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DS. Senado, Pleno, núm. 114, de 04/06/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 54

celebrada el miércoles, 4 de junio de 2014

ORDEN DEL DÍA

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar el derecho de la mujer a la maternidad.

(Núm. exp. 662/000142)

Autor: GPP

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para abordar la reparación y conservación de las carreteras.

(Núm. exp. 662/000143)

Autor: GPS

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para erradicar los asentamientos de avispa asiática en las explotaciones apícolas.

(Núm. exp. 662/000141)

Autor: GPMX

7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse la tramitación legislativa pertinente dirigida a derogar la vigente Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

(Núm. exp. 662/000140)

Autores: GPS, GPMX, GPEPC, GPV y GPCIU

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y otras medidas de apoyo a la actividad de los locales de negocio de renta antigua.

(Núm. exp. 622/000011)

Autor: GPS




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8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1. Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000069)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar el derecho de la mujer a la maternidad.

(Núm. exp. 662/000142)

Autor: GPP

10735

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

La señora Almiñana Riqué defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Llinares Cuesta defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Aguirre Muñoz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 151; en contra, 80; abstenciones, 13.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para abordar la reparación y conservación de las carreteras.

(Núm. exp. 662/000143)

Autor: GPS

10751

El señor Becana Sanahuja defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Mateu Istúriz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Becana Sanahuja expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 92; en contra, 140.




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7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para erradicar los asentamientos de avispa asiática en las explotaciones apícolas.

(Núm. exp. 662/000141)

Autor: GPMX

10765

El señor Yanguas Fernández defiende la moción.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Leyte Coello defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Yanguas Fernández expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y rechazando el resto.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Leyte Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 147; en contra, 70; abstenciones, 20.

7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse la tramitación legislativa pertinente dirigida a derogar la vigente Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

(Núm. exp. 662/000140)

Autores: GPS, GPMX, GPEPC, GPV y GPCIU

10781

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 89; en contra, 142.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY




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8.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y otras medidas de apoyo a la actividad de los locales de negocio de renta antigua.

(Núm. exp. 622/000011)

Autor: GPS

10801

El señor presidente informa a la Cámara de que no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Fernández Ortega defiende la toma en consideración.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Ante la petición de palabra del señor Fernández Ortega, el señor presidente explica que el turno a favor coincide con la defensa de la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los señores Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ibarz Ibarz y Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. El sentido de sus votos ha sido el siguiente: la señora García Carrasco, favorable a la toma en consideración; las señoras Ibarz Ibarz y Jurado Fernández de Córdoba, contrario a la toma en consideración.

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente resultado: presentes, 238 más 3 votos telemáticos, 241; votos emitidos, 240; a favor, 92, más 1 voto telemático, 93; en contra, 141, más 2 votos telemáticos, 143; abstenciones, 4.

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1. Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

10813

(Núm. exp. 621/000069)

La señora Jiménez García, vicepresidenta primera de la Comisión de Economía y Competitividad, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto, manifestando que se consideran representados en la defensa que el señor Guillot Miravet hará de la propuesta de veto número 2.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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En turno de portavoces intervienen los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Jurado Fernández de Córdoba e Ibarz Ibarz, siendo en los tres casos contrarios a las tres propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos, 243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 147 más 3 telemáticos, 150; abstenciones, 25.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 71; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149; abstenciones, 24.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos, 243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149; abstenciones, 26.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 38, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador. El señor presidente pide al señor Mariscal Cifuentes que utilice un lenguaje acorde a la cortesía parlamentaria y el señor senador retira el término «robar» empleado en su intervención.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 116 a 119, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 49 a 77 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a 151 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la enmienda 44 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 78 a 115, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 39 a 43 y 45 a 48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 120 a 147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a 151 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la enmienda 44 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Guillot Miravet hace uso de la palabra por alusiones.




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Se procede a votar

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Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 129887, 129888 y 129889.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA MUJER A LA MATERNIDAD.

(Núm. exp. 662/000142)

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 4 enmiendas: 2, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y, otra, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, y por tiempo de quince minutos, tiene la palabra el senador Aguirre, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Hoy tenemos por delante un largo día de debate, que esperemos que sea fructífero para todos nosotros, porque si es fructífero para nosotros, también lo será para la sociedad a la que nos debemos.

La primera moción de la que hoy vamos a hablar se centra en la maternidad, un tema muy muy bonito y con el que me siento muy sensible.

Señorías, como ustedes saben, la maternidad supone un bien personal de primera magnitud, como expresión de la capacidad humana de dar vida y es, a la vez, un gran valor social, sobre todo teniendo en cuenta la situación demográfica actual de España, que está muy alejada del óptimo índice de fertilidad que garantice la sustitución o la regeneración generacional.

Señorías, con la crisis demográfica está en juego, a medio plazo, el propio Estado de bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones y asistencial.

La Constitución española, en su artículo 10.1, garantiza el libre desarrollo de la personalidad, y la maternidad, como no puede ser de otra forma, es una de estas manifestaciones, tal y como asegura el artículo 39 de la Constitución, que habla de la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.

Señorías, el primer punto de los 3 que componen esta moción, insta textualmente al Gobierno a «avanzar en la protección social, jurídica y económica de las embarazadas, de manera singular en los ámbitos de la conciliación de la vida laboral, familiar, personal, empleo, vivienda, salud, educación, fiscalidad, prestaciones y servicios sociales, favoreciendo la solidaridad intergeneracional y afrontar los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja natalidad.»

Señorías, hoy día es evidente que, en determinadas circunstancias, pueden ser dificultoso para las mujeres ejercer su derecho a la maternidad por las adversas circunstancias económicas, laborales y de integración social que se les pueden plantear a las embarazadas. Por eso, y esto es lo importante, es responsabilidad de los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten el derecho a ser madre. Aquí hablamos del derecho a ser madre; no se habla de otros posibles derechos o pseudoderechos, solo y exclusivamente del derecho a ser madre.

Señorías, los poderes públicos tenemos que garantizar la sostenibilidad y cohesión social mediante el apoyo a las familias en situación de especial dificultad, tales como familias numerosas, monoparentales, con riesgo de exclusión social, con personas dependientes, mayores, enfermos crónicos, personas discapacitadas o que padecen algún tipo de violencia familiar.

Los poderes públicos tenemos que facilitar la convivencia familiar mediante la promoción de las habilidades y competencias parentales y otras medidas de apoyo a la parentalidad positiva, así como una atención especial a las familias que presentan situaciones de conflictividad, a través de la orientación familiar, la mediación familiar y lo que llamamos los puntos de encuentro.

Señorías, la mujer gestante, desde que se certifique por un facultativo competente el embarazo, debe tener ya unos derechos y estos derechos tienen que estar garantizados con la ayuda de los




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poderes públicos; derechos como la asistencia médica y psicológica que precise durante el embarazo y el posparto —el embarazo será título suficiente para recibir esta asistencia en el sistema público de salud a falta de cualquier otro título que lo habilite—; a ser informada de cualquiera de las ayudas y políticas asistenciales de que puedan beneficiarse por su gestación, procedan de cualesquiera de las administraciones públicas; a recibir información sobre los trámites de adopción en caso de que sea la voluntad de la mujer; a disfrutar de los permisos de maternidad antes y después del parto; a la garantía de que la maternidad no supondrá menoscabo alguno de los derechos laborales de la mujer; a tener la consideración prioritaria en cualquier programa de asistencia que pueda ayudarla a superar situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social; a que el padre de su hijo se responsabilice de ayudarla en todas sus necesidades derivadas del embarazo y de la maternidad; al reconocimiento de familia numerosa cuando se cumplan los requisitos establecidos por la correspondiente legislación a partir de que se acredite la nueva gestación.

Señorías, el punto 2 de esta moción dice textualmente: «Garantizar una efectiva protección del derecho de la mujer a la maternidad, a todas las mujeres embarazadas con residencia en España y las mujeres inmigrantes sea cual sea su situación legal en España, así como la debida protección jurídica del niño antes de su nacimiento en los términos previstos en el artículo 39 de la Constitución y los convenios internacionales en la materia suscritos por el Reino de España».

Señorías, en una correcta política de protección de la maternidad están implicados también los derechos del niño respecto de los que la Convención sobre Derechos del Niño, de Naciones Unidas, del día 20 de noviembre de 1989 —norma vigente actualmente en España conforme al artículo 10 de la Constitución— declara en su preámbulo que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Respecto a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud viene recogida en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre el abordaje de la maternidad. Por tanto, la atención y protección del derecho a la maternidad en el marco de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud está garantizada. Igualmente, la atención de todas las mujeres inmigrantes, independientemente de su situación legal en España, en lo que se refiere a embarazo, parto y posparto, está garantizada, ya que el Sistema Nacional de Salud español tiene una atención en salud materno infantil de carácter universal, sin exclusión de nadie que resida en el territorio nacional, y eso viene reflejado en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y su desarrollo reglamentario. La nueva regulación establecida por el Real Decreto 16/2012 mediante modificación del artículo 3 de la Ley 16/2013, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud en las siguientes modalidades, y una de ellas es la asistencia al embarazo, parto y posparto.

Finalmente quisiera señalar que el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, actualmente vigente, recoge una referencia específica en su artículo 129 que dice así:…asegurar el acceso a los servicios sanitarios sin coste económico a las mujeres inmigrantes en periodo de gestación.

Señorías, es importantísimo que los poderes públicos garanticen los derechos de los niños, en particular de los niños no nacidos, y ello debe tenerse en cuenta. Tienen derecho a recibir la asistencia médica necesaria para su óptimo desarrollo físico y mental, tanto antes de su nacimiento, como después; a ser inscritos en el Registro Civil a petición de uno o ambos progenitores con sus datos de filiación si fallecen antes del parto o antes de adquirir la personalidad jurídica civil conforme al artículo 30 del Código Civil; a no ser objeto de intervenciones clínicas que no tengan como finalidad y objeto su derecho a la vida y su derecho a la salud; a que sus madres puedan ejercer su derecho a la maternidad con autonomía y con los apoyos regulados por la ley; a ser tenidos por nacidos a todos los efectos que les sean beneficiosos, especialmente a efectos de la legislación tuitiva de la familia, la infancia, la natalidad y las medidas de lucha contra la exclusión y la desigualdad; al reconocimiento de su paternidad y a la asunción por parte de su padre de las obligaciones correspondientes en esta condición, y sobre todo, y esto es lo importante, a que el




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Estado garantice su eficaz protección y se abstenga de todo lo que pueda atentar contra su derecho a la vida.

Señorías, el punto 3 de esta moción señala textualmente lo siguiente: Armonizar, junto con las comunidades autónomas, que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, actúen con pleno respeto al derecho de maternidad de la mujer gestante, así como al derecho a la vida en formación, apoyando la maternidad y paternidad responsables, e impidiendo obstáculos de índole económica, sanitaria, social o laboral que puedan dificultar el ejercicio de estos derechos. Lo recogido en este punto se ajusta perfectamente a la distribución de las competencias entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado, ya que cualquier actuación que se quiera emprender debe ser, ante todo, ajustada a la legislación vigente.

Como ustedes han escuchado ya, señorías, la base de la moción es el apoyo a la mujer embarazada y el apoyo a la gestación como fruto de ello, derechos estos inviolables de las personas y que considero que sería de justicia social que, todos, la Cámara entera los apoyara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyories, seré molt breu en la defensa de l’esmena; el nostre posicionament el marcarem més en el torn de portaveus.

Les nostres esmenes són clares. A nosaltres ens sembla que aquesta moció no parla només de la protecció de la maternitat, sinó que amaga un altre fet molt concret, i és la defensa d’un avantprojecte de llei que està pendent d’entrar a les Corts, que és l’avantprojecte de llei de reforma de l’avortament, i creiem això per la descripció que es fa claríssimament en el punt 2 i en el punt 3, en els quals es demana la defensa de la protecció del no nascut, en un punt, amb responsabilitats compartides amb les comunitats autònomes i en l’altre punt, senzillament, demanant que això es vetlli, específicament, per la protecció jurídica del no nascut.

Considerem que cap d’aquests dos punts té a veure amb la maternitat pròpiament ni amb el creixement demogràfic del nostre país i, per tant, proposem la supressió d’aquests dos punts, i també demanem que s’inclogui un nou punt. Un punt en què, una altra vegada —com no ens cansarem de reiterar— demanem la retirada de l’avantprojecte de llei pendent d’entrar a les Corts i que, en aquests moments, està pendent de la votació de l’informe del Consell del Poder Judicial per continuar el seu tràmit. Considerem que és una llei inoportuna, inadequada i en un moment molt poc indicat, i per això demanem la retirada de la mateixa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Buenos días señorías, seré muy breve en la defensa de las enmiendas; marcaremos nuestro posicionamiento en el turno de portavoces.

Nuestras enmiendas son claras. Nos parece que esta moción no habla solo de la protección de la maternidad, sino que esconde otro hecho muy concreto, que es la defensa de otro proyecto de ley que está pendiente de entrar en las Cortes, que es el anteproyecto de ley de reforma del aborto, y lo creemos por la descripción que se hace clarísimamente en los puntos 2 y 3, en los que se pide la defensa de la protección del no nato con unas responsabilidades compartidas con las comunidades autónomas, en uno, y en el otro punto sencillamente que se vele específicamente para la protección jurídica del nonato.

Consideramos que ninguno de estos dos puntos tiene que ver con la maternidad propiamente dicha ni con el crecimiento demográfico de nuestro país y, por tanto, proponemos la supresión de estos dos puntos y solicitamos que se incluya uno nuevo en el que otra vez —y no nos cansamos de reiterarlo— pedimos la retirada del anteproyecto de ley, que todavía no ha entrado en las Cortes y que en este momento está pendiente de la emisión del informe del Consejo General del Poder Judicial con el fin de finalizar su trámite. Pensamos que es una ley inoportuna, inadecuada y en un momento muy poco indicado, y por ello —insisto— pedimos su retirada.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Molt bon dia a tothom.

Senador Aguirre, si no ho he entès malament, vostès amb aquesta iniciativa parlamentària allò que pretenen principalment protegir és la maternitat, protegir el dret a ser mare. Aquesta és l’essència i la voluntat explícita de la moció, d’allò que es desprèn de les seves paraules com a portaveu del Grup Popular i que acaba d’explicar la voluntat d’aquesta moció —o al menys aquesta és la interpretació que n’he fet escoltant la seva intervenció—; en canvi, lamentablement, li he de dir que no és la interpretació que en fem en llegir literalment el text de la moció presentada.

És evident que el text, tal com ha estat presentat i redactat inicialment, bé ho deien ara, té com a rerefons la seva reforma de la Llei de l’avortament. La moció que presenten sota el concepte de protecció al dret a la maternitat és una clara picada d’ullets a la reforma del senyor Gallardón i evidentment nosaltres, en aquest joc, ara no hi podem entrar. Sap que creiem que hi ha d’haver un debat profund sobre aquest tema i, per tant, és una estratègia que en aquest cas creiem que és errònia.

Des del nostre grup —li vaig comentar ahir— sap que compartim absolutament amb vostès la necessitat d’establir mesures per fomentar la maternitat i la natalitat, i repeteixo: per fomentar la maternitat i la natalitat. Estem totalment d’acord amb aquesta necessitat, amb aquest objectiu, i així ho hem dit en altres ocasions. Pensem que aquesta moció és una gran oportunitat per trobar consens respecte a aquest tema tan important per a tots els grups parlamentaris i de fet per això ens hem centrat precisament en aquest punt, en allò que podríem dir que és la part positiva de la moció, allò que d’alguna manera suma i no resta, i no en allò que dèiem ara fa un moment.

Per això i precisament amb l’objectiu d’aconseguir aquest màxim consens possible —vostè demanava que aquesta moció s’aprovi amb el vot a favor de tots els grups— hem presentat una esmena de modificació del text, que bàsicament suprimeix aquelles connotacions del redactat inicial que al nostre entendre creen confusió i desconfiança, per dir-ho d’alguna manera, en incorporar —com els he dit fa un moment— conceptes importants i que entenem que ja es debatran profundament en el moment que vostès tramitin la llei. Hem presentat, com els deia, una esmena que suprimeix el terme embarassades, fent que el dret de la dona a la maternitat sigui un dret universal per a totes les dones —per a les embarassades, però també per a totes aquelles dones que ho vulguin o ho puguin estar— i, d’altra banda, suprimim el concepte de nonat per tal d’allunyar-nos de l’ombra de la reforma de la Llei de l’avortament que, com bé s’ha dit, és polèmica i evidentment serà difícil d’encarar, perquè, com li deia, ja hi haurà temps per debatre aquest tema. Sincerament, ja li vaig comentar, nosaltres ens sentiríem molt més còmodes amb la seva moció si es centressin totalment en el dret a la maternitat, amb aquest concepte, i deixessin el tema de l’avortament aparcat per quan correspongui.

És per aquest motiu que els hem presentat una esmena, que ens sembla que no desvirtua en cap cas la seva voluntat, que pot fer que els altres grups es sentin còmodes i que, per tant, s’afegeixin a donar aquest reforç a la maternitat. Per tant, penso que seria interessant —tot i que ja m’ha anunciat que en principi no l’acceptarà— que es replantegés la voluntat perquè com bé li deia l’ideal seria que aquesta moció s’aprovés també amb els vots a favor de tots els grups. La nostra esmena creiem que és millor, que permet contextualitzar molt millor el tema amb un text concret, i deixaríem apart un altre debat que ja arribarà en el seu moment.

Moltes gràcies.

Buenos días a todos.

Senador Aguirre, si no le he entendido mal, ustedes con esta iniciativa parlamentaria lo que pretenden principalmente es proteger la maternidad, proteger el derecho a ser madre. Esta es la esencia y la voluntad explícita de la moción y lo que se desprende de sus palabras como portavoz del Grupo Popular al explicar la pretensión de esta moción en este estrado —al menos esta es la interpretación que yo he hecho escuchando su intervención—; en cambio, lamentablemente, debo decirle que no es la interpretación que realizamos al leer literalmente el texto de la moción presentada.




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Es evidente que el texto tal como está redactado y presentado inicialmente, tal como se decía ahora, tiene como trasfondo su reforma de la Ley del aborto. La moción que presentan bajo el concepto de protección del derecho a la maternidad es un claro guiño de ojos a la reforma del señor Gallardón y, por supuesto, nosotros no vamos a entrar ahora en este juego. Sabe que creemos que tiene que haber un debate profundo sobre este tema y, por lo tanto, es una estrategia que creemos que en este caso es errónea.

Desde nuestro grupo parlamentario —y se lo comenté ayer— compartimos absolutamente con ustedes la necesidad de establecer medidas para fomentar la maternidad y la paternidad, y repito: para fomentar la maternidad y la natalidad. Estamos totalmente de acuerdo con esta necesidad, con este objetivo, y así lo hemos dicho también en otras ocasiones. De hecho creemos que esta moción es precisamente una gran oportunidad para encontrar un consenso respecto a este tema tan importante para todos los grupos parlamentarios y por ello nos hemos centrado en este punto, en lo que podríamos llamar la parte positiva de la moción, en lo que de alguna forma suma y no resta, y no en lo que decíamos hace un momento.

De ahí que, justamente con el objetivo de conseguir este máximo consenso posible que usted pedía —que esta moción se apruebe con el voto a favor de todos los grupos—, hayamos presentado una enmienda de modificación del texto que, básicamente, suprime aquellas connotaciones del redactado inicial que, a nuestro parecer, crean confusión y desconfianza, por decirlo de alguna forma, por incorporar de alguna manera —como les he dicho hace un momento— conceptos importantes que se debatirán profundamente en el momento en que ustedes tramiten la ley. Como les decía, hemos presentado una enmienda que suprime el término embarazadas, haciendo que el derecho de la mujer a la maternidad sea un derecho universal para todas las mujeres —para las embarazadas, pero también para todas aquellas mujeres que lo deseen o que puedan estar embarazadas— y, por otro lado, suprimimos el concepto de nonato para alejarnos de la sombra de la reforma de la Ley del aborto que, como se ha dicho, es polémica y, evidentemente, será difícil afrontarla, porque, como le decía, ya habrá tiempo para debatir este tema. Sinceramente, yo le comenté que nos sentiríamos mucho más cómodos con su moción si se centraran totalmente en el concepto del derecho a la maternidad y dejaran el tema del aborto aparcado para cuando corresponda.

Por este motivo les hemos presentado una enmienda que nos parece que no desvirtúa en ningún caso su voluntad, que puede hacer que el resto de grupos parlamentarios se sientan cómodos y se sumen a dar este apoyo a la maternidad. Por tanto, sería interesante que replanteara —aunque ya me ha anunciado que en principio no aceptará nuestra enmienda— su voluntad porque, como le digo, lo ideal sería que esta moción se aprobara también con los votos a favor de todos los grupos. Creemos que nuestra enmienda es mejor, permite centrar mucho mejor el tema en un contexto concreto y deja aparte otro debate que ya llegará en su momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Senador Aguirre, me parece muy bien que usted esté tan preocupado por garantizar la maternidad, pero del dicho al hecho hay un trecho muy grande. Le quiero decir alto y claro que usted no está preocupado por la maternidad, usted está preocupado porque las mujeres tengamos la libertad y el derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Ese es el trasfondo de esta moción. Como ya han dicho los senadores y senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, cuando uno lee la exposición de motivos y estudia con detenimiento esta moción ve claramente el trasfondo, que es volver a hablar y poner encima de la mesa la ley de Gallardón en contra de la Ley de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010 del Gobierno socialista; se trata de sacar adelante la ley de Gallardón, que va en contra del derecho de la mujer a decidir si quiere ser madre o no y cuándo quiere serlo. Y eso no se lo vamos a permitir, se pongan ustedes como se pongan.

Lo que tiene que hacer aquí es hablar claro. Si lo que quiere es apoyar la maternidad, sepa que nosotros también. ¿Pero quién va a estar en contra de apoyar la maternidad de aquellas mujeres




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que decidan ser madres? Nadie. Pero para eso no bastan solamente palabras. Cuando analizamos la moción vemos que el primer punto es muy completo, y por eso estamos totalmente de acuerdo, pero dígame cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? No hay ni una sola medida para garantizar lo que ustedes proponen. Por lo tanto, nosotros decimos sí al primer punto, siempre que se realicen los cambios normativos y presupuestarios para hacer efectivas todas esas medidas que ustedes están poniendo encima de la mesa. Hablan de proteger la maternidad y a la mujer en todos los ámbitos: en el social, en el económico, en el jurídico, en el educativo, en el cultural... Claro que sí, ¿pero cómo lo van a hacer, si no hay un euro para poner en marcha todas estas políticas?

Senador Aguirre, no tergiverse los términos. Esta moción es una maniobra de distracción para no hablar de lo que realmente le importa a la sociedad española. Hoy la preocupación no es si las mujeres pueden abortar o no, hoy la preocupación es que muchas familias que quieren tener hijos no pueden tenerlos y que aquellas que los tienen no pueden darles de comer. Esa es la preocupación de este país en este momento, pero ustedes no quieren hablar de eso. (Aplausos).

Por eso, hemos presentado una enmienda que de verdad asegura que las mujeres que decidan ser madres tengan todas las garantías para hacerlo. Y en uno de los puntos solicitamos que se solvente una de sus contradicciones, y me explico. Ustedes apoyan la maternidad y, sin embargo, en la cartera de servicios impiden que las mujeres lesbianas o solteras puedan ser madres. ¿Pero en qué quedamos? ¿Apoyan la maternidad o no?

En realidad estamos hablando de mociones totalmente ideológicas para tener un poco más contentos al sector más conservador y al de la jerarquía eclesiástica. Y a nosotros nos parece bien, pero no nos hagan comulgar con ruedas de molino. No vengan aquí a tergiversar el fondo de la cuestión de esta moción, que no es más que es una maniobra de distracción.

Por tanto, les pedimos que apoyen nuestra enmienda, que es muy clara y que va en el sentido de retirar el anteproyecto de la ley orgánica de la protección de la vida del concebido de los derechos de las mujeres embarazadas y de mantener el actual proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Asimismo, solicitamos que se garantice, en la cartera común básica del servicio nacional de salud, el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas aquellas mujeres que lo necesiten, incluyendo las mujeres solteras y lesbianas. Eso es lo que les pedimos.

También, queremos que se recupere el plan Educa3. Apoyan la maternidad porque les preocupa el concebido y no nacido, pero es que a nosotros nos preocupan los nacidos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora LLINARES CUESTA: A nosotros nos preocupan los nacidos, así que les pedimos que recuperen el plan Educa3 y desarrollen políticas activas para que la mujer tenga garantizados todos sus derechos en relación con el empleo después de ser madre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra el senador Aguirre para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré por orden. Primero, agradezco la enmienda de Convergència i Unió, de la senadora Cunyat, porque si fuera factible, desde el punto de vista político, dentro de las normas del Senado, abstraer una parte de la enmienda y mantener otra parte, hubiera sido posible llegar a puntos de consenso. Pero si admitimos la enmienda íntegramente, se desvirtúa gran parte de la moción presentada. De ahí que hayamos intentado llegar a puntos de consenso. Le agradezco su buena voluntad, como siempre, y su cortesía a la hora de entablar una conversación para llegar a puntos de consenso en beneficio de una moción como esta de apoyo a la maternidad.

La enmienda de sustitución de los puntos 2 y 3, presentada por la Entesa pel Progrés de Catalunya, no aporta nada nuevo. Si no hay nada nuevo, que digan sencillamente que se supriman, sin dar ningún tipo de alternativa, porque no aporta absolutamente nada.

Presentan también una enmienda de adición que vuelve otra vez a pedir que retiremos un anteproyecto que no tiene nada que ver con esta moción, porque aquí de lo que estamos hablando —vuelvo a decir lo mismo— es de garantizar el derecho de la mujer embarazada y garantizar el derecho de lo gestado, lo que lleva la mujer intraútero.




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Por tanto, ninguna de las dos enmiendas será aceptada.

No admitimos la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sencillamente, porque hoy no toca. No toca y no se puede estar aprovechando, como se hace siempre, que el Pisuerga pasa por Valladolid, para que se haga la enmienda que les venga en gana, aunque no tenga nada que ver con la moción que estamos tratando. Por ejemplo, tocan ustedes la reproducción asistida, cuando usted sabe perfectamente que cualquier mujer, independientemente de su vinculación sexual, nada más que por el hecho de no tener capacidad física o padecer cualquier tipo de enfermedad para quedarse embarazada, está integrada dentro de la reproducción asistida. Hoy no toca hablar tampoco de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva. Hoy no toca hablar tampoco de este magnífico anteproyecto de ley, que aún no ha llegado a las Cortes Generales y que todavía no está en trámite parlamentario, sobre la protección de la vida del concebido. Como hoy tampoco toca hacer una redistribución, como ustedes piden, de los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo veremos cuando tratemos los Presupuestos Generales del Estado y en ese momento estudiaremos las enmiendas que ustedes propongan y veremos si son aceptadas o no.

Señorías, de lo que estamos hablando —y vuelvo a repetirlo— es del derecho a la maternidad y su facilitación por parte de los poderes públicos como un bien social.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Senador Mariscal, tiene la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, me imagino que no es usted quien decide sobre lo que toca y lo que no toca hablar en esta Cámara. Si trae una moción para hablar sobre la maternidad, pues tocará hablar de su doble moral, de su cinismo y de su hipocresía. No la de usted personalmente, sino la de su grupo y la del Gobierno, trayendo esta moción inspirada en los principios de doña Pilar, Pilar Primo de Rivera, que claramente parece que les sigue haciendo el discurso en sus mociones, señoría (Rumores). Sí, porque hay que tener muy poca vergüenza política para traer, en pleno debate sobre la libre elección y la decisión libre de la mujer y de su maternidad, una moción con este contenido, señorías.

Ustedes llevan legislando contra la mujer y contra los derechos de la mujer desde que llegaron al Gobierno. Han hecho una reforma laboral que ha expulsado a la mujer del mercado laboral, que hace que tenga que seguir hacia adelante desde su casa, porque ustedes, en cumplimiento de los mandatos de doña Pilar, consideran que la mujer debe de estar en casa y debe de quedarse en casa. Así se entiende que hayan eliminado a los cuidadores y estén haciendo recortes en la Ley de dependencia, que hayan hecho todo lo posible para que la atención domiciliaria disminuya, que en el asunto de los desahucios y en relación con el derecho a la vivienda no se sostenga ni apoye a las mujeres que sufren una situación de violencia con sus ex parejas, como señalábamos ayer, o que no aborden el problema de la pobreza infantil en nuestro país respecto del que, como saben, ocupamos un segundo lugar en la Unión Europea, detrás de Rumanía. Esa es la situación en la que nos encontramos, señorías. Por lo tanto, ustedes traen esta moción aquí para tratar de desviar el asunto de lo que está reclamando la mujer y España entera: que, por favor, se garantice el derecho a decidir de las mujeres. Eso es lo que ustedes no quieren. Quizá, como decía doña Pilar, consideran a las mujeres ciudadanas de segunda, sin los mismos derechos que los varones. Por favor, sáquense eso de la cabeza ya y traigan de una vez —si no lo hacen ustedes lo haremos otros— a esta Cámara y a otras el derecho a decidir de las mujeres por un aborto libre y gratuito.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.




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El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on senatari jaun andreok.

Señorías, senador Aguirre, si esta hubiera sido la primera iniciativa de la legislatura del Grupo Parlamentario Popular nosotros, con matices, hubiéramos estado de acuerdo con casi todo su contenido; repito, con matices. Pero, señoría, esta moción llega después de casi 3 años de gobierno del Partido Popular y de aplicación de muchas medidas que no van para nada en consonancia con lo que se recoge tanto en la parte expositiva como dispositiva de esta iniciativa. Esto nos genera una serie de reflexiones que queremos compartir en esta tribuna.

Empezaré por el final, señorías, por el punto tercero. La garantía de la efectiva protección del derecho de la mujer a la maternidad —a una maternidad responsable añadiría yo, y creo que habría que añadirlo siempre— comienza precisamente por el respeto al derecho inalienable que le asiste a la mujer para decidir sobre la propia maternidad, por el derecho a decidir si quiere ser madre, por qué, cuándo y cómo quiere ser madre. Por lo tanto, el derecho a la maternidad incluye indefectiblemente el derecho a no ejercerla por las razones que la mujer considere oportunas en cada momento; si lo hace en consonancia con su pareja mejor, pero si no, es ella la que tiene que decidir. El pleno respeto a la maternidad y paternidad responsables comienza precisamente con la elección responsable del momento y circunstancias en que deben desarrollarse estas. Estos argumentos iniciales chocan frontalmente con la intención que ha declarado el Gobierno de modificar las condiciones legales que determinan el derecho a la interrupción del embarazo, pasando del planteamiento vigente basado en los plazos a la reedición de un derecho asentado sobre supuestos de legalidad e ilegalidad en la práctica de la interrupción del embarazo, sea voluntaria o incluso por razones médicas; todo esto aludiendo o reclamando la defensa del derecho a la mujer a la maternidad y del nonato a la vida. Pero, señoría, estos derechos ya están cubiertos de forma suficiente y efectiva en el ordenamiento jurídico vigente porque ya existe una ley aprobada por las Cortes Generales de España que cumple, hasta que se demuestre lo contrario, con lo recogido en la Constitución y que además es comparable y compatible con la ley que sobre el asunto tienen los países más avanzados del mundo. Por lo tanto, como ustedes nos han dicho muchas veces en esta Cámara, si ya se está haciendo, sobra la iniciativa.

¿Qué nos suscitan los dos puntos restantes de la moción que discutimos? En la misma se alude a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y al artículo 39 de la Constitución española para justificar la necesidad de una correcta protección de la maternidad y de los niños. Siendo esto así, y estando de acuerdo, nos parece importante precisamente lo recogido en el artículo 18 de esta misma convención, en el que se habla de garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Por otra parte, el artículo 39 de la Constitución va en la misma dirección, consagrando la aplicación de convenios internacionales que velen por los derechos del niño.

En la moción se habla de la protección de la mujer embarazada y de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal sin mencionar en ningún momento que este derecho afecta también, si es necesario y la mujer así lo considera, a su pareja, sea esta convencional o no, como también se ha dicho antes. En todo momento se habla de la mujer embarazada eludiendo mencionar que la protección de la maternidad, de los niños y de la familia incluiría también, por lo expuesto anteriormente, a la pareja de la mujer embarazada, sobre todo en lo que a la conciliación de la vida laboral y familiar y todo el resto de condiciones vitales se refiere: la vivienda, el empleo, la salud, la educación y la fiscalidad que usted mismo menciona en su moción. Este sería el primer matiz que habríamos incluido si hubiera sido su primera moción. Lógicamente, la premisa principal para que pueda existir una conciliación entre la vida laboral y familiar es que exista una vida laboral; y no parece que en la actual coyuntura —la apuesta del Gobierno por la austeridad sin un empeño similar y equivalente por avanzar en la reactivación económica, la reforma del mercado laboral, los recortes en políticas de protección ante el desempleo—, no parece, digo, que sean las más adecuadas para avanzar en la protección social de las mujeres y las parejas que deciden tener hijos. Por tanto, no parece razonable que ahora el Grupo Parlamentario Popular venga hablando de avanzar en la protección social, jurídica y económica, ni en los ámbitos de la conciliación antes mencionados, ni en el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la fiscalidad o las prestaciones y servicios sociales cuando es el propio Gobierno el responsable de la subida de impuestos, de la reforma laboral, de la reducción de salarios, del aumento de la precariedad, de la congelación de




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las ayudas a la dependencia o de las ayudas a los cuidadores, de los recortes en sanidad, de los copagos, de la reducción de becas, y de toda una batería añadida de recortes que el Gobierno ha venido realizando en esta legislatura y que no van en consonancia con lo que se pide en esta moción para las mujeres embarazadas. Es más, incluso la propia asistencia sanitaria posterior al nacimiento no está garantizada cuando se trata de mujeres inmigrantes en situación ilegal. Señorías, es imposible garantizar la protección de los menores si no se protege a las madres y a sus progenitores; eso es imposible, no se puede hacer; y eso es lo que pasa ahora, es lo que pasa en este momento con la actual legislación en el Estado español.

En base a todo esto, nos parece que esta moción, senador Aguirre, es un ejercicio de malabarismo retórico que, además, a mí me sorprende, porque no va en su línea de trabajo; usted es un hombre que consensua mucho, que trabajo mucho, que nos consulta, que intenta llegar a acuerdos, y yo ayer me enteré de que era usted el que presentaba la moción y me sorprendió, sinceramente, porque no es como usted trabaja. Por lo tanto, debe ser que en el pecado lleva la penitencia; si es que eso quiere decir eso.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha concretado a lo largo de esta legislatura cuál es su postura ante las iniciativas del Gobierno, encaminada precisamente a evitar estos recortes de derechos de los ciudadanos y del Estado de bienestar en todos los ámbitos que hemos mencionado. Y, aparte del posicionamiento teórico y retórico del Grupo Parlamentario Vasco, el Gobierno vasco, sustentado por este mismo grupo —por el grupo al que representamos en esta Cámara— ha hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar de forma efectiva y universal los derechos básicos de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas al trabajo, a la protección social, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, etcétera, precisamente para que se cumpla lo que el Grupo Parlamentario Popular pide en esta moción y se desarrolle con suficiencia en la comunidad autónoma vasca, no solo para las mujeres embarazadas sino para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, a pesar del empeño —y quiero señalar esto—, en muchísimas ocasiones, del Gobierno central en impedirlo a base de reiterativos recursos en vía judicial a muchas de las medidas planteadas por el Gobierno vasco en materias como los copagos o como la propia asistencia a los inmigrantes ilegales. Y estos son claros ejemplos: la reiteración y el empecinamiento del Gobierno en evitar que en Euskadi se pueda atender a todos los inmigrantes ilegales; incluso habiendo resoluciones y autos judiciales que suspendían ese tipo de medidas.

En resumen, señorías, si queremos ser consecuentes con las posturas mantenidas por el Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara en todos estos asuntos de los que acabamos de hablar, nosotros —y créame que lo siento, senador Aguirre— no podemos votar nada más que en forma negativa a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Grácies, president.

Señorías, uno de los cuentos más famosos de la literatura universal es sin duda Alicia en el País de las Maravillas. Hay un pasaje, cuando Alicia se encuentra al gato de Cheshire, que mantiene una conversación un tanto curiosa: ¿Me podría indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? —pregunta Alicia—. Eso depende de a dónde quieras llegar —responde el gato—. Y eso es lo que nos preguntamos ante esta moción.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren ir a parar? ¿Qué pretenden con mociones como esta? Mociones que defienden, de una forma un tanto peculiar, el anteproyecto de ley de la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada: el anteproyecto de ley de la reforma del aborto. Señorías, no sé si ustedes se han dado cuenta de que no estamos solamente ante una crisis económica sino también ante una crisis territorial e institucional; en suma, en una crisis política. No sé si se les ha olvidado que en este país hay casi 6 millones de parados, que 1 de cada 5 de nuestros ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza, y que distintas ONG nos alertan de que la pobreza se está incrementando de forma importante en los menores de 16 años. No sé si saben que Cataluña vive uno de los momentos más complicados de su historia, con una mayoría de ciudadanos pidiendo una consulta




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por la independencia. No sé si habrán leído ustedes los resultados electorales, pero no se trata de los resultados sino de nuestra calidad democrática, de nuestra política y del descrédito de las instituciones. El CIS, por primera vez, consideró como segundo problema para los ciudadanos de este país el fraude y la corrupción; el primero, por supuesto, el paro, y el tercero, las dificultades económicas.

Esta Cámara, señorías, ustedes lo saben perfectamente, está cuestionada permanentemente. El lunes, el jefe del Estado renunció al trono. Estamos viviendo un momento histórico, y ustedes, a todo esto que nos está pasando en este país, pretenden echar más leña al fuego con una división social que no se contempla en estos momentos en la ciudadanía, con una ley que quita un derecho fundamental: el derecho de las mujeres a elegir libremente su maternidad y, encima, nos lo presentan en forma de moción, en forma protección de la maternidad, cuando saben perfectamente que de eso no va esta moción, y me referiré otra vez a ella para que les quede claro. En el primer párrafo de la moción nos dicen: «…teniendo en cuenta la situación demográfica de España que está muy alejada del óptimo índice de fertilidad… Con la crisis demográfica está en juego el propio Estado del bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones...» ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Que si los españoles tuviéramos más hijos íbamos a garantizar el Estado de bienestar y la viabilidad de las pensiones? ¿Eso es lo que están insinuando con esa frase? ¿Que la brecha de la desigualdad, que la política económica, que la inversión en educación y en sanidad no tienen que ver con el Estado de bienestar?

Señorías, este libro que les muestro titulado El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español, analiza y compara los índices de fertilidad, el número de hijos que se tienen, de los distintos países de Europa. Y los autores concluyen que los 3 factores que influyen positivamente en la natalidad son: los cambios en las relaciones de género, a fin de garantizar una mayor igualdad: las políticas de igualdad, señorías; las condiciones que regulan las relaciones laborales y el mercado del trabajo; y la inversión en educación infantil de 0 a 3 años. Eso es lo que realmente influye en los países para que las mujeres tengan más hijos, y ninguna de estas 3 propuestas, absolutamente ninguna, las recoge esta moción. ¿Por qué? Porque sus políticas son diametralmente opuestas a las conclusiones de este estudio. Ustedes han hecho desaparecer de los presupuestos las partidas para la educación infantil de 0 a 3 años; han aprobado una reforma laboral con la que han ampliado la desregulación de la jornada laboral; han quitado las deducciones de maternidad, por ejemplo, ya no cotizan en relación con el desempleo las horas extraordinarias, etcétera. Ninguna de ellas favorece a las mujeres. Por no hablar de sus políticas de igualdad, más bien de sus no políticas, porque han recortado las partidas presupuestarias que se destinaban a la igualdad en este país y han ido desgranando una serie de políticas que hacen que la mujer vuelva al cuidado de los dependientes, de los mayores y de los hijos.

¿Y ustedes pretenden aumentar el índice de fertilidad y de natalidad con mociones como la que hoy han traído a esta Cámara o con la reforma del anteproyecto de ley de la Ley del aborto? Pero, señorías, si, además, en la moción vuelven a proponer la protección del derecho a la maternidad de la mujer y la protección jurídica del niño antes de nacer. ¿Qué les voy a decir? Que esa música me suena porque la ha defendido una y otra vez en esta Cámara el ministro Gallardón. Y, en primer lugar, déjenme que añada que el derecho a la maternidad no es un derecho como tal, es una condición fisiológica que tiene la mitad de la humanidad; lo que sí es un derecho es el derecho a decidir libremente sobre la maternidad, y ese está reconocido por las Naciones Unidas. Y, en segundo lugar, el bien jurídico protegido es un bien no sujeto a pleno derecho, y no hay que olvidar que en caso de conflicto, como ya dijo el Tribunal Constitucional, siempre prevalece el sujeto por encima del bien jurídico.

Por todo esto, señorías, ¿ven lo que les decía al principio? Ustedes quieren ir a parar a la reforma del anteproyecto de la Ley del aborto, que es muy distinto que defender la maternidad o proponer políticas para que el índice de fertilidad aumente. Y termino como he empezado, con la conversación de Alicia y el gato Cheshire: ¿Me podría indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? —pregunta Alicia—. Eso depende de a dónde quieras llegar —responde el gato—, a mí no me importa demasiado dónde. Pues bien, a nosotros sí que nos importa, y nos parece que el camino que señala esta moción, este anteproyecto de ley y sus políticas, no es el adecuado para nuestro país, nuestros ciudadanos y mucho menos para nuestra democracia. Votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, senyor president.

Senyor Aguirre, lamento moltíssim que finalment no hagi acceptat la nostra esmena, la nostra proposta de text que —sap perfectament— en cap cas desvirtua la voluntat explícita de protegir el dret a la maternitat. Vostè sap que era relativament fàcil arribar a un acord i, senzillament, no hi ha hagut voluntat. De fet, en eliminar concretament les referències a l’embaràs i la gestació, que és allò que nosaltres proposàvem en el nostre text, el dret a la maternitat queda reforçat. De fet, la nostra proposta de redactat és molt més inclusiva que la seva proposta, perquè permet garantir l’efectiva protecció del dret a la maternitat per a totes les dones, totes, no només les embarassades, sinó totes. Per tant, el nostre redactat claríssimament és molt millor i, per tant, vostès el podien haver acceptat. No hi hauria d’haver hagut cap problema i, per tant, com li deia, és un tema de voluntat política.

Allò que els preocupa, i aquí sap que ahir ja en vam estar parlant, allò que els preocupa realment de la nostra esmena és que eliminem concretament el redactat que fa referència específica a la protecció jurídica del nen abans del seu naixement; però és que l’article 39 de la Constitució, al qual vostès fan referència en el text, i per tant encara que ho diguin de manera escrita, concretament aquest article no fa referència en cap cas al nasciturus. Per tant, vostès no calia que ho incorporessin en el text que han presentat a la moció. Deixant la paraula «nen» també complien amb el text específic de la Constitució. Nosaltres ens haguéssim sentit còmodes, i vostès haurien pogut mantenir l’essència de la Constitució, i no la voluntat explícita que hi ha en el redactat que ens han presentat.

Per tant, d’alguna manera i lamentant-ho molt, al final avui no es tracta tant de parlar de maternitat sinó que avui, passant-hi de puntetes, el que estem fent és parlar d’altres coses, fet que nosaltres precisament volíem evitar. Vostès contraposen el dret a la maternitat i a la família amb la interrupció de l’embaràs. Per a nosaltres això és barrejar coses, són temes totalment diferents i que s’han de debatre en moments diferents. És una llàstima, perquè de fet avui han perdut l’oportunitat d’arribar a un consens respecte al dret a la maternitat. Sap que tots lluitem per aconseguir el mateix objectiu i han volgut barrejar temes. Per tant, al final, aquesta moció perdrà tot el valor que podia haver tingut.

Bé, centrant-me específicament en la moció, voldria fer una reflexió que algun altre portaveu ja ha fet. Estem totalment d’acord —ho he dit— amb el concepte general de protecció a la maternitat. Compartim la necessitat de prendre mesures per recolzar la maternitat i la paternitat, impedint obstacles de tota classe. Parlen d’accions en l’àmbit econòmic, sanitari, social. Vostès en el text ja parlen d’aquesta transversalitat necessària a treballar per protegir aquest dret, i de fet nosaltres no només la compartim sinó que lluitem, constantment estem lluitant per garantir i defensar aquest dret dins les nostres possibilitats com a grups parlamentaris a les diferents Cambres. De fet, per exemple, durant la tramitació de la reforma laboral vam presentar esmenes per millorar el tema dels permisos, així com facilitar la reincorporació de les dones autònomes al món laboral després de la maternitat. Però deixi’m dir-li que en aquest procés de tramitació vostès van rebutjar aquestes esmenes.

Vam presentar també esmenes per a la conciliació de la vida laboral i la maternitat i totes les que vam presentar vostès les van rebutjar. Recentment hem presentat al Congrés una PNL per garantir l’entrada en vigor de manera immediata i sense ja més retards ni dilacions de les dues setmanes pendents d’aplicació en els permisos de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida. Per tant, exemples que demostren que nosaltres lluitem per fer d’aquest dret, el dret a la maternitat, una autèntica realitat. En canvi vostès sembla que, al menys fins ara, han anat en sentit contrari d’allò que precisament proposen avui en aquesta moció. De fet, analitzant aquests tres anys, llegint una mica els fets d’aquests darrers anys de Govern, deixi’m que posi en dubte tota la voluntat expressada en aquesta moció. De fet, jo diria que han anat, com li deia, en sentit contrari a allò que avui explica perquè —una mica en la línia d’allò que deia el senador Cazalis— si pel Govern i pel grup que dona recolzament al Govern aquest tema és un tema tan important i hagués estat una prioritat des del dia número u, jo em pregunto per què esperen a l’últim any de legislatura




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per presentar una moció, precisament, que fa referència a aquest tema tan important, suposadament, per tots.

Potser si fossin ambiciosos realment, i si per a vostès aquesta fos una prioritat, avui ens haurien ja portat una moció amb tot un reguitzell de propostes concretes, però en canvi no ha estat així. Vostè ha repassat una sèrie de temes vinculats amb la protecció actual del dret a la maternitat. Feia referència que el nadó, el nen, té dret a ser registrat al Registre Civil. Em sembla absurd fer aquesta reflexió en aquesta Cambra. Hem de mirar al futur i, per tant, veure com millorar realment la protecció, en aquest cas al dret a la maternitat.

Jo li pregunto —ja que som avui aquí i que vostès demanen que s’aprovi aquesta moció— quines són exactament les mesures i les polítiques que proposen —sembla ser a partir d’avui, que fan un canvi, un gir a les seves polítiques i que, per tant, realment defensaran el dret a la maternitat— quines són exactament les mesures i polítiques que presentaran, i per quan seran efectives? Perquè jo, com li deia ara fa un moment, i també ho deien els anteriors portaveus, penso que les reformes que han fet al llarg d’aquests tres anys precisament han provocat l’efecte contrari a tot allò que vostès expressen avui en la moció que presenten. Hem parlat, i ho han dit els anteriors portaveus, d’eliminació de beques, dificultats en les prestacions reals sanitàries, tot el tema de la Llei de dependència, altres tipus d’ajudes, la pròpia reforma laboral —que en algun sentit, possiblement, no ha ajudat—.

Per tant, senyor Aguirre, sentint-ho molt i agraint-li aquest esforç que ha fet per acceptar la meva esmena —cosa que no ha estat possible— amb tot el respecte, si no vol parlar de futur, potser també li agrairia doncs que ens expliqui quines accions s’han dut a terme, s’han posat en marxa aquesta legislatura, precisament per fomentar aquesta maternitat, perquè és que ni sé veure què han fet —diria que tot el contrari— i tampoc no ens explica exactament què faran de cara a futur.

Com comprendrà, estic totalment d’acord amb qualsevol proposta que vostè faci real a favor de la maternitat i que cada dia hi hagi més nens, però em sembla que realment les seves polítiques no han estat així. Crec que avui ens tornem a trobar davant d’una moció amb molts bones intencions, molt bones paraules, i en realitat pocs fets; bona voluntat però poca concreció. Per tant —insisteixo— crec que és una llàstima que si més no amb un text tan genèric amb el qual s’hagués pogut arribar a un acord no hi hagi consens i reitero que de rerefons hi ha un tema que avui no tocava debatre, que ja arribarà.

Tanco la meva intervenció lamentant que finalment avui, que hem parlat d’un tema tan important, no hi hagi cap, zero propostes realment efectives per afavorir el dret a la maternitat. En aquest sentit ho sento moltíssim però, evidentment, no li podrem recolzar la seva moció.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, yo lamento que finalmente no haya aceptado nuestra enmienda, nuestra propuesta de texto, porque —usted lo sabe perfectamente— en ningún caso desvirtúa la voluntad explícita de proteger el derecho a la maternidad. Usted sabe que era relativamente fácil llegar a un acuerdo y sencillamente no ha existido esta voluntad. De hecho, al eliminar las referencias al embarazo y a la gestación, que es lo que nosotros proponíamos en nuestro texto, el derecho a la maternidad queda reforzado. De ahí que nuestra propuesta de redactado sea mucho más inclusiva que la suya porque permite garantizar la efectiva protección del derecho a la maternidad para todas las mujeres, para todas, y no solo para las embarazadas. Por lo tanto, nuestro redactado es clarísimamente mucho mejor y ustedes lo podrían haber aceptado. No debería haber habido ningún problema. Tan solo es, como le decía, es un problema de voluntad política.

Lo que les preocupa de nuestra enmienda, y ayer estuvimos hablando de ello, es que eliminamos concretamente el redactado que se refiere específicamente a la protección jurídica del niño antes de su nacimiento; pero es que el artículo 39 de la Constitución, al que ustedes hacen referencia en el texto, aunque lo digan de forma escrita, no hace referencia en ningún caso a los futuros. Por lo tanto, no hacía falta que ustedes lo incorporaran en el texto que han presentado en la moción. Dejando la palabra «niño» cumplían con el texto específico de la Constitución. Nosotros nos hubiéramos sentido cómodos y ustedes hubieran podido mantener la esencia de la Constitución y no la voluntad explícita que existe en el redactado que nos han presentado.




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Por consiguiente, lamentándolo mucho, no se trata tanto de hablar de maternidad sino que lo que estamos haciendo hoy, al pasar de puntillas sobre ello, es hablar de otras cosas, que es lo que nosotros queríamos precisamente evitar. Ustedes contraponen el derecho a la maternidad y a la familia con la interrupción del embarazo. Para nosotros esto es mezclar cosas, porque los temas son totalmente diferentes y se deben debatir en momentos distintos. Es una lástima porque, de hecho, hoy han perdido la oportunidad de llegar a un consenso respecto al derecho a la maternidad. Sabe que todos luchamos para conseguir este mismo objetivo y han querido mezclar los temas. Por lo tanto, esta moción perderá, al final, todo el valor que podía haber tenido.

Centrándome específicamente en la moción quisiera hacer una reflexión que otra portavoz ha realizado. Estamos totalmente de acuerdo —y lo he dicho— con el concepto general de protección a la maternidad. Compartimos la necesidad de adoptar medidas para apoyar la maternidad y la paternidad, impidiendo obstáculos de todo tipo. Hablan de acciones en el ámbito económico, sanitario, social. Ustedes en el texto ya hablan de la transversalidad necesaria para proteger este derecho que, como le decía, nosotros no solo compartimos sino que estamos luchando constantemente para garantizar y defender este derecho dentro de nuestras posibilidades como grupos parlamentarios en las distintas Cámaras. De hecho, durante la tramitación de la reforma laboral presentamos enmiendas para mejorar el tema de los permisos, así como facilitar la reincorporación de las mujeres autónomas al mundo laboral después de la maternidad. Pero déjenme decirles que en este proceso de tramitación ustedes rechazaron estas enmiendas.

Presentamos también enmiendas para la conciliación de la vida laboral y la maternidad y todas fueron rechazadas por ustedes. Recientemente hemos presentado una PNL para garantizar de forma inmediata, sin más retrasos y dilaciones, la entrada en vigor de los permisos de paternidad de dos semanas, pendientes de aplicación, en los casos de nacimiento, adopción y acogida. Por lo tanto, son hechos que demuestran que nosotros luchamos para hacer de este derecho, el derecho a la maternidad, una auténtica realidad. En cambio, parece que ustedes, al menos hasta ahora, han ido en el sentido contrario de aquello que precisamente hoy proponen en esta moción. Déjenme que ponga en duda toda la voluntad expuesta en esta moción. Analizo estos tres años, leo un poco los hechos acaecidos durante estos tres últimos años de Gobierno, diría que han ido en sentido contrario de lo que han explicado, porque —y un poco la línea de lo que decía el senador Cazalis— si para el Gobierno y el grupo que da apoyo al Gobierno este tema es tan importante y hubiera sido una prioridad desde el día número uno, me pregunto: ¿Por qué esperan al último año de legislatura para presentar una moción que hace referencia a este asunto supuestamente tan importante para todos?

Quizá si fueran ambiciosos, si realmente para ustedes esta hubiera sido una prioridad, hoy nos hubieran traído una moción con toda una serie de propuestas concretas, pero no ha sido así. En cambio, usted ha repasado una serie de cuestiones vinculadas a la protección actual del derecho a la maternidad. Hacía referencia, por ejemplo, a que el niño tiene derecho a ser registrado en el Registro Civil. Me parece absurdo hacer esta reflexión en esta Cámara. Hemos de mirar al futuro y ver cómo favorecer la protección, en este caso, el derecho a la maternidad.

Yo le pregunto —ya que estamos hoy aquí y que ustedes piden que se apruebe esta moción—: ¿Cuáles son exactamente las propuestas y medidas que proponen —porque parece ser que a partir de hoy hacen un giro en sus políticas y defenderán el derecho a la maternidad—, cuáles son exactamente las medidas y políticas que presentarán y cuándo serán efectivas? Como le decía hace un momento, y también los anteriores portavoces, creo que las reformas que han hecho a lo largo de estos tres años han provocado el efecto contrario a todo lo que ustedes expresan hoy en la moción que presentan. Hemos hablado, y lo han dicho los anteriores portavoces, de eliminación de becas, de dificultades en las prestaciones sanitarias, de la Ley de dependencia, de otros tipos de ayuda, de la propia reforma laboral —que en algún sentido, posiblemente, no ha ayudado—.

Por tanto, senador Aguirre, sintiéndolo mucho, y agradeciéndole este esfuerzo que ha hecho para aceptar mi enmienda —que no ha sido posible—, con todo el respeto, si no quiere hablar del futuro, le agradecería que nos explicara qué acciones se han puesto en marcha o se han realizado esta legislatura para fomentar esta maternidad, porque ni se ve lo que han hecho —diría que todo lo contrario—, ni tampoco nos explica exactamente qué harán de cara al futuro.

Como comprenderá, estoy totalmente de acuerdo con cualquier propuesta real que usted haga a favor de la maternidad y de que cada día haya más niños, pero me parece que sus políticas no




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han sido estas. Hoy nos volvemos a encontrar ante una moción con muy buenas intenciones, muy buenas palabras y, en realidad, pocos hechos; buena voluntad, pero poca concreción. Insisto, es una lástima —al menos en un texto tan genérico, en el que se hubiera podido llegar a un acuerdo— que no exista consenso y reitero: en el trasfondo hay un asunto que hoy no tocaba debatir y que ya llegará.

Cierro mi intervención lamentando que hoy, que hemos hablado de una cuestión tan importante, no exista ninguna, cero propuestas efectivas para favorecer el derecho a la maternidad. En este sentido, lo siento muchísimo, pero no podremos apoyar su moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Aguirre, con todos nuestros respetos, le diré que, la verdad, no nos ha dado ningún argumento para no aceptar nuestras enmiendas, solamente el de hoy no toca. ¿Qué argumento es ese? Coincidirá conmigo en que, por lo menos, tenemos el derecho a traer a este Pleno para su debate las cuestiones que cada grupo considere oportunas y necesarias, y lo que nos falta es que ustedes nos tengan que decir de lo que toca hablar y de lo que no toca hablar. Ahí se demuestra su talante.

Dicho esto, señorías, senador Aguirre, la verdad es que, cuando uno lee esta moción y le escucha a usted, nos viene a la mente la palabra hipocresía, porque dice que defienden mucho a las mujeres, que este Gobierno está muy preocupado por garantizar la maternidad y las políticas efectivas para que las familias puedan desarrollar su proyecto vital, pero ustedes no tienen en cuenta ni a las mujeres, ni a las familias, ni a los niños; ustedes no tienen en cuenta a nadie, porque si no, no se puede entender cómo llevan casi tres años poniendo en marcha —la ciudadanía ya lo ha visto— las medidas que están implantando. Han desmantelado la Ley de la dependencia, y eso es fundamental para garantizar que las mujeres decidan tener hijos —porque luego lo primero es poder mantener a esos hijos, y más, si son dependientes—. Ustedes se han cargado las becas, el Plan Educa3, las becas para comedor, las becas para el transporte escolar,... Así podríamos llegar hasta el infinito. Ustedes han aumentado las tasas, han aumentado el IVA; han aprobado una reforma laboral injusta, que está facilitando el despido y que está perjudicando fundamentalmente a las mujeres. Y ustedes de esto no quieren hablar.

En la exposición de motivos se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y no se hace referencia a políticas para erradicar la pobreza. Nos gustaría que se cumplieran muchas de esas recomendaciones que les hacen las Naciones Unidas, a las que ustedes no hacen caso. A ustedes —lo han demostrado hoy aquí— les importa el concebido y no nacido y abandonan a la suerte a los nacidos, y al Grupo Parlamentario Socialista le preocupan especialmente los nacidos.

Estamos —lo han dicho aquí— ante una situación donde muchísimas familias están pasando muchísimas necesidades. Ayer hablábamos —lo decían varios portavoces— de la encuesta de condiciones de vida, publicada por el INE recientemente, y veíamos cómo la situación es dramática, que no es para frivolizar, aunque ustedes no quieran hablar de esto. Esa encuesta nos dice que el riesgo de pobreza afecta ya a 27 de cada 100 españoles y que casi medio millón de parados en España ya ni buscan empleo —y la mayoría, senador Aguirre, son mujeres—, a los que hay que sumar 633 000 extranjeros que se han ido de España. Que el 17% de los hogares españoles no llega a fin de mes, y ustedes de estos no quieren hablar. Que más de 2 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro. Que 736 000 familias no perciben ningún salario. Que la cobertura por desempleo solamente alcanza al 57,8% de los parados, y de ellos, muchas son mujeres. ¿Con estos datos de verdad ustedes creen que la preocupación de los españoles y las españolas es proteger al concebido y no nacido? ¿Alguien puede pensar que esta es la preocupación?

En definitiva, el Gobierno y ustedes, senadores del Grupo Parlamentario Popular, que siguen las directrices del Gobierno, intentan adoctrinarnos sobre un modelo concreto de familia, pero estamos ya en el siglo XXI y las mujeres tenemos capacidad de decidir, sabemos pensar —aunque a algunos de ustedes les cueste creerlo—. Por tanto, lo primero que tienen que hacer es garantizar




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y respetar el derecho que tenemos las mujeres —porque es un derecho— a decidir sobre nuestra maternidad. Ese es el fundamento de la moción que ustedes han presentado. Todas sus políticas van en la misma dirección, crean una sociedad desigual, lo quieran o no, ¿y ahora en esta moción se preocupan de proteger a las mujeres inmigrantes irregulares que estén embarazadas? ¿Pero de qué estamos hablando? ¡Pero si ustedes han hecho el Real Decreto 16/2012, por el que han expulsado del Sistema Nacional de Salud a 800 000 inmigrantes, a los que han dejado tirados en la cuneta! ¡Pero si en muchísimas comunidades gobernadas por el Partido Popular les piden que paguen cuando van, por ejemplo, a centros de salud! ¡Pero si lo estamos viviendo y lo han denunciado las organizaciones no gubernamentales! ¿Y ahora a ustedes les preocupa que las mujeres irregulares embarazadas tengan garantizada...? ¡Por favor, menos hipocresía, seamos un poco serios, responsables y respetuosos con los derechos de las personas! (Aplausos). De eso estamos hablando hoy aquí. Hoy estamos hablando de derechos de las personas, especialmente de las mujeres, y de las mujeres que menos tienen. Lo que hacen ustedes hoy es introducir ya el debate sobre la Ley del aborto —tenían la ley escondida, pero ahora ya lo introducen—. Como hace muchísimo tiempo, las mujeres que tengan posibilidades se irán a otro país de la Unión Europea a abortar, pero las que se queden en España abortarán en unas condiciones con riesgo para su salud. Aquí estamos hablando de garantizar la salud de las mujeres y ellas abortarán aquí en unas malas condiciones. Eso tiene que ver con esa sociedad dual de ricos y pobres, y también se está viendo en esta Cámara, senador Aguirre. Ese es un debate ideológico.

Señorías, no vamos a permitir que ustedes nos digan qué tipo de sociedad queremos ni qué es lo que tenemos que hacer, decidir o qué propuestas tenemos que presentar.

Continúo con más indicadores, aunque ustedes de esto no quieren hablar, ustedes, con decir que todo viene de la herencia recibida, ya lo tienen todo claro. Pero la herencia recibida son también ustedes.

La tasa de exclusión infantil es de un 33,8%. El recorte más profundo de derechos de la reforma laboral, de la que ustedes tanto presumen, es para las mujeres. Han desaparecido las bonificaciones cuando se incorpora una mujer tras una excedencia por cuidado de un hijo. Se ha limitado el derecho a la jornada reducida y al permiso de lactancia. Se ha congelado el salario mínimo interprofesional, algo también importante —de eso también tenemos que hablar—, cuando resulta que el Gobierno socialista lo aumentó durante siete años en un 39%. La cruda realidad es que han recortado ustedes las políticas activas de empleo en un 52%. Señorías, todas estas cuestiones están provocando que disminuya el disfrute de los permisos de paternidad un 3,20% menos en 2013 respecto a 2012 y que un 3,33% menos de mujeres hayan disfrutado de la prestación económica por maternidad.

¿Y sabe usted cuál es el trasfondo de su moción, señor Aguirre? Como le he dicho al principio, además de cargarse la Ley del aborto vigente, la jerarquía eclesiástica les están diciendo a ustedes que aprueben ya el plan de apoyo a la familia, del que empezaron a hablar hace dos años pero del que no han puesto en marcha ni una sola medida, como también les están diciendo en ese programa de la Unión Europea que tengo aquí. El día 15 de mayo fue el Día internacional de apoyo a las familias. Pues en la línea sexta de ese borrador del plan al que hemos tenido acceso se dice lo siguiente: Proteger la maternidad. ¡Y qué casualidad, en uno de los puntos se dice: Protección del no nacido! Esa es la cuestión. Eso es lo que les está pidiendo a ustedes la jerarquía eclesiástica, que pongan en marcha todas estas medidas. Por eso, senador Aguirre, ha tenido que salir hoy usted aquí a defender esta moción, que, insisto, es un despropósito,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: ...porque si de verdad quieren apoyar a la maternidad, aprueben nuestras enmiendas o retiren esta moción y empecemos desde cero para consensuar políticas reales de apoyo a las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.




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Quisiera responder a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Primero, al señor Mariscal, del Grupo Mixto. Como siempre, su intervención ha sido muy ofensiva, anclada en el ostracismo más absoluto. Y le voy a responder con el refranero: No ofende el que quiere, sino el que puede. O aún más: A palabras necias, oídos sordos, porque todo lo que usted ha dicho es un despropósito absurdo. Y respecto al tema de las mujeres hay otro refrán muy nuestro que dice: Piensa el ladrón que todos son de su condición. No entro en discusiones porque son absurdas y estériles, así que no me merece la pena responderle a usted nada más.

El señor Cazalis también ha utilizado el refranero —parece que hoy estamos de refraneros—, me ha dicho que en el pecado llevo la penitencia ya que no es una moción con la que me pueda sentir a gusto. No es cierto. Estoy muy muy orgulloso de defender siempre al más débil, en este caso, a la mujer embarazada. Mire, señor Cazalis, usted sabe mi historial. Llevo 35 años de médico. Soy padre de familia numerosa. Mi mujer ha tenido tres embarazos y un cuarto, que, por desgracia, no llegó a término. He llevado muchas embarazadas, porque todo el control de embarazos lo he llevado yo en mi centro de salud como médico de primaria y médico de familia. He llevado más embarazadas de las que ustedes son capaces de contar. Antes de que muchos de ustedes nacieran, ya llevaba yo embarazos en mi centro de salud. He oído los primeros latidos con el Sonicaid, con el padre y la madre, y me he alegrado con ellos, y otras veces me he entristecido cuando el latido no se oía, o cuando el embarazo no ha llegado a término. Luego es un tema con el que soy muy sensible, y me siento muy a gusto hablando de los más débiles que la sociedad ha de proteger así como los poderes públicos —que somos todos nosotros—, en este caso, la mujer embarazada y el niño que lleva en su seno.

Respecto a lo que ha dicho también usted en cuanto a la atención al embarazo de las inmigrantes, gracias a ese magnífico Real Decreto 16/2012 del Partido Popular se garantiza de forma clara la asistencia al embarazo, parto y puerperio de cualquier mujer, independientemente de su situación, dentro del territorio nacional y asimismo la de sus hijos hasta la edad de 18 años. Por tanto, ese tema está perfectamente claro y controlado.

Todos ustedes, sobre todo, la señora Almiñana, han hablado de algo que no toca —ya lo dije antes por activa y por pasiva—, del magnífico anteproyecto de protección de la vida del concebido y del derecho a la maternidad que debatiremos en esta Cámara, que no es el motivo de esta moción. Será motivo de otro debate, cuando siga su trámite parlamentario, pase por el Congreso y venga después al Senado. No me mezclen churras con merinas. De lo que estamos hablando hoy —lo he dicho por activa y por pasiva— es de ejercer el derecho a la maternidad, derecho que debe ser facilitado por nosotros, por los poderes públicos, como bien social que supone un embarazo.

La señora Llinares ha tocado cien mil temas, todos —de antes, de ahora y de después, hasta con perspectiva de futuro—, pero todos incompletos, sesgados y, por supuesto, faltando de forma repetitiva a la verdad, y utilizando otra vez el refranero: se ha ido por los cerros de Úbeda. No se ha centrado en lo que debía, en la moción, y ha hablado de todo. Solo le ha faltado el sexo de los ángeles, porque de todo lo demás ha estado hablando.

Me niego a entrar en un debate que no sea el que tenemos actualmente, que es el debate de la protección de la mujer embarazada.

Señoría, en el año 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, definió el embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del óvulo fecundado en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto.

Señora Almiñana, la maternidad supone, como he dicho antes, un bien personal de primera magnitud como expresión de la capacidad humana de dar vida, pero es a la vez un gran valor social, teniendo en cuenta la situación demográfica —hay que decirlo— que vive España, muy alejada de lo que se llama óptimos índices de fertilidad, que garantizan la sustitución generacional sin disminución de la población. Con la crisis demográfica está en juego, a medio plazo, el propio Estado de bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones asistencial, como ya he comentado anteriormente.

Señoría —voy terminando—, yo y el Grupo Parlamentario Popular, del que tengo el honor de ser su portavoz en esta intervención en la Cámara, nos consideramos —y lo digo a boca llena—




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auténticos progresistas. Si progresismo es defender la vida desde su inicio, somos progresistas. Si progresismo es defender a la mujer embarazada y la gestación desde la unión del espermatozoide y el óvulo, empezando desde la fase de mórula con un nuevo ser vivo diferenciado, somos progresistas. Si progresismo es la dignificación de las personas ante la muerte al final de sus días, somos progresistas. Si progresismo es un no rotundo a la pena de muerte sin matices, señoría, en el Grupo Parlamentario Popular somos progresistas.

Señorías, otros que van de progresistas, aquellos a los que llamábamos progres, son los que piensan que siempre tienen la verdad absoluta pero que dudan ante la defensa de la vida del más débil, ante la eliminación de aquél que no es como él, ante propuestas de provocar de modo directo la muerte a pacientes al final de su vida.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular proclama de forma clara y contundente, sin doblez ninguna y de forma nítida, sí a la maternidad, sí a la vida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 151; en contra, 80; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ABORDAR LA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS.

(Núm. exp. 662/000143)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra, del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores).

Señorías, hasta que no guarden silencio no vamos a comenzar con el debate de la moción. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.—Pausa).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el senador Becana por tiempo de quince minutos.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías: «aumentaremos la inversión en mantenimiento y conservación de carreteras», «debemos mantener el valor patrimonial de nuestras carreteras». De todos es conocida esa regla que dice que 1 euro que no se invierte en mantenimiento hoy, supone 5 euros en tres años en reparaciones y 25 euros en diez años para reconstrucciones. Son las palabras de la señora ministra de Fomento el día 9 de febrero de 2012 en el Congreso de los Diputados en su comparecencia ante la Comisión de Fomento para explicar la política de su ministerio.

La Red de Carreteras del Estado gestiona, según datos de 2012, 26 083 kilómetros, con un valor patrimonial aproximado… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Becana.

Señorías, guarden un poco de silencio. Es imposible escuchar al senador Becana.

Gracias.

Continúe, señoría.




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El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Decía que la red de carreteras gestiona 26 083 kilómetros, con un valor patrimonial aproximado de 85 000 millones de euros. El 2% del valor patrimonial es el criterio internacionalmente admitido para establecer el presupuesto necesario para una correcta conservación de la red. En el caso de España, en el año 2012 el presupuesto resultante debería haber dado la cantidad de 1700 millones de euros para la conservación de carreteras.

Es cierto, señorías, que la crisis y las políticas de austeridad adoptadas por los diferentes gobiernos han afectado al presupuesto de conservación, pero también es verdad que de forma sustancialmente diferente en los gobiernos socialistas y del Partido Popular.

Les voy a recordar el presupuesto del Ministerio de Fomento en conservación de carreteras desde el inicio de la crisis.

En el año 2008, el presupuesto fue de 1154 millones de euros; en 2009, de 1251 millones de euros; en 2010, de 1257 millones de euros; y en 2011, de 1084 millones de euros. Y ahora vienen los presupuestos de los Gobiernos del Partido Popular: en 2012, 873 millones de euros; en 2013, 818 millones de euros; y en 2014, 878 millones de euros. Es decir, tres años consecutivos presupuestando exactamente la mitad de lo que se considera internacionalmente una cantidad correcta para la conservación.

¿Cuáles han sido las consecuencias de estos tres años? En mayo tuvimos conocimiento de la auditoría realizada por la Asociación Española de la Carretera, auditoría que se realizó en el último semestre de 2013 y que viene a decir que tenemos carreteras con el asfalto agrietado, con baches, con señales deterioradas, con quitamiedos sin reponer y con iluminación insuficiente. Es decir, señorías, que el euro no invertido en estos tres años se ha convertido en una necesidad de inversión, que la propia asociación cuantifica en 2000 millones de euros porque los déficits en conservación se han incrementado en estos tres años en un 20% en nuestra red de carreteras. Y dice la asociación: Tan solo un golpe de timón en los presupuestos para 2015 evitará la debacle del patrimonio viario.

Según este estudio, las carreteras españolas se enfrentan a un deterioro sin precedentes, en tanto en cuanto la última auditoría muestra la peor situación de toda la serie de este estudio que se realiza anualmente desde el año 1985. Nuestras carreteras, en el año 2014, están peor conservadas que en el año 1985, y sirva como muestra una breve exposición de los seis indicadores principales del estado de conservación: el estado de los pavimentos acumula el 94% del déficit total en conservación y obtiene en este estudio una calificación media de deficiente; en el caso de mi comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Aragón y en el de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la calificación es de muy deficiente. Actualmente, 3 de cada 4 kilómetros de pavimento presenta grietas en la rodada y 1 kilómetro de cada 3 kilómetros muestra grietas, desintegraciones, deformaciones y baches. El presupuesto calculado, necesario para reparar el pavimento, es de 1883 millones de euros. Quiero recordar a sus señorías que la conservación del firme influye de forma directa en la competitividad del país pues encarece el gasto por combustible y aumenta la siniestralidad de la vía.

Otro indicador es la señalización vertical. El estudio concluye que en este momento hay que reponer 83 000 señales de código, y no se incluyen, entre estas, las señales de orientación. Hay que reponerlas por el desgaste de las láminas retrorreflectantes, que no garantizan la visibilidad por la noche ni en condiciones climatológicas adversas. La inspección realizada en 2013 mediante un retrorreflectante portátil concluye que en una de cada dos señales el material de la señal ha perdido ya su condición de retrorreflectante. El presupuesto necesario para reponerlas asciende a 27 millones de euros.

En la red estatal deben repintarse las marcas viales —28 cada 100 kilómetros de carretera—, y su presupuesto alcanzaría la cifra de 14 millones de euros.

Se constata también un empeoramiento de las barreras metálicas en las carreteras del Estado, cuya evaluación desciende del 5,6% en 2011 al 4,7% en 2013, teniendo en cuenta que el estudio se refiere únicamente a las barreras instaladas y no a la necesidad de su instalación en los tramos que carecen de ellas. El presupuesto necesario para mejorarlas es de 70 millones de euros. De todos los elementos analizados, el balizamiento es el único indicador que alcanza el aprobado, si bien su evaluación en anteriores años rondaba el notable alto y ahora saca un 5 pelado.




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Finalmente, el 82% de las luminarias en funcionamiento registran rangos inadecuados de iluminancia, lo que representa un 40% más que en 2012; es decir, que tanto la cantidad de luz que llega al pavimento como su uniformidad registran rangos no adecuados, lo que repercute en la seguridad del tráfico e incrementa la exposición al riesgo de los conductores.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista recaba el apoyo de todas sus señorías para que el Pleno del Senado le pida al Gobierno que afronte esta delicada situación en la conservación y en la seguridad vial de las carreteras españolas con dos actuaciones que coinciden con las conclusiones del estudio realizado por la Asociación Española de la Carretera. Primera propuesta: Corregir de forma inmediata en los próximos tres años el déficit de conservación acumulado mediante un plan de choque extraordinario, es decir, un plan de inversiones que incorpore a los presupuestos de 2014 unos 500 millones de euros en la conservación y que incremente en 750 millones los presupuestos de 2015 y 2016.

Segunda propuesta: Al mismo tiempo le pedimos al Gobierno que elabore un estudio para fijar un plan de conservación adaptado a la situación económica del país, un plan que cubra la totalidad de la red, con un horizonte de 10 años, para garantizar una actuación continuada y coherente con los objetivos fijados, que haga más eficientes los pocos recursos disponibles.

Señorías, para concluir, no es un tema baladí, no es un tema baladí, repito, todos somos usuarios de la carretera. No olvidemos que la carretera es el medio de transporte mayoritario en nuestro país. Según datos de 2008, el 86% del transporte interior de mercancías y el 90% del transporte interior de personas se realizan por carretera. De la correcta conservación de la red dependen en gran medida la competitividad de las empresas y la seguridad de los conductores. Por ambas razones, señorías, les pido que tengamos hoy un debate responsable.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo pretende completar la moción, introduciendo la necesidad de que se cumplan los objetivos previstos con relación a la mejora de la seguridad en los túneles dependientes de la Administración General del Estado.

El trágico accidente que se produjo en el túnel de Mont Blanc y que generó 39 víctimas mortales dio lugar al debate, primero, en el conjunto de la Unión Europea y, posteriormente, a la aprobación de la Directiva 2004/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Estas exigencias mínimas de seguridad se concretaban en que en los túneles más largos se cuente con galerías de escape, que en el conjunto de los túneles el firme sea más ignífugo que el que se venía utilizando hasta entonces y que los sistemas de ventilación elevasen su potencia.

Se planteó la traslación de esa directiva al marco normativo español, sobre todo tras constatar que más de la mitad de los túneles de titularidad estatal estaban fuera de esa normativa europea y que el cumplimiento de la directiva exigiría una inversión que entonces, en el año 2006, se cuantificó en torno a 360 millones de euros. Para ello, para hacer la traslación de la directiva europea y extenderla al conjunto de los túneles dependientes de la Administración General del Estado, formaran parte o no de esa red transeuropea de carreteras, se aprobó el Real Decreto 635/2006, que fijaba un espacio temporal para afrontar los proyectos necesarios de adaptación que concluyó el pasado 30 de abril de 2014. Cierto es que ante las dificultades económicas que se han planteado en el conjunto de la Unión Europea, esta acordó conceder una moratoria para que los períodos de adaptación de las exigencias contenidas en la Directiva 2004/54 se pudieran prolongar hasta abril de 2019. Lo que ocurre es que, dada la situación presupuestaria del Ministerio de Fomento y los recursos que se están dedicando a la red de carreteras, es de temer que para 2019 tampoco estemos en condiciones de dar cumplimiento al Real Decreto 635/2006, y que, por tanto, los túneles dependientes de la Administración General del Estado no cumplan estos requisitos mínimos de seguridad. De ahí que formulemos una enmienda para que en la moción también se inste al Gobierno a dar cumplimiento al mencionado real decreto y garantizar con las inversiones necesarias y suficientes que para el marco temporal fijado por la




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Unión Europea de abril de 2019 todos los túneles de la red estatal de carreteras cumplan estos requisitos de seguridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, buenos días.

La moción que ha presentado el senador Becana ya ha sido objeto de actuación parlamentaria bajo diversos epígrafes y con distinto resultado en las diversas posiciones que se han manifestado. Así, se ha reiterado a lo largo de la IX Legislatura y de la X y actual Legislatura en 14 ocasiones, y precisamente ha sido aprobada, algunas veces por todos los grupos parlamentarios y otras no. En cuanto a las que contaron con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, me gustaría referirme a una, que fue aprobada por asentimiento y que presentó el Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados a la Comisión de Fomento relativa a la necesidad de rehabilitar estructuralmente los firmes de las carreteras, así como una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenida del Congreso, que también fue aprobada por unanimidad, sobre una línea específica de financiación para seguridad vial y mejora de carreteras. Ello, señorías, denota esa sensibilidad que todos compartimos en cuanto a la conservación y mantenimiento de la seguridad vial. Como decía el señor Becana, todos circulamos por las carreteras y todos queremos tener seguridad, confort en el desplazamiento, velar por la emisión de CO2 a la atmósfera y por la contaminación lumínica, fomentar el trabajo en las empresas constructoras y la creación de puestos de trabajo. Por ello, señor Becana, quiero decirle que hemos intentado redactar una enmienda de sustitución, una transaccional, para poder llegar a ese acuerdo, pero no ha sido posible, como luego le explicaré.

Usted, señor Becana, hacía referencia al informe de la AEC realizado a finales del año 2013. Es loable la tarea que realiza esta asociación, pero su método de inspección visual por el que se fija a cierta distancia de los defectos que hay que reparar en las carreteras no es compartido por la metodología más científica que realiza el Ministerio de Fomento sobre la base de la tecnología de la auscultación automatizada, que realiza una evaluación continua precisa de alto rendimiento, por lo que las mediciones que refleja son de carácter objetivo y no están supeditadas a la visión particular de la persona que las realiza.

Por eso, la Dirección General de Carreteras tiene perfectamente identificados, kilómetro a kilómetro de los 26 000 de la red de carreteras, cuáles son los puntos complicados tanto en la red de alta capacidad —11 700 kilómetros— como en las carreteras convenciones —14 000 kilómetros—; lo hace a través de los contratos de conservación integral de carreteras y también de los contratos de concesión de autopistas de peaje y de las autovías de primera generación. Ellos son gente muy experta y por eso conocen absolutamente cada uno de los estados de las carreteras de la red española de carreteras, y por eso el Ministerio de Fomento ha puesto en sus manos en los tres últimos años en los que está gobernando el Partido Popular más de 2600 millones de euros para reparar estas deficiencias que pueden ser observadas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Ello es lo que permite, señorías, la situación económica actual. ¡Qué más quisiéramos que tener más presupuesto para la conservación de carreteras! ¡Qué más quisiéramos que poder llegar a esa cifra mítica que establece como recomendación el Banco Mundial del 2% del valor patrimonial de nuestras carreteras! Pero, señorías, es lo que hay. Hay que trabajar de otra manera y es lo que está haciendo el ministerio. Hay que trabajar y conseguir más con menos, ¿pero cómo podemos conseguir esto? Precisamente con el nuevo Plan de eficiencia de mantenimiento de conservación integral de carreteras, que se basa en 3 aspectos o 3 ideas muy importantes, que son: mayor flexibilidad y eficiencia en la asignación de los recursos, reducción de los sectores para conseguir una economía de escala y máxima duración de los contratos. Ello ya ha dado resultados y dará los máximos resultados en el año 2016, cuando acabe la implementación absoluta de este nuevo sistema, entonces hablaremos de un 27% de ahorro. Ahora mismo ya se han reducido 86 millones anuales y pasamos de 480 millones a 394, que han permitido actuaciones que no se habían realizado desde hace más de 900 días; me refiero a ese Plan de rehabilitación extraordinaria




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de firmes de carreteras que ha permitido que se hayan licitado ya unos 10 contratos por importe de 41 millones de euros, entre los cuales está la rehabilitación del firme de la A-1 en el tramo Venturada-Santo Tomé del Puerto, por importe de 7 200 000 euros.

Por todo ello, señorías, no podemos compartir la forma en que ustedes piden la conservación de carreteras en los puntos primero y segundo de la moción. Con respecto al primero, porque el Pitvi establece cómo hay que hacerlo y hay que atenerse siempre a las limitaciones presupuestarias del momento actual, como les he dicho. En cuanto al segundo punto, porque día a día esos magníficos técnicos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento realizan una evaluación continua y objetiva de los defectos observados en la red de carreteras, por eso no podemos hacer los planes que usted pretende ya que el día a día es de la máxima importancia.

Por lo anterior, señorías, el Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda de sustitución que dice: El Senado insta al Gobierno a continuar con la política en materia de conservación de la red de carreteras del Estado recogida en el Pitvi en el marco de las disponibilidades presupuestarias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Si no se acepta, no podremos votar a favor de la moción.

Señor presidente, termino. Muchas gracias, muy amable. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, presidente.

Comenzaré por la enmienda del Grupo Popular, que no vamos a aceptar, y aun así agradezco la actitud del senador Mateu de intentar buscar un acuerdo desde la consciencia de que el problema es serio. Pero no podemos aceptar una enmienda que dice que el Gobierno continúe desarrollando el Pitvi, el plan de infraestructuras, no nos sirve, y le voy a decir por qué, señor Mateu.

El Pitvi, el plan que presentó la ministra, establecía para la conservación de carreteras dos objetivos: el primero, reducir el gasto en conservación en torno a un 30% —27%/30%, dice el Pitvi— y, el segundo, mantener niveles de servicio adecuados en la atención a la vialidad. Pues bien, han pasado ya tres años de Gobierno y los hechos son tozudos. Es verdad que el Gobierno hace una propaganda de lo bien que trabaja, también en la conservación de carreteras, pero acabamos de salir todos, los senadores del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco, de Convergència i Unió, de Entesa, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista, de una campaña electoral que nos ha obligado a recorrer nuestras provincias y nuestras circunscripciones y cada uno de nosotros hemos constatado, como constatan día a día los camioneros, los transportistas y los conductores, la situación de la red de carreteras del Estado. Y hemos constatado que necesita de una intervención extraordinaria porque la reducción del 30% en los presupuestos se ha traducido en un estado de conservación deplorable. El primer objetivo del Pitvi se ha cumplido con creces, pues se ha reducido el gasto en conservación, pero el segundo objetivo, que es el que nos importa a todos: mantener los niveles adecuados de servicio en la red de carreteras, ha sido un fracaso, e insisto en que todos lo hemos podido comprobar como conductores con ocasión de la pasada campaña electoral. Y para salir de esta situación, no sirve la enmienda del PP, que se limita a proponer más de lo mismo, más recortes, es decir, seguir recortando y, como consecuencia de ello, peores carreteras.

Le agradezco al senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, que haya presentado una enmienda referente a los túneles. Es cierto que en el mandato del Gobierno socialista ya se aprobó y se puso en marcha un plan de conservación y seguridad de los túneles. Efectivamente, señorías, los túneles y los puentes son elementos singulares de la carretera que requieren una conservación específica. Son obras que se diseñan y se proyectan para una duración de cien años y, desde el punto de vista de la seguridad vial, requieren una atención especial. Por eso le agradecemos la presentación de la enmienda, que naturalmente incorporaremos a la moción porque la enriquece.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco al proponente de la moción que haya aceptado la enmienda formulada.

Estamos ante una cuestión vital, vital porque afecta a la vida de los ciudadanos que utilizan habitualmente nuestras carreteras. El Ministerio de Fomento, presupuesto a presupuesto, con el Gobierno del Partido Popular, ha sido uno de los que ha padecido con más intensidad los recortes. En el presupuesto de 2012, un recorte del 34,6%; en el presupuesto de 2013, un recorte del 16,6%; en el presupuesto del 2014, una caída de la inversión del 30%. Si vamos a las partidas de mantenimiento y conservación, vemos que en el presupuesto de 2014 hay una consignación de 818 millones, que es exactamente la misma que había en el presupuesto del 2013, pero bastante por debajo de la existente en el presupuesto de 2012, que ascendía a 1084 millones de euros.

Es verdad que el número de víctimas mortales en nuestras carreteras ha descendido de forma muy notable como consecuencia de diferentes medidas y cambios normativos que hay que valorar como acertados, y no precisamente alguna de las últimas reformas que plantean la posibilidad de incrementar la velocidad hasta los 130 kilómetros por hora, como tuvimos oportunidad de debatir en esta Cámara. De hecho, en 2013 se llegó felizmente a un mínimo histórico de víctimas mortales: 1128 en las vías interurbanas, incluso más bajo que el que se dio en el año 1960; un índice que, comparado con el anterior ejercicio 2012, supone un descenso del 13%. Tenemos que felicitarnos por ello, aunque también ser conscientes de que la crisis juega en estos datos. La crisis, por una parte, conlleva incremento de riesgos —los propietarios de vehículos tienen menos recursos para mantener en condiciones de uso adecuadas y de seguridad esos mismos vehículos, se alarga más la vida útil de los neumáticos, no se hacen reparaciones que garanticen la seguridad porque no hay recursos económicos para ello—, pero, por otra parte, también conlleva un menor uso de las vías, con un descenso de usuarios en las famosas operaciones salida que, probablemente, juegue un factor positivo a la hora de conseguir un descenso en la siniestralidad vial.

En todo caso, con estos recortes presupuestarios va a ser muy difícil cumplir la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. En esta estrategia de seguridad se fijan 11 áreas de actuación y, como es lógico, una de ellas afecta a las infraestructuras. En la definición y descripción de esta área de infraestructuras se dice, literalmente, que el objetivo es lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor. Para ello, en esta misma estrategia se insta a los titulares de las vías públicas —en este caso al Estado, las que son de titularidad estatal— a dedicar el 2% del valor patrimonial de su red anualmente al mantenimiento y conservación. Y es obvio que con los Presupuestos Generales del Estado que se están aprobando no se cumple esta exigencia de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Se está dedicando mucho menos de este 2% del valor patrimonial de la red de carreteras del Estado.

Se ha dicho ya, según el Real Automóvil Club de España —que acaba de presentar en abril un informe—, que 2 de cada 3 kilómetros de carreteras están en un estado deficiente. El déficit de mantenimiento y conservación de las infraestructuras en la red de carreteras aumenta —constata ese informe—. Por contra, informes internacionales ratifican la trascendencia en materia de seguridad vial de las inversiones en mejora de la red. El informe que realizó la Administración de los Estados Unidos sobre seguridad vial refleja claramente que las inversiones en mejora de carreteras que se han realizado en los últimos años lograron como objetivo reducir en un 40% los accidentes por salida de la vía y, con carácter general, en el conjunto de los accidentes, una reducción del 20%, lo cual supone un resultado que avala perfectamente lo que la lógica misma nos dice sin necesidad de acudir a grandes estadísticas ni a grandes estudios: que las inversiones —como decía la señora ministra de Fomento— en mantenimiento y conservación de carreteras no solo ahorran inversiones futuras, sino que ahorran vidas hoy, lo cual, sin duda, es muchísimo más importante.

Muchísimas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias. Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, eskerrik asko mahaiburu jauna, jaun-andreok,

Gaur alderdi sozialistak dakarkigun mozio hau egokia iruditzen zaigu. Ezin dugu ukatu, eta aldez aurretik nire aurretik hitz egin dutenek aipatu dute murgilduta gauden egoera ekonomiko larri horretan, nolabait esango genuke onartuagoa dagoela arlo guztietako mantenimenduko aurrekontuak murriztea. Ez da garaia agian horretan gehiago sakontzeko, lehentasunak finkatzeko garaiak dira. Eta osasuna, hezkuntza edota oro har, giza politika guztiak beste batzuen aurretik jorratu behar direla uste dugu. Ildo honetatik senatari popularrak Mateuk zioen egunerokotasunak garrantzia handia zuela, eta ezin zela agian hau guztiari heldu; baina aldi berean ere, ezin da ukatu ere azpiegituren mantenimendu ezak ondorioak dituela. Ondorio horien artean aipatu dira batzuk, ibilgailuen ondoretza, ez bakarrik errepidearen egoeragatik ibilgailuak hondatzen direla errazago, baizik eta nire aurretik Iglesias senatariak aipatu duen bezala, krisi garai hauetan erabiltzaileak ere dituen ibilgailuak okerragoak direlako ere. Horrek eramaten gaitu eta datuak zuzenean proportzionalak ez badira ere, istripuak areagotzera, eta datuak nire aurretik aipatu dira. Eta besteak beste ere, eramaten gaitu etorkizun edo epe motz edo ertain batean ondoren inbertsio berriak egitera.

Errepide Espainolen Elkarteak egindako azkeneko ikerketak datu zehatzak aipatzen ditu, eta oker ez banago, Becana senatariak bere lehenengo agerraldian aipatu du Fomentoko ministrak berak ere aipatu zituen hitz hauek direla, garaiz inbertitzen ez den euro batek hiru urte barru konponketak egiteko inbertsioak bider bost beharko duela izan, eta bost urte barru egin behar badira, bider hogeita bost.

Eta datu honekin batera ez nuke nahi aukera pasa uztea, gogoeta bat egin gabe. Berria ez izan arren, nik neuk ganbera honetan behin baino gehiagotan egin dudana, eta parekazioa eginez Abiadura Handiko Trenarekin, askotan nik eta nire taldearen izenean aipatu dugu epeak betetzeko eskatzen genionean ministrari, datu honi erreferentzia egiten genion; hau da, garaiz bete diren, bukatutako obra, hau da gure kasuan Eusko Jaurlaritzak egindakoa hain zuzen ere Fomentoko ministroari dagokiona bukatuko duenerako egongo ginateke egoera baten aurrean non berriro inbertsio berriak egin beharko genituzkeela aldez aurretik eginak zeudenak hondatuak edo pasatak egongo zirelako. Horrekin alderatzen dut gaur bertan hitz egiten dugun errepideei buruz gauza bera gertatuko litzaiguke. Inbertsio horiek urte horietan egin ez dena bider bost edo bider hogeita bost gertatuko zirelako. Hau guztiagatik ezinbestekoa ikusten dugu plan zehatz bat finkatzea eta aurrera eramatea, mozioan eskatzen den bezala.

Eta amaitzeko, aipatuko nuke bakarrik bi gauza: Euskadiko kasuan, gure kasuan, errepideen egoera Becana senatariak aipatzen zuen mapa horretan koloretan azaltzen ziren errepideen egoerak, gure erkidegoan egia da ez direla hain gaizki agertzen, beste kasuekin alderatuz. Baita ere aipatuko nuke errepideen mantenimenduaren eskumena gure kasuan, Euskadiko Erkidego Autonomoan, Foru Aldundiena bada ere, mozio honetan Espainiar Estatuko errepideentzat eskatzen dena, lehen aipatu dudan modura hasieratikan, egokia, logikoa iruditzen zaigula. Beraz, gure taldearen bozka baiezkoa izango dela.

Mila esker.

Buenos días. Gracias, presidente.

Señorías, la moción que nos trae el Grupo Socialista hoy aquí nos parece adecuada. No podemos negar —y lo cierto es que anteriormente también se ha mencionado— que actualmente estamos en una situación económica muy grave. Y en esta situación de gravedad se acepta mejor que se hagan recortes en los presupuestos de mantenimiento en todos los ámbitos. Cierto es que no es el momento para profundizar en ese tema, sino para establecer las prioridades. Y es evidente que la salud, la educación y, en general, las políticas sociales tienen que primar por encima de otros sectores. En este sentido, el senador Mateu, representante del Grupo Parlamentario Popular, nos decía que el día a día tiene mucha importancia y que no se puede tratar este asunto de una forma global. Lo cierto es que no se puede negar que la falta de mantenimiento de las infraestructuras genera consecuencias. Entre esas consecuencias se han mencionado ya algunas, como por ejemplo los problemas en los vehículos, no solo por el estado de las carreteras, que provocan que estos se deterioren con más facilidad, sino, como nos decía el señor Iglesias, porque




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en estos momentos de crisis los usuarios tienen vehículos de menor calidad y con menores prestaciones. Esto conduce, aunque los datos no sean directamente proporcionales, a que los accidentes estén aumentando. Por otra parte, esto también nos lleva a realizar nuevas inversiones en un futuro a medio plazo.

El último estudio realizado por la Asociación Española de Carreteras arroja una serie de datos muy concretos. El senador Becana nos decía en su primera intervención que la ministra de Fomento también mencionó estos datos. Y es que cada euro que no se invierta a tiempo supone que en un plazo de tres años se tenga que invertir esa cantidad multiplicada por 3 y que en el plazo de cinco años esa cantidad se multiplique por 25 en concepto de reparaciones.

Señorías, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión. De hecho, no se trata de ninguna novedad, sino de una cuestión que he traído a esta Cámara una y otra vez, como es precisamente la comparación de este asunto con el tren de alta velocidad. Yo misma y mi grupo parlamentario hemos solicitado muchas veces aquí a la señora ministra de Fomento que cumpla los plazos y hacíamos referencia a un dato mencionado anteriormente, y es que en el caso de esta obra, realizada por el Gobierno vasco en tiempo, para cuando la parte realizada por el Ministerio de Fomento se termine ya estará algo deteriorada y habrá que acometer nuevas inversiones. Esto lo comparo con la cuestión de las carreteras de la que estamos hablando hoy aquí, donde si las inversiones no se realizan a tiempo se multiplicarán en un plazo de tres años. Por ello nos parece imprescindible que se establezca un plan y se lleve a cabo tal y como se solicita en esta moción.

Por último, me gustaría señalar dos cuestiones. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según el mapa que nos presentaba el senador Becana, la situación de las carreteras de nuestra comunidad no es tan negativa en comparación con otras zonas. Sin embargo, me gustaría señalar que la competencia respecto al mantenimiento de las carreteras en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponde a las diputaciones forales. No obstante, lo que se solicita en la moción para las carreteras españolas nos parece lógico y adecuado. Por lo tanto, nuestro voto será favorable.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president. Bon dia, senadores i senadors.

D’aquí a molts pocs dies, divendres, aquest mateix divendres precisament està convocada una manifestació per part de tots els ajuntaments entre Lleida i la Vall d’Aran per, conjuntament, els ciutadans dels seus municipis i les entitats que els representen protestar precisament pel mal estat de conservació de la carretera N-230. Això és un senyal inequívoc que aquest mal estat fefaent de la xarxa estatal de carreteres ha arribat ja a la percepció directa de la ciutadania. Per tant, més enllà d’estudis i auditories perfectament acreditades o de debats tècnics que puguem fer, la realitat ja ha arribat a la ciutadania, a la seva percepció directa, a la seva vivència personal individual.

I per això el nostre grup subscriu en tots els seus termes la moció presentada pel Grup Socialista perquè no podem continuar d’aquesta manera. El sistema actual de planificació i execució per part del Govern en aquesta matèria ha quedat de manera molt palesa demostrat que no funciona i que està en una deriva summament perillosa. Ni tan sols, senador Mateu, tenim el PITVI aprovat, que jo sàpiga. O és que m’he perdut alguna cosa? L’instrument bàsic i fonamental de planificació del manteniment de les carreteres i de tantes altres coses en matèria d’infraestructures i habitatge al nostre país ni tan sols està aprovat. I, per tant, anem a un exercici d’improvisació, simplement de quadrar números als pressupostos, independentment de la realitat de les carreteres del nostre país.

Aquest és el problema. Per tant, insisteixo, el nostre grup subscriu, en tots els seus termes, la moció presentada pel Grup Socialista, votarem a favor, i només voldria ressaltar, com s’ha fet per part d’altres portaveus perquè ens sembla el més important de tot, que al darrera d’aquesta qüestió hi ha un tema absolutament transcendental que són els accidents de trànsit, la sinistralitat i les morts a les carreteres. Hem fet un esforç enorme, com a societat, perquè aquest número de víctimes hagi tingut una baixada molt i molt substancial en els últims temps. I, entre aquests




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esforços, la qualitat de les nostres infraestructures, el desdoblament de les vies, el manteniment, la capacitat juguen un paper determinant. De cap de les maneres crec que puguem jugar amb aquesta qüestió i ens puguem permetre ni tan sols la més mínima ombra de dubte sobre el potencial de sinistralitat i accidents mortals de carretera que té el manteniment de les vies.

Per tant, només per aquest motiu, caldria prioritzar sense cap mena de dubte i fer especial atenció a aquesta qüestió que, en els últims 3 pressupostos ja ha quedat demostrat que no és el cas per part del Govern i donar suport a la moció presentada pel Grup Socialista.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente. Buenos días, senadoras y senadores.

Dentro de muy pocos días, este mismo viernes, está convocada una manifestación por parte de todos los ayuntamientos comprendidos entre Lérida y el Valle de Arán, de los ciudadanos de sus municipios y de las entidades que les representan para protestar por el mal estado de conservación de la carretera N-230. Esta es una señal inequívoca de que este malestar fehaciente respecto a la red estatal de carreteras ha llegado ya a la percepción directa de la ciudadanía. Por lo tanto, más allá de estudios, de auditorías acreditadas o debates técnicos, la evidencia de la realidad ya ha llegado a la ciudadanía por medio de su percepción directa, personal e individual.

Por ello, mi grupo suscribe en todos sus términos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque no podemos continuar de esta forma. El sistema actual de planificación y ejecución por parte del Gobierno en esta materia ha quedado demostrado de forma muy evidente que no funciona y que está yendo a una deriva muy peligrosa.

Senador Mateu, ni siquiera tenemos el plan aprobado. ¿O es que yo me he perdido alguna cosa? Ni tan solo está aprobado el instrumento básico y fundamental de planificación del mantenimiento de las carreteras y de tantas otras cosas en materia de infraestructuras. Por lo tanto, vamos a un ejercicio de improvisación, simplemente de cuadrar números con los presupuestos, independientemente de la realidad de las carreteras de nuestro país. Este es el problema.

Insisto, mi grupo suscribe en todos los términos la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y la vamos a votar a favor. Quiero resaltar, como han hecho otros portavoces, porque nos parece lo más importante de todo, que detrás de esta cuestión hay algo transcendental, que son los accidentes de tráfico, la siniestralidad y las muertes en carretera. La sociedad ha hecho un esfuerzo enorme para que el número de víctimas haya disminuido de forma muy importante en los últimos tiempos, y entre estos esfuerzos, la calidad de nuestras infraestructuras, el desdoblamiento de las vías, su mantenimiento y capacidad juegan un papel determinante. De ninguna de las maneras podemos jugar con esta cuestión, y no nos podemos permitir ni tan solo la más mínima duda sobre el potencial de siniestralidad y accidentes mortales en carretera que tiene el mantenimiento de las vías.

Por lo tanto, solo por este motivo sería importante priorizar sin ningún tipo de duda y prestar especial atención a esta cuestión, pues en los últimos 3 presupuestos ha quedado demostrado que el Gobierno no va a dar su apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió també donem suport a aquesta moció. Algunes consideracions, senador Becana, i el conjunt dels senadors. Efectivament, no hi ha res pitjor que anar fent noves infraestructures, tot i que no se’n facin, o que s’inverteixi bona part de diner amb una manca, al nostre entendre, de retorn social i econòmic real, com està passant en determinats territoris i que, en canvi, no hi hagi el diner suficient per poder millorar tot allò que té a veure amb manteniment.

Hi ha moltes informacions que de ben segur el conjunt dels senadors tenim al nostre abast, com és la necessitat d’inversió en conservació, que va publicar la pròpia Associació Espanyola de la Carretera, on surten determinats nivells d’index d’estat de qualificació de les carreteres segons




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el seu estat. I, efectivament, aquí quan es diu deficient, molt deficient i acceptable podem veure com, per exemple, a l’any 2003 el nivell era de 218. El 218 està considerat entre acceptable i justet però és que a l’any 2012, en aquest nivell del conjunt de les carreteres de l’Estat espanyol, ja està al 179. Per tant, si això ho incorporem al fet que, certament, al llarg d’aquests darrers anys pel context de la crisi econòmica, per les retallades, per tot, és evident que la inversió ha baixat. De ben segur que aquestes dades no estan actualitzades però si el 2012 ja era un nivell d’un 179, que vol dir tocar entre molt deficient i deficient, de ben segur que això ja és també molt preocupant.

També un altre informe que diu i que situa, amb tota la perspectiva global i una visió molt més integral, que és l’anàlisi que fa Europa de la valoració de les carreteres. Aquesta anàlisi que fa Europa de la valoració de les carreteres —em permeto seguir ja molt més estrictament en el que seria el territori ja més català—, en el qual es diu que 6 dels 10 trams amb elevada concentració d’accidents de Catalunya es troba a l’àrea metropolitana de Barcelona. I que també estan molt lligades aquestes dades a la manca de manteniment. Una altra dada també és que 7 dels 10 trams són de vies d’alta intensitat de trànsit que pertanyen a la xarxa bàsica de carreteres del conjunt de Catalunya i que també està molt lligada a la manca de manteniment. Manca de manteniment que és evident, senador Mateu, que no és únicament d’aquests darrers dos anys. Sinó que hi ha una seqüència en els anys en els quals s’ha intentat, jo crec que d’una manera equivocada, evocar molt més els diners a la nova infraestructura i abandonar, amb percentatges que crec que no eren raonables, parlo d’abans i, òbviament d’ara també, en el qual, com bé sabem tots plegats, que el manteniment és clau. El senador Martí feia referència a les manifestacions sobre la N-230. Dir que si s’utilitza l’hemeroteca del Senat, els senadors de Lleida, la senadora Rivero, el senador Manel Plana, el senador Ramon Alturo, han insistit en la manca de manteniment en aquestes carreteres i en aquesta xarxa. Que ve de manera històrica, però, d’una manera molt molt clara, aquests darrers anys.

Suport a la moció. I, en tot cas, sobretot senador Mateu, una vegada més dir que la majoria. Fixi’s. Ens trobem sempre amb el mateix. Vostès van fer això. Els altres diuen vostès es troben amb el que es troben i també no fan cas. I amb aquests posicionaments una miqueta, al nostre entendre, maximalistes, perdem el camí. Trobem l’equilibri. Trobem allò que té a veure també amb el fet que sempre hi ha una part de percentatge —i ho sabem els que som alcaldes— que és molt important sempre la partida del manteniment. I que entenem el context de la crisi i de l’economia, i ho sabem perfectament. Que a vegades, aquesta racionalització o aquesta adequació a les arques públiques acaba essent, en definitiva, la priorització. I la priorització jo crec que ha de ser manteniment. Ja ho he dit, donarem suport a la moció del senador Becana.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también apoya esta moción. Pero quisiera hacer algunas consideraciones al senador Becana y a los demás senadores. No hay nada peor que no se hagan infraestructuras o no se invierta mucho dinero, con una falta de retorno social y económico real, como está pasando en muchos territorios, y en cambio que no haya dinero suficiente para mantener las infraestructuras. Hay muchísimas informaciones que tenemos todos los senadores, como son las necesidades de inversión y conservación que publicó la Asociación Española de Carreteras, en donde aparecen determinados niveles de calificación del estado de las carreteras. En esta calificación se habla de eficiente, muy deficiente y aceptable. Así, en el año 2003, el nivel era de 218 —este nivel significa entre aceptable y justo—, pero en 2012, el nivel del conjunto de las carreteras del Estado español ya está en el 179. Además, si a todo esto añadimos que a lo largo de todos estos años por el contexto de la crisis económica, por los recortes, etcétera, la inversión ha bajado, seguro que estos datos no están actualizados; porque si en 2012 ya teníamos un nivel de 179, que quiere decir entre muy deficiente y deficiente, esto ya es muy preocupante.

Hay otro informe que sitúa toda la perspectiva global, con una visión mucho más integral, en el que se hace un análisis a nivel europeo de valoración de las carreteras. En este análisis europeo de la valoración de las carreteras —y me permito seguir mucho más estrictamente lo que sería el territorio catalán— se dice que de los 10 tramos con elevada concentración de accidentes en Cataluña, 6 corresponden al área metropolitana de Barcelona. Estos datos también están




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vinculados a la falta de mantenimiento. Otro dato es que 7 de los 10 tramos se corresponden con vías de alta intensidad de tráfico que pertenecen a la red básica de carreteras del conjunto de Cataluña y que también están muy relacionados con la falta de mantenimiento. Es evidente, senador Mateu, que esta falta de mantenimiento no es algo que haya ocurrido únicamente en estos últimos dos años, sino que ha habido una secuencia de años en la que se ha intentado, en mi opinión de forma equivocada, dotar de mucho más dinero solo a infraestructuras nuevas, y los porcentajes señalados al efecto no eran razonables —hablo de antes y también de ahora—, pues todos sabemos que el mantenimiento va a la baja. El señor Martí ha hecho referencia a las manifestaciones relacionadas con la N-230, y ha dicho de forma reiterada que solo hay que utilizar la hemeroteca del Senado para ver de forma muy específica que todos los senadores de Lérida: Rivero, Plana, Alturo, todos, han insistido en la falta de mantenimiento en estas carreteras en esta red, que es una cuestión histórica, y que de forma muy clara ha empeorado en estos últimos años.

Por tanto, señor presidente, mi grupo apoya la moción. En todo caso, senador Mateu, fíjese en que, una vez más, nos encontramos siempre con lo mismo. Unos dicen: ustedes hicieron esto; los otros dicen: ustedes se encuentran con lo que se encuentran y no hacen caso. Y con estas posturas, a nuestro entender un poco maximalistas, lo que perdemos es el camino. Busquemos el equilibrio que tiene que ver con esa parte importante del porcentaje —lo sabemos los que somos alcaldes— relacionada con la partida del mantenimiento, pues entendemos y sabemos perfectamente el contexto actual de crisis de la economía. A veces, esta racionalización o bien esta adecuación a las arcas públicas acaba siendo, en definitiva, la priorización; y la priorización tendría que ser mantenimiento, algo absolutamente prioritario. Por tanto, como he dicho, daremos apoyo a esta moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, presidente.

Gracias a todos los grupos que han decidido apoyar esta moción que, insisto, es una moción responsable, y gracias también al portavoz del Grupo Popular por el tono del debate.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta moción con la intención de atender un problema real; un problema real que afecta a la red de carreteras del Estado en todo el territorio nacional, con mayor intensidad en unas comunidades que en otras. Y es un problema que comienza a dar señales preocupantes en lo que afecta, por un lado, a la seguridad vial, a la accidentabilidad y, por otro, por lo que supone, en términos económicos, para la pérdida del valor patrimonial del Estado y para la pérdida de competitividad de las empresas españolas.

Es verdad que la sociedad española avanzó de manera muy significativa cuando se cambió el reglamento de tráfico y se aprobó el carné por puntos y, a partir de ahí, descendió el índice de mortalidad por accidentes de tráfico en unas proporciones que deben alegrarnos a todos porque han sido muy importantes. Los datos indican que el número de muertos en accidentes de carretera se ha reducido a partir de aquel momento, pero también es verdad que no debemos bajar la guardia con respecto al resto de los aspectos que incrementan la seguridad vial y evitan accidentes.

En estos debates sobre inversiones en infraestructuras no me ha gustado nunca establecer relaciones directas entre el número de muertos en la carretera y el estado de conservación o el grado de inversión en las vías, pero sí que he leído en alguna publicación —y estoy absolutamente de acuerdo— que siendo y reconociendo que el error humano es la causa más importante de los accidentes —es cierto, y lo es por consenso científico—, puede estar provocado o aumentado por el estado de conservación de las carreteras.

Hemos estado hablando de la realidad, de lo que nosotros y todos los ciudadanos nos encontramos cuando circulamos por la red de carreteras nacionales. Nos encontramos con pavimentos que están en mal estado, que prolongan la distancia necesaria para el frenado. Nos encontramos con señales que no vemos lo que nos dicen cuando llueve o cuando conducimos de noche porque han perdido su función por desgaste. Nos encontramos con barreras metálicas en mal estado que son incapaces en ocasiones de contener la potencia de un impacto. Lo digo por poner algunos ejemplos más, aunque he descrito con detalle la situación en mi primera intervención. Cuando las instituciones reflexionan sobre cómo reducir más los accidentes en las carreteras o cuando detectan que hay una causa importante, como el consumo de alcohol o de




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drogas, el Gobierno modifica el reglamento de tráfico para penalizar más el consumo y para controlar más a los conductores. Muy bien, bien por el Gobierno. El Gobierno detecta que hay un problema con la flota de vehículos y, como hay que fomentar la renovación de la flota de vehículos, como hay que facilitar que se retiren de la circulación los vehículos inadaptados, los vehículos viejos, hace un plan para fomentar la adquisición de nuevos vehículos; y lo pone en marcha y funciona.

Tenemos, además, otro factor, que es el que hoy debatimos. Hoy estamos debatiendo el estado de las carreteras como un factor de riesgo, como un factor que aumenta o incrementa las consecuencias de los accidentes. ¿Qué hacemos con las carreteras? ¿Cómo abordamos la conservación? Como lo estamos haciendo, nos dice el Partido Popular. No, como lo estamos haciendo no porque ya se ha demostrado que no funciona, que el estado de conservación de las carreteras de 2011 a 2014 se ha degradado en un 20%. Por tanto, hay que hacer una acción extraordinaria porque lo que está haciendo el Gobierno no sirve.

Hablaba también de la pérdida del valor patrimonial del Estado cuando un bien, cuando una propiedad pública se deteriora, y de la competitividad que las empresas pierden cuando sus mercancías tienen que circular por carreteras en mal estado. Matemáticamente es cierto que, con los números que se han hecho esta mañana, cuando un presupuesto como el del año 2010 que destinaba a la conservación 1257 millones se recorta hasta los 873 en el primer presupuesto aprobado por el Partido Popular, aparentemente se han ahorrado casi 400 millones de euros. Y si en el ejercicio siguiente el recorte se mantiene, ya son 800 los que han ido a la hucha. Y si en el tercer año se repite, como lo han repetido en los presupuestos de este ejercicio, ya han conseguido meter en la hucha 1200 millones de euros. Muy bien, apliquemos ahora la regla que la señora ministra nos explicó en su comparecencia en la Comisión de Fomento. Cada euro que se deja de invertir hoy, a los tres años —y han pasado ya tres años— se convierten en 5, en un presupuesto de 5 euros para reparar lo que no hemos conservado bien. En consecuencia, el Gobierno ha hecho una operación genial. Ha ahorrado 1200 millones de euros y ha hecho que sean necesarios, dada la situación de la red, 6000 millones de euros.

Como decía, el mal estado de conservación de las carreteras también tiene unas consecuencias directas en la competitividad de las empresas, porque tienen que transportar sus mercancías con un coste energético mayor, con más inseguridad y con un coste ambiental también mayor. Por tanto —insisto, señorías—, el estado de la vía repercute negativamente en el consumo de combustible y en la emisión de gases contaminantes. Por eso les proponemos establecer un plan de choque con unos recursos adicionales que nosotros hemos cifrado en 2000 millones de euros en un plan plurianual.

Dicen que no hay disponibilidad, pero yo he oído estos días al presidente del Gobierno hablar en Sitges ante los empresarios y anunciar un nuevo paquete de medidas para la recuperación económica, para la activación de la economía, por importe de 6000 millones de euros. Es precisamente en este marco de impulso donde proponemos incluir también la red de carreteras como un elemento clave en el transporte de mercancías y viajeros en nuestro país —ya hemos hablado de los índices—. No se trata de un tema burocrático, no pueden opinar solo los técnicos en este aspecto; se trata de una decisión política importante por la seguridad vial, por la seguridad de las personas y por la competitividad de las empresas.

En el marco de esta nueva situación de recuperación, ante la que el Gobierno no se cansa de predicar que ya estamos saliendo de la crisis, hay que comenzar a corregir desequilibrios, como la red de carreteras, que afectan directamente a la competitividad. En esa dirección hemos presentado hoy la moción. A este respecto les decía que la conservación de las carreteras ha sido una víctima más de la política de recortes del Partido Popular, pero, señorías, queda un año de legislatura y es hora de abandonar esta autocomplacencia de que todo ha salido bien y de que todo lo han hecho muy bien, porque se da de bruces contra la realidad, que es tozuda. Es hora de afrontar los problemas cotidianos que genera la situación de abandono de la red de carreteras del Estado.

En mi anterior intervención les pedía un debate responsable, y lo hemos conseguido; ahora les pido, señorías, un voto responsable para un problema que afecta a muchos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días de nuevo.

Ustedes están hablando, señor Becana y otros intervinientes, de un recorte en los presupuestos del Gobierno de España para la conservación de carreteras. Todo tiene su explicación, y voy a abundar nuevamente en lo que sucedió cuando entró en el Gobierno de España el Partido Popular en el año 2011. Ustedes decían que en el presupuesto del año 2011 había 1079 millones de euros destinados a estos conceptos. Evidentemente, cuando llega al Gobierno el Partido Popular, al elaborar el presupuesto para el año 2012 se encuentra con que hay que pagar una cantidad de 600 millones de euros por expropiaciones; 250 millones para obras ejecutadas en el año 2011; otros 250 millones para abonar liquidaciones de obras ya en servicio. Vayan ustedes sumando y restando.

En 2013 seguimos teniendo gasto comprometido en ejercicios anteriores: en el programa 453B, creación de nuevas infraestructuras, 569 millones; en el programa 453C, conservación y explotación de carreteras, 124 millones para pagar atrasos; y más gordo todavía, 7 millones de euros para pagar facturas derivadas del suministro eléctrico. Señorías, ¿cómo no se va a reducir el presupuesto si tenemos que atender obligaciones de un Gobierno que invitaba y no pagaba? Es lógico. El Gobierno de España en el ejercicio de su responsabilidad estableció, conforme a criterios políticos, pagar primero lo que se debía. Por tanto, juzgar un presupuesto solamente por una comparación de cifras creo que no es lo correcto; hay que analizar la eficacia de la gestión.

Por eso, señorías, ahora el Partido Socialista se preocupa mucho del estado de conservación y reparación de las carreteras, cosa loable —le he dicho, señor Becana, que antes compartíamos esa misma preocupación—, pero ¿no se acuerdan ustedes cuando a finales de 2011 dejaron sin contratar 17 sectores de conservación integral de carreteras, que tuvo que contratar el Gobierno del Partido Popular deprisa y corriendo para seguir manteniendo esas carreteras de las que ustedes ahora se preocupan tanto? Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ¿se acuerdan ustedes cuando el ministro Sebastián tuvo aquella brillante idea de reducir el límite máximo de velocidad en las autovías de 120 kilómetros a 110, y se le ocurrió nada menos que no cambiar las señales de limitación de velocidad? —ya hemos hablado de la retrorreflexión de esas señales, en lo que luego abundaré—. Lo que hizo sencillamente fue poner una pegatina tapando el 120 y dejándolo en 110. (Aplausos). Ahí no hay retrorreflexión; eso engendró absolutamente, como ustedes dicen, intranquilidad e inseguridad en las conducciones de los vehículos que circulaban por esas vías.

Más cosas, señorías. Ustedes también han argumentado aquí que el estado actual de conservación de las carreteras genera deficiencias y peligros para el viandante, para el automovilista que circula por ellas, pero he de recordarles que, de acuerdo con el último informe del Consejo Europeo de Seguridad Vial, el European Transport Safety Council, España ocupa el segundo puesto de la Unión Europea, de los 27, detrás de Lituania, en reducción de víctimas mortales entre los años 2001 y 2011. Ha disminuido un 67% la cifra de fallecidos en dicho periodo. Este descenso de la siniestralidad ha sido más acusado en las carreteras estatales —es importante destacar la red de carreteras del Estado— que en el resto de vías gestionadas por otras administraciones regionales y locales. Además, contando con la opinión, estudios e informes de los profesionales que normalmente atienden en primera instancia estos accidentes, la Guardia Civil y los agentes de tráfico, el factor inherente a esta siniestralidad no es precisamente el estado de conservación de las carreteras, señorías, son factores inherentes al propio conductor. El estado de las infraestructuras solo incide en el 1,5% de los accidentes con víctimas. Es más, según el último informe consolidado del año 2012, de los 458 accidentes en que ha habido víctimas mortales, en ninguno de ellos se señaló el estado o condición de la vía como primer factor concurrente. Señorías, hay que alejar ese fantasma; estamos hablando de un tema de interés público y no hay que alarmar a la población haciendo esas afirmaciones, aunque he de recordar que el informe de la AEC se refiere de manera liviana, ligera, al incremento de la siniestralidad como consecuencia del estado y conservación de las carreteras.

Señorías, sigo insistiendo en que la propia Dirección General de Carreteras tiene los medios necesarios para que, a través de su servicio de gestión especializado, el de mantenimiento de los




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firmes y el de los túneles —señor Iglesias, los túneles también se han de conservar—, se cumpla la directiva europea que establece esos nuevos criterios como consecuencia del accidente del túnel del Montblanc. Y también se siguen tratando por los técnicos de la Dirección General de Carreteras los puentes y la señalización, en concreto las señales que hayan perdido retrorreflexión, no las tapadas por mor de las decisiones del señor Sebastián, que son sustituidas, y, desde luego, también se atiende todo lo relativo a las barreras de contención que hayan sufrido daños como consecuencia de los impactos de los vehículos. Se limpian los márgenes de las cunetas y las medianas para ampliar y evitar que se elimine la visibilidad y, algo muy importante en ciertos territorios españoles, para evitar la propagación de incendios así como también para que el agua en momentos de grandes lluvias corra fluidamente por los drenajes existentes.

Señorías, pero la conservación y la rehabilitación de los firmes de las carreteras no solo se refiere a lo que hemos dicho, a las señales con su retrorreflexión ni al estado de conservación de la capa asfáltica, no. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y como bien decía el otro día la ministra en su intervención en respuesta a una pregunta oral del senador Fernández Ortega, también la conservación supone atender a los accidentes ocasionados, a la vialidad invernal. ¿Cuándo se han organizado los pitotes más importantes de coches atrapados durante la época de nieves? No ha sido precisamente bajo la hégira del Gobierno del Partido Popular. Eso también hay que recordarlo. Todo esto, señorías, es mantenimiento.

Usted, señor Becana, decía que los números que se han expuesto aquí esta mañana respondían a un ahorro que luego iba —eso es lo que le he entendido, y si no es así le pido disculpas— hacia el buche o hacia el saco de lo que se ahorraba en dinero. Yo le decía antes que gracias a ese nuevo sistema de gestión de la conservación integral de carreteras se está consiguiendo llevar a cabo otras actuaciones, como el Programa extraordinario de rehabilitación de firmes de carreteras. En concreto, en el año 2013 se han adjudicado y licitado 10 contratos de este tipo, entre los cuales, reitero —por la importancia que tiene para los senadores de Burgos, que vamos hacia el norte de España— que la A-1 hacía más de 900 días que no se había tocado, encontrándose el firme auténticamente reventado. Tenía ya la ruina técnica, no la económica.

Por eso, gracias a esta nueva gestión y a estos, vamos a llamarlos, beneficios de eficiencia en la gestión del nuevo contrato de gestión integral de carreteras, se ha permitido que mediante un contrato por importe de 7,2 millones de euros se arreglen 50 kilómetros de carretera, el firme entre Santo Tomé del Puerto y Venturada, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de España en el mantenimiento integral de las carreteras, 30 000 euros por kilómetro de rehabilitación, frente a la cifra que, por ejemplo, dio la ministra el otro día de 6000 euros para conservación de carreteras en la comunidad autónoma andaluza. No solo hay que centrarse en los números, señorías, hay que centrarse también en la eficacia y en el beneficio de eficiencia que se obtiene con el nuevo procedimiento de gestión que se quiere realizar.

Creo que el Gobierno del Partido Popular no se despreocupa del bienestar en la circulación por las carreteras, porque —como bien decían, y eso sí lo suscribo—, transitar por carreteras cuyos firmes no están en buen Estado genera inconvenientes para los vehículos, genera contaminación, por la emisión de gases CO a la atmósfera y una serie de inconvenientes respecto a la contaminación lumínica. En definitiva, unas carreteras en mal estado no benefician a nadie. De ahí que el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Fomento, con su nuevo criterio de eficiencia y de asignación óptima de los recursos, va a seguir trabajando con empeño y afán en la conservación de las carreteras.

Y hablamos de la red de carreteras del Estado, pero el Gobierno de España quiere que las comunidades autónomas y las administraciones locales muestren también la diligencia que me consta que tienen en el arreglo y en la conservación de las propias, cuya competencia ostentan. Así, el Gobierno de España, mediante convenios firmados con ciertas comunidades autónomas en los presupuestos —en concreto me refiero a las Islas Baleares y a Canarias— sufraga también una cantidad muy importante de dinero para permitir que estas comunidades autónomas tengan unas carreteras en condiciones.

Por eso, señorías —y termino ya, señor presidente—, aunque compartimos la preocupación de la conservación, no estamos de acuerdo con la forma en que ustedes pretenden que lo hagamos. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Por eso vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 92; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS ASENTAMIENTOS DE AVISPA ASIÁTICA EN LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS.

(Núm. exp. 662/000141)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 4 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Martínez Oblanca; otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Hoy mi partido, Unión del Pueblo Navarro, trae a esta Cámara un problema que considera importante y que está afectando, entre otras zonas, a amplios lugares de la Comunidad Foral de Navarra, sobre todo en el norte de dicha comunidad. Todavía está afectando, y digo todavía porque este problema, por los datos que tenemos, va a más.

La verdad es que estuvimos dudando si traer la moción o no, pero consideramos que tenía la entidad suficiente como para presentar una moción en el Senado. Este problema no es otro que el de la invasión de la avispa asiática o vespa velutina, que parece ser, por los datos disponibles hasta la fecha, que desembarcó en Europa, allá por el año 2004 o 2005, a través de nuestra vecina Francia. Tengo que decir que actualmente ya hay nidos de esta especie en España: en Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Asturias y Cantabria, entre otras comunidades españolas.

Como ustedes ya conocen... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Yanguas.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Decía que, como ustedes ya conocen, o algunos que lo hemos estudiado estos días o estos meses, esta especie de avispa invasora se alimenta fundamentalmente de nuestra abeja, la denominada apis mellifera. Y esto, que al principio podría parecer un problema menor, ni mucho menos lo es. El colectivo de apicultores del norte de España está alarmado porque lleva años perdiendo buena parte de su producción, y convendrán conmigo que no es un problema baladí.

Por otro lado, todavía no se tienen datos claros del daño que hace o puede hacer esta avispa a otros insectos polinizadores y, por ende, a la polinización de algunas plantas.

También es cierto que en el sur de Francia los viticultores han perdido parte de sus cosechas porque esta avispa se dedica también a morder los granos de uva madura, lo cual hace que en muchos casos se pueda llegar a perder el racimo entero o se generen muchas más enfermedades en la vid. La consecuencia es bastante reciente, y por lo visto —por lo que me han informado—




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puede ser gravísima en la producción de los vinos, tanto desde el punto de vista de su calidad como de su cantidad. Se sabe que el daño directo para el hombre puede ser relativamente pequeño, ya que su picadura es similar a las de otras avispas autóctonas que conocemos; a no ser que se acumulen muchas picaduras o se sea alérgico, no hay mayor problema.

A la vista de que este problema ya se viene padeciendo tanto en Francia como en nuestra vecina Portugal y en las comunidades que he citado, entre otras, creemos que es necesario poner medios para evitar esta plaga y que se siga extendiendo hasta llegar a convertirse en un problema totalmente inabarcable. Si actuamos ahora lo podremos parar, o por lo menos controlar.

En la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo vengo, llevamos ya años de experiencia en la lucha contra este insecto, que fue detectado por primera vez en 2010, cuando se descubrieron dos nidos en el norte de Navarra, uno en la zona de Valcarlos y otro en Baztán. En 2011 el número de nidos detectados y contabilizados fueron ya 65; en un año se pasó de 2 nidos a 65. En 2012 ya subieron a 94 los nidos detectados. Y en 2013 —así lo apuntaban los estudios realizados y se empezada a ver—, por el clima tan desfavorable que hubo, bajó el número de nidos detectados a 57. Para el 2014 todavía no tenemos datos concretos en la Comunidad Foral de Navarra, aunque sí se han detectado varios.

Es cierto que los nidos que se detectan no son todos los que hay. La verdad es que esta avispa tiene la costumbre de hacer los nidos en lugares altos, en las copas de los árboles. Por tanto, puede que haya muchos nidos que estén haciendo daño pero que aún no se han detectado y, por lo tanto, no se pueden eliminar. Según la experiencia que tenemos, o al menos eso es lo que me han transmitido los expertos, siguen los cursos de los ríos y los entornos fluviales, al menos en la Comunidad Foral de Navarra.

Como se puede observar, en épocas de bonanza, esta avispa, o vespa velutina, puede extenderse muy rápidamente y sus efectos pueden ser devastadores si no se ponen los medios adecuados. Las cifras de nidos detectados en la comunidad foral así lo atestiguan. Además, esta avispa se alimenta de proteínas cuando está criando, por ello mata a nuestras abejas, a las abejas productoras de miel. Por lo que yo he podido leer, no se tiene constancia de que ataque a otros insectos, por lo que en principio en ese sentido el daño ambiental directo sería reducido, pero lo cierto es que hay que comprobarlo día a día porque todavía no tenemos la suficiente experiencia en este tema.

El otro problema al que nos enfrentamos, y lo vuelvo a repetir, es que estas avispas comen frutos maduros, uva madura, lo cual ha provocado, como les he dicho antes, que en el sur de Francia hayan padecido unos daños considerables, incluso me atrevo a decir que en algunos lugares graves, en los cultivos vitivinícolas. Si eso ocurre en España, podría ser devastador para nuestras cosechas de vid, así como para otros cultivos.

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, si dicha avispa se extiende, o se pudiera extender, por la zona media o de la ribera, donde existen áreas, grandes extensiones de vid ya plantada, no sabemos hasta dónde puede llegar el problema; ahora sí sabemos lo que ocurre en el norte de Navarra, donde no tenemos vid plantada.

Y en cuanto a la eliminación de nidos detectados, se puede actuar, según los casos, por ejemplo, utilizando pesticidas, disparos o fuego, y se está trabajando también en una trampa a base de feromonas, pero es complicado erradicar solo ese insecto y no otros que también pudieran caer en esas trampas.

Una vez que hemos descrito este problema —que hay que contar porque hay que conocerlo—, me gustaría agradecer a la Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra, en concreto a un técnico, Jokin Larumbe, el trabajo y la información que me ha facilitado para documentar esta moción. Es importante en estos asuntos contar con expertos, una vez localizado y diagnosticado el problema, para poder adoptar las medidas que se consideren más acertadas. Y si, como digo, hacemos caso a los expertos, en muchos casos ya dan por descartado poder erradicar la plaga, aunque sí —y ejemplos tenemos— se puede controlar. En Francia, por ejemplo, ya actúan y están controlándola.

Dicho esto, debo reconocer —y así lo ha hecho constar UPN en la exposición de motivos de la moción— que el Grupo Popular planteó hace un año una proposición no de ley para controlar esa plaga de la avispa asiática, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. En ella se pidió la elaboración de una estrategia nacional de lucha




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contra la avispa asiática, acciones de apoyo y también que existiera coordinación entre las comunidades autónomas.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, está a favor, como creo que el resto de la Cámara, pero no hemos sabido de esa estrategia nada nuevo, aunque hemos intentado informarnos. Por eso hemos creído conveniente, una vez que nos pusimos al habla con Apidena, la asociación de apicultores de Navarra, y con el propio Gobierno foral, dar un nuevo impulso a esta cuestión en esta Cámara. Espero y deseo que el Grupo Popular —creo que ocurrirá así— nos pueda dar más información, lo cual sería positivo para mi grupo y para Navarra.

Es cierto —lo sabemos— que se han producido reuniones con los expertos y que se está elaborando esa estrategia nacional, que en estos momentos se está trabajando sobre el tema, y eso también lo valoramos positivamente —no me escondo al decirlo—. Pero queremos saber más, y hoy podemos avanzar para trasladárselo a los colectivos afectados, porque una vez reunidos con ellos, sabemos que sienten cierta alarma, y nos les falta razón.

También es cierto que en esta moción hemos querido ir algo más allá, reconociendo el trabajo que se hizo en el Congreso. Por eso en ella se plantean 4 aspectos fundamentales: primero, agilizar el trabajo y la estrategia de lucha contra la avispa asiática, que, como digo, ya se está llevando a cabo. Segundo, que las conclusiones se lleven a la comisión sectorial del ministerio, a fin de que se consensúen con las comunidades autónomas y, por tanto, con la nuestra, la Comunidad Foral de Navarra; entendemos que esto es fundamental para que esa estrategia sea asumida y ejecutada por todos, porque estas avispas, como otros animales, no entienden ni de fronteras ni de comunidades. Tercero, que dichas conclusiones sean defendidas en el marco de la Unión Europea, ya que se trata de un problema de índole nacional, que no afecta a todas a todas las comunidades pero que pudiera afectarlas, y también europea, de modo que nos podemos aliar con otros países para conseguir nuevos fondos provenientes de la Biodiversidad, de la Unión Europea, en esta nueva legislatura que ahora se abre en el Parlamento Europeo. Cuarto, pedimos que se hagan públicas las convocatorias de ayudas procedentes para poder erradicar, o por lo menos controlar, esta plaga, para conocimiento de los colectivos más afectados.

Espero y deseo que se pueda aprobar esta moción y, en coordinación con la proposición no de ley del Congreso de los Diputados, que vuelvo a decir que es de hace un año, pongamos los pilares fundamentales para eliminar o paliar este grave problema, del que por el momento no conocemos —quiero insistir en ello y terminar así, porque es lo más importante— todo su alcance real.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta moción relacionada con la apicultura, que ha sido presentada oportuna y pertinentemente por el senador Yanguas Fernández, de Unión del Pueblo Navarro, pone sobre la mesa una gravísima amenaza sobre las abejas, que tienen en un insecto parásito, de nombre científico vespa velutina, conocida popularmente como avispa asiática y también como avispa asesina, una especie exótica invasora de efectos devastadores.

Desde su detección en España hace apenas ocho años, la velutina está propagando un problema de muy difícil solución, que aniquila las colmenas, arruina de forma paulatina el sector apícola nacional e incide negativamente en la economía agrícola de aquellos cultivos que dependen de la polinización por insectos.

La avispa asiática también afecta al sector de la fruta y, por lo tanto, no es solamente un peligro que atañe al sector apícola, porque conviene resaltar que de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de la comida mundial, más del 70% se polinizan gracias a las abejas.

Estamos ante un asunto de creciente preocupación. Hay que destacar que España es el país productor de miel más importante de la Unión Europea y mantiene además una buena posición global porque se encuentra entre los 12 primeros países del mundo, superando al resto de países europeos, en cuanto a número de colmenas y de apicultores profesionales.




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Como dato de interés cabe indicar que la mitad de las universidades españolas con facultades de veterinaria tienen incorporada la asignatura de apicultura en sus planes de estudio y, por tanto, no es en ningún caso una cuestión menor porque estamos hablando de una industria que aporta del orden del 17% de las colmenas europeas, con 2,5 millones de colmenas y que nos coloca como país exportador de miel.

La invasión de avispas asiáticas, la aparición de sus nidos y los carísimos costes para destruirlos, que ha llevado a un país afectado como Francia a limitar el uso de los servicios públicos de emergencia por la carestía de medidas y de vestuarios especiales, tiene un impacto de colosales dimensiones, que exige desarrollar con urgencia una estrategia de gestión y control para tratar de erradicarla.

Junto a la acción de este y otros parásitos, como el ácaro que genera la varroasis, estamos ante un peligro que se añade a los generados por el cambio climático, la contaminación y los pesticidas. Un amplio estudio del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado en 2011, destacaba la aceleración mundial de problemas para las abejas productoras de miel, y desde entonces la industria apícola española ha visto aumentar sus amenazas y consecuentemente la vitalidad de un sector en el que todavía estamos bien situados pero que corre un gravísimo riesgo de hundirse para siempre.

Asturias, mi comunidad autónoma de procedencia, es la tercera comunidad, tras Andalucía y Galicia, en producción de la denominada apicultura ecológica, y sus explotaciones aglutinan alrededor de 5000 colmenas. Asturias posee la mayor mancha de castaño de España y eso permite la producción de miel de especial calidad.

El peligro de la velutina nos afecta como españoles y como asturianos, y hemos querido aportar una enmienda en la que proponemos varios puntos que tratan de mejorar y complementar las acciones que figuran en los 4 apartados de la moción, que, tal y como señalaba el autor de esta iniciativa, reclaman agilidad al Gobierno, e inciden en cuestiones que también han sido tratadas en el Congreso de los Diputados porque, en todo caso, estamos ante una cuestión no ya de alerta sino de emergencia para el sector apícola español. Hay incluso un trasfondo de salud pública porque estamos hablando de un insecto cuyo veneno causa en el ser humano una grave toxicidad, no ya por inoculación, por picadura, sino por simple contacto.

Con la enmienda presentada instamos al Gobierno a habilitar una línea de convenios y protocolos de colaboración a suscribir con las comunidades autónomas para acometer un plan global de erradicación de la avispa asiática, que incluya también ayudas para la colocación de trampas. También, a elaborar informes periódicos de tipo observatorio, para controlar la evolución y el estado de implantación de este parásito invasor que tantos estragos está causando ya al sector apícola español y que también puede convertirse en un riesgo de salud pública.

Finalmente, instamos a impulsar, junto a las comunidades autónomas y las organizaciones de apicultores, cursos de formación para la identificación de este parásito exterminador de nuestras abejas; a fomentar el apoyo para estudiar su avance, y a promover nuevas líneas de investigación científica para combatir su despliegue. En cualquier caso, la moción en sí misma es una llamada de atención sobre este amenazante asunto, y con independencia de que el proponente acepte o no nuestras enmiendas, votaremos a favor de ella.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En aquest cas el grup al qual represento presentem una esmena amb la qual volem ampliar una mica les mires d’aquesta moció, moció que agraïm que s’hagi presentat per part del senador d’UPN perquè creiem que és necessària.

Cal fer una certa pedagogia d’allò que està succeint. Tot allò que succeeix en l’àmbit rural sembla que no succeeixi o que no tingui la incidència que toca i no és així, ans al contrari. En aquest cas pot tenir fins i tot una afectació no únicament i exclusiva al sector apícola, sinó també a la productivitat d’altres productes agraris, com poden ser fruiters de la zona que vinc, com la vinya, que abans vostès han exposat.




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Creiem que amb l’articulat en sí, tot i que amb algun matís, hi podríem estar d’acord, però en funció de les notícies que han aparegut últimament, en aquest cas el Grup Convergència i Unió, per ampliar les demandes d’aquesta moció sol·licitem que es garanteixi que els productes apícoles —tot i que és una part de la moció que vostè ha tractat— importats de països tercers compleixin amb els mateixos requisits de producció i normes de seguretat alimentària que els produïts a la Unió Europea. El fonament és aquest, no únicament i exclusivament que es cenyeixi a la qüestió que després en el torn de portaveus explicaré, juntament amb les actuacions que s’han anat fent en aquest cas per part de Catalunya en coordinació amb el Ministeri d’Agricultura, perquè també tenim un problema. No únicament a les zones dels senadors que m’han precedit, sinó també a Catalunya i sobretot a la part del nord de Catalunya, tenim un problema que pot ser greu; ara és greu, però pot ser molt greu. En aquest cas, també volem posar en valor la feina que s’està fent per part dels apicultors.

Es va enviar una carta al comissari europeu de Comerç, en la qual es denunciava aquesta competència deslleial de l’entrada de mel de tercers països. Aquestes importacions de tercers països que no compleixen amb els requisits i que no tan sols és una qüestió que afecta únicament, en aquest cas, a la producció apícola i de la mel, sinó a molts productes agraris, doncs no observen la normativa europea i els requisits de seguretat que caldria tenir. A partir d’aquesta carta s’ha enviat per part de la Unió Europea una mena de memoràndum, de qüestionari, per part de la Direcció General de Sanitat Animal de la Comissió Europea perquè el ministeri de Sanitat i el d’Agricultura contestin a aquests requisits, i crec que a partir d’aquests requisits que es demanen i a partir d’aquestes modificacions —que després també expressaré— que hi ha hagut de les directives europees al respecte de la mel, sí que es podria posar fil a l’agulla i fer una actuació el més contundent possible en relació al tema que tenim avui.

Es demana i s’exigeix una harmonització dels controls fronterers, perquè com molt bé han dit els senadors que m’han precedit, en aquest cas la vespa asiàtica no té una ubicació determinada en un territori; no coneix de territoris. La globalització fins i tot ha arribat, en aquest cas, a les vespes, i la possibilitat que pugui afectar no tan sols a una zona com pot ser Navarra o pot ser Astúries, sinó també Catalunya.

Dit això, feta aquesta introducció, sí que li demanaria, perquè aquesta moció tingués el màxim de recorregut possible, que tinguessin en compte aquesta esmena, que la incorporessin, perquè crec que és de justícia i té la seva fonamentació; perquè ens juguem la supervivència del sector apícola. Ens juguem també que hi hagi un equilibri ambiental i una harmonització de les normes i de la normativa, tant a la introducció dels productes agraris com en la producció d’aquells productes que fan que el nostre entorn rural, en aquest cas, tingui el màxim de possibilitats de pervivència. I si hi ha una competència deslleial, si hi ha uns requisits que no s’observen amb mel que ve de tercers països, amb això ens estem fent trampes al solitari.

Per tant, li demanaria que tingués en compte aquesta esmena i que la poguéssim incorporar amb tot el que són les peticions d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En este caso, el grupo al que represento presenta una enmienda mediante la cual queremos ampliar un poco las miras de esta moción, que agradecemos a UPN que haya presentado porque creemos que es necesaria.

Hay que hacer una cierta pedagogía de lo que está sucediendo. Lo que sucede en el ámbito rural hay veces que parece que no sucede, que no tiene la incidencia suficiente, y no es así. Todo lo contrario, en este caso puede tener incluso una afectación no solo en el sector apícola, sino también en otros productos agrarios, como pueden ser frutales de la zona de la que yo vengo, o viñedos, sobre los que ustedes antes han hablado.

En el articulado, aunque con algún matiz, podríamos estar de acuerdo, pero en función de las noticias que han aparecido recientemente, el Grupo Convergència i Unió, con el fin de ampliar las peticiones de esta moción, solicita que se garantice que los productos apícolas —aunque es una parte solo de la moción que usted ha tratado— que se importen de países terceros cumplan con los mismos requisitos de producción y normas de seguridad alimentaria que aquellos producidos en la Unión Europea. El fundamento es este: que no se ciña única y exclusivamente —cuestión




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sobre la que después, en el turno de portavoces, me centraré— a las actuaciones que se han hecho en Cataluña en coordinación con el Ministerio de Agricultura, porque también tenemos un problema. No solo en las zonas de los senadores que me han precedido sino también en Cataluña, y sobre todo en la parte norte de Cataluña, tenemos un problema que puede ser muy grave; ahora es grave, pero puede ser muy grave. En este caso, también queremos poner en valor el trabajo que están realizando los apicultores.

Se remitió una carta al comisario europeo de Comercio, en la que se denunciaba competencia desleal por la entrada de miel de terceros países. Estas importaciones de terceros países que no cumplen con los requisitos es una cuestión que no solo afecta a la producción apícola y de la miel, sino a muchos productos agrarios que no observan la normativa europea ni los requisitos de seguridad que deberían tener. A partir de esta carta, se ha enviado una especie de memorándum, de cuestionario, por la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea para que los ministerios de Sanidad y de Agricultura contesten a estos requisitos, y creo que a partir de estos requisitos que se solicitan y de las modificaciones —después también lo comentaré— que se han hecho de las directivas europeas respecto a la miel, sí que nos deberíamos poner manos a la obra con una actuación lo más contundente posible en relación con la materia que debatimos hoy.

Se exige una armonización de los controles fronterizos, porque, como muy bien han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, la avispa asiática no tiene una ubicación determinada en un territorio; no conoce territorios. La globalización incluso ha llegado a las avispas, y de ahí la posibilidad de que pueda afectar no solo a una zona, como puede ser Navarra o Asturias, sino también a Cataluña.

Hecha esta introducción, y para que esta moción tenga el máximo recorrido posible, pediría que incorporasen esta enmienda porque considero que es de justicia y tiene su fundamento; tiene su explicación, porque nos jugamos la supervivencia del sector apícola. Asimismo, en este caso es necesario que exista un equilibrio ambiental y una armonización de la normativa, tanto en la introducción de los productos agrarios como en la producción de aquellos que hacen que nuestro entorno rural tenga las máximas posibilidades de pervivencia. Y si existe una competencia desleal, si existen unos requisitos que no se cumplen respecto de la miel que viene de terceros países, nos estamos haciendo trampas en el solitario.

Les pido, por tanto, que tengan en cuenta las peticiones de esta enmienda para que puedan incorporarse a la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a los senadores que me han precedido en el uso de la palabra.

Creo que en España los apicultores, y también otros sectores de la sociedad, tienen un problema importante con la avispa asiática, tal y como se ha dicho desde esta tribuna. Se trata de una especie invasora que se alimenta principalmente, en más de un 80%, de nuestras abejas domésticas. Hay que tener muy en cuenta, según los datos, que también se han dado aquí, que en tres años ha colonizado la cornisa cantábrica, la costa gallega y Galicia, y ha llegado ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por eso, para nosotros es muy importante dar soluciones a los apicultores españoles, que son quienes realmente protagonizan la explotación apícola de este país.

Las 25 explotaciones que a día de hoy existen en España nos convierten en el mayor productor de miel de toda la Unión Europea. Hay que recordar que los mayores productores de miel de nuestro país se encuentran principalmente en tres comunidades autónomas: Castilla y León, Andalucía y Galicia. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista tiene mucho interés en que se tomen decisiones importantes y se lleven a la práctica con el fin de solucionar los problemas de los apicultores españoles.

Y me habría gustado, y así se lo comuniqué a la senadora Leyte, que en ese sentido hubiéramos sacado una moción conjunta, de todos los grupos parlamentarios, ya que la avispa no entiende de mociones, pero hay problemas, y los apicultores se sienten profundamente




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preocupados por el avance de esta plaga, que está diezmando ya parte de la producción de miel de este país.

A partir de esta situación, nosotros hemos presentado una moción con dos puntos. Es verdad que entre los puntos que proponen los diferentes grupos se pone encima de la mesa cuáles podrían ser las soluciones, pero en el caso del Grupo Socialista decimos que, debido a que la situación empieza a ser lamentable por la falta de medios eficaces para hacer frente a la invasión de este insecto y a su rápida propagación —los senadores que me han precedido en el uso de la palabra han indicad las cifras que teníamos en el año 2004, cuando se detectó por primera vez la presencia de la avispa asiática en nuestro país—, para nosotros es importante dotar de financiación proyectos de investigación, en especial los encaminados a descubrir una feromona específica que permita obtener una captura dirigida y masiva de la Vespa velutina. Y, asimismo, que España traslade este problema a los foros de la Unión Europea para actuar de forma global y buscar entre todos los países soluciones para el control y erradicación de la avispa asiática, defendiendo las conclusiones —como no puede ser de otra manera— de la estrategia aprobada por la comisión sectorial del Ministerio de Agricultura.

Quiero aprovechar y preguntarle a la senadora Leyte por las directrices aprobadas en esa estrategia. En lo que se refiere a potenciar los métodos de captura selectiva, me gustaría que nos informara de si a día de hoy existe abierta alguna línea de investigación, tanto pública como privada, para el descubrimiento y la producción de una feromona efectiva y sobre aquellas experiencias con resultados positivos que se hayan llevado a cabo en otras comunidades autónomas o en algún país de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Señorías.

Senador Yanguas, de UPN, le felicito por traer al Pleno del Senado una moción que me parece clave y muy importante, y que es reflejo de la grave situación que está atravesando el sector de la apicultura en nuestro país, un sector muy importante dentro del mundo rural por la producción que genera, con una riqueza de 62 millones de euros, o sea, el 0,44% y el 0,17% de la producción final ganadera y agraria. Pero en este caso el principal valor no es solo económico, sino que radica en su importantísima contribución al mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad a través de la polinización realizada por la cabaña apícola.

Además de estas consideraciones, está el hecho de que en muchas zonas de España supone un estímulo más para frenar el despoblamiento del rural, tema muy preocupante y de incalculables consecuencias —precisamente en el Senado hay una ponencia que estudia este tema—.

La vespa velutina, asiática, o llamada por nuestro apicultores asesinas —y lo digo porque creo que ha habido algún error—, entró en la Unión Europea por Francia, a través de un cargamento de madera, por el puerto de Marsella —así se cree—, en el año 2004. En España entra en 2010 por la frontera de Irún, seguramente desde Francia, y el primer foco que se detecta precisamente es en Guipúzcoa. De ahí se extiende a la Comunidad Foral, a Galicia, a Cataluña y en general a toda la parte norte de España.

No es peligrosa —no más que la avispa común, como se ha dicho— para el ser humano, pero sí lo es para las colmenas, que destruye totalmente cuando entra, e incluso se cree que solo la presencia de una sola avispa asiática hace que las abejas no salgan de la colmena y mueran por inanición.

A lo largo de estos últimos años se han presentado varias preguntas, mociones, e incluso una PNL —a la que ya ha hecho referencia el senador Yanguas—, presentada por Olga Iglesias, del Grupo Popular, que fue aprobada por unanimidad, lo que demuestra la sensibilidad de todos los grupos.

El Ministerio de Agricultura está trabajando seriamente sobre el tema, al igual que las comunidades autónomas afectadas. Se constituyó un grupo de trabajo en el que se están presentando diversos estudios dentro de la estrategia nacional, que se llevará próximamente a la Comisión Sectorial de Medio Ambiente. En diciembre de 2013 este subgrupo de trabajo, en el que




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participaron unidades del ministerio y las comunidades autónomas —la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Extremadura—, tiene como objetivo elaborar una estrategia nacional de la vespa velutina y presentar un borrador a la reunión del Grupo de trabajo de especies exóticas invasoras para la búsqueda de acciones concretas, tanto a nivel del medio natural como dentro del Plan nacional apícola, con apoyo técnico, actuaciones de gestión, control y posible erradicación, aunque, como se ha dicho, esta es muy difícil. También hay proyectos de investigación para encontrar una trampa selectiva que no afecte a otras especies y limite el uso de productos peligrosos, como la cipermetrina, y permita la detección precoz de las avispas.

Además, dentro del Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura, presentado por España a la Comisión de la Unión Europea, de 12 de agosto de 2013, se aprobaron los programas de mejora de la producción y comercialización de productos destinados a la ayuda a la apicultura y medidas relacionadas con los daños concretos que este agresor de colmenas pueda ocasionar a nuestra apicultura. Lo relataré más pormenorizadamente en el siguiente turno, por falta de tiempo.

Por otra parte, las comunidades autónomas —absolutamente todas las afectadas están trabajando activamente— han establecido líneas de actuación con los apicultores, con las sociedades forestales. Concretamente, en Galicia hay una grave preocupación por ese tema y se están tomando las medidas necesarias; y me consta, por lo que he revisado, que en las otras comunidades, también.

Por eso propongo este texto de sustitución, en cuyo primer punto se habla de continuar impulsando los trabajos de la estrategia nacional sobre las acciones para acabar con la avispa asiática. En el segundo, de presentar esta estrategia nacional en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, una vez elaboradas las conclusiones de los grupos de trabajo creados al efecto entre la Administración General y las comunidades autónomas. En el tercero, de coordinar y colaborar con los países miembros de la Unión Europea en medidas conjuntas de lucha contra la avispa asiática. En el cuarto, de impulsar el Programa nacional de medidas para apicultura a través de la información y asistencia técnica de las agrupaciones de apicultores para actuaciones de vigilancia y seguimiento de la avispa asiática. Y en el quinto punto, de que las comunidades autónomas afectadas por la especie invasora y en línea con la estrategia nacional, elaboren planes y programas para su control, y erradicación.

Me gustaría mucho que el senador Yanguas aceptara este texto sustitutivo y que todos los grupos votásemos a favor con el senador Yanguas, porque creo que es un problema que afecta a un sector muy importante de nuestra economía y a nuestro mundo rural.

Gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Tiene la palabra el senador Yanguas, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, en este turno de posicionamiento de las enmiendas quiero agradecer todo el trabajo que se han tomado los grupos en estudiar la moción que UPN ha traído hoy al Senado. Intentaré responder una por una a las enmiendas con la posición de nuestro partido. El tema sí tiene importancia, a la vista del trabajo que se ha realizado.

Voy a comenzar por hacer referencia a la enmienda que acaba de defender el Grupo Popular. Debo decir que UPN se ve bastante bien reflejada en esos cinco puntos de sustitución. Se habla de seguir impulsando los trabajos de la estrategia nacional, cuando la moción de UPN habla de agilización. También, de presentar la estrategia nacional en la comisión del ministerio, y en la moción de UPN se recoge ese punto. En cuanto al tercero, relativo a llevar el problema a la Unión Europea, no se dice nada de recabar dinero, pero nosotros vamos a seguir impulsándolo y a sobreentenderlo; y creo que se nos ha dicho por parte de la senadora del Grupo Popular que ya hay algo enviado a la Unión Europea para poder recabar fondos. También se dice que hay que impulsar el Programa nacional de medidas para la apicultura para informar y dar asistencia técnica a los apicultores. Este tema no estaba en nuestra moción, pero lo consideramos muy importante, de vital importancia, y creemos que en esta línea se puede avanzar mucho en la erradicación o el




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control de esta plaga. Por último, también se habla de que las comunidades afectadas, como puede ser la nuestra, elaboren planes y programas.

Por eso, ya les anuncio que vamos aceptar esta enmienda, no sin manifestar que el tema de recabar dinero, de la financiación, se queda ciertamente descafeinado, pero seguiremos insistiendo en ello.

En cuanto a la enmienda de Foro Asturias, que comparte con mi grupo una comprensible preocupación, que su portavoz nos ha hecho llegar, añade a la moción tres puntos: uno de ellos para habilitar una línea de convenios con el fin de acometer un plan que erradique la plaga; un segundo punto, en el que se solicitan informes trimestrales sobre la evolución de la avispa; y un tercero, para fomentar la organización de cursos. Le tengo que decir que no podemos aceptar la enmienda tal y como está presentada por lo que he dicho anteriormente, pero para su tranquilidad le diré que la formación de los apicultores estaría garantizada con el punto cuarto de la enmienda de sustitución. En cuanto a la habilitación de convenios con las comunidades autónomas, esperamos que en una segunda fase, cuando se elaboren esos planes por las comunidades autónomas citadas, se pueda dotar de fondos. Y en tercer lugar, se propone investigar mucho más, y creemos que eso ya se está haciendo en las reuniones de expertos de la estrategia nacional.

En relación con la enmienda del Grupo Socialista, también tengo que agradecer su trabajo, pero habla de financiación para proyectos de investigación y creo que se pueden remitir a las convocatorias que ya tenga abiertas el ministerio o que puedan abrirse una vez que la estrategia nacional esté en marcha. Y respecto del tema de la Unión Europea, creemos que también está recogido en uno de los puntos de la enmienda de sustitución, que hemos aceptado.

En cuanto a la enmienda de CIU, quiero agradecerles, como no podía ser de otra forma, el trabajo que se ha tomado en realizar y explicar su enmienda. Pero no podemos aceptarla porque entendemos que no tiene que ver con el contenido de nuestra moción, que lo que quiere es controlar una plaga determinada. Lo que propone la enmienda de CIU es, desde luego, loable y razonable, y estamos a favor de ello, pero por una mera razón jurídica no la vamos a aceptar, por muy razonable, repito, que nos parezca. No la vamos a aceptar por falta de conexión jurídica. Lo que se dice en su enmienda es, insisto, razonable, y si presentan una moción sobre la importación de los productos por las fronteras, en UPN la trabajaremos y la apoyaremos.

Esto es todo lo que tengo que decir sobre las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda del Grupo Popular evita el esfuerzo de tratar de mejorar el texto con aportaciones de otros grupos parlamentarios. Realmente, si el Grupo Popular hubiese querido mejorar la moción creo que debería haber fomentado un acuerdo mucho más amplio en un tema que también es de amplia preocupación parlamentaria. En todo caso, se ha aceptado la enmienda por parte del senador Yanguas, proponente de la moción, y yo también la voy a apoyar.

Y me gustaría, señor presidente, matizar una cuestión que ha comentado la senadora Leyte. Este de la vespa velutina todavía no es un problema de salud pública, pero sí es un peligro para el ser humano. La avispa tiene un aguijón de 6 milímetros, lo que obliga a la utilización de equipamientos especiales que ni siquiera los apicultores tradicionales poseen, hasta el punto de que en Francia el cuerpo de bomberos, que tradicionalmente era el encargado de retirar los nidos, se ha visto impedido para hacerlo y Francia recurre a equipos especiales por la peligrosidad del insecto. Esta peligrosidad no solo viene por la picadura, que causa un shock anafiláctico, con los graves riesgos que eso conlleva, sino incluso por el contacto. Se han detectado ya casos de ceguera por vespa velutina. En ese sentido, quiero señalar que la avispa está invadiendo las ciudades porque busca las proteínas que encuentra en la carne y el pescado que se exhibe en los mercados, un recurso vital para su desarrollo.




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Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna, arratsalde on, senatari jauna andreok.

Señorías, como ya se ha dicho aquí, hablamos de la avispa asiática, de la vespa velutina nigritorax, porque tiene nombre y apellidos —su madre debería ser nigritorax—, una especie exótica invasiva que llegó a Francia en 2004, sí, pero que se detectó por primera vez en el departamento de Lot-et-Garonne, al sudeste de la Gironde, al sudeste de Burdeos.

En 2013, nueve años después, 62 de los 95 departamentos franceses ya tienen presencia de este depredador; más de la mitad del territorio en nueve años. Entró por la Aquitania francesa, y las primeras especies se encontraron en el territorio del Estado en 2010 a orillas del Bidasoa. Y el ritmo de expansión no tiene por qué ser diferente al que ha sufrido en Francia: 60 kilómetros al año, de forma natural; pero estas, que son muy listas, van en camión e invaden a mucha más velocidad. Y, como ha dicho el senador Yanguas, estas avispas no respetan ni entienden de comunidades autónomas —dicho sea de paso, senador Yanguas, como muchos humanos españoles, que tampoco lo hacen—. Por lo tanto, tenemos que suponer que el ritmo de expansión será el mismo que en Francia. Y si vemos las barbas del vecino pelar, tenemos que ponernos a agilizar las estrategias contra la avispa asiática, lo que es algo imprescindible.

Señorías, aquí hay un problema que probablemente sea el origen de todos los males que hemos podido tener, y es discernir si este es un problema medioambiental por ser una especie invasora o es solo un problema de agricultura o ganadería, o de ambas. Pues bien, en el País Vasco, que fue donde primero entró, desde hace tiempo estamos colaborando entre ambos departamentos, apoyados en una mesa que se ha constituido al efecto, integrada también por las diputaciones, que son las que entienden de ganadería y medioambiente, el sector, y Neiker, que es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es algo que además se está haciendo en coordinación con los servicios de la Comunidad Foral Navarra, como no podía ser de otra manera, porque repito que estas avispas realmente no entienden de fronteras, como ha dicho también el senador Yanguas. Se trabaja en la línea de investigación de trampas para reinas, de la georreferenciación, que es muy importante, de la presencia de las colonias para poder hacer previsiones sobre cómo y dónde se puede extender la plaga, etcétera. Todo esto, repito, en coordinación con la Comunidad foral Navarra.

De hecho, señorías, el Magrama se está basando, lógicamente, en los trabajos de los primeros que los han hecho, tanto en el País Vasco como en la Comunidad Foral Navarra. No se han realizado al ritmo que se tendrían que haber hecho, porque el borrador se presenta a las comunidades autónomas este viernes, el día 12 acaba el plazo para hacer las alegaciones, y después tendrá que seguir el procedimiento hasta llegar a la sectorial. Por lo tanto, esta materia se debería haber agilizado más.

Nosotros consideramos —y vamos más en la línea de la moción presentada en origen— que en este caso las líneas de ayudas son imprescindibles, no solamente la ayuda técnica y el apoyo al sector, sino las ayudas, tanto para paliar las pérdidas económicas del sector por la disminución del censo de abejas, por la disminución de los colmenares, por la menor producción de miel, etcétera, como para los equipos de captura —bien lo ha dicho el senador Martínez Oblanca—, para invertir en equipos de captura y destrucción de nidos, para poner trampas, pértigas, biocidas, etcétera. Y además es imprescindible —y en esto sí es imprescindible el Magrama— agilizar los temas de investigación más desarrollo en materias como las feromonas o los productos específicos para esterilizar a los machos. Porque este no es un problema de 2, 3, 4 o 5 comunidades autónomas, ni era el problema de un departamento francés, es un problema de 95 departamentos franceses. No es el problema de una o dos comunidades autónomas, es el problema de todas las comunidades autónomas, de todo el territorio. Y no solamente del Estado español, sino de la Unión Europea, porque si no entienden de fronteras, y los camiones van en todas las direcciones, volveremos a hacer un pan con unas tortas.

Señorías, es imprescindible articular una estrategia organizada —de acuerdo— y global —de acuerdo,— sobre todo en materia de I+D, liderada por el Magrama y coordinada por el Magrama,




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con las comunidades autónomas y con Europa. En este aspecto consideramos imprescindibles los puntos 3 y 4 de la moción original, porque en los puntos 1 y 2 ya se está trabajando y se ha avanzado mucho. Repito que consideramos muy importantes los puntos 3 y 4, y no queremos renunciar a ellos. Entendemos que la enmienda a la totalidad, de sustitución, que ha presentado el Grupo Popular tiene muy buenas intenciones, pero, de nuevo, no centra el problema, no acaba planteando lo que es importantísimo en este caso, que es invertir en I+D para que esta plaga se pueda afrontar con las mayores garantías posibles.

Por tanto, como el resto de las comunidades autónomas ya lo estamos haciendo, por lo menos los que llevamos padeciendo esto mucho tiempo, creemos que sin esta parte económica de la moción presentada por Unión del Pueblo Navarro, por el Grupo Mixto, nosotros nos podemos apoyar —ya lo siento— la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Bon dia, senyories.

La veritat és que a nosaltres aquesta ens sembla també una moció ben oportuna. Aquest és un problema que s’ha evidenciat en les intervencions dels diferents senadors que m’han precedit en la paraula. És una qüestió que certament pot semblar una mica exòtica en el seu debat —estem parlant d’una vespa que ve de la Xina, i que com ha dit el senador Cazalis té nom i cognoms, velutina nigrithorax—, però la realitat és que hi ha un sector del nostre país que viu de l’apicultura, que està patint les conseqüències d’aquesta invasió d’aquesta espècie i que, per tant, d’aquelles 33 571 tones de mel que fem al nostre país, una bona part d’aquesta mel està compromesa justament per aquest problema que, insisteixo, és un problema greu per a un sector que tenia bones perspectives però que problemes d’aquest tipus poden acabar complicant-li molt la seva viabilitat.

No entrarem en més detalls, que crec que ja s’han donat tots abastament i que tots els senadors i senadores que han volgut seguir aquest debat en aquest moment sortiran d’aquí sabent una mica més sobre la vespa velutina i sobre les abelles, com hem hagut de fer els que hem hagut d’estudiar la moció, com deia, molt oportuna del senador Yanguas.

Entenem que de la moció —en la línia una mica del que deia el senador Cazalis— hi ha una qüestió fonamental que és veure de quina manera —sabem que la invasió no la podrem eliminar totalment— podem protegir les explotacions dels apicultors. Per tant, hi ha dues qüestions fonamentals: una són, evidentment, les ajudes per superar aquest trànsit en el temps en què es troba una solució definitiva, i una altra, que crec que està molt clarament en la línia de l’esmena que presentava el Grup Socialista, que és la qüestió relacionada amb la R+D i trobar una feromona que pugui funcionar com un mecanisme de captura d’aquesta vespa. No ho ha dit ningú però en aquests moments, perquè ho sàpiguen, els mecanismes que s’utilitzen és col·locar en una trampa per a abelles cera vella, cervesa o xarop de cassis —ara no els explicaré què és el cassis perquè seria llarg, però és una beguda de la meva terra—. En tot cas, com poden veure, són mecanismes que són absolutament i clarament insuficients.

Per tant, nosaltres entenem també que la moció hauria de quedar en els termes que s’ha plantejat o que, d’alguna manera, seria positiu que quedés en aquests termes per donar una resposta al problema, que fos una resposta eficaç, i que no parléssim una altra vegada de voluntats, de bones voluntats, que mai no acaben de concretar-se.

Gràcies.

Buenos días, señorías.

La verdad es que a nosotros esta también nos parece una moción oportuna. Este es un problema que se ha puesto en evidencia en las intervenciones de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Ciertamente, es una cuestión que puede parecer un poco exótica en su debate —estamos hablando de una avispa que viene de China y que tiene nombre y apellido, como ha dicho el senador Cazalis—, pero la realidad es que hay un sector de nuestro país que vive de la apicultura y que está sufriendo las consecuencias de la invasión de esta




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especie; por tanto, una buena parte de las 33 700 toneladas de miel que hacemos en nuestro país está comprometida precisamente por este problema, que insisto que es grave para un sector que tenía buenas perspectivas y cuya viabilidad se puede complicar mucho por problemas de este tipo.

No voy a entrar en más detalles, porque creo que ya se ha hablado muy ampliamente por parte de todos los senadores y senadoras que han querido seguir este debate. Saldrán de aquí sabiendo un poco más de la vespa velutina y de las abejas, al igual que los que hemos tenido que estudiar la moción, muy oportuna, como he dicho, del senador Yanguas.

En línea con el senador Cazalis, entendemos que existe una cuestión fundamental, y es, aunque no podemos eliminar totalmente la invasión, saber de qué forma podemos proteger las explotaciones de los apicultores. Por tanto, existen dos cuestiones fundamentales: una, evidentemente, son las ayudas para superar este tránsito en el tiempo hasta que se encuentre una solución definitiva, y otra, que está muy claramente en la línea de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, es la cuestión relacionada con el I+D y con encontrar un feromona que pueda funcionar como mecanismo de captura de esta avispa. No lo ha dicho nadie, pero en estos momentos los mecanismos que se utilizan consisten en colocar en una trampa para abejas cera de abeja, cerveza y jarabe de cassis —no les voy a explicar lo que es el cassis, porque sería largo, pero se trata de una bebida de mi tierra—. Como pueden ver, son mecanismos absoluta y claramente insuficientes.

Por tanto, también creemos que la moción debería quedar en los términos en los que se ha planteado para dar una respuesta eficaz al problema y que no volviéramos a hablar de buenas voluntades, que nunca terminan de concretarse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Animaria al senador Boya, que per fer pedagogia del que és el xarop de cassís, que convidés a totes les senyories a provar-lo i veure com n’és de bo aquest meravellós brevatge que tenim per allà dalt. Que quedi aquí, dit en un Ple.

Entrem al fons del debat. Senador Yanguas, ho podria arribar a entendre, quan vostè diu que no acceptarà la meva esmena, com un element ha dit de racionalització jurídica. Si fos així, moltes de les lleis aprovades en aquesta cambra no podrien haver-se aprovat perquè la racionalització jurídica i l’entrellaçament de diferents conceptes amb diferents lleis de temes que tenien poca relació o mínima relació o s’ha hagut de forçar molt la interpretació per a poder-les relacionar, no les hauríem pogut aprovar aquí. Per tant, jo entenc els seus arguments i, evidentment, no els comparteixo però deixi’m dir-li això.

Després també voldria demanar una altra cosa. Crec que som aquí per a dialogar, per a parlar, per debatre i no única i exclusivament quan pugem al faristol i expliquem els nostres posicionaments. Fins i tot jo crec que és una feina prèvia, una feina prèvia en la qual tots aquells senadors que estem implicats amb una moció corresponent, hauríem de tenir aquesta cortesia parlamentària en la qual poguéssim parlar i posar damunt la taula els diferents punts de vista. Hi jo sóc el primer. Com a demòcrata-cristià, jo el primer de culpabilitzar-me que potser no ho he fet quan no he presentat alguna moció al respecte però sí que hauríem de tenir aquesta cortesia parlamentària en la qual puguem comunicar-nos el més aviat possible i tenir aquest flux d’informació per un tema —i ara sí que vaig a la qüestió essencial— per un tema que és de molta preocupació, que pot semblar certament exòtic, fins i tot pel nom, com bé ha dit el senador Cazalis, que tenia pare i mare pel nom que té la vespa asiàtica, però sí que tenim aquesta necessitat de parlar d’aquest tema preocupant. Preocupant no només pel que fa a la producció de mel, sinó per l’efecte que pot tenir —i torno a repetir— per l’equilibri ecològic i per la funció de pol.linització que fan les abelles amb diferents productes agraris.

En aquest cas, Catalunya pertany, que suposo que a partir d’aquella proposició de llei que es va presentar al Congrés dels Diputats es va formar aquest grup o aquest subgrup, el Govern de Catalunya pertany al subgrup de treball de la vespa asiàtica i va assistir a una reunió aquí a Madrid el 17 de desembre de 2013. Amb aquest grup de treball el que s’està fent és tenir una permanent relació entre diferents administracions. Abans ho hem dit. En aquest cas la globalització de la




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vespa asiàtica ens ha portat a que no sàpiga de fronteres i que vagi passant a diferents territoris. S’ha parlat de l’entrada pel País Basc, perquè això ha tingut també una afectació a Navarra, Astúries mateix, a Galicia i en aquest cas també al nord de Catalunya. Al nord de Catalunya com poden ser les comarques del Ripollès, de la Garrotxa, de l’alt Empordà i de La Selva. Aprofito també per esmentar-ho a tots aquells senadors que provenen d’aquests territoris.

El que s’ha fet des del 2013 a Catalunya, és elaborar un protocol d’actuació que s’ha executat per tal de combatre aquesta vespa asiàtica. Es concreta, aquest protocol, amb la retirada de tres nius durant el 2013. La detecció de 15 localitzacions de presència de l’espècie, que s’estenen per les comarques que abans he dit, i durant aquest 2014 s’ha dut a terme la instal.lació de paranys selectius adquirits pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i subministrament als apicultors. A més a més, hi ha una funció essencial, que és la formació del capital humà. En aquest cas, els apicultors que tenen una actuació poden ser molt proactius en aquesta línia i poder així ajudar al que volem que és l’eradicació o, si més no, la limitació de la proliferació d’aquest parany que tenim i, en aquest cas, d’aquest element que és la vespa velutina nigrithorax, que bé ha dit el senador Cazalis.

I ara em refereixo al final. Aportació de l’administració autonòmica. Aportació de diners per part de l’administració autonòmica. I aquí hi veiem el principi de subsidiarietat. Les administracions que estan més a prop del problema són les que finalment se n’han de fer càrrec i parlo tant de les administracions locals, en aquest cas les administracions autonòmiques, i la coordinació que hauria de fer o que s’està fent per part del Magrama. Però amb l’excepció que amb aquesta moció, o amb aquestes esmenes que s’han acceptat, o aquesta transaccional acceptada entre el grup de UPN i el Partit Popular, no s’hi veu, de cap manera, que hi hagi una aportació econòmica, sinó que aquí qui se n’ha de fer càrrec són les administracions, en aquest cas, les autonòmiques.

Per això, el meu dubte a l’hora de votar. Tot i que amb el fons d’aquesta moció hi podríem estar d’acord, tinc el meu dubte a l’hora de votar a favor. Perquè necessitem la coordinació de les diferents administracions però també unes dotacions pressupostàries perquè es puguin fer les actuacions pertinents. Perquè, si només ens cenyim al que li correspon a la pròpia administració més propera, en aquest cas autonòmica, no acabarem de lligar-ho tot.

Per tant, els demano que es faci aquest esforç. A més a més de les polítiques que s’han demanat d’inversió més desenvolupament, que es pugui tenir la coordinació entre les diferents universitats que ja estan treballant. Entre els apicultors. Entre les organitzacions professionals agràries —nota a peu de pàgina— molt necessàries i que estiguin representades en els diferents òrgans que avui tractarem o potser el dia de demà, però durant el Ple en el qual estem haurem de tractar la seva representativitat. Que hi hagi una coordinació de tots els agents que hi estan implicats. I aquesta coordinació no tan sols és única, exclusivament d’actuació sinó d’aportació de fons.

I, pel que veig amb aquestes esmenes, no s’hi observa de cap manera aquesta aportació de fons ni aquest increment. Per tant, torno a repetir, tot i l’acceptació o l’acord en el fons d’aquesta moció amb les seves esmenes, amb les esmenes acceptades, com que no hi ha una aportació de fons i sembla que els que hàgim de ser els «paganos» és l’administració que està més propera, en aquest cas, l’administració autonòmica que, per cert, tenim competències exclusives, doncs ens abstindrem, tot i que ho sentim molt.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Animaría al senador Boya a que, para hacer pedagogía del jarabe de cassis, invitara a todas sus señorías a probarlo para que vieran lo bueno que es ese maravilloso brebaje que tenemos por allí. Queda dicho aquí, en el Pleno.

Entramos en el fondo del debate. Senador Yanguas, podría llegar a entender que usted no aceptara mi enmienda por un elemento de racionalización jurídica, como ha dicho textualmente. Si así fuera, muchas de las leyes aprobadas en esta Cámara no podrían haberse aprobado, porque al estar entrelazados distintos conceptos en distintos temas con poca relación o una relación mínima, se ha tenido que forzar mucho la interpretación para poderlos relacionar. No las hubiéramos podido aprobar aquí. Por tanto, déjeme que le diga que entiendo sus argumentos, pero evidentemente no los comparto.




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También quisiera pedir algo. Creo que aquí estamos para dialogar, para hablar, para debatir, y no única y exclusivamente cuando subimos a la tribuna y explicamos nuestros posicionamientos. Creo incluso que hay un trabajo previo y que todos los senadores que estamos implicados en una moción deberíamos tener esa cortesía parlamentaria para hablar y poner sobre la mesa los distintos puntos de vista. Por tanto, yo me pongo el primero, como demócrata-cristiano, en culpabilizarme porque quizás no lo he hecho siempre cuando he presentado alguna moción. Pero deberíamos tener esta cortesía parlamentaria para poder comunicarnos lo antes posible y tener ese flujo de información sobre un tema —y ahora sí que voy a la cuestión esencial— de mucha preocupación y que puede parecer ciertamente exótico, incluso por el nombre que, como bien ha dicho el senador Cazalis, tiene la avispa asiática, con padre y madre. Tenemos la necesidad de hablar de este tema, que no solo es preocupante en relación con la producción de miel, sino por el efecto que puede tener —lo vuelvo a repetir— para el equilibrio ecológico y para la función de polinización que realizan las abejas en distintos productos agrarios.

Supongo que este grupo o subgrupo se formó a partir de la proposición no de ley que se presentó en el Congreso de los Diputados, y el Gobierno de Cataluña, que pertenece al subgrupo de trabajo de la avispa asiática, asistió a una reunión aquí, en Madrid, el 17 de diciembre de 2013, un grupo de trabajo que ha tenido una relación permanente con distintas administraciones. Ya se ha hablado de la globalización de la avispa asiática, que no entiende de fronteras y va saltando de territorio en territorio. Se ha hablado también de su entrada por el País Vasco y de que ha tenido una afectación en Navarra, Asturias, Galicia y también el norte de Cataluña, en las comarcas del Ripollés, de la Garrocha, del Ampurdán y de la Selva. Y aprovecho para mencionar a todos los senadores que provienen de todos estos territorios.

En Cataluña, desde 2013 se ha elaborado un protocolo de actuación para combatir esta avispa asiática, un protocolo que se ha concretado con la retirada de 3 nidos en 2013 y la detección de 15 localizaciones de presencia de la especie, que se extiende por las comarcas que antes he citado. Y durante 2014 se han instalado trampas selectivas adquiridas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se han suministrado a los agricultores. Además, existe una función esencial, como es la formación de capital humano, en este caso de los apicultores, que pueden ser muy proactivos y ayudar a lo que queremos: a la erradicación o al menos a la limitación de la proliferación de este parásito, de la vespa velutina nigrithorax, como bien ha dicho el senador Cazalis.

Y ahora me voy a referir a la aportación de fondos por parte de la Administración autonómica. Aquí vemos el principio de subsidiariedad. Las administraciones que están más cerca del problema son las que finalmente se deben hacer cargo, y hablo tanto de las administraciones locales, en este caso, de las administraciones autonómicas, como de la coordinación que se debería hacer o que se está haciendo por parte del Magrama. Pero en esta moción y en la enmienda que se ha aceptado, en la transaccional aceptada entre UPN y el Grupo Popular, no se ve de ninguna forma que exista una aportación económica, sino que quien debe hacerse cargo de ella son las administraciones autonómicas. Por ello, aunque podríamos estar de acuerdo en el fondo de la moción, mi duda a la hora de votar a favor está en que necesitamos la coordinación de las distintas administraciones pero también unas dotaciones presupuestarias para que se puedan realizar las actuaciones pertinentes, porque si nos ceñimos únicamente a lo que corresponde a la Administración más cercana, en este caso, la autonómica, no acabaremos de atarlo todo.

Por lo tanto, les pido que se realice este esfuerzo, además de las políticas que se han pedido: inversión en I+D, coordinación entre las distintas universidades que ya están trabajando en ello, entre los apicultores y entre las organizaciones profesionales agrarias —nota de pie de página: muy necesarias—, y que estén representadas en los distintos órganos sobre los que trataremos hoy, o quizá mañana, en el Pleno, en las que estamos presentes. Es necesario que exista una coordinación de todos los agentes que están implicados, y esta coordinación no es única y exclusivamente de actuación, sino de aportación de fondos. Pero, por lo que veo, con estas enmiendas no se observa de ninguna forma esta aportación de fondos ni este incremento.

Por consiguiente, reitero que, a pesar de estar de acuerdo con en el fondo de la moción y con la enmiendas aceptada, como no existe una aportación de fondos y parece que los que tendremos que acabar pagando seremos la Administración más cercana, que, repito, en este caso es la




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Administración autonómica —por cierto, con competencias exclusivas—, nos abstendremos, sintiéndolo mucho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Después de escuchar atentamente al resto de senadores que han intervenido, entiendo que la senadora Leyte no ha contestado a mi pregunta sobre si tenía conocimiento de que se estuviera ya trabajando en algún proyecto de investigación y desarrollo para la consecución de esa feromona que posteriormente se utilice para conseguir una captura más directa. Al final no he tenido claro si me ha contestado o no, pero, como digo, entiendo que no lo ha hecho.

Creo que aquí ha quedado perfectamente clara la importancia que tiene esta especia invasora, lo que nos hace ver lo importante del control de las fronteras para que estas situaciones no se vuelvan a producir. Aquí tan solo vengo a decir lo que nos han trasladado los apicultores, en concreto, más de 32 organizaciones entre apicultores, ecologistas y cámaras agrarias, que se han unido para pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a 9 comunidades autónomas que adopten las medidas a su alcance y frenar así la expansión de la avispa asiática y minimizar los daños que produce en el medio ambiente y las pérdidas económicas en los sectores de la apicultura y la fruticultura, ya que esta situación empieza a ser alarmante por la falta de medios para hacer frente a este insecto invasor y a su rápida propagación, como nos indican las cifras actuales desde la llegada de este insecto, allá por el año 2004. País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, Cantabria y probablemente en breve Burgos y La Rioja. Esto es lo que dicen los apicultores que constituye el actual mapa de las regiones infectadas por esta avispa asesina.

Entiendo que tomándonoslo con la seriedad con que esto se debe de tomar y con la gravedad que este problema supone, creo que a los apicultores, que son de los más perjudicados —ahí están las cifras del número de explotaciones apícolas que hay ahora mismo en España, ejemplo de la importancia que España tiene en la producción de miel en la Unión Europea y en el mundo—, les tenemos que decir algo más que dejarlo en papel mojado. Por ese motivo creo que es necesario que detrás de esta moción se incorpore una partida presupuestaria para investigación y desarrollo que vaya en la dirección de erradicar esta plaga que está sufriendo actualmente nuestro país. Es verdad que según dicen los técnicos es bastante difícil conseguir erradicar, sino que lo más efectivo es controlar la plaga en aquellos territorios donde ahora mismo ya han realizado la invasión, pero entendemos que esta moción queda no sé si decir desamortizada desde el momento en que no se establece ningún tipo de partida económica que vaya en la dirección de buscar una solución a nivel de investigación y desarrollo.

Es cierto que hay que seguir impulsando los trabajos dentro de la estrategia nacional en lo que se refiere a las acciones para acabar con la avispa asiática; que es verdad que esta estrategia se tiene que presentar a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas; que también hay que coordinar con los países de la Unión Europea medidas conjuntas contra la lucha de la avispa asiática, esta avispa asesina, y que hay que impulsar una serie de medidas de información y divulgación entre los apicultores. Pero lo que no es menos cierto es que detrás de un problema tan importante como el que se presenta, como el que ya tiene este país, como el que ya tienen los apicultores de este país, es necesario que esta moción incorpore una partida presupuestaria destinada a investigación y desarrollo dirigida a la consecución de esa feromona que nos permita hacer mucho más efectivo el control de esta importante plaga e intentar solucionar, como no puede ser de otra manera, los importantes problemas que esta avispa, esta especie invasora, está causando en nuestro país.

Por este motivo, en una cuestión tan importante como de la que aquí estamos hablando todos los grupos en relación con la peligrosidad de esta avispa y el perjuicio que está causando en nuestra cabaña apícola a nivel nacional, o por lo menos en aquellas zonas en las que se produce la mayor cantidad de miel para exportación que tiene este país, no entendemos por qué el Partido Popular no ha permitido la aportación del resto de los grupos para intentar sacar una moción y por qué no se trabaja para conseguir unos fondos económicos, con la implicación de los países de la Unión Europea, que permitan luchar contra un problema tan importante derivado de los daños que




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está produciendo esta avispa no solo en nuestra cabaña apícola, sino también por el gran impacto medioambiental que se produce al reducir la biodiversidad de los ecosistemas por su voracidad, que afecta al equilibrio poblacional de muchas especies autóctonas, como insectos, especialmente las abejas, y otros polinizadores. También por los graves perjuicios directos causados en el sector apícola y frutícola dañando cosechas de uva —también se ha dicho—, de manzana o de pera. Y también los problemas causados a las personas como las picaduras, los procesos alérgicos y la colonización de las zonas urbanas y periurbanas, como se ha venido demostrando con la localización de diferentes nidos en árboles de parques en determinadas zonas urbanas. Creo que lo que sí queda claro es que debemos hacer caso a lo que dicen los apicultores, pero lo que no podemos proponer a día de hoy es dejar tan solo en una mera declaración institucional un problema tan importante como el que tienen en este momento los apicultores de este país.

Por este motivo ya les avanzo, sintiéndolo mucho: el Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar esta moción ya que lo que no puede hacerse ante un problema de esta entidad es darles como solución a los apicultores nacionales un mata avispas manual.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias.

En primer lugar quiero agradecerle al senador Yanguas, de UPN, que haya aceptado el texto sustitutivo. A pesar de lo que han dicho posteriormente los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido, sí existe una gran preocupación por parte del ministerio por este problema respecto del que el propio ministerio hizo sus deberes presentando en la Comisión de la Unión Europea de 12 de agosto de 2013 un programa de mejora, que fue aprobado, dentro de los programas de mejora de la producción y comercialización de productos agrícolas, en el que, además, quedó recogida una línea de asistencia técnica a los apicultores para la contratación de técnicos y especialistas que van a realizar labores de información y asistencia técnica a las agrupaciones de apicultores para actuaciones de vigilancia y presencia de nidos de avispa, algo muy importante puesto que es una de las cuestiones que más demandan los apicultores ya que es esencial la localización de esos nidos antes de que se produzca el daño, lo que suele ocurrir a principios de febrero o marzo, que es cuando empiezan a fabricar esas avispas sus característicos nidos de enorme tamaño dado que a su vez estas también triplican el tamaño de la abeja melífera, que es más negra y tiene en un extremo una parte amarilla. Es fundamental que los apicultores estén bien asesorados para poder detectar los nidos y eliminarlos antes de que causen el daño.

Por otra parte, y dentro de esa comisión se aprobó la línea de colaboración con organismos especializados en la realización de programas de investigación aplicados en el sector de la apicultura. También se aprobaron por primera vez los nuevos desarrollos para limitar los efectos de la invasión por la avispa asiática, y en esto, como ya le dije ayer al senador socialista, entra el estudio de las feromonas y el de otras sustancias que posiblemente sean selectivas para esta avispa. Creo que está recogido indirectamente, y que habrá fondos, el coste de todas las medidas que se van a poner en funcionamiento ya que lógicamente la Unión Europea está en esa línea. Se trata de un problema europeo que afecta a Francia y a Portugal aunque se extenderá a más países porque la avispa asiática no reconoce fronteras.

Me gustaría que el senador Cazalis, del Grupo Vasco, reconsiderara su posición, al igual que el senador de CiU. En el Congreso se aprobó por unanimidad y creo que el senador Yanguas ha hecho una buena presentación. El texto recoge la esencia del texto sustitutivo de su moción y considero que deberíamos estar todos de acuerdo en esto y no pensar que está descafeinado, porque los fondos están ahí, para sufragar los estudios, las investigaciones y las detecciones. (Rumores).

Al senador socialista le diré algo que antes no le dije, en parte, por el tiempo. Primero, yo no era quién para aceptar su propuesta, porque la moción era del senador Yanguas. Y, segundo, efectivamente la avispa asiática se conoce desde 2004, ustedes han gobernado hasta 2011, así que tuvieron tiempo de darles fondos a las comunidades autónomas y de empezar a estudiar el problema para que hoy no estuviéramos en estas condiciones. En épocas de más bonanza económica no se hicieron los estudios ni se aplicaron los fondos convenientes y en los momentos




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de más crisis pedimos que se pongan fondos sobre la mesa. Desde luego, es algo que siempre sorprende. Me gustaría, de verdad, que reconsideraran su posición. Repito que en el Congreso no hace muchos meses se aprobó por unanimidad. Creo que aquí podría apoyarse la moción del senador Yanguas aceptando, como ha hecho, el texto sustitutivo, por unanimidad también. Los apicultores lo agradecerían. Las comunidades autónomas están haciendo los deberes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora LEYTE COELLO: Galicia es una de las comunidades en que se ha constituido un comité y, por el bien de todos, debemos aprobar la moción del senador Yanguas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del senador Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 147; en contra, 70; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA PERTINENTE DIRIGIDA A DEROGAR LA VIGENTE LEY ORGÁNICA 1/2014, DE 13 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL.

(Núm. exp. 662/000140)

AUTORES: GPS, GPMX, GPEPC, GPV Y GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 7.4.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.

A esta moción no se han presentado enmiendas. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de quince minutos el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta moción que ha sido refrendada por los grupos de la oposición, a los que agradezco su apoyo, con una única pretensión: que el Gobierno del Partido Popular derogue la ley que desde el pasado mes de marzo ha dado un golpe mortal a los derechos humanos con la práctica supresión de la justicia universal en la normativa legal española. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Y lo hacemos en este momento porque hasta las previsiones más agoreras se han cumplido, por no hablar ya de la deplorable tramitación y procedimiento que se ha seguido: la urgencia, la excepcionalidad, la falta de debate parlamentario, la no existencia de informes previos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, que algo hubieran dicho sobre la inconstitucionalidad o no. Todo ello, nuevamente, viene a demostrar su habitual ejercicio de oscurantismo y desprecio parlamentario, pues lo utilizan solo como un mero instrumento del Gobierno.

Su ley, con los criterios de resolución, nos ha llevado a la limitación, o mejor dicho, a la defunción de la justicia universal y en pocos días su texto normativo ha desencadenado confusión, controversia y polémica interna y externa.

La Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional y la Fiscalía discrepan abiertamente. Se ha gestado una rebelión entre los magistrados que han decidido resistir y se han negado a archivar las causas, y es la primera vez en la historia de la democracia que los jueces se unen de esta




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manera contra una ley. Ha generado manifestaciones como las siguientes: «la rectificaría», «la justicia como moneda de cambio», «trato desigual a las víctimas», «colisión con los tratados», «su resultado es frustrante», «es un error» o «la peor de las críticas posibles». Todas estas frases las han pronunciado jueces como Ruz, Pedraz, Andreu, Velasco, Bermúdez, De Prada, el fiscal general Torres-Dulce o el fiscal de Nuremberg. Pero, ante todo esto, ustedes dicen que son ellos los que están sumergidos en el error.

Las asociaciones y organizaciones de lucha contra la droga están enfadadas, preocupadas y molestas. Existe divergencia entre los juristas nacionales e internacionales, manifestada también por la propia señora Ebadi, Premio Nobel de la Paz. Diversos gobiernos europeos muestran su preocupación. Hay jueces que presentan y presentarán recursos de queja y los fiscales se quejan por no darles opción a opinar. Son muy duras las críticas y apreciaciones del relator de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Fiscalía que ha dejado entrever la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad y hasta de la Real Academia que ha tenido que intervenir para informar sobre la sintaxis de la ley, así como las conclusiones que se ofrecieron aquí, en Madrid, en el foro que se celebró en el pasado mes de mayo, con importantes ponentes.

Señorías, la reforma exprés que ustedes han aprobado falla desde su inicio y después es una auténtica regresión. Han confundido —creo que no lo han confundido, porque lo han hecho con intención—, han querido equivocar la jurisdicción penal con los conflictos jurisdiccionales y así desnaturalizar el propio principio de justicia universal, que es lo que desde el principio ha querido el señor Ruiz-Gallardón y su Gobierno. Han anulado el adjetivo universal, suplantándolo por desfachatez. Dicen ustedes que han ampliado los casos y los delitos perseguibles. Sin embargo, ponen más obstáculos: atan de pies y manos a los jueces, restringen las competencias de los tribunales, que hoy no pueden instruir ni perseguir; vulneran los tratados internacionales y la propia Constitución, laceran el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, contraviniendo la independencia judicial. Señorías, lo más importante en una democracia —y creo que deberían saberlo— es la independencia total y absoluta del Poder Judicial, y aquí, en nuestro país, ustedes han colonizado la justicia con una vicepresidenta del Gobierno que además se ha entrometido en las decisiones judiciales, exigiendo que los jueces retiren y archiven las causas que llevan años instruyendo. Y además de todo esto, quebrantan la tutela judicial efectiva. Y para cuadrar el círculo de la desvergüenza y del bochorno, su ley declara el sobreseimiento de los procesos en curso, exigiendo y demandando que se concluyan los sumarios, y así, por tanto, se archiven las causas, sin tener en cuenta ni la repercusión social ni la gravedad de los hechos ni el alcance internacional y el perjuicio que se puede causar a España. Ustedes, señorías, todavía no tienen muy interiorizada la idea de la imprescriptibilidad, y, si no, ahí están miles de personas enterradas en las cunetas y represores y torturadores del franquismo disfrutando todavía de pensiones del Estado.

Por todo esto y porque su ley obedece únicamente a sus criterios extrajurídicos, que atentan contra el principio de separación de poderes, con una clara injerencia en el Poder Judicial; porque es una ley que no aporta nada, es deficiente, no sirve para lo que se creó y está dictada para un caso concreto, es por lo que traemos a esta Cámara la derogación de su texto normativo.

Señorías, su ley tiene evidentes efectos perniciosos para nuestro país. Ya no es que sea una chapuza legislativa ni anule la posibilidad de expurgar a genocidas o violaciones sistemáticas de los derechos humanos; no, es que con su reforma se ha reducido a la mínima expresión la garantía jurisdiccional y se ha acabado con el prestigio y la referencia que era España hace veintiocho años. La justicia universal dignificó a nuestro país por su activismo judicial para perseguir execrables delitos. La marca España, que a ustedes tanto les gusta, era reconocida, pero era reconocida sin campañas publicitarias. Ustedes con su posición, y el señor Ruíz-Gallardón con sus posicionamientos nos van a llevar a ese club de segunda, de potencia de segunda, como dijo John le Carré, del que tanto nos costó salir.

Señorías, han arroyado a las víctimas, dejándolas desamparadas. La Justicia tiene que ser independiente y operar sin miedo a las consecuencias. Pero para ustedes prima el mercado, priman las relaciones intercomerciales y las inversiones, frente a los derechos humanos. Ustedes ven la Justicia como un producto comercial y tienen miedo a las consecuencias económicas de los países poderosos, sin pensar en las víctimas y pensando que la justicia universal perjudica a los intereses económicos. Además, su revisión legal está afectando ahora a delitos mucho más




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cotidianos, porque ya no solo afecta a los casos Couso, Tíbet, Ruanda, Irak, Ellacuria o Carmelo Soria, no solo afecta a los vuelos de la CIA, a la Flotilla de la Libertad o a los activistas saharauis; es que en los últimos días se está excarcelando a narcotraficantes. Si los datos no me fallan, ya son 53 los delincuentes que entran y salen de nuestras cárceles en tan solo dos meses de vigencia de la ley, y esto todavía no ha acabado.

Señorías, ustedes lo saben: en Galicia, las madres de la droga se muestran escandalizadas con su reforma; en el Campo de Gibraltar se manifiestan con irritación por dejar impune el tráfico de drogas; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado observan incrédulas cómo su exitoso trabajo y su esfuerzo para luchar contra el narcotráfico no sirve para nada; los agentes de la Agencia Tributaria y del Servicio de Vigilancia Aduanera ven cómo sus últimas operaciones se tiran por la borda, dificultando su trabajo para evitar la entrada de droga a través del mar.

España, hasta ahora, era un modelo internacional en la lucha contra la impunidad y estaba en la cabeza de la defensa de los derechos humanos, sin que las fronteras fueran un límite; pero hoy, ustedes solos han dinamitado de un plumazo la capacidad de los tribunales españoles para ejercer la justicia universal. Con ustedes, España ha tirado la toalla y, como dice el ministro: que juzguen otros. Hoy, cuando las organizaciones criminales actúan coordinadamente y los Estados debieran actuar conexionados para enfrentarse a ellas, ustedes se miran al ombligo y convierten la justicia universal en algo local y puramente subsidiario.

El todavía ministro no puede cambiar a su antojo el derecho internacional porque este protege los bienes jurídicos supranacionales que son indispensables en los Estados. El señor Ruíz-Gallardón, al contrario, debiera procurar que se actuara de manera coordinada y debiera ser el primero en brindar una protección más efectiva de los derechos humanos, pero desde su gestión política, desde su nefasta gestión política, ha conseguido que no se pueda perseguir a los delincuentes en España, una conquista irrenunciable que ustedes están desbaratando con su absoluta mayoría, que cada día se está pareciendo más a una tiranía.

Esto, tan solo esto, ya les debiera avergonzar como ciudadanos y demócratas; esta marcha atrás en la conquista de derechos humanos, esta impunidad que están generando en nuestro país les debiera abochornar, pero no, ustedes responden a las críticas, como hace todavía el ministro, diciendo que esta justicia ha creado conflictos, que España no puede ser el gendarme del mundo, que daña nuestra política exterior y que si nos metemos en políticas de otros no nos respetarán más. Es una reflexión demencial porque ocurre francamente lo contrario: esto significa plegarse a los poderosos, primar más los intereses económicos y los contratos suculentos. Significa no molestar a los genocidas y los corruptos, los tiranos, los mafiosos y los delincuentes de cuello blanco estarán encantados con ustedes y con su marca España.

Por el contrario, las víctimas, los familiares, los jueces, las policías estarán indignados, señorías, porque las víctimas son universales y universal es la obligación de perseguir y juzgar a los delincuentes. Siempre, señorías, siempre debiéramos tener presente el sufrimiento y las necesidades de las víctimas en busca de justicia y esto no es ser gendarme del mundo sino hacer el mundo un poco más justo y con menos impunidad.

El señor Gallardón dice que la legislación anterior era ineficaz porque ha habido pronunciamiento en un solo caso y que esta norma sí generaba más problemas; pero esto no es cierto, señorías. Ustedes han dejado que el dinero, el chantaje, los intereses económicos y comerciales, los intereses de potencias extranjeras, la deuda de España y China ganen sobre las víctimas y los derechos humanos. Han cerrado la puerta abierta que dejó la ley de 2009 porque España, en aquel momento, sí generaba confianza y se mostraba como un socio fiable.

Ahora se oye en algunos círculos de ustedes que, después del estropicio que han montado, van a hacer una re, re, re, re, remodificación para corregir algunos defectillos. Pues bien, no corrijan defectillos, hoy tienen una oportunidad: aprovechen esta moción, revoquen esa ley y deróguenla porque así España será un país fiable. Si no lo hacen, solo será fiable para las mafias y para los poderosos, pero no para los débiles y los comprometidos con el derecho internacional.

Si no aceptan esta moción estarán vendiendo justicia por capital y sumisión; si no suprimen esta ley conseguirán que los delincuentes y los criminales se rían de nuestros cuerpos de seguridad, se burlen de nuestros jueces y se mofen de las víctimas.

Y ustedes lo van a permitir, señorías, porque son tan previsibles que a pesar de que la oposición en su conjunto presenta esta moción van a votar en contra, y lo harán siguiendo los




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dictados de China, de Israel o de Estados Unidos porque ¿a ustedes qué les importan los genocidios del Tíbet, de Ruanda, del Sáhara o Guatemala? A ustedes les da lo mismo el caso Couso, el de Carmelo Soria o el de Ellacuría; a ustedes no les merece la pena la Flotilla de la Libertad, los vuelos de la CIA o los refugiados de Raf; a ustedes no les afecta para nada el limbo de los barconarcos y la excarcelación de delincuentes; a ustedes todo esto no les importa nada.

Pero hoy va a quedar una cosa muy clara y es que ustedes están solos, señorías, porque la reforma de 2009, que tanto les gusta a ustedes citar, que impulsó el Partido Socialista y que contó con el apoyo de otros grupos parlamentarios, incluido el suyo, la van a acabar derogando porque acaban con la justicia universal. Conseguirán que España siga perdiendo calidad democrática y credibilidad. Harán que en España se favorezcan las conductas ilícitas, que la humillación se coloque junto a los que creemos en las libertades y en los derechos humanos.

Hoy, señorías, cuando le den al botón y voten en contra de esta moción, se van a rendir a la agenda económica de los potentados porque, como ustedes dicen: al gigante chino, ni se le toca. Pues todos los socialistas, y muchos más, seguiremos trabajando para intentar acabar con esta ley inmoral, cuya inconstitucionalidad es tan flagrante y tan deliberada que acudiremos al Tribunal Constitucional por dos cosas: para conservar el respeto reglamentario y para recuperar la dignidad de las víctimas que a ustedes les falta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Debatimos hoy otra vez sobre justicia universal, sobre jurisdicción universal, porque aquí el senador Rodríguez Esquerdo nos acusa de falta de debate. Pero ayer debatimos sobre justicia universal; volvemos a debatir hoy sobre justicia universal, y lo hacemos en relación a esta moción que presentan el resto de los grupos de la Cámara, por la que nos piden a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, que apoyemos precisamente su iniciativa y que el Gobierno presente un proyecto de ley que derogue la Ley Orgánica 1/2014, una ley orgánica que trajimos a esta Cámara como proposición de ley, que debatimos de acuerdo con lo previsto en los reglamentos de las Cámaras —la debatimos en profundidad— y que la aprobamos en uso, señoría, de la mayoría parlamentaria que nos da la confianza que depositaron en nosotros los ciudadanos en las últimas elecciones generales. Nos pide, por tanto, que nos retractemos. No nos vamos a retractar, somos responsables con la proposición de ley que trajimos a esta Cámara —la actual ley orgánica— y, por supuesto, vamos a votar en contra de la moción que traen todos los grupos parlamentarios.

Ha criticado su señoría la reforma. Ha hablado de golpe mortal a la justicia universal, de defunción de la justicia universal. Ha hablado de las críticas de los distintos jueces que hemos visto en diversos artículos de prensa. Yo creo que ayer el señor ministro fue muy claro con esta cuestión, porque ya se trató en el debate de ayer: respeto absoluto a lo que dicen los jueces; respeto absoluto a la separación de poderes. No hagamos de estas discrepancias un problema político cuando es un problema jurídico que se tiene que resolver por el Tribunal Supremo. Ha hablado también de las pretendidas intromisiones de la presidenta, señalando que consideramos que los jueces están sumergidos en el error. Le vuelvo a decir: respecto absoluto a la libertad de expresión y respeto absoluto a la separación de poderes.

Ha hablado también de las críticas de los relatores de Naciones Unidas, respecto de esta ley orgánica, en el congreso que se celebró sobre justicia universal y que promovió precisamente la Fundación Baltasar Garzón. Un congreso cuya conclusión sabemos que en ningún caso iba a ser apoyar esta reforma, sino hacer una crítica absoluta a la misma. Quizás esto deba debatirse en un foro mucho más amplio que el que tenemos nosotros aquí. Yo entiendo que los relatores de Naciones Unidas digan: ¿qué ocurre con el principio de jurisdicción universal? Pero, ¿qué ocurre con Naciones Unidas?, ¿qué ocurre con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando en cuatro intentos se ha vetado por dos países, China y Rusia, la posibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda intervenir y enjuiciar las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Siria? Yo creo que también tenemos que reflexionar sobre ello.




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En relación a todo este tipo de críticas que ha señalado su señoría, me gustaría leerle dos extractos de declaraciones precisamente en contra de la restricción del principio de justicia universal. El primero dice: El principio de justicia universal en España perderá lo esencial de su eficacia humanitaria y democrática con esta reforma legislativa oportunista, apresurada, subrepticia, que pretende reducir a la simple defensa de los intereses españoles. Expresamos nuestra más enérgica disconformidad ante la amputación de nuestro sistema jurídico de un instrumento legal, que ha permitido a los tribunales españoles actuaciones avaladas por el Tribunal Constitucional, de extraordinaria eficacia y prestigio mundial, y que ha significado una singular aportación al derecho penal internacional frente a la impunidad de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos. Otro extracto de otra declaración dice así: Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia universal para las graves violaciones de derechos humanos, los parlamentarios trabajen para ampliar los resquicios de impunidad. Yo imagino que sus señorías estarán de acuerdo con estas declaraciones. Una la formuló la Unión Progresista de Fiscales, y la otra Jueces para la Democracia. Y le podría citar otras muchas, pero estas críticas las realizaron contra la reforma de la justicia universal que en el año 2009 trajo el Grupo Parlamentario Socialista a esta Cámara, y lo que ahora hacen ustedes es reeditar esos argumentos que en su momento se hicieron contra su reforma y oponerlos a la nuestra.

Señoría, frente a todos estos que ha señalado en contra de la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, yo tengo que oponerle uno muy simple, y es el principio de la racionalidad normativa. Con nuestra reforma nosotros hemos intentado determinar el alcance de este principio de jurisdicción universal de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales, porque ese es el objeto de la reforma: trasladar a nuestra legislación los criterios de conexión y el principio de subsidiariedad que se establece en los tratados internacionales. Por tanto, nosotros consideramos que esta reforma no vulnera la Constitución, aunque, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a aceptar y respetar, tal y como debe ser, lo que diga el Alto Tribunal en relación con las cuestiones o recursos de inconstitucionalidad que se puedan plantear; y por supuesto no vulnera en ningún caso los tratados internacionales porque no puede hacerlo en virtud del principio de jerarquía normativa.

Tendría que decirle, además, señoría, frente a ese argumento del golpe mortal contra la justicia universal, que con esta reforma no se elimina en absoluto. La justicia universal sigue estando ahí, operativa, modulada por esos criterios de conexión y ese principio de jurisdicción universal, pero, por supuesto, España va a seguir contribuyendo a la persecución de la impunidad de delitos tan graves como puede ser el genocidio, los delitos de lesa humanidad, el narcotráfico, la piratería y cualesquiera otros. España va a seguir colaborando y lo va a seguir haciendo ejerciendo la jurisdicción cuando así le corresponda de acuerdo con lo que prevé la nueva norma o bien cooperando judicial y policialmente con el tribunal competente o con el Tribunal Penal Internacional. Lo que hay que fomentar es el fortalecimiento del Tribunal Penal Internacional y los instrumentos de cooperación para reducir esos resquicios de impunidad a la mínima expresión. Y en eso estamos, en continuar ejerciendo la justicia universal y trabajando para eliminar, como digo, esos resquicios de impunidad.

En el texto de la moción se exponen, además, una serie de argumentos contundentes contra ella que creo merecen una respuesta por parte de nuestro grupo parlamentario. Ya que vamos a votar en contra considero necesario que desde esta tribuna les ofrezca una explicación sobre esos argumentos que ustedes exponen en su moción. En primer lugar, y también lo hacía el senador que ha defendido la moción, hacen ustedes críticas al procedimiento, incluyendo esa crítica genérica a la falta de debate, y lo que quisiera pedir, y particularmente al Grupo Parlamentario Socialista, es que hagan oposición, pues sé que tienen que hacerla, pero de manera coherente, porque echando la vista atrás y viendo cómo llevaron ustedes a cabo en el año 2009 la reforma a través de una enmienda que se incorporó a una ley orgánica complementaria de la ley que implantó la Oficina Judicial —una enmienda que, por supuesto, no traía aparejados informes de los órganos consultivos y que se hizo de una forma tan subrepticia y sin debate—, no me digan ustedes ahora esto. Hagan oposición, pero háganla de forma coherente; echen la vista atrás, miren lo que hicieron ustedes, y luego recapaciten.

En segundo lugar, dicen también que nuestra reforma establece una confusión palmaria entre los principios de atribución jurisdiccional, que son los de territorialidad, personalidad, interés real y




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el principio de universalidad, y los principios de resolución de conflictos, y que esto, además, implica una desnaturalización del principio de jurisdicción universal puro consagrado por el legislador de 1985. Y yo me pregunto si es que tanto les incomoda su reforma del año 2009 como para que ahora la omitan de repente. El legislador del 2009 ya introdujo criterios de conexión, pero ahora parece ser que esa voluntad de dicho legislador ha desaparecido por arte de magia; legislador, por otra parte, que les recuerdo que fueron ustedes.

Y en relación con la confusión palmaria, sinceramente, creo que la confusión la tienen ustedes, porque están confundiendo los diferentes criterios que establece el artículo 23 en sus diversos apartados con los criterios de conexión del apartado 4, que establece el principio de jurisdicción universal. Porque está claro que el principio de territorialidad, que es un foro común para el ejercicio de la aplicación del derecho penal de un país, es indiscutible y está en el apartado 1; el de personalidad está en el 2; el de protección del interés real en el 3 y en el 4 está el principio de justicia universal, en el que se establecen unos criterios de conexión. Y les vuelvo a recordar que fueron ustedes los primeros que establecieron criterios de conexión para poner en marcha la competencia de los jueces y tribunales españoles más allá de nuestras fronteras en virtud de ese principio de jurisdicción universal, criterios que es cierto que ahora se reformulan y se especifican para los distintos delitos, pero siempre de acuerdo con lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales.

También critican en el texto de su moción la ampliación de la lista de delitos, dicen que son de carácter transfronterizo y que lo que quieren realmente los tratados es que se aplique bien el principio de territorialidad bien el principio de personalidad activa. Sinceramente, yo no entiendo cómo ustedes critican la ampliación de la lista de delitos perseguibles a través del principio de jurisdicción universal, es más, el Congreso de Justicia Universal que se desarrolló en Madrid esta última semana propuso precisamente ampliar todavía más esa lista de delitos, e incluir determinados delitos contra la naturaleza, contra el medio ambiente, delitos económicos que afecten a una generalidad de personas. Luego hay un foro, del que al parecer tienen muy buena opinión, que lo que propuso precisamente fue ampliar más esa lista de delitos.

Y respecto a que los tratados lo que requieren es que se aplique el principio de territorialidad o de personalidad activa, por supuesto, ninguna discusión al respecto. Ya lo he dicho: el de territorialidad es un foro indiscutible, que aparece recogido en el artículo 23, y el de personalidad activa es otro foro indiscutible, que aparece fundamentalmente en el apartado 2, pero también en el 3 y en el 4, de jurisdicción universal, porque lo pueden ver ustedes tanto en el enunciado inicial como en multitud de apartados: en el a), en el b), en el c), en el e), por citar algunos, porque son muchos más los que recogen ese principio de personalidad activa.

Asimismo, señalan que lo que hace nuestra reforma es establecer obstáculos en materia de extradición; critican precisamente que se le atribuya a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la competencia para enjuiciar si el Estado requirente cumple una serie de requisitos y además lo califican todo de una medida cosmética. Señorías, el principio de subsidiariedad, que recoge el apartado 5 y que es al que ustedes dirigen esta crítica, es un principio generalmente aceptado y su fuente mana del principal instrumento que tiene la comunidad internacional para perseguir los delitos en virtud del principio de justicia universal, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde aparece recogido este principio de subsidiariedad en el que se inspira nuestra norma.

Ni este principio de subsidiariedad ni tampoco la competencia que se le atribuye a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueden considerarse como un obstáculo a la extradición y tampoco como una medida cosmética, tienen otras finalidades, como es asegurar un proceso con las garantías debidas, que las medidas que se adopten y las actuaciones que se lleven a cabo sean realmente eficaces, incluso promover que el Estado en cuestión realmente se implique en la protección de los derechos fundamentales. Y, efectivamente, se atribuye esta competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero yo creo que nadie aquí cuestiona ni la capacidad de juicio ni la experiencia que tiene esta Sala Segunda del Tribunal Supremo para llevar a cabo este enjuiciamiento.

Señalan ustedes también —ya he hecho referencia a ello con anterioridad— la inconstitucionalidad de esta norma. Nosotros consideramos que esta norma cumple de verdad con lo que dispone nuestra Constitución y cumple con los tratados internacionales. Por supuesto, ya le he dicho que en el supuesto del recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad,




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seremos siempre respetuosos con lo que diga el Alto Tribunal, pero no traeríamos a esta Cámara una norma que consideráramos inconstitucional; si la traemos es porque la consideramos absolutamente respetuosa con la Constitución y absolutamente respetuosa con el derecho internacional convencional.

También ha hecho usted referencia a las víctimas de los delitos. Decir eso es tanto como decir que el derecho internacional también discrimina a las víctimas en función de los delitos, porque lo que hacemos es trasladar a nuestro ordenamiento los criterios de conexión que se establecen en los tratados para garantizar un cumplimiento acorde con las obligaciones que España ha asumido en virtud de esos tratados internacionales.

Asimismo, dicen en su moción que supone un ataque a la separación de poderes, en particular refiriéndose a la disposición transitoria. Como saben, en este caso estamos ante normas procesales y lo que establece esta disposición es un criterio para una sucesión adecuada entre estas normas procesales. Y yo les pregunto: ¿Que legislen las Cortes Generales y establezcan esta disposición transitoria para garantizar esa sucesión ordenada supone un ataque a la separación de poderes? ¿Supone un ataque a la separación de poderes que las Cortes Generales legislen?

Respecto a los delitos de narcotráfico, el ministro ayer dio una explicación bastante contundente en cuanto a las excarcelaciones de narcotraficantes, que debe ir seguido de una puesta a disposición de las autoridades competentes.

Yo tan solo quiero decirles que nuestra norma establece que los tribunales españoles tienen jurisdicción en todos los casos en los que así lo prevén los tratados internacionales. No tenemos jurisdicción para enjuiciar o para perseguir delitos de narcotráfico en función de esos tratados cuando estamos hablando de buques sin bandera, de buques con bandera de otro país, que naveguen por aguas internacionales, cuyos tripulantes sean extranjeros y que no tengan como destino España. Yo creo que la ley es muy respetuosa con lo que disponen todos los tratados internacionales en esta materia.

Y finalizo reiterando que nuestro grupo, que además es un grupo responsable, va a ser responsable con esa proposición de ley, con esa iniciativa que trajo a la Cámara y, por supuesto, va a votar en contra de la moción presentada.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Se distribuye el tiempo de doce minutos entre los distintos miembros del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, compartiré turno con el senador Martínez Oblanca. Por lo tanto, ajustaré mi intervención a los seis minutos que me corresponden.

Cuando debatimos la proposición de ley en esta Cámara, en mi intervención hice referencia a que entendía que el procedimiento seguido constituía un fraude; un fraude legislativo que tenía como objetivo fundamental eludir la incorporación a un proyecto de ley de informes preceptivos: Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial. Precisamente aquellos a quienes corresponde interpretar y aplicar la ley. Se trataba, por tanto, no solo de buscar el respeto a las exigencias legales y procedimentales legislativas, sino de garantizar que quienes tenían como función poner en práctica la ley fueran copartícipes de ella. El Gobierno y el Partido Popular decidieron que no fuera así y presentaron como proposición de ley algo que no era fruto del trabajo y de la elaboración de los diputados y senadores del Partido Popular, sino que, como se ha publicado en los medios de comunicación, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y retocado, metido la cuchara, por otros 5 ministerios: Interior, Defensa, Economía, Exteriores y Presidencia. Y el resultado es realmente patético. Ninguno de los objetivos que pretendía conseguir el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado se han conseguido. Se ha abierto una situación de conflicto entre los poderes del Estado y se ha dado lugar a situaciones prácticas difíciles de comprender por la mayoría de la sociedad española: que haya 43 narcotraficantes liberados por la Audiencia Nacional, con la única interpretación posible de la ley, según el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acordada por 13 de los 16 magistrados que la forman, entre los que no se




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cuentan los instructores; negativa de los jueces instructores a archivar las causas pendientes, como pretendía la disposición transitoria, por entender que esta cláusula transitoria y el conjunto de la ley resultan inconstitucionales, primero, por vulneración del artículo 10.2, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales; también por vulneración del artículo 24.1, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, por exigirse requisitos diferentes para la persecución de los delitos de terrorismo en los que las víctimas sean españolas y para las víctimas españolas de delitos de lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en cuyos caso, además, se pide que el autor sea español o residente en este país y que se le haya denegado la extradición; por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución española, por entender que esa disposición transitoria, además, era el motivo fundamental de la ley. Estamos en uno de los pocos casos de la historia legislativa en la que un proyecto de ley se construye alrededor de una disposición transitoria, se construye exclusiva y fundamentalmente para conseguir el resultado inmediato que se busca con esa disposición transitoria; con este proyecto se trataba no solo de convertir en algo utópico la aplicación en nuestro país de la jurisdicción universal, sino sobre todo de encerrar los procedimientos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional por todas esas motivaciones de carácter económico en relación con los intereses exteriores de nuestro país. Ese era el objetivo fundamental del proyecto de ley, y todo lo demás era el acompañamiento.

En su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacía referencia a que el ministro de Justicia, el señor Gallardón, ayer había expresado su respeto a las decisiones judiciales. Le escuché y me congratulé. Porque no fue esa la primera reacción del Gobierno frente la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La primera reacción del Gobierno fue la que expresó en una rueda de prensa, tras un consejo de ministros, la señora vicepresidenta del Gobierno, que ayer nos honró —nunca mejor dicho, porque no ocurre en demasiadas ocasiones— con su presencia en esta Cámara. Y la señora Sáenz de Santamaría dijo en aquella rueda de prensa que, precisamente por el respeto a la división de poderes, los jueces y magistrados, los magistrados de la Audiencia Nacional, los jueces instructores de la Audiencia Nacional tenían y debían aplicar la ley que habían aprobado las Cortes Generales. No deja de ser irónico que el Gobierno invoque además la división de poderes cuando la trayectoria legislativa del Partido Popular en estos dos años y pico de acción de gobierno ha supuesto en multitud de proyectos una vulneración de esa división de poderes. Sin ir más lejos, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la suspensión de los artículos previamente a la reforma de la ley para impedir que culminara el proceso electivo que debería haberse abierto por concluir los períodos de mandato. Abro un paréntesis. ¿Y todo eso para qué, señoras y señores senadores? ¿Para conseguir elegir un magistrado difícil de digerir y que les ha durado tan poco? ¿Mereció la pena tanto esfuerzo, tan poco respeto por la división de poderes? Y es que la transitoria es tan claramente una invasión del Poder Legislativo sobre las competencias propias del Poder Judicial que no hay ninguna duda de que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante los recursos que acabarán llegando, determinará que esta disposición transitoria no es ajustada al principio de división de poderes. Porque, señorías, ya hay precedentes, ya hay jurisprudencia al respecto; tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que la injerencia del Legislativo en los tribunales de justicia con la finalidad de cambiar el resultado de un procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia del Tribunal Constitucional 73/2000, de 14 de marzo; y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Althoff y otros contra Alemania, de 8 de diciembre de 2001.

Ustedes con sus atajos, con esta chapuza normativa han puesto en evidencia al Poder Legislativo, han intentado condicionar al Poder Judicial y han fracasado. Asuman por tanto su responsabilidad, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu jauna.

Nik usten dut, aztertzen baldin baditugu, edo konturatzen bagara legea hemen aprobatu zenetik bi hilabete pasa direla, egia da argumentu asko, edo argudio asko errepikatu egingo direla,




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baina nahi ta nahiezkoa izango litzateke ebaluatzea, ikustea, zer gertatu den prozesu honetan, eta baita ere geure buruari galdera xume bat egitea, eta galdera xume hori izango litzateke ea orain hobeto gauden lehenago geundena baino, edo beste era batera esanda, ezin dira egon ihez egiteko zirrikiturik delitu larrien egileentzat, alegia, delitu larriak egin dituztenak ezin dituzte eduki zirrikitu gehiago legea aprobatu baino lehenago, eta hori da lehenengo galdera, eta hori bi hilabete hauetan gertatutakoa neurtu beharko genukeen edo erantzun beharko genukeen galdera izango litzateke. Zeren gainera, ezingo duzue esan, hemen esan edo adierazi ez zenik, alegia presak ez direla batere onak, eta presak guztiz kaltegarriak direla batik bat legislatu egin behar dugunontzat.

Eta hor sortzen zaigu galdera bat, eta da, zeintzuk ziren horrelako presak, presekin gestionatu edo tramitatzeko helburuak? Zergatik? Zein dira hor atzean dauden asmoak, helburuak, borondateak? Zergatik? Ez zegoen batere arazorik gauzak normal joanda, hemen prozedura eta tramite normal batez eztabaidatzea, eta badakit erregelamenduak ahalbideratzen duela, badakit legearen barruan gaudela, baina denok dakigu ez dela ohikoa, eta egiten bada ohikoa ez den zerbait zergatia izango litzateke, eta zer dagoen guzti horren atzean. Azken finean nik politikan ikasi dudan eta udaletxean ikasi dudan gauzarik inportanteenetako bat izan da bakarrik egitea, nire gestioan bakarrik egitea gero kontatu dezakedana, alegia, nire edo gure herritarrei kontatu diezaiokeguna, hori izango litzateke gure gestioaren muina.

Gure iritziz, gainera ikusten ari gara bi hilabete hauetan irakurketa ezberdinak egoten ari direla, eta hori normaltzat jo dezakegu, baina baita ere ikusi beharra dago, eta atzo ministroarekin ikusi genuen, eta aurreko batean Soraya Sáez de Santamaría presidenteordearekin, gobernuak epaileei pultsu bat bota diela, pultsu ikaragarri bat eta lotsagarria. Azken finean, presidenteordea ez da inor, ez da inor, epaileei esateko ea botereak errespetatzen ari diren, edo lege legislatiboaren nolabait eginbeharra betetzen ari diren, eta zalantza baldin badauka, eta pentsatzen baldin badu ez direla betetzen ari, nik uste dut baduela, berak badituela legeak markatzen dizkion hainbat esparru beraien aurka joan ahal izateko. Baina lotsagarria da ministro kontseilu baten ondorenean prentsaren inguruan edo prentsaren aurrean epaileei holako tratu bat ematea. Beraz, guzti hau izango litzateke, gainera, eta irakurketa ezberdinak baldin badaude lege horren inguruan azken finean ez delako jarraitu beharreko bidea, alegia Consejo General del Poder Judicialarekin hitz egin ez delako, eztabaidatu ez delako, informatu ez delako, eta azkenean, debate edo nolabaiteko elkarrizketa sano bat planteatu ez delako. Hemen bai Altaba jauna eta bai Franco andereak defentsa edo legearen proiektu honen eztabaidan geundela, aipatzen zuten alferrikako orain arteko bai laurogeita bostekoa eta bai 2009. erreformaren ondoren ere hemen zegoen unibertsala den justizi hori nolabait alferrikakoa edo ondo ez zela betetzen ari. Azken finean oso kasu urri edo gutxi soluzionatzen ari zirela. Aipatzen zen escilingo eta aipatzen zen holako kasu urriak.

Orain hasieran egin dudan galdera, bi hilabete hauetan, alegia legea aprobatu eta gero, zergatik eman dira berrogeita zazpi narkotrafikanteen nolabaiteko kartzeletatik ateratzea? Eta atzo baita ere nolabait bai ministroak eta gaur bai Franco andereak hitz egin du zigorgabetasunaren inguruan edo inpunitatearen inguruan. Hortaz ere hitz egin du, eta azken finean, bueno norberak eta bakoitzak bere estatuan asumitu ditzala asumitu beharreko konpetentziak. Gu ezin garela izan, nolabaiteko mundu osoaren guardianak, edo, izango litzateke mezua. Eta galdera izango litzateke, eta hori zeini eskatu behar diogu? Siriako gobernuari, adibidez? Zuk lehen aipatu duzu adibide moduan. Siriari? Siriari eskatu behar zaio narkotrafikante horiei nolabait kartzelara edo epaitu ditzan? Siriari, egun, Siriari eskatuko diogu? Edo Txinari, adibidez, eskatuko diogu, Erromako Tratadua sinatu ez duenean? Zeini eskatu behar diogu? Azken finean gure papera ere bada demokrazia ez dagoen herrietan zaintzen laguntzea, eta hor badago atzera pauso ikaragarri bat, eta globalizazio esparru horretan hainbeste aipatzen ari garen globalizazio esparru horretan ea aurrera jotzen ari garen, edo atzera egiten ari garen. Eta jakina, ez gaudela estatu guztiak berdin.

Orain gauza asko konpondu behar direla? Guztiz ados, baina aurreraka, eta noski ez atzeraka. Gure ustetan martxan jarri zenean, eta alderdi popularrak martxan jarri zuenean lege proiektu hau edo legea izan zena ez zuen neurtu honek zeuzkan deribadak, edo honek zeuzkan ondorioak. Adibide bezala erabili dezakegu eta atzo baita ere alderdi sozialistatik erabili zen adibidea, eta da Nigerian zoritxarreko egoera horretan berrehun gazte edo neska dauden egoera horretan, eta gerta daiteke horietako bahitzaile bat Espainian egotea, eta orain dela hiru hilabete horrek, egoera horrek ondorio batzuk izango lituzke, eta orain ez lituzke inongo ondoriorik izango, nahiz eta horietan, berrehun neska horien artean espainola bat egotea, egonda, nahiz ume bat, neska edo




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mutila han egon, ez lituzke inongo ondoriorik izango. Neurtu al dira deribada horiek edo neurtu al dira ondorio horiek, edo beste era batera esanda, noiz geunden hobeto, orain dela hiru hilabete, edo momentu honetan hobeto gaude?

Hor baita ere aipatu nahiko nuke Esperanza Aguirrek Nigeriako kasuaren inguruan egin zuen erreflexio publiko bat. Eta artikulu honen izenburua izango litzateke No se puede mirar para otro lado. Eta azpimarratuko dut bere artikulu luze honetan inportantea iruditzen zaidan elementu bat: Lo que han hecho con estas niñas es una ignominiosa canallada que hay que castigar sin duda. Pero no solo por la pena que nos da la situación de esas criaturas, y por la rabia que nos provoca el sadismo de los secuestradores. Hay que hacer algo contra ellos porque la defensa de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestro estado de derecho lo exige. Nigeria y estas niñas no pueden ser para nosotros un asunto ni lejano ni ajeno. Los países occidentales se tienen que comprometer seriamente en la lucha contra ese grupo criminal con eficaces medidas económicas, comerciales institucionales y políticas, y también militares, por supuesto.

Alegia, berak aipatzen duena da ezin dela beste alde batera begiratu, eta ni ados nago eta ulertzen dut zuen egoera ez dela bat ere erraza. Azken finean, zuek aprobatu duzuen lege horren baitan ikusten ari gara ze ondorio dituen, eta gizartea askoz ere seguridade eza handiagoarekin dagoela orain lehenago zegoena baino. Eta ulertzen dut zuentzako zaila izatea honi buelta ematea, baina badago elementu garbi bat eta objektibo bat, eta da, egun dagoen egoera, orain dela hiru hilabetekoa baino askoz ere konplexuago da, inseguroagoa da, eta gizartearentzat zailagoa. Beste estatuko hainbat hiritar edo hiritarrei berma batzuk eman arren, emateagatik, zuen edo Espainiako hainbat hiritar askoz berma txikiagoarekin utzi dituzue.

Bukatu beharra daukat, baina nik esango nizueke, edo alde batetik eskertu egingo nuke alderdi sozialistak beste guztien babesarekin martxan jarri duen mozioa, baina erreflexio bat eta ardurara deituko nizueke.

Buenos días, señor presidente.

Han pasado dos meses desde que se aprobara la ley y aunque se van a repetir muchos argumentos sería imprescindible evaluar y ver qué es lo que ha ocurrido durante este proceso. Nos deberíamos hacer una pregunta humilde. ¿Estamos mejor ahora de lo que estábamos antes? Dicho de otra forma, ¿no puede haber escapatoria para los delitos graves? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer después de estos dos meses y a la que deberíamos responder. No podrán decir que no se planteó esta cuestión aquí. Las prisas no son buenas, pueden ser totalmente perjudiciales, especialmente para quienes debemos legislar.

En este caso se nos plantea una cuestión: ¿Cuáles eran las razones o el objetivo de legislar con tanta prisa? ¿Cuáles eran las intenciones y las voluntades que se escondían? No hubiera habido ningún problema en debatir este asunto a través de un procedimiento normal. Sé que se ha actuado dentro del marco de la ley, pero todos sabemos también que este procedimiento no es el habitual. Por lo tanto, ante un proceso tan extraordinario, sería bueno saber qué hay detrás de todo esto. Una de las cosas más importantes que he aprendido en política y durante mi trabajo en la alcaldía es que la política que se realiza de forma unilateral se pueda trasladar a la ciudadanía.

Ayer, con ocasión de la comparecencia del ministro y anteriormente con la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pudimos ver que el Gobierno ha echado un pulso al Poder Judicial, un pulso bastante vergonzoso porque el presidente no es nadie para preguntar a los jueces si se están cumpliendo las normas. Si dudamos de que se estén cumpliendo o no las leyes, hay que decir que estas afectan a muchos ámbitos como para saber si se cumplen o no. Por lo tanto, me parece bastante vergonzoso dar un trato semejante a los jueces ante la prensa. Al final no se ha seguido la vía que se debería haber seguido porque no se ha informado al Consejo General del Poder Judicial ni se ha planteado un debate sano con todos los agentes afectados. Tanto la señora Franco como el señor Altava han defendido que, tras la reforma de 2009, no se ha cumplido del todo la justicia universal y que algunos casos no han quedado realmente resueltos.

Como he preguntado al principio, ¿por qué durante los últimos dos meses hemos visto la excarcelación de 47 narcotraficantes? Tanto ayer el ministro como hoy, la señora Franco, han hablado de la impunidad, y han dicho que cada cual, en su Estado, debería asumir las competencias




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que le corresponden, que no podemos ser los guardianes del mundo. Ese podría ser el mensaje. Entonces, la pregunta sería: ¿Y a quién se lo debemos exigir? ¿Al Gobierno de Siria? ¿Hay que exigir al Gobierno de Siria que encarcele a esos narcotraficantes, con la situación que vive actualmente ese país? ¿O se lo debemos pedir a China, que no ha firmado el Tratado de Roma? ¿A quién se lo debemos exigir? Al fin y al cabo, es el papel que nos corresponde desempeñar a nosotros. La democracia consiste en salvaguardar una situación democrática a nivel mundial, y en ese ámbito de globalización que tanto mencionamos, debemos cuestionarnos si progresamos o retrocedemos, y si todos los Estados estamos participando de forma equitativa.

No estaríamos de acuerdo en todos los puntos pero deberíamos ir hacia delante. En nuestra opinión, cuando el Partido Popular puso en marcha este proyecto de ley, no supo medir las consecuencias que podría tener. Les voy a poner un ejemplo que puso ayer mismo el Partido Socialista, y es la desgraciada situación que viven esas 200 chicas en Nigeria. Pues es posible que uno de los secuestradores esté en España, y esa situación, anteriormente, tendría unas consecuencias, pero ahora ya no las tiene, aunque entre esas 200 chicas hubiera alguna de nacionalidad española. Ahora mismo, esa situación no tendría ninguna consecuencia. ¿Se han medido esas consecuencias? O, dicho de otra forma, ¿cómo estábamos mejor, hace tres meses o en este momento?

También quiero mencionar, con referencia al caso de Nigeria, la reflexión que hizo Esperanza Aguirre, en un artículo titulado: «No se puede mirar para otro lado», y quiero subrayar un elemento que me parece importante: «Lo que han hecho con estas niñas es una ignominiosa canallada, que hay que castigar, sin duda, pero no solo por la pena que nos da la situación de esas criaturas y por la rabia que nos provoca el sadismo de los secuestradores, hay que hacer algo contra ellos por la defensa de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestros valores y porque nuestro Estado de Derecho lo exige. Nigeria y estas niñas no pueden ser para nosotros un asunto ni lejano ni ajeno Los países occidentales se tienen que comprometer seriamente en la lucha contra ese grupo criminal con eficaces medidas económicas, comerciales, institucionales y políticas. Y también militares, por supuesto.»

Es decir, lo que ella dice es que no podemos mirar a otro lado y estoy de acuerdo. Entiendo que su situación no es fácil. Ustedes han aprobado, al final, una ley y estamos viendo las consecuencias que puede acarrear. Entiendo que para ustedes ahora puede ser difícil darle la vuelta a esto, pero hay un elemento claro y objetivo, y es que la situación actual es mucho más compleja, más insegura que hace tres meses y más difícil para la ciudadanía, porque por no dar ciertas garantías a un ciudadano de otro Estado han dejado con menos garantías a los ciudadanos españoles.

Les llamo a la reflexión y a la responsabilidad porque con su voto permitieron algo bastante cuestionable.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor senador, termine.

El señor BILDARRATZ SORRON: Azken finean zuen botoarekin ahalbideratu zenuten eztabaidagarria izan zitekeen zerbait, baina momentu honetan ebidentziak ikusi ditugu, alegia, ondorioak ikusi ditugu. Eta ondorio horiek gizartearentzat askoz ere txarragoak dira. Orain askoz ere okerrago gaude lehen baino. Bakarrik beste arrazoi horrengatik bakarrik ez balitz ere, benetan kasu egin iezaiozue gizarteari, eta saiatu zaitezte lehen geundena baino edo orain gaudena baino hobeto egon gaitezen.

Eskerrik asko.

En este momento estamos viendo las consecuencias de ese proyecto, que son mucho peores para la sociedad. Ahora estamos mucho peor que antes y solo por esa razón deberían hacer caso a la sociedad. Intenten, por favor, que estemos mejor de lo que estamos ahora.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.




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Buenos días, señorías. No es habitual presentar una moción conjunta de todos los grupos parlamentarios en relación con iniciativas del Gobierno. En este caso lo hemos hecho, y lo hemos hecho porque se trata de una modificación legislativa que, siendo suave, quiero calificar de disparate. La modificación de la ley que aprobamos el otro día es verdaderamente un disparate. Lo es porque, de hecho, eliminaba la justicia universal, intentaba que se archivaran las causas abiertas y porque su aplicación en tres meses ha sido, evidentemente, de fiasco, una aplicación humanamente injusta, políticamente inaceptable, que llega, incluso, al ridículo. Josep Tarradellas, el expresidente de Cataluña, decía que en política se podía hacer todo excepto el ridículo; y esta ley ha hecho el ridículo excarcelando a presuntos narcotraficantes.

Hago mías, en nombre de mi grupo, las intervenciones de los senadores que me han precedido. Quisiera simplemente enhebrar mi intervención basándome en dos preguntas. Primera, ¿es cierto o no es cierto que la ley que el Partido Popular ha aprobado incumple o cumple los compromisos internacionales? La portavoz del Partido Popular, la señora Franco, ha dicho que sí. ¿Es cierto esto o no es cierto? Y segunda, ¿cuál es la opinión en general de los expertos, de los jueces, de los fiscales, de las ONG?

En relación con la primera, de forma muy breve les voy a leer un texto de tres convenciones internacionales, que deja clarísimo que el Estado español está obligado al cumplimiento de las convenciones internacionales. La Convención contra la tortura dice en su artículo 6 lo siguiente —atentos—: «Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención...» La ley que ustedes aprobaron dice que no. Se ha dicho antes, si Boko Haram viniera aquí, no lo podríamos detener. Si consideráramos que el presidente de Siria ha cometido delitos, no lo podríamos detener. Hay un primer incumplimiento grave en relación con el cumplimiento de la Convención contra la tortura.

Pero el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice lo siguiente: «Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales». La ley que el Partido Popular aprobó tampoco permite esto. Permite en algunos casos, en muy pocos casos, la detención de delincuentes internacionales.

Los convenios de Ginebra y sus protocolos señalan que los países que ratifican los convenios de Ginebra deben respetar ciertos principios humanitarios e imponer sanciones legales contra quienes los violan. La ley del Partido Popular tampoco permite esto. Podría leerles más, pero no se puede decir, porque no es verdad, es mentira, que la modificación de la Ley de justicia universal cumple los requisitos del derecho Internacional, los incumple porque los requisitos del derecho internacional obligan a los Estados a aplicar la justicia universal.

En segundo lugar, no quiero darles los argumentos de mi grupo, sino algunos esgrimidos por expertos, ONG y profesionales. El primero, de Benjamin Ferencz, fiscal de los juicios de Nuremberg, que a la pregunta de qué le parece la legislación nueva española, dice lo siguiente: No debe haber escondites para autores de crímenes contra la humanidad. Señorías, en estos momentos España es un escondite para autores de crímenes internacionales, España es un escondite para determinados crímenes internacionales. El magistrado brasileño Antônio Cançado, miembro en estos momentos de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, dice: los Estados deben asumir sus obligaciones como partes en convenciones internacionales que dispongan sobre el principio de la jurisdicción universal. Dichas convenciones, como las de las Naciones Unidas, son las que proveen la base más sólida para la aplicación del principio de la jurisdicción universal. Pero es que además, y se ha dicho ya, es absolutamente insólito en la democracia española que seis jueces de la Audiencia Nacional digan lo siguiente: Fernando Andreu, usan la justicia como moneda de cambio; Santiago Pedraz, obliga a un trato desigual a las víctimas; Pablo Ruz, la reforma colisiona con los tratados; Gómez Bermúdez, el resultado de aplicarla es frustrante; Eloy Velasco, que fue director jurídico de la Comunidad Valenciana en época del presidente Camps, consultaría a expertos y la rectificaría. El juez Andreu, el Gobierno trata a la Justicia como un producto comercial. El magistrado critica la chapucera reforma de la Ley de justicia universal. Dice más, es desmoralizador que se diga: te quito la querella si tratas bien la deuda. El juez Pedraz, en un auto emitido por él, cuestiona en tres puntos, en los que no me voy a extender, la posible constitucionalidad de la norma.




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Fiscales de la Audiencia. La reforma de la justicia universal subleva a los fiscales de la Audiencia. Los acusadores públicos consideran que la laminación de la jurisdicción internacional cercena cualquier posibilidad de persecución de delitos de derechos humanos.

Los jueces progresistas califican de paso atrás la reforma de la justicia del Gobierno. La asociación Jueces para la Democracia advierte del fuerte retroceso que supone para los derechos humanos y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria critica la falta de transparencia.

Una relación de más de ochenta organizaciones, entre ellas internacionales y profesionales, coinciden en lo siguiente: al menos seis tratados internacionales fundamentan y consagran el principio de enjuiciar o extraditar crímenes de alcance internacional. La Corte Penal Internacional será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales.

Colegio de Abogados de Madrid, la principal consecuencia de la ley es la desnaturalización del principio de jurisdicción universal. Esta proposición de ley presenta serias dudas de inconstitucionalidad, dista mucho de respetar el principio de separación de poderes de derecho. Jueces para la Democracia, catedráticos de Derecho Constitucional, la relación es larguísima.

Aquí la pregunta es la siguiente: ¿quién defiende la modificación de la ley de jurisdicción universal? ¿Toda esta gente está equivocada? ¿Absolutamente toda? ¿El fiscal de Nuremberg? ¿Los miembros de la Corte Penal Internacional? ¿Los jueces que tienen en sus manos la dinamización de los procedimientos? Esto no puede ser así. Dicho de otra manera, señores y señoras del Partido Popular, ¿qué más ha de pasar para que la retiren?

El otro día en Barcelona, en una conferencia, el hijo de Galbraith, que también es economista, decía que en estos momentos a la política lo que le faltaba era sentido común. ¿Ustedes no creen que, con sentido común, deben derogar y retirar la ley que han aprobado?

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho una intervención magnífica desde su punto de vista, pero no soporta los documentos. No soporta ni los contenidos de los tratados internacionales ni la opinión no de los grupos de la oposición, sino de nadie, de los fiscales internacionales, de los fiscales de aquí, de los jueces, de las ONG, de Amnistía, de los sindicatos, absolutamente de nadie. Además, lo más grave es lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de esta ley? Yo les dije en mi intervención respecto al veto lo siguiente: Cuando se apruebe esta ley los delincuentes, los narcotraficantes van a estar contentos. Al cabo de pocos días vimos cómo poco a poco no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, no sé si 47 o 53 presuntos narcotraficantes estaban en libertad. Deben haber brindado, como le decía al ministro, a su salud. Es posible que los narcotraficantes se hayan tomado una copa de cava a la salud del señor Ruiz-Gallardón.

¿Y las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas que tenían procedimientos abiertos como el asesinato de Ellacuría, del señor Couso o de las torturas en Guantánamo? ¿Qué pasa con las víctimas? Abandonadas, y no solo las nuevas, porque en esta ley no se va a permitir que un maltrato sobre un español en el extranjero pueda ser juzgado en España. ¿Qué pasa con las víctimas? Es decir, hacer una ley para dar impunidad a los delincuentes, excarcelar a narcotraficantes y abandonar a las víctimas ¿es hacer justicia universal o es hacer injusticia universal? No es un problema político o jurídico, sino de sentido común. Por lo tanto, les pedimos que deroguen esta ley porque es injusta socialmente y, además, como he dicho antes, hace lo peor que se puede hacer en política, que es el ridículo. En la campaña electoral de las europeas tuve la oportunidad de hablar con una eurodiputada verde que decía que no había visto nunca un ridículo tan grande como que un Gobierno hiciera una ley para excarcelar a narcotraficantes.

Por todos estos motivos, que no son mis motivos, sino los motivos de lo que opina muchísima gente, les pedimos la derogación de la ley, que se persiga a los delincuentes y se reconozca y se premie a las personas que han sido víctimas o a los familiares de las víctimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.




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Com ja saben, el meu grup parlamentari és un dels signants de la present moció, la qual té per objectiu la derogació de la vigent Llei Orgànica 1/2014. Cal constatar que, des que s’ha aprovat la llei de justícia universal i la seva reforma, s’han alliberat més de 50 presumptes narcotraficants gràcies aquí aprovada pel Grup Parlamentari Popular. Mentrestant, el Govern manifesta que espera que la reforma de la justícia universal sigui positiva per a l’interès general. Considerem que la Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a la justícia universal, és un despropòsit. Si bé, el principi de la justícia universal, en la vessant del dret penal internacional, certament ha de tenir una sèrie de limitacions, i en aquest sentit estem d’acord en què les legislacions dels Estats han de regular i tenir previst quins són els procediments pels quals seran competents territorialment, tenint en compte sempre i en tot cas els Tractats Internacionals, el cert és que el principi de justícia universal es basa en la protecció d’un valor suprem, com és el de la justícia, amb independència que el bé jurídic lesionat no sigui nacional i també amb independència que la comissió de la infracció penal hagi estat portada a terme fora del territori sobirà de l’Estat. Es tracta de protegir interessos reconeguts per la comunitat internacional com a dignes de protecció en convenis i tractats internacionals: delictes contra el Dret de Gents, com el genocidi, terrorisme, pirateria, apoderament il·lícit d’aeronaus, entre d’altres. Així, tot i que es consideri oportú posar límits, això no pot comportar impunitat, ja que en els moments actuals es necessita més que mai l’establiment d’eficaços instruments en la lluita contra la criminalitat organitzada, el terrorisme i altres manifestacions delictives d’àmbit internacional, i en no poques ocasions s’observa la quantitat i qualitat de delictes que queden impunes en aquest àmbit, sigui perquè no han pogut ser enjudiciats, sigui perquè les sentències no han pogut ser executades. Entenem, doncs, que aquesta reforma és contrària al dret internacional i a la Constitució espanyola.

Després dels horrors de la segona guerra mundial, la comunitat internacional va decidir que, molts dels crims internacionals, subjectes al principi cosmopolita, no podien quedar impunes i que havien de ser perseguits pels Estats, amb independència del lloc on es cometeren i de la nacionalitat de les víctimes i dels victimaris. La reforma de l’article 23.4 de suposa la pràctica derogació del principi de jurisdicció universal en la normativa espanyola. La reforma es basa en 4 pilars: incrementa el catàleg de delictes susceptibles de persecució universal, la qual cosa no ens sembla negativa; restringeix, però, l’exercici jurisdiccional universal a la concurrència de determinats requisits de connexió amb el fet delictiu; reforça el caràcter subsidiari de la jurisdicció universal, adoptant estàndards de verificabilitat respecte l’eficàcia de l’eventual enjudiciament dels mateixos fets per altres tribunals, la qual cosa complica molt que es pugui arribar a una sentència i suprimeix l’exercici de l’acusació popular. Tot i que l’experiència demostra que la iniciativa processal i el pes de l’activitat provatòria acusatòria es deuen, en gran part, a les accions populars, exercides, generalment, per associacions defensores de drets humans.

Amb tot això, s’acaba tractant les víctimes com de primera i de segona, vulnerant el dret a la igualtat de l’article 14 de la Constitució Espanyola. Es vulnera el dret internacional, es vulnera un principi de ius cogens: la llei ignora deliberadament que la justícia universal es tan títol jurisdiccional com el territorial, el de la personalitat activa o el de protecció. Ignora que és un principi —no de creació nacional— sinó supranacional i que possibilita als tribunals nacionals exercir la justícia penal, en representació de la comunitat internacional, per a jutjar els crims internacionals més greus. Nega que la finalitat d’aquest principi solidari és la lluita contra la impunitat, i això és prioritari.

La reforma contradiu la doctrina del Tribunal Constitucional mitjançant la qual es va determinar la naturalesa d’aquest principi universal establint-ne el seu caràcter pur, absolut i concurrent. I, a més, la disposició transitòria única ordena el sobreseïment de totes les causes en tramitació fins que no s’acrediti el compliment dels requisits establerts en la proposició, en la llei. Considerem que la disposició transitòria única d’aquesta llei, alhora que violenta la seguretat jurídica de processos ja en marxa, que no és correcta. I, en aquest sentit, posem de manifest que en dret penal regeix el principi d’irretroactivitat de les normes i, per aquest motiu, no hi estem d’acord des d’una vessant estrictament jurídica. Aquesta disposició presenta problemes de retroactivitat substantiva i adjectiva i evidencia la intromissió del Poder Legislatiu en el Poder Judicial, constituint una manca de respecte al principi de separació de poders, consagrat en qualsevol estat democràtic i de dret.

El Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans són clars quan declaren que la ingerència del Poder Legislatiu en els tribunals de justícia amb la finalitat de canviar el resultat




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del procediment, vulnera el dret a la tutela judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties. En aquest sentit, la reforma rebut diverses andanades jurídiques per part de magistrats de l’Audiència Nacional.. El Jutge Fernando Andreu, titular del jutjat Central d’Instrucció 4 que tramita els sumaris sobre el genocidi hutu a Ruanda i al Congo, va dictar una resolució perquè les parts al·leguessin sobre la pertinència de plantejar qüestió d’inconstitucionalitat. El magistrat Santiago Pedraz, que investiga la mort del periodista José Couso a Iraq, considera que mantenir la seva investigació està emparat pel IV Conveni de Ginebra sobre Protecció de Civils en Temps de Guerra de 1949. Per la seva banda, la fiscalia personada en aquest cas considera que la reforma pot vulnerar l’article 24 de la Constitució i el 117, referent al principi d’independència judicial.

La senadora Franco diu que ens confonem perquè estem parlant d’una disposició processal però és que aquesta disposició addicional és ilògica des d’un punt de vista processal, ja que els procediments haurien de continuar i permetre que les parts al.leguin la concurrència sobrevinguda dels requisits establerts per posteriorment el jutge poder valorar cas per cas en virtut de l’exercici de la potestat jurisdiccional conferida constitucionalment per l’article 117 de la Constitució. No fer-ho així, comporta la intromissió del Poder Legislatiu en el Poder Judicial, es miri com es miri.

Aquesta reforma confon també el paper de la Cort Penal Internacional respecte a la investigació dels delictes de dret penal internacional. La subsidiarietat de la jurisdicció es predica de la Cort Penal Internacional, no dels tribunals espanyols. Es parteix d’un pressupòsit erroni quan es confonen palmàriament els principis d’atribució de jurisdicció penal —territori, personalitat activa, passiva, protecció i universal— amb criteris de resolució de conflictes jurisdiccionals, per ex que l’autor es trobi en el país o que un tribunal internacional hagi iniciat un procediment. Aquests operen per a resoldre conflictes de jurisdiccions, però no per a permetre l’obertura d’investigacions. I és que exigint que la persona a la qual se li imputa el delicte es trobi a Espanya, tancant la porta a l’acusació popular i declarant el sobreseïment automàtic de les causes en tràmit, s’ha donat un cop mortal a la justícia universal. Que l’extraterritorialitat de la justícia dels estats estigui ben definida i sotmesa a límits no pot implicar ni atiar de cap manera la impunitat. És per això que instem al Govern a impulsar la tramitació legislativa pertinent per a derogar la vigent Llei Orgànica 1/2014.

Gracias señor presidente.

Como saben, mi grupo parlamentario es uno de los firmantes de esta moción, que tiene por objetivo la derogación de la vigente Ley Orgánica 1/2014. Hay que constatar que desde que se ha aprobado la Ley de justicia universal y su reforma se han liberado más de 50 narcotraficantes gracias a la ley aquí aprobada por el Grupo Parlamentario Popular. Mientras tanto, el Gobierno manifiesta que espera que la reforma de la justicia universal sea positiva por el interés general. Consideramos que la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a justicia universal, es un despropósito. Si bien el principio de la justicia universal en la vertiente del derecho penal internacional tiene que tener una serie de limitaciones, y en este sentido estamos de acuerdo en que las legislaciones de los Estados tienen que regular y tener previstos los procedimientos por los cuales serán competentes territorialmente, teniendo en cuenta siempre y en todo caso los tratados internacionales, lo cierto es que el principio de justicia universal se basa en la protección de un valor supremo como es el de la justicia, con independencia de que el bien jurídico lesionado no sea nacional, y también con independencia de que la comisión de infracción penal haya sido llevada a cabo fuera del territorio soberano del Estado. Se trata de proteger intereses reconocidos por la comunidad internacional como dignos de protección en convenios y tratados internacionales: delitos contra el derecho de gentes, como el genocidio, terrorismo, piratería, apoderamiento ilícito de aeronaves, entre otros. Así, aunque se considera oportuno poner límites, esto no puede suponer impunidad, ya que en los momentos actuales se necesita más que nunca el establecimiento de instrumentos eficaces en la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo y otras manifestaciones delictivas de ámbito internacional, y en no pocas ocasiones se observa la cantidad y calidad de delitos que quedan impunes en este ámbito, sea porque no han podido ser enjuiciados o bien porque las sentencias no se han podido ejecutar. Entendemos, pues, que esta ley de reforma es contraria al derecho internacional y a la Constitución española.




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Después de los horrores de la segunda guerra mundial la comunidad internacional decidió que muchos de los crímenes internacionales sujetos al principio cosmopolita no podían quedar impunes y que tenían que ser perseguidos por los Estados con independencia del lugar donde se cometían y de la nacionalidad de las víctimas y victimarios. La reforma del artículo 23.4 supone la práctica derogación del principio de jurisdicción universal en la normativa española. La reforma se basa en cuatro pilares: se incrementa el catálogo de delitos susceptibles de persecución universal, lo cual no nos parece negativo; restringe el ejercicio jurisdiccional universal a la concurrencia de determinados requisitos de conexión con el hecho delictivo y refuerza el carácter subsidiario de la jurisdicción universal adoptando estándares de verificabilidad respecto a la eficacia del eventual enjuiciamiento de los mismos hechos por otros tribunales, lo cual complica mucho el poder llegar a una sentencia; suprime el ejercicio de la acusación popular, aunque la experiencia demuestra que la iniciativa procesal y el peso de la actividad probatoria acusatoria se deben en gran parte a las acciones populares ejercidas generalmente por asociaciones defensoras de derechos humanos.

Con todo ello se acaba tratando a las víctimas como de primera y de segunda vulnerando el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución española. Se vulnera el derecho internacional, se vulnera el principio de ius cogens. La ley ignora deliberadamente que la justicia universal es tan título jurisdiccional como el territorial, el de personalidad activa o el de protección. Ignora que es un principio no de creación nacional sino supranacional y que posibilita a los tribunales nacionales ejercer la justicia penal en representación de la comunidad internacional para juzgar los crímenes internacionales más graves. Niega que la finalidad de este principio solidario es la lucha contra la impunidad cuando esto es prioritario.

La reforma contradice la doctrina del Tribunal Constitucional mediante la cual se determinó la naturaleza de este principio universal estableciendo su carácter puro, absoluto y concurrente. Y además, la disposición transitoria única ordena el sobreseimiento de todas las causas en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la proposición de ley. Consideramos que la disposición transitoria única de esta ley violenta la seguridad jurídica de procesos ya en marcha que no es correcta. En este caso ponemos de manifiesto que en derecho penal rige el principio de irretroactividad de las normas y no estamos de acuerdo desde una vertiente estrictamente jurídica. Esta disposición presenta problemas de retroactividad sustantiva y adjetiva y evidencia la intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial constituyendo una falta de respeto al principio de separación de poderes consagrado en cualquier Estado democrático y de derecho.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son claros cuando establecen que la injerencia del Poder Legislativo en los tribunales de justicia con la finalidad de cambiar el resultado del procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. En este sentido la reforma ha recibido algunas andanadas jurídicas por parte de magistrados de la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que tramita el sumario sobre el genocidio hutu en Ruanda y en el Congo, dictó una resolución para que las partes alegaran sobre la pertinencia de plantear cuestiones de constitucionalidad. El magistrado Santiago Pedraz, que investiga la muerte del periodista José Couso en Iraq, considera que mantener su investigación está amparado por el IV Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en tiempos de guerra de 1949. Por su parte, la Fiscalía personada en este caso considera que la reforma puede vulnerar el artículo 24 de la Constitución y el 117 referente al principio de independencia judicial.

La senadora Franco dice que nos confundimos porque estamos hablando de una disposición procesal. Pero es que es ilógica desde un punto de vista procesal ya que los procedimientos tendrían que continuar y permitir que las partes alegaran la concurrencia sobrevenida de lo establecido para que posteriormente el juez pudiera valorar caso por caso en virtud de la potestad jurisdiccional conferida por el artículo 117 de la Constitución. Esto supone la intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, se mire como se mire.

Esta reforma confunde también el papel de la Corte Penal Internacional respecto a la investigación de los delitos de derecho penal. La subsidiariedad de la jurisdicción se predica de la Corte Penal Internacional, no de los tribunales españoles. Se parte de un supuesto erróneo al confundir palmariamente los principios de atribución de jurisdicción penal: territorio, personalidad




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activa, pasiva y protección universal con criterios de resolución de conflictos jurisdiccionales, por ejemplo, que el autor se encuentre en el país o que se haya iniciado un procedimiento por un tribunal internacional. Estos operan para resolver conflictos de jurisdicciones, pero no para permitir la apertura de investigaciones. Y es que, exigiendo que la persona a la que se le imputa el delito se encuentre en España, cerrando así la puerta a la acusación popular y declarando el sobreseimiento automático de las causas en trámite, se ha asestado un golpe mortal a la justicia universal. El que la extraterritorialidad de la justicia de los Estados esté bien definida y sometida a límites no puede implicar ni azuzar de ninguna manera a la impunidad. Por ello instamos al Gobierno a que impulse la tramitación legislativa pertinente para derogar la vigente Ley Orgánica 1/2014.

Muchas gracias, señoría.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, hemos escuchado a todos los grupos y hemos podido comprobar cómo esta supresión de la justicia universal solo la soportan ustedes. Se lo decía antes, son tan autocráticos... La senadora Franco hablaba de responsables, pero no, son insensatos. Porque no se quieren enterar de que están solos. Y no solamente están solos en el ámbito parlamentario, con su mayoría absoluta, claro. Si ustedes escucharan a la opinión pública española, a la sociedad española, se darían cuenta de que con esta ley nuevamente están solos. Por cierto, senador Saura, usted decía que la ley es un disparate. Bueno, la ley podría ser una burrada, pero está muy bien pensada, para favorecer y servir a los potentados y a la deuda con China.

Decía que están solos en esta aberración jurídica, ante la defunción de un modelo de justicia universal que usted, senadora, decía que sigue ahí, pero seguirá en formol porque ya es un cadáver. Señoría, su ley, y espero que me lo reconozca, ha generado descontento y caos en el mundo judicial, también en la sociedad civil y en la sociedad internacional. Me reconocerá que esta ley ha generado un debate, pero no un debate y una discusión positiva, sino una controversia que afecta a España no solo en su imagen, que tanto les gusta a ustedes, sino que es un litigio que cambia radicalmente nuestra posición ante el mundo y ante la defensa de los derechos humanos.

Intentaba explicarlo antes, aunque usted, lógicamente, no ha querido entenderme. La Audiencia Nacional, la Fiscalía, los jueces y magistrados han mostrado discrepancias. Y también me lo reconocerá. No solamente han mostrado esas discrepancias con palabras, sino que lo han hecho, y permítame la expresión, con un levantamiento de muchos jueces. ¿Y esto no les hace pensar, por un casual, que podrían estar equivocados, a pesar de su mayoría absoluta? No. Ustedes se empeñan en mantenerla y no enmendarla. Además, dicen que somos todos los demás los que estamos encajonados en un error. Todos estamos equivocados. ¿Que las asociaciones contra la droga estén indignadas? No les importa. ¿Que los juristas nacionales e internacionales discrepen y critiquen su ley? No les incumbe. ¿Que los gobiernos europeos muestren su preocupación? No les interesa. ¿Que la Premio Nobel de la Paz o el relator de las Naciones Unidas manifiesten su preocupación? Para ustedes, ¿quiénes son esos dos! ¿Que organizaciones internacionales de derechos humanos exterioricen su intranquilidad? A ustedes tampoco les inquieta. Ustedes siguen adelante con esta reforma aunque esto nos lleve a un empeoramiento de nuestra justicia. Y, aunque usted, señoría, no me haya escuchado, yo sí he hablado de la Ley de 2009, que, le recuerdo, apoyaron también ustedes.

Señorías, con esta ley han desnaturalizado un principio fundamental, han restringido las competencias de los jueces y de los tribunales, contraviniendo la Constitución y los propios tratados internacionales. Se lo han dicho otros senadores. Han lesionado a las víctimas y han quebrantado la independencia judicial, y reiteramos que la vicepresidenta del Gobierno ha querido entrar en los propios tribunales, exigiendo que los jueces archiven las causas abiertas. Esto es algo absolutamente insólito en democracia, pero tampoco me extraña, porque ustedes son así. Su ley, señorías, no proporciona nada, porque la dictaron con criterios puramente extrajurídicos. Y, sí, senador Bildarratz, miran para otro lado, es verdad. Como en aquella película de Todo por la pasta, ellos miran para otro lado. Porque esta ley está afectando directamente a las garantías




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jurisdiccionales españolas y, como decía antes, al propio prestigio internacional que España había adquirido a lo largo del tiempo. Pero el Partido Popular y su Gobierno priman más los mercados y el producto comercial y con su forma de actuar demuestran, además, que tiene miedo a los poderosos. La senadora Franco no ha citado en ningún momento a China, ni tampoco las conversaciones que hubo entre China y el Ministerio de Asuntos Exteriores para que esta ley saliera adelante inmediatamente.

Señorías, ustedes no consideran a las víctimas y se lo hemos dicho todos, y hoy se ha vuelto a demostrar: solo piensan en el mercado. Si su chapuza normativa no la consideran así, tampoco me negará que se están excarcelando narcotraficantes. Ah, ¿que no se excarcelan?, van a esos países para que luego allí se les lleve a prisión. Todo esto parece una broma pero no lo es.

Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Agencia Tributaria desarrollan operaciones de riesgo en altamar, interceptan narcobarcos, detienen a los delincuentes, les llevan ante los tribunales, pero los jueces están obligados a dejarles en libertad. ¿Es esto una broma? No, no es una broma, esta es su España, señorías. La España de la impunidad frente a la de los derechos humanos y a la de los victimarios. La España del que juzguen otros —como dijo el señor Gallardón: no somos los gendarmes del mundo— frente a la España de la equidad y de la dignidad. Pero ustedes ni se sonrojan, se pliegan a los potentados, se someten ante los genocidas, se doblegan ante los delincuentes y no quieren darse cuenta de que las víctimas son universales y los Estados tienen la responsabilidad y la obligación de perseguir a los infractores.

Como antes he indicado, hasta hace dos meses España suscitaba confianza y seguridad y ahora, inseguridad y desconfianza, aunque no para todos, porque para las mafias, para los potentados y para los narcodelincuentes España es un país fiel a sus apuestas antidemocráticas y delictivas. Ustedes están consintiendo todo esto, están consintiendo que se zafen de nuestra justicia, que se burlen de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ustedes, y hoy lo están demostrando, no les importa nada los genocidios, los asesinatos de españoles..., no les importa nada de nada con tal de que las cuentas vayan bien con China y no se enfade Estados Unidos. Esto es tremendo y desesperante, señorías.

Por eso los socialistas, al igual que cantidad de agentes sociales, otros grupos políticos, operadores jurídicos y ciudadanos, seguiremos esforzándonos para que se acabe con esta regresiva reforma. Y termino diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista también va a procurar que el Tribunal Constitucional otra vez les deje al aire con sus vergüenzas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, ¿que yo hago desde esta tribuna un discurso autocrático e irresponsable, cuando desde que llegó aquí la proposición de ley me he esforzado para explicar con todo detalle los motivos de esa ley orgánica? Por cierto, le recuerdo que es algo que ustedes no hicieron con mucho detalle cuando trajeron aquí la Ley del 2009, y volveré a hablar de la Ley del 2009. Ahora, si me permite, me voy a referir a los diferentes senadores, porque cada uno de ellos ha hecho hincapié en determinados aspectos y han salido muchas cuestiones que ya habíamos debatido en el anterior turno.

El senador Iglesias ha comenzado hablando de que el procedimiento que habíamos utilizado era un fraude legislativo por la omisión de los informes. A este respecto, senador, lo único que le tengo que recordar es el artículo 87 de la Constitución española, que establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Por tanto, señoría, hacer algo que prevé la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras para nada es un fraude legislativo. Se utilizó un procedimiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de las Cámaras. Se trajo aquí una proposición de ley y se debatió. Con toda sinceridad, le diré que en especial me esforcé en explicar los motivos de esa ley, porque para mí era importante explicar a esta Cámara los motivos de esa ley, y me esforcé en ello. Creo que ustedes no lo valoran; tenemos opiniones muy distintas, es cierto. Pero lo del discurso autocrático e irresponsable es inadmisible, totalmente inadmisible. (Aplausos).




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Hablaba usted también —igualmente hicieron referencia a ello el senador Bildarratz y la senadora Rieradevall, en particular— de la cuestión relativa a la disposición transitoria, que puede colisionar con la separación de poderes. A este respecto vuelvo a decir lo que expresé en mi anterior intervención: ¿desde cuándo que las Cortes Generales legislen y establezcan una disposición transitoria que determina una sucesión ordenada de normas procesales —porque, senadora, son normas procesales, donde rige el principio tempus regit actum, e, insisto, lo que esta disposición establece es un criterio para esa sucesión ordenada—, desde cuando eso es un atentando contra la separación de poderes? ¿Desde cuándo que las Cortes Generales legislen es un atentado contra la separación de poderes? ¿Desde cuándo que los jueces juzguen y ejecuten lo juzgado es un atentado contra la separación de poderes? ¿O que el Poder Ejecutivo cumpla lo que dictan las leyes que elabora el Poder Legislativo? Ningún atentado a la separación de poderes.

Ha hablado el senador Bildarratz de otra cuestión, en la que también ha insistido el senador Saura; han hablado de los narcotraficantes, algunos de nacionalidad siria. Creo que todos conocemos cuál es la situación de Siria. Antes hablé de esa cuarta vez que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se veta por dos potencias: Rusia y China —ahora sí que hablo de China—, que el Tribunal Penal Internacional pueda iniciar actuaciones contra las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Siria. Señorías, lo que tenemos que hacer es fortalecer el Tribunal Penal Internacional. Posiblemente sea una cuestión que supere este foro y posiblemente debiera ser en Naciones Unidas. Pero lo que tenemos que conseguir es que en Naciones Unidas no pesen tanto los equilibrios políticos y realmente se persigan los crímenes contra la humanidad. Porque es cierto que Siria no ha ratificado el convenio del Tribunal Penal Internacional, pero hay otras vías para que el Tribunal Penal Internacional pueda ejercer esa jurisdicción ante esos crímenes que se están cometiendo en Siria; por supuesto que hay otras vías, y una es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo apruebe. Tenemos que fortalecer ese Tribunal Penal Internacional, porque —les guste a ustedes o no—, frente a atribuir un principio de jurisdicción universal absoluto y puro a los diferentes Estados y que esa jurisdicción la ejerza el Tribunal Penal Internacional, la comunidad internacional se ha decantado por la segunda vía: que sea un tribunal penal internacional el que persiga esos delitos.

Hablaban también —con tanto debate van saliendo muchas ideas— de la cuestión referida a Nigeria, de Boko Haram, sobre qué ocurriría en el supuesto —también lo señalaba el senador Saura— que ayer el senador Bildarratz expuso al ministro. Les vuelvo a decir lo mismo, señorías: que no haya jurisdicción no implica impunidad, porque hay instrumentos para reducirla, bien que el tribunal naturalmente competente lo enjuicie —supongo que en este caso Nigeria no tiene ningún problema si captura a los de Boko Haram para enjuiciarlos—, bien que lo haga el Tribunal Penal Internacional. Y nosotros, si tenemos jurisdicción la ejerceremos; y si no tenemos jurisdicción, lo que tendremos que hacer será cooperar para que el tribunal que sea competente lleve a cabo ese enjuiciamiento. Y si apresamos a narcotraficantes, a delincuentes, a quien sea, y la jurisdicción corresponde a otro Estado, lo que tenemos que hacer es extraditar a ese señor, de acuerdo con ese principio de juzgar o extraditar —al que algún senador ha hecho referencia, pero me perdonan porque ahora no recuerdo quién—, que es un principio básico del derecho internacional penal y uno de los principios que inspiran esta ley. O juzgamos o extraditamos, o conocemos de una cuestión porque se cumplen los criterios de conexión y tenemos jurisdicción sobre esa cuestión o bien extraditamos, facilitamos que el tribunal competente los enjuicie, prestando información para que se persiga el delito en el supuesto, por ejemplo, de que el barco con narcotraficantes vaya por aguas internacionales, extraditando a los sospechosos, poniéndoles a su disposición, ejerciendo esos instrumentos de cooperación internacional que tenemos en nuestras manos y que van a hacer conseguir que esos resquicios de impunidad se reduzcan a la mínima expresión.

Ha hablado también del tema del procedimiento. Vuelvo a repetir —si me lo permiten— que el objetivo de la reforma no es eliminar la justicia universal. Como ya he dicho, es ejercerla cuando nos corresponda o bien cooperar con los tribunales que tengan esa competencia. Y de nuevo quiero destacar algo que ya se ha dicho en innumerables ocasiones, y es que la normativa anterior no tenía equivalencia en el derecho comparado.

Dicen ustedes que nos daba prestigio internacional. Éramos los únicos —como hemos dicho en el debate de la proposición de ley—, nadie nos seguía, no había equivalencia en ningún país de nuestro entorno. Quizá la única equivalencia posible sea la de Argentina, pero en nuestro entorno




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no la había. Además, lo que ha habido ha sido un movimiento de todos los países de nuestro entorno para redefinir ese principio de jurisdicción universal y adaptarlo a los criterios que establecen los tratados internacionales. Y eso es lo que ha hecho España: redefinir ese criterio de jurisdicción universal para adecuarlo al derecho internacional, a las obligaciones que hemos asumido cuando firmamos cada uno de los tratados internacionales que regulan la persecución de delitos penales. Lo hemos hecho, y nos homologa a países tan serios como Francia, Alemania, Bélgica, Italia o Reino Unido. La realidad de nuestro país es que tiene una ley que nos homologa a la legislación del principio de jurisdicción universal de la mayor parte de los países de nuestro entorno.

También han hablado sus señorías de nuevo sobre las dudas de inconstitucionalidad. Ya les he expresado cuál es el criterio de mi grupo parlamentario, que es que, por supuesto, considera que la norma es constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Han hecho referencia a una cuestión que a mí me parece especialmente grave y dolorosa: han dicho que garantizamos la impunidad y que realmente no nos importan las víctimas. Decir esto es tanto como decir que el derecho internacional discrimina a las víctimas en función de los delitos. Repito: lo que hemos hecho ha sido reformar la ley para establecer criterios que nos permitan cumplir las obligaciones internacionales de la manera más acorde a como se contrajeron cuando firmamos los tratados. Pero además le están diciendo esto a un Gobierno que por primera vez va a traer a las Cámaras una norma centrada en las víctimas de todo tipo de delitos como es el estatuto de las víctimas.

Creo que tendríamos que hacer una reflexión realista sobre cuál es el balance de la legislación anterior, porque, como ya se les ha dicho, estaba generando en muchos casos falsas expectativas a las víctimas. Es cierto que solo ha habido una condena, y en fraude de ley, y en el resto de los casos, sobreseimientos.

El senador Rodríguez Esquerdo ha hecho de nuevo una crítica muy gruesa de la legislación. Les recuerdo que muchos de los argumentos que ustedes están utilizando fueron los que se emplearon contra su reforma del año 2009, unas críticas que todavía les duelen, así como que apareciesen retratados en el periódico francés Le Monde diciendo que iban a cambiar la legislación sobre justicia universal por los problemas diplomáticos que le había causado al presidente Zapatero, o que la ministra de Asuntos Exteriores israelí dijera que Moratinos le había garantizado que se iba a cambiar la normativa reguladora de la jurisdicción universal para evitar los abusos —eso fue lo que dijo— del sistema legal español. Creo que todavía les duelen esas críticas, y posiblemente sea porque fueron ustedes los que abrieron la senda para esa redefinición del principio de jurisdicción universal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Termino diciendo que con esta reforma somos conscientes de que tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales y que formar parte de la comunidad internacional también significa formar parte de las instituciones multilaterales que se crean para fortalecerla.

Por supuesto, vamos a rechazar la moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción de los grupos parlamentarios Socialista, Mixto, Entesa, Vasco y Convergència i Unió.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 89; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.

Buenas tardes.




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Eran las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS LOCALES DE NEGOCIO DE RENTA ANTIGUA.

(Núm. exp. 622/000011)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Fernández Ortega por tiempo de diez minutos.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la Ley de arrendamientos urbanos del año 1964 establecía un modelo proteccionista a favor del arrendatario y en 1994 la nueva Ley de arrendamientos urbanos vino a traspasar, a llevar al régimen de libre mercado los contratos de arrendamiento de los locales comerciales. Esta ley regulaba, además, un período transitorio para aplicar este libre mercado a los distintos contratos de alquiler en función del tamaño del negocio y del impuesto sobre actividades económicas que en aquel momento se venía pagando por las empresas. En esta ley de 1994 se aprobaron moratorias de cinco, de diez, de quince y de veinte años en función de estos parámetros de superficie del negocio y del importe del impuesto sobre actividades económicas. En concreto, para los locales comerciales de menos de 2500 metros y con impuesto sobre actividades económicas de menos de 85 000 pesetas se concedían veinte años de moratoria a los contratos de alquiler que hasta ese momento estuviesen firmados con subidas anuales igual al IPC, según quedó fijado en la disposición tercera de la Ley de arrendamientos urbanos del año 1994, plazo que finaliza este año. Con lo cual, a 1 de enero del año 2015 los negocios tendrán que firmar nuevos contratos de arrendamientos y van a tener que hacer las nuevas negociaciones en un escenario de crisis económica, con un aumento del paro, con dificultades de acceso a la financiación para las empresas y en un escenario de destrucción de empleo. El comercio minorista, que es uno de los sectores afectados por esta disposición transitoria, ha tenido una caída del 8,9% del empleo, según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2008 y 2013, con lo cual se han destruido 175 000 empleos en el sector. Y en abril la caída del empleo ha sido de un 0,2% frente a abril de 2013, con lo cual seguimos todavía con tasas negativas, con caídas de empleo.

Esta nueva negociación ocurre en un escenario económico de descenso de la actividad comercial. No hay ningún estudio que recoja la situación de todos los sectores que se ven afectados por esta disposición transitoria, pero los que hay, los que existen sobre sectores concretos son lo suficientemente significativos y descriptivos del escenario global. Por ejemplo, la caída de las ventas en el comercio minorista es de un 20% sobre el año 2010, según el Instituto Nacional de Estadística. Durante los últimos doce meses, las ventas han caído en 8 de esos 12 meses, con una caída de venta interanual, a mayo de 2014, de 2,5 puntos. Con lo cual, estamos todavía en un escenario de crisis, por mucho que el Gobierno nos venda que la crisis ya se ha acabado.

Aparte del INE, tenemos también el indicador de confianza de la Universidad de Nebrija, que se elabora para la Federación Española de Hostelería y se hace trimestralmente, y en los dos últimos informes refleja caídas de las ventas, tanto en el primer trimestre de 2014 como en el último de 2013.




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Por tanto, señorías, estamos en un escenario en el que miles de empresas y comercios deben negociar desde el 1 de enero de 2015 un nuevo contrato de alquiler en un contexto de profunda crisis y con escasa actividad comercial, como reflejan los datos que he aportado. Y para que se hagan una idea de cuántas empresas se ven afectadas y para ayudarles a entender la dimensión del problema, permítanme que les aporte algunas cifras.

El comercio minorista, según el INE, tiene 592 172 establecimientos; son el 16,7% de los establecimientos comerciales de España; ocupan al 10% de la población. El anuario estadístico de la Caixa sobre España en 2013 dice que las actividades comerciales minoristas son 748 025. Señorías, 600 000, 750 000..., con que un 5 o un 10% de esas actividades comerciales se vieran afectadas por la finalización que recoge esta disposición transitoria estaríamos hablando que solo en el comercio al por menor tendríamos decenas de miles, puede que llegaran al centenar de miles de empresas las que estarían afectadas por esta obligación de renegociar de nuevo sus contratos.

Y permítanme alguna cifra más. El indicador de confianza de la Universidad de Nebrija, al que me he referido anteriormente, que se elabora para la Federación Española de Hostelería trimestralmente, incluyó en su estudio del cuarto trimestre del año 2013 2 preguntas para conocer el impacto de la finalización de la moratoria para los contratos de alquiler de pequeños negocios que fijaba la Ley de arrendamientos urbanos de 1994. Señorías, en una encuesta realizada por la propia Federación Española de Hostelería, la respuesta de los propios afectados fue: el 19,5% declaró que se iba a ver afectado por esta finalización de la disposición transitoria y el 71% estaba de acuerdo en que se produjese una prórroga de esas rentas actuales. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías que fueron los negocios encuestados en este trabajo.

Sin llegar a estos porcentajes, según estudios publicados podríamos estar entre el 5 y el 10% de los establecimientos mercantiles regidos por contratos de arrendamiento afectados por esta moratoria. Eso nos permite estimar que en el conjunto de las actividades comerciales —sumen comercio, hostelería, restauración, talleres de reparación, oficinas de profesionales independientes— podíamos estar hablando de que hay unos 300 000 establecimientos mercantiles en toda España afectados con casi 1 millón de trabajadores. Y considero que nos debería preocupar a todos que la finalización de esta moratoria pueda llevar a un aumento significativo de la renta que suponga el cierre de miles de negocios que están viendo una disminución en el consumo, falta de financiación y altas tasas de desempleo en nuestra sociedad.

Alguien podría pensar que las nuevas empresas van a sustituir a las que se vayan, pero parece que la crisis no apunta por ahí y, además, hay estudios que demuestran que el 80% de las nuevas empresas quiebran en menos de cinco años, con lo cual no podemos confiar en que se repongan las empresas que se destruyan, teniendo en cuenta que las que se van a destruir tienen veinte o treinta años de experiencia y de supervivencia en la actual crisis.

Nos preocupa, señorías, la destrucción de empleo que pueda producirse, la disminución de la actividad económica. Nos preocupa en el plano social el abandono, la desertización y la degradación que pueda producirse en los barrios históricos. Nos preocupa en el plano urbanístico que puedan verse afectadas las ciudades. Y nos preocupa la paralización del mercado arrendaticio por el derecho de tanteo durante un año, que podría generar problemas en este sentido.

Presentamos esta proposición de ley trabajada y negociada primero en Granada; es una propuesta del Partido Socialista después de habernos reunido con el sector, con las cámaras de comercio, con empresarios y organizaciones empresariales, con los colegios de gestores administrativos, con abogados y juristas, y a nivel nacional hemos mantenido reuniones con la Federación Española de Hostelería y la Confederación Española de Comercio, que nos han dado su apoyo. Como digo, esta proposición de ley está trabajada y negociada con el sector a nivel de trabajo en un principio en la provincia de la que soy senador y después con las organizaciones a nivel nacional. Y por eso hemos propuesto una modificación de la Ley de arrendamientos urbanos del año 1994, con 1 artículo, 2 apartados y 2 disposiciones transitorias. Pretendemos aplazar el fin de la moratoria durante cinco años más para los pequeños comercios, de manera que cuando tengan que acudir al libre mercado para negociar sus contratos de alquiler haya una situación económica más favorable que garantice la subsistencia de los comercios y el empleo.

Proponemos también una modificación de la disposición transitoria para lograr una mejor compensación del Fondo de comercio que ha generado estos negocios que llevan abiertos




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décadas; evidentemente, el local tiene un valor distinto gracias al negocio que ha subsistido durante décadas y pretendemos que la indemnización, en caso de que se sustituya de manera forzosa por un negocio del mismo tipo, sea de 18 mensualidades, pero no de renta antigua, como sucedía hasta ahora, sino de la renta nueva.

Como he dicho, incluimos dos disposiciones transitorias. En la primera proponemos que el Gobierno incluya una línea de crédito ICO que ayude al traslado, la reforma y la adaptación de todas las empresas que se vean afectadas. Sepan ustedes que ya existen ayudas, en concreto para el comercio al por menor, para el pequeño comercio, y lo que estamos pidiendo es que se aplique la ayuda para todos los locales comerciales que se encuentren en estas circunstancias. Y con la segunda proponemos un plan de protección integral del patrimonio comercial negociado por el Gobierno, el resto de administraciones, los empresarios, los sindicatos; que elaboren un plan que proteja nuestro patrimonio comercial, que proteja aquellas actividades que le dan carácter a las ciudades —piensen ustedes en farmacias, librerías, tahonas—, que distinguen unas de otras, porque consideramos que es un bien a proteger, igual que las fachadas, los patios u otros elementos arquitectónicos.

Espero contar con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios para que esta proposición de ley se tramite y podamos encontrar la mejor forma de ayudar a la supervivencia del comercio en nuestras ciudades, y concretamente del comercio tradicional en el casco histórico, así como al mantenimiento del empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

En turno en contra tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición de ley de modificación de la disposición transitoria tercera, como le hemos oído decir al senador Fernández Ortega, con la que se propone modificar una de las disposiciones transitorias más discutidas en aquellos años noventa y con el Partido Popular en concreto. Se trata de una ley socialista que trae causa de un ministro socialista, el conocido decreto Boyer. Curiosamente, lo que el PP en la comisión en la que se debatió esa ley, en la persona del diputado popular, don Luis Ortiz González, vaticinaba que podía ocurrir, está ocurriendo en parte. El Partido Popular solicitaba mayor flexibilidad en los acuerdos de arrendamiento comercial, mayor flexibilidad en los traspasos y en las subrogaciones, y algunas cosas se pudieron mejorar en el periodo de Aznar, cuando se revisó en 1999, cuatro años después.

Hoy, el Partido Socialista, que tras veinte años e in extremis reconoce su desatino, pide in extremis enmendarlo y cambiar las reglas de juego en el último minuto del partido. No es serio, señorías; a cinco meses no es serio cambiar las reglas de juego. Es un bandazo de esos a los que ustedes en sus propias filas estarán más que acostumbrados, incluso pienso que hasta abonados, pero aquí no se puede actuar así. ¿Por qué no plantearon esto en el ecuador de este procedimiento, de esta moratoria, es decir, a los diez años? Por otro lado, también nos llama la atención que no hayan saltado las alarmas como para cambiar estas reglas de juego a cinco meses de esta situación.

Asimismo en la exposición de motivos de esta proposición de ley vemos 2 cosas que aparecen constantemente cuando presentan mociones y proposiciones de ley. Usted ha estado moderado en su intervención, pero léase la exposición de motivos, porque en ella concurren las 2 cosas que siempre aparecen cuando nos proponen algo en esta legislatura, y son datos exagerados, forzados, torcidos e incluso retorcidos, acompañados de comentarios, frases y eslóganes de gran tirón mediático, pero que al final se quedan solo en titulares, eso sí, siempre acompañados de una foto, como en abril, en esa rueda de prensa que dio usted en su ciudad, porque eso es fundamental para ustedes. Pero esta no es la línea.

En su exposición de motivos vaticina un cataclismo; parece buscar, alterar y movilizar a un colectivo tendenciosamente, y yo creo que esa exposición de motivos es tan excesiva que resulta poco creíble. Sin datos claros ni contundentes, sin justificaciones o análisis técnicos de peso y totalmente extrapolados expone que por su Ley de 1994 ahora puede afectar a 300 000 locales comerciales de renta antigua y a 1 millón de personas. ¿De dónde saca este número? Aunque ya




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he dicho que ha extrapolado usted algunos números. Pero, insisto, dice en su exposición que estamos ante una realidad que puede afectar a más de 300 000 locales, y yo le vuelvo a preguntar de dónde saca este número. Porque es curioso que usted ofrezca estos datos que, por cierto, son muy difíciles de conocer, pues no hay un registro de este tipo de arrendamientos. Por cierto, curiosamente en la Ley de fomento y flexibilización del alquiler que hace año y medio proponía el Grupo Parlamentario Popular, y que se aprobó, exigíamos que se realizase un registro justamente para esto. ¿Y sabe que votaron ustedes? Que no querían registros, que prefieren hacerse las cábalas que se está haciendo usted hoy aquí.

Pues bien, señoría, le decía que, al menos, según las consultas que hemos hecho nosotros en Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid no tiene esos datos, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad no los tiene, los administradores de fincas de Madrid tampoco, y con toda humildad le diré, si me lo permite, que en mi ciudad he hecho la misma consulta y los mismos colectivos tampoco los tienen. Por tanto, esos datos, lo que ha presentado en esta mesa, carecen de la información de estas dos ciudades tan relevantes que le he dicho. Sin embargo, es curioso que no aporta datos ni analiza nada sobre la situación de la propiedad, en ningún momento ha salido de su boca la palabra propiedad, que es el 50% de la otra parte de esa moratoria. Luego, olvidándose del 50%, ¿me puede decir dónde está el equilibrio de esta ley? Me habla de un 50%, de esos hipotéticos 300 000 afectados. ¿Y los otros 300 000? Esta es una cuestión clave para que nosotros nos posicionemos, lógicamente, como va a ver al final de esta intervención.

Expone en su texto que el próximo 1 de 2015 «… se verán forzados…». ¿Forzados? ¡Hombre!, la ley les permite negociar, acordar, llegar a una revisión de ese contrato; por lo tanto, no es que se vean forzados —a esto es a lo que voy, a esa exageración constante en su exposición de motivos—. Incluso le diré que ha habido compras, que ha habido alquileres, que se han revisado precios, que la situación de esos alquileres ha cambiado radicalmente, que el local de enfrente ha cambiado. Afortunadamente, la casuística es muy variopinta, no es una regla de tres: si a los comerciantes y hosteleros de Granada les pasa esto y en Granada hay tantos ciudadanos, en España, equis. Ese no es el cálculo, esto es mucho más complicado.

También nos habla en su exposición de motivos sobre el cierre masivo, desembocar en una desertización de los centros históricos, una degradación urbanística, un desequilibrio descompensado. Otros informes —es cierto, de estudios que hacen empresas dedicadas a la consultoría inmobiliaria— nos hablan de que en Madrid y en Barcelona se están recuperando muchos de estos locales, que incluso se está consiguiendo dar entrada a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

Nos aconseja, además, posponerlo cinco años y esto me llama bastante la atención, porque dice que la economía habrá retomado un rumbo moderado, un crecimiento capaz de permitir un aterrizaje suave, luego propone alargarlo cinco años. ¿Qué significa alargarlo cinco años? ¿Chutar pa’delante? Tú tira que ya alguien resolverá dentro de cinco años. ¿Quitarse el problema ganando tiempo? ¿Le suena esta práctica? Yo creo que al Grupo Socialista le gusta bastante esta táctica. Esta mañana se hablaba de Alicia en el País de las Maravillas —¿recuerdan?— y se decía: ¿Adónde nos quiere llevar el Grupo Popular? Yo no sé adónde nos quiere llevar el Grupo Socialista con esta propuesta, pero a mí me recuerda más —perdóneme— a la película de niños Toy Story y a Bud Light Year: Hasta el infinito y mucho más. ¿Hasta dónde quiere llevar usted esta moratoria?

De todos modos, le decía que esta propuesta me hace gracia porque en parte reconoce que la situación económica está cambiando, y está cambiando para bien: la demanda interna repunta por primera vez en tres años; el PIB crece hasta un 0,4 en el primer trimestre; mejora la confianza industrial y la de los consumidores; aumentan las ventas de comercio de minoristas; comienza el segundo trimestre en positivo; aumentaron el 1,1% en abril más de lo esperado; el comercio minorista representa el 5% de nuestro PIB, medio millón de empresas españolas; la Seguridad Social gana 200 000 nuevos afiliados en mayo; el paro baja 112 000, el mayor descenso del paro desde 1996 en este mes. Por lo tanto, usted reconoce aquí, en esa exposición de motivos, que algo está cambiando y es en el punto donde más de acuerdo podemos estar con usted. Ahora, eso sí, todo esto que le he dicho con la coletilla: todas estas mejoras son insuficientes, aún queda mucho por hacer, pero creo que vamos en la dirección más que correcta.

También recoge en su exposición de motivos una mejor compensación del Fondo de comercio, no habla de una indemnización, y la ley lo que dice en el punto décimo de la tercera disposición es




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que se puede indemnizar, en un supuesto muy singular, pagando 18 mensualidades según la renta vigente en el momento del contrato, renta que se ha ido actualizando. Y yo le pregunto: ¿en qué lío nos metemos si esa renta que usted propone que se indemnice con la renta del nuevo contrato es inferior a la que estaba vigente con el anterior inquilino debido a la crisis? Por todo ello, consideramos que no podemos aceptar esta situación.

Como tengo treinta y cinco segundos, luego, en el segundo turno, le hablaré de las otras dos propuestas. Pero, concretamente, la propuesta del ICO y la propuesta de declaración de patrimonio específico ya están en vigor y, por lo tanto, nosotros decimos que, como ya existe, volverlo a reponer no vale para nada.

Esta sería nuestra posición, señor presidente, no vamos aceptar que esta proposición vaya adelante.

Muchísimas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No ha intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senadora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente. (El señor Fernández Ortega pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Iparragirre.

¿Sí, senador Fernández Ortega?

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: ¿No hay turno de réplica?

El señor PRESIDENTE: Hay un turno a favor que coincide con la defensa de la toma en consideración, puesto que es un único grupo el que la presenta. Se entiende que a la vez es el turno a favor, simultáneamente; luego hay turno en contra y después turno de portavoces.

Cuando quiera, senadora.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.

Yo hacía una valoración de los datos que se nos presentaban en esta propuesta, datos que al senador Ibarrondo no le parecen ciertos. Cada uno puede tener su valoración. Usted ha hecho mención a su ciudad. Yo, reiteradamente, cada fin de semana, cuando vuelvo de Madrid a la mía, me encuentro con un comercio cerrado. Sí, señor Ibarrondo, en Irún ocurren esas cosas. En el paseo Colón, avenida principal de nuestra ciudad —importante comercialmente—, cada fin de semana, cuando llego, un comercio, de los que aquí se citaban, de esos de trayectoria histórica, se cierra. Por lo tanto, no me voy a ceñir a si son 300 000 o si son el 50%, pero sí a que es un tema que está en la calle, que en el contacto en la calle —que a veces tanto nos reclaman los ciudadanos y que se nos escapa un poco— se respira. Puede que sea solo un problema de Irún, que es el que yo conozco, pero, en cualquier caso, la lectura de esta proposición que hoy se nos trae a debate no me resulta tan extraña.

Sí que es cierto —como decía también— que mi grupo entiende que podemos estar ante un conflicto de intereses: por un lado, los del arrendador, que tiene su derecho a recuperar la posesión de su inmueble, así como a conseguir la máxima rentabilidad posible de la propiedad, y, por otro lado, el interés del arrendatario de continuar con su actividad económica en unas circunstancias que hagan su empresa viable.

También es verdad que quizá cuando se aplicó esta moratoria no era fácil acertar en qué momento iba a poder coincidir la finalización de esos años con la situación económica que en este momento nos está tocando pasar.

Desde nuestro punto de vista, tramitar esto hoy para llevarlo a un debate de mayor profundidad —yo entiendo que hoy no es el momento de debatir con la profundidad que tiene el contenido, sino que podamos tramitarlo para que lo debatamos— no debería tener mayor dificultad, incluso por parte de quien no está de acuerdo, como hemos escuchado decir al senador popular que no está de acuerdo con el contenido. En cualquier caso, lo que hoy se votará es posibilitar que se tramite.




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Por mencionar dos pinceladas de nuestro punto de vista, nosotros consideramos que podría ser una medida más para dinamizar la economía, dada la situación que estamos atravesando, teniendo en cuenta la importancia que tiene el entramado comercial urbano como motor de actividad económica para las ciudades.

Nosotros no entramos a precisar si deberían ser cinco, tres o dos años, pero a nadie se le escapa —a pesar de que a veces escuchemos otras valoraciones mucho más positivistas— que todavía nos quedan por pasar un par de años difíciles. Por lo tanto, repito, esto formaría parte del debate que a posteriori pudiéramos llevar a cabo en la Cámara si hoy se tramitase favorablemente la proposición.

Los puntos segundo y tercero también los vemos bien, aunque insisto que con un debate posterior más sosegado podríamos entrar en precisiones o matizaciones que consideraríamos si hubiera alguna otra posibilidad de hacerlo. Pero nuestro grupo no va a entrar en ningún caso en un rifirrafe. Permítame decirle, señor Ibarrondo, que usted ha bajado aquí y hemos acabado entrando en el rifirrafe bipartidista de: cuando ustedes lo propusieron, en el año en el que estábamos, etcétera, y ahí nosotros no vamos a entrar. No vamos a entrar en si saltan o no las alarmas, en si hablamos de tirones mediáticos, de fotos, o demás. Repito, nuestra intención hoy es facilitar el trámite de esta proposición, pues nos parece una cuestión preocupante. El debate profundo se posibilitaría con el voto a favor de su tramitación. Pero, como le decía, no creo que esas posturas lleven a ningún lado y, como he dicho antes, nuestro grupo no va a entrar ahí. Nos parece que los debates sosegados, aunque sean desde la discrepancia, deberían ser el día a día de nuestro trabajo. Por tanto, para que ello prospere nuestro grupo votará a favor de esta proposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Esta proposición de ley aborda un tema muy concreto y acotado, aunque no por ello deja de ser importante desde nuestro punto de vista, y no solo, aunque también, por las referencias que ha hecho el senador Fernández Ortega —sobre todo relacionadas con el empleo y los muchos sectores económicos a los que puede afectar—, sino porque toca el corazón de un ámbito que consideramos absolutamente clave para muchas ciudades en este momento, como es la actividad económica del comercio de proximidad, del comercio minorista urbano. Es este un ecosistema extremadamente frágil en el que cualquier cambio, por pequeño que parezca —el valor de los contratos de arrendamiento puede ser clave para la viabilidad económica de una actividad comercial, sobre todo en tiempos de crisis—, puede desestabilizarlo y desnaturalizarlo en su conjunto. Así ha sucedido en otros países; incluso, en algunas ciudades y barrios de nuestro país ya lo estamos empezando a ver, aunque por otras causas. A nuestro grupo le parece todo lo contrario. Creemos que hay que preservar este tipo de comercio, mimarlo y cuidarlo con suma delicadeza para preservarlo, pues lo consideramos clave y básico para un modelo de ciudad y un modelo de vida.

Un comercio de proximidad bien implantado y distribuido en los barrios aporta no solo redistribución y equilibrio económico, no solo prevención y elementos de seguridad añadidos —por ejemplo, en términos de iluminación—, no solo un cierto espíritu de convivencia y de relación entre las personas altamente positivo, no solo elementos favorecedores de una movilidad sostenible que tanto reclamamos hoy en día —relacionado con el hecho de andar y, por tanto, con la salud y con el equilibrio medioambiental—, sino que estructura lo que se conoce como un modelo de ciudad compacta y multifuncional que no segrega las tres actividades básicas de la función urbana: la función residencial, la función económica y la función de provisión de servicios y ocio, sino que se convierte en su referente y es uno de los elementos que ayuda a integrarlos. Es lo que conocemos como un modelo de ciudad europea. Pues bien, este modelo de ciudad europea, en uno de los elementos claves, tiene mucho que ver con este tipo de actividad económica.

Los comercios de renta antigua, a los que se refiere en particular esta proposición de ley, son el corazón de este comercio urbano y de proximidad; son comercios consolidados, son comercios que han demostrado con el paso de los años su enorme viabilidad y, por tanto, tienen una clientela




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hecha y fija de los barrios y de más allá que si se pierde, si este comercio consolidado desaparece, corta dos elementos primordiales para este ecosistema, al que me he referido anteriormente: la diversidad comercial —porque arrastran actividades comerciales antiguas que otorgan siempre diversidad comercial— y la referencia y el prestigio del comercio en un barrio o en una ciudad, que además, en algunos casos son los más singulares y llamativos —como decía la señora Iparragirre, cada semana vemos que alguno de ellos está en cuestión; en Barcelona no solo es motivo de conocimiento directo sino que ha sido motivo de debate y polémica en el ayuntamiento—. Por lo tanto, el patrimonio histórico, material o inmaterial que aportan estos comercios puede contribuir aún más a este carácter de referencia y de prestigio. Por el contrario, seguramente el comercio que vaya a sustituirlo —y más aún en período de crisis—, será o franquicia o lo que se llama comercio oportunista, de muchísima rotación y de explotación intensa de un local por su ubicación, etcétera.

Y no hay que teorizar mucho, simplemente experimentando personalmente lo que sucede en algunas zonas turísticas de nuestras ciudades, los ejemplos están clarísimos y nos vienen enseguida a la memoria. La diversidad y la referencia de muchos comercios son sustituidos inmediatamente por fast food, tiendas de souvenir, que tienen un impacto negativo sobre la calidad de vida de los vecinos y hacen perder identidad a estos barrios y a estas ciudades; por no hablar de las sustituciones y transformaciones de los mercados municipales.

En definitiva, esta fragilidad de un ecosistema tan complicado y diverso como es el comercio urbano de proximidad, requiere, como decía al principio, cuidado, mimo y cirugía extremadamente fina. Por ello pensamos que está totalmente justificada la intervención de los poderes públicos en este asunto a nivel general, como estamos haciendo hoy; a nivel de comunidades autónomas, y sobre todo a nivel local; medidas específicas y ad hoc, sí, señor Ibarrondo, medidas que van cambiando en el tiempo, que se adaptan a cada territorio en cada momento para preservar el objetivo último: la diversidad y la multifuncionalidad de los barrios y de su comercio. Sé que es todo lo contrario de lo que ustedes piensan; sé que ustedes creen en el mercado; un mercado que sin estas contrapartidas se vuelve automáticamente ciego, cortoplacista y depredador del territorio, como se ha visto con otros elementos tan o más importantes que el que estamos planteando, como pueden ser, por ejemplo, los horarios comerciales.

En definitiva, entendemos que hay un interés general, que está incluso por encima de los posibles intereses de arrendadores y arrendatarios, del modelo de ciudad y de sociedad, que hace que sea extremadamente necesario revisar leyes como estas y analizarlas hasta el más mínimo detalle.

En definitiva, señorías, estamos de acuerdo en flexibilizar la aplicación de la Ley de 1994 en relación con la financiación de la moratoria de contratos de arrendamiento de locales comerciales a 1 de enero de 2015. Asimismo, también estamos de acuerdo con el resto de medidas complementarias, porque tienen un objetivo que compartimos plenamente: preservar un comercio viable, un comercio que ahora es viable, que ha demostrado su viabilidad y su fortaleza en la actualidad. Con el resto de medidas que ha explicado el senador Fernández, si finalmente no pudiera ser así, en caso de necesidad de traslado o de cambio de ubicación, también estamos de acuerdo con ayudar a este comercio a mantenerse y, por lo tanto, a salvar estos negocios, a mantener su viabilidad en la actualidad o en un futuro inmediato.

Creemos que eso tiene muchas más ventajas que inconvenientes, muchísima más fuerza, en relación con un objetivo general, que no hacer nada, que quedarse viendo cómo simplemente la pura ley de la oferta y la demanda actúa en territorios y barrios extremadamente sensibles, como digo, para este ecosistema.

Nuestro voto, pues, será favorable a esta toma en consideración, totalmente favorable al espíritu y al objetivo que traslucen los cambios en esta ley, y habrá oportunidad de discutirla, esperemos, aunque ahora ya sabemos que no. En fin, habría oportunidad de discutir los cambios concretos a través del debate de las enmiendas y de los ajustes para que la ley tuviera la máxima concreción técnica necesaria para un caso como este.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.




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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa de tomar en consideración esta propuesta legislativa, aunque en el contenido específico tenemos algunas discrepancias que se deberían solventar en el trámite posterior. Voy a intentar justificar nuestra posición.

Aunque no exactamente con los mismos argumentos que figuran en la parte expositiva de la proposición de ley y en las intervenciones del senador proponente, entendemos que se está produciendo una situación que requiere actuación legislativa; situación que seguramente no es querida por nadie, que no ha sido provocada por nadie concretamente y que era muy difícil prever hace veinte años, cuando se legisló, pero que quizá sí tenía que haberse previsto ya hace unos meses, pero nadie quiso asumirlo. Cuando digo nadie me refiero a que seguramente todos somos culpables. Somos culpables los que formamos parte de las cámaras legislativas, son culpables los que están gobernando diferentes instituciones, también algunos que estamos gobernando ayuntamientos, y también serán culpables en su grado, porque quizá han esperado al último momento, los arrendatarios, los titulares de estos negocios. Es obvio que en muchas ciudades medianas o grandes, en Cataluña también —tenemos ejemplos en Barcelona, Girona, Tarragona, Reus, Tortosa, Lleida—, donde hay un fuerte tejido comercial, hay negocios tradicionales que, amparándose en un contrato de renta antigua, aunque esté actualizada, han esperado y no han sabido reaccionar ante una situación que era previsible. Y seguramente no han sabido reaccionar, como usted apuntaba, senador, porque la situación de crisis, aunque pueda parecer una paradoja, lo ha dificultado. Y digo que podría parecer una paradoja porque la situación de crisis también ha hecho que los precios de los alquileres están ahora sensiblemente más bajos que hace cuatro o cinco años, pero también es verdad que la situación de los negocios también es mucho peor.

Por tanto, coincidimos en que deberíamos legislar y ampliar este período transitorio, si no por mucho tiempo, sí como para tomar las medidas necesarias para poder salvaguardar este tipo de comercio, este tipo de negocio en todas las ciudades y municipios, pero especialmente en los centros antiguos, en los centros históricos, en los centros más comerciales de todas nuestras ciudades. Alguien decía que cada vez que llega a su municipio ve que hay comercios que han cerrado, y hay que decir también que los que no lo vemos, si hacemos un repaso podemos intuir los que pueden cerrar a lo largo de los próximos meses, especialmente antes de fin de año. Y a este respecto seguro que tenemos en mente alguna librería, alguna juguetería, alguna empresa, algún pequeño negocio de restauración, comercios de comestibles tradicionales, etcétera.

Ahora bien, dicho esto y dicho también que nuestro grupo parlamentario se posiciona a favor del trámite de esta ley, debo decirles que discrepamos en algunos aspectos importantes de la proposición. No estamos seguros de la bondad de no limitar las subrogaciones a los descendientes. Entendemos que debería haber alguna limitación. Compartimos la esencia de la propuesta, que sería buscar otro período adicional de adaptación al libre mercado. Ustedes proponen cinco años, y podría ser, aunque quizá con tres sería suficiente. Sería cuestión de analizarlo. Pero, como ha apuntado algún portavoz, ya que en esta ley hay claramente una dualidad de intereses, creo que nosotros debemos intentar respetar y velar por todos los intereses afectados, no solo por los comercios y negocios que están en marcha sino también por los propietarios, y es que no todos los propietarios de estos negocios son grandes capitalistas ni tienen grandes fortunas. Hay también familias humildes que confían en poder disponer de su propiedad libremente. Por eso nosotros entendemos que la modificación que ustedes establecen en algunos puntos de la disposición adicional tercera se debería ampliar.

Me explico. ¿Deberíamos ampliar tres, cuatro o cinco años más? Quizá sí; podemos discutirlo. Pero nosotros entendemos que también se les tiene que pedir un gesto a los titulares de estos negocios. Por tanto, no solo haríamos una modificación en la letra b) de la disposición transitoria tercera sino también en la letra c), en el punto sexto, que regula la actualización de las rentas. A partir de 1995 se produjo paulatinamente, a lo largo de cinco años, una adaptación a una actualización de rentas, una actualización de rentas exclusivamente de acuerdo con el IPC. Y se actualizó desde su origen hasta el año 1995 el IPC, y posteriormente también ha habido actualizaciones de IPC. Pero es verdad que el mercado inmobiliario y el de alquiler han




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evolucionado a lo largo de estos treinta o cuarenta años de manera muy distinta al IPC. No podemos cargar toda esa responsabilidad exclusivamente al propietario. Por tanto, nuestro grupo entiende que también debería procederse a una modificación del punto sexto de la disposición adicional tercera en tanto en cuanto que las rentas, durante este período transitorio adicional se deberían actualizar, no con el IPC, que ya se han actualizado, sino que habría que buscar alguna medida o propuesta para intentar aproximar de forma escalonada los precios de los alquileres que se están pagando simplemente con una actualización del IPC, a los precios de mercado, que, como he dicho, tampoco son tan exagerados como hace tres o cuatro años.

Con esta medida, ¿qué se conseguiría? Un doble objetivo. Se respeta a estos comercios, se les da más tiempo para adaptarse al libre mercado y a la vez también comparten una parte del coste que solo asumirían los propietarios con estos alquileres. Todos sabemos de casos en los que se están pagando alquileres realmente bajos, y no tiene sentido que se perpetúen estos alquileres realmente bajos tres o cinco años. Por tanto, entendemos que debería buscarse esta posición intermedia, que seguramente sería fácil de alcanzar.

Tampoco compartimos la propuesta de modificar la indemnización, porque entendemos una parte de sus argumentos pero creemos que debería acotarse mucho más. No tiene sentido que a un negocio se le pueda indemnizar con dieciocho meses sobre la renta nueva y este negocio pueda reestablecerse con el mismo propietario a unos cuantos metros del antiguo negocio. Con lo cual, deberíamos buscar alguna solución.

En todo caso, y por ir terminando, quiero dejar constancia de la posición de nuestro grupo a favor de la toma en consideración, a favor del trámite, ya que hay un problema y debemos actuar sobre él, pero quizá discrepamos con las soluciones que ustedes apuntan en su literalidad. Seguramente seríamos capaces entre todos de buscar algún punto de encuentro. En todo caso, muchísimas gracias, les felicitamos por la iniciativa que han tenido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer a los grupos que comparten nuestra preocupación por el empleo y el mantenimiento de la actividad empresarial y comercial que hayan apoyado que se tramitase esta proposición de ley. Solo quiero hacer un par de comentarios respecto a que hay conflicto de intereses, como ha apuntado la senadora del Grupo Parlamentario Vasco.

Nosotros somos conscientes de que hay conflicto de intereses; de hecho, hemos hablado con el sector. Pero hemos tomado posición en el conflicto de intereses poniéndonos de parte de lo que entendemos que es la prioridad en este momento para el país, que es el empleo y el mantenimiento de la actividad. Si hay que tomar una decisión, tomémosla a favor —creo que usted lo comparte conmigo— de los que están generando actividad y empleo en este momento, aunque parece que la prioridad para el Grupo Popular y para el señor Ibarrondo son los intereses del propietario, lo que tampoco es una novedad, porque es lo que siempre hace la derecha y lo que la define: preocuparse solo del interés de una parte, en este caso no del que crea el empleo, sino del propietario. (Aplausos). Como han hecho con las viviendas en la última ley que han aprobado, donde dan todas las preferencias, todos los derechos al propietario y ninguno al inquilino. Lo hacen con las viviendas particulares y también con los comercios.

Al señor Bel tengo que contarle una anécdota que nos ha pasado a nosotros cuando hemos ido a hablar con los afectados. Usted ha dicho que la crisis ha hecho que cambien los precios de los alquileres, que bajen, y que, por tanto, estamos en un escenario diferente. Sí, pero ¿sabe usted qué nos hemos encontrado nosotros cuando hemos ido a hablar con los empresarios afectados? Que la crisis los tiene tan ocupados en mantener abierto sus negocios y su actividad funcionando que ni siquiera sabían que tenían que negociar de nuevo sus contratos a primeros de año. No lo sabían. Se lo digo en serio. Cuando hemos ido a hablar con ellos no eran conscientes de que tenían que cambiar su contrato a primeros de año. Ellos están en el día a día y no piensan en lo que viene después. La crisis tiene a la gente muy ocupada en el día a día y muy poco en el medio plazo. Por eso muchos de ellos no lo tenían en cuenta. Fíjese usted, no lo tenían en cuenta ni siquiera sus representantes. De hecho, cuando nos hemos reunido con ellos hemos sido




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nosotros los que hemos tenido que explicarles en muchos casos que esto iba a venir. Había algunos comerciantes que sí estaban preocupados y nos lo trasladaron, pero muchos no lo sabían.

Con respecto a la intervención del señor Ibarrondo, usted ha venido a leernos lo que ya traía preparado, y ha diseñado la estrategia de montar bronca porque no tiene ningún argumento para defender una posición contraria; ha venido a intentar descalificar lo que habíamos expuesto, y lo ha hecho de la manera más agresiva posible para intentar tener algo de razón, incluso levantando el tono de voz, cosa que usted no suele hacer, pero cuanto más lo hacía, más conciencia tenía yo de que usted estaba demostrando que no tenía razón en nada de lo que defendía.

Decía usted que hemos exagerado con los datos. ¿Y no le parece a usted que es retorcer su argumentación decirnos que si queríamos haberlo cambiado, que lo hubiésemos hecho hace diez años? ¿No le parece que eso es retorcer la argumentación? ¿Así de pobre es su razonamiento? ¿Viene usted a decirme que nos hubiéramos anticipado diez años? Creo que eso demuestra claramente que usted no tiene argumentos.

Nos cuestiona también cómo vamos a poner dieciocho meses de renta nueva. ¿Y si la renta nueva es inferior? Senador Ibarrondo, estamos diciendo que eso solo se aplica en el caso de que tenga que abandonar forzosamente el negocio. Por tanto, no me diga que es por una renta inferior. Creo que usted ha buscado argumentos para intentar defender lo indefendible.

Señorías, si a ustedes les preocupa cuántos afectados hay, creo que he dado datos para que todos podamos comprender que son decenas de miles, que pueden ser centenares de miles, y he aportado datos de sectores según el propio INE. Sin embargo, me dice que he exagerado los datos. Señoría, si hay 700 000 comercios al por menor funcionando —según los datos del INE, aunque dice usted que no hay dónde mirar—, y hacemos la estimación de que un 10% está afectado, ¿es eso una barbaridad? Para que entienda usted que no lo es le he dicho —aunque observo que no me ha escuchado— que la federación de hostelería —no el PSOE— hace unos meses ha hecho una encuesta entre sus asociados —el sector de la hostelería, la restauración, los bares, etcétera— y prácticamente el 20% ha respondido que se ven afectados. ¿Le parece a usted que si el 20% en este sector se ve afectado, suponer el 10% del conjunto es un disparate? Tenga usted en cuenta que esta disposición transitoria afecta al comercio al por menor, a la restauración, a la hostelería, pero también a la reparación, a los pequeños talleres, al alquiler de locales por parte de profesionales independientes.

Usted ha buscado argumentos para intentar desacreditar y para tratar de eludir tomar decisiones. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones cuando hay problemas. ¿Qué parte de la crisis no ven ustedes? Se empeñan en decirnos que España va bien. Ha venido usted a decir que todo va bien, que no hay que preocuparse, que ya tenemos muchas cifras positivas. Señoría, pues pregúntele usted a los comerciantes. ¿Con quién ha hablado usted? ¿Ha hablado usted con las asociaciones a nivel nacional, con las mismas que han hecho las encuestas y han preguntado si se veían afectados o no? ¿Con quiénes han hablado ustedes? ¿Han hablado con los especuladores, a los que venden lotes de viviendas del Sareb para que den pelotazos con ellas? ¿Son esas sus fuentes? ¿Es esa la gente con la que habla el Partido Popular? Me da la sensación de que ustedes no han hablado con la gente que se ve afectada. Y me dice que estamos exagerando cuando nos preocupamos por el sostenimiento de los cascos históricos de las ciudades. Si nosotros decimos que el cierre puede degradar un barrio, ¿es que no conocen ustedes casos, no gobiernan ciudades donde el cierre de los locales comerciales produce precisamente eso, la degradación de los barrios? ¿No deberíamos ocuparnos de ese comercio al por menor y tomar medidas para ayudarlo?

Para terminar, también quiero hacer una reflexión acerca de los contratos de los que nos estamos ocupando. Son contratos que firmaron las partes libremente en su día, según una ley, y esa ley bajo la que se firmaron esos contratos decía que eran indefinidos. Posteriormente, con otra ley se cambia el statu quo y se va a una condición de libre mercado, se hace de una forma programada en el tiempo, dando una moratoria que es distinta según el tamaño del comercio, como he explicado en mi primera intervención, y donde todos los comercios grandes ya han ido pasando al libre mercado: a los cinco, a los diez y a los quince años, y solamente nos queda por hacer llegar a ese punto al pequeño comercio. Y lo que el Grupo Socialista está pidiendo es que, como aquella programación que se hizo hace veinte años no podía contemplar de ninguna manera la crisis que tenemos en estos momentos, y como estamos ante circunstancias diferentes, estamos




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aquí para tomar medidas diferentes. Y la propuesta del Partido Socialista es absolutamente sensata. Estamos diciendo que el escenario ha cambiado radicalmente con respecto a lo previsto cuando se planteó esta propuesta. Tomemos una medida que permita no hacer daño a la prioridad de este país: el empleo y el mantenimiento de la actividad económica. Y la respuesta del Partido Popular ha sido dar un portazo en la cara a todo lo que signifique negociar y preocuparse por ayudar a la gente, cuando el resto de los grupos, aun con discrepancias, han dicho: tramitemos la proposición de ley y discutamos y busquemos formas de equilibrar los intereses, si es que hay que hacerlo. Están dispuestos a hablar porque reconocen que hay un problema, pero el Partido Popular, que ya está embarcado en esa ola de que España va bien, no ve ningún problema. Ya da igual lo que aquí se plantee, sea sensato o no; ahora ya todo está bien. Pero todo está bien para los propietarios y para la gente a la que defienden ustedes, no para el pequeño comercio, para la gente que día a día tiene que mantener su comercio y su actividad empresarial abierta y para la que un apretón en el precio del alquiler puede ser la diferencia entre permanecer abierto o tener que cerrar el negocio. No sabemos lo importantes que son 500 o 1000 euros más de gasto en cada negocio a la hora de que un empresario decida o no cerrar, y nuestra tarea es establecer las mejores condiciones para que hoy se mantenga la actividad y el empleo. Esa es prioridad de nuestra tarea en esta sede parlamentaria, y todos los esfuerzos que no hagamos en este sentido supondrán perjudicar este país, cuando nos han puesto aquí para protegerlo y no para perjudicarlo.

Creo que la decisión que ha tomado el Partido Popular en este momento al no permitir que se tramite esta proposición de ley está sustentada en la soberbia, en la falta de rigor y en la falta de seriedad. Usted ha querido atacar los datos que yo he traído porque no tenía argumentos para posicionarse en contra de que nos preocupemos por defender los intereses de los comerciantes y del mantenimiento del empleo en nuestras ciudades.

Espero que el tiempo ponga a cada uno en su sitio y que ustedes reciban la respuesta que merecen de esos comerciantes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, señor presidente.

Señorías, lo que es evidente, y han quedado totalmente disipados, son los plazos que cada grupo político da a la vida útil de esta crisis. Hemos visto un PNV eufórico, que da un plazo de dos años para que la crisis se disipe totalmente, con el comentario esta mañana del señor Urkullu, que al saber que ha habido 1315 personas menos en el paro se ha venido arriba; CiU propone tres años de moratoria y cree que en ese plazo la situación económica ya estará resuelta; y el equipo del Partido Socialista, que está en un período bastante difícil, por decirlo de alguna forma, lo ve más a largo plazo. Pero es evidente que se disipa la crisis y, por lo tanto, bienvenida sea esta propuesta para aclarar la posición. Señor Bel, la verdad es que me ha gustado que usted haya dicho que todos somos culpables. Es un punto inteligente, y si viviese en su bella ciudad de Tortosa me pondría difícil el no votarle; votaría al Partido Popular, pero me lo pondría usted difícil.

Dicho esto, no hay donde mirar los datos. Usted me da los datos de los locales comerciales que hay en España, punto. Pero —repito— como no ha habido un registro de cómo son esos contratos y en qué situación están —ustedes no han querido constituir un registro de ese tipo de contrataciones inmobiliarias—, nadie lo sabe; pero es que no lo saben ni en Granada ni en Irún ni en Vitoria ni en Madrid. No sabemos cuál es la situación real. Y usted dice: no, es que hay muchos. Pero ¿cómo dimensionan ustedes? ¿Porque hay muchos? ¿Porque hay pocos? ¿Porque hay algunos? ¿Porque yo conozco el del barrio que ya ha desaparecido? Entonces, ¿dimensionamos las carreteras por el día de salida, el 1 de agosto, con 7 carriles para un lado y 7 siete carriles para el otro? ¿De cuántos meses ha de ser la moratoria y en función de qué datos? ¿De los que usted ha extrapolado, como usted mismo ha afirmado aquí?

Aclaremos cuál es la situación actual, porque lo cierto es que no es tan mala como dicen ustedes y las puertas de la negociación no están cerradas en absoluto. La disposición transitoria tercera fija una moratoria de veinte años —que se cumple el 31 de diciembre de 2014— para la extinción de los contratos de alquiler de local que, a la fecha de aprobación de esa ley de 1994, se encontrasen en situación de prórroga, mientras que aquellos que no hubiesen entrado en prórroga




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se extinguirán en la misma fecha o en su fecha de terminación, si esta fuese posterior. De esta norma, en general se exceptúa a aquellos arrendatarios que sean personas físicas, en cuyo caso el contrato se extinguirá en la fecha de jubilación o fallecimiento, pero también se puede subrogar el cónyuge, y se extinguirá en el momento del fallecimiento o jubilación de la misma persona. Por último, si el subrogado fuese un descendiente del arrendatario, el contrato se extingue en diciembre de 2014. Pero, señores, nadie pone en esa ley: prohibido negociar, acordar o llegar a una entente dada la situación. En dos años termina la crisis; la situación es boyante. En cinco años para usted; en tres años para CiU.

Para aquellos arrendatarios que sean personas jurídicas todos los contratos de renta antigua vencen a más tardar en la misma fecha. Sin embargo, según el punto número 7 de la disposición transitoria tercera, cuando el arrendatario hubiese revisado la renta —por eso le decía que en la ley podía haber la cautela de revisarla, y yo creo que cualquier comerciante que se precie tiene unos conocimientos básicos de cuál es su situación, de cómo tiene que ir revisándose; pero eso lo hablaremos más adelante—, según lo dispuesto en las reglas 1ª, 5ª y 6ª del número 6 de la misma disposición, los plazos establecidos para la extinción de los contratos de arrendamientos, tanto de personas físicas como jurídicas, aumentan en cinco años. También para cualquier tipo de arrendatario cuando en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la ley se hubiera producido ese traspaso del local de negocio. Los plazos fijados vuelven a incrementarse cinco años. Para las personas físicas, la disposición transitoria deja abierta la posibilidad de traspaso del contrato de arrendamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley, lo que permitirá la continuación del arrendatario por un mínimo de diez años.

Por otro lado, el punto número 11 de la disposición nos habla del derecho preferente para continuar en el local arrendado si el arrendador pretendiese celebrar un nuevo contrato. Esa es la discusión que hemos tenido, y también puede darse la casuística de que ese alquiler no pueda interesar.

Pero hagamos una valoración de su propuesta. La disposición transitoria para estos arrendamientos urbanos intentó establecer un equilibrio razonable entre los derechos y obligaciones del arrendador y arrendatario. Conjugó la reducción de los derechos de estos últimos con el establecimiento de un largo período transitorio, de veinte años —si a usted le dicen: en veinte años va a pasar esto, ¿usted no se prepara en veinte años? Yo sí me preparo—, protegiendo de manera especial a los arrendatarios —a sus amigos, como a usted le gusta decir, porque le gusta hablar de que nosotros somos de este lado, y ustedes, del otro—. A los arrendatarios se les protegió durante veinte años y se les sigue defendiendo en la nueva Ley de alquiler, y usted lo sabe, protegiendo de manera especial a los arrendatarios que fueran personas físicas y, en cualquier caso, concediendo a todos los arrendatarios afectados un plazo que difícilmente puede considerarse corto o insuficiente para adoptar las decisiones que considerasen más oportunas, como, por ejemplo, acogerse al procedimiento de actualización de rentas, contemplado también en el número 6 de la disposición. Otro punto para ir modificándose y adecuándose a lo largo de estos veinte años.

Había esa flexibilidad, la modificación de 1999 amplía la variedad para poder acogerse incluso a ciertas congelaciones de rentas —mala decisión; hubo quién congeló las rentas durante un período y ahora tiene que hacer frente a esa congelación—. Una ampliación de la moratoria sería, por otro lado, a costa de los arrendadores, prolongando para ellos una situación de perjuicio. Y, sí, es cierto, es una situación clara de perjuicio. Por cierto, esta es una ley socialista.

El señor Martí ahora me dice —eso sí, con mucha delicadeza en su expresión— que pide cuidado, que pide mimo, que pide atención, medidas ad hoc en cinco meses para el comercio de detalle. Pues bien, yo no sé si ha sido usted alcalde, pero creo que ha estado en la vida política durante muchos años, y le pregunto: durante estos veinte años, con todos esos grandes comercios, esos centros comerciales, esos espacios agresivísimos comercialmente hablando, ¿dónde estaba su mimo? ¿Dónde estaba su ad hoc? ¿Dónde estaba su atención para esa gente? Si se habla a cinco meses, sí; a cinco meses yo cojo la bandera y salgo a la plaza a decir que esos pobres hombres se van a ir. Pero con todos los centros comerciales que usted les plantó a las afueras de la ciudad, ¿qué mimo les dio? Por lo tanto, todos somos culpables, como dice el señor Bel.

Vivimos en un Estado de derecho donde protegemos la propiedad privada. ¿Sí o no? Por el momento. Por lo tanto, ¿qué imagen tienen ustedes del propietario, de la propiedad? ¿Cómo ven ustedes al propietario de ese inmueble que se está desgajando, que se está cayendo? ¿Qué ven?




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¿Al tío Gilito con unos dólares, o a una persona que tuvo la mala suerte de heredar un producto edificatorio y que tuvo unos contratos en 1908? A esa persona, que tiene unos tremendos gravámenes urbanísticos, que le hemos puesto nosotros en estas Cámaras, ¿qué le decimos? Podemos decirle que en tres años la crisis se termina, aunque hay alguno que dice dos. ¿Alguien da más? Sí, el Partido Socialista dice que en cinco. Pues usted, amigo de los arrendatarios, dígale a los arrendadores, a los 300 000 propietarios de esos locales: yo calculo que en cinco años despegamos. Pero eso no es así.

También le voy a decir algo, con todo cariño, a la señora Iparraguirre: en Irún también pasa esto, y en Vitoria, y en muchas ciudades. Pero es que hay temas fundamentales —y me da apuro decirlo, porque lo desconozco completamente—, como son la contabilidad comercial, la previsión a futuro, las tasas de retorno, los VAN, los TIR, que estudiamos hace muchos años. Y es que tiene que haber una previsión. Por tanto, ese discurso de que llego a Irún y me encuentro una tienda cerrada… Oiga, cuénteme la historia de Irún, de todos esos centros comerciales que se han hecho en los veinte años pasados. No hagamos, pues, un alarde a cinco meses sobre que hay que revisar esa moratoria de veinte años y hay que tratar ad hoc y con mimo a ciertas personas. Por lo tanto, valoramos muy desfavorablemente el revisar esta actuación.

En los diecinueve segundos que me quedan me hubiese gustado hablarles de las actuaciones del ICO y de las inversiones que se están realizando y, sobre todo, de la protección que hay en todos los centros históricos de Vitoria.

¿Quién no tiene un programa de protección al comercio de los centros históricos? ¿Quién no tiene una actuación de protección y dinamización del comercio en la ciudad? Todas las ciudades, todo alcalde que se preste, lo tiene.

Por lo tanto, les agradezco muchísimo la iniciativa, pero creemos que hay que cumplir la ley como se estableció hace veinte años.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibarrondo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley.

Les anuncio que ha habido votación telemática. Han votado por este procedimiento las senadoras García Carrasco, Jurado Fernández de Córdoba, e Ibarz Ibarz. Han sido autorizados los tres votos. Han emitido voto las tres. Los votos emitidos van en el siguiente sentido: la senadora García Carrasco ha votado afirmativamente la toma en consideración, la senadora Jurado ha votado negativamente, y la senadora Ibarz, ha votado negativamente también. Por tanto, lo sumaré a la votación que realizaremos a continuación en el hemiciclo.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 3 votos telemáticos, 241; votos emitidos, 240; a favor, 92, más 1 voto telemático, 93; en contra, 141, más 2 votos telemáticos, 143; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1. PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000069)

El señor presidente da lectura a los puntos 8.2. y 8.2.1.

EL señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Jiménez. Guarden silencio, señorías. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).




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La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, presento el dictamen del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado.

Este proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara el día 19 de mayo de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señoría. No continúe, por favor.

Ruego silencio en el hemiciclo. Es imposible oír a la oradora.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 26 de mayo de 2014, presentándose un total de 3 vetos y 151 enmiendas.

El veto número 1 fue presentado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 3, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Por lo que se refiere a las enmiendas, se distribuyen de la siguiente manera: enmiendas números 1 a 38, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 116 a 119, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas números 49 a 115, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas números 39 a 48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Enmiendas números 120 a 147, del Grupo Parlamentario Socialista. Y enmiendas números 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 28 de mayo se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y emitió informe, acordando por mayoría incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Asimismo, acordó efectuar una serie de correcciones de carácter técnico en el texto.

Finalmente han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado, y Socialista.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Iniciamos el debate de las propuestas de veto presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Doy el veto por defendido, y quedamos reflejados en la intervención del señor Guillot.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a defender este veto en representación del senador Mariscal, del senador Iglesias, del senador Saura y de mí mismo, es decir, en representación de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds. Y quiero empezar mi intervención recordando dos afirmaciones realizadas por miembros de este Gobierno sobre nuestro sistema financiero. La primera de ellas es de hace poco, cuando el señor presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, afirmaba que nuestro sistema financiero es el más solvente de Europa. Y la segunda es del ministro De Guindos, que en la presentación del proyecto de ley en el Congreso nos decía que hoy disponemos de un sector financiero saneado, transparente y solvente que está contribuyendo a que nos situemos de




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nuevo en la recuperación económica. Son dos afirmaciones preocupantes que nos indican que o bien este Gobierno está instalado en la fantasía o bien en la mentira. Yo creo que en esto último.

Señorías, el sistema financiero español ha sido y es un desastre. Se caracteriza por su voracidad especulativa, mala gestión, opacidad y tantas veces por el puro latrocinio de sus gestores, un sector financiero que con la complicidad del poder político ha campado a sus anchas, siendo el principal responsable de la burbuja inmobiliaria que ha provocado una crisis por sobrendeudamiento con efectos muy negativos para la economía real. Es un sector financiero que ha habido que rescatar con dinero público, rescate que ha exigido la solicitud de fondos a la troica, provocando un aumento de nuestro déficit real, por mucho que estos créditos no computen; créditos otorgados a cambio de cumplir con las imposiciones recogidas en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno con la Comisión Europea en julio de 2012, con imposiciones que a su vez tuvieron graves impactos sociales. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros invertidos en el rescate bancario, un recate que —recordarán sus señorías— no iba a costar ni un euro al contribuyente, según afirmaba el ministro de Economía, De Guindos. Otra mentira. Más tarde se nos informó que había que dar por irrecuperables, como mínimo, 31 000 millones de euros. Y tampoco podemos olvidar, señorías, que si se hubieran dejado a su suerte, la mayoría de las entidades financieras no habrían sobrevivido, y las que lo hubieran hecho habrían salido bastante dañadas. Si son los ciudadanos los que al final deben pagar la factura, queda más que justificada la necesaria intervención pública en forma de regulación, supervisión e intermediación directa. Y también es necesario recordar siempre que quien en régimen de autorización maneja el dinero de otros no puede actuar bajo el estricto criterio de la libre empresa, y menos aún si acaba dependiendo del apoyo de los recursos públicos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Es un rescate, el bancario, que no ha ido acompañado de ninguna condición, como sí se ha hecho en otros países de nuestro entorno. ¿Saben, señorías, cuál ha sido el principal uso de estos fondos, dados a intereses bajísimos por parte de las entidades financieras? Comprar deuda soberana, principalmente española, lo que les daba rentabilidad y un segundo efecto, fruto de la nueva regulación bancaria de Basilea III, que es que la tenencia de deuda pública compute la ponderación de los ratios de liquidez. Un sector financiero supervisado por un Banco de España, mal gestionado y que en ningún momento fue capaz de intervenir para evitar la hecatombe del sistema. Nuestro sector financiero está tan poco saneado, que el acceso al crédito para las empresas y familias sigue siendo dificultoso y tiene unas altísimas tasas de morosidad. Fíjense ustedes en la paradoja. Hoy vamos a discutir y votar un proyecto de ley cuyos objetivos son garantizar prácticas de gestión más eficientes; establecer normas claras y transparentes; introducir mejoras prácticas en las entidades de los sistemas de gobierno corporativo eficientes y una política de remuneraciones coherente con los riesgos de la entidad; obligación de que las entidades cuenten con estrategias y procedimientos que les permitan evaluar la adecuación del capital mantenido en función de sus riesgos; y se otorgan las facultades y poderes necesarios al Banco de España para que pueda realizar la función supervisora de las entidades de crédito. Todas estas afirmaciones son extractos de la intervención del ministro De Guindos en el Congreso. Uno se puede preguntar qué proyecto de ley hubiera presentado el Gobierno si el sector financiero no fuera el más solvente de Europa, transparente y saneado.

Los senadores que anteriormente he citado apoyamos la transposición del paquete denominado CRD IV, que cuenta con la Directiva 36, del Parlamento Europeo y del Consejo, y con el Reglamento 575. Vemos útil que se fusione y sistematice la normativa hoy dispersa y carente de sistemática, pero encontramos insuficiente, del todo insuficiente, el contenido de esta ley.

El Gobierno ha optado por transponer a la baja la normativa europea, y lo consideramos un error, un grave error, vistos el comportamiento del sector en el pasado reciente, la continuidad en la dirección de las principales entidades financieras y los gestores que provocaron el desastre y los vicios y malas prácticas acumuladas durante años en nuestro sistema financiero español. Y quiero reiterar una vez más que persiste una nociva subordinación del poder político al poder financiero, y todo ello en una economía fuertemente bancarizada.

Los senadores que presentamos estos vetos valoramos como decepcionante cómo contempla el proyecto de ley la regulación del gobierno corporativo de las entidades de crédito, dado que no va más allá de lo que ya existe para las sociedades cotizadas, salvo en dos aspectos. Por un lado,




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en cuanto al plan de viabilidad, cuya eficacia depende en gran medida de la efectividad de la supervisión del Banco de España. La regulación que contempla el proyecto de ley de las facultades supervisoras del Banco de España es del todo insuficiente; parece que no hayamos aprendido nada de la experiencia pasada. Es un error dejar la puerta abierta a que las entidades no cumplan con las guías en materia supervisora que elabore el Banco de España. Estas guías deben ser imperativas y no deben contemplarse excepciones en su cumplimiento.

Por otro lado, resulta insatisfactoria la regulación de las remuneraciones a los consejeros y altos directivos de las entidades de crédito; no basta solo con introducir mecanismos de control y transparencia, sino que debe imponerse un control cuantitativo de dicha remuneración. La posibilidad de que el componente variable de la remuneración pueda alcanzar el 200% del componente fijo, sin introducir más especificaciones, mantiene abierta la posibilidad de que en un futuro se incentiven operaciones especulativas. Y también se echa a faltar una mejor regulación del régimen de nombramientos de consejeros y altos directivos de los bancos y entidades de crédito y de la idoneidad de estos, así como incrementar el grado de responsabilidad personal, tanto profesional como patrimonial y penal, de los gestores de las entidades financieras. En el proyecto de ley sale bastante barato hacerlo mal, y determinados salarios compensan este hacerlo mal.

Era y es necesaria una ley que permita un control real y una supervisión del sistema financiero, que desincentive la toma de riesgos excesivos; la experiencia nos indica que hay que desactivar el riesgo que representan bancos cada vez más grandes, libres para crecer y repartir beneficios, pero no para asumir pérdidas y siendo demasiado grandes para caer. Vista la experiencia de la crisis de nuestro sector financiero, ¿no hubiera sido prudente establecer mayores exigencias de ratios máximos de préstamos en función de los depósitos de cada entidad y así evitar que se obtengan estos recursos por la vía del sobreendeudamiento externo y exterior? ¿No sería oportuno también establecer límites más exigentes en relación con el ratio de préstamos agregados en función de la economía nacional, para que si se volviera a repetir una crisis sistémica como la actual la crisis financiera no se llevara por delante a todo el país? ¿No sería necesario establecer limitaciones en los préstamos a sectores específicos de la economía para evitar la concentración de riesgos y así impedir que se reproduzcan en un futuro situaciones como la del sector inmobiliario español?

Y este proyecto de ley —y son más razones para justificar nuestro veto— no pierde la oportunidad de avanzar en dos objetivos siempre presentes en la legislación del Gobierno del PP: la recentralización —disposición final décima— y la laminación de las competencias del órgano regulador, en bien del artículo 84 y del preámbulo presentados por el Grupo Popular en la tramitación en esta Cámara.

Señorías, la reestructuración del sector bancario está dibujando un escenario de oligopolización del sector financiero y ello quiero decir de concentración de riesgos. Sería social y moralmente inaceptable que se reprodujera en el futuro una situación como la vivida en España: beneficios, fruto de la especulación para unos pocos, y socialización de las pérdidas; sueldos millonarios para gestores fracasados; rescates públicos que afectan a la sociedad y a la economía; impunidad para los responsables; compadreo entre la banca y la política, porque todo esto, al fin y al cabo, nos degrada como sociedad.

Quisiera ir terminando esta justificación del veto reivindicando la necesidad de una banca pública, una banca pública fuerte que sea capaz de tener prácticas corporativas y lógicas distintas a las de la banca privada. No les estoy planteando nada que no exista en nuestro entorno. Según la Asociación Europea de Banca Pública existen 221 bancos públicos en 32 países; una banca pública que seguro que haría más eficiente el sistema, económica y socialmente.

También no por conocida deja de sorprender la escasa sensibilidad social de este Gobierno y que se manifiesta en este proyecto de ley. El Gobierno del Partido Popular en la disposición adicional vigésima se compromete a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley para incorporar la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, para mejorar la regulación en la protección de clientes bancarios y, en particular, del deudor hipotecario.

Señorías, con un balance de desahucios tan dramático como el de 2013, con más de 100 desahucios al día, el Gobierno se da de plazo un año, un año más, y lo sorprendente es que este año más que se da de plazo es el 2015, cuando se agota ya la legislatura. Si ya de por sí es




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criticable tanta lentitud en abordar uno de los principales problemas sociales que sufre España, es del todo cínico hablar en 2014 de que lo haremos en 2015, cuando ya no habrá legislatura posible.

Señorías, por todas estas razones, solicitamos el voto favorable a los vetos presentados y que he defendido en representación de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds.

Gracias por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista.

Senador Lerma, tiene la palabra.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidenta.

Yo voy a defender el veto, pero quiero llamar la atención de sus señorías en el sentido de que vamos a empezar a discutir en este momento un proyecto de ley que se llama de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito y creo que debería tener la suficiente importancia como para que sus señorías no solo prestaran atención, —eso, por supuesto, en todos los proyectos de ley—, sino para que estuvieran muy interesados en el asunto, porque estamos hablando fundamentalmente de las condiciones de funcionamiento de las entidades financieras que nos han llevado a esta situación, a la de los 6 millones de parados en España, a la de millones de parados en Europa, a la de la recesión mundial y a la del riesgo de crack de todo el sistema financiero en su conjunto. Es lo que ahora vamos a discutir y cuando les planteen en una próxima recesión si ustedes tuvieron algo que ver o no, seguramente, con esta votación tendrán que admitir que ciertamente tuvieron una relevancia en el tema. Hasta ahora no había habido regulación suficiente y, lógicamente, resultaba difícil complicarles.

Con todo y con eso, yo quiero decirles que no le hemos dado la suficiente importancia. En primer lugar, porque en el Congreso se debatió una cuestión, de la que depende el futuro de muchos millones de ciudadanos de España, y de todo el mundo en su conjunto, sobre el funcionamiento de las instituciones financieras, y hemos pasado directamente a un debate en comisión por el procedimiento tradicional de darle competencia plena. Y, en el caso concreto del Senado, hemos dado trámite de urgencia a una cuestión en la que nos jugamos el futuro y la miseria o el sufrimiento de muchos millones de ciudadanos. Esa es una de las razones fundamentales por la que nosotros hemos querido presentar este veto.

Se trata de una llamada de atención sobre un asunto que nos parece fundamental para el futuro de los ciudadanos. En ese sentido quiero decir que nosotros, siendo conscientes de esta realidad, y a pesar de los múltiples problemas que se derivan de la falta o mala regulación del sistema financiero en su conjunto y del sistema financiero español en particular, hemos tenido una actitud abierta para ver lo que nos proponía el Gobierno y para intentar llegar a un gran pacto global que pudiera poner remedio a las situaciones actuales o a las que pudieran plantearse en el futuro. Por lo tanto, inicialmente manteníamos una clara voluntad de negociar. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue que en algunos aspectos conseguimos convencer al Gobierno de que nuestra posición era la más apropiada, respecto a otras cuestiones se presentó alguna enmienda transaccional en el Congreso, pero introdujeron ciertos puntos que modificaban sustancialmente la situación.

En este sentido quiero decirles, en primer lugar, que la regulación, que depende de la trasposición de la normativa comunitaria, ya fue aprobada por un real decreto ley del Gobierno a finales del año pasado. Por tanto, es bastante evidente que la urgencia no era indispensable. Al contrario, no era recomendable en una cuestión tan importante como esta. ¿Por qué se pide entonces el trámite de urgencia en el Senado? Obviamente, porque se pretende hacer modificaciones que no pasen por el debate parlamentario, lo cual significa que existe una trampa evidente en el planteamiento del Gobierno. No está discutiendo abiertamente la mejor fórmula para solventar la cuestión sino que quiere establecer, sin que haya un debate previo y convirtiendo en inapelable la situación, el posicionamiento del Gobierno. Nosotros, que hemos ido percibiendo paulatinamente este posicionamiento del Gobierno, aunque siempre dispuestos a la negociación, hemos ido modificando también de forma paulatina nuestra posición, que ha pasado de ser abierta —pues inicialmente hablábamos de abstención para poder negociar con el Gobierno—, para acabar después mostrando nuestro voto negativo y, finalmente, llegar a la presentación de un veto en esta Cámara. ¿Por qué hemos planteado el veto? En primer lugar, me gustaría cuestionar algo




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desde el punto de vista teórico acerca de lo que ya se ha aprobado en realidad. De repente, algunos economistas conservadores, el propio Gobierno del Partido Popular y el ministro de Economía en su intervención han venido a decir: nosotros hemos salido ya de esa espiral que suponía el problema bancario y la deuda pública, por tanto, digamos que ya estamos saliendo de la crisis. ¿Pero quién ha dicho que aquí el problema era de deuda pública? La realidad es que no era un problema de deuda pública. Nosotros, como el resto del mundo, y en particular en Estados Unidos, empezamos con un problema de deuda privada de las entidades financieras producido por su excesivo celo en ganar dinero y por un apalancamiento que pasó del 1% al 30% en el caso de Lehman Brothers, situación similar a la de otras muchas entidades financieras.

No es verdad que estemos en un círculo vicioso entre el sector bancario y el riesgo soberano, es mentira. Nos han conseguido convencer de eso pero no es real. Nosotros tenemos un problema de endeudamiento privado por el excesivo celo en ganar dinero del sector financiero, lo que le llevó a un apalancamiento excesivo del que, o bien el Gobierno —de lo que reniegan sistemáticamente todos los liberales—, o bien el propio contribuyente han tenido que hacerse cargo. Y como consecuencia de eso, dicen que tenemos un problema por la relación entre el sector financiero y el riesgo soberano.

Pero no es verdad; el problema es que para que no se paralizara el sector financiero por su excesiva voracidad, el sector público ha tenido que asumir los dineros que ellos habían perdido. Esa es la situación real.

Dicho esto, quiero añadir más. Ahora estamos con la trasposición de la directiva comunitaria que hace referencia a intentar meter en la legislación española las condiciones que se pactaron en Basilea —en este momento estamos en Basilea III—. Ya dije hace unos días, cuando compareció el gobernador del Banco de España, que lo necesario es que haya menos basileas y más política económica o, si se quiere, en este caso, más inflación. Pero la realidad es que, por mucho que endurezcamos las condiciones del funcionamiento del sector financiero, por muchas reservas que pongamos para poner pruebas de estrés y resistir a las crisis financieras, y por muchos colchones de reserva que estemos creando con este proyecto de ley, etcétera, si no conseguimos crecer, no conseguiremos evitar las pérdidas y, sobre todo, aunque no pudiéramos crecer, si no conseguimos que la inflación —que en este momento está en el 0,5% y ha ido bajando en la zona euro— esté en el objetivo que se considera neutro, es decir, falto de inflación, que es el 2%, lo que sucede es que cada vez debemos más dinero y nuestros activos se deterioran más, y cuantas más condiciones pongamos a los bancos, con más activos deteriorados por culpa de la política económica que hacemos, estaremos peor. No conseguimos más solvencia pidiendo más condiciones; conseguiríamos más solvencia si cumpliéramos los objetivos de inflación que la Comisión Europea y el Banco Central se han propuesto, en teoría, y que no hacen nada por cumplir, sino todo lo contrario.

Por lo tanto, lo único que se consigue con estas condiciones es hacer reír, porque la realidad es que, con estas tasas de inflación, el sector financiero español y el europeo cada vez están en peor situación; en particular el sector español.

Esa es la realidad. Y esto es lo que no soluciona ni esta ley ni el Ministerio de Economía ni la Comisión Europea, y es lo que hay que cambiar. ¿Cuánto tendremos que esperar para que la Comisión Europea deje de ser la responsable por lo menos de la ruina de España y de los países del sur y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es realmente hacer posible que se cumplan las tasas de inflación del 2%? No estoy pidiendo más, porque eso hará que los activos de nuestra banca no se deterioren todavía más; y eso hará que puedan dar crédito, y con ese crédito intentar apoyar a la economía, porque el crédito sigue disminuyendo en vez de aumentar.

¿Cómo vamos a apoyar el incipiente crecimiento que tenemos —que es verdad, y del que el Gobierno presume todos los días— si no damos más crédito? ¿Y cómo podemos dar más crédito si cada vez estamos pidiendo más dureza en las condiciones de funcionamiento de las entidades financieras? Eso sí es una espiral de verdad y no el problema de la deuda pública. Esa es la realidad. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento.

Pero diría más, para que se enteren ustedes por si no lo saben, y no es porque no se lo hayan mirado: el Gobierno ha actuado con premeditación, primero a través del procedimiento de urgencia, y después presentando en el Senado 4 enmiendas, cuando ya no da tiempo a verlas, que lo que hacen es quitar competencias al regulador, al Banco de España, porque en realidad no creen en la




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independencia del Banco de España y en el funcionamiento independiente del regulador, y se las han atribuido al Ministerio de Economía.

En estas condiciones, ¿cómo vamos a apoyar una iniciativa como esta, que es necesaria porque hay que hacer una regulación más estricta de las condiciones en las que funciona el sector financiero? Pero unas condiciones más estrictas compatibles con el incremento indispensable de crédito para intentar facilitar el crecimiento, la recuperación y la creación de empleo.

Esta es la situación, insisto. Han actuado con tal premeditación que han pedido, primero, el trámite de urgencia, y segundo, las enmiendas que le quitaban competencias al regulador las han presentado en el Senado sin posibilidad de respuesta. Esa es una situación mala para ustedes y para nosotros. Es un error que, además, también se ve en la Comisión Europea, y Bruselas se da cuenta igual que se dio cuenta de todos los reguladores que ustedes unieron y que no dieron la independencia suficiente. Y eso no favorece el prestigio de España.

Al final el ministerio dice que esto es para igualarse con las competencias que tienen los demás ministerios de Economía en Europa. ¿No era eso así antes de presentar la ley en el Senado? ¿No lo sabían ya en el Congreso? ¿No lo sabían ya cuando presentaron el proyecto de ley? Entonces, ¿a qué viene presentar en el Senado estas enmiendas que van directamente a afectar las competencias del regulador?

Esta es una ley indispensable para pactar y tener la posibilidad de que haya un consenso muy amplio para regular el funcionamiento de las instituciones financieras y que no volvamos a caer en una crisis como la que estamos viviendo y viviremos bastante tiempo todavía, por desgracia. Insisto en que esta era una ley para pactar y ustedes han hecho todo lo posible para que no fuera así. Además, estoy seguro de que no ha sido el Grupo Parlamentario Popular, aunque él es el que ha corrido con la necesidad de presentar las enmiendas. Han sido el Gobierno y el Ministerio de Economía, y eso es un profundo error. Por eso pedimos la devolución al Gobierno para pactar una solución consensuada entre todos, porque esta ley es indispensable para la credibilidad de la economía española y para el funcionamiento de las instituciones financieras.

Nada más. Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, posicionar a mi grupo en lo que significa el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. En primera instancia les anuncio el voto negativo y, por lo tanto, el rechazo de mi grupo parlamentario a los tres vetos presentados al proyecto de ley objeto de debate esta tarde.

Señorías, el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito es una norma que refuerza el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia de regulación prudencial. Con ello, la normativa española incorpora de manera concreta los acuerdos internacionales adoptados fundamentalmente en respuesta a la crisis financiera producida en el conjunto de la nación española en el año 2008 y con carácter preventivo. El proyecto de ley contempla y absorbe el Real Decreto Ley de 29 de noviembre de 2013, que reguló las materias más urgentes al respecto. Como sus señorías saben, el denominado marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, más conocido como acuerdo de Basilea III, constituyó la respuesta internacional más relevante a las carencias regulatorias detectadas precisamente con la crisis. Los ejes centrales de este acuerdo se transformaron a mediados del año pasado en normativa armonizada, conforme a nuestra Constitución y los tratados internacionales de la propia Unión Europea, a través de un reglamento y una directiva que hoy se trasladan plenamente al ordenamiento jurídico interno y, en consecuencia, a la normativa española.

El proyecto de ley que el Grupo Parlamentario Popular respalda y que el Gobierno ha presentado ante las Cortes Generales, debatido ya en el Congreso de los Diputados y hoy en el Senado, se organiza y se compone de 3 bloques: el primero aborda el régimen jurídico de las entidades de crédito, en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo. El segundo trata más específicamente de la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como el régimen sancionador. El tercero modifica la Ley




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del mercado de valores para adaptarla a la norma europea y, al mismo tiempo, establece una adecuación del régimen de las participaciones preferentes, adapta la regulación de los conglomerados financieros y modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos.

Permítanme una breve explicación de los 3 bloques que configuran el contenido normativo del proyecto de ley objeto de debate. En lo que significa el régimen jurídico de las entidades de crédito, en el primer bloque se recoge la pérdida de la condición de entidad de crédito por parte de los establecimientos financieros de crédito, dado que no pueden captar depósitos u otros fondos reembolsables, y que ya se establecía en el real decreto ley del mes de noviembre del año pasado. Habrá, no obstante, tal y como refleja el contenido normativo del proyecto de ley, un período transitorio en el que podrán mantener tal condición hasta que se apruebe un régimen singular para esta actividad. En materia de gobierno corporativo y remuneraciones, las novedades se las puedo resumir, señorías, en las 6 reflexiones siguientes: Primera, se imponen límites al número de consejos en los que puede participar un consejero. Segunda, se prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado. Excepcionalmente será autorizado por la autoridad gubernativa, por el Banco de España. En tercer lugar se limita la remuneración variable al 100% de la remuneración fija, salvo que la Junta de Accionistas autorice hasta el límite máximo del 200%. En cuarto lugar, parte de la remuneración variable total, a determinar por la entidad, deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones que ya hayan sido satisfechas. En quinto lugar se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos, ponderando dicha obligación por el tamaño, la naturaleza y el alcance, así como la complejidad de las actividades objeto de desarrollo en el marco del presente proyecto de ley. Y en sexto y último lugar, se exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

En cuanto al segundo pilar o bloque de este proyecto de ley, supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, las principales novedades, señorías, son las siguientes: se fija por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa, concretamente supervisor, que recoja el contenido y la forma que tomará la actividad supervisora y las actuaciones a emprender en virtud de los resultados obtenidos. Este programa incluirá la elaboración de un test de estrés de al menos una vez al año. En segundo lugar se establece la obligación de las entidades de crédito de publicar anualmente el denominado informe bancario anual. Un documento donde se recojan en base consolidada datos como el número de empleados, los impuestos a pagar o las subvenciones públicas recibidas, entre otras cuestiones. Dentro de este bloque se incorporan, señorías, todos y cada uno de los requisitos de solvencia que quedan a decisión nacional. A estos efectos la gran novedad son los colchones de capital que permiten a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los establecidos en el correspondiente reglamento comunitario, objeto de adaptación a través del presente proyecto de ley.

Se establecen, señorías, y se definen 4 colchones: en primer lugar, colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas. Se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5% en 2019. En segundo lugar, colchón de capital anticíclico específico que pretende evitar el efecto procíclico de la regulación prudencial. Se regulará y se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y su nivel será de hasta el 2,5%. En tercer lugar, colchones de capital para entidades de importancia sistémica mundial y para otras entidades de importancia sistémica. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y será de entre el 1% y el 3,5%, en función del carácter más o menos sistémico de la entidad a la que se aplique. En cuarto lugar, colchón contra riesgo sistémico. Puede alcanzar niveles del 5% y el supervisor decidirá discrecionalmente cuándo y en qué medida exigirlo, con el fin de reducir los riesgos derivados del efecto de la evolución de la economía en el conjunto del sistema financiero.

Señorías, estos colchones suponen un complemento al reglamento de aplicación directa, en virtud del cual se eleva el capital de nivel 1 ordinario hasta al menos el 4,5% de los activos ponderados por riesgo a partir de 2015. Igualmente se establece una definición de capital más estricta para garantizar la capacidad real en este caso de absorber pérdidas que se produzcan en




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el ámbito del capital. Hay, por último, mayor exigencia en cuanto a los requisitos de liquidez, suficientes para cubrir escenarios sin necesidad de estrés, y una nueva ratio de apalancamiento que se aplicará desde el 2018.

Permítanme una última reflexión en lo que concierne y afecta al tercer bloque del presente proyecto de ley: el Fondo de Garantía de Depósitos. En el tercer y último bloque lo más destacable es el cambio en la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, al tratarse esta de una institución incluida dentro de lo que significa y representa el perímetro de consolidación fiscal. Estará integrada, tal y como se recoge en el contenido del propio proyecto de ley y así se deduce de su lectura, por 11 miembros: 1 representante del Ministerio de Economía y Competitividad, 1 representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 4 designados por la autoridad gubernativa, es decir, elección del Banco de España, y 5 por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas, 3 de bancos, 1 de cajas de ahorro y 1 de cooperativas de crédito. La Presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España.

Por todo ello, en base al resumen que les acabo de exponer, el Grupo Parlamentario Popular avala y aplaude de manera satisfactoria la presentación de este proyecto de ley y, en consecuencia, da su apoyo al Gobierno y, por lo tanto, rechaza los tres vetos presentados.

Señor Lerma, usted tuvo la oportunidad hace dos días, hace dos días no más, de intervenir —tengo aquí el borrador del acta— en la Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo, celebrada el lunes 2 de junio de 2014, hace cuarenta y ocho horas, en el Senado de España. Como usted bien sabe, señor Lerma, allí se produjo la comparecencia del gobernador del Banco de España, don Luis María Linde de Castro, ante esa comisión especial. Y usted, señor Lerma, ha repetido letra por letra lo que precisamente le preguntó al gobernador del Banco de España en el ámbito de esta comisión de carácter específico, desde la perspectiva de lo que significaba, por un lado, el riesgo de una inflación baja, contenida y, por lo tanto, duradera en el tiempo. Apuntaba incluso el objetivo diseñado por el Banco Central Europeo del entorno del 2%, respecto a lo que el propio gobernador del Banco de España venía a decirle que era una reflexión que se compartía y que también preocupaba al Gobierno cuando hablábamos de lo que representaban tasas de inflación. Y también le preguntaba al gobernador del Banco de España lo que significaban las enmiendas que había introducido el Grupo Parlamentario Popular, esa que a usted le obsesiona tanto porque ya la planteó en comisión y vuelve a plantear ante el Pleno del Senado.

Como no quiero ni quitar ni poner una sola letra que no sea mía, sino que la contestación es literal y viene de la mano del gobernador del Banco de España, le voy a leer, señor Lerma, lo que a usted le dijo el señor Linde. Es evidente que no le aclaró el concepto, aunque es verdad que reflexionó en voz alta sobre lo que significa la interpretación errónea que usted realiza de dichas enmiendas. Decía literalmente el gobernador del Banco de España: No quiero eludir el comentario del senador Lerma sobre lo que se estaba discutiendo y la enmienda que se ha presentado. Lo único que yo tengo que decir sobre esa enmienda es que en ella el Gobierno de España recuerda dónde se sitúa la competencia de esa materia, competencia que es del Gobierno. El Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores actuarían siempre como función delegada y no como otra cosa. La función contable, señor Lerma —le dijo el gobernador del Banco de España—, no puede residir más que en el Gobierno, como las demás funciones que le son propias. Por consiguiente, lo que hace esa enmienda es simple y llanamente recordar ese hecho, que la competencia es del Gobierno y luego el Gobierno la usará, la ampliará de modo coherente y adecuado a las finalidades del supervisor, y que sea compatible con una buena supervisión.

Y terminaba el gobernador del Banco de España diciendo: Estoy convencido de que eso será así. Por tanto, señor Lerma, no busque más interpretaciones erróneas, no haga interpretaciones partidarias que no se ajustan a la realidad y reconozca las competencias que en título ejecutivo tiene el Gobierno de España cuando se están delimitando competencias. El gobernador del Banco de España le está diciendo que esas enmiendas vienen fundamentalmente a incidir en que estamos ante una competencia del Gobierno que posteriormente podrá ser objeto de delegación, pero cuyo título competencial —por tanto, conserva su titularidad el Gobierno de España— se ejercerá por delegación en la autoridad gubernativa Banco de España-Comisión Nacional del




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Mercado de Valores conforme a lo que estime oportuno quien es el titular de la competencia, que es el Gobierno de España. Lo demás, señor Lerma, es enredar o no querer enterarse de lo que significan esas enmiendas que están claramente definidas por el propio Gobierno y por nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Para terminar este turno sobre nuestro posicionamiento en contra de los vetos, me gustaría hacer una salvedad respecto de la intervención del señor Guillot, fundamentalmente en relación con lo que significa el planteamiento de su veto. Sin lugar a dudas estamos de acuerdo en que hemos vivido una crisis de sobreendeudamiento. Creo que coincidimos en ese análisis, además de que es el punto de partida y la razón de ser de todas las medidas económicas y financieras tomadas por el propio Gobierno de España. Pero es una crisis de sobreendeudamiento que ha llevado a otra crisis de balances del sistema económico y que ha afectado en última instancia a la economía real. Este es precisamente el momento de configurar, desde el punto de vista normativo, como así lo entiende el Gobierno y respalda el grupo parlamentario al que yo represento, la trasposición en su conjunto de la directiva y su adaptación al reglamento comunitario, para que fundamentalmente situaciones extraordinariamente muy complicadas y dolorosas que ha vivido el conjunto de la sociedad española no se vuelvan a repetir. Por tanto, tomando como punto de partida el origen de esa crisis de sobreendeudamiento, el Gobierno de España, con absoluta responsabilidad, ha remitido este proyecto de ley, normativa que es complementaria a otras sobre las que ya hemos debatido, tratado y dialogado en el seno de esta Cámara, y que, sin lugar a dudas, tienen el respaldo de mi grupo parlamentario.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el presidente Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario, como tal, no ha presentado veto al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito que es objeto de este debate. No obstante, anunciamos nuestro voto favorable a los vetos presentados por parte de las senadoras y senadores socialistas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros pensamos que esta es una ley necesaria por diversas razones, por un lado, como ya se ha dicho, para incorporar a nuestro ordenamiento el llamado CRD IV aprobado por la Unión Europea hace justo un año. Esta normativa, fruto de los acuerdos conocidos como Basilea III, consta de un reglamento, el 575/2013, de aplicación directa, como ustedes saben, que colisionaba con algunos aspectos de nuestra legislación que han de adaptarse a él, y por otro lado, de una Directiva, la 2013/12, que tiene que ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico. Nuestras objeciones no son a estos aspectos fundamentales de la ley sino a otros colaterales o tangenciales, por supuesto no poco importantes, que el Gobierno ha incorporado, y a la ocasión perdida que supone regular mal o no regular otros aspectos relativos a las entidades de crédito.

En segundo lugar, nuestras objeciones también tienen que ver con el hecho de que nuevamente en un tema importantísimo el Gobierno recurre a la vía de urgencia y a introducir en el proyecto de ley aspectos que no tienen la conexión necesaria con su objeto central.

Señorías, somos plenamente conscientes de la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento a los cambios normativos que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y, a la vez, compartimos la necesidad de refundir en un solo texto la normativa dispersa en materia de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, cosa, no obstante, que no es coherente con el propósito de aprovechar el trámite para incorporar modificaciones que afectan a otras leyes que no tienen, desde nuestro punto de vista, la necesaria conexión, porque eso sí es un exponente de una mala praxis legislativa.

Es obvio que la unión financiera ha obligado a los poderes públicos a adoptar medidas que favorecen la integración, igualmente, en el marco de la Unión Europea. El proceso de unión bancaria es el ejemplo más importante. La implementación del reglamento único, del mecanismo




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único de supervisión y, aunque con bastantes limitaciones, del mecanismo único de resolución, asegurarán una gobernanza que, desgraciadamente, no existía con anterioridad a la crisis financiera que todavía estamos viviendo.

Nuestro sistema financiero ha reducido su oferta y está en un proceso de consolidación que todavía no ha finalizado. Es más solvente, en parte —y también se ha dicho—, por lo que afecta a algunas entidades de manera muy especial, gracias a la inyección de dinero público. Pero no está cumpliendo su función, que es la de canalizar el ahorro privado en forma de créditos para favorecer el crecimiento y el empleo. Ya sé que no es el objeto central de esta ley, pero no puedo dejar de poner de relieve las dificultades de nuestras empresas y familias para acceder al crédito. Y, además, con un diferencial relevante respecto a otros países en lo que se refiere a los tipos de interés, como ustedes saben, cosa que se traduce en una afectación negativa para la competitividad de nuestro tejido productivo. ¿Cuántas leyes, decretos leyes y normas reglamentarias se han aprobado en estos dos años y medio? Muchas, y no digo que innecesarias, pero el crédito no ha hecho más que seguir cayendo, y a ello solo se ha respondido reconociendo el problema y con declaraciones de buenas intenciones.

Señorías, decíamos que votaremos favorablemente los vetos a pesar de compartir aspectos fundamentales de la ley, también porque, como viene siendo habitual, ustedes utilizan esta ley para cambiar legislación que nada tiene que ver con su objeto central. Este es el caso. Lamentablemente, el Grupo Popular ha utilizado esta ley en el trámite parlamentario en el Congreso, como ha hecho en otras ocasiones, para introducir una enmienda que modifica la recién aprobada —el pasado 27 de diciembre— Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, introduciendo una modificación sustancial que afecta al protectorado de las fundaciones bancarias, con una orientación que encontramos en toda la legislación que el Gobierno trae a esta Cámara: recentralizar, desconfiar de las autonomías, desconfiar del Estado autonómico, utilizar la excusa del derecho comunitario, del mercado único, para cambiar lo previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía por la puerta de atrás. Porque eso supone la introducción en este proyecto de ley de la disposición final décima, al atribuir de hecho con carácter general el protectorado de las fundaciones bancarias al Ministerio de Economía y Competitividad, en detrimento, en algunos casos, de comunidades autónomas que todavía podían seguir ejerciéndolo; en determinados casos, no en todos.

Y es que, señorías, las comunidades autónomas, sin ir más lejos la Generalitat de Catalunya, en este caso, disponen de competencias en la materia que son ignoradas. No me estoy refiriendo a las competencias en materia de las que podríamos decir extintas cajas de ahorros que regula el artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino a las competencias que regula su artículo 126, relativas a crédito y banca, artículo no afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, plenamente vigente. El apartado 2 del mencionado artículo dice que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia compartida sobre la estructura y la organización de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorros. El apartado 4 del mismo artículo dice que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción, sobre las actividades de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorros. Competencia compartida, insisto. Y este proyecto de ley utiliza, como siempre, de manera expansiva la competencia que otorga al Estado el artículo 149.1 de la Constitución. Este artículo reconoce, como ustedes saben, la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la economía en su apartado 13, así como el establecimiento de las bases de ordenación del crédito, la banca y los seguros en su apartado 11. En ambos casos la Constitución habla de bases. ¿Consideran ustedes que el texto que estamos debatiendo es una ley de bases? ¿Deja algún espacio a la regulación autonómica? Creo que no y, así pues, no es una ley de bases; desde mi punto de vista, es una ley que se extralimita en su contenido y atenta contra las competencias de las comunidades autónomas. Compartir no es quedarse una competencia al completo, y así lo consideró el Tribunal Constitucional respecto a leyes anteriores, como la Ley 26/1998, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, o la Ley 3/1994, de adaptación de la legislación en materia de entidades de crédito, o la segunda directiva de coordinación bancaria. Ambas sentencias lo fueron por la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad de la Generalitat de Catalunya en un caso y de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno vasco en otro. En ambos casos el Tribunal Constitucional estimó en parte




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los recursos formulados y declaró inconstitucionales algunos aspectos de ambas leyes. A este respecto es muy claro, por ejemplo, el fundamento jurídico número 22 de la sentencia del Tribunal Constitucional 96/1996, refiriéndose a la asunción de competencias por el Estado respecto a entidades financieras distintas a cajas de ahorros, ya que el artículo 42 de la Ley 26/1998 —abro comillas— «supone una asunción implícita de las competencias respecto a ellas por parte del Estado, asunción de competencias que resultaría contraria al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias en cuanto que determina, lisa y llanamente, el total vaciamiento de las competencias autonómicas previamente reconocidas» —cierro comillas—. Señorías, eso es lo que se produce en esta ley, el vaciamiento de competencias en esta materia estatutariamente reconocidas.

¿Qué sentido tiene la disposición final décima de este proyecto de ley si la vigente Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ya otorga al Banco de España las funciones de control de la participación accionarial que tengan las fundaciones bancarias en las entidades de crédito? ¿Qué sentido tiene controlar la fundación y la obra social, especialmente si esta se realiza de manera mayoritaria en una comunidad autónoma, contraviniendo el actual funcionamiento y reparto competencial?

Esta cuestión, por supuesto, y otras a las que también he hecho mención en mi intervención son las que motivan nuestro voto favorable a los vetos presentados al proyecto de ley que estamos debatiendo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Esta reforma legislativa supone un paso más en la reconstrucción y en la reordenación de nuestro sistema financiero. En este caso concreto supone la continuación de la trasposición de la normativa europea que iniciamos mediante la convalidación del Real Decreto 14/2013, del pasado mes de noviembre. El real decreto se aprobó como consecuencia de las deficiencias puestas de manifiesto por nuestro sistema financiero ante la crisis económica, que puso en evidencia que nuestros instrumentos para hacerla frente eran claramente mejorables. Así lo dijo el propio ministro en el momento de la exposición ante el Congreso de los Diputados. De ahí que se modificaran los acuerdos de Basilea y surgieran las obligaciones de Basilea III, que comportó la modificación de la normativa bancaria en relación con los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y la modificación de los requisitos de acceso a la actividad de las entidades de crédito.

Nuestro grupo parlamentario se ha posicionado siempre a favor de la correcta reordenación de nuestro sistema financiero como primer imperativo para vencer el crítico contexto económico actual, y esto lo hemos hecho siempre, y quiero remarcarlo de manera significativa, porque pretendo que al final se entienda nuestra exposición y, por tanto, el sentido de nuestro voto.

Concretamente, estuvimos a favor de la convalidación del real decreto y, ahora, el presente proyecto de ley supone, por un lado, la culminación de la trasposición de la normativa europea, por otro, la continuación de lo previamente establecido por el mencionado real decreto y por otro, el haber aprovechado —creo que muy acertadamente porque era una imperiosa necesidad— para refundir en un único texto las principales normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito. Hasta aquí estaríamos de acuerdo, y prueba de ello es que en el Congreso de los Diputados nos posicionamos en contra de los vetos y confiábamos en poder dar nuestro apoyo a esta ley, que entendemos que es también muy importante.

Sin embargo, la verdad es que se ha producido una adulteración muy grave en esta ley, que mi grupo parlamentario lamenta profundamente. La adulteración de esta ley, que inicialmente calificamos como acertada, hoy se consolida como una invasión por parte del Estado de competencias de las fundaciones bancarias que nosotros entendíamos que nunca deberían haber salido de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas cuando dichas fundaciones mantuviesen en ellas su domicilio social. Me explicaré más sobre esta cuestión. En el proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda, concretamente la número 144, por la que se modificaba el artículo 45 de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. En consecuencia, este hecho nos obliga a retroceder y




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a recordar aspectos de aquella ley, que no apoyamos, entre otros motivos, por la cuestión del protectorado cuando las fundaciones bancarias actúan también fuera de la comunidad autónoma en la que tienen su domicilio social.

Recordarán perfectamente que aquella ley tenía aspectos positivos pero, en cualquier caso, este era un aspecto que no podíamos admitir y pensábamos que el Partido Popular debería haber sido valiente en los trámites parlamentarios y debería haber mantenido la competencia exclusiva que en este sentido tienen las comunidades autónomas. Sin duda, uno de los ángulos de análisis de aquella ley era el respeto a las competencias sobre cajas con sede en concreto en Cataluña, que el estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat de Catalunya, pero aquí se elimina la atribución que el estatuto otorga a la Generalitat de Catalunya en materia de cajas.

En líneas generales ¿qué dice el artículo 45 de esta ley en este momento y qué es lo que prevé la nueva enmienda introducida en el Congreso de los Diputados? Artículo 45: Protectorado. «Corresponderá al protectorado velar por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones bancarias, sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Banco de España.

En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una Comunidad Autónoma, el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad. En caso contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente Comunidad Autónoma.»

Comenté esta circunstancia durante el dictamen de la comisión correspondiente, pero creo que también vale la pena recordarlo en el Pleno porque, en definitiva, fue el motivo por el que mi grupo parlamentario se abstuvo en la votación de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Pues bien, al introducir en esta ley una enmienda que nos devuelve al pasado, evidentemente se produce la adulteración a la que hacía referencia y, por ello, del mismo modo que mi grupo parlamentario no estuvo de acuerdo en aquel aspecto de aquella ley, es evidente que ahora tampoco.

En este sentido, mediante la disposición final que conocemos, se establece lo mismo, con el mismo espíritu, pero de forma más concreta y detallada. La disposición final décima en líneas generales concreta más lo que se entiende por una actuación fuera, diríamos, del domicilio de la comunidad autónoma. Concretamente nos dice que, en todo caso, en relación con lo dispuesto en el artículo 32.2, se entenderá que el ámbito de actuación principal de una fundación bancaria excede de una comunidad autónoma cuando el 40% de la actividad de las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente, considerando la distribución territorial de los depósitos de sus clientes, se realice fuera de la comunidad autónoma en la que la fundación tiene su sede; por lo tanto, está certificando la pérdida de competencias de las comunidades autónomas, y evidentemente de Cataluña, en relación con las competencias exclusivas que el Estatut de Autonomía otorga al Govern de la Generalitat.

En conclusión, y atendiendo a que alguno de los vetos que se han presentado recoge este aspecto que consideramos grave de no respeto a las competencias autonómicas, nosotros no vamos a votar en contra de los vetos, como hicimos en el Congreso de los Diputados, sino que simplemente nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el presidente señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, presidente.

Yo creo que el debate está transcurriendo dentro de las normas positivas de esta cuestión, pero me parece que tendríamos que haber debatido con más intensidad estos temas porque son realmente muy relevantes para el futuro de la economía española y de la sociedad.

No sirven de nada las descalificaciones en este terreno. Si ustedes tienen ocasión de leerse, como ha hecho el ponente del Partido Popular, la comparecencia del gobernador del Banco de España, se darán cuenta perfectamente, primero, probablemente del horror que tenía el Gobierno a que el gobernador dijera una cosa diferente y, segundo, de la discreción con que el gobernador trató ese tema a sabiendas de que es bastante evidente que lo que hizo no fue más que describir la ley. Si la ley le asigna las competencias, las tiene; y si se las quita, no las tiene, obviamente. En cualquier caso, nosotros ya hemos dicho aquí en otras ocasiones sin que se le diera demasiada importancia, que luego sí le dio la comisión —ustedes lo recordarán perfectamente—, que el




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Ministerio de Economía tenía una tendencia, igual que el de Hacienda pero en otros aspectos, a atribuirse competencias que correspondían fundamentalmente a los organismos reguladores. Ustedes conocen perfectamente que la credibilidad de los organismos reguladores no depende de que sean más o menos competentes, ni tampoco de que al ministerio no le interesen las cosas que se regulan, la credibilidad de las regulaciones, aunque al Gobierno le interesen mucho y le afecten, depende de que sean organismos independientes los que las hagan. Parece que ustedes no acaban de creer en esos organismos reguladores, y eso me parece fundamental. Ustedes se han y nos han metido en un lío; porque recordarán ustedes perfectamente que cuando hablaron de los organismos reguladores, y el Ministerio de Economía pretendió también atribuirse competencias, la comisaria dijo que no le parecía que se garantizara suficientemente la independencia de esos organismos y especialmente el tema de la competencia, que ustedes habían unido con todo los demás.

En este caso pasa lo mismo. Ustedes establecen aquí —y ahí está en la ley para que lo puedan ver perfectamente— que el Ministerio de Economía habilite al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores —eso todavía podría tener un pase—, para recabar la autoridad de una organización independiente. A continuación dice: o al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que no es un organismo independiente porque depende del Ministerio de Economía. Ustedes se han atribuido la competencia descaradamente, y eso va en perjuicio de la credibilidad de los dictámenes que pueda hacer porque es juez y parte en esta cuestión, y eso, aparte de complicar naturalmente la solvencia de las entidades españolas, también complicará la vida al Gobierno, porque serán responsables directamente de las malas cuentas que puedan salir. Todos los días se habla —lo ha hecho el ministro y otros intervinientes— de la magnífica situación de las entidades españolas. ¡Ojalá fuera así! De momento está subiendo la morosidad. ¿Esto quiere decir que se encuentran en peores condiciones? Puede ser que no, porque quizá lo que ha pasado es que todos los créditos renegociados y, por tanto, una solvencia o unos impagados falsos, ahora empiezan a aflorar y a lo mejor están mejor. ¡Ojalá sea así! Pero, en cualquier caso, la credibilidad de quien haga la auditoría dirá mucho, y estamos al borde de saberlo porque vamos a tener otros stress test, en este caso del Banco Central Europeo. Por eso, no se deben complicar la vida ustedes ni nos la deben complicar tampoco a nosotros. Busquen una entidad solvente e independiente que pueda hacer estas cosas para garantizar que realmente las cosas son positivas.

No quiero extenderme más. He introducido el tema que posteriormente han introducido otros intervinientes, porque me parece muy importante, y lo cité en la comisión, a la hora de cambiar nuestro voto, y es que ustedes se complican la vida porque tienen unas ganas tremendas de intervenirnos. ¿Ustedes no eran liberales? Pues dejen tranquilamente que cada uno haga su función y, en este caso concreto, a las comunidades autónomas. ¡Si ustedes ya introdujeron premeditadamente una enmienda en el Congreso, la 144, de la cual hablaba el responsable de CiU hace un momento, que hacía referencia a las fundaciones bancarias, para atribuirse de nuevo el ministerio la competencia que corresponde a las comunidades autónomas! ¡Tienen una voracidad increíble! ¡No sé qué sentido tiene eso! ¿Es que desconfían realmente de cómo lo hagan las comunidades autónomas? ¿Es que las comunidades autónomas —ya lo dije— han sido las responsables de la crisis financiera? ¡Por favor! La responsable de la crisis ha sido la falta de regulación en los Estados Unidos. Y a pesar de los muchos esfuerzos y muchas dotaciones que han hecho el Banco de España y otras instituciones, incluido el Ministerio de Economía, a pesar de todo, nos ha pillado mal porque hay muchas más responsabilidades, el regulador, la construcción del euro, la mala gestión, que es un capítulo fundamental, una percepción de riesgo mala... ¿Pero las comunidades autónomas son las que tienen la culpa de esto? No desconfíen tanto de esta situación, que tampoco van a tomar tantas decisiones. Lo que van a hacer es repartir los beneficios que ganen en un fondo para actividades, culturales fundamentalmente, en las comunidades autónomas. ¿Pero eso se lo quiere atribuir también el ministerio? ¡Por favor!

No he insistido en esto porque he pensado: si hubiera una regulación adecuada en la que quedara clara la autonomía y la solvencia de quien va regular, no hubiera votado en contra aunque invadiera competencias, porque lo fundamental es la regulación y no quién toma la decisión. Pero es que, además de que todo eso no está garantizado, encima van a generar ustedes conflictos con las comunidades autónomas.




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Por ello, hemos decidido apoyar el veto y votar en contra de algo que nos hubiera gustado mucho poder votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, presidente Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Por despejar lo que significan fundamentalmente algunos elementos que se han puesto encima de la mesa por distintos senadores que han intervenido en representación de los distintos grupos parlamentarios, me gustaría hacer una reflexión, máxime cuando en estos días la Constitución española, nuestra Carta Magna, y el debate de las Cortes Generales cobran especial protagonismo.

El artículo 149 de la Constitución española señala textualmente lo siguiente: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Si ustedes reconducen lo que significa la conexión de ese apartado de la Constitución con los subapartados a su vez, concretamente los números 13 y 14, verán que el apartado decimotercero se refiere a la competencia exclusiva en bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y el decimocuarto se refiere a la Hacienda general y Deuda del Estado.

¿Por qué les digo esto? Pues fundamentalmente por lo siguiente: cuando ustedes repasen lo que significa la aplicación del texto constitucional podrán inmediatamente observar que el ejercicio de esta competencia es exclusiva del Estado. Vamos a ver si nos enteramos de que los estatutos de autonomía se aprueban por ley orgánica porque la Constitución es fuente autónoma y heterónoma de normas jurídicas y es la que dota la existencia del desarrollo constitucional y de la organización territorial del Estado en el título VIII. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy importante: si el Estado tiene competencia exclusiva en las materias en las que, además, ad hoc establece númerus clausus el constituyente, que dejó perfectamente redactado en el artículo 149, a través de la norma que hoy traemos precisamente aquí lo que pretendemos es el ejercicio de esa competencia.

A mí me gustaría preguntar al senador de Convergència i Unió, al senador Alturo, al senador Lerma y al senador Montilla si creen que el sistema financiero y crediticio del conjunto de la nación española puede tener compartimentos estanco. Yo creo que no. Y es ahí donde vuelvo a retrotraerme a la explicación del artículo 149 de la Constitución española en el ejercicio de esa competencia exclusiva y en el ejercicio de la ordenación crediticia básica y del sistema financiero básico y de la planificación de la actividad económica general en el conjunto de España para que el Gobierno ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. Ni más ni menos. Ni quito ni pongo, de la misma manera que el artículo 81 dice que por ley orgánica se aprobarán las leyes que afecten a derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, el régimen electoral general y las que aprueben los estatutos de autonomía. Pero, insisto, les pediría que con honestidad política dieran respuesta a la pregunta que les he planteado. ¿Sinceramente creen que el sistema financiero y crediticio de un país puede ser dividido en compartimentos estanco? Porque si dividimos la estabilidad financiera y la fluidez del conjunto de ese crédito en distintos compartimentos estanco, ¿cómo diseñamos una política de Estado, una política económica general y una política crediticia? Les pediría, por favor, que me respondieran a esa pregunta. No vaya a ser que la interpretación que se haga aquí a sensu contrario sea la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del año 1981, que ya en los primeros pronunciamientos del Alto Tribunal dejó muy claro que autonomía no es soberanía en lo que era el desarrollo del título VIII, de la organización territorial del Estado, en las vías de acceso de las comunidades autónomas de los artículos 143 y 151.

Seamos, por tanto, consecuentes con el ordenamiento constitucional, con nuestro ordenamiento interno, porque nosotros creemos —podemos estar en un error— que la normativa y el proyecto de ley que hoy se trae a debate en las Cortes Generales reproduce fielmente la doctrina del Tribunal Constitucional en el hecho claro y evidente de que no puede haber compartimentos estanco en la actividad económica o financiera. (El señor presidente ocupa la Presidencia).




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Hay algo que les quiero señalar, y es que nosotros hemos repasado el texto de este proyecto de ley y quiero poner de manifiesto que, al fin y al cabo, estamos en una pieza de todo el entramado del sistema financiero y crediticio que nos exige la Unión Europea y el propio G-20, como ustedes saben; incluso, señor Lerma, usted lo sabe y lo conoce, Basilea III es mucho más exigente que Basilea II, repito, es mucho más exigente y, por tanto, lo que está haciendo el Gobierno de España a través de este proyecto de ley de normativa complementaria relativa también a otros ordenamientos o leyes que hemos aprobado desde la perspectiva de la ordenación bancaria y crediticia es, fundamentalmente, establecer normativas de solvencia, establecer ratios de capital, establecer ratios de liquidez y algo que es extraordinariamente importante, y es que desde el punto de vista del gobierno corporativo se fije por primera vez lo que significa el propio sistema en este caso de remuneraciones desde la perspectiva del sistema bancario.

Y hay algo en lo que sus señorías no se han detenido pero yo sí quiero hacerlo, porque, además, constituyó, y lo dije en la comisión, algo extraordinariamente importante que fue objeto de debate en la sociedad española. Me refiero al problema que hemos tenido sin ir más lejos con las participaciones preferentes. Pero yo puedo subir a esta tribuna con orgullo para decir que si precisamente ha habido un Gobierno que ha legislado y que ha tomado cartas en el asunto sobre esa materia, ha sido concretamente el Gobierno de España, y fíjese, antes de hablarle de las medidas que hemos tomado en materia de las participaciones preferentes les quiero dejar claro, para que así conste en el Diario de Sesiones, que esa frase reiterada por ustedes sobre las ayudas a la banca para salvar a los bancos tiene la cara y la cruz de una moneda, el anverso y el reverso. Porque esas ayudas han servido para salvar los depósitos de 25 millones de españoles de los que ustedes no hablan, pero que nosotros sí queremos poner encima de la mesa. Ha sido el Gobierno del España el que ha tenido el compromiso de salvar los depósitos de 25 millones de españoles, cosa que ustedes, además, no hicieron, no previeron, no regularon y no legislaron. (Aplausos).

Y eso lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular de la misma manera que hemos legislado y regulado sobre las participaciones preferentes. ¿Qué Gobierno, aparte del popular, el del presidente Rajoy, ha establecido tres cambios sin ir más lejos en el ámbito de esa normativa? En primer lugar, el precio de la preferente tiene que estar fijado al menos por un segmento institucional que suponga el 50%. Esto lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular; en cambio, ustedes olvidaron a los ciudadanos que precisamente se han visto afectados por las preferentes. En segundo lugar, el precio de la preferente tiene que estar fijado en lo que significa ese segmento institucional del 50%, pero no se pueden hacer inversiones de menos de 100 000 euros para evitar que haya pequeños ahorradores que se vean atrapados en ese producto financiero, en las participaciones preferentes. Eso lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular; no lo ha hecho un Gobierno del Partido Socialista. Y, en tercer lugar, se obliga a poner de puño y letra lo que significa efectivamente entender qué es este producto financiero para que no haya más engaño y para que el conjunto de la sociedad española o el ciudadano que de buena fe acude a la entidad financiera y adquiere este producto sea consecuente con lo que firma con pleno conocimiento. Transparencia, señor Lerma. Pero eso lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular, no uno del Partido Socialista.

Así pues, nosotros hemos trabajado concretamente y desde el primer día, y nosotros no hemos engañado a la sociedad española. (Protestas). Señor Lerma, nosotros no hemos engañado a la sociedad española como ustedes sí vinieron haciendo durante la última legislatura. Ustedes decían —lo dijo aquí el presidente Zapatero en septiembre de 2007, y de ello presumía— que estaba orgulloso de situar a España en la Champions League de la economía mundial. (El senador Fernández de Moya Romero muestra un recorte de prensa.) Ustedes venían a esta Cámara, cuando la crisis estaba a las puertas del conjunto de la sociedad española, a hablar de que nos habían colocado en la Champions League. ¿Quién estaba engañando a la sociedad española, señor Lerma?, ¿quién no estaba actuando con plena transparencia?

Y desgraciadamente podría leer muchas citas de lo que representó ese engaño masivo de la crisis financiera que el Partido Socialista ocultó con el presidente Zapatero a la cabeza, pero leeré solo algunas. Fíjese lo que decían ustedes. Día 3 de julio de 2007. Señor Zapatero: En la próxima legislatura lograremos el pleno empleo. Mentira. Día 11 de septiembre de 2007. Señor Zapatero: España es la que más goles mete en la Champions League de las economías mundiales. Mentira. Día 22 de enero de 2008. Señor Zapatero: Vamos en un barco seguro, la economía española. Mentira. Día 10 de junio de 2008. Señor Alonso: En España no hay crisis económica. Mentira.




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Día 2 de septiembre de 2008. Señor Blanco: Los españoles viven mejor que nunca, aunque alguno tiene algún problema —no lo diría por él—. Mentira. Día 23 de noviembre de 2009. Señor Zapatero: La recuperación ya se ha iniciado y confío en que la Ley de economía sostenible acabe con la recesión. Mentira. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por favor.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Y por citarle la última, en julio de 2010… (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: En julio de 2010, el señor Zapatero: Estamos mucho mejor de lo que parece. (Protestas).

Ustedes perdieron el crédito y la honestidad política engañando a la sociedad española por una crisis de la que todavía no han tenido la honestidad política de pedirle perdón.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.

Les anuncio que ha habido utilización de la votación telemática. Han sido autorizadas tres senadoras: la senadora García Carrasco, la senadora Jurado Fernández de Córdoba y la senadora Ibarz Ibarz. Las tres han emitido votación en las tres propuestas de veto y las tres han emitido una votación en sentido negativo a las tres propuestas de veto. Yo iré añadiendo el resultado de la votación telemática al resultado de la votación que realicemos ahora aquí, en el hemiciclo.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos, 243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 147 más 3 telemáticos, 150; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241 más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 71; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos, 243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al debate y a la votación de las enmiendas.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas 1 a 38, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores).

Por favor, guarden silencio.




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Abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa).

Cuando quiera, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna en nombre de los senadores de Izquierda Unida para defender las enmiendas 1 a 38 y para comentar también algunos aspectos del debate que estamos teniendo en torno a la enésima reforma legislativa del sistema financiero en nuestro país. Un proceso de reformas que se inició en la anterior legislatura, por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió la puerta, por desgracia, a la privatización de las entidades semipúblicas de crédito, las cajas de ahorros, y que se va culminando reforma tras reforma y que cada día alegra más a la banca y al sistema financiero. No me extraña que hoy la gran banca haya ovacionado a Su Majestad el Rey, que acaba de abdicar, porque con él les ha ido muy bien y parece ser, si no lo evitamos, que con el príncipe, convertido en el Rey Felipe VI, también les va a ir bien.

Por cierto, señor Fernández de Moya, ahora me entero de que el G-20 es fuente de derecho. Yo sabía que la Unión Europea, efectivamente, es fuente de derecho, pero que el G-20 sea fuente de derecho para nuestro país es una novedad. Usted sabe de derecho muchísimo más que yo, ahora me lo explica.

Claro que tenemos en nuestro país un problema de deuda. Tenemos un problema de deuda y gordo. Y tenemos un problema de deuda pública que no era el problema antes de comenzar la crisis. Una deuda pública que antes de comenzar la crisis era el 30% del producto interior bruto y que en el año 2013 se ha acercado a equiparar el producto interior bruto de nuestro país, por encima de los 960 000 millones de euros el año pasado, y que, gracias a la reforma de Constitución, a pesar de la representación que ustedes hacen en estos debates, no cuela. Ustedes intentan enzarzarse con las políticas que emanan de la Unión Europea con la firma de los tratados y en las ayudas a la banca y al sistema financiero. Y yo he escuchado, con estos oídos, en esta Cámara que, efectivamente la ayuda a la banca se tenía que realizar en los términos en que se había venido realizando. De hecho, el artículo 135 de la Constitución fue pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y eso es lo que nos está llevando a una situación calamitosa.

Y es verdad, señor Fernández de Moya, que ustedes no han engañado al pueblo, ustedes han robado al pueblo y lo hacen cada vez que aprueban una nueva reforma legislativa. (Fuertes protestas). Han robado...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Fuertes protestas).

Señorías, guarden silencio.

Senador Mariscal, le ruego que utilice un lenguaje que esté sujeto a la cortesía parlamentaria. (Aplausos). Si lo tiene a bien, le pediría que retirara el lenguaje que acaba de utilizar. Se pueden utilizar muchas palabras, porque el castellano es un idioma muy rico, pero le ruego que retire el término que ha utilizado.

El señor MARISCAL CIFUENTES: ¿Robar?

El señor PRESIDENTE: Sí, se lo estoy diciendo.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Y, ¿si no?

El señor PRESIDENTE: Yo se lo estoy pidiendo.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Pero es que robar es un verbo que viene en el diccionario. (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Por supuesto que viene. Yo le estoy pidiendo que lo retire, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Ustedes —a ver si así sirve—, con sus políticas están provocando que pase dinero del bolsillo de los trabajadores y los contribuyentes al bolsillo de los prestamistas y de la oligarquía financiera... (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Hay una transferencia objetiva de rentas de las capas populares al sistema financiero de nuestro país. Retiro la palabra robar.

El señor PRESIDENTE: Continúe, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: ¡Hay una transferencia de rentas de las capas populares al sistema financiero de nuestro país! ¿Esto se puede decir? (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, yo le ruego que se adapte usted a la cortesía parlamentaria. Los diálogos en esta Cámara siempre se están asumiendo y siempre se están adaptando a la mínima cortesía parlamentaria.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muy bien. Continúo. (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Si puedo continuar les diré que los grandes beneficiarios de este hecho sin precedentes, señorías, han sido los prestamistas, que han cobrado cerca de 40 000 millones de euros en concepto de intereses. Entre ellos destacan los principales bancos nacionales: el Santander, el BBVA, Caixa Bank, Bankia, Sabadell y Popular, en cuyas manos se encuentra el 20% de la deuda pública de este país. Fíjense que si se suman los títulos del Tesoro y los préstamos a las administraciones públicas estas 6 entidades financieras son acreedoras de más de 190 000 millones de euros. La deuda pública es un magnífico negocio para todos ellos, que toman dinero del Banco Central Europeo casi sin coste alguno y lo colocan en deuda pública a los tipos del mercado, alrededor del 3,5% los bonos a 10 años. El peso de la deuda pública con estos tenedores de deuda se sitúa en torno al 20%. Con esto nos sale, señorías, que la banca española y estos 6 grandes grupos de la banca española han recibido, por no poder financiarse las entidades públicas directamente del Banco Central Europeo, 7700 millones de euros en pago de intereses del Estado porque el Banco Central Europeo no nos permite financiarnos directamente al mismo tipo de interés que las entidades financieras. Esto significa, señorías, que los intereses de la deuda pública a lo largo del año 2013 proporcionaron el 95% de los beneficios de estos 6 grandes grupos financieros de nuestro país y que los intereses de la deuda pública se pagan con el dinero de nuestros impuestos. Esto se llama transferencia de los bolsillos de los contribuyentes y los trabajadores al sistema financiero y a las grandes corporaciones de crédito, y esto no puede seguir así. Al menos eso es lo que nosotros, junto con otros y otras que cada día se movilizan más en la calle, pensamos que hay que corregir. Y esta ley, de nuevo, no viene a corregirla. Por ello, las enmiendas que hemos presentado tienen que ver con nuestro deseo de embridar desde el poder político al poder financiero en nuestro país para no dejarle pasar, para no permitir que haga lo que le dé la gana y, por supuesto, para que si comete errores y equivocaciones que cuestan y tienen que ser asumidas con dinero público, sean ellos los que paguen el pato y no el conjunto de la ciudadanía.

Nosotros hemos presentado enmiendas que tienen que ver con la regulación de la comercialización de productos financieros. Se ha dicho en esta tribuna que las ayudas a la banca han servido para salvar los ahorros de 25 000 ahorradores en nuestro país. Por eso, para los preferentistas que no han recibido en su totalidad el dinero que habían invertido no sé qué verbo se tiene que utilizar y quién se ha llevado el restante, pero no lo han recibido en su totalidad, han sido engañados, del verbo engañar. En muchísimos casos a los estafados se les obligó a pagar una parte o la totalidad de sus pérdidas.

También hemos presentado enmiendas relativas a la política de remuneraciones. No es posible que los directivos de las grandes entidades financieras de nuestro país estén manteniendo el nivel de remuneración por su trabajo mientras que a los preferentistas no se les paga ni se les devuelve todo el dinero que han invertido habiendo sido estafados y engañados. Hay una contradicción ética, si me permiten, entre ambas realidades.

Consideramos que hay que incrementar la regulación de incompatibilidades y de aspectos relacionados con la remuneración. También aparece en nuestras enmiendas el impuesto a las transacciones financieras precisamente para aumentar esa regulación. Hay enmiendas relacionadas con el necesario impulso desde el Estado español para la creación de una agencia




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pública europea de calificación. Espero que esta no sea una idea radical o revolucionaria; una agencia pública de calificación a nivel europeo nos parece que es una buena idea para que, desde el ámbito público y desde el ámbito europeo —que para eso está la estructura de la Unión Europea—, se pueda dejar de lado a las agencias privadas de calificación, que está demostrado —y ustedes lo saben—, han hecho también su agosto engañando a la ciudadanía de Europa —y también a la de Estados Unidos y de otros sitios del planeta—.

Nos parece que hay que mantener el criterio público de las entidades que han sido nacionalizadas. El rescate público de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas no se tiene que traducir en un saneamiento con dinero público de los balances de estas entidades, para ahora ser vendidas, quitándonos el dinero de nuestros bolsillos a los ciudadanos y a los trabajadores, sino que pueden ser perfectamente el núcleo de un sistema financiero donde lo público también cuente e intervenga en el sistema económico; y la participación mayoritaria del Estado en estas entidades nacionalizadas, efectivamente, podría ser ese germen de un sistema financiero en el cual lo público tuviera un papel fundamental, que es jugar en lo que atañe a la mayor queja que ahora mismo hay, especialmente en la pequeña y mediana empresa y en los sectores autónomos mayoritarios en el sistema productivo de nuestro país, que difícilmente llegan a poder acceder a créditos, mientras que las entidades financieras reciben ayudas millonarias por parte del Estado.

Finalmente, hemos presentado enmiendas relacionadas con la paralización de los desahucios y los límites de las entidades financieras en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria. Todas ellas, las 38 enmiendas —enmiendas que deberían ser tomadas en consideración—, de alguna forma describen nuestro posicionamiento no solamente en relación con este proyecto de ley sino también respecto a la necesaria regulación, de verdad, desde la política, de un sistema financiero como el español.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 116 a 119.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Utilizo este turno para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco a este Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Hemos presentado cuatro, que dividiré en dos grupos. Las enmiendas 116, 117 y 118 responden a la necesidad de dar cobertura a dos sentencias del Tribunal Constitucional, que anteriormente se han mencionado a lo largo del debate en esta tarde: la 96/1996 y la 235/1999, a propósito del artículo 42 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. En dichas sentencias se establece que la ley no puede reservar al Estado la totalidad de las competencias en la materia sobre las entidades de crédito distinta a las cajas de ahorro y cooperativas al margen de las características estructurales y operativas de sus ámbitos de actuación y de los riesgos que conllevan para la estabilidad y confianza en el sistema financiero.

El Tribunal Constitucional considera que cuando una comunidad autónoma ha asumido el desarrollo legislativo de las bases de la ordenación de crédito y banca, cuya fijación es competencia del Estado, es necesario tener en cuenta que el establecimiento por parte del Estado de las bases de ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa competencia de la comunidad autónoma. En consecuencia, en la interdicción del vaciamiento de la competencia autonómica, en sus facetas de desarrollo normativo y de ejecución, no puede ser desconocida o privada de toda relevancia. Se trata, por tanto, de dotar de contenido a un precepto del Estatuto de Gernika sobre la ordenación del crédito de los bancos que desarrollan su actividad —como se establece con carácter principal— en la comunidad autónoma de Euskadi.

Llevamos muchos años tratando de dar cumplimiento a esta cuestión y seguiremos haciéndolo, ya que todos estamos obligados tanto a cumplir las sentencias como a cumplir y a ser respetuosos con los estatutos de autonomía, y en este caso también con el Estatuto de Autonomía de Gernika.

El segundo grupo al que hacía mención está compuesto por la enmienda 119, de la que ya se ha hablado también a lo largo del debate. Es una enmienda clara, que habla por sí sola, en la que solicitamos precisamente que lo previsto en la disposición adicional final décima —texto nuevo




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que se introduce en el trámite parlamentario a su paso por el Congreso, mediante la adición de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la 144, a la que ya se ha referido anteriormente algún otro senador, que lo que hace es modificar la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias— no sea de aplicación en las comunidades autónomas que, de acuerdo con sus estatutos de autonomía, tengan reconocida la competencia exclusiva en materia de fundaciones.

La legislación estatal en materia de fundaciones, así como las legislaciones autonómicas, a la hora de delimitar sus respectivas competencias en dicha materia tienen en cuenta el ámbito territorial en que desarrollan principalmente las actividades dichas fundaciones.

La legislación vasca en materia de fundaciones se aplica a las que desarrollan sus funciones principalmente en el País Vasco, atendiendo a lo que dispongan sus estatutos en relación con su domicilio, las sedes de sus establecimientos o delegaciones y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.

Por lo tanto, y por regla general, el elemento esencial a tener en cuenta es el ámbito en el que desarrolla principalmente su actividad la fundación bancaria, al margen de la actividad de la entidad de crédito participada, porque, en definitiva, el control, la vigilancia y la supervisión de la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito ya se atribuye de manera específica al Banco de España en el artículo 46 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

En definitiva, se atribuyen al Banco de España todas las funciones de control que tengan relación con la participación accionarial significativa de la fundación bancaria en la entidad de crédito. Por lo tanto, si la gestión para la fundación bancaria de su participación en la entidad de crédito ya se encuentra bajo la supervisión del Banco de España, no encontramos justificación alguna en tener en cuenta la implantación territorial de la entidad de crédito participada para determinar a quién le puede corresponder el protectorado de la fundación bancaria. El único elemento a tener en cuenta para realizar dicha distribución no puede ser otro que el del ámbito de actuación de la obra social de esta fundación bancaria, tal y como así se prevé también para determinar la composición del patronato, máximo órgano de gobierno y representación de la fundación bancaria. A estos efectos, el artículo 39.3 de la Ley 26/2013 referida dispone que los patronos serán personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito de actuación de la obra social de la fundación bancaria. No hace ninguna mención a que puedan serlo también aquellas personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito de actuación de la entidad de crédito participada por esta fundación bancaria. En resumen, sería el criterio, a nuestro juicio, vinculado al lugar donde se desarrolla la obra social, propio de toda fundación, el que tendría que aplicarse.

Y finalizo. A pesar de que —tal y como ya en la comisión nos comentaba el senador Fernández de Moya— seamos nosotros los del no por el no —refiriéndose a los grupos de la oposición—, entiendo que, una vez más, su respuesta ha sido, con alguna salvedad de alguna transaccional con CiU, la del no a la hora de las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí.

Todavía estamos a tiempo, por ello las hemos presentado. No obstante, quizá lo aceptado hoy en estas enmiendas, como ya desarrollaré en el turno de portavoces, puede ser desaprobado en otra ley que venga a posteriori, vía enmienda propuesta por ustedes o mediante cualquier disposición adicional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de enmiendas: el primero, enmienda 49 a 77, y el segundo, vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por la enmienda 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de este bloque, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.




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Señorías, las senadoras y senadores del PSC estamos convencidos de la necesidad de ordenar, supervisar y reforzar la solvencia de nuestro sistema financiero. Como saben ustedes, hemos apoyado gran parte de las reformas del sector iniciadas en la pasada legislatura. Pero este compromiso político obviamente no es un cheque en blanco ni para el Gobierno ni para el Partido Popular, ni avala que nos vendan racionalidad o lógica cuando, como en ocasiones como esta, esconden una recentralización ideológica en un proyecto como el que hoy es objeto de debate. Porque incluir en el trámite del Congreso a través de una enmienda la modificación de una ley aprobada hace solamente cinco meses, sobre un tema —que hay que recordar— que generó un amplio debate y también un amplio consenso, no debe hacernos pensar que sea razonable ni de recibo. Nosotros votamos a favor de aquella ley de hace solo cinco meses. Por eso, creo que podemos considerarnos legítimamente engañados.

Su contenido es un ataque al reparto competencial y a los estatutos de autonomía, que reservan para los gobiernos autonómicos competencias sobre el gobierno de las fundaciones. Pero se equivocan con acciones como esta, y se lo dicen a ustedes la mayor parte de los grupos parlamentarios, señores del Grupo Parlamentario Popular. Desde luego, con actos así no se favorece ni la cohesión territorial ni la lealtad constitucional. Por tanto, con nuestra enmienda, en este caso número 75, hemos propuesto la supresión de la disposición final décima para preservar el protectorado de las fundaciones bancarias en las comunidades autónomas, tal y como establecen sus estatutos de autonomía y de acuerdo con la ley que aprobamos, repito, tan solo hace cinco meses.

Hemos presentado además 28 enmiendas que mejoran el texto de este proyecto de ley. Les pedimos su apoyo o el consenso en un proyecto de tanta importancia como este.

Nuestra enmienda número 60 propone que sea el propio sistema financiero, y no el contribuyente, el que asuma los costes de su saneamiento y recapitalización al final del proceso y que, cuando termine dicho proceso, se comprometan entonces, obviamente, a devolver las ayudas públicas recibidas.

En la enmienda número 64 incluimos la necesidad de elaborar y aprobar un código deontológico de carácter vinculante para la actividad profesional de los altos cargos de las entidades financieras, donde se limiten los riesgos que supone la socialización de las pérdidas. Asimismo consideramos muy importante establecer una limitación mucho más baja en las remuneraciones variables de los altos cargos de las entidades de crédito que la que propone el proyecto de ley. Pensamos que la limitación de esta remuneración variable debería ser igual o inferior al 50% de la remuneración fija y así limitar los riesgos para la solvencia de la entidad a medio y largo plazo, así como exigir un quórum reforzado en la junta general de accionistas de la entidad para aprobar un incremento de la retribución variable que supere el 50% y limitarlo al 100% como máximo. Pero, señorías, ¿no creen ustedes que es suficiente estímulo para un directivo llegar a doblar como máximo su salario, ya de por sí seguro o razonable, o, como propone el Gobierno, vamos a fomentar retribuciones extraordinarias que pueden ayudar en una espiral peligrosa? Algunos pueden pensar: Ahora no, porque hemos salido de una determinada situación en la que se han dado casos, que en estos momentos están en los tribunales, que hacen que actualmente haya más prudencia. Pero no estamos legislando para los próximos meses, sino —como es de suponer— para una larga etapa.

Además, para incrementar la confianza del cliente, y en aras de la transparencia, es fundamental que, al igual que son conocidas las remuneraciones de los consejeros, también se publiquen las de los directores generales y asimilados, así como la brecha salarial que hay en nuestro sistema bancario, es decir, los ratios de diferencia salarial entre la remuneración más alta de cualquier empleado de la entidad bancaria y la más baja que exista en las distintas entidades.

Nuestras enmiendas números 54, 55 y 56 incluyen estas propuestas de importantes modificaciones.

Con relación a los requisitos de idoneidad de los integrantes de los consejos de administración de las entidades de crédito, que regula el artículo 24, hemos propuesto también una serie de cambios mediante las enmiendas números 50, 51 y 52. Así, para valorar la honorabilidad de un candidato, es obligado incluir información sobre condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas.

La enmienda número 50 incluye un pequeño cambio para asegurar la igualdad efectiva en los procesos de selección de los miembros de los consejos de administración de las entidades de




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crédito. El texto propone favorecer la diversidad de género para promover activamente la presencia de consejeras, siguiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prevé para el año 2015 que el 40% de los administradores de las empresas puedan ser mujeres.

Con la enmienda número 51 se añade la necesidad de asegurar la presencia de consejeros independientes según los estándares nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo.

La necesaria y obligada transparencia de los procesos de elección de miembros del consejo de administración y el cumplimiento de los requisitos de idoneidad nos llevan a proponer la modificación del artículo 29 con la enmienda número 53, para incluir esta información junto con la otra sobre gobierno corporativo a difundir en la web de cada entidad de crédito.

En coherencia también con la legislación vigente, no creemos necesario reducir el plazo de prescripción de 5 a 4 años para las infracciones graves dentro del régimen sancionador que regula el título IV. Pensamos que no está justificado ni es una señal adecuada para mejorar la reputación de nuestras entidades financieras. Por tanto, la enmienda número 57 mantiene el plazo actual de 5 años.

También estamos comprometidos con todas las medidas que acoten y limiten las prácticas bancarias irregulares, como las que han abusado de la confianza del consumidor y han generado un verdadero drama social al acabar con los ahorros de muchas familias. Por lo tanto, es muy importante regular racionalmente las condiciones en la comercialización de participaciones preferentes. En ese sentido nuestras enmiendas números 58, 59 y 76 establecen límites más elevados en el régimen fiscal para la comercialización de instrumentos híbridos de capital para los clientes minoristas.

Siguiendo con el asunto sobre los ciudadanos como usuarios y consumidores de los productos financieros: es muy importante establecer una autoridad de defensa y protección de los derechos de los clientes de servicios bancarios. La enmienda número 61 propone la creación y constitución de la autoridad de protección financiera del consumidor mediante un proyecto de ley y en el plazo de un año. Este ente de derecho público independiente integraría a todas las administraciones competentes en materia de consumo y a los distintos supervisores, para mejorar la protección de los derechos de los usuarios y defenderlos de los posibles abusos o malas prácticas bancarias.

Con la enmienda número 63 proponemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabore un informe periódico sobre la evolución de las comisiones de los servicios financieros, que, como ustedes saben, no han dejado de incrementarse en los últimos años. El análisis de este informe debería generar las recomendaciones necesarias para conseguir mayor transparencia y publicidad de las comisiones y unos precios más competitivos para los usuarios y consumidores.

Además, con la enmienda número 70 proponemos que el Gobierno informe sobre el cumplimiento y posible revisión de la legislación en materia de cláusulas abusivas de la contratación dentro del sistema financiero, previa consulta, en este caso, con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Después de la experiencia reciente es obligado reforzar el control público para vigilar el equilibrio entre partes y garantizar que los contratos se celebren libre y responsablemente.

Otra de las reclamaciones que venimos solicitando y por la que hemos apostado desde que se generó la burbuja financiera, causante de la crisis, es la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. La enmienda número 65 propone un impuesto que grave las operaciones nacionales de emisión de valores y la comercialización en mercados secundarios y que al menos la mitad de lo recaudado se destine a financiar políticas sociales específicas.

Asimismo, la enmienda número 66 mandata al Gobierno para que en un plazo de seis meses modifique la regulación del Fondo de Garantía de Depósitos, para que sea considerado como una entidad de naturaleza privada, cuya actividad no tenga impacto en el erario público y, por tanto, quede fuera también de la consolidación de la contabilidad nacional. Siguiendo la normativa comunitaria con respecto a la supervisión del Banco Central Europeo, el Banco de España debería cobrar una tasa anual a las entidades financieras objeto de supervisión que le atribuye esta norma para cubrir los gastos que le ocasionan las nuevas funciones. La enmienda número 67 propone la creación de esta tasa.




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También proponemos en la enmienda número 68 la creación de una comisión independiente que rinda cuentas ante las Cortes Generales para estudiar en profundidad el sistema financiero y proponga cambios y mejoras para fortalecer su papel y posición en el futuro.

La enmienda número 69 aboga por que el Gobierno impulse la inclusión en la normativa europea de un mayor control parlamentario y, por tanto, más democrático sobre el Banco Central Europeo.

Con las enmiendas números 72 y 77 proponemos modificar la Ley hipotecaria para una limitación mayor de la aplicación de los intereses de demora, que en la actualidad siguen siendo abusivos. Así, nuestra propuesta es, por un lado, que no deben ser más elevados de 3 puntos por encima del interés remuneratorio, y, por otro, que estos intereses de demora deben ser aplicados al principal impagado y no a la totalidad del capital pendiente. Además, proponemos que estas limitaciones se apliquen no solo a los préstamos hipotecarios de vivienda habitual, sino a todos los préstamos de garantía hipotecaria.

Con la enmienda número 71 planteamos —sabiendo que es responsabilidad del Gobierno la protección de sus ciudadanos y de sus derechos— la elaboración de un proyecto de ley de insolvencia de las personas físicas, que establezca mecanismos de ayuda en los casos de insolvencia sobrevenida y no dolosa.

Finalmente, hemos propuesto nuevas condiciones sobre el gobierno corporativo y la limitación de la remuneración de directivos en el sistema financiero y pensamos que debemos extenderlo a las sociedades anónimas cotizadas, por eso, lo proponemos en la enmienda número 73 a la disposición final primera.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El segundo grupo presentado por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya son las enmiendas números 78 a 115.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Quisiera empezar mi intervención hablando de una cuestión de estilo. Yo creo, señor Fernández de Moya, que hay que entrar de cara. Lo que no vale es una primera intervención así, suave, recordándonos lo que dice el preámbulo, la ley —un debate correcto— y, luego, una última intervención preparada, a pedradas. Esto no vale, al menos, para mí. Hay que tener un estilo más de entrar de cara. Luego, oyéndole, pensaba que iba a terminar su intervención pidiendo la dimisión de Rodríguez Zapatero, pero, viendo a la bancada del Partido Popular jalearlo, creo que a ustedes les pone, colectiva e individualmente, criticar a Rodríguez Zapatero. Les pone. Pero es que ya no está. Quienes están en el Gobierno ahora son ustedes. Mire, para su listado de mentiras: «No crearé un banco malo.» Mariano Rajoy. «El rescate bancario no costará un euro al contribuyente.» Luis de Guindos. Se lo digo para que lo incorpore y solo me referiré a lo que afecta a este proyecto de ley.

Me decía que estamos de acuerdo en que el problema es el sobreendeudamiento. Sí, pero en lo que ya no estaríamos de acuerdo sería en las razones que explican ese sobreendeudamiento ni tampoco en qué hacer para resolverlo. Como muy bien decía el senador Lerma, aquí lo que ha sucedido es que deuda privada ha pasado a deuda pública y estamos hoy en día con una deuda insostenible a nivel público, y si juntamos deuda privada y deuda pública, estamos hablando de más del 400% del PIB, o sea, de algo impagable.

Pues miren, señorías, ha pasado lo que ha pasado y estamos donde estamos. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué el senador Saura y yo, así como los senadores Mariscal e Iglesias, pedimos un proyecto de ley más exigente, estando de acuerdo en la transposición de la directiva y con la necesidad de unificar la normativa española? Porque a lo largo de estos últimos años parecía que estuviéramos en el país de las maravillas bancario. El señor Mariano Rajoy afirmaba hace poco que el sector financiero español es el más solvente de Europa. (Se lo decía en mi primera intervención.) El señor de Guindos afirmaba que estamos en un sector financiero saneado, transparente y solvente. Si alguien recuerda las intervenciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez o del señor Rato o del señor Blesa, aquí parece que todo se ha hecho magníficamente.




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Pues no. Hemos vivido y aún arrastramos una hecatombe del sector financiero, fruto exclusivamente de la mala gestión, de la codicia y del sobreendeudamiento.

Por esto solicitamos un proyecto de ley más exigente, por eso hemos presentado las enmiendas números 78 a 115 —idénticas a las de los senadores Mariscal e Iglesias—, que las doy por defendidas con la intervención del señor Mariscal. Y quisiera terminar mi intervención diciendo que yo creo que es mejor entrar de cara al inicio del debate y no este juego de las pedradas.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 39 a 43 y 45 a 48.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado en el Senado un total de 10 enmiendas, de las cuales, una ha sido incorporada en el dictamen de ponencia y dos más forman parte de una transaccional, a la que luego me referiré.

Como he dicho antes en mi intervención, entiendo que este proyecto de ley es muy importante. Es un proyecto de ley que va en la línea de revitalizar nuestro sistema financiero y, en definitiva, tiene aspectos tremendamente positivos e importantes. Yo destacaría, como también he dicho anteriormente, dos partes. Una es el proceso de enmiendas como proyecto de ley de las entidades financieras que es y otra es la que hace referencia a una enmienda que nos devuelve a la Ley de las fundaciones bancarias, ya vista aquí.

Desde el primer momento quiero destacar que gran parte de nuestras enmiendas en el Congreso de los Diputados han sido transaccionadas, por lo que entendemos que van en una línea positiva, y que fueron incluidas en el texto que hoy debatimos.

Las enmiendas que hemos presentado hoy aquí —que doy por defendidas en su totalidad— están en tres bloques distintos. Por un lado, están las enmiendas relativas a las especialidades para la constitución de los comités de remuneraciones y de nombramientos, que también presentamos en el Congreso de los Diputados. Un segundo bloque lo constituyen, en concreto, tres enmiendas que incluyen modificaciones de la Ley del mercado de valores en lo que se refiere a la situación concursal de las entidades de contrapartida —como he dicho antes, una fue aceptada, la 44, y otras dos forman parte de unas transaccionales, las enmiendas 43 y 45—.

Por último, cabe hablar de nuestro planeamiento, ya presentado en su momento en la tramitación de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, relativo a que se respete la competencia autonómica para ejercer el protectorado sobre aquellas fundaciones con domicilio en el territorio autonómico y que a su vez desarrollan su obra social más allá del mismo. En concreto, estoy hablando de las enmiendas 46, 47 y 48. Voy a leer su justificación porque entiendo que es el hilo argumental por el que mantenemos una posición distinta a la que nos hubiera gustado respecto a este proyecto de ley: Teniendo en cuenta que, al amparo del artículo 33 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, la actividad principal de las fundaciones bancarias viene constituida, por un lado, por la obra social, y por otro, por la gestión de la participación financiera, y teniendo en cuenta que esta última, en cuanto a su control, es materia exclusiva del Banco de España, dado su carácter de órgano regulatorio, el fondo de la cuestión queda reconducido a la obra social, aspecto este propio de las fundaciones y, por lo tanto, de la normativa civil, lo que justifica la aplicación de la normativa vigente que establece como punto de conexión para determinar el protectorado el domicilio social. En este mismo sentido lo establece el actual Estatuto de Catalunya respecto de la obra social que radique en entidades con sede en su territorio. No obstante, y dado que una parte del ejercicio de dicha obra social puede realizarse fuera del ámbito territorial del protectorado, resulta conveniente arbitrar los mecanismos de coordinación que permitan el ejercicio de funciones de control fuera de dicho ámbito territorial. Es lógico. En este sentido entendemos que la nueva regulación establecida por el artículo 45, en virtud de la cual únicamente será el Ministerio de Economía y Competitividad el que tenga la competencia para ejercitar las funciones de protectorado para aquellas fundaciones cuya obra social sobrepase una comunidad autónoma, debe ser corregida por una redacción que permita que se mantenga esta




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competencia ministerial pero en coordinación con el protectorado ejercido por la comunidad autónoma competente.

Es evidente que la aprobación de las diferentes mejoras en el texto planteado tiene que servir, y tiene una finalidad, y la finalidad es un mejor funcionamiento de nuestro sistema bancario: más transparente, más solvente, más supervisado, que permita no solamente que el crédito fluya en un sentido sino que se introduzcan todas las mejores condiciones por ambas partes; en definitiva, que permita que nuestra economía se vea sustentada por entidades de crédito fuertes y debidamente ordenadas.

Por tanto, entiendo que esta ley —en los términos en que ha sido planteada— no va a tener el apoyo que hubiera sido deseable por el mismo sistema financiero. Por tanto es evidente que lamentamos muchísimo que una parte se haya modificado —a la que luego en el turno de portavoces me referiré—, aunque, en cualquier caso, aún estamos a tiempo para que estas enmiendas —que entiendo que son las más importantes y que tendría que considerar el Grupo Parlamentario Popular— también las tengan presentes en su posicionamiento, de manera que el protectorado pueda ser ejercido por las comunidades autónomas ya que tienen la competencia exclusiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 120 a 147 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por la enmienda 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidente.

Permítanme iniciar esta intervención adhiriéndome a las palabras que ha dicho el senador Guillot hace un momento, en el bien entendido de que intervenciones como la que ha hecho el senador Fernández de Moya no creo que ayuden a aclarar las cosas ni a mejorar los textos legislativos, que, en definitiva, es el trabajo que tenemos en estas cámaras.

Yo voy a añadir algunas mentiras a las que ha dicho el señor Guillot para que las guarde el senador Fernández de Moya —cuatro o cinco—: «Crearemos empleo.» Mentira. «No subiré el IVA.» Mentira. «Meteré la tijera a todo, menos a la sanidad, la educación y las pensiones.» Mentira. «Bajaré el IVA turístico.» Mentira. «Bárcenas no trabaja en el PP.» Mentira. «No envié sms a Bárcenas.» Mentira. «Y no he cobrado sobresueldos.» Mentira. (Aplausos). Y lo hago saltándome una de las normas que me propuse al venir a esta Cámara, que era no entrar en ese tipo de descalificaciones, pero me parece impresentable intentar defender una ley importante sacando los argumentos que usted ha sacado. No me gustan los suyos, como no me gustan los míos, pero lo he hecho.

Permítanme fijar el contexto en el que traemos aquí esta ley. Esta es una ley que viene cuando tenemos unas variables en la sociedad española a raíz de una crisis financiera que desembocó en una crisis económica: más de 5,5 millones de parados, un 27% por ciento de familias en riesgo de pobreza, somos el segundo país de Europa en cuanto a pobreza infantil. Y tenemos unos datos del año pasado que creo que ponen de manifiesto algo que comentaré después.

En el año 2012, según la EPA, se destruyeron 200 000 empleos; el PIB bajó un 1,2%; se produjeron más de 26 000 desahucios por razones hipotecarias; el crédito a las empresas cayó en 70 000 millones de euros frente a 2012 y en 230 000 millones de euros frente a 2011; las comisiones bancarias subieron un 10% ―según un estudio de la organización de consumidores, se estima que cada cliente de entidad bancaria paga entre 200 y 400 euros al año por comisiones—. Y en este contexto y con estos datos, todos malos, la gran banca multiplicó por 4 sus beneficios en 2013. El banco de Santander, que ganó 2205 millones en 2012, en 2013 ganó 4370 millones de euros; un 100% más, el doble. El BBVA, el segundo banco que más ganó, pasó de 1676 millones de euros a 2228 millones de euros, lo que supone una subida de un 33%. Y el tercer banco más rentable, CaixaBank, pasó de 230 a 503 millones de euros, un 118% de incremento.

Señorías, en este contexto traemos una ley que tiene 118 artículos y 51 disposiciones, pero además de refundir la normativa de bancos que está en el preámbulo, además de regular el sector




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bancario y hacerlo de manera armonizada con Europa, además de intentar favorecer la fluidez del crédito, en ninguno de ellos se habla de los clientes de los bancos. En este proyecto de ley falta tener en cuenta a una parte importante, a la parte más importante del sector financiero: su clientela, la ciudadanía que utiliza sus servicios.

Nosotros coincidimos con todos los grupos en la importancia y necesidad de que haya un sistema financiero fiable, fuerte y solvente; con todos, en eso no hay duda. Sin embargo, creemos que para que esto sea así no podemos olvidar ese escenario que hemos dibujado: cuanto más ganan los bancos, más desahucios hay. El dolor que han causado decisiones bancarias en familias españolas es inconmensurable y el agente de ese dolor son las políticas de austeridad de Europa dictadas por los mercados, es decir, por los bancos. Si no hacemos todo lo posible para, utilizando leyes como esta, proteger a los usuarios de este país y dar señales de que legislamos para ellos, no conseguiremos que este sector financiero esté bien considerado por los ciudadanos.

En esta línea hemos presentado alrededor de 30 enmiendas, de las que voy a explicar las principales. En primer lugar, la enmienda número 131 tiene que ver con ese apoyo público que hemos dado a los bancos. Mi grupo parlamentario entiende que si se da apoyo público a los bancos, y se les han dado alrededor de 65 000 millones de euros, es lógico que estos bancos, cuando haya beneficios, devuelvan ese dinero, porque no han sido los ciudadanos quienes han causado los problemas de los bancos, sino que los problemas del sector financiero los ha causado el sector financiero y, por lo tanto, quien ha causado el problema debería pagarlo. Primera corrección que entendemos que hay que hacer a este proyecto de ley: utilicemos este proyecto para establecer que quien genera el problema tiene que pagarlo.

La segunda enmienda tiene que ver con la protección de los ciudadanos y propone que en el plazo de doce meses se tramite un proyecto de ley por el que se cree la autoridad de protección del consumidor. En este sentido, muchos de los problemas que se han sucedido tienen que ver con malas prácticas, con malas conductas de mercado, con falta de transparencia informativa, con falta de educación de los consumidores en temas financieros, y todo ello podría corregirlo esta autoridad; autoridad que tendría que encargarse también de velar por la resolución de conflictos que pudieran surgir entre los bancos y los ciudadanos.

Otra enmienda tiene que ver con algo que hemos hecho hace poco para las empresas y que nosotros proponemos que se haga también para los ciudadanos. Recordarán que hace poco en esta Cámara y en el Parlamento español se tramitó un proyecto en relación con la reestructuración y refinanciación de la deuda de las empresas. Se decía en aquel proyecto de ley, si no recuerdo mal, que de alguna forma se perseguía que empresas que podían ser viables, si se hiciera una especie de reinicio de su condición, de su deuda, podían seguir funcionando; es decir, empresas que tenían dificultades para seguir por su situación financiera, se les permitía refinanciar esa situación, arreglar esa situación, hacer un reinicio, un reset, partir de cero porque la empresa se consideraba viable. Nosotros les proponemos que se apruebe un proyecto de ley de insolvencia de las personas físicas; es decir, hacer lo mismo para las familias, para las personas. Cuando haya familias que tengan dificultades para llevar una vida normal a consecuencia de que sus hipotecas se han vuelto impagables para ellos porque la crisis les ha producido una situación de insolvencia sobrevenida, para esas familias hagamos una ley que ayude a que haya ese reset, ese reinicio que les permita vivir en condiciones dignas.

Otro grupo de enmiendas se refieren al Gobierno corporativo de los bancos. Y aquí, hablando de los consejos de administración, les proponemos en una enmienda corregir el texto para que se produzca la incorporación de mujeres a los consejos de administración. Es verdad que la ley dice que no se impedirá; nosotros proponemos que diga que se fomentará la incorporación de mujeres a los consejos.

En otra enmienda relacionada también con los consejos proponemos que se mejoren los criterios de honorabilidad de los miembros de los consejos, incluyendo, por ejemplo, que se tengan en cuenta las condenas por infracciones administrativas a la hora de evaluar la honorabilidad de los candidatos.

Proponemos también que haya un régimen de sanciones mejorado frente al que propone el proyecto de ley. Entendemos que la limitación de la remuneración variable de los directivos tiene que ser menor que la que da el proyecto. Ustedes hablan de un 100% y un 200% con autorización, nosotros lo dejamos en un 50%.




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Proponemos que se incluya la obligación de que se publiquen en la web de cada entidad bancaria la política de retribución, las retribuciones de los cargos, para que todos sepamos cómo van las cosas, porque, además, de eso dependen muchas de las malas prácticas que han sucedido y también la mala imagen que tienen los bancos.

Proponemos que no rebajen ustedes la prescripción de las infracciones graves en el caso de directivos de los bancos. Ustedes plantean que las infracciones graves bajen a cuatro años, nosotros proponemos dejarlo en cinco. Y, finalmente, proponemos la aprobación de un código deontológico que sea vinculante para los miembros de los consejos de administración, para los directivos de los consejos de administración. Eso es algo que se ha hecho ya; se ha hecho en Holanda. El Gobierno holandés puso en marcha hace un par de años este código deontológico; proponemos que el Gobierno lo impulse y proponemos que sea vinculante, de manera que quien quiera trabajar como directivo en el sector financiero en alguna entidad bancaria deba adherirse a ese código deontológico y el que no cumpla, sea despedido. Y aquí se prohíbe —en este código deontológico, el holandés, cuyo modelo proponemos— que no se vendan productos dudosos, que las bonificaciones no superen el 20% del salario, que no haya contratos blindados, que el paro de los contratos disminuya a partir del segundo año, etcétera. Eso, con la idea, como proponen los holandeses, de que sea una normativa exportada a Europa.

Otro grupo de enmiendas tiene que ver con un tipo de actuaciones que nosotros entendemos que deberían aparecer en este proyecto de ley. Por ejemplo, proponemos que se haga un proyecto de ley que impulse en España el impuesto sobre las transacciones financieras, que todas aquellas operaciones de acciones que se muevan paguen un impuesto especial por encima del tipo y que, además —decimos en nuestra enmienda—, la mitad de los ingresos conseguidos de esta forma sirvan para financiar políticas sociales concretas y específicas.

Siguiendo con la idea de tener en cuenta a los clientes en este proyecto de ley, proponemos en otra enmienda que en tres meses la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia informe sobre las comisiones bancarias. El dato de que las comisiones bancarias han subido un 10% en 2012 es como para tenerlo en cuenta. Por tanto, entendemos que debe darse transparencia a este hecho y el Gobierno, en este caso el regulador, debe impulsar un informe sobre lo que está pasando con las comisiones bancarias en España. Así como entendemos también que es importante que el Gobierno haga un informe sobre el cumplimiento de la legislación en materia de cláusulas abusivas. Hay mucha doctrina sobre el hecho de que en una relación cliente-entidad financiera hay un desequilibrio enorme entre las partes. Prácticamente dentro de las relaciones privadas donde se da mayor desequilibrio es cuando un ciudadano normal, como puede ser cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano que ande por la calle, se ponga en contacto con su banco para hacer cualquier tipo de operación. Y, para evitar ese desequilibrio, es necesario intervenir y regularlo. Hay un montón de cláusulas abusivas que deben erradicarse, y entendemos que dejar pasar esta ley sin hacerlo, sin regularlo, es una oportunidad perdida.

En otro grupo de enmiendas pensamos en los intereses de demora de los préstamos y créditos hipotecarios. El proyecto de ley establece que los intereses de demora de los créditos hipotecarios podrán ser hasta 3 veces el interés pactado. Eso podría situar incluso el interés de demora en un 12%. Nosotros proponemos limitarlo a 3 puntos por encima del interés pactado. Proponemos, además, que solamente se calcule sobre el impago que haya en cada momento y no sobre todo lo que nos quede por pagar, y que se extienda a todo tipo de viviendas. El proyecto de ley se refiere solo a la vivienda habitual. Nosotros entendemos que cualquier hipoteca que un ciudadano o ciudadana tenga suscrita con el banco debe poder gozar de esta limitación de intereses de demora.

En el tema de las preferentes les proponemos aumentar el valor nominal a 50 000 o 200 000 euros como valor nominal unitario mínimo para evitar que pequeños ahorradores sean conducidos de una manera poco clara o poco diáfana hacia este tipo de productos, porque no hace falta recordarles cuál ha sido el impacto que han tenido en la sociedad española en los últimos años.

Finalmente, otro grupo de enmiendas tienen que ver, por ejemplo, con la salvaguarda de las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito son entidades que por su tamaño no pueden tener una regulación homologable a cualquiera de los grandes bancos. Son, además, entidades en las que la falta de ánimo de lucro, la solidaridad entre los miembros y toda una serie de valores, hacen aconsejable que por lo menos ayudemos a que no desaparezcan, cuando no ayudemos a




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que crezcan. Y para ello debería tramitarse un proyecto de ley que limite en cualquier caso las obligaciones que esta ley general aplica a todas las entidades, para limitar en el caso de las cooperativas las exigencias en función del tamaño de la cooperativa de crédito porque son entidades más pequeñas.

Por otro lado, proponemos que haya un control parlamentario del Banco Central Europeo, que es una herramienta clave, como saben ustedes, para que determinadas cosas no vuelvan a pasar. Desde luego no entendemos que el Banco Central Europeo pueda estar más allá del control democrático del Europarlamento.

Proponemos también que haya un régimen transitorio de intereses de demora de las hipotecas para cubrir aquellas que estén en vigor. Y finalmente proponemos también la modificación de la disposición adicional décima, que ya han explicado suficientemente el senador Montilla y algunos otros intervinientes, y que tiene que ver con ese interés recentralizador por la puerta de atrás que ustedes siempre vuelven a utilizar en todas las leyes.

En definitiva, señorías, entendemos que no incorporar todas estas enmiendas al proyecto de ley es un error. Es difícil hacer un proyecto de ley que intente, como dice el propio preámbulo, unificar toda la normativa que tiene que ver con los bancos. Y si es difícil hacerlo cuando lo tenemos aquí, deberíamos ser capaces de introducir enmiendas que pretendan salvaguardar a los clientes, salvaguardar a los ciudadanos de prácticas que han ocurrido estos años, y deberíamos ser capaces de regular el funcionamiento de las entidades para que eso no volviera a suceder.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Turno en contra de las enmiendas. Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a responder a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.

Señor Mariscal, los que le conocemos sabemos lo que usted hace en el Parlamento de Andalucía, y ahora exporta ese modelo también al Senado y a las Cortes Generales. Yo, que he tenido la oportunidad de conocerlo durante años en el Parlamento de Andalucía, sinceramente le tengo que decir que su intervención a mí no me llama la atención, pero lo lamento profundamente porque una vez más pone de manifiesto el sectarismo que usted muestra en sus intervenciones públicas y, lo que es peor, el insulto y la descalificación permanente.

Pero, señor Mariscal, esta es la Constitución española, la que a usted le permite, según el artículo 69 del título III, formar parte de esta Cámara, del Senado, y gracias a la cual usted se puede expresar en esta institución que forma parte de las Cortes Generales de España. Esta Constitución fue aprobada en sesión plenaria por el Congreso de los Diputados y por el Senado el 31 de octubre del año 1978; fue ratificada en referéndum por el conjunto de la sociedad española el 6 de diciembre de 1978; y Su Majestad el Rey la sancionó el 27 de diciembre de 1978. ¿La respeta usted, señor Mariscal? Porque este es el instrumento normativo que a usted le permite poder expresarse y poder ser senador… (Aplausos.) …, y este es el instrumento normativo que permite que nuestra comunidad autónoma, la comunidad autónoma de los andaluces, no de la izquierda, no del PSOE ni de Izquierda Unida, la comunidad autónoma de los andaluces tenga un estatuto de autonomía que guíe su convivencia. Por lo tanto, señor Mariscal, léala un poco. Por cierto, artículo 1.3 de la Constitución: «La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.» Repito, ratificada y votada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. (Aplausos.) Respete la Constitución española, señor Mariscal.

En segundo lugar, ¿sería usted tan amable de explicar ante la Cámara cómo el Partido Socialista no ha aprobado el banco público en Andalucía? Tenga usted el coraje y la valentía política de decir en esta Cámara que su socio de Gobierno en Andalucía, en el grupo de trabajo, ha votado en contra del banco público. Y ustedes caminan hacia un instituto de crédito, pero nunca hacia una banca pública.

Señor Mariscal, cuando hable de los bancos, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. En este artículo dice: «Unicaja y Cajasol perdonan créditos millonarios a Izquierda Unida.» (Aplausos.) ¿Esta es la banca a la que ustedes aluden permanentemente que les ha perdonado créditos millonarios, señor Mariscal? Y escuche con atención la frase que sigue: «La coalición de izquierdas regulariza un préstamo con la entidad malagueña después de entrar en el Gobierno andaluz.»




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¡Oh, casualidad, señor Mariscal! Le perdonan los créditos cuando apoyan al Partido Socialista en Andalucía. Tenga mucho cuidado, señor Mariscal, cuando hable de los bancos porque estos son los que a ustedes les perdonan y les condonan la deuda. ¿A cuántas familias no se les podría haber ayudado en Andalucía si a ustedes no les hubiesen perdonado esta deuda? (Aplausos.) ¿Hubiesen dedicado ese dinero que a ustedes ahora les perdonan los bancos? ¿Cuántas familias, señor Mariscal?

A mí, como andaluz, me preocupa, aunque usted no lo diga aquí, que la Comunidad Autónoma de Andalucía tenga un 60% de paro juvenil, y mi provincia, Jaén, después de tener íntegramente transferidas las competencias desde el año 2002 en materia de políticas activas de empleo, tiene un 74% de paro juvenil. Eso es lo que nos preocupa a los andaluces, señor Mariscal. Mientras ustedes están en el reparto de sillones con el Gobierno Socialista, a nosotros lo que nos preocupa es sacar a Andalucía y a España adelante. Por cierto, el Gobierno del presidente Rajoy en dos años y medio ha mandado a Andalucía 18 000 millones de euros por la falta de liquidez que tenía esta comunidad autónoma; 18 000 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico y al Plan de Pago a Proveedores. (Aplausos). Sé que esto a la bancada de la izquierda le molesta, pero esa es la realidad. Si no llega ese dinero a Andalucía, ni pagan a proveedores, ni prestan servicios públicos, ni pagan las nóminas de los empleados públicos de Andalucía. (Aplausos). ¡Ya está bien, señores de la izquierda! ¡Ya está bien! (Aplausos.)

Por tanto, señor Mariscal, aparte de leerse el artículo 1.3 de la Constitución, léase el artículo 1 del Código Civil, donde dice que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Yo no he dicho que el G-20 forme parte del ordenamiento jurídico, he dicho instrucciones y recomendaciones. Pero a usted le da igual, señor Mariscal. Si usted ya viene con el guion preestablecido; si en el Parlamento de Andalucía tiene el mismo comportamiento; si es que a usted los andaluces le conocemos; usted será nuevo aquí pero para los andaluces no, ya sabemos cuáles son sus intervenciones en el Parlamento. Lo dicho, allá cada cual pero, señor Mariscal, por aquello de que usted se sitúa a la izquierda de la izquierda y ve la amenaza de Podemos, respete la Constitución española, que es lo que le pido. (Aplausos).

En lo que concierne a las distintas enmiendas, voy a contestar de forma agrupada al planteamiento de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Comenzaré por las enmiendas de la senadora del PNV, que vuelve a poner de manifiesto lo que ya dije en comisión: ustedes mantienen una hipótesis, nosotros mantenemos otra reflexión, que es diametralmente opuesta a la suya; ustedes opinan que este proyecto de ley invade competencias, nosotros creemos que es extraordinariamente respetuoso con la Constitución y con los estatutos de autonomía, y que, por tanto, respeta el marco jurídico de distribución competencial que se da entre el Estado y las comunidades autónomas. En eso es indudable que no nos vamos a poner de acuerdo, pero en su momento en comisión le cité la disposición final novena 3, la disposición adicional quinta, que hacían referencia de manera oportuna a todas y cada una de las consideraciones constitucionales respetando el marco estatutario que, a juicio del Gobierno y de este grupo parlamentario, sin lugar a dudas se establece.

Sí que es verdad, senadora del PNV, que me hubiese gustado escucharle lo que fue una actitud constructiva, pues usted sabe que aceptamos enmiendas de su grupo en el debate del Congreso de los Diputados. Aceptamos que el comité de nombramientos debe tener un número mínimo de consejeros independientes; votamos que sí a la obligación del Banco de España de remitir a las Cortes Generales los resultados de las pruebas de resistencia tan pronto como estuvieran disponibles; votamos que sí a que el propio comité de riesgo deba tener también un número mínimo de consejeros independientes. Y así con otras enmiendas que, como usted bien sabe, formaron parte de la reflexión del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados. Por tanto, sí se le han aceptado enmiendas —aunque, lamentablemente, usted no lo ha reflejado— que hacen referencia a los artículos 31.1, 36.1, 38.2 y al artículo 79. En la distribución competencial no coincidimos, usted tiene una opinión, nosotros tenemos la contraria y, evidentemente, en caso de que se plantee un recurso ante el Constitucional será el Alto Tribunal, conforme a la Constitución española, quien tenga que resolver.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de Entesa, señor Guillot, yo siempre voy de frente, siempre, y cuando se meten con el Gobierno de España, más. ¿Sabe usted por qué? Porque este Gobierno de España, por mucho que a ustedes les haya pesado, que están




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en el no permanente, ha salvado a este país del rescate y de la intervención; el rescate y la intervención a cuyo borde nos dejó precisamente la izquierda, entre los que usted se encuentra, porque arruinaron este país. Y este Gobierno, con el presidente Rajoy a la cabeza, en dos años y medio, con muchos esfuerzos de la sociedad española, ha salvado a la nación española del rescate y de la intervención. Y cuando se ataca desde esta tribuna, se miente desde esta tribuna, se insulta y se descalifica al Gobierno de España, este senador, que se siente profundamente orgulloso de ser del Partido Popular y de apoyar al Gobierno de España, siempre lo va a defender, que no le queda ninguna duda. (Aplausos). Sí, a mí me aplauden mis compañeros como a usted le aplauden los suyos, ¿o es que tampoco van a poder aplaudir, señor Guillot? ¡Faltaría más! ¿O usted nos va a decir lo que tenemos que hacer o dejar de hacer en esta Cámara? Yo siempre de frente y sin atajos, y defendiendo al Gobierno de España, siempre, señor Guillot, no sé si usted además va en el regateo (Aplausos). Pero siempre defendiendo al Gobierno de España, y repetiré siempre que ha salvado a este país de la quiebra y del rescate al que le abocó la izquierda española, entre la que usted se encuentra. La historia se repite y siempre ha pasado igual.

Nosotros una vez más queremos poner de manifiesto por qué votamos en contra de las enmiendas. Ustedes presentan, por ejemplo, una enmienda relativa a las horquillas límite de variabilidad en el ámbito de los tipos de interés. Nosotros consideramos que esa enmienda es contraria a la libertad de los pactos, dado que las partes pueden pactar y, en consecuencia, establecer y regular un tipo de interés que no necesita límite alguno. Ese es un principio de naturaleza y acuerdo de las partes.

Ustedes plantean una enmienda técnica para sustituir el 20%, el 30% o el 50%, y citan de manera expresa el 40%, pero el problema es que este artículo traspone de manera directa el artículo 22 de la Directiva 2013/36 de la Unión Europea, y en dicho artículo no viene la cifra del 40%. Por tanto, si estamos hablando de una trasposición de la directiva, no podemos aceptar esa enmienda.

Asimismo plantean otra enmienda para ampliar los requisitos de idoneidad a las categorías de personal cuyas actividades incidan en el perfil de riesgo de la entidad, su grupo, sociedad matriz o filiales. En nuestra opinión, esta aclaración resulta innecesaria. Vaya usted al contenido literal del artículo 32.2 que ya contempla los requisitos de idoneidad que precisamente se establecen para los empleados que desempeñen puestos clave en el ámbito de la entidad a la que se refiere.

Plantean en otra enmienda añadir una nueva función indelegable para el consejo de administración. Punto f) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en el resto de la normativa que afecte a las actividades de la entidad de crédito. Nosotros consideramos que la redacción de este punto se aleja de una manera muy importante del contenido normativo que establece la propia directiva, y ese es el motivo por el que votamos en contra.

Piden que el comité de nombramientos siempre sea obligatorio, y yo quiero hacer una reflexión para el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Entesa y para quienes coinciden en esta enmienda. Y es la de que es preciso permitir a entidades pequeñas que tengan comité de nombramiento y remuneraciones. El texto español va más allá de la propia directiva de la Unión Europea, pues en ella a veces se permite que ni siquiera haya comité de nombramientos, y sin embargo se ha contemplado en el proyecto de ley la presencia y la naturaleza de ese órgano.

Ustedes plantean otra enmienda en virtud de la cual se establece que la remuneración fija individual no sea superior al 30% de la remuneración total. Y lo que ocurre, señorías, es que este artículo contradice los principios de la directiva de la Unión Europea que pone límites exclusivamente a la retribución en este caso de naturaleza variable. Y usted sabe que la retribución fija es una normativa de autoorganización interna en virtud de la cual efectivamente nos encontramos con que no se establece ningún límite, siempre que no se falsee en su naturaleza que sea una retribución variable ni genere incentivos perjudiciales para la política de riesgos de la entidad crediticia.

Ustedes plantean prohibir completamente la remuneración variable, pues es incompatible con una gestión sana y sensata de los riesgos y con el principio de recompensar el rendimiento. La redacción que nosotros damos a la letra d) apartado 1 del artículo 34 es literal y plenamente coincidente con la directiva de la Unión Europea, y por tanto, en nuestra opinión no procede cambiarla.




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Plantean asimismo eliminar la posibilidad de que las entidades aprueben límites superiores a la remuneración variable del 100%, pero es que el artículo 34.1 g), al que afecta esa enmienda, establece en el texto normativo de ese precepto esa posibilidad que faculta concretamente a las entidades a elevar la retribución variable siempre que su junta de accionistas lo apruebe con todas sus garantías y se produzca una comunicación al Banco de España. Y usted sabe que desapoderar a las juntas de accionistas españolas de esta facultad no resulta conveniente ni en términos de prudencia ni en términos de competitividad.

Ustedes plantean otra enmienda que es limitar las remuneraciones, las indemnizaciones y compromisos por pensiones en las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, y resulta que el desarrollo de este artículo está previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 2/2012, de reciente aprobación en esta legislatura, y por tanto, entendemos que no procede su modificación normativa.

El Grupo Parlamentario Mixto propone también obligar a todas las entidades, con independencia de su tamaño, a contar con un comité de riesgo, y en ese sentido he de decirle que el precepto normativo, y en concreto el artículo 38, establece que todas las entidades deberán contar con un comité que desempeñe las funciones del comité de riesgos.

Otras enmiendas pretenden introducir nuevas infracciones, aquellas que nuevamente hacen referencia al artículo 35, sobre políticas de remuneraciones en el ámbito de los miembros del consejo de administración y también de entidades de crédito que reciban apoyo financiero público, pero es que, señoría, esta infracción ya es objeto de sanción, como ocurre exactamente igual con la enmienda que formulan sobre el artículo 93, concretamente en el régimen sancionador. Por lo tanto, evidentemente, las enmiendas quedan rechazadas por la perspectiva de nuestro planteamiento.

Paso ahora a las enmiendas del Grupo Socialista. Señor Manchado, yo le podría sacar muchas más mentiras. Ustedes prometieron el pleno empleo en España y nos dejaron con 5 millones de españoles en situación de desempleo. (Aplausos). Ustedes dijeron que el caso de los ERE era de 4 golfos y vamos por un centenar de imputados, hoy se ha conocido una nueva imputación de un exconsejero de la Junta de Andalucía. (Protestas). Usted, señor Manchado, tenga cuidado cuando hable de los sueldos y repase algunas declaraciones sobre el IRPF de algunos diputados o diputadas nacionales, que en su retribución no solo tienen el sueldo de diputado, sino que tienen también asignaciones complementarias del Grupo Parlamentario Socialista; tenga mucho cuidado cuando hable de esa cuestión, o por lo menos repase las percepciones que reciben sus compañeros. (Rumores).

Señor Manchado, voy a terminar poniéndole de manifiesto algo que le he dicho anteriormente y que ahora repito, aunque yo sé que a ustedes, los socialistas, no les gusta escucharlo. Verdad: Zapatero dejó arruinado a este país y al borde de la intervención. (Protestas). Verdad: Rajoy en dos años y medio ha sacado a este país adelante y ha quitado de en medio el rescate y la intervención. (Protestas.—Aplausos). Esa es la diferencia entre un presidente del Gobierno que mintió a la sociedad española y otro que está trabajando de manera denodada por ella.

Señor Manchado, a ver si cuando usted ahora, cuando baje otra vez a esta tribuna, tiene el coraje político de citar el número de proyectos de ley que se tramitaron por vía de urgencia en la VIII y en la IX Legislaturas con el Gobierno socialista, más que nada para hablar con rigor. Si no desvela usted el dato lo voy a desvelar yo en mi última intervención, y se llevará una sorpresa, como yo me la he llevado al conocer el número de proyectos de ley que se tramitaron de 2004 a 2011 por el procedimiento de urgencia en esta Cámara, gobernando el PSOE. A ver si usted hace público ese dato, y entonces verá que no tiene ninguna autoridad para criticar que el Gobierno pueda hacer uso de un procedimiento reglamentario, de una facultad que se contempla en el Reglamento, en este caso del Senado, y lo haya hecho cumpliendo el procedimiento legal y reglamentariamente establecido, como imagino que también lo haría Zapatero. ¿O es que a Zapatero le valía la urgencia y al Gobierno de España de ahora no le vale la urgencia en aplicación del mismo Reglamento de esta Cámara? Por lo tanto, un poco de rigor y de seriedad.

Las enmiendas del Grupo Socialista —que voy a tratar de manera agrupada, para referirme finalmente a las de Convergència i Unió— ponen de manifiesto algo que también me parece importante: usted, señor Manchado, también ha obviado que en el Congreso de los Diputados le hemos aceptado enmiendas, y usted no lo ha dicho. Ustedes están en el no por el no




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permanentemente, sigan por ese camino, ese es su problema y no el nuestro, pero diga usted aquí, en un ejercicio de honestidad política, que en el Congreso de los Diputados, en este debate se le aceptó, por ejemplo, la enmienda relativa a la nueva redacción del artículo 4.2.c); por ejemplo, se le aceptó la enmienda relativa al artículo 24.1, concretamente en lo que hace referencia al segundo párrafo; por ejemplo, saben ustedes que en el artículo 31 llegamos a un acuerdo sobre el comité de nombramientos que incluía el objetivo de representación, concretamente el sexo menos representado; por ejemplo, a la hora de la obligación de publicar el test de estrés y la comunicación al Congreso, estábamos dispuestos a transaccionar con ustedes el 55.5; o por ejemplo una transacción relativa a la nueva disposición adicional, en la que se proponía que el Gobierno presente un proyecto de ley de reforma, en este caso del régimen de cooperativas de crédito, en particular en lo relativo al gobierno cooperativo y concretamente a la financiación.

Hay otras enmiendas que no le podemos aceptar, como, por ejemplo, dejar la prescripción de las infracciones conforme a la Ley 26/1988, porque a nosotros nos parecen más razonables los plazos que damos y la delimitación de la naturaleza en infracciones graves y muy graves. No nos parece correcto el endurecimiento de los límites para la comercialización de las preferentes, porque consideramos que los límites actualmente en vigor son suficientemente protectores. Ustedes plantean también otra enmienda relativa a exhortar al Gobierno a establecer los cambios legislativos necesarios para que el Fondo de garantía de depósitos no sea considerado organismo público. En nuestra opinión, el Fondo de garantía de depósitos toma decisiones que son de claro interés público, lo que aconseja precisamente su participación en el sector público y su implicación en la gobernanza, o, por ejemplo, el hecho de la creación de una comisión independiente sobre el futuro del sistema financiero, que, como ustedes saben, habiendo acometido el grueso de esa reforma del sistema financiero, nosotros consideramos que no es menester.

Señor Alturo, su señoría sabe que al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió le hemos aceptado, concretamente, 3 enmiendas: una, en debate en ponencia, la enmienda número 44, y 2 que hemos transaccionado, la 43 y la 45, y que ha sido voluntad de este grupo parlamentario mantener, evidentemente, el tono de diálogo y el tono ante lo que significa la reestructuración final del sistema financiero, con una normativa extraordinariamente importante como la que hoy debatimos en la Cámara.

Por lo tanto, en el conjunto y en el debate agrupado —y termino, señor presidente— de las enmiendas, la número 145, que queda viva es objeto de rechazo por mi grupo parlamentario; incorporamos las 4 del Grupo Parlamentario Popular, las 2 que hemos transaccionado con Convergència i Unió, que han recibido el beneplácito del grupo proponente, y la que ya habíamos incorporado en ponencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Se ha colado el debate sobre la Constitución y quisiera aclarar algunas cosas, ya que el señor Fernández de Moya me pide que me lea la Constitución. Yo les pido a ustedes que la cumplan. Yo les pido a usted y a su partido que la cumplan, que lleven a efecto lo que contiene la Constitución, que dejen de llenarse la boca con la palabra Constitución y que la lean y la cumplan. Que cumplan el artículo 27, que habla del derecho a la educación; el artículo 43, que habla del derecho a la salud; el artículo 47, que habla del derecho a la vivienda; el artículo 44, que habla del derecho a la cultura y del acceso a la cultura; el artículo 35, que habla del derecho al trabajo; el artículo 37, que habla del derecho a la negociación colectiva, que se han cargado ustedes con la última reforma laboral —y se quedan ustedes tan panchos—; el artículo 20, que habla de la libertad para difundir los pensamientos —también muy importante—. Ustedes, muchas veces, solamente ponen el acento en el artículo 33, que habla del derecho a la propiedad privada, o en el artículo 135, que habla de que hay que pagar la deuda prioritariamente, o en su gran obsesión. Ha habido momentos en la historia de este país donde parecía que la Constitución solamente era el Título VIII de la Constitución española.




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Señor Fernández de Moya, dice que me conoce de cuando hemos sido compañeros en el Parlamento andaluz. Yo también he tenido la oportunidad de debatir con usted en el Parlamento andaluz, y nos conocemos, pero lo importante no es que nos conozcamos entre nosotros, lo importante es que nos conozcan la gente y la ciudadanía, y que en función de eso también tome decisiones.

350 959. Si no le suena esa cifra, le digo yo qué es. Son los votos que ha perdido el Partido Popular en Andalucía en las últimas elecciones europeas, 25 000 de los cuales —se ve que le conocen bien, señor Fernández de Moya— han sido en su provincia, en la provincia de Jaén. 25 000 votos perdidos desde 2009 a 2014 por el Partido Popular en la provincia de Jaén. Los jienenses le conocen. Le conocen perfectamente y van retirando al Partido Popular su confianza. Y va a más.

No me hable de la amenaza de Podemos. Yo no me siento amenazado por Podemos, no. Ustedes, sí. (Rumores). No, no, de verdad que no nos sentimos amenazados. ¡Hombre! Hablan, como nosotros, de nacionalizar la banca; hablan, como nosotros, de nacionalizar las eléctricas; hablan, como nosotros, de no pagar la deuda y de hacer una auditoría a ciudadanos de la deuda. La amenaza de Podemos no es para nosotros, es para lo que ustedes representan aquí. Y, desde luego, se va a formar un bloque amplio en este país con todos los que defendemos un proceso constituyente alternativo y los que defendemos otra Constitución o, por lo menos, que esta se cumpla, porque tengo que recordar que el 60% del censo español no tuvo ocasión de votar esa Constitución en 1978 y no está de más renovar con la propia población los compromisos ciudadanos. No pasa absolutamente nada. Se llama solidaridad intergeneracional (Rumores), y los que no tuvimos ocasión de votar la Constitución de 1978 estamos reclamando algo tan sencillo como el derecho a decidir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

El señor Fernández de Moya ya nos anunció en la comisión que dejaba cosas para el Pleno, y ya lo hemos visto, ha venido cargado de todos sus argumentos.

Espero poder aclarar los puntos que tenía previstos para este turno de portavoces, algunos de los cuales no he mencionado en el turno de enmiendas porque no me ha dado tiempo, y no quiero que me ocurra como en la comisión, que como usted habla después yo luego no dispongo de otro turno para responderle.

Anteriormente realicé la defensa de las enmiendas que mi grupo presentó en el Senado. Es cierto, tal y como usted ha dicho, que en el Congreso se presentaron otras, pero es el texto que ha venido al Senado el que estamos debatiendo. Sí quisiera aclarar un poco la cronología de los hechos.

Cuando el texto entró en el Congreso, el Grupo Parlamentario Vasco estaba de acuerdo con él por varias razones: porque considerábamos positiva la aprobación de este proyecto; porque creíamos que, a la vista de la experiencia de los últimos años en el sector financiero, era necesario adoptar medidas con el fin de reforzarlo y este proyecto de ley nos parecía necesario para el sector; porque la esencia del proyecto era la trasposición de un reglamento y de una directiva comunitaria con los que estábamos básicamente de acuerdo; al margen de que sea una obligación conforme al tratado, valoramos positivamente la existencia de la directiva ya que, como hemos visto en el caso del Estado español, la crisis de una entidad de crédito extiende sus efectos más allá de su ámbito y puede afectar al propio sistema financiero y, por extensión, producir impactos negativos en la economía en general. Ello justifica que se regule de modo preciso todo lo relativo a los requisitos y a las exigencias de la entidad, a sus gestores y a los administradores.

Hay que destacar, en primer lugar, lo referido a las normas de protección del cliente de servicios financieros prestados por las entidades de crédito, a la vista de los comportamientos de algunas —no de todas, quiero recalcarlo—, regulando su actuación antes del contrato, en el contrato y después del contrato correspondiente en términos de trasparencia, etcétera, con especial atención a las personas consumidoras, que son las destinatarias de dicha protección.




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En segundo lugar, gracias a la directiva que ahora se incorpora al derecho se establece una rigurosa regulación de las retribuciones de altos cargos de las entidades de crédito. Es necesario acabar con comportamientos de algunos, también directivos, que son intolerables no ya desde una perspectiva legal sino ética. De igual manera, la intervención no meramente consultiva de la junta general de accionistas es otra cuestión que mi grupo valora positivamente.

Finalmente, por lo que se refiere a los requerimientos de capital, los colchones para todo el ámbito de la Unión, nuestro juicio sobre el contenido de la directiva es también positivo. Ahora bien, el Gobierno y el Banco de España deben asumir la responsabilidad de lograr que, más allá de esos requisitos comunes, se igualen otros evidentemente perjudiciales para las entidades de crédito del Estado español.

Como he dicho, estos eran los argumentos por los que en un principio el Grupo Vasco estaba de acuerdo con el texto que entró en el Congreso, que quedó mejorado en su momento con la aceptación de algunas enmiendas que ya he citado y de algunas otras. Sin embargo, no considero que en su explicación para dar respuesta a las enmiendas presentadas en esta Cámara tenga suficiente justificación el hecho de la aceptación de enmiendas en el Congreso. No es la primera vez que lo mencionamos aquí, pero es que usted mismo ha terminado diciendo que quedan 145 enmiendas vivas y 2 transaccionales, de las suyas con las de CIU. Por lo tanto, en el trámite parlamentario del Senado la aceptación de enmiendas ha sido muy pequeña.

Hechas todas las valoraciones positivas del proyecto, tengo que decir que nuestro grupo no puede aprobarlo tal y como ha entrado al Senado y como hoy lo estamos debatiendo porque consideramos, siendo nuestra opinión diametralmente opuesta a la suya, que es un ataque en toda regla. Como decía, no nos vamos a poner de acuerdo, y yo voy a intentar explicar nuestras hipótesis.

En primer lugar, en lo que a la forma se refiere —aunque ya se ha mencionado anteriormente quisiera volver a señalarlo—, por introducir en el trámite del Congreso una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la que se modifica una ley recién aprobada.

He terminado mi turno de defensa de las enmiendas —porque se me había agotado el tiempo— diciendo que se habían aceptado algunas, que probablemente en una aprobación posterior de otro proyecto de ley pudieran ser modificadas, porque es lo que nos hemos encontrado en este caso; es una modificación de lo aprobado solo hace unos meses en este Cámara. Esta senadora, que lleva poco tiempo, ha podido estar presente en ambas. Fíjese si ha pasado poco tiempo.

Las formas también han sido valoradas por la letrada en el informe que se ha realizado sobre el proyecto de ley. Y, en torno a otro punto, considera —y abro comillas—: «Esta disposición —refiriéndose a la final primera— lleva a cabo una importante modificación de la Ley del mercado de valores, lo cual, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no parece lo más apropiado en tanto en cuanto la regulación que se acomete en este precepto tendría entidad suficiente como para haber sido tramitada como proyecto de ley independiente.» Es decir, las formas no nos acompañan.

En segundo lugar, a estas formas, tantas veces comentadas en esta Cámara, se le suma en este caso un fondo; un fondo muy importante, que no es otro que el político.

Entendemos que hay una invasión competencial. Usted hablaba— y voy a intentar responderle— del ámbito competencial como un gran defensor. Me encantaría que con esa misma vehemencia defendiera todas las transferencias de las que hablaba del caso de Andalucía, que los vascos y las vascas estamos esperando tanto tiempo; y que ese cumplimiento —como exigía— a la Constitución, también se ejerciera para todo. Pero ya lo dijo en la comisión: la Constitución está por encima de todo. Y también lo ha mencionado aquí: no puede haber compartimentos estancos. Lo tenemos muy claro. No dudamos de cuál es su opinión. De hecho, el afán recentralizador nos lo va clarificando una y otra vez.

¿Por qué entendemos que hay una invasión competencial? Por ser contraria a la norma del Estatuto de Gernika. El artículo 10 del citado estatuto establece que la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá competencia exclusiva, entre otras materias, en su apartado 13, en —y abro comillas—: «fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco» —cierro comillas—.




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En consecuencia, nos encontramos ante una cuestión de principio. Mi grupo no puede aceptar cualquier tipo de norma que tenga como objeto o produzca el efecto de alterar la distribución de las competencias convenidas en el momento de la elaboración del estatuto. Dentro de esta competencia genérica, en materia de fundaciones se incluye, como es evidente, ejercer las funciones que corresponden al protectorado; nunca ha sido esto objeto de discusión en relación con las fundaciones que cumplen el requisito mencionado de desarrollar principalmente sus funciones en la comunidad. En el momento de la elaboración de la Ley de las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que ahora se pretende modificar, quedó claro que, en el caso de una fundación bancaria, era conveniente, sin afectar a las competencias estatutarias, reconocer la intervención del Banco de España en materias propias de su competencia. Las que no eran propias del protectorado corresponderían a esa entidad, y de ese modo se respetaba el estatuto, dada la independencia del Banco de España de cualquier Gobierno. Quedaba claro también que no había modificación en la titularidad del protectorado respecto del régimen ordinario de una fundación, mientras que el control del cumplimiento de las normas contenidas en el capítulo 4º de esta ley, artículos 45 y 46, es decir, de las derivadas de la participación en entidades de crédito, correspondía al Banco de España. No había ninguno tercero con el texto al que nos referimos; o se hurta a la comunidad autónoma dicha competencia o se inicia el camino que conduce a ese objetivo. Repito, no podemos, en ningún caso, dar conformidad a ningún texto de ningún tipo de norma que atente contra lo previsto en el estatuto.

Y en segundo lugar, hablaba de un incumplimiento de lo acordado. Y yo me pregunto ¿Dónde quedan los equilibrios políticos alcanzados al debatir y aprobar la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias? En diciembre aprobamos una ley —como le he dicho anteriormente—, con nuestro apoyo, y hoy, vía una enmienda que presenta el propio Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el contenido de lo allí acordado. Les recuerdo que ustedes no necesitaban nuestro apoyo para poder sacar adelante dicho proyecto. Por lo tanto, si buscaron nuestro apoyo, en alusión a todo ese respeto a las leyes, a las normas, a las formas que usted ha empleado en su intervención, no entiendo, no me encaja, sinceramente, que ahora se pueda modificar a través de una enmienda que ustedes introducen en el trámite parlamentario.

Repitió en la comisión el no por el no. Y yo le diría que cuando se negocian las leyes y ustedes las incumplen ¿cómo le llaman a eso? El sí por el sí. Pues, sinceramente, no es lo que nosotros entendemos.

Se ha hablado, y finalizo, de la justificación de la urgencia. A mi grupo nos da igual si en el periodo del Partido Socialista, o en su periodo en el Gobierno, los trámites por vía de urgencia han sido un número u otro, porque seguramente cuando ellos lo hacían, ustedes también tendrían una opinión contraria. Nosotros entendemos que el camino no es modificar vía enmiendas y con posterioridad lo ya aprobado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí, termino.

Sinceramente, me gustaría que en algún momento, y fuera del debate demagógico, se respondiera a esto, a esa justificación de la urgencia, porque no la entendemos desde ningún punto de vista.

Hablaba de sus razones, de nuestras razones, de nuestras hipótesis y del no encuentro. Evidentemente, en algún momento mencionó que eran las razones. Espero que simplemente sean las suyas, porque las nuestras para no poder votar hoy a favor de este proyecto de ley son estas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, señor Fernández de Moya, en primer lugar quiero reconocer que he cometido un error: criticar su estilo. Cada uno tiene el suyo y lo vive como quiere. Usted mismo.




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En segundo lugar, creo que es una osadía decir que ustedes han salvado nada. Con 6 millones de parados ustedes no han salvado nada. Podría entender que dijera que van a salvar, pero esto ya sería un acto de fe popular que comprenderá que yo no comparta. Es más, si se leen los informes de la Comisión Europea, verán la preocupación sobre tres grandes datos macroeconómicos: deuda, paro y pobreza. ¡Si le parecen poco! Deuda, paro y pobreza siguen siendo los principales problemas de este país, y además son los que a nosotros nos preocupan muchísimo.

En tercer lugar, en un momento tan delicado como el que atraviesa nuestra democracia encuentro del todo irresponsable estos mensajes de deslegitimación total que usted hace con sus adversarios. Usted puede criticar, pero ¡Cómo se atreve a deslegitimar! Eso que dice de: ¡La izquierda, la izquierda! No señor. La izquierda cometerá sus errores, tendrá sus aciertos, la izquierda es plural, igual que ustedes. No creo que ese proceso de deslegitimación total del adversario mejore la calidad de nuestra democracia.

Pero como lo veo muy orgulloso de su partido, permítame que yo también lo sea. Señor Fernández de Moya, nosotros hemos participado y colaborado, y hemos hecho todo lo posible para que en Cataluña hubiera dos gobiernos de izquierdas, el del president Maragall y el del president Montilla. Es verdad que hubo una caída de ingresos fruto de la crisis, como en tantas otras comunidades, pero estos dos gobiernos se caracterizaron por las tres emes: maestros, médicos y mossos. ¿Usted me puede decir lo mismo, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana? ¿Usted me puede decir lo mismo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid? ¿O de Murcia? (Aplausos).

Y una cuestión que me habrán oído repetir mil veces es que de los cuatro presidentes de la Generalitat, a los que he apoyado y no he apoyado, ninguno ha pisado un juzgado. Usted, señor Fernández de Moya, ¿me puede decir lo mismo? ¿Hay algún presidente autonómico del PP que no haya pisado un juzgado? De los de Cataluña ninguno.

Para hacer este ejercicio de orgullo al que usted nos ha convocado, le diré que antes llenábamos las cárceles, pero en 37 años de democracia ningún cargo público de Iniciativa ni del PSUC en su momento ha pisado jamás un juzgado, y menos una prisión. ¿Usted me puede decir lo mismo? ¿Usted puede hacer esta afirmación con contundencia? No. Con lo cual, menos humos y más humildad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Supongo, señor Fernández de Moya, que no estará satisfecho de cómo va a salir este proyecto de ley de esta Cámara hoy y aquí, únicamente con sus votos, según parece por las distintas explicaciones que están dando los grupos parlamentarios. Por lo tanto, alguna cosa, como mínimo, no habrán hecho bien. Es más, el sentido del voto de algunos grupos políticos en su trámite ha cambiado, pero no en el sentido de dar apoyo. Por tanto, tienen que reflexionar. Algunas cosas no han hecho bien. Es decir, si esta es una ley tan importante para la estabilidad del sistema financiero y para seguir adelante en este proceso de crisis económica en el que estamos, es evidente que no debería producir ninguna satisfacción que esta ley se apruebe única y exclusivamente con sus votos. Por tanto, señor Fernández de Moya, en este sentido yo sí le pediría alguna reflexión.

Que nos diga usted que es una ley totalmente respetuosa con las comunidades autónomas, entiendo yo que es faltar a la verdad. Porque el estatut de autonomía de Cataluña es una ley orgánica y, por tanto, constitucional. Por eso, si no se respeta sus artículos, y más en concreto el 120 —que luego leeré para que quede constancia de lo que en él se dice—, es evidente que alguna cuestión tampoco se está haciendo bien. Porque si es una ley constitucional y está aprobada, no respetarla supone, como mínimo, que no estamos actuando de acuerdo con la Constitución.

El artículo 120 del estatut de Cataluña dice: «Corresponde a la Generalitat en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña la competencia exclusiva sobre la regulación de su organización, respetando el que establece el Estado en ejercicio de las competencias que le




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atribuye el artículo, apartados 149.1.11ª y 13ª de la Constitución —a los que usted ha hecho referencia—.» Fíjese, señoría, relaciona este artículo que usted ha comentado, pero dice que tiene la competencia exclusiva. Y en otro de sus puntos dice: «El ejercicio de las competencias administrativas con relación a las fundaciones que se creen.» Por tanto, tiene que admitir que esto no se puede entender como una competencia exclusiva del Estado. En este sentido nosotros decimos que están interfiriendo en las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, en las competencias de Cataluña.

Usted nos decía en su primera intervención que el sistema financiero no puede tener departamentos estancos, y preguntaba usted si dicho sistema puede estar dividido en departamentos estancos. Señoría, ¿tener la competencia exclusiva las comunidades autónomas es decir que estos son departamentos estancos? No sé si le hemos entendido bien, pero, en cualquier caso, si no es así, me gustaría que lo precisara, porque, en definitiva, tiene como mínimo un sentido despectivo en relación con las comunidades autónomas. Actuaciones como estas son las que producen desafección entre comunidades autónomas, por ejemplo, entre Cataluña y el Estado, porque están, como nunca se había visto, en un proceso de recentralización de competencias, que en definitiva es reformar la Constitución por la parte de atrás, y esto está produciendo una desafección y una recentralización como nunca nosotros habíamos visto.

Por todo esto, entre otras razones, es por lo que también Cataluña quiere decidir su futuro. Por lo tanto, señor Fernández de Moya, reflexionen cuando hagan leyes y cuando estén utilizando su turno en esta tribuna, y sean respetuosos con las que tienen las comunidades autónomas, que, en definitiva, son los ciudadanos. Y los ciudadanos deseamos que tomen nota de actuaciones como estas y que luego en los votos se vea reflejado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Mire, senador Fernández de Moya, cuando uno va de salvador lo tiene mal. Yo no entiendo que ustedes puedan decir que han salvado a España de nada cuando debemos más de 65 000 millones de euros que han dado ustedes a los bancos. Eso no es salvar a nadie de nada. Si usted está tan orgulloso, dígame si lo está de este titular que dice: La gran banca multiplica por 4 sus beneficios en 2013. ¿O, piensa, como algún ciudadano, que la gente no puede entender que salga en televisión el presidente del Gobierno, o cualquiera, y diga que esto va muy bien, cuando tiene 2 hijos en el paro? Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el presidente del PP de Valencia, el señor Alfonso Rus, que ha manifestado —y se lo voy a leer textualmente—: La gente no entiende que salga en televisión el presidente del Gobierno o cualquiera —usted, por ejemplo— y diga que esto funciona fenomenal y ellos, coma, con dos hijos en el paro, puntos suspensivos, fin de la cita. (La señora Llinares Cuesta: ¡Muy bien! Aplausos).

¿Usted, señor Fernández de Moya, cree que es salvar este país cuando el barómetro del CIS de mayo, que ha salido hoy, dice que casi el 90% de los ciudadanos opina que la economía está igual o peor que hace un año? ¿Usted cree que es salvar a alguien cuando para el 86% de los ciudadanos la situación de la economía es igual o peor? ¿Cuando el 20% de los encuestados dice que no tiene ningún ingreso y el 30% que los ingresos son inferiores a 900 euros? ¿Usted está orgulloso de esto? ¿Usted está orgulloso de que el 3,2% de los ciudadanos tenga menos de 300 euros al mes? ¡300 euros al mes! ¿Puede estar alguien orgulloso en esta Cámara de eso? Por lo tanto, no esté usted tan orgulloso, ¡hombre! Diga que están haciendo todo lo posible, que no pueden hacer más, que la culpa es de Zapatero, pero no diga que está orgulloso. ¿Cómo va estar usted orgulloso de esto? (Aplausos). ¿Sabe lo que le pasa cuando dice que está orgulloso de esto? Cuando usted dice que está orgulloso de esto lo que le pasa es que en la provincia en la que el PSOE ha sacado mejor resultado es en Jaén, el 42% de los votos. Usted, señor Fernández de Moya, ha perdido en Jaén 21 puntos con el PSOE. Y viene aquí a dar lecciones, ¿de qué?, ¿de orgullo? ¡Venga, hombre, vaya orgullo! (Aplausos.—El señor Martínez-Aldama Sáenz: ¡Muy bien!—Rumores).

Señoría, déjeme que le diga qué diferencia hay entre los proyectos de ley que traen ustedes por urgencia y los que traía el Gobierno o los Gobiernos del señor Zapatero. Hay una muy




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importante. Ustedes tienen mayoría absoluta. Los Gobiernos del señor Zapatero no la tuvieron nunca y, por lo tanto, los traían por urgencia, pero negociados. Había que negociar todos los proyectos de ley, porque no había mayoría absoluta. Por lo tanto, la negociación estaba antes. Ustedes los traen por urgencia para no negociar. (Denegaciones del señor Fernández de Moya Romero). Y la prueba de que no quieren negociar... Señor Fernández de Moya, no haga ese gesto, porque la prueba de que no quieren negociar es que el éxito que usted va a tener en este proyecto de ley es que va a conseguir tener menos apoyos en el Senado que en el Congreso. ¡Vaya un éxito! ¡Enhorabuena! Va a salir esta ley del Senado peor que del Congreso. (Aplausos.—Rumores). Solo porque la han traído por urgencia. Y la han traído por urgencia porque ustedes han pactado esta ley con los bancos y de espaldas a los ciudadanos. ¿Usted, señor Fernández de Moya, o cualquiera de los senadores de su grupo, puede decirme que, de verdad, no quieren que los bancos devuelvan el dinero recibido? ¿No quieren eso? ¿Ustedes, de verdad, no quieren que los intereses de demora que está pagando la gente por las hipotecas se limiten? ¿No quieren eso? ¿No quieren que las prácticas abusivas que los bancos han hecho en este país se limiten? ¿No quieren eso? ¿No les gusta? ¿No les gusta, por ejemplo, que el número de mujeres en los consejos de administración aumente? ¿Tampoco quieren eso? ¿Ustedes no quieren, señor Fernández de Moya, señores del Partido Popular, que las familias tengan una ley de insolvencia sobrevenida para que no pierdan sus casas? ¿No quieren eso? Ustedes, señorías, ¿de verdad no quieren que se limiten las retribuciones variables de los consejeros de los consejos de administración que provocan prácticas dudosas?, por decirlo suavemente para que el presidente no me llame la atención. ¿De verdad no quieren todo eso?

Pues esas son nuestras enmiendas. Con urgencia, como sea, pero esas son nuestras enmiendas. No entiendo que no hayan dicho que sí a ninguna. No lo entiendo. Y, señor Fernández de Moya, yo no he citado las que han pasado por el Congreso —es verdad, no se lo he dicho— porque lo ha hecho el señor Lerma, pero usted no escucha. Lo ha dicho mi compañero y yo no voy a repetir lo que ha dicho el senador Lerma porque seguramente lo dice mejor que yo.

No voy a bajar al barro de los sobresueldos, no voy a bajar. En cualquier caso, yo no tengo miedo de nada, porque yo no me he visto obligado a enseñar ninguna declaración de la renta. Las he enseñado siempre y yo no he cobrado ningún sobresueldo. Por lo tanto, miedo, yo ninguno. Ninguno. Yo nunca he cobrado un sobresueldo. Nunca. Ni antes ni después de 2007, nunca he cobrado un sobresueldo. Por lo tanto, no tengo ningún miedo, absolutamente ninguno.

Sí le digo, señor Fernández de Moya, que lo haga quien lo haga es inmoral que en un país como este, con el dolor que hay, alguien cobre sobresueldos. A mí me parece inmoral. Tanto si lo hacen ustedes como si lo hacemos nosotros, me parece inmoral —y lo digo para que conste en el Diario de Sesiones—, me sigue pareciendo inmoral. (Aplausos). Por eso, no tengo miedo. Por tanto, miedo, ninguno.

De verdad que creo que han perdido una oportunidad, esta Cámara hoy pierde la oportunidad de pactar una ley, de sacar adelante una ley con más apoyos. Como ha dicho el senador Lerma en su primera intervención, nos hubiera gustado poder pactar con ustedes esta ley, solo ha faltado sensibilidad. A esta ley le falta lo que a sus Gobiernos: sensibilidad, pensar en los que lo pasan mal, en los débiles. Da igual quién produzca ese dolor, los que gobiernan son ustedes y han de pensar en aquellos que lo pasan mal. Esta ley no lo hace y, por eso, no la vamos a apoyar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Manchado, ¿sabe usted lo que es inmoral? (El señor Martínez-Aldama Sáenz: ¡Bárcenas!). Repartir 1000 millones de euros de los ERE que tenían que haber ido precisamente a los parados andaluces, repartirlos entre las cuotas de poder del Partido Socialista. (Protestas). Eso es una vergüenza y eso es inmoral, señor Manchado. (Aplausos).

¿Sabe usted lo que es inmoral, ya que cita la provincia de Jaén? Que una exsenadora socialista, la señora Quesada, dijera en mi provincia, para defender al señor Zapatero, que los parados de mi provincia iban en BMW. Eso es inmoral, señores del Partido Socialista. ¿Sabe usted lo que es inmoral también? ¿Por qué no ha citado usted el resultado de la capital jienense?




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Por cierto, el PSOE no ha sacado 21 puntos de diferencia en la provincia de Jaén, le ha pasado muy mal el dato el señor López. Métase ahora en la página del ministerio y vea usted el resultado; desde luego, 21 puntos no han sido. Y se le ha olvidado decir que en la capital le hemos dado una paliza al Partido Socialista, con más de 10 puntos de diferencia, y hemos sacado el mejor resultado de las capitales de provincia (Aplausos); provincia de la que yo soy alcalde. Eso usted no lo ha dicho.

Tampoco ha dicho el señor Mariscal que Izquierda Unida ha pasado a ser la quinta fuerza política en la capital jienense. Ahora es la tercera y ha pasado a ser la quinta, por detrás de UPyD y de Podemos. Pero eso ustedes no lo dicen. Eso sí, este alcalde es el que ha conseguido el mejor resultado de las ocho capitales de provincia de Andalucía. Pero eso no lo dicen, claro, cómo lo van a decir. (Aplausos). Eso no lo dicen, pero ahí está. Métanse ahora en la página web del ministerio, mírenlo y pongan los datos encima de la mesa.

El Partido Socialista hoy vota que no a lo siguiente: a que Rajoy recorte hasta el 76% el sueldo de los banqueros que recibieron ayuda. Ustedes hoy votan que no un recorte del 76% en el sueldo de los banqueros. El Partido Socialista vota que no a que se recorte hasta un 80% el sueldo de cien banqueros, y yo lo entiendo. ¿Saben ustedes por qué lo entiendo? Porque no pueden bajar a esta tribuna a hablar de la banca, de los poderosos, de las relaciones que el Partido Popular tiene con la banca y con los protegidos, cuando esta señora, ¿qué hace? (El señor Fernández de Moya Romero muestra dos fotos de la señora Díaz Pacheco estrechando la mano al presidente del Banco Santander y el presidente del BBVA, respectivamente.—Aplausos.—Protestas). Esta señora con el Ibex 35, ¿qué hace? ¿Esta señora qué hace, que ha pedido 500 millones de euros a la banca? ¿La señora Díaz qué hace, la que se reúne con el Ibex 35, con el Banco Santander y con el BBVA, que ha pedido 500 millones de euros por falta de liquidez? (Protestas). ¿Qué hace esta señora? ¡La nueva líder del socialismo español con el Ibex 35! Esta izquierda que crítica a la banca, pero bien que se hace… (Fuertes protestas.—Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. Guarden silencio.

El señor FERNANDEZ DE MOYA ROMERO: Señorías, créanme que, por mucho que me insulten y me descalifiquen, estoy muy acostumbrado en el Parlamento de Andalucía a que me hagan lo mismo. Ustedes a lo suyo y yo a lo mío. (Aplausos).

El Ibex 35 con la señora Díaz. Y de esta señora que se relaciona con los poderosos, ¿qué decimos?, la que acude a los bancos para que le den liquidez, la que acude a los bancos para pagar las nóminas. De esta esta señora, ¿qué decimos? Lo único que quiero poner de manifiesto es su incoherencia, su demagogia, su cinismo, su falta de sentido común, porque ustedes suben a esta tribuna a criticar las ayudas públicas a la banca pero bien que en el Informe de ayudas públicas en España previeron una ayuda de 89 162 millones de euros, que significaba el 8,30% del PIB, 1886,42 euros por español, para ayudar a la banca. Y esto lo hizo un Gobierno socialista, esto lo hizo el señor Zapatero. (Aplausos). ¡Ayudas públicas a la banca! ¡Provisionó como ayudas públicas esta cuantía de dinero! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes votan hoy que no a un drástico recorte de sueldos a la banca. El Gobierno del presidente Rajoy —que no lo han hecho ustedes, porque aquí los únicos que han beneficiado a los poderosos y a los que tienen mayores rentas en España han sido ustedes… (Protestas). Ustedes suprimieron el impuesto sobre patrimonio. ¿A quién beneficiaba eso en España? A las rentas más altas, a las rentas más poderosas, a los contribuyentes con mayor capacidad económica. Y fue un Gobierno socialista.

Por cierto, señor Guillot, me he quedado con una estampa que es para sacar una foto. Cuando usted ha hablado de que si yo podía o no podía decir lo mismo de presidentes del Partido Popular, he visto que el Grupo Socialista le aplaudía; los que han tenido ministros en la cárcel, imputados y procesados. ¡El PSOE aplaudiéndole! (Rumores.—Aplausos) ¿A qué venía el aplauso del Partido Socialista? ¿De qué me estaba hablando usted? ¿A qué venía el aplauso del Partido Socialista? Desde luego, me ha sorprendido que le aplaudan. Es que es el mismo perro con distinto collar, en términos coloquiales. (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor; guarden silencio.




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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Yo pensaba que ustedes iban a estar más tranquilos, pero, como comprenderán, insisto y reitero que, por mucho que insulten y por mucho que descalifiquen, desde luego, no me van a desviar en modo alguno de lo que significa mi intervención.

Señorías, este proyecto de ley fundamentalmente —como valoración final— persigue cinco objetivos. El sistema bancario europeo tiene que proseguir con su necesario desapalancamiento y además adaptarse a un nuevo entorno regulatorio que implique requerimientos de solvencia, liquidez y límites al apalancamiento. En segundo lugar, por mucho que le pese al Partido Socialista, el Gobierno de España, senador Guillot, del que me siento profundamente orgulloso —como senador de esta formación política me siento profundamente orgulloso—, va a seguir trabajando en mecanismos que fomenten vías de financiación alternativa, y lo estamos haciendo con anteproyectos de ley sobre financiación empresarial y capital de riesgo y con instituciones de inversión colectiva.

En tercer lugar, con el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que les recuerdo además que es de obligado cumplimiento para los Estados miembros, adecuamos el ordenamiento jurídico al del conjunto de la Unión Europea y, al mismo tiempo, dotamos de mayores medidas de transparencia, solvencia y liquidez al sector financiero y bancario.

En cuarto lugar, la economía española, por mucho que a ustedes les pese, se ha ganado confianza, credibilidad y, en el conjunto de la Unión Europea, inversores e instituciones ponen de manifiesto ―y ahí está la financiación del Tesoro público― que cada vez más estamos no solamente en tipos históricamente bajos sino en mejores criterios y sistemas de financiación.

Y, en quinto lugar, el espíritu reformista, el que ustedes no mostraron en su etapa al frente del Gobierno de España, es el principal objetivo de este Gobierno y del grupo parlamentario que lo sostiene en las Cortes Generales.

Por lo tanto, señorías, para nosotros, sin lugar a dudas, este proyecto de ley complementa lo que significa indudablemente el presente y el futuro del conjunto del sistema financiero.

Ustedes lo hicieron en España y, ahora, lo han hecho en Francia porque acaban de firmar un recorte de 50 000 millones de euros en el país vecino, en Francia. Además, ahí tienen al presidente, en este caso socialista, y al primer ministro, Manuel Valls, diciendo que 50 000 millones de euros de recorte son innegociables en el conjunto de la nación francesa, y atención a los recortes en Francia de los socialistas. Ya se encargaron aquí de las pensiones, de los sueldos de los empleados públicos y de un largo etcétera. (Protestas). Escuchen, que yo no insulto ni descalifico desde arriba; no insulto ni descalifico desde arriba. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. Guarden silencio. Guarden silencio, señorías.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Los socialistas en Francia han aprobado recortes de 11 000 millones de euros en gasto social: cancelación de las prestaciones sociales durante un año, congelación del salario mínimo, congelación de las ayudas familiares, congelación de las pensiones y congelación de los seguros de paro; y a todo ello hay que sumar 39 000 millones de euros.

Siguiendo con el refranero español: ustedes fueron a por lana y salieron trasquilados.

Muchas gracias. (Aplausos. — El señor Guillot Miravet pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de Moya.

Llamen a votación.

Senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señor presidente, pido la palabra por alusiones.

Señor Fernández de Moya, es la segunda vez que me falta al respeto. Yo no soy el mismo perro con distinto collar de nadie. (Aplausos). Aquí no hay perros.

Ya le dije una vez, y se lo repito, que la mala educación, la ordinariez y la grosería no son virtudes parlamentarias. Si dice esto para que los suyos le jaleen, la verdad es que es de alcance corto.




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Lo cierto es que las preguntas siguen planteadas y no sé por qué el PSOE me aplaude pero, repito, las preguntas siguen planteadas. Ningún president de la Generalitat ha pisado jamás un juzgado ¿hay algún presidente de comunidad autónoma del Partido Popular que haya pisado un juzgado? Sí. Esa es la pregunta y esta es la respuesta.

Muchas gracias, president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, vamos a comenzar la votación de las enmiendas, empezando por las del Grupo Mixto. De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 4; en contra, 159; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 13 y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 67; en contra, 158; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1, 7, 15, 17 y 24 a 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 17; en contra, 146; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3, 5, 18 a 20 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 79; en contra, 147; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 8 a 12, 14, 21, 23, 29 y 32 a 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 4; en contra, 147; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2, 16, 27, 30, 31 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 67; en contra, 147; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 67; en contra, 146; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 7; en contra, 147; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas números 116 a 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 230; a favor, 18; en contra, 145; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando la enmienda número 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 85; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 49 a 54, 60, 61, 63, 64, 68 a 71 y 73.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 81; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 55 a 59, 62, 65 a 67, 72, 74, 76 y 77.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 67; en contra, 145; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 81, 82, 95 y 96.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 79; en contra, 146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 84, 92, 100 y 101.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 231; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 78 a 80, 90, 94, 97, 104, 105, 107, 108 y 115.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 68; en contra, 147; abstenciones, 17.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 83, 85 a 89, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 106 y 109 a 114.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 4; en contra, 146; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió votamos las enmiendas números 46 y 48.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 84; en contra, 146; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 41.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 15; en contra, 146; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 39, 40 y 42.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 212; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 47.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 80; en contra, 146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda número 120.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 72; en contra, 146; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 122 a 125, 131 a 135, 139, 141, 142 y 144.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 80; en contra, 146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 121, 126 a 130, 136 a 138, 140, 143 y 145 a 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 67; en contra, 146; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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De los grupos parlamentarios Socialista y Entesa votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 148 a 151 del Grupo Popular y la enmienda 44 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 66; en contra, 159; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 129887 sobre la enmienda 43 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 154; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 129888 sobre la enmienda número 45 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 154; en contra, 2; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 129889 de correcciones técnicas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 226; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 143; en contra, 73; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches.

Eran las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.


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