.

En la enmienda 69 planteamos la supresión del artículo 21, que hace referencia al Consejo de la Juventud. Se le convierte en un organismo de carácter privado, pierde la condición de institución pública y, por tanto, afecta claramente a su carácter de organismo participativo y representativo de la juventud. Se nos ha ofrecido la posibilidad de firmar una enmienda transaccional, pero no altera en lo fundamental el motivo de nuestra oposición, que es precisamente el carácter de entidad de derecho privado del nuevo Consejo de la Juventud. Entendemos que se hace desaparecer una institución fundamental para encauzar la participación de las organizaciones juveniles en la vida pública de nuestro país.

Con la enmienda 70 planteamos la supresión del artículo 22. Hace referencia a la posibilidad de abrir delegaciones autonómicas del Tribunal de Cuentas, con una referencia solo en este proyecto de ley. En principio, no nos parece mal que se puedan abrir dichas delegaciones autonómicas del Tribunal de Cuentas, siempre y cuando —evidentemente, entendemos que es así— esto no afecte a las comunidades autónomas que tienen instituciones propias, como es el caso de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Pero en todo caso debería modificarse, porque el Tribunal de Cuentas está regulado por una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que prevé sus funciones, y por exigencia constitucional, por exigencia del artículo 136.4 de la Constitución. Por tanto, no es mediante este proyecto de ley que estamos debatiendo mediante el que se deben modificar las funciones, las competencias y las intervenciones del Tribunal de Cuentas. No debe aprovecharse este proyecto de ley como un cajón de sastre, como ya se ha denunciado por algunos portavoces.

En las enmiendas 73, 74 y 75 pedimos la supresión de los artículos 25, 26 y 27. Hacen referencia a la función del Boletín Oficial del Estado como tablón edictal obligatorio. No estamos de acuerdo, lo hemos dicho y lo mantenemos. Supone una pérdida de garantías para el ciudadano en la medida en que estaba bien regulada la posibilidad de las publicaciones de los edictos y requerimientos en los boletines autonómicos así como en los boletines de las diputaciones provinciales.

En la enmienda 76 planteamos la modificación del artículo 28, que hace referencia al Estatuto Básico del Empleado Público. Proponemos la supresión de distintos puntos, debido a que aborda cuestiones sustanciales de una ley, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Entendemos que una cuestión de tanta importancia, que precisamente afecta a los empleados del sector púbico, al conjunto de la función pública, requeriría una norma nueva o, en todo caso, una reforma de esta ley y un debate específico, sin enmascararlo en el debate de este proyecto de ley ómnibus o cajón de sastre que estamos debatiendo en estos momentos.

Finalmente, las enmiendas 77, 78 y 79 hacen referencia a artículos que ya son disposiciones adicionales: adicional primera, adicional segunda y adicional tercera, que hacen referencia a la desaparición de organismos, que ya hemos denunciado en otras enmiendas, como son el Consejo de la Juventud de España, el Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y distintos observatorios en el ámbito de la salud. Pedimos la supresión de estas tres disposiciones adicionales, porque entendemos que estos organismos son absolutamente necesarios, ya que contribuyen a la calidad de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas.

Como he dicho, señorías, doy por defendidas el resto de las enmiendas y espero, aunque sin demasiado fundamento, que el Grupo Popular pueda atender a alguna de ellas.

Muchas gracias, señorías, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

El mismo grupo parlamentario ha presentado también las enmiendas números 94 a 112. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el senador Saura y yo hemos presentado 18 enmiendas a este proyecto de ley. Las defenderé de forma agrupada para su mejor entendimiento.

La enmienda 94 hace referencia al cambio del título en la lógica de la recomendación del Consejo de Estado.




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Las enmiendas 95 y 96 tienen como objetivo garantizar la financiación necesaria en la preservación de los puestos de trabajo del nuevo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que va a integrar una serie de organismos ya existentes.

Un segundo bloque, de la 97 a la 101, hace referencia al Instituto de la Mujer. En este grupo de enmiendas reivindicamos que ese instituto dependa de Presidencia para así poder garantizar que las políticas del instituto sean transversales y, asimismo, salvaguardar las funciones sobre cuestiones propias y específicas de la mujer; además, pretendemos garantizar una vía presupuestaria para su financiación y que no sea por donaciones ni legados.

Las enmiendas 102, 103 y 110 van dirigidas a preservar las funciones del Observatorio Nacional de la Salud y a dotarlo de una serie de cargos que creemos del todo imprescindibles para su mantenimiento y sostenimiento, así como del Sistema Nacional de Salud.

Las enmiendas 104, 109, 111 y 112 hacen referencia al Consejo de la Juventud de España. Señorías, hay que decir las cosas claras: ustedes eliminan este organismo; que lo subsuman en el Instituto de la Juventud, que es un organismo dependiente del Estado, no tiene nada que ver con el actual Consejo de la Juventud en su concepción, funcionamiento y en sus funciones y objetivos. Creemos que esto es un grave error, que va a laminar y a dificultar la participación de las organizaciones juveniles de todo tipo y que, evidentemente, hacen desaparecer un espacio de crítica hacia el Gobierno.

La enmienda 105 hace referencia a la licencia deportiva única —ahí tenemos el debate para ver si somos capaces o no de conseguir una transaccional— y la 106 y 107 hacen referencia a todo el tema de que el BOE sea tablón edictal único.

Señorías, termino mi intervención con 3 o 4 frases más. Lo decía antes el portavoz socialista, yo creo que el Pleno de esta Cámara tiene que ser consciente de que 29 artículos, 13 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 9 disposiciones finales, viendo, además, el contenido de esas disposiciones, no es una propuesta de reforma y de racionalización de la Administración pública, esto es un suma y sigue de propuestas de fusión, de integración, de eliminación, que en una verdadera ley de reforma de la Administración pública podían ser disposiciones adicionales, pero, evidentemente, el objetivo de esta ley no es ni racionalizar ni reformar la Administración pública.

En segundo lugar, insisto en que es imposible afrontar la racionalización y reforma de la Administración pública sin el consenso y el diálogo imprescindible tanto a nivel social, sindical y político como territorial. En ningún sitio del mundo civilizado de nuestro entorno se ha podido afrontar una racionalización y reforma del sector público sin este imprescindible diálogo y consenso. Hoy no lo hay y, evidentemente, con su mayoría absoluta lo máximo que van a poder alcanzar es aprobar estos recortes, fusiones, eliminaciones, pero no la reforma del sector público.

Y por último, también les quiero decir —y esto es una constante en los proyectos de ley de este Gobierno— que siempre que los proyectos van dirigidos a cuestiones que afectan al sector público, salimos con la misma situación: menos Estado y más centralista; discutamos de lo que discutamos, siempre es menos Estado y más centralista. Ya pasó con la reforma de la Administración Local: el trasvase de competencias hacia las diputaciones. Con muchos proyectos de ley, con este también, pasa lo mismo: de las comunidades autónomas al Estado. Por ello, nuestro grupo en el Parlamento catalán va a apoyar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este proyecto de ley.

Quiero terminar con 2 afirmaciones respecto al anterior debate. En primer lugar, lamento haber expresado el concepto de compañerete, sobraba y lamento si he ofendido al señor De las Heras; con compañero de partido había más que suficiente.

En segundo lugar, les digo que yo no soy ni bolivariano ni castrista ni chavista, soy simplemente comunista y con eso hay bastante.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió presenta las enmiendas 33 a 54. Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Presidente, muchísimas gracias.




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Efectivamente, presentamos las enmiendas 33 a 54; las doy todas por defendidas y voy a intentar explicarles el contenido general y los objetivos que se pretenden con ellas. Con su permiso, señor presidente, debo hacer una matización previa sobre mi intervención en los vetos. El senador de las Heras, que veo que no está en este momento en la sala, me ha recriminado que no le escuchara porque debía estar hablando por teléfono con una compañera. A efectos de que conste en las actas de esta sesión, voy a decirle que, efectivamente, senador de las Heras, estaba hablando con una compañera y le voy a dar nombre y apellidos y razones por las que estaba hablando con ella. Estaba hablando con doña Roser Fernández, secretaria general del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Estaba hablando con ella porque ustedes, que disponen de un gran aparato administrativo entre el grupo parlamentario y el Gobierno, que tienen no sé cuántos asesores transaccionando las enmiendas, me han hecho salir 3 veces una vez iniciado el debate, me han presentado 6 propuestas diferentes, y en ese momento, su asesora me acababa de hacer llegar una propuesta y me pedía una respuesta inmediata. Yo tengo que atender al debate y tengo que atender al requerimiento de sus asesores. No es una falta de interés. Si estas enmiendas transaccionales se hubiesen tramitado hace quince días, desde que estamos con este tema, seguramente yo habría podido prestar más atención a su intervención y no tendría que haber hablado con mi compañera por teléfono en esta ocasión.

En todo caso, sería prudente pensar que cuando algún senador o senadora no se encuentra en la sala o está atendiendo al teléfono no es que esté hablando con su hijo o su hija, con su compañero o su compañera, con su mujer o con su marido, sino que seguramente estará trabajando sobre un tema que nos ocupa, como ha ocurrido en este caso.

Dicho esto, y aclarado a efectos de actas, centrémonos ya en las enmiendas. Decía que las enmiendas que presenta Convergència i Unió hacen esencialmente hincapié en alguna de las líneas apuntadas en los vetos. Hemos dicho que había una vulneración del estatut de autonomía en diferentes aspectos y sobre estos aspectos presentamos enmiendas de supresión.

Me explico. Licencia única deportiva. La única enmienda que nos cabe es de supresión de la propuesta del proyecto de ley. Aneca. La única enmienda que procede es supresión del nuevo articulado que vulnera clarísimamente el artículo de competencias en el ámbito de universidades del estatut de autonomía. Efectivamente, como ustedes recordarán, el tablón edictal único vulnera el artículo 86.5 del estatut de Catalunya con lo cual también presentamos una enmienda de supresión. Aunque, en honor a la verdad, en el caso de la licencia única deportiva ustedes nos proponen alguna transaccional, no podemos transaccionar en un tema que vulnera clarísimamente el estatut de autonomía. No es falta de voluntad política, sino un ejercicio de realismo. No podemos transaccionar un artículo que vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Presentamos, por tanto, un conjunto de enmiendas de supresión, algunas a la exposición de motivos y otras al articulado.

Respecto a los consorcios, presentamos también un conjunto de enmiendas, algunas estrictamente de supresión y otras para intentar matizar algunos aspectos que creemos que generan conflictos en estos consorcios. Me explico. La única solución que se plantea, si la Administración General del Estado puede prescindir de realizar sus aportaciones si otro consorciado, que no se establece si es público o privado, deja de hacer sus aportaciones, es suprimir. Por tanto, presentamos enmienda de supresión a esta disposición adicional.

Respecto a la regulación de los consorcios y a la posibilidad de su disolución, entendemos que se facilita en exceso esa posibilidad de disolución, incluso en casos en los que solo sea un consorciado el que manifieste su voluntad o su deseo. Por ello, efectivamente, se debe facilitar en algún caso la disolución de los consorcios, pero no se les puede dejar a la intemperie. Por este motivo hemos presentado estas enmiendas.

Hemos presentado también enmienda en el ámbito de los consorcios de investigación y desarrollo, sobre todo en los ámbitos de investigación y en los ámbitos sanitarios.

Respecto a los consorcios de investigación, que en Cataluña, y no solo en Cataluña, en el conjunto del Estado español, tenemos unos cuantos, creemos que se les perjudica gravemente. Incluso consorcios importantes, como ALBA, que gestiona el sincrotron en Cataluña, van a quedar muy afectados, incluso se va a poder cuestionar su futura viabilidad. En este ámbito hemos presentado enmiendas no solo en lo que hace referencia estrictamente al consorcio y a que se exima a los consorcios de investigación de su regulación general, sino que en una disposición adicional nueva también abrimos la posibilidad de flexibilizar la contratación de investigadores por




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parte de estos consorcios. Si no se flexibiliza, nos encontraremos en pocos meses con la siguiente paradoja: que se ha estado formando, se ha estado trabajando con un personal investigador de altísima calidad, que es muy difícil de atraer a España y a Cataluña, y si no se le dan expectativas de continuidad se volverán a marchar. Si no se flexibiliza la contratación de personal muy especializado por parte de los consorcios de investigación, estos consorcios no van a tener futuro porque no van a poder ser competitivos, al no tener el personal adecuado. Nos consta que en esta ley no van a prosperar estas enmiendas, pero ya les avanzo que las vamos a plantear en futuras leyes, incluso como un último acto de desesperación en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Hemos presentado también una enmienda que estamos a punto de transaccionar —yo diría que estamos ya llegando al acuerdo final—, la enmienda llamada Telefónica —la pueden denominar así—, que hace referencia a los consorcios sanitarios. Los consorcios sanitarios tienen una importancia especial en toda Cataluña. Para que ustedes se hagan una idea: solo 12 consorcios sanitarios tienen en estos momentos 14 000 empleados. Si no se corrige el texto propuesto en el proyecto de ley que estamos analizando, estos 14 000 trabajadores, la mayoría laborales, adquirirán de forma inmediata su condición de funcionarios, con lo cual yo no entiendo tampoco que esto vaya precisamente en la línea de trabajo de la ley y del Gobierno. Pero lo más importante es que inviabiliza la prestación de los servicios sanitarios a través de estos consorcios.

He de valorar la predisposición no solo del Grupo Popular, sino —hay que ser justos— del mismo ministro Montoro para poder solventar este error de planteamiento en el proyecto de ley. En este sentido, espero que podamos transaccionar con el Grupo Popular y que se puedan sumar a dicha transacción el resto de grupos de la Cámara, tal como hemos ido comentando.

He hablado ya de la enmienda que se refería al Diario oficial de la Generalitat, de supresión, y no voy a insistir en ella. Sí me voy a detener en un organismo concreto, que es el Consejo de la Juventud. En principio planteaban su desaparición y su conversión en un organismo de carácter privado, pero no estaba asegurada su continuidad. De hecho, nuestro grupo cree que no sería necesaria la supresión del Consejo de la Juventud. No obstante hemos presentado enmiendas en un doble sentido: de no supresión, por tanto una enmienda de supresión del artículo en cuestión, y en caso de mantenerse la supresión, otra para poder matizar su continuidad, y lo hemos hecho de acuerdo con las propias propuestas del Consejo de la Juventud. Recientemente el Consejo se ha dirigido a nuestro grupo para poder facilitar una transaccional que parece que tienen pactada con el grupo mayoritario de la Cámara. Nuestro grupo va a facilitar el trámite de esta enmienda transaccional porque nos lo ha solicitado explícitamente por correo electrónico el mismo Consejo de la Juventud. En todo caso, esperamos que se pueda aprobar también esta transaccional. Aunque, repito, no responde esencialmente a nuestra idea de no supresión, dado que el mismo Consejo nos pide que transaccionemos, aceptaremos esta transacción del Grupo Popular.

El resto de enmiendas las doy todas por defendidas, y aunque hemos intentado que prosperen unas cuantas, al final solo podremos transaccionar como tal, a propuesta de Convergència i Unió, una, la de los consorcios sanitarios, que si es así, le agradezco al Grupo Popular su disposición, pero evidentemente queda muy corta.

Como ya les anuncié, y después aprovecharé el turno de portavoces para hacerlo, dado que la ley vulnera en diferentes aspectos el Estatut de Catalunya, nuestro voto se va a mantener contrario a la ley, más allá de que podamos votar a favor no solo de nuestra transaccional sino de alguna que puedan haber acordado con algún otro grupo de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 124 a 162 y el voto particular respecto del dictamen modificado por la aprobación de las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sanz.

La señora SANZ MURILLO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes. El Grupo Socialista presenta un total de 39 enmiendas al proyecto de ley titulado Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.




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En primer lugar, quiero destacar la enmienda número 124 al título del proyecto de ley. Nosotros proponemos Proyecto de ley supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de orden administrativo. Consideramos que es necesario adecuar el título al contenido del proyecto de ley ya que después de tanto esperar una reforma real de las administraciones públicas y el informe de la tan traída y llevada CORA, esperábamos encontrarnos con un claro modelo por parte del Gobierno y del Grupo Popular sobre cómo quieren prestar los servicios públicos a la ciudadanía. Queríamos saber cuál es su modelo, si nos iban a presentar menos Administración pública o más servicios públicos en manos privadas o tal vez un modelo nuevo y diferente, y en vez de eso nos encontramos con un batiburrillo de organismos que quitan y ponen según claros intereses ideológicos.

En las enmiendas 130, 131, 132, 133 y 150 proponemos la supresión de los artículos 12, 13, 14 y 15, ya que consideramos del todo inapropiada la propuesta de regulación de los consorcios en este proyecto de ley.

En la enmienda 134, de modificación, consideramos que con 6 millones de desempleados la mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo y de la empleabilidad de los trabajadores es una necesidad que exige nuevos recursos económicos y demanda, asimismo, instrumentos de coordinación que analicen de forma conjunta el mercado de trabajo y no la desarticulación de los mismos, como hace el proyecto de ley. Esta coordinación se efectúa con los organismos que a tal efecto ya han sido creados y dependen de las competencias de las comunidades autónomas, con lo que la eliminación de estos organismos no supone ahorro en el gasto y sí incide en la eficiencia de las funciones del Observatorio de las Ocupaciones, que pierde su función de coordinación.

En las enmiendas 135 y 149 proponemos la supresión del artículo 17. No nos parece procedente la inserción de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades en el Instituto de la Mujer. Cuestionamos que tenga efectos sobre la reducción en el gasto público y, sin embargo, sí se degrada la relevancia institucional y el organismo autónomo pierde su especialización. Asimismo, el nuevo organismo se ve privado de sus competencias de impulso y coordinación de las distintas políticas públicas relacionadas con la igualdad de trato y eliminación de la discriminación existente entre hombres y mujeres. Las funciones del nuevo organismo quedan diluidas en declaraciones competenciales genéricas. Estamos ante una reforma con fondo ideológico, que elimina la forma y funciones del organismo sobre la igualdad de trato. Se eliminan líneas claras de actuación, que quedan encubiertas en un principio genérico de no discriminación, es decir, perdemos los análisis de la perspectiva de género en las políticas públicas.

En la misma línea, proponemos la enmienda 136, de supresión del artículo 18. Al igual que en el artículo anterior, se aprovecha esta supuesta reordenación para realizar reducciones competenciales significativas, como todas las relativas a la igualdad de trato y se degrada institucionalmente un órgano de consulta y de coordinación, limitando sus actuaciones.

En cuanto a las enmiendas 137 y 148, de modificación y sustitución, consideramos de utilidad que exista un Observatorio de Salud con competencias transversales, pero no consideramos oportuna la supresión de los observatorios de la Salud de la Mujer o el de la Prevención del Tabaquismo, cuyas funciones específicas deben estar garantizadas. Nos parece muy grave el artículo 21. No se justifica por motivo de ahorro la desaparición de instituciones de larga tradición e historia que representan a la juventud. Está claro que el Gobierno del Partido Popular sigue con su ataque ideológico contra órganos de participación social de la sociedad civil, precisamente cuando la ciudadanía nos demanda mayores cauces de participación y decisión. En la misma línea, también proponemos la supresión de la disposición adicional primera.

En cuanto a la enmienda 139, consideramos injustificada la necesidad de establecer secciones territoriales del Tribunal de Cuentas, sobre todo cuando existe la posibilidad de modificar la legislación reguladora de dicho tribunal. Asimismo, la atribución de una nueva función, en este caso consultiva, al Tribunal de Cuentas, no puede llevarse a cabo por medio de una disposición adicional, puesto que las funciones de dicho tribunal están previstas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, por exigencia del artículo 136 de la Constitución.

En la enmienda 141, de supresión, consideramos razonable el punto 1 del artículo 24, de admisión de diferentes certificados para contribuir a aumentar la facilidad y el uso de la Administración electrónica, pero no estamos de acuerdo con el punto 2, que suprime las




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especificaciones del actual artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Respecto a las enmiendas 142, 143 y 144, no podemos asumir la pérdida de garantías para la ciudadanía que los artículos 25, 26 y 27 pueden suponer en la notificación administrativa, además de no tener en cuenta las competencias autonómicas y locales.

En la enmienda 147, nos oponemos a la supresión del grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas porque es necesario para el adecuado desarrollo de dicho plan.

También queremos destacar las enmiendas 145 y 153. Consideramos que los empleados públicos han soportado como colectivo una disminución de derechos económicos y laborales. El Grupo Socialista estima que se debe regresar a la situación previa a 2012 para restituir los permisos y también las circunstancias laborales en caso de enfermedad, sin menoscabo de que en el sentido estricto del absentismo es en el que se deben arbitrar las medidas oportunas para combatir los abusos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). La regulación actual resulta punitiva y eleva a categoría el caso patológico que hay que combatir por otros medios.

En la enmienda 140, a pesar de las modificaciones incorporadas en la tramitación parlamentaria en el Congreso, seguimos opinando que el proyecto de ley vulnera la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas establecida en la Constitución española y los estatutos de autonomía, por lo que proponemos una redacción que contemple un sistema alternativo y respetuoso con el reparto de competencias.

Asimismo, quiero destacar que, efectivamente, hemos firmado algunas transaccionales que se van a presentar y algunas que todavía estamos viendo con otros grupos políticos. Señorías, estas son las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Esperamos contar el apoyo de los distintos grupos para poder sacarlas adelante, con el único ánimo de mejorar este proyecto de ley, el cual consideramos que adolece de muchas carencias, ya ampliamente debatidas en nuestra propuesta de veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman esta Cámara su voluntad, como dijimos en la comisión, de llegar a acuerdos hasta el último momento. Todavía estamos intentando transaccionar alguna de las enmiendas, porque creemos que son importantes y porque ha sido voluntad del Gobierno y del Grupo Popular en el Senado que este proyecto de ley, a pesar de lo que hayan manifestado algunos portavoces, salga con el mayor consenso posible. En ese sentido, se transaccionó y se incorporó a la ponencia una enmienda del Partido Aragonés; se ha transaccionado también, y ya está entregada, una enmienda sobre las licencias deportivas que creemos que es importante, porque intenta facilitar a los deportistas que con una única licencia puedan actuar en todo el territorio español y en las comunidades autónomas. Se está intentando transaccionar una enmienda sobre los consorcios sanitarios, a propuesta de CiU, que creemos que es importante y también se están intentando transaccionar unas enmiendas relativas al Consejo de la Juventud, porque con ellos hemos mantenido diferentes reuniones y hemos recogido en esas enmiendas el sentir que ellos nos han manifestado y que luego, cuando hablemos, en concreto, del artículo que se refiere a ellos, nos detendremos. Igualmente, se están intentando transaccionar las enmiendas relativas a las subvenciones. Como no está la señora Martínez, me guardaré la interlocución sobre lo que ha dicho sobre las subvenciones y la función que esta Cámara está desempeñando para cuando ella esté

El resto de enmiendas, señorías, lamentablemente no han podido ser aceptadas, aunque se ha hecho un estudio exhaustivo de cada una de ellas. Se ha procedido a realizar un esfuerzo, tanto por parte del Gobierno como por parte de este grupo, para llegar a acuerdos, y agradezco a los portavoces su paciencia.

En cuanto al bloque de enmiendas referidas a los puntos III y IV de la exposición de motivos y a los artículos 16 y 25, relativos al Observatorio de Empleo, mencionados por la portavoz del




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Partido Aragonés, la portavoz del PNV —que en este momento no se encuentra presente— y también el portavoz de Entesa, quiero decir que uno de los objetivos de la política de empleo que contiene la Ley de 16 de diciembre de 2003 es el mantenimiento de la unidad de mercado laboral en todo el territorio estatal. Es cierto que en el ámbito autonómico existen numerosos observatorios que se están dedicando a analizar la evolución del empleo y otros indicadores del mercado de trabajo. Una de las medidas que se aprobaron en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en materia de duplicidades administrativas fue precisamente la de racionalizar los observatorios del empleo, mercado de trabajo y relaciones laborales, medida que pretende, como su nombre indica, racionalizar y evitar duplicidades. En consonancia con lo anterior, este proyecto de ley establece que sea el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal el que analice la situación y las tendencias del mercado de trabajo, la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado y que se evite así la superposición ineficiente de los observatorios en las diferentes administraciones públicas en el ámbito del empleo y así mejorar la utilidad y la definición de las políticas públicas.

Además, el pasado 18 de diciembre la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales trató esta medida y se propuso la creación de una comisión de estudio, además de mantener contactos bilaterales con las comunidades autónomas. Por eso le quiero decir al senador Bel que sí se han mantenido en este proyecto de ley conversaciones con las comunidades autónomas para llegar a diferentes acuerdos. El actual reparto competencial no está siendo en ningún caso vulnerado por esta medida en cuestión, como tampoco se vulneran ninguna de las otras competencias de las comunidades autónomas ni existe intento de injerencia en las competencias de las mismas. Lo que se está intentando precisamente —me refiero en este caso a la señora Martínez, que ha preguntaba quién sería capaz de dar fundamentos jurídicos— en cuanto al Observatorio de Empleo con este proyecto de ley es cumplir lo que dice la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y es que las administraciones públicas en sus relaciones se rigen por el principio de cooperación y colaboración y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Eso es lo que se pretende con este proyecto de ley.

También se ha hecho referencia, y han incidido en ello casi todos los grupos políticos, al rechazo a la implantación del tablón edictal único a través del BOE y a las modificaciones en la Ley general tributaria y en la Ley del catastro inmobiliario en lo que respecta a las notificaciones de sus actos. En cuanto al tablón edictal único, señorías, tenemos que manifestar que su objetivo es reducir la carga que supone para los ciudadanos y las empresas el no disponer de un emplazamiento electrónico único para conocer todos los anuncios de la notificación que pueden afectar a sus derechos e intereses legítimos. Hasta el momento, los anuncios que la Administración tiene que realizar cuando los interesados de un procedimiento son desconocidos, se ignora el lugar o medio de la notificación, o se ha intentado y esta no se ha podido practicar se realizan en el ayuntamiento de su último domicilio, el Boletín Oficial del Estado de la comunidad autónoma o de la provincia, o las diversas sedes y tablones electrónicos existentes. Señoría, este abanico de notificaciones ocasiona una carga absoluta e innecesaria al ciudadano. Con la propuesta que introduce este proyecto de ley el ciudadano que entre en el Boletín Oficial del Estado va a poder conocer qué notificación afecta a sus derechos e intereses. Esto no supone una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas pues no significa que estas notificaciones se puedan publicar con carácter previo en el boletín de cada comunidad autónoma; con carácter previo, señorías, porque de lo contrario haría ineficaz la finalidad del tablón único y nos encontraríamos ante una absoluta inseguridad jurídica.

Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas a los artículos 26 y 27, relativos a la Ley general tributaria y a la Ley del catastro el argumento es el mismo, señorías. Con el tablón edictal único la Administración tributaria y el catastro pueden notificar sus actos y eso ofrece protección y confianza a los propios ciudadanos.

En cuanto a una enmienda presentada y dada por defendida por Izquierda Unida sobre la integración de los centros de I+D para la defensa, he de decir que lo que se intenta es que estos organismos autónomos sean autosuficientes y si bien ahora se están financiando con las transferencias del Ministerio de Defensa, que con el tiempo no dependan económicamente de este y se financien de manera progresiva con los ingresos que generen las actividades que realicen.




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También se han presentado enmiendas a los programas educativos europeos. He de señalar que el organismo autónomo encargado de los programas educativos europeos va a integrar la actividad de la fundación para la proyección internacional de las universidades españolas y, recogiendo el sentir de una enmienda del Partido Socialista ―pendientes de la autorización de la Comisión Europea―, que se pase a denominar servicio español para la internacionalización de la educación, o como se denominará de ahora en adelante, Sepie.

En relación con la Aneca, señora Santos, no se pueden aceptar las enmiendas que ha presentado el Partido Aragonés porque harían perder el sentido del texto, el papel y el refuerzo que precisamente se le está dando en este proyecto de ley. Tampoco es aceptable, señores del Partido Socialista, la creación de agencias.

Además, quiero señalar, como regla general, que el uso de la cláusula de salvaguarda de las competencias autonómicas en las leyes estatales, tal y como se plantea en las enmiendas, resulta innecesaria desde el punto de vista de la técnica normativa y además es irrelevante por el orden de distribución de competencias porque el bloque de constitucionalidad, el parámetro y marco donde se fijan las competencias del Estado y las comunidades autónomas, está precisamente en la Constitución.

En lo referente al Instituto de la Mujer, al que también se ha hecho referencia, les diré que no se pueden aceptar las enmiendas al artículo 17 y a la disposición adicional quinta porque pueden resultar redundantes y dar lugar a confusión. El objetivo de este proyecto es precisamente asegurar que las políticas de igualdad se incorporen transversalmente en el conjunto de las políticas públicas y que no estén condicionadas por ninguna posición ministerial que ocupen sino por el peso institucional que se les dé.

Por otra parte, dentro del esquema general del Gobierno, y más allá del alcance competencial de estas medidas, es lógico que incardinemos las políticas transversales dentro de un departamento gestor y, en particular, del más similar en alcance.

La reforma que ahora se plantea fue aprobada en la CORA y no se considera adecuada la adscripción formulada porque supondría un cambio en la organización del Ejecutivo que ahora no se contempla.

También quiero señalar que son inviables las enmiendas que remiten a competencias de un órgano del que no se llega a proponer su creación porque en ningún artículo del proyecto de ley existe la secretaría general para políticas de igualdad.

La reforma que se plantea en este proyecto de ley, señorías, surge de la necesidad de armonizar las políticas de igualdad dentro de un contexto general mucho más amplio, y aceptar estas enmiendas supondría duplicidades, disfunciones, más gasto público y, además, se excluiría cualquier vinculación en políticas generales de igualdad si solo las circunscribiésemos a las mujeres. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Por lo tanto, todas estas enmiendas van precisamente en contra de la filosofía de la reforma, que lo que pretende es que se armonicen estas políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dentro de un contexto general en el que también estén presentes de una forma integrada todas las políticas de igualdad. El resto, repito, supondría incrementar el gasto público y, además, ir hacia atrás en un escenario de modernidad y de progreso.

También quería detenerme en el Consejo de la Juventud. Quiero felicitar a los grupos políticos por haber conseguido transaccionar estas enmiendas. Desde el Grupo Parlamentario Popular tanto el senador De las Heras como yo hemos mantenido diversas reuniones con el anterior y con el actual presidente del Consejo de la Juventud, y me gustaría hacer referencia a lo que ellos han sentido. Ellos tienen claro su modificación como entes privados, tienen claro que pertenecen al tercer sector, tienen claro que tenerlos como entes de derecho público suponía un agravio comparativo respecto de otros consejos, como el de discapacidad, y lo que nos pedían es precisamente lo que se ha recogido en estas enmiendas, en primer lugar, que durante el periodo de seis meses, hasta que entre en vigor, puedan seguir desempeñando sus funciones; en segundo lugar, que el nuevo consejo de naturaleza privada integrase a todas las entidades y asociaciones juveniles que legalmente puedan formar parte de ellos y que forman parte del Consejo de la Juventud; y sobre todo les preocupaba —por eso se presentó la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, la 165, que está incorporada— el no poder participar en el Foro Europeo de la Juventud. También está salvada esta participación con un informe de la Abogacía del Estado




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que dice que también es de naturaleza privada y que el hecho de que estuviesen como un ente de derecho público constituyó una excepción. Creo que aquí podemos felicitarnos todos los grupos por haber llegado a este consenso, sobre todo porque hemos recogido el sentir del propio Consejo de la Juventud.

Me gustaría referirme al tema de los funcionarios, al que algún grupo político también ha hecho referencia. Lo que se ha recogido en esta ley se refiere a la movilidad de algunos funcionarios y a la seguridad del periodo transitorio, es decir, de aquellos que ya estuviesen ocupando una plaza en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Lo que se pretende es que se involucre tanto la Administración de destino, que es la actualmente obligada, como la Administración de origen, pero se sigue manteniendo, para salvaguardar los derechos de los que se encuentren actualmente en esta situación, que se rijan por la legislación anterior. Creo que con eso salvamos y protegemos la situación de estos funcionarios.

En cuanto al nuevo régimen de los interinos, me gustaría decir dos cosas brevemente. Se añade un día más en permisos y hay que hacer un gran elogio de los empleados públicos porque han tenido que soportar una parte importante de este esfuerzo de austeridad que ha tenido que soportar toda la sociedad española y que se ha llevado a cabo en este último periodo. Además, esto no ha venido acompañado de un descenso en su eficiencia porque han seguido prestando sus servicios con un alto nivel de calidad. Con esta nueva reforma que se plantea en este proyecto de ley lo que se le ofrece son mayores posibilidades profesionales al interino seleccionado porque va a poder desarrollar sus mismas funciones en un periodo de tiempo mucho más prolongado y dentro del límite máximo previsto normativamente, es decir, no va a haber que cesarlo y designar un nuevo interino.

Por último, me gustaría detenerme en el artículo 29 en lo relativo a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular planteó en esta Cámara. Me refiero en concreto a la señora Martínez porque ha sido la más vehemente en el rechazo para transaccionar estas enmiendas. Agradezco al resto de los grupos políticos su voluntad y que lo hayan hecho para que podamos tramitarlas. Creo que enmiendas se pueden presentar en cualquier momento, y en esta Cámara siempre hemos criticado que hacemos lo que hace el Congreso. Si presentamos enmiendas cumplimos el Reglamento y, además, damos función a lo que precisamente se está poniendo en cuestión, que es la función del Senado. En segundo lugar, señora Martínez, no me puede decir que hemos hablado a las 5 de la tarde porque desde el día de la comisión todos los grupos políticos saben que estábamos pendientes precisamente de mejorar la redacción de esas enmiendas. ¿Por qué? Porque lo que se hace con estas enmiendas es cumplir escrupulosamente los requisitos de la Ley de transparencia. ¿Qué se quería hacer con ello? Garantizar que todas las subvenciones fuesen públicas, que además se clarificase cuál es el papel de la base de datos nacional y que se clarificase también que no existen injerencias en las competencias ni en las publicaciones de las comunidades autónomas.

Y yo creo, señorías, que si tenemos que estar negociando hasta el último momento, hasta el último minuto, bien vale ese esfuerzo.

No entiendo por qué la señora Martínez se siente tan ofendida ni tan molesta cuando lo que se está tratando aquí es precisamente que las subvenciones sean públicas, transparentes, que todos los ciudadanos puedan acceder a ellas y que, además, exista una base nacional de datos centralizada para conocer las subvenciones que se dan en todo el territorio español y que se tenga la obligación de que esa base de datos se publique en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario de las Comunidades Autónomas, según proceda. ¿Dónde está el problema, señora Martínez? ¿En la transparencia, en la publicación? ¿Dónde está el problema? Yo creo que aunque se negocie hasta última hora, merece la pena. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por mi parte, señorías, quiero hacer una breve referencia a otra enmienda que ustedes han presentado en relación con el Tribunal de Cuentas. Quiero decirles que tampoco supone una injerencia en las comunidades autónomas sino una posibilidad que se le da al Tribunal de Cuentas para que pueda establecer sus propias secciones territoriales.

Lamentamos mucho no haber podido aceptar las enmiendas y agradecemos las que se han transaccionado. Nos gustaría que votasen a favor de este proyecto de ley así como a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Pasamos a turno de portavoces. ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño brevemente en primer lugar para pedirle disculpas a la senadora Virginia Romero porque mientras que ella se refería a la interpretación de mis enmiendas yo estaba hablando por teléfono, concretamente con el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, al que he llamado para asegurarme de cuál era la posición que tenía respecto de las enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado, diciendo, además, que habían sido transadas con ellos.

Efectivamente, una de las enmiendas transadas corresponde con el criterio que en este caso mantiene el Consejo de la Juventud de España, y valga decir que no están contentos en absoluto con el hecho de que vayan a desaparecer ni con que sus funciones vayan a ser asumidas por el Injuve, pero lo que sí estaban pidiendo es que, al menos en la disposición transitoria no se limitase a seis meses el período de transición desde el Consejo hacia el Instituto porque podría crear un vacío legal de difícil encaje jurídico y en el que la juventud se podría encontrar sin ningún tipo de representación.

Pero resulta que hay una segunda enmienda que hace referencia a la composición de este nuevo organismo que va a crear el Partido Popular, donde la intención del Consejo de la Juventud de España —vaya por delante que no estoy hablando del Consejo de la Juventud Vasco— era tener garantizada al menos la participación en él de los Consejos de Juventud territoriales. Para ello, hay una justificación que venía a decir lo siguiente: «Un concepto exclusivamente vinculado al asociacionismo excluye un enorme número de organizaciones juveniles no amparadas estrictamente en la LODA, y que, sin embargo, representan un gran porcentaje de la juventud asociada y organizada. La composición de un órgano de participación juvenil no puede quedar constreñida al mundo configurado jurídicamente como asociativo federativo, sino que, como indican distintas recomendaciones y mandatos internacionales, deben tender a integrar al mayor número posible de organizaciones». Entre ellas destacan las amparadas bajo figuras jurídicas de otros marcos jurídicos, y abro comillas: derecho canónico, Ley de partidos, agentes sociales y entes públicos. Además, «La representación debe ser integral del territorio y, por tanto, no excluir los niveles locales y autonómicos de la participación estatal y europea. Por este motivo es imprescindible la asistencia y la integración en el Consejo de la Juventud de España de los consejos autonómicos de juventud».

Si ustedes han tenido ocasión de ver las enmiendas transaccionales presentadas por el Partido Popular, se darán cuenta de que los consejos autonómicos en absoluto aparecen mencionados en el nuevo texto transado. Por tanto, no se corresponden con el deseo del Consejo de la Juventud de garantizar la participación de todos los jóvenes, independientemente de su origen geográfico, favoreciendo también de esa forma su participación en Europa.

Por consiguiente, si usted, senadora, me confirma que dentro de otras asociaciones, esa coletilla que han puesto ustedes en esta enmienda transada, tienen cabida los consejos autonómicos de la juventud, la primera que le firma una transacción soy yo, pero que conste en el Diario de Sesiones. Que conste en el Diario de Sesiones que ese y otros grupos juveniles entran también en los consejos autonómicos de juventud. Porque entonces estaríamos hablando realmente de esa vocación de acuerdo que usted invoca cuando critica la oposición y el rechazo a las enmiendas transaccionales del resto de los grupos parlamentarios.

Y me reafirmo una vez más. Ya vale de que el Partido Popular presente las enmiendas por la puerta de atrás y de que nos venga 5 minutos antes de su debate con enmiendas transadas del calado de las que estaban proponiendo ustedes hoy aquí relativas a las subvenciones. Eso no es de recibo y, desde luego, flaco favor le hace a la democracia, al debate parlamentario y a la transparencia en este país. Por lo tanto, en ese sentido, ni ahora ni en posteriores leyes van a contar con este grupo parlamentario.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.




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Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervendré simplemente para reiterar nuestra oposición al proyecto de ley. Como es evidente, mantenemos las enmiendas que hemos defendido y lamentamos el fondo del proyecto, así como la voluntad del Gobierno de reducir las administraciones públicas, los servicios públicos, como ya hemos denunciado. En cualquier caso, quiero agradecer la disponibilidad de la senadora Romero y del senador De las Heras, que a lo largo de estos días, y especialmente en el día de hoy, aunque sea tarde, han hecho un esfuerzo por transaccionar algunos aspectos que, aunque no invalidan la opinión general de que consideramos negativo este proyecto de ley, sí hemos avanzado algo, atendiendo los requerimientos de las federaciones deportivas autonómicas en el caso de las licencias, que es un tema importante, o, por ejemplo, en el caso del personal de los consorcios, sobre todo de los sanitarios, donde ha habido avances que permiten mejorar en cierta forma el contenido del proyecto de ley. Y en otros casos, como en el tema del Consejo de la Juventud u otros, no hemos llegado a un acuerdo porque no hay una modificación sustancial de lo que significa hacer desaparecer dicho consejo como ente de derecho público, como institución, convirtiéndolo en un ente privado. Por tanto, mantenemos nuestras enmiendas de supresión.

En cualquier caso, como digo, agradezco la disponibilidad de haber mejorado aquello que ha sido posible y, por lo demás, reitero nuestra oposición al proyecto de ley y el mantenimiento de las enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Voy a hacer un breve resumen de la posición de mi grupo. Entendemos que el global de esta ley no es óptimo. Pensamos que no va a contribuir a la racionalización del sector público, ni mucho menos. Creemos que es una ley recentralizadora y, como ya les he avanzado, el correspondiente órgano lo dirá, puesto que la Generalitat de Cataluña recurrirá diferentes artículos de esta ley.

La verdad es que no hemos tenido mucho éxito con las enmiendas que hemos presentado. Seguramente no será por falta de empeño de mi grupo. Quiero agradecer el trabajo de la senadora Romero y del senador De las Heras, aunque no cristalice, aunque no se concrete en enmiendas transaccionadas. Es cierto que hemos transaccionado una muy importante, la de los consorcios sanitarios, pero tampoco nos tenemos que engañar, la hemos transaccionado para dejar las cosas como estaban. No es que hayamos mejorado, hemos dejado las cosas como estaban hasta hoy mismo. Si hubiera prosperado el texto original del proyecto de ley, hubiese causado un grave perjuicio a los consorcios sanitarios, no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado español, aunque, evidentemente, una parte importante de estos consorcios se concentra en Cataluña. En este sentido, quiero agradecer, como he dicho antes, la disposición del ministro Montoro para encontrar una solución a un problema que se había creado, creo que de forma un tanto inconsciente.

En todo caso, lamento que no haya más propuestas que puedan prosperar. Sé que es difícil gestionarlo pero sería importante que tuviéramos cierto margen para alcanzar todos esos acuerdos y no tener que esperar al último segundo del último minuto, que seguramente sería más operativo para todos.

En cualquier caso, entendemos que esta ley es una oportunidad perdida. Compartimos el objetivo inicial, aunque ya anuncié que el informe de la CORA tenía un defecto de configuración, un defecto que se ha agravado con la cristalización de este informe en un proyecto legislativo. Yo, sinceramente, creo que no hace honra al propio informe de la CORA, sobre el que mantenemos muchas discrepancias, porque entendemos que era mucho más ambicioso de lo que ha quedado en el propio texto legislativo.

No obstante, repito que mi grupo va a apoyar todas aquellas enmiendas que vayan en una dirección similar a las que él ha planteado y en contra del conjunto de la ley, como pueden entender.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sanz.

La señora SANZ MURILLO: Buenas tardes de nuevo.

En el Grupo Parlamentario Socialista sentimos profundamente que no hayan sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular ninguna de las enmiendas que hemos presentado, así como que se haya desaprovechado la oportunidad de acometer una reforma ambiciosa de la Administración para hacerla eficiente y eficaz. Ustedes solo se han fijado en el tamaño, solo quieren una Administración menos costosa y más pequeña, y eso que estamos a la cola de Europa en cuanto al tamaño de nuestras administraciones. Pero repito que eso es lo que ustedes tienen en cuenta.

Esto no es ni reforma, ni modelo, ni lo que nuestro país necesita en estos momentos. Precisamos de unos servicios públicos de calidad prestados desde la esfera pública con cauces de participación, que es lo que de verdad vertebra a una sociedad y hace avanzar en igualdad y en libertad. Una vez más, nos encontramos con una ley anunciada como la gran reforma de la Administración, una ley fruto del informe CORA, encargado en octubre de 2012 por el Gobierno del PP a una comisión integrada por expertos, que se vendió como un nuevo proceso de reforma de la Administración pública.

Nosotros estábamos esperando lo que se había prometido, la gran reforma de la Administración, pero se ha quedado en la eliminación de algunos organismos, algunos más intrascendentes, otros con gran calado social y vertebrador de la participación ciudadana, como el Consejo de la Juventud, y otros fundamentales en políticas de igualdad de género.

La tan esperada reforma de la Administración, el modelo de gestión y prestación de servicios públicos del Partido Popular ha brillado por su ausencia. Seguimos sin conocer ese modelo y sin saber si se mueven entre el liberalismo absoluto o la privatización de los servicios públicos en aras de la eficiencia, esa palabra tan pronunciada, pero yo añadiría transparencia, cercanía, garantía de servicios esenciales y políticas sociales, gestión pública.

En periodos de crisis debemos seguir apostando por las políticas sociales, garantizando los cauces de participación ciudadana, porque lo contrario solo conduce a mayores desigualdades, a informes y realidades preocupantes sobre la exclusión social, sobre la pobreza infantil o a que haya un 43% de desempleados sin ninguna cobertura ni prestación.

Está claro que este proyecto de ley no es la tan traída y llevada reforma de la Administración pública, pero tampoco es una verdadera racionalización del sector público; es un pequeño enjuague, con un nombre demasiado pomposo para su contenido; son una serie de medidas para realizar un lavado de cara y cumplir con un objetivo impuesto por la Comisión Europea. Además, los pretendidos costes que se quieren reducir se aplican en las cuestiones sociales, como la salud de la mujer, el Plan nacional sobre drogas o la juventud, pretendiendo la supresión del Consejo de la Juventud, cuando lo que habría que hacer es regularlo y dotarlo de autonomía financiera y funcional.

Lo dice el propio Consejo de Estado textualmente: Se aprecia de lo expuesto una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es ahorro, sino ideología, y profundizar en el desmantelamiento de lo público no es mejora de gestión, sino ideología. Por cierto, no puedo dejar de mencionar las formas utilizadas porque a veces estas son tan importantes como el fondo, y no entendemos cómo el Grupo Parlamentario Popular presentó al principio un total de 17 enmiendas a este texto de las que retiró 2, algo de lo que nos congratulamos ya que ustedes mismos se dieron cuenta de que abrían un debate cuando menos delicado e innecesario, pero con ello han obviado el dictamen del Consejo de Estado sobre asuntos relevantes. Además, a última hora nos han presentado transaccionales sobre sus propias enmiendas, y aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, han introducido modificaciones importantes a última hora de gran calado.

No obstante sí quiero mencionar el talante del senador De las Heras y de la senadora Romero, con quienes hasta el último momento hemos intentado llegar a acuerdos puntuales o al menos a presentar transaccionales. Pero a pesar de ese buen talante, consideramos que estamos ante un nuevo capítulo de ataque a las administraciones públicas, un suma y sigue después de la reforma




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de la Ley de bases de régimen local, como ya explicó detenidamente mi compañero de grupo en su anterior intervención.

Y para concluir, diré que no se puede presentar la Administración como una carga para la sociedad, porque precisamente esta construye esa sociedad, la hace más justa e igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las libertades de la ciudadanía.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Martínez, no hemos introducido nada por la puerta de atrás. Hemos presentado unas enmiendas con arreglo al Reglamento del Senado, y además le vuelvo a repetir que en tanto en cuanto podamos mejorar un proyecto de ley que venga del Congreso, ¿por qué no lo vamos a hacer en el Senado? Yo creo que respecto de estas enmiendas en concreto merecía la pena agotar el último minuto porque se está refiriendo a temas muy importantes, se está refiriendo a la transparencia, a la publicidad en las subvenciones que se van a dar con dinero público; es decir, señorías, con dinero de todos los españoles. (Aplausos). Yo creo, señora Martínez, que merece la pena haber presentado las enmiendas cumpliendo, además, con la legalidad vigente. ¿Dónde está aquí la puerta de atrás?

Tampoco entiendo el tono tan enfadado de su intervención. Yo no puedo saber el contenido de su conversación privada, pero sí puedo decirle que yo no he hablado con ellos por teléfono, sino que mi compañero y yo nos hemos reunido 2 veces con ellos personalmente aquí, en el Senado, y además también hemos hablado varias veces con ellos, y yo le puedo transmitir lo que a nosotros nos dijeron; usted transmitirá lo que le han dicho ahora. Nosotros hemos recogido el sentir que nos transmitieron, pero además hemos recogido más, porque a ellos lo que les preocupaba —y lo vuelvo a repetir— son los seis meses.

Señorías, lo que hoy estamos intentando conseguir con este proyecto de ley es que se pongan bajo control las cuentas públicas que, coincidirán ustedes conmigo, estaban desordenadas; que se eviten situaciones de duplicidad y de ineficiencia, que es a lo que estábamos acostumbrados. Se trata de un proyecto que hay que verlo dentro del conjunto de las reformas estructurales que ha hecho el Gobierno del presidente Rajoy durante toda esta legislatura, y todas estas reformas, señorías, están sentando las bases para un nuevo ciclo de prosperidad económica y de empleo para todos los españoles, y esta nueva reforma va a ser otra pieza más que va a contribuir a ello.

Senadora Sanz, quiero agradecerle también su actitud como al resto de portavoces de los grupos parlamentarios, porque el esfuerzo que ustedes han hecho por llegar a un entendimiento ha sido grande y loable. Pero le digo que ese es nuestro modelo; el modelo es sanear las cuentas públicas; el modelo es devolver a España la prosperidad que ha perdido; y el modelo es emprender y continuar la ruta del empleo.

Senadora Sanz, en los años 2004 a 2011 un Gobierno socialista, un Gobierno de izquierdas, incrementó el gasto público en España en un porcentaje del PIB que pasó del 38,4% al 45,2%; desde 2008 a 2011 se incrementó el empleo público en más de un 9,84%, más de 288 600 empleados públicos, para después ser el primer Gobierno de la historia que congeló los salarios de los empleados públicos; fueron el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el primer Gobierno Felipe González quienes congelaron los salarios de los empleados públicos; incrementan los empleados públicos y luego es el Gobierno el que congela los salarios.

Desde 2012, con el Gobierno del Partido Popular, el gasto público ha bajado en un 44%. Señorías, 2/3 de ese gasto público se está dedicando a gasto social y a servicios básicos que están atendiendo las necesidades de nuestros ciudadanos. Todas las reformas que se contienen en este proyecto de ley van a seguir permitiendo que se reduzca el déficit y se recupere la competitividad y la credibilidad de nuestra economía y de nuestro país. Además, el Gobierno del Partido Popular ha sido el que más ha hecho por las autonomías, por las empresas y por los pequeños empresarios, primero, con el plan de pago a proveedores, para el que se destinaron 42 000 millones de euros para el pago a proveedores, a pymes y a pequeñas empresas, que ha permitido pagar más de 8 millones de facturas que estaban sin consignación, y que ha permitido pagar a más de 230 000 pymes, y con ello se ha evitado perder y destruir 400 000




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puestos de trabajo. Un segundo instrumento ha sido el FLA, con el que se ha ayudado a las comunidades autónomas en beneficio de toda la sociedad española y ha contado con más de 60 000 millones de euros, además de otras medidas, como el control de la deuda pública. Lo que se propuso este Gobierno cuando inició la legislatura fue favorecer el empleo y la credibilidad de nuestra economía y acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Señorías, ese es nuestro modelo de Estado, ese es: acabar con la morosidad y caminar hacia una prosperidad.

Señorías, lo que hoy estamos debatiendo aquí no es la injerencia del proyecto de ley en las comunidades autónomas, no es la eliminación de los servicios públicos —porque no se está eliminando ningún servicio público—, no es la inconstitucionalidad de muchos de sus preceptos —como han señalado algunas de sus señorías—, lo que estamos debatiendo es si hoy queremos una Administración moderna y eficaz; si queremos que preste mejores servicios a los ciudadanos; si queremos que esos servicios se presten con menores costes; si queremos evitar que varios órganos de la Administración ejerzan las mismas competencias y, en definitiva, si esta Cámara, el Senado, es capaz de afrontar este reto junto con el Gobierno: la reestructuración de nuestra Administración pública para convertirla en la Administración que la sociedad española necesita en el siglo XXI.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirles que nosotros sí estamos dispuestos a ello, sí nos vamos a sumar a la modernidad, sí nos vamos a sumar a la reestructuración de la Administración pública en una Administración eficaz, y nos gustaría —y por eso les invitamos a que se sumen a ello—, vuelvo a reiterarles, que se sumasen a este proyecto y votasen favorablemente las reformas que en él se contienen, porque con ello vamos a obtener una Administración adecuada a las necesidades del siglo XXI.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Señorías, los servicios de la Cámara están ordenando la votación de las enmiendas, que es complicada por las transaccionales de última hora. Por lo tanto, vamos a entrar en el debate del siguiente proyecto de ley y luego las votaremos todas juntas.

10.1.2. PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000077)

El señor presidente da lectura al punto 10.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para su presentación, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicado el día 27 de junio. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Y el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el pasado día 3 de julio.

Se han presentado las siguientes enmiendas: 1 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Entesa; 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y 1 del Grupo Socialista.

Se reunió la comisión el pasado día 7 de julio, que acordó designar la siguiente ponencia para informar del proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Popular, doña María del Mar Angulo Martínez y yo mismo; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Juan María Vázquez García y don Nicanor Jorge Sen Vélez; por el Grupo Entesa, doña María Jesús Sequera García; por el Grupo Parlamentario Vasco, doña Rut Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, don Isidro Martínez Oblanca. Dicha ponencia elevó a la comisión el informe en el que se mantenía el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y la comisión procedió entonces a dictaminar. Tras el debate de las enmiendas, se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando aprobado por 16 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.

Por último, señorías, se han presentado votos particulares: el Grupo Parlamentario Mixto, respecto a la enmienda 1; el Grupo Parlamentario Vasco, respecto a las enmiendas 4 y 5; el Grupo




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Entesa, respecto a sus enmiendas presentadas; y el Grupo Socialista, respecto a su enmienda presentada.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Comenzamos el debate de las enmiendas.

Del Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y Mariscal han presentado la enmienda número 1. Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

Como aparece en la motivación de nuestra enmienda a este nuevo proyecto de ley, tenemos que denunciar en este momento lo que nos ha parecido la utilización una vez más del Poder Ejecutivo a nivel central para ajustar las tuercas y entrar en mecanismos de planes de ajustes con la excusa de los pagos a proveedores. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la necesidad del aumento de tasas e ingresos fiscales por parte de los ayuntamientos y la conversión de la deuda con proveedores a corto plazo en deuda a largo plazo pero tras aprobar duros planes de ajuste están llevando, junto con otros elementos que ya han sido considerados a lo largo de este debate y en otros, a la privatización de servicios públicos, a despidos de trabajadores y recortes de todo tipo de prestaciones de servicios básicos.

Nuestra enmienda tiene 3 funciones: aumentar el periodo de carencia, ampliar el periodo de amortización y reducir el tipo de interés. Nos parece que estas 3 medidas que planteamos en nuestra enmienda —que, por lo que hemos visto, son compartidas en enmiendas parciales de otros grupos— contribuirían a mejorar el funcionamiento del plan de pago a proveedores por parte de los ayuntamientos y la transformación del fondo para la financiación de estos pagos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco se ha hecho cargo de las enmiendas números 4 y 5, inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Solamente intervengo para darlas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado, por una parte, la enmienda número 2 y, por otra, la número 3. ¿La senadora Sequera va a defender las 2?

La señora SEQUERA GARCÍA: Sí. Hemos presentado las enmiendas números 2 y 3, de los senadores Guillot y Saura, que doy por defendidas.

Creemos que es deber del Gobierno velar constantemente para que la deuda pública de cualquier Administración se pueda financiar en las mejores condiciones y la máxima flexibilidad. Por eso, la enmienda de adición que hemos presentado es a través de una disposición adicional, con 3 objetivos.

En primer lugar, que se puedan revisar las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas por administraciones locales y comunidades autónomas, en concreto en lo referente a plazas de amortización, períodos de carencia y reducción de tipos de interés. En segundo lugar, que estas mejoras no supongan una exigencia de condiciones adicionales distintas o superiores a las ya adquiridas. Y en tercer lugar, en aras de una mayor transparencia, que se emita un informe semestral que refleje la evolución desde diferentes ópticas financieras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 6. Para su defensa, tiene la palabra el senador Vázquez.




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El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias.

La enmienda del Grupo Socialista pretende que se aprovechen por parte de las corporaciones locales las mejoras que se han producido en el sistema financiero en cuanto a tipos de interés. Por eso, lo que decimos es que se puedan revisar las condiciones que ahora tienen los préstamos que se les otorgaron para el pago a proveedores y que lo puedan hacer en las siguientes condiciones: que afecten tanto al plazo de amortización —que puedan ampliarse estos plazos de amortización—, los períodos de carencia —que pueda establecerse algún período de carencia— y, fundamentalmente, la reducción de los tipos de interés que vienen pagando.

Al mismo tiempo, solicitamos que no se pongan condicionantes nuevos a los ayuntamientos que quieran acceder a estas nuevas y mejores condiciones, que en ningún caso se les exijan nuevas condiciones, y también que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remita semestralmente a las Cortes Generales un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición. Creemos que es de justicia con los ayuntamientos, que tanto esfuerzo están haciendo, que han conseguido pasar de un déficit a un superávit —la primera Administración territorial que lo ha hecho— y que gracias al superávit de los ayuntamientos las cuentas del Estado, el déficit del Estado ha podido presentarse decentemente, que ahora llegue el momento de que se les ayude con este tipo de refinanciación de los préstamos en condiciones adecuadas. Es lo que solicitamos en nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los grupos que han presentado enmiendas el trabajo que han realizado para intentar mejorar esta ley, pero tengo que decirles que mi grupo va a rechazar todas las enmiendas que han presentado el Grupo Mixto, Izquierda Unida, el Grupo Entesa y el Grupo Socialista.

Ya hace casi tres años, el 20 de enero de 2012, que el Gobierno del Partido Popular, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, anunciaba la creación de este plan de proveedores, la creación de este mecanismo extraordinario de financiación para pagar las muchas deudas que tenían nuestras administraciones locales, nuestra Administración autonómica. Un proyecto, señorías, que ha supuesto el pago de más de 42 000 millones de euros, que ha supuesto que cobren más de 200 000 proveedores —muchos de ellos autónomos, todos ellos pequeñas y medianas empresas—, que ha permitido sacar 8 millones de facturas de los cajones, resolver la difícil situación económica que estaban viviendo 4000 ayuntamientos en nuestro país y 14 comunidades autónomas y, por qué no decirlo, un plan de proveedores que ha servido también para poner fin a esa etapa inaceptable en la que el Partido Socialista nos decía que la morosidad era algo normal y habitual en la Administración española. Ahora que se ha completado el mecanismo y que no se prevén nuevas fases para este plan, el Gobierno presenta este proyecto de ley.

Como les decía, señorías, vamos a rechazar todas las enmiendas que han presentado y les quiero hacer algunas consideraciones. Todas ellas plantean la necesidad de incorporar una disposición adicional para modificar las condiciones financieras de los préstamos formalizados y, en este sentido, debo decirles que ha sido la propia Federación Española de Municipios y Provincias la que ha valorado muy positivamente las condiciones de los préstamos acordadas por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Las condiciones iniciales fueron establecidas por la comisión delegada y es esta misma comisión la que el pasado 24 de abril adoptó un acuerdo modificando las condiciones financieras de los préstamos, un acuerdo que está en proceso, como ustedes saben, de desarrollo y de aplicación.

Por lo tanto, señorías, desde nuestro punto de vista no es necesario incorporar esas nuevas condiciones a este proyecto de ley porque no existen motivos para su inclusión en normas con rango de ley. Las nuevas condiciones no son caprichosas ni tampoco onerosas para la mayoría de los ayuntamientos que se acojan a las rebajas de tipos de interés y a la ampliación de los plazos de amortización. Van simple y fundamentalmente en la línea de apoyo permanente que ha prestado




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el Gobierno de España a la Administración Local y que, junto con el esfuerzo impresionante que hemos hecho las corporaciones locales, ha permitido que entre 2011 y 2013 hayan pasado del 0,39 de déficit al 0,41 de superávit.

Señorías, las nuevas condiciones instrumentales, como la adhesión a la factura electrónica o a la plataforma Emprende en 3, por ejemplo, tienen por objeto conseguir una mayor eficiencia en la actuación administrativa, algo en lo que estoy seguro que todos coincidimos. En definitiva, señorías —y termino—, no debemos buscar problemas donde no los hay y convertir en algo negativo lo que es muy positivo para nuestros ayuntamientos y para las comunidades autónomas.

Muchas gracias señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace dos años y medio el Grupo Parlamentario Vasco mostró su apoyo más absoluto a los objetivos del Real Decreto Ley 7/2012, que puso en marcha el Fondo para la financiación del pago a proveedores. Considerábamos entonces, igual que ahora, que la situación era y sigue siendo especialmente delicada para el tramo más vulnerable de la Administración pública, es decir, el ámbito local, que se ha visto particularmente afectado por la crisis debido a que a su ya de por sí escasa capacidad de financiación se le ha unido durante los últimos años la creciente dificultad para acceder a los créditos bancarios, bien por falta de oferta de las entidades bancarias, bien por las restricciones al endeudamiento dictadas en el ámbito internacional y ratificadas por la extensa normativa del Ministerio de Hacienda, que todas sus señorías conocen porque la hemos estudiado recientemente. Y ha sido particularmente difícil para los pequeños ayuntamientos y también para las miles de pequeñas y medianas empresas que les suministran bienes y servicios, que han visto su viabilidad amenazada, no ya solo por los vaivenes del mercado causados por la crisis financiera, sino también en muchos casos por el impago de las facturas correspondientes a los servicios prestados a la Administración pública.

Por todo ello, por lo que de beneficioso tenía y tiene el Fondo para la financiación del pago a proveedores, tanto para los ayuntamientos, como para las pymes y autónomos, valoramos como muy positiva esta iniciativa del Gobierno, compartiendo los objetivos con los que fue creado. Pero lo que no compartimos en su día fue la omisión al marco competencial foral, pues el real decreto ley no incluía la tradicional cláusula foral, preceptiva en este caso, dado que tanto el Estatuto de Autonomía de Guernica como la Ley del concierto en Navarra consagran a los territorios históricos del País Vasco la tutela financiera de los ayuntamientos, algo que el convenio también establece para los ayuntamientos navarros. Eso no se hizo, como digo, durante la tramitación del real decreto hace dos años, pero sí se tuvo en cuenta en la puesta en marcha de la segunda fase del Fondo para el pago de proveedores, donde ya se incluía la posibilidad de firma de un convenio entre la Administración General del Estado y las diputaciones forales del País Vasco y entre aquella y la Comunidad Foral de Navarra, reconociendo implícitamente así la carencia de sensibilidad autonómica del Real Decreto Ley 7/2012. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Este inciso me permite entrar de lleno en la valoración que nosotros hacemos de los contenidos del actual proyecto de ley y que guarda cierto paralelismo con la postura que mantuvimos hace dos años. Si entonces ya denunciamos que el real decreto ley no era congruente con el sistema competencial vigente en el Estado, no es menos cierto que el actual proyecto de ley se regodea en estas mismas carencias o incluso diría que va mucho más allá. Y me explico, señorías. Este proyecto de ley tiene como objetivo modificar el estatus jurídico del Fondo para la financiación de pagos a los proveedores para mejorar las condiciones de los créditos otorgados a los ayuntamientos adscritos a este fondo.

Todo esto está muy bien. No voy a pasar a detallar las condiciones, porque todos ustedes ya las conocen. Nada que objetar desde el Grupo Parlamentario Vasco, ya que es evidente que suponen una mejora para la devolución de los fondos por las entidades locales adscritas al plan. Lo que ya no compartimos es que los ayuntamientos deban renunciar a su autonomía organizativa para poder gozar de estas ventajas en los créditos otorgados. Y eso es precisamente lo que




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implica la adscripción automática de las entidades suscritas al fondo al punto único de recepción de las facturas electrónicas de la Administración General del Estado y a la Plataforma Emprende en 3, de reciente creación, así como la obligatoriedad de modificación de un 30% de las licencias de inicio de actividad económica para adecuarlas a la Ley de unidad de mercado, o la exigencia de que los ayuntamientos elaboren un informe donde justifiquen la coherencia de su normativa, de toda su normativa, con la Ley de unidad de mercado. Por cierto, la ley no entra a valorar el coste económico de las contrapartidas exigidas a los ayuntamientos, pero estoy segura de que en buena parte de los casos —al menos en lo que respecta a los ayuntamientos más pequeños— las ventajas financieras ofrecidas por el nuevo fondo no compensarán ni de lejos el coste económico ni la creciente carga de trabajo administrativo que implican estas contrapartidas exigidas por el Gobierno. Esto supone una considerable merma de la autonomía local y un ejemplo más del afán recentralizador de su Gobierno.

No quiero extenderme más en este asunto, porque ya lo han hecho los portavoces que me han precedido en el turno de las enmiendas, y todas y cada una de ellas hacían hincapié en esta misma cuestión.

Para finalizar, quiero señalar que mi grupo parlamentario, a la luz de las razones expuestas, votará a favor de todas las enmiendas presentadas y se abstendrá en la votación final a este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, buenas noches.

En primer lugar, quiero decir que esta ley es básicamente una ley de trámite, y en el artículo 1 se puede apreciar de qué se trata: de liquidar el Fondo para la financiación de pago a proveedores y de crear un segundo fondo sin personalidad jurídica propia para establecerlo como un instrumento de gestión. Y hay algo que me ha extrañado muchísimo, y es que no sé qué tiene que ver el campeonato mundial de ciclismo con el Fondo de pago a proveedores. No se le hace ningún favor al trabajo riguroso que se hace en las Cortes, porque se está pervirtiendo la gestión legislativa.

Dicho esto, aprovecho la ocasión —prácticamente no hay nada más que decir sobre la ley— para hacer una serie reflexiones. En primer lugar, el problema de fondo, que no es más que la financiación local y la financiación autonómica, continúa sin tratarse. Y la realidad es que todavía no se ha afrontado, que aún persiste.

En el debate de la Ley 27/2013, LRSAL, ya se planteó que la cuestión básica es atajar de una vez por todas el problema de la financiación local y autonómica. Espero que no salgan aquí y me digan que tampoco lo hicieron los socialistas, porque ahora hay un Gobierno que tiene que hacer frente a los problemas que se debaten hoy en esta Cámara y, por lo tanto, se debería afrontar. Prueba de que no se ha solucionado el problema es que, después de haber liquidado todas las facturas vencidas y no pagadas a través del Fondo de pago a proveedores, los ayuntamientos hoy han vuelto a acumular en los cajones más facturas, que están vencidas y pendientes de pago. La situación es delicada. Tienen un déficit excesivo, pero lo cierto es que debemos ser rigurosos. Y no se puede achacar la culpa de este déficit excesivo al Gobierno estatal socialista, cuando la responsabilidad de esas facturas es de quienes las aceptaron, es decir, de los gobiernos municipales y autonómicos. No podemos aprovechar la ocasión para crear fantasmas. Debemos tener claro que en muchas situaciones eso es debido a una mala gestión, pero en la mayoría de ellos se debe a una bajada de los ingresos, y prueba de ello es que en el municipio de Barcelona no tuvieron que hacer frente a pagos de facturas vencidas, no tuvieron que acceder al Fondo de pago a proveedores y, en cambio, el municipio de Madrid sí tuvo que hacerlo. ¿Y quién paga el pato? Los madrileños y las madrileñas. Esa es la diferencia entre una buena gestión y una mala gestión.

Se ha hablado de que se ha pasado de tener un déficit a un superávit. Mentira. La verdad es que ese déficit se ha convertido en deuda.

Otra reflexión es que el Gobierno del PP no ha inyectado ni un solo euro a través del Fondo de pagos a proveedores. Lo que sí ha hecho es permitir que las administraciones locales y las comunidades autónomas concierten créditos con entidades bancarias, con lo cual deberán




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devolver esos créditos a través de las arcas, tanto municipales como autonómicas, con unos intereses mucho más altos de los que consiguió el Gobierno del Estado. Eso debe quedar claro.

Además de que no se haya inyectado ni un solo euro de las arcas del Estado a las comunidades autónomas y a las entidades locales, hay que hacer hincapié en que los recortes que se han hecho en materia de políticas sociales desde el Estado han repercutido en los servicios públicos que los ayuntamientos y las comunidades autónomas están prestando en cada territorio, con lo cual, han tenido que eliminar servicios públicos o recortar los que se están llevando a cabo.

En definitiva, no se ha acabado con la morosidad. Lo reitero: el debate pendiente es erradicar definitivamente el problema de la financiación, tanto local como autonómica.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Voy a aprovechar este turno de portavoces para comentar las dos enmiendas que habíamos presentado y que por un problema personal no pudimos mantener, lo que hizo el Grupo Vasco, al cual quiero agradecer su defensa.

Eran dos enmiendas, una de carácter técnico y otra de mayor contenido. En cuanto a la de carácter técnico, se trata de que cuando hablábamos de la retención de la participación en tributos del Estado por el impago de las operaciones del Fondo de proveedores se podía perjudicar el pago del resto de compromisos financieros de la misma corporación local. Me explico. Hicimos una modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria por la cual se daba prioridad absoluta al pago de la carga financiera y la devolución de la deuda, y ahora nos podemos encontrar con que la retención por parte de la participación en tributos del Estado perjudique a esta prelación del resto de operaciones financieras. En todo caso, lo planteamos. De hecho, hubo un acuerdo de la comisión delegada que posibilitaba a las corporaciones locales acceder a una reducción del tipo de interés de las operaciones de pago a proveedores, pero iba condicionada —lo ha dicho algún otro portavoz— esencialmente a la adscripción al Emprende en 3 y a la factura electrónica en el módulo que había establecido el ministerio. Yo mismo tuve la ocasión, en el seno de la Comisión de la Administración Local, de mostrarle el desacuerdo al ministro, porque de hecho había muchas corporaciones locales que ya estaban utilizando la factura electrónica, que lo hacían a través de otra plataforma diferente de la establecida por el ministerio y que obligatoriamente han tenido que rectificar y acudir a esta plataforma, dejando la que estaban utilizando para recepcionar ya sus facturas de forma electrónica, con lo cual seguramente esto no tiene sentido. El ministerio podrá salir de aquí a pocos días diciendo que ha conseguido que más de 2000 ayuntamientos se adhieran a su plataforma, pero ha sido una adhesión obligatoria. En algunos casos, los de aquellos que no tenían adhesión a otra plataforma, podía tener un sentido, pero en otros no tenía ninguno. Por eso, lo que propone la enmienda es que para acogerse a estas reducciones de tipo de interés o a esta mejora de las condiciones financieras en ningún caso se puedan establecer condiciones adicionales. Por tanto, mantenemos estas enmiendas y pedimos su voto favorable.

También anuncio el voto favorable a todas las enmiendas presentadas, y la del Grupo Socialista me sugiere un comentario especial. Alguien podría decir —seguramente pueda hacerlo el Grupo Popular— que con la aprobación el sábado del Real Decreto 8/2014 queda en parte subsumida, y es verdad. Este decreto, que modifica 25 leyes, con una cierta indefensión por parte de las Cámaras, recoge en parte una demanda que planteó la FEMP al ministro, tal como comentaba el portavoz del Grupo Popular, y es que aquellos ayuntamientos que tengan acceso a los mercados financieros puedan cancelar esas operaciones del Fondo de proveedores y sustituirlas por otras operaciones. No obstante, establece algunas restricciones, entre ellas, que se tienen que mejorar las condiciones financieras —en eso estamos de acuerdo— y que no se puede ampliar el plazo de amortización. Entendemos que si una corporación local y una entidad financiera se ponen de acuerdo para sustituir una deuda por otra, y la entidad financiera es capaz de ofrecer un mayor plazo de amortización, eso en nada perjudicaría a los objetivos de consolidación fiscal y se tendría que dejar abierto. Por ello, aunque este aspecto se modifique a través del Real Decreto 8/2014, entendemos…




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BEL ACCENSI: Termino, señor presidente.

Decía que entendemos que la enmienda del Grupo Socialista mantiene su vigencia, y por eso también la vamos a votar favorablemente.

Muchísimas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista, al cual represento en esta tribuna, va a abstenerse en este proyecto de ley, y me gustaría dejar claro que para nosotros es una mera reorganización administrativa. También quiero aprovechar la ocasión, en este caso como alcalde, para hacer una valoración de las repercusiones que este primer Fondo para el pago de facturas ha tenido en las cuentas municipales.

De las administraciones publicas de este país, los ayuntamientos, y principalmente los de menor entidad hemos sido, a nuestro entender, los grandes perseguidos por el Gobierno del Partido Popular. Durante muchos años de bonanza, de esa bonanza económica que se ha desarrollado principalmente en los ayuntamientos de la costa y en las grandes ciudades, muchos pequeños municipios, que somos la inmensa mayoría de los municipios de este país, no hemos tenido la ayuda prácticamente de ninguna Administración, ni de la central ni de la autonómica, para poder tener una carta digna de servicios públicos que a su vez nos permitiera mantener espacios de convivencia ante la fuerza y la competencia de los grandes núcleos urbanos. Me refiero a los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, que entiendo que hemos sido los grandes olvidados de la Administración central de este país.

Señorías, el Fondo para la financiación del pago a proveedores ha sido la herramienta financiera llevada a fin en las peores condiciones posibles, utilizada, sí, para conseguir un resultado, para pagar unas deudas e inyectar liquidez a una parte importante de la sociedad, pero eso también ha supuesto dejar en un absoluto estado de inanición a un gran número de corporaciones locales españolas. Convertir esa deuda comercial en una deuda financiera, para algunos catalogada como la mayor operación financiera de la historia de este país, ha dejado a los mayores prestadores de servicios, que somos los ayuntamientos —que nunca se nos olvide—, en una ruina técnica. Este es un hecho que a fecha de hoy se produce en la inmensa mayoría de las corporaciones que se acogieron a este plan impuesto por el Gobierno por las leoninas condiciones financieras a las que nos obligaron a acogernos. Condiciones abusivas —se ha dicho también por parte de algún compañero que me ha precedido en el uso de la palabra— de un dinero que nos llegaba de Europa entre el 1 y el 1,5% y que a los ayuntamientos se nos ha obligado a devolver a casi al 6%. Una operación de crédito que era sí o sí, en la que siempre había un gran beneficiario, que en este caso, como no podía ser de otra manera, era la banca privada. Si la desmesura del interés es de venganza, el plazo de amortización es de escándalo. Diez años para devolver un crédito de estos importes deja en una situación muy muy, mala, de extrema crisis, a la tesorería de las entidades locales. Vuelven a utilizar la política del embudo —lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás—, y eso se ha visto reflejado nuevamente en la política de ejercer su poder a través del legislar sin conocer la realidad de los municipios españoles.

La difícil situación por la que atraviesan estos municipios y sus habitantes ha desembocado en una caída importante de ingresos por impuestos, en situaciones dramáticas que los alcaldes nos encontramos cada día encima de nuestra mesa, a lo que ustedes han colaborado con la adopción de recortes en todos los sectores de la sociedad. Hay pueblos pequeños prestando un número importante de servicios públicos, muchos de ellos impropios, como han sido las escuelas infantiles, y a los que la Administración autonómica dio la espalda retirando su cofinanciación y dejándonos solos; servicios sociales que no nos corresponden, como residencias de mayores, de obligado ejercicio también por las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia; y protección civil y otros servicios comunitarios o sociales que prestamos los ayuntamientos o que no les ofrece ninguna otra Administración. Estas competencias impropias, la pérdida de población por la emigración a espacios de mayor vida económica, el elevado desempleo y el empobrecimiento




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de muchas unidades familiares, mediante el principio causa-efecto han elevado la morosidad, la falta de ingresos por la caída de la recaudación y el estancamiento total de la economía.

Lo que pedíamos era una ampliación del plazo, porque nos parecía que era lo más importante.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SEN VÉLEZ: Finalizo, señor presidente.

La petición, que también se hacía desde la Federación de Municipios y Provincias, de que se eliminara la limitación de acudir a un crédito público—privado, pero a largo plazo, no solo para unos pocos, sino para los que así lo entendieran, al final ha quedado en agua de borrajas y el Gobierno de España ha respondido dándonos la espalda. Toma nada, que no te engaño.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Esta ley no es de trámite, señorías. Esta ley es un paso más en el apoyo permanente que el Gobierno del Partido Popular viene prestando a las administraciones territoriales y en concreto a los ayuntamientos de toda España. Porque las entidades locales se van a poder beneficiar de un aumento en la liquidez por la ampliación de los plazos de carencia y de amortización y por la rebaja de los tipos de interés, porque así lo decidió el Gobierno hace ya dos meses, el 24 de abril, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuando ustedes, alcaldes o no alcaldes, ni se habían acordado de pedirlo, como no se habían acordado en los ocho años anteriores de exigir nada al Gobierno anterior, señorías. Porque esas mejoras en las condiciones las ha aprobado el Gobierno de España, acordándose de todos los ayuntamientos y estableciendo condiciones distintas para las distintas situaciones que se viven en los ayuntamientos y con medidas extraordinarias de liquidez para aquellos que tienen problemas financieros especiales. Senador Sen, ¿dónde estaba usted cuando estaba su Gobierno? Nada de nada de todo eso había entonces. Ahora, piense en sus vecinos y acuérdese de eso. (Rumores).

Condiciones a las entidades locales. La adhesión a la factura electrónica, la adhesión a la plataforma Emprende en 3 y la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables en al menos un 30% son mayores garantías de algo que es un compromiso esencial, como es mejorar el entorno institucional; se trata de políticas de apoyo institucional a los emprendedores y de facilitar a las personas que inician un negocio y crean empleo su relación con la Administración y eliminarles trabas administrativas.

Miren, señorías, el Plan de pago a proveedores es probablemente una de las medidas económicas más importantes que se han aprobado en este país. Estamos hablando de más de 8 millones de facturas pagadas a más de 200 000 proveedores, de los que más de un 90% eran autónomos y pequeñas y medianas empresas; de salvar del orden de 400 000 puestos de trabajo y evitar una caída de 3 puntos del PIB; de un ahorro para comunidades autónomas y ayuntamientos, entre el FLA y el Plan del pago a proveedores, de 20 000 millones en seis años, que es la duración media de la financiación. Estamos hablando, señorías, del saneamiento de las cuentas públicas, de poner orden y transparencia en estas; y, sobre todo, responsables socialistas, de muchas facturas en los cajones sin pagar. (Rumores). Estamos hablando de una medida profundamente social, porque 7 de cada 10 facturas que se han pagado eran de servicios educativos, de servicios sanitarios y de servicios sociales. (Aplausos). Si alguien puso en riesgo el Estado del bienestar fue quien dejó 7 de cada 10 facturas sin pagar. (Rumores). Señores alcaldes del Partido Socialista, ¿dónde estaban ustedes escondiendo las facturas? (Rumores.—Aplausos). Esta medida ha permitido inyectar liquidez; entre el FLA y el Plan de pago a proveedores, 102 000 millones de euros de liquidez sobre la mesa para que los ayuntamientos y las comunidades pagaran, para que los proveedores pudieran cobrar y no tuvieran que cerrar. Qué gran diferencia con aquel Plan E: 15 000 millones tirados para crear 8000 empleos estables (Rumores.—Aplausos), cuando en tres años hubo medio millón de proyectos empresariales destruidos y 3 800 000 puestos de trabajo destruidos. Y ustedes, bien callados, guardando las facturas en los cajones, señorías. Ustedes. (Rumores).




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El Plan de pago a proveedores es una inyección de liquidez y de credibilidad, una inyección que ha supuesto recuperar la imagen de nuestro país como un país donde se pagan las facturas, un país donde el Gobierno afronta los problemas, donde no solo saca las facturas sino que afronta la realidad y da respuesta y solución a cada problema.

Señorías del Partido Socialista, aquí se ha hablado de la FEMP, y yo recuerdo oír decir en 2010 a un representante de la FEMP: el problema de los ayuntamientos no es que queramos otro Plan E, es que queremos que nos ayuden a tener las puertas abiertas y a poder pagar la luz y la calefacción. Pero para entonces el Gobierno socialista y todos ustedes —algunos, senador Sen, ya bien cómodos e instalados en sus ayuntamientos— estaban bien callados mientras el Gobierno socialista incumplió más de una docena de veces ese compromiso asumido de resolver la financiación local, mientras el Gobierno socialista no ponía ni una de esas medidas sobre la mesa, mientras el Gobierno socialista decidió más de una docena de veces desentenderse de los alcaldes, de los ayuntamientos y, por lo tanto, de los vecinos de los más de 8000 municipios de toda España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar el Proyecto de Ley que acabamos de debatir, de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a Proveedores.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 94; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 4 y 5, inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 92; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2 y 3, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, votamos la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 149; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, a continuación votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 149; en contra, 4; abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.




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Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a Proveedores. (Aplausos).

10.1.1. PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Votación).

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000072)

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar las enmiendas y el Proyecto de Ley de racionalización del sector público.

Comenzamos votando las enmiendas de las senadoras Ibarz y Santos y del senador Fuster.

En primer lugar, votamos las enmiendas 8 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 147; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 3, 9, 11 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 94; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos la 2 y de la 4 a la 7, y me explico. Votamos la 7 porque al final no se ha podido transaccionar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 95; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal comenzamos votando la número 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 22; en contra, 153; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 15 y la 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 93; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 150.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 87; en contra, 153; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 216; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 243; a favor, 20; en contra, 213; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 18 y la 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 89; en contra, 147; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 22, 23 y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 148; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 14 y la 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 93; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos las enmiendas 24, 25, 29, 31 y 32, teniendo en cuenta que la 24 y la 31 no se han podido transaccionar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 240; a favor, 92; en contra, 146; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 25; en contra, 217.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 113 y 117.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 22: en contra, 147; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 116 y la 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 147; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 114, 115, 118 y de la 120 a la 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya comenzamos votando la 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 70; en contra, 161; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 57 y 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 242; a favor, 71; en contra 154; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 87; en contra, 155; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 58 y la 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; emitidos, 241; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 65 y de la 73 a la 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 95; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; emitidos, 242; a favor, 73; en contra, 151; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




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Votamos la 59, de la 61 a la 64, la 69 y la 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 94; en contra, 147; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; emitidos, 243; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 56, 60, 68, 70, 76, 78, 79, 82, 84 y 93.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 55, 66, 67, 72, 80, 81, 85, 87 y 91.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 79; en contra, 147; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 97.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152; abstenciones, 87.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 95 y 96.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 76; en contra, 150; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 107.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 108.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 70; en contra, 161; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 104, 105 y 112.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 242; a favor, 93; en contra, 147; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 100.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 8; en contra, 215; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 101.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 213; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 94, 109 y 111.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 75; en contra, 148; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 99.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 98, 102, 103 y 110.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 106.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, comenzamos votando la enmienda 33.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 90; en contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 45.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones, 11.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 36, 37, 42 y 43.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 148; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 35, de la 38 a la 41, la 44, de la 46 a la 52 y la 54.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 88; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 34.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 88; en contra, 145; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la 152.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 160; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 126 y 161.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 151; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 140.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 151; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 127 y 134 y de la 141 a la 144.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 157.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 147; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 158.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 77; en contra, 147; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 124, 149, 150, 154, 156 y 160.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 77; en contra, 147; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 125, 129, 145, 147, 148, 151, 153, 155 y 162.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 147; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 128, de la 130 a la 133, de la 135 a la 138 y la 146.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 89; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 163 a 167, 177 y 179 a 181 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 92; en contra, 146; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 135795, sobre la enmienda 168 del Grupo Parlamentario Popular, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 149; en contra, 17; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 135796, sobre la enmienda 90 del Grupo Parlamentario de la Entesa y la 159 del Grupo Parlamentario Socialista, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 147; en contra, 17; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 135831, sobre la enmienda 171 del Grupo Parlamentario Popular, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 153; en contra, 20; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 135832, sobre la enmienda 176 del Grupo Parlamentario Popular, firmada por cinco grupos parlamentarios.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 144; en contra, 12; abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 135837, sobre la enmienda 53 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 229; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 135838, firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 242; a favor, 162; en contra, 1; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

La propuesta de modificación con número de registro 135839 ha decaído al haberse retirado la enmienda número 24, de los senadores Iglesias y Mariscal, sobre la que estaba soportada.

Votamos, a continuación, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 147; en contra, 26; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 147; en contra, 93; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado. (Aplausos).

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches.

Eran las veintidós horas y cinco minutos.


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