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DS. Senado, Pleno, núm. 108, de 23/04/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 51

celebrada el miércoles, 23 de abril de 2014

ORDEN DEL DÍA

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno para que analice los incumplimientos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de financiación en la Comunidad Foral de Navarra.

(Núm. exp. 671/000117)

Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que diseñe y ejecute, en coordinación con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y Melilla, un plan de actuación en las fronteras y su entorno para el período comprendido entre las anualidades de 2014 y 2018.

(Núm. exp. 662/000130)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas encaminadas a promocionar el sector de la organización de congresos y eventos.

(Núm. exp. 662/000133)

Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para frenar y revertir la incidencia de la diabetes en España, en particular la diabetes tipo 2.

(Núm. exp. 662/000134)

Autor: GPP

5.4. Moción por la que se insta al Gobierno para que interceda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

(Núm. exp. 662/000132)

Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES MÁS




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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 621/000066)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno para que analice los incumplimientos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de financiación en la Comunidad Foral de Navarra.

(Núm. exp. 671/000117)

Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

10214

La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.

La señora Mendizabal Azurmendi da por defendida la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Palacios Zuasti defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Salanueva Murguialday expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y rechazando las tres restantes.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 135; en contra, 1; abstenciones,80.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que diseñe y ejecute, en coordinación con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y Melilla, un plan de actuación en las fronteras y su entorno para el período comprendido entre las anualidades de 2014 y 2018.

(Núm. exp. 662/000130)

Autor: GPP

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El señor Imbroda Ortiz defiende la moción.

El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sendra Vellvé defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.




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El señor Imbroda Ortiz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las formuladas por los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Catalán en el Senado Convergència i Unió y rechazando la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Imbroda Ortiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 163; en contra, 71.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas encaminadas a promocionar el sector de la organización de congresos y eventos.

(Núm. exp. 662/000133)

Autor: GPP

10244

La señora Nicolás Martínez defiende la moción.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Serrano Boigas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Nicolás Martínez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las señoras Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Serrano Boigas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Nicolás Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 144; en contra, 70; abstenciones, 15.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para frenar y revertir la incidencia de la diabetes en España, en particular la diabetes tipo 2.

(Núm. exp. 662/000134)

Autor: GPP

10260

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.




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5.4. Moción por la que se insta al Gobierno para que interceda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

(Núm. exp. 662/000132)

Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES MÁS

10270

El señor Unamunzaga Osoro, la señora Capella i Farré y el señor iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defienden la moción.

El señor Chiquillo Barber defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Sañudo Aja defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Unamunzaga Osoro expone la posición de los proponentes de la moción respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Sañudo Aja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 86; en contra, 138; abstenciones, 3.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

10288

(Núm. exp. 621/000066)

El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Azuara Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y las señoras Mendizabal Azurmendi y Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Azuara Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Ortega Rodríguez, García Carrasco y Larriba Leira, las tres del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo negativo en ambas propuestas de veto.

Se procede a votar las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 233 más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233 más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222 más tres votos telemáticos, 225; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 233 más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233 más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222 más tres votos telemáticos, 225; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 75 y 77 a 85, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 86 a 88, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 89 a 116, 118 y 119, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 344 a 353, 355 a 400 y 402 a 405, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 187 a 251, 253 a 255, 257, 259 a 263 y 265 a 283, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas 284 a 334 y 336 a 343, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 414 a 421, 423 a 438 y 440 a 448, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas 121, 123 a 127, 129 a 182 y 184 a 186, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Nicolás Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Nicolás Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

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Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 122020, 122021, 122022 y 122023.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.




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El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.

4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE ANALICE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

(Núm. exp. 671/000117)

AUTORA: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora doña Amalur Mendizabal; otra del Grupo Parlamentario Popular; otra del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya; y otra del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, muy buenos días.

Aunque Unión del Pueblo Navarro tuvo la oportunidad de explicar junto con la ministra el porqué de la presentación de la interpelación, ahora procede desarrollar el contenido concreto de la moción consecuencia de interpelación.

Como les dije hace 15 días, a nuestro juicio la Ley 39/2006 —la Ley de dependencia— quizá fue bienintencionada, pero partió de errores graves y adoleció desde el principio de una previsión seria y rigurosa en cuanto a su financiación. Lo que está claro es que la ley en los estrictos términos que se aprobó no ha sido cumplida, ha sido incumplida desde el minuto uno. Y en lo que afecta a Navarra, en concreto, en el apartado de la financiación, la reducción de la financiación entre los años 2009 a 2013 ha sido de un 46% —y hablo del nivel mínimo, no hablo de los otros dos—.

Les comenté las circunstancias concretas que acompañaban a la Comunidad Foral de Navarra, el recurso ante el Tribunal Constitucional por temas de competencia y de financiación; en definitiva, un incumplimiento con carácter general.

La aprobación reciente del Real Decreto 1050/2013, a nuestro juicio, supone un paso en el sentido de regular la financiación mínima, pero también nos ocasiona perjuicios muy importantes. Nos parece que es un sistema perverso y que, sin duda, disminuye el valor de los cuidados del entorno familiar. Por eso le pedíamos a la ministra diálogo, que es lo que solicitamos en la moción. Somos conscientes de que la situación de crisis económica ha agravado profundamente la calidad de los servicios y dificulta la posibilidad de aplicar en los estrictos términos la Ley de dependencia, pero está claro que el porcentaje previsto de financiación no se cumple en ninguna de las comunidades autónomas y tampoco en la Comunidad Foral de Navarra. A las comunidades autónomas se les ha atribuido unas competencias y una financiación por una ley, que, como digo, pudo ser bienintencionada, pero que en ningún momento han reclamado. Han sido soportadas con un proyecto de financiación suficiente, y los porcentajes que en estos momentos las comunidades autónomas están obligadas a atender en el ámbito de la dependencia son muy elevados. En concreto, según el último informe del Observatorio sobre la dependencia, el resultado es que el esfuerzo de las administraciones públicas es de un 25% aproximadamente por parte de la Administración General del Estado y el 75% restante por parte de las comunidades autónomas. A nuestro juicio esto debe ser tenido en cuenta, valorarse y se deben ver las consecuencias de estas medidas y las circunstancias que han llevado a la aplicación de la Ley de dependencia.

Nos satisfizo que la ministra, en su comparecencia, en respuesta a la interpelación que nosotros le presentamos, reconociera las dificultades no sólo por la situación de crisis económica, sino para la aplicación de la ley. Estuvo dispuesta a dialogar y a buscar soluciones con cada una de las comunidades




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—no solo con la Comunidad Foral de Navarra, puesto que nosotros queremos hacerlo extensivo a todas las comunidades— y reconoció que, sin duda alguna, debemos ser conscientes de que hay que buscar un sistema que sea sostenible. No sirve de nada empeñarnos en los incumplimientos que se han producido, puesto que ahora no hay financiación para poder atenderlos.

Nosotros solicitamos en la moción —ya ven que no tenemos unos objetivos ambiciosos, aunque todos partimos de un diagnóstico muy similar— una valoración, un análisis, una evaluación y un diálogo permanente con todas las comunidades autónomas. Nosotros nos circunscribimos a la Comunidad Foral de Navarra para buscar soluciones a los distintos problemas de la aplicación tanto de la ley como de los decretos de desarrollo que han venido aprobándose posteriormente. Esto es, en definitiva, lo que pedimos.

Hemos leído —y las valoraremos después— las enmiendas que se han presentado por parte de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara, a las que, con posterioridad —porque veo que se me acaba el tiempo—, haré mención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente. Doy por defendida la enmienda de sustitución presentada porque creemos que en su redacción ya se ven claramente los dos pequeños cambios que solicitamos: por un lado, que se cumpla la ley y, por otro, que el Gobierno rectifique en su actitud de incumplir sus compromisos para con Navarra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Buenos días, señor presidente.

Señoras y señores senadores, con la enmienda que hemos presentado a la moción pretendemos que donde se dice incumplimiento de la Ley de dependencia en cuanto a la financiación a Navarra se sustituya por se siga avanzando en la evaluación continua de esta ley a través del diálogo permanente con las comunidades autónomas y, lógicamente, también con la Comunidad Foral de Navarra, con objeto de seguir mejorando la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Diálogo que se tiene que seguir dando como hasta ahora —se está haciendo en esta legislatura— en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es, de conformidad a esta ley, el órgano competente para ello y que es el foro en el cual se debaten y acuerdan todas las materias que tienen que ver con la dependencia, incluida lógicamente también la financiación, porque es allí, y con el consenso de todos, donde se adoptan las medidas necesarias para mejorar, simplificar y ordenar la normativa de desarrollo de esa Ley de dependencia.

Entendemos que nuestra enmienda tiene todo el sentido porque en la actualidad no se puede hablar de incumplimientos ni se puede decir que las comunidades autónomas estén aportando con carácter general el 70% o el 75% de los costes relacionados con la dependencia y que el Estado tan solo aporte el 10% o el 25%, porque eso simplemente es falso. No es que lo diga yo, es que quien lo desmiente es el propio Tribunal de Cuentas en su último informe cuando dice que el Estado aporta el 51,47% y las comunidades autónomas el 48%. Esto es así porque en estos momentos, atendiendo a lo que establece el artículo 32 de esa Ley 39/2006, de la dependencia, el Estado financia la parte que le corresponde, y esa cantidad es idéntica para todas las personas dependientes, sea cual sea el lugar de España en el que residan. Y esto es así por una razón muy sencilla: porque los que generan el coste de la atención a la dependencia son los beneficiarios, y a mayor número de beneficiarios, de personas dependientes, que hay en una comunidad autónoma, mayor es la financiación que recibe, y, lógicamente, a menor número, menor financiación.




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Por todo ello, confiamos en que la senadora Salanueva acepte nuestra enmienda. Si es así, lógicamente vamos a votar a favor, y en caso contrario, si se mantiene la moción tal y como está, o si se aceptase cualquiera de las otras enmiendas que se han presentado, por estas razones que les he expuesto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Senyories, aprofito la meva primera intervenció per desitjar-los un bon dia de Sant Jordi que, com saben, és un dels dies que, a Catalunya, celebrem regalant un llibre i una rosa. Per tant, els animo a comprar un llibre —el que més els agradi— i, per suposat, si volen, regalin una rosa.

Dit això, el nostre grup ha presentat una esmena d’addició en la qual instem el Govern a complir amb el que diu la Llei 39/2006 en matèria de finançament. Però no només amb la Comunitat Foral de Navarra sinó que ho faci amb totes les comunitats autònomes. Senzillament, creiem que totes les comunitats estan infrafinançades degut a la política d’austeritat del Govern. Per tant, considerem que ja va essent hora —aprofitant que, segons sembla, està millorant l’economia del país— de complir amb els compromisos adquirits amb els ciutadans.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, aprovecho mi primera intervención para desearles un buen día de San Jordi, día que celebramos en Cataluña regalando un libro y una rosa. Por lo tanto, les animo a que compren un libro —el que más les guste— y, por supuesto, también a que regalen una rosa.

Hemos presentado una enmienda de adición a través de la cual instamos al Gobierno a que cumpla lo que dice la Ley 39/2006 en materia de financiación, pero no solo con la Comunidad Foral de Navarra sino con todas las comunidades autónomas. Creemos que todas las comunidades están infrafinanciadas debido a la política de austeridad llevada a cabo por el Gobierno, por lo tanto, consideramos que ya va siendo hora —aprovechando que está mejorando, según parece, la economía del país— de que se cumplan los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Molt bon dia a tothom.

Evidentment, jo també aprofito l’ocasió per felicitat tots els Jordi que hi ha a la cambra. Els felicito a tots en aquest magnífic dia de Sant Jordi. Que celebrem amb tanta il.lusió i tanta emoció des de Catalunya.

Bé, tristament, avui, portem de nou al debat d’aquest ple un dels problemes més importants als quals s’ha de fer front des de les administracions autonòmiques. En definitiva, el finançament de la Llei de dependència i l’atenció directa als dependents. La situació és greu, molt greu, tant per a les administracions com per als dependents i les seves famílies i s’han de prendre decisions al respecte. Ens sembla una bona ocasió avui per tornar-ne a parlar.

Respecte a la iniciativa presentada avui pel grup UPN, compartim totalment els tres primers paràgrafs de l’exposició de motius de la moció. Jo només faria una puntualització respecte a les aportacions que Catalunya fa a la Generalitat i l’Estat en l’aplicació de la Llei de dependència. A Catalunya aquesta proporció a la qual vostès fan referència a la moció s’enfila fins el 80-20, per tant, en el nostre cas aquest esforç encara és superior al qual fèiem referència.

Respecte a la resta del text de l’exposició de motius, dir que, evidentment, des de CIU respectem absolutament el sistema de finançament existent a Navarra. Entenem perfectament els problemes que els genera l’incompliment dels compromisos per part de l’Estat. Des del nostre punt de vista, no compleix tampoc la pròpia llei. Compartim perfectament les intencions de fons de la moció però entenem que el problema de la dependència no és un problema territorial, és un problema global, ens hi trobem totes les comunitats autònomes. La manca de finançament per




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desplegar la Llei de dependència és una problemàtica que es reprodueix a tot el territori de l’Estat espanyol i, per tant, creiem que la falta de finançament, aquest problema, s’ha d’afrontar d’una manera global, per part de totes les administracions autonòmiques, que són les que tenen les competències per a desenvolupar i atendre els dependents.

És en aquest sentit que creiem que la part dispositiva de la moció és molt específica. Pretén atendre la necessitat puntual de la comunitat autònoma de Navarra quan el problema és compartit per tots. I és sota aquest prisma que hem presentat una esmena de modificació que planteja una perspectiva inclusiva en la qual totes les comunitats autònomes es puguin sentir còmodes i ben representades, atenent totes les inquietuds. Presentem una moció en la qual sol.licitem replantejar d’una manera global, i dialogant amb totes aquestes comunitats autònomes, un nou finançament que permeti atendre les obligacions que tenen les comunitats autònomes en l’àmbit de la dependència.

Crec que es tracta d’un redactat similar al text que vostès plantejaven, senzillament el que fem és obrir les portes al fet que totes les comunitats autònomes també puguin fer aquesta petició i li demanaríem, per tant, que ens acceptin l’esmena.

Moltes gràcies.

Buenos días.

Yo también aprovecho la ocasión para felicitar a todos los Jordis que hay en esta Cámara por este magnífico día de Sant Jordi que celebramos con tanta ilusión y con tanta emoción en Cataluña.

Tristemente, hoy volvemos al debate de uno de los problemas más importantes al que tienen que hacer frente las administraciones autonómicas: la financiación de la Ley de dependencia y, por lo tanto, la atención directa a los dependientes. La situación es grave, muy grave, tanto para las administraciones como para los dependientes y sus familias, por lo tanto, hay que tomar decisiones al respecto. Nos parece una buena ocasión hoy para volver a hablar de ello.

Diré en cuanto a la iniciativa presentada por el grupo UPN que compartimos los tres primeros párrafos de la exposición de motivos de la moción. Yo solo haría una puntualización respecto a las aportaciones que Cataluña hace a la Generalitat y al Estado en la aplicación de la Ley de dependencia: la aportación de Cataluña a la que ustedes hacen referencia en la moción llega al 80,20%. Por tanto, en nuestro caso, el esfuerzo todavía es superior al que ustedes se referían.

Quiero decir en cuanto al resto del texto de la exposición de motivos que, evidentemente, CiU respeta absolutamente el sistema de financiación que existe en Navarra; que entiende perfectamente los problemas que les está generando el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, que, desde nuestro punto de vista, no cumple tampoco con la propia ley; que comparte las intenciones de fondo de la moción, pero entiende que el problema de la dependencia no es un problema territorial, es un problema global. Todas las comunidades autónomas hacemos frente a este problema —la falta de financiación para desplegar la Ley de dependencia es una problemática que se reproduce en todo el territorio del Estado español—, por tanto, esta falta de financiación se tiene que afrontar de una forma global por parte de todas las administraciones autonómicas, que, en definitiva, son las que sustentan las competencias para desarrollar y atender evidentemente a los dependientes.

En este sentido, creemos que la parte dispositiva de la moción es muy específica ya que pretende atender la necesidad puntual de la comunidad autónoma de Navarra, cuando el problema es un problema compartido por todos. Bajo este prisma hemos presentado una enmienda de modificación, la cual plantea, desde una perspectiva inclusiva, que todas las comunidades autónomas se puedan sentir cómodas y bien representadas y de alguna manera se puedan atender todas sus inquietudes. Presentamos una enmienda en la que solicitamos replantear de forma global y dialogada con todas las comunidades una nueva financiación que permita atender realmente sus obligaciones en el ámbito de la dependencia. Se trata de un redactado similar al texto que ustedes planteaban. Lo que hacemos sencillamente es abrir las puertas a que todas las comunidades autónomas puedan hacer esta petición; por lo tanto, les pedimos, por favor, que nos acepten la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Tiene la palabra la senadora Salanueva para indicar si acepta o no las enmiendas.




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La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y a los que no —porque no lo han considerado oportuno— la oportunidad que nos dan de profundizar y de ampliar el contenido de esta moción.

Tenía razón la portavoz del Grupo Parlamentario Convergència i Unió diciendo que nuestra moción se circunscribía a un territorio muy concreto —porque es al que representamos—. Desde luego ha sido más bien por pudor y también por desconocimiento de lo que ocurre en otras comunidades autónomas por lo que no hemos querido ampliarlo al resto inicialmente, pero nos congratulamos por el hecho de que sirva para que el resto de comunidades autónomas, el resto de territorios de España puedan hablar de su problemática particular.

En principio lo que vamos a hacer con las enmiendas es lo siguiente. Comparto todas las que se han presentado, Unión del Pueblo Navarro está de acuerdo con todas ellas, y nuestra voluntad sería incorporarlas, porque todas tienen razón. Todos tenemos un diagnóstico común, hay desencuentros en el tema del cumplimiento, pero, una vez escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, entendemos que si se aceptan todas, no se aprobará la suya. Y a nosotros nos parece importante que, aunque no se avance demasiado con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, al fin y al cabo es el grupo que sustenta al Gobierno en el esfuerzo que va a hacer en la búsqueda de diálogo para encontrar soluciones, en el diálogo permanente y continuo con todas las comunidades autónomas y también con la Comunidad Foral de Navarra.

Por tanto, y esperando que no se enfaden el resto de los portavoces, creemos que es más productivo, para solucionar los problemas que a todas las comunidades autónomas nos preocupan, aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta —insisto— que también compartimos las presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera manifestar que, aunque no se haya aceptado la enmienda que hemos presentado, pensábamos apoyar con nuestro voto la moción original, porque, al fin y al cabo, en ella se pide al Gobierno que analice los incumplimientos de la Ley 39/2006; es decir, se constata —y así lo ha dicho la señora Salanueva desde esta tribuna— que hay un incumplimiento de la ley. Por ello nosotros proponíamos en nuestra enmienda que se instara al Gobierno para que la cumpliera. Pero, en fin, como perseguimos el mismo objetivo, que es, precisamente, que el Gobierno cumpla con su parte de las ayudas a los dependientes, podríamos apoyar, como ya he dicho, la moción original.

Y tenemos que decir que son muchos los incumplimientos para con las comunidades autónomas en materia de financiación en el tema que tratamos hoy, como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero también en otros muchos ámbitos. Por ello, en la enmienda que hemos propuesto se hacía una solicitud de rectificación de los incumplimientos de los compromisos, en este caso para con Navarra. Y aun no siendo admitida la enmienda que hemos presentado, insisto en que apoyaríamos la moción original propuesta porque de verdad esperamos que se dé ese diálogo que pedía Unión del Pueblo Navarro, ese diálogo oportuno para buscar soluciones posibles porque ese es el fin de la iniciativa, y lo compartimos.

Nosotros creemos que sí hay soluciones posibles; creemos que en época de crisis se puede hacer una política más social, y lo estamos haciendo donde podemos. En la interpelación que ha dado origen a esta moción incluso la señora ministra, doña Ana Mato, habló de priorizar. Dijo que, aunque todas las comunidades autónomas tendrían que fijar la atención en los dependientes como una de sus máximas prioridades, no todos le dan la misma importancia a este asunto a la hora de repartir su financiación. Y yo diría que esto es como ver la paja en el ojo ajeno, porque lamentablemente tampoco entre las prioridades de este Gobierno se encuentran las ayudas a la dependencia. Por ello no podemos votar a favor del texto con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por parecernos




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una perversidad que el grupo que apoya al Gobierno hable en su enmienda de seguir mejorando. ¿Mejorando el qué? Dice: «…seguir mejorando la promoción de la autonomía personal…»

No entiendo la actitud de Unión del Pueblo Navarro, porque precisamente es este Gobierno el que ha hecho muchísimos recortes en este tema.

Decía la señora Salanueva que en esta moción no son ambiciosos, que han querido empezar desde abajo para conseguir algo. Lo puedo entender, pero no lo comparto, porque nosotros creemos que debemos ser ambiciosos a la hora de defender, en este caso, los derechos de los navarros en cuanto a las ayudas a la dependencia. Los beneficiarios de la ley son menos que en diciembre de 2012, han retrocedido en 12 comunidades, caen los beneficiarios, hay 241 personas menos al día acogidas a las prestaciones, y podríamos dar muchísimos datos más.

Por lo tanto, apoyaríamos la moción inicial, creemos en el diálogo, espero que el diálogo surta sus efectos, que consiga lo que todos queremos conseguir, pero no podemos apoyar la moción con la mejora —así entendida por UPN— de la enmienda presentada por el Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Con su permiso, señor presidente. Desde el escaño.

Senadora Salanueva, yo entiendo cuál es su objetivo: su objetivo, evidentemente, es mejorar la financiación, que en este caso, en la Comunidad Foral de Navarra y también en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se nos debe porque hemos desarrollado la Ley de dependencia. Pero yo creo que estamos hablando de financiación, cuando en realidad la Ley de dependencia habla de una cosa muy clara y es del derecho subjetivo de los ciudadanos a ser atendidos, con una u otra financiación. Eso es lo que hemos cumplido en las comunidades vascas, porque hemos priorizado cumplirlo, y eso es lo que, a mi juicio, a nuestro juicio, tenía que haber hecho el resto.

Nosotros en su momento en el Congreso de los Diputados votamos que no a la Ley de dependencia, y votamos que no por dos cuestiones básicas: una, por una invasión competencial flagrante y, dos, porque considerábamos que la ley no venía con la suficiencia financiera que era deseable en ese momento. Desde entonces, desde el primer momento —en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aquel reparto era que hasta el 33% pagaban los usuarios y el resto, 50-50, en base a los cobros de nivel básico y nivel acordado, se pagaba entre las comunidades autónomas, y en el caso vasco, las diputaciones, y el Gobierno central—, decía que desde el minuto uno, hora de 2012, el Estado solamente había aportado el 10% de lo que tenía que haber contribuido. Por lo tanto, hemos cumplido con el derecho y se ha incumplido con la financiación.

Por lo tanto, hablar ahora de analizar los incumplimientos cuando ya los conocemos y hablar ahora de iniciar el diálogo para buscar las soluciones posibles, me parece que no tiene mucho sentido, sobre todo porque, repito, no hablamos de financiación, hablamos de un derecho subjetivo de los ciudadanos que no se está cumpliendo.

En definitiva, nosotros no vamos a poder votar a favor y esperemos realmente que todo esto sirva para algo, pero yo creo que el Gobierno a estas alturas no está por la labor de seguir con esta Ley de dependencia y tampoco por cambiarla, que es lo curioso del caso, porque si no se puede cumplir la ley, que sea el Gobierno, que sea el Partido Popular quien le reste este derecho subjetivo a los ciudadanos, y luego hablamos de cómo hacemos este trabajo cada uno en su casa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Senyories, mirin. Ahir el president Rajoy explicava en aquesta mateixa cambra —i llegeixo textualment el que va dir a la sessió de control: «ahora las cosas se están moviendo tras las medidas que nosotros hemos adoptado. En concreto, en el año 2012, íbamos a tener un –1,3 y tuvimos un –1,2 y este año hablamos de un +0,7 y puede que acabemos por encima del 1». Bé, bones notícies per a la macroeconomia. Però també ahir, un diari de gran tirada, es feia ressò de




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les darreres dades de la llei de la dependència publicades pel Ministeri. Precisament en dissabte sant. I deia així: Quasi 17.000 beneficiaris de la dependència menys en tres mesos. Això són males notícies per als ciutadans. Perquè això no significa que hi hagi menys dependents al nostre país. Hi ha menys persones a les quals se’ls reconeix un dret o bé hi ha més persones en llista d’espera per a tenir uns serveis que els reconeix la Llei de la dependència.

Durant el primer trimestre d’aquest any ha disminuït el nombre de beneficiaris de la Llei de la dependència al nostre país, en 16.722 persones. Concretament, el darrer mes, el mes de març, hi ha 10.720 persones menys que tenen aquest dret. Anem a un ritme —perquè se’n facin una idea— de 346 baixes diàries de la Llei de la dependència. A més a més, en aquests moments, al nostre país, tenim menys beneficiaris que quan va arribar al Govern el Partit Popular, l’any 2011, que hi havia 737.120 persones. Els seus arguments sempre han estat els mateixos des que van arribar al Govern. No ens podem permetre els serveis que tenim, l’Estat de benestar, l’Estat de protecció social que tenim és massa car, i l’única solució és retallar. I fer polítiques d’austeritat.

Ja saben que el meu grup no comparteix aquesta recepta, i així ho hem anat expressant. Creiem que hi ha d’altres camins per aconseguir millorar la situació, que passen per una altra política econòmica, una altra política fiscal i per altres prioritats. A tall d’exemple. Tenim 8 punts menys de pressió fiscal que la mitja de la Unió Europea, —fixin-se si tenim marge per a millorar les polítiques socials— Però vostès van decidir, entre d’altres coses, retallar els drets socials.

I em centraré concretament en la dependència. Deixin que faci una mica de cronologia. Vostès van retallar, per començar, els dependents moderats. Que haurien d’esperar, a partir d’ara, més de 36 mesos per rebre qualsevol tipus d’ajuda, tot i que se’ls reconeixia el dret. Per suposat, l’ajuda mai no seria en retroactivitat. En paral.lel, van retallar un 15% de les prestacions dels cuidadors. Després va venir el Reial Decret 20/2012 que va suprimir la cotització dels cuidadors, principalment cuidadores. Però no només això. També van aprofitar l’1 de maig de l’any passat —jo no sé per què vostès tenen una fixació per publicar les notícies en dies festius— per fer públic el seu pla de reformes anunciant una retallada de més de 1.000 milions d’euros en dependència. Per tant, a dia d’avui, tenim menys dependents. I estem, com deia una treballadora social de Terrassa en unes declaracions, en caiguda lliure amb el tema de la Llei de la dependència.

Aquesta moció, tot i que se centra en la Comunitat Foral de Navarra, —i hem de dir que és una de les comunitats que té desenvolupats els serveis socials amb millors condicions— creiem que és una tema que afecta totes les comunitats, que és el que demanàvem a la nostra esmena. Ens hauria agradat que haguessin acceptat l’esmena. Però, evidentment, entenc que això era molt comprometedor —perquè demanàvem compliment de la llei—, que està deixant-se de finançar, i que està ofegant les comunitats autònomes i la ciutadania no pot gaudir d’uns drets. Però vostès han acceptat una esmena en la qual senzillament hi ha el compromís de continuar millorant, entre d’altres coses, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones. Nosaltres no creiem que estiguem millorant res. I, per tant, no podrem, en cap moment, donar suport a aquesta moció.

Mirin, senyories, potser estem sortint de la recessió. Potser sí que estem sortint de la recessió econòmica. Però no s’oblidin que això no significa que els ciutadans estiguin sortint de la crisi.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señorías, ayer el presidente Rajoy explicaba en esta misma Cámara —y voy a leer textualmente lo que dijo en la sesión de control—: «Ahora las cosas se están moviendo tras las medidas que nosotros adoptamos. (…) En concreto, en el año 2012 el crecimiento fue negativo –1,6; en el año 2013 –1,2 (…) Este año hablamos al principio de +0,7 y (…) puede ser mayor del 1...». Pues bien, buenas noticias para la macroeconomía. Pero también ayer un periódico de gran tirada se hacía eco de la Ley de dependencia, de los datos publicados el sábado santo: Casi 17 000 beneficiarios de la dependencia menos en tres meses. Esto son malas noticias para los ciudadanos, porque esto no significa que haya menos dependientes en nuestro país, sino que hay menos personas a las que se les reconoce un derecho, o más personas en una lista de espera para adquirir unos servicios que le reconoce la Ley de dependencia.

Durante el primer trimestre de este año ha disminuido el número de beneficiarios de la Ley de la dependencia en nuestro país en 16 722 personas. Concretamente, el último mes, el mes de




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marzo, 10 720 personas menos tienen este derecho. Vamos a un ritmo —para que se hagan una idea— de 346 bajas diarias en la Ley de la dependencia. Además, en estos momentos, en nuestro país tenemos menos beneficiarios que cuando llegó al Gobierno el Partido Popular en 2011, donde había 737 120 personas. Sus argumentos siempre han sido los mismos desde que llegaron al Gobierno: No nos podemos permitir los servicios que tenemos, el Estado del bienestar, el Estado de protección social es demasiado caro y, por lo tanto, la única solución es el recorte y hacer políticas de austeridad.

Ya saben que mi grupo no comparte esta receta, y así lo hemos ido expresando, cree que hay otros caminos para conseguir mejorar la situación, que pasan por otra política económica, por otra política fiscal y por otras prioridades. Por ejemplo, tenemos 8 puntos menos de presión fiscal que la media de la Unión Europea —fíjense si tenemos margen para mejorar las políticas sociales—. Pero ustedes decidieron, entre otras cosas, recortar los derechos sociales.

Me voy a centrar concretamente en la dependencia. Dejen que haga un poco de cronología. Ustedes recortaron a los dependientes moderados, tendrían que esperar más de 36 meses para recibir cualquier tipo de ayuda, aunque se les reconocía el derecho. Por supuesto, la ayuda nunca sería con retroactividad. En paralelo, recortaron un 15% de las prestaciones de los cuidadores, después vino el Real Decreto 20/2012 que suprimió la cotización de los cuidadores, principalmente cuidadoras, y no solo esto, sino que también aprovecharon el 1 de mayo del año pasado —no sé por qué ustedes tienen una fijación en publicar las noticias en días festivos— para hacer público su plan de reforma y anunciar un recorte de más de 1000 millones de euros en dependencia. Por lo tanto, a día de hoy, tenemos menos dependientes y, como decía una trabajadora social de Tarrasa en unas declaraciones, estamos en caída libre en el tema de la Ley de la dependencia.

Esta moción se centra en la Comunidad Foral de Navarra, que es una de las comunidades que tiene desarrollados los servicios sociales con mejores condiciones, pero es un tema que afecta, por supuesto, a todas las comunidades, que es lo que decíamos en nuestra enmienda.

Nos hubiera gustado que hubieran aceptado la enmienda, pero evidentemente entendemos que esto era muy comprometedor —porque pedíamos el cumplimiento de la ley—, se está dejando de financiar y se está ahogando a las comunidades autónomas, por lo tanto, la ciudadanía no puede disfrutar de unos derechos. Sin embargo ustedes han aceptado una enmienda a través de la cual se adquiere el compromiso de seguir mejorando la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas. Nosotros no creemos que estemos mejorando nada y, por lo tanto, en ningún momento apoyaremos en esta moción.

Señorías, quizás estemos saliendo de la recesión, quizás sí que estemos saliendo de la recesión económica, pero no se olviden que esto no significa que los ciudadanos estén saliendo de la crisis.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, senyor president.

Bé, la Llei de dependència o la seva aplicació és un drama. Només cal escoltar les diferents intervencions per veure que tenim un greu problema sobre la taula i que sembla que no es vol afrontar, almenys de manera immediata.

Tots teníem clar, ho ha dit el senador Cazalis que —en el moment de l’aprovació d’aquesta llei ja es plantejava d’una manera infrafinançada. (Nosaltres tampoc no hi vam votar a favor, per les dues mateixes raons. El tema del finançament i, evidentment, invasió de competències). I, per tant, teníem clar que es plantejarien aquests greus problemes als quals estem arribant a dia d’avui. Aquesta situació, a més a més, s’ha agreujat per la crisi econòmica. No només s’han retallat les partides pressupostàries a les administracions públiques sinó que les famílies tenen greus problemes per afrontar les seves necessitats diàries i, per tant, per afrontar les despeses que suposa l’atenció als dependents que poden tenir al nucli familiar.

Des de Catalunya, al igual que des d’altres comunitats autònomes, conscients de tots aquests drames familiars i, malgrat les enormes dificultats que nosaltres també tenim per afrontar la gestió del nostre territori, hem decidit no desatendre els dependents. I continuem fent una aportació extraordinària que —com bé he dit abans— suposa el 80% del total de l’aportació pública que es




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realitza per a gestionar la despesa a la dependència. Si la Generalitat no fes aquesta aportació, quasi un 60% dels dependents que tenim a Catalunya, és a dir, a l’entorn d’unes 60.000 persones, quedarien fora del sistema. I, per tant, és evident que nosaltres tenim un compromís i que estem fent un gran esforç per atendre aquestes persones que tant ho necessiten.

Des de Convergència i Unió creiem fermament que moltes de les decisions preses per part del ministeri, i a les quals la senyora ministra s’hi va referir l’altra dia en la seva intervenció, són absolutament errònies. Han establert mesures buscant un estalvi pressupostari immediat. I creiem a més a més que no aporten els resultats als quals la senyora ministra fa referència.

No estem d’acord amb la suspensió del nivell acordat, amb la reducció de la quantia màxima de la prestació econòmica, amb la minoració de les quanties del mínim garantit, amb endarrerir, com deia la senadora Almiñana, fins al juliol del 2015, l’entrada dels dependents moderats, no compartim les decisions que ha pres el Govern. Pensem que, arran d’aquestes decisions, s’està desatenent moltíssimes persones i aquesta és una realitat a resoldre. Molts informes i dades ho demostren i, per tant, vostès han d’afrontar aquest problema. Cal afrontar canvis en el model de finançament. Doncs la situació d’ofec que pateixen ara mateix les comunitats autònomes és insostenible i, a més a més, és que té el temps comptat.

La senyora ministra té clara la gravetat de la situació a la qual avui fem referència i així ho va demostrar amb algunes de les reflexions o afirmacions que va fer durant la seva intervenció. És veritat que, de moment, no intuïm que ella plantegi un canvi de la llei i, per tant, el que ha de fer és plantejar modificacions per afrontar els problemes que tenim a sobre la taula. Jo em quedo amb dues de les afirmacions que va fer la senyora Mato el dia de la interpel.lació. Va dir: s’ha de valorar el cost del sistema i buscar formules que permetin finançar-lo. Per tant, esperem les seves propostes. I la segona afirmació: estem tractant d’establir un marc general per a les persones amb dependència a tot l’Estat espanyol, però també seria bo que es tinguessin en compte les particularitats de cadascuna de les comunitats autònomes, especialment per la situació que existeix en cadascuna d’elles.

És en aquest sentit que ens alegrem que, d’alguna manera, la senyora ministra comenci a fer reflexions que van en la línia del que hem estat reclamant multitud de vegades des del nostre grup. El tema del finançament i, per exemple, que es tingui en compte la diferenciació del cost de la dependència entre comunitats autònomes. Per tant, d’alguna manera, comencem a arribar tots a la mateixa conclusió i esperem que això aporti un canvi.

Nosaltres també ens abstindrem a la moció, perquè no compartim el redactat que planteja el Grup Parlamentari Popular. Per tant, no podem votar a favor de la moció. Ens abstindrem. I el que demanaríem, de tota manera, és que aquest diàleg que plantegen no es perllongui en el temps que, en definitiva, es busqui una solució al problema, una solució ràpida al problema perquè aquí no hi guanyen o hi perden les comunitats autònomes sinó que aquí s’hi juga la vida molta gent que necessita aquests recursos.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, señor presidente.

La Ley de dependencia o su aplicación es un drama, solo hay que escuchar las distintas intervenciones para saber que tenemos un grave problema sobre el tapete y al que parece que no se le quiere hacer frente de forma inmediata.

Todos teníamos claro —lo ha dicho el senador Cazalis— en el momento de su aprobación que esta ley se planteaba ya de una forma infrafinanciada. (No votamos a favor por las dos mismas razones que ya hemos dado, por la financiación y por la invasión de competencias.) Y teníamos claro que se iban a plantear estos graves problemas a los cuales estamos llegando a día de hoy. Esta situación, además, se ha agravado a raíz de la crisis económica: no solo se han recortado las partidas presupuestarias en las administraciones públicas, sino que las familias tienen graves problemas para hacer frente a sus necesidades diarias y a los gastos que supone la atención a los dependientes que pueden tener en el núcleo familiar.

Cataluña, igual que otras comunidades autónomas, conscientes de todos estos dramas familiares, y a pesar de las enormes dificultades que también nosotros tenemos para hacer frente a la gestión de nuestro territorio, hemos decidido no desatender a los dependientes y seguimos haciendo una aportación extraordinaria, que —como he dicho antes— supone un 80% del total de




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la aportación pública que se realiza para gestionar el gasto de la dependencia. Si la Generalitat no hiciera esta aportación, casi un 60% de los dependientes que tenemos en Cataluña —unas 60 000 personas— quedaría fuera del sistema. Por tanto, nosotros tenemos un compromiso y estamos haciendo un superesfuerzo para atender a estas personas que tanto lo necesitan.

Convergència i Unió cree firmemente que muchas de las decisiones tomadas por el ministerio, a las cuales se refería el otro día la señora ministra en su intervención, son absolutamente erróneas. Han establecido medidas buscando un ahorro presupuestario inmediato que, además, no aportan los resultados a los cuales hacía referencia la señora ministra.

No estamos de acuerdo con la suspensión del nivel acordado, con la reducción de la cuantía máxima de la prestación económica, con la minoración de las cuantías del mínimo garantizado ni, como decía la senadora Almiñana, con la entrada de los dependientes moderados hasta julio de 2012. No estamos de acuerdo con las decisiones del Gobierno. Pensamos que, a raíz de estas decisiones, se están desatendiendo a muchísimas personas, y esta es una realidad que hay que solucionar, y muchos informes, muchos datos lo demuestran. Y ustedes tienen que hacer frente a este problema. Hay que hacer frente a cambios en el modelo de financiación pues la situación de ahogo que sufren las comunidades autónomas en estos momentos es insostenible, y, además, tiene los días contados.

La señora ministra tiene clara la gravedad de la situación a la que nos estamos refiriendo hoy, y así lo demostró con algunas de las reflexiones o afirmaciones que hizo durante su intervención. Es verdad que de momento no intuimos que ella plantee un cambio de la ley, pero debería plantear modificaciones para hacer frente a los problemas que tenemos en estos momentos. Me voy a quedar con dos de las afirmaciones que hizo la señora Mato el día de la interpelación. En primer lugar dijo: Hay que valorar el coste del sistema y buscar fórmulas que permitan financiarlo —así pues esperamos sus propuestas— y en segundo lugar afirmó: Estamos tratando de establecer un marco general para las personas con dependencia en todo el Estado español, pero también sería bueno que se tuvieran en cuenta las particularidades de cada una de las comunidades autónomas, especialmente por la situación que existe en cada una de ellas.

Nos alegramos de que la señora ministra empiece a hacer reflexiones que van en la línea de lo que ha estado reclamando multitud de veces mi grupo, esto es, la financiación, así como, por ejemplo, que se tenga en cuenta la diferenciación del coste de la dependencia entre comunidades autónomas. Parece que llegamos todos a la misma conclusión. Por tanto, esperamos que esto aporte un cambio.

Nosotros nos vamos a abstener en esta moción ya que no compartimos el redactado del Grupo Parlamentario Popular, no vamos a votar a favor de la moción. Pediría que este diálogo que plantean no se extienda en el tiempo, sino que se busque una solución rápida al problema, porque aquí no ganan ni pierden las comunidades autónomas, sino que se está jugando la vida mucha gente que necesita estos recursos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna con el informe de fiscalización de la Cámara de Comptos de Navarra en una mano y con los datos del Ministerio de Sanidad en la otra.

El informe de la Cámara de Comptos de Navarra, relativo a la Ley de dependencia, de marzo de este mismo año, y que supongo que nadie pondrá en cuestión, pone literalmente lo siguiente en su página 22: Ingresos recibidos por Navarra del Estado en concepto de atención a la dependencia: año 2009, 21 millones de euros; año 2013, 11 millones de euros —un 46% menos de aportación—. Esto es debido, fundamentalmente, a la reducción del nivel acordado, cosa que hizo el Partido Popular de manera unilateral.

Ahora voy a hacer referencia a los datos del propio ministerio: Año 2012, 8737 personas beneficiarias con prestaciones en Navarra; año 2014, 8423 personas beneficiarias con prestaciones en Navarra —315 personas menos—.

Podría dar muchísimos más datos, pero, con los que he aportado, ha quedado claro el recorte que el Gobierno del Partido Popular ha dado al sistema de atención a la dependencia en Navarra.




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Yo entiendo que la senadora Salanueva, de UPN, partido que hace seguidismo de las políticas del Partido Popular, no haya hecho referencia a estos datos o a estos recortes, que no se haya atrevido a posicionarse en contra de que más de 300 personas en Navarra se hayan quedado sin prestaciones de ayuda a la dependencia y, siguiendo la línea de complicidad de UPN y del PP, que tampoco se haya posicionado en contra del recorte unilateral por parte del Partido Popular del nivel acordado, que es lo que ha disminuido de manera alarmante y supone de facto la paralización de la aplicación de la Ley de dependencia. A UPN parece preocuparle únicamente que con el cambio de criterio del cálculo del nivel mínimo acordado según el Real Decreto 1050/2003 Navarra va a dejar de ingresar, según unos cálculos aproximados, unos 120 000 euros.

Senadora Salanueva, estamos de acuerdo en esta moción, en la moción que usted ha planteado, y coincidimos en que no es justo para una comunidad que está haciendo relativamente bien —aunque todo es mejorable— la gestión en la atención a las personas dependientes que sea perjudicada por un cambio de criterio del ministerio, que lo ha hecho sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, como nos tiene acostumbrados. (Por cierto, la propia ministra en el debate de la interpelación hace un par de semanas reconoció que puede que estos criterios no sean justos.) Estamos de acuerdo también en que el Gobierno cumpla con la financiación relativa a la Ley de dependencia con Navarra —señora Salanueva, con Navarra y con todas las comunidades autónomas, por supuesto—.

Yo salgo aquí como senadora de Navarra y, por supuesto, para defender los intereses de mi comunidad y denunciar que la modificación de criterios que plantea el ministerio nos va a perjudicar y que no vale el café para todos, porque hacer igual a los desiguales es generar mayor desigualdad. Hay que tener en cuenta las desigualdades y las características peculiares de cada una de las comunidades autónomas para hacernos iguales y, desde luego, creo que con el cambio de criterios en el nivel acordado el ministerio no va por el buen camino. Pero, sobre todo, soy una representante pública que defiende los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Y tengo que salir a esta tribuna a denunciar los recortes del PP en materia de dependencia en nuestra comunidad, tengo que oponerme firmemente a la expulsión de más de 300 personas de la prestación a la dependencia, tengo que oponerme a que numerosas personas hayan visto reducida de manera significativa la prestación y, desde luego, tengo que oponerme a que más de 1600 cuidadoras familiares en Navarra se hayan quedado sin cotizar a la Seguridad Social por los recortes del Partido Popular. Y es que en el marco estatal en el último mes, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cada día el sistema ha perdido 346 personas beneficiarias. El sistema de atención a la dependencia ha perdido solamente en el mes de marzo 10 700 beneficiarios, y todas las comunidades, sin excepción, han presentado datos negativos. Y, desde luego, tal y como pudimos ver a la señora ministra y hoy al senador Palacios, ellos siguen sacando pecho de estos datos.

Pero si se acepta la enmienda del Partido Popular, nosotros no podemos estar a favor. Coincidimos en el diálogo permanente con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, y en avanzar en la evaluación continua, pero no podemos compartir que estos datos que les he señalado sobre disminución de la atención a la dependencia en Navarra y en todo el Estado suponga seguir mejorando la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencia. Queremos que el Gobierno cumpla con Navarra, que cumpla con todas las comunidades autónomas y, por eso, estamos dispuestos a abstenernos, pero no podemos compartir que este Gobierno recorte los derechos de los ciudadanos y se empeñe en empequeñecer decreto a decreto nuestro Estado del bienestar. Y, desde luego, nos sumamos a la exigencia de los directores y gerentes de servicios sociales a fin de que la información ofrecida por el ministerio sea seria y rigurosa, y no como viene haciendo, manipulando los datos e insultando a la inteligencia de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco a la senadora Salanueva que haya aceptado nuestra enmienda y también que su moción nos permita hablar de la dependencia, es decir, de ese fiasco de Zapatero que nos dejó




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también en materia de salud y Seguridad Social. (Protestas). Porque si echamos un poco la vista atrás —no hace falta remontarse mucho en el tiempo—, a los años 2005, 2006, ustedes recordarán que los socialistas nos vendieron a bombo y platillo la dependencia como el cuarto pilar del Estado de bienestar. Nos decían que con ella se iban a crear 260 000 empleos directos y que habría unos retornos a las arcas públicas de 2000 millones de euros al año. Entonces aprobaron una ley sin saber cuántos discapacitados se iban acoger a ella, sin conocer las plazas de las que se disponía y —lo que era más grave— sin dotarla de los recursos económicos para poner en marcha las políticas previstas para atender a las personas dependientes y para lograr su integración. Es decir, consagraron unos derechos, crearon unas expectativas o, como dijo el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes, pusieron la miel en los labios a las personas dependientes.

En ese momento, en los años 2006 y 2007, es decir, antes de que estallase la crisis económica y financiera, cuando Zapatero nos decía que estábamos en la champion league de la economía y nos prometía el pleno empleo para la legislatura pasada, no le inyectaron el dinero necesario. Por eso, como señaló el Tribunal de Cuentas, en la etapa de Zapatero el sistema de dependencia ni cumplió con el espíritu de la ley ni garantizó las mismas prestaciones a todos los dependientes con independencia del lugar de España en el que residieran y, lo que era más grave, puso en riesgo la sostenibilidad del sistema dejando al actual Gobierno una deuda en la Seguridad Social de mil millones de euros.

Señora Salanueva, usted sabe que el día 2 de marzo del año 2006, cuando esta ley estaba en fase de anteproyecto, y en mi condición de consejero de Bienestar Social del Gobierno de Navarra, respondí a una interpelación en el Parlamento de Navarra y allí dije que era pesimista con relación al dinero que por esta ley iba a recibir Navarra para financiar el sistema navarro de dependencia. Usted conoce de primera mano todo lo que sucedió después, y aunque ahora nos diga que fue la Junta de Cooperación del 7 de noviembre del 2007 en donde se acordó la retirada del recurso de inconstitucionalidad de Navarra a la Ley de dependencia, usted sabe que formalmente fue así, pero sabe también que esta fue una de las condiciones impuestas por José Blanco para que en agosto de 2007 los socialistas navarros facilitaran con su abstención que UPN pudiera gobernar en minoría.

Hubo más condiciones. Una de ellas fue también la ruptura del pacto estable y permanente entre UPN y el Partido Popular. Eran entonces los tiempos en los que ustedes vivían su luna de miel con Zapatero y su Gobierno, y por eso, en la nota de prensa del Gobierno de Navarra de ese 7 de noviembre se habla del clima de cooperación y diálogo que actualmente existe entre los Gobiernos estatal y foral y se dice que esta relación de cordialidad es la que les había llevado a alcanzar el acuerdo. Este acuerdo, como todos los demás que ustedes adoptaron en esa época, como los protocolos y los convenios que firmaron, se quedó en papel mojado.

Ahora, gracias a esta moción, nos hemos enterado de que los navarros nos quedamos entonces sin el recurso de inconstitucionalidad y nos quedamos sin dinero porque, señora Chivite, es cierto, como usted ha dicho desde esta tribuna, que entre los años 2009 y 2013 la cantidad que Navarra recibió del Estado por el nivel mínimo de prestación se minoró en un 44%, en casi 9 millones, pero lo que usted no nos ha dicho es que 8 de esos millones, el 89% de la minoración, se produjo entre los años 2009 y 2011, es decir, cuando ustedes estaban en el Gobierno. Por lo tanto, los que cambiaron el criterio fueron ustedes.

Lo que le tengo que decir a la señora Salanueva es que ellos, UPN, entonces callaron, o al menos no presentaron ninguna iniciativa en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Acabo, señor presidente.

Señora Salanueva, usted sabe que en estos momentos la Ley de dependencia se está aplicando de manera justa y equitativa. Sabe que el actual Gobierno no incumple lo que en ella está establecido, y sabe que todas las materias relacionadas con la dependencia las acuerda el Estado con las comunidades autónomas y la Comunidad Foral de Navarra en el seno del Consejo Territorial, y va a ser allí donde se va a seguir avanzando en la evaluación continua de la aplicación de esta ley.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Salanueva, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 135; en contra, 1; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE DISEÑE Y EJECUTE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA, UN PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS FRONTERAS Y SU ENTORNO PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS ANUALIDADES DE 2014 Y 2018.

(Núm. exp. 662/000130)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3 enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Vasco, otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y una tercera del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Imbroda, por tiempo de quince minutos.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, presidente.

Buenos días. Señorías, tengo hoy la oportunidad de hablar aquí del sur del sur de España, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en estos días muy de moda, muy de actualidad por los problemas de inmigración, por los problemas de las fronteras y de las famosas vallas que existen en nuestras ciudades. Pero este no es el objetivo de la moción que traigo yo aquí. El objetivo son las vallas internas que tienen estas dos ciudades para su desarrollo socioeconómico. Y es que ponernos de actualidad mediáticamente en todos los diarios, nos obliga a hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que está pasando en aquellas dos ciudades.

Somos casi 180 000 habitantes entre Ceuta y Melilla, casi el 55% de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero en 43 kilómetros cuadrados. Háganse una idea de lo que supone la presión y la intensidad demográfica en un terreno pequeño. No tenemos recursos propios, no tenemos materias primas, no se puede desarrollar una industria. Hay que tener en cuenta el alejamiento con la península, 110 millas el punto más cercano a Melilla. Tenemos una presión migratoria fortísima, no solamente de los subsaharianos, los que se ven en las noticias, sino también de las personas del Magreb y de los menores extranjeros no acompañados. En Ceuta y Melilla tenemos la población juvenil más alta de España, tal y como registra la pirámide de población. Tenemos la población juvenil menos formada de toda España y los mayores índices de fracaso y abandono escolar. Todos los datos estadísticos apuntan a que estamos en las peores circunstancias, tanto en paro y renta per cápita como en formación. Y todos los días entran en nuestras ciudades, en cada una de ellas, cerca de 30 000 marroquíes que vienen a comprar, a adquirir servicios o a trabajar. La frontera de Melilla, por ejemplo, concentra un paso diario de 5000 vehículos. Y es en nuestras fronteras donde existe el mayor diferencial económico de renta per cápita del mundo.

A todo ello hay que añadir que nuestras poblaciones tienen un origen intercultural muy potente —aproximadamente, en las poblaciones de Ceuta y Melilla un 35 o 40% es de origen bereber y el resto de origen europeo—, lo que produce dos hechos que hay que analizar. Uno de ellos es muy positivo, y es que estamos demostrando al mundo que es posible la convivencia con respeto, tolerancia y paz entre culturas y religiones distintas. Estamos dando ese ejemplo. El otro constituye




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un aspecto negativo, y es que estamos siendo sometidos a modas pseudoreligiosas de tipo fundamentalista que pueden ser un caldo de cultivo allí donde hay necesidades y entre una población juvenil que puede ser proclive a ello. Sin duda, ese es un riesgo añadido a nuestra situación.

Estas son nuestras vallas. Necesitamos el apoyo decidido de la Cámara —y se lo pido a ustedes, señorías— y del Gobierno de la nación ahora que parece ser que el tren del desarrollo y del crecimiento económico se pone en marcha. Nosotros nos tenemos que subir a un vagón de ese tren porque no queremos política de subvenciones, no queremos ayudas de este tipo, lo que queremos es que nos den los instrumentos necesarios para que dentro de nuestras posibilidades busquemos lo mejor para un desarrollo económico sostenible, porque se puede; se puede.

Además, como he dicho antes, estamos dando un ejemplo de convivencia y de tolerancia respecto a la inmigración que todos ustedes conocen por ser la más mediática, la de los subsaharianos. Una vez que pasan a España —allí, en Melilla o Ceuta— no tenemos el más mínimo problema: ni nos causan el más mínimo problema de convivencia ni les causamos el más mínimo problema de convivencia. Somos sociedades interculturales que nos hemos criado en la convivencia entre distintas culturas y sabemos de esto bastante.

Estas ciudades necesitan un apoyo decidido. Por eso la moción de hoy persigue que los Gobiernos de Ceuta y Melilla y el Gobierno de la nación constituyan una comisión para poner encima de la mesa lo que es necesario hacer.

En los años ochenta también se produjo una fuerte inmigración magrebí. Y me voy a referir también al entorno de las fronteras porque hay algunas barriadas en las ciudades de Ceuta y Melilla que necesitan de una actuación urgentísima en equipamientos sociales, urbanísticos de todo tipo e infraestructuras como, por ejemplo, la barriada de El Príncipe, en Ceuta —muy televisiva en estos momentos—, o las barriadas de la Cañada de Hidúm, de Benzú, y los distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los Gobiernos de Ceuta y Melilla no podemos atender solos a tantas necesidades.

Ante este cúmulo de desgracias, ustedes podrían pensar: ¿Cómo es que no explota socialmente aquello? Pues por dos motivos: por el gran gasto social de los dos Gobiernos de Ceuta y Melilla y por la cordura y sensatez de los melillenses y ceutíes, pues tenemos todas las cartas para que ya se hubiera provocado una explosión. Por lo tanto, no podemos perder este tren ni un minuto más. El Gobierno de la nación tiene que atendernos —estoy seguro de que lo va a hacer— y trabajar sobre la base de propuestas que ya tiene encima de la mesa y que yo quisiera enunciar aquí.

Sería necesario desarrollar un programa de actuación integral de equipamientos básicos en las barriadas periféricas de Ceuta y Melilla. Y cuando hablamos de fronteras en la moción no nos estamos refiriendo a la valla, sino a los pasos fronterizos de las ciudades de Ceuta y Melilla. Es necesario modernizarlos, actualizarlos, hacerlos transitables y no dejarlos como están ahora. Incluso, habría que posibilitar la apertura de un nuevo paso fronterizo en cada una de las dos ciudades y, asimismo, habría que mejorar notablemente sus infraestructuras aeroportuarias, pues por ahí sí tenemos posibilidades de un desarrollo económico sostenible. Tendrían que mejorarse notablemente, repito, las comunicaciones entre Ceuta, Melilla y la península. Y cuando digo mejorar me refiero a la calidad de los servicios, a los precios, etcétera.

Igualmente, sería necesario incrementar notablemente la inversión en educación. Anteriormente hablaba de formación, pues los jóvenes de las dos ciudades tienen menos oportunidades para poder trabajar debido a su poca formación; por lo tanto, debemos trabajar mucho más en la educación y crear centros escolares. Por otra parte, tenemos los mayores ratios de ocupación de clase en primaria e infantil de toda España y, por supuesto, los índices más altos de crecimiento poblacional de España en los últimos 5 años. Melilla, por ejemplo, ha crecido casi un 18% en este tiempo. Por tanto, llueve sobre mojado.

Tenemos que destinar más fondos a las políticas activas de empleo y a la formación profesional. Asimismo, hemos de conseguir que la Unión Europea nos considere zona ultraperiférica o designación equivalente como zona de especial desventaja geográfica. Hemos de lograr también que la Unión Europea nos considere, como las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, foco de atracción para las relaciones comerciales y empresariales con el África próxima.




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Por cierto, esas fronteras, esas vallas tan vulnerables son las mismas fronteras de Berlín, Bilbao o Barcelona, y cuando alguien salta allí, lo está haciendo en Europa y no solamente en Melilla.

Por otra parte, tenemos que actualizar la financiación autonómica respecto a las necesidades reales de los servicios que tienen que prestar las dos ciudades, a sus necesidades poblacionales y a todos esos problemas y handicaps que yo les he expuesto antes. La nueva financiación autonómica que se va a discutir ahora tiene que contemplar valiente y decididamente las necesidades reales de las dos ciudades. No es un milagro que estemos viviendo a pesar de los datos que doy, pero sí les digo que el gasto social que nos supone a las dos administraciones es elevadísimo y que quizá deberíamos destinar a otro tipo de inversiones que posibilitaran la creación de empleo, pero tenemos que tapar de forma inmediata los huecos, y grandes, que existen.

Los dos Gobiernos de las ciudades, en una reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes, aparte de apoyar la moción presentada hoy aquí por el grupo parlamentario, pedíamos una remodelación de las fronteras, etcétera, así como la defensa de nuestras peculiaridades en la revisión del sistema de financiación autonómica y mejorar los incentivos fiscales, tal y como figura en la Ley sobre el impuesto de sociedades últimamente.

También voy a hablarles a ustedes de inmigración. Los dos Gobiernos establecimos la siguiente declaración: «Decimos que ante el drama humano que está suponiendo la vulnerabilidad, el acceso, la entrada de subsaharianos en las dos ciudades, las dos ciudades ofrecen solidaridad con pasión y actitud humanitaria. Las fronteras son necesarias y, por tal motivo, tienen que ser seguras y respetadas. Por lo tanto, mostramos nuestro inequívoco respaldo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía por cumplir con su deber de preservar la seguridad de nuestras fronteras en condiciones de extrema dificultad y de mucha presión. Para preservar las fronteras de Ceuta y Melilla, las únicas terrestres que tiene la Unión Europea en África, es fundamental que Marruecos siga manteniendo su colaboración en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y contra la inmigración irregular. Es necesaria una mayor implicación de la Unión Europea, y secundamos al Gobierno de la nación en su demanda de una mayor implicación de Bruselas en lo que concierne a la presión de la inmigración irregular, tanto para atender las singulares exigencias que al respecto tienen nuestras fronteras, como para articular una política comunitaria común en la materia. Asimismo, es necesario articular un pacto de Estado en el que se incluya la revisión y actualización de la vigente Ley de extranjería con el objetivo de adaptarla a las circunstancias actuales. Y, por último, decíamos que: «el número de inmigrantes acogidos en los centros de estancia temporal deben limitarse a su capacidad de acogida y no estar saturados».

En las dos ciudades de Ceuta y Melilla, que como saben perfectamente, se siente y se vive la pluralidad y la riqueza cultural de España, se tiene un sentimiento muy español. En estas dos ciudades, que tenemos una estadística de paro de un 35% según la EPA, y tenemos una situación semejante a la de Andalucía y demás, para nosotros es casi como un plus el pensar: ¡qué bien estamos!, ¡estamos casi igual que ellos!, pero sabemos que ellos están así por la crisis tan fortísima que pasamos, y sabemos también que despegarán. Toda España despegará, pero Melilla y Ceuta no tienen argumentos razonables ni sólidos ni económicos para seguir despegando al mismo nivel si no se las ayuda. Por eso digo que las fronteras que nosotros queremos derribar son las primeras que tenemos allí, las que imposibilitan que los melillenses y ceutíes, 180 000, se desarrollen exactamente igual que el resto de los españoles. Eso es lo que demandamos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, kideak eta egun on mahaiburu jauna, eta eskainutik, arazorik ez baldin badago behintzat.

Gaur, Imbroda jauna entzutea, edo Melilla hiri autonomoko alkate presidentea entzutea, benetan inportantea izan da, eta gogoan ekarri dit ni alkate nintzela, nire herrian, antolatu zen MENA zentro bat. Guk eduki genuen MENA zentro bat, oso txikia zen, bere kapazidadea, MENA zentro honen kapazidadea zen 15 pertsonatakoa, baina bukaeran, errealitatea izan zen 75




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pertsona bertan egon zirela. Ezin dezakezue imajinatu honek herrian sortzen zituen arazoak, egonezak, inestabilidadeak eta jendearekin eta bertako hiritarrekin sortzen ziren interferentziak.

Honekin zer esan nahi dut, ezin dezakedala inondik inora ere imajinatu, zein izango den bai Melila zein Ceuta hirien errealitatea. Ezin dezaket ezta imajinatu ere egin.

Horregatik diot benetan inportantea iruditzen zaidala Imbroda jauna izatea bertan defendatzen duena bere postura eta lehenengo eta behin, eta eztabaida politikoetan eta, sartu aurretik, daukala baita ere gure elkartasuna zentzu horretan eta behar duen gauzetarako laguntza. Nik bizi izan dudalako, nire pertsonan, egoera hori, baina ez zuk, edo zuek, dabilzkizuen kopuruekin, baizik eta oso kopuru txikiagoekin, baina hori dela eta, ikusten nuen, eta ikusten dut, zein izan zitekeen errealitatea.

Eta guk, Eusko Alderdi Jeltzale bezala, egin dugun emendakinak baieztatu egiten du pixkat orain jarri dudan filosofia, zein Imbroda jaunaren filosofia bera den.

Gogoan izango duzue, aurreko legealdian, 9. legealdian, Talde Popularraren kidea den edo zen Luz Elena Sanínen bitartez edo ekimenez, Europar Batasunerako dagoen batzorde mistoan, portzierto, Miguel Ángel Arias Cañete zela presidentea, esan dudan bezala, bertako batzordeak bidai bat antolatu zuen, bisita bat antolatu zuen, Ceutako hiri autonomora. Azken finean, bertan ezagutuko egin nahi zelako zein zen errealitatea. Ezagutu egin nahi zen frontera ikuspegi horrek, Afrikarekin dagoen muga ikuspegi horrek zeuzkan eraginak. Bai eragin ekonomikoa, bai portuarekin zeukan errealitatea, zein zen bertako eragile sozialen ikuspegia, errealitatea, eta azken finean, etorkinen edo bizitzen ari ziren etorkin errealitate horrekin zein zen harremana, zein zen errealitatea. Esan daiteke oso jardunaldi interesgarria izan zela bertan izan ziren guztientzat, eta guretzat benetan inportantea dela hara joatea, ezagutzea, eta orain entzun duguna, 15 minututan entzun duguna ere, han bertan entzutea, bertako eragileekin entzutea eta jakitea zer gertatzen ari den. Hori benetan guretzat inportantea da, eta horregatik proposatu dugu testu hau, eta testu honek zera dio: «Asimismo se propone destacar a Ceuta y Melilla una Comisión del Senado que evalúe en estas Ciudades Autónomas la situación existente contactando con todas sus instituciones, y con los protagonistas de estas Ciudades Autónomas que viven y conocen el problema, con el fin de elaborar un informe sobre la situación que se está viviendo y que plasme en un diagnóstico de actuación propuestas pertinentes que indiquen cómo ir superando esta situación. Dicho informe será evaluado semestralmente en el Senado.»

Ikusten duzuen bezala, egiten duguna da, ezagutu nahi bat bertako errealitatea, lagundu ahal izateko. Gero beste kontu bat da Imbroda jaunak berak bere diskurtsoari nola eman dion bukaera, azken finean, bai hemen hitz egin duela Ley de Extranjería, bai Guardia Zibilaren aktuazioez etab. Baina horiek gero bozeramaileen turnoan aipatuko ditut eta horren inguruan luzatuko naiz.

Besterik ez, eskerrik asko.

Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Hablaré desde el escaño, si me lo permite.

Escuchar al señor Imbroda, escuchar al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ha sido importante y me ha recordado mis tiempos de alcalde. En aquel momento se creó un centro MENA en mi pueblo, que era muy pequeño; tenía capacidad para 15 personas, pero la realidad era que acogía a 75. Surgieron una serie de interferencias entre las personas que estaban en el centro y los ciudadanos, y no se pueden ni hacer idea de los problemas, el descontento, la inestabilidad, etcétera, que supuso todo esto en el pueblo.

¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo imaginar cuál puede ser la realidad de Ceuta y Melilla; realmente no puedo ni imaginarla. Soy muy consciente de la situación que allí se vive y, por tanto, quiero decir lo importante que es para mí tener aquí al señor Imbroda defendiendo su posición. Y sin entrar en debates políticos, quiero transmitirle nuestra solidaridad; estamos aquí para ayudarle en lo que necesite porque yo he vivido la misma situación que en Ceuta y Melilla, aunque a menor escala, pero incluso así puedo entenderlo.

El PNV ha presentado una enmienda que refrenda lo que acabo de decir, que sostiene la filosofía que acabo de mencionar y que, además, va en la misma dirección que la del señor Imbroda. Recordarán que en la anterior legislatura, por iniciativa de Luz Elena Sanín, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que presidía el señor Arias Cañete, se organizó una visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta a fin de conocer de primera mano, sobre el terreno, la realidad; se




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quería conocer la situación de frontera terrestre con África y observar las consecuencias que se podían derivar: consecuencias económicas, la realidad en el puerto, el punto de vista de los interlocutores sociales, la situación de los inmigrantes y las relaciones que con ellos se mantenían. Fue una actividad muy interesante para todos los que participaron, y para nosotros fue muy importante habernos trasladado allí, conocer la realidad de primera mano; en quince minutos se nos ha explicado cuál es la situación pero estaría bien escucharlo allí, ponernos en contacto con los interlocutores de la zona.

Nos parece muy importante y por eso hemos presentado esta enmienda de adición, que dice lo siguiente: «Asimismo se propone destacar a Ceuta y Melilla una comisión del Senado que evalúe en estas ciudades autónomas la situación existente, contactando con todas sus instituciones, y con los protagonistas de estas ciudades que viven y conocen el problema, con el fin de elaborar el informe sobre la situación que se está viviendo, y que plasme en un diagnóstico de actuación propuestas pertinentes que indiquen cómo ir superando esta situación. Dicho informe será evaluado semestralmente en el Senado.»

Como podrán observar, reflejamos nuestro deseo de conocer la situación sobre el terreno para poder ayudar. El señor Imbroda en su discurso ha dejado claras algunas ideas: ha hablado de la Ley de extranjería, de las actuaciones de la Guardia Civil, etcétera, cuestiones en las que ahondaré un poco más en mi intervención en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÉ: Gracias, señor presidente.

Faré una sola intervenció. Intervinc ara i ja no intervindré al torn de portaveus.

Sense cap dubte els fets succeïts el 6 de febrer de 2014 en la platja d’El Tarajal de Ceuta van ser tràgics, ja que quan una sola persona mor en circumstàncies d’indignitat com les que es van produir aquell dia no podem més qualificar-ho de tragèdia.

És cert també que el tema es troba en mans de la justícia i tinc la confiança plena que la justícia farà la seva feina i esbrinarà que va passar aquell dia, fent caure el pes de la llei sobre els responsables d’aquesta tragèdia, si n’hi ha. És cert també que Ceuta i Melilla són l’entrada natural de la immigració il·legal a Europa i que d’alguna manera s’hi ha de posar una solució; una solució que no passi per la repressió als éssers humans que intenten accedir a un món millor. Per això és important que avui es posi sobre la taula la possibilitat d’elaborar un pla estratègic d’actuació integral en aquestes fronteres. En aquest sentit estem d’acord amb la moció del PP.

No seria acceptable, però, que avui l’aprovéssim i que d’aquí a un any tot estigués igual. Per això hem presentat una esmena on demanem que aquest pla s’elabori en un període de tres mesos, per garantir que no queda en paper mullat. Esperem, doncs, que aquesta esmena ens sigui acceptada. Vull dir també que votarem favorablement a l’esmena del Grup Parlamentari Basc. Val la pena constatar in situ la realitat d’aquests punts fronterers i les dificultats que tenen en la contenció de la immigració il·legal. No podrem votar favorablement, però, l’esmena del Grup Socialista, ja que tot i que podem compartir alguna de les reflexions que s’hi fan, entenem, com he dit abans, que avui hem de parlar de posar solucions i no de fer tota la sang que es pugui, que crec que és el que l’esmena del PSOE pretén.

En aquest sentit —i són paraules de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero—, jo també crec que cal un pacte d’Estat sobre immigració irregular i jo també espero que les actuacions judicials determinin què és que el va succeir.

Gràcies, senyor president.

Voy a intervenir ahora y no lo haré en el turno de portavoces.

Señorías, sin ninguna duda, los hechos sucedidos el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta fueron trágicos pues cuando una sola persona muere en circunstancias de indignidad, como las que se produjeron aquel día, no podemos más que calificarlo de tragedia.

Es cierto que se encuentra en manos de la justicia y tengo plena confianza en que la justicia hará su trabajo y averiguará lo que pasó ese día, haciendo caer el peso de la ley sobre los




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responsables de esta tragedia, si los hay. Es cierto también que Ceuta y Melilla son la entrada natural de la inmigración ilegal en Europa y que de algún modo hay que ponerle alguna solución; solución que no pase por la represión a seres humanos que intentan acceder a un mundo mejor, y por eso es importante poner hoy sobre la mesa la posibilidad de elaborar un plan estratégico de actuación integral en estas fronteras, y en ese sentido estamos de acuerdo con la moción del PP.

No sería aceptable, sin embargo, que hoy la aprobásemos y que de aquí a un año todo siguiera igual. Por eso, hemos presentado una enmienda en la que pedimos que este plan se elabore en un periodo de tres meses para garantizar que no quede en papel mojado y, por tanto, esperamos que sea aceptada. También votaremos favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco porque hay que constatar in situ la realidad de estos puntos fronterizos y también en cuanto a la contención de la emigración ilegal. Sin embargo, no vamos a poder votar favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque, aunque podamos compartir algunas de las reflexiones, entendemos, como he dicho anteriormente, que hoy debemos buscar soluciones y no hacer sangre de esta situación, que es lo que pretende la enmienda del PSOE.

En este sentido —son palabras del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero—, también considero que hace falta un pacto de Estado sobre inmigración irregular y espero que las actuaciones judiciales determinen qué es lo que sucedió.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Nos preguntábamos qué sentido tenía esta moción que insta al Gobierno y a los Gobiernos de las ciudades de Ceuta y Melilla a dialogar y a ponerse de acuerdo y, después de la intervención del senador Imbroda, llegamos a la conclusión de que el sentido que tiene es presentar una interpelación al Gobierno, porque lo que han planteado aquí han sido los problemas —que nosotros compartimos— que tienen las ciudades de Ceuta y Melilla de infraestructuras, comunicaciones, educación, paro juvenil, etcétera. Realmente, se trata de problemas que requieren de la colaboración entre Gobierno y administraciones, pero aquí lo que plantean es un plan estratégico y hablan de un pacto de Estado para estos asuntos que, tal como se presenta en la moción, es un contrasentido.

¿Qué les impedía a ustedes dialogar? Tienen el respaldo del Senado en este sentido, pero nos piden a los senadores el respaldo a una política sobre la que el propio ministro del Interior no ha querido hablar. Se le ha reclamado su presencia permanentemente para hablar de los casos de Ceuta y Melilla, tiene más de 12 comparecencias solicitadas desde el año 2012, por tanto, parece que no hay una voluntad de diálogo ni una voluntad de política de Estado.

Por consiguiente, si esta resolución no tiene como objeto la elaboración de una política de Estado, ¿para qué se hace esta propuesta? ¿Para qué plantean aquí, en el Senado, una proposición de esta naturaleza? Sinceramente —y no se den por ofendidos—, considero que esto es una cortina de humo para eliminar responsabilidades políticas, responsabilidades que existen, por eso nuestra enmienda habla de ello porque no eludimos una política de Estado. Creemos necesario que exista una política de Estado pero, a la vez, decimos claramente que hay que abordarla sin eludir responsabilidades anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la comparecencia del secretario de Estado no clarificó los hechos sucedidos en Ceuta y Melilla, y no solamente no los clarificó sino que se han seguido llevando a cabo acciones que contravienen la legalidad nacional e internacional sin que el Gobierno tome nota de estos asuntos, algo que nos preocupa porque no se clarifican los hechos, aunque haya algunos constatados y contundentes que hacen ver que el director general de la Guardia Civil, en su momento, y el propio delegado del Gobierno mintieron a los españoles. No lo digo yo, lo dicen los videos que demuestran que no eran ciertas las afirmaciones que hacían, lo dice la propia comparecencia del secretario de Estado, lo dice el ministro del Interior; sin embargo, ustedes no han sacado ninguna conclusión. Por eso digo que pretenden tapar unos hechos para, a la vez, plantear una posible política de Estado.

Por tanto, en primer lugar, exigimos que se depuren las responsabilidades en aras de la justicia y en aras de la credibilidad del Estado español que se ha puesto en cuestión en organismos




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internacionales y, en segundo lugar, planteamos, lógicamente, una política de Estado, pero ¿en qué se tiene que basar? —parece de Perogrullo—: en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los derechos humanos y a las resoluciones internacionales como base de esa política de Estado que ustedes están reclamando, especialmente, en la protección del derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la protección internacional porque estamos ante el drama de muchos subsaharianos que vienen de zonas en conflicto y de zonas de guerra que no están siendo atendidos, que estamos incumpliendo el derecho al asilo, y no estamos haciendo los expedientes como regula la Ley de extranjería y los convenios internacionales.

Hay que seguir priorizando el control de fronteras, pero en ese control de fronteras hay que dar prioridad al salvamento de las vidas humanas en esa política de Estado. Tenemos que garantizar, como he dicho antes, que toda persona tenga el derecho a demandar la protección internacional, que cesen claramente la ilegalidad de las devoluciones en caliente. No quisiera entender de la intervención del señor Imbroda que cuando habla de una política de Estado para modificar la Ley de extranjería se refiera a que se permitan las devoluciones en caliente, porque eso no es una política de Estado, eso es, simplemente, incumplir los propios tratados internacionales al respecto.

Para realizar esa política de Estado, hay que poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos los recursos humanos, —escasos, como se ha demostrado en las actuaciones— y recursos tecnológicos. Hay que cambiar las fronteras, como ha dicho el senador Imbroda; por supuesto. Hay que hacer otro tipo de fronteras pero, desde luego, también hay que cumplir con lo que demanda la Asociación Unificada de la Guardia Civil —no se escondan detrás de la Guardia Civil, todos apoyamos a la Guardia Civil— que ha demandado protocolos de actuación clara, y eso tiene que estar también contemplado en una política de Estado.

Hay que eliminar las concertinas, por respeto también a lo que dice la defensora del pueblo, por respeto a lo que dicen todos los organismos internacionales y porque son inútiles, solamente causan lesiones y gravedad. Y, sobre todo, tenemos que recuperar los niveles en esa política de Estado de cooperación internacional. No puede ser que España aparezca hoy en todos los medios como el país que más ha recortado en la política internacional. Es el último país de la OCDE...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: ...y hemos pasado de ser un país ejemplo en la ayuda a la cooperación internacional, líder en el mundo en este sentido, a ser el último de la cola en esa política internacional.

Por lo tanto, estamos por unas bases de cooperación y de política de Estado, pero sin tapar las responsabilidades que les exigimos, con el cese del director general y del delegado del Gobierno y, desde luego, mediante políticas de acuerdo que esta moción no ha presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Tiene la palabra el senador Imbroda, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar por orden de intervención. Yo agradezco tanto al Partido Nacionalista Vasco como a CiU sus declaraciones tan constructivas y de apoyo a las ciudades de Ceuta y Melilla, a los melillenses y a los ceutíes. Además, yo creo que son sensatas y consecuentes las dos enmiendas que han presentado y el Grupo Popular las va a aceptar. Me parece muy bien que se ponga un plazo a lo que nosotros pretendíamos en la moción y también me parece muy bien que una comisión del Senado nos visite periódicamente para que vaya viendo cuál es la evolución de esas dos ciudades tan entrañables. Así que, muchas gracias por sus propuestas.

Al portavoz socialista le tengo que decir que no, que aquí no se ha intentado tapar con ninguna cortina ningún problema que haya podido haber o alguna situación que haya podido producirse, ni muchísimo menos. Si usted lee bien la moción, verá que en ningún momento hablamos de la inmigración, de los saltos de la valla, de los subsaharianos, de lo que ha pasado, porque, como usted comprenderá, si esa moción va dedicada a lo que es una política de inmigración en el conjunto del Estado español, ¿qué hacemos allí las ciudades de Ceuta y Melilla para diseñar con el Gobierno la política? Yo creo que ahí está usted un poco errado, por no decir totalmente errado,




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a no ser que a usted lo que le haya interesado es venir a hablar de su libro, que es el tema de la inmigración, de los subsaharianos, de la famosa valla y de unos hechos que ocurrieron días atrás. Pero este no es el objetivo de esta moción.

El objetivo —viene muy claro— es que se ejecute en coordinación con los gobiernos de las ciudades autónomas un plan estratégico, eso sí, para que haya una actuación integral en la frontera y su entorno. Estamos hablando del entorno español, ¡claro!, no vamos a irnos al entorno exterior, que es Marruecos. Estamos hablando del interior de Ceuta y Melilla y estamos hablando de las vallas, esas vallas que nos imposibilitan crecer a los melillenses y ceutíes y que llevamos ya muchísimo años con ellas.

Así que, por supuesto, señor presidente, no aceptamos esta enmienda del Grupo Socialista.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No voy a presuponer ninguna intención oculta en el proponente de la moción, pero lo cierto es que como su misma intervención de presentación y las del conjunto de los portavoces que han presentado enmiendas han demostrado, es imposible hablar de lo que la moción plantea sin hablar a la vez de otras cosas. Es imposible hablar de las dificultades que genera la presión migratoria para las ciudades de Ceuta y Melilla, de todo tipo, en infraestructuras, en condiciones de convivencia, en realidad económica y social, sin hablar de la política migratoria del Gobierno de España. Por eso la moción, por muy buena intención que tenga, resulta insuficiente en sus contenidos en tanto en cuanto la propuesta que nos hace, que es la elaboración de un plan estratégico, no es susceptible de ser llevada a la práctica sin que en dicho plan se reflejen las líneas maestras de la política migratoria del Gobierno y las consecuencias que de ella se derivan. Por eso desde Izquierda Unida entendemos que la moción resulta insuficiente sin ese debate general sobre la política migratoria.

Y, además, como no podemos hacer debates políticos en esta Cámara porque no es útil —ni en ningún otro sitio— sin que haya una ligazón, una relación y continuidad en el discurso, en este Pleno no podemos hablar de Ceuta y Melilla sin tomar en consideración lo que en el Pleno anterior nos presentó la defensora del pueblo con su informe en relación con las actuaciones de 2013. No podemos hablar hoy de Ceuta y Melilla sin poner sobre la mesa qué se va a hacer con las conclusiones que del informe de la defensora del pueblo se derivaban, que eran muy claras. Solicitaba la retirada de la concertina y declaraba expresamente ilegales las devoluciones en caliente. Devoluciones en caliente que, en una deriva de absoluto desprecio ─creo─ a la legalidad interna e internacional, el Gobierno está extendiendo ya a las devoluciones en frío. Lo último que ha ocurrido, a pesar de la preocupación manifestada por la defensora del pueblo y la exigencia de información continuada sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos con la devolución de los inmigrantes que habían llegado a las islas Chafarinas, es que días después de haber llegado ya no se trata de una devolución en caliente, sino de un desprecio absoluto a la normativa interna española y a los compromisos internacionales de nuestro país con relación a las migraciones. Yo creo que esa actuación supone un paso más en una deriva que en algún momento debiera tener un respuesta no solamente política, no solamente desde la crítica que la oposición pueda hacer, sino desde la propia estructura judicial española, que tiene entre sus obligaciones velar por el cumplimiento de la legalidad.

Por eso, como no tenemos ninguna garantía de que en el planteamiento de la moción, que deliberada y expresamente hace abstracción de todos estos acontecimientos, se vayan a contemplar estos extremos en ese plan integral que se reivindica para las fronteras y su entorno y se vaya a dar una respuesta adecuada a los emplazamientos formulados por la defensora del pueblo, no puedo votar a favor, por más que entienda que es imprescindible resolver esos problemas que para la población y las ciudades de Ceuta y Melilla se generan como consecuencia de la presión migratoria.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, abundando en nuestra argumentación en relación con la presencia de una comisión del Senado en Ceuta y Melilla —que habrá que coordinar y abordar porque, además, son ya varias las comisiones que han mostrado una intención en ese sentido, con lo cual de una manera u otra habrá que ordenar todo esto porque estas comisiones están preocupadas con la idea que hoy nos estaba transmitiendo el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla—, sí quisiera traer a colación unas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, declaraciones que hizo no hace muchos días aquí mismo en Madrid, en el Fórum Europa, en las que pedía recibir a los observadores internacionales o a los enviados de la Unión Europea que quisieran comprobar cómo se acoge y se auxilia a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Sobre la posible recepción de observadores internacionales que algunos sectores habían reclamado, el señor Vivas dijo que en Ceuta estaban acostumbrados a sus visitas, que las acogían sin ningún miedo, sin ningún problema puesto que, a su juicio, España en general podía presumir del nivel de acogida y auxilio que ofrece a los inmigrantes. Decía: que venga quien tenga que venir porque sacará una conclusión positiva.

En la citada conferencia del Fórum Europa, el presidente ceutí expuso sus pensamientos habituales de que la presión inmigratoria hay veces que se hace insoportable —que es también lo que hemos podido ver hoy—, y las consecuencias que la misma genera en todos los ámbitos socioeconómicos, etcétera, y los beneficios que la inmigración legal aporta para todos se convierten en un lastre y en un peligro de exclusión y xenofobia si llegan de forma incontrolada. Vivas, el presidente ceutí, reclamó una política común europea en materia de inmigración y también un incremento de las dotaciones para contener la llegada de inmigrantes, así como una mejora de las infraestructuras y los servicios para que el primer contacto que los inmigrantes fueran a tener con la Unión Europea reflejase, como decía, fielmente lo que es, cosa que hay que reconocer que en estos momentos no se produce.

He escuchado la última intervención del presidente de la comunidad autónoma de Melilla aceptando la enmienda que presentábamos. Evidentemente, nosotros votaremos a favor de esta moción porque entendemos la filosofía de las consecuencias que todo este proceso va teniendo. Sin embargo, como el señor Imbroda también ha hecho una referencia a la Ley de extranjería —ha salido continuamente—, querría hacer una reflexión en este sentido. En estos momentos las políticas de control fronterizo de los Estados miembros de la Unión Europea son restrictivas y amenazan, como hemos podido ver, muchas veces la vida y los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, como aseguró Amnistía Internacional recientemente en una protesta ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid y también en el Consejo Europeo en Bruselas, y en otros lugares como Sicilia, Viena o Atenas. En los actos realizados bajo el lema Las personas primero, luego las fronteras, y en el contexto de la campaña SOS Europa, esta organización, Amnistía Internacional, pidió a los líderes europeos que pusieran fin a las políticas y prácticas deplorables de los Estados miembros sobre emigración y asilo, que están centradas en la prevención de la llegada de inmigrantes a las fronteras antes que en la protección de las propias personas. Esta denuncia realizada por Amnistía Internacional la hacemos nuestra, porque los Estados miembros incumplen, en nuestra opinión, miserablemente sus obligaciones respecto a la Unión Europea y respecto a todos los tratados internacionales para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la pobreza, que huyen de los conflictos y que también huyen de los abusos contra los derechos humanos.

Mientras Europa alza sus barreras, muchas personas no tienen vías seguras y legales para acceder a la fortaleza Europa. Hoy protestamos para instar a los líderes de los Gobiernos de la Unión Europea a que examinen con seriedad el impacto de su lucha contra la inmigración irregular en las vidas de hombres, mujeres y niños. Estas protestas sirven de recordatorio 5 meses después de los trágicos naufragios frente a Lampedusa, en los que murieron más de 500 personas. ¿Recuerdan ustedes la imagen de aquella situación? Cuando se vieron aquellas imágenes hubo una verdadera crisis internacional, se produjo una verdadera catarsis. Un mes después de que 15 personas se ahogaran en su intento de llegar a territorio español en Ceuta apenas se han adoptado medidas




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generales o coordinadas para garantizar que estos sucesos no vuelvan a repetirse; tampoco se han adoptado medidas en el ámbito internacional, y muy pocas en el ámbito del Estado español, pero la situación es muy grave y ante eso también hay que tomar una serie de medidas urgentes.

Las actuales políticas de la Unión Europea obligan a un número cada vez mayor de inmigrantes, de refugiados y solicitantes de asilo a emprender rutas cada vez más peligrosas para llegar a Europa. Por ello, solicitamos que no se produzcan expulsiones de inmigrantes en caliente ya que obligar a personas migrantes, incluyendo posibles refugiados, a cruzar las fronteras de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es una práctica ilegal, como todos los aquí presentes sabemos. Por otra parte, intentar reformar la Ley de extranjería para poder amparar estas llamadas expulsiones en caliente no es admisible a nuestro juicio, y por ello nos oponemos con firmeza, ya que se incumplirían normas y tratados internacionales de obligado cumplimiento en España.

Las directrices que se adopten en las próximas reuniones europeas ofrecerán una oportunidad única a los Estados miembros para cambiar las políticas y prácticas sobre migración y asilo de la Unión Europea. Los partidos deben mostrar audacia en su labor y, concretamente, situar los derechos humanos en el centro de las medidas sobre migración y asilo de la Unión Europea. Este sí que es un motivo para realizar una verdadera política de Estado; esta sí es una verdadera razón para llevar un tema muy grave a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Por ello, entendemos que, además, ahora que estamos en un ambiente de precampaña electoral teniendo enfrente ya las elecciones europeas, sería bueno que también los partidos políticos que presentan a sus candidatos europarlamentarios se comprometieran a proteger los derechos de los migrantes, de los solicitantes de asilo y de los refugiados a través de su labor política. Nosotros lo hacemos. Las prácticas sobre migración y asilo de los Estados miembros han sido una burla del papel de la Unión Europea como actor en materia de derechos humanos. El año 2014 ofrece a los Estados miembros la oportunidad de redimirse, de salvar vidas y de anteponer por fin las personas a las fronteras.

Para ir terminando les voy a comentar una vivencia personal que he tenido no hace mucho. He tenido la oportunidad de viajar a Palestina, donde he conocido la situación de Jerusalén; he estado en Cisjordania, en Hebrón y en Gaza, y ustedes conocerán la existencia de los más de 780 kilómetros de muro, ya no de alambre, sino de muro de hormigón de 8 metros de altura que divide a dos sociedades completamente diferenciadas. Las terribles consecuencias que ello está teniendo para la ciudadanía que allí reside son inimaginables: pobreza, desagregación y desestructuración, con lo cual sí a la ayuda a Ceuta y Melilla, sí a una verdadera reflexión para que seamos capaces de combatir y trabajar por las consecuencias que está teniendo todo el proceso migratorio que se está viviendo y también sí a un acuerdo amplio de Estado, a una reflexión sobre una necesaria reforma legislativa…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Concluyo, señor presidente. Muchas gracias.

Pero para ello se necesita la implicación de la Unión Europea, del ámbito internacional y, cómo no, una verdadera voluntad por parte de todas las fuerzas políticas. En este caso le pido esa voluntad al grupo mayoritario para que en verdad se dé un acuerdo tanto en cuanto a la filosofía como al trabajo en esta modificación y reforma legislativa.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabatè.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors. Senador Imbroda, amb tot el respecte que em mereix vostè com a persona, com a senador i, per suposat, com a president de la ciutat autònoma de Melilla —respecte obligat, però des de la convicció—, li he de dir que sembla que la moció li hagin escrit. El Grup Parlamentari del Grup Popular decideix entrar una moció proposant la redacció d’un pla integral sobre les ciutats de Ceuta i Melilla per sortir al pas de l’allau de crítiques pels lamentables i terribles fets ocorreguts el 6 de febrer passat a la planta de la frontera d’El Tarajal de Ceuta.




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Vostè, amb la intel·ligència que li reconec, s’adona que aquesta moció no és defensable, i que vostè haurà de suportar tot l’allau de crítiques que van dirigides al Govern, i transforma això en la seva intervenció en un al·legat a favor d’una sèrie de mesures integrals necessàries per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Aquestes necessitats són evidents —i vostè les ha detallat—.

Jo vaig tenir l’oportunitat i l’honor de participar en la visita a la qual al·ludia el senador Bildarratz, impulsada per la senadora Luz Elena Sanín, de la comissió mixta per la Unió Europea a la ciutat de Ceuta, on van poder visitar, entre altres coses, la frontera d’El Tarajal. Va ser una iniciativa política important de la senadora Sanín, que sempre li hem reconegut, i que ens va permetre conèixer de primera mà la complexitat i la problemàtica de dues ciutats espanyoles enclavades en territori africà, com vostè deia molt bé, a una distància important, amb una separació per mar, i el que es derivava simplement per a la prestació de serveis elementals, com l’abastament d’aigua o d’electricitat, i per la complexitat d’una societat plural, una societat diversa com poques, una societat de frontera, amb tot el que això comporta.

Estem d’acord, doncs, en la necessitat d’actuar. El senador Cascallana parlava de la possibilitat d’un pla estratègic i vostè mateix, en la seva resposta a les esmenes presentades, tot i que no en la seva primera intervenció, també ha fet referència a que aquest pla integral podria ser un pla estratègic. En aquest sentit, tindria tot el suport del nostre grup.

És necessari planificar i millorar substancialment l’actuació de l’Administració espanyola respecte de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El problema, però, és que en la moció que s’ha presentat i en la literalitat del que es diu pràcticament no es fa referència a aquestes necessitats de fons de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En l’exposició de motius es parla de la immigració, de frenar la immigració il·legal, de control i seguretat, i fins i tot en la proposta, que està aquí als monitors, es parla de Plan de actuación integral en las fronteras y su entorno. I amb prou feines es fa referència a la conseqüència que té la immigració il·legal sobre l’ús dels equipaments i a l’afectació que això té en general.

La moció que ha presentat, doncs, en absolut anava en aquesta direcció, que ha estat una bona direcció. Li he dit i li reconec la seva habilitat, i si em permet la intel·ligència política de transformar-ho en una exigència d’aquesta planificació estratègica per a les ciutats de Ceuta i Melilla. Però la moció, en el seu origen —i crec que en la intenció de qui l’ha redactat—, i per tant en la literalitat del que es proposa avui al ple del Senat, aborda el problema de les migracions sobretot pel que fa al control de fronteres i el control de seguretat.

En aquest sentit, és cert que el problema de les migracions és un problema greu del món actual, és un greu problema de la Unió Europea, és un problema d’Espanya i és un problema, especialment, a les ciutats de Ceuta i Melilla, frontera espanyola amb territori marroquí. És un problema de difícil solució, què els he d’explicar! És evident que les grans diferències de desenvolupament entre el nord i el sud que venim arrossegant des de dècades i des de segles fan que s’acabi produint una mena de fenomen físic, gairebé meteorològic, com si fóra una diferència de pressions entre regions properes que provoca un vent huracanat. En aquest cas és un flux humà, agreujat a més a més per l’evolució de la piràmide de població europea, per l’envelliment de la població europea, que provoca aquesta dinàmica gairebé física de trasllat de població.

Davant d’aquest fet, és evident que no podem practicar una política de fronteres obertes. Això tindria unes conseqüències gravíssimes per a la societat europea. Per tant, aquests fluxos migratoris s’han de canalitzar, s’han d’orientar i s’han de tractar de manera adequada per tal que, sense impedir el legítim dret de les persones a moure’s, no acabi tenint conseqüències gravíssimes i terribles per a la població europea i, en definitiva, per a la societat receptora. Per no parlar també —i s’hi ha fet referència, i hi feia referència ahir el senador del grup de l’Entesa, Bruguera— del dret d’asil. Crec que vostè també hi ha fet referència en la seva intervenció. Part d’aquesta migració és una migració que fuig de països en conflicte, que vénen amb petició d’asil polític al nostre país. Això, en una societat com l’espanyola, que recentment, com a conseqüència de la nostra Guerra Civil, va patir precisament una forta emigració política —i vam necessitar, i vam tenir, afortunadament, sobretot als països llatinoamericans, i molt especialment a Mèxic, una acollida excepcional—, ens obliga a tenir una sensibilitat especial per atendre aquests casos de petició d’asil.

Dit tot això, què és el que cal fer? Evidentment, la política de migracions, i en aquest cas de com s’atén al fenomen migratori, ha de ser una política europea; no només de fons, sinó que hem d’actuar al Consell Europeu i a les institucions europees per aconseguir que hi hagi una veritable




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política conjunta d’immigració dels 28 països de la Unió Europea. Si no, a Espanya, sols, no ens en sortirem, perquè som frontera de la Unió Europea, i és un fenomen que afecta el conjunt de la Unió i exigeix una resposta europea. Ara bé, parlar ara d’un pla integral per a Ceuta i Melilla? Si de moment és molt senzill. Mentre Europa no abordi d’una manera decidida les solucions, el que cal de moment és complir la llei, que és el que no s’ha fet darrerament. L’actuació lamentable que va provocar 15 morts a la platja d’El Tarajal, i que n’ha provocat d’altres en altres moments, ha estat denunciada per Amnistia Internacional i per una infinitat d’organitzacions no governamentals, i ha fet que s’exigeixin explicacions per part de la comissària europea d’Interior. Altres actuacions, com les devolucions en calent, han estat rebutjades en aquest mateix faristol per la Defensora del Poble, la senyora Soledad Becerril, en l’anterior ple. Tot això ha provocat una situació que exigeix una reflexió i una assumpció de responsabilitats polítiques, que és el primer que cal fer i és el que no s’ha fet. S’ha ocultat informació. Fins i tot, probablement s’ha mentit en determinats moments per part del Director General de la Guàrdia Civil i per part del Delegat del Govern a Ceuta. Cal exigir responsabilitats polítiques i cal assumir aquestes responsabilitats polítiques. Nosaltres les exigim i els responsables han d’assumir-les. Perquè s’ha intentat derivar tota la pressió cap a la Guàrdia Civil, i el que ha fet la Guàrdia Civil és complir ordres, com sempre, al servei de les autoritats democràtiques. Per tant, tot el respecte i tot el reconeixement a l’actuació de la Guàrdia Civil. El problema és qui ha donat les ordres i qui ha donat les instruccions que han portat a conseqüències absolutament nefastes.

No es tracta ara de fer un pla a corre-cuita per controlar la frontera. El que cal és sobretot complir la llei, complir les normes i els compromisos internacionals, amb respecte a les persones i amb respecte als drets humans. Això és el primer que cal fer. I instar a les institucions europees a canviar les polítiques en matèria d’immigració. Però no es tracta ara de venir al Senat a proposar a corre-cuita un pla integral per a les fronteres, que és el que en definitiva està proposant la moció que vostè defensa.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, senador Imbroda, con todo el respeto que me merece usted como persona y que me merece como senador y me merece, por supuesto, como presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, respeto obligado, pero desde la convicción tengo que decirle que parece que esta moción se la haya escrito su grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Popular, que decide presentar una moción proponiendo la redacción de un plan integral sobre las ciudades de Ceuta y Melilla para salir al paso de la avalancha de críticas por los lamentables y terribles hechos acaecidos el 6 de febrero pasado en la frontera, en la playa del Tarajal, en Ceuta.

Usted, con la inteligencia que le reconozco, se da cuenta de que esta moción no es defendible y que usted va a tener que soportar toda la avalancha de críticas que van dirigidas hacia el Gobierno y transforma esto en un alegato en su intervención a favor de una serie de medidas integrales necesarias para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, necesidades que son evidentes —usted las ha detallado—.

Yo tuve la oportunidad y el honor de participar en la visita a la que hacía alusión el senador Bildarratz, impulsada por la senadora Luz Elena Sanín, una visita de la Comisión Mixta para la Unión Europea a la ciudad de Ceuta donde pudimos visitar, entre otras, la frontera del Tarajal, y ciertamente fue una iniciativa política importante de la senadora Sanín que siempre le hemos reconocido y que nos permitió conocer de primera mano precisamente la complejidad y la problemática de dos ciudades españolas enclavadas en territorio africano, como muy bien decía usted, a una distancia importante, con una separación por mar, y lo que se derivaba simplemente para la prestación de servicios elementales como la de agua y la electricidad, además, evidentemente, por la complejidad de una sociedad plural, una sociedad diversa como pocas, una sociedad de frontera, con todo lo que ello conlleva.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en la necesidad de actuar. El senador Cascallana hablaba de la posibilidad de un plan estratégico y usted mismo en su respuesta a las enmiendas presentadas también ha hecho referencia —aunque no en su primera intervención— a que este plan integral podría ser un plan estratégico; en este sentido, tendría todo el apoyo de nuestro grupo.




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Es necesario planificar y mejorar sustancialmente la actuación de la Administración española respecto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, pero el problema es que la moción que se ha presentado y la literalidad de lo que se dice no hace prácticamente ninguna referencia a estas necesidades de fondo de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Se habla de la inmigración, se habla de frenar la inmigración ilegal, se habla de control y seguridad en la exposición de motivos e incluso en la propuesta —y está aquí en los monitores— se habla de plan de actuación integral en las fronteras y su entorno, y apenas se hace referencia a la consecuencia que tiene la inmigración ilegal sobre el uso de los equipamientos y sobre la afectación que esto tiene en general.

Por lo tanto, la moción que ha presentado no iba en absoluto en esta dirección. Ha sido una buena dirección, se lo digo, le reconozco su habilidad y, si me permite, la inteligencia política de transformarlo en una exigencia de esta actuación, de esta planificación estratégica para las Ciudades de Ceuta y Melilla. Pero la moción en su origen —y creo que en la intención de quien la ha redactado— y, por lo tanto, en la literalidad de lo que se propone hoy al Pleno del Senado aborda el problema de las migraciones sobre todo en lo que se refiere al control de fronteras y al control de seguridad.

En este sentido es cierto que las migraciones son un problema grave del mundo actual; son un grave problema para la Unión Europea, un grave problema también para España y un problema especialmente para las ciudades de Ceuta y Melilla, frontera española con territorio marroquí, un problema de difícil solución. ¡Qué les voy a contar! Es evidente que las grandes diferencias de desarrollo entre el norte y el sur, que venimos arrastrando desde hace décadas y siglos, hacen que se acabe produciendo una especie de fenómeno físico, casi un fenómeno meteorológico, como si fuera una diferencia de presiones entre regiones próximas que provoca un viento huracanado, en este caso un flujo humano, agravado además por la evolución de la pirámide de población europea y el envejecimiento de la población europea que provoca esta dinámica casi física de traslado de población.

Ante este hecho es evidente que no podemos practicar una política de fronteras abiertas. Eso tendría unas consecuencias gravísimas para la sociedad europea. Por lo tanto, estos flujos migratorios deben canalizarse, deben orientarse, deben tratarse de forma adecuada para que, sin impedir el legítimo derecho de las personas a moverse, no acabe teniendo consecuencias gravísimas y terribles para la población europea y, en definitiva, para la sociedad receptora, por no hablar también —a ello se ha hecho referencia por el senador de nuestro grupo de la Entesa, por el senador Bruguera— del derecho de asilo. De este derecho ha hablado el senador en su intervención. Parte de esta inmigración huye de países en conflicto que vienen con petición de asilo político a nuestro país. Esto, evidentemente, en una sociedad como la española, que, como consecuencia de la guerra civil, sufrió precisamente una fuerte emigración política —en los países latinoamericanos y, sobre todo, en México tuvimos una acogida excepcional—, nos obliga a tener una sensibilidad especial precisamente para atender estos casos de peticiones de asilo.

Dicho todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, la política de migraciones, y en este caso de cómo se atiende el fenómeno inmigratorio, tiene que ser una política europea, y no solo de fondo. Tenemos que actuar en el Consejo Europeo y en las instituciones europeas precisamente para conseguir que haya una auténtica política conjunta, una política de emigración de los 28 países de la Unión Europea, si no, España solo no lo va a conseguir porque somos frontera de la Unión Europea y, ciertamente, es un fenómeno que afecta al conjunto de la Unión y que exige una respuesta europea. Ahora bien, hablar de un plan integral en este momento para Ceuta y Melilla no es pertinente. Si es muy sencillo, mientras Europa no aborde de una forma decidida las soluciones, de momento lo que hace falta es cumplir la ley, que es lo que no se ha hecho últimamente. La actuación lamentable que provocó 15 muertos en la playa del Tarajal y que ha provocado otras muertes en otros momentos ha sido denunciada por Amnistía Internacional y por infinidad de organizaciones no gubernamentales y ha hecho que se exijan explicaciones por la comisaria europea de Interior. Todo esto, junto a otras actuaciones, como las devoluciones en caliente, rechazadas desde este mismo atril por la defensora del pueblo, la señora Soledad Becerril en el anterior Pleno, ha provocado una situación que exige una reflexión y una asunción de responsabilidades políticas, que es lo primero que hay que hacer y es lo que no se ha hecho. Se ha ocultado información y quizás incluso se haya mentido en determinados momentos por parte del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Ceuta. Hay que exigir responsabilidades políticas y hay que asumir esas responsabilidades políticas. Nosotros las




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exigimos y los responsables deben asumirlas, ya que se ha intentado derivar toda la presión hacia la Guardia Civil y la Guardia Civil lo que ha hecho es cumplir órdenes, como siempre, al servicio de las autoridades democráticas. Por lo tanto, todo el respeto y todo el reconocimiento a la actuación de la Guardia Civil. El problema es quién ha dado las órdenes, quién ha dado las instrucciones que han llevado a consecuencias absolutamente nefastas.

Por consiguiente, no se trata ahora de hacer un plan deprisa y corriendo para controlar la frontera, lo que hay que hacer, sobre todo, es cumplir la ley, cumplir las normas y los compromisos internacionales con respeto a las personas, con respeto a los derechos humanos. Esto es lo primero que hay que hacer, instar a las instituciones europeas para cambiar las políticas en materia de inmigración, pero no se trata de venir ahora al Senado a proponer, deprisa y corriendo, un plan integral para las fronteras, que es lo que, en definitiva, está proponiendo la moción que usted defiende.

El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, senyor president. Un pla integral que, en realitat, només ve a intentar eludir aquestes responsabilitats polítiques. Per tant, quan vulguin parlar d’un pla estratègic i d’una actuació realment integral per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, tenen el nostre suport, però en aquesta moció que han presentat avui, evidentment, no tindran el nostre suport. Reiterem, a més, la exigència de l’assumpció de responsabilitats polítiques.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments.)

Termino, señor presidente.

Un plan integral que en realidad solo viene a intentar eludir esas responsabilidades políticas.

Por lo tanto, cuando quieran hablar de un plan estratégico y de una actuación integral auténtica para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tienen nuestro apoyo, pero en esta moción que han presentado hoy no van a tener nuestro apoyo. Reiteramos la exigencia de la asunción de responsabilidades políticas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Jo havia dit al torn anterior que no intervindria al torn de portaveus, però em sembla de cortesia parlamentària obligada fer-ho per agrair al Grup Parlamentari Popular i al senyor Imbroda l’acceptació de la nostra esmena. L’hi agraeixo. I també, evidentment, vull dir que el Grup Parlamentari de Convergència i Unió votarà favorablement la moció.

Gràcies.

Yo había dicho en el turno anterior que no intervendría en el turno el portavoces, pero me parece de cortesía parlamentaria obligada hacerlo para agradecer al Grupo Parlamentario Popular y al señor Imbroda la aceptación de nuestra enmienda, se lo agradezco, y también para decir que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará favorablemente la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Señor Imbroda, tenga claro que los socialistas apoyamos un plan de desarrollo para Ceuta y Melilla. Había quedado claro en la primera intervención, pero se lo dejo más claro. En cualquier caso, parte de ese plan de desarrollo es la política migratoria, el control de fronteras y cómo se regula el comercio y las relaciones comerciales de esos 30 000 visitantes diarios que tiene la ciudad. Por supuesto, es importantísimo que regulemos esto. En su moción hablan de los fondos comunitarios destinados prioritariamente a fortalecer el control de fronteras, pero no deja de ser una parte y en esta Cámara me tengo que dirigir a lo que entiendo es la proposición del plan




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estratégico 2014-2018, que es para plantear una política que ustedes han definido como lo que a los socialistas nos falta. Ustedes dijeron que a los socialistas les falta una política de Estado en materia migratoria. A mí me hace gracia que plantee esto, que traigan una moción de parte al Pleno de hoy, porque para hacer una política de Estado hay que hablar, hay que dialogar. ¿Con quién han hablado ustedes? ¿Con los partidos políticos? ¿Con las organizaciones sociales? ¿Con los sindicatos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Con la Guardia Civil y sus asociaciones? ¿Con quién han hablado ustedes? Ustedes no han abierto un diálogo para hacer una política de Estado. Por lo tanto, no nos digan que nos falta política de Estado.

Hoy es un buen momento para hacer una política de Estado, quizá de los mejores momentos para hacer una política de Estado y le voy a decir por qué: porque a pesar de que estamos ante hechos mediáticamente muy importantes, no hay una presión migratoria, como teníamos en los años anteriores. El propio Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar que tenemos 545 000 inmigrantes menos en España en el último año. Los datos que da la Dirección General de la Policía es que la entrada irregular en España ha descendido en un tercio con respecto a lo que había en el 2011. Por consiguiente, quiero decirle que estamos en un momento en el que podríamos estar trabajando en esa política para el control de lo que llamamos la frontera sur. Trabajar en esa política requiere que nos pongamos de acuerdo en elementos básicos.

Con todos mis respetos, señor Imbroda, pero leí unas declaraciones sobre los acontecimientos de Ceuta y Melilla y no puedo entender, cuando el propio ministro del Interior dice que no hay que utilizar métodos antidisturbios en el agua como se utilizaron, que usted diga que no les vamos a recibir con azafatas. No son declaraciones muy afortunadas, señor Imbroda. Tenemos que mantener con todos aquellos que vienen huyendo de las guerras, de la pobreza, de la miseria una relación de solidaridad y de respeto a su dignidad. Esto es básico para que nos podamos entender, para que nos entendamos todos los españoles, todos los melillenses y todos los ceutíes porque, si no, es imposible que hablemos el mismo lenguaje. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la utilización de esos medios.

Sabemos que Ceuta y Melilla son la frontera sur, como sabemos que Lampedusa también es la frontera sur y que la Unión Europea requiere de una política de Estado al respecto, lo que, como he dicho, no debe estar reñido con todas estas situaciones.

Dice usted que vengo a hablar de mi libro. No es mi libro, senador Imbroda; es el libro que ha presentado en el último Pleno de esta Cámara la defensora del pueblo, que no creo que sea sospechosa de estar próxima a las posiciones que yo pueda mantener; es el libro que han presentado los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil; es el libro que ha presentado el fiscal general del Estado, el Consejo General de la Abogacía, las organizaciones que trabajan en la inmigración en Marruecos, incluida Cáritas, y las organizaciones que trabajan en la inmigración en España y a nivel internacional; es el libro hasta de la Conferencia Episcopal, senador Imbroda.

Hay preocupación, hay denuncias que consideran que estamos asistiendo a unos acontecimientos muy graves. Señoría, pasa desapercibido pero es que se ha llegado a ver cómo la policía marroquí está en territorio español. ¿Y a qué normativa está sujeto esto? Recientemente, la Cruz Roja ha denunciado que no la han permitido atender a heridos en la frontera española —la Cruz Roja—. O hablamos de derechos humanos y hablamos del respeto a los derechos humanos y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y todos hablamos el mismo lenguaje o va a ser difícil que planteemos una política de Estado.

Si nos dirigimos a la sociedad española sobre esto, no les podemos dar mensajes contradictorios, y se están dando. No podemos desoír y desprestigiar las opiniones de instituciones internacionales, incluida la Unión Europea, la Comisión Europea. Y hemos tenido conflictos en ese sentido. No podemos amenazar, como ha hecho el director general de la Guardia Civil, con querellas e insultos a las organizaciones no gubernamentales, como ha sucedido en estos casos. No podemos incumplir la legislación y los convenios internacionales. El convenio con Marruecos no habilita para las devoluciones en caliente; no es cierto. No hay legislación que permita decir que hay tierra de nadie, que no hay fronteras; no es cierto. Vamos a ponernos de acuerdo en algo si podemos hacer esa política de Estado. Y, desde luego, hay que poner como prioridad absoluta en el control de las fronteras, como he dicho antes, el respeto a la integridad física de las personas; eso es básico y tendríamos que ponernos de




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acuerdo. Señoría, no se puede presentar a los inmigrantes —ha habido declaraciones que me violentan— diciendo que son personas poco menos que violentas y peligrosas. No parece razonable. Vamos a atacar a las mafias, pero no vamos a atacar a las personas que vienen en las condiciones que vienen a nuestro país.

Como he dicho antes, política de Estado es dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios, y hay muchas cosas que atender, muchas cosas, desde el punto de vista tecnológico, como son los sensores, a las embarcaciones o la transformación de fronteras, sin necesidad de elementos pasivos como el que he mencionado anteriormente de las concertinas. Tener una posición de Estado requiere que la Unión Europea y España hablen de África de otra manera. Tiene que haber un plan estratégico para África. No vamos a resolver el problema de Ceuta y Melilla ni el problema del Mediterráneo sin una política clara dirigida a estos países, al continente africano. Porque además tenemos razones históricas, porque muchos de estos países tenemos relaciones previas, coloniales con países africanos; porque el Magreb es fundamental para nosotros, y no podemos establecer esto sin una política europea hacia África. En este momento, la presión demográfica, las guerras y las situaciones que se dan en África no se van a resolver si Europa no adopta una posición activa, que, como le he dicho antes, se tiene que basar en las políticas de cooperación al desarrollo, en las políticas internacionales. Porque además, por mucha valla que pongamos, por muy alta que sea la valla que queramos poner, mientras que exista esta diferencia entre la renta per cápita de los países africanos y en la Unión Europea multipliquemos por treinta la riqueza en nuestros países, van a saltarse las vallas. Y, por lo tanto, necesitamos esa política de cooperación.

Señoría, la comisaria europea de Cooperación acaba de decir en una conferencia recientemente que le horrorizan los muros. Los muros son las vallas internas de las que hablaba el senador Imbroda. Las desigualdades sociales, esos son los muros. Y, por lo tanto, abordémoslos desde esa perspectiva. África tiene retos pero tiene también oportunidades. El crecimiento de Europa pasa también por África. Los problemas del cambio climático, los problemas demográficos y la política de seguridad en Europa pasan por África. Por lo tanto, hablemos en ese pacto de Estado de estas cosas, hablemos de lo que de verdad puede marcar una diferencia. Creo que hay que volver, como le he dicho al principio, a ese referente en la política de cooperación internacional.

Solo voy a describir la situación de España. Estamos en el 0,16% del PIB en cooperación internacional. La media de la OCDE está en el 0,4. Tenemos un largo recorrido. Hay países que a pesar de la crisis no han reducido la política de cooperación internacional. Me dirá que los gobiernos de Zapatero también redujeron, a pesar de que lo llevaron al máximo nivel. Creo que es un error para la Unión Europea por esa política que digo de apoyo, de desarrollo y de vecindad con África. Por lo tanto, impulsemos también en ese acuerdo la política de cooperación al desarrollo porque, si no, ¿qué les decimos a los países de origen, los países de donde vienen todos estos inmigrantes? ¿Qué les decimos a los países en tránsito, que necesitan de estas políticas de cooperación? ¿Qué autoridad podemos tener ante Europa si reducimos la política de cooperación en nuestros presupuestos de la manera que la reducimos y pedimos a Europa más esfuerzos, que son necesarios, para la cooperación internacional y para el control de fronteras? Necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cosas.

Y resumo. Estamos por un pacto de Estado, estamos por que se asuman las responsabilidades, por supuesto, pero no voy a insistir en eso. Un pacto de Estado significa una política de consenso, una política abierta de acuerdos. Me parece muy bien la comisión de senadores que se ha planteado, pero hay que abrir esa información a todos los partidos, a las organizaciones sociales, a aquellos que están protegiendo, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que podamos hablar de políticas de consenso. No se puede borrar las responsabilidades, como le he dicho, pero necesitamos también una política respetuosa con los derechos humanos y, sobre todo, con el derecho de asilo. Tenemos al lado a Siria y tenemos una referencia. No podemos estar con 140 casos de inmigración cuando el Líbano tiene el 25% de su población acogiendo a sirios. Necesitamos otra política internacional también en este caso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Termino, señor presidente.




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Y necesitamos, como le he dicho, una política de respeto hacia los países de origen y de tránsito. Necesitamos un gran acuerdo que España debe impulsar con los países africanos. Si nos ponemos de acuerdo sobre eso, seguramente más allá de la votación de hoy seremos capaces de dar pasos que favorezcan a España, a Europa y a Ceuta y Melilla.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.

Señoría, yo he planteado aquí lo que creo que a Melilla y a Ceuta les interesa, lo que les interesa a los melillenses y ceutíes, sin distinción de etnias ni colores políticos y con la representación democrática que dan los dos gobiernos de la ciudad. Por lo tanto, he venido a plantear esto, las vallas que hay dentro de la ciudad, las vallas que hacen que no prosperemos, las vallas que hacen que tengamos los índices de paro más altos de España y, además, sin futuro, y que tengamos la peor formación. Esas son las vallas que a los melillenses y ceutíes les importan, porque las otras no son las vallas de ceutíes y melillenses, que quede claro. Son las vallas de Barcelona, de Madrid, de Burgos, de Berlín, de Roma... ¡Ojo!, estas otras vallas trascienden lo que es Ceuta y Melilla. Por eso en esta moción que dice claramente que hay que establecer un plan estratégico, como ustedes comprenderán, para resolver el problema de inmigración, que ustedes entienden y yo también que trasciende muchísimo no solo a Melilla y a Ceuta, sino a España e incluso a la Unión Europea, no se iban a reunir los gobiernos de Ceuta y Melilla con el Gobierno nacional para dictar y definir este plan. Así que si ustedes han querido ver otra cosa es problema de ustedes. Yo he querido ver lo que creo que hay que ver y lo que nos importa a nosotros, ceutíes y melillenses.

He oído algo —creo que lo ha dicho el representante de Izquierda Unida— que a mí me ha preocupado muchísimo, y es que yo, como senador o como presidente de la Ciudad de Melilla, no puedo traer los problemas de Ceuta y Melilla aquí, los problemas cotidianos, los que nos importan, porque tenemos los problemas de inmigración, y que en ese plan tenemos que mezclar la política migratoria no solo del Gobierno, sino de la Unión Europea. Pues largo me lo fiais. ¡A ver cómo podemos arreglar estos problemas, los nuestros, si además nos involucran en un problema que hoy por hoy es insoluble, que tiene difícil arreglo y que, además, es supranacional cuando aquí se traen problemas y propuestas económicas de desarrollo de cualquier región de España sin condicionarlas a nada más! Por tanto, me parece un flaco favor que se hace a las dos ciudades, a los melillenses y a los ceutíes.

Este es el objetivo de la moción de hoy, y lo han entendido muy bien, inclusive el PNV, que hace un paréntesis para hablar de la política inmigratoria —que no tiene nada que ver con esto, aunque parezca que sí—, pero también marca su posición y va al fondo de la cuestión, y CiU, que apoya el devenir y la vida de los melillenses y ceutíes, que es otra cosa distinta.

Por eso no entiendo que esta Cámara no apoye por unanimidad la moción que presentamos; no lo entiendo. No me valen las excusas de que mezclen ustedes las vallas, el Tarajal o lo que quieran de Senegal y Nigeria; no me vale. Esto es una cosa distinta. Por lo tanto, hoy sí pido el apoyo para dos pueblos que luchan por su futuro. Es mucha la gente que está allí, en el sur de España y que, además, desafortunadamente, tiene que convivir con el drama humano que es la inmigración ilegal —ilegal, no vayamos a confundirnos—. Porque ustedes no se ponen tampoco en la situación de melillenses y ceutíes. ¿Sabe lo que supondría que una de estas vallas se rompiera y entrara en un solo día una avalancha de 5000 o 6000 personas? Melilla tiene 13 km2. ¿Saben la hecatombe que puede producirse? Hay que pensar también en la seguridad y en el bienestar de los melillenses y ceutíes, y no solo en el inmigrante, en la foto —que sé que es dramática— en la que se ve enganchado en una valla a ese pobre inmigrante. Piensen también en nosotros. Asimismo decimos que cuando ese inmigrante pasa hay que ayudarle y no dejarle desatendido ni desasistido.

Hablemos un poco de inmigración. Yo oigo cosas hoy que hace años no oía. Aunque todos nos equivocamos, el primer valor de la política, de los políticos, es la coherencia del discurso. No se puede dar un discurso hoy aquí totalmente incoherente respecto al que se daba en 2005. No se puede, porque entonces estamos engañando y estamos frustrando. Yo tengo aquí un montón de papeles, de noticias, acerca de cuál ha sido el problema de la inmigración en estos últimos años. En 2005 hubo 5 muertos y más de 90 heridos, y tenemos las devoluciones en caliente,




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inmediatamente, con el aval de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro del Interior. Aquí se decían cosas terribles, señor Cascallana, que usted no podría asumir hoy. Por eso, no se puede echar la culpa solo al Gobierno, y encima cerrarlo más, cercarlo cada día más para que no tenga ninguna posibilidad de desarrollar una política de inmigración que defienda nuestras fronteras, cuando antes se ha hecho todo lo contrario. Las concertinas las puso el Partido Socialista, señores, las puso el Gobierno de la época —ahí están los papeles—, y han estado puestas hasta ahora. No las quitaron; es mentira. Primero se puso una concertina exterior para que no se pasara. Hicieron un paripé y quitaron unas aéreas, pero dejaron las otras. Ahora es cuando se están montando unas medidas antitrepa para que no puedan asirse y pasar, sin violentarse físicamente; ahora es cuando se están poniendo.

Pero la política de inmigración es una política que trasciende, por supuesto, a Melilla y Ceuta, y los melillenses y ceutíes no queremos que nos embarquen en el mismo problema, porque es problema de todos, no nuestro. Al revés, sufrimos este problema precisamente por estar allí. La cuestión de la inmigración es muy clara: ¿les dejamos pasar, o no les dejamos pasar? ¿Hablamos de inmigración? Hablemos. ¿Dejamos pasar a los que vengan, o no les dejamos pasar? ¿A cuántos dejamos pasar? Esto depende de la Unión Europea. Depende, primero, de lograr aquí un pacto entre el Gobierno, el Partido Socialista y todos ustedes, un pacto nacional, un pacto de Estado, y también de la política de la Unión Europea. Pero en Europa, señores senadores, de Centroeuropa para arriba les importa un pimiento la inmigración irregular en el sur; es cuestión de España, señores. Ese es el problema, que hay que concienciar a Europa del problema, porque nosotros solos no podemos, no podemos.

Pero también hay mucha hipocresía, como saben. Aquí no se habla de las mafias, ni de la preocupación por esas criaturas que salen de Níger, Malí o Senegal y se meten 2000 o 3000 kilómetros cruzando unas fronteras insufribles y con gentes de lo más terroríficas del mundo. ¿Qué pasa con ellos? Y cuando saltan, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos cuando han saltado? Tampoco nos preocupamos. Hay mucha hipocresía. Nos preocupamos cuando los vemos colgados en las vallas pero no cuando han saltado y son explotados porque no tienen documentación ni acceso a ella por ser ilegales. Así que a ver si nos preocupamos ya de verdad, con menos hipocresía y con más conciencia de lo que está pasando. (Aplausos).

Yo estoy de acuerdo con bastantes cosas que ha dicho el portavoz de Entesa. Estoy bastante de acuerdo. Este es un problema que se nos va a todos. Es un problema de todos, también de la Unión Europea, pero es un problema cuasi insoluble porque estamos hablando del África sin desarrollar, del África explotada y del África corrupta, y es muy difícil. Hoy por hoy es muy difícil que adquieran el nivel de vida suficiente para que no vengan. Pero se puede hacer otra cosa: con la ley en la mano se puede penalizar. No se puede permitir la inmigración ilegal, no se debe permitir. Es malo, primero para el inmigrante y después para el Estado. Es malo.

Lo que hay que hacer es hablar con los países de origen y quizá regular flujos. ¡Si no son tantos! ¡Si al fin y a la postre no sería una hecatombe! Si entran en Melilla 10 000 en un año, para Europa no son tantos, pero que entren por la frontera. Nosotros no nos negamos a que entren, pero que entren bien y además que se envíen a Europa, que es donde tienen que estar y donde ellos quieren estar. Pero mientras tanto hay que combatir la inmigración ilegal, primero, porque no podemos hacer las fronteras vulnerables, como están; segundo, por los que vivimos allí, y tercero, por los propios inmigrantes que luego son explotados, y es entonces cuando todas las ONG y los protagonistas de tantos cantos de sirena se olvidan de ellos completamente. Por lo tanto, señores, menos hipocresía y más responsabilidad.

Les pido su apoyo para aquellos de los que he empezado hablando hoy: mi gente, nuestra gente, los ceutíes y melillenses.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.




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Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 163; en contra, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS ENCAMINADAS A PROMOCIONAR EL SECTOR DE LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS.

(Núm. exp. 662/000133)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Nicolás. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio. (Rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio para que podamos comenzar con el debate de la moción.

Cuando quiera, señoría.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender la moción presentada por mi grupo para instar al Gobierno de la nación a hablar de una serie de medidas en un ámbito del sector turístico del que poco se habla, del que poco se escribe y al que poco se le reconoce lo mucho que aporta para la creación de empleo en nuestros comercios, en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, auditorios, centros de exposiciones, empresas de transporte, de traducción, guías de turismo, imprentas y mucho más. Me refiero, señorías, al turismo de congresos y reuniones, también conocido como turismo de eventos o turismo de negocios. Esta modalidad de turismo está organizada de manera específica a través de las denominadas Oficinas de Congresos o Convention Bureau, organizaciones sin ánimo de lucro apoyadas por las instituciones locales y regionales para promover que se desarrollen cada día en nuestro país más jornadas, más encuentros de todo tipo relacionados con la actividad profesional, investigadora o de estudio. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El sector MICE es una tendencia en la industria del turismo internacional. En España podemos estar muy orgullosos, señorías, pues somos la tercera potencia mundial en atracción de este tipo de eventos; nos siguen otros países y por delante tan solo Estados Unidos y Alemania. Además, en el año 2012 hemos sido el destino favorito para los organizadores de congresos alemanes. Pero aunque este dato sea muy alentador, no debemos morir de éxito. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que podemos hacer mucho más, porque el turismo de congresos y reuniones, el turismo de negocios genera una actividad económica importantísima en nuestras ciudades, mucho más que otras actividades de las que se habla mucho más.

Un dato, el gasto medio por congresista es de 1043 euros y el volumen total de gasto en el año 2013 se estima en más de 4200 millones de euros, una cantidad muy a tener en cuenta, y respecto a la que podemos decir con satisfacción que se ha producido un incremento del 7,3% con respecto al año 2012.

Las oficinas de congresos engloban empresas y profesionales relacionados con el ámbito de la organización de congresos y eventos. Las Convention Bureau son organizaciones sin ánimo de lucro en las que colaboran empresas del sector, públicas y privadas, y los respectivos ayuntamientos en aras a promover las ciudades como lugares de encuentros nacionales e




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internacionales. Su labor principal es facilitar los recursos necesarios para la celebración de jornadas, reuniones o congresos. La sede de estas oficinas de congresos suelen estar en espacios de titularidad pública local o autonómica, y se encarga de coordinar a todos sus asociados de cara también a participar en ferias, en presentaciones o fam trips, en workshop y en los mercados de mayor interés, siempre con el objetivo de captar congresistas o participantes que quieran celebrar sus reuniones en una ciudad española con atractivo turístico.

Estas oficinas de congresos están organizadas a nivel nacional en la Spain Convention Bureau, una asociación de ciudades y provincias en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que fue creada en el año 1984 y está compuesta por 55 destinos; destinos con medios técnicos y humanos suficientes para la organización de reuniones y eventos dirigidos a un aforo mínimo de 500 personas. Por supuesto, señorías, estas oficinas colaboran con el Instituto de Turismo de España, Turespaña, que este año destina una partida presupuestaria para financiar principalmente la participación de estas ciudades en las ferias internacionales, por su alto coste.

Señorías, el turismo es un sector estratégico para nuestra economía. El record de turistas en el año 2013 debe ser un reto a superar. Los 60,6 millones de visitantes extranjeros solamente fueron superados por Francia y Estados Unidos. Además, por primera vez en dos años, los indicadores constatan un tímido aumento del turismo nacional; algo fundamental, ya que representa la mitad de los ingresos del sector.

Como he dicho anteriormente, España ocupa la tercera posición en cuanto a organización de congresos y reuniones, solamente por detrás de Estados Unidos y Alemania. También a la zaga nos siguen Reino Unido, Francia, Italia y Brasil. El ranking europeo de ciudades es también objeto de estudio, porque está liderado por Viena, París y Berlín; pero Madrid y Barcelona ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. Por lo tanto, España cuenta con 2 ciudades dentro de las 10 primeras con mayor volumen de congresos y convenciones de todo el mundo. Pero todas las ciudades, que este año están presididas por Granada, saben que todos los esfuerzos en este ámbito serán bienvenidos y merecerán la pena.

El esfuerzo por volver a Europa —del que ayer nos hablaba nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy—, que ha llevado a cabo el Gobierno de la nación, ha permitido recuperar esa confianza que nunca debimos perder. Ya en el año 2012, primer año de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo, se celebraron casi 2000 reuniones más que en el año 2010, hasta situarse en unos niveles similares a los del año 2008.

Quiero destacar que la mayoría de los encuentros fueron de ámbito nacional, con un incremento del 30,7% y, en consecuencia, con un mayor número de asistentes, un 7% más. En el año 2013, el volumen de turistas que viajaron a España para la asistencia a ferias y congresos descendió un poco, sin embargo, y esto es lo importante, el gasto total aumentó un 7,4%, más que en el año anterior, 2012, pasando de un total de 3950 millones de euros a más de 4240 millones de euros en el año 2013. Lo mismo ocurre con respecto al gasto medio diario por congresista, que se estima en 164 euros, y con respecto al gasto medio total, 1043 euros; aumentos del 10 y 16% respectivamente.

Nuestros principales mercados emisores por volumen de turistas, aquellos que más nos visitan, fueron en el año 2013 Francia y Alemania. Sin embargo, el mercado que presentó el año pasado un mayor volumen de gastos fue Alemania, cuyos turistas gastaron más de 44 millones de euros; los turistas franceses, aun siendo más, gastaron un poco menos; pero también somos preferidos por turistas del Reino Unido y de Portugal.

Señorías, acabamos de conocer que en el primer trimestre del año 2014 la llegada de turistas ha aumentado en nuestro país un 7,9%, hasta los más de 10 millones de viajeros, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Industria y Turismo, y todas las previsiones apuntan a un crecimiento en la temporada de primavera y hasta el mes de junio, y a una mejora de la cifra global de turistas registrada el año pasado. Y será, digo yo, porque este Gobierno lo está haciendo bien, porque se está cumpliendo con el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, que fue una de las primeras medidas que tomamos, porque sabemos que el turismo crea muchos puestos de trabajo, concretamente el sector ha aumentado su actividad un 4,2% en este primer trimestre. Este importante repunte permitió la creación de 34 098 empleos en el sector, según datos de Exceltur. De hecho, señorías, un 30% de las afiliaciones a la Seguridad Social en estos meses fueron gracias al turismo.




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Señorías, ayer dijo nuestro presidente Rajoy en esta misma Cámara que las cosas están mejor que estaban, pero no están bien y deben estar mejor en el futuro. Mi grupo está absolutamente de acuerdo con esa afirmación, y por eso con esta moción queremos hacer aún más. Queremos instar al Gobierno a seguir impulsando en el ámbito del Plan nacional e integral de turismo aquellas acciones necesarias para promocionar internacionalmente el turismo de congresos y reuniones. En un segundo apartado de la moción instamos al Gobierno a crear un grupo de trabajo en el seno de la mesa de directores generales de Turismo para desarrollar acciones de promoción y difusión de los recursos existentes en este ámbito que estimulen la demanda de nuestro país como destino preferente para las organizaciones, instituciones sociales, profesionales o empresariales que celebren congresos y reuniones. Y en un tercer apartado de la moción pretendemos que el Gobierno ofrezca en el portal de turismo de España, en la web spain.info, la información de todas las oficinas de congresos que hay en nuestro país, 55 concretamente, para que los turistas, aproximadamente 12 millones de personas que visitan esta web de turismo nacional, antes de visitar nuestro país puedan acceder a todas las opciones que ofrece el turismo de congresos y reuniones como actividad a desarrollar en nuestras ciudades.

Para finalizar, señor presidente, quiero hacer hincapié en que estas propuestas serán decisivas, primero, para contribuir a la desestacionalización; segundo, para contribuir a que se conozca España como destino turístico, porque la mayoría de los congresistas, la mayoría de los profesionales que acuden a una reunión de trabajo a nuestro país suelen volver en un porcentaje muy elevado, ya solo para conocer turísticamente nuestras ciudades; y, tercero, creemos que esta moción será decisiva porque asegura el retorno, porque ninguna promoción e inversión tiene un mayor retorno que la del turismo de congresos, señorías. Tenemos un sector empresarial que ofrece una gran profesionalidad, una gran calidad a la hora de organizar congresos, jornadas y reuniones; tenemos 55 ciudades que disponen de la certificación que acredita que ofrecen los recursos adecuados para la celebración de estos eventos, y de medios técnicos y humanos, que son la mejor tarjeta de presentación de nuestro país a todos los profesionales que quieran celebrar aquí sus reuniones.

Se pueden crear más puestos de trabajo, se puede generar más actividad económica si entre todos aprobamos esta moción, para la que les pido su apoyo y su colaboración.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Senadora, en primer lugar le quiero agradecer su llamada para intentar consensuar esta moción, que es un detalle por su parte que no sucede muy a menudo, y en segundo lugar, le agradezco también la oportunidad que nos ofrece de debatir, porque el turismo merece la atención de esta Cámara y la de todos nosotros ya que es un sector que, como usted ha dicho, nos da algunas alegrías en momentos muy complicados.

Ciertamente, ya ve que no le niego la oportunidad de debatir, aunque es reiterativo. Las mociones que ustedes presentan sobre cuestiones que en este momento son objeto de nuestra preocupación nos ayudan a aportar soluciones a los problemas que tienen los sectores. Pero es recurrente la idea de presentar mociones a la Cámara que lo único que plantean son algunos titulares de buenas intenciones, pero en el fondo poca cosa más. Esta moción, por ejemplo, habla de seguir impulsando esta cuestión en el ámbito del plan nacional, pero en él no he encontrado ninguna referencia a congresos y eventos, por tanto, ya nos explicará en cuál de estos apartados se aborda, porque no aparece ni en el propio plan ni en los planes de seguimiento.

En cuanto a la mesa de trabajo de los directores generales, yo daba por hecho que esta cuestión ya se trataba en este ámbito, pero, en cualquier caso, vamos a dar por bueno el grupo de trabajo.




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Y respecto a ofrecer información en el portal web, ciertamente nos parece algo de Perogrullo. Debe contener esta información, debe mejorarse y, en todo caso, ha de ser un objetivo per se del ministerio, y del departamento de turismo en concreto.

En todo caso, nuestra enmienda pretende lograr un compromiso concreto respecto al contexto presupuestario en que deberán abordarse estos trabajos y sobre las medidas que procedan después de la reflexión que contiene la propia moción, ya que, en este caso, no existe ningún tipo de concreción. Usted y yo hemos hablado de lo que plantea el presupuesto del Gobierno respecto a la Convention Bureau, pero nos parece absolutamente insuficiente que 25 000 euros pretendan cubrir las necesidades de un sector como este. Por tanto, en este sentido, nos parece que debería existir un compromiso del Gobierno, que es un compromiso modesto, porque, como usted ve, no hemos citado una cantidad, simplemente planteamos el compromiso de asumir, desde el punto de vista del presupuesto, los retos que nos plantea este debate.

¿Por qué planteamos esta enmienda, que de no ser aceptada nos obligará a votar en contra? Pues porque este es un ministerio —en el turno de portavoces me referiré más extensamente a ello— que se ha recortado de una forma absolutamente drástica y que, por tanto, ha tenido una evolución de caída de su presupuesto de más de un 60%. Estamos hablando de ese salto que se ha producido, de 622 a 314 millones de euros; ciertamente, con este recorte nos parece que poca gasolina tiene la política del Gobierno para llevar a cabo acciones en el ámbito del turismo que puedan mejorar la actual situación.

No tengo mucho más tiempo, pero sabe usted que las cifras también responden no única y exclusivamente a las políticas que, a tenor del presupuesto han sido pocas, sino también a una coyuntura internacional, que es la que nos ha llevado a recuperar, digámoslo así, un turismo de sol y playa que anteriormente tenía otros destinos, como Egipto o el Mediterráneo, que en su momento fueron puntos de atracción y que actualmente han perdido. En todo caso, nos parece que no podemos situarnos en la autocomplacencia y por eso nos gustaría que su grupo aceptara nuestra enmienda y que, por tanto, en esta moción alcanzáramos un compromiso firme del Gobierno, que no se quede solo en literatura, para que sea posible este cambio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero informar que mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación porque considera que este sector turístico de congresos y reuniones necesita un apoyo efectivo y real. Este sector turístico tiene una gran importancia y relevancia. Es un sector que ofrece grandes posibilidades económicas en España, que no está suficientemente valorado, que es más rentable que otros sectores y con una gran productividad.

Sin embargo, con esta moción vuelven a hacer un brindis al sol al sector turístico en general, y en particular al sector turístico de congresos y reuniones, el Gobierno vuelve a hacer ese brindis al sol al sector turístico. No establece ninguna medida concreta para apoyar este sector, para impulsarlo, para promocionarlo y para consolidarlo. Es un sector que el año pasado, 2013 —y discrepo de los datos que ha dado su señoría— ha sufrido un descenso de un 7,69%. Y no lo digo yo, lo dice un informe de la Asociación de Palacios de Congresos de España; y también el Consejo de Turismo de la CEOE dice que ha experimentado un descenso. Y en cuanto a la aportación económica, también ha sufrido un descenso de 100 millones de euros con respecto al año 2013.

Por eso presentamos esta enmienda de modificación, porque consideramos que necesita un apoyo efectivo y real. Y para dar ese apoyo efectivo y real es necesario acotar o delimitar el plazo para impulsar esas medidas de promoción y de impulso de este sector. Ponemos un plazo de seis meses para impulsar estas medidas que apoyen al sector turístico de congresos y reuniones. Proponemos la palabra impulsar porque en el Plan Nacional e Integral de Turismo no aparece ni una sola medida de apoyo a este sector turístico de congresos y reuniones, no aparece ni una sola medida, y por eso proponemos la palabra impulsar y no seguir impulsando. De ahí, esa medida de modificación.




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También establecemos un plazo de seis meses para constituir de forma inmediata y urgente ese grupo de trabajo en la mesa de turismo de directores generales —que creemos que es necesario debido al declive, al decrecimiento o a la disminución que está teniendo el sector del turismo respecto al balance del año 2013—, y aprovechar ese crecimiento que se prevé que va a tener en Europa este sector turístico en el año 2014. Por lo tanto, creemos que es necesario determinar que en un plazo máximo, pero de forma urgente y necesaria, se constituya este grupo de trabajo que establezca las estrategias y las medidas para apoyar y consolidar el turismo de congresos.

También pedimos que se determine un plazo de tres meses para establecer en el portal de Internet —yo creo que ya tendría que estar— ese listado de congresos, para que la oferta sea más atractiva y más conocida y esté actualizada y no haya que ir a cada destino específico, sino a esa relación de palacios de congresos o sitios para las reuniones. Por tanto, en un plazo de tres meses debería estar ese listado actualizado, para que la oferta sea más atractiva y aprovechemos el crecimiento en Europa de este sector turístico de congresos y reuniones.

El último punto de nuestra enmienda de modificación —y no por ser el último es el de menor importancia, sino el de mayor importancia para el sector turístico y la industria turística en general, y en particular para la industria del turismo de congresos— plantea una menor presión fiscal para esta industria turística y para este sector en concreto. Como saben, el Gobierno adoptó en septiembre de 2012 incrementar la presión fiscal. Este sector turístico ha tenido un incremento de 13 puntos, del 8% al 21%, con lo cual el resultado que hemos tenido en el año 2013 es una disminución del 7,69%. Por lo tanto, solicitamos que se vuelva al tipo reducido del 8% para que este sector sea mucho más competitivo y pueda competir con otros destinos turísticos.

Ya para terminar, solicitamos que acepten estas enmiendas, porque lo que realmente necesita este sector turístico de congresos y reuniones es un apoyo efectivo y real, y no un brindis al sol, como viene haciendo el Gobierno en estos dos años y medio de gobierno con estas mociones que son generalidades; un apoyo efectivo y real, que es lo que necesita este sector turístico.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

A mi grupo no le extraña que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya no renunciaran a presentar alguna enmienda a una moción que es absolutamente novedosa, que viene a hacer cosas que nunca antes se habían hecho, que viene precisamente a apoyar a una parte del sector turístico que nunca antes el Gobierno del Partido Socialista, apoyado también anteriormente por la Entesa, había sido capaz de hacer, como es decidir apostar con medidas concretas dentro del ministerio por este sector del turismo de congresos.

El representante de la Entesa solicita en primer lugar que se habilite una partida presupuestaria para impulsar las medidas que se vayan a requerir. Primero, la partida está habilitada y aquí mismo se ha dicho que hay un convenio precisamente de Turespaña con la Spain Convention Bureau, que será ampliable en la medida en que en esas reuniones en la mesa de trabajo de los directores generales de turismo se concreten medidas para poner en marcha. Una partida que, desde luego, está habilitada para mantener ese portal tan importante, spain.info, donde se van a colgar todos esos recursos que tienen las diferentes oficinas de congresos de las 55 ciudades a las que en mi primera intervención me he referido.

Por lo tanto, creemos primero esa mesa de trabajo del sector del turismo de reuniones, que es un hito, que es algo absolutamente novedoso, algo que antes a nadie, ni de Entesa ni del PSOE, se le había ocurrido plantear, y después veremos si hay que dotar de más presupuesto aquellas partidas que ya están dotadas, tanto para la gestión del portal turístico como para el convenio del ministerio, concretamente de Turespaña, con la mesa.

Por otra parte, usted hablaba de facilitar recursos económicos, y yo le digo que esta moción viene a apoyar institucionalmente a un sector como antes nunca se había hecho y poniendo a disposición de estas organizaciones todos los recursos económicos que tiene el ministerio.




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En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, permítame que le diga con todo el cariño, senadora, se lo he dicho antes, que no aporta nada nuevo. Aporta algo nuevo, sí, en un apartado 4 absolutamente novedoso, pero que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos discutiendo. Yo le insto a que presente una moción sobre la presión fiscal, sobre la aplicación del IVA, de la que aquí muchas veces ya se ha hablado. Y hablaremos de eso cuando toque debatir sobre temas fiscales, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de crear un portal, estamos hablando de crear una mesa de trabajo y estamos hablando de seguir impulsando acciones como, por ejemplo, la última. En las últimas estadísticas de Egatur, aunque usted no las valore, aunque a usted no le gusten y prefiera utilizar estadísticas de asociaciones, han sido precisamente las oficinas de congresos las que han pedido a la secretaría de Estado de Turismo que se recoja específicamente en las encuestas de turismo el objeto del viaje —que aparece como turismo de negocio, lo que pasa es que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, no como turismo de congresos, pero es lo mismo y usted lo debería saber—, quiénes vienen, cuánto gastan al día y cuál es el gasto medio. Esto me da idea de que era cuestión de poner alguna pega, pero, de verdad, créase las estadísticas de Egatur porque son fiables y nos dicen que aunque ha habido menos turistas para negocios en el año 2013, el gasto, que es lo que nos interesa, ha aumentado en este sector.

Por lo tanto, señor presidente, rechazamos la dos enmiendas porque no enriquecen el contenido y porque no aportan nada nuevo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco?

Tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidentea, jaun-andreok.

Gaur hona Alderdi Popularrak ekarri digun mozioari buruz aipamen batzuk egin nahiko nituzke. Alde batetik, sarrerari buruz. Mozioak egiten duen sarreran, bi aipamen. Bata, azkeneko hitzak entzunda Spain Convention Bureauri buruz, kongresu eta bileretako turismoa garatzeko eta sustatzeko helburua bezala zeukala aipatzen zuen. Gustatuko litzaidake hona ekartzea azkeneko urteko batzarrean osatutakoan presidentearen hitzetan bera harro sentitzen zela benetan aurrekontuetan sobratzen zelako dirua. Gure ustetan, benetan helburua sustatu eta garatu turismo hori baldin bada, ez dela harro sentitu behar horrekin, baizik eta ahalik eta ekintza gehienak jorratu behar zirela, aurrera eraman behar zirela, dirurik sobratzen ez bada.

Bestetik, sarrera horretan egiten zen aipamen bat krisiari buruz. Gure ustetan, gure egoeran, Euskadiko Erkidego Autonomoan krisiak bai eragin digula. Aitortu behar dugu guk bai nabaritu dugula krisia, eta umiltasunez aitortu behar dugu, baina, beharbada, gure turismoak beste ildo bat daukalako, beste linea batetik doalako: ez, ordea, hondartza eta horrekin lotuta dagoen turismoa, baizik eta gure turismoa, beharbada, industriara zuzenduta dagoelako.

Zuzenean mozioak eskatzen duenarekin sartuz, 2012-2015eko Nazio Plan horretan ekintzak ez dira oso ugari kongresu eta bileretako turismoa sustatzeko. Ez naiz sartuko, nire ustez, senatariak aipatu duen bezala, Planean ez da kongresu eta bileretako turismoari buruzko aipamenik egiten. Bueno, bada, negozioetako turismoa da. Beste hitz batzuekin aipatzen bada, bueno, onar dezagun, baina, hain zuzen ere, mozio honetan eman nahi bazaio hemen aipatzen den garrantzia, hitz horiekin ulertzen dugu Planean agertu beharko lukeela. Modu batez ala bestez, iruditzen zaigu ekintzak ez direla ugari, eta iruditzen zaigu indar gehiago eman behar zaiela, zalantzarik gabe. Harago joanez, ez bada agertzen gure ustetan horretan edota indar gehiago eman nahi bazaio, modu horretan txertatzea txostenean bertan edo Planean bertan.

Bigarren puntuan talde lana sortzea aipatzen du Turismo Zuzendari Orokorren Mahaian. Bat nator aurrean aipatu denarekin. Hau da, suposatzen genuen, berez, mahai horrek edo mahaian parte hartzen duten zuzendari horiek izango lituzketen helburuen artean hauek izango liratekeela, eta ez talde lan bat sortu behar zela, hain zuzen ere, helburu hauek aurrera eramateko, baina, tira, onerako badira, ontzat hartu beharko dugu.




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Azkenik, spain.info webgunean kongresu-bulegoei buruzko informazioa zabaltzea, aipamen berezia izanik. Bada, berriro bat nator. Iruditzen zaigu harriduraz oraindik ez egotea. Beste turismoko webgunean sartuta, berehala agertzen dira. Hain zuzen ere, hain garrantzitsukoak badira, Planean bertan agertzen direlako hitz batekin edo bestearekin, arraroa iruditzen zaigu jadanik ez egotea, oraindik ez egotea. Ez dugu uste modua denik mozio bat ganbera honetara ekartzea eta hemen lortuko zenarekin iristea webgunean lortzeko aipamen bat egotea kongresuko eta bileretako turismoari buruz, benetan, benetan garrantzi hori baldin bazeukan aldez aurretik.

Bukatzeko, bi aipamen bakarrik. Ez da komentatu inongo momentutan, eta uste dut ezin dugula ahaztu, turismo orokorrarekin, oro har, edozein turismo motarekin, baina, batez ere, kongresu turismoarekin erabateko lotura daukalako, herrialde batek duen azpiegitura sistema egokia den ala ez. Honekin zer ekarri nahi dudan hona? Bada, berriro, Gobernuak aurrera eraman nahi baditu Plan honetan ezarritako helburuak, bat etorri behar duela Fomento Ministerioak dituen helburuak. Bestela, jai daukagu. Aipatuko duzue zertara datorren hausnarketa hau. Bada, berriro hona ekarri nahi dudalako, edo ez dudalako galdu nahi aukera, Foronda bezalako aireportu bat irekita egongo balitz, Gasteizen kongresuak egiteko aukera askoz ere ugariagoak izango liratekeela. Hori, adibide bat bezala. Baina ezingo didazue ukatu lotura zuzena dela.

Azkeneko aipamena, formei buruz. Ez da denbora asko tribuna honetatik bertatik jaso behar izan nuela Talde Popularraren aldetik ezetza gure taldeak jarritako mozio bati, hain zuzen ere, eskatzen genuena jadanik egiten ari zelako. Mozio honetan, kasu honetan, beste noizbait gertatu den bezala, guretzat baliagarria ez zena zuentzat, edo Talde Popularrarentzat, bai, baliagarria da. Nahiz eta senatari popularrak aipatu erabat berrikuntzez ari garen edota inoiz egin ez diren gauzak aipatzen diren, aditzak hemen daude, eta aipatzen dute «jarraitu» edo «bultzatzen jarraitu». «Jarraitu» baldin bada, esan nahi du jadanik egiten ari dela. Guretzat, aukera bat besterik ez da, aurrekoetan izan dugun bezala, martxan edota Gobernuak dituen planak, aurrera eramaten ari diren planak, hona ekarriz mozio baten bidez, aipatu plan horretan dauden helburuak, ekintzak edota nolabaiteko aurrera eramateko gauzak, eta mozio bihurtu hemen eskatzeko.

Hau guztiagatik, ikusiko duzuenez, ez gatoz bat aipatzen denarekin. Egia da ez zaigula iruditzen ezezkoa emateko, arlo hau, turismo arloa oso garrantzi handikoa dela, eta, horren ostean, gure taldeak abstentziora joko du.

Mila esker.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me gustaría hacer alguna referencia respecto a la moción que nos trae hoy el Grupo Popular. En las últimas palabras de su introducción referidas a la Spain Convention Bureau, la senadora afirmaba que el objetivo residía en desarrollar el turismo de negocios o congresos. Me gustaría traer las palabras del presidente respecto a que en los presupuestos sobraba dinero. En nuestra opinión, si el objetivo es realmente desarrollar e impulsar este tipo de turismo, no debería sentirse orgulloso, sino que debería desarrollar el mayor número de acciones posibles.

Por otra parte, en esta introducción se hacía una referencia a la crisis. En nuestra opinión, en la comunidad autónoma vasca sí que ha tenido influencia. Debemos reconocer que la hemos notado, y lo reconocemos humildemente, pero es posible que esto haya sucedido porque nuestro turismo va en otra línea, no en la línea del turismo relacionado con la playa, sino del turismo dirigido a la industria.

Pasando ya a lo que solicita la moción, en este Plan nacional para el período 2012-2015 las acciones para desarrollar el turismo de congresos no son muy numerosas. Como afirmaba la senadora, el plan no se refiere al turismo de congresos, se refiere al turismo de negocios, que es otra denominación y la vamos a aceptar; pero la importancia que se le da en esta moción debería verse reflejada en el plan en los mismos términos. Creemos que las acciones no son numerosas y que deben ser reforzadas; no tenemos ninguna duda de ello. Es más, si queremos reforzar este tipo de turismo, debe ser incorporado en estos términos.

En el segundo punto se propone la creación de un grupo de trabajo. Estamos de acuerdo. Es de suponer que esta mesa o los directores participantes en esta mesa tienen entre sus objetivos estos, y no que fuera necesaria la creación de una mesa de trabajo para llevar adelante dichos objetivos. No obstante, si es para bien, lo daremos por bueno.




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El último punto se refiere a la creación de un portal específico con el que estamos de acuerdo. Estamos sorprendidos de que hasta este momento no haya sido así, y si es tan importante como para que aparezca en el plan, resulta sorprendente o extraño que no exista este portal dentro de la web. No creemos que la vía adecuada sea la presentación de una moción en esta Cámara para que en la web se mencione el turismo de congresos, si es que esta cuestión reviste esa importancia de la que hablábamos, al menos.

Por último, me gustaría hacer dos matizaciones. Hasta ahora no hemos hablado, en el ámbito del turismo en general y, sobre todo, del turismo de congresos en particular, de si el sistema de infraestructuras de una ciudad o un municipio es adecuado o no. ¿A qué me refiero? Si el Gobierno quiere llevar adelante los objetivos que establece en este plan, debe desarrollar los objetivos del ministerio. Y les explico esto porque no quiero perder aquí la oportunidad de recordar, por ejemplo, que si un aeropuerto como Foronda estuviera abierto, la posibilidad de que se celebraran congresos en Vitoria sería mucho mayor. No me pueden negar que este tema tiene una relación directa.

Finalmente me quería referir a las formas. No hace mucho que desde esta tribuna recibí por parte del Grupo Popular la negativa a una moción presentada por mi grupo, negativa justificada en que ya se estaba haciendo lo que solicitábamos. En cambio, en este caso lo que no era válido para nosotros sí lo es para ustedes o para el Grupo Popular, y aunque la senadora popular haya afirmado que hablamos de novedades o de cosas que nunca se han hecho, aquí están verbos como continuar impulsando o continuar fomentando; es decir, si hablamos de continuar es que ya se está haciendo algo. Para nosotros esta no es más que una oportunidad para que planes que el Gobierno ya tiene en marcha se mencionen en la presentación de esta iniciativa y se conviertan en moción para solicitarlos.

Por todo ello no estamos de acuerdo con lo que se dice, pero también es cierto que no creemos que sea como para votar en contra, pues el sector del turismo es muy importante. Así pues, mi grupo parlamentario se abstendrá.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Senadora, es cierto que en los presupuestos aparece un convenio con la Federación de Municipios y Provincias, pero no nos parece que una subvención a la FEMP deba ser el único instrumento para garantizar la política en materia de turismo y en este sector tan preciso. Nosotros estamos hablando de un concepto presupuestario un poco más amplio. Pero, además, lo que resulta algo extraño —y estoy de acuerdo con lo que decía la portavoz del Grupo Vasco— es que ustedes aplican diferentes criterios cuando el lenguaje lo utilizan ustedes o cuando lo utilizamos los demás, porque si en realidad usted considera que la partida está abierta, ¿por qué no acepta la enmienda? No veo ningún inconveniente para ello. Acepte usted la enmienda y nosotros podremos cambiar nuestro criterio, pero tenemos la sensación —y se puede acreditar porque la lista es larga y los senadores de la bancada izquierda del hemiciclo lo saben bien— de que hay una lista de mociones escaparate con las que se sale al paso de una demanda concreta, de un titular concreto que de alguna forma quiere salvar la imagen del Gobierno, pero, insistimos, en el fondo no se aborda en profundidad el problema. Esa es la razón —y además creo que en el legítimo derecho de la oposición— por la que presentamos enmiendas para que exista una aproximación a un compromiso, que es lo que debe significar una moción de estas características.

Ciertamente ya le he hablado del presupuesto, pero fíjese que cuando hablamos de algo que es fundamental para el turismo, que es la modernización de las infraestructuras, sobre todo en las destinaciones maduras, aquellas que tienen que reconvertir, digámoslo así, su actividad para continuar generando demanda como destino turístico, el presupuesto ha desaparecido prácticamente, es decir, ha quedado con 10 000 euros, y esto es una parte esencial de lo que debe ser la política turística de este país: la inversión en infraestructuras turísticas. Y en el caso que nos ocupa hoy de las convenciones es fundamental porque, evidentemente, no en todas partes puede existir un palacio de congresos, una determinada infraestructura, pero si el grupo de trabajo aborda esta cuestión —que me parece esencial y debe ser de las primeras que se aborden— nos daremos




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cuenta de la necesidad de invertir en materia de infraestructura turística para continuar siendo un destino que pueda satisfacer realmente las demandas de las personas que nos visitan con la intención de hacer turismo de congresos. A nosotros esto nos parece absolutamente esencial, de la misma manera que no entendemos cómo se puede reducir en un 6% la aportación al Instituto de Calidad Turística o el recorte importantísimo, de más del 16%, que ha sufrido Turespaña.

Usted ha hablado de unas cifras muy optimistas, algunas podemos compartirlas, yo ya le he dicho que en esta casuística hay elementos que tienen que ver con la coyuntura internacional y, por tanto, podemos mirarlo desde diferentes perspectivas, pero hay algunas cosas que deben hacernos reflexionar sobre el turismo que, en mi opinión, son muy importantes y quiero decirlas aquí. Es cierto que el turismo ha contribuido y ha mejorado respecto de su aportación al PIB, pero también lo es que esta aportación ha sufrido una reducción de 9 puntos desde 2007; por tanto, estamos todavía muy por debajo de lo que el turismo aportaba al PIB. Y hay un elemento que yo quiero destacar en esta moción porque me parece muy importante. Usted ha dicho: ha crecido el empleo en el sector del turismo. Bueno, depende de las cifras que miremos, pero lo que es cierto es que algunos, los sindicatos especialmente, dicen: oiga, ha crecido el empleo, pero básicamente el empleo del autónomo; el empleo asalariado no ha crecido en el turismo y además el empleo que tenemos ha perdido mucha calidad, porque en este momento tenemos un empleo de contratado por horas, a media jornada y con una gran inseguridad. Por consiguiente, también tenemos que abordar estas cuestiones en estos debates porque, evidentemente, el impulso en el turismo y el crecimiento en el marco del turismo deberían ayudarnos a combatir el que es el principal problema de este país, que es sin ninguna duda el paro.

Lamento que ustedes no acepten nuestra enmienda, creo que es una parte del debate turístico, tenemos pendiente el debate sobre la marca España, que es fundamental sobre esta cuestión, y tenemos que abordar también un debate que tiene que ver con adónde y a qué lugares van los beneficios, es decir el incremento del turismo. Sabe usted, porque las cifras así lo indican, que el incremento se ha situado básicamente otra vez en las destinaciones de sol y playa y que, en cambio, en el interior el turismo sigue cayendo, el turismo nacional sigue cayendo —esta Semana Santa nos ha dejado un mejor sabor de boca, pero las cifras de 2013 indican que el turismo nacional ha caído de una forma estrepitosa y sigue estando muy bajo—.

Por tanto, insisto, el debate sobre las convenciones y el turismo de congresos está bien, creo que deberían acompañarlo ustedes de una dotación presupuestaria —y de ahí nuestra enmienda—, y considero que no les quedará más remedio que modificar el Plan Nacional e Integral de Turismo porque ciertamente deberíamos referirnos a estas cuestiones. Yo creo que el lenguaje que se utiliza en la moción es el correcto, pero no el que utiliza usted cuando hablamos de turismo de negocios. Creo que son cuestiones diferentes y, por tanto, deberíamos utilizar el mismo lenguaje. Insisto, ustedes deberían aceptar nuestra enmienda si es cierto que usted interpreta esos 25 000 euros como una partida abierta, que para nosotros es concreta y precisa, para la Federación Española de Municipios; una partida que podrá ampliarse para otras acciones relacionadas con este ámbito del turismo. Deberían ustedes aceptar la enmienda y nosotros votaríamos a favor de su moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.

Senyories, altra vegada intervinc per defensar la posició del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió respecte d’una moció que presenta el Partit Popular. I altre cop és una moció de turisme. Estic d’acord, com ha comentat algun senador, que els he d’agrair que tractem temes de turisme en aquesta Cambra. Justament perquè és en el turisme on trobem, en aquests moments de recessió i de problemàtica en molts sectors, una mica de respir i unes quantes alegries.

A Catalunya, el 2013, hem tingut 14,5 milions de turistes estrangers. Un increment d’un 10%, una tendència que sembla que es manté el 2014. 350.000 persones ocupades. Una aportació al PIB del 12%. I una despesa mitjana d’aquests turistes visitants que s’ha incrementat un 8,6%. Per tant, gràcies per parlar de turisme perquè ens permet posar sobre la taula, també, algunes xifres bones, que de tant en tant no està malament.




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Dit això, els comentaré el tema que ens ocupa. I, tenint en compte que a Catalunya tenim les competències en turisme, intentaré fer una petita pinzellada de com s’entén des de Catalunya la indústria de les reunions. I per què indústria de les reunions i no turisme de negocis, ara hi entrarem. I després faré una petita reflexió del que ens planteja la moció. El turisme de negocis és el subministrament d’instal.lacions o serveis als milions de delegats que cada any assisteixen a reunions, congressos o exposicions, esdeveniments de negocis, viatges d’incentius i esdeveniments empresarials. Aquesta és la definició de turisme de negocis segons l’Associació Internacional de Congressos i Convencions.

I per què els dic que nosaltres preferim parlar d’indústria de les reunions? Perquè justament és l’Organització Mundial del Turisme que, d’altra banda, ha imposat aquest terme i ha estat el més acceptat pels organismes internacionals, que ha fixat aquest terme per una raó. Han substituït l’acrònim anterior, conegut per MICE, Meeting Incentives Conferences and Exhibitions, perquè aquest acrònim no portava incorporat el caràcter industrial del turisme de reunions. I per a nosaltres és molt important per fer front a aquest tipus de segment del turisme aquesta part industrial que comporta.

Les Convention Bureau que, com ja ha explicat la senadora que ha exposat la moció, és cert que tenen un paper rellevant per canalitzar l’oferta i la demanda d’aquest tipus de turisme. I també és cert, i no cal treure-li importància, la gran feina que està fent l’Spain Convention Bureau amb l’associació d’aquestes 55 destinacions, a la qual pertanyen algunes entitats locals i també alguna diputació, com és la de Barcelona. Però, quan es tracta el tema del turisme de negocis, no ens podem quedar aquí.

Jo els faré una petita pinzellada. A Turisme de Catalunya, l’actual Agència Catalana de Turisme, va iniciar el 2005 ja un inventari del turisme de negocis a Catalunya, per tal d’identificar una base de dades amb l’oferta potencial dels espais per acollir reunions i esdeveniments. Un cop feta aquesta feina d’inventari dels espais, es va engegar un primer inventari de l’activitat turística amb reunions, generat amb dades del 2005, renovat el 2007 i també el 2008 i 2009, on ja es van incloure dades de l’oferta a nivell local. A partir del 2010, això ho lidera el Catalunya Convention Bureau, que col.labora amb la resta de Convention Bureau de Catalunya, aconseguint una major fiabilitat amb les dades de l’oferta, ja que la informació s’obtenia directament dels gestors dels espais per part dels diferents Convention Bureau locals. Parlem, doncs, de la indústria de les reunions que, certament, té un pes important en el sector, ja que, tot i la seva consolidació com a activitat, aquesta indústria continua suposant un segment de mercat en emergència.

Així, doncs, Espanya ha passat de tenir 463 congressos associatius internacionals el 2011 a 550 el 2012. S’ha situat, com ha dit la senadora, en el tercer lloc del rànquing mundial per sota dels Estats Units i Alemanya, és cert. En el rànquing de ciutats, també és cert, entre les cinc primeres hi trobem Madrid i Barcelona. Catalunya ha rebut un milió sis-cents mil turistes el 2013 per motius laborals, reunions, fires i congressos. Aquests turistes van realitzar una despesa mitjana de 1.800 milions d’euros, un 27% més en relació al 2012.

Cal tenir en compte, però, quan parlem del turisme de negocis, la importància de promocionar, de forma diferent, els diferents esdeveniments. No ens podem quedar només amb els esdeveniments congressuals de més de 500 participants. Per tant, pensem que hi ha d’haver un tractament dels mega esdeveniments per una banda, esdeveniments de més de 6.000 delegats, reunions pròpiament dites, congressos, convencions, incentius, jornades i les reunions menors, que són importants, amb menys de 40 delegats. Per què? Perquè, a partir d’aquí, es poden crear programes i l’Agència Catalana de Turisme així ho ha fet. Ha creat dos programes. Un programa de Catalunya Congressos i Esdeveniments, en el qual es tracten els esdeveniments de major ordre. I en el qual hi ha nou destinacions possibles detectades amb una possible ampliació, com poden ser: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Port Aventura, Sitges, Castelldefels, Lloret de Mar. Però, també, d’altra banda, el Catalunya Convencions, Incentius i Esdeveniments. Això permet ampliar aquesta oferta de turisme de negocis de l’entorn urbà a la costa del Mediterrani, per exemple, als Pirineus, que és un altre dels segments triat o els paisatges d’interior, com deia el senyor Boya. Important, altra vegada, la proximitat al territori.

No m’allargaré més, perquè el temps no m’ho permet, ja veuen que, des de Catalunya, hi ha un gran bagatge, s’estan fent coses fa molt temps per a aquest segment del turisme.




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I, dit això, i anant a la moció, altra vegada aquesta moció aporta propostes a les Cambres, insta el Govern a fer una cosa que ja està fent, per aconseguir una legitimitat parlamentària, una legitimitat de mandat parlamentari, que no és el cas. En la seva part dispositiva demana continuar impulsant, en l’àmbit del Pla Nacional Integral del Turisme, dir-los que he trobat poc esment a aquest tipus de turisme en aquest Pla Nacional Integral del Turisme. Ja saben també que, des de Convergència i Unió, quan vam parlar del Pla Nacional Integral del Turisme vam deixar molt clara la nostra posició i, en aquest sentit, la metodologia i el seguiment de control d’aquest pla, on diu el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme serà qui planificarà, executarà, mesurarà i controlarà el pla, tot i que esmenta que l’execució es farà en col.laboració amb les comunitats autònomes. El cert és que nosaltres pensem que, per ser respectuós amb el model que hi ha de distribució competencial, el just seria tot el contrari. El ministeri hauria de coordinar iniciatives planificades, executades, mesurades i controlades per les comunitats autònomes.

Pel que fa a la creació del grup de treball de la mesa de treball, dir que és una obvietat, donem per fet que aquesta mesa de treball hi és, però a nosaltres ens hi trobaran per posar sobre la taula experiències que ja estan assolides, amb resultats que ja poden ser consultats, però mai per homogeneïtzar o per abaixar el llistó d’aquella feina que ja tenim feta.

I, finalment, pel fet de posar les oficinas de congresos a la web spain.info, només esmentar que nosaltres pensem que directament s’hi haurien d’incloure com a Convention Bureau perquè, internacionalment, ningú no se sent identificat amb l’opció oficinas de congresos. Només aquest petit esment.

Per tant, amb el cor una mica partit, perquè el tema és un tema al qual som sensibles i en el qual fa molt de temps que treballem i que pensem que és de primordial importància i un segment molt interessant encara per fer molta més prospecció i per poder créixer més. Els he de dir que la forma i el contingut d’aquesta moció, malauradament, torna a ser, com ja s’ha dit, d’aparador i per això, per aquest doble sentiment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió s’abstindrà en la seva votació.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más intervengo para defender la postura del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en relación con una moción que presenta el Grupo Popular, y una vez más es una moción sobre turismo. Estoy de acuerdo, como ha comentado algún senador, con que tengo que agradecer que se hable de turismo en esta Cámara porque es en el turismo donde hallamos en estos momentos de recesión y de problemática en muchos sectores un poco de respiro y algunas alegrías.

En Cataluña, en 2013 hemos tenido 14,5 millones de turistas extranjeros, un incremento de un 10%, una tendencia que parece que se mantiene en 2014, 350 000 personas ocupadas, una aportación al PIB del 12% y un gasto medio de estos turistas visitantes que se ha incrementado en un 8,6%. Gracias, por tanto, por hablar aquí de turismo porque nos permite presentar algunas cifras buenas que de vez en cuando no está mal hacerlo.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que en Cataluña tenemos las competencias en turismo, voy a intentar dar una pequeña pincelada de cómo se entiende en Cataluña la industria de las reuniones, de por qué hablo de industria de las reuniones y no de industria de negocios. También haré una pequeña reflexión de lo que nos plantea la moción. El turismo de negocios es el suministro de instalaciones o servicios a los millones de delegados que cada año asisten a reuniones, congresos, exposiciones, acontecimientos de negocios, viajes de incentivos y acontecimientos empresariales. Esa es la definición de turismo de negocios, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.

¿Por qué les digo que nosotros preferimos hablar de industria de las reuniones? Porque justamente es la Organización Mundial del Turismo, que por otro lado ha impuesto este término y ha sido el más aceptado por los organismos internacionales, quien ha fijado esta expresión por una razón. Ha sustituido el acrónimo anterior, el conocido como MICE, porque este acrónimo, MICE, no llevaba incorporado el carácter industrial del turismo de reuniones y para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta para afrontar este segmento del turismo, esta parte industrial que comporta.




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La Convention Bureau, como ha explicado la senadora que ha expuesto la moción, tiene un papel relevante para canalizar la oferta y la demanda de este tipo de turismo. También es de resaltar, cómo no, y no hay que restarle importancia, el gran trabajo que realiza la Spain Convention Bureau con la asociación de estos 55 destinos a los que pertenecen algunas entidades locales y alguna diputación como la de Barcelona. Pero cuando se aborda el turismo de negocios no nos podemos quedar aquí.

Les voy a dar una pequeña pincelada. El turismo de Cataluña, la actual Agencia Catalana de Turismo, inició en 2005 un inventario del turismo de negocios en Cataluña para identificar una base de datos con la oferta potencial de los espacios para acoger reuniones y acontecimientos. Una vez hecho este inventariado de los espacios, se realizó un primer inventariado de la actividad turística en reuniones generado con datos de 2005, renovado en 2007 y también en 2008 y 2009 cuando ya se incluyeron datos de la oferta local. A partir del 2010 lo lidera Catalunya Convention Bureau, que colabora con el resto de Convention Bureau de Cataluña, y aporta mayor fidelidad a los datos de la oferta porque la información se estaba recogiendo a través de los gestores de los espacios, a través de los Convention Bureau locales. Hablamos de la industria de las reuniones, que tiene un peso importante en el sector, ya que, a pesar de su consolidación como actividad, esta industria sigue suponiendo un segmento de mercado emergente.

Así pues, España ha pasado de tener 463 congresos asociativos internacionales en el 2011 a 550 en el 2012; se ha situado, como decía la senadora, en el tercer lugar del ranking mundial, después de Estados Unidos y Alemania. En el ranking de ciudades, entre las cinco primeras están Madrid y Barcelona. Cataluña ha recibido 1 600 000 turistas en el 2013 por motivos laborales, reuniones, ferias y congresos. Estos turistas realizaron un gasto medio de 1800 millones de euros, un 27% más respecto al 2012.

Sin embargo, cuando hablamos del turismo de negocios, hay que señalar la importancia de promocionar de forma diferente los distintos acontecimientos. No nos podemos quedar solo con los acontecimientos congresuales de más de 500 participantes. Tenemos que tratar de forma diferenciada, por una parte, los mega acontecimientos, de más de 6000 delegados, reuniones propiamente dichas, convenciones, congresos, incentivos y jornadas, y, por otra, las reuniones menores, que son importantes, con menos de 40 delegados. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se pueden crear programas y la Agencia Catalana de Turismo ha establecido dos programas: por un lado, Cataluña, congresos y acontecimientos, en el cual se tratan los acontecimientos de mayor orden, donde hay nueve destinos detectados y con una posible ampliación, como pueden ser Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Port Aventura, Sitges, Castelldefels y Lloret de Mar; por otro lado, Cataluña, convenciones, incentivos y acontecimientos, lo que permite ampliar esta oferta de turismo de negocios del entorno urbano a la costa del Mediterráneo, por ejemplo, o a los Pirineos, que es otro de los segmentos que se ha escogido, o a los paisajes de interior, como decía el senador Boya. Es importante, una vez más, la proximidad en el territorio.

No voy a extenderme más porque no tengo tiempo, pero ya ven que en Cataluña hay un gran bagaje y se están haciendo cosas desde hace mucho tiempo para este segmento del turismo.

Dicho esto y yendo a la moción, quiero decir una vez más que esta moción aporta propuestas a las Cámaras, insta al Gobierno a hacer algo que ya está haciendo para conseguir una legitimidad parlamentaria, una legitimidad de mandato parlamentario que no es el caso. En su parte dispositiva pide seguir impulsando en el ámbito del Plan nacional del turismo y he de decir que he encontrado una mención muy escasa a este tipo de turismo en el Plan Nacional e Integral de Turismo. También quiero decir que CIU ya ha dejado clara su postura sobre el Plan nacional e integral de turismo. En este sentido, la metodología, el seguimiento y el control de este plan dice que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo será quien planificará, ejecutará, medirá y controlará el plan. Aunque establece que la ejecución será en colaboración con las comunidades autónomas, es cierto que nosotros pensamos que para respetar el modelo existente de distribución competencial lo justo sería todo lo contrario. El ministerio debería coordinar iniciativas planificadas, ejecutadas, medidas y controladas por las comunidades autónomas.

En cuanto a la creación de la mesa de trabajo, damos por sentado que esta mesa de trabajo existe, pero a nosotros nos van a hallar allí para poner sobre la mesa experiencias que ya se han conseguido, con resultados que ya se pueden consultar, pero nunca para homogeneizar o para bajar el listón del trabajo que ya tenemos hecho.




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Finalmente, en cuanto a las oficinas de congresos y la web spain.info, solo quiero mencionar que nosotros pensamos que directamente se tendrían que incluir como Convention Bureau porque internacionalmente nadie se siente identificado con la opción de oficinas de congresos. Solo quería señalar este pequeño detalle.

Así que, un poco con el corazón partido, porque es un tema al que somos sensibles, trabajamos en él desde hace mucho tiempo y lo consideramos de primordial importancia, pues es un segmento muy interesante en el que se tiene que hacer mayor prospección y ha de crecer mucho más, tengo que decirles que la forma y el contenido de esta moción, por desgracia, vuelven a ser de escaparate, como ya se ha dicho, razón por la que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se va a abstener en su votación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, decía la senadora del Grupo Parlamentario Popular que esta es una moción novedosa. No lo es en absoluto, estoy segura; además, lo han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra: el portavoz del Grupo Vasco y el portavoz de la Entesa. Novedoso es cuando se introduce algo nuevo, pero aquí, por la terminología que se utiliza en la moción —seguir impulsando—, no se trata de algo novedoso, sino de continuar un trabajo. Por lo tanto, utilice bien la terminología y no diga que esta moción es novedosa.

Como Gobierno socialista, nosotros siempre hemos apoyado el turismo, la industria turística y este sector concreto de congresos y reuniones con partidas presupuestarias y con mucho apoyo efectivo y real. Por tanto, no puede decir que en los años anteriores los gobiernos socialistas no han apoyado este sector. Recuerdo una ponencia específica para salvar la baja estacionalidad del sector turístico sobre el turismo de congresos y reuniones que se creó en 2007, aparte de toda esa infraestructura que hoy tenemos debido a ese apoyo efectivo y real que se llevó a cabo por parte de los gobiernos socialistas.

Dice también que no hemos introducido nada nuevo en nuestra propuesta, tan solo el punto cuarto. Como ya hizo el senador Boya, quiero agradecer que se nos llamase para llegar a un acuerdo. Pero si no hemos introducido nada nuevo, ¿por qué no se ha aceptado esta enmienda? Estábamos dispuestos a retirar el tipo del IVA, puesto que en la primera semana de abril ya se presentó en esta Cámara una moción con el fin de bajar la presión fiscal a la industria turística en general y a los diferentes subsectores turísticos. Por lo tanto, si no introducimos nada nuevo, no entendemos por qué no aceptan la enmienda y de esa forma hubiéramos llegado a un acuerdo para apoyar al sector turístico, como es voluntad del Grupo Parlamentario Socialista. Además, quiero manifestar que nosotros sí confiamos y creemos en los informes que realizan las asociaciones empresariales, que nos parecen importantes.

El Grupo Parlamentario Socialista no va a votar a favor de esta moción porque no va a ser cómplice de un nuevo brindis al sol respecto a la industria turística, en general, y el sector de congresos y reuniones, en particular. Para nosotros el turismo es un sector importante, un sector estratégico para reactivar la economía, un elemento económico fundamental, motor de la economía, generador de empleo y, sobre todo, del mantenimiento del empleo, una industria que se ha consolidado y a la que el Gobierno no ha dado el apoyo efectivo y real que necesita. Se han señalado aquí datos importantes, como que representa el 10,8% del PIB y el 11,5% del empleo nacional o que en el año 2013 la entrada de turistas creció y tuvimos 60,6 millones de visitantes, lo que ha supuesto una aportación económica de 45 millones de euros y un gasto turístico de 59 millones de euros, y en el mes de marzo vemos que la entrada de turistas en nuestro país se ha incrementado en un 7,2%. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Sin embargo, a pesar de que tenemos que hacer una valoración positiva de esta actividad económica que genera el sector turístico, hay que hacer matizaciones, según los diferentes subsectores. Por ejemplo, el sector de hostelería ha tenido un incremento en el año 2013, pero vemos que el subsector de turismo de congresos y reuniones ha sufrido un descenso —insisto nuevamente— de un 7,69%, según el informe de la Asociación de Palacios de Congresos de España y del Consejo de turismo de la CEOE y, además, una aportación económica de 1200




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millones en 2013, es decir, 100 millones menos que en 2012 y 2700 millones menos que en 2009. Por lo tanto, sí hay una disminución en este sector y, sin embargo, se prevé un crecimiento a nivel europeo que tenemos que aprovechar. Por eso hemos presentado esa enmienda, para poder impulsar y consolidar este proyecto.

Se ha dicho también aquí que España es el tercer país en turismo de congresos y reuniones, pero si no lo apoyamos de manera efectiva y real con partidas presupuestarias y acotamos los tiempos para esos grupos de trabajo, difícilmente podremos continuar siendo el tercer país en cuanto a turismo de congresos y reuniones. Andalucía, mi región, es la tercera después de Madrid y Cataluña, y Málaga —mi provincia— y Sevilla son las que acaparan la mitad de la oferta para reuniones y congresos. Por lo tanto, vemos que en España se genera una gran posibilidad económica, un sector que no está especialmente valorado pero que es rentable y que tiene una mayor productividad. Pero, como he dicho, con esta moción el Gobierno y ustedes vuelven a hacer un brindis al sol a la industria turística y a este sector. No le dan ese apoyo efectivo y real que necesita con medidas que consoliden este sector del turismo de congresos y reuniones. Lo que existe en el sector es una situación de preocupación, desconfianza e incertidumbre a la que ha llevado el Gobierno en dos años y medio con sus medidas y con su política de recortes y recortes. Les recuerdo la presión fiscal, la subida del IVA en 13 puntos, el aumento de las tasas aeroportuarias y los recortes en los Presupuestos Generales del Estado de un 64,5%. Son medidas que hacen que nuestros destinos turísticos sean menos competitivos y, por lo tanto, dañan el turismo de congresos y reuniones. Insisto en que mis palabras están respaldadas por los informes de la Asociación de Palacios y Congresos de España y por el Consejo de turismo de la CEOE.

Además, en el Plan nacional e integral de turismo se supone que se recogen un conjunto de medidas para impulsar nuestros destinos turísticos y apoyar el tejido empresarial, pero no hay ni una sola medida para apoyar y promocionar el turismo de congresos y reuniones. Por tanto, vuelvo a insistir, como siempre hago en este Pleno, en que es un plan en teoría pero no en la práctica porque no tiene el respaldo de partidas presupuestarias. En consecuencia, difícilmente se puede llevar a cabo un plan donde, primero, no hay medidas que recojan el impulso y el apoyo al turismo de congresos y, segundo, no hay partidas presupuestarias que lo respalden. Por lo tanto, si somos realistas y coherentes, vemos que es imposible llevar a cabo este apoyo al sector. Igualmente, como ha dicho el senador del Grupo Parlamentario Entesa, en los presupuestos había una partida de 25 000 euros para la Convención Bureau, pero va destinada a la FEMP, con lo cual es una cantidad irrisoria para toda España. Por consiguiente, no hay ese apoyo que ustedes dicen que tiene este subsector.

En cuanto a Turespaña, a la que también se ha referido usted, ha tenido en dos años y medio de Gobierno del Partido Popular un recorte del 56% en la promoción turística. Difícilmente se puede promocionar la marca España, difícilmente se pueden promocionar los destinos turísticos si vemos que hay un recorte específico en la partida de Turespaña de un 56%. Por tanto, se corrobora ese brindis al sol que siempre hacen ustedes con el apoyo que dicen dar al sector del turismo pero que realmente no cuenta con ese apoyo financiero que es lo que necesita. Lo que tiene es una política de recortes, insisto, en estos dos años y medio de este Gobierno. Por eso nosotros, en nuestras enmiendas, defendíamos acotar los plazos para establecer el grupo de trabajo, que creemos que ya debería estar constituido, para que se pueda llevar a cabo un freno en la disminución del turismo de congresos. Además, pretendemos impulsar nuevas medidas puesto que en el Plan Nacional e Integral de Turismo no viene ni una sola, así como también el portal de turismo, cosa que ya debería estar realizada. Por eso creemos que en el plazo de tres meses debería estar expuesta esa oferta para hacerla más atractiva y estar más actualizada.

En relación con el IVA, insistimos en que hay una moción presentada en esta Cámara Alta en la que pedimos bajar la presión fiscal, que creo que era necesario también porque este sector del turismo de congresos y reuniones ha tenido un incremento de 13 puntos, del 8 al 21%, con lo cual vemos que esa disminución que ha sufrido en el año 2013 es fruto de esas medidas que se han adoptado y, sobre todo, de esa presión fiscal.

Para finalizar, insisto en que no vamos a votar a favor de esta moción porque no queremos ser cómplices de un nuevo brindis al sol al turismo, a la industria turística y, sobre todo, al turismo de congresos y de reuniones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Parece que tengo que empezar otra vez por el principio, porque el contenido de la moción es muy específico y aquí algunos grupos han hablado de cosas que no tienen nada que ver con dicho contenido. Yo sí me voy a referir exactamente al turismo de congresos y al turismo de negocios, objeto de esta iniciativa.

La moción señala que se va a crear un grupo de trabajo dentro del ministerio en el seno de la mesa de directores generales para seguir promocionando el sector del turismo de congresos. Aquí se ha repetido que hay un convenio entre Turespaña y las oficinas de congresos de 25 000 euros. Pero estamos hablando de turismo dentro de Turespaña y todo el presupuesto que destina Turespaña va dirigido precisamente a captar turistas dentro de los diferentes sectores, sea turismo de congresos, de ciudad, cultural o rural. Además, específicamente Turespaña ha desarrollado numerosas actividades de promoción del turismo de negocios. A través de la Spain Meeting Point, encuentros comerciales entre empresas españolas y compradores internacionales al más alto nivel, especializados en turismo de negocios. A través de Turespaña, las oficinas de congresos han participado en importantísimas y costosísimas ferias como la de Frankfurt, la de América, la de París, la de Chicago y, por supuesto, la de Barcelona y la de Madrid. Y Turespaña ha seguido colaborando con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con la Asociación de Palacios de Congresos de España, con las que tiene firmado un convenio con vigencia de dos años para seguir potenciando la celebración de esos congresos, convenciones y eventos.

Decía el representante del PNV que las acciones deben ser reforzadas. Totalmente de acuerdo. Pero queremos contar con el sector que específicamente organiza esos congresos y esas reuniones. Queremos contar con los directores de palacios de congresos representados en esas oficinas de congresos, con las empresas. No queremos un portal específico, queremos una ampliación de esa web, la spain.info, que se ha renovado desde que gobierna el Partido Popular y que está recibiendo ya 12 millones de visitas al año. Y, precisamente, en el País Vasco queremos mejorar y promocionar esas oficinas de congresos de las que se dispone en Vitoria y en Bilbao.

El representante de la Entesa ha hablado de muchas cosas, algunas, lamentablemente, quedarán escritas en el Diario de Sesiones y por eso tengo que aclararlas. Decía que esta moción es un escaparate. Pues ojalá ustedes hubieran tomado muchas medidas de escaparate y no hubieran consentido todo lo que pasó en este país durante ocho años de Gobierno socialista. (Aplausos). Porque yo creo que en Lleida, Barcelona, Tarragona, Lloret y Girona esas oficinas de congresos se merecen el apoyo de la Entesa a esta moción. No todas las ciudades, señorías, tienen plazas hoteleras o centros de congresos para más de 500 personas, y por eso esta moción se dirige específicamente a esas ciudades englobadas en la Spain Convention Bureau como oficinas de congresos. Y aquí se han mezclado churras con merinas, por ejemplo, en la intervención del representante de la Entesa. Por eso, yo quería aclarar que, después de oír a algunos portavoces, se constata lo que yo decía al principio de mi intervención, que se habla poco de las oficinas de congresos, que no se conoce lo que hacen las oficinas de congresos. Además, visto lo visto, se confirma que no se valora el esfuerzo que hacen por crear empleo cada día y generar actividad turística en esas 55 ciudades. Pero decir aquí, señor representante de la Entesa, que en 2013 el turismo ha caído de forma estrepitosa es, créame, descorazonador. Oírle decir esto, cuando a nivel mundial hemos batido el récord de visitantes de turistas, cuando hemos batido nuestro propio récord nacional con 60,6 millones de visitantes en el año 2013, es señal de que usted no conoce para nada cómo está el sector turístico. Desde luego, debería hablar más con el sector antes de subir a la tribuna.

Dice usted que la moción solamente plantea titulares de buenas intenciones. Ojalá se hubieran planteado esos titulares en la legislatura pasada, ojalá. Porque no es solamente el convenio de Turespaña, es todo el presupuesto de la Secretaría de Estado de Turismo y también el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores —quiero recordarlo aquí, porque es mucho— para agilizar los visados de los turistas extracomunitarios, algo que estaba absolutamente bloqueado y paralizado. Y gracias a ello se ha incrementado, por ejemplo, la visita de turistas chinos y rusos en un 30 y un 40%. Y eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular en estos dos




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primeros años de legislatura. Pero no se trata solo de dinero desde Turespaña para participar en ferias. Conocen perfectamente la última iniciativa, Emprendetour, dotada con 110 millones de euros, y que está abierta hasta el día 30 de este mes, para iniciativas de emprendedores y empresarios del sector turístico. Por lo tanto, vamos a poner en marcha estas medidas, que —repito— ojalá se hubieran adoptado antes, y después seguiremos hablando y trabajando con el sector para ver qué más cosas se pueden hacer.

Del portal de turismo spain.info también se ha hablado por parte de otros grupos, pero antes quiero hacer referencia a la intervención de la representante de CiU, que ha dicho que ellos hacen las cosas de otra manera. Hacen muchas cosas de otra manera, y en muchas de ellas les va bien, pero en turismo les va bien porque además cuentan con todo el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, porque usted habla del sector más con carácter industrial que con el carácter que tiene en el resto de ciudades. Bien. Lleida, Barcelona, Tarragona, Lloret, Girona o Sitges tienen oficinas de congresos, seguro que estupendas oficinas de congresos, pero oficinas de congresos al fin y al cabo englobadas también en la Spain Convention Bureau. Usted propone que no nos identifiquemos con oficinas de congresos en castellano, que las llamemos convention bureau. Es una propuesta de mucho calado y que aporta mucho, desde luego, a esta iniciativa, señoría. Pero le voy a poner un ejemplo. Con el Mobile World Congress Barcelona incrementó sus estadísticas de turismo de congresos de forma importantísima, y le recuerdo que Barcelona tuvo todo el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y todo el apoyo del resto de ministerios y de instituciones para que eso fuera así. Y ese es el camino: apoyar a todas las ciudades en el desarrollo del turismo de congresos.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, vuelve a decir que ampara su intervención en unas estadísticas de la Asociación de Palacios de Congresos de España. Son estadísticas, pero yo he manejado los datos del ministerio, los datos de Egatur, la encuesta sobre el gasto turístico, que indican —por eso no puede usted decir que en el 2013 los datos han sido peores— que en el año 2013 se ha pasado de 3950 millones de euros de gasto total en turismo de negocios a 4240 millones. Se ha pasado de un gasto de 995 euros por persona a 1043. Luego los datos no son peores. Ya le he dicho que han venido menos congresistas, pocos menos, pero se han dejado más dinero; han estado más días y se han dejado más dinero. Y eso es lo que cuenta.

Dice usted que ya debería estar hecho todo lo que recoge la moción que presento y defiendo en nombre de mi grupo. Eso lo dice, señorías, una senadora socialista, una senadora socialista que no dijo nada sobre que todo esto se debería haber hecho cuando el ministro Miguel Sebastián era el responsable de las políticas de turismo de este país. Ya podía haberlo dicho antes, señoría. Por lo tanto, no puede usted calificarla de brindis al sol. Ojalá se hubieran tomado antes estas medidas y ojalá apoyaran esta moción, que va dirigida a que cincuenta y cinco ciudades, con sus cincuenta y cinco alcaldes a la cabeza, y los cientos de autónomos, profesionales, empresas e instituciones que las apoyan, consigan inmediatamente el cumplimiento de estos tres puntos de la moción. Creo que añadir simplemente que esto se haga urgentemente, en el plazo de tres meses, como le he dicho, no es justificación para que ustedes no apoyen esta moción.

Nos gustaría que nos apoyaran en todo el esfuerzo que está haciendo este Gobierno para conseguir que, por ejemplo, nuestra red de paradores —que ustedes dejaron en una situación lamentable y que tan importante es para el desarrollo del turismo de congresos y reuniones— mejore; para conseguir que todos esos palacios de congresos, que iban a financiar no se sabe cómo, sean los mejores recursos a disposición de esta parte del sector turístico para que siga siendo un motor de creación de empleo.

Señor presidente, señorías, lamento no haber podido convencer con los datos a los portavoces en estas intervenciones previas a la votación...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora NICOLÁS MARTINEZ: Finalizo, señor presidente.

Pero les pido que valoren su posición y apoyen esta moción, porque es una moción que va en beneficio de todos, de todas esas ciudades que están haciendo un esfuerzo importantísimo por generar empleo desestacionalizado, fuera de los tópicos de sol y playa, y que ya está dando muy buenos resultados.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nicolás.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 144; en contra, 70; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FRENAR Y REVERTIR LA INCIDENCIA DE LA DIABETES EN ESPAÑA, EN PARTICULAR LA DIABETES TIPO 2.

(Núm. exp. 662/000134)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado originariamente dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente se ha presentado una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos menos por el Grupo Mixto. Por lo tanto, decaen las dos enmiendas, de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Aguirre, por tiempo de quince minutos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy vamos a hablar en esta Cámara de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Esta moción —hay que dejarlo claro desde el principio— es fruto del trabajo de la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de las reuniones que tuvo. Aprovechando que el día 14 de noviembre del año pasado era el Día Mundial de la Diabetes, nos reunimos con expertos en la materia, que nos plantearon una postura importante de cara a lo que es el diagnóstico y el tratamiento precoz de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2.

La moción la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero podía haberla presentado perfectamente cualquier otro grupo parlamentario y nosotros la hubiéramos apoyado, al igual que ahora se ha apoyado y se ha transaccionado. Y es que, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es trasladar la petición de los expertos y especialistas en diabetes a ámbitos políticos, con una clara idea de coordinación del Gobierno central con las comunidades autónomas. Luego el orden de los factores no altera el producto. Estoy totalmente convencido de que, independientemente de quién hubiera presentado esta moción, se hubiera transaccionado por todos los grupos políticos, como así ha pasado. Es una moción transaccionada, excepto por el Grupo Parlamentario Mixto, pero me consta —y quiero hacerlo constar— que su portavoz, el señor Iglesias, está totalmente de acuerdo con la moción, lo que pasa es que por temas de coordinación del Grupo Mixto se han visto forzados a no firmarla.

Bien, señorías, para poner un poco el toro en suerte, voy a hablar de la diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Para que se hagan una idea, está la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulinodependiente... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio para que pueda hablar el senador.




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El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Decía que la diabetes tipo 1 es una diabetes insulinodependiente en la que las células beta del páncreas no fabrican insulina. Es una diabetes infantojuvenil, que es cuando da la cara, y el tratamiento, como es lógico, es con insulina. Actualmente, el tipo de diabetes tipo 1 va creciendo de forma exponencial, y cada año hay 79 000 nuevos casos.

Otro tipo de diabetes, de la cual se habla mucho y todos habremos oído hablar es la diabetes gestacional, que es aquella que desencadena la mujer como consecuencia de la sobrecarga del embarazo. Es una diabetes que, normalmente, después del parto desaparece, pero puede tener efectos irreversibles para el feto. Afecta a un 17% de las mujeres, sobre todo en los últimos meses de embarazo, que es cuando desarrolla esta diabetes gestacional que, como digo, puede afectar al feto. De ahí la importancia de su tratamiento.

De lo que vamos a hablar hoy es de la diabetes tipo 2, que representa el 95% de todas las diabetes. En el tipo 2 existe la insulina, pero esta es incapaz de pasar a las células para quemar o metabolizar los hidratos de carbono. Este es un tema prioritario en materia de salud pública, ya que estamos hablando de una gran pandemia, como demostraré luego con cifras, que afecta sobre todo a las personas adultas. Pero, como consecuencia de los malos hábitos y de la obesidad, la estamos viendo cada vez más en gente más joven, en personas obesas y con hábitos no saludables, que son los que desencadenan una diabetes tipo 2.

Actualmente, a nivel mundial, en el año 2011 había 366 millones de diabéticos tipo 2; en el año 2013 había subido ya a 382 millones, y para el año 2035 se esperan 592 millones de diabéticos tipo 2.

Lo que hay que preguntarse es qué está pasando para que estas cifras se estén disparando. La causa es clara: está en la obesidad y el sedentarismo, que cada día azotan más a los países desarrollados, aunque también los países en vías de desarrollo están entrando en hábitos menos saludables desde el punto de vista de la alimentación, la salud, el deporte, la obesidad, por lo que en ellos estamos viendo muchísimos más diabéticos tipo 2.

El problema también lo encontramos en la diabetes no diagnosticada. Calculamos que hay unos 175 millones de diabéticos tipo 2 a los que no se les ha hecho el diagnóstico, y ahí vamos a tener luego complicaciones, que es el gran problema de la diabetes tipo 2. En las personas no diagnosticadas, no controladas, aparecen complicaciones a través de lo que se llama microangiopatía diabética; es decir, las arteriolas se van colapsando y provocan una serie de trastornos circulatorios que llevarán, como después diré, a infartos, ictus, fallos renales, neuropatías, amputaciones, etcétera.

En España la diabetes tipo 2 tiene una prevalencia del 13,8%; es decir, en esta sala hay 30 senadores como mínimo que tienen diabetes tipo 2. Pero el problema es que un 6% de la población no sabe que la tiene, luego entre ustedes hay 20 senadores que tienen diabetes tipo 2 y que no lo saben. Por tanto, les recomiendo que acudan a los equipos médicos del Senado y se hagan la oportuna analítica de hemoglobina glicosilada. (Rumores). Si, sí, Javier, todos tenéis que haceros la analítica pertinente. (Risas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio para poder escuchar bien al senador.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Tengo que aprovechar para hacer educación para la salud entre mis compañeros del Senado.

La prevalencia es mucho mayor en el sexo masculino que en el femenino y afecta en España a 4 millones de personas, un 43% de las cuales no sabe, como he dicho, que tiene diabetes mellitus tipo 2.

El segundo grave problema es que la diabetes se encuentra entre las diez principales causas de invalidez, lo que tiene una gran repercusión económica, como después veremos.

Otro problema son las complicaciones. La diabetes tiene dos tipos de complicaciones; unas son las agudas, de las que no voy a hablar, como la hiperglucemia y la hipoglucemia como consecuencia de las altas y bajas de la glucemia en el paciente diabético; y otras, también muy importantes, son las complicaciones crónicas de la diabetes como consecuencia de esa microangiopatía diabética, a la que antes me he referido, que es el colapso de las arterias finales, la anastomosis venoso vascular. Se colapsan y provocan una serie de patologías, como la




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retinopatía diabética. Y es que el 50% de los ciegos tienen un componente de diabetes; es decir, la diabetes provoca alteraciones en la retina que al final llevan a la ceguera, sobre todo en los diabéticos tipo 2, mal controlados, por supuesto. Es la principal causa de ceguera.

Un problema importante es la nefropatía diabética, que provoca colapso o trombosis a nivel de los riñones, que dejan de filtrar. El 30% de las diálisis y de los trasplantes renales son consecuencia de la diabetes mellitus tipo 2, de la que ahora estamos hablando.

Otro problema también muy importante es el de los pies negros, el del pie diabético. Hay trastornos vasculares, hay neuropatías, hay problemas de infección en los diabéticos, sobre todo en las partes distales, que si no se curan pueden provocar una necrosis, una gangrena y la amputación de lo que se llama pie negro o pie diabético, una complicación que deja muchos dependientes con muchísimos problemas. Esto, siempre que no estén bien controlados, y por eso la importancia de esta moción sobre el control y el diagnóstico precoz de la diabetes.

Provoca asimismo trastornos cardiovasculares. La microangiopatía diabética, como ya he dicho, provoca infartos e ictus como principal causa de muerte. La diabetes aumenta de dos a tres veces la frecuencia de infartos y dobla la frecuencia de las trombosis cerebrales, lo cual significa que hay una mortalidad única y específica de la diabetes; el 2,6% de todos los fallecimientos son debidos directamente a la diabetes y otros muchos lo son por causas coadyuvantes o indirectas de esta enfermedad.

La diabetes mellitus tipo 2 reduce la esperanza de vida en un 25%, y en edades entre 40 y 60 la reduce de un 30 a un 49%. Aumenta la tasa de mortalidad cardiovascular, como he dicho antes, y de ahí la importancia de un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero piensen que el 40% de los diabéticos españoles no sabe que son diabéticos tipo 2, luego no se pueden controlar y tratar, por lo que nos encontramos con una gran cantidad de efectos adversos, de complicaciones.

En nuestro país estamos trabajando, aunque hay que implementar mucho ese trabajo con un diagnóstico. Al 57% de los diabéticos se les hace exámenes oculares, y al 48%, exámenes de los pies; y a la mayoría, el 82% de los diabéticos tipo 2, de la hemoglobina glicosilada cada tres meses, que mide los picos de azúcar de los tres últimos meses, algo importantísimo para saber si el control que estamos haciendo los médicos o que se está haciendo en enfermería es correcto a la hora de abordar esta patología. De ahí esta moción y la necesidad de definir una serie de indicadores que aseguren un buen control de los pacientes diagnosticados y que todo ello se encuentre recogido en los sistemas de información del Gobierno central y de las diferentes comunidades autónomas.

Pero seamos un poquito más positivos, no les voy a dar el día. Es una enfermedad previsible, prevenible si se cambian estilos de vida y se adoptan hábitos saludables, haciendo deporte, etcétera. Y es una enfermedad tratable, que responde bastante bien al control y al tratamiento; y tratando la enfermedad evitamos todo ese colapso de efectos adversos tan dañinos para la persona y para los costes que tiene para la sociedad. Hay que considerar que la diabetes mellitus tipo 2 es muy importante para la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario público y privado español. La diabetes tipo 2 tiene un coste de 5800 millones de euros y supone el 8,2% de todo el presupuesto del Sistema Nacional de Salud. Pero si a eso le sumamos los costes relativos, como el absentismo laboral, la dependencia, las bajas, las jubilaciones anticipadas, los costes sociales, la diabetes tipo 2 y sus complicaciones alcanzan un montante de 17 630 millones de euros. Fíjense de qué cantidad estamos hablando.

Un diabético tipo 2 gasta un 56% más del presupuesto que una persona que no lo es, pero si no está controlado ese gasto se multiplica, de ahí la importancia de controlarlo para la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario. En términos económicos, los pacientes bien controlados representan un menor coste para el sistema sanitario y para la sociedad. Un diagnóstico y un tratamiento precoz multifactorial retrasarían en gran parte la aparición de complicaciones, de efectos adversos, mejorarían la calidad de vida y disminuirían el impacto social y económico de esta dolencia.

Señorías, creo que es responsabilidad de todos frenar e invertir la tendencia de la incidencia de la diabetes en España, en particular, como he dicho, de la diabetes mellitus tipo 2, con un objetivo doble: primero, el paciente, por supuesto, para mejorar su esperanza y calidad de vida, y segundo, para ser mucho más eficiente y sostenible en la gestión de esta enfermedad.

Muchas gracias. (Aplausos).




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu andrea.

Señor Aguirre, no lo puede explicar mejor, y lo de las estadísticas en la Cámara es un punto a su favor. Habría que hacer un screening aquí, y yo me apunto entre los desconocidos.

En principio, quiero entender que esta moción es consecuencia de las comparecencias que tuvimos el Día de la Diabetes, porque, de otra forma, si hablamos de la parte resolutiva nos damos cuenta de que todo lo que se solicita en esta moción —iba a decir en mayor medida o menor medida— ya se está haciendo en el Estado precisamente sobre la base de la actualización de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud. Y creo que se recoge perfectamente en el punto 1, cuando se habla de la promoción de las líneas estratégicas que se deben seguir para ello, que coinciden perfectamente con las líneas de la Estrategia en Diabetes. Y cuando se habla de elaborar unos indicadores consistentes, eso me ha costado un poquito más encajarlo, porque esa misma estrategia tiene 56 indicadores, que creo que son más que consistentes para poder discutir y hacer un seguimiento de este trabajo.

El punto 3 pretende impulsar la realización de campañas institucionales, algo que ya está recogido e incluido en la línea estratégica 1, recomendación 2.

Y el punto 4 es una deducción clara de lo recogido en la línea estratégica 3, que ya se está haciendo. Y se tendrá que hacer con más empeño aún lo de los centros de alta resolución con estas y otras enfermedades crónicas en pacientes pluripatológicos.

Yo, senador Aguirre, con todos mis respetos a su capacidad de iniciativa y trabajo, a su empeño por conseguir acuerdos, y a su simpatía personal, le podría decir que vamos a votar que no a esta moción, aplicando exactamente los mismos criterios que utiliza el Grupo Popular cuando el resto de los grupos presentamos enmiendas y nos dicen que para qué nos van a aceptar una enmienda si eso ya se está haciendo. Eso nos ha pasado varias veces. Pero no lo vamos a hacer. A mí me gustaría convertir esta moción, de repetición de algo que ya se está haciendo, en una moción de apoyo y homenaje a los afectados por la diabetes en cualquiera de sus modalidades, en todas esas que nos ha explicado; no hay más. Y se lo dice alguien que en su paisaje infantil siempre ha vivido lo del cacito hirviendo con la jeringuilla de cristal y unas agujas que daban absoluto pavor, y alguien que vio a su padre perder la visión de los dos ojos, las dos piernas y morir de un infarto agudo. Por lo tanto, quiero convertirlo en eso, y también en un homenaje a todos los profesionales, incluyendo a los que estamos aquí —que también hemos hecho algo por ello—, que nos hemos dedicado y nos dedicamos a cuidar a estos pacientes y a todos los demás. Yo creo que ese es o debería ser el objetivo más amplio de esta moción, porque lo que se recoge en la parte dispositiva, repito, ya se está haciendo.

Esperemos que se siga mejorando, por supuesto. Todo es mejorable, en todo puede haber más inversión, en todo se puede hacer más y mejor. Pero no vamos por mal camino en este tema, es cierto que no vamos por mal camino. Tal vez vayamos por mal camino el resto de los ciudadanos, que no estamos haciendo demasiado caso a lo que se nos dice y que estamos en unos determinados índices de obesidad. En fin, no hacemos mucho caso a lo de la vida sana. Pero todo llegará. En eso hay que insistir, uno no coge miedo hasta que ve las orejas al lobo. Por lo tanto, esperemos que esto sirva también para eso.

Por supuesto, hemos firmado la moción. Estamos de acuerdo y le agradecemos que se haya tomado el trabajo de conseguir la firma de todos los grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.




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La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias presidenta.

Gràcies, senyories. Com molt bé ha dit el senador Aguirre, aquesta moció neix d’un compromís de la Comissió de Sanitat per part de tots els grups, després de les compareixences dels responsables de la Red de Grupos de Estudios de la Diabetes en Atención Primaria, de la presidenta de la Societat Espanyola de Diabetis i de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, el passat novembre. Aquest compromís, per tant, neix d’un acord en què considerem tots important treballar per una malaltia com la diabetis.

La diabetis, com molt bé ha explicat el senador Aguirre, que ens ha fet una classe magistral de patologia diabètica, és una malaltia que té dos vessants: d’una banda, la diabetis aguda —tots coneixem algú que necessita punxar-se insulina—, i que potser algun dia també n’haurem de parlar, perquè el seu tractament és cada vegada més costós, amb la nova tecnologia, amb els nous fàrmacs i amb les bombes d’insulina; i de l’altra, la diabetis tipus II, que és aquesta malaltia silenciosa que, com molt bé ens ha diagnosticat, alguns de nosaltres tindrem, o ja tenim, però no ho sabem, i que té uns costos indirectes molt i molt elevats per a tota la societat.

Als anys noranta, es calculava que aproximadament un 1,5% de la població estava afectat per diabetis. Avui dia, es considera que estan afectades un 13,8% de persones, però un 40% d’elles no ho saben. I es calculava que la despesa mitjana és d’uns 3500 euros al mes per cadascun d’aquests pacients. En un estudi ja molt antic, perquè és de l’any 2000, fa gairebé 15 anys, s’indicava que la despesa d’aquests pacients, de qualsevol diabetis tipus II, era un 64% més elevada que la d’un pacient que no fos diabètic. És realment, doncs, un problema i una patologia que hem d’abordar. I amb aquest canvi que poc a poc va fent la medicina, de deixar de tractar les malalties agudes i encaminar-se més cap a les malalties cròniques, de centrar-se cada cop més en la medicina individualitzada i de centrar-se cada cop més en el pacient, amb aquest canvi que anirem fent poc a poc, val la pena repensar algunes coses sobre el tractament de la diabetis.

Nosaltres, com vostès saben, no compartim la seva política sanitària. Ho hem dit moltes vegades i de moltes maneres en aquesta Cambra. Però si que vam recollir el compromís de donar suport a aquesta moció quan es presentés al ple. El que li vull reiterar, senador Aguirre, i no només a vostè sinó al Govern, és que estarem molt atents a si la duen a terme o no. Perquè ja hem pres algun compromís en aquesta Cambra, com per exemple ara fa un any, amb els malalts d’HIV, que no s’està complint. Per tant, aquest cop, estarem atents. Dit això, per suposat, el nostre suport donarà suport a la moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señorías. Como muy bien ha dicho el senador Aguirre, esta moción nace de un compromiso por parte de todos los grupos de la Comisión de Sanidad, después de las comparecencias el pasado noviembre de los responsables de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria, de la presidenta de la Asociación Española de Diabetes y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Este compromiso, por lo tanto, nace de un acuerdo, porque todos consideramos importante trabajar por una enfermedad como es la diabetes.

La diabetes, como muy bien ha explicado el senador Aguirre, que nos ha dado una clase magistral de patología diabética, es una enfermedad con dos vertientes. Una es la diabetes aguda —todos conocemos a alguien que necesita pincharse insulina—, de la que quizás algún día también tengamos que hablar porque su tratamiento es cada vez más costoso con la nueva tecnología, los nuevos fármacos, las bombas de insulina. Y por otra parte está la diabetes tipo 2, que es esa enfermedad silenciosa, que, como muy bien nos ha diagnosticado, algunos de nosotros padeceremos, o ya padecemos pero no lo sabemos, y que tiene unos costes indirectos muy elevados para toda la sociedad.

En los años noventa se calculaba que aproximadamente el 1,5% de la población estaba afectada por diabetes —a día de hoy, se considera que un 13,8% de personas están afectadas, pero que un 40% de ellas no lo sabe—, y el gasto medio se calculaba que era de unos 3500 euros al mes por cada uno de esos pacientes. Fíjense, en un estudio ya antiguo, porque es del año 2000, de hace casi quince años, se indicaba que el gasto de esos pacientes de diabetes de tipo 2 era un 64% más elevado que el de un paciente que no fuera diabético. Por lo tanto, realmente es un problema y una patología que debemos abordar. Y con este cambio, con el que va evolucionado la medicina, que deja de tratar las enfermedades agudas y se encamina hacia




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las crónicas, centrándose cada vez más en la medicina individualizada y en el paciente, con ese cambio que vamos a ir haciendo poco a poco, hay que repensar algunas cosas sobre el tratamiento de la diabetes.

Nosotros, como saben ustedes, no compartimos su política sanitaria —lo hemos dicho muchas veces y de muchas formas en esta Cámara—, pero recogimos el compromiso de dar apoyo a esta moción cuando se debatiera en el Pleno. Lo que le quiero reiterar, senador Aguirre, y no solo a usted, sino al Gobierno, es que vamos a estar muy atentos para ver si la llevan a cabo o no, porque ya hemos adquirido algún compromiso en esta Cámara, por ejemplo, hace un año con los enfermos de VIH, que no se está cumpliendo. Por lo tanto, esta vez repito que vamos a estar atentos. Dicho esto, por supuesto, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, presidenta.

Ho han dit els anteriors portaveus. Fa uns mesos ens vam trobar a la Comissió de Sanitat amb diferents persones, amb algun pacient, algun representant o expert vinculat a entitats, per posar-nos al dia, d’alguna manera, de les necessitats que tenen actualment aquests pacients, i també parlar dels avenços vinculats als tractaments de la diabetis. En aquell moment, com explicaven els anteriors portaveus, tots els grups ja ens vam conjugar per signar una moció conjunta que permetés posar en valor les estratègies que ja s’estan seguint en aquest àmbit, i perquè es proposessin noves mesures per millorar, com bé diu la moció el Grup del Partit Popular, l’esperança i la qualitat de vida dels pacients de diabetis i, al mateix temps, estratègies o decisions que fomentin que el sistema sigui més eficient i sostenible en la gestió d’aquesta malaltia.

El senador Aguirre ha facilitat tot un reguitzell de dades i d’indicadors. Jo em quedo amb que, com deia, quatre milions de persones a Espanya pateixen aquesta malaltia, i això té unes conseqüències en l’àmbit de la gestió sanitària, en l’àmbit de l’organització i, evidentment, en l’àmbit del pressupost i de la despesa; la despesa del present, però també la despesa del futur. Hem de ser capaços de treballar en la prevenció, per tal de minimitzar aquest impacte i alhora millorar la qualitat de vida dels pacients.

Respecte del contingut específic de la moció que es presentaven, els vull dir que des de Catalunya s’ha participat activament, des de l’inici i en totes les seves fases, en l’elaboració dels diferents documents de l’estratègia, en la definició de la proposta d’indicadors, en la recollida d’informació per a l’avaluació i també en la revisió i el consens de l’actualització d’aquesta informació. En aquest sentit, a més dels indicadors bàsics del Sistema Nacional de Salut, que s’obtenen de fonts regulars com les Enquestes Nacionals de Salut d’Espanya, l’Enquesta Europea de Salut, el registres d’altes d’hospitalització, l’Institut Nacional d’Estadística, existeixen altres indicadors, més clínics, que s’han de proporcionar des de les comunitats autònomes. S’obtenen de les bases de dades d’Atenció Primària, que a Catalunya estan àmpliament desenvolupades, i permeten l’obtenció de la majoria dels indicadors previstos en l’estratègia, excepte en alguns casos que la cobertura és parcial. També es disposa de registres específics, com el registre de pacients amb malalties renals cròniques, el registre de pacients amb dispensador d’insulina, el registre de diabetis tipus I... Una sèrie de registres que permeten acabar d’obtenir indicadors concrets. Per tant, som conscients de la importància i del paper que tenen les comunitats autònomes en aquesta recollida d’informació, i d’aquesta necessitat de treballar transversalment, tots conjuntament, per disposar de la informació que ens permeti fer una foto de quina és la realitat en aquest sentit a la nostra societat.

Ja estàvem, doncs, d’acord, amb l’aprovació d’aquesta moció, tal com havia estat plantejada d’inici, amb l’objectiu, com deia, de potenciar l’avaluació, la prevenció i el control de la diabetis a la nostra societat. Amb la incorporació de les esmenes del PSOE, és a dir, amb aquesta transaccional, creiem que la moció millora; és evident. Lamentem que no hagin volgut incorporar la nostra esmena, que com sempre, pretenia d’alguna manera incrementar els recursos per fer front i donar continuïtat als projectes ja existents, però també als que puguin anar vinculats a les estratègies de salut del Sistema Nacional de Salut.




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És en aquest sentit que m’agradaria fer una reflexió. Des de la nostra comunitat autònoma, en aquest àmbit de la diabetis però també en molts altres àmbits, l’esforç va ser impulsat durant els anys en què es va rebre un finançament correcte per fer front a totes aquestes campanyes vinculades a l’estratègia nacional. El finançament ha quedat molt tocat —tots ho sabem—, i possiblement està en perill la continuïtat d’alguns projectes, o potser no podrem fer front a aquest projectes amb la mateixa voluntat o intenció que si aquests pressupostos estiguessin carregats de diners.

Des del punt de vista de la diabetis, per a nosaltres, queda pendent el desenvolupament de les fonts d’informació lligades a les activitats d’educació per a la salut, així com les activitats preventives en l’Atenció Primària, que com sabem, recentment han demostrat que han estat molt efectives i que ajuden a reduir la incidència de la diabetis. Per tant, disposar de fons per poder encarar aquestes estratègies ajudaria a poder avançar realment en aquest àmbit i en altres aspectes rellevants.

Repeteixo que lamentem que no hagin incorporat la nostra esmena, però com vam dir el dia de la reunió de la Comissió, i com li he dit abans, el nostre compromís amb el col·lectiu de malalts de diabetis hi és i hi serà. Deia el senador Cazalis que, d’alguna manera, aquesta moció és un homenatge a ells i, per tant, donarem suport a la transaccional que finalment signem pràcticament tots els grups.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Bien, ya lo han dicho los anteriores portavoces: hace unos meses comparecieron y nos encontramos en la Comisión de Sanidad con distintas personas, con algún paciente, con algún representante o experto vinculado a entidades, para ponernos al día en las necesidades que tienen actualmente estos pacientes, estos enfermos, y para hablar también de los avances vinculados a los tratamientos de la diabetes. En aquel momento, como han explicado los anteriores portavoces, todos los grupos nos conjugamos para firmar una moción conjunta que permitiera poner en valor las estrategias que ya se están siguiendo en este ámbito y para que se propusieran nuevas medidas con el fin de mejorar, como bien dice la moción que presentaba el Grupo Parlamentario Popular, la esperanza y la calidad de vida de los pacientes de diabetes y, al mismo tiempo, estrategias o decisiones que fomenten que el sistema sea más eficiente y sostenible en la gestión de esta enfermedad.

El senador Aguirre ha facilitado toda una serie de datos e indicadores, y me quedo, evidentemente, con que cuatro millones de personas en España padecen esta enfermedad. Esto, por lo tanto, tiene unas consecuencias en el ámbito de la gestión sanitaria, en el ámbito de la organización y, cómo no, en el ámbito del presupuesto, del gasto, del gasto del presente pero también del gasto futuro. Por eso debemos ser capaces de trabajar en la prevención, como bien decía, a fin de minimizar ese impacto y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Con respecto al contenido específico de la moción que nos presentan, quiero decirles que desde Cataluña se ha participado activamente desde el inicio en todas sus fases, en la elaboración de los distintos documentos de la estrategia, en la definición de la propuesta de indicadores, en la recogida de información para su evaluación, y también en la revisión y consenso para la actualización de esa información. En ese sentido, además de los indicadores básicos del Sistema Nacional de Salud, que se obtienen de fuentes regulares, como las encuestas nacionales de salud de España, la Encuesta Europea de Salud, el registro de altas de hospitalizaciones, o el Instituto Nacional de Estadística, existen otros indicadores más clínicos que deben proporcionarse desde las comunidades autónomas. Estos se obtienen desde las bases de datos de atención primaria, que en Cataluña están ampliamente desarrolladas, y permiten la obtención de la mayoría de los indicadores previstos en la estrategia, excepto en algunos casos, en los que la cobertura es parcial. También se dispone de registros específicos, como el registro de pacientes con enfermedades renales crónicas, el registro de pacientes con dispensador de insulina, o el registro de diabetes tipo 1, es decir, una serie de registros que permiten acabar de obtener indicadores concretos. Por lo tanto, somos conscientes de la importancia del papel que tienen las comunidades autónomas en esta recogida de información y de la necesidad de trabajar de forma transversal,




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todos conjuntamente, para disponer realmente de la información que nos permita hacer una foto de la realidad en este sentido en nuestra sociedad.

Ya estábamos de acuerdo en la aprobación de esta moción tal como había sido planteada al inicio, con el objetivo, como decía, de potenciar la evaluación, la prevención y el control de la diabetes en nuestra sociedad. Y con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista, es decir, con esta transaccional, creemos que la moción mejora; es evidente. Pero lamentamos que no hayan querido incorporar nuestra enmienda, que, como siempre, pretendía incrementar los recursos para hacer frente y dar continuidad a los proyectos ya existentes y también a los que puedan ir vinculados a las estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud.

Me gustaría hacer una reflexión en ese sentido. En nuestra comunidad autónoma, en el ámbito de la diabetes, pero también en muchos otros ámbitos, el esfuerzo fue impulsado durante los años en los que se recibió una financiación correcta para hacer frente a todas estas campañas vinculadas a la estrategia nacional. Pero la financiación ha quedado muy tocada —lo sabemos todos— y, por lo tanto, posiblemente esté en peligro la continuidad de algunos proyectos, o quizá no podamos hacer frente a estos con la misma voluntad o intención que si esos presupuestos estuvieran cargados de dinero.

Desde el punto de vista de la diabetes, para nosotros queda pendiente el desarrollo de las fuentes de información ligadas a las actividades de educación para la salud, así como lo relativo a actividades preventivas en atención primaria, que, como sabemos, recientemente han demostrado ser muy efectivas y ayudan a reducir la incidencia de la diabetes. Por lo tanto, como bien decía, disponer de fondos para poder afrontar estas estrategias ayudaría a avanzar de verdad en este ámbito y en otros aspectos relevantes.

Repito que lamentamos que no hayan incorporado nuestra enmienda, pero, como dijimos el día de la reunión de la comisión y he dicho antes, nuestro compromiso está ahí y estará con el colectivo de enfermos de diabetes. Decía el senador Cazalis que de algún modo esta moción es un homenaje a ellos; por lo tanto, cómo no, vamos a apoyar la transaccional que finalmente firmamos prácticamente todos los grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista ha firmado una enmienda transaccional a la moción presentada por el Grupo Popular como respuesta al compromiso político que adquirimos los grupos —lo han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— tras la comparecencia de diversos expertos en diabetes el 13 de noviembre del año 2013. Y hoy quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento no solo por su cualificación científico-técnica, sino sobre todo por su implicación y compromiso para mejorar la calidad de vida de los enfermos diabéticos. Gracias a la doctora Artola, gracias a la doctora Gaztambide, gracias al doctor García Soidán y gracias al señor Josu Feijoo. De esa comparecencia surgió esta moción.

Lo ha dicho el senador Aguirre: no importa quien la haya presentado. El Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho, porque presentamos una enmienda de modificación que ha mejorado de forma muy importante la moción del Grupo Parlamentario Popular. De cinco puntos nos han aceptado cuatro; por tanto, estamos medianamente satisfechos, porque, como decía el senador Cazalis, muchas de las propuestas ya se están haciendo, pero es muy importante continuar insistiendo en todo lo que tiene que ver con las líneas estratégicas contempladas en la Estrategia en Diabetes.

Otra cuestión que planteábamos en nuestra enmienda era impulsar las consultas de alta resolución, porque es verdad que sabemos mucho de diabetes, pero también lo es que hay mucha lista de espera para realizar muchísimas pruebas; por tanto, el implantar esas consultas de alta resolución, donde en un mismo día un paciente pueda salir prácticamente con un diagnóstico y un tratamiento, consideramos que es fundamental. Por eso hicimos esa propuesta, que ha aceptado el Grupo Popular.




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Y otro punto se refiere a la importancia de impulsar campañas institucionales de concienciación, de sensibilización sobre hábitos saludables, porque el que una persona sea diabética tiene mucho que ver con los hábitos.

Nos insistían también en la educación para la salud. Bien, hay encuestas y se han hecho estudios, y aunque creamos que todo el mundo sabe lo que es la diabetes, a la hora de la realidad no sabe de qué estamos hablando. Saben que tienen el azúcar alto, pero les falta muchísima información sobre cómo prevenir, y sobre todo cómo hacer promoción de la salud y dar un diagnóstico y un tratamiento adecuados en etapas precoces para evitar las complicaciones, que es lo grave de la diabetes. Como ha dicho el senador Aguirre, la diabetes es una enfermedad prevenible y tratable; el problema es que se hace un diagnóstico tardío, y como es una enfermedad silenciosa que muchas veces no da síntomas, los pacientes se enteran cuando ya han debutado con complicaciones.

Nos alegramos, pues, de haber sido capaces de consensuar una moción, insisto, por responsabilidad política y como homenaje a los diabéticos, a los profesionales y a las asociaciones que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de los enfermos diabéticos. Decíamos también que lamentábamos que no hubieran aceptado el punto en el que solicitábamos que se realizasen modificaciones presupuestarias para que la Estrategia en Diabetes contemplase un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad.

Senador Aguirre, señorías del Grupo Parlamentario Popular, necesitamos políticas de hechos y no solo de palabras, y por ello presentábamos esa enmienda, para que se pusieran recursos. Les hemos dicho muchas veces que no se puede hacer más con menos, pero ustedes insisten. Es necesario disponer de recursos. De nada sirve traer mociones llenas de buenas intenciones, pero sin recursos. Pero, fíjense, así y todo, y por responsabilidad política, hemos firmado esta transaccional.

Como decía el senador Aguirre, estamos hablando de una enfermedad cuyas cifras son muy preocupantes, una enfermedad con una prevalencia del 14%; pero si tenemos en cuenta a las personas que tienen los índices de glucemia alterados, con riesgo de desarrollar diabetes, que es casi un 15%, estaríamos hablando de que hay casi un 30% de la población mayor de 18 años que tiene algún trastorno del metabolismo de la glucosa.

Señorías, fíjense si es importante que tomemos decisiones en diabetes que cada siete segundos alguien muere en el mundo por esta enfermedad. No es una enfermedad banal, hay que tomarla muy en serio, ya que las complicaciones son muy graves, con una reducción de la esperanza de vida del 25%. Lo ha dicho el senador Aguirre: las complicaciones son muy graves. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica y la primera causa de diálisis y trasplante renal; hace poco supimos que España es el segundo país del mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos, con más amputaciones de miembros inferiores, y es la primera causa de ceguera en el mundo. Por tanto, estamos hablando de un verdadero problema de salud pública. Se prevé que en el año 2030 uno de cada diez adultos tendrá una diabetes.

Para el Grupo Parlamentario Socialista poner en marcha medidas para mejorar la calidad de vida de los diabéticos ha sido, es y será una prioridad, y lo demostramos cuando tuvimos responsabilidades de gobierno. Elaboramos y pusimos en marcha la Estrategia en Diabetes en el año 2006, eso sí, con recursos específicos para ello. El Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011 menciona específicamente la diabetes en dos líneas estratégicas.

En los presupuestos del año 2011 para estrategias de salud se presupuestaron 17,1 millones de euros, en tanto que para el año 2014 se han presupuestado menos de 2 millones de euros. Esa es una realidad.

El programa de investigación sanitaria —y este año han eliminado el capítulo 465 A, Investigación sanitaria, del Ministerio de Sanidad— en el año 2011 fue de 27,4 millones de euros, pero si hacemos el cómputo global de lo que se dedica a investigación sanitaria también en el Ministerio de Economía y Competitividad, ha habido un recorte en investigación sanitaria en el año 2014 con respecto a los presupuestos del Gobierno socialista del año 2011 de 40,7 millones de euros. Por tanto, está muy bien, vamos a concienciarnos, hay que investigar, hay que poner en marcha nuevas medidas, pero a la hora de la verdad los recursos son muy insuficientes.




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Señoría, hemos avanzado y vamos a continuar avanzando, por supuesto, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. España ocupa el penúltimo puesto en Europa y el uso de las bombas de insulina no llega al 5%, por detrás de Polonia o Grecia, cuando la media de Europa es del 15%. Y saben ustedes que están muy demostrados los beneficios de las bombas de insulina: menos pinchazos, mejora del control glucémico, reducción de las hipoglucemias y, por tanto, nuestros jóvenes pueden tener muchas menos complicaciones (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Existen todavía muchísimas desigualdades entre los diferentes territorios, hay dificultades en muchos sitios para las tiras reactivas, hay muchas dificultades para las agujas y las lancetas, y lo que nos preocupa —y a ustedes esto les molesta mucho— es el cumplimiento terapéutico. Es verdad que como los diabéticos además de diabetes tienen hipertensión, tienen dislipemias, tienen otras patologías, tienen que tomar muchos medicamentos; de hecho, independientemente de los recursos económicos de los que disponga el paciente, hay una baja adherencia per se, porque muchas veces al tener que tomar tantos medicamentos se les olvida alguno. Pero lo más lamentable es que en estos momentos, con los recortes, con los copagos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: … con el Real Decreto 16/2012, muchas familias, muchos diabéticos tienen que decidir entre comer o comprarse los medicamentos, y esa es una realidad que sé que a ustedes les molesta.

Lo cierto es que ayer en Televisión Española, en La 1, salía una madre con tres hijos diabéticos cuyo marido cobraba 400 euros, y ella decía —no lo dice el Grupo Socialista ni esta senadora— que tenía que ver si comía o compraba las medicinas. Ayer en Televisión Española.

Por tanto, estamos satisfechos de ser capaces de consensuar una moción, pero estaremos vigilantes para que no sea una moción de cara a la galería, sino una moción de compromiso con los diabéticos.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente, seré parco en palabras; los que me conocen saben que es muy complicado que yo sea parco en palabras, pero voy a intentar serlo.

No voy a entrar en otra dialéctica diferente sobre lo que va a ser y es esta moción, una moción sobre un tema de salud pública. Yo creo que con la aprobación de esta moción transmitimos a la sociedad en general y a esos 4 millones de pacientes diabéticos tipo 2 que hay un consenso por parte de todos los grupos parlamentarios para implementar los indicadores, no solamente a través del ministerio, sino a través de las comunidades autónomas, para que haya un buen feedback de información entre comunidades autónomas y ministerios de cara a sacar el mayor número de cifras siempre en beneficio de un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz del paciente, y esta es una imagen muy muy positiva de esta Cámara; aquí en temas importantes, en cuestiones de salud pública remamos todos hacia el mismo sitio y aquí no cabe ningún aspecto político; estamos hablando de pacientes diabéticos, estamos hablando de una cosa muy muy seria.

Señoría, en esta moción se habla sobre todo de indicadores, indicadores que sean de fácil registro, que deberían estar disponibles para todos los médicos, para todos los profesionales sanitarios en todas las comunidades autónomas, que deberían estar estandarizados, perfectamente estandarizados, de acceso universal, lo que se llama big data —big data son todos los datos grandes y unificados, siempre en beneficio de un paciente—, y deberían estar en manos de la atención primaria. Porque no nos engañemos, la diabetes entra por atención primaria, sigue en atención primaria y finaliza en atención primaria, independientemente de las derivaciones que haya a los especialistas oportunos. La que tiene que trabajar sobre todo el tema es la atención primaria. Ello va a facilitar una labor de evaluación del objetivo de la Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, dado que el ministerio y las diferentes comunidades autónomas tienen una serie de compromisos, que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a ayudar a implementar, para llevar esto a buen término. Todos los objetivos, señor Cazalis, que propusieron




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ellos y los que tenemos nosotros: prevalencia, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, consumo de fruta, trasplante de páncreas, etcétera, son ítem, siempre en beneficio del propio paciente; ítem con los que estamos tratando de verdad la prevención y la modificación de hábitos saludables.

Me consta que los diabéticos están entre los principales objetivos del Gobierno del Partido Popular. Prueba de ello es la puesta en marcha de la red de escuelas de pacientes, una iniciativa impulsada por el ministerio para formar y fomentar la responsabilidad de los pacientes crónicos. También se han adoptado medidas encaminadas a mejorar la prevención de esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, como es la actualización de la Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, consta que el 46% de los niños y adolescentes españoles tienen un exceso de peso. De ahí la importancia de activar al máximo el Observatorio de nutrición para el estudio de la obesidad.

Todas estas medidas contribuirán de manera importante a mejorar la seguridad de estos pacientes, el autocuidado necesario y su tratamiento oportuno. Todos juntos, señorías, el Gobierno central y las comunidades autónomas, lograremos avanzar en la prevención y en el diagnóstico precoz para tratar esta enfermedad en la fase temprana, a la mayor brevedad posible. Todos juntos, estoy convencido de ello, podremos aminorar la tendencia ascendente, vinculada al sedentarismo, a la obesidad y a los malos hábitos alimentarios mediante lo que nosotros llamamos la promoción activa de la actividad física y la dieta sana y adecuada.

Animamos a todas las entidades médicas, a las que nos visitaron el Día Internacional de la Diabetes, y a todos los que continuamente hemos venido recibiendo en esta Cámara en ese continuo ir y venir de pacientes, asociaciones de enfermos, laboratorios, a todos aquellos que estén vinculados con la diabetes, a las entidades médicas y asociativas, cuya actividad tiene un valor importantísimo para la diabetes en España, a que continúen con la importante labor que están desarrollando.

Nosotros, como políticos, tenemos que poner los mimbres para entre todos hacer los mejores cestos, siempre en beneficio de los pacientes, que ellos deben ser nuestra razón de ser.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

A la vista de las firmas de la propuesta de modificación y el contenido de los discursos, ¿se puede someter a asentimiento la aprobación de esta moción? (Asentimiento).

Muchas gracias. Se aprueba por asentimiento. (Aplausos).

5.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE INTERCEDA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS PARA QUE LA SUPERVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SEA PARTE DEL MANDATO DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA OCCIDENTAL (MINURSO).

(Núm. exp. 662/000132)

AUTORES: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES MÁS

El señor presidente da lectura al punto 5.4.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, diferentes grupos, diferentes partidos, traemos a esta Cámara un texto de mínimos, un texto consensuado entre diferentes sobre un caso recurrente, recurrente pero urgente, cual es la situación del Sáhara Occidental y la inclusión en el mandato de la Minurso de mecanismos de vigilancia de los derechos humanos. Y también afirmo que es recurrente porque no se ha solucionado, y no se ha solucionado a pesar de que la urgencia existente es cada vez mayor.

Traemos esta moción el mismo día que estaba previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiese votado sobre la renovación de la Minurso y digo hubiese votado porque hoy mismo hemos conocido, según las noticias que llegan, que esta votación se ha pospuesto. Por estas mismas noticias, parece que no se va a incluir tampoco esta vez los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos en la misión de las Naciones Unidas.




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Y la traemos también después de dos años, desde que realizásemos en esta misma Cámara una pregunta para su respuesta oral en el Pleno al ministro García-Margallo, realizada por mi compañero Urko Aiartza y formulada por mí sobre este mismo tema. A esta pregunta el ministro nos respondió con dos afirmaciones centrales, dos afirmaciones que establecían dos principios meridianamente claros en relación con el Sahara Occidental. Una primera en la que señaló que el Estado —y leo textualmente—, que defendió lo mismo tanto en Rabat como en Argel, porque este Gobierno no tiene un lenguaje diferente en función de la capital en la que se encuentre —y sigo textualmente con la cita—, apoya las negociaciones entre las partes con miras a la consecución de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las disposiciones, conforme a los principios y propósitos de la Carta de derechos humanos. Una segunda, en la que nos señaló, de igual manera, que el Estado español había defendido ese mismo año como miembro del Grupo de Amigos del Sahara Occidental —y vuelvo a leer textualmente—, la conveniencia de que se establezcan mecanismos de control del respeto a los derechos humanos en el mandato de la Minurso, postura que, por otro lado, era compartida por la mayoría de los países que forman parte de dicho grupo.

Es por ello por lo que traemos esta cuestión a debate, con el objetivo de sumar voluntades y de aprobar que esta Cámara señale que es necesario que las Naciones Unidas, sin perder de vista su primer objetivo, esto es, implementar el proceso de descolonización del Sahara por medio de un referéndum que incluya la opción de la independencia, en este ínterin, que se está convirtiendo en eterno, se encarguen, asimismo, del monitorio de los derechos humanos y de asegurar su no violación por parte del Estado ocupante, es decir, Marruecos. Y es que no podemos olvidar que la Minurso, establecida en 1991, es prácticamente la única misión de la ONU aprobada en los últimos dos o tres decenios que no tiene entre sus competencias supervisar la situación de los derechos humanos en el territorio en el que opera. Este es un hecho objetivo. La Minurso sigue sin tener incluidos en su mandato mecanismos de vigilancia de los derechos humanos, y ahora que se procede a la renovación de su mandato por parte del Consejo de Seguridad es más necesario que nunca incluir este precepto en su mandato. Porque debemos denunciar que la persecución de la que es objeto la población saharaui en los territorios ocupados continúa, y pedimos que se respeten sus derechos fundamentales, en particular la libertad de asociación, de expresión y de manifestación.

El pueblo saharaui, en el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, está padeciendo continuas vulneraciones de los derechos humanos contra las personas que pacíficamente se oponen a la ocupación marroquí de este territorio, generando una gran cantidad de víctimas, fruto de los continuos malos tratos, las detenciones ilegales, los juicios sumarios y represión indiscriminada. Es que es un hecho que activistas de derechos humanos permanecen presos de conciencia en condiciones infrahumanas, y hemos tenido un ejemplo de la situación existente hace pocos días, cuando 28 integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos del Estado fueron expulsados en ocho días del Sahara Occidental por las autoridades marroquíes en este mismo mes de abril, y entre ellos se encontraba mi compañera Onintza Enbeitia. Estas expulsiones nos muestran muy a las claras que hay situaciones que se quieren ocultar, situaciones de vulneraciones constantes de los derechos humanos de las que todos somos conscientes, que son acreditadas, denunciadas y rechazadas de manera continuada por personas muy diversas y que coinciden en destacar la gravedad de la situación que se está viviendo en esta zona.

Señorías, el Estado español tiene una responsabilidad histórica y conforme al derecho internacional que no puede eludir. Debe ser un garante activo en la observancia por parte de la parte ocupante del respeto a los derechos humanos, así como trabajar para que de una vez por todos los saharauis puedan decidir sobre su futuro. Sin esta ampliación de la función de la Minurso para incluir en ella la protección de los derechos humanos, el pueblo saharaui no se podrá expresar libremente, ni podrá ejercer su derecho a manifestarse, ni votar en un futuro referéndum de autodeterminación, libre y justo, según el derecho que le otorga la legalidad internacional.

Es por todo ello por lo que les pido a todos los grupos de esta Cámara el voto afirmativo a esta moción, una moción de mínimos, que busca unir y aprobar un texto que respalde dar una solución justa, estable y duradera a la situación que está padeciendo el pueblo saharaui.

Mila esker. Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bé, bon dia. Llegir ens fa més lliures. Estimar ens fa més bons i, amb esforç, es vencen tots els dracs.

Leer nos hace más libres, amar nos hace mejores y así se vencen todos los dragones.

Buena diada de Sant Jordi para todas sus señorías, también para el presidente y la Mesa.

El Estado español no puede, no debería, no debe eludir su responsabilidad respecto a la situación que está sufriendo el pueblo saharaui: por un lado, la ocupación de su territorio, que se sostiene bajo un clima de represión política y social y que comprende continuas violaciones de los derechos humanos, con una creciente colonización marroquí, que tiene como objetivo la alteración del resultado del referéndum de autodeterminación que se debe producir según las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas. Y, por otro lado, el destierro de buena parte de la población en campos de refugiados en territorio argelino, que solo se sostiene por la cooperación internacional, ya que es insostenible la supervivencia en un trozo de desierto sin recursos, ni siquiera hídricos. (El señor Maldonado i Gili se acerca a la tribuna y le pasa una nota a la oradora.) Me dicen que hable en catalán, pero así les ahorro el pinganillo y me escucharán.

Por cierto, la cooperación española es francamente mejorable. El Estado español debería insistir tanto a nivel bilateral como multilateral, desde la propia Unión Europea y desde Naciones Unidas, en la exigencia del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos. Es absolutamente injusto e inmoral que la preocupación del Estado español respecto al pueblo saharaui se centre solo en la atención asistencial de los campos de refugiados, mientras coopera incluso militarmente con Marruecos. España debería calificar públicamente a Marruecos como potencia ocupante, lejos de considerarla por activa y por pasiva como la potencia administradora que no es, y no lo es porque no lo reconoce Naciones Unidas pero además porque tampoco le interesa serlo, porque además la potencia administradora tiene una serie de obligaciones, como son la descolonización del territorio y la gestión de los recursos en beneficio de la población soberana sobre ellos.

En conclusión, España debería asumir, debe asumir la responsabilidad histórica y ética —o moral, como prefieran— que tiene con el Sahara Occidental, y ello solamente es posible presionando a Marruecos, ya sea bilateral o multilateralmente, para llegar a una solución justa y pacífica del conflicto. Contrariamente, el silencio, cómplice de la injusticia, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Hasta cuándo vamos a estar sosteniendo los campos de refugiados? ¿Hasta cuándo la población saharaui en territorio ocupado o en campos de refugiados va a estar pagando las consecuencias de la ocupación española? Por eso, en Esquerra Republicana consideramos que es necesario, a pesar del resultado que antes nos avanzaba el representante de Amaiur, ampliar la función de Minurso, para incluir en ella la protección de los derechos humanos. Constituye una exigencia ética de todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Querámoslo o no, el del Sahara no es un tema de relaciones exteriores españolas. El Sahara sigue siendo un asunto interno español. Lo es porque los Acuerdos de Madrid del año 1975 no son reconocidos por la comunidad internacional, no son reconocidos por las Naciones Unidas. Por lo tanto, seguimos siendo la potencia administradora —decía la portavoz de Esquerra Republicana—, en un término más clásico, la potencia colonial. El Sahara era y sigue siendo hoy una colonia española y nuestras obligaciones en el ámbito de la comunidad internacional son las de culminar un proceso de descolonización que no se culminó con los frustrados e ilegales acuerdos de noviembre de 1975, que en este momento solo son reconocidos por uno de los Estados que los suscribieron: Marruecos. Ni tan siquiera Mauritania, que era el otro Estado que suscribió el acuerdo y que asumió su participación en la ocupación de los territorios que España abandonó de facto




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retirando sus tropas, a día de hoy reconoce la vinculación con esos acuerdos y se ha retirado de los territorios que entonces ocupó.

Exigir, como hace la moción, que dado que España no asume su papel como potencia colonial de garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de estos territorios, vulnerados por la potencia ocupante, que es Marruecos, sea asumida esa función por la misión de las Naciones Unidas, la Minurso, es una obviedad y una necesidad evidente. Lo es, en primer lugar, porque si no, la Minurso en sí no tiene sentido. Superada la fase de confrontación bélica entre la resistencia saharaui y el ejército marroquí desde hace afortunadamente ya doce años, no tiene sentido una presencia de unas fuerzas que, en principio, eran garantes del cumplimiento de la tregua acordada entre los dos ejércitos. La única función lógica que puede cumplir el despliegue de esas tropas es, precisamente, la de ser garante del respeto a los derechos humanos. Si no, tenemos, como en la práctica está ocurriendo, desplegado un contingente de vacaciones sobre el terreno, disfrutando de las playas de los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental.

En el ejercicio de la responsabilidad que le es propia a España, y en el ejercicio de la responsabilidad que es propia a Naciones Unidas, es imprescindible que la Minurso asuma la función de garante del respeto a los derechos humanos, sobremanera porque cuantas misiones han intentado acudir a los territorios ocupados como observadores de denuncias con pruebas contrastadas de vulneración y violación de esos derechos humanos se han encontrado en unos casos con la imposibilidad de penetrar en los territorios ocupados, con la imposibilidad de bajarse del avión en el Aaiún —yo lo pude comprobar personalmente hace unos años cuando en un intento nos encontramos en la pista del aeropuerto con una manifestación de supuestos saharauis, obviamente marroquíes al servicio de las fuerzas de ocupación—, y en otros, si consiguen penetrar en los territorios ocupados, ven su tarea absolutamente obstaculizada por las fuerzas de seguridad del Estado marroquí ocupante.

Nuestra obligación es exigir a las Naciones Unidas que asuma ese papel. En la enmienda del Partido Popular se hace una referencia a los amigos. Nosotros no tenemos que ser amigos. Somos algo más que amigos de la población saharaui porque nuestra decisión histórica fue esa, somos como mínimo, aún hoy, tutores de la población saharaui y, por lo tanto, involucrados en la defensa del respeto de sus derechos. Y no lo estamos haciendo —también hacía referencia a ello la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya— con la venta de armas a Marruecos sin que aparezca un condicionante en esos contratos de que las armas o vehículos que nosotros vendemos no puedan ser desplegados en los territorios ocupados que aún siguen, insisto, queramos o no, bajo soberanía española hasta que la culminación del proceso de descolonización mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación de los saharauis haga que sean lo que ellos quieran, estén bajo soberanía marroquí o estén bajo soberanía propia de un nuevo Estado del Sáhara Occidental.

Tampoco ayudamos con la reforma de la jurisdicción universal. Recordarán sus señorías que en el debate de esa Proposición de Ley de reforma del ámbito de la jurisdicción universal, uno de los casos que se citaba y que incomodaba, obviamente, a las autoridades marroquíes, era el de la investigación sobre las desapariciones —luego aparecieron cuerpos— de ciudadanos saharauis nacionales españoles entonces, con carné de identidad de una provincia que se llamaba Sáhara Occidental, ocurridas tras la ocupación de los territorios por Marruecos. Afortunadamente, el juez instructor no ha aplicado la famosa disposición transitoria de la proposición de ley que pretendía que se cerraran, que se archivaran y zanjaran todas las causas en marcha, entendiendo, precisamente, eso, que se trataba de ciudadanos españoles que tenían que ver amparados sus derechos por la jurisdicción española, y, desde luego, por los tratados internacionales que a España también obligan.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra enmienda respecto a la moción que, como ha definido su proponente, es recurrente y, entre comillas, urgente, apelativos que ha utilizado el proponente de la moción. Y yo, con la enmienda que he presentado,




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intentaré demostrar que recurrente lo es y, no diré extemporánea, pero lo de urgente... Hemos tenido un año para poderlo debatir, sin embargo ahora estamos a escasas horas de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte la resolución para el periodo 2014-2015, y digo a pocas horas puesto que tiene que aprobarla antes del día 30 de abril de 2014, y según las informaciones que tiene el portavoz que les habla, o es este viernes o es el próximo lunes, por tanto, estamos hablando de 72 horas.

En ese sentido, intentamos cumplir los mandatos de diversos documentos que el Consejo de Seguridad ha ido aprobando en los últimos años. En concreto, la resolución 20/99, que es la que establece el mandato hasta el 30 de abril de 2014 y que, lógicamente, habrá que renovar e impulsar para dar una solución definitiva en la línea de las últimas resoluciones, con el fin de lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones y de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, que algunos de los intervinientes hasta este momento parecen desconocer.

Han pasado 23 años desde aquella resolución 690 de 1991, sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, y quiero poner de manifiesto cuál es el espíritu de la enmienda que defiende el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, renovar el compromiso del Partido Popular y, por lo tanto, del Gobierno al que da apoyo, del constante y permanente apoyo de España a las gestiones realizadas en el marco de Naciones Unidas para la búsqueda de una solución política pacífica, justa, duradera y mutuamente aceptada al conflicto del Sáhara Occidental, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de esas disposiciones y principios de la Carta de Naciones Unidas. Y que el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, otorga a la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y, en particular, en el ámbito del Sáhara Occidental, una enorme importancia. En este sentido, España, en su condición de miembro constituido del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, ha defendido tradicionalmente la necesidad de introducir mecanismos de protección de los derechos humanos en el mandato de la Minurso. Lo ha hecho el Gobierno de España desde 2012 en esas reuniones del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental. En 2012, en 2013 y durante los meses de marzo y abril de 2014. Bien lo saben los grupos de esta Cámara.

Por eso, la enmienda pretende poner de manifiesto no que intercedamos, sino que continuemos con la labor que estamos realizando en la promoción y defensa de los derechos humanos de la población saharaui, que sigamos abordando esta cuestión en el diálogo político entre las partes y, sobre todo, en el principio general de la política exterior del Gobierno de España, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos en todos los rincones del mundo. Porque se han utilizado expresiones por los que me han precedido en el uso de la palabra relativas a las armas. Derechos humanos en todos los rincones del mundo. Recientemente, se ha aprobado el tratado de comercio de armas, con el voto desfavorable de Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, países que no respetan los derechos humanos y que son jaleados por algunos de los grupos cuyos portavoces han intervenido hace unos momentos en esta tribuna. (Aplausos).

Con vistas a esta próxima renovación del mandato, que es inminente —estamos hablando de horas—, nosotros, el Gobierno de España, en el 2012, 2013 y 2014, siguiendo la labor hecha por anteriores Gobiernos del Partido Popular y por otros que no eran del Partido Popular, vamos a seguir exigiendo y apoyando en el Grupo de amigos las propuestas de consenso en lo que se refiere a la vigilancia y supervisión de los derechos humanos.

No obstante, deberían saber cómo funciona, primero, el Grupo de amigos y, en segundo lugar, el Consejo de Seguridad. En el Grupo de amigos España participa, con voz y con voto, pero en el Consejo de Seguridad no estamos, de ahí la importancia de esos vetos implícitos que se producen en el Grupo de amigos, donde además de España están Francia, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos sabemos las posiciones de cada cual. España la ha mantenido y la va a mantener: que se supervisen los derechos humanos en todas las misiones y en todos los rincones del mundo, y en la Minurso por supuesto. Todos sabemos el papel de cada uno, cuál es el rol de cada uno, cómo funciona el Consejo de Seguridad y cómo llegan los trabajos allí después de las reuniones previas, las reuniones del Grupo de amigos, y también la propuesta de resolución que elabora uno de los miembros de ese grupo, que es Estados Unidos, que en el 2013 propuso sus mecanismos, aunque al final se retiraron, y en el 2014...




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El senador CHIQUILLO BARBER: ... ni siquiera los ha propuesto. ¿Por qué? Porque se requiere la unanimidad y el consenso porque, si no, en el Consejo de Seguridad o bien Francia o bien Rusia vetarían esa resolución.

Por lo tanto, sepamos cuál es el funcionamiento de las instancias de las Naciones Unidas y sepamos que España ha estado y estará por el respeto y la supervisión de los derechos humanos en todos los rincones del mundo, sin demagogias, sin populismos y sin dobles varas de medir. En este sentido, el compromiso de España es firme y rotundo con el pueblo saharaui, como ha sido siempre en la trayectoria política de este partido democrático defensor de los derechos humanos, repito, en todos los rincones del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo más brevemente que quien me ha precedido en el uso de la palabra porque tendremos oportunidad de discutir esto en el turno de portavoces.

Sin perjuicio de que el Grupo Parlamentario Socialista comparta la motivación de la moción que debatimos hoy, que no es otra que asociar la supervisión de los derechos humanos al mandato que tiene la Minurso, que se renueva estos días, mi grupo ha presentado una enmienda que cree que recoge con mayor precisión la posición que defendemos ante esta compleja situación.

Nuestro país, si bien es cierto que no tiene responsabilidad jurídica ni administrativa desde el punto de vista de la legalidad internacional, sí tiene evidentemente una responsabilidad ética e histórica con el pueblo saharaui y no podemos renunciar a ella.

La posición de nuestro país debe seguir siendo coincidente con la posición de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Aquí repetiremos algunos de los argumentos que se han expresado por unos portavoces y por otros, desgraciadamente para utilizarlo en un sentido distinto en el voto. Y es que el Consejo de Seguridad sostiene desde el año 2001 que son las partes en conflicto las que tienen que llegar a un acuerdo. El Frente Polisario y Marruecos tienen que alcanzar —y cito literalmente, como han hecho mis predecesores en el turno de palabra— una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que se establezca a partir de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el marco de las disposiciones y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, siendo este un requisito indispensable para el regreso de los refugiados a sus hogares y para la consolidación de la estabilidad, de la integración y del desarrollo en la región. Esto no quiere decir en absoluto que España deba mantenerse al margen, sino todo lo contrario. Si somos consecuentes con esa responsabilidad política, histórica y moral a la que me refería al principio, debemos seguir trabajando de una manera muy activa, como hemos hecho en los últimos años, por propiciar un acuerdo entre las partes.

En este sentido, los socialistas creemos que España tiene que contribuir activamente a superar el principal obstáculo que plantea el contencioso: la falta de confianza entre las partes, la falta de voluntad o de capacidad del Frente Polisario y de Marruecos para dar un salto cualitativo que permita buscar una solución al problema. Para la consecución de tal fin, nuestro país ha de ayudar a propiciar que la comunidad internacional contribuya, facilite y apoye las conversaciones entre el Frente Polisario y Marruecos; ha de respaldar activamente el trabajo de las Naciones Unidas sobre el terreno, con propuestas como las que hoy pretendemos aprobar; ha de seguir impulsando el acercamiento y la mejora de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países de la región, reforzando los vínculos con la Unión Europea y apoyando los procesos de modernización y desarrollo democrático en el norte de África y en el Magreb; y, además, España debe mantener la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo tal como las dotamos los socialistas durante la pasada legislatura.

En el informe del secretario general de la ONU para la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2014 se habla de las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto; se habla de la asistencia y protección para los refugiados del Sáhara occidental —más




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de 90 000 personas refugiadas con vulnerabilidad—; se habla de que las carencias siguen siendo elevadas; se habla de las ayudas básicas para cubrir las necesidades de alimentación, educación, higiene, en la lucha contra la violencia de género y en otros aspectos básicos de la vida cotidiana; se habla de que se han recibido 551 denuncias de presuntas violaciones de los Derechos Humanos y de que se llevan a cabo 6 misiones de constatación de los hechos; y, asimismo, se habla de la necesidad de incidir en la defensa de los Derechos Humanos. Por todo ello nosotros presentamos esta enmienda pues creemos sinceramente, señores proponentes, que recoge con mayor precisión aquellos aspectos en los que todos podemos coincidir —en los que todos podemos y debemos coincidir— respecto de una cuestión tan delicada, tan sensible y tan especial para España. Y no se trata de que este sea un problema recurrente o de urgencia, no es un problema de horas, sino un problema de pronunciamiento político.

Por todo ello considero necesario que se apruebe esta enmienda que presentamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga, para indicar si acepta las enmiendas.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, nos encontramos ante un problema de pronunciamiento político. Completamente de acuerdo.

Tomo la palabra en estos momentos en nombre de los proponentes. En primer lugar quiero agradecer tanto al Grupo Parlamentario Popular como al Grupo Parlamentario Socialista que hayan presentado estas dos enmiendas. También hago uso de este turno para expresar que no podemos admitir ninguna de las dos, aunque por motivos diferentes. No admitimos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular por una cuestión a la que ya me he referido en la propia presentación de la moción y que no es otra que mientras la propia respuesta dada por el ministro en el Pleno marcaba los dos pilares que constituyen la solución a la situación del Sáhara occidental, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular recoge solo uno. Le recuerdo lo que ya he remarcado antes y que fue expresado por el ministro García-Margallo: tenemos dos pilares, uno, primero, el Estado —vuelvo a leer textualmente—, que defendió lo mismo tanto en Rabat como en Argel, porque este Gobierno no tiene un lenguaje diferente en función de la capital en la que se encuentre, y —siguiendo textualmente con la cita— apoya las negociaciones entre las partes con miras a la consecución de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara occidental en el marco de unas disposiciones, conforme a los principios y propósitos de la Carta de derechos humanos. Y el segundo pilar —el que nos señaló de igual manera que el Estado español había defendido ese mismo año como miembro del Grupo de Amigos del Sáhara occidental, y vuelvo a leer textualmente—: la conveniencia de que se establezcan mecanismos de control, de respeto a los Derechos Humanos, el mandato de la Minurso, postura que, por otro lado, era compartida por la mayoría de los países que formaban parte de dicho grupo.

Por todo ello, y al no dar una respuesta integral a la situación del Sáhara occidental la enmienda presentada, máxime cuando ya lo expresó en esta Cámara el ministro García-Margallo, no podemos aceptarla.

Diré respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que, aunque es verdad que aborda ambos pilares, no es menos cierto que en este asunto debemos ser claros. Han pasado demasiados años sin que se haya dado una solución al problema del Sáhara occidental y es el pueblo saharaui quien está padeciendo las consecuencias de esta situación. Por ello considero que hemos de ser claros en los términos que respaldemos en esta Cámara. Y los términos que hemos traído para su debate no son otros que los que dejan claramente recogidos los derechos que le corresponden al pueblo saharaui, establecidos según la legalidad internacional y respaldados y promovidos por todos los grupos defensores de los Derechos Humanos, como es el caso, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Es decir, son términos compartidos y que consideramos que son los apropiados para dejar reflejado de manera clara y expresa el posicionamiento de esta Cámara.

Por todo ello, y estando seguros de que, por lo oído hoy, todos compartimos el espíritu de lo que queremos que se apruebe en esta Cámara, les pido que, a pesar de que no les vayamos a admitir sus enmiendas, voten a favor del texto original presentado, texto original en el que se pide que la




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supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la Minurso cuando se revise en este mes de abril, para que así las Naciones Unidas puedan llevar a cabo su obligación de organizar el referéndum de autodeterminación y, finalmente, solucionar el conflicto sobre el Sáhara occidental mediante la aplicación del derecho internacional y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de derechos humanos. Les solicito su aprobación sobre todo viendo las noticias que llegan, que, por lo que parece, tampoco en esta renovación del mandato a la Minurso se van a incluir en ella los mecanismos para la vigilancia de los derechos humanos.

No es que este tema sea urgente ni que llegue en un momento que pueda ser tarde para adoptar estas decisiones. Era tarde antes, lo es ahora e incluso, haciéndolo mañana, podemos estar ya ante una situación irreparable. Pero, desde luego, esta situación ya es irreversible para miles y miles de saharauis, que han sufrido y sufren estas conculcaciones de derechos humanos en estos momentos.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

No van a compartir turno.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer al senador Alberto Unamunzaga, dentro del Grupo Mixto —al que le queremos mucho en nuestro grupo— la oportunidad que me ha dado de firmar, con los otros 17 senadores de diferentes grupos, esta moción y de participar en ella.

El conflicto del Sáhara lleva muchos años, desde 1974, cuando se le promete al Sáhara un referéndum. Posteriormente está la traición que hace España. En 1995, la firma —que no sale publicada en el BOE— entre Mauritania, Marruecos y el rey de España; la ocupación de Mauritania y de Marruecos; la retirada posterior de Mauritania, reconociendo así el territorio ocupado del Sáhara occidental, etcétera. En 1991, el Plan de paz de la ONU firmando un acuerdo de referéndum de autodeterminación entre el Frente Polisario y Marruecos que la ONU persigue poder terminarlo en pocas semanas y que desgraciadamente lo logra en 2000, con el censo electoral de aquellos que pueden votar el referéndum de autodeterminación. Pero no acepta Marruecos, y ahí se para todo.

¿Qué situación hay? 150 000 personas viven en el Sáhara occidental ocupado por Marruecos, muchos de ellos violados, torturados, etcétera —todo el mundo lo hemos vivido—. Aproximadamente hay unos 30 000 en el territorio que controla el Frente Polisario y otros 120 000 viven en los campos de refugiados gracias a la ayuda humanitaria.

Llevamos mucho tiempo debatiendo este tema, y les voy a hacer un pequeño recordatorio, desde la pasada legislatura en la que fui elegido senador y se presentaron varias iniciativas. Y, claro, donde dije digo, digo Diego. (Mi compañero José María Chiquillo, al que aprecio, y yo hemos debatido mucho sobre esto.) Y les voy a leer mociones que se presentaron en esta Cámara y literalmente lo que decían, y lo que en aquel momento dijo en 2005 el Grupo Parlamentario Socialista —y con mucha controversia, me consta— y que votó en contra de esa moción. Después se presentó otra en 2007 y otra en 2010, que fueron aceptadas por unanimidad.

En 2005, el Grupo Parlamentario Popular proponía textualmente lo siguiente: Mantener de forma inequívoca el apoyo a la actuación de las Naciones Unidas sin buscar acuerdos alternativos a los ya alcanzados; es decir, el referéndum de libre autodeterminación del Sáhara. Ya han pasado 40 años. ¿Qué esperamos: otros 80 o 200 años, cuando no exista nadie? Esto es lo que ponía, y el Grupo Parlamentario Socialista no lo aceptó porque se decía —y leo textualmente— de forma inequívoca y señaló que había que negociar. El Grupo Parlamentario Popular decía que no, que tenía que ser ya inequívocamente y apoyar; el Grupo Parlamentario Socialista no lo aceptó y se abstuvo en esta moción. Eso pasó en 2005 en esta Cámara, y consta en el Diario de Sesiones.

En 2007, el Partido Popular vuelve a presentar otra moción, que en este caso se aprobó por unanimidad, relativa al legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharaui a través de referéndum libre y democrático de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Eso lo dijo el




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Partido Popular, pero no se ha cumplido, y no hacemos nada por cumplirlo, y es una parte de lo que proponemos hoy en nuestra moción. Simplemente eso.

En 2010 se volvió a presentar en el Pleno otra moción, que también se aprobó por unanimidad en el mismo sentido.

Señorías, creo que estamos debatiendo un tema muy importante y es que hemos dejado desamparado al pueblo saharaui. Es cierto que jurídicamente quizá no tengamos ninguna vinculación legal que nos permita ayudar, pero lo hemos abandonado, y lo dice un senador canario —tenemos mucha cercanía con ellos—, y así lo siento.

Hemos presentado muchas mociones, hemos hablado mucho al respecto, pero, como se dice, ¿realmente el Reino de España ha hecho algo? No. Nos hemos dejado llevar por intereses. Como se ha dicho aquí, Estados Unidos en 2013 hizo una propuesta sobre los derechos humanos pero como Marruecos no estaba de acuerdo lo retiró por intereses con este país, y ni siquiera lo ha vuelto a proponer. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo mismo. ¿Por qué intereses nos dejamos llevar, también por los de Francia? ¿Por qué intereses —por qué no decirlo—, por intereses económicos puros y duros de las grandes empresas españolas? Es decir, abandonamos los derechos humanos de un pueblo con el que tenemos responsabilidad, como es el pueblo saharaui, por intereses económicos, puros y duros. Esa es la realidad, eso es lo que han hecho los gobiernos de España, unos y otros, sin distinción.

Nosotros hemos presentado una moción muy clara. No digo que no esté bien la enmienda del Partido Popular que ha presentado el señor Chiquillo —sí, estoy de acuerdo, también con la que presenta el Partido Socialista—, pero, repito, hemos presentado una moción clara y a lo mejor deberíamos haber ido más allá, digo yo.

Mi grupo siempre ha apoyado al pueblo saharaui, y lo vamos a seguir haciendo, por tanto, vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera, porque la hemos firmado. Y lo mismo que ha sucedido con la moción anterior —a la que voté a favor—, deberíamos votar esta moción por unanimidad y el Gobierno de España debería hacer mucho más, dejar de lado los intereses económicos que las grandes empresas españolas tienen en Marruecos, porque parece que solo contentamos a Marruecos con dinero, solo con dinero. Yo he estado en el muro de la vergüenza, muro que pagamos los europeos, incluso los españoles. ¿Y para qué: para contener, matar y aniquilar al pueblo saharaui?

Hablaban de lo que ocurrió en 2010, el desgraciado campamento que estaba en el Sáhara occidental ocupado y que Marruecos disolvió, y de que era una flagrante actuación en contra de los derechos humanos. Y decía el Partido Popular que había que actuar contra ellos, fueran quienes fueran. Pues bien, ahora pido a todos que voten esta moción, y que el Gobierno haga todo lo que esté en su mano, no un poco sino mucho más. Es verdad que ha de aprobarse antes del 30 de este abril, incluso la nota que todos hemos leído dice que este viernes o el próximo lunes seguramente se tomará un acuerdo, pero es que llevamos 40 años de retraso. ¿No les parece que es muy urgente?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 27 de febrero de 1976, tras el abandono por parte de España del hasta entonces llamado Sáhara español, el Frente Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara occidental, proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática.

Treinta y ocho años después, ningún Estado en el mundo reconoce la anexión del Sáhara por parte de Marruecos, y decenas de países, incluida la Unión Africana, sí reconocen a la República saharaui, lo cual no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio permanezca militarmente ocupado, aun cuando es manifiesta la ausencia de cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sáhara occidental.

Treinta y ocho años después, el del Sáhara occidental parece un conflicto verdaderamente olvidado —está olvidado—, y muchas de las actitudes de los partidos políticos son totalmente hipócritas, falsas, y no se corresponden con la realidad ni con los actos que llevan adelante. Porque lo primero que me preocupa es que no seamos capaces de llegar a un acuerdo en este




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ámbito si estamos de acuerdo al menos con los dos principios: primero, cumplimiento de resolución de la ONU con el derecho de autodeterminación y, segundo, con la labor de la Minurso, de cara a la protección y tutela de los derechos humanos. ¿Con quién no estamos de acuerdo? ¿Con qué punto de los dos no estamos de acuerdo? Si hoy mismo todos aquí hemos mostrado una voluntad, al menos a la hora de defender nuestras posturas, con estos dos planteamientos, ¿por qué no se es capaz, o qué es lo que da miedo dentro de esta moción, dentro de este texto, para no aprobar, para no reafirmar estas dos reflexiones que hemos lanzado esta mañana?

Y digo conflicto olvidado porque, evidentemente, parece que haya otros intereses que hacen que en la agenda de la comunidad internacional no figure este asunto, al tiempo que la ONU se muestra incapaz de persuadir a Marruecos para que cumpla con la legalidad internacional y se celebre el referéndum de autodeterminación. No obstante, más allá del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y sus relaciones aún por definir con el Estado marroquí, resulta necesario enfocar la mirada en la situación de los derechos humanos de la población que reside en los territorios del Sáhara occidental.

El pasado mes de septiembre me tocó ir a una misión con otros miembros del Congreso, en concreto, con la Comisión Intergrupos de Derechos Humanos, al Aaiún, al Sáhara occidental. Creo que nosotros fuimos una de las primeras misiones de parlamentarios que conseguimos entrar en el Sáhara occidental. En el Aaiún, bajamos del avión, y en el aeropuerto —el Gobierno marroquí tenía toda nuestra agenda, porque se la habíamos trasladado—, nos conminaron a que nos dejarían pasar siempre y cuando todas las reuniones que teníamos comprometidas las celebrásemos en el hotel donde nos alojábamos. Evidentemente, la única opción que nos quedó fue comprometernos a que así lo haríamos —algo que no cumplimos, evidentemente—. Pero también les digo que tras nosotros teníamos continuamente, las 24 horas, dos coches y dos motos grabándonos en vídeo y recogiendo todas las reuniones que manteníamos con diversos colectivos —sindicatos, partidos políticos, familiares de presos, asociaciones de mujeres, etcétera—. Allí pudimos recoger lo que hoy nos anima a presentar esta moción porque tenemos que defender que la Minurso, la ONU, tutele los derechos humanos en el Sáhara occidental y también en los campamentos. Porque nosotros también fuimos testigos de diversas manifestaciones pacíficas que se produjeron y de sus consecuencias y de lo que determinada gente sufrió a manos de la Policía. Con lo cual, en nuestra opinión, se dan los argumentos suficientes para lo que aquí al menos se dice: intentar influir para que el Consejo de Seguridad de la ONU aporte o dé su visto bueno a esta propuesta.

Es evidente —y todos conocemos cómo se adoptan las decisiones en el Consejo de Seguridad— que no se pide aquí más que que se influya para que esa decisión sea afirmativa, no decimos otra cosa. Que se influya para que eso sea así.

Porque también podemos hablar de las desapariciones forzosas. Una violación particularmente odiosa es la que constituyen las desapariciones forzosas, también llamadas involuntarias, que vulneran toda una gama de derechos consagrados en la Declaración Universal y enunciados en los pactos internacionales de derechos humanos y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario, un drama todavía presente en la vida de muchas familias saharauis, desconocedoras del destino de sus seres queridos y atenazadas por un dolor y un sufrimiento indescriptibles, por una herida que no han podido cerrar aún, tal como hemos podido ver aquí una y otra vez.

Cuando nosotros aquí reflexionamos y debatimos todo el tema de la justicia universal, vimos también el sufrimiento de determinadas familias, vimos asimismo qué es lo que ocurrió hace años. Y esa es una de las razones por las que entendemos que la Minurso tiene que actuar en este tema y tiene que investigar —como instrumento imparcial que es— todo lo ocurrido allí. Porque negar la justicia universal es negar los derechos humanos. ¿O qué es lo que les vamos a decir a los familiares cuando, además de romper ya con la trayectoria del Estado español en el ámbito de la justicia universal, no pidamos como Estado al Consejo de Seguridad que también tutele los derechos humanos, o que asimismo la Minurso o la ONU tengan la responsabilidad de velar por los derechos humanos? ¿Qué les vamos a decir a estas personas, que en aquellos momentos tenían también pasaporte español, que, tras las investigaciones, se descubría su DNI español? ¿Qué les vamos a decir a estas familias?




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Hay una serie de obligaciones permanentes que tenemos como Estado —así las señaló Pablo de Greiff, como relator de la ONU, cuando vino aquí, a esta misma Cámara, y se reunió con la Comisión de Justicia del Senado y con diferentes colectivos, tras la cual, hizo un informe preliminar que verá luz en septiembre de este mismo año, una vez aprobado por la Asamblea de la ONU—. Recordemos lo que decía Pablo de Greiff sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición después de situaciones de represión y conflicto, e incluso en situaciones de conflicto incurso, en las que no cabe siquiera hablar de transición, porque los Estados tienen las obligaciones jurídicas permanentes contraídas en virtud del derecho internacional de aplicar medidas que realicen el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Es decir, estos cuatro elementos no son solo una cuestión de empatía hacia las víctimas, y como demuestra la experiencia internacional en conflictos pasados y presentes, también en el Sahara Occidental es preciso hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, padecidas por la población civil saharaui bajo administración marroquí.

Para terminar, dos reflexiones. Primera, es incomprensible que si verdaderamente estamos de acuerdo con estos dos conceptos que aquí hemos utilizado, repito, si verdaderamente estamos de acuerdo con estos dos conceptos, no seamos capaces de lograr aquí un acuerdo por el pueblo saharaui —porque el pueblo saharaui se lo merece—.

Y segunda reflexión, para terminar, unas palabras de Ban Ki Moon, relatadas el día 10 de abril de 2014, que instó —textualmente— a garantizar la observación independiente, imparcial y constante de la situación de los derechos humanos en el territorio y en los campos de refugiados saharauis...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: ... del sur de Dajla.

Nada más y muchas gracias.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, quisiera empezar tranquilizando al senador Chiquillo. No se preocupe por las horas. Si ustedes son capaces de tumbar en pocas horas la justicia universal, ¿cómo no pueden aprobar una moción? (Aplausos). En segundo lugar, senador Chiquillo: cuando usted se refiere a todos los rincones del planeta, ¿habla también de Arabia Saudí o no? ¿Habla de Arabia Saudí? Lo digo para que dejen de jalearla.

El problema del Sáhara Occidental es de hace 38 años —lo decía hace un momento el portavoz del Partido Nacionalista Vasco—. Nosotros no somos responsables de lo que pasó en 1975 y 1976, pero en 1977 hubo el primer Gobierno democrático, en 1982 el primer Gobierno socialista, en 1996 el primer Gobierno del Partido Popular, luego vino otro Gobierno socialista y actualmente el Gobierno popular. A lo largo de todos estos años —lo digo de cara a la palabrería que acompaña normalmente a este tipo de debates— han primado por parte de estos gobiernos las buenas relaciones con el Reino de Marruecos respecto a la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Esto es una evidencia: durante todos estos años lo que realmente ha primado en la política de Estado han sido las buenas relaciones con el Reino de Marruecos. Y esto nos ha apartado de la responsabilidad y compromisos que tenemos como potencia, ex potencia, como ex colonia, colonia. (El señor Jesús Iglesias hacía una referencia legal al respecto.) Y hoy estamos hablando de una situación de Estado ocupante, el Reino de Marruecos, fuerzas de ocupación, territorios ocupados, violación de derechos humanos, refugiados en los campamentos. Es decir, estamos hablando de una situación dramática que se alarga en el tiempo. Pero porque sea un problema enquistado y viejo no quiere decir que no sea un problema que haya que resolver desde la justicia y la equidad. Y todo esto nos afecta, nos atañe. Y todo esto no se resuelve en tal o cual frase dicha por parte de cualquier ministro de Exteriores que hayamos podido tener a lo largo de estos años. Esto exige por parte del Gobierno de España un compromiso firme de parar los pies a




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Marruecos, de comprometer a la comunidad internacional de forma decidida como ex potencia de que Marruecos no puede seguir ocupando esos territorios, de que Marruecos no puede seguir violando los derechos humanos, de que Marruecos, en definitiva, no puede vulnerar las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Esto se hace? No, esto no lo hacemos, digan lo que digan en esta tribuna.

A lo largo de todos estos años, España en ningún momento se ha comprometido firmemente frente al Gobierno de Marruecos en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y entonces pasa lo que pasa.

Hoy presentamos una moción en la que lo fundamental o más importante es la ampliación de la misión de la Minurso en la protección de los derechos humanos. Creo que es una moción que cobra aún mayor importancia frente al anuncio que ha hecho el senador Unamunzaga de que posiblemente esta ampliación no se dé frente al retraso de la votación de Naciones Unidas. Considero que esta moción toma aún mucho más sentido frente a esta realidad. Y creo que sería muy oportuno que los grupos del Senado votáramos a favor de la moción propuesta.

En definitiva, mi grupo dará apoyo a esta moción por creer que hay un compromiso, que hay una restitución, que hay una deuda con el pueblo saharaui, que esta es una aportación en concreto al compromiso con este pueblo. Es una moción positiva, que probablemente es la adecuada y que puede tener su impacto en el debate que haya en el seno de las Naciones Unidas.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.

Permítame que haga un pequeño matiz porque, cuando el senador Plana y yo mismo le hemos hecho llegar una pequeña nota a la portavoz de Esquerra, diciéndole: puedes hablar en catalán, he visto que el presidente ha esbozado una simpática sonrisa. Y es que me he atrevido a darle una nota porque en este popurrí lingüístico que tenemos en mociones, interpelaciones, leyes, etcétera, donde podemos hablar en catalán o podemos hablar en castellano, hay veces que al bajar a la tribuna podemos tener un lapsus y hablar sin darnos cuenta en la lengua propia. De ahí mi atrevimiento al decir a la senadora Capella que podía hablar en catalán. Y entiendo el dribling lingüístico, porque, salvo raras excepciones, que las hay en todos los grupos, cuando en este hemiciclo hablamos en catalán o en euskera no se pone el pinganillo ni Buda, y por ello hay ocasiones en las que las senadoras y los senadores catalanes hablamos en castellano, para que nos entienda todo el mundo.

Feta aquesta matisació, que era un simple detall parlamentari del nostre grup, volia entrar en el debat, sobre una moció que demana una cosa tan senzilla i tan simple com que a Minurso, la presència de Nacions Unides per fer un control de la pau al Sàhara, també se li encarregui el seguiment, el control dels drets humans. La veritat és que jo podria dir que el nostre grup està totalment d’acord amb la moció que han presentat 17 senadors i senadores i que hi votarem a favor. I acabar fent allò de he dicho. I ja hauria complert amb la meva obligació de posicionar el nostre grup. Però no només faré això. No només diré que votarem a favor d’aquesta moció. Sinó que aprofitaré l’ocasió perquè, com molt bé ha dit algun portaveu, aquesta és una moció política, és veritat. La meva no serà una intervenció ni polèmica ni conflictiva, ni agra. Perquè crec que aquest és un tema que no s’hauria ni de polititzar ni de radicalitzar, sinó aportar-hi molta comprensió, molta generositat.

Mirin, el Sàhara és la gran assignatura pendent que té Espanya. I això, com molt bé ha dit el senador Guillot, no ve d’ara. Ve de molts anys enrere. Jo vaig tenir la sort d’anar a Tindouf., —conec bé el Sàhara. I, amb en Josep Maria Solé i Sabaté, historiador, persona que en aquell moment presidia l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, vam estar parlant amb un avi, amb una persona sahrauí molt gran. I aquest sahrauí ens deia el següent: a dalt d’una duna, un grapat de dones i homes sahrauís, amb una ràdio d’aquelles que els joves d’ara no coneixen però que, els que som més grans coneixem, que anava amb piles, amb aquelles antenes que es movien per a poder localitzar l’emissora, vam estar escoltant el discurs institucional del que pensava fer Espanya amb el Sàhara. I quan vam sentir que el Sàhara era annexionat i era entregat i no obtenia la




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llibertat, no podia ser un Estat, un país lliure, aquella duna de sorra es va convertir en una duna humida per les llàgrimes de tots els que érem allà, que vam plorar per la tristor que ens va envair.

Aquesta assignatura pendent, després de molts i molts anys, continua igual. Espanya continua amb l’assignatura pendent.

Por tanto, hecho este matiz, que era un detalle parlamentario de nuestro grupo, querría entrar ahora en el debate sobre una moción que pide algo tan sencillo y tan simple como es que a Minurso, que es la presencia de Naciones Unidas para hacer un control de la paz en el Sahara, también se le encargue el seguimiento y control de los derechos humanos. La verdad es que yo podría decir que nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la moción que han presentado 16 ó 17 senadores y senadoras, que vamos a votar a favor y a acabar con un: ¡He dicho! Así habría cumplido con mi obligación de posicionar a nuestro grupo parlamentario. Pero no solo voy a hacer eso, decir que votaremos a favor de esta moción, sino que, además, aprovecharé la ocasión porque, como bien ha dicho algún portavoz, esta es una moción política, y mi intervención no será polémica, conflictiva ni agria, porque creo que este es un tema en el que no se tendría que politizar ni radicalizar, sino aportar mucha comprensión y generosidad.

El Sahara es la gran asignatura pendiente de España y, como bien ha dicho el senador Guillot, esto no viene de ahora, sino de hace muchos años. Yo tuve la suerte de ir a Tinduf —conozco bien el Sáhara— y estuve con Josep María Solé i Sabaté, historiador y persona que en ese momento presidía la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Estuvimos hablando con un abuelo, un saharaui muy mayor que nos dijo lo siguiente: encima de una duna, una serie de hombres y mujeres saharauis con una radio de esas que los jóvenes no conocen, con pilas y una antena que movían para poder localizar la emisora, estuvieron escuchando el discurso institucional de lo que pensaba hacer España con el Sáhara, y cuando oyeron que iba a ser anexionado y entregado, que no tendría libertad, que no podría ser un Estado, un país libre, aquella duna se convirtió en una duna de arena húmeda por las lágrimas de todos los que estaban allí, que lloraron de tristeza. Esta asignatura pendiente sigue igual después de muchos años. España sigue con esa asignatura pendiente.

Y en este popurrí lingüístico de buen rollo, como dicen los jóvenes, quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Chiquillo, a quien, como ha dicho el senador Quintero, yo también valoro, aprecio y respeto, que 72 horas dan para mucho, incluso para una política de gestos. Si España cree que puede pedir que Minurso haga un seguimiento de los derechos humanos, es muy fácil: una llamada telefónica, una intervención diplomática, etcétera, incluso con el peligro de que no hagan caso, pero no pasa nada, la actitud, la generosidad, la benevolencia existirían.

Yo entiendo —he dicho antes que la mía no sería una intervención polémica— muchas cosas, este no es un tema fácil, porque ahora quien recibe los golpes o la presión o la dialéctica es el Partido Popular, que está en el Gobierno, pero es verdad que cuando estaba el Partido Socialista la actitud era la misma —cuando se gobierna no es fácil—. Y es verdad que Marruecos es un país amigo, es verdad, y con el que hay muchísimos intereses empresariales, temas sociales y económicos, es verdad, pero es que aquí no se pide una actitud contra Marruecos.

Aquí el que es demana és que Nacions Unides controli els drets humans. Per tant, des del respecte i des de l’estima al poble sahrauí —abans li deia al company Bagué que Catalunya està farcida d’associacions de defensa del poble sahrauí i d’amics del poble sahrauí, perquè Catalunya ha estat sempre capdavantera en l’ajuda al poble sahrauí—, entenem que aquesta és una assignatura pendent però difícil.

Què ens sembla a Convergència i Unió? Que cal una política de gestos. Que caldria que Espanya pivotés sobre allò que és una realitat: el Marroc i els sahrauís estan obligats a entendre’s; s’han d’entendre a la força. Per dues raons: per veïnatge, perquè són veïns, i en segon lloc, per història; perquè els sahrauís no han renunciat ni renunciaran a la seva llibertat fins que en quedi un. Mentre quedi un sahrauí al desert, voldrà la llibertat del seu poble. Per tant, Espanya té un gran paper, que és el de fer de mitjancer i d’apropar postures. Que dos pobles que estan destinats a conviure i a viure junts, o a prop, puguin tenir les llibertats pròpies. I això és el que avui es demanava: una actitud del Govern. Però si en permet, jo vaig més enrere.

Aquí lo que se pide es que Naciones Unidas controle los derechos humanos. Por lo tanto, desde el respeto al pueblo marroquí y desde el aprecio al pueblo saharaui —y antes hablaba con




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el compañero Bagué que Cataluña está llena de asociaciones de amigos del pueblo saharaui y ha liderado siempre esta ayuda al pueblo saharaui—, entendemos que esta es una asignatura pendiente pero difícil.

¿Qué es lo que nos parece desde Convergència i Unió? Que hay que hacer una política de gestos, que sería necesario que España pivotase aquello que es una realidad. Marruecos y los saharauis están obligados a entenderse, se tienen que entender a la fuerza, por dos razones: en primer lugar, porque son vecinos y, en segundo lugar, por historia, porque los saharauis no han renunciado ni van a renunciar a su libertad; mientras quede un saharaui en el desierto, querrá la libertad de su pueblo. Por lo tanto, España tiene un gran papel de mediador, de acercar posturas, de que dos pueblos que están destinados a convivir y a vivir juntos, cerca, puedan tener sus propias libertades, y esto es lo que yo les pedía hoy, una actitud del Gobierno. Pero, si me permiten, voy a ir un poco más atrás.

Señores del PP, esta no es una moción beligerante, léanla bien. No sé quién ha dicho que es una moción de mínimos —quizá el portavoz canario, señor Quintero—, es verdad, es una moción de mínimos, solo se pide una cosa tan simple como que Naciones Unidas pueda controlar los derechos humanos, mejor dicho, no controlar sino hacer un seguimiento, y derechos humanos significa libertad de expresión, libertad de manifestación, que no haya violencia, ni física ni de ningún tipo.

Dado que se me acaba el tiempo, diré solo que nuestro grupo hace una llamada a lo que llaman en catalán seny, al sentido común. Aún estamos a tiempo de encontrar una solución, de encontrar un texto —estoy seguro de que los 15 o 16 senadores que han firmado la moción estarían de acuerdo— en el cual tan solo se incluya en lo que está haciendo Minurso el control de los derechos humanos. Se ha dicho —estoy convencido, me lo creo y es cierto— que el Partido Popular quiere el respeto, quiere que se supervisen los derechos humanos en todas las partes del mundo. Cuando decimos todas, en el mundo también está el Sáhara. Por tanto, si lo queremos en todas partes, hagamos un esfuerzo político, hagamos un esfuerzo de generosidad política y encontremos un texto consensuado —que creo que la voluntad en este hemiciclo ha de ser esta— para que hoy se le diga al pueblo saharaui que España quiere que los derechos humanos se respeten y que España quiere que haya un acuerdo entre dos pueblos, el marroquí y el saharaui, que merecen el respeto de todos los españoles y que merecen el respeto de todas aquellas personas que los conocen, que son dos pueblos nobles a los que les separa un acuerdo político que alguien tiene que pivotar, y España lo podría hacer por su historia y por su déficit, porque España dejó al Sáhara colgado en una duna seca, que en pocos momentos se convirtió en una duna húmeda por las lágrimas de los saharauis.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente, señorías.

Sentimos que no se haya apoyado la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista porque, como hemos planteado en su defensa, creemos que explicitaba más ampliamente el propio mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la propia Minurso; creo que era mucho más clara, como ha expresado el representante de Convergència i Unió.

En cualquier caso, señorías, anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la moción presentada y muy concretamente a la parte dispositiva de la misma. Lo vamos a hacer por responsabilidad, por coherencia política, porque es fundamental salir de aquí unidos en una posición en la que España no es un actor más; es un actor fundamental que tiene que expresar con claridad cuáles son sus posiciones, por lo que no se entiende muy bien por qué no se va a apoyar.

Señorías, como saben, cada año, a finales de abril — viene siendo así desde 2007— el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva el mandato de la Minurso, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, con el fin de recordar y de reafirmar las resoluciones anteriores del Sáhara occidental. En el mismo se reafirma el compromiso de ayudar a las partes —lo comentábamos antes— a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara occidental en el marco de las disposiciones, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y




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haciendo notar la función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto. Además, también reafirma su apoyo al Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara occidental como solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes.

El apoyo a la moción está basado también, ahora que estamos a las puertas de unas elecciones europeas y que todos remarcamos la importancia que tiene la Unión Europea en todo esto, en el informe que aprobó concretamente la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en septiembre del año pasado, el informe Tannock, sobre la situación de los derechos humanos en el Sahel y en el Sáhara occidental, que no deja lugar a dudas, ya que hace explícito reconocimiento —y cito textualmente— «del legítimo derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, mostrando especial preocupación por las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos». Como digo, la moción fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por todos los grupos políticos.

El informe, que reconoce el estatus del Sáhara occidental como territorio no autónomo, y por tanto independiente de un proceso de descolonización, hace un llamamiento a Marruecos y al Frente Polisario para que continúen con sus negociaciones y alcancen una resolución pacífica del conflicto. Además, en este informe se reafirma el apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara occidental y se solicita pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del pueblo saharaui, incluida —y remarco «incluida»— la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de forma pacífica. No es nada nuevo lo que se pretende con esta petición que se expresa en la moción —lo ha comentado algún grupo político anteriormente—, y ya hubo un intento por parte de Estados Unidos en la anterior revisión en 2013 de la renovación de la Minurso, pero finalmente no fue llevada a término.

Señorías, son 38 años, demasiados sin ver una salida al conflicto tras años de guerra, de acuerdos firmados para lograr la paz, de procesos de identificación de la población con derecho a formar parte del censo que habría de decidir el futuro del territorio, de maniobras para dificultarlo con el traslado al territorio de decenas de miles de personas de una población no autóctona, de propuestas fallidas de soluciones dadas por el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, de rondas de negociaciones directas impulsadas por la ONU... La cuestión sigue enquistada, sigue sin resolver. Pero atención, ya se ha dicho por parte de Naciones Unidas que como en esta próxima renovación de la Minurso no se consiga un objetivo alcanzable, habrá que poner en marcha una nueva revisión de todos esos asuntos y volver a empezar de cero. Creo que no nos podemos permitir ese lujo. Mientras tanto, hay, además, unos auténticos paganos: los refugiados; una población de refugiados que valoran las distintas partes, unos en 60 000 y otros en 150 000 —antes se hablaba, en la defensa de la enmienda, de que son 90 000 personas— que viven en unas lamentables condiciones, y siguen viviendo, casi cuatro décadas después fuera del territorio, en los campamentos de Tinduf, instalados, como decía, en condiciones precarias, dependiendo de una ayuda humanitaria, por cierto, cada vez más debilitada por los recortes con motivo de la crisis.

Este factor de sufrimiento de una gran masa de la población —que es la auténtica sufridora, desplazada de su tierra y viviendo, como decía algún compañero, en un territorio inhóspito, muchas de sus señorías lo conocen porque han tenido la oportunidad de estar allí— es, sin duda, lo que debe hacer presión para que no se demore ni se retrase la solución del problema. No lo decimos nosotros, lo dicen diversos informes, entre ellos, los del Real Instituto Elcano en los que se comenta que es verdad que no fue hasta abril del 2007 cuando Marruecos ofreció un plan de autonomía en la dirección que sugería Naciones Unidas. El documento titulado «Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía para la región del Sahara», hablaba de autonomía, de amnistía, de revisión constitucional, incluso de elección de un presidente elegido por los miembros de las diferentes tribus saharauis y por miembros electos por sufragio universal de la región y con amplias competencias. Pero transcurridos siete años de esto, dicho plan no es nada más que papel mojado, papel inservible, ya que no se ha adoptado ninguna disposición efectiva que permita la participación real de la población originaria del territorio en la gestión de la vida política y económica de la zona, entre otras cosas porque, sin que el Frente Polisario entienda que se ofrecen garantías suficientes para una solución duradera de sus aspiraciones, esto no será posible.




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Me quedaré con unas reflexiones de Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas, que dice que el principio de autodeterminación para un problema de descolonización ha sido la constante en la presentación de las coordenadas de la cuestión del Sahara Occidental y se mire por donde se mire no hay otra salida diferente porque es la única que tiene en cuenta lo fundamental, y es el derecho del pueblo saharaui a elegir su futuro y el de su territorio, que sigue estando bajo una ocupación ilegal, no reconocida por la comunidad internacional.

Es verdad que la colaboración con el ejecutivo marroquí es importante por muchas cuestiones: hay inversiones españolas considerables, hay acuerdos importantísimos… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, presidente.

Decía que hay acuerdos importantísimos en diversas materias firmados por la Unión Europea, y además está la colaboración con Marruecos, que no deja de ser prioritaria en asuntos como la inmigración o como la lucha contra el narcotráfico. Pero, señorías, esto no nos debe hacer mirar hacia otro lado. Estos intereses no pueden anteponerse ante la defensa de los derechos fundamentales.

Decía ayer el ministro de Justicia, para defender la aprobación de la Ley de jurisdicción internacional, que España hará lo mismo que Francia, que Reino Unido, que Alemania o que Estados Unidos, es decir, decía el ministro, los países más avanzados del mundo. Pues yo le digo que en esto no queremos ser igual que los países más avanzados del mundo, queremos seguir siendo leales a la defensa de los derechos fundamentales y no renunciar a ellos. Tampoco queremos ser iguales en este caso que nos ocupa. Atendemos muchas veces a la geopolítica, a la geoestrategia sin ser capaces de analizar los problemas que tenemos aquí al lado, señorías, sistemáticamente, donde se conculcan los derechos y las libertades. Por eso, no es un problema para España de política exterior, lo decía algún representante, sino que es un problema interno, somos un actor principal en todo esto.

Por eso —y es lo que planteaba en la defensa de la enmienda— es por lo que me quiero dirigir al Partido Popular e instarle para que vote a favor de la moción. La moción no dice nada que no pueda ser votado y es importante que España en este caso salga de aquí unida para ser una referencia importantísima ante las Naciones Unidas; además, porque no se trata de hacer política partidaria, sino que se trata de un asunto de justicia. Le pido que voten a favor porque no se solicita nada que vaya en contra de lo que ya dice el secretario general de las Naciones Unidas en su informe, en cuanto a que se debe contribuir a una vigilancia más equilibrada y amplia de la situación. No se puede decir una cosa y la contraria. Tengo aquí acuerdos de diferentes ayuntamientos, donde gobierna y no gobierna el Partido Popular, declaraciones institucionales que incluso van más allá de la petición de que a la Minurso se le implementen los derechos para la revisión de los derechos humanos. ¡Cómo se puede decir eso y lo contrario!

Señoría, le daré un argumento más. El señor presidente del Gobierno en un momento determinado acusó al anterior presidente…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor SAÑUDO AJA: ... al presidente Zapatero, de decir que hacía dejación de los principios porque no defendía los derechos humanos. Aquí tienen una gran oportunidad de hacer lo que decían, no lo contrario. Hay países que se declaran en neutralidad positiva o en neutralidad activa. Lo que hay que tener es una acción decidida.

Por eso, el Partido Socialista, por responsabilidad, por coherencia, porque siempre ha sido, es y va a seguir estando en la defensa de los derechos humanos, va a apoyar esta moción.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.




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El senador CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero seguir opinando, interviniendo y proponiendo debate en esta apelada como recurrente y urgente moción, a la que yo quiero añadir otros calificativos, como que ha sido la oportunidad —no hablo de oportunismo— para que toda la oposición se abrace en el Senado en el día de hoy. Pero no voy a ir a la palabrería. Voy a hacer una intervención política y en algunos puntos pedagógica, y espero que alguien me la permita si se siente aludido, aunque no voy a hacer ninguna referencia personal, para evitar réplicas, contrarréplicas y estar 72 horas esperando la resolución del Consejo de Seguridad.

El pronunciamiento político que se pide al actual Gobierno de España, por lo menos desde el mandato expresado en las urnas por los ciudadanos en noviembre de 2011 y, desde que tenemos responsabilidad, en enero de 2012, en 2013 y en 2014, en el día a día del Gobierno y del Partido Popular que sustenta a ese Gobierno en su acción política en esta cuestión no deja ninguna duda ni traición ni incoherencia. No es una cuestión olvidada para nosotros, ni muchísimo menos. Y repito y reitero que la acción desde el primer día de Gobierno del Partido Popular en España, en Rabat, en Argel, en Madrid, en Nueva York, en el Grupo de Amigos y donde ha tenido voz y voto ha sido la misma, sin dobles lenguajes. Y ahora que unos han dicho que votan en coherencia y algunos han hecho referencia a antecedentes parlamentarios, me lo han puesto… —evitaré la expresión— a tiro de piedra para hablar de antecedentes parlamentarios y poner de manifiesto la coherencia respecto al pueblo saharaui de algunos de los grupos que hoy han sacado la bandera de la república saharaui.

Nuestra posición obedece a unos principios y compromisos, respetando esos antecedentes parlamentarios. Vuelvo a citar el espíritu de nuestra enmienda, que es el voto negativo a la moción, porque nosotros hemos renovado el compromiso, el permanente apoyo de España a las gestiones realizadas en el marco de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del Sahara occidental, que prevé la libre determinación del pueblo del Sahara occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Y en este iter de casi 40 años, cuando se habla de la libre determinación, sobre la mesa se trató de que la población con derecho a voto del pueblo saharaui, cuando se proceda a esa votación, podrá votar por la independencia, por la autonomía dentro del Reino de Marruecos o por tener una integración política a todos los niveles con el Reino de Marruecos. Lo tiene que decidir la población con derecho a voto. Y la coherencia la manifiesta el Partido Popular, que es el mismo en 2003 que en el día de hoy, cuando en el Consejo de Seguridad en el año 2003 —entonces sí que estaba España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo presidía—, se apoyó la Resolución 1495, donde se habla de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé la libre determinación, recogiendo toda la filosofía del denominado Plan Baker, posición de España firme con la reivindicaciones del pueblo saharaui —y me remito a las hemerotecas para aquellos que hablan de coherencia—. ¿Qué Gobierno abandonó esos postulados, esos principios en 2004, cuando accedió al Gobierno de España tras las elecciones? Lo dejo ahí para que en nuestros ratos de asueto en este fin de semana miremos la hemeroteca y veamos quién adoptó una postura hasta el año 2003 con las propuestas del Plan Baker, quién preside ese Consejo de Seguridad y quién truncó, quién dio la espalda a muchas de las cuestiones recogidas en esa Resolución 1495 de 2003.

Antecedentes parlamentarios. No tenemos ningún miedo a hablar de ellos, ninguno, porque tanto en la pasada legislatura como en esta —y aquí se ha apuntado por el portavoz de Coalición Canaria—, lo que defendió mi compañero Muñoz-Alonso lo mantiene el Grupo Parlamentario Popular, que es lo que ha hecho el Gobierno de España en 2012, 2013 y 2014 en Naciones Unidas, en las reuniones del Grupo de Amigos, y donde ha podido influir diplomáticamente, que es promover la modificación del mandato de la Minurso para que tenga competencias plenas y directas en el ámbito de los derechos humanos. Eso es lo que hemos hecho. Por eso cuando dice la moción que el Senado insta al Gobierno a que interceda ante…, ¡si es lo que hemos hecho! Por eso nuestra enmienda hablaba de que el Gobierno de España continúe haciendo lo que lleva haciendo con claridad, con coherencia, con rotundidad y con un compromiso histórico con el pueblo saharaui en el 2012, 2013 y 2014 en los foros donde tiene voto, porque está claro que en los foros donde tiene voz pero no tiene voto no puede ser lo mismo.




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Hablando de esos antecedentes parlamentarios, se ha hablado de las contestaciones del ministro, que representa al Gobierno de España y al que el Grupo Parlamentario Popular apoya, en sede parlamentaria, que no es palabrería parlamentaria, sino una contestación, repito, en sede parlamentaria, no en un mitin. Es un compromiso político en sede parlamentaria del ministro de España. El señor García-Margallo en abril de 2012, cuando se estaba discutiendo la ampliación del mandato para la resolución del 2012, que se reproduce en el 2013 y se vuelve a reproducir —ahora hablaré de ello—, dice textualmente: «España, como miembro del Grupo de Amigos del Sáhara occidental, ha participado todos los años, como en ocasiones anteriores, directa y activamente en las negociaciones destinadas a la redacción del proyecto de resolución sobre la prórroga del mandato a la Minurso que será discutida por el Consejo de Seguridad, y ha defendido en ese foro —en el Grupo de Amigos— la conveniencia de que se establezcan mecanismos de control del respeto a los derechos humanos en el mandato de la Minurso, postura que, por otro lado, es compartida por la mayoría pero no por la unanimidad de los miembros de ese grupo».

En mayo de 2013, al año siguiente, reproduciendo el debate de Naciones Unidas, del Grupo de Amigos, y en sede parlamentaria, en el Senado, a una pregunta de mi buen amigo Narvay Quintero, y aquí es donde quiero hacer un poquito de pedagogía, porque lo que no se puede hacer es leer las contestaciones parlamentarias y sesgarlas, dejarlas en el primer párrafo y decir que no se cumplen, el señor García-Margallo, le contestó claramente: «España ha sido y es partidaria de autorizar a la misión de Naciones Unidas a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara occidental y Tinduf». Creo que el compromiso político del ministro García-Margallo, asumido el día 7 de mayo de 2013, es inequívoco. Y continuó: «Pero la ampliación del mandato de Naciones Unidas para acometer esta empresa —en la que estamos todos de acuerdo pero que ni el Senado ni el Gobierno de España pueden hacer más de lo que pueden hacer y además es imposible—, necesita dos requisitos —y ustedes, entiendo que todos los miembros que han intervenido en esta tribuna, bien lo saben— de acuerdo con las cartas de los derechos humanos, que nos obligan a todos. En primer lugar, un acuerdo de las partes, porque estamos en el Capítulo sexto —es decir, acuerdo entre las partes, no puede llegar España allí y decir a Francia, a Gran Bretaña, a Rusia, a Estados Unidos, a Marruecos y a Nigeria, que ocupa ahora la Presidencia del Consejo de Seguridad, que como era una colonia nuestra: a, b y c—, y en segundo lugar, un consenso en el Grupo de Amigos del Sahara, donde España está, y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde España no está». Es decir, es en el Grupo de Amigos donde se requiere consenso, y ahí está España defendiendo esa posición. Lo ha hecho, lo ha reiterado. Ahora diré las fechas en las que lo ha hecho. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CHIQUILLO BARBER: Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que no está, poco puede hacer más allá de plantear lo que en los antecedentes parlamentarios de esta legislatura y de la pasada, en la que el Partido Popular estaba en la oposición, ha asumido el Gobierno de España, defendiéndolos en Rabat, en Argel, en Madrid, en Bruselas, en el Congreso, en el Senado, en el Grupo de Amigos y en Naciones Unidas. De eso, no les cabe la menor duda a los representantes legítimos del pueblo saharaui, que saben que el Partido Popular nunca les ha fallado.

Y en 2013, como algunos de ustedes han comentado, Estados Unidos presentó una propuesta de resolución para ampliar el mandato e incorporar los derechos humanos. España estuvo a favor en el Grupo de Amigos, pero España era consciente de que eso no saldría, porque Marruecos se iba a oponer al Consejo de Seguridad, dado que en 2013 este país estaba en el citado consejo, y esto es algo que hay que tener en cuenta y no hablar sin saber. Marruecos estaba en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Además, en el Grupo de Amigos del Sáhara, Rusia y Francia se opusieron…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CHIQUILLO BARBER: … en el denominado veto implícito. Si en el Grupo de Amigos Francia amenaza con el veto implícito, hay que saber quién es quién en el Consejo de Seguridad. Francia, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y China pueden vetar. Y si Francia y Rusia ponen objeciones en el Grupo de Amigos, qué no van a hacer en el Consejo de Seguridad, donde pueden vetar.




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El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.

Por eso, el informe de abril de 2014 del secretario general elimina la expresión mecanismos de vigilancia y habla de que debería vigilarse el respeto a los derechos humanos. Por eso el borrador de la resolución de Estados Unidos de hace 72 horas prescinde de cualquier referencia al tema de dichos mecanismos. Pero España ha hecho lo que históricamente ha venido haciendo el Partido Popular, defender los derechos humanos y, sobre todo, defender la causa saharaui con coherencia. (Protestas.—Silbidos).

El señor PRESIDENTE: Senador Chiquillo, termine. Ha sobrepasado usted su tiempo en minuto y medio, y ha tenido diez minutos.

El señor CHIQUILLO BARBER: Lamento que silben aquellos que históricamente han sido poco coherentes y han traicionado al pueblo saharaui.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del senador Aiartza y otros 15 senadores, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 86; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto.

Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp. 621/000066)

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 28 de febrero, siendo tramitado por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmienda finalizaba el día 12 de marzo y fue ampliado hasta el 18 del mismo mes. Se presentaron un total de 3 vetos y 448 enmiendas, distribuidos de la siguiente manera: veto número 1, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; veto número 3, de los senadores doña Mónica Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafel Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña María Jesús




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Sequera García, igualmente del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas números 1 a 85, de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 86 a 88, de los senadores don Narvay Quintero Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 89 a 119, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 120 a 147 y 148 a 186, del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas números 187 a 216, 217 a 283 y 284 a 343, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas números 344 a 405, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 406 a 413, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y enmiendas números 414 a 448, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El día 27 de marzo se reunió la Comisión de Industria, Energía y Turismo para designar la ponencia, quedando esta definitivamente integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Alturo Joan, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Inaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; doña Carmen Azuara Navarro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Andrés Gil García, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jesús Enrique Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Antonio Manchado Lozano, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y doña María Josefa Nicolás Martínez y don José Ignacio Palacios Zuasti, ambos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que se introducían modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para dictaminar el proyecto el mismo día 7 de abril, defendiéndose en dicha sesión todos los vetos y enmiendas presentados, con la excepción del veto número 3, retirado en la misma por el señor Montilla Aguilera.

Como consecuencia de lo manifestado por diversos grupos a lo largo del debate, y cerrado el mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, se reunió la ponencia, la cual propuso un nuevo texto a la comisión. Dicha propuesta, aprobada por la mayoría de la ponencia, coincidía con el texto remitido por el Congreso más la incorporación de las siguientes enmiendas: números 76 y 77, del Grupo Parlamentario Mixto; números 120, 122, 128 y 183, del Grupo Parlamentario Socialista; números 252, 256, 258, 264 y 335, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya; número 401, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; números 406 a 413, del Grupo Parlamentario Popular; número 422 y 439, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y una enmienda transaccional en relación con la número 354, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada en comisión al amparo del artículo 115 del Reglamento.

La comisión emitió el correspondiente dictamen, de conformidad con el texto propuesto por la ponencia. El referido dictamen, junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Este proyecto de ley tiene como objeto introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones que se traduzcan en que los operadores tengan más facilidad en el despliegue de sus redes y en la prestación de sus servicios, que redunde en la oferta de servicios a los ciudadanos y empresas a menores precios, con mayor cobertura, más innovadores y de mayor calidad, y en unas condiciones que potencien la competitividad y productividad de la economía española. Al mismo tiempo, pretende conseguir una mejora en la seguridad jurídica al compendiar la normativa vigente, en particular la que se refiere al marco comunitario en las comunicaciones electrónicas.

El proyecto incluye 84 artículos, estructurados en 8 títulos; completan el mismo 19 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 13 disposiciones finales y 2 anexos.

Finalmente, señor presidente, señorías, no puedo por menos, como presidente de la comisión, que congratularme por ello y hacer patente el esfuerzo realizado por los diferentes grupos, ponentes, portavoces y por el propio ministerio para buscar puntos de consenso en las divergencias e intentar lograr acuerdos. Sin duda, fruto de ello es el amplio número de enmiendas que se han aprobado en esta Cámara y que, sin duda, mejorarán este proyecto de ley. Estimo de justicia




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resaltar este esfuerzo y agradecer sinceramente el buen trabajo realizado tanto por los diferentes ponentes como por don Alfonso Cuenca Miranda, letrado de la comisión.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, debatimos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Como señalaba de forma acertada el presidente de la comisión en la presentación de este proyecto, su única razón de ser es propiciar el despliegue de las redes de telecomunicaciones, y esa es seguramente la razón fundamental de nuestra discrepancia con el proyecto y, por tanto, la formulación del presente veto, no porque no comprendamos o entendamos la importancia que la extensión de esas redes de telecomunicaciones y el hecho de propiciar su acceso a la mayoría de la sociedad tienen para el desarrollo económico de nuestro país, sino porque, a la vez, afirmamos que resulta imprescindible tomar en consideración otras necesidades y otros valores que en ningún caso son reflejados en el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno. Por ello, porque no se toman en consideración, se cierran los ojos a los riesgos medioambientales de la tecnología utilizada en las telecomunicaciones y a los riesgos para la salud de las personas, renunciando, desde el primer momento, desde el preámbulo, a aplicar el principio de precaución.

En mayo de 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres humanos, destacando la necesidad de adoptar medidas pragmáticas para reducir la exposición a aquellos. Hace pocas semanas también la Organización Mundial de la Salud presentó su informe sobre el cáncer, que refleja que en 2013 se diagnosticaron 12 millones de nuevos casos, y estableció una previsión de que para 2020 se diagnosticarán 22 millones de nuevos casos de cáncer, anunciando la posibilidad de que en ese momento existan serias dificultades para afrontar desde la perspectiva médica y de coste económico las necesidades que se van a derivar de este crecimiento exponencial. Por su parte, el instituto del cáncer de los Estados Unidos alerta de que el 67% de los cánceres se deben a factores medioambientales. Obviamente, dentro de estos factores medioambientales es necesario considerar las emisiones de los campos electromagnéticos.

El Informe de la Bioinitiative 2007-2012, tras revisar alrededor de 3800 estudios, destaca precisamente esto, que entre estos factores medioambientales, los campos electromagnéticos juegan un papel importante. Lógico que haya sido motivo de preocupación tal circunstancia para diferentes instituciones en el ámbito internacional, ámbito internacional al que nuestro país pertenece. De ahí la Resolución 1815, del año 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medioambiente; las resoluciones del Parlamento Europeo 260/2008, de 4 de septiembre, y A6-0089/2009, de 2 de abril, y las recomendaciones en el mismo sentido de la Agencia Europea de Medio Ambiente desde 2007 hasta el presente.

Este proyecto se ha elaborado considerando exclusivamente la conveniencia de propiciar y facilitar el despliegue de las redes, de espaldas, por tanto, a estos riesgos, supongo que pretendiendo —como de alguna manera se indica en el proyecto— ampararse en considerar suficientes las previsiones del Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el reglamento que establece las condiciones de protección del domino público radioeléctrico, las restricciones de las emisiones radioeléctricas y las medidas de protección sanitaria frente a estas emisiones radioeléctricas. Lo que ocurre es que a estas alturas, y tras los diferentes estudios a los que he hecho referencia, las previsiones de este Real Decreto 1066/2001 resultan absolutamente obsoletas y los contenidos que en él se establecían sobre la necesidad de mantener un análisis y una evaluación constante de las repercusiones sobre la salud de estas emisiones radiomagnéticas y radioeléctricas en ningún caso se han producido.

Por otro lado, que reconozcamos y compartamos —como así se afirma en el proyecto— el valor estratégico para la economía de las redes de telecomunicaciones y su desarrollo no nos




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puede hacer olvidar que no son gestionadas por operadores públicos fundamentalmente, sino que lo son de forma esencial por operadores privados. Se trata de un sector económico que se ha configurado como un oligopolio —como a continuación argumentaré—, que tiene vocación además de reducir los componentes de ese oligopolio.

Hace poco más de un mes el presidente de la patronal eléctrica Hunosa, perdón Unesa —la fijación con el carbón asturiano me persigue en cualquier intervención—, cuando respondía en un medio de comunicación a las críticas por la situación de oligopolio del sector eléctrico, decía que peor era el de las telecomunicaciones. Más oligopolio es el de las telecomunicaciones, donde tres grandes operadoras de telecomunicaciones en nuestro país tienen una cuota de mercado bastante mayor que la que tienen en el sector eléctrico las tres grandes operadoras. Tras la compra de oro por Vodafone, Telefónica, Vodafone y Orange controlan más del 90% del mercado móvil y la banda ancha por ingresos, y entre el 70 y el 80% por el número de clientes.

Hoy, en un medio de comunicación especializado en economía, el señor Colao, consejero delegado de Vodafone, apunta que la vocación del sector de las telecomunicaciones es ir hacia un oligopolio competitivo, lo cual, en mi humilde opinión, contiene una gran parte de contradictio in terminis: oligopolio y competitivo. Señala también que se debe aspirar a que en Europa existan 3 o 4 grandes operadores que controlen el mercado.

La Comisión Europea advierte que nuestro país es el segundo país más caro en el pago de banda ancha. Y desde 2007 estas empresas que consolidan su posición de domino en el mercado han destruido empleo, ha habido un 15% de empleo destruido en las empresas de telecomunicaciones. Cierto es que los ERE de algunas televisiones han ayudado a que se consiga este resultado de destrucción de empleo.

Por lo tanto, desde esta perspectiva tampoco compartimos el proyecto que se presenta, ni la apuesta por fortalecer la posición de las empresas, no solamente en cuanto al control del mercado sino frente a las administraciones y frente a los ciudadanos —ciudadanos, no solo consumidores; ciudadanos—. Se fortalece el papel de las empresas de telecomunicación frente a las administraciones introduciendo en el proyecto de ley el reconocimiento como un derecho directo del acceso a las redes públicas. Se fortalece la posición de estas empresas frente a comunidades autónomas y ayuntamientos en tanto en cuanto se elimina la exigencia de autorización para el acceso de las operadoras a las infraestructuras de las administraciones públicas. Se sustrae a la normativa general del patrimonio público, de los bienes públicos, el acceso a estas infraestructuras y redes de comunicaciones a los mismos. Por lo tanto, se coloca por encima del derecho administrativo, que reconoce como facultades derivadas del dominio público los contenidos de esta normativa y la aplicación que de ellos hagan las empresas operadoras de telecomunicaciones.

Frente a lo que plantea el proyecto, creemos que las administraciones públicas, legitimadas por los procesos democráticos que permiten elegir a sus gestores y representantes, deben tener la posibilidad de establecer condicionantes por razones de salud pública, medio ambiente, defensa, ordenación del territorio y competencias urbanísticas a la hora de tomar las decisiones en torno a la instalación de estas infraestructuras de telecomunicaciones. Defendemos el carácter prioritario de la normativa de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico en cuanto a la fijación de itinerarios y ubicaciones de las infraestructuras, sin que pueda prevalecer, en primera instancia, la pretensión de las empresas de telecomunicaciones; en segunda instancia, el amparo que les dé el Ministerio de Industria, y en tercera instancia, la decisión del Consejo de Ministros. No creemos que deba eliminarse, como hace el proyecto, la necesidad de licencia de obras para la instalación de estas infraestructuras. Se produce una supresión de competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Hasta ahora, la experiencia en este Parlamento era que normas aprobadas en el Congreso y en el Senado, de una manera u otra, podían afectar e invadir competencias de comunidades autónomas. No es este el caso. Nos encontramos ante un proyecto de ley que suprime competencias de ayuntamientos y de comunidades autónomas para propiciar las decisiones empresariales en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, lo que nos parece un cambio cualitativo en lo que ha sido la estrategia legislativa del Gobierno del Partido Popular. Hasta tal punto esto es así que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda, incorporada al informe de la Ponencia y de la comisión, con cuyo contenido estoy absolutamente de acuerdo, pero que es expresión clara de esa supresión de competencias a los ayuntamientos y a las




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comunidades autónomas. Me refiero a la enmienda 406, que modifica el apartado 5 del artículo 34. Permítame que, en el poco tiempo que me queda, se la lea: «Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.»

Señorías, una ley general, norma básica ¿creen ustedes que puede caer en el detalle de una ordenanza municipal? Es la expresión más clara de cómo el propio grupo que sustenta al Gobierno que presenta el proyecto es consciente de las consecuencias de esta absoluta desregularización, privación de competencias, que contiene este proyecto.

Finalmente, consideramos que este proyecto tampoco es absolutamente respetuoso con los derechos de los ciudadanos; no lo es cuando se reconoce la posibilidad de ocupación de la propiedad privada como beneficiario de un derecho expropiatorio de las empresas de telecomunicaciones; no lo es con los derechos de los consumidores, ni garantiza el acceso a estas redes de forma adecuada a las personas con discapacidad.

Voy a dar dos últimos argumentos, que posteriormente, al defender las enmiendas, apuntaré de forma más detallada. Tampoco compartimos este proyecto porque no salva la situación de los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, tanto radiofónica como televisiva, que están en el limbo de la legalidad precisamente por falta de desarrollo de la norma anterior.

Termino. Reconozco que en la tramitación parlamentaria, con el consenso y el apoyo de otros grupos, se ha avanzado en la solución de uno de los elementos de preocupación de todos los grupos en este proyecto: en la definición y el reconocimiento del papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero esta salvedad, el hecho de que hayan asumido una de las enmiendas que formulamos y que se haya alcanzado una transacción que afecta a otra enmienda no es, en ningún caso, motivo suficiente ni para que retiremos el veto ni para que demos el voto favorable al proyecto.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 2 es de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido el veto con los mismos argumentos que ha defendido el senador Iglesias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la posición de mi grupo respecto a los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que a día de hoy siguen vivos; vetos a una ley que tanto el Gobierno como el Partido Popular consideramos muy importante, necesaria y ambiciosa en estos momentos de dificultades económicas.

La Ley general de telecomunicaciones tiene que servir de palanca para el desarrollo no solo del propio sector sino también del resto de los sectores de la economía española. No obstante, cabe recordar que el sector de las telecomunicaciones en España representa el 5,2% del PIB nacional.




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Hoy nos encontramos en la recta final de su tramitación parlamentaria en la Cámara Alta; y es importante reconocer el gran esfuerzo realizado por los distintos grupos parlamentarios, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, para lograr un amplio consenso en su texto final. Cabe recordar que el proyecto de ley que hoy nos llega al Senado poco tiene que ver con el primer borrador que elaboró el Gobierno a finales del año pasado.

Todo este proceso supone la culminación de dos años y medio de trabajo, durante los cuales la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha mantenido un minucioso y extensivo diálogo con todas las entidades del sector y con todos aquellos agentes implicados en el mundo de las telecomunicaciones, concretando así una de las medidas principales previstas en la Agenda Digital para España.

Como ya apunté en la Comisión de Industria del pasado 7 de abril, me gustaría reiterar mis felicitaciones tanto a don José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, como a don Víctor Calvo-Sotelo y a todo su gabinete de asesoramiento, no solo por el fondo sino también por la forma en la que ha sido elaborada esta ley y por los acuerdos que se han alcanzado incluso mucho antes de llegar al debate parlamentario en las Cortes Generales.

Cabe destacar que una vez aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, se llevó a cabo un trámite de audiencia pública a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, solicitando informes a los siguientes organismos: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Consejo General del Poder Judicial, Agencia Española de Protección de Datos y Consejo Económico y Social. Un consejo asesor al que todos los entes implicados en el sector de las telecomunicaciones pudieron aportar, cada uno desde su foco legítimo de interés, valoraciones, ideas, propuestas y todo un número de alegaciones que consideraron necesarias para la mejora del texto del anteproyecto de ley. De esta forma, mediante un amplio diálogo con comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con asociaciones empresariales, asociaciones de usuarios, operadores de telecomunicaciones y prestadores de servicios, colegios profesionales y sindicatos, que pudieron intervenir en su elaboración, se ha llegado a una norma general que ha sido apreciada desde distintos ámbitos.

Conviene recordar la valoración que el Consejo de Estado realizó sobre el proyecto de ley cuando fue sometido a su consideración, emitiendo un dictamen favorable y pronunciándose sobre la trascendencia y el calado de las reformas que pretendía acometer la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con una ley completamente nueva. Por ello debemos destacar el trabajo y el esfuerzo del ministerio, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, al abordar una reforma tan importante contando con una amplia y constructiva participación de los distintos agentes del sector y sumando sobre todos esfuerzos para lograr el mayor consenso posible en su tramitación legislativa.

Antes de contestar al senador Iglesias, portavoz del Grupo Mixto, acerca del veto que ha presentado Izquierda Unida y posicionar el voto de mi grupo parlamentario, quisiera hablar un poco de la Ley general de telecomunicaciones. Me gustaría comentar resumidamente cuáles son los objetivos que persigue este proyecto de ley y reflexionar sobre las necesidades de introducir reformas y ajustes estructurales muy significativos en estos momentos de coyuntura económica.

Todos somos conscientes de que el sector de las telecomunicaciones representa una fuente de ampliación de actividad económica y creación de empleo en nuestro país. Al mismo tiempo, los servicios de telecomunicaciones constituyen un impulso esencial para la economía productiva y resultan indispensables en la vida actual de los ciudadanos. Muchas de las actividades económicas y comerciales ya no se pueden concebir sin el uso, cada vez más intenso, estratégico y masivo, de las redes sociales y los servicios de telecomunicaciones. Esto nos está llevando a una profunda modificación de las estructuras en las que se asientan los diferentes mercados y actividades económicas, conformando lo que se viene denominando economía digital. A día de hoy la mayoría de la población estamos conectados a Internet, estamos conectados a las redes sociales, conectados mediante nuestros terminales móviles, tabletas y demás dispositivos electrónicos, y a la vez utilizamos y somos generadores de contenidos digitales.

El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un momento de renovación tecnológica importante, sobre todo en lo que se refiere a sus infraestructuras, y no podemos quedarnos rezagados, ni a la cola de los países más desarrollados.




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Por estas razones, tanto el Gobierno como el Partido Popular consideramos necesaria la puesta en marcha de esta ley, pues estamos convencidos de que el impulso que dictemos al sector de las telecomunicaciones es lo que nos permitirá afianzar nuestra economía a la mayor brevedad posible.

En este contexto, el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones con dos objetivos principales: facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando así la cobertura, y mejorar la oferta de servicios a los ciudadanos y a las empresas, servicios cada vez con mayor cobertura, más innovadores, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando así unas condiciones más efectivas para la competencia.

La consecución de estos objetivos se acomete a través de las reformas, que pueden resumirse en cuatro grandes grupos. En primer lugar, un impulso a la competencia y a la mejora de los servicios de los usuarios como vía para tener unos precios más ajustados, garantizando la periodicidad de los análisis de los mercados y mejorando nuestro derecho a la protección de datos y a la privacidad de las personas.

En segundo lugar, promover la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, un sector que, aunque compitiendo a nivel mundial, necesita disponer de las mismas reglas y normativa en toda la geografía española. En tercer lugar, un apoyo a la simplificación administrativa de los distintos trámites que en este momento están soportando los operadores; de esta forma, se genera un entorno más favorable a la inversión, con una significativa reducción de costes. Y, finalmente, con el mismo objetivo de facilitar el despliegue, también se han introducido nuevos mecanismos de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.

El Grupo Parlamentario Popular considera que estas medidas suponen una clara apuesta por el sector de las telecomunicaciones, y valora muy positivamente el proyecto de ley como un gran instrumento para el desarrollo de nuestra recuperación económica y para la defensa de los consumidores y usuarios.

Con respecto a los vetos presentados a esta ley, en particular a las referencias que ha realizado el senador Iglesias, el Grupo Popular discrepa con respecto a la motivación de su veto, ya que el proyecto de ley no afecta, en ningún caso, a las competencias autonómicas ni a las competencias municipales, sino que se limita a establecer, en línea con las iniciativas comunitarias en materia de regulación inteligente, así como con las recomendaciones de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, diversas fórmulas de colaboración y coordinación entre administraciones públicas, evitando así duplicidades, lo que permitirá aprovechar sinergias, conseguir ahorros y reducir las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y las empresas. Ello ha de permitir que, sin rebaja alguna de las necesarias condiciones de calidad y de seguridad que han de regir la prestación de los servicios, se acelere la incorporación de España al despliegue de redes ultrarrápidas.

Además, al contrario de lo que ha comentado el senador Iglesias, el proyecto de ley incorpora nuevas medidas en relación con la protección de la salud, puesto que refuerza el principio de precaución acogido a la normativa comunitaria y nacional, y establece límites de exposición a los campos electromagnéticos. De hecho, el proyecto prevé la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud, que pretende aumentar la confianza en la seguridad medioambiental y en la no afectación en nuestra salud de los futuros despliegues de redes basados en el uso del espectro radioeléctrico, y cuya labor será la de asesoramiento a las administraciones públicas, a la industria y a los ciudadanos sobre las medidas aprobadas en materia de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas e informar de los controles a los que están sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones. Por ello, señorías, el proyecto de ley recoge medidas para satisfacer las demandas ciudadanas de recibir más información acerca de los posibles efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud en los distintos medios de comunicación.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de los vetos presentados a esta Ley general de telecomunicaciones puesto que, como he comentado anteriormente, refuerza el principio de precaución mediante la creación de la comisión, no prioriza los derechos de los operadores en detrimento de la salud de los ciudadanos, no invade las competencias autonómicas y locales frente a los intereses de las empresas, sino que, muy al contrario, pretende




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convertirse en un elemento valioso para el despliegue de nuevas redes, de manera que se realice con fórmulas de cooperación que garanticen el aprovisionamiento de sinergias, el ahorro de costes y el refuerzo de los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas, que podrán recibir servicios más innovadores, más seguros y de mayor calidad, contribuyendo con ello a la mejora de la productividad y de la economía española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

¿Van a compartir el turno?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Repartiremos el turno entre tres portavoces del Grupo Parlamentario Mixto.

Yo reconozco que mis capacidades intelectuales seguramente no son las más destacadas de la Cámara, pero intento leer en profundidad los proyectos que me corresponde defender y, allá donde mi inteligencia no alcanza, incluso consulto con alguien que tenga un mayor conocimiento que yo sobre la materia, y este proyecto no ha sido una excepción. Por lo tanto, no puedo aceptar que mis argumentos sean rebatidos por la portavoz del Grupo Popular con el planteamiento de que no me he enterado de lo que dice el proyecto. Sí, señoría, me he enterado; y, sinceramente, me he horrorizado.

Me ha horrorizado que un proyecto de estas características haya tenido una tramitación parlamentaria tan plana; me ha espantado que un proyecto de estas características haya tenido tan limitada trascendencia pública, aunque, obviamente, como lerdo del todo no soy, intuyo que los intereses de los medios de comunicación en este proyecto no han contribuido precisamente a su difusión.

Me ha horrorizado que comunidades de vecinos que se han pronunciado unánimemente rechazando la oferta de empresas de telecomunicaciones para la instalación de una antena, renunciando al cobro de la compensación correspondiente, después de este proyecto de ley puedan ver cómo es expropiada la ocupación de su tejado o su fachada en beneficio de una empresa de telecomunicaciones con una compensación del justiprecio seguramente mucho más baja de la que hubieran percibido si hubieran aceptado la generosa oferta hace unos meses.

Me ha espantado que aquellos ayuntamientos que han elaborado ordenanzas específicas sobre esta materia, estableciendo condicionantes para el despliegue de estas redes, vean ahora cómo después de esta ley sus ordenanzas quedan sin valor, y tengan la obligación legal de adaptarlas a los contenidos de la ley, a las necesidades del despliegue de esas redes, y que incluso el proyecto diga que se va a elaborar una ordenanza tipo por el Gobierno para que los ayuntamientos lo asuman.

Me ha horrorizado que las comunidades autónomas que tienen competencias en materia medioambiental y de ordenación del territorio cuando aprueben una norma o tomen una decisión en esta materia tengan que someterla a los contenidos de esta ley y al visto bueno del Ministerio de Industria, que deberá elaborar un informe vinculante antes de la aprobación de esas normas. ¿Cómo que no hay privación de competencias de ayuntamientos y de comunidades autónomas en esta materia?

Dando un paso más, se ha prescindido de cualquier capacidad de decisión de administraciones autonómicas y locales en la exigencia incluso de certificaciones acreditativas de que las instalaciones responden a los requisitos de seguridad; todo se sustituye por una declaración —ya no hay licencia ni aprobación— del operador de que cumple todos esos requisitos.

Acabo. Los efectos sobre la salud de estas emisiones no son susceptibles de ser debatidas desde una perspectiva jurídica de la norma, tienen otro ámbito: el ámbito científico y el ámbito médico. Lo único que esta norma hace es despreciar el ámbito científico y el ámbito médico.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.




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La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.

Quisiera empezar anunciando que Amaiur va a dar su voto favorable a los vetos presentados. Compartimos lo expuesto en ellos y suscribimos, punto por punto, lo que acaba de decir nuestro compañero del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, ya que nos oponemos a esa Ley de telecomunicaciones que nos han presentado. Una vez más dicen una cosa y hacen otra; maquillan una ley con una declaración de intenciones y en su desarrollo van por el otro camino. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y volvemos a decirlo: una vez más nos encontramos con una ley hecha a espaldas de la ciudadanía y, qué casualidad, a medida de las grandes compañías; se anteponen los intereses de las grandes compañías a los intereses de la ciudadanía. Esto es lamentable, como lamentable es el hecho de que sean estas las mismas palabras que venimos pronunciando reiteradamente en diferentes leyes. Luego, señorías del PP, se incomodan cuando la oposición les acusa de gobernar a espaldas de la ciudadanía, y lo hacen doblemente. Pongamos un ejemplo. Una empresa decide colocar —porque una empresa va a poder decidir colocarla— una antena de telefonía móvil por ejemplo en la azotea de un edificio. En este caso, por un lado, antepone los intereses de las empresas operadoras, cercenando la competencia de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para autorizar o no esa colocación; por otro lado, dejan sin derecho a oponerse a los vecinos y propietarios de dichos edificios. Doble atropello.

¡Y qué decir del principio de precaución! ¿Dónde queda el principio de precaución? También quisiera recordar que diferentes asociaciones alertan sobre el riesgo de la contaminación electromagnética, ya que en esta ley no se tiene en cuenta la resolución del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. En la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa se recomienda adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles y en especial la exposición de los niños, las niñas y jóvenes, que al parecer corren mayor riesgo de padecer un tumor de cabeza. Esta ley desaprovecha la oportunidad de incorporar estas recomendaciones del Consejo de Europa.

Y esta forma de actuar del Gobierno va siendo ya una costumbre, pero no por ello vamos a dejar de cuestionarlo y denunciarlo. En definitiva, votaremos a favor de todos los vetos presentados porque reivindicamos el derecho de los ayuntamientos y las comunidades autónomas a decidir qué antenas se pueden instalar en su territorio y en qué condiciones. Porque ni el Gobierno ni las grandes empresas pueden imponer sus criterios por encima de la voluntad y de la salud de las personas y porque el desarrollo tecnológico no se puede priorizar por encima de los derechos y la protección de la salud de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño para manifestar que votaremos favorablemente los dos vetos que continúan vigentes. Esquerra Republicana no presentó veto a la ley y diré que me arrepiento de ello, en primer lugar, porque nos sobran razones y motivos para presentar veto y, en segundo lugar, porque con ustedes, tanto con el Gobierno del Partido Popular como con el grupo parlamentario que le da apoyo, siempre hay razones y motivos para la desconfianza.

Francamente, el panorama legislativo con ustedes es un auténtico desierto para lo que representa la defensa del interés general. Este proyecto de ley avanza, como decía el senador Iglesias, en la desregulación pública, invade competencias o deja sin competencias tanto a la Administración Local como a la autonómica y además abandona un principio fundamental, que no es otro que el de la prudencia en aquello que afecta o puede afectar a la salud de los ciudadanos y ciudadanas.

Por estos motivos y por otros más que expondremos en la defensa de nuestras enmiendas, nosotros apoyaremos y votaremos favorablemente los vetos que han sido mantenidos, en este caso tanto por los senadores Iglesias y Mariscal como por los del Grupo de Entesa, el senador Saura y el senador Guillot. Y vuelvo a insistir en el hecho de que lamento profundamente no haber presentado un veto.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señora Capella, pues ya somos dos; ya somos dos las que lamentamos no haber presentado un veto, porque nosotros también vamos a anunciar aquí nuestro voto favorable a los vetos presentados por los dos grupos parlamentarios. Confiábamos en que además la lógica de nuestras enmiendas realmente mejorase el proyecto, pero visto como ha sido su tramitación, no nos queda sino lamentar no haberlo hecho, porque sinceramente pocas cosas hay de esta ley que se salvan.

No fue así y al final no presentamos el veto, pero, repito, vamos a dar nuestro voto favorable a los dos que ya se han presentado, porque no hay proyecto de ley, al menos en esta legislatura, que no colisione competencias de nuestro estatuto de autonomía, que tenemos que recordar una vez más que es una ley orgánica refrendada por la ciudadanía vasca en el año 1979 y a la que con ese espíritu de la LOAPA que anida en la Administración central también hoy se le quieren cercenar competencias que por ley le corresponden.

Con toda la experiencia acumulada durante todos estos años, hemos de decir que sigue sin asumir, el Gobierno en este caso y la Administración central, que vivimos en un Estado autonómico no centralista y que no es de recibo que cada ley trate de arrebatar competencias transferidas legítimamente.

Cuando se sigue el actual debate catalán —ayer asistimos además a un episodio muy interesante— y se oye al partido del Gobierno decir que todo es posible con la Constitución, nada fuera de ella, y que el diálogo y el entendimiento es lo que debe imperar, todo este discurso nos suena a promesas huecas cuando vemos que cada proyecto de ley, que todos y cada uno de ellos, es beligerante o está en contra de los estatutos de autonomía, no solamente del nuestro, sino de los del resto de las comunidades autónomas y, como no podría ser de otra forma, este proyecto de ley hace suya esta característica.

Este proyecto de ley opta por una limitación general de la actividad de las administraciones públicas en su actuación directa y a través de las entidades o sociedades que controlan directa o indirectamente cuestiones relacionadas con la instalación, la explotación de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación a terceros de servicios de comunicaciones electrónicas.

El principio general es que la Administración o sus entidades integradas en el sector público han de limitar su actuación a lo que el proyecto de ley denomina autoprestación. Sin embargo, el citado concepto que marca la línea divisoria del campo de actuación de los poderes públicos no viene definido en este proyecto de ley, y este es uno de sus grandes problemas. Fuera de este ámbito, la Administración pública que pretenda explotar redes disponibles al público o prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros, deberá actuar de conformidad con el principio del inversor privado en una economía de mercado, aun no siéndolo. Sin embargo, el texto del proyecto impone a las administraciones públicas una serie de condiciones que son más exigentes y más restrictivas que las atribuidas a los operadores privados que intervienen precisamente en este mismo mercado. Totalmente incongruente; no tienen ningún sentido este tipo de actuaciones, a no ser que respondan ya a unos criterios ideológicos en los que no voy a entrar en este momento, pero sobre los que luego abundaré en el debate de las enmiendas.

El proyecto olvida igualmente que las comunidades autónomas ostentan competencias en materia de medios de comunicación, que habitualmente son las encargadas de sufrir las carencias del mercado en materia de comunicaciones electrónicas, especialmente en el despliegue de las bandas anchas o de las redes rápidas y ultrarrápidas en las zonas rurales, también en la ordenación del territorio y del medio ambiente, y el desarrollo de sus políticas en estas materias puede resultar conveniente llevarlo a cabo con medios propios cuya articulación no puede resultar nunca penada o cercenada por una invocación genérica de la libre competencia.

Por tanto, ha de reconocerse la autoprestación en términos que permita el desarrollo de las políticas públicas, y no todo lo contrario, la ejecución de los proyectos institucionales o la cobertura de las carencias a las que no puede llegar el mercado, sin que ello suponga una penalización para




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la intervención pública, que es lo que se hace precisamente con esta ley que ustedes defienden. Cuestión distinta sería que dicha intervención pudiera sujetarse a determinadas condiciones caso por caso —eso tampoco lo veríamos mal—, en atención a estas circunstancias concurrentes que vendrán establecidas por la comisión de competencia en el ejercicio de sus facultades de regulación de los mercados.

El proyecto, a través de la recurrente imposición de informes preceptivos y vinculantes del Ministerio de Industria, dificulta, en nuestra opinión, cuando no impide en la mayoría de los casos —y lo veremos con el tiempo—, la tramitación de instrumentos de ordenación territorial y urbana cuya legislación ya prevé la emisión de informes sobre aspectos supramunicipales. Por lo tanto, es una ley que lo que va a hacer es duplicar cargas administrativas y burocráticas. En este aspecto el texto ha sido desde el principio francamente mejorable. Asimismo, debe evitarse que la invocación del título competencial de telecomunicaciones desplace sistemáticamente otros ámbitos competenciales de titularidad autonómica, especialmente en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente.

En nuestra opinión, debería posibilitarse que las comunidades autónomas pudieran adoptar medidas de protección activa del espectro radioelectrónico cuando estas se refieran al ejercicio de sus competencias en materia de medios de comunicación social.

Todas estas cuestiones, como les decía, y otras más las hemos planteado en nuestras enmiendas. Lo hicimos, además, con buena fe, pensando que la lógica y la coherencia de todas ellas o de buena parte de ellas sería asumida también por el grupo mayoritario, pero la verdad es que solamente nos han admitido dos, una y otra transada.

Por espíritu de pacto no hemos presentado un veto porque preferimos corregir que negar, aunque votemos favorablemente, como ya decía antes, estos vetos en protesta, fundamental aunque no exclusivamente, por la nula sensibilidad autonómica que cada proyecto de ley que llega a esta Cámara tiene en relación con el Estado autonómico.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy brevemente voy a anunciar nuestro posicionamiento en relación con los vetos que se han presentado. Nuestro grupo, es cierto que al revés que han hecho algunos, presentó un veto inicial en el Congreso de los Diputados. Es evidente que, como ha manifestado la propia portavoz, la señora Azuara, este proyecto de ley en su trámite parlamentario ha sufrido un evidente cambio que nada tiene que ver con el texto que entró ni con el que esperemos que salga hoy de esta Cámara. Ha habido negociación, se han aceptado enmiendas, quizá no todas las que a nuestro grupo le hubiera gustado, pero entendemos que aquellos puntos principales que a nuestro grupo más le preocupan han sido atendidos mínimamente, como son el ámbito competencial, la coordinación con las entidades locales —que comentaré en la defensa de las enmiendas— o la convergencia con la agenda digital europea, y hay otros aspectos, como las competencias y la preservación del espacio propio de libertad de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Nosotros entendemos que todo ello ha mejorado muchísimo el contenido del proyecto de ley inicial, por lo que en su momento retiramos el veto que habíamos presentado y —quiero manifestarlo en este momento— tampoco apoyaremos los que siguen vivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil

El señor GIL GARCÍA: Buenas tardes, señorías.

Señor presidente, quisiera comenzar esta intervención resaltando, en primer lugar, la importancia del trabajo de todos los grupos para que de esta Cámara de segunda lectura salga




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una ley mejor. Porque tenemos la oportunidad de tramitar una Ley general de telecomunicaciones audaz, no parcial, en la que se ha trabajado en profundidad y con la aportación de todos para evitar hacer una ley poco ambiciosa, para salir del paso o que responda solo a los intereses de unos pocos. Creo que esto sería un error y nos condenaría a ver cómo avanzan nuestros principales competidores, nuestros vecinos en el ámbito de la Unión Europea.

Aunque este no sea el sector de la economía que más ha sufrido en materia de empleo o que más empleos ha destruido en este periodo de crisis, yo quisiera comenzar con algunos datos que facilitaba recientemente el propio ministerio. La cifra de negocios en el sector de la sociedad de la información y de las comunicaciones ha caído en un 1,5, lo cual supone que el porcentaje de trabajadores de dicho sector ha caído en 2 puntos en un momento en el que este país tiene 6 millones de parados y en un sector que supone nada más y nada menos el 3,5% de nuestro PIB.

El Grupo Parlamentario Socialista espera que este marco legal estable que hoy debatimos sirva, entre otras cosas, para reconducir esta situación. Mi grupo parlamentario ha reiterado en numerosas ocasiones qué esperamos de esta ley: su carácter estratégico en lo económico, su contribución a una mayor cohesión social y territorial que facilite el ejercicio de derechos esenciales de los ciudadanos, como es el derecho a la información, el fomento de la igualdad de oportunidades o la accesibilidad universal de estos servicios, y en especial —aquí se ha dicho— para las personas con discapacidad. Esta ley debe establecer un modelo sostenible, innovador y de alta calidad, basado en la competencia efectiva en infraestructuras y la inversión continua en redes ultrarrápidas, en redes de última generación. En definitiva los socialistas queremos que esta ley sea un marco generador constante de empleo cualificado que garantice un servicio universal y una alta seguridad jurídica. Esto es lo que esperamos de un Proyecto de Ley general de telecomunicaciones.

Y es verdad, y también se ha dicho aquí, el trabajo que se ha hecho a su paso por el Congreso de los Diputados, señorías, algo que quiero poner en valor, que quiero destacar hoy aquí. Aquel proyecto inicial que el Gobierno presentó allá por el mes de octubre —y lo ha dicho la senadora Azuara— poco se parece al que hoy nos llega; ha sido mejorado por las enmiendas que en el Congreso han presentado todos los grupos parlamentarios, y desde luego por el buen número de ellas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Aunque esto es así, eso es cierto, se han producido mejoras, he de reiterar que esta no es la ley que nosotros hubiéramos hecho. Nuestro objetivo ha sido siempre más ambicioso en aspectos como la neutralidad en la red, el control y la regulación del mercado por parte del Estado y organismos como la CNMC, la protección de la intimidad por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, una mayor profundización en la universalización de la banda ancha, o el compromiso de garantizar la cohesión social y territorial entre otros, aspectos vitales para provincias y territorios como del que yo vengo, Burgos, con una marcada ruralidad.

Es cierto que de las 120 enmiendas del proyecto alternativo que presentó mi grupo en el Congreso, los socialistas hemos conseguido que se incluyan en este proyecto de ley nada menos que 59 en aspectos muy importantes, y quiero destacarlo porque me parece un ejercicio legislativo peculiar en lo que está siendo esta legislatura y por ello, repito, aunque no sea la ley que nosotros hubiéramos hecho, anuncio que mi grupo, en aras de ese consenso que hemos abierto y esa inclusión de enmiendas importantes, que mi grupo espera seguir ampliando hoy en el Senado, no va a apoyar los vetos presentados.

Y quiero incidir en este aspecto para que comprendan sus señorías los cambios importantes que hemos conseguido incluir en este proyecto de ley; cambios que garantizan la defensa de los derechos de los usuarios, un aspecto importante, del cual este proyecto de ley adolecía, a través de un acceso abierto a Internet, salvaguardándose la no discriminación respecto al derecho al honor y a la intimidad, la protección de la juventud y de la infancia, de los datos personales y el secreto en las comunicaciones.

En materia de brecha digital y universalización, hemos aportado nada más y nada menos que una estrategia de redes ultrarrápidas, garantizando la atención a las personas con discapacidad en los propios objetivos de la ley, por no citar nuestra aportación en la disposición adicional nueva sobre la universalización de la banda ancha ultrarrápida para que en el año 2017 se alcance una velocidad mínima de internet de 10 megas y de 30 antes del año 2020. En esta misma disposición adicional —y no quiero dejar de subrayarlo— hemos ampliado la dimensión social de la ley, que también nos parece un aspecto importante, para que esta banda ancha llegue a centros de salud




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comarcales, universidades públicas, centros de secundaria públicos y bibliotecas públicas de ciudades, en el año 2016 con una velocidad de 30 megas y de 100 en el año 2020. Son solo algunos ejemplos de los cambios introducidos por mi grupo en este proyecto de ley.

Señorías, para el Grupo Socialista la tecnología, al igual que el consenso, no es un fin en sí mismo, tampoco es un sector más de nuestra economía, sino una herramienta para lograr la integración, la vertebración de los territorios y la erradicación de desigualdades, una herramienta poderosa para lograr nuestro gran objetivo transversal en cualquier política o proyecto de ley, que no es otro que la defensa del interés general al servicio de la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más expuesta a la tecnología y a la economía digital.

Y quiero resumir en el tiempo del que dispongo algunos avances más introducidos en este proyecto de ley por parte de mi grupo. En cuanto al papel de las administraciones públicas como operadores, hemos conseguido que la ley recoja que estas puedan instalar redes sin tener que sujetarse al principio de inversor privado en aquellas zonas que no sean rentables. Esto es una cuestión muy importante. En materia de despliegues, se ha dicho aquí, se ha introducido en la ley una mejora en el procedimiento de declaración de uso compartido, con una mayor participación, que creemos muy importante, de las administraciones públicas territoriales para facilitar los despliegues.

En relación con los derechos de los usuarios, se han reforzado los objetivos de calidad e Internet abierta en el artículo 3 del proyecto de ley; se ha reforzado el papel de la Agencia Española de Protección de Datos y se ha logrado una mayor protección e información de las comunidades de propietarios en los despliegues dentro de los edificios; hemos reforzado los derechos de los usuarios cuando van, por ejemplo, a realizar una portabilidad en sus líneas de teléfono con una compensación económica, derecho de desconexión, compensación en caso de interrupción del servicio y mejora de los servicios de atención al cliente. Señorías, se acabó aquello de llamar a la operadora y que salga una voz electrónica que nos diga marque 1, marque 2, espere, vuelva a empezar. Una enmienda socialista ha posibilitado que esto sea historia, lo cual era una demanda ciudadana importante.

Señorías, gracias también a una enmienda del Grupo Socialista vamos a posibilitar que se consiga acabar con algo muy molesto, que cabrea muchos a los ciudadanos, como es el famoso spam telefónico, del que se ha hablado aquí en otros proyectos de ley.

En materia de salud, como también ha dicho la portavoz del Grupo Popular, y gracias a enmiendas de otros grupos, pero, desde luego, también del Grupo Socialista, se va a mejorar el control y la información sobre emisiones radioeléctricas mediante enmiendas a los artículos 60, 61, 62 y la disposición adicional décima.

Finalmente, quiero destacar nuestra aportación al fomento de la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y el impulso a una política industrial de innovación en el sector TIC mediante la incorporación de una nueva disposición adicional.

Estas son algunas —solo algunas— de nuestras aportaciones a este proyecto de ley hasta este momento. Esperemos que en el transcurso del debate podamos incorporar, como así nos ha manifestado el Grupo Popular, algunas enmiendas más. Pero, como decía al principio, este no es precisamente el proyecto de ley que hubiéramos hecho; creemos que faltan muchas cosas en este proyecto de ley y que sobran otras, que después mi compañero, el senador Manchado, pondrá de manifiesto en lo que tiene que ver con la disposición adicional décima. Desde luego, vamos a seguir abiertos al diálogo, a favorecer el consenso y a llegar a unos mínimos en torno a este Proyecto de Ley general de telecomunicaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Como he comentado en mi intervención anterior, el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones es plenamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y para ello adopta determinadas medidas, como las contempladas en los artículos 10 y 35, para que las administraciones públicas se informen sobre las medidas adoptadas que puedan afectar al despliegue de las redes por su territorio. Con esta ley se facilita




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la instalación de canalizaciones para redes de telecomunicación en zonas de nueva urbanización cumpliendo las normativas urbanísticas de cada municipio. Se favorecen el uso compartido de infraestructuras y los despliegues compartidos mediante acuerdos entre operadores. Se posibilita la declaración de determinados despliegues como redes de interés general allá donde no llegan las empresas privadas del sector de las telecomunicaciones. En su artículo 29 se mejoran los procedimientos de expropiación con respecto a los que actualmente están regulados. Se favorece el establecimiento de servidumbres necesarias para los despliegues, y solo en aquellos casos en los que no haya canalización subterránea o infraestructuras en el interior de las edificaciones se podrán efectuar despliegues por fachada, salvo en los casos de edificios de las redes de patrimonio histórico-artístico o en edificios que puedan afectar a la seguridad pública.

Señorías, no se trata, por tanto, de desproteger a ninguna Administración en materia de competencias, sino de ejercerlas de modo coordinado, conforme a los principios constitucionales de eficacia y de coordinación. Para ello, y con pleno respeto a las competencias que hasta ahora han venido desempeñando tanto comunidades autónomas como municipios, se refuerzan los principios de reducción de cargas administrativas y de eliminación de trámites y obligaciones innecesarias. Esto ha de permitir que, sin rebaja alguna de las necesarias garantías de calidad y de seguridad que he comentado con anterioridad, se acelere la incorporación de España al despliegue de redes ultrarrápidas, redes que según la Comisión Europea están llamadas a provocar un importante impacto en la creación de empleo.

Además, el Proyecto de Ley de telecomunicaciones incorpora nuevas medidas de protección de la salud. El rápido crecimiento del número de instalaciones radioeléctricas y el incremento en el uso de los servicios de telecomunicaciones electrónicas han traído como consecuencia una mayor preocupación por los efectos que la exposición a los campos electromagnéticos pueda tener sobre nuestra salud. En este sentido, desde las instituciones comunitarias se ha aconsejado la adopción del principio de precaución y de establecimiento de límites de exposición a los campos electromagnéticos. Dichas recomendaciones, traspuestas desde el año 2001 a la normativa nacional, no resultan en ningún caso modificadas por el presente proyecto, que mantiene tanto los criterios de protección como los límites de exposición actualmente vigentes. En concreto, su disposición adicional décima procede a la creación de la comisión interministerial sobre radiofrecuencia y salud, que contará con la presencia de los tres ministerios implicados: los de Industria, Energía y Turismo, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Economía y Competitividad, que contará con la ayuda del Instituto de Salud Carlos III. La comisión proporcionará a las administraciones públicas, a la industria y a la población el marco adecuado para establecer y mantener una comunicación efectiva sobre los riesgos para la salud que pueda suponer la exposición a los campos electromagnéticos.

Uno de los aspectos más relevantes en el proyecto de ley es que se refuerzan los derechos de los usuarios, pues, al contrario de lo que han expuesto el senador Iglesias, la senadora Capella y la senadora Martínez, el proyecto de ley no pretende beneficiar a determinados operadores, sino permitir que todos ellos puedan dar a los ciudadanos y a las empresas una oferta de servicios más innovadora, de mayor calidad, con mayor cobertura y menor coste.

Señorías, es muy simplista considerar que cuando se beneficia al operador se está perjudicando al usuario y que si se adoptan medidas para facilitar el despliegue de redes por parte de los operadores ello va a suponer una reducción de los derechos de los usuarios y un peligro para nuestra salud. La incorporación de España a los nuevos desarrollos tecnológicos beneficia de manera prioritaria a los usuarios, que con las nuevas velocidades podrán disfrutar de nuevos servicios, y todo ello sin olvidar el impacto de las telecomunicaciones en términos de creación de empleo y mejora de la productividad.

Además, entre los objetivos de esta ley se incluye de modo expreso el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones electrónicas, lo que hasta ahora se garantizaba únicamente en relación con los equipos de terminales. Y se establecen las medidas necesarias para poder garantizar el acceso equivalente para estos usuarios y su posibilidad de elección en las empresas y los servicios.

Señorías, la tramitación y el contenido de la ley, que quiero recordar que está avalada por el Consejo de Estado, se ha llevado a cabo con un elevado grado de consenso por parte de los grupos mayoritarios de esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular lamenta




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que tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo Parlamentario Mixto no se quieran sumar al apoyo a esta ley.

Y no me quiero olvidar de los grupos que hoy van a apoyar esta ley, que recordemos que redundará en los intereses generales de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto, pero antes les comunico que ha habido votación telemática. Han sido autorizados tres votos, y han emitido voto las tres senadoras María de los Ángeles Ortega Rodríguez, Catalina Montserrat García Carrasco y María Elvira Larriba Leira, las tres del Grupo Parlamentario Popular, que a las dos votaciones, es decir, a las dos propuestas de veto, han votado en sentido negativo. Por lo tanto, como siempre, sumaré esta votación a la que se realice ahora en el hemiciclo.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222, más 3 telemáticos, 225; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222, más 3 votos telemáticos, 225; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Pasamos a continuación al debate de las enmiendas, comenzando por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, que han presentado las enmiendas números 1 a 75 y 77 a 85.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.—Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. El señor Iglesias no iniciará la intervención en tanto no finalicen los rumores y los ruidos. Ruego que abandonen el hemiciclo los señores senadores que no guarden silencio.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El senador Mariscal y yo mismo hemos formulado 85 enmiendas. Una ha sido asumida en el debate de la ponencia y otra se ha incorporado de forma parcial a una transaccional. Y lamento decirles a las señorías que se han quedado que les voy a contar casi las 83 enmiendas, una por una. No, no es cierto. Las agruparé, para hacer más ligera su presentación.

Un primer bloque busca introducir algo que demandábamos en la formulación y defensa del veto: el respeto al medio ambiente y la salvaguarda del derecho a la salud. Para ello planteamos que se adopten las medidas contenidas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa. En primer lugar, que las redes de telecomunicaciones sean evaluadas desde la perspectiva medioambiental. Igualmente, que se cree un fondo nacional para la investigación de los efectos de los campos magnéticos no ionizantes. También, que se priorice el acceso a la red pública en comunicación por




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cable. Que el ministerio establezca previsiones de un etiquetado claro de los niveles de emisión de los diferentes aparatos utilizados en las telecomunicaciones. Y que se abra un proceso compartido entre los ministerios de Industria y de Sanidad y Servicios Sociales para la superación de los contenidos del Real Decreto 1066/2001.

El segundo bloque de enmiendas guarda relación con la defensa de las competencias municipales y de las comunidades autónomas en la materia. Empezamos introduciendo una definición del concepto de autoprestación de las redes de estas administraciones públicas, que, por tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de la ley. Enmendamos para que exista la posibilidad de que las administraciones públicas instalen y exploten redes públicas sin tener que constituir sociedades mercantiles, sobremanera después de la reforma de la Ley de régimen de local, que sitúa nuevas dificultades y nuevos handicaps para la configuración de sociedades públicas. También enmendamos para que el acceso de las operadoras a las infraestructuras de las que son titulares administraciones públicas se someta a autorización. Por lo tanto, y en coherencia, mediante una enmienda también suprimimos el reconocimiento directo de un derecho de acceso. Pedimos que se mantenga el respeto a la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones públicas y que, por tanto, esa normativa sea la que establezca los mecanismos y condicionantes de uso o acceso por parte de las operadoras. En lógica coherencia con lo anterior, sometemos a autorización la ocupación del dominio público y la posibilidad de que, en el ejercicio de sus competencias, las administraciones públicas establezcan condiciones por razones de salud pública, medio ambiente, defensa, ordenación del territorio u ordenación urbanística para el despliegue de estas redes y la instalación de infraestructuras. Planteamos la supresión del artículo 29, en el que se regula el derecho de ocupación de la propiedad privada. Igualmente, enmendamos para que se suprima el párrafo segundo del artículo 34, en el que se reconoce como de equipamiento básico las redes públicas. Enmendamos, manteniendo que la normativa de ordenación o planeamiento pueda fijar itinerarios y ubicación en el ejercicio de las competencias autonómicas y locales, y que igualmente la Administración territorial competente pueda exigir proyecto firmado por técnicos que garantice la seguridad de las instalaciones y las características de las emisiones. Suprimimos los párrafos cuarto y quinto del artículo 35, en el que se establece la prevalencia del Consejo de Ministros a la hora de autorizar la ubicación o itinerarios de infraestructuras de telecomunicaciones. Y también, en el artículo 35.5, la necesidad de ese informe preceptivo del Ministerio de Industria en las medidas cautelares que puedan adoptar las administraciones públicas. Por último, suprimimos la disposición final tercera, que elimina la licencia de obras.

Un tercer bloque pretende consolidar los derechos de los usuarios. Para ello, enmendamos buscando garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceso a una conexión a la red pública de comunicaciones que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad garantizada en sentido descendente de más de 6 megabytes, no uno, como plantea el proyecto, sino más de uno. Pretendemos que se reconozca el derecho a la factura en papel y a una copia del contrato en el formato que decida el cliente. Enmendamos para que los contratos de permanencia no puedan tener una duración superar a los 24 meses e, igualmente, que se establezca la obligación de que las empresas operadoras oferten contratos con una duración máxima de 12 meses.

En relación con los usuarios que sean personas con discapacidad, introducimos enmiendas reforzando el principio de no discriminación en el acceso. Igualmente, planteamos que se fijen las condiciones básicas de acceso a la comunicación electrónica de estas personas con discapacidad, que se incorpore el uso del lenguaje de signos o que se acote una porción del espacio radioeléctrico para emitir contenidos de televisión accesibles.

Varias enmiendas van dirigidas al régimen sancionador, pero no me voy a detener en ellas.

Y, como también avanzaba en la defensa del veto, pretendemos proteger los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, tanto radiofónicos como de televisión, que en este momento carecen de norma que ampare su actividad porque no se desarrolló el régimen de concesión. Planteamos, por tanto, que desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no se puedan adoptar decisiones de interceptar las emisiones mientras no haya un desarrollo de ese procedimiento para la concesión de las licencias.

Muchísimas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Del Grupo Mixto, las enmiendas 86 a 88, inicialmente presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, y las enmiendas 89 a 116, 118 y 119, inicialmente presentadas por la senadora señora Capella.

Para la defensa de las enmiendas 86 a 88, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Presentamos tres enmiendas a este Proyecto de Ley de telecomunicaciones, una de las cuales se refiere a la expansión de la televisión digital terrestre.

La número 86, la primera, la presenté también a la Ley de defensa del consumidor, que hace 15 días se apoyaba en el Congreso, pero los portavoces del Partido Popular me dijeron que, aunque estaban completamente de acuerdo con dicha enmienda, era mejor que la presentara a esta ley. Y por eso también la he presentado a esta. Se refiere a la compra digital. Y es que nos encontramos con que en Canarias seguimos estando excluidos telemáticamente para acceder a muchos productos que venden empresas españolas o radicadas en España y en los que se pone: excepto Canarias. Como he dicho, presenté esta enmienda a la Ley de defensa del consumidor porque creía que estaba mucho mejor en ella, ya que al final son los consumidores o las pequeñas empresas los que compran esos productos, pero repito que el Grupo Popular nos dijo que no cabía en esa ley y que era mejor presentarla a esta, a la de telecomunicaciones. Y así lo he hecho. Como reza en el Diario de Sesiones y así me lo han dicho, espero que se apruebe esta enmienda, que simplemente propone obligar a todas las empresas españolas o radicadas en España a incluir a las islas Canarias en la venta del comercio electrónico. Además, la enmienda dice algo muy claro: sin que el coste de los dos DUA que existen —de la Península y de las islas Canarias— y el coste de transporte se le sume al consumidor o al comprador, a la empresa que compra. Eso es evidente. Nosotros no queremos que las empresas tengan un sobrecoste por eso; y más, si cabe, cuando el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias están ya en trámite, con una documentación, de simplificar los DUA, que hacen que, por ejemplo, para una bombilla de 6 euros de coste en el comercio electrónico sea 12 euros el coste de la tramitación de los DUA para llegar a Canarias, más el coste de transporte. Eso es simplemente el coste de la tramitación. Es un precio excesivo, y por eso espero que esta enmienda se apruebe.

La otra enmienda, la número 87, se refiere a la extensión por parte de las administraciones públicas, de los cabildos y ayuntamientos de la banda ancha, ya que ni en el actual proyecto ni en el anterior, del 2003, se define el concepto de autoprestación, y en Canarias la autoprestación es fundamental para que la banda ancha pueda llegar a todos los núcleos y a los municipios incluso de menos de 5000 habitantes, a los que no llegan los operadores privados. Las dos concesiones de los dos últimos años, de 2 millones de euros, para que operaran los operadores privados se han quedado desiertas porque no les es rentable, con lo cual cabildos y ayuntamientos han tenido que hacer su extensión a todo lo que es autoprestación. Pero si se aprueba esta ley, evidentemente, no podremos llegar a todas las administraciones que queremos de todas las islas Canarias, con lo cual espero que sean aceptadas las tres enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senador Quintero.

Para la defensa de las enmiendas 89 a 116 y 118 y 119, tiene la palabra la senadora señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, seguramente me sobrará tiempo, pero no había llegado aún a la tribuna. Lo digo, por si no me diese tiempo.

Como he avanzado antes, cuando he defendido por qué lamentaba no haber presentado veto, y daba apoyo a los vetos presentados por senadores de la Entesa y los dos senadores de Izquierda Unida, decía que este proyecto de ley avanza en la desregulación pública en beneficio, cómo no, de la iniciativa privada y en detrimento, cómo no, del sector público y del interés general.

De nuevo ustedes, y no me cansaré de decirlo, invaden competencias o dejan sin competencias tanto a las administraciones autonómicas como a la Administración Local. Es un paso más en ese proceso recentralizador que no me cansaré de denunciar en esta tribuna, a pesar de que ustedes digan que quieren mucho a Cataluña, como ayer hacía el presidente del Gobierno del Estado




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español. Pues que no lo diga tanto y que se aplique más y, como dice el dicho: mucho te quiero perrito..., pero de pan, ninguno, porque ustedes con sus actuaciones y sus intervenciones niegan este amor a diario, porque la realidad es tozuda y se nos presenta tal cual es, y cada proyecto de ley que ustedes aprueban y se convierte en ley es un paso más en el proceso de centralización que ustedes practican.

Decía también que este proyecto de ley abandona un principio fundamental, que no es otro que el de la prudencia en aquello que puede y afecta a la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Así, en junio de 2011, con motivo del Día internacional de la contaminación electromagnética, más de 500 colectivos sociales, desde asociaciones ecologistas hasta la confederación de asociaciones de padres y madres, pasando por otras asociaciones vinculadas al mundo de la salud, aprobaron un manifiesto contra la contaminación electromagnética que exigía medidas concretas para proteger la salud frente a las radiaciones electromagnéticas hasta que se establezca con certeza qué nivel de radiación electromagnética es inocuo y/o admisible. La demanda fundamental era la aplicación del principio de precaución, que se invoca cuando existen dudas razonables sobre un posible peligro para la salud humana y hasta que no se determine o se demuestre su inocuidad. Sobre la base de este principio, no se trata de demostrar de forma fehaciente la peligrosidad, sino que en realidad lo que se hace es cargarse el hecho de obtener la prueba, que recae en que los interesados demuestren que no es peligroso.

Por un lado, numerosos estudios independientes indican la existencia de riesgos graves para la salud e incluso para la seguridad de las generaciones tanto presentes como futuras. Es decir, existen razones más que fundadas para dudar de la inocuidad de las ondas electromagnéticas y, por tanto, se debería aplicar el principio de precaución que he invocado. Obviamente, con ello no estamos diciendo que deban prohibirse o que se prohíban estas emisiones, pero sí que se limiten e incluso que se revisen los límites establecidos cuando eran menores los estudios y las emisiones. Esto está vinculado o es coincidente con la Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa de 27 de mayo de 2011, en la que se instaba a los gobiernos europeos a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para reducir la exposición de los ciudadanos a todo tipo de radiaciones electromagnéticas. Contrariamente al principio de precaución, a criterio de Esquerra Republicana, con el presente proyecto de ley se da una absoluta vía libre a que se puedan establecer cuantas antenas deseen las empresas privadas, pese a la posición que puedan mostrar los ayuntamientos en su voluntad de limitar las ondas, así como la racionalización y el uso del espacio radioeléctrico.

En definitiva, nosotros defendemos que se aplique una racionalización del espacio radioeléctrico y, en todo caso, reivindicamos la legitimidad y la competencia de los entes locales y ayuntamientos para decidir qué antenas se pueden instalar en su territorio, y con qué condiciones.

Nos parece absolutamente inmoral el criterio del Gobierno español y de las grandes empresas con intereses económicos que siempre se sitúan —no es la primera vez que ocurre en un proyecto de ley, como ocurrirá en este proyecto de ley que terminará siendo ley— por encima de la voluntad y la salud de los ciudadanos y ciudadanas y de las decisiones de los pueblos y ayuntamientos que se oponen de manera clara a la salvaje y regulada colocación de antenas y, en este caso, a las posibles consecuencias de radiación. Asimismo, el Proyecto de Ley de telecomunicaciones supone una clara, descarada e inasumible invasión competencial. Alguien ha dicho que se conseguirán mejoras con las enmiendas transaccionadas con algunos de los grupos parlamentarios, pero en Esquerra Republicana ya no nos conformamos —y lo hemos dicho en múltiples ocasiones— con las migajas, sino que queremos el pan entero. Y consideramos que este proyecto de ley, que se convertirá seguramente en ley, supone un recorte más a la autonomía local y a la capacidad de autoorganización de los ayuntamientos y entes locales. Un recorte más después de los importantes recortes que ya hemos padecido y que han sido consecuencia de la aprobación de la Ley de reforma local hace escasamente pocos meses por las Cortes Generales.

Las infraestructuras de telecomunicaciones, y en especial las redes de nueva generación, revisten, a criterio de Esquerra Republicana, una importancia estratégica al constituir elementos esenciales tanto para la innovación como para la vertebración territorial y la cohesión social. Por ello consideramos que las administraciones tienen y deben tener una especial responsabilidad ante la ciudadanía y constituyen un agente primordial para evitar la brecha digital. Precisamente por ello consideramos básico partir del reconocimiento que en esta materia están llamadas a desempeñar las administraciones territoriales, así como las comunidades autónomas y, como




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decía, los entes locales en el ejercicio de sus legítimas competencias. Así lo atesora el principio de subsidiariedad europeo en contra del centralismo nacionalista español al que nos vemos reiteradamente sometidos.

Nos encontramos ante un proyecto de ley que tampoco respeta las competencias en medios de comunicación social y sobre la regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual de la Generalitat de Catalunya, pero además limita considerablemente las posibilidades de actuación de las administraciones locales en el ámbito de las telecomunicaciones y afecta al ejercicio de las competencias municipales concurrentes para garantizar el desarrollo ordenado de las infraestructuras de telecomunicaciones en los respectivos territorios.

En resumidas cuentas, señorías, me he explayado a la hora de defender lo que hubiera tenido que ser el veto presentado por Esquerra Republicana, indicando determinadas consideraciones contempladas en algunas de las enmiendas presentadas. En relación con las enmiendas, quiero decir que todas ellas se encuentran debidamente justificadas sin que por esta senadora sea necesario añadir nada más desde esta tribuna de oradores, salvo solicitar el apoyo del resto de grupos parlamentarios a dichas enmiendas.

Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la defensa de las enmiendas 344 a 353, 355 a 400 y 402 a 405, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

En la reunión de la Comisión de Industria en la que se tramitó esta Ley general de telecomunicaciones, quien ejercía la portavocía del Grupo Parlamentario Popular informó sucintamente de la aprobación de 14 enmiendas de las casi 500 presentadas, entre ellas, la 401 del Grupo Parlamentario Vasco. Una sola enmienda y otra que ha quedado incluida parcialmente a través de las enmiendas transaccionadas, ese es el balance que la tramitación de este proyecto de ley ha tenido para el Grupo Parlamentario Vasco respecto a las 63 enmiendas que hemos presentado. Asimismo, se presentó una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios que otorgaba al Gobierno la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público, junto al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la Administración territorial competente. Nosotros entendemos que esta expresión, este concepto de Administración territorial competente debería haber sido el sonsonete de toda la ley si lo que se pretende es ser respetuoso con un Estado autonómico y cuando, además, el Estado autonómico se toma en serio a sí mismo. Ya existe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, oportunamente, se ha incorporado de forma sistemática a lo largo de todo el proyecto de ley, pero no es así con el concepto de Administración territorial competente ni con el concepto de las competencias autonómicas que, según nuestro parecer, en este proyecto de ley no existen.

Con este proyecto de ley hemos tenido la preocupación de sustituir la idea de entidades o de sociedades controladas directa o indirectamente, que es fuente de interpretaciones problemáticas por las distintas regulaciones en el conjunto del Estado. Para nosotros, lo determinante es que la autoprestación de quien realiza el servicio esté integrado en el sector público de la Administración. Decimos esto porque se confunde continuamente durante todo el proyecto de ley el concepto de servicio público con otras referencias de este proyecto de ley, como son las obligaciones de servicio público reguladas por el título III. Porque no puede decirse que solo estos servicios, como podría ser el de defensa, el de seguridad pública y vial, el de protección civil, sean servicios públicos, pues con ellos se negaría el concepto de autoprestación que la propia ley reconoce y permite. La autoprestación lo será para los servicios de comunicación electrónica vinculados a cualquier servicio, sea este sanidad, educación, etcétera, prestado por una administración pública. Lo que cabe admitir es que estos servicios vinculados a la seguridad tengan la consideración de esenciales y con ello se justifiquen las especiales potestades de intervención que se reconocen en este precepto.

Hemos presentado concretamente una enmienda, la 346, en la que se recogía la necesaria colaboración que tendría que existir entre los distintos ministerios competentes y las comunidades autónomas, que parece que para el Gobierno no existen, ya que apenas reciben mención durante todo el proyecto de ley.




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También pedimos en distintas enmiendas respeto a las competencias autonómicas en materia de seguridad. No se nos ha hecho caso en ninguna de ellas. Pedimos que el Gobierno señale los criterios de seguridad en las instalaciones, pero dejando claro que serán las respectivas comunidades autónomas las que adopten las medidas concretas necesarias para su garantía.

Tampoco se nos ha admitido la enmienda 348 al artículo 4.6 porque mezcla dos motivos de intervención de servicios o redes que, a nuestro juicio, deben tener una consideración independiente: por un lado, la seguridad pública y la defensa nacional, y, por otro, el incumplimiento de obligaciones de servicio público establecidas por la propia ley, a la que antes he hecho referencia. Ambas causas no pueden tener la misma consideración, el mismo procedimiento ni los mismos plazos ni la misma justificación porque son cosas completamente distintas.

Si la iniciativa parte de una comunidad autónoma con competencia en la materia, no puede reconvertirse, como hace ahora este texto, en un procedimiento administrativo cuasi contradictorio entre el Estado y la autonomía, siendo posible, tras el acuerdo del Gobierno, la ejecución de la medida de intervención por aquella como Administración competente o, al menos, su participación en la medida, como sería lo lógico. En el caso de que se intervenga una red o servicio autonómico ante la consideración de incumplimiento, deberá respetarse el procedimiento y requerimientos constitucionales, como no podría ser de otra manera.

En relación con la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, hemos presentado otra enmienda—que tampoco ha sido admitida— que consideramos de interés y de justicia, porque lo determinante para el mercado de las telecomunicaciones es que el instalador o el explotador de una red sea un inversor privado o tenga la naturaleza de operador público. Para conocer esta distinción, no ha de atenderse a si el operador tiene una participación pública en su capital, puesto que si esta es minoritaria en nada modifica su naturaleza privada ni sus reglas de actuación. Lo relevante, lo importante es que la sociedad que instala, explota la red o da el servicio pertenezca o no al sector público. Lo equiparable con la prestación directa por la Administración es la prestación por entidades o sociedades integradas en su sector público.

Pedíamos que se suprimiera también la remisión al régimen de ayudas de Estado al no tener sentido en el ámbito de la autoprestación, en la que solo existe prestación interna en los propios servicios administrativos. Esta referencia debe llevarse al artículo 9.4. a) en el que constan las condiciones de prestación de servicios por las administraciones mediante redes públicas o servicios a terceros. Es de absoluta lógica. No entiendo por qué esta enmienda no ha sido incorporada al proyecto de ley. Tampoco se nos ha hecho caso.

Insisto en que para mi grupo es fundamental eliminar el término públicas, pues en caso contrario lo establecido en el capítulo II sobre derechos de ocupación de la propiedad privada, dominio público, ubicación compartida y servidumbres no será de aplicación a las redes gestionadas en régimen de autoprestación, ya que las redes públicas son aquellas que están a disposición del público, no aquellas que funcionan dentro de la Administración Pública. Por eso esta ley resulta sumamente confusa en este sentido.

En materia de medioambiente volvemos a reivindicar las competencias autonómicas. Cuando dicha instancia provenga del órgano competente en materia de medioambiente de una comunidad autónoma y se fundamente y acredite la necesidad de utilización compartida por tratarse de infraestructuras sitas en espacios con sistemas de protección ambiental o paisajístico, pedimos que se asegure la participación en calidad de directo interesado del órgano proponente en el procedimiento administrativo y la decisión deberá ser en todo caso motivada. Tampoco se nos ha hecho caso. No entendemos por qué. Por eso abogamos por una relación bilateral y lo consagramos a una enmienda no aprobada tampoco, que es la 379, que hace referencia al artículo 35.2, porque, tal y como constaba en el anteproyecto, se considera oportuna la constitución de una comisión bilateral a fin de encontrar una solución negociada a las posibles discrepancias entre ambas administraciones, estableciéndose además las consecuencias, etcétera, que corresponden a cualquier comisión bilateral.

En relación con algo tan vital como la buena coordinación con los ayuntamientos, tenemos que reclamar que se están imponiendo obligaciones que han de cumplir ayuntamientos de diverso tamaño y capacidad. No todos son iguales. El informe en materia de telecomunicaciones no puede pretender bloquear el procedimiento de elaboración de la planificación territorial o urbanística ni




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suplantarla. Tampoco cabe articular un procedimiento extraordinario cuando todos los procedimientos de elaboración de planificación territorial y urbana ya contemplan y regulan necesariamente los trámites de información pública y la audiencia a otras administraciones interesadas por sus competencias sectoriales, en el que incluso cabría entender ya comprendido el informe que se regula como especial en este proyecto de ley. Si cada Administración sectorial impone un procedimiento similar a este, sería imposible aprobar instrumento alguno de planeamiento. Y para esto es necesaria la planificación, pero una planificación hecha con cabeza, con sentido común y con rigor. La legislación de ordenación del territorio y urbanística regula habitualmente en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de planificación la intervención de órganos en los que participan las distintas administraciones, incluida también, como es lógico, la del Estado, con capacidad de emisión de informes dotados de carácter vinculante en los aspectos supramunicipales que están atribuidos a la competencia sectorial de dichas administraciones.

El procedimiento regulado en el artículo 35, apartados 2 y 3, del proyecto duplica y reitera los ya contenidos en el ordenamiento con los mismos efectos y con las mismas finalidades, provocando el consiguiente retraso innecesario en la tramitación de los instrumentos de planificación.

Señor presidente, señorías, algo que asimismo preocupa a mi grupo parlamentario es el problema de la inspección y por eso proponemos eliminar las medidas de inspección que impliquen consecuencias como precinto, cierre o interrupción de elementos básicos para las comunicaciones electrónicas o explotación de redes, al reservarse esta sanción a los tribunales de justicia que puedan atemperar las medidas previstas.

Igualmente se infringen los bloques de derechos que conforman la defensa y transparencia plena al no contemplar el proyecto la posibilidad de dar traslado previo al interesado para que pueda personarse y oponerse, en su caso, a la petición de entrada formulada por la Administración. Por otro lado, obligar a la jurisdicción a resolver en 72 horas sobre un procedimiento de entrada donde entran en juego la inviolabilidad del domicilio y el derecho fundamental de libertad de expresión, resulta contrario a las garantías procesales más elementales del justiciable encuadradas en el artículo 24 de la Constitución española.

Finalmente, este proyecto de ley ignora el principio de precaución contemplado en el artículo 3 d) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, que dice —y leo textualmente-: «La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran». No encontramos entre las recomendaciones consultadas para la elaboración de esta ley las realizadas por las instituciones europeas sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y de sus posibles efectos sobre el medioambiente, ni se atienden resoluciones científicas como el informe Bioinitiative 2007/2012 sobre los efectos de los campos electromagnéticos, entre otros, por citar solamente alguno de los más relevantes.

En todo texto normativo que afecte a la salud humana se ha de tener en cuenta la resolución 1815 del Consejo Europeo, de 27 de mayo de 2011, que aclara los puntos precisos para la protección de la población. Asimismo, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha de ser el marco de referencia al haber sido eficaz en las ocasiones que ha denunciado las extralimitaciones acaecidas en los Estados miembros.

La necesaria intervención de los ayuntamientos y las comunidades autónomas es ineludible, puesto que ellos son los que inciden directamente sobre la protección medioambiental, dada su máxima proximidad con el ciudadano.

Además, no resulta coherente con el marco legislativo sancionar como infracción muy grave la ocupación del dominio público radioeléctrico sin autorización y legitimar el uso indiscriminado por el ministerio sin haber iniciado los cauces procedimentales para ello. La pasividad de la Administración en la habilitación de frecuencias y canales radioeléctricos a ciertos servicios por regular, fundamentalmente comunicaciones audiovisuales comunitarias sin ánimo de lucro, deslegitima la potestad de la protección activa. No se puede no hacer nada durante años en el espectro disponible y ahora, repentinamente, articular una ocupación del espacio tan desmesurada.

Podría extenderme más sobre esta cuestión, pero dado que únicamente se ha aprobado nuestra enmienda número 401, he de decir que nuestras enmiendas que enriquecían el texto no




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se han tenido en cuenta en absoluto. La mayoría del Partido Popular hace buena la visión no autonómica de una Administración que sigue sin enterarse de que el centralismo debería ser un recuerdo del pasado, y precisamente la tramitación de esta ley ha sido un buen ejemplo.

Para terminar, me gustaría centrarme en un último aspecto que recogen nuestras enmiendas: aquellos artículos que colisionan con lo previsto por la Ley audiovisual. Como ustedes saben, el control y la posible sanción en estas materias corresponden a las comunidades autónomas y al Estado en un tótum revolútum poco definido. A través de esta ley se plantea algo que no se había visto hasta ahora. Se trata de un sector en el que el 80% de las emisiones no cuenta con licencia y ha sido así con este Gobierno, con el anterior Ejecutivo socialista y con el anterior Gobierno de Aznar; por lo tanto, tampoco es una cuestión nueva. De alguna manera, no sé si de forma alegal o ilegal, esta circunstancia se ha consentido y esta norma viene a colisionar poderosamente con este sector. Así, calculamos que un 80% de las emisiones, tanto televisivas como radiofónicas, pueden ser distorsionadas o canceladas a través de los famosos pitidos. Esta es una cuestión que no es culpa de las emisoras porque, como ustedes saben, la concesión de las licencias es competencia del Estado pero la ejercen las comunidades autónomas. Ahí ha habido numerosos problemas para la concesión del espectro, con concursos recurridos y judicializados, lo que coloca en una difícil situación a un sector que genera muchísimo empleo, muchos puestos de trabajo y también importantes ingresos para las administraciones públicas en materia de tributación.

Mi grupo parlamentario considera que, por puro sentido común, se debería ser sensible a la hora de aplicar lo que prevé esta ley. Vayamos arreglando las cosas poco a poco. Esto es muy importante para el sector de la radiodifusión y de la televisión vascas ―fundamentalmente de la radiodifusión, de las ondas de radio― y es una de las cuestiones que, junto con las enmiendas presentadas, provoca nuestra crítica de fondo que es, como ya les he dicho antes, de carácter competencial.

Sigan reflexionando y sigan aplicando también un poco de imaginación para entender que la mayoría de las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario tienen un carácter competencial, pero muchas de ellas además responden a una lógica que nos gustaría que se incorporase a este proyecto de ley para enriquecerlo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos grupos de enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 187 a 251, 253 a 255, 257, 259 a 263 y 265 a 283, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, dejando las consideraciones de carácter más general sobre el contenido de la ley para la intervención del turno de portavoces, quisiera ceñirme a las 92 enmiendas que hemos presentado ―97 si sumamos las 5 transaccionadas, de las que tienen ustedes copia― con el ánimo de completar las carencias que aún mantiene el texto propuesto por el Gobierno tras su paso por el Congreso de los Diputados y las enmiendas incorporadas en comisión en esta Cámara, con el fin de que realmente pudiera ser considerada como la ley general que necesita el sector.

Agradecemos el interés del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en la búsqueda de acuerdos amplios en la tramitación parlamentaria de esta norma, máxime cuando no es este el modo en que han venido funcionando otros proyectos de ley.

Hay que reconocer el trabajo legislativo efectuado en el Congreso de los Diputados, con la incorporación ―como ponía de relieve el portavoz socialista― de un centenar de enmiendas, que han mejorado aspectos importantes en cuanto a la universalización de la banda ancha y estrategias de redes ultrarrápidas, al refuerzo de los objetivos de cohesión social y territorial y también la protección de los derechos de los usuarios.

Reconocemos también el importante trabajo de búsqueda de acuerdos y consensos en el Senado, ya que fruto de esta colaboración algunas de nuestras enmiendas se han incorporado al texto del dictamen y 5 han sido objeto de transacción para este Pleno. Confiamos en que la mayoría de sus señorías entiendan la importancia de muchas de nuestras enmiendas que quedan vivas, que ahora les resumiré, y las apoyen en la votación.




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Creemos que es importante incluir entre los objetivos y principios de la ley el garantizar sin ninguna restricción tecnológica el principio de neutralidad en la red; un aspecto imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso libre de los ciudadanos a la tecnología y a cualquier contenido que circule libremente por Internet.

La enmienda 217 incluye esta modificación y las enmiendas 233 y 235 desarrollan las condiciones que han de establecerse al respecto.

Uno de los aspectos que más nos preocupaban del texto propuesto era la independencia del organismo regulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para desarrollar de forma eficaz la supervisión y la regulación de los mercados de telecomunicaciones. En este caso también hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno de Partido Popular para alcanzar algunos acuerdos que hemos plasmado en las transaccionales que apoyaremos en la votación. Aun así mantenemos vivas las enmiendas que no han sido objeto de transacción para intentar reforzar el papel del regulador.

Así, con las enmiendas 218, 219 y 220 se refuerzan las atribuciones del regulador para que garantice que no haya distorsiones en la libre competencia del mercado. La enmienda 229 devuelve las atribuciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la información de los números de teléfono de abonados y su gestión, y la enmienda 230 otorga las competencias para que sea el regulador quien supervise y garantice la calidad del servicio de acceso a Internet.

Con las enmiendas 235, 237, 239, 242 a 246 y 251 se traspasarían a la comisión una serie de competencias que atribuye la ley al ministerio y se refuerzan sus atribuciones en los aspectos de inspección y sanción.

Con las enmiendas 260, 261, 280 y 283 se modifican la disposición adicional decimoquinta y el anexo primero para la asignación de los medios necesarios al regulador para el desarrollo de las nuevas funciones encomendadas por la ley.

Me gustaría señalar que hemos presentado también un conjunto de enmiendas, de la 187 a la 216, básicamente sugeridas y a propuesta del Consorcio Red Local que agrupa, como ustedes saben, a la mayoría de municipios de Cataluña en el impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito local.

Las enmiendas 187 y 188 precisamente modifican los artículos 6 y 7 para eliminar la obligación de las administraciones públicas de comunicar al registro de operadores todo proyecto de instalación o explotación de redes de comunicaciones. Apelando al respeto institucional creemos que esta obligación es innecesaria.

Con las enmiendas 189 a 194 proponemos modificar el artículo 9, reconociendo las posibilidades de que las administraciones públicas puedan instalar y explotar directamente redes de comunicaciones sin necesidad de hacerlo a través de terceros. Incluimos la definición de autoprestación como la explotación de redes por las administraciones públicas para la satisfacción de sus necesidades en el respeto a la capacidad de autoorganización de cada Administración y proponemos suprimir la obligación del reconocimiento directo a los operadores del derecho de uso compartido en las infraestructuras de red de las administraciones públicas.

Entendemos las dificultades que entraña el servicio universal en condiciones competitivas, pero siguiendo las recomendaciones y objetivos precisamente de la Agenda Digital Europea y de la Agenda Digital recientemente aprobada por el Gobierno español, pensamos que es indispensable garantizar que la conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet debería permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 6 megas por segundo, y así lo proponemos en la enmienda 195.

Hay otro aspecto muy mejorable también del proyecto de ley relativo a la posible vulneración de competencias de otras administraciones territoriales en materia de ordenación del territorio y normativa urbanística, principalmente en el despliegue de redes y en la ocupación del dominio público. Todos estamos de acuerdo en facilitar y simplificar los procedimientos administrativos con el objeto de agilizar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, pero siempre que se respete también el de reparto competencial entre las administraciones, y en este sentido van nuestras enmiendas 196 a 216, a fin de aportar racionalidad y respeto a las competencias de las administraciones territoriales, además de otorgar mayores atribuciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también para resolver conflictos.




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Mediante la enmienda 228 proponemos mejorar los artículos 47 y 48, relativos a los derechos de protección de datos personales de los usuarios finales y a su privacidad en relación con los datos de tráfico y localización.

También proponemos incorporar las enmiendas 234, 238, 240, 269, 270, 272 y 273 para reforzar el papel de la Agencia de Protección de Datos en el ámbito de la ley.

Al título VII, relativo a la inspección y régimen sancionador, hemos presentado las enmiendas 247 a 250 y 253 a 255 para reforzar las funciones inspectoras y mejorar la protección de los usuarios.

Y finalmente, con las enmiendas 267, 268 y 277 proponemos suprimir las disposiciones finales primera, segunda y sexta por contener modificaciones legislativas que a nuestro entender no coinciden con el contenido material del proyecto de ley.

Estas son las objeciones que todavía mantenemos al contenido de esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Del mismo grupo parlamentario, enmiendas 284 a 334 y 336 a 343.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 414 a 421, 423 a 438 y 440 a 448.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Mi grupo parlamentario ha presentado en el Senado un total de 35 enmiendas, dos de las cuales ya han sido incorporadas en el trámite de ponencia y a las que me referiré por la importancia que representan. De entrada las doy todas por defendidas, aunque haré hincapié en algunas de ellas precisamente por la importancia que mi grupo parlamentario entiende que tienen.

Hemos presentado este conjunto de enmiendas agrupadas en cuatro bloques. El primero de ellos es de carácter competencial, tanto por lo que hace referencia a competencias del ámbito autonómico como a las de las entidades locales, puesto que entendemos que los ayuntamientos tienen que jugar un papel tremendamente importante y significativo. El segundo bloque se refiere a favorecer la participación de las administraciones territoriales en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, especialmente también de las entidades locales. Con un tercer bloque se trata de construir un modelo menos rígido, más flexible, más competitivo, y su adecuación a los objetivos que plantea la Agencia Digital Europea. Y el cuarto bloque pretende garantizar la independencia por la atribución de mayores competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este sentido quiero resaltar la importancia que representa para mi grupo parlamentario que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia disponga de las máximas atribuciones en materia de telecomunicaciones.

A continuación voy a destacar algunas de aquellas enmiendas que para mi grupo son quizá las más significativas. Así, la enmienda número 422, incorporada ya en el trámite de ponencia, hace referencia al artículo 28.2, donde se señala que el Gobierno puede establecer otras obligaciones de servicio público —dice público—, pero en definitiva no contaba inicialmente con la Administración territorial competente. Por tanto, el punto 2 dice textualmente que el Gobierno podrá asimismo imponer otras obligaciones de servicio público previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la Administración territorial competente. Un punto que esta enmienda añade, y que entendemos es de gran importancia, puesto que los ámbitos que podrían justificar la imposición por parte del Gobierno de nuevas obligaciones de servicio público son competencia de las comunidades autónomas. Entendemos, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, que el Gobierno, para garantizar la efectividad y la eficacia de las posibles medidas a adoptar, debe requerir el informe de la participación de las administraciones territoriales, aspecto que se ha recogido y que desde nuestro punto de vista tiene mucha importancia.




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Quiero destacar la enmienda 439, incorporada también en ponencia, por la que se suprime la letra ñ) del artículo 69, por el que se imputa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo todas las funciones que la legislación vigente atribuía a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que no hubieran resultado expresamente asignadas al ministerio. Nosotros entendemos que la previsión de una competencia residual en materia de telecomunicaciones a favor del ministerio debilitaría la capacidad de la CNMC, por lo tanto, con esta enmienda damos otra vez estas competencias residuales a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puesto que, en definitiva, inicialmente, en su creación, el organismo así lo pretendía.

Las enmiendas 438 y 439 suponen mantener aquello ya pactado en el debate de la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no permiten un debilitamiento de la autoridad de la regulación en el ámbito de las telecomunicaciones. La enmienda principal es la 439, que ya está incorporada, pero también hace referencia a este aspecto la 438.

Las enmiendas 415 y 416 se refieren a la participación de las administraciones públicas en el sector de las telecomunicaciones para garantizar la cohesión territorial y evitar la fractura digital, que es clave para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital europea. Entendemos que es un obstáculo e innecesario prever que cualquier acción de las administraciones públicas se haya de comunicar con carácter previo al ministerio.

Enmienda 418. También consideramos que tendría que ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no el ministerio, quien tuviera que velar por la participación de las administraciones públicas en el sector de las telecomunicaciones y evitar posibles distorsiones de la competencia. Es una función de regulación de mercados y no administrativa y, por tanto, la tiene que asumir la CNMC.

La 420 pone en valor las infraestructuras de titularidad pública y a disposición del mercado, contribuye al desarrollo del sector y también evita la fractura digital.

La enmienda 430, colaboración entre las administraciones públicas, es determinante para alcanzar las políticas públicas y evitar, como decía anteriormente, la fractura digital.

La 432 y la 433 —especialmente la 433, que entendemos que formará parte de una transaccional junto con nuestra enmienda 331— prevén la participación de la CNMC en aspectos de regulación de mercados. Por lo tanto, se considera que su función va más allá de la actividad simplemente administrativa, con lo cual son funciones propias de la comisión nacional y no del ministerio.

La enmienda 440 forma parte también de una transaccional y prevé que la CNMC, por regulación del mercado, pueda adoptar circulares dirigidas a los operadores. Ya en su momento, de acuerdo con la Ley de la comisión nacional, solo lo podrá hacer cuando la ley lo establezca. La CMT tenía esta función y entendemos que debe continuar desarrollándola la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Finalmente, permítanme destacar, simplemente para nombrarlas, las enmiendas 420, que hace referencia a disponibilidad del servicio —entendemos que es importante también— y 421 sobre cofinanciación público-privada para el mejor desarrollo e implantación de las redes correspondientes, y las enmiendas 424, 434, 443 y 447, que son prioritariamente de ámbito competencial, especialmente por lo que hace referencia a la Administración Local.

Desde ese punto de vista estas enmiendas que hemos presentado, las que ya han formado parte de la ponencia, mejoran el proyecto de ley en línea con lo que nosotros comentábamos, es decir, mayor autonomía por administración autonómica, mayor colaboración con los ayuntamientos para el desarrollo de las redes —evidentemente, porque si no, es imposible—, y luego el regulador que tenga mayor capacidad y que pueda actuar de manera paralela y distinta de lo que hace el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas 121, 123 a 127, 129 a 182 y 184 a 186.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.




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Voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, pero quisiera hacer alguna reflexión previa, antes de defender aquellas que han quedado todavía vigentes, algunas de las cuales nos parecen importantes.

Lo primero de todo que quisiera remarcar es la importancia que tiene esta ley. Es una ley que afecta a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de España. Todas las leyes son importantes, pero si pensamos cada uno qué parte de nuestra vida tiene que ver con las telecomunicaciones, tal vez lleguemos a descubrir cuál es su importancia. Voy a darles algunos datos que ponen de manifiesto esta importancia. Cada familia española se gasta al año en torno a 950 000 euros en telecomunicaciones —es una cifra importante—. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de un sector tremendamente dinámico, hasta el punto de que yo diría que las leyes de telecomunicaciones deberían ser, por definición propia, efímeras en el sentido de que esto cambia tan rápido que es imposible que una ley tenga una vigencia más allá de unos pocos años.

Quiero llamar su atención: cuando la Unión Europea habla de telecomunicaciones, no hace directivas, marca estrategias, fija horizontes. Porque esto cambia mucho, señorías. La velocidad de cambio es tremenda. Quiero recordarles a todos aquellos senadores y senadoras que estaban en esta Cámara en la anterior legislatura que ustedes no tenían WhatsApp. Ustedes no tenían en la anterior legislatura un montón de aplicaciones, que ahora pueden consultar en su móvil, porque no existían, simplemente porque no existían. A finales del año 2008 había en el mercado 550 aplicaciones para móviles, en el año 2013, 1 575 000 —prácticamente en cinco años—. Fíjense en la velocidad de cambio. Hoy en día en España entre 35 y 40 millones de españoles y españolas utilizan aplicaciones para móvil cada día, repito, entre 35 y 40 millones de españoles, y en el mundo más de 4400 millones de personas. Todo eso es posible gracias al desarrollo de las telecomunicaciones. Pero además —como decía mi compañero Andrés Gil—, las telecomunicaciones son una herramienta que permite no solamente evaluarlas como un sector económico perteneciente al sector cuaternario, sino clave en todos los sectores de la economía —hoy no hay en España o no debiera haber ningún productor que tenga 4 vacas en medio de un campo de cualquier provincia española que no tenga la posibilidad de comercializar su leche a través de las redes, porque si no es así, está perdiendo posibilidades de negocio-: el sector primario, el sector secundario —¡qué sería de la industria sin telecomunicaciones!—, el sector terciario por supuesto —hoy en día a nadie se le ocurre hacer turismo sin mirar antes el destino al que va y eso no era posible antes de 2005 porque no existía Google Maps—, el sector cuaternario obviamente, e incluso todo lo que tiene que ver con el conocimiento.

Por lo tanto, está claro que las telecomunicaciones son un instrumento de crecimiento económico, son un instrumento de cohesión social. Hoy el que no tiene acceso a las tecnologías está fuera, está al margen y hoy la región o el pueblo de España que no tiene acceso a las tecnologías están al margen. Por consiguiente, estamos hablando de una ley clave y, además, de una ley compleja, muy compleja.

Si ustedes no lo saben, yo se lo digo —en mi bibliografía lo verán—. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Les aseguro que las antenas que yo estudiaba en los años setenta no tienen nada que ver con las antenas de ahora, absolutamente nada. Y alguien me preguntaba el otro día sobre el concepto de antena. Veremos la vigencia del concepto de antena. Por consiguiente, estamos hablando de algo complejo pero que tiene una importancia esencial en nuestra vida. Del hecho de que un centro de salud de un pueblo pequeño, aislado, pueda tener acceso a mi historial clínico depende mi vida, de eso depende la vida de las personas que en un momento determinado tengan que ir a ese centro, y eso tenemos que valorarlo.

El comercio electrónico, cuya ley es del 2002, ha evolucionado tanto que es otra cosa. La banca electrónica tiene un uso brutal. El aprendizaje electrónico en este país está absolutamente disparado. Por lo tanto, estamos hablando de una ley clave, de una ley que desde el punto de vista del Grupo Socialista, como ha dicho algún portavoz, ha cambiado mucho desde que entró en el Congreso. Quiero decirles que el Grupo Socialista presentó 122 enmiendas en el Congreso. De las 122 enmiendas, se incorporaron al texto 59, y en el trámite del Senado se incorporaron 4 al dictamen y 5 enmiendas más están en las transaccionales que hoy han circulado por aquí. Es evidente, si hacen ustedes números, que el 55% de las enmiendas que hemos presentado a esta ley se han aceptado. Sigue, como ha dicho el senador Gil, sin ser nuestro proyecto, pero es menos nuestro proyecto en este momento.




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Además quiero decir que en el Senado se han incorporado algunas enmiendas tan importantes en el dictamen como una que define que cada ciudadano podrá decir cuáles de sus datos son confidenciales y cuáles no. Otra incorpora a las asociaciones de personas con discapacidad en el Catsi—Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y quiero aprovechar para saludar a los compañeros de la Unión General de Trabajadores de Telecomunicaciones, cuya presencia sindical debería ser mayor en el Catsi—. A través de nuestra enmienda conseguimos que entren las asociaciones de personas con discapacidad. Gracias a otra enmienda, que también se ha incorporado, se mejoran o se amplían los plazos que los operadores procedentes de administraciones públicas tienen para adaptarse a la ley.

Como ha dicho el senador Gil, nuestra influencia a través de las 68 enmiendas que nos han recogido tiene que ver, fundamentalmente, con derechos de los usuarios, pero también con el papel de las administraciones públicas como operadores, porque somos conscientes de que el mercado no lo arregla todo y de que hay sitios donde los operadores privados no irán, y en esos sitios tenemos que dejar que las administraciones públicas, sobre todo las locales, actúen como operadores. Y tenemos que simplificarlo. Pero también hay que facilitar el despliegue de las redes, porque si no somos capaces de eliminar barreras en el despliegue de las redes, no seguiremos el ritmo europeo, nos quedaremos a la cola, y, como alguien decía, pagamos las telecomunicaciones más caras que otros, pero si dificultamos el despliegue de las redes, todavía serán más caras.

El modelo de regulación no es el nuestro. Nosotros no habíamos eliminado la CMT para hacer la CNMC, no lo habríamos hecho, no habríamos quitado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero ya que ese es el modelo del regulador, hemos incorporado en nuestras enmiendas toda una serie de competencias que perdía el regulador actual —la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones—, porque entendíamos que estaban bien donde estaban, que no tenían que pasar al ministerio.

El Grupo Socialista en el Congreso incorporó las disposiciones adicionales decimoséptima y decimoctava en el texto del Congreso. Hablan de algo tan importante como la universalización de la banda ancha ultrarrápida, definiendo estrategias para que en este país la velocidad mínima de Internet sea de 10 megas en el año 2017 y que antes de 2020 estemos en 30 megas en al menos el 50% de hogares. Esa es una de nuestras enmiendas.

Otra de nuestras enmiendas habla de la obligación del Gobierno de desarrollar un plan con medidas que estimulen las políticas de innovación en el sector y de innovación tecnológica en el tejido industrial, habla de compras innovadoras, habla del mercado de demanda temprana, habla de poner en marcha proyectos de I+D+i relacionados con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Esta es otra propuesta gracias a una enmienda socialista. Y hablamos de la brecha digital y de la universalización de las redes, y lo hacemos con la experiencia de haber puesto en marcha el plan Avanza, por ejemplo, que ha permitido un desarrollo importante de las telecomunicaciones en este país, y de haber puesto en marcha varios planes de extensión de la banda ancha en años anteriores. Por lo tanto, en estas dos adicionales estamos hablando fundamentalmente de mejorar la competitividad de nuestras empresas. También en el trámite en el Congreso, en la disposición adicional décima, la que habla de salud y radiofrecuencia, hemos mejorado el papel de la comisión interministerial que se crea, aunque se podría todavía más y por eso mantenemos una enmienda, pero ya hemos actuado sobre esta disposición.

En definitiva, estamos hablando de toda una serie de mejoras de la ley que hemos hecho. Cierto que quedan cuestiones que todavía no nos gustan. Por ejemplo, no entendemos que las disposiciones finales primera y segunda deban estar en esta ley —de ahí nuestras dos enmiendas, las números 131 y 132—, fundamentalmente porque la disposición final primera habla de modificar la Ley del juego, de 2011, y la segunda de modificar la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, del año 2002. Reconocemos la necesidad absoluta de modificarla, pero debemos hacerlo de otra manera. Probablemente no sea el mejor modo mediante una disposición final colocada en esta ley, entre otras cosas porque la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico exige la participación de una serie de sectores que no están interesados en esta ley, pero sí en la otra, y a los que deberíamos escuchar en el trámite de reforma. Por lo tanto, la propuesta que les hacemos es que la quiten de aquí y traigan una reforma de la Ley 34/2002, que habla fundamentalmente de la sociedad de la información y el comercio electrónico, que, como les he dicho, es evidente que debe ser reformada




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por una cuestión de tiempo —porque hace 12 años el comercio electrónico no era como ahora—. En cualquier caso, la enmienda 123 reforzaría el papel de esa comisión de radiofrecuencia y salud, y algunas otras aconsejan seguir dotando de competencias a la CNMC, que también mantenemos vivas y entendemos que mejorarían el texto aún más.

Para terminar —tal vez sea repetitivo—, quisiera agradecer el buen trabajo de las senadoras Azuara y Nicolás y que siempre han estado a disposición de todas las sugerencias que hemos hecho, y, cómo no, del equipo del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el señor Calvo-Sotelo, con quienes hemos estado muy en contacto durante los últimos 15 días para poder incorporar toda una serie de mejoras en la ley, conscientes todos como somos de que esta es, como decía el senador Gil, una ley que trata un tema muy instrumental, y, evidentemente, no viene mal aplicar el consenso a este tipo de temas que tienen mucho que ver con la mejora de las condiciones de la economía española, pero también, como les explicaba al principio, de la vida de muchos millones de españoles y españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este turno en contra relativo a las enmiendas diciendo en primer lugar lo que ya algunos portavoces, como el señor Manchado que me ha precedido, han dicho con rotundidad, y es que la Ley general de telecomunicaciones ha llegado al Senado con un alto grado de consenso en su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo el voto favorable del Partido Popular, del PSOE y de CiU. He de destacar la colaboración mantenida también con otras instituciones, como la Junta de Andalucía, para acordar las cuestiones relacionadas con los despliegues de las redes. Esto ha sido posible gracias a un gran esfuerzo por parte de todos los grupos parlamentarios y también del propio ministerio, que ha dado como resultado la incorporación al texto del proyecto de ley de un total de 147 enmiendas en el Congreso, de las cuales 59 corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, y en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, 14 enmiendas de diferentes grupos —del Grupo Popular, del Grupo Socialista, de CiU, de Entesa, del PNV, de Izquierda Unida y de Esquerra—.

En esa comisión mi grupo —hace una semana— se comprometió a seguir dialogando para alcanzar nuevos acuerdos que mejorasen el texto de la ley y, dentro siempre del interés general, el mercado de las telecomunicaciones, primero, porque es una ley que afecta a todos los ciudadanos y, segundo, por el imperativo legal que nos llega desde Europa de actualizarnos con las nuevas directivas. Así lo hemos hecho y hoy mi grupo propone 4 nuevas enmiendas transaccionales. En algún momento algún portavoz ha dicho 5, pero 2 de las enmiendas corresponden al artículo 70, a dos letras diferentes. Por lo tanto, han sido registradas 4 enmiendas transaccionales con las que, en definitiva, queremos alcanzar el máximo consenso para el texto que hoy debatimos.

Voy a empezar mi intervención haciendo alusión a estas 4 enmiendas transaccionales. La primera de ellas es al artículo 2.2, que corresponde a la enmienda 284, de Entesa, y a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida. La transacción al artículo 2 viene a incidir en la consideración de las telecomunicaciones como servicios de interés general, algo que ha generado polémica con otros grupos, como ya ocurrió con la anterior ley, cuando las telecomunicaciones pasaron de considerarse —por supuesto, en virtud de su liberalización— servicio público a servicio de interés general. Con el nuevo texto solo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en el artículo 4, es decir, servicio de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial o la protección civil. Ahora, con esta transacción, añadimos un párrafo que dice que la imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 de esta ley, donde se regulan los objetivos y principios de la misma, y que podrá recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, derechos de uso del dominio público radioeléctrico, derechos de uso de recursos públicos de numeración,




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direccionamiento o de denominación, o que ostenten la condición de operador con poder significativo en un determinado mercado de referencia.

Señorías, la siguiente transacción es al artículo 45.3 y corresponde a las enmiendas 158, del Grupo Parlamentario Socialista, y 227, de Entesa. Esta transacción viene a dar respuesta a las reivindicaciones de estos dos grupos para permitir combinar el necesario respeto competencial y la protección a los derechos de los ciudadanos con una mayor agilidad, dando prioridad, con la nueva redacción del punto 3, a la sostenibilidad de edificaciones de uso residencial, industrial, terciario y dotacional —es lo que se añade en el texto de la transacción—, lo cual, desde luego, favorecerá la progresiva implantación en España del concepto de hogar digital.

No olvidemos que estos usos, por ejemplo, el dotacional, va dirigido fundamentalmente a edificios dedicados a servicios públicos, como los servicios públicos de sanidad, centros de día para personas mayores, universidades, etcétera.

Decía el portavoz de Izquierda Unida, señor Iglesias, respecto de este artículo 45 que sí se había leído la ley y que sabía perfectamente lo que dice la ley. Sin embargo, cuando yo leo el artículo 45, que regula las infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios, puedo asegurar que hay quien no ha querido, quizás, entender lo que aquí se dice. El artículo 45.4 dice que los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así como sus recursos asociados, en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos al régimen de propiedad horizontal. Y hace una salvedad, cuando se trate de una sola vivienda: »...; al objeto de que cualquier copropietario, o, en su caso, arrendatario del inmueble, pueda hacer uso de dichas redes.» —por lo tanto, haciendo uso de elementos comunes de la edificación—. «El operador...» —dice el artículo 45— »... que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados..., deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios...» —aquí se han dicho una serie de disparates que nada tienen que ver con este punto 4 del artículo 45— »...o, en su caso, al propietario del edificio.» Pero, además, tendrá que hacerlo con un proyecto de la actuación que se pretende realizar antes de iniciar cualquier instalación. Aquí se ha hablado en unos términos por parte de algunos portavoces que han presentado o que han apoyado vetos a esta ley que hacen que parezca que van a aparecer antenas en todos los edificios como setas, sin que absolutamente nadie, ni siquiera los que allí viven, puedan saberlo. Y esto, es absolutamente falso.

Quería hacer esta aclaración porque la instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes, desde que se hace esa comunicación, no se produce una autorización por parte de la comunidad de propietarios. En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación.

La siguiente enmienda transaccional que hemos presentado se refiere al artículo 51.2. Esta transacción corresponde a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 153, 162 y 163, a las números 221, 231 y 232 de Entesa, así como a las números 431 y 433, de CiU. El artículo 51 regula el acceso a números o servicios. Con esta transacción pretendemos garantizar determinadas competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia —la de las comunicaciones—, mejorar la protección de los usuarios y garantizar el bloqueo como un derecho de los usuarios. Por supuesto que sí. Por eso, planteamos esta transacción en la que añadimos que, para darle más competencia a la CNMC, siempre habrá un informe previo de la citada comisión y se establecerán —ya no ha lugar a posibilidad, sino que se establece como obligatorio— las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público llevarán a cabo dicho bloqueo de acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos, y los casos en los que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios.

Luego, señorías, estas condiciones de bloqueo quedarán perfectamente establecidas en el real decreto de desarrollo de la ley. Pero además, esta transacción que presentamos incluye dos párrafos que otorgan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la potestad de ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por motivos de tráfico irregular, como he dicho, con fines fraudulentos, cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores o en materia de acceso o interconexión que les sean planteados por los propios operadores.




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La siguiente transacción que planteamos es al artículo 70.2 en dos de sus letras —por eso, se pensaba que eran 5 transacciones, pero, al final, se han englobado en una sola—, la transacción al artículo 70.2, letra l y al 70.2, letra m, sobre la base de las enmiendas 168, del Grupo Parlamentario Socialista, 236, de Entesa y la número 440, de CiU.

El artículo 70, señorías, regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Puedo afirmar con rotundidad que, tal y como queda regulada al final, sale muchísimo más reforzada, después del trámite parlamentario de esta ley, de lo que entró, cuando se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. En particular, en esta transacción se añade que la CNMC debe ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones electrónicas, en concreto en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). En el ejercicio de esta función participará, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de comunicaciones electrónicas. Por último, esta transacción contempla que también la CNMC realizará las funciones de arbitraje tanto de derecho como de equidad que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas, en aplicación de la Ley de arbitraje 60/2003, de diciembre.

Por lo tanto, señorías, todas estas mejoras que se contemplan en las transacciones se suman a las anteriores, a las que también se ha hecho alusión aquí por parte de los portavoces de CiU y del Grupo Parlamentario Socialista que, como he dicho, apoyaron la ley en el Congreso. Mejoras fundamentales que se han mencionado, pero a las que quiero hacer una breve referencia porque se ha reforzado la cohesión social y territorial y las necesidades de las personas con discapacidad en los objetivos de la ley, concretamente en el artículo 3, y ello para reducir esa brecha digital que en España todavía padecemos.

En cuanto a los operadores, las administraciones públicas podrán instalar redes sin sujetarse al principio de inversor privado en zonas no rentables. Parece que hay alguien que o no se lo ha leído o, si lo ha leído, no ha querido entenderlo así. Pero es que lo que dice la ley es que se elimina la prohibición de recibir subvenciones en el artículo 9, se mejora el procedimiento de declaración de uso compartido y se da más participación a las administraciones públicas.

Y luego hay un apartado importantísimo que es el de los derechos de los usuarios, a los que parece que esta ley tiene como único objetivo fastidiar. Lo primero que hay que ver es lo que quieren los usuarios, y los usuarios quieren que este país se ponga al mismo nivel, vaya en la misma dirección y a la misma velocidad que el resto de países europeos en materia de telecomunicaciones. Por eso, en esta ley se refuerza precisamente la Agencia Española de Protección de Datos para salvaguardar los datos personales. Se da mayor información y protección a comunidades de propietarios en despliegues dentro de los edificios o, por ejemplo, se mejora el contenido de los contratos para dar mayor transparencia, y se obliga a los operadores a dar copia de esos contratos a los usuarios.

Entre las novedades más significativas quiero destacar el nuevo marco normativo en materia de derechos de los usuarios porque, por ejemplo, se reduce a tan solo un día laborable el tema de la portabilidad. Se amplían las facultades de la Administración para imponer a los operadores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, algo que hasta ahora no se había regulado en una ley de estas características. Y precisamente en comisión, el Grupo Parlamentario Popular presentó 8 enmiendas que iban, por un lado, a recoger una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias en relación al despliegue de redes por fachadas o aéreos, para que se produzca de una manera más ordenada desde el punto de vista urbanístico. Aquí también se ha dicho que esta ley parece que va en contra de las competencias y de todas las actuaciones que en un momento determinado hayan podido regular los ayuntamientos. Lo que hace la ley es garantizar a todos los usuarios que todos los ayuntamientos de este país hagan lo mismo y garanticen los mismos servicios. Es decir, estas enmiendas que mi grupo parlamentario presentó van a minimizar la repercusión de los despliegues, y en el caso concreto de los aéreos se van a utilizar precisamente en aquellos lugares donde ya existe cable. En las fachadas, siempre que sea posible, los despliegues que se produzcan van a utilizar infraestructuras ya establecidas




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en despliegues previos o simplemente en canaletas. También en una de las enmiendas que presentamos en comisión, y que quedó recogida, se mejoraban las competencias de la CNMC.

En definitiva, señorías, las enmiendas que no se han aprobado —estas transacciones que presentamos hoy en Pleno, esperamos que cuenten con el apoyo de todos los grupos— en la ponencia y en la Comisión de Industria del Senado, sencillamente es o bien porque no tienen encaje en lo que regula esta ley que es el mercado de las telecomunicaciones, o bien porque están en contra de esa trasposición de directivas europeas que filosóficamente son el hilo conductor de todo este proyecto.

Quisiera decir, concretamente, al portavoz de Izquierda Unida, señor Iglesias, y a todos los grupos que después de él le han apoyado en esa defensa de su veto, que las medidas de protección a la salud se encuentran recogidas, por supuesto que sí, en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, donde se contempla la normativa comunitaria relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Por supuesto que sí está regulado ahí. Pero es que, además, las enmiendas que presenta, por ejemplo, al artículo 25, son inasumibles, sencillamente porque este artículo 25, señor Iglesias, es trasposición directa del artículo 4 de la directiva de servicio universal. Usted debería saber que eso sería una ilegalidad, y usted debería saber que eso no se podía hacer. A pesar de eso, presentan esas enmiendas y, a pesar de eso, hace esa defensa vehemente, como digo, en esta tribuna.

Esta ley, señorías, está redactada con absoluto respeto a la igualdad de oportunidades y a la protección de las personas con discapacidad. Tanto es así, que el artículo 52 de la ley ya permite la imposición de requisitos de accesibilidad, con independencia del servicio universal, a todos los servicios, no solo a la telefonía fija y a todos los operadores, no solo al designado como servicio de prestación universal, sino a todos los servicios. Eso, señorías, está regulado por ley a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es el artículo 52 el que regula esas condiciones básicas de acceso para personas con discapacidad para que estas personas puedan utilizar, en las mismas condiciones que la mayoría de los usuarios finales, todos los servicios de acceso y de uso de servicios de comunicaciones electrónicas en nuestro país. Y en la disposición adicional décima, además, se crea la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para realizar estudios de los efectos de los campos electromagnéticos.

Y léanse también quienes hablan y quienes, además, presentan en los ayuntamientos alarmantes mociones en contra de este proyecto de ley, léanse también, repito, el artículo 28.2. b), porque ya queda regulado lo que se pide en lo relacionado con las personas electrosensibles. Dicho artículo, que habla de otras obligaciones de servicio público, en el apartado 2 dice: «El Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público.... motivadas por: b) Razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura». Si esto no es proteger a las personas y no es proteger la salud pública de los españoles, habrá, entonces, que decirle a alguien que se lo lea, porque no me puede decir y no me puedo creer, al menos, que se lo ha leído.

Las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado, por supuesto que sí, y todas las enmiendas que no respetan este principio no pueden ser apoyadas, señorías, por el grupo parlamentario; son competencia exclusiva del Estado, y bastantes líos tenemos ya con otras competencias para crear también un Estado, una nación con 17 sistemas de telecomunicaciones, cuando a lo que se va a nivel europeo es a crear un sistema, precisamente, homogéneo de telecomunicaciones.

Por lo tanto, podemos entender que algunos grupos del Grupo Mixto no apoyen este proyecto de ley, pero verdaderamente lo lamentamos.

Quiero ya, para ir finalizando, señor presidente, decir que agradecemos muchísimo a todos los portavoces que han hecho aportaciones vía enmiendas, a los portavoces del Grupo Socialista, de Convergència i Unió, de la Entesa, en definitiva, a todos los portavoces de todos los grupos que han presentado enmiendas, por supuesto que sí, a este proyecto de ley, al margen de que, por las razones que he explicado, no se hayan podido aprobar.

Esta ley está hecha con mucho trabajo, y esto ha permitido llegar a muchos acuerdos y a un, creo yo, importante consenso. Es una buena ley para avanzar en innovación y crear empleo digital. ¿Que se podrían hacer más cosas? Posiblemente. ¿Que se podrían haber hecho antes? Seguro. Pero ha quedado demostrado, una vez más, que este grupo parlamentario está abierto al diálogo.




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Y no quiero terminar sin hacer alusión a las enmiendas de Coalición Canaria —no ha presentado veto—, que en total son 3. Ante la primera de ellas, la número 86, que hace alusión a la huida de las empresas de comercio electrónico del mercado canario, tengo que decirle, señor Quintero, que se está debatiendo en el marco general de simplificación de trámites aduaneros que prepara el Ministerio de Hacienda y que regular lo que usted plantea no requiere que sea hecho por ley. Como le digo, lo va a regular el propio Ministerio de Hacienda. Respecto a lo de definir el concepto de autoprestación, sepa que no está definido en las directivas comunitarias que se trasponen en este proyecto de ley.

En cuanto a la última de sus enmiendas, la número 88, en la que pide que se declare servicio económico de interés general la difusión en determinadas zonas de la TDT, tengo que decirle que la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944/2005, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la TDT, habilita ya a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que puedan extender el servicio de la TDT en aquellas zonas donde no haya cobertura proporcionada por los radiodifusores privados.

En definitiva, señor Quintero, no podemos apoyar estas enmiendas y lamentamos que usted no haya sabido ver lo positivo del conjunto de este proyecto de ley. Esperamos que al final pueda rectificar su postura y darnos su aprobación.

Por lo tanto, sustentamos que este grupo y el Gobierno han estado abiertos en todo momento al diálogo, que el consenso ha llegado porque se ha trabajado y porque se han hecho aportaciones en positivo. Señorías, los acuerdos se toman en el camino, no en el punto de salida de cada uno de los participantes en la carrera; hace falta andar, trabajar y encontrarse en un lugar común. En este trámite parlamentario llevado a cabo en el Senado buscar esos puntos en común siempre ha sido posible con aquellas personas que han querido llegar a esos acuerdos y consensos. Desde el respeto a todos los grupos que han presentado enmiendas, esta vez hemos demostrado que entre la mayoría hemos podido conseguir mejorar sustancialmente este proyecto de ley. Creo que esto es lo que nos demandan todos los ciudadanos de este país y es lo que, en definitiva, todos queremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno de portavoces? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Cierto es que no pensaba intervenir pero la amable invitación de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular me obliga a salir a bailar una vez más. En primer lugar, para demandar respeto a la disidencia, respeto a la minoría, que es algo consustancial a los valores de un sistema democrático. Obviamente, como disidente habitual y minoría frecuente, se trata de un valor que tengo muy asumido e interiorizado.

En segundo lugar, en cuanto a los argumentos expresados por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decir que se respeta la competencia municipal y poner como contrapunto la garantía de que todos los ciudadanos, vivan en el municipio que vivan, van a contar con las mismas posibilidades de acceso a las redes de telecomunicaciones es una falsedad. No van a ser los ayuntamientos los que decidan las facilidades de acceso a las redes de telecomunicación de sus vecinos; van a ser las empresas teleoperadoras, obviamente. Los ayuntamientos lo que podían hasta ahora era ejercer sus competencias para establecer los condicionantes que mejor respondieran a la voluntad democrática expresada por sus vecinos en los procesos electorales, porque los ayuntamientos, señoría, no son un obstáculo, son una institución que representa a los ciudadanos. No debe de verse, por lo tanto, como una piedra en el camino que hay que apartar y este proyecto ve a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas como eso, como un obstáculo, como una piedra que se apartará en todo caso, porque para eso estará el Ministerio de Industria imponiendo una ordenanza homogénea en todos los municipios —concejos, en mi tierra— y en último término el Consejo de Ministros ratificando cuando haga falta esas decisiones.

No se puede decir que este proyecto es respetuoso con el derecho a la salud cuando la única referencia en la que ha insistido la portavoz popular es la creación de esa comisión para evaluar los riesgos que se derivan de las emisiones electromagnéticas y electrosensibles. Ya había una norma —insistía la portavoz popular en ello—, el Real Decreto 1066/2001, que reflejaba las




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exigencias de la normativa de la Unión Europea ya en 2001, hace 13 años. Todos los portavoces que han pasado por este micrófono y este atril han insistido en cuánto ha cambiado durante los últimos años todo el sistema de telecomunicaciones. Por lo tanto, las cortapisas, las exigencias, las precauciones que se establecieron en 2001 hoy no valen y no es serio decir que primero se aprueba la ley y después se crea la comisión para evaluar las consecuencias de esa ley. Evalúense primero las consecuencias, redáctese después el proyecto y tráigase aquí. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y concluyo leyendo un capítulo del proyecto de ley, que se dice es respetuoso con la propiedad privada, con los intereses de los propietarios y con las competencias sobre el patrimonio público de las administraciones, el capítulo II, que empieza con un artículo 29 que dice: «Derecho de ocupación de la propiedad privada. 1. Los operadores tendrán derecho en los términos de este capítulo a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red...» ¡Por razones técnicas o por razones económicas, señoría! Por tanto, ocuparán la propiedad privada respondiendo a sus intereses empresariales de hacer las inversiones menos costosas y eso no es respetuoso ni con la propiedad privada ni con la garantía del derecho a la salud.

Por otra parte, el artículo 30 dice: «Derecho de ocupación del dominio público». Por encima del régimen que regula en nuestro derecho los requisitos para el uso y ocupación del dominio público, es más claro todavía, pues señala: «En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación».

Por lo tanto, supeditación absoluta de las administraciones autonómicas y locales en el ámbito competencial, de los ciudadanos en el ámbito patrimonial y de esas mismas administraciones titulares del dominio público. Llámenlo como quieran, interprétenlo como mejor les parezca, pero los disidentes tenemos derecho a leer los artículos de la ley que usted nos cita y los demás.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Intervendré brevemente.

En primer lugar, quiero agradecer tanto a Carmen Azuara como a María José Nicolás que hayan intentado entender tanto los planteamientos de mis enmiendas, aunque al final el ministerio o el grupo que sustenta al Gobierno no hayan aceptado ninguna, como su cortesía.

Decía en mi primera enmienda, la número 86, y lo repetía la senadora Nicolás, que tanto el Ministerio de Hacienda como la Consejería de Hacienda del Gobierno canario están tramitando la compra digital. Sin embargo, la ley debería dar un paso más y obligar a que se pueda comprar, que se pueda acceder a ello. Lo único que están haciendo el ministerio y el Gobierno es agilizarlo a través de un único documento telemático para que los consumidores no tengan que acudir a dos DUA. Eso lo único que están haciendo, lo cual es fundamental dado el coste elevado que tenemos, pero nos obligan a seguir exentos de algo que todos hemos coincidido aquí que es fundamental dentro de las telecomunicaciones como es el comercio electrónico. Es fundamental y nos están eximiendo simplemente por tener un régimen específico que no lo marcamos nosotros, nos lo marca nuestro régimen fiscal, el REF, el régimen económico y fiscal de Canarias, que lo marca la Unión Europea. Nos excluyen simplemente por eso, y lo único que pedimos es que no se excluya a Canarias de la venta del comercio electrónico por tener un régimen específico, que lo aprueban las Cortes y que lo aprueba la Unión Europea. No es que seamos diferentes, es que tenemos un régimen específico. Y eso es lo que está castigando al comercio electrónico, y el hecho de que el 70% de las empresas españolas o radicadas en España no vendan a Canarias porque les cuesta más la tramitación; esta venta tiene una tramitación diferente que la del resto de las comunidades autónomas. Esa es una realidad.

Pero lo que están negociando el Ministerio de Hacienda y la Consejería no arregla este problema; arregla otro que va añadido, es verdad, pero no este. Por eso nos extraña mucho que no la acepten, cuando se ha dicho que se está de acuerdo, que no encajaba en la Ley de consumidores sino en esta. Pues tampoco encaja en esta y no la van a aprobar y, por lo tanto, no se resuelve el problema.




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Con esta ley no se va a poder llegar a todas las administraciones locales, no se va a poder llegar a todos los usuarios; por eso entendíamos que aunque no pueda llegar al operador privado, el operador público podría hacer un esfuerzo, y de ahí tanta insistencia. Hay organismos públicos como la Federación de Cabildos, e incluso el Cabildo Insular de Tenerife que han hecho un esfuerzo económico brutal para que la red de telecomunicaciones de las islas llegue a todos los municipios y a todos los puntos de interés, pero, desgraciadamente, este proyecto de ley lo deja sesgado.

He querido dejar claro mi posicionamiento, porque aunque, evidentemente, el proyecto de ley tiene muchas cosas positivas, mi voto va a ser de abstención porque para nosotros estos dos puntos son fundamentales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado no interviene.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Quisiera anunciar, de entrada, que los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya vamos a votar favorablemente el texto del Proyecto de Ley general de telecomunicaciones que se somete a consideración de esta Cámara. Lo haremos a pesar de que no es la ley que nosotros hubiéramos hecho pero, en honor a la verdad, como decía en mi primera intervención, en el proceso de elaboración y en todo trámite parlamentario, en el Congreso y en el Senado, ha habido receptividad hacia nuestras propuestas así como a diversas propuestas de otros grupos parlamentarios. Por lo tanto, ha habido un proceso de negociación y de diálogo donde no se han recogido muchísimas de nuestras propuestas articuladas a través de enmiendas, pero sí las suficientes para que finalmente demos nuestro apoyo al texto. En ese sentido, mi agradecimiento a las personas que lo han hecho posible.

La necesidad de actualizar la Ley general de telecomunicaciones de 2003 era y es un objetivo compartido. Las razones las explicaba el señor Manchado, portavoz socialista. La prueba de ello es que el anterior Gobierno, en 2011, comenzó a tramitar un anteproyecto de nueva ley; una parte importante de la ley que hoy aprobaremos es heredera de aquel anteproyecto. Y ello no nos debería sorprender, porque la diagnosis de los problemas del sector son bastante compartidos. Estamos hablando de un sector que representa el 3,6% del PIB, que genera más de 35 000 millones de ingresos, que da trabajo a más de 66 000 personas y que generó en el año 2012 más de 4000 millones de euros de inversión.

Por lo tanto, estamos delante de un sector fundamental para el crecimiento de la economía española; un sector que necesita de un marco regulatorio nuevo que pueda garantizar sus inversiones en el medio y largo plazo; y de ahí la importancia de que esta ley cuente con una mayoría muy amplia, porque ello garantiza la estabilidad regulatoria necesaria para las inversiones de los operadores del sector. Y esta seguridad regulatoria es la que ha de facilitar la inversión y el despliegue en nuevas redes: en fibra óptica, fijo o en móvil las de cuarta generación, y ello permitirá incrementar la oferta de servicios y que estos sean de más calidad.

Y, además de estas reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, y para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios, la ley también persigue la mejora en la seguridad jurídica, integrando en su texto la normativa vigente europea en materia de comunicaciones electrónicas, en parte dispersa. Al marco europeo de 2002 en esta materia, hay que sumar las cuatro directivas que vinieron con posterioridad, la decisión sobre el marco regulador del espectro radioeléctrico y, de manera más reciente, las modificaciones de directivas del año 2009, así como la directiva de derechos de los ciudadanos del mismo año. Obviamente, también procedía adaptar la ley tras la reciente y polémica creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como ustedes saben. Ojalá que en aquella ocasión el Ministerio de Economía hubiera demostrado capacidad de acuerdo y negociación. Desgraciadamente, no fue así.

Facilitar el despliegue de redes requiere limitar la legislación que puede afectar negativamente a este despliegue o a la prestación de servicios de comunicación electrónicos. Y este es un aspecto donde no nos consideramos del todo satisfechos. A pesar de que se han eliminado del proyecto la mayoría de aspectos donde, en nombre de recuperar la unidad de mercado, se




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invadían competencias territoriales autonómicas y, sobre todo, locales, creemos que se hubiera podido ir un poco más allá. Un ayuntamiento no ha de poder bloquear un proyecto de despliegue de redes de interés general, pero sí ha de ser respetuoso con la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada.

En otro orden de cosas, se avanza en la ley en línea con la legislación europea en todo aquello que se puede traducir en reducir las cargas administrativas que soportan los operadores de telecomunicaciones, de una manera equilibrada, sin que ello ponga en peligro la seguridad jurídica ni, especialmente, los derechos de los ciudadanos, como tales ni como consumidores o usuarios. Porque esto ha sido también una de nuestras prioridades en el proceso de este proyecto de ley, con un redactado en el capítulo V, del título III y del título VIII, que creemos que garantiza esos derechos, así como refuerza las potestades inspectoras y el régimen sancionador de la Administración, delante de situaciones de posible abuso o de mala calidad del servicio.

El proyecto de ley tenía también que suponer un avance en el proceso liberalizador y de competencia en el sector e, igualmente, reforzar la gestión del dominio público radioeléctrico, reforzar el acceso de los operadores de telecomunicaciones en las redes de comunicaciones electrónicas de operadores de otros sectores, evitar distorsiones a la competencia, imponiendo condiciones también para la existencia de operadores públicos o con participación pública, era también algo necesario.

La regulación ex ante de los mercados y la resolución de conflictos eran otros aspectos de necesaria actualización, ya que al estar nuestra legislación vigente, lógicamente en gran parte alineada con la normativa comunitaria, ello requería —y requerirá periódicamente— definir y analizar los mercados relevantes por si se constatase inexistencia de un entorno de competencia efectiva, ya que si este fuera el caso, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tendría que imponer obligaciones a los operadores identificados con poder significativo de mercado. Con el texto de este proyecto de ley se acota mucho más el tipo de obligaciones que pueden imponerse.

El título IV del proyecto de ley regula los supuestos, podríamos decir, extremos a este respecto, ya que prevé las posibilidades de separación funcional obligatoria y voluntaria de los operadores con poder significativo del mercado. Todo ello, obviamente, en aplicación de la directiva de 2009, incorporada ya a nuestro ordenamiento.

A este respecto —la cuestión que acabo de mencionar—, afortunadamente, el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia se ha reforzado sustancialmente respecto al redactado inicial del proyecto de ley, cosa de la que nos congratulamos. Y ello es así, porque aquí es donde hemos mantenido, con la mayoría, discrepancias, algunas de ellas solventadas en las enmiendas transaccionales que se incorporarán al texto.

Nosotros, como ustedes saben, discrepamos del modelo regulatorio que la mayoría aprobó con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la supresión de los reguladores horizontales: la Comisión Nacional de la Competencia, y los verticales o sectoriales, como la CNE y la CMT, entre otros. No es la CNMC nuestro modelo, aunque lleve unos años funcionando en Holanda, y muchos más en Nueva Zelanda. No es nuestro modelo y, además, se aprovechó su creación para acortar mandatos a los miembros de los reguladores existentes, así como para traspasar competencias de los reguladores a los departamentos ministeriales. Un contencioso este que no ha finalizado, por cierto.

Nosotros hubiéramos querido más competencias en materia de telecomunicaciones para la CNMC, porque siempre hemos defendido que es menos capturable el regulador, que es colegiado, que una dirección general de un departamento ministerial al margen del Gobierno; del Gobierno de turno. Al final, después del proceso de negociación, no obstante, y de acuerdo, consideramos aceptable el texto resultante del mismo. Es verdad que no quedarán en el regulador las competencias relativas al registro de operadores y la numeración. El problema es que van a asociados a las tasas y estas están en la Ley de creación de la CNMC, y se asignaron al ministerio. No es coherente que ambos temas, tasas y registro de operadores y numeración, estén separados. El problema es que son las tasas las que no tendrían que residir en el ministerio, sino en la CNMC. Otra discrepancia respecto al modelo regulador. La verdadera independencia del mismo se asegura con autonomía económica, cosa que desgraciadamente en estos momentos no tiene la CNMC.




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Decía, para acabar, que igualmente el proyecto de ley necesitaba mejorar la regulación del dominio público radioeléctrico, y a este respecto tanto la consideración o la reconsideración de las diferentes clases de títulos habilitantes de su uso como la limitación de la duración de las concesiones de uso privativo del mismo nos parecen razonables.

En resumen, señorías, y ahora sí acabo, un proyecto de ley manifiestamente mejorable, después de un largo proceso de diálogo y de negociación, con la participación de todos lo hemos convertido, tras su paso por el Congreso y el Senado, en un aceptable proyecto de ley que servirá, sin duda, para mejorar y aumentar servicios para los ciudadanos en materia de telecomunicaciones y ayudará al crecimiento de un sector clave para la recuperación de la economía española. Al menos, eso es lo que esperamos algunos, como nosotros, que hoy le daremos apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quisiera manifestar el agradecimiento a las senadoras y ponentes del PP, Carmen Azuara y María Josefa Nicolás, por su voluntad negociadora, por el esfuerzo que han hecho para llegar a acuerdos, así como a la Dirección General de Telecomunicaciones ya que, aunque no es la ley que nosotros hubiéramos querido, sí consideramos que hemos avanzado mucho. Hacemos una valoración global positiva y, en definitiva, yo creo que en el momento de crisis y de situación económica que estamos sufriendo y que estamos padeciendo esta ley tiene mucha importancia, por lo cual voy a hacer un breve resumen de aquellos aspectos que nosotros entendemos más significativos que se han puesto en evidencia y que van a contribuir a esta mejora.

Cuando el día 21 de noviembre del año pasado el ministro de Industria presentaba el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados hizo unas valoraciones muy positivas del mismo. Sin embargo, el texto que presentó en absoluto respondía a la valoración que él hizo en ese momento. Por lo tanto, gracias a las enmiendas que se han introducido, tanto las de nuestro grupo como las transaccionales a las que se ha llegado con otros grupos así como otra serie de enmiendas, hoy podemos decir que compartimos gran parte de las afirmaciones que hizo el ministro en su día.

Este es un proyecto de ley de una grandísima importancia, y no tan solo por la transversalidad que presenta, sino por todo lo que representa para el crecimiento de nuestra economía ya que impulsa un modelo basado en el conocimiento, en la mejora de la competitividad de nuestro sector empresarial, sea el sector que sea, precisamente —repito— por la transversalidad que tiene este proyecto de ley. Hoy, es impensable y es imposible no seguir el camino de las comunicaciones electrónicas y la hoja de ruta que marca la Agenda Europea.

El impacto económico, social y territorial de las comunicaciones electrónicas es de un enorme calado ya que el incremento tan solo del 10% de penetración de banda ancha conlleva un crecimiento del PIB entre el 1% y el 1,5%. ¡Casi nada! Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra también ha hecho referencia a los puestos de trabajo que se llegan a crear y, en definitiva, a la gran generación de riqueza que representa.

Con estas enmiendas hemos conseguido que sea una ley ―podríamos decir― más respetuosa con las comunidades autónomas, que las entidades locales tengan una mayor representatividad y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga más atribuciones; pero permítanme que les hable también de un tema que es muy importante: la seguridad jurídica. Se han aprobado leyes y reales decretos en los que la seguridad jurídica ha brillado por su ausencia; lo hemos visto aquí y vamos a tener en este sentido serios problemas y conflictos. La inseguridad jurídica ha perjudicado a familias, a empresas, a entidades y, en consecuencia, también ha evitado que se destinaran a España inversiones extranjeras precisamente por el riesgo de que cambiara el marco regulatorio. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante, sobre el que hablaremos continuamente, ya que necesitamos tener seguridad jurídica no solo como país sino que también nos tiene que dar credibilidad en los mercados internacionales y de cara a los inversores extranjeros.

Haciendo ya un breve resumen de lo que ha supuesto este trámite parlamentario diré que, gracias a las enmiendas que se han ido introduciendo, hemos conseguido que haya una mayor seguridad jurídica; que se establezcan las condiciones para lograr mayores inversiones en nuevas




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redes ―redes fijas, redes de fibra óptica y para que se pueda desarrollar la cuarta generación de telefonía móvil―; que se impulse una mayor conectividad digital; que tenga un carácter más transversal; que mejoren las condiciones de competencia; que aumente la protección de los usuarios; y que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tenga una mayor independencia en relación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asumiendo las competencias residuales, gracias a una enmienda de mi grupo parlamentario que ya se introdujo en la ponencia correspondiente. También hemos conseguido que sea más respetuosa con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo nuevos mecanismos de colaboración y coordinación con estas y con las entidades locales; y también una mayor neutralidad de la red.

Por lo tanto, entendemos que este proyecto de ley en este momento va a beneficiar el crecimiento de la economía de nuestro país y, precisamente, por su importancia es clave. Se han producido avances muy importantes, que han hecho posibles los acuerdos a los que he hecho referencia y, en definitiva, mi grupo parlamentario también dará apoyo a esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En aras de la brevedad, quiero hacer mías las palabras pronunciadas en la última intervención del senador Montilla, en todo aquello que tiene que ver con el regulador y, sobre todo, con este proyecto de ley como palanca, como motor impulsor de generación de empleo ―de generación de empleo de calidad, que es un importante matiz― y, en consecuencia, de salida de la crisis.

Ya adelanté en mi primera intervención ―lo han dicho otros portavoces y no quiero insistir en ello― que nos hubiera gustado un proyecto de ley más ambicioso y que no es el proyecto de ley que nosotros hubiéramos elaborado, pero no por ello vamos a dejar de acoger con agrado y consideramos que suponen un avance importante las 5 transaccionales a las que hemos llegado hoy en el Senado, que van a reforzar ese acuerdo y ese importante consenso que ha existido desde el inicio de su tramitación. Señorías, cuando uno llega a acuerdos, casi nunca consigue el cien por cien de lo que entiende que es mejor. Supongo que eso le pasa a mi grupo y también al Gobierno cuando ha intentado convencernos de cosas que recogía el proyecto de ley, que nosotros entendíamos que no eran así y que hemos conseguido modificar, creo que en un volumen importante y, desde luego, de una manera inusual que no se puede comparar a la tramitación de otros proyectos de ley en esta Cámara, cuando el Partido Popular hace uso de su mayoría absoluta.

Consideramos que los avances logrados en el Congreso y en el Senado a partir de nuestras propuestas y las de otros grupos parlamentarios son lo suficientemente significativos como para anunciar nuestro voto a favor de este proyecto de ley, que quiero resumir en una frase: creo que los derechos, las garantías de los ciudadanos y la seguridad jurídica del sector están un poco mejor hoy de lo que estaban ayer.

Para terminar quiero decir que ha sido un trabajo arduo. Esta no es una ley sencilla, es compleja, pues tiene una parte técnica complicada. Quiero agradecer la disposición de las dos portavoces del Grupo Parlamentario Popular, las senadoras Azuara y Nicolás, por su buena disposición; a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el permanente diálogo que ha mantenido con nosotros, y el trabajo de mis compañeros en el Congreso y la colaboración y el trabajo de mi compañero, el senador Manchado. Pero también quiero agradecer la colaboración de muchos ciudadanos, de instituciones como la Junta de Andalucía, de asociaciones, plataformas y sindicatos, cuya presencia hoy, compañeros de UGT, también os quiero agradecer en esta sesión. Todos ellos nos han hecho llegar sus propuestas, a todos ellos hemos escuchado durante meses y con ellos hemos mantenido infinidad de reuniones. También ellos son hoy protagonistas y artífices de este avance en este sector tan importante de nuestra economía, que esperemos ayude a nuestro país a salir adelante.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Nicolás.




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La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, con la aprobación de este Proyecto de Ley general de telecomunicaciones está claro que se va a generar una mayor seguridad jurídica, se va a obtener un marco regulatorio más estable, un marco que fomente la inversión, que elimine barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación, y va a permitir avanzar en la recuperación de la unidad de mercado. Además la trasposición de directivas europeas no podía aplazarse más; era urgente definir claramente las líneas a seguir para que nuestro país se sitúe a la vanguardia de las telecomunicaciones.

Porque este sector, tal y como han dicho la mayoría de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es esencial para impulsar el crecimiento y para generar empleo, y ese empleo va a venir de la mano de la renovación tecnológica, del acceso a Internet fijo a velocidades ultrarrápidas, lo que va a permitir incrementar nuestra productividad y competitividad, que es justo lo que necesitamos para seguir creando empleo.

Los operadores nos están demandando los medios adecuados para el necesario despliegue de redes de telefonía móvil de cuarta generación —eso es de todos conocido—, y también para el despliegue de redes de fibra óptica que permitan enviar gran cantidad de datos a una gran distancia y a una velocidad casi similar a las ondas de radio. Pero yo quiero formular una pregunta muy concreta al señor Iglesias y a aquellos senadores que han apoyado su intervención, que han apoyado su veto y su postura de rechazo a esta ley. Yo quisiera que ustedes me dijeran si quieren disponer de fibra óptica para trabajar, si quieren disponer de banda ancha, de 4G, si quieren tener los mismos servicios y posibilidades que el resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Seguro que me contestarían que sí, señor Iglesias. Pero díganlo cuando salgan de aquí, digan que ustedes quieren eso. Porque si lo quieren para ustedes, no vengan aquí a hacer demagogia, no vengan aquí a crear alarma y no vengan aquí a decir que no se implante en este país la Agenda Digital Europea. Porque ustedes sí quieren tener la mejor tecnología de telecomunicaciones y deberían, como senadores y como representantes de todos los españoles y de todos los ciudadanos, querer exactamente lo mismo para el resto de ciudadanos y para el resto de españoles.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado que uno de los principales objetivos de esta ley es precisamente tener precios más competitivos, brindar mejores ofertas a los ciudadanos y a las empresas, que esta ley va a impulsar la competencia, que esta ley va a poner freno a la dispersión normativa que, como he dicho antes, existe en las diferentes comunidades autónomas.

Después de la tramitación en el Senado, nuestro grupo se siente muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho, de las reuniones con los grupos, unas reuniones que han permitido mejorar aún más el texto incorporando enmiendas tanto en la Comisión de Industria como hoy mismo. Por eso quiero agradecérselo muy especialmente a todos los que lo han hecho posible, tanto a los portavoces —en especial al señor Gil, al señor Manchado, al señor Montilla, al señor Alturo, y también al resto que han hecho sus aportaciones aunque no se hayan podido tener en cuenta— como especialmente al personal de esta Cámara y a los representantes del ministerio porque su disposición para llegar a acuerdos ha sido, desde luego, muy amplia.

Es una ley que no invade competencias a nivel local. Eso lo dice claramente el Consejo de Estado, el dictamen del Consejo de Estado que realizaba una valoración muy positiva del anteproyecto, por eso es más aún de valorar esa disposición del ministerio a dialogar cuando se tenía ese informe.

Esta ley, señor Quintero, no impide que operadores públicos puedan invertir en despliegues de redes en zonas no rentables —lo he dicho en mi anterior intervención—. Esta ley beneficia a los ciudadanos porque simplifica determinados procedimientos administrativos, y esto no es motivo de alarma, puesto que agiliza —y es ahí hacia donde debe tender la Administración pública— trámites y finalmente permitirá la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas que darán mejor servicio a los ciudadanos, que necesitan mejor cobertura y mayor velocidad.

Señorías, en cuanto a la CNMC —en la que el señor Montilla hacia especial hincapié en su intervención—, el ministerio se trae a Madrid dos competencias administrativas sencillamente por razones de eficacia administrativa: la asignación numérica y el tema de registros administrativos, porque son datos obligados para establecer las tasas y nosotros creemos, por supuesto, que las tasas las debe cobrar el ministerio.




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En cuanto a las competencias de los entes locales, como he dicho, solo hay que ver el dictamen del Consejo de Estado, que avala el respeto escrupuloso a la autonomía local.

Ha habido mucha polémica, se han dicho aquí muchas cosas respecto a la salud de los ciudadanos. Yo quiero terminar —voy a ser muy breve— diciendo una vez más que este proyecto de ley refuerza el principio de precaución acogido por la normativa comunitaria y nacional relativo a la protección de la salud, mediante la creación de esa Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud encargada de asesorar a las administraciones públicas. Por lo tanto, el presente proyecto, en su disposición adicional décima y con la creación de esa comisión interministerial que engloba a varios ministerios, lo que pretende es precisamente garantizar esa protección de la salud de todos los ciudadanos.

Para finalizar, señor presidente, señorías, este proyecto de ley que vamos a votar no tiene nada que ver con el texto original que hace siete meses presentó el Gobierno gracias a las aportaciones de todos los grupos aquí en el Senado y anteriormente en el Congreso. Lamentamos que a pesar de todo, a pesar de las enmiendas y de las transacciones que se han aprobado, algunos no quieran ver que esta ley potenciará al máximo los beneficios para los consumidores, que va a crear empleo, que va a impulsar la cohesión territorial y social mediante la mejora y la extensión de las redes en condiciones de igualdad y no discriminación, facilitando el acceso a los usuarios con discapacidad.

Por lo tanto, doy las gracias en nombre de mi grupo y pido al final el apoyo mayoritario, el apoyo unánime a esta ley de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nicolás.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar con la votación de las enmiendas del proyecto de ley. Saben sus señorías que las enmiendas que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno. Antes de la votación, voy a hacerles unos recordatorios. Al terminar las votaciones y una vez concluida la sesión, se reunirá la Mesa y Portavoces de la Comisión de Fomento en la sala 20001 B, la Mesa y Portavoces de la Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del mundo en desarrollo, en la sala 20003, y la Mesa y Portavoces de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la sala 20001 A.

Vamos a dar comienzo a la votación de las enmiendas, comenzando por las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto. Comenzamos votando las números 3, 5, 9, 10, 48, 54, 55, 58, 67, 68, 77, 84 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 9; en contra, 139; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas 2, 4, 6 a 8, 11 a 47, 49 a 53, 56, 57, 59 a 66, 69 a 75 y 78 a 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 142; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo votamos las números 86 a 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 18; en contra, 140; abstenciones, 63.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella, votamos las enmiendas 89 a 116, 118 y 119.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 16; en contra, 141; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos las enmiendas 344, 349, 350, 356 a 362, 368, 369, 371 a 374 y 376 a 387.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 141; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 345 a 348, 351 a 353, 355, 363 a 367, 370, 375, 388 a 400 y 402 a 405.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 139; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando la enmienda 224.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 193, 238, 248, 255, 257 y 283.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 142; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 234.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 142; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 187, 188, 191, 192 y 194 a 216.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 24; en contra, 141; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228 a 230, 237, 239 a 247, 249 a 251, 253, 254, 259 a 263 y 265 a 282.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 189, 190, 219, 233 y 235.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 24; en contra, 142; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 222.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 286, 287, 308, 314, 315, 318, 342 y 343.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 7; en contra, 142; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 288 y 327.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 312.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 285, 289 a 307, 309 a 311, 313, 316, 317, 319 a 326, 328 a 334 y 336 a 341.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 141; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 414, 421, 436 y 441 a 443.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 15; en contra, 141; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 415 a 420, 423, 434, 435 y 437.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 141; abstenciones, 63.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 432, 438 y 444 a 448.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 424 a 430.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 142; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando la enmienda número 124.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 155.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 140; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 121, 133, 165, 169, 179 y 186.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 142; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 123, 125 a 127,129 a 132, 134 a 152, 154, 156, 157, 159 a 161, 164, 166, 167, 170 a 178, 180 a 182, 184 y 185.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada por todos los grupos con número de registro 122020.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada por todos los grupos con número de registro 122021.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 219; en contra, 2; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada por todos los grupos con número de registro 122022.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada por todos los grupos con número de registro 122023.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 218; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas (Rumores).

Señorías, no hemos acabado.

Votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 215; en contra, 6; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.

Eran las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.


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