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DS. Senado, Pleno, núm. 104, de 27/03/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 49

celebrada el jueves, 27 de marzo de 2014

ORDEN DEL DÍA

1. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1. Excmo. Sr. D. Juan Pablo Durán Sánchez.

(Núm. exp. 500/000308)

2. ACTAS

2.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12 y 13 de marzo de 2014.

3. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

3.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

3.1.1. Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 2013.

(Núm. exp. 610/000109)

3.1.2. Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, y declaración que España desea formular.

(Núm. exp. 610/000110)

3.1.3. Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Mongolia por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013.

(Núm. exp. 610/000112)




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4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

(Núm. exp. 621/000065)

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. Declaración institucional con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, primer Presidente del Gobierno de nuestra democracia.

(Núm. exp. 630/000017)

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000063)

6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

6.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000039)




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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas.

1. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1. Excmo. Sr. D. Juan Pablo Durán Sánchez

9866

(Núm. exp. 500/000308)

El señor presidente da cuenta a la Cámara de que ha adquirido la condición plena de senador el Excmo. Sr. D. Juan Pablo Durán Sánchez al haber prestado acatamiento a la Constitución mediante documento notarial, acatamiento que renueva en esta sesión.

2. ACTAS

2.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12 y 13 de marzo de 2014

9866

Se aprueba el acta.

3. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

3.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

3.1.1. Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 2013

9866

(Núm. exp. 610/000109)

3.1.2. Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, y declaración que España desea formular

9866

(Núm. exp. 610/000110)

3.1.3. Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Mongolia por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013

9866

(Núm. exp. 610/000112)

No se han presentado propuestas.

El señor Iglesias Fernández hace uso de la palabra para que conste su abstención en el punto 3.1.1.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar, siendo los tres favorables a la autorización de estos tratados.

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse mediante estos tratados, por asentimiento de la Cámara, con la suma de los tres votos afirmativos de las mencionadas senadoras y la abstención manifestada por el señor Iglesias Fernández.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

9867

(Núm. exp. 621/000065)




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La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández da por defendida la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet y del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Llinares Cuesta defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. Declaración institucional con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, primer Presidente del Gobierno de nuestra democracia

9886

(Núm. exp. 630/000017)

El señor presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Continuación.)

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

9887

(Núm. exp. 621/000065)

Se retoma el punto 4.1.1. del orden del día.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar, siendo los tres en contra de todas las propuestas de veto.




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Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos, 234, más 3 votos telemáticos, 237; a favor, 86; en contra, 148, más 3 votos telemáticos, 151.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 88; en contra, 145, más 3 votos telemáticos, 148.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 10 a 47, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Salanueva Muguialday defiende las enmiendas 1 a 8, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda 9, inicialmente presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 240 a 249, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas 48 a 83 y 84 a 143, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas 144 a 179, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió

El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas 180 a 239, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9915

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.




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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.

Comisión: Economía y Competitividad

9921

(Núm. exp. 621/000063)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández da por defendida la propuesta de veto número 1, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 3, de las señoras Almiñana Riqué y Sequera García y los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor vicepresidente primero pide que conste en acta la propuesta del señor Lerma Blasco de que en debates tan importantes como el de este proyecto de ley no se interrumpa la sesión a mediodía.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aroca Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el señor Aroca Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar, siendo los tres en contra de todas las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 156, más tres votos telemáticos,159; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 224, más 3 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 155, más 3 telemáticos, 158; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos, 159; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos, 159; abstenciones, 5.

Comienza el debate de los votos particulares.




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El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas 1 a 22, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Iparragirre Bemposta defiende la enmienda 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 23 a 34 y 36 a 44, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 49, 51 y 52, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 69 a 72, 74 y 75 y la propuesta de modificación aprobada sobre la base de la enmienda 73 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 61 a 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 53 a 60 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70, 72, 74 y 75 y la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda 73 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9947

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 114580.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor vicepresidente primero anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

6.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

9950

(Núm. exp. 551/000039)

El voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar.

Se autoriza la tramitación por el procedimiento de lectura única de la iniciativa mencionada, por asentimiento de la Cámara, con la suma de dos votos afirmativos emitidos telemáticamente.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.




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Se abre la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenos días, señorías.

Tomen asiento, por favor.

1. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

1.1. EXCMO. SR. D. JUAN PABLO DURÁN SÁNCHEZ.

(Núm. exp. 500/000308)

El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.b) del Reglamento del Senado, se da cuenta a la Cámara de que ha prestado acatamiento a la Constitución mediante documento notarial, y en consecuencia ha adquirido la condición plena de senador, el excelentísimo señor don Juan Pablo Durán Sánchez. Además, va a renovar el acatamiento a la Constitución.

Excelentísimo señor don Juan Pablo Durán Sánchez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor DURÁN SÁNCHEZ: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Bienvenido y mucha suerte.

El señor DURÁN SÁNCHEZ: Gracias. (Aplausos).

2. ACTAS

2.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2014.

El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.

3. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

3.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

3.1.1. ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 10 DE JUNIO DE 2013.

(Núm. exp. 610/000109)

3.1.2. PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 15 DE MAYO DE 2003, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.

(Núm. exp. 610/000110)

3.1.3. ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y MONGOLIA POR OTRA, HECHO EN ULAN-BATOR EL 30 DE ABRIL DE 2013.

(Núm. exp. 610/000112)

El señor presidente da lectura a los puntos 3., 3.1., 3.1.1., 3.1.2. y 3.1.3.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a estos acuerdos.




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¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Iglesias Fernández pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para pedir que conste en acta mi abstención en el convenio de la Unión Europea con el Estado de Israel.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

A efectos de la votación telemática, tengo que decir que ha sido autorizada para las senadoras doña Catalina Monserrat García Carrasco, doña María de los Ángeles Ortega Rodríguez y doña Juliana Fernández Cueva Lominchar, quienes han votado a favor de la autorización de los tratados.

Con la abstención manifestada por el senador Iglesias al tratado correspondiente, le pregunto a la Cámara si se puede autorizar por asentimiento la celebración de estos tratados, con la suma de los votos afirmativos que se han emitido telemáticamente. (Asentimiento).

En consecuencia, quedan autorizados.

Muchas gracias.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE.

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 621/000065)

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora De Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 24 de febrero, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el 7 de marzo, fue ampliado hasta el día 13 del mismo mes.

A este proyecto de ley se presentaron cinco propuestas de veto y doscientas cuarenta y nueve enmiendas. La ponencia estuvo formada por el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; el señor Cazalis Eiguren, del Grupo Vasco; la señora Almiñana Riqué, del Grupo Entesa pel Progrés; la señora Cunyat Badosa, del Grupo Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta y el señor Toledo Díaz, del Grupo Socialista y las señoras Riolobos Regadera y Contreras Olmedo, del Grupo Popular.

Dicha ponencia se reunió el día 18 de marzo de 2014 y emitió informe de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados, si bien incluyó en él una serie de correcciones técnicas. Ese mismo día 18 se reunió la comisión para dictaminar el proyecto de ley y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a dicho dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Solo me resta agradecer a la letrada el trabajo realizado y, asimismo, dar las gracias a los ponentes de la comisión.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Aragón.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 2, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido este veto que se basa, fundamentalmente, en el argumento de que el proyecto de ley invade competencias en materia de consumo de la Generalitat de Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Pasamos a la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Me van a permitir que empiece con una pequeña digresión en este Pleno más relajado que otros anteriores, aunque los cambios que se han dado en el orden del día respondan a una situación luctuosa. La pequeña digresión guarda relación directa con el proyecto de ley y con el tema que nos ocupa —no me voy por los cerros de Úbeda—. Creo que, de alguna manera, ayuda a entender la trascendencia de los conceptos que se barajan en el proyecto de ley, incluso su motivación última.

En las últimas décadas ha habido una evolución en la visión de la sociedad en la que nos movemos. Si durante mucho tiempo la reivindicación fundamental, el elemento caracterizador de la estructura y organización de esa sociedad fue el concepto de democracia, el concepto de ciudadanía, y por lo tanto los derechos inherentes a ambos conceptos, en las últimas décadas el desarrollo económico y la modificación de los hábitos sociales han establecido, en mi opinión, una extraña, y probablemente no demasiado sana competencia, entre el viejo concepto de ciudadanía y de democracia y el nuevo concepto de sociedad de consumo y de consumidor. De alguna manera la provisión de bienes materiales y de servicios ha adquirido un protagonismo que reduce el valor y el contenido de esos otros viejos conceptos. Por una parte, trasladamos desde nuestros potentes medios de comunicación esa imagen de sociedad próspera que tiene como consecuencia un atractivo para el intento de llegada a nuestros territorios de ciudadanos de países que no disponen de esos bienes y de esos medios de consumo y, por otra, se destaca el valor de esos bienes y servicios, la necesidad de esos bienes y servicios, en algunos momentos, incluso, a costa de los contenidos de los derechos de ciudadanía. La protección de esos bienes y servicios en muchos casos se traduce en una limitación de esos derechos propios de las sociedades democráticas y de los derechos de ciudadanía. Hago esta digresión previa exclusivamente para resaltar la necesidad de que cuando se afronta la regulación de esta realidad es imprescindible ser consciente de su trascendencia y de las consecuencias que de ella se derivan.

Y entro ya en el fondo del asunto, en las motivaciones de este veto que el senador Mariscal y yo mismo hemos formulado al proyecto de ley. Una vez más no hay otro remedio que iniciar la defensa del veto argumentando y denunciando la presencia en el proyecto, esta vez vía trámite de enmienda en el Congreso, de contenidos que, como se reflejan explícitamente en el informe de la letrada de la comisión, son incongruentes y exóticos respecto del enunciado y los contenidos lógicos que de ese enunciado se derivan. Modificaciones en la normativa sobre profesiones sanitarias, regulación de la representación de las profesiones sanitarias, cambios en el sistema de tarifa eléctrica o la incorporación al Sistema Nacional de Salud de funcionarios de los montepíos de Navarra no son materias que puedan ampararse bajo el epígrafe de un Proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. La ley traspone al derecho interno la Directiva 2011/83/ UE que, como reconocemos desde el primer momento, conlleva un avance importante al establecer una regulación que protege más a los consumidores en los contratos a distancia y en los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Son realidades novedosas en los últimos tiempos, realidades que no podían ser contempladas en la normativa anterior porque eran infrecuentes incluso por ausencia de la tecnología imprescindible y, por tanto, imposibles de darse.

En esta nueva protección para los consumidores en los contratos a distancia y celebrados en los establecimientos mercantiles se reconoce la posibilidad del desistimiento, se establecen




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normas sobre la forma de entrega de los bienes y sobre cuáles han de ser las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor, y se establece también la prohibición de cobrar por el uso de determinados medios de pago a la vez que se protege al consumidor ante la pérdida o deterioro del bien previamente a que tome posesión de él. Son contenidos necesarios y adecuados que en algún caso, y a través de nuestras enmiendas puntuales, aspiraremos a mejorar, pero valorados globalmente no son en ningún caso motivo de veto sino que merecen este reconocimiento expreso dada su adecuación.

Sí es motivo de veto que una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no dé respuesta adecuada a la realidad sobrevenida fundamentalmente desde 2007 en una coyuntura de crisis. Se tardó mucho en trasladar al derecho interno de la directiva europea esta reforma, pero con este proyecto tampoco salimos al paso de los fraudes más importantes y más numerosos que han afectado a los consumidores y usuarios en el Estado español en estos siete u ocho años últimos. Vivimos una profunda crisis que ha sido una oportunidad para los pícaros, para los grandes pícaros, para los pícaros poderosos que disponían de medios económicos importantes. Además, ello ha significado que esos consumidores y usuarios, que en una coyuntura más favorable podían haber asumido incluso los pequeños fraudes, estén ahora en una realidad y en una situación tan angustiosa que ni tan siquiera pueden aceptar esos fraudes del redondeo, esos fraudes de céntimos, esos fraudes de pocos euros. Ellos merecen la protección de las administraciones públicas ante esas realidades, pero esta ley no da respuesta adecuada, no garantiza la protección ante esos grandes fraudes.

El fraude ha sido en estos años generalizado por las grandes corporaciones, además, de forma absolutamente insolidaria, según el informe Lagares, que es el que da lugar a la base técnica, entre comillas, a lo que será una propuesta de reforma fiscal, el cual afirma que han pagado solo el 3,5% por el impuesto sobre sociedades. Fraude general a la sociedad, con prácticas comerciales inaceptables e inasumibles, abusivas. Otra vuelta de tuerca de elusión fiscal en el impuesto sobre sociedades. El 70% de las reclamaciones de los consumidores se concentran en los grandes oligopolios: la telefonía, el suministro eléctrico y de agua y las entidades financieras que, fruto de la crisis y de la desaparición de las cajas, han ido creando un nuevo oligopolio que no existía en nuestro país antes de la crisis.

Dos grandes oligopolios: telefonía —y de ello hablaremos cuando llegue al Pleno de la Cámara ese Proyecto general de Ley de telecomunicaciones que está en trámite y que reforzará este oligopolio— y el eléctrico, son los focos fundamentales, junto con el de las entidades financieras, de la mayoría de los fraudes. Entidades financieras que tras la concentración en el sector, fruto de la reestructuración, tampoco parecen dispuestas a renunciar abiertamente, mucho menos a resarcir y compensar las consecuencias de lo que han sido prácticas abusivas. Más de tres millones de ahorradores pillados en las redes de los instrumentos híbridos, preferentes, subordinadas. Según el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que analizó el periodo 2008-2012, hubo cuatrocientas sesenta y una emisiones de estos instrumentos híbridos, con un valor nominal de 115 283 millones de euros. Cuatro millones de afectados por las cláusulas suelo. Según el Banco de España, el 97% de las hipotecas son a tipo variable, y un tercio de estas tiene cláusula suelo. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 ha provocado, según palabras literales de un magistrado de dicho tribunal, un tsunami jurídico al que juzgados y audiencias, saturados por la presentación de reclamaciones y demandas, están dando, además, respuestas diferentes.

Algunos juzgados y audiencias provinciales declaran abusiva la cláusula suelo y obligan al banco a devolver con efectos retroactivos las cantidades cobradas de más. Otras audiencias provinciales, aun declarando nula la cláusula, solo condenan a que esta sea retirada sin resarcimiento. Y, por último, hay todavía un tercer grupo de audiencias provinciales que confirma la validez de las cláusulas suelo por entender que se dio información suficiente al cliente sin que este tercer grupo confronte con la sentencia del Tribunal Supremo, pues interpretan que la exigencia que esa sentencia planteaba sobre la necesidad de que se declarara abusiva como consecuencia de que faltaba información, entiende que no se da en los casos concretos juzgados.

Frente a esos abusos, la respuesta de las administraciones públicas ha sido la pasividad, cuando no la complicidad. Inacción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha elaborado este informe, pero que durante este periodo 2008-2012, nada tuvo que decir. Lo mismo




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podemos afirmar en relación con la falta de actuación del Banco de España. Hay que recordar que la sanción más alta impuesta en nuestro país por vulneración de los derechos de los consumidores fue de 2,9 millones de euros a una compañía de telefonía: calderilla para una compañía de telefonía. Han sido los ciudadanos los que han tenido que responder de alguna manera a esta realidad buscando amparo ante los tribunales y encontrando grandes dificultades. Por eso, esta ley debía de haberse puesto de su lado, debía de haber fortalecido las acciones colectivas frente a las grandes compañías, que son la única posibilidad de respuesta cierta y real de los consumidores ante pequeños fraudes masivos. Esta ley tenía que haber permitido que el ejercicio de estas acciones colectivas tuviera un cauce legal mucho más propicio. Porque el problema fundamental de las acciones colectivas es que tienen consecuencias de futuro por una declaración abusiva o falta de validez de las cláusulas, pero en ningún caso conllevan condena de resarcimiento. Los avances que en la tramitación en el Congreso vía enmienda se han introducido, en esta materia no son suficientes.

También debía de haberse establecido de forma expresa una regulación de lo que ha sido uno de los instrumentos de fraude que ha afectado a un mayor número de ciudadanos: las cláusulas suelo, definiendo de forma concreta y determinada en qué términos estas cláusulas resultan abusivas y no pueden aparecer en un contrato entre el solicitante de un préstamo y la entidad financiera. Igualmente, y ante las dramáticas situaciones a las que la crisis ha abocado o está abocando a muchos ciudadanos, debería haberse aprovechado la tramitación de este proyecto de ley para incorporar la introducción de un procedimiento especial de insolvencia para los consumidores que garantizara que esa realidad presente, dramática, no se convirtiera además en un lastre, por sus consecuencias, para el resto de su vida.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Y la propuesta de veto número 4 ha sido presentada por el resto de senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Las dos propuestas las va a defender de manera agrupada la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Como ya nos tienen acostumbrados, el Ministerio de Sanidad legisla mal y tarde. Esta es la segunda ley que el ministerio trae a la Cámara en más de dos años de Gobierno del Partido Popular. La primera ley también fue una trasposición de una directiva europea, en ese caso de farmacovigilancia. Ya les dijimos entonces que no compartíamos su forma de legislar y ahora nos lo vuelven a confirmar.

Señorías, han repetido sus malas costumbres legislativas, han vuelto a autoenmendar su propia ley, treinta y cuatro enmiendas, dos menos que en la anterior ley; van mejorando. Llegan con los plazos de trasposición superados, otra vez, como ustedes mismos reconocen. Y en sus enmiendas introducen cambios que nada tienen que ver con la ley, repiten los mismos errores. Quizá por todo eso los informes de los letrados, tanto del Congreso como del Senado, dejan negro sobre blanco su mala praxis legislativa. Y digo que nos tienen acostumbrados porque desde el ministerio que dirige la señora Mato imponen, no legislan, y su gran ejemplo ya lo conocen: el Real Decreto 16/2012.

Pero entremos a hablar propiamente de la norma que hoy nos trae aquí, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes que la complementan. Los senadores del Grupo Entesa compartimos la necesidad de adecuar nuestra legislación a las directivas europeas. En este caso, la directiva trata temas tan importantes como el aumento del nivel de protección de los derechos de los consumidores en los contratos a distancia, así como la eliminación de cualquier tipo de cláusula abusiva que pudiera contener o en reforzar la seguridad jurídica de consumidores y usuarios.

Estamos convencidos de que la armonización europea va a contribuir a eliminar las disparidades existentes en las distintas legislaciones de los países miembros, pero pensamos que ustedes desaprovechan una buena oportunidad. Como ya dice el Consejo de Estado en su informe, ustedes hacen una legislación de mínimos. Nos hubiera gustado que el Gobierno hubiese




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introducido reformas necesarias para mejorar los servicios de atención al cliente o en la defensa de los consumidores respecto de las actividades publicitarias y comerciales agresivas o regulando más estrictamente el uso del cigarrillo electrónico, igualando su regulación a la del tabaco. Pero no lo han hecho, alegando que no era el momento, que no era la ley adecuada, que aún quedaba tiempo para cumplir los plazos y que nuestras enmiendas pretendían pasar de rondón sobre temas que no tenían que ver con la ley.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, quisiera que me explicaran ustedes qué tiene que ver con la Ley de la Defensa de los Consumidores la ordenación de las profesiones sanitarias o la incorporación del personal de los montepíos de Navarra al Sistema Nacional de Salud. Porque eso es lo que ustedes han introducido en sus enmiendas y me parece a mí que eso no tiene que ver con esta ley. En esta ley podrían haber legislado sobre temas tan candentes para la sociedad española como la pobreza energética —un 38% de las familias atendidas por Cruz Roja sufren hoy esa pobreza— o las cláusulas suelo de las hipotecas o el fraude de las preferentes que ha dejado a miles de pensionistas sin sus ahorros. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

A día de hoy la acción judicial colectiva no está funcionando como debiera y por ello es necesario modificarla para los consumidores, para los usuarios, es más, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Congreso, en el debate de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía fortalecer las acciones colectivas para hacerlas más eficaces contra los abusos de grandes empresas, el Grupo Parlamentario Popular justificó su voto en contra diciendo que la ley adecuada para tratar estos temas es la que hoy discutimos en esta Cámara. Su portavoz en el Congreso, la diputada Andrea Fabra, dijo —y leo textualmente—: A juicio de mi grupo, introducir una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa a los derechos de los usuarios y consumidores, cuando se va a iniciar la tramitación parlamentaria de la ley que regula precisamente estas cuestiones, no parece que sea la técnica legislativa más adecuada. El proyecto de ley aprobado el pasado viernes se refiere, señorías, a la ley que estamos discutiendo hoy en el Senado. Resulta el escenario legislativo más idóneo en el que debería abordarse esta cuestión para evitar que se produzcan disfunciones, dudas interpretativas y una evidente descoordinación entre los distintos textos legales.

Pues bien, en la ley que hoy discutimos no se recogen todas las mejoras necesarias, quedándonos a medio camino. Pero no solo en eso nos quedamos a medias, también pierden la oportunidad de regular y dar protección a los consumidores en temas tan vigentes como el sobreendeudamiento familiar principalmente por préstamos hipotecarios. Parece que a veces no recuerden que en nuestro país hay más de 150 desahucios diarios de familias que no pueden afrontar su hipoteca, y esto genera situaciones muy dramáticas; esto, señorías, no es pasar de rondón, sino que lo necesario es buscar cómo proteger a los usuarios y consumidores de productos bancarios muchas veces abusivos.

Y termino apuntando solamente nuestra gran decepción por esa puerta que han dejado entreabierta regulando el uso de los cigarrillos electrónicos de manera insuficiente, dando un paso atrás en la prevención del hábito tabáquico como nunca nos hubiéramos imaginado.

Por todas estas razones, señorías, mi grupo parlamentario ha presentado estos vetos. Estamos de acuerdo en la trasposición de directivas, pero no apoyaremos una norma que se queda a mitad de camino en todo, dejando sin hacer el trozo que más necesitan a día de hoy los consumidores y usuarios, o en una palabra: los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Intervengo para defender el veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley que debatimos, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/83




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del Parlamento Europeo a través de la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y quiero resaltar el texto del proyecto que debatimos porque luego verán que no tiene nada que ver el texto que entró en el Congreso de los Diputados con la ley que se va a aprobar hoy con los votos del Grupo Popular.

Por supuesto que estamos de acuerdo con la transposición de esta directiva —faltaría más— porque aumenta la protección de los consumidores en lo relacionado con los contratos a distancia y en los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Pero también quiero decirles que nuestro veto está hoy más justificado que cuando lo presentamos —fíjense lo que les estoy diciendo—, está más vigente que nunca porque a los argumentos existentes entonces debemos añadir la falta de voluntad política demostrada por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad para debatir las enmiendas presentadas por los grupos políticos y, sobre todo, la falta de rigor en sus argumentos para rechazar tanto los vetos como las enmiendas.

Es triste que ante un proyecto de ley tan importante para la defensa de los consumidores —porque consumidores somos todos y todas—, en una situación en la que hay muchísimas familias que lo están pasando realmente mal, el Gobierno del Partido Popular cierre los ojos y no acepte ninguna enmienda de los grupos políticos. Por tanto, se va a aprobar un proyecto de ley que no resuelve los grandes problemas existentes actualmente en nuestra sociedad, y eso, señorías, es lamentable.

Lamentamos y denunciamos la poca ambición del Gobierno por elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios, y afirmamos que es una oportunidad perdida porque en lo que llevamos de legislatura es la primera iniciativa que se presenta sobre consumo —ha habido otra, que fue también una transposición de la normativa europea, la Ley de farmacovigilancia, en la que se aprobó de todo menos la farmacovigilancia, y hoy vamos por el mismo camino—.

Como les decía, si algo ha puesto de relieve la crisis económica, señorías, es que hoy más que nunca los ciudadanos necesitan que los Gobiernos, que los poderes públicos les defiendan, y esta ley no está poniendo en marcha todos los mecanismos adecuados para que esto sea así. Hoy más que nunca precisan medidas reforzadas y urgentes que palíen las carencias normativas que se han detectado con motivo de la crisis en aspectos fundamentales y, como se ha dicho aquí, en los grandes servicios básicos: la telefonía, los servicios bancarios, el sector eléctrico, que afectan de forma muy directa y muy profunda a la calidad de vida de los ciudadanos.

El Gobierno continúa mostrándose insensible a las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de las asociaciones de los consumidores y usuarios. Por mucho que la senadora Riolobos en la Comisión de Sanidad dijera que los consumidores no se han dirigido al Partido Popular para mejorar el texto, les tengo que decir, señorías, que cuando uno lee todos los documentos que acompañan al texto legislativo observa que hay un informe preceptivo del Consejo de Consumidores y Usuarios, y ¡qué casualidad! todas nuestras enmiendas están relacionadas con lo que el Consejo de Consumidores y Usuarios indicaba que había que mejorar en este proyecto de ley. Pero la señora Riolobos dice que es una ley maravillosa, con la que están contentísimos, y que no se ha dirigido a ellos ninguna organización de consumidores.

Yo creo que hay que ser un poco más serios y más rigurosos, porque, señorías, en política no vale todo. Aquí estamos para legislar, y sobre todo y especialmente para resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, que son muchos y principalmente desde que gobierna el Partido Popular, pero ustedes hacen oídos sordos a los grupos políticos; y esto no lo digo por nosotros, sino porque somos la voz de muchos ciudadanos que hoy en día lo están pasando realmente mal; por tanto, es una oportunidad perdida. Además, el Gobierno ha rebasado el límite temporal para la transposición de la directiva. Aunque la senadora ha dicho que no, en el documento pone que el límite era el 13 de diciembre de 2013, y no se ha aprovechado esta oportunidad para resolver cuestiones básicas.

Este proyecto de ley no aborda cuestiones claves para mejorar el sistema de protección, como la mejora de los servicios de atención al cliente o la reforma de las acciones colectivas, con objeto de fortalecerlas para hacerlas más eficaces y verdaderamente útiles frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas. No se ha aprovechado la ocasión para mejorar los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de daños. No se ha aprovechado este proyecto de ley frente al acoso comercial; es verdad que se ha mejorado pero no lo suficiente. No se ha aprovechado este proyecto de ley para la articulación de procedimientos




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extrajudiciales frente al sobreendeudamiento de los consumidores, basando sus fases en la mediación y en el arbitraje; por cierto, hay un informe presentado por el defensor del pueblo en el Senado que hace referencia a la articulación de estos procedimientos extrajudiciales frente al sobreendeudamiento. Y tampoco se ha atendido a lo solicitado por los consejos generales de colegios oficiales de médicos y por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, junto a la adhesión de treinta y siete sociedades científicas y asociaciones y organizaciones de consumidores para equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos con lo legislado en la ley del tabaco.

Por eso les decía que hoy está más vigente el veto que cuando lo presentamos; y está más vigente porque nos parece deplorable, intolerable, que la Comisión de Sanidad diga que presentamos de rondón una enmienda que no tiene nada que ver con este proyecto de ley, cuando ustedes no han hecho caso a los informes de los letrados, tanto del Congreso como del Senado, y han presentado enmiendas y se va a aprobar una ley en contra de los informes de los letrados sobre la ordenación de las profesiones sanitarias y con la regulación de los psicólogos, que ya me dirán qué tiene que ver.

Este asunto, que para ustedes es anecdótico en este proyecto de ley, para los socialistas es muy importante porque por encima de todo está la protección de la salud individual, pero sobre todo de la salud pública y de la colectiva. En la Comisión de Sanidad, la senadora Contreras fue muy poco rigurosa y muy poco científica, y hoy le vamos a pedir aquí que rectifique, porque dijo que éramos alarmistas y aseguró que el vapor no es perjudicial porque solo es vapor de agua. Señoría, eso no es así y, si no, léase usted la argumentación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso cuando presentó esta enmienda en la que hacía referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y dijo que bajo el principio de precaución no se podía autorizar y que había que ser muy riguroso en cuanto al uso y consumo de estos cigarrillos electrónicos, porque en ese vapor, además del vapor de agua —lo dice el Grupo Popular en sus argumentaciones; luego se las leeré textualmente— existen partículas, como el propilenglicol y otras, que son nocivas para las personas, y sobre todo para las que están en los espacios cerrados. Léase usted, señoría, la argumentación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en esa enmienda y luego hablamos. Nosotros lo único que pedimos es que ante las dudas —ya hay estudios que demuestran que científicamente es perjudicial para la salud—, hagamos prevalecer la salud pública por encima de todo. Y nos parece lamentable que usted nos reproche que presentemos esta enmienda de rondón cuando ustedes han presentado treinta y cinco enmiendas precisamente de rondón. Tienen una prisa terrible y no aceptan ninguna enmienda de las doscientas cuarenta y nueve que hemos presentado. Ustedes no quieren que este proyecto de ley vuelva al Congreso, quieren que se apruebe aquí y se publique. Tienen mucha prisa, y nos tememos que está relacionada con una de las enmiendas que presentaron en el Congreso. Señorías, hay que ser un poquito más serios, hay que ser un poco más rigurosos y, sobre todo, hay que legislar para las personas que lo están pasando mal, para esos cuatro millones aproximadamente de personas afectadas por las cláusulas suelo, pese a lo cual el Grupo Parlamentario Popular dice que lo está haciendo estupendamente bien.

Les recuerdo que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso un Proyecto de Ley para la regulación de los servicios de atención al cliente en el año 2012, y ustedes dijeron que la iban a desarrollar. Han pasado dos años y no ha sido así. En este proyecto también nos dicen que los van a regular. Pero, claro, llevamos —como digo— dos años ya sin que hayan hecho lo que se comprometieron a hacer, dos años. También presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados otro proyecto de ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, proyecto que no aceptaron porque no era el foro adecuado; dijeron que la modificación tenía que hacerse en el Proyecto de Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios; pero llegamos aquí y tampoco lo consideran oportuno porque lo van a hacer por otros cauces. Resulta que ustedes ya llevan más de dos años gobernando y lo único que han hecho es machacar a los consumidores; no han puesto en marcha ninguna medida para garantizar su protección y mejorar su calidad de vida, y esa es una realidad, por mucho que ustedes digan que no, por mucho que se sonrían y por mucho que nos vengan luego a decir lo malos que éramos los socialistas, que no hicimos absolutamente nada y que arruinamos a este país. Señorías, ustedes tienen la responsabilidad y la obligación de gobernar y de hacerlo para las personas más vulnerables, que lo están pasando muy mal en esta crisis, y no para las grandes empresas y las grandes corporaciones, que es lo que se deja entrever en este proyecto de ley y en esas treinta y cuatro autoenmiendas que ustedes




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presentaron en el Congreso de los Diputados. Más rigor, más seriedad, más compromiso y, sobre todo, legislar para las personas más vulnerables, para las personas que no tienen empleo, para las personas que no pueden ni consumir, para las personas que no tienen ni para consumir. Nuestra obligación, señorías, es protegerles. Por lo tanto, creo que deberían ser un poco más rigurosos, un poco más serios —no nos han querido aceptar el veto ni las enmiendas—, y que los argumentos que sostengan no sean el «tú más», porque eso no vale. Porque el «tú más», lo mal que lo hiciste, no resuelve los problemas de la gente que está en la calle y que lo está pasando mal. Señorías, todavía están a tiempo. Sé que no lo vamos a conseguir, pero sería muy importante, valdría la pena, que hoy, apelando al consenso y al diálogo —que no han tenido, porque lo único que han hecho es imponer la mayoría de sus votos en contra de las resoluciones de los letrados del Congreso y del Senado—, repensaran y aprobaran alguna de las enmiendas que hemos presentado los grupos de la oposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para defender y dejar clara nuestra posición en el turno en contra de los cinco vetos que han presentado los diferentes grupos parlamentarios en relación con el Proyecto de Ley por la que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Quiero agradecer la presencia en la tribuna de una parte importante del equipo de la Subdirección General de Arbitraje y Derechos del Consumidor, la Aecosan, que nos acompaña esta mañana. Luego se incorporarán la subdirectora general, Milagros Yagüe, y la presidenta del Consejo de la Aecosan, Pilar Farjas. A todos les doy la bienvenida. Y quiero también dar la bienvenida a los representantes de Adicae, que nos acompañan esta mañana, y felicitarles por el éxito de su trabajo.

La finalidad de esta norma que hoy traemos a este Pleno para su aprobación es proceder a la adaptación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, y que tiene tres objetivos fundamentales en este nuevo marco.

En primer lugar, dentro del ámbito de los contratos a distancia y de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, e incluyendo las directrices del Tribunal Europeo de Justicia en relación con las cláusulas suelo, lo que pretende fundamentalmente es: reforzar la seguridad jurídica de todos y cada uno de los consumidores, pero también de los empresarios; elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores y usuarios; contribuir a eliminar la disparidad que existe en este momento entre las diferentes legislaciones de la Unión Europea y eliminar el mayor número de obstáculos para el mercado interior.

Tengo que hacer una breve introducción para que sus señorías tengan conocimiento —aunque ya lo saben— del contexto en el que nos movemos en este momento. En nuestro país, y creo que en el mundo desarrollado, el crecimiento exponencial en los últimos años y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías ha hecho que la disponibilidad de poderosos instrumentos, como Internet de banda ancha o la telefonía móvil, hayan dado lugar a un crecimiento exponencial del comercio electrónico y de la contratación a distancia de servicios. En este momento estamos hablando de que al año se llevan a cabo más de 43,5 millones de operaciones, que mueven 2800 millones de euros y que prácticamente entre trece y catorce millones de españoles, que están entre los 17 y los 64 años, hacen compras o adquisiciones a través de lo que se denomina comercio electrónico.

Además de esto —y coincido con las afirmaciones que han hecho algunos de los que han defendido sus vetos—, las reclamaciones en materia de telecomunicaciones, de energía, de seguros y de agua han sido muy importantes, especialmente en el año 2011, cuando todavía gobernaba el Partido Socialista; solamente en las juntas arbitrales de consumo se presentaron más de 300 000 reclamaciones de estos sectores, fundamentalmente por falta de información, y




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en el Consejo nacional de consumidores, en esas asociaciones que están ahí, más de 85 000; es decir, que el 30% de las reclamaciones o denuncias de los consumidores van en esta línea.

Nosotros, como Partido Popular, queremos dejar claro que partimos de la premisa de que el consumo interno es un espectacular motor de crecimiento y de desarrollo y, por lo tanto, también de creación de empleo.

Los criterios que ha seguido el Gobierno para la transposición de la directiva han sido muy claros y eficaces. En primer lugar, fidelidad al texto de la directiva; en segundo lugar, modificar lo mínimo posible la norma y, en tercer lugar, hacer la transposición en el plazo adecuado. Aunque algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han insistido en que vamos mal de plazo, yo les tengo que recordar que en el mes de octubre el Gobierno, en tiempo y forma, presentó el texto en el Congreso de los Diputados —habiendo pasado por todas las consultorías necesarias—, donde ha pasado los trámites, trece en concreto, de ampliación de enmiendas, y donde lleva más de cinco meses. Es decir, el Gobierno ha hecho perfectamente su trabajo; otra cosa es que en la tramitación parlamentaria se haya retrasado. Además, he de decir que la transposición de esta directiva se ha llevado a cabo utilizando los criterios de armonización máxima, lo que impide al Gobierno en algunos casos ir más allá de lo que contempla la pura directiva.

Por lo que respecta al proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento, considero que mejora muchísimos aspectos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contratos a distancia y los contratos fuera de los establecimientos comerciales. En este sentido, creo que salen beneficiados los consumidores y los usuarios, y especialmente los empresarios porque van a tener muy claro qué es lo que tienen que hacer.

Se amplía muchísimo toda la información preliminar que hay que dar antes de llevar a cabo contratos o adquisición de bienes. Se regula muy bien el desistimiento, que pensamos que es fundamental, y queda claro también cuáles son las consecuencias de la omisión de información por parte de los empresarios, cuáles son los efectos del desistimiento tanto para los empresarios como para los consumidores y cuáles son las obligaciones. Además, se amplía de siete a catorce días el plazo para el ejercicio del desistimiento; quedan claras cuáles son las formas y los plazos de entrega de los bienes que se adquieren; y cuáles son los criterios de transmisión de riesgo de pérdida o deterioro del producto.

Por otro lado, hay novedades muy importantes, algunas de las cuales venían ya en el texto y otras se han consensuado a lo largo de la tramitación parlamentaria, como es que el empresario debe facilitar la información precontractual en castellano o en cualquier otro idioma que sea cooficial en las comunidades autónomas o en la Unión Europea; que se deben evitar en todo momento las cargas encubiertas que tanto molestan a los consumidores cuando hacen alguna adquisición; que cuando la información del empresario no haya sido correcta, el desistimiento pueda llegar hasta los doce meses; que el empresario tenga que contar con el consentimiento expreso de la compra o adquisición que se ha hecho de una forma clara y contundente; y, sobre todo, que el usuario y el consumidor tengan que recibirlo por escrito, por correo electrónico, por fax o por SMS. Es decir, que cuando hagamos una compra por teléfono no nos quede la incertidumbre sobre qué es lo que hemos comprado y en qué condiciones.

Además, en esta norma también se aprueba el formulario de desistimiento, que creo que es muy importante para los consumidores y, por otro lado, quedan claras aspectos tan importantes como que cuando el empresario o el proveedor de servicios dispongan de una línea telefónica para que los consumidores puedan llamar a informarse o a reclamar, esta no tenga ningún coste adicional.

Creo sinceramente que este proyecto de ley recoge muy bien la directiva y la defensa de los intereses y los derechos de los consumidores y usuarios.

El Grupo Parlamentario Popular considera que los cinco vetos que han presentado no están justificados en absoluto, y el ejemplo más claro —fíjense ustedes— es que de cinco vetos solo se han defendido en la tribuna tres y los dos restantes prácticamente se han dado por defendidos. Además, los argumentos que esgrimen son muy débiles y no se sostienen, son bastante incongruentes. De hecho, una de las razones que ha dado la senadora Llinares, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es que no se introduzcan determinadas modificaciones para no incrementar asuntos que no tienen que ver con la transposición de la directiva, pero ella misma, tanto en sus enmiendas como en la defensa del veto de su grupo parlamentario ―que no tiene nada que ver con lo que está escrito― incluye nuevas modificaciones. Por lo tanto, no está justificado.




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Por otro lado, creemos que sus objeciones están poco justificadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político porque no parece razonable que, después de haberse aprobado en el Congreso de los Diputados cincuenta y seis enmiendas, que es un número muy importante ―del Grupo Socialista, nueve, y de otros grupos hasta diez―, veten el proyecto. Creo sinceramente que ha habido un alto grado de consenso y sus vetos no se justifican en absoluto, son vetos puramente políticos.

En relación con los vetos que han presentado, me van a permitir que conteste de forma conjunta a los números 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, y 3, de los senadores Guillot y Saura, porque son prácticamente idénticos. Por eso me he sorprendido cuando el señor Iglesias ha dado por defendido el veto de los señores Guillot y Saura. Ha dicho algo así como que han presentado el veto porque invade competencias de la Generalitat de Catalunya; me ha parecido entenderle eso. Luego me lo explica usted. Pero tengo que decir que el veto que han presentado los señores Guillot y Saura es exactamente idéntico al que han presentado los señores Iglesias y Mariscal, punto sobre punto y coma sobre coma.

Ustedes, entre sus observaciones, reproches y objeciones a esta ley, hablan del acceso a la justicia a través de la acción colectiva, de la regulación clara de las cláusulas suelo de las hipotecas y de los derechos del deudor consumidor incorporándoles a la Ley Concursal, concretamente en el procedimiento especial para las personas consumidoras.

Nosotros vamos a votar en contra, lógicamente, de estos dos vetos, del número 1 y del número 3, porque además ustedes han incluido a lo largo de su defensa temas que no están escritos, negro sobre blanco, en el veto que han presentado. Y, desde luego, todo el relato del señor Iglesias prácticamente ha sido criticar las políticas del Partido Socialista en relación con la acción colectiva, con las cláusulas suelo y con el endeudamiento familiar porque son las políticas más nefastas que se han hecho en relación con los consumidores y usuarios de este país, que se hicieron fundamentalmente entre los años 2009 y 2011 y que fueron realmente lesivas, de una forma brutal, para los intereses de todos los consumidores, sin que hubiera ninguna protección por parte del Partido Socialista.

En ese sentido, entendemos que la mejora de la acción de acceso a la justicia y en particular la acción colectiva debe abordarse en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, les tengo que comentar que el Grupo Parlamentario Popular ya está estudiando en el Congreso de los Diputados introducir las correcciones que se estimen oportunas.

En relación con las enmiendas al proyecto de ley que tienen que ver con la Ley de Enjuiciamiento Civil, nosotros pensamos sinceramente que se pueden introducir aquellas correcciones que consideramos que van a ser fundamentales para la defensa de los consumidores.

En relación con las cláusulas suelo —y aprovecho para decírselo a usted, pero también al resto de los ponentes que han hablado de ello— les quiero recordar que en el año 2009, en esta Cámara se aprobó por unanimidad una moción en la que se proponía al Gobierno —en aquel momento del Partido Socialista— que regulara la definición clara de lo que era la cláusula suelo en relación con su denominación de cláusula abusiva. Y tengo que decirles que aquello que se aprobó por unanimidad y que luego el Partido Popular transformó en una proposición de ley para que se definiera claramente qué era una cláusula abusiva en junio del año 2010, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara votaron en contra de que quedara definido. Fíjese usted los disgustos que se hubieran ahorrado millones de personas —lo han reconocido aquí todos los portavoces que han intervenido: la senadora Almiñana, la senadora Llinares y el senador Iglesias—, los disgustos que se hubieran ahorrado todas las familias —usted decía que cuatro millones— que tenían en aquel momento contratadas hipotecas con cláusulas suelo abusivas. En este Parlamento, en este Senado, el Grupo Popular presentó una proposición de ley y ustedes, todos los grupos, uno tras otro, dieron argumentos para votar en contra. Es más, el Gobierno del Partido Socialista se comprometió a traer una definición antes de que terminara el año y, desde luego, terminó el año sin que eso hubiera ocurrido.

En el veto número 2, presentado por la senadora Capella, se plantean dos argumentos: uno de ellos, que el Estado se extralimita al hacer la transposición de la directiva, y otro, que hay una discriminación lingüística, porque lo que se exige es que para los consumidores españoles el texto del contrato esté en castellano y en algún otro idioma si lo regulan así las comunidades autónomas que tienen lenguas propias. Nosotros vamos a votar en contra de este veto porque entendemos




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que la transposición de la directiva tiene que hacerse precisamente en el marco del texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios; entendemos, además, que es perfectamente constitucional la transposición de esta directiva. En este momento tengo que decirles que hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, especialmente la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Asimismo tengo que decirles que el Grupo Parlamentario Popular entiende que no hay ninguna discriminación lingüística en esta normativa respecto a que los consumidores españoles tengan los textos de sus contratos en castellano y que si alguna comunidad autónoma tiene lengua propia, pueda regular en el ámbito de sus competencias el que se haga también en cualquiera de los idiomas del territorio de su comunidad.

Me van a permitir que haga el turno en contra de forma conjunta en relación con los vetos que se han planteado, tanto el número 5, defendido por la senadora Llinares, del Grupo Parlamentario Socialista, como el número 4, defendido por la senadora Almiñana, porque prácticamente los dos son casi idénticos. Y les tengo que decir lo mismo que antes: me ha sorprendido que aquí en la defensa de sus vetos, la senadora Almiñana y la senadora Llinares estén introduciendo aspectos que no aparecen en el texto de los mismos, sí en las enmiendas, como ahora les explicaré.

Señorías, nos acusan de mala praxis legislativa, y no es verdad. El Partido Popular y el equipo de Gobierno de Mariano Rajoy presentó en tiempo y forma esta trasposición de la directiva, y este proyecto de ley en el mes de octubre. Se ha prolongado muchísimo la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Les digo que ha habido trece ampliaciones del plazo para la presentación de enmiendas —fíjense ustedes si han tenido tiempo los grupos políticos para presentar enmiendas y debatirlas—. Dicen que llega tarde, y no estamos de acuerdo: llega en tiempo y forma.

Ustedes dicen que no regulamos bien los servicios de atención al cliente. No es cierto, y ahora les explicaré por qué. Igualmente señalan que no quedan claros los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento. Ustedes dicen que no abordamos el tema del sobreendeudamiento familiar. Asimismo comentan que no hemos aclarado muy bien todo el tema del acoso comercial mediante la agresividad de algunos empresarios vendiendo productos a través del teléfono.

Les tengo que decir que el Partido Popular ha tenido toda la voluntad del mundo para introducir todas las enmiendas que han sido posibles. Les digo que en la tramitación parlamentaria se han aceptado 56 enmiendas de la mayor parte de los grupos políticos —casi todos han introducido algo en esta ley—.

Creo sinceramente que ustedes tienen muchísima falta de argumentos para defender aquí los vetos y, por eso, han introducido elementos que nada tienen que ver con lo que ustedes habían planteado. Y lo digo, por ejemplo, por la insistencia en hablar de la regulación de los cigarrillos electrónicos. No aparece ni una línea sobre este asunto en ninguno de los dos vetos, ni en el de la Entesa ni en el del Grupo Parlamentario Socialista, y no aparece porque ustedes prácticamente han copiado el texto del Congreso de los Diputados. La regulación de los cigarrillos electrónicos fue una propuesta del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, a la que ustedes se adhirieron, que negociaron con el resto de los grupos políticos y que se votó —salvo UPyD que se abstuvo— por todos los grupos políticos. Ustedes saben perfectamente que se ha dado un paso de gigante en este asunto, porque lo hemos hecho antes de que se aprobara la directiva europea el día 14 del mes de marzo. (No sé si estará ya publicada, creo que no.)

Sinceramente considero que los vetos que ustedes han presentado —los números 4 y 5— no están justificados desde el punto de vista técnico-jurídico, ni siquiera desde el punto de vista político, por tanto me parece que lo han hecho porque estamos en precampaña electoral y resultaba muy interesante presentar cinco vetos y decir que había cinco vetos a la ley. No se entiende que, habiéndose incluido las enmiendas con las que ustedes estaban de acuerdo, luego veten esa misma ley, por lo menos el Grupo Parlamentario Popular no lo entiende.

Por otra parte también tengo que decirles en relación con dichos vetos que nosotros queremos que la trasposición de esta directa se apruebe cuanto antes para evitar los retrasos —queremos que entre en vigor a partir del 13 de junio de este mismo año—.

Creemos que algunas de las enmiendas que ustedes plantean son ajenas totalmente a lo que establece la directiva y su trasposición. Consideramos que en todo lo que tiene que ver con la




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acción colectiva deben hacerse esas modificaciones a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y además, ya le digo que hay mucho interés y mucha intención por el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, para que esto sea así.

Consideramos que los servicios de atención al cliente quedan muy bien regulados con las enmiendas que se han introducido en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios, que además plantea dos exigencias nuevas muy interesantes: en primer lugar que prácticamente todas las personas físicas, jurídicas, empresarios, las pymes, las multinacionales y las prestadores de servicios tengan la obligación de tener servicios de atención al cliente y, en segundo lugar, que cuando llamemos a un servicio de atención al cliente de estas características, se nos dé inmediatamente un código y sepamos exactamente qué es lo que hemos hecho y cuál es la defensa que podemos hacer de los mismos. Sinceramente creemos que el tema del acoso telefónico ha quedado muy bien regulado con las enmiendas que se han aceptado en el Congreso de los Diputados.

Esta ley es buena. Es una ley que va a proteger de una forma intensa los derechos de los consumidores y usuarios. Es una ley que viene con 56 enmiendas consensuadas —5 de Izquierda Unida, 2 del BNG, 2 de UPyD, 9 de CiU y 9 del Partido Socialista—. Van a quedar mucho mejor regulados los contratos a distancia, los contratos fuera de los establecimientos mercantiles; los consumidores van a tener más y mejor información; las cláusulas abusivas están controladas por lo que ha hecho ya el Gobierno a este respecto, y los derechos de los ciudadanos van a quedar más garantizados.

Yo les pediría que retiren ustedes el veto porque realmente no han dado ustedes argumentos ni por escrito ni en esta tribuna para su defensa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora portavoz, con el máximo respeto —el que usted no nos ha tenido (Aplausos).—, podrá usted decir que no comparte nuestros argumentos, podrá decir que usted tiene otros argumentos, pero lo que no puede decir es que no tenemos argumentos, ni tan siquiera que nuestros argumentos son débiles. En todo caso, su debilidad será la de esos 4 millones de afectados por las cláusulas suelo, individualmente considerados; su debilidad será la de esos más de 3 millones de afectados por los productos financieros híbridos, individualmente considerados. Precisamente porque ustedes los consideran débiles, hacen este proyecto de ley sin la más mínima voluntad de fortalecer su posición frente a quienes han generalizado el fraude.

El Partido Popular se escuda en que este proyecto de ley pretende —lo dijo usted literalmente— hacer la transposición de la directiva y modificar lo mínimo la norma. Ahí está el problema, señora portavoz, en que esta sociedad en este momento puede ver como positivo que se produzca la transposición de la directiva, pero a la vez tiene que ser consciente de que esa transposición no arregla, no supera la mayoría de los problemas relacionados con el consumo que están viviendo. De hecho, y adelantando algunas de las consideraciones que habrá que realizar cuando presentamos las enmiendas, supongo que también le habrá llamado la atención de que hay una gran coincidencia entre los grupos, desde posiciones ideológicas y políticas muy diferentes, en el contenido de esas enmiendas. Yo creo que eso debiera de llevarles a la reflexión de que si todos los grupos de la oposición, desde esas perspectivas tan diferentes, no ya en el planteamiento de los vetos, sino en lo concreto, en la modificación del articulado presentan textos tan similares, será porque algo falla en el proyecto de ley, será porque este proyecto de ley deja muchos huecos sin cubrir, y esas enmiendas, más allá de los vetos, acuden a intentar resolver esa situación.

Es cierto, lo hemos reconocido en la defensa del veto, que la transposición de la directiva da respuesta —más o menos adecuada— a las nuevas formas de contratación y a los problemas que de esas nuevas formas de contratación se puedan derivar, pero el fraude masivo en este país ha sido con las viejas formas de contratación; el fraude masivo en este país ha sido —usted misma lo ha reconocido— con el agua, con la luz, con el gas, con las entidades financieras que no utilizan fundamentalmente estas nuevas formas de contratación; el fraude masivo se ha dado con esa




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política comercial, fruto de la liberalización en el sector eléctrico y gasístico, que llama a la puerta, pilla al pensionista, le enseña un recibo de la luz y le dice: Mire, este es su recibo, le están cobrando de más, firme aquí y cambie para esta compañía. Y este proyecto de ley vive de espaldas a esa realidad. Este proyecto de ley no cubre tampoco otras posibilidades de fraude que se van a dar de forma inmediata —los famosos contadores inteligentes en el consumo eléctrico, que son inteligentes para las compañías, a las que dan toda la información, pero que son bastante tontos para los consumidores, que no serán capaces ni de entender el contador ni de entender el recibo de la luz que les llegue como consecuencia de los consumos que ese contador dice que han realizado—.

Aclaro. Yo di por defendido el veto no de los señores Guillot y Saura, sino el veto de la senadora Capella, por eso hice referencia a la invasión de competencias en torno a la Generalitat. ¿Que coincidan sustancialmente los vetos de los señores Guillot y Saura? Ocurre otras veces, y usted sabe perfectamente por qué es. En el Congreso compartimos grupo, estamos en el grupo de la Izquierda Plural, en el Senado estamos en grupos diferentes. La coherencia nos lleva a los senadores Saura y Guillot y al senador Mariscal y a mí mismo a defender posiciones parecidas en el Senado de lo que conjuntamente defendimos en el Congreso. Lamento que eso pueda hacer que nuestras intervenciones sean más plúmbeas, más pesadas y más reiterativas, pero es una realidad política que en la práctica intentamos superar de la mejor forma posible.

Me acusaba de que estaba realizando críticas al Partido Socialista. Por supuesto. Si yo hablo de una realidad que se ha dado desde el 2007 hasta hoy, que cada palo aguante su vela, que cada cual que asuma la cuota de participación en esa realidad que le corresponde por el tiempo que han tenido la responsabilidad del Gobierno. Asuma usted la que corresponde al Partido Popular.

Nos dice que no tiene encaje en este Proyecto de Ley de Protección a los Consumidores la modificación de la acción colectiva. Pero es que cuando hace falta de verdad la acción colectiva es ahora —aunque hacía falta ya hace tres o cuatro años—. Si ustedes van a plantear una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando ya se hayan sustanciado todos los procedimientos individuales, los colectivos, con resultado de futuro, y, por lo tanto, sin resolución del resarcimiento de las preferentes, de las cláusulas suelo, esos millones de ciudadanos afectados estarán abriendo un paréntesis de impunidad y estarán dejando sin respuesta a lo que es el problema inmediato y real que tiene ahora una gran parte de la sociedad española.

Me decía que en el año 2010 plantearon ustedes una regulación de la cláusula suelo. Pues mire, en el año 2010 en esta Cámara no había senadores de Izquierda Unida. Asumo que haya sido así y la creo perfectamente, lo que no comprendo es que, habiendo una enmienda específica de mi grupo y de otros grupos ahora, en este proyecto de ley que define cuándo es abusiva una cláusula suelo, ustedes no la acepten, ustedes no asuman esa cláusula, porque eso significa que siguen dejando abierta la posibilidad de que en los contratos financieros, en la concesión de los créditos hipotecarios fundamentalmente se sigan estableciendo estas cláusulas abusivas. Aprovechemos la oportunidad de esta enmienda, regulemos, que ya que no ha sido posible antes, que ya que no fue posible en el 2010, al menos que sea posible en el 2014.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on senatari jaun-andreok.

Voy a ser original y me voy a repetir en todos los argumentos, lo quiero hacer.

Señorías, el objeto declarado originalmente en esta ley era la trasposición de la Directiva comunitaria 2011/83 de la Unión Europea, por la que se modificaban, como ya se ha dicho, toda una serie de otras directivas europeas para la defensa de los consumidores y usuarios. Además, como también nos recuerda la letrada de la Comisión de Sanidad y Consumo en su informe —por cierto, quiero felicitarle porque ha hecho un gran trabajo—, esta modificación que hoy tenemos que discutir también tenía otra finalidad: dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba no conforme a derecho comunitario el artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ese parecía el planteamiento del texto presentado en el Congreso: una ley de artículo único destinada a solventar estas deficiencias de la legislación interna española, que, al final, se ha demostrado que tiene muy poco que ver con lo que ha sucedido en la realidad y con lo que está ocurriendo, por supuesto, en el trámite del Senado.




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Tenemos entre manos una norma elaborada para cumplir la mencionada directiva europea en su artículo único, pero en sus disposiciones adicionales y finales modifica todo un rosario de normas, que, en su mayor parte, poco o nada tienen que ver con la defensa de los consumidores: la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 3/1991, de Competencia Desleal; la Ley 34/1988, General de Publicidad; la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo; la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias; la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; la Ley 33/2011, General de Salud Pública; la Ley 14/1996, General de Sanidad; la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; la Ley 28/2005, de medidas frente al tabaquismo. Once normas más la que en realidad tenía que haber sido la trasposición de la directiva en una ley de artículo único, dicho sea de paso.

Señorías, es una práctica legislativa totalmente inaceptable para nuestro grupo, independientemente de las mayorías que existan en cada momento, y algo que hemos venido denunciando ya tanto nosotros de manera reiterada como otros grupos de esta Cámara a lo largo de esta legislatura y algo que, además, ha sido calificado como incongruente en el informe de la letrada de la comisión, que nos recuerda que existen varias sentencias del Tribunal Constitucional, ese tribunal que es tan bueno cuando pita a favor del Gobierno y que en cambio puede ser ignorado en este tipo de casos cuando se posiciona contra la modificación por una ley de otra u otras que no tienen conexión material con esta, algo que también nos recuerda el letrado del Congreso.

La trasposición de la directiva es esencialmente buena, pero no es ninguna gracia que haga el Gobierno a los ciudadanos, es su obligación. La gracia era mejorar la Ley de consumidores y usuarios. Esa era la gracia y, a nuestro juicio, la oportunidad perdida y además despreciada porque creo que con todas las enmiendas que se han presentado, por nosotros y también por el resto de los grupos, el texto podía haber quedado verdaderamente muchísimo mejor.

Al final, señorías, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido meter un proyecto de ley light que pudiera pasar por encima de todos los informes previos, incluyendo el del Consejo de Estado, que pasa de rositas por el trámite de enmiendas a la totalidad en el Congreso, que luego se modifica sustancialmente en el trámite de enmiendas hasta configurar un proyecto de ley también tachado como incongruente y carente de homogeneidad material —como indica el informe de la letrada— y después cerrarlo absolutamente en el trámite del Senado. Puede ser que para algunos sea coherente el uso y el abuso de la mayoría absoluta, pero, señorías, esta práctica denota un escaso, un escasísimo respeto a la dinámica parlamentaria, de la que hablaba también la senadora Riolobos, y muy poca disposición al diálogo y a la negociación por parte del Gobierno y del grupo que lo sustenta, y desgraciadamente más aún en el caso del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que simplemente no es que no haya entrado a negociar, sino ni a discutir enmiendas o, en este caso, los argumentos que el grupo vasco de esta Cámara ha querido aportar para mejorar la ley como único objetivo. Y no lo ha hecho porque la norma, la propia directiva comunitaria, se tiene que aplicar a partir del 13 de junio del 2014, una directiva del 25 de octubre del 2011 que tenía que haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes del 13 de diciembre del año pasado. Eso sin entrar a valorar el interés que pueda tener el Gobierno en la aprobación concreta de la disposición final decimotercera. Todo deprisa y corriendo en detrimento de la calidad de la propia ley.

Senadora Riolobos, usted nos dice que en el Congreso se han admitido 56 enmiendas. Bien, estupendo, es como debe ser, pero el proyecto que entró en el Congreso no tiene nada que ver con el que ha entrado en el Senado. Tienen que ver, pero es muchísimo más amplio el que entra en el Senado. Y aquí no se admite ninguna porque allí se admitieron 56. Sinceramente, no lo acabo de entender, porque ahora hay tanta necesidad y se pueden hacer tantísimos cambios en el proyecto de ley que ha entrado en el Senado como se pudieron hacer cuando entró en el Congreso, porque el texto no tiene nada que ver.

Señorías, al final ni el deficiente contenido del artículo único, que era para lo que era la ley, ni la modificación añadida de las once normas ya mencionadas, ni la actitud del Grupo Parlamentario Popular, nada de esto nos deja otra alternativa que posicionarnos en contra de esta ley y, en consecuencia, votar a favor de todos los vetos que han presentado el resto de los grupos.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, senadora Riolobos, déjeme que le diga que muchas veces cuando una sube a la tribuna a defender los argumentos de los ciudadanos a los que representa, tiene la sensación de que las señorías de la Cámara no la escuchan. En mi caso siempre he pensado que esa sensación se debía a que hablaba en catalán y a que les daba pereza ponerse el traductor, pero hoy ha quedado demostrado que eso se debe simplemente a que ustedes no escuchan, hablemos en el idioma que hablemos.

En primer lugar, señoría, se ha confundido usted. No es que se hayan dado por presentados dos vetos, es que el veto del senador Guillot y del senador Saura ha sido incorporado, puesto que, habiendo consultado a los letrados si podía defenderlo la misma persona que defendería el veto de los siguientes senadores —es decir, yo misma y mis compañeros senadores del grupo de la Entesa—, su respuesta ha sido afirmativa.

Como usted sabe, nosotros formamos un grupo en esta Cámara, y lo formamos —precisamente en estos días en que se está hablando tanto de consenso— porque sabemos consensuar. Quizá por cuestiones técnicas presentamos dos vetos por separado, pero consensuamos que teníamos la misma intención ante esta ley, y que, como nuestras enmiendas eran complementarias, no hacía falta que saliésemos dos veces a defender lo mismo y valía la pena hacerlo en una sola vez. Lo digo porque creo que usted se ha confundido cuando ha dicho que este veto lo había defendido el senador Iglesias, con el que, por cierto, compartimos muchísimas enmiendas. En este caso, el veto lo hemos defendido desde el grupo de la Entesa, lo que demuestra que ustedes no escuchan. Quizá por esa mayoría tan absoluta que tienen ustedes consideran que no es necesario escuchar, pero precisamente por esa mayoría también deberían considerar que legislar correctamente, tal y como lo han escrito los letrados, no es un argumento de suficiente peso para la oposición. Pero tampoco debe parecerles que tiene suficiente peso como argumento que en este país haya ciento cincuenta familias que diariamente se quedan sin casa. Pues a nosotros nos parece que son argumentos de peso que requieren que intentemos enmendar determinadas leyes, y esta ley sí nos lo permite.

Quiero decirle también que de esas famosas 56 enmiendas que han aprobado, 30 eran del Grupo Parlamentario Popular, con lo cual quedan solo 26 enmiendas, de las cuales 17 fueron transacciones, es decir, que quedan muy poquitas enmiendas aprobadas. No creo que eso sea para alardear de nada.

Para terminar quiero decirle que la función de esta Cámara es mejorar las leyes. Si se empieza un trámite de ley con un rotundo no para aprobar cualquier enmienda, no mejoramos nada.

Señora Riolobos, nuestro grupo va a votar a favor de los otros vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Señorías, muy buenos días.

Como ya anuncié en comisión, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de los vetos presentados por el resto de grupos de la Cámara.

Hemos escuchado atentamente los diferentes argumentos de los portavoces y compartimos muchísimas de las intenciones que expresan en sus vetos. Además, oyendo la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estamos aún más convencidos de nuestro voto a favor de los vetos presentados.

Grosso modo entendemos, al igual que los portavoces que han intervenido hasta ahora, que la ley, más allá de la trasposición de la Directiva europea sobre la protección de los consumidores en los contratos a distancia y en los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, ha permitido armonizar finalmente —porque llegamos tarde— nuestro ordenamiento jurídico con el




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resto de la Unión Europea. Pero es verdad que, más allá de esto, teníamos una gran oportunidad: atender realmente las necesidades de los consumidores.

La modificación de esta ley era una magnífica plataforma para mejorar el nivel de protección de los derechos de los consumidores, a nivel individual y colectivo, y, en definitiva, para arreglar los grandes desajustes que todos hemos observado en el mercado a lo largo de estos últimos años. Sinceramente, no lo han hecho. La ley queda muy por debajo de lo que esperábamos. Es una auténtica decepción.

Como digo, la reforma debía blindar —repito, blindar— los derechos de los consumidores. A nuestro entender, con el texto que ha llegado finalmente al Senado, el que ustedes han presentado, eso no se consigue. La mayoría de nosotros hemos tenido algún problema con algún producto o servicio. Esto es algo relativamente normal y, posiblemente, inevitable. En este sentido, deberían protocolizarse y regularse estas situaciones. Pero, más allá de eso, me atrevería a afirmar que lo más grave de estos últimos años ha sido que, posiblemente todos hemos sido víctimas de fraudes por parte de algunas empresas que han actuado con mala fe, abusando del vacío legal existente hasta el momento.

La actual ley presenta muchísimas deficiencias. La multitud de casuísticas que se han producido, como decía, estos últimos años obligaban a afrontar una profunda reforma de aquella. Es verdad que ustedes avanzan bastante en algunos aspectos. No hay ninguna duda de que han trabajado en profundidad, por ejemplo, respecto a la información específica que se debe facilitar a los consumidores antes de aceptar un contrato. También regulan el derecho al desistimiento. Establecen algunos límites al telemarketing. (No son suficientes, pero es verdad que empezamos a trabajar en este tema.) Un tema importante: se definen los recargos que pueden repercutirse a los consumidores cuando aceptan un producto. Marcan pautas a la compensación por reclamaciones y quejas. Una serie de límites, entre otros, unos cambios legislativos que posiblemente favorecerán la desaparición del fraude por parte de grandes empresas, en especial, de suministros o de telefonía móvil. Pero también es verdad que no afrontan —lo han dicho los anteriores portavoces— muchos de los problemas que están encima de la mesa y que tanto han perjudicado a los consumidores.

La crisis económica ha generado enormes dificultades, ha fomentado tremendas desigualdades entre ciudadanos, hemos hablado de ello —desahucios, cláusulas suelo, el tema de las preferentes, los recientes casos de pobreza energética...—, muchísimos aspectos de importante calado social que ustedes han querido ignorar y que debían haber afrontado porque afectan a muchísimos españoles en su condición de ciudadanos y también en su condición de consumidores. Por lo tanto, era en esta ley donde debían haberse incorporado cambios legislativos para protegerlos.

Con la reforma de la ley que han presentado demuestran que solo quieren proteger a algunos, no a todos. Con su falta de sensibilidad lo único que hacen es dar la espalda a una realidad, que, les guste o no, está en las casas de nuestros ciudadanos. Hablaban de los casos de desahucios que se producen todos los días. Ustedes no pueden ignorarlo.

Convergència i Unió decidió no presentar ningún veto, porque sinceramente creyó que el diálogo que se mantuvo durante el trámite parlamentario en el Congreso volvería a producirse aquí. Tristemente no ha sido así. No ha habido ninguna posibilidad de negociar enmiendas. No ha habido ninguna posibilidad de explicar el fondo de nuestras intenciones. Como decía el portavoz del PNV, al final, lo que pretenden es mejorar un texto que, en realidad, nacerá con muchísimas deficiencias.

Lamentamos no haber presentado el veto, porque, como les digo, creíamos que se podrían incorporar muchas enmiendas. En nuestro caso, esta propuesta de modificación y de mejora del texto pretendíamos hacerla vía enmiendas, unas enmiendas que, en realidad, reflejan el contenido de los diferentes vetos explicados hasta el momento. Por ejemplo, compartimos las motivaciones expresadas en el veto del Grupo Mixto, así como en el de Entesa, que específicamente hacen referencia a abordar el acceso a la justicia, en especial para las acciones colectivas, y el señor Iglesias ha hablado de la creación de un fondo para los consumidores insolventes. Nosotros compartimos estos argumentos y los hemos presentado como enmiendas. Compartimos con Esquerra la flagrante invasión de competencias y, sobre todo —hablaremos después de ello y en este caso el señor Iglesias no lo ha comentado, la falta de respeto a las lenguas cooficiales, y usted se ha anticipado porque sabe que es uno de los problemas. Y compartimos, por ejemplo,




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con el veto del PSOE la necesidad de realizar una reforma con un calado social, porque realmente es un problema que tenemos en la calle. Por tanto, todos los argumentos expresados en los vetos los compartimos y los hemos intentado incorporar vía enmiendas, unas enmiendas que no se han querido escuchar ni analizar.

Termino. La instrucción del Gobierno ha sido clarísima: el texto debe estar aprobado esta semana, precisamente para tener aprobada una disposición que nada tiene que ver con los derechos de los consumidores. En consecuencia, no podremos votar a favor de la ley y votaremos a favor de los vetos. Es triste, porque ni siquiera han querido o han podido, porque no les han dejado, incorporar las enmiendas propuestas por la letrada con el objetivo de mejorar un texto que al final va a ir en nuestra contra, es decir, no aprueban enmiendas que mejorarían la calidad del propio redactado. Repito, nos equivocamos dándoles ese voto de confianza. Lamento no haber presentado un veto. Su actitud nos ha sorprendido. Lo siento muchísimo, porque creíamos que habría diálogo, pero al final el trámite parlamentario en el Senado ha sido decepcionante, porque no hemos conseguido mejorar un texto que tiene tantísimo impacto en la vida de todos nosotros. Por tanto, como les he dicho, votaremos en contra de la ley y a favor de los vetos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Riolobos, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha subido usted a la tribuna y nos ha dado unos argumentos para rechazar nuestro veto y el de los demás grupos políticos. Dice que hemos presentado veto porque estamos en precampaña electoral, y a ustedes eso les molesta mucho, quizá porque nosotros tenemos ya candidatura y lista y ustedes no (Aplausos). Pero no sé qué tiene que ver esto con la Ley de consumo.

Nos dice que nuestro veto es igual que el veto del Grupo Socialista del Congreso. ¡Claro, faltaría más! ¿Y ustedes por qué no nos aceptan ninguna enmienda? Porque el Gobierno les ha dicho que aquí no se acepta absolutamente nada, porque tienen prisa para que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en relación —y ya lo han dicho otros portavoces— con una disposición que entró vía enmienda en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ¡claro que se parece el veto! ¡Somos socialistas! ¿Ha descubierto usted algo nuevo? No. Es muy parecido, prácticamente igual al de los socialistas del Congreso.

Y luego nos echan en cara y nos dicen que entramos de rondón en la regulación de los cigarrillos electrónicos, que a ustedes les ha sentado —no sé por qué— como un tiro, les ha sentado fatal. Quizá sea porque sus argumentos se contradicen totalmente con los argumentos del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Para que no nos diga que somos alarmistas se lo voy a leer textualmente. Decía la señora Contreras en la Comisión de Sanidad celebrada el 18 de marzo de 2004: «... hasta ahora, no se ha descubierto que ese vapor sea más que vapor de agua. La nicotina la inhalará el usuario, el que lo consuma, pero la nicotina también se encuentra en los chicles de nicotina, en los parches de nicotina, en los cigarrillos, pero no en el vapor. Vamos a ver si somos un poquito serios con lo que estamos hablando porque se puede llegar a confundir a los ciudadanos cuando no se tienen fijados los criterios exactamente.» La motivación de la enmienda del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señala lo siguiente: «La evidencia muestra la existencia de efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias en las personas que vapean similares a aquellos asociados al humo del tabaco. Se han encontrado» —escuche, escuche— «sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de los cigarrillos electrónicos. Esto incluye el propilenglicol, las partículas PM2.5, la nicotina y sustancias cancerígenas que contaminan los espacios cerrados.» Escuche: que contaminan los espacios cerrados. Aquí no se había aprobado todavía la directiva europea, por eso nosotros proponíamos, no de rondón sino con conocimiento de causa y sabiendo muy bien lo que queríamos, que el cigarrillo electrónico tuviera una regulación igual a la del tabaco vegetal. Por eso le pido que cuando suba aquí se disculpe, porque lo que usted ha dicho en la Comisión de Sanidad no es ni riguroso ni científico. Por lo tanto, le pedimos que se disculpe.

Lo que van a aprobar aquí, y están tan orgullosos, incumple la directiva de la Unión Europea. Y es verdad que se aprobó el 18 de febrero, pero la incumple totalmente en todo lo que tiene que




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ver con la publicidad. Y como la incumple y no quieren aceptar nuestras enmiendas ni nuestro veto, porque el Gobierno les obliga a que no acepten nada, por lo menos les pedimos que sean rigurosos y se atengan a los criterios científicos. Insisto en que ustedes desprecian a treinta y siete sociedades científicas que les están pidiendo lo mismo que le piden el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos políticos.

Dicen que no es cierto lo de la mala praxis legislativa, pues miren lo que señala el informe de la letrada del Senado, a la que también queremos felicitar. Recoge aquellas propuestas de modificación que requieren la presentación de enmiendas, o sea que tendrían que haber presentado enmiendas porque no es congruente el proyecto de ley que se va a aprobar con el fondo, que es la protección de los consumidores y usuarios. Apunta lo siguiente: disposiciones finales sexta y octava, incongruencia material de la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; disposición final noventa, incongruencia material de la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; disposición final décima, incongruencia material de la modificación de la Ley General de Salud Pública.

Ustedes dicen que nosotros somos incongruentes en una, pero es que ustedes lo son en todas, en todas. Y en lo que, según usted, somos incongruentes, las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta, se apunta: en lo relativo a la «dudosa congruencia». Léalo bien, la letrada dice «dudosa congruencia», mientras que en todas las suyas señala que son incongruentes. Por lo tanto, no tergiversen las cosas y den algún argumento sostenible. Pero, como no lo tienen, se van por los cerros de Úbeda y hablan de cuestiones que nada tienen que ver con lo que estamos hablando.

Con su actuación pretenden suprimir el debate parlamentario de las minorías y, en consecuencia, de sus representantes en el Parlamento español, quebrantando de manera regular la representatividad que los ciudadanos nos han dado. Y ya les decimos que el Grupo Parlamentario Socialista, en nombre de todos los ciudadanos que nos dieron su voto para que les representáramos en ambas Cámaras, no lo va a permitir. Vamos a alzar la voz, vamos a denunciar un día sí y otro también que sus políticas van en contra de la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, de las que menos tienen, y lo han demostrado. En sanidad presentaron un real decreto —no se atrevieron a presentar un proyecto de ley— con el que desmantelaron todo el Sistema Nacional de Salud, y por primera vez implantaron el copago y por primera vez se excluyó de la sanidad pública a más de 800 000 personas, y eso lo hicieron, insisto, mediante un real decreto ley, y la única ley que presentan en consumo no tiene nada que ver con la trasposición de la normativa europea, un proyecto de ley que vamos a aprobar entiendo que solo con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, la Sentencia 119/2011, del Tribunal Constitucional, afirma que la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva. Establece el criterio de que las enmiendas guarden una exigencia de conexión u homogeneidad con el texto a enmendar, y en este caso entendemos que no concurren las exigencias del alto tribunal, tal y como lo consideran los letrados del Congreso y del Senado. Señorías, por mucho que se empeñen ustedes, no tienen argumentos para no aceptar ninguna de las doscientas cuarenta y nueve enmiendas que presentamos los grupos parlamentarios, que fuimos a una ponencia donde, tras tomar asiento, y cuando íbamos a empezar el debate, nos dijeron que no había nada que debatir; y después, esperamos una hora para llegar a la Comisión de Sanidad donde nos dijeron exactamente lo mismo. Con esa forma de actuar ustedes, además de romper los principios básicos del parlamentarismo, están demostrando en definitiva que no les interesa proteger a los consumidores y usuarios, porque no han puesto en marcha ninguna medida efectiva para garantizarles su calidad de vida. Es verdad que la trasposición de la normativa europea mejora algunos aspectos; lo hemos dicho y está recogido en nuestro veto, pero también lo es que según las asociaciones de consumidores es totalmente insuficiente porque se aumentan las infracciones pero no se obliga a las empresas y a las corporaciones a cumplirlo. Por tanto, señorías, como veo que no nos van a aceptar ninguna enmienda y que el proyecto de ley va a salir aprobado solo con sus votos, ya les digo que el Grupo Parlamentario Socialista comparte lo recogido en todos los vetos presentados y en la inmensa mayoría de las enmiendas.

Señorías, ya solo me queda apelar al Grupo Parlamentario Popular para que esas leyes tan maravillosas que hace dos años anunciaron, pero que todavía no han llegado,…




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: … lleguen en el menor tiempo posible a esta Cámara para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Estamos finalizando el turno de vetos, y una vez que hemos escuchado con atención las intervenciones de los distintos portavoces nos tenemos que ratificar en el convencimiento de que no entendemos el porqué de estos vetos en la trasposición de esta directiva. Creo que es la primera vez que en la trasposición de una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico se presentan vetos. Y nos ratificamos en el voto en contra de estos vetos porque, señor Iglesias, ni en los argumentos que ha dado hoy aquí ni en los que dio en comisión ni en los textos justificativos que presentaron hemos encontrado razones de peso para presentar un veto. Aquí se han dicho algunas ocurrencias —que si el Partido Popular tiene o no candidato, que si estamos o no en elecciones— para intentar parar un proyecto de ley que consideramos muy necesario y beneficioso para los consumidores y usuarios. Por supuesto, señor Iglesias, máximo respeto a la presentación de los vetos, pero no estaría usted cuando se presentó en el año 2010 una moción del Grupo Popular que pretendía declarar abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas y todos ustedes votaron en contra, cuando con ella hubiéramos adelantado diez años en esta cuestión que ahora quieren abanderar.

Señorías, para empezar les voy a dar una razón muy importante para votar en contra de sus vetos, y es que es la primera vez en una Ley general para la defensa de los Consumidores y Usuarios que ninguna asociación de consumidores y usuarios ha presentado, no digo veto, sino alguna enmienda, por lo menos, el Grupo Parlamentario Popular no ha recibido de ninguna asociación de consumidores —y todos conocemos lo activas que son las asociaciones de consumidores en este país— la petición de ninguna enmienda a este proyecto de ley, excepto la trasposición al texto refundido de la Ley para la protección de Consumidores y Usuarios de las cláusulas suelo y, además, este tipo de normativas y directivas afecta a otros ministerios, a otras disposiciones sectoriales y no al Ministerio de Sanidad.

Otra razón para votar en contra de sus vetos es, sin duda, la no razón. Señora Llinares, el hecho de que haya estado usted en esta tribuna hablando de enmiendas y no de veto significa que no tienen razones para el veto, solo tienen razones para las enmiendas, y quiero recordarle que tendrá tiempo para intervenir en la defensa de sus enmiendas, por tanto, su argumento para el veto no es de peso, será de peso para las enmiendas; así que cíñase al turno en el que estamos para justificar la presentación de su veto.

Ya lo dijimos en comisión, pero algunas de sus señorías y también los que nos acompañan en la tribuna no estuvieron presentes esa tarde y no saben que ninguno de los cinco vetos que hoy debatimos menciona una sola palabra, una sola línea sobre algo en lo que la señora Llinares ha demostrado mucha vehemencia: el cigarrillo electrónico; ni una sola palabra ni una sola línea en su justificación del veto. Me dirán ustedes que esto es enmarañar y enturbiar el debate sobre algo en lo que no se han centrado.

Por otro lado, me resulta al menos incongruente que digan que esta trasposición de la directiva europea llega tarde y que al mismo tiempo la intenten retrasar más. En sus vetos dicen que no cumplimos con los plazos, pero quieren retrasarlo más. También dicen que hay demasiadas disposiciones adicionales, que, como todos sabemos, están para modificar aspectos que intervienen en otras leyes complementarias, pero solicitan la inclusión de más disposiciones adicionales. Las que se incluyeron en el trámite del Congreso, con la colaboración de los grupos políticos y con diferentes colectivos que así nos lo solicitaron, pretendían corregir determinadas cuestiones que no tienen que ver con lo que ustedes presentan porque, repito, quieren meter de rondón algo que nada tiene que ver con esta directiva ni con su trasposición. Además están perdiendo la posibilidad de hacer un estudio exhaustivo, riguroso y sosegado de una directiva




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europea que se ha aprobado el 14 de marzo de 2014, es decir, no hace ni quince días, con dos años para trasponerla, siendo, además, nuestro país líder en llevarlo a cabo.

Resumiendo, señorías, pensamos que esta ley que hoy debatimos, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, es una buena ley, es una ley necesaria, que va a beneficiar a los consumidores y a los usuarios, que somos todos, de forma muy significativa. La norma establece un marco para regular los contratos a distancia, así como los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Es importante que se empiece a aplicar cuanto antes. ¿Por qué? Porque es una reforma que no solo supone un avance en la protección de los consumidores al adaptar nuestra legislación a la Unión Europea, sino que, además, va a proporcionar un impulso y va a aprovechar el potencial de los nuevos modos de consumo como motor de nuestra reactivación económica.

El comercio electrónico, señorías, es importantísimo y está alcanzando en estos momentos en España un volumen de negocio, como ha comentado mi compañera, en torno a los 2800 millones de euros y con un total de 43,5 millones de operaciones, y no ha dejado de crecer y crecer en los últimos años; es imparable. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay trece millones de españoles que realizan operaciones a través del comercio electrónico, y a ellos nos debemos y debemos aprovecharlo.

Todos sabemos que cada vez más servicios cotidianos, como las telecomunicaciones, la energía, el gas, la electricidad, el agua y los contratos de seguros, son contratados a distancia, y son precisamente estos sectores los que acaparan el 30% de las reclamaciones que recibieron las asociaciones de consumidores en el pasado año, de ahí, la importancia, señorías, de trasponer cuanto antes esta directiva para una mayor protección de nuestros consumidores y usuarios.

Con este proyecto de ley reforzamos la seguridad jurídica, tanto del consumidor como del empresario que formaliza el contrato con él. Además de incrementar el nivel de protección de los consumidores, eliminamos las disparidades existentes en la legislación europea, que habían creado obstáculos a la cohesión del mercado comunitario en un momento en el que nuestro país precisa de tanto apoyo para mejorar el comercio exterior para seguir mejorando nuestras balanzas comerciales y para seguir aumentando e incrementando nuestras exportaciones.

Por todo ello, señorías, solicito que sigamos adelante en la tramitación de este proyecto de ley para que haya un consumidor seguro, que conozca sus derechos, y que sepa que se van a respetar, así como un empresario que disponga de un marco legal concreto y claro en el que deba moverse.

Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señorías, por el tono del debate. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL EXCMO. SR. D. ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ, PRIMER PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NUESTRA DEMOCRACIA.

(Núm. exp. 630/000017)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. Señorías, antes de proceder a la votación de las propuestas de veto, voy a leer una declaración institucional con motivo del fallecimiento del presidente Adolfo Suárez. Después, guardaremos un minuto de silencio.

Señorías, en la reunión de la Junta de Portavoces del 25 de marzo de 2014 se acordó someter al Pleno la siguiente declaración institucional: «El pasado domingo, 23 de marzo, falleció Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de nuestra democracia. El Senado muestra su pesar por esta gran pérdida para España y transmite a su familia sus más sentidas y profundas condolencias.

El presidente Suárez, de la mano de S.M. el Rey don Juan Carlos, ejerció como la figura política de conciliación que nuestro país requería para poder llevar a cabo la transición y para después construir el sistema democrático en el que ahora vivimos.

La sociedad española estará siempre en deuda con Adolfo Suárez por haber conseguido personificar el valor del consenso, del que es heredera nuestra Constitución, y por haber entregado




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su vida al logro de la consecución de la libertad de sus conciudadanos y de la consagración del imperio de la ley. Al agradecimiento debe sumarse la admiración por haber logrado esos objetivos mediante la defensa de los valores en los que se sustenta nuestra actual convivencia: la conciliación, el pluralismo, la tolerancia y el diálogo alejado de la confrontación.

Adolfo Suárez afirmó que «es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos». Hoy la historia reconoce que el presidente Suárez supo demostrar con hechos lo que quiso y, sin duda, lo que fue: una persona sensata, un luchador por la libertad y, sobre todo, un hombre de Estado que puso como meta de su vida el servicio a su país y el bien común de todos los españoles. Todos los que disfrutamos de la democracia que Adolfo Suárez ayudó decisivamente a construir tenemos el deber de honrar su memoria y de seguir su ejemplo para seguir haciendo de España un país próspero y admirado por su compromiso con la libertad, la justicia, la igualdad, como valores superiores que inspiran nuestro orden político y social».

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. (Fuertes y prolongados aplausos).

Les ruego a todos que guardemos un minuto de silencio. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Continuación).

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 621/000065)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Se ha autorizado el voto telemático a las senadoras doña Catalina Montserrat García Carrasco, doña María de los Ángeles Ortega Rodríguez y doña Juliana Fernández Cueva Lominchar, quienes han votado en contra de todas las propuestas de veto. Por lo tanto, sumaré estos tres votos al resultado de la votación aquí, en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos, 234, más 3 votos telemáticos, 237; a favor, 86; en contra, 148, más 3 votos telemáticos, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 88; en contra, 145, más 3 votos telemáticos, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas números 10 a 47.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Continúan los rumores). Señorías, el senador Iglesias no va a comenzar su intervención hasta que no haya silencio. (Pausa). Muchas gracias.

Tiene la palabra su señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, hemos formulado un grupo de enmiendas, muchas de las cuales, como anunciaba en mi intervención en la defensa del veto, resultan coincidentes con las de otros grupos. Son enmiendas de diferente calado; algunas simplemente aspiran a ser una mejora técnica o a dar respuesta a necesidades específicas de determinados colectivos; otras intentan compensar las ausencias que existen en el proyecto de ley y que vertebraron la fundamentación de la presentación del veto. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por favor. Es imposible oír al orador.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Enmendamos para que en los envases de los medicamentos se realice una rotulación en lenguaje Braille, para que, al menos, su caducidad pueda ser accesible y conocida por las personas con problemas de visión.

Establecemos la propuesta de que en los contratos negociados por servicios financieros y en los que afecten a bienes inmuebles se introduzcan cláusulas que refuercen el respaldo y el apoyo a las personas con discapacidad.

Introducimos una regulación de las oficinas municipales de información al consumidor, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, planteamiento que también habrán recibido sus señorías de otros grupos.

Enmendamos para establecer la gratuidad de los servicios de atención al cliente y la prohibición expresa de que se establezcan números con una tarifación adicional en la comunicación de los proveedores con los consumidores y usuarios.

Coincidiendo con otros grupos, defendemos la necesidad de que sea factible por parte del juez la suspensión de una acción colectiva interpuesta por una asociación de consumidores cuando esta tenga relación con la empresa o las empresas demandadas.

Enmendamos para que se exima a las organizaciones de consumidores de la imposición de costas en los procesos de defensa colectiva de los consumidores, salvo cuando la acción sea manifiestamente temeraria.




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Reforzamos la exigencia de información previa al consumidor. Por tanto, rechazamos las cortapisas que se introducen en el proyecto para esta exigencia.

Igualmente, y coincidiendo con la mayoría de los grupos, defendemos en nuestras enmiendas la obligatoriedad de que las empresas apliquen la normativa de protección de datos en relación con aquellos datos que les proporcionan los usuarios.

Creemos que en la información debiera utilizarse no solamente el castellano, sino las lenguas cooficiales del Estado.

Planteamos que si la empresa no entrega el producto o no provee el servicio en el plazo de treinta días, los consumidores puedan optar entre exigir el cumplimiento o plantear ya de frente la resolución, sin que se vean forzados a requerir al proveedor para el cumplimiento de un plazo mayor.

Introducimos la obligación de las empresas, en los casos de resolución de contrato, de comunicar esa resolución a la financiera para que no se den situaciones en que la financiera que haya garantizado el pago del producto continúe cobrando al adquirente inicial tras la resolución del contrato.

Introducimos en una enmienda la definición de prácticas abusivas como toda acción contraria a la diligencia profesional.

Establecemos expresamente, como destacaba en la argumentación del veto, una definición de las cláusulas suelo como abusivas cuando se den determinadas circunstancias: cuando no haya límite a la subida de tipos, cuando el límite que se establezca a la bajada sea igual o mayor al 40% del índice de referencia en el momento del contrato o cuando el límite a la bajada y a la subida sea igual o mayor a los puntos porcentuales.

Planteamos en otra enmienda que la empresa utilice como elemento de identificación el más claro, el número de identificación fiscal.

Enmendamos para que conste expresamente en la información y en el contrato el coste de los diferentes medios de pago. Igualmente, para que se establezca una información precisa sobre el sistema de tratamiento de las reclamaciones que posteriormente puedan plantear los consumidores y usuarios. Asimismo, que esa información precisa alcance a las condiciones de los compromisos de permanencia y a las penalizaciones que se puedan derivar del incumplimiento de estos compromisos.

Creemos que los mecanismos de reclamación extrajudicial deben ser gratuitos, y por ello debe quedar claro que lo van a ser.

Presentamos una enmienda en relación con la contratación telefónica para introducir la obligación de que se remita la grabación, que sirve como prueba del hecho de la contratación y de sus condiciones, al consumidor que lo solicite.

Enmendamos para que en los contratos de servicio el plazo de desistimiento cuente desde el día en el que efectivamente empieza a prestarse ese servicio.

Establecemos que siempre debe reconocerse el derecho del usuario a percibir el doble de lo que pagó si hay retraso en la devolución.

Igualmente, introducimos una enmienda para que exista una factura escrita, una certificación en papel, bimensual, de las empresas de servicio que realicen facturación electrónica.

Introducimos una nueva disposición adicional para que en el plazo de tres meses el Gobierno realice un estudio del impacto económico y social que tendrá la generalización de las facturas electrónicas; específicamente, en cuanto a su repercusión sobre los servicios de correos.

Planteamos la necesidad de que se creen unidades de apoyo a las acciones colectivas en los juzgados correspondientes cuando las dimensiones del proceso lo exijan, para evitar esas situaciones de saturación de juzgados y tribunales.

Modificamos la disposición transitoria para que la regulación de las cláusulas suelo, que pretendemos introducir con algunas enmiendas anteriores, entré en vigor desde la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Estado.

Sin esperar a la modificación que plantea el Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducimos una modificación en este proyecto vía enmienda para potenciar las acciones colectivas de los consumidores —de forma muy somera me referiré a los contenidos de nuestra propuesta—. En este sentido, proponemos que se legitime a las asociaciones de consumidores, al ministerio fiscal, al Instituto Nacional del Consumo y a los órganos y entidades de consumo de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas competentes en esta materia.




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Igualmente, incorporamos la recomendación de la Unión Europea de 11 de junio de 2013 sobre financiación de las entidades capacitadas para interponer acciones de este tipo.

También reflejamos en nuestra propuesta el derecho a acceder a datos de los que solo disponen las empresas para poder fundamentar la demanda.

Asimismo, en nuestra propuesta reflejamos el derecho al resarcimiento fruto de la acción colectiva sin tener que plantear procesos individuales posteriores.

Presentamos una enmienda para facilitar la acumulación de acciones.

Acotamos igualmente el concepto de litispendencia, para que las acciones colectivas no se conviertan en un obstáculo para las reclamaciones individuales.

De nuevo reiteramos en esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se impongan las costas en los casos de acciones colectivas, salvo que haya una temeridad manifiesta.

En algo a lo que se hizo referencia ya en el debate de los vetos, planteamos coherentemente la supresión de aquellos elementos que podemos considerar exógenos al proyecto y que se introdujeron en la tramitación en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, que se suprima la regulación de la tarifa electrónica, que parece que además se ha convertido en el obstáculo insalvable para que se asuma alguna de las enmiendas que hemos planteado el resto de los grupos; e, igualmente, la referencia a los trabajadores y funcionarios de los montepíos de Navarra y su incorporación al Sistema Nacional de Salud.

En referencia al cigarrillo electrónico, aun cuando es cierto que hubo una transaccional en el Congreso, sostenemos la enmienda porque creemos que el debate sigue siendo necesario y siguen siendo válidos los argumentos fundamentales que desde los ámbitos relacionados con la sanidad se han hecho llegar a los diferentes grupos. El elemento fundamental, en mi opinión, ya no es solo si las emisiones contienen nicotina o no, sino si la motivación inicial de la aparición del cigarrillo electrónico, que era el convertirse en un elemento que propiciaba y facilitaba el abandono del consumo de tabaco, es cierto o no. Desde luego toda la información que hemos recibido parece indicar que no es cierto que este instrumento, este sistema, facilite el abandono del hábito de consumo de tabaco, sino que, por el contrario, arraiga el hábito en los fumadores. Si esto es así —y todo parece indicar que lo es— creemos que en nada contribuye a la política general desarrollada en materia sanitaria, cuya finalidad precisamente es reducir esos hábitos de consumo.

Finalmente, planteamos un procedimiento concursal especial para usuarios y consumidores, que también reseñaré de forma muy breve. Sus contenidos fundamentales son la necesidad de que haya un procedimiento negociador previo, promovido por el consumidor con sus acreedores, con el fin de intentar alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Si no se logra la adhesión de la mitad de los representantes del pasivo, el juez resolverá aceptando o desestimando la declaración de concurso por parte del consumidor. En el caso de que acepte la declaración del concurso, nombrará un asesor consumista, un administrador, y fijará el régimen de administración.

Desde el inicio del procedimiento negociador no podrán realizarse ejecuciones singulares ni apremios administrativos o tributarios sobre ese consumidor y se suspenderán los juicios declarativos en tramitación. Si finalmente no es posible alcanzar el convenio, el consumidor presentará un plan de pagos específico que el juez podrá aprobar. En el caso contrario de que el juez no apruebe esta propuesta o este plan de pagos específicos, el juez decretará la apertura de la fase de ejecución y será en esta fase de ejecución en la que si el acreedor hipotecario se adjudicase la vivienda, el deudor al menos quedará liberado de la deuda hipotecaria pendiente. De alguna forma se articularía un nuevo mecanismo de dación en pago.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Mixto presenta dos grupos de enmiendas: las números 1 a 8, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva y el señor Yanguas, y la número 9, inicialmente presentada por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 8, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Si me lo autoriza, intervendré desde el escaño —por brevedad— para defender las ocho enmiendas que hemos presentado, que no tienen otro interés que mejorar o profundizar un poco




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en la filosofía general del proyecto de ley, filosofía que compartimos, todas ellas relativas a plazos de respuesta de las quejas, a profundizar en una mayor información al consumidor, plazos también del incumplimiento de las entregas; pensamos que se penaliza más al consumidor, que es la parte más débil, más desfavorecida, que al propio empresario.

Otro grupo de enmiendas son la 7 y la 8, relativas a la importancia que nosotros damos a la mediación, y por eso hemos hecho unas propuestas para incorporar en el Sistema Arbitral de Consumo. Entendemos que las propuestas que se realizan de educación y de formación tienen poco peso en las previsiones sobre la mediación.

En cualquier caso, para que quede también clara nuestra postura, nos parece correcto el proyecto de ley. Como se ha dicho, es una trasposición de una directiva que ya era hora de que se traspusiera. Como digo, lo compartimos y nos damos por muy satisfechos con la incorporación de la enmienda 246 en el Congreso, que ha dado origen a la disposición adicional tercera que solicita y va a suponer de facto la integración en el Sistema Nacional de Salud del personal de los montepíos de las administraciones públicas.

Por lo tanto, nos parecería muy positivo que las enmiendas que hemos presentado fueran apoyadas. En cualquier caso, el posicionamiento al conjunto del proyecto de ley será favorable por parte de Unión del Pueblo Navarro.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 9, tiene la palabra el senador señor Quintero Castañeda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervendré también desde el escaño. Presentamos una única enmienda de adición, que también se presentó en el Congreso de los Diputados. Incluso la presentamos a la Ley de Telecomunicaciones y el propio Gobierno y el ministerio nos contestaron que la veían positiva, pero nos aconsejaron que la incluyéramos porque encajaba mejor en esta ley de consumo. Yo espero que el Grupo Popular la apruebe porque así se acordó en el Senado. Es una enmienda que tiene unos fundamentos muy claros. Señorías, para que lo entiendan, más del 70% de las empresas que ejecutan digitalmente el comercio electrónico no venden a Canarias, con lo cual nos parece que se está excluyendo y discriminando a un territorio. Y lo hacen por dos razones: primero, por la comodidad de los sistemas aduaneros que tenemos, unos sistemas que hay que decir aquí que entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda ya se están poniendo en marcha unos trámites telemáticos mucho más eficaces que van a abaratar ese coste. Pero, evidentemente, nos quedamos con que más del 70% de las empresas que venden hoy en día telemáticamente excluyen a Canarias, con lo cual esta ley, y así nos lo trasladó el Gobierno en el Congreso, era la apropiada para incluir esta enmienda.

Lo que pretendemos con ella es que no se discrimine a Canarias, puesto que hay una directiva europea en el marco de Europa 2020 que se refiere al comercio electrónico único europeo. En consecuencia no seríamos españoles ni tampoco europeos si el Grupo Popular no apoyara hoy una enmienda para garantizar que también se pueda vender en Canarias. Además, nosotros incluimos en la enmienda, para que no suponga ningún coste para las empresas, que, evidentemente, el coste de transporte y de aduanas para vender cualquier artículo por medios telemáticos a Canarias sea a cargo del comprador, con lo cual la empresa no tendría ningún coste añadido. Lo que me parece sorprendente es que los canarios y canarias podamos comprar telemáticamente a Alemania, a Australia, a China, a Estados Unidos y nos llegue la mercancía a Canarias, y que con empresas españolas o radicadas en España no sea posible.

Por tanto, pedimos al Grupo Popular que apoye esta enmienda con la que todos estamos de acuerdo. La presentamos a la Ley de Telecomunicaciones en el Congreso, se nos dijo que la pasáramos a este Proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores en el Senado y esperamos, en definitiva, que se acepte.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador señor Cazalis.




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El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Señor presidente, si usted me lo permite intervendré desde el escaño.

El Grupo Vasco ha presentado diez enmiendas, ocho son insistencias, porque están entre aquellas cincuenta y seis que el Grupo Popular no admitió en el Congreso, y dos que presentamos en esta Cámara. Esencialmente hay tres bloques. En primer lugar uno más técnico en el que planteamos la necesidad de que los servicios telefónicos de atención al público en general y al cliente en particular sean gratuitos; que el empresario titular comunique la resolución del contrato principal a la entidad que suscribió el contrato complementario; y que no se puedan exigir los costes directos de la devolución al usuario.

Otro bloque se refiere al respeto a los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias de las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano, fundamentándose en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2011/83. Está bien que los contratos y las informaciones puedan ser en cualquier idioma de la Unión Europea, pero yo conozco mucha gente que sabe euskera y castellano y difícilmente se va a poner ahora a leer en danés. Por lo tanto, tampoco hubiera estado mal que se hubieran incorporado estas enmiendas al texto.

Presentamos una última a la disposición final segunda porque se utiliza la trasposición de una directiva comunitaria para modificar la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en lo que se refiere a una serie de cuestiones directamente vinculadas con la materia comercio, cuya regulación pertenece a las comunidades autónomas que ostentan competencia exclusiva en esta materia de comercio interior en función, en el caso vasco, del artículo 10.27 y 10.28 en el que se nos atribuyen competencias exclusivas en comercio interior y defensa de usuarios y consumidores. La distribución competencial que se contempla en el texto de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista configura un régimen de actuación en relación con esta materia en el que comparten espacio el título estatal de derecho mercantil de la competencia y los que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta en materia, como he dicho, de comercio interior y de defensa del consumidor y del usuario. Se trata de un ámbito de actuación compartido que esta disposición final segunda, en sus apartados 3, 4 y 5, pretende transformar en su totalidad al asumir el legislador estatal la regulación completa de estos aspectos de la actividad comercial sobre los que las comunidades autónomas ostentan competencia exclusiva.

Estas son las enmiendas que nosotros hemos presentado. No tenemos evidentemente ninguna esperanza de que el Grupo Popular vaya a aceptar absolutamente ninguna. Por lo tanto, votaremos en consecuencia cuando llegue el momento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa per Progrés de Catalunya presenta dos grupos de enmiendas..

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Señorías, el grupo de la Entesa ha presentado en total noventa y seis enmiendas. Defenderé las más relevantes y daré el resto por defendidas.

Del total de reclamaciones tramitadas en 2013 por Facua y Consumidores en Acción, más de 7500, el 27,3%, se dirigieron contra la banca.

¿Qué es lo que denuncian los consumidores? Las denuncias contra entidades financieras se han disparado desde 2012. Fíjense, en 2012 representaban el 16,5%, mientras que en el 2011 representaban solo el 7,8%; y ya les he dicho que en 2013 eran el 27,3%. Y destacan las que están puestas por comisiones cobradas irregularmente, por la aplicación de cláusulas abusivas en préstamos al consumo o hipotecarios, pero las grandes protagonistas de las denuncias en 2013 fueron, sin duda, las cláusulas suelo y las participaciones preferentes. Esta es la razón por la que hemos presentado nuestra enmienda 76, que propone incluir en el artículo 87 de la ley un punto en el que se recogen como cláusulas abusivas las denominadas cláusulas suelo, porque eso es lo que son, abusivas, y muchas veces están escondidas en los contratos hipotecarios; hay que leer páginas y páginas relativas a los intereses, que incluyen fórmulas matemáticas, porcentajes, índices de referencia, publicaciones oficiales, normativa bancaria, para llegar al final a la cláusula suelo; cláusulas que no protegen al consumidor, sino que engrosan los beneficios de las entidades financieras.

Otra realidad que ya hemos comentado antes ha sido el número de desahucios registrados en nuestro país: en el primer semestre de 2013 fue de 19 567, de los cuales, 15 451 fueron vivienda




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habitual. Es un número realmente alarmante. Por eso, nuestra enmienda 125 recoge lo que también consta en el informe del Defensor del Pueblo, presentado recientemente en el Senado: la creación de un procedimiento sencillo, gratuito para resolver el problema del sobreendeudamiento de los consumidores, de carácter extrajudicial, que se base en la mediación, en el arbitraje, y añadimos, además, que el acreedor solo podrá iniciar los trámites judiciales si antes ha acudido a este procedimiento. Pues bien, esta enmienda ni tan siquiera ha sido considerada.

Otras enmiendas a destacar serían la 86 y la 128, en las que proponemos mejoras importantes en los servicios de atención al cliente, como garantizar que los servicios telefónicos siempre tengan la opción de ser atendidos por un operador, y no solamente por un contestador, como nos pasa al día de hoy; o que el tiempo de espera que nos tendrá el operador pendiente tendrá unos máximos garantizados por ley, no se eternizarán las llamadas y el sobrecoste económico para el consumidor, por lo tanto, no será tan importante. O la garantía de que la conversación va a ser grabada previo conocimiento del consumidor y no solamente en la parte contractual, sino también en aquella parte en que se nos hace la propuesta de la venta, donde a veces se producen engaños o malos entendidos en la compra del producto o servicio.

También consideramos que no hacen falta duplicidades en la información que se suministra a los consumidores y por eso proponemos en nuestra enmienda 104 que el usuario elija la lengua con la que quiere ser informada: catalán, euskera, gallego o castellano. Nos da igual, pero no hace falta que le suministremos una copia en catalán y otra en castellano si él elige, por ejemplo, el catalán como lengua para entender su contrato.

Terminaré con una enmienda, la 141. Esta enmienda recoge la inquietud, la demanda y la preocupación de treinta y siete entidades distintas, entre ellas la Organización Médica Colegial. Esta enmienda pretende equiparar las restricciones en la publicidad, en el patrocinio y en el uso del cigarrillo electrónico a las que se aplican al tabaco. Me explicaré. Tal como está la norma, tal como se va a aprobar la norma en esta Cámara, que es como vino del Congreso porque ustedes no han aceptado ninguna enmienda, se prohíbe el uso del cigarrillo electrónico en los hospitales, en las escuelas, en las administraciones públicas, en los transportes públicos, en los parques infantiles y ya está y se da un paso atrás en lo que todos compartimos, y empleo las palabras que utilizó la ministra Mato en esta Cámara dando respuesta a una pregunta de la senadora Chivite. La ministra dijo: todos sabemos los innumerables y sólidos beneficios que ha tenido para la salud pública la ley antitabaco. Pues parece que ya no lo sabemos. Porque, díganme, señorías, si ahora vamos a permitir el uso de cigarrillos electrónicos en bares, en restaurantes, en oficinas, en supermercados. ¿No les parece que eso es dar un paso atrás en salud pública? ¿No les parece que eso es dar un paso atrás en la lucha contra el tabaquismo? Pues a nosotros nos lo parece.

A día de hoy no sabemos cuáles van a ser las consecuencias para la salud del uso de cigarrillos electrónicos. Sabemos que llevan nicotina y sabemos que la nicotina es un producto adictivo; sabemos que dos de cada tres usuarios de cigarrillo electrónico consume al mismo tiempo tabaco y, por lo tanto, se usa como sustituto, no como algo para dejar de fumar; sabemos que hay entre seiscientos mil y ochocientos mil consumidores de cigarrillos electrónicos en nuestro país y también sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda precaución por falta de informes concluyentes sobre la repercusión que va a tener en nuestra salud.

Este es un nuevo fenómeno, es un fenómeno que está de moda. En 2009 había solo dos tiendas de cigarrillos electrónicos en España; a día de hoy tenemos tres mil doscientos establecimientos donde se venden cigarrillos electrónicos, según la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico. Por cierto, esta patronal se muestra satisfecha con la directiva europea, la recientemente aprobada, como ustedes han comentado, que da dos años más al margen de la legislación y también con la norma tal y como está a día de hoy en el Senado. ¿Saben quién está también muy satisfecho de cómo va a quedar esta norma? Pues el sector de la restauración, el sector que luchó en contra de la ley antitabaco, ese sector, ese lobby está encantado porque ahora va a poder dejar que sus usuarios fumen cigarrillos electrónicos delante de niños.

Nos ha costado mucho en este país que los fumadores aceptaran la ley, que fueran rigurosos y respetuosos con ella. Está dando buenos resultados y ustedes lo saben. También lo reconoció la ministra, pero lo sabemos por la disminución de sucesos cardiovasculares que se han producido desde que entró en vigor la ley en nuestro país. Eso es una evidencia. Ahora vamos a ir muy para atrás en eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a enseñarle a un niño que el cigarrillo que se está




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fumando en un restaurante el señor de enfrente, su padre, es menos perjudicial que el que se fuman otros en otros sitios? Yo creo que es realmente incomprensible ver cómo hemos perdido la oportunidad de volver a ser pioneros en legislación.

A nosotros nos hubiera gustado que hubieran considerado alguna de nuestras enmiendas porque estamos convencidos de que mejoran la ley y consideramos que hemos perdido una gran oportunidad, como les decía, para ser pioneros en Europa. Solo Francia y Bélgica han prohibido el uso del cigarrillo electrónico en espacios cerrados. También podríamos haber apuntado hacia ahí.

Quizá recuerden —a lo mejor no, porque a ustedes no les apetece recordarlo, pero nosotros sí lo hacemos— que una vez fuimos pioneros en Europa en legislar sobre derechos civiles y sociales, pero eso fue en otra época. Gobernaban los socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado un total de treinta y seis enmiendas al texto que nos ha llegado del Congreso. Se trata de unas enmiendas que, como expliqué en la sesión de la comisión de la semana pasada, se podrían dividir en diferentes bloques.

Un primer bloque pretende mejorar el redactado del texto eliminando precisamente ciertas ambigüedades o contradicciones que creemos que claramente podrían ser perjudiciales para los consumidores. Han sido los vacíos legales y la falta de concreción los que ha permitido que en estos últimos años muchas empresas hayan utilizado estrategias comerciales extremadamente agresivas, hasta el punto de vulnerar e invadir claramente los derechos de los usuarios y de los consumidores. Por este motivo creemos que es estrictamente necesario eliminar todas las ambigüedades que en su texto han quedado reflejadas y que pueden ir en contra de los derechos. Por ejemplo, frases, por ejemplo, como «salvo que dicha información resulte evidente por el contexto» creemos que deben ser eliminadas.

Segundo bloque. Lamentablemente, la historia reciente nos ha demostrado que las tácticas de las grandes empresas han llevado al límite de sus posibilidades a muchas familias, que incluso lo han perdido todo, como por ejemplo la vivienda. Presentamos una batería de enmiendas que pretenden proteger el derecho a una vivienda de todos los consumidores en general, pero de los más vulnerables en particular, a los que por cierto la crisis, como saben, ha golpeado más fuerte. Queremos protegerlos a todos de la mala praxis de algunas entidades. La Constitución establece que todos los españoles merecen tener una vivienda digna y adecuada, y a pesar de que evidentemente no es un derecho fundamental, era necesario hacer un repaso de lo sucedido en estos últimos tiempos, era el momento para hacer un zum y ver exactamente qué es lo que ha pasado, analizar qué ha provocado, por ejemplo, tantos desahucios estos últimos tiempos y blindar —lo he dicho antes— los derechos de los consumidores —en este caso el de la vivienda, tan importante para todos—.

Sinceramente, me parece un poco hipócrita por su parte no haber querido meterse en este tema cuando es probablemente, junto con la falta de alimentación o las enfermedades, uno de los problemas más graves a los que puede enfrentarse cualquier persona. Señorías, es un problema real, existente en la sociedad actual y que nos afecta no solamente como ciudadanos, sino como consumidores, porque detrás de un desahucio hay un contrato, unos compromisos y, mayoritariamente, unos abusos y un fraude. No se trata de una problemática que hay que abordar exclusivamente desde una perspectiva social, que también —lo hemos dicho antes—, sino que es necesario abordarlo también desde una perspectiva de la defensa de los derechos de todos los consumidores, y en esta ley se debía incorporar una demostración de su compromiso en este tema.

Creemos que su negativa a abordar esta cuestión es un error y una auténtica decepción. La gestión de la pobreza, la gestión de las desigualdades pasa también, sin ninguna duda, por la gestión de los derechos de los consumidores y, por lo tanto, obviar estos problemas no es correcto.

Por este motivo, desde nuestro grupo hemos presentado una serie de enmiendas vinculadas a los contratos de préstamo y de créditos de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado es




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la vivienda. Desde incluir como abusivas las denominadas cláusulas suelo a establecer un proceso para regular la mediación obligatoria entre las entidades financieras y las personas afectadas por la ejecución hipotecaria en la vivienda habitual.

Creemos que con este proceso formal de mediación podemos llegar a medidas alternativas al lanzamiento evitando así la ejecución hipotecaria. La crueldad y gravedad de la situación ha llevado, como he dicho, a que muchísimas entidades hayan tenido que mediar de manera informal entre familias en situación extrema y los propietarios o las entidades financieras titulares de los créditos con el objetivo final de encontrar soluciones más adecuadas, más proporcionadas y justas para evitar, en definitiva, que estas familias llegando al límite de sus posibilidades, tengan que verse literalmente en la calle. Como les ha requerido Europa en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años, su obligación era intervenir en materia hipotecaria, y de hecho en esta ley esto debería haberse reflejado.

Visto que en el texto no han incorporado aspectos como los que les estoy explicando, es evidente que hayamos tenido que presentar enmiendas para instar al Gobierno a que se pongan las bases en un proceso de mediación que debe ser formal para casos excepcionales. Pero más allá del tema específico de los desahucios y haciendo también un ejercicio más profundo de la protección real al derecho a una vivienda digna, hemos presentado también una batería de enmiendas que hacen referencia a las empresas suministradoras de servicios de agua, electricidad y gas. Especialmente en este sentido lo que se quiere conseguir es que ningún usuario se pueda quedar sin servicio, ni por algo tan sencillo como puede ser un cambio de suministrador o proveedor, ni tampoco por algo más complicado, como es la incapacidad de pago por parte del usuario. Este es un mandato europeo respecto del cual los Estados debemos tomar medidas adecuadas para garantizar, por ejemplo, el suministro eléctrico a las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad económica. Como ustedes saben, el Gobierno durante mucho tiempo ha hecho caso omiso de este mandato europeo ignorando los efectos negativos de la coyuntura económica que, en general, como he dicho, ha provocado muchísimas dificultades. Incluso muchísimas familias han sido incapaces de afrontar ni siquiera los gastos de los suministros especialmente durante los meses de invierno, que es cuando más se necesitan. Por eso nosotros proponemos crear —el Grupo Parlamentario Mixto antes hacía referencia a una enmienda similar— un fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables, fondo que debería permitir atender, por ejemplo, estos casos de necesidad.

Tercer bloque. Enmiendas vinculadas a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Son enmiendas que darían cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tema sobre el que deberíamos haber debatido esta semana en la Comisión de Sanidad si lamentablemente no se hubiera desconvocado. Sabemos que las personas con discapacidad son consumidoras que en muchas ocasiones se enfrentan a una falta de información correcta, completa y comprensible teniendo auténticas barreras para conseguir una información de calidad y de forma fácil. De ahí la necesidad de eliminar, como decía, las barreras en el ámbito de esta comunicación.

Saben ustedes que nuestro grupo parlamentario es muy sensible a este colectivo. Sinceramente, no entendemos que ni tan siquiera estas enmiendas se puedan tomar en consideración. Espero que puedan argumentarnos por qué unas enmiendas que van dirigidas al beneficio de un colectivo que tanto lo necesita también queden fuera de esta ley.

Cuarto bloque. Es un bloque de enmiendas vinculadas a la mejora de la protección de las acciones colectivas. Queremos poner las bases para que las acciones colectivas sean mucho más fáciles y ágiles. Se trata de eliminar las barreras actuales, las dificultades existentes en este momento para que estas acciones colectivas sean realmente un instrumento y se puedan utilizar en beneficio de todos.

Queremos proteger a los consumidores más y mejor. Y estas acciones colectivas son un instrumento imprescindible. Proponemos adaptar la ley a las recomendaciones de la Unión Europea sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación e indemnización.

Nos gustaría destacar, por ejemplo, que entre todas las enmiendas, proponemos la creación de un fondo económico que se nutriría, precisamente, de las indemnizaciones no cobradas por parte de los consumidores no identificados. Este fondo se destinaría a apoyar a las organizaciones para que fomenten o inicien acciones colectivas. Ayudaría muchísimo a mejorar la protección de




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los derechos de los consumidores a nivel colectivo y nos parece que debería incorporarse al texto. Proponemos también que este tipo de acciones disfruten de justicia gratuita, que no tengan ningún gravamen o costas, al menos, en primera instancia.

En este tramo final de mi intervención, quisiera hacer referencia a tres enmiendas en concreto. La enmienda 165, de supresión de la disposición final decimotercera, vinculada al precio de la luz. Como han dicho el resto de los portavoces, ustedes, vía disposiciones de las leyes, arreglan las defectuosas. En este caso, se trata de una ley de su propia cosecha. En el mundo de la calidad o de la excelencia empresarial, el concepto de la no calidad adquiere un enorme valor. Evidentemente, ustedes no trabajan con este prisma, así, en todos los Plenos, vemos cómo aprovechan las leyes que traen a debate para modificar leyes que ustedes mismos, de manera rápida e ineficaz, han querido aprobar. Estamos arreglando lo que ustedes estropean. Además, tampoco tenemos claro que con estas prisas lo que proponen sea una solución.

Creemos que el establecimiento de la metodología para el cálculo del precio de la electricidad no se puede despachar con tantísima ligereza como lo están haciendo ahora. Es una cuestión técnica que afecta directamente a todos los consumidores y, evidentemente, también a todos los operadores. Por lo tanto, debe establecerse y definirse sin improvisaciones, y una vez que se haya realizado realmente un debate completo sobre este tema.

No planifican, improvisan. Y hacerlo es de una enorme gravedad. Además, condicionar la calidad de una ley, como esta, la de los consumidores, porque tienen la necesidad urgente de aprobar una disposición que nada tiene que ver con los derechos de los usuarios, nos parece absolutamente irresponsable e intolerable.

Hemos presentado una enmienda en relación con un tema del que han hablado los grupos de Entesa y socialista, el de los cigarrillos electrónicos. En nuestro caso, proponemos una disposición sobre la venta y el suministro de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares. En concreto, proponemos que estos dispositivos puedan venderse únicamente en establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a su venta, o bien, en estancos. Asimismo, insistimos en la prohibición de la venta o entrega de complementos a los menores de 18 años. Creemos que es necesario controlar e intervenir tanto el proceso de venta como el consumo, especialmente, para los colectivos vulnerables, como son los menores. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda en este sentido, posiblemente, menos dura que la que plantea el Grupo Socialista, pero que va en la línea de controlar el suministro, uso y consumo de este tipo de productos.

Una última enmienda —importantísima— es la 147, vinculada a la obligación de respetar las lenguas cooficiales del Estado español. Habla de una línea roja que, como ustedes saben perfectamente, en nuestra opinión no se debe sobrepasar. Solamente por este aspecto votaremos en contra de la ley. Es muy triste que la misma semana en la que tanto se ha hablado de la recuperación de la democracia, de la Constitución, de la credibilidad política, de la inclusión, ustedes vulneren totalmente la Carta Magna y se queden tan tranquilos; es decepcionante. Ustedes en el texto propuesto consideran que la información precontractual debe facilitarse al consumidor al menos en castellano y se olvidan del resto de lenguas cooficiales en el Estado español.

Nosotros presentamos una enmienda que dice textualmente lo siguiente: «La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de forma gratuita y al menos en castellano, sin perjuicio de las obligaciones de plena disponibilidad lingüística en aquellos territorios con diversas lenguas oficiales.»

Sinceramente, señora Riolobos, este texto, en este aspecto, demuestra mala fe y me atrevería a decir traición. Se olvidan de proteger, tal como define el artículo 3.3 de la Constitución, el resto de lenguas cooficiales del Estado español. Esto, desde mi punto de vista, es absolutamente intolerable. Les guste o no, señorías del PP, este Estado es plurinacional y cuenta con diferentes historias, diferentes culturas y diferentes lenguas. Y saben perfectamente que nosotros no vamos a tolerar esta falta de respeto. Desde CiU lucharemos siempre para defender lo que es nuestro. Pero, sobre todo, los catalanes nunca, nunca dejaremos de ser lo que somos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo para defender las enmiendas 180 a 239.




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El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un conjunto de sesenta enmiendas al proyecto de ley que reforma el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Con todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado mi grupo pretende, sin lugar a dudas, la mejora del texto, así como contemplar diferentes vías para la solución de los problemas que actualmente se les plantean a los consumidores y usuarios en nuestro país porque, o bien no se recogen o se recogen de forma muy limitada en el proyecto de ley que nos han presentado en el Senado. Y se recogen así, fundamentalmente, porque el Gobierno ha realizado una transposición de mínimos de la Directiva 2011/83, sin profundizar en algunas cuestiones de gran importancia que indudablemente pueden servir para elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios para este tipo de ventas de las que estamos hablando actualmente: ventas a distancia y ventas fuera de establecimiento mercantil.

Tal vez al Grupo Parlamentario Popular el trámite parlamentario de aprobación de este proyecto de ley le resulte algo tedioso e incluso inútil —diría yo—, habida cuenta de la gran mayoría que ostenta en esta Cámara —(Rumores). Sí, señorías— y del gran trabajo negociador que han realizado en la tramitación de este proyecto de ley. Y digo gran trabajo negociador, y no salimos de nuestro asombro ni yo ni ninguno de los diputados y diputadas, perdón, senadores y senadoras, tampoco los diputados en el Congreso de los Diputados, porque no se acepte ni una sola de las doscientas cuarenta y nueve enmiendas que hemos presentado; ni una sola, señorías; ni una sola enmienda. Resulta incomprensible a cualquier razonamiento que ninguna de las enmiendas presentadas pueda suponer un valor añadido, una mejora, aunque sea pequeña, en el texto del proyecto de ley que nos han presentado.

Como ya comenté en mi intervención en la Comisión de Sanidad, esto tiene mucho de arrogancia política. Esto es un gran ejemplo de la negociación política que realiza el Grupo Parlamentario Popular en sede parlamentaria y va a tener reflejo en las condiciones de vida de los ciudadanos, pues van a rechazar un gran número de enmiendas que, sin lugar a dudas —y no es casualidad que todos los grupos de la oposición de esta Cámara estemos de acuerdo en una gran cantidad de enmiendas— ni siquiera van a ser valoradas por ustedes. Tal vez puedan pensar que nosotros hemos presentado este número de enmiendas para complicarles la vida, porque, utilizando esa palabra que hoy parece estar de moda, lo de meterla de rondón —o como se diga, porque en mi tierra no se dice así—, parece que ustedes sí quieren que esta ley pase de esa forma por el Senado.

Este proyecto de ley, obligado por la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2011/83, se convierte en una oportunidad perdida para mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Voy a realizar un repaso de alguna de las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario y daré el resto por defendidas, no porque considere que no tienen importancia, sino porque con sesenta enmiendas de tanto calado podríamos estar hablando aquí más de una hora. Así pues, y si me lo permiten, voy a hacer un pequeño resumen de algunas que mi grupo parlamentario considera que pueden ser resaltadas en este turno.

Las enmiendas números 222 y 239 al apartado dos, de adición, hacen referencia al incremento de la protección de las personas con discapacidad, tal y como ha comentado anteriormente el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. El objetivo fundamental es facilitar una información completa, correcta y comprensible sobre los diferentes productos y servicios, ampliando la obligatoriedad en la regulación del braille en los medicamentos para que figure también la fecha de caducidad, pues actualmente solo se pone el nombre y el principio activo. Pues bien, esta enmienda tampoco se va a aceptar, y sinceramente no sé qué problema puede tener aceptar que la fecha de caducidad se incluya también en este sistema braille para que los discapacitados invidentes puedan saber cuándo caducan los medicamentos. Esto, señorías, no deja de sorprendernos.

La enmienda número 223 modifica la redacción del cuarto párrafo del apartado 2 del artículo 21 del texto refundido, y obliga al empresario a que ponga a disposición de los consumidores una línea telefónica gratuita a efectos de comunicación por un contrato celebrado. Asimismo incluimos la expresa prohibición de que exista un desvío de llamadas a otros números que impliquen además un coste añadido para el consumidor, bien sea vía telefónica bien sea a través de un mensaje de




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texto u otro sistema análogo, y que esto se realice cuando el consumidor lo único que quiere es poder ponerse en contacto con el empresario para informarle de cualquier queja o reclamación o cualquier incidencia con el servicio contratado y ofertado. La actual redacción del proyecto de ley, la que no se va a modificar, señorías, establece un coste máximo para este tipo de llamadas, y leo textualmente:…no superior a la tarifa básica, sin perjuicio de los derechos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). No solo el texto es realmente ambiguo, sino que nosotros entendemos que realmente se va a cobrar a los consumidores si así lo quieren las empresas o proveedores de servicios de telecomunicaciones cuando un cliente vaya a utilizar este tipo de servicios. Por tanto, estos servicios no son gratuitos y ustedes no quieren aceptar las enmiendas para que lo sean.

La enmienda número 226, al artículo 24 del texto refundido, que lo es de adición, pretende depurar el ejercicio de la acción colectiva, separando si procede a organizaciones que puedan actuar, como ha ocurrido en algunos casos, como parapeto de las propias entidades demandadas, al igual que ocurre en el tema de la figura del conflicto de intereses.

La enmienda número 228, y con la que coincidimos con todos los grupos parlamentarios, tiene que ver además con ese informe del Defensor del Pueblo, del que se ha hablado aquí ya, sobre crisis económica e insolvencia personal, actuaciones y propuestas. El informe no es nuestro, sino de la defensora del Pueblo, que es quien lo ha presentado.

A tal fin, incorporamos un procedimiento extrajudicial en casos de sobreendeudamiento, como se ha comentado anteriormente, un procedimiento sencillo y gratuito de carácter extrajudicial y basado evidentemente en la mediación y el arbitraje. Hay que destacar el hecho de que resultará preceptivo, como también se ha comentado, acreditar que se ha acudido a este procedimiento por parte de los acreedores antes de poder iniciar —y esto sí nos parece muy importante, señorías— el correspondiente procedimiento judicial. Esto puede suponer una garantía añadida a los consumidores en relación con la negociación de una deuda que tengan pendiente y puede frenar —tal vez no en todos los casos pero sí en muchos— la escalada de desahucios que tenemos. Esta enmienda tampoco se va a aceptar, señorías, no entendemos por qué, porque realmente puede mejorar el texto de este proyecto de ley.

Las enmiendas números 232, de modificación, y 234 y 235, de adición, amplían y mejoran la información precontractual que deben recibir los consumidores y usuarios antes de la formalización del contrato, en concreto, con relación a las garantías, tanto legal como comercial, a los servicios de postventa, al plazo durante el cual el empresario garantiza al consumidor la existencia de piezas de repuesto para los productos que ha vendido, una vez que han dejado de fabricarse, etcétera.

La enmienda de modificación número 233 tiene que ver con el idioma, con la forma en que debe ser facilitada al consumidor la información precontractual. Para nosotros esa forma es evidente y lógica: gratuita, eliminando cualquier referencia a la lengua utilizada para dicha información porque el Grupo Socialista considera que debe mantenerse la redacción vigente de la letra f) del artículo 60.2 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, además, la exigencia de la lengua no deriva de la transposición de la directiva porque, como ustedes pueden comprobar —estoy convencido de que lo habrán hecho— el considerando 15 de esta directiva señala expresamente que no armoniza los requisitos lingüísticos aplicables. ¿Por qué razón se modifica el proyecto de ley en el tema de la lengua, señorías, cuando no existe ese problema? El consumidor elige la lengua en la que quiere que se le mande el contrato, si lo quiere en castellano, que lo elija en castellano, si lo quiere en catalán, que lo elija en catalán, o en vasco, etcétera. Es decir, no entendemos cuál es el problema, salvo que ustedes tengan otro tipo de interés político, ideológico para incluir este tipo de cuestiones, al menos en castellano. Nos parece absolutamente innecesario, además, complica al consumidor y aumenta el gasto para el empresario cuando tenga que mandar el contrato en dos idiomas, según la redacción de este proyecto de ley. Por tanto, evidentemente, esta enmienda tampoco va a ser aceptada, señorías.

La enmienda 238, de adición, contempla una serie de sanciones efectivas y proporcionales, disuasorias en caso de incumplimiento de las normas imperativas, sobre todo en cuanto a facilitar al consumidor la información precontractual.

En concreto, la enmienda 200, de adición, al artículo 108 del texto refundido, habla sobre las consecuencias del incumplimiento de requisitos de información y se faculta en todos estos casos




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al consumidor para solicitar la nulidad del contrato o la rebaja del precio total en un porcentaje como mínimo del 25% del precio total como penalización.

La enmienda 187, de adición, que consideramos muy interesante, añade un nuevo párrafo al artículo 77 con el objetivo de que tras ejercer el derecho de desistimiento de los consumidores, en el supuesto de contratos vinculados a financiación, y que la entidad financiera siga reclamando el cumplimiento del contrato complementario de crédito, deberá ser el empresario titular del contrato principal el que deberá comunicar a la entidad financiera con la que se suscribió este contrato de crédito complementario a la venta instándole a resolver el contrato complementario de crédito y que no sea el consumidor el que tenga que hablar con la entidad de crédito, por cierto, casi siempre elegida por el propio empresario, no solo para ejercer el derecho de desistimiento con el empresario según la ley sino también con la empresa que ha utilizado el empresario que carga la financiación de ese producto, bien o servicio que hemos comprado o contratado.

Señorías, ¿cuál es el problema de esta enmienda? Señora Riolobos, señora Contreras, ¿cuál es el problema de estas enmiendas? Yo creo que son bastante lógicas, además, casi coincidimos todos los grupos en esta Cámara —no el Grupo Parlamentario Popular, que no ha presentado ninguna enmienda; ahora hablaré de ello también— sobre este tipo de enmiendas.

En la enmienda 188 deseamos incluir expresamente la regulación legal de contratos de importe inferior a 50 euros. Parece un poco tonta esta enmienda, si me lo permiten, señorías, pero es más importante de lo que parece. Una gran parte de compra de bienes, una vez que se realizan telemáticamente bien por teléfono, bien por ordenador o Internet, responden a cantidades pequeñas; por tanto, queremos hacer resaltar que se incluyan también en esta normativa esos contratos inferiores o menores que en un momento dado pueden quedar fuera de la regulación de esta modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En cuanto al spam, del que ustedes tanto han alardeado aquí, quiero decir que es una enmienda aprobada por el Congreso, transada por todos los grupos, que no solamente fue a propuesta de ustedes —se cuelgan la medalla, nos parece perfecto, cuélguense todas las medallas que quieran— pues estábamos todos los grupos de acuerdo, y así se aprobó. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es añadir un paso más, y es que, efectivamente, la comunicación comercial que no quieran los consumidores no solamente se reduzca a un límite de tiempo determinado como establece el proyecto de ley, sino que cuando el consumidor decida formalmente que no quiere recibir ese tipo de publicidad comercial, pase, como mínimo, un año hasta que la empresa pueda volver a mandarle ese tipo de comunicación. No entendemos cuál es el problema. Ustedes dan como solucionado el problema del spam o bombardeo publicitario a los consumidores. Nosotros pensamos que no está solucionado, que simplemente se ha mejorado pero no se ha ido mucho más allá; se ha ido a una mejora mucho más importante de este problema que tienen los consumidores y usuarios.

En la enmienda 202 pretendemos reducir el plazo que el empresario tiene para ejecutar el pedido de treinta a quince días, simplemente porque pensamos que durante todos estos años han mejorado mucho los sistemas de comunicación y de transporte y, por tanto, quince días nos parece más que suficiente. Aquí quiero hacer un pequeño inciso con respecto a Canarias —no me corresponde porque no es una enmienda nuestra, es de su señoría, el senador Quintero —, y es que nos parece absolutamente increíble que no acepten una enmienda cuando se está discriminando a las islas Canarias respecto a la venta a distancia. No pueden aceptar ni siquiera esa enmienda. Perdóneme, señor Quintero, simplemente hago esa referencia porque es que cada día me sorprenden más las señorías del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda 203 se refiere a la sustitución del bien o servicio contratado a distancia, en relación con el derecho del consumidor al rechazo cuando se le ha suministrado un producto o un servicio de iguales características; es decir, que el consumidor pueda rechazarlo. Evidentemente, no es lo que yo he comprado, no es lo que he adquirido, no es lo que he contratado, por tanto, no quiero este de similares características sino, simplemente, anular el contrato, y si ha habido alguna contraprestación dineraria, pues que se haga la correspondiente devolución.

La enmienda 201 se refiere a la apreciación de oficio por parte del juez —algo que también se ha comentado en la defensa de los vetos— de que una cláusula es abusiva, aunque las partes no lo hayan invocado al respecto. Se trata de incorporar —como ya he comentado, no voy a




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extenderme mucho más— la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de las cláusulas abusivas en los contratos.

La enmienda 205, de adición, es posiblemente la más extensa de las que hemos presentado, y pretende incorporar un libro completo, el V, al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que se regule de forma exhaustiva, en profundidad, los servicios de atención al cliente.

No voy a extenderme mucho más, voy a citar cuatro extractos que consideramos muy importantes. Destacamos que las empresas que tienen que dar este servicio de atención al cliente lo hagan con sistemas que sean gratuitos para el consumidor, eficaces, accesibles y evaluables, que tengan por objeto fundamentalmente atender y resolver las reclamaciones, las quejas o cualquier incidencia que tenga el consumidor. Que cuando una queja o reclamación, solicitud de información, comunicación de avería u otra incidencia, se formule vía telefónica o electrónica, la empresa prestadora de servicios garantice que dicha atención sea personal y directa al cliente.

Por tanto, nosotros pedimos con esta enmienda completa que se prohíba el empleo de contestadores automáticos u otros métodos análogos. Comentaba anteriormente, en relación con otra enmienda muy parecida, que creemos que la utilización de números de tarificación adicional debe estar prohibida absolutamente porque estos servicios han de ser gratuitos. También se especifica —y no es baladí este asunto— que en ningún caso estos servicios de atención al cliente deben proporcionar ingresos adicionales a las empresas prestadoras de los servicios o a los proveedores de estos servicios a costa del cliente. Parte de esta enmienda es de garantía para que ninguna empresa se aproveche de estos servicios que debe facilitar un empresario cuando decide que su comercio, que su negocio, es la venta a distancia fuera de establecimiento mercantil y que tiene que ser consciente de que nuestra obligación como legisladores es aumentar el nivel de protección de los consumidores que sin lugar a dudas, señorías —y en eso vamos a estar de acuerdo todos—, es la parte más débil del eslabón de esta cadena. Por tanto, nuestra obligación es aumentar esta protección, pero no simplemente con una transposición de una directiva importante —sí, claro—, que mejora el texto refundido de la ley, claro que lo mejora, sino que tenemos que avanzar para llevar la mejora mucho más allá si ustedes tuviesen voluntad política y no utilizasen el trámite en el Senado para otras cuestiones que nada tienen que ver con la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, como veremos ahora después, y que tiene mucho que ver con cuestiones únicamente políticas.

Anteriormente, mi compañera, la senadora Llinares, ha hablado de las enmiendas de supresión que hacemos a las diferentes disposiciones adicionales y finales que tienen que ver con temas y materias —ya lo comentaba también el señor Cazalis— que no tienen nada en común precisamente con el texto que se trae aquí, la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta es una incongruencia material. No voy a entrar en el informe de la señora letrada, no voy a entrar en esas cosas que ya se han repetido hasta la saciedad. Además, para ustedes —lo sigo diciendo— esto es un acto inútil. Lo sigo pensando, señorías. Lo sigo pensando.

Por supuesto, presentamos una enmienda que modifica —lo hemos comentado anteriormente— la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil en relación con la legitimación por la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios con el objeto de mejorar la eficacia y utilidad de las acciones colectivas frente a los abusos de las grandes empresas y también la modificación de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita para facilitar el llamamiento a terceros en proceso de protección de los derechos y de los intereses de los consumidores y usuarios, en este caso de los derechos difusos y colectivos.

Evidentemente, señorías, es un tema importante; los que tratamos son temas muy importantes. Ustedes nos lo reprochan constantemente porque nosotros, como Partido Socialista, como Grupo Parlamentario Socialista, hemos tenido, tendremos y espero que en una futuro tengamos también opción de gobierno y, por tanto, de tomar decisiones; claro que sí. Que nosotros no somos perfectos, claro que no. Ustedes sí, tal vez, porque ustedes como traen leyes aquí al Senado a las que no dejan que ni siquiera se puedan plantear ningún tipo de enmiendas de mejora, entiendo que ustedes sí piensan que son perfectos, pero nosotros no lo somos. Claro que cuando gobernamos nos podemos equivocar, pero igual que nos equivocamos cuando gobernamos y que podemos rectificar, cuando estamos en la oposición nuestra obligación es decirles a ustedes que están en el Gobierno y al Gobierno que ustedes sustenta, que el Grupo Parlamentario Popular




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sustenta, aquellas cosas que pensamos que no están bien hechas, aquellas cosas que pensamos que deben mejorarse, porque es nuestra obligación, señorías. Y el tema de la acción colectiva debe mejorarse. ¿Por qué no se va a hacer eso así?

Hay una cuestión que me resulta muy curiosa. Decía usted, señora Riolobos, en su intervención en el turno de portavoces en relación con los vetos, que en 2011 fueron muchísimas las reclamaciones que se recibieron en las juntas arbitrales de Consumo —recalco que fue en 2011— en relación con este tipo de ventas a distancia y fuera del establecimiento comercial. Claro, señora Riolobos, y en 2010 y en 2012 y en 2013, ¿ o qué pasa, que solo reclaman los consumidores cuando está gobernando el Partido Socialista? Por favor, señora Riolobos, no nos tome por tontos. Evidentemente que hay reclamaciones y cada día más porque la utilización por los consumidores de este tipo de ventas a distancia y fuera de establecimiento mercantil cada día está subiendo como la espuma y es nuestra obligación tener que regular este sistema. No nos tome por tontos, señora Riolobos, por favor. Pero no, reclamaban más los consumidores cuando gobernaba el Partido Socialista. Pues, vale, para usted la peseta, señora Riolobos. Si se va a quedar tranquila, sin problemas. Le damos la peseta. (Aplausos). Pero vamos a jugar seriamente en sede parlamentaria, señorías, y seriamente es decir que a mí sí que me preocupa que, como sigamos así, dentro de dos, tres o cuatro o cinco años, y continúe gobernando el Partido Popular, ya veremos dónde quedan los sistemas de arbitraje de consumo en este país, ya veremos dónde quedan. Igual que ya veremos dónde van a quedar las oficinas de información al consumidor en este país como método de defensa de los consumidores y usuarios, con la maravillosa reforma de la Administración local que han hecho ustedes en este país. Además, señora Riolobos, usted señala —lo digo textualmente— que el periodo 2009-2011 ha sido el peor para la defensa y protección de los consumidores y usuarios. Posiblemente, sea así, la crisis afectó muchísimo y probablemente tenga usted razón. Fue un momento muy malo y muy difícil como también lo es este, señorías, reconózcanlo ustedes. Pero lo que nunca nos van a quitar a los socialistas es que en 1984 nosotros fuimos los primeros que creamos una Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en 2007 fuimos los primeros que hicimos el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, les guste a ustedes o no les guste. Y lo único que están haciendo ustedes es una transposición de una directiva europea, que yo pensaba que no tenía sesgo ideológico, iba a decir que se lo juro, señorías, pero es que es verdad. Porque yo pensaba que esto era muy sencillo en el sentido de decir: creo que estaremos todos de acuerdo, son temas de consumo, creo que todos podemos llegar a acuerdos rápidamente cuando, para mi sorpresa, se hurta el debate en el Senado y la posibilidad de presentar mejoras a la ley y, además, tratan de decirnos que no somos congruentes con nuestro criterio a la hora de defender lo que pensamos que tenemos que defender y que no sean ustedes, señora Contreras, la que nos tenga que decir cómo tenemos que defender aquello que tenemos que defender. Sabemos defendernos perfectamente y también sabemos defender aquello que queremos defender. Y resulta muy curioso, señorías, porque esto es como el chiste de aquél que iba conduciendo en dirección prohibida por una autopista y escucha en la radio lo siguiente: hay un loco que va en dirección prohibida. Y al oírlo dice el señor: ¡Un loco, no, cientos! A ver si va a resultar que ustedes, señorías, son los que están equivocados y, en el fondo, lo que han hecho ha sido una chapuza con esta transposición porque lo que realmente han hecho ha sido seguir las directrices del Gobierno porque no quieren que se modifique nada en el Senado, porque esta ley, para que lo sepan ustedes, se va a publicar o, como mucho tardar, el lunes porque el Gobierno tiene mucho interés en que eso sea así. Por esta razón no se va a admitir ninguna enmienda en el Senado, sea buena o sea mala. Y si se fastidian los consumidores de este país, se fastidian los consumidores de este país. Esta es la política que hace el Partido Popular, señorías, y no traten de convencernos en sede parlamentaria de otra cuestión. Estamos hablando de lo que estamos hablando. No me diga que nuestros argumentos no son lógicos, ni buenos, ni maravillosos cuando les va a dar igual lo que digamos desde esta tribuna, porque todo va a estar rechazado, porque quieren que mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado. Por cierto —y esto lo digo en sede parlamentaria, ya veremos si el tiempo me da o me quita la razón—, el Gobierno tiene mucho interés en que una de esas disposiciones que han introducido de esa manera vía enmienda en el Congreso de los Diputados se apruebe cuanto antes, y que tiene que ver con el servicio eléctrico, lo cual tiene también mucho que ver con el tema de ventas a distancia.




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Me quedan tres minutos, voy a ir terminando. Cuando llegué a esta sede parlamentaria hace seis meses —lo decía anteriormente— como un simple senador de una provincia como la mía, Cuenca, yo pensaba que venía aquí para intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo digo sinceramente, y que a mí se me pagaba como senador para eso, que es lo que con he intentado hacer en el caso de esta ley con la senadora Llinares y con otros compañeros para, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, aportar mejoras que consideramos buenas para nuestros ciudadanos, pero mi sorpresa con esta primera ley que tengo el orgullo de poder llevar dentro de mi grupo es que ustedes entienden la democracia de esta manera: nuestra absoluta mayoría absoluta va a hacer lo que queramos en sede parlamentaria, y de lo que digan ustedes, señorías del Partido Socialista —por supuesto, que son los más malos del mundo mundial—, como los compañeros de l’Entesa, de CiU, de PNV, del Grupo Mixto o de cualquier otro grupo, no vamos a aceptar nada, porque, simplemente, no nos interesa, y, como vamos sobrados de senadores, vamos a imponer nuestra gran mayoría absoluta. Gran ejemplo, señorías, para los ciudadanos de este país, que, desde luego, tienen a los políticos como uno de los sectores peor vistos en la sociedad. Pero, con ejemplos como el de hoy en el Senado, no me extraña que seamos uno de los problemas importantes de los ciudadanos en España. Siento vergüenza, señorías. (Risas). Y ustedes deberían plantearse seriamente si vale la pena hacer este seguidismo al Gobierno para intentar pasar este proyecto de ley —sí, señorías, no se rían, es que es así, así tal cual se dice— sin aceptar ni una sola enmienda. Comentaba la compañera Contreras que es la primera vez que la transposición de una ley se hace con vetos. Claro, ¿cómo no va a tener vetos la transposición relacionada con una ley cuando se aprovecha la ocasión para incluir ochenta cosas más que no tienen nada que ver con ella? Claro que se van a presentar vetos, señorías: es que vamos a ser serios en el procedimiento parlamentario.

Decía que este es el ejemplo más evidente y claro de lo que ustedes entienden por negociación. Evidentemente, todo lo que he dicho hasta ahora, todo lo que he intentado resumir de las enmiendas, lo que pensaba que era lo más importante —de verdad, discúlpenme si no he llegado a todas, porque son muchas—, todo ello —y me queda un minuto— se resume en una cosa, señorías: este que muestro a sus señorías es el texto del proyecto de ley que nos vino del Congreso y este que ven ahora —sí, sí, no me he vuelto loco— es el mismo texto que va a salir hoy de aquí aprobado con los votos del Partido Popular, desoyendo a los ciudadanos de este país, desoyendo a los grupos parlamentarios en este Senado, sin admitir absolutamente ninguna enmienda, para ser publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado. Esto, señorías, es el ejemplo de lo que es una gran mayoría absoluta, una absoluta mayoría absoluta y la forma de gobernar que tienen ustedes, señorías del Grupo Popular.

Muchas gracias, señora presidenta por su amabilidad. Y, señora Riolobos, espero que sea conmigo tan vehemente como lo era usted cuando estaba en la oposición como portavoz de consumo en esta misma Cámara con mis compañeros cuando estaban en el Gobierno del Partido Socialista. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, comenzaré mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular como debe ser, agradeciendo las palabras y el trabajo de todos los portavoces y los ponentes de los distintos grupos políticos en la defensa de las enmiendas que hasta un total de 249 se han presentado a esta transposición del proyecto de ley.

En primer lugar, como paso previo, antes de entrar en un debate más pormenorizado, quisiera comunicar a quienes estamos aquí el objeto de esta ley, para que pudiéramos tener como breve introducción exactamente lo que nos ocupa esta mañana. Sabemos todos y vivimos en nuestras propias carnes cómo las nuevas tecnologías se están desarrollando en los últimos años de una manera tan brutal; cómo el comercio electrónico, el comercio a distancia crece a día a día y su avance resulta imparable, como he dicho en la anterior intervención. Por ello, es muy necesario que los contratos que se efectúan de esta manera se hagan con la máxima transparencia, nos den la máxima confianza y gocemos de la máxima seguridad los consumidores y usuarios. Por ello, es digno de alabar el trabajo realizado por todos nosotros, ya que en el ánimo de los ponentes y




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portavoces está que cuando quede aprobada esta ley el consumidor va a estar más seguro, va a estar mejor informado y va a conocer mejor sus derechos, así como los empresarios también van a disponer de un marco legal más claro y estable, para conocer sus obligaciones y las directrices, que también han sido dadas por el Tribunal de Justicia europeo.

Antes de centrarme en sus enmiendas de manera pormenorizada, quiero agradecer el trabajo de la señora letrada que, en el trámite de la ponencia, ha introducido en su informe una serie de correcciones técnicas que verdaderamente han mejorado el texto.

Esta ley, como creo que ya todo el mundo sabe a esta hora de la mañana, consta de artículo único, sobre el que se han planteado diversas modificaciones al texto refundido de la Ley de protección de consumidores y usuarios.

Hemos agrupado sus enmiendas en bloques ya que muchas de ellas se repiten, son coincidentes o incluso idénticas y, en aras de una mayor agilidad, si les parece bien, para no repetir los argumentos, voy a explicar los motivos del rechazo de estas.

Una vez estudiado y analizado el primer bloque de enmiendas concluimos que ya están recogidas en la transposición de la directiva europea. Algunas otras, las relativas al artículo 97, no se pueden aceptar porque la directiva es muy estricta y los artículos se han de transponer con una armonización máxima; de modo que no podemos incluir o imponer ningún requisito nuevo ni ninguna disposición contraria. Es decir, que la directiva nos marca una serie de limitaciones, por lo que no las hemos podido aceptar, nos impone —tal y como señalaba el senador Cazalis— un cierto corsé.

Otro bloque de enmiendas, que en general plantean los grupos nacionalistas ―también el Grupo Socialista, el senador Toledo―, el Grupo vasco, el Grupo Mixto, Esquerra, CiU, que tienen que ver con la lengua en la que se ha de dar la información precontractual a los consumidores. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular entiende ―como también lo hace la directiva europea― que la información que se dé a los consumidores españoles ha de estar al menos en una lengua oficial del Estado de la Unión Europea: la lengua castellana. Sin embargo, eso no indica que haya limitación lingüística en las comunidades autónomas con lengua cooficial y que en sus normativas de consumo tengan garantizada la no discriminación lingüística. En cualquier caso, por supuesto que creemos que a los consumidores españoles se les debe dar esta información precontractual al menos en la lengua castellana, sin perjuicio de que también se pueda dar en otra de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Por otro lado, es cierto que las competencias de consumo están transferidas a las comunidades autónomas, pero la competencia en relación con la transposición de las directivas europeas es estatal y no de las comunidades autónomas. En este sentido, existen una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que avalan este argumento.

Muchas de las enmiendas que se centran en las mejoras creemos que están incluidas, sobre todo en lo relativo al régimen de infracciones, de sanciones efectivas, de sanciones proporcionadas, de sanciones disuasorias, etcétera.

Está claro que no se puede dar información a los consumidores a través de un número de tarifación adicional, y está recogido claramente que hay que informar a los consumidores y usuarios de los contratos de permanencia y de los compromisos de permanencia, como está perfectamente recogido en la transposición de esta directiva.

También se garantiza el derecho de desistimiento y el derecho de reembolso en el caso de que alguien haya contratado o adquirido un producto y lo quiera devolver, como ya está perfectamente recogido. Asimismo, queda muy claro lo que se define por soporte duradero. Cuando un consumidor realiza un contrato vía telefónica existe un soporte duradero, ya sea vía SMS, vía fax, vía e-mail, un contrato escrito donde, negro sobre blanco, pueda el ciudadano o consumidor exactamente constatar lo que ha contratado y los compromisos que ha adquirido en esa contratación. Luego el soporte duradero queda perfectamente definido y clarificado en esta ley, así como lo que son las prácticas abusivas, y las enmiendas que se plantean en este sentido no aportan, permítanme que lo diga, nada nuevo; solo remachan un poco más lo que ya existe, pero no aportan nada nuevo a lo que ya tenemos.

Por otro lado, las enmiendas que se introdujeron en el Congreso de los Diputados, y cuya paternidad ha reivindicado aquí el PSOE, relativas al spam telefónico, al acoso telefónico, lo van a desincentivar por completo. Creemos que se recoge muy claramente todo lo relacionado con este




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tema, así como la información precontractual, estableciéndose también la capacidad de la anulabilidad de los contratos; es decir, cómo se puede rescindir o anular un contrato una vez que se ha hecho. Si se está en desacuerdo con la información, cuando llega ese soporte duradero por cualquiera de las vías, queda claro que la carga de la prueba de este desistimiento corresponde siempre al empresario y no al consumidor.

También se regula perfectamente cómo deben de ser las oficinas de información y atención a los clientes. Es por ello que las enmiendas que hacen referencia a ello nos ha parecido que no eran objeto de este texto. Se regula correctamente toda la información sobre la existencia y condiciones de los servicios posventa.

Otra regulación correcta de la ley es la relativa a la protección de datos y a la intimidad, sobre todo en las comunicaciones electrónicas. Algo que a la vista de sus enmiendas, señorías, preocupa bastante a los grupos parlamentarios es el tratamiento de datos respecto a la información que se pasan a través de las compras por el comercio electrónico. Asimismo, otra cosa que no se puede modificar es que el Consejo de Consumidores y Usuarios solo puede estar compuesto por asociaciones de ámbito nacional que estén acreditadas y deben incluirse en ellas los que figuren en los registros de asociaciones de consumidores y usuarios. Luego estas enmiendas tampoco las podemos aceptar.

Otro conjunto de enmiendas que ustedes presentan, y sobre las que intentamos tranquilizarles en la comisión —se van a tener a cuenta, no vía enmiendas, sino a través de textos legislativos que están ya en tramitación en el Congreso de los Diputados y van a llegar pronto al Senado— son las que hacen referencia, como he dicho antes, al Proyecto de Ley de servicio de atención al cliente. Por ejemplo, respecto al real decreto de regulación de todo el ámbito del arbitraje, señor Toledo, usted ha hecho aquí unas manifestaciones y una puesta en escena bastante bonita, incluso amena, hablando de la dirección en carretera por la que vamos unos y otros, etcétera, pero yo creo que sería importante que supiera que existe una directiva, la 11/2013, en materia de arbitraje y mediación, que tiene que ser traspuesta. Vamos a esperar a la trasposición del real decreto de regulación en todo el ámbito del arbitraje antes de incluir más enmiendas y modificar lo que estamos tratando en este momento.

Respecto a la preocupación que muestran en sus enmiendas sobre todo lo relacionado con las indemnizaciones cuando se lesionan los derechos de los consumidores y usuarios, les anunciamos ya en comisión, y lo repito ahora, que el Ministerio de Justicia es muy favorable a ampliar las competencias del ministerio fiscal en cuanto a la relación de protección de consumidores y usuarios. Saben que se encuentra ahora mismo en trámite legislativo el Anteproyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, por lo que su preocupación —la preocupación por este proyecto de ley, que también es la nuestra— acerca de que los consumidores y usuarios tengan un apoyo con la asistencia jurídica gratuita, se va a resarcir perfectamente.

Me referiré de manera telegráfica a las enmiendas que tienen que ver con otras leyes y que van a tener otra vía de encaje. Permítanme decirles que las enmiendas en relación con las personas discapacitadas tienen mejor acomodo en el Texto Refundido de la Ley General de protección de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Es curioso el interés que muestran por la protección de esas personas en algunas ocasiones, cuando hay momentos en los que ni siquiera permiten que las mismas lleguen a ver la luz del día. Por otro lado, han presentado enmiendas relacionadas con la directiva sobre la privacidad de las comunicaciones, que nos parece más conveniente que tengan un acomodo en esa regulación. Igual sucede con las enmiendas relacionadas con la Ley de Competencia Desleal, para las que nos parece que ese es el mejor ámbito. La enmienda que ha mencionado usted, junto con las presentadas por otros grupos parlamentarios, respecto al empaquetado de los medicamentos, su cobertura, y la rotulación en Braille para personas con discapacidad, nos parece más interesante, me van a perdonar, que estén englobadas dentro de la Ley del medicamento, así como las enmiendas relacionadas con los derechos de los viajeros del transporte aéreo o marítimo que debe incluirse en la correspondiente legislación sectorial.

Hay otras enmiendas respecto a las que todos estamos muy preocupados, que son las relativas a la protección de los deudores hipotecarios en aspectos como el suelo de las hipotecas o el problema de las preferentes. Quiero tranquilizarles diciendo que aspectos como estos en parte están resueltos gracias al Gobierno del Partido Popular, gracias al Real Decreto Ley 6/2012, de




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deudores hipotecarios sin recursos; gracias al Real Decreto Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, y gracias a la Ley 1/2013, de protección de deudores hipotecarios, que permite reestructurar la deuda y adquirir o tener acceso a un alquiler social, que ha supuesto un avance importantísimo para todas estas personas afectadas.

Como ya he recordado en la anterior intervención, ustedes no hicieron nada en la anterior legislatura. Parece que no han estado gobernando en este país los últimos ocho años. Además, hay una serie de enmiendas que añaden modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil que está en marcha. Otras enmiendas afectan a la Ley del Sector Eléctrico, a las indemnizaciones contenidas en la Ley del Mercado Interior, a la tutela judicial, a normas sectoriales, etcétera, que, como digo, han sido respetadas perfectamente en este texto refundido.

El señor Toledo no ha hecho mención a lo que la señora Llinares ha tratado más pormenorizadamente, que es la enmienda sobre el cigarrillo electrónico. Es este el momento para tratarla porque ahora estamos en el trámite de enmiendas. En su turno no ha dicho nada, quizá se ha sentido satisfecha con su puesta en escena anterior, y el señor Toledo no comparte esta sensibilidad que mostraba tan pormenorizadamente la señora Llinares. Pues bien, les repito —porque muchos de los argumentos no son nuevos, los dije en Comisión— que el pasado 14 de marzo se aprobó en el Consejo de Europa una nueva directiva sobre productos del tabaco. Es una directiva que marca un plazo de dos años. En esta trasposición creo que el Gobierno de España ha introducido varias propuestas, y además así consta, como las relativas a la venta a distancia, a la venta transfronteriza del tabaco, etcétera.

En cuanto a los cigarrillos electrónicos, les diré de nuevo que antes de marzo, es decir, en el mes de diciembre, ya se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una transaccional que luego se introdujo en este mismo proyecto de ley, algo de lo que hemos hablado ya en más de una ocasión, pero que creo que tendremos que repetir, señorías. Decíamos que quedaría prohibido el consumo de los cigarrillos electrónicos en centros educativos y zonas infantiles, en centros sanitarios, en centros de las administraciones públicas —la señora Almiñana lo confundió diciendo que íbamos a vapear en esta Cámara, y no, senadora, en centros de las administraciones públicas, tampoco—, en los servicios de atención al ciudadano, en el transporte público, etcétera. También en esa directiva se dice que la Organización Mundial de la Salud no ve hasta el momento un riesgo para la salud por la exposición al vapor de estos productos.

Deberían —se lo dije entonces— sentirse satisfechos con la regulación que hemos liderado desde el Partido Popular tanto en el Congreso, como en el Consejo Interterritorial, como en esta Cámara, y mantener una postura común en la que todos los grupos —simplemente en el Congreso se abstuvo UPyD— firmaron y votaron a favor de esta regulación del cigarrillo electrónico por la que protegemos a nuestros menores, por la que hacemos valer ese principio de precaución y de prevención porque nos importa, y mucho —se lo dije el otro día—, la salud pública frente a alarmismos en momentos en los que cuando no hay otra cosa que decir sobre este proyecto de ley, se desvía la atención hablando —lo califiqué ese día y hoy me ratifico en ello— de manera anecdótica, porque en una ley de tanta transcendencia, con tantos argumentos y con tantas consideraciones sobre el consumo, estamos hablando de lo anecdótico, de algo que se nos ha ocurrido en el último minuto, días antes de salir una directiva europea o días después, permítame que le diga, porque estamos hablando de que se aprobó el 14 de marzo pasado y, si no me falla la memoria, hoy es día 27 de marzo. Creo que no tenemos que desviar la atención, que debemos centrarnos en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Esta ley va a mejorar la protección, y todos nosotros, que somos consumidores y usuarios, necesitamos que se ponga en marcha cuanto antes.

La señora Llinares, fíjense cómo estará de convencida respecto a las enmiendas, que ha estado en el turno de veto hablando hasta del copago sanitario, por no tener ningún otro argumento de peso. Señora Llinares y señores del Partido Socialista, las actas no engañan. El pasado día 18, en la comisión, ustedes hicieron un debate tanto de los vetos como de las enmiendas, breve no, brevísimo; las actas no engañan, los argumentos tampoco. Hoy hemos asistido a algo bastante más pormenorizado, y yo creo que eso tiene que ser un trabajo de comisión. A esta Cámara se tienen que traer ya las enmiendas más trabajadas.

También me gustaría refrescarles la memoria en cuanto a la aprobación de enmiendas cuando gobernaban ustedes. Me parece que el señor Toledo lleva poco tiempo en esta Cámara




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—bienvenido, por supuesto, por su talante y su diálogo— pero quiero recordarle que por aquí han pasado muchos proyectos de ley en los que no se aprobó ni una sola enmienda por parte del grupo del Gobierno, entonces el Grupo Socialista, y tampoco hace tanto tiempo que ha pasado todo esto.

Solo me falta contestar al senador Quintero que le dejé para el final. Nos hemos interesado por esa enmienda sobre el comercio en las islas Canarias, y se nos ha comunicado desde el ministerio que tiene mejor encaje —no sé lo que le parecerá— dentro de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo de todos, el espíritu de armonía que debe reinar en estos asuntos, porque consumidores somos todos. Probablemente todo sea mejorable, pero las buenas intenciones que se tuvieron en el Congreso con la aprobación de esas cincuenta y seis enmiendas no se corresponden con lo que hoy se ha visto aquí. En cuanto a todo lo que queda pendiente, les he dado un relato pormenorizado de cómo va a tener su encaje no vía enmiendas, sino vía texto refundido en futuras legislaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Empezando casi por el final de lo que dijo la portavoz del Partido Popular y sin perder el talante, el buen humor que intento sostener y la moral, más que el alcoyano, quiero decirle a la señora portavoz que lo anecdótico no son las enmiendas, el problema es que el Grupo Popular ha convertido esta ley en una anécdota, la ha convertido cuando transforma al Senado en una especie de rehén de las necesidades del Gobierno de seguir dando vueltas en el laberinto de la tarifa eléctrica, que es lo que impide que se apruebe ninguna de las doscientas y pico enmiendas que hemos presentado. Ese es, desgraciadamente, el elemento que convierte en anécdota el conjunto del proyecto. Este proyecto acaba siendo un mero instrumento para resolver un problema puntual del largo y dificultoso proceso con el que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, está afrontando la situación del sector eléctrico. Hemos tenido multitud de oportunidades en este Pleno de debatir sobre ello y, por lo tanto, no abundaré.

Sí creo que de lo aquí debatido quedan claras diferentes cuestiones: en primer lugar, por lo que ustedes han argumentado, este país no necesita cambiar su legislación general de protección al consumidor, están ustedes satisfechos con cómo funciona la Ley general del consumo y ahora, no por iniciativa del Gobierno, sino por una decisión de la Unión Europea, se limitan a trasponer una directiva. En consecuencia, renuncian a resolver lo que han sido los graves y serios problemas en materia de consumo que se han dado en este país en los últimos años. Renuncian, por consiguiente, a intentar embridar, a meter en vereda a las eléctricas, a las gasísticas, a las entidades financieras y a las de telefonía, que son las principales causantes de los problemas de los consumidores. Renuncian, además, una vez que esa situación se da, a un problema, vuelvo a reiterar los términos del magistrado del Tribunal Supremo, tsunami jurídico generado por la sentencia del 9 de mayo del 2013, y, en consecuencia, mantienen una situación que va a generar, que está generando ya multitud de atascos en los juzgados, resoluciones contradictorias que, obviamente, en algún caso tendrán que ser forzosamente injustas porque si unas son injustas, las que dicen otra cosa tendrán que ser injustas también.

Decía la portavoz del Grupo Popular que no es necesario intervenir en lo referente a los créditos hipotecarios puesto que ya han tomado las medidas oportunas. Señoría, los datos son tercos: en 2013 hubo más desahucios que en 2012 con las reformas que ustedes han introducido en la materia. Reconozcan la ineficacia de esas medidas para resolver las cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Concluyo. El cigarrillo electrónico no es una anécdota. Vuelvo a reproducir el argumento. Por más que en el Congreso se haya alcanzado un acuerdo en relación con una regulación del cigarrillo electrónico, el mantenimiento por parte de las organizaciones relacionadas con la defensa de la salud pública de los argumentos sobre la insuficiencia de ese acuerdo a partir de algo que sigue sin demostrarse, y parece que, al contrario, los estudios apuntan a que no es capaz de resolver lo que inicialmente motivaba la aparición de este producto en el mercado: ayudar a dejar




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de fumar a los fumadores, podrá tener menos efecto sobre los no fumadores la utilización de este instrumento —no lo sé, sinceramente— pero, desde luego, en ningún caso desalienta al fumador de seguir fumando.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora presidenta.

Senadora Contreras, me ha dicho que la enmienda encaja mejor en la Ley de comercio electrónico. En el Congreso de los Diputados, en el debate del Proyecto de Ley de telecomunicaciones —iniciativa que estamos a punto de debatir aquí, imagino que en el próximo Pleno porque es el único proyecto que tenemos ahora mismo—, también la presentamos y el Partido Popular nos dijo que encajaba mejor en esta ley, y ahora nos remite a otra. La verdad es que está afectando a los consumidores y la realidad es que, desgraciadamente, los canarios y las canarias nos quedamos fuera del comercio electrónico. Esto me parece inaudito y, repito, un insulto a los y las canarias porque nos estamos quedando completamente fuera.

Usted ha dicho que es un comercio que está en auge, y estoy de acuerdo. Es un comercio que Europa marca en la Estrategia 2020 en relación con el mercado único abierto al comercio electrónico. Además, es un comercio que marca el régimen económico y fiscal de Canarias, y así lo reconoce Europa, con lo cual, evidentemente, no podemos poner pegas a los regímenes diferentes que nos habían dicho otras veces, como el IVA reducido o el IGIC. No hay problema porque incluso hay algunas empresas que ya lo están aplicando; el único problema es encajarlo. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo pasará para encajarlo mientras que los canarios y las canarias estemos excluidos de participar en el comercio electrónico, tanto para comprar como para vender? Nos están excluyendo de una actividad pujante, en auge, que unas islas como Canarias, ultraperiféricas, necesitan, y mucho más incluso que el territorio continental porque desgraciadamente no tenemos ni todas las empresas ni todos los servicios que tiene un territorio continental como el peninsular, por lo que muchos de los productos que mandamos pedir al exterior, tanto las empresas canarias como los particulares, es porque en Canarias no se pueden conseguir porque es un territorio fragmentado, por lo pequeño de las islas y por el coste del transporte que puede suponer montar dichas empresas en el territorio canario. Me parece sorprendente.

Dice que están de acuerdo. Pues aprueben la enmienda. No sé si no la aprueban por las prisas que los demás portavoces han comentado en relación con que no se puede aprobar nada porque tiene que publicarse mañana en el Boletín Oficial del Estado. ¿De verdad son ustedes conscientes del daño que están haciendo a Canarias? Es ilógico. Podemos comprar a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, y llega, pero desgraciadamente no podemos comprar a las empresas radicadas en el territorio peninsular o que son españolas y que no solo estén radicadas aquí. Ponen: Vendemos a toda España, excepto a Canarias, y una a la que se le permite esto es a App Store, la empresa de Apple, radicada aquí, en Madrid. Se permite que nosotros, por ejemplo, no podamos comprar productos de Apple. ¿Les parece justo, sobre todo teniendo en cuenta que hemos incluido en la enmienda que los sobrecostes, los costes del transporte a Canarias, los pague el usuario o la empresa que lo pida? No estamos pidiendo ni que lo pague el Estado, que podría ser otra petición para estar en igualdad de condiciones, ni que lo pague la empresa que lo va a vender. Hemos dicho que lo paguen los usuarios que lo pidan, pero permítanme que desde Canarias se puedan pedir estos productos. Acepte esta enmienda porque dice que está de acuerdo.

En el Congreso nos dicen que encaja mejor aquí y ustedes nos dicen que encaja mejor allí. Al final no encajará en ningún sitio, y los y las canarias nos quedaremos sin comercio electrónico.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, senatari jaun-andreok, eguerdi on, mahaiburu andrea.




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Ya hemos hablado de muchas de las enmiendas —no mucho porque tampoco eran muchas—, y yo quería centrarme ahora en las dos que mi grupo ha presentado en el Senado y que no se presentaron en el Congreso, que son las dos referentes al cigarrillo electrónico. No obstante, sí quiero hacer una puntualización, senadora Contreras, ya que no es que la Organización Mundial de la Salud no haya visto riesgo, sino que la Organización Mundial de la Salud exactamente dice: ¿Son seguros los cigarrillos electrónicos? —lo que leo está en inglés, así que paciencia—. La seguridad de los cigarrillos electrónicos no ha sido científicamente demostrada. El riesgo potencial para la salud que ellos tienen permanece indeterminado. Por tanto, no es que no haya riesgo, el riesgo existe, lo que pasa es que no se conoce. Otra cosa es que nos queramos arriesgar, esa es otra cuestión, como, por ejemplo, que nos arriesguemos a lo desconocido. Está bien, eso es muy emocionante. Pero a mí me gustaría que le hiciéramos caso al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. En su nota de prensa del día 19 de febrero, cuando esto se iba a aprobar en la Comisión de Sanidad del Congreso, se decía lo siguiente: El CNPT considera que se habrá dado un importante paso atrás en los objetivos que ha cumplido hasta ahora con notable éxito la ley del tabaco en vigor. La organización en la que se dan cita más de treinta y cinco sociedades científicas y asociaciones profesionales del sector sanitario estima oportuno insistir en que no hay evidencia científica de que los cigarrillos electrónicos sean inocuos, tanto para la salud de quienes los utilizan, como para quienes están a su alrededor. Puede que no resulten tan nocivos para el pulmón, pero al menos la nicotina sí conlleva ciertos riesgos para el corazón y el sistema cardiovascular en general. Y señalaba también que la industria está utilizando los cigarrillos electrónicos como punta de lanza para rehabilitar socialmente el uso del tabaco después de haberse dado grandes pasos para ponerle coto. Yo creo que ese es uno de los asuntos principales y un leitmotiv del que podemos hablar. Y también podríamos hablar de la conclusión a la que se llega en ese informe sobre los cigarrillos electrónicos, pero vamos a dejarlo.

Señorías, hay dos vertientes que hay que regular en este tema de los cigarrillos electrónicos. Uno es el tratamiento del cigarrillo electrónico como producto del tabaco. El otro es el tratamiento de ese cigarrillo como producto farmacéutico. Si es tabaco o no, les diré que la diferencia entre una hoja de lechuga y una hoja de tabaco es que la de tabaco tiene nicotina, nombre que se le da por Juan Nicot, que fue quien introdujo el tabaco en la corte francesa en el siglo XVII. Por tanto, lo que hace al tabaco es la nicotina, no el alquitrán derivado de quemar productos vegetales; es la nicotina. Y los cigarrillos electrónicos tienen nicotina. Se cambia el agente vehicular, se cambia el picadillo de hoja de tabaco seco por un líquido que parece que está científicamente controlado por una composición supuestamente conocida. Por tanto, el tratamiento debería ser el mismo que el del tabaco normal, no tiene por qué cambiar. Y es que la ley del tabaco no es para evitar las consecuencias que este pueda acarrear a la salud por fumar —aunque también lo hace de forma secundaria—, sino que va precisamente contra una adicción. El poder de adicción de un cigarrillo electrónico es, cuando menos, el mismo que el de un cigarrillo normal, si no muy superior, ya que la cantidad de nicotina que se le puede añadir a un cigarrillo electrónico puede ser muy superior también. Por eso no entendemos que los cigarrillos electrónicos se queden fuera de lo que se consideran productos del tabaco con esta modificación de la ley que se pretende hacer con las disposiciones adicionales al proyecto.

Pero además, señorías, es que los cigarrillos electrónicos son un producto farmacéutico. Aquí ya no estamos hablando de la hoja de una planta con poderes medicinales como puede ser la hoja del tabaco. Se trata de un producto químico, esencialmente propilenglicol, al que se le añade glicerina y sobre todo la cantidad que se quiera de nicotina y todo lo que uno quiera para darle sabor y olor. Por cierto, el propilenglicol se utiliza como un aditivo alimentario pero también como un lubricante íntimo, también para hacer humo para las prácticas de los bomberos, y también es esencial para la pintura del paintball. Fíjense por dónde vamos a acabar fumándonos las bolitas del paintball.

En fin, señorías, la nicotina que puede tener un cigarrillo electrónico va desde 0 hasta 36 miligramos, que es lo conocido. De ahí en adelante, lo que ustedes quieran ponerle, sin más. Y la toxicidad de la nicotina es dosis dependiente: cuanta más dosis, más tóxico es. Yo no voy a entrar en las cifras de toxicidad, en si tiene que ser 3 miligramos por kilo o no —probablemente, sería una discusión que nos llevaría muy lejos—, pero sí les quiero recordar que diluyendo un solo cigarrillo en agua fría se pueden matar 4 kilos de angulas. Ya nadie sabemos lo que son, pero las angulas,




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que tienen cara y ojos, pueden matarse con la nicotina disuelta en agua fría de un solo cigarrillo; no nos olvidemos de eso. Por lo tanto, la toxicidad existe, y si existe, hay que controlarla, no puede estar libre en el mercado, porque estaríamos haciendo pan con unas tortas. ¿Alguien se imagina que se vendiera jarabe para la tos en cualquier establecimiento comercial —en cualquiera, da igual— sin que nadie supiera su composición exacta y sin que nadie controlara el vehículo en el que va su excipiente activo? Yo creo que nadie lo aceptaría, estaríamos todos rasgándonos las vestiduras y tirándonos de los pelos. Pues eso es lo que puede ocurrir, y de hecho ocurre, porque no existe ninguna regulación, con los cigarrillos electrónicos.

Es más, señorías, si la nicotina no es el tabaco, el tetrahidrocannabinol tampoco es la marihuana. Y se puede añadir THC al propilenglicol, sin ningún problema. ¿Por qué no? Entonces acabaríamos teniendo cigarrillos electrónicos con nicotina y con cannabis. Y si apuramos un poco más, podríamos tener salvia, podríamos echarle opio, podríamos poner muchas más cosas, todo aquello que se pueda disolver en el disolvente y después vaporizarlo. Me parece que cuando todo esto ocurra, acabaremos echando a la guardia de asalto para que vaya por las tiendas a quitar los vapeadores, pero creo que lo que tendríamos que hacer es regularlo previamente y darle un tratamiento legal como producto del tabaco y como medicamento, sobre todo por algo que ha dicho también el senador Iglesias, que la OMS ya tiene claro que esto no sirve como sustitutivo del tabaco, que no sirve para dejar de fumar. Y, aprovechando esta laguna legal, se va a utilizar para fumar donde ahora no está permitido porque la ley del tabaco lo prohíbe y para saltarse una norma que tanto ha costado aceptar socialmente, que tan bien valorada está por el sector médico y que tanto ha costado, por ejemplo a la propia hostelería, en cuanto a que ha tenido que sufrir que la gente no pueda fumar dentro de sus locales.

Por tanto, la regulación que se hace queda muy corta. Es cierto que existe la directiva comunitaria, que tampoco llega a estos extremos. Pero si tardamos tanto en aplicar la directiva comunitaria que se aprobó hace cuatro días como se ha tardado en aplicar la directiva comunitaria de cuya transposición estamos hablando en esta ley, tenemos seis años de plazo todavía para que la gente pueda hacer con el cigarrillo electrónico aquello que le parezca bien.

Señorías, nosotros hemos presentado esas dos enmiendas porque creemos que son necesarias. No estamos muy de acuerdo —ya lo hemos dicho antes— con que se modifiquen otras leyes aprovechando que hay un proyecto de ley sobre la mesa, pero en este caso nos ha parecido tan grave que hemos consideramos que tenemos que enmendar esas dos disposiciones finales, precisamente para preservar la salud de los ciudadanos, para que al final no tengamos que decir eso que la OMS teme: que sí había problemas y efectos secundarios por el uso de los cigarrillos electrónicos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, en este último turno de portavoces no voy a hablar de las enmiendas que ya hemos defendido los distintos grupos, ni de la nicotina y sus capacidades mortíferas. Pero sí me gustaría dejar constancia de la actitud del grupo mayoritario ante esta ley, de su actitud durante el trámite de la ley, y no me estoy refiriendo a su defensa hoy sino a todo el trámite de la ley. Creo que la palabra que mejor definiría su actitud es arrogancia.

Señorías, esta Cámara, el Senado, tiene como función mejorar las leyes. Es una Cámara de segunda lectura. Se trata de introducir nuevas enmiendas, de valorar si se ha producido algún cambio sustantivo en las normas que guardan relación con la ley que se está tratando entre el trámite llevado a cabo en el Congreso y en el Senado, y ustedes han menospreciado esta función y con ello han menospreciado a esta Cámara, porque, tal como se nos anunció en ponencia, no han aceptado ninguna enmienda del total de las doscientas cuarenta y nueve presentadas. Y con un agravante, que en el periodo que va desde el 24 de febrero de este mismo año, cuando el texto del Congreso fue remitido al Senado, hasta hoy, 27 de marzo, se ha aprobado una directiva europea que afecta de lleno a una disposición final, la del cigarrillo electrónico. Pero ni con esas deciden mover ni una coma ni un ápice del texto aprobado en el Congreso.




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Creo que los distintos grupos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar esta norma. Estamos de acuerdo en que esta norma ya aporta mejoras a la actual Ley de consumidores, por supuesto, ¡solo faltaría que no fuera así! Pero, como ha quedado muy claro en el turno del Grupo Parlamentario Mixto, nos parece que Canarias merecería que hubiéramos escuchado sus demandas. Y, por supuesto, nos parece que nuestras enmiendas, o algunas de ellas, se podrían haber transaccionado, igual que las de otros partidos.

Si no iban a aceptar nada, ¿para qué el trámite en el Senado? Díganme ustedes cuál es el partido que no tiene en cuenta a esta Cámara a la hora de legislar; díganme ustedes qué partido es el que ningunea el trabajo de los senadores. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, llevan ustedes dos años legislando, eso sí, a golpe de real decreto ley; cuarenta y cuatro, para ser exactos. En esta Cámara un 60% de los proyectos de ley se han tramitado por urgencia o por lectura única. ¿Le parece a usted muy democrático esto en dos años? Solo veinticinco leyes han seguido un trámite ordinario, y lo peor es que parece que nada va a cambiar su forma de legislar.

Quiero terminar, señorías, diciendo que su mayoría absoluta en ambas Cámaras les garantiza que sus proyectos de ley sean leyes, pero eso no garantiza a los ciudadanos que estas leyes vayan a ser las mejores posibles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde hacer una última intervención breve.

A nuestro entender era imprescindible afrontar el proceso de actualización de una ley que, es evidente, estaba totalmente desfasada y no atendía, en ningún caso, las necesidades de los consumidores.

El mercado en estos últimos años ha cambiado muchísimo y con ello también los hábitos de los consumidores, y eso exigía, evidentemente, una actualización de los derechos y las obligaciones de todos los actores que participamos en el mercado.

La revolución que ha supuesto Internet es indudable. El gran volumen de compras y transacciones comerciales que se hacen a distancia ha provocado la necesidad de actualizar esta ley, y es verdad que en este aspecto la ley propone cambios; cambios que entiendo que pueden ir en la buena dirección. Sin embargo, y lo he dicho antes, esta ley no ha alcanzado el nivel de calidad o de excelencia que todos nosotros esperábamos; no incorpora muchas de las situaciones de importante calado social que era necesario afrontar y, por lo tanto, esta ley no alcanza el nivel que todos pretendíamos.

Sinceramente, después de haber escuchado el turno en contra de las enmiendas sigo sin entender por qué no incorporan ninguna de las presentadas por los diferentes grupos. Les he preguntado, por ejemplo, por qué no incorporan las enmiendas vinculadas a las personas con discapacidad. No entiendo por qué ponen una barrera a estas mejoras que, evidentemente, irían en beneficio de este colectivo.

Comparto la reflexión del senador Iglesias: Si todos los grupos parlamentarios hemos presentado muchísimas enmiendas, muchas de ellas tan similares, ¿no creen que realmente es porque algo pasa? ¿No deberían cuestionarse por qué estamos llegando a este punto y por qué, tristemente, se aprobará una ley sin el acuerdo de todos los grupos parlamentarios? Yo creo que, lamentablemente, ustedes, por culpa del Gobierno, que les está presionando, están tratando este proyecto de ley como si fuera de segunda, cuando en realidad es una ley de muchísimo calado y con un importantísimo impacto en la vida de los ciudadanos. Es una decepción ver que esto acaba así, y lamentamos que no hayan intentado incorporar ninguna de las mejoras propuestas por alguno de los grupos.

Como he dicho antes, es una auténtica decepción y una traición aprovechar una ley, como la de defensa de los consumidores, para intentar anular, arrinconar o no reconocer las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, que, como he dicho antes, reconoce la Constitución. Los consumidores tenemos derecho a ser informados en nuestras lenguas, y eso quiere decir que no solo en castellano,




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sino en la lengua que corresponda en función de la comunidad autónoma de cada uno. Creo que el redactado del texto tiene mucha, pero mucha mala intención. Con esta actitud lo único que consiguen es que cada día nos sintamos más lejos de ustedes. No hay nada más profundo que la lengua con la que cada uno habla a sus familiares, a sus padres, y que se quiera cuestionar eso tiene al final unas consecuencias, y, por tanto, es lamentable que lleguen a este punto.

Evidentemente votaremos en contra del proyecto de ley que hoy proponen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me van a permitir que mis primeras palabras sean para mostrar nuestra más enérgica repulsa y transmitir nuestras condolencias a la familia de María, la última mujer fallecida por violencia de género en Medina del Campo. (Aplausos).

Señorías, intervengo en este turno de portavoces para decir que es llamativo que cuando uno no tiene argumentos tenga que recurrir a chascarrillos, que es lo que ha hecho la senadora Contreras. Primero nos agradece el trabajo realizado, porque hemos trabajado y hemos presentado enmiendas que le parecen adecuadas pero que ahora no es el momento de incluir en este proyecto de ley porque el Gobierno ya traerá otros proyectos donde se podrán incluir. Después nos riñe y nos dice cómo debemos debatir y qué tenemos que hacer. Señorías, ¡que ya somos personas adultas! ¿Pero qué se creen ustedes que son? ¿Ustedes se creen que son el ordeno y mando y que pueden hacer lo que quieran? ¡Un poco de respeto, señorías! ¡Como mínimo, respeto! (Aplausos).

Todo lo que ustedes han dicho aquí son excusas de mal legislador. No han aceptado doscientas cuarenta y nueve enmiendas, todas presentadas por motivos importantes, y como no tienen argumentos para ello deben recurrir a razones que no se sostienen, por mucho que se empeñen en decir lo contrario.

Hoy aquí ha quedado absolutamente claro, y también quedará claro para muchísimos consumidores y usuarios en este país, que ustedes no desean, por ejemplo, que los servicios de atención al cliente sean gratuitos para el consumidor, o que podamos ser atendidos de forma personal cuando llamamos a una empresa para solucionar un problema. Ha quedado absolutamente claro que el Gobierno del señor Rajoy no desea que se prohíba el empleo de contestadores automáticos como medio exclusivo de atención al cliente, o la utilización del número de tarifación adicional; enmiendas que mi compañero ha argumentado de forma muy seria, muy rigurosa y muy contundente.

La senadora Contreras me ha echado en cara que he hablado del cigarrillo electrónico en el veto y no en el turno de defensa de las enmiendas, que es cuando corresponde, y, como le he dicho antes, senadora Contreras, le pido que rectifique lo que dijo en la Comisión de Sanidad, porque eso no es científico ni riguroso, y se está banalizando algo muy serio: el consumo de los cigarrillos electrónicos. Le pido por favor que rectifique.

Nosotros, haciéndonos eco de las organizaciones de los colegios profesionales y de treinta y siete sociedades científicas, todas ellas relacionadas con el ámbito de la salud, presentamos una enmienda, que no es una anécdota; una enmienda para que el cigarrillo electrónico se equipare al tabaco porque tiene riesgos sobre la salud; y no tergiverse lo que dice la Organización Mundial de Salud, cuyo informe de julio de 2013 reitera la posición de precaución y desaconseja su uso hasta que su seguridad, su eficacia y su calidad hayan sido certificadas por algún organismo competente.

Por tanto, con sus intervenciones están banalizando algo tan grave para la salud de las personas como es el cigarrillo electrónico porque, como han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, está claro que no sirve para dejar de fumar, lo que están consiguiendo ustedes es que se pueda fumar cigarrillos electrónicos en el sector del ocio y de la hostelería, cuando todo el mundo tenía ya asumido que no se podía fumar. Lo prohíben en lugares importantes, pero ¿qué va a hacer un niño cuando vaya a un restaurante o a una cafetería?

Además, ustedes incumplen la normativa aprobada por la directiva europea sobre la publicidad, la incumplen totalmente, y no me diga que no porque se la voy a leer textualmente. Aquí venimos con papeles, con seriedad y con rigurosidad. La cuestión de la publicidad se trata en el título III, artículo 18.bis.5, y dice exactamente: «Quedan prohibidas las comunicaciones




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comerciales audiovisuales reguladas por la Directiva 2010/13 para los cigarrillos electrónicos y sus envases de recarga» y esa directiva dice que queda prohibida cualquier forma de comunicación comercial audiovisual aplicada a los cigarrillos y demás productos del tabaco. Son cinco apartados, y yo le he leído uno.

Ustedes incumplen la normativa, pero les voy a decir más, ustedes nos hablan de incongruencia respecto al cigarrillo electrónico. Pues bien, les voy a leer algo. Teresa Cendón Alonso, conselleira del grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Vigo, presenta una moción para el próximo Pleno, —escuche bien, que es una compañera del Partido Popular—, y dice: los cigarrillos electrónicos no tienen la consideración ni de tabaco ni de medicamentos e incluyen, además de nicotina, productos cancerígenos, metales pesados u otras sustancias cuyos efectos de inhalación en el organismo del consumidor no están comprobados. La petición de vetar su consumo en la hostelería es unánime por parte de las sociedades científicas y médicas, por lo que proponemos al Pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo: Instar a la Xunta de Galicia a regular en la comunidad autónoma el uso del cigarrillo electrónico, equiparando el mismo al tabaco. (Aplausos). Señorías, moción del Grupo Popular en Galicia. Y ustedes nos están poniendo verdes y nos están llamando incongruentes e incoherentes; nos están llamando de todo porque pedimos proteger la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y resulta que hay alguien en el Partido Popular al que sí le interesa proteger la salud de sus ciudadanos. Es verdad que es en Galicia, pero tomen nota, y luego no nos digan a nosotros que somos incoherentes porque votamos una cosa en el Congreso y otra aquí; ustedes sí que son incoherentes. Espero que me digan, señora Riolobos y señora Contreras, en el turno de portavoces qué van a hacer con esto.

Por tanto, señorías, se trata de enmiendas muy serias y rigurosas para solucionar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, porque todos somos consumidores, a los que ustedes están machacando con sus políticas de recortes.

Y me censuraba que hablara de los copagos. Claro, claro que sí. Los copagos afectan a los consumidores, a las familias que menos tienen, pero a ustedes eso les da absolutamente lo mismo; al Grupo Parlamentario Socialista no le da lo mismo. Y además llama muchísimo la atención que digan que todas las enmiendas que tienen que ver con los abusos bancarios, con las cláusulas suelo y con las hipotecas se va a hacer posteriormente. Este era el momento.

Varios senadores han hecho mención a una cuestión a la que yo también me voy a referir. Soy valenciana, y si quiero que mi contrato sea en valenciano, ustedes no me tienen por qué obligar a que sea en castellano, porque yo quiero que sea en valenciano porque es mi lengua. (Aplausos). Por tanto, ya está bien del ordeno y mando. (Rumores).

Señorías, podríamos hablar hasta el infinito. Ahora saldrá la señora Riolobos y nos hablará de la herencia recibida. No, ustedes son ya su herencia recibida. Ya llevan dos años gobernando. (Aplausos.—Rumores). Y le voy a recordar a la señora Riolobos que ella estaba muy preocupada por los consumidores cuando estaba en la oposición, y resulta que ahora, de todo lo que dijo no hacen absolutamente nada; ahora que tienen la oportunidad, ahora que tienen la responsabilidad de gobernar. Como no tengo tiempo le voy a leer solo una frase. Carmen Riolobos: «Las familias no pueden soportar más el creciente desequilibrio entre sus escasos ingresos —hoy menos ingresos gracias al Partido Popular— y el incremento de sus gastos fijos: luz, gas y gasolina». Diciembre de 2010.

Hoy, señorías, han tenido la oportunidad de mejorar la ley de los consumidores. No lo han hecho, han despreciado todas las enmiendas, las doscientas cuarenta y nueve, de todos los grupos parlamentarios, y, lamentablemente, ustedes, con su mayoría absoluta, sacarán la ley adelante, pero esa ley no va resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. Creo que es un error.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Fíjese si es un error, que se van a quedar solos votando este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Riolobos.




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La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer, como ha hecho mi compañera, la senadora Contreras, a los ponentes de la ley de los diferentes grupos parlamentarios, en primer lugar, su trabajo y, en segundo lugar, sus intervenciones. Y quiero agradecer, especialmente a la senadora Salanueva, que haya anunciado ya su voto favorable a este proyecto de ley. Por tanto, senadora Llinares, no estamos solos. (Rumores). Tenemos cientos de votos en esta Cámara, y además UPN nos va a apoyar también.

Quiero agradecer la intervención del senador Quintero. Como ha dicho la senadora Contreras, estamos convencidos de que la enmienda justa que ellos plantean se va a corregir cuando lleguen al Senado las leyes correspondientes, tanto de comercio electrónico como de telecomunicaciones.

Al senador Iglesias le quiero agradecer sus palabras, también a la senadora Almiñana y, cómo no, a la senadora Llinares y al senador Toledo. Pero al senador Toledo he de decirle que las gracietas y la demagogia que ha hecho al final de su intervención, sobre todo cuando prácticamente ha denostado por completo la transposición de la directiva y la ley, no me parecen rigurosas ni serias.

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer al equipo de la secretaria general, doña Pilar Farjas, que nos ha estado acompañando en la tribuna, y a su directora general de Arbitraje y Defensa de los Consumidores, Milagros Yagüe, que nos está acompañando toda la mañana en el debate de este proyecto de ley, y para decirles que han hecho una buena transposición de la directiva, que se tienen que sentir orgullosas de ella y que nosotros se lo agradecemos profundamente. Muchas gracias por su trabajo.

Estamos convencidos de que esta ley va a beneficiar —como decía antes— a partir de ya a catorce millones de españoles. Ninguna asociación de consumidores, excepto Adicae —pero por temas de sobreendeudamiento y de cláusulas abusivas—, nos ha dirigido ninguna enmienda para incluir en la ley, lo que quiere decir que es una ley absolutamente correcta desde el punto de vista de su transposición y de defensa de los consumidores. Desde luego, plantea muchísimas novedades que van a ser muy importantes para todos los ciudadanos, como son: más información; acabar con las cargas encubiertas; que el desistimiento sea de catorce días y no de siete; que se tengan que llevar por escrito los contratos, o en soporte duradero; que se pueda aplicar el desistimiento hasta doce meses; que haya un formulario de desistimiento; que no se puedan sobrecargar los costos de los ciudadanos si antes no se ha conocido esa información; que además, cuando se devuelva un producto, que sea el empresario el que tenga que recogerlo cuando no se pueda devolver por correo o de otra manera; que la factura electrónica pueda ser revocada por parte del consumidor, aunque haya habido consentimiento; que el ministerio fiscal tenga mayores competencias en defensa de los consumidores y usuarios. Se han mejorado las oficinas y servicios de atención a los consumidores; se ha mejorado la información en relación con los compromisos de permanencia, sobre todo en los temas de telefonía móvil; se ha mejorado que el tamaño de la letra de los contratos sea mayor; se ha mejorado el tema de la penalización en los contratos y se ha mejorado claramente el tema del spam telefónico.

Respecto a las observaciones que ustedes nos han hecho en el turno de defensa de los vetos, en el de debate de las enmiendas y en el de portavoces, queremos dejar claro que tanto las objeciones como las enmiendas que ustedes han planteado no tienen mucho sentido y por eso no han sido aceptadas. La transposición de la directiva se ha hecho en los términos en que se tenía que hacer. El PSOE, desde luego, no lo hacía así, pues durante su Gobierno tuvieron muchísimos apercibimientos y expedientes por no transponer las directivas en tiempo y forma. Además de esto, creemos que la transposición de la directiva es competencia del Estado y, por lo tanto, es plenamente constitucional. Creemos sinceramente que hay un respeto a las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que así las tienen. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las quejas de los senadores, y que ahora se apunte a ello sin haberlo planteado en ninguna enmienda, ni siquiera en el veto, la señora Llinares, nos parecen absolutamente oportunista.

Creemos sinceramente que se mejoran muchísimo los temas de acción colectiva y de acciones de cesación. Además, se van a incluir —como les hemos anunciado— en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se está estudiando, y es una novedad, que las personas físicas puedan hacer sus concursos de acreedores, como las empresas. Además de esto tengo que decirles —no renunciamos a ello, por supuesto— que los servicios de atención al cliente quedan mejorados, pero sobre todo que llegará muy pronto al Congreso y a esta Cámara un Anteproyecto de Ley sobre el servicio de atención al cliente, que va a recoger todas las enmiendas que el Partido




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Socialista ha planteado y que, lógicamente, las han tenido que plantear aquí porque cuando presentaron la Ley de atención al cliente dejaron que caducara en el Congreso de los Diputados durante dos años y fueron incapaces durante su Gobierno de tramitarla.

Ustedes han puesto objeciones a determinadas cuestiones que han preocupado siempre al Partido Popular, y no vamos a renunciar a ellas, como son: las cláusulas hipotecarias, las preferentes y el sobreendeudamiento familiar. Fíjense ustedes si han tenido que justificar su voto en contra que la mayor parte de las defensas que ustedes han hecho aquí tanto en el turno de portavoces como en el de enmiendas ha ido dirigida a estos tres temas en los que lleva trabajando el Partido Popular desde que llegó al Gobierno para que se resolviera. Yo tengo que recordarles, una vez más, que cuando se presentó aquí una Proposición de Ley para considerar abusivo el suelo de las hipotecas, todos los grupos políticos votaron en contra y, además, en el asunto de los desahucios fue un Gobierno del Partido Socialista y la ministra Chacón quienes aprobaron la ley de desahucio exprés; es decir, no culpen ustedes al Partido Popular de lo que ustedes han hecho.

Y como decía mi compañera, la senadora Contreras, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy ha hecho todo y más para resolver y apoyar a todas las personas que lo están pasando mal con sus hipotecas. En este sentido, además de las leyes y reales decretos correspondientes, se han limitado los intereses de demora a un 3% y, además, solo se puede reclamar después de tres meses de impago; cosa que no había hecho el Partido Socialista.

En cuanto a las cláusulas suelo, las preferentes y el sobreendeudamiento, quiero aprovechar también para felicitar —y ya lo había hecho antes— al presidente de Adicae, Manuel Pardo, y al secretario general, Fernando Herrero, quienes nos han acompañado y están también en la tribuna, sobre todo por los éxitos que están teniendo ustedes en materia judicial en defensa y protección de los consumidores. Están haciendo un excelente trabajo, como la mayoría de las asociaciones de consumidores que están en el Consejo Nacional de Consumo.

En relación con las preferentes, tengo que decirles que es lamentable que el Partido Socialista siga culpando al Partido Popular cuando ellos estuvieron durante dos años, 2009 y 2010 permitiendo la comercialización masiva de este tipo de productos sin poner ningún tipo de veto ni desde el ministerio correspondiente ni desde el Banco de España para que se hiciera así. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha planteado soluciones, y es imposible que en este momento se pueda vender un producto sin la información y la transparencia suficiente; se han llevado a cabo —y esto es muy importante, señorías— laudos y arbitrajes por parte del ministerio para 116 000 expedientes de personas que tenían problemas y se han resuelto en nueve meses, y más de 260 000 preferentistas van a recuperar y han recuperado ya su dinero por valor de casi 2000 millones de euros. Esto es trabajar por los ciudadanos y no lo que ustedes hacían.

En cuanto al sobreendeudamiento familiar, tengo que decirles que ustedes entre los años 2004 y 2011 incrementaron los créditos de estas características en familias y en empresas por valor de 900 000 millones de euros, un incremento de un 90% en la nefasta política económica que ustedes hicieron. En los dos años de Gobierno del Partido Popular se ha reducido en 300 000, hemos puesto veto al sobreendeudamiento y hemos intensificado la prudencia financiera de las entidades.

Y en relación con el cigarrillo electrónico, no comparto que el senador Cazalis haya utilizado esta tribuna específicamente para hablar de este tema, cuando ustedes saben que quien ha puesto las medidas de protección más importantes ha sido el ministerio y el Gobierno del Partido Popular en la norma transada en el Congreso de los Diputados, y cuando está a punto de trasponerse —tenemos dos años— la directiva del tabaco que se acaba de aprobar. Pero les tengo que decir más cosas. Los consejeros de todas las comunidades autónomas están de acuerdo con lo que se ha hecho y no con lo que ustedes planteaban.

Y no quiero terminar mi intervención sin poner en valor todos los hitos en materia de consumo del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy y de la ministra Ana Mato. Y en este sentido, tengo que decirles que solamente en la contención del precio de la luz, que el Partido Socialista permitió que se incrementara un 60% durante su Gobierno, vamos a conseguir que de inmediato se devuelvan a los ciudadanos 680 millones de euros...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando, señor presidente.

... una media de 40 euros por abonado, a 17 millones de españoles, por el trabajo que en esta materia ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Pero es que, además, en las prácticas de arbitraje y laudos, en las hipotecas, en los desahucios, en la creación de la Ecosan, la Agencia Española de Consumidores, Seguridad Alimentaria y Nutrición, se han planteado las mejores y más importantes garantías para los consumidores... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA:...estoy convencida que de todos los Gobiernos que ha habido desde la democracia. (Rumores).

Por eso tengo que decirles que el Partido Popular se siente muy orgulloso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ... del trabajo que se ha hecho en materia de protección de los consumidores, y pensamos que Mariano Rajoy y su Gobierno han puesto las bases para mejorar de una forma fundamental la protección de los derechos de los consumidores.

El señor PRESIDENTE: Termine señoría, ha sobrepasado su tiempo en más de un minuto.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Antes de terminar, quiero aprovechar para dar el pésame a la familia de don Adolfo Suárez, especialmente a su hijo Adolfo Suárez Illana, con quien me une una gran amistad, porque Adolfo Suárez fue un gran hombre, un gran presidente, el arquitecto de la transición ejemplar de nuestro país de la dictadura a la democracia.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.

Comenzamos por las de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, votamos la enmienda número 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 26, 34, 39, 41 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 69; en contra, 164; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 83; en contra, 151; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10 a 12, 18, 20, 21, 32, 33, 35, 38, 42 y 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147; abstenciones, 4.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13 a 17, 19, 22 a 25, 27 a 31, 37, 40 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 160; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, comenzamos votando la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 9; en contra, 147; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 91; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 74; en contra, 147; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 7 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 160; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 78; en contra, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 241, 243 y 244.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 28; en contra, 147; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 242 y 245.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 77; en contra, 157; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 240 y 247 a 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 91; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, comenzamos votando las enmiendas números 65, 72, 77 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 162; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 74, 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 86; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 48, 49, 50, 57, 59 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 66 a 69, 75 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 160; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 51 a 56, 58 y 61 a 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 71; en contra, 160; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 70, 71, 73, 76, 80 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 91; en contra, 146.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 145; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 109 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 75; en contra, 160; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 77; en contra, 146; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 147; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 84, 85, 127, 128, 130, 131 y 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 88 y 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 73; en contra, 160; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 139, 141 y 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 86; en contra, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86, 89, 94, 99 a 102, 106 a 108, 120, 121 y 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 87, 93, 95 a 98, 103 a 105, 111 a 117 y 122.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 158; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 134 a 138, 140 y 143.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 90, 91 y 124 a 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 90; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 75; en contra, 159; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 23; en contra, 147; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 15; en contra, 214; abstenciones, 9

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 27; en contra, 145; abstenciones, 64

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 173.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 15; en contra, 147; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 145 y 150 a 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 18; en contra, 215; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 144, 146, 148, 149, 153 a 157, 159 a 163 y 165.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 86; en contra, 147; abstenciones, 5

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 158, 166 a 172 y 174 a 178.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 146; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 187.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 76; en contra, 160; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 192 y 193.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 158; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 203 y 223.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 74; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 181, 186, 188, 194 a 199, 202, 224, 225, 234 y 236 a 238.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 160; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 200 y la 229.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 162; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 204, 205, 207, 208, 210, 216 y 218 a 220.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 81; en contra, 146; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 180, 182 a 185, 189 a 191, 201, 206, 211 a 215, 217, 222, 226 a 228, 230 a 233, 235 y 239.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 150; en contra, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Aplausos).

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000063)

El señor Presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto. No pararemos para almorzar, y no se votarán las propuestas de veto antes de las dieciséis horas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador López Rodríguez. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor. (Continúan los rumores).

Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Octavio Adolfo): Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 30 de diciembre de 2013, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento ordinario.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 17 de febrero de 2014, presentándose un total de cuatro vetos y 75 enmiendas, de las que han sido retiradas las números 35 y 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los vetos que han sido presentados: el veto número 1, por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 3, por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las setenta y tres enmiendas vivas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 22, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 23 a 34, 36 a 49 y 51 y 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 61 a 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas 53 a 60, del Grupo Parlamentario Socialista; y enmiendas 69 a 75, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El día 25 de febrero se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y emitió informe, acordando lo siguiente: Incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 69 a 72, 74 y 75, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; aprobar una enmienda transaccional, presentada sobre la base de la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y renombrar las disposiciones adicionales sexta y séptima del proyecto de




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ley como disposiciones finales primera y segunda respectivamente, pasando a reenumerarse las disposiciones finales primera a tercera como disposiciones finales tercera a quinta. Asimismo se introducen las adaptaciones oportunas en el último párrafo del preámbulo.

A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Iglesias Fernández, Mariscal Cifuentes, Guillot Miravet, Saura Laporta, Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Grupo Parlamentario Socialista.

Buen debate.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos en primer lugar a la propuesta de veto número 1, presentada por la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite, intervengo desde el escaño para dar por defendida la propuesta de veto presentada por la senadora Capella, que se basa en dos argumentos que comparto: el primero, el rechazo a la privatización del Cesce y, el segundo, la denuncia, como ha reflejado un informe de Naciones Unidas, de que las prácticas que amparan esta cobertura del riesgo de internacionalización en ocasiones suponen dar aseguramiento a proyectos que conllevan vulneración de derechos humanos. Si ello era posible desde una institución de carácter público, una vez privatizada la misma es de temer que se produzcan con más frecuencia situaciones semejantes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 2, presentada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, presento en nombre del senador Saura y mío, y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, este veto, veto a un proyecto de ley que muy bien podría llamarse proyecto de ley para la privatización de un servicio de interés económico esencial y estratégico para la internacionalización de nuestras empresas. Con esta ley se completa el proceso iniciado con el Real Decreto Ley de julio de 2012, que sentaba las bases para la privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que es quien tiene en la actualidad encomendada la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización.

Un primer argumento que el senador Saura y yo vamos a defender es que vetaremos cualquier proyecto de ley que no contemple en qué situación van a quedar los trabajadores y trabajadoras afectadas. En el caso del Cesce estamos hablando de centenares de personas.

En la presentación de este proyecto de ley en el Congreso el ministro De Guindos lo justificaba con los siguientes argumentos: contribuir a la mejora de la competitividad y a una mayor eficacia en las políticas de internacionalización; el excelente comportamiento del sector exportador español; garantizar condiciones de financiación que hagan competitivas a nuestras empresas en el nuevo contexto económico global; la entrada de capital privado en Cesce, que permitirá más flexibilidad para ajustar sus medios, posibilitando una mejora de la gestión; afirmó también que no tiene demasiado sentido que el Estado controle la mayoría del capital de una compañía como Cesce, cuya cifra de negocio, en más de un 80%, proviene de su actividad aseguradora privada; y por último remató diciendo que la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización se rige por una ley de 1970.

Excepto en la necesidad de actualizar una ley de 1970, discrepamos con el resto de argumentos del Gobierno. El Gobierno del PP y el ministro De Guindos en particular están




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instalados en una idea fija, que es la de otorgar al mercado y a la gestión privada unas virtudes originales que no son ciertas. La historia de esta crisis indica todo lo contrario. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué privatizar una compañía bien gestionada, eficaz en su acción de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, que genera beneficios y que es sólida financieramente? ¿Por qué, señorías, privatizar una empresa que tiene riesgos en cartera por cuenta del Estado a 31 de diciembre del 2012 de 17 170 millones de euros, con más de 130 000 clientes y presente en Europa y Latinoamérica? La única respuesta posible es que es por puro ideologismo, en primer lugar. Otra motivación segura es para conseguir ingresos —se calcula que esta privatización reportaría entre 160 y 200 millones de euros— y como muy bien aconseja la doctrina neoliberal, para así privatizar beneficios, una manera elegante de decir que vamos a entregar a manos privadas un chollo como es la Cesce.

Este Gobierno lamentablemente lo único que hace público son las pérdidas. El último ejemplo es el rescate de las autopistas, que va a representar, en definitiva, más deuda pública.

Señorías, la pregunta es: si la exportación va tan bien, algún papel habrá jugado en positivo la actual Cesce, de mayoría pública, en el incremento de estas exportaciones. Hasta el momento —que se sepa— su función de cobertura de riesgos se ha realizado, y satisfactoriamente, para las empresas. Insisto por ello en que no tiene ningún sentido su privatización. Y si en algo hay que mejorar su gestión, hágase, pero manteniendo su carácter público. Después haré referencia a cuestiones que hay que mejorar y modificar sobre los criterios a tener en cuenta en la cobertura de riesgos a cargo del estado de la internacionalización.

Con todo, lo más chocante de este proceso de privatización es la respuesta que han dado los grandes operadores privados de seguros. Les leeré el comentario del señor Juan Saborido, director general ejecutivo de Coface para España y Portugal. Dice la nota de prensa del señor Saborido: en primer lugar que defiende como fundamental que se mantenga el control y el enfoque público de la cobertura de riesgos de la internacionalización. Afirma también que, sin duda, esta parte de actividad debe progresar y avanzar para dar cada día mejores soluciones a las empresas, pero ese objetivo no se puede conseguir haciendo un totum revolutum —evidentemente se refiere a la ley—, que solo complicará y dificultará la gestión de esos intereses.

El señor Saborido cree —y lo comparto— que los seguros por cuenta del Estado deben mantener su carácter y gestión pública, lo que evitaría —nos alerta— entrar en conflictos de intereses y enrevesados planteamientos y además garantizaría una mejor defensa de los intereses de los exportadores españoles.

También nos recuerda que los criterios de gestión deben venir inspirados y guiados por los intereses y la política económica y exterior españolas. Más claro el agua. Se podría justificar este veto con solo plantear cuáles son las opiniones del señor Saborido, un alto ejecutivo de una compañía privada de seguros.

Insisto, señorías: ¿Por qué privatizar una empresa pública que juega un papel estratégico para nuestra economía y que va bien? ¿Por qué privatizar el principal instrumento financiero que dispone el Estado para defender sus estrategias e intereses en la economía global? ¿Ustedes creen, señorías, que el nuevo agente gestor privado va a separar de forma estricta las actividades que realice por cuenta propia y por cuenta del Estado, por mucho que se recoja en el proyecto de ley? Formalmente sí, en la realidad no porque es imposible.

¿Qué es lo que realmente va mal en la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización y que este proyecto de ley ni contempla?

Señorías, las agencias de crédito a la exportación, como la Cesce, son las entidades gestoras de los instrumentos de apoyo financiero a la exportación por cuenta de los Estados. Su misión es apoyar transacciones con riesgo en el ámbito de la exportación que el sector privado no respaldaría o no lo haría a un precio asequible. Esta es su razón de ser. El problema es que, como consecuencia de la crisis financiera iniciada en 2008, esas agencias se convirtieron en la única alternativa para muchas empresas para financiarse a menor coste al mantenerse estables las primas de estas agencias. Con la crisis se incrementó su papel, otorgando créditos asegurados con garantía soberana pero sin una política de evaluación de riesgos más estricta, de tal manera que, en caso de impagos, el recurso a fondos públicos acabaría socializando el riesgo privado. Ni criterios de valoración más estrictos, ni mayor transparencia, ni controles efectivos, situación toda ella que explica que puedan aprobarse por la Cesce la escandalosa operación financiera a cuenta del




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Estado en favor de Sacyr en lo que afecta a la ampliación del canal de Panamá por valor de 316 000 000 de euros.

¿Saben ustedes, señorías, cuáles son los principales destinos del seguro por cuenta del Estado en 2012? Se lo voy a comentar —son datos extraídos de la página web de la Cesce—: un 12% Arabia Saudí, principal exportador de petróleo del mundo; un 6% Estados Unidos, primera potencia mundial; un 10% nuestra vecina Portugal. (Estamos hablando ya de un 30% del volumen total.) Y del 46% Cesce no da información.

Señorías, yo puedo entender que se habiliten o se fortalezcan los instrumentos públicos necesarios para facilitar el crédito a nuestras empresas, y más en estos momentos de acceso difícil y caro al crédito privado, pero una cosa es la cobertura de riesgos y otra el acceso a la financiación. Con este proyecto de ley que amplía los factores considerados de riesgo de una manera inconcreta e indefinida lo único que se va a conseguir es la financiación a riesgo cero de nuestras multinacionales. El papel de la Cesce no puede ser el de asumir los riesgos rechazados por el sector privado sin más, sino el de adoptar una política de asunción de riesgos y precios más acorde con los objetivos de sostenibilidad. Opacidad, falta de control y participación democrática son cuestiones que este proyecto de ley ni considera. Pese a que estamos discutiendo sobre fondos públicos, no se establece ningún mecanismo de información ni de control. Pese a afectar a los Presupuestos Generales del Estado, no se contempla la información ni el control de las Cortes Generales. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de consulta con las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los cuales son usualmente proyectos de alto riesgo socio-ambiental.

La Cesce es acusada desde hace años por las ONG como un opaco mecanismo generador de un mayor endeudamiento para países empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos. Señorías, a 31 de diciembre de 2012 la deuda comercial generada mediante la Cesce de países terceros con España ascendía a casi 3 300 millones de euros —un 20,75% del total—. Esta deuda afecta particularmente a países empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las inversiones. Esta realidad viene siendo denunciada por las ONG dedicadas a la cooperación internacional. Ni se les ha hecho caso en el pasado ni este proyecto de ley hace referencia alguna al principio de respeto y coherencia con los criterios de la acción exterior de la Unión Europea. La regulación de la Unión sobre las agencias de crédito a la exportación es muy clara. Por ejemplo, nuestra Cesce establece que los Estados miembros deben cumplir con los principios generales de la Unión Europea en el ámbito de la acción exterior, tales como consolidar la democracia, el respeto de los derechos humanos, la coherencia de políticas de desarrollo y la lucha contra el cambio climático cuando establecen o implementan sus sistemas nacionales de créditos y seguros a la exportación. Por ejemplo, Arabia Saudí.

¿Esta situación mejorará o empeorará con la privatización de la Cesce y con una nueva ley que no establece de forma meridiana estos límites recogidos en el artículo 21 del Tratado de Lisboa? La respuesta es sencilla: todo irá a peor.

Con todo, el peor ataque a la cooperación internacional se produce en la disposición adicional séptima. Con las modificaciones que proponen del Fondo para la Promoción al Desarrollo (FONPRODE) redefinen el principal instrumento financiero de las políticas de cooperación, asestan con esta modificación, junto con los recortes que en cada presupuesto han ido realizando a la ayuda oficial al desarrollo, un golpe definitivo a la política española de cooperación para el desarrollo y a la coherencia de políticas con los principios y criterios del desarrollo. El Gobierno reorienta estos fondos hacia la parte reembolsable. Otorga al Cofides, dependiente del Ministerio de Economía, el papel identificador, gestor y experto independiente, con lo que difícilmente estos fondos serán orientados a las políticas de cooperación y con los requisitos que estas exigen.

El ministro García-Margallo pierde el control y la gestión del FONPRODE en favor del Ministerio de Economía. No creo que le preocupe demasiado, visto su desinterés por las políticas de cooperación. Lo que más me sorprende es que de vez en cuando apele a la necesidad de impulsar la cooperación internacional. La última vez que lo oí fue a raíz de los sucesos en Melilla. En definitiva, puro cinismo.

Termino, señorías. Como ya es habitual, todo proyecto de ley que presenta este Gobierno incorpora su chapuza legislativa. El Grupo Popular ha introducido una nueva disposición adicional, que es una transacción sobre una enmienda que ya presentó, sobre el régimen patrimonial de las zonas francas.




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Ya me explicarán ustedes qué tiene que ver la cobertura de los riesgos a cargo del Estado a la internacionalización de la economía con el patrimonio de las zonas francas. Nada. Una vez más, hacen uso y abuso, introduciendo cambios y modificaciones de leyes en proyectos de ley que nada tienen que ver. En definitiva, intentan corregir otra chapuza, la reforma local, que dejaba al pairo la presencia y la participación municipal en los consorcios de las zonas francas. Con esto intentan resolverlo.

Por todas estas razones, el senador Saura y yo pedimos el voto positivo a este veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 3 está firmada por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y por los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabatè Borrás, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos coincidiremos —estoy seguro— en que la innovación y la internacionalización son factores determinantes para la competitividad de nuestras empresas y también en la importancia que, especialmente, en el marco de la actual crisis económica en que nos encontramos, tiene ese sector, el sector exterior.

Difícilmente crecerá el empleo con una demanda interna bajo mínimos sin la aportación del sector exterior, que es uno —ni mucho menos el único, pero es uno— que ha de jugar un papel importante en la salida de la crisis y en la recuperación de nuestra economía. A los problemas de atonía del consumo interior y de dificultades en el acceso al crédito, suman muchas de nuestras empresas su escasa dimensión, al ser pequeñas y medianas empresas, con las consiguientes dificultades que eso comporta en su capacidad para innovar y también, precisamente, para internacionalizarse. De ahí la necesidad de reforzar los instrumentos de ayuda a nuestro tejido productivo en este proceso creciente de incremento de su presencia en los mercados internacionales. Y aquí aparece Cesce como uno de los instrumentos, que desde los años setenta ha venido prestando un gran servicio a las empresas españolas en el exterior.

Este proyecto de ley que hoy discutimos tiene casi como único objetivo su privatización total, y muchos nos preguntamos por qué, cuáles son las razones. Cesce es una compañía en la que el sector privado tiene ya una presencia importante —fundamentalmente, como ustedes saben, tres entidades bancarias, y en menor medida, unas aseguradoras; en total, el 49,75%—, además, con presencia de todas ellas en los órganos de administración de la empresa. Es una empresa saneada, con beneficios, que no supone ninguna carga para los Presupuestos Generales del Estado. Al contrario, la mayor parte de su actividad, en torno al 80%, no es por cuenta del Estado, sino compitiendo en el mercado con otras aseguradoras. Digo esto porque es una prueba de su eficacia y de su eficiencia.

¿Será más eficaz y eficiente cuando su capital sea 100% privado? ¿No son eficaces ni eficientes los responsables actuales de Cesce designados por el actual Gobierno? ¿Dónde están y cuáles son las verdaderas razones de esta privatización? Una empresa saneada, con beneficios, con una función pública fundamental —entre las muchas— como es la cobertura por cuenta del Estado de determinados riesgos de las empresas españolas en el exterior, se quiere y se opta por privatizar.

La cuantía de los ingresos que puede suponer su privatización —y el señor Guillot ha hecho alusión a la posibilidad— tampoco justifica la misma. La magnitud del déficit público no se reducirá con ello. Además se privatiza garantizándole que durante ocho años podrá seguir desarrollando las funciones de agente gestor por cuenta del Estado, funciones que, de hecho, hoy desarrolla.

Los argumentos sobre que estará más clara la separación de actividades en la Cesce privada gracias al convenio que efectuará la misma con el Ministerio de Economía, y que argumentaba el ministro de Economía en su presentación en el Congreso, sencillamente creo que no se sostiene. Ya existe esa separación actualmente, solo hay que repasar, entre otras cosas, las cuentas de Cesce.

La comisión de riesgos por cuenta del Estado que prevé el proyecto de ley estará adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad con funciones supuestamente destinadas a reforzar ese control público sobre la gestión por cuenta del Estado que hasta ahora realiza el consejo de Cesce, pero estas se limitan a cuestiones que son un poco de Perogrullo: poder solicitar información al ente gestor —a Cesce, se entiende— para valorar los riesgos que asume el Estado; comprobar que el ente gestor




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destina los medios adecuados; y la obligatoriedad del ente gestor —Cesce, también— de presentar un informe anual de la gestión de riesgos y los recursos destinados, como si eso hoy no se hiciera.

Señorías, no añade ni más eficiencia ni más eficacia ni más transparencia, sencillamente la nueva regulación no aporta ninguna novedad, salvo una: la privatización total de Cesce, de un grupo empresarial con más de 1600 empleados, más de 140 000 clientes, más de 43 000 millones de euros en riesgos concedidos y una facturación de 420 millones de euros en el 2012 y con beneficios de 27,4 millones de euros después de impuestos, además de contar con una importante implantación en Latinoamérica, con la importancia que ello tiene especialmente para muchas de nuestras empresas.

Y este proyecto de privatización se hace mediante este proyecto de ley, cuando más necesario es reforzar todos los instrumentos que ayuden precisamente a la internacionalización de nuestras empresas. Es verdad que la cobertura por cuenta del Estado de riesgos comerciales u operaciones en el exterior a largo plazo, o de riesgos por desastres naturales o de tipo político, como son las expropiaciones, no son, ni muchísimo menos, los únicos a los que se enfrentan las empresas españolas, pero hay que reconocer que en estas últimas décadas la compañía Cesce ha realizado un gran trabajo asumiendo este papel, reconocido positivamente por el tejido empresarial español.

¿Qué mejora notarán nuestras empresas exportadoras internacionalizadas después de la privatización total de Cesce? Ninguna.

Por ello, no entiendo ni veo que este proyecto de ley sea una norma fundamental para la recuperación, y cito textualmente, como la definió el ministro de Economía y Competitividad en su presentación en el Congreso de los Diputados: ¿Le saldrá más barata al Estado la cobertura de riesgo que ahora realiza por su cuenta Cesce? En absoluto. Aquí lo que pasará, tal y como también ha mencionado el señor Guillot, es que un negocio que ahora da beneficios será íntegramente privado —digo íntegramente porque, como decíamos antes, una parte importante del capital de la empresa pertenece a grupos privados—. Precisamente, pasará eso, incluso puede que continúen los mismos directivos, seguramente sin los límites de retribución que tienen hoy —a saber—, pero evidentemente con diferentes accionistas y ya sin el Estado.

Señorías, la balanza comercial ha mejorado sobre todo por la caída de las importaciones, fruto de la debilidad de la demanda interna, más que por el robustecimiento o el crecimiento de nuestras exportaciones, a pesar del esfuerzo de las empresas en mejorar su productividad —eso es cierto— y, por tanto, su competitividad, pensando en el mercado nacional pero también en el mercado exterior, y no siempre con el apoyo necesario de la Administración, que ha ido reduciendo —conviene ponerlo de relieve— los recursos destinados a dar apoyo a nuestro sector exterior. Basta solo echar un vistazo a la evolución presupuestaria de la Secretaría de Estado de Comercio, y especialmente de organismos como el ICEX, para ver la reducción de cantidades presupuestarias en los años 2012, 2013 y 2014, con una ejecución presupuestaria, como ustedes saben, manifiestamente mejorable.

Para finalizar: sumaré alguna razón más a nuestro veto, pues en la tramitación parlamentaria del Congreso el Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda sustancial, como la que se refiere a la reforma del FONPRODE evitando la discusión en los órganos específicos de la Cámara en materia de cooperación y desarrollo. No creemos que este sea el instrumento legislativo adecuado para hacerlo dada la confusión que puede introducir. La cooperación al desarrollo y el papel del FONPRODE y del Cofides tienen nexos de unión con la internacionalización de nuestra economía, pero en este caso conviene diferenciarlos claramente para evitar malos entendidos, aunque la cooperación al desarrollo no se limite a la clásica solidaridad y en muchos casos comporte retornos, algo que es absolutamente legítimo.

En fin, señorías, este es un proyecto de ley innecesario para una innecesaria y contraproducente privatización total de una empresa hoy mayoritariamente pública; una privatización no pedida por sus clientes, no necesaria para el Estado, no sé si sugerida por sus competidores, pero un mal negocio —estoy convencido— para los intereses generales. De ahí la presentación de nuestro veto, para el que pedimos su apoyo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.




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Para la defensa del veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el presidente Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que es bastante evidente que con un proyecto tan interesante como este, con el que vamos a debatir sobre temas del comercio de España, fundamental para la recuperación, no hemos actuado correctamente. Obviamente, no se puede dejar de interrumpir la sesión si va a haber tan poca expectación. Creo que este es un error que debemos corregir en el futuro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Que conste en acta.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Dicho esto, quiero manifestar que este es efectivamente un proyecto de ley que quizá parece recoger una cuestión técnica, pero en realidad estamos discutiendo sobre el proyecto de la recuperación económica española, pues vamos a debatir fundamentalmente sobre la exportación, y creo que es muy importante que sus señorías pudieran participar y escuchar las opiniones de todos para ver si podemos modificar un poco este proyecto de ley.

Para empezar tengo que decir que este proyecto de ley, que presentó aquí el ministro de Economía —ahora no ha hecho acto de presencia—, no ha visto incrementado su apoyo en su paso por el Parlamento, sino que ha disminuido, porque de un veto o enmienda alternativa que se presentó en el Congreso hemos pasado a cuatro. Por tanto, no parece razonable que en el Parlamento no se mejoren las leyes, sino que vayan empeorando a medida que interviene el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular con sus enmiendas. En todo caso, en la presentación de este proyecto de ley en el Congreso el ministro de Economía hacía referencia tanto al alto crecimiento de nuestras exportaciones —que obviamente son fundamentales— dada la debilidad de la demanda interna y la falta de inversión— como a las condiciones de financiación de estas. Si hacemos abstracción de las declaraciones políticas interesadas, y basándonos en cifras reales, el valor de las exportaciones en el último trimestre del año fue simplemente un 1,5% superior a la media del trimestre anterior —un 4,2% en volumen—. ¿Este es el extraordinario tirón de nuestras exportaciones, que el paso de decrecer 1,2 puntos de PIB a crecer extraordinariamente y recuperar empleo se valora solo en un 1,5% más que la media del trimestre anterior?

Por otra parte, las importaciones aumentaron un 7,2% y un 11,9% en volumen, y, evidentemente, aunque aquí no lo parezca porque el Partido del Gobierno nunca lo admite, hay un claro consenso sobre que las exportaciones perdieron mucha fuerza en el último semestre del año pasado. Naturalmente, esperemos que sea un periodo transitorio; en cualquier caso, seguimos teniendo un problema de competitividad, problema que no han conseguido solucionar ni la fuerte devaluación salarial que ha tenido lugar en España y que ha sido admitida por el Banco de España —incluso ha dicho que era mayor— y por la propia patronal, ni tampoco las ganancias de productividad por la vía de la reducción de plantillas en la que se justifica la mayor parte del incremento de la productividad de que presumimos en los últimos años.

Está claro, por tanto, que la vía exclusiva de consolidación fiscal acelerada que hemos vivido en la primera parte de la crisis, y algo amortiguada después, ha fracasado, y se necesita invertir —vocablo extraño— en mejorar la productividad. Se necesita también una mucho menor obsesión en el ajuste fiscal y, sobre todo, una política monetaria que tenga en cuenta que todas estas ganancias de productividad de las que estamos hablando se han producido por el sufrimiento, el desempleo y la devaluación salarial; pero todas ellas son absorbidas por la revalorización del euro, que es la mayor de todas las monedas existentes y que provoca una política que hace que perdamos las ventajas de todos los sufrimientos de costes salariales y de desempleo que estamos padeciendo.

Además, pasamos de discutir si nuestra política monetaria es buena o mala porque tenemos una inflación de referencia, que es el 2%, y cuando hay un supuesto riesgo de que vayamos a excederla, la actuación es fulminante, y cuando es evidente, mes tras mes, que no conseguimos llegar y que estamos prácticamente en inflación cero, no hay ninguna actuación, como si eso fuera bueno y no tuviera ninguna consecuencia, y no es así, tiene consecuencias —y graves— para España, para la competitividad, para sus empresas, para sus instituciones financieras, pero sobre todo y lo más importante, para sus ciudadanos y para el desempleo. Esto hay que evaluarlo y, sin embargo, no se actúa al respecto. Tenemos un euro claramente sobreevaluado con respecto al dólar y otras monedas,




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lo que impide el impulso a nuestra exportación y un crecimiento económico más consistente. Tampoco hay que olvidar en este sentido que los países emergentes, que tiraron del crecimiento en la primera parte de la crisis, actualmente se encuentran con mayores dificultades de crecimiento.

Sin embargo, la nota informativa de Cesce nos mete de lleno en las intenciones de este proyecto. Si el ministro decía que las condiciones de financiación son fundamentales, según Cesce —y según la evidencia pero nos acogemos a su opinión autorizada porque esta compañía es claramente profesional e informada de la situación— persisten las diferencias en el precio de la financiación entre el norte de Europa, y aún más con los norteamericanos, sobre todo si la financiación se denomina en dólares, como es evidente por el hecho anteriormente expuesto. Pues aquí estamos hablando de la unión bancaria, sabe Dios para cuándo, y hemos conseguido que haya un supervisor único pero cada uno tiene que pagar por su cuenta, como siempre, es decir, hemos hecho un avance fundamental.

Sigue diciendo el texto: Por otro lado, el aumento de la financiación directa de las ECA u otras agencias estatales de fomento financiero a la exportación no ha hecho más que incrementar la brecha entre las distintas ofertas financieras con apoyo público en el seno de la OCDE. Los eximbanks norteamericanos y asiáticos han alcanzado niveles récord de concesión de financiación a unos precios —dice— y, sobre todo, a unos plazos con los que la banca privada puede difícilmente competir. Es decir, no solo tenemos ese problema de financiación, tenemos un problema de grandes diferencias de financiación y tenemos el problema de que sacamos a oferta pública la venta de la mayoría de Cesce, teniendo en cuenta que las dificultades de financiación no se van a solucionar por esta vía.

En cualquier caso, estos son, profesionalmente hablando, los hechos, y no desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista de hacer un negocio privado, obviamente. Porque para responder a esta situación, nuestro Gobierno propone esta ley que, ante la posibilidad de la pérdida de la mayoría pública de Cesce que establecía la Ley 10/1970, de 4 de julio, que se modifica por el Real Decreto Ley 20/2012, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad —otra vez esta maldita ley—, trata de garantizar el interés público en la actuación por cuenta del Estado del agente gestor. Una justificación para una privatización que, obviamente, como se puede ver, no proporciona la seguridad de que se vaya a mejorar la actuación pero, en cambio, sí que es una pesadilla, sobre todo porque se genera una incertidumbre muy clara, además de para la actuación del Estado, que va a tener dificultades evidentes de colusión, también para una plantilla de mil seiscientos trabajadores aproximadamente que han conseguido incrementar el crédito y los beneficios de la compañía en la difícil situación actual.

Por otra parte, Cesce también nos dice cuál ha sido la respuesta europea ante esta situación de dificultades de financiación de la que estamos hablando. En respuesta a la crisis —nos dice—, muchos países europeos han creado o relanzado esquemas de financiación, fondeo o refinanciación con fondos públicos, y ello a pesar de que los precios de los productos que ofrece Cesce a nuestras compañías están regulados por el consenso de la OCDE. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues justo lo contrario, con este proyecto de ley vamos a poner más dificultades para la actuación del sector público y vamos a introducir más incertidumbre también. Por tanto, aparte de la atención para el proyecto y para el comercio exterior, que es fundamental, pido, lógicamente, la retirada, el veto, porque no parece, insisto, que vaya a incrementar la seguridad ni tampoco a mejorar la financiación.

Y por lo demás, si no fueran motivos suficientes los que he expuesto, hay dos cuestiones que son también claras: una, la disposición final primera y, dos, la disposición final segunda, en la nueva ordenación del proyecto que, obviamente, no tienen nada que ver. ¿Esta técnica legislativa es nueva? No. Esta es una técnica legislativa que se ha utilizado en otras ocasiones. ¿Es recomendable? En absoluto, pero en este caso es absolutamente injustificable. Cuando se ha utilizado el argumento de introducir algo que no tiene nada que ver con el proyecto de ley en un proyecto de ley, se ha utilizado siempre por razones de urgencia, y sobre todo se ha utilizado siempre con el compromiso de todos los interlocutores que participaban en la cuestión. En este caso, lo introducen mal y no de forma consensuada, por tanto, inadecuadamente, y es inaceptable esta situación que por sí misma provocaría ya el veto.

Además, quiero decir, para terminar y fundamentalmente, que en un caso concreto se trata de cambiar la legislación de la cooperación indebidamente, porque se excluye a los interlocutores en




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materia de cooperación española y, por tanto, en realidad se hace un fraude de la ley. La segunda parte es muy importante también porque ahora estamos hablando de las zonas francas que se van a modificar por esta vía, pero, ¿hemos discutido en España el interés de las zonas francas? La ley que regula las zonas francas es de los años veinte. El sentido que tenían las zonas francas, que han sido motivo de conflicto prácticamente permanente, por razones de fraude fundamentalmente, era el de intentar apoyar la industria local en relación con la exportación, pero ese sentido se perdió desde que está en vigor el código aduanero europeo, y ahora, de repente, hay una petición ingente de zonas francas. ¿Pero es que queremos convertir esto en un país maquilero? Sí que parece que sea la vía porque ciertamente estamos rebajando derechos de los trabajadores y rebajando salarios también. Pero no parece adecuado que discutamos sobre las zonas francas en este ambiente. Parece más adecuado discutir sobre ellas en el ámbito general y ver si nos conviene o no y no aceptar peticiones y luego quejarse de que hay evasión de impuestos o especulación urbanística.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Lerma.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Compañeros senadores, en primer lugar, quiero agradecer el tono de los distintos portavoces y las formas que están teniendo para con este proyecto de ley. Así se puede debatir, tono que es recomendable para todos los proyectos de ley. Defenderé, en primer lugar, el proyecto de ley en contra de las propuestas de veto que algunos de los grupos parlamentarios han presentado y justificaré mi intervención poniendo de manifiesto los excelentes resultados en materia de comercio exterior y también la conveniencia y la oportunidad de la reforma de esta normativa que data del año 1970.

Eficiencia y eficacia, estos son, señorías, los dos objetivos principales de las políticas de internacionalización de nuestro Gobierno desde el primer momento en que tomó posesión del mismo. El presidente del Gobierno y su Ejecutivo pusieron toda su confianza en el sector exterior y en los dos objetivos que acabo de mencionar, conocedores de la importancia que este tiene en momentos de crisis profunda como los que hemos vivido y que estamos empezando a superar poco a poco. Somos conscientes de la importancia que tienen para la recuperación económica y la creación de empleo las políticas que dan impulso al sector exterior, ya que son uno de nuestros mejores activos de presente y de futuro al convertirse en un elemento estructural para el crecimiento a largo plazo de nuestra economía.

En los últimos meses han sido muchas las empresas que se han incorporado y han apostado por el mercado exterior, de todos los tamaños y actividades empresariales, haciendo de sus bienes y servicios unos productos de calidad y competitivos. Estas operaciones mercantiles exteriores, aparte de suponer unos importantes beneficios para el conjunto de nuestra economía, han supuesto el motor de arranque del comienzo de nuestra recuperación y de la vuelta a la confianza en nuestro país. Es precisamente a las empresas, por su carácter emprendedor y expansionista, por su dedicación y esfuerzo incansable, a quienes les tenemos que demostrar nuestro agradecimiento por lo positivo que supone para el conjunto de nuestra economía. Ello, junto con las políticas emprendidas por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, hace que veamos cada vez más cerca la salida de la crisis y que miremos nuestro futuro con más confianza.

Nuestras exportaciones han crecido a lo largo del año 2013 de forma clara y contundente. Nuestra balanza comercial cerró el pasado año con un superávit de 7130 millones de euros, lo que ha permitido a la economía española financiarse por sí misma desde junio del pasado año. Hace cinco años España tenía un déficit en la balanza de pagos más alto del mundo, casi un 11% del PIB, es decir, 110 000 millones de euros, y ahora, gracias al auge precisamente de las exportaciones, se ha conseguido el superávit.

Señorías, el sector exterior es el impulsor de un crecimiento más sostenido al ser más dinámico, más productivo y más competitivo. La cobertura por cuenta del Estado del riesgo de la internacionalización por medio de distintos mecanismos aseguradores ha supuesto una confianza extraordinaria en las políticas comerciales. Por medio de este mecanismo el Estado da cobertura a los riesgos dependientes de distintas operaciones de internacionalización. El seguro de crédito




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de las exportaciones data del año 1970, y se le atribuía a Cesce, Compañía Española del Seguro de Créditos a la Exportación, la gestión del seguro por cuenta del Estado.

Señorías, han pasado cuarenta y cuatro años desde esta norma. Creo que el Gobierno acierta a la hora de justificar con este proyecto de ley la adaptación a nuestros tiempos de una realidad social, política y económica diferente a cuando se implantó. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley 20/2012, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se hace imprescindible esta nueva ley que sigue garantizando los riesgos de internacionalización de nuestra economía. Con esta ley lograremos una eficacia en las políticas de internacionalización y contribuirá a la racionalización del sector público que ha sido, es y será uno de los objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con esta ley se mejora el marco legislativo y se adapta a un mercado más globalizado y competitivo. En el Decreto 20/2012, que anteriormente hemos mencionado, se sentaban las bases para la privatización de Cesce. La participación de capital de Cesce está en este momento en el 50,25%; con la presencia de un mayor capital privado, Cesce se convertirá en una entidad similar a otras agencias de crédito a la exportación europea con unas afianzadas estructuras societarias y jurídicas.

La entrada de capital privado permitirá una mayor flexibilización para ajustar los medios con el propósito de mejorar todavía más la gestión. Decía el señor ministro de Economía, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que en una compañía como Cesce, en la que el 80% de la actividad de negocio proviene de la actividad aseguradora privada, carece de sentido que sea el Estado quien controle la mayoría del capital. La cobertura por cuenta del Estado se llevará a cabo por un agente gestor, quien desempeñará sus funciones de conformidad con los órganos responsables de la política comercial española. De tal modo, se creará una comisión de riesgo por cuenta del Estado, quien controlará la gestión del seguro realizado por el agente gestor, quien velará por que dicha gestión se realice con la diligencia y con las garantías que precisa nuestra política comercial y así poder competir en igualdad de condiciones.

El agente gestor diferenciará de forma clara las actividades que se realicen por cuenta propia y aquellas que se realicen por cuenta del Estado. Será la Secretaría de Estado de Comercio la que acreditará la inexistencia de conflicto de intereses por parte de este agente gestor. Dado que es un interés general de la política comercial española, el agente gestor asumirá la gestión de este servicio, de tal modo que el Estado será el garante de las coberturas concertadas por su cuenta. Dichas coberturas estarán limitadas en los Presupuestos Generales del Estado. La cobertura que ofrece el Estado con este mecanismo son aquellos riesgos que el mercado no cubre. Estos riesgos son los derivados de operaciones a largo plazo, los extraordinarios como resultado de desastres naturales y los denominados de tipo político como consecuencia de expropiaciones o conflictos armados.

Esta ley lleva aparejada la creación de un fondo de reserva de los riesgos de la internacionalización, facilitando al agente gestor los recursos necesarios para mejorar su capacidad de actuación. Tal y como contempla la ley, Cesce será el agente gestor durante ocho años. De este modo, las empresas, inversores y entidades financieras estarán apoyados en todo tiempo por Cesce, en la confianza de que mejoraremos en eficacia y en eficiencia.

La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado contará, entre sus objetivos de control, entre otras funciones, con las siguientes: Solicitar del agente gestor cuanta información le sea precisa para valorar los riesgos que asume el Estado; comprobar que el agente gestor destinará los medios adecuados para aumentar la productividad y su eficiencia; y solicitar al agente gestor un informe anual de gestión de riesgos y los recursos destinados para cumplir el objetivo de su actividad.

El fondo de reserva y sus recursos estarán constituidos principalmente por las primas recaudadas, por los derechos económicos, recobros y comisiones generados. Para poder hacer frente a posibles desviaciones que en la cobertura de riesgos por cuenta del Estado se pudieran producir, en los Presupuestos Generales del Estado se contemplará un crédito que garantice dicha posibilidad, siendo el espíritu de este apartado que el fondo sea autosuficiente sin necesidad de las aportaciones estatales.

Señorías, este proyecto de ley es un modelo más eficiente, más claro, más dinámico y más competitivo que el que se puso en marcha en el año 1970. Es cierto que este modelo de gestión del seguro de crédito pasará a manos privadas dando posibilidad a más entidades financieras y aseguradoras, pero también es cierto que la supervisión y el control de la cuenta del Estado




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seguirán siendo públicos, dado que estamos hablando de un interés económico general y de continuar favoreciendo la internacionalización.

Tal y como también se dijo en el Congreso de los Diputados, este proyecto de ley tiene su base en un contenido técnico y poco político. Por tal motivo y por lo expuesto anteriormente, ya les anuncio que nuestro voto será en contra de los vetos presentados por los distintos grupos parlamentarios a esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra el senador Iglesias. Gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hace uso de la palabra. Gracias, senadora Iparragirre.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, es evidente que estamos en un proyecto de ley importante en cuanto que afecta a la internacionalización de nuestra economía y, por lo tanto, a nuestro sistema productivo y, en definitiva, a uno de los instrumentos al servicio de la internacionalización de nuestras empresas.

Como ya indiqué también en la comisión correspondiente para elaborar el dictamen, si bien compartimos algunos aspectos generales que recogen los planteamientos que se han expuesto aquí con relación a los vetos presentados, en especial por lo que hace referencia al papel que ha desempeñado Cesce en los últimos años y la importancia de los instrumentos al servicio de la internacionalización, no compartimos la mayoría de los motivos expuestos en dichos vetos. Creemos que este proyecto de ley es globalmente positivo. Define un nuevo modelo de gestión que no persigue un objetivo exclusivo de caja, sino que mejora la eficiencia y la gestión del instrumento, pero creemos también, aun con una valoración globalmente positiva, que debieran incorporarse aspectos que garanticen el cumplimiento de las funciones que este instrumento debe seguir acometiendo y los objetivos a los cuales no puede renunciar. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

En la presentación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados en su día, concretamente el 21 de noviembre, el ministro de Economía expuso las líneas maestras que, a grandes rasgos, podríamos decir que compartimos. Es evidente que hay que dotar de mayor eficacia a las políticas de internacionalización y a la contribución a la racionalización del sector público. El sector exterior tiene que ser motor de recuperación y la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización tiene que ser un instrumento esencial de la política comercial, así como garantizar a nuestras empresas exportadoras que tengan condiciones similares a las de nuestros competidores. También estaríamos de acuerdo en que en una compañía como Cesce, en la que más de un 80% de su cifra de negocio proviene de la actividad aseguradora privada, no tiene demasiado sentido que el Estado controle la mayoría del capital. Pero, a pesar de esta valoración global positiva que hacemos, a la que más adelante me referiré, sin duda hay aspectos que se deben mejorar.

En esta línea hemos presentado las enmiendas, que también defenderé en su momento, que pretenden justamente la mejora por la que nosotros entendemos que debe pasar este proyecto de ley, por lo que en estos momentos no vamos a apoyar los vetos en cuestión por las razones que ya he argumentado, aunque, de entrada, sí quiero manifestar a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular que tengan muy en cuenta nuestras enmiendas a fin de mejorar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Grupo Socialista? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aroca.




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El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Seré muy breve.

A pesar de que algunos de los portavoces no están aquí y no han hecho uso de la palabra, quisiera contestar en algunos de los aspectos sobre la motivación que se expuso en la Comisión de Economía y Competitividad, así como sobre la argumentación esgrimida en la presentación de los vetos.

Con referencia al veto número 1, presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, he de decir que esta ley en ningún momento supone una violación de los derechos humanos o aspectos medioambientales, ya que cumple con toda la normativa vigente y no sería lógico ni tendría mucho sentido que el Gobierno de España contraviniese la normativa de la Unión Europea. Además, se establecen mecanismos adicionales de refuerzo para el agente gestor con el fin de asegurar que este contraste que los proyectos a los que se da cobertura oficial adoptan las prácticas y medidas adecuadas de prevención y mitigación de los riesgos medioambientales, así como de lo que se refleja en el artículo 3.7 de esta ley.

En relación con el veto número 2, presentado por el Grupo Entesa, y con lo expuesto por varias de sus señorías sobre el Fondo para la Promoción del Desarrollo, el objetivo del Gobierno es clarificar las operaciones financiables con cargo a este. Por lo tanto, no se puede hablar de una reforma ni en profundidad ni sustantiva, puesto que de lo que se trata es de clarificar y facilitar la gestión del fondo y, de modo muy especial, en aquellas operaciones reembolsables. De tal modo, Cofides, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, pasará a realizar determinadas actividades que hoy realiza para el FONPRODE España, Expansión Exterior, también dependiente de la misma Secretaría de Estado de Comercio. Cofides dispone de una gran experiencia en el análisis de riesgo y financiación de los proyectos, que ahora pondrá en manos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, Aecid. Por lo tanto, en ningún caso habrá traspaso de competencias o funciones de un ministerio a otro.

Señorías, la incorporación de Cofides dentro del esquema organizativo de la cooperación española obedece a la articulación más eficiente de los recursos de los que se dispone para la cooperación, obteniendo mejores resultados con el menor coste posible, y con la modificación de la Ley 23/1998 se confiere a Cofides unas determinadas funciones en materias como la identificación de proyectos, supervisión y control, elaboración de informes, instrumentos de préstamos o evaluación de proyectos, entre otros.

En relación con los vetos 3 y 4, los seguros de crédito por cuenta propia constituyen una actividad privada, por lo que no tiene justificación que los gestione una empresa pública. Se trata de un negocio privado en el que compiten empresas privadas y en el que no hay ningún interés público que pueda justificar el destino de recursos públicos para este tipo de negocio.

En cuanto a la gestión de la cuenta del Estado, seguirá estando controlada por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado y tendrá carácter público, por lo que en ningún momento quedará sin garantía.

Nosotros entendemos y respetamos que se presenten tantos vetos como se consideren precisos, pero creemos que con las enmiendas presentadas tal vez se podría haber mejorado el texto. En cualquier caso, les pido que también respeten que el Gobierno evalúe estas enmiendas y las pueda aceptar o no, dentro de su legítimo derecho; al igual que ocurriera con Gobiernos anteriores, cuando el Grupo Popular estaba en la oposición, presentaba sus enmiendas, presentaba sus vetos y el grupo mayoritario los rechazaba.

Quiero agradecer al senador Alturo sus palabras relativas a no presentar ningún veto y el reconocimiento de que las exportaciones, como todos los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto ―aunque usted ha hecho más hincapié―, están jugando un papel muy importante en la recuperación económica.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.




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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto. Para la utilización del voto telemático estaban autorizadas las senadoras García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva, quienes han votado en contra de todas las propuestas de veto, con lo cual los añadiré a las votaciones en el hemiciclo.

Empezamos votando la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella, del Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 156, más 3 votos telemáticos, 159; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224, más 3 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 155, más 3 votos telemáticos, 158; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos, 159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos, 159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Terminadas las votaciones, y rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas, comenzando por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, que han presentado las enmiendas números 1 a 22 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias.

Si nos lo permite el señor presidente, doy por defendidas las enmiendas y, dado que resultan coincidentes con las que va a defender el senador Guillot, me sentiré reflejado con lo que él manifestará, de forma seguramente mucho más acertada y brillante que yo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda número 68.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.




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La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí.

Con su permiso, desde el escaño, voy a defender la enmienda que hemos presentado, la número 68. A pesar de ser una fórmula o, como antes ha citado algún otro senador, una técnica legislativa a la que ya nos tienen acostumbrados en el Gobierno, en este caso, y tratándose de un proyecto de economía, se nos cuela una disposición adicional en la nueva numeración final que hace referencia al Fondo para la Promoción del Desarrollo. Dicho apartado no se ha debatido ni discutido en el seno de la Comisión de Cooperación del Congreso ni en el Consejo de Cooperación, que no ha tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladada al Senado, al igual que el resto de agentes de la sociedad civil. En la Comisión de Economía del Senado se solicitaron comparecencias en varias ocasiones para aclarar dicha disposición adicional con anterioridad al debate en Pleno, pero no fueron aceptadas.

Dicha modificación de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, afecta principalmente a tres artículos: el número 2, líneas de actuación y operaciones financiables con cargo al FONPRODE, el número 4, gestión, y el número 5, identificación de acciones. Entendiendo, pues, que no ha sido adecuadamente evaluada, o al menos que no se aporta ningún elemento que acredite que lo haya sido, que tampoco ha sido debatida en los órganos de cooperación previstos al efecto, y que supone una profunda modificación y reorientación de la normativa que afecta a aspectos nucleares de la misma, consideramos que debe ser suprimida dicha disposición adicional. Y por ello presentamos esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, enmiendas números 23 a 34 y 36 a 44; y el segundo, enmiendas números 45 a 49, 51 y 52, y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 69 a 72, 74 y 75 y la propuesta de modificación aprobada sobre la base de la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa del primer bloque, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, me imagino que el senador Aroca, portavoz del Grupo Popular, se ha podido quedar sorprendido —hablaré por mí— de que no utilizara el turno de portavoces. Y no lo he utilizado, porque el senador Aroca no ha contestado a nuestras intervenciones; nos ha repetido lo que dice el preámbulo de la ley, más la intervención del señor De Guindos, del ministro De Guindos, en el Congreso cuando presentó este proyecto de ley.

Antes de entrar a defender las enmiendas voy a hacer referencia a siete cuestiones que me preocupan, y me preocupan mucho, de este proyecto de ley. La primera es que en todo el proyecto de ley no se tiene en cuenta a los mil seiscientos trabajadores actuales de la Cesce, es decir, con la aprobación de este proyecto de ley no sabremos exactamente qué va a pasar con ellos.

En segundo lugar, hay un debate —me imagino que como las cifras son positivas, el Partido Popular y el Gobierno se cogen a ellas como a un salvavidas— sobre si la balanza de pagos se debe al incremento de las exportaciones —es cierto que se han producido— o al descenso de las importaciones. Si uno hace la suma de lo que han crecido las exportaciones y lo que han decrecido las importaciones encontrará por qué estamos en una situación en positivo. Pero, sobre todo, si hace la suma correctamente verá que el factor fundamental es el descenso de las importaciones. Por otra parte, quiero recordar que la Amec, la Asociación Multisectorial de Empresas, anteayer ya nos alertó de que la posibilidad de seguir exportando, el incremento de nuestras exportaciones del sector exterior, estaba llegando al límite.

Miren, señorías, yo podría entender la posibilidad de privatizar el 80% de las operaciones de seguros que realiza actualmente la Cesce, que puede entrar de lleno en lo que sería la lógica del sector privado, de las operaciones a corto, la información, etcétera. No entiendo tanto si ahora es el momento de realizar esta privatización. Y lo que ya no puedo entender es que se intente privatizar todo, también la cobertura de riesgos a cuenta del Estado de la internacionalización de nuestra economía. Porque, insisto, los criterios de gestión deben venir y tienen que estar inspirados y guiados por los intereses y la política económica exterior de nuestro país, y quien mejor puede garantizar eso es el sector público, quien mejor lo puede garantizar es el Estado, con lo cual no




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entiendo por qué privatizar esta cobertura de riesgos. Es más, en todo el debate se está produciendo una cierta confusión entre lo que es el acceso a la financiación de las empresas exportadoras y lo que es la cobertura de riesgos, confusión por la que se ha llegado al extremo por parte de la misma Cesce de hacer un aval de 316 millones a una operación como es la participación de Sacyr en la ampliación del canal de Panamá, donde el sobrecoste, evidentemente, no es ningún riesgo sino fruto y efecto de determinada gestión.

Ustedes insisten en un concepto que hoy en día está por demostrar, más allá de la ideología, como es que la gestión mejorará siempre que esta esté en manos privadas. Pero, disculpen, hoy por hoy, esta compañía, con mayoría de capital público, está realizando una gestión efectiva, y así lo reconocen las empresas exportadoras.

Por otro lado —otros portavoces ya han hecho referencia, y seguiremos insistiendo en esto—, no es de recibo que en una ley que afecta a la cobertura de riesgos por parte del Estado de la internacionalización de nuestra economía se cuele un punto que afecta a las zonas francas. Antes el senador Lerma lo ha explicado de manera muy brillante. No es de recibo. Como tampoco es de recibo que se modifique la Ley del FONPRODE a partir de una disposición adicional. Creemos que lo correcto hubiera sido traer la Ley del FONPRODE y que ustedes hubieran planteado en la Comisión de Cooperación, que tiene competencia legislativa, aquellos aspectos que habría que modificar y, a partir de ahí, discutir y ver cuál era el acuerdo o no acuerdo al que podíamos llegar. Porque, por mucho que el senador Aroca insista, el Cofides tiene una manera de observar y una lógica absolutamente diferente a los criterios que inspiran la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo. El FONPRODE marca unos límites a la cooperación reembolsable y el FONPRODE se inspira en los criterios y directrices de los planes directores. Todo ello forma parte del acervo del Ministerio de Exteriores y de Cooperación y, evidentemente, no forma parte ni de las preocupaciones ni de las prioridades ni de la lógica del Ministerio de Economía y Competitividad.

En mi grupo, al igual que los senadores de Izquierda Unida, el señor Mariscal y el señor Iglesias, hemos presentado veintiuna enmiendas. Las voy a resumir de una manera muy agrupada, porque, en definitiva, responden a la lógica del veto que he presentado y en parte a lo que ahora mismo he explicado.

Hay un primer bloque de enmiendas que pretende preservar el carácter público y la mayoría de capital público en la Cesce. Son las enmiendas 24, 32 y 40. Creemos que debe seguir siendo un instrumento público y que su privatización no tiene ninguna razón, ninguna lógica, ninguna justificación.

Un segundo bloque de enmiendas se refiere a clarificar y concretar los riesgos a cubrir por cuenta del Estado. Estamos hablando de riesgos extraordinarios. Ni estamos hablando de un sistema de financiación o de acceso al crédito —para eso está el ICO, el Instituto de Crédito Oficial— ni estamos hablando de otra cuestión; estamos hablando, insisto, de cubrir riesgos extraordinarios que nuestras empresas puedan tener en su presencia en el exterior. En este bloque están las enmiendas 25, 26 y 27. La indefinición, la inconcreción, la ampliación de aspectos que se consideran riesgos crean, al final, una situación donde cualquier cosa puede ser cubierta y asumida por parte del Estado.

Un tercer bloque se refiere a incorporar los criterios de Naciones Unidas y la Unión Europea en cuanto a cuál debe ser la lógica en relación con el respeto a los derechos humanos, de anticorrupción, de sostenibilidad ambiental, etcétera, que deben tener estas políticas por parte de Cesce; no cubrir armamento y material militar, no generar deuda a países empobrecidos, que es otro de los problemas que actualmente tenemos encima de la mesa, y lo que antes decía de la corrupción. Son las enmiendas 28, 29, 30 y 31.

Un cuarto bloque está referido a la necesaria información y control. Es incomprensible que en una ley que contempla la posibilidad de financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado de estos fondos no se contemple la posibilidad de que las Cortes Generales puedan ejercer su acción de control y seguimiento, de la misma manera que, al igual que recomiendan las ONG dedicadas a las políticas del desarrollo, es importante que las comunidades afectadas por la intervención de estas empresas tengan la información necesaria y suficiente. Aquí hay un falso debate respecto de la confidencialidad y la transparencia, y en este sentido creemos que en todo lo que afecta a dinero público, en todo lo que afecta a intereses públicos, evidentemente la transparencia debe primar respecto de la confidencialidad.




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La enmienda 42 propone suprimir la reforma del FONPRODE. Creo que esta reforma es un atentado más por parte de este Gobierno, que ha llevado a cabo recorte tras recorte en los Presupuestos Generales del Estado en materia de ayuda oficial al desarrollo. Y ahora ustedes van a maltratar el principal instrumento y el mejor dotado económicamente por parte del Gobierno, que es el FONPRODE.

Y, por último, la enmienda 43 insiste en la necesidad de garantizar el empleo que hoy en día genera la Cesce.

Estas son las enmiendas que han presentado los senadores Mariscal e Iglesias, y estas son las enmiendas que defiendo en nombre del senador Saura y en el mío propio en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, para las cuales pido su apoyo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa del segundo bloque de enmiendas, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado ocho enmiendas a esta norma, fruto, entre otras cosas, de nuestra posición radicalmente en contra de esta. Es un conjunto de enmiendas que intentan garantizar la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de una entidad importante, pensamos que fundamental en el apoyo a nuestro sector empresarial en su actividad internacional, y que se pretende privatizar, a nuestro entender, entre otras cosas, de forma injustificada.

Y proponemos suprimir también las actuales disposiciones finales, que son un poco fruto de esa manera de hacer, de legislar por la puerta de atrás, sin consulta ni debate, en materias alejadas del objeto de la ley y tan sensibles como es la cooperación al desarrollo en este caso.

En primer lugar, con las enmiendas números 45 y 46 proponemos la modificación del artículo 4, apartado 7, para asegurar, por un lado, que el agente gestor tenga obligatoriamente una cuenta propia al margen de la cuenta del Estado, precisamente como garantía de eficacia en la gestión del seguro de crédito. Con esta salvedad se busca mantener la composición y gestión actual de Cesce, pese a perder el Estado la mayoría del capital social de la misma si el proyecto es aprobado, como finalmente nos tememos. Por otro lado, es importante garantizar, ante una eventual privatización, que es lo que prevé la ley, el mantenimiento de la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de Cesce. Y para ello con la enmienda 46 proponemos respetar la plantilla fija y las condiciones laborales existentes, mantener la sede social en España, conservar los fondos propios, y someter a la autorización previa del secretario de Estado de Comercio cualquier futuro proceso de reestructuración empresarial de la misma.

El siguiente bloque de enmiendas presentadas, las números 47 y 48, versan sobre el régimen transitorio de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación como agente gestor. En primer lugar, proponemos ampliar de ocho a diez años la prestación de esos servicios de gestión de los instrumentos de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la empresa, dando continuidad a la que pensamos que es una excelente gestión de la compañía. Y, en segundo lugar, y al igual que hemos manifestado en la defensa de nuestro veto, no se entiende cómo se facilita un proceso de privatización de una compañía que cumple holgadamente con sus objetivos y logra beneficios y al menos no se prorroga su actividad en el caso de que la privatización no se produzca. Por tanto, con la enmienda número 48 proponemos que en caso de que Cesce continúe como agente gestor, que lo prevé la ley, que sea por diez años más y una prórroga de cinco.

Mediante las enmiendas números 51 y 52 incluimos dos disposiciones adicionales nuevas. La primera propone garantizar la estabilidad en el número y en las condiciones laborales de los actuales trabajadores de Cesce durante el período en el que siga ejerciendo de agente gestor. Y con la segunda enmienda, la numero 52, limitamos las remuneraciones e indemnizaciones por cese de los altos cargos de Cesce, aplicando el régimen retributivo vigente para los directivos de las compañías públicas mientras que dicha compañía mantenga su condición de agente gestor de la cobertura de riesgos por cuenta del Estado.

La enmienda número 49 plantea suprimir la modificación propuesta en la actual disposición final primera, que hace relación a los consorcios de zona franca, porque es un asunto de tal entidad que no debe regularse mediante la incorporación de una enmienda por parte del Grupo




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Parlamentario Popular —como se ha hecho en el trámite parlamentario en el Senado y muy bien ponía de relieve el portavoz socialista, el señor Lerma—, y además en un proyecto de ley cuyo objeto nada tiene que ver con el mismo. Una vez más el Gobierno intenta legislar saltándose los mecanismos parlamentarios correspondientes y registrando modificaciones legislativas a través del grupo que le da apoyo en este caso.

Por último, la disposición final segunda también incluye una modificación, concretamente de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, apartada completamente del objeto central de esta norma, que pensamos que constituye un ataque a la política de cooperación al desarrollo. Por eso, con la enmienda número 42 proponemos la supresión de un texto que transfiere la gestión del FONPRODE a los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas. Este recurso pensamos que es tramposo, para incluir una modificación legislativa a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que, como ya hemos expresado en la primera intervención, hurta de la debida consulta a los órganos consultivos, que para eso están, y de la opinión de las instituciones que desarrollan las políticas de cooperación, que estoy convencido sin ningún género de dudas que mostrarían unánimemente sus quejas y sus reservas ante la misma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 61 a 67.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

Nuestro grupo ha presentado un total de siete enmiendas, las cuales, de manera global, voy a dar por defendidas. Son enmiendas que afectan tanto a la figura del agente sector como a la Comisión de riesgos; otro bloque, a clarificar algunos de los aspectos relacionados con la gestión por cuenta del Estado; y también, cómo no, ponen en valor factores tan importantes como son el capital humano y el dar una mayor seguridad a todo el periodo de transición a esta liberalización.

La enmienda 61 hace referencia al artículo 6, punto 2, sobre la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Entendemos que las comunidades autónomas tienen entre sus objetivos principales el fomento de la expansión internacional de las empresas, el aumento del volumen de las exportaciones, la consolidación de mercados ya abiertos y la diversificación de nuevos mercados. Para conseguir estos objetivos es evidente que resulta fundamental contar con el apoyo de un sistema de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que comporta la internacionalización. No obstante, debido a que las operaciones de riesgo comercial con cobertura del Estado afectan al tejido productivo exportador y a las comunidades autónomas, se considera necesario que la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado sea un órgano de relación y coordinación entre el agente gestor, el sector privado exportador y las administraciones territoriales. Esto nos parece de una lógica aplastante.

La enmienda 62 está en consonancia con esta línea. Cuando hablamos de la composición de la Comisión de riesgos entendemos que tiene que haber algunas variaciones y que las comunidades autónomas algo tienen que decir. Nosotros proponemos que haya tres miembros de las comunidades autónomas que de alguna forma vayan haciendo un sistema de rotación, con lo cual estén presentes en dicha Comisión de riesgos. Por otro lado —un punto importantísimo de esta enmienda—, proponemos que haya cuatro representantes del sector privado exportador, es decir, dos representantes de pymes y otros dos de la gran empresa. Si los sectores empresariales no van a estar presentes en la Comisión de riesgos, evidentemente, hay un problema. Por lo tanto, repito, proponemos que haya dos representantes de las pymes y otros dos de las grandes empresas. Esta enmienda pretende que el sector que justamente está en la exportación pueda dar su visión en la Comisión de riesgos.

La enmienda 64, de adición, tiene como objetivo garantizar la libre competencia en el sector privado para la posible gestión de la cobertura de riesgos por cuenta del Estado. Entendemos que para ello es esencial que la información que deriva de la gestión de esta actividad por cuenta del




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Estado quede en manos de este, evitando en todo momento que Cesce pueda mantener una posición preeminente ante otros posibles competidores en un momento en el que haya pasado el periodo de transición.

La enmienda 65 hace referencia a la garantía de estabilidad de la plantilla mientras Cesce actúe como agente gestor. Es normal y evidente, puesto que la experiencia de Cesce en la gestión de los riesgos de internacionalización de la empresa española recae sobre la plantilla de los trabajadores y, por lo tanto, la estabilidad del sistema necesita de la estabilidad de estas plantillas.

La enmienda 66 hace referencia a tener presentes las directrices de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo, requisitos casi por lógica. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Y con la enmienda 67 proponemos una disposición adicional nueva, referida a las empresas, a la seguridad y a las garantías de las empresas. Y es que, más allá de los riesgos de la internacionalización, con la actual coyuntura económica, es necesario prorrogar la suspensión temporal del cómputo de pérdidas por deterioro en las cuentas anuales, con el fin de no perjudicar a empresas y entidades financieras que en un momento de cierta recuperación económica puedan situarse en el camino del reequilibrio de sus cuentas y el mantenimiento de las actividades productivas.

Finalmente, la enmienda 63, propone suprimir la disposición final segunda, que hace relación al FONPRODE. Es evidente que esta cuestión debiera haberse tratado en la comisión correspondiente y no forma parte de este proyecto de ley. Nosotros estamos en contra de mezclar temas, y este es un tema de cooperación tremendamente importante que tiene que debatirse en la Comisión de Cooperación correspondiente. Por lo tanto, repito que con en esta enmienda proponemos la supresión de la citada disposición.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Enmiendas del Grupo Socialista, 53 a 60, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70, 72, 74 y 75 y la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda 73 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Buenas tardes, presidente.

Señorías, intervengo para defender las ocho enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a esta ley, que, como ya han dicho nuestra portavoz y otros portavoces, es una ley importante, una ley que afecta a una de las claves de la posible recuperación económica, de la economía de nuestro país. En un mundo globalizado la internacionalización de nuestras empresas es clave, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la internacionalización yo diría que es material sensible.

Permítanme que empiece saludando a los representantes de los trabajadores de Cesce, que están con nosotros desde esta mañana —se han quedado durante todo el rato de la comida—, y que les diga que de las ocho enmiendas que hemos presentado dos de ellas afectan a la posibilidad de que Cesce, la compañía española pública, siga siendo el agente gestor a efectos de esta ley por lo menos durante diez años a partir del momento en que el Estado pueda perder la mayoría en la participación de capital, e incluso en el caso de que no la pierda, cosa que en esta ley no aparece. Es curioso que se dé por hecho que se va a producir la privatización; es decir, en la ley no hay ningún párrafo que tenga en cuenta el hecho de que pudiera no producirse la privatización, cosa que a nadie le extraña porque ya en el año 2012 hay noticias de prensa diciendo que el Gobierno estaba negociando con Mapfre y con alguna empresa suiza o alguna empresa extranjera la venta de Cesce. Se ha dicho aquí que es una venta que tiene, obviamente, el objetivo exclusivo de hacer caja. En todo caso, en el turno de portavoces profundizaré en ello, pero hay dos enmiendas, las números 55 y 56, que van dirigidas a este asunto.

La enmienda 57 —ya la ha explicado bastante bien el portavoz senador Lerma—, se refiere a las zonas francas. No tiene sentido regular las zonas francas en esta ley; sobre todo no tiene sentido regularlas cuando está en vigor el Código Aduanero Comunitario, con lo cual las zonas francas pierden el sentido que tenían en su momento.




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La enmienda 59 tiene que ver con una nueva disposición adicional que limite o regule las retribuciones de los altos cargos de Cesce, en consonancia con las retribuciones del resto de altos cargos del Estado.

La enmienda 53 es una enmienda de tono menor pero interesante, porque en este momento Cesce mantiene dos tipos de cuenta: la cuenta comercial o por cuenta propia y la que hace por cuenta del Estado. El proyecto de ley prevé que pueda seguir siendo así, y nuestra propuesta es que deba seguir siendo así, es decir, que el agente gestor nuevo tenga la obligación de mantener, como hace Cesce en este momento, las dos cuentas.

Y las enmiendas 54 y 58 son muy importantes para nosotros porque afectan al capital humano que está en Cesce. La privatización de Cesce puede conllevar la pérdida de mucho conocimiento en algo tan importante como el aseguramiento de las operaciones de internacionalización de nuestras empresas. Quien sabe de esto son los trabajadores y las trabajadoras de Cesce, y en nuestras enmiendas les proponemos que tengan en cuenta una nueva letra en el apartado 7 del artículo 4 que mantenga que durante el tiempo en que Cesce sea agente gestor se respete la plantilla de Cesce y las condiciones laborales, que se mantenga que la sede social de Cesce sea en España, que se conserven los fondos propios de Cesce en una cuantía no inferior a la existente en el momento de su privatización y que cualquier proceso de reestructuración interna de Cesce se someta al arbitrio de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por otro lado, presentamos otra enmienda, la número 58, que propone una nueva disposición adicional que dice que a efectos de la operatividad de la entrada en vigor de la presente ley, en cuanto a Cesce y la pérdida de la mayoría del Estado en su capital social, se establezca la obligación de mantener la estabilidad del número de trabajadores de su plantilla en las mismas condiciones laborales durante el periodo que actúe como agente gestor.

Finalmente, la última enmienda que presentamos es la número 60, que se refiere a la disposición final segunda —también se ha mencionado aquí—, que tiene que ver con la nueva regulación del FONPRODE. Hay razones de tipo formal para hacer esto y el Grupo Parlamentario Socialista está en absoluta disconformidad con la decisión de la Mesa de considerar que la única comisión competente para estudiar este proyecto de ley era la de Economía y Competitividad, porque el hecho de que aparezca esta disposición final segunda en el proyecto de ley entendemos que obligaría de alguna forma a que en su momento se hubiera reunido la Comisión de Cooperación en el Congreso de los Diputados y en el Senado para dictaminar también esta ley dada la importancia que tiene esta disposición final segunda. Por razones formales, como digo, porque se tramita de forma espuria, de forma incorrecta desde nuestro punto de vista, pero también por razones de fondo. Entendemos que esta disposición final segunda en esta ley afecta a la esencia misma de la cooperación española. Si les he dicho antes que la internacionalización de las empresas españolas era algo sensible, también lo es la cooperación al desarrollo. Y sin entrar en demasiadas honduras, lo cierto es que este proyecto de ley, esta disposición final segunda, matiza mucho lo de la cooperación al desarrollo. Saben ustedes que se puede colaborar con otros países de muchas formas, y aquí lo que se hace es introducir criterios que tienen poco que ver con el desarrollo de los países destinatarios de los créditos y más que ver con el rendimiento posible que se le saca a esos créditos.

Por tanto, esta enmienda también nos parece importante, porque hay un traspaso de competencias efectivas y de responsabilidades que ahora están en el FONPRODE desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente de la Aecid al Ministerio de Economía, o al de Hacienda en cualquier caso, porque se reorienta la normativa referida al FONPRODE, porque se otorga a Cofides, una sociedad mixta, un protagonismo en cualquiera de las fases de los procesos en los que FONPRODE quiera actuar y, por tanto, porque supone un giro radical en los criterios de cooperación para el desarrollo que deberían ser guía en nuestro país.

Por todas estas razones hemos presentado estas ocho enmiendas y esperamos todavía que puedan ser consideradas por el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos alguna de ellas, para mejorar en nuestra opinión este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Fernández de Moya.




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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, posicionarme en contra de las enmiendas que han sido formuladas por todos y cada uno de los grupos parlamentarios en lo que concierne al Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Me van a permitir que, antes de hacer un breve resumen de lo que significa el posicionamiento de las enmiendas, les ponga de manifiesto una vez más una situación que sus señorías conocen pero que, no por conocida, quiero que se ponga encima de la mesa una vez más.

La cobertura por cuenta del Estado de lo que significan los riesgos de la internacionalización se rige por una ley preconstitucional que data de 1970, siendo en consecuencia necesario abordar una modernización de nuestro ámbito normativo en lo que fundamentalmente hace referencia a esa cobertura. En este sentido paso a detallar el resumen de las enmiendas. Intentaré dar respuesta, una por una, a todas y cada una de las formuladas por los distintos grupos parlamentarios.

Empiezo por la enmienda 2, que formula el Grupo Parlamentario Mixto, y en virtud de la cual pretende establecer, vía enmienda de adición, una nueva letra en el artículo 2 en el ámbito de la naturaleza del agente gestor. He de señalar que ante esta enmienda el proyecto de ley precisamente propone que Cesce sea el agente gestor por un período de ocho años y no de forma indefinida. Sus señorías saben que el Real Decreto Ley 20/2012 permite que el Estado no ostente la mayoría del capital de Cesce, habiéndose iniciado ya el proceso de venta de la participación del Estado. La enmienda que propone el grupo parlamentario supondría alterar la nueva naturaleza en el ámbito del régimen jurídico que se pretende dar a través del contenido del proyecto de ley y, por tanto, resultaría contrario a él siendo en consecuencia rechazada la enmienda.

En cuanto a la enmienda 3, que propone también el Grupo Parlamentario Mixto, de adición al ordinal 1.º, concretamente de la letra b) del apartado 3 del artículo 3, entendemos que trata de unos riesgos políticos que en la actualidad son cubiertos conforme a la normativa aplicable. En ese sentido no se cuestiona la legitimidad o no de las decisiones sino de cubrir un riesgo de clara y evidente naturaleza política.

La enmienda 4 también la rechaza mi grupo parlamentario fundamentalmente por las mismas razones que acabo de explicar al referirme a la enmienda 3. En la práctica sí es posible identificar los acontecimientos que puedan producir las alteraciones, bien de las balanzas de pago o incluso en el ámbito de la paridad monetaria.

La número 7, que formula el Grupo Parlamentario Mixto se refiere a dotar, vía enmienda de adición, de un nuevo párrafo concretamente en el apartado 7 del artículo 3. En nuestra opinión esta enmienda también debe ser rechazada porque, sin poder utilizar estos seguros, las empresas españolas productoras de material militar y armamento estarían en una clarísima posición de desventaja respecto a sus competidores extranjeros. La consecuencia sería la siguiente: menos exportación y menos valor añadido español.

Respecto a la enmienda 9, también formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, hace referencia a un aspecto que ya se recoge en el propio contenido del proyecto de ley, en el artículo 3 apartado 7. Por tanto, no consideramos oportuno reiterar la explicación anteriormente dada.

En nuestra opinión la enmienda 10 debe ser rechazada porque supondría mantener a Cesce en la misma naturaleza de enmiendas sobre las que me he pronunciado con anterioridad, es decir, como agente gestor de forma indefinida, lo que resulta contrario al objetivo, al fin y a la naturaleza que a dicho organismo le confiere el proyecto de ley.

Nos referimos a la número 11 en los mismos términos por haberse rechazado la enmienda 10 al igual que ocurre con la enmienda 12.

Respecto a la número 13, por la que se pretende una modificación de la letra d) del apartado 7 del artículo 4, en nuestra opinión no parece oportuno exigir al agente gestor que realice operaciones por cuenta propia. Podrá o no en función de lo que convenga a sus accionistas, pero siendo absolutamente imprescindible que realice una eficiente y eficaz gestión de las coberturas por cuenta del Estado.

En relación con la enmienda 15 del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se pretende introducir un nuevo apartado 13 en el artículo 5 del proyecto de ley, he de decir que la rechazamos




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porque el apartado 7 del artículo 3 ya establece que el agente gestor deberá contrastar que los proyectos a los que dé cobertura oficial adoptan prácticas y medidas adecuadas de prevención y mitigación de los riesgos medioambientales.

Y, en la enmienda 19, he de señalarles, señorías pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, que el proyecto de ley fija un plazo de ocho años que se ha establecido teniendo en cuenta varios factores: El primero, los ingresos derivados de la venta de la participación del Estado en Cesce; el segundo, la estabilidad en lo que significa y representa el sistema de gestión de este seguro; el tercero, la necesidad de introducir competencia una vez transcurrido el plazo que se propone mantener.

Respecto a su enmienda 20, que, fundamentalmente, hace alusión a la disposición adicional séptima, he de decirles, señorías, que la rechazamos porque dicha disposición tiene por objetivo clarificar las operaciones que resulten financiables con cargo al FONPRODE. No se puede hablar de reforma en profundidad, ni de reforma sustantiva, puesto que se trata de ajustes que permitirán clarificar y facilitar la gestión del fondo, especialmente de las operaciones reembolsables. Por lo tanto, desde esa perspectiva, rechazamos la enmienda.

La enmienda 22, que recae sobre la disposición adicional nueva que quería introducir el Grupo Parlamentario Mixto, también es votada en contra por mi grupo, porque el artículo 7.2 ya establece la comparecencia anual del secretario de Estado en el Congreso para informar sobre la evolución de la gestión de la cobertura por cuenta del Estado. Consideramos que esta comparecencia englobará todos y cada uno de los aspectos relacionados con el objetivo, el fin, el contenido y las competencias del propio agente gestor.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa, por lo que se refiere a la número 23, que es una modificación de la letra d) del artículo 2, en nuestra opinión no puede excluirse a empresas de otros países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en los seguros de caución, el beneficiario puede ser un tercero de fuera de la Unión Europea, pero la contratación de dicho seguro es condición imprescindible para que la empresa española pueda contratar.

En relación con la enmienda 25 de la Entesa, que es una modificación del apartado 3 del artículo 3, letra b), he de significarle nuestro voto en contra por las razones que he dado respecto a enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Se trata de un riesgo político de los que en la actualidad están cubiertos conforme a la normativa aplicable. Insisto que no se cuestiona la legitimidad o no de las decisiones, sino del hecho de cubrir un riesgo de clara índole o naturaleza política.

Por lo que concierne a su enmienda 28, nuestro voto también será negativo. En primer lugar, porque el Consenso de la OCDE está incorporado a nuestra legislación mediante el correspondiente reglamento comunitario. Es el propio reglamento de la Unión Europea. Pero es que, además, el artículo 1.2 del proyecto de ley establece que esta cobertura deberá desarrollarse de conformidad con los acuerdos y convenios internacionales en los que España sea parte. Por lo tanto, estamos hablando de derecho internacional, de aplicación del derecho comunitario.

También vamos a votar en contra de su enmienda 29, que hace referencia a un nuevo párrafo del artículo 3 del apartado 7, fundamentalmente por una cuestión que pasaré a explicarle. He de insistir porque se trata de una enmienda similar a la formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Sin poder utilizar estos seguros, las empresas españolas productoras de material militar y armamento estarían en clara situación de desventaja respecto a competidores extranjeros. Eso influiría en las exportaciones y también en el valor añadido de nuestra industria.

Desde nuestro punto de vista, también debe ser rechazada la enmienda 30, porque el concepto de deuda ilegítima no está definido en ningún acuerdo internacional. Repito, el concepto de deuda ilegítima no está definido en ningún acuerdo internacional. En consecuencia, se desconoce su alcance y podría ser usado ante esa indefinición y ante esa inseguridad a criterio del deudor. Ese es el motivo por el cual la rechazamos.

Respecto a la enmienda 31, se trata de una cuestión que ya se recoge en el artículo 3.7 del proyecto de ley. Por lo tanto, no consideramos oportuno reiterarlo.

En nuestra opinión, hay que votar en contra de la enmienda 32, porque supondría mantener a Cesce como agente gestor de forma indefinida, lo que, evidentemente, va en contra del espíritu, la letra, el objetivo, el fin y las funciones que se enmarcan dentro del proyecto de ley que presenta el Gobierno y que respalda este grupo parlamentario.




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En cuanto a la enmienda 37, señorías de la Entesa, tengo que volver a reiterarles que el artículo 3.7 ya establece que el agente gestor deberá contrastar que los proyectos a los que dé cobertura oficial deben adoptar prácticas y medidas adecuadas de prevención y mitigación de riesgos medioambientales. Esta enmienda es una reproducción literal de las que también ha formulado el Grupo Parlamentario Mixto.

En lo que significa su enmienda 38, que recae sobre una modificación de la letra b) del artículo 8, he de decirles que en nuestra opinión debe ser votada en contra. Entendemos que la mejor opción es que la Comisión Delegada del Gobierno, precisamente para Asuntos Económicos, intervenga solo en determinadas moratorias. La intervención de esa Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos debe serlo solo sobre determinadas moratorias y no en todas, como se propone en la enmienda sin tener en cuenta, que es lo preocupante de la enmienda, la naturaleza de los deudores.

En lo que se refiere a la enmienda 41 tengo que reiterarles, señorías, por si no lo conocen, que el propio proyecto de ley fija un plazo de ocho años. Como les he citado con anterioridad, se ha hecho en base a determinados factores o elementos que fijan el contenido, las funciones y las atribuciones concretamente del Cesce.

Respecto a la enmienda 45, vuelvo a reiterarles que no nos parece oportuno que el agente gestor deba realizar operaciones por cuenta propia sino en un ámbito de eficacia y eficiencia en lo que significa la gestión.

Y presentan su enmienda 48 cuando precisamente uno de los objetivos de este proyecto de ley es establecer un sistema de gestión limitado y temporal —y la disposición adicional ya recoge esta posibilidad—, siendo precisamente Cesce el agente gestor durante lo que significa un periodo ya reseñado, concretamente de ocho años.

Lo mismo cabe reiterar respecto a la enmienda 52, pues no puede obligarse a una empresa privada que compite con otras a acatar las normas establecidas para sociedades públicas. Si estamos delimitando el ámbito del derecho privado, difícilmente podemos acudir a una vía desde el punto de vista normativo jurídico que las desvíe al derecho público y haga aplicable una normativa que solo rige, que solo impera, que solo limita, que solo condiciona y que solo es aplicable al ámbito de las sociedades públicas.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en lo que se refiere a la enmienda 53 queremos poner de manifiesto, una vez más, que no nos parece oportuno exigir concretamente al agente gestor realizar operaciones por cuenta propia.

En la enmienda 55 nuevamente volvemos a reiterar que es el proyecto de ley el que fija un plazo de ocho años en base a elementos extraordinariamente importantes en el desarrollo de su actividad y de su función. Los ingresos derivados de la participación del Estado en lo que significa Cesce, la propia estabilidad en el sistema de gestión y responsabilidad del seguro o la necesidad de introducir concretamente competencia una vez transcurrido este plazo.

Su enmienda 56 es precisamente la que hace referencia a la disposición adicional segunda. Uno de los objetivos, fines y fundamento de este proyecto de ley es precisamente establecer un sistema de gestión limitado y temporal. En ese sentido, la propia disposición adicional ya recoge esta posibilidad atribuyendo al agente gestor, que es la Cesce, el periodo de ocho años.

La enmienda 58, que es una modificación vía adición de una nueva disposición, concretamente adicional, en nuestra opinión debe ser votada en contra porque no debe someterse la entrada en vigor de la ley al cumplimiento de compromisos de este tipo, en concreto aquellos que ustedes matizan y ponen de manifiesto en la enmienda.

También formulan la enmienda 60 y tengo que decir precisamente a las señorías del Grupo Parlamentario Socialista, como he explicado con ocasión de enmiendas anteriores, que la disposición adicional séptima tiene por objeto clarificar con plena transparencia aquellas operaciones financiables con cargo al FONPRODE. Pero al mismo tiempo, como he dicho anteriormente, no se puede hablar de reforma en profundidad ni de reforma sustantiva puesto que se trata de ajustes que permitan clarificar la gestión del fondo y de manera muy especial las operaciones reembolsables. En este sentido, también he de decirles que Cofides dispone de una gran experiencia en el análisis de riesgo y financiación de esos proyectos; experiencia que ahora pondrán al servicio de Aecid precisamente sin que en ningún caso haya traspaso de competencias o pase de un ministerio a otro.




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En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y concretamente las que se refieren a la redacción del artículo 6, quisiera decirles que el agente gestor responderá en este caso, como usted sabe, senador Alturo, ante la Administración General del Estado a través de la Comisión de Riesgos, debiendo velar la propia Administración General del Estado a su vez para que en las áreas de competencias que así lo requieran haya una adecuada coordinación y cooperación entre las distintas administraciones.

En cuanto a su enmienda 62, sobre la composición de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, que afecta al artículo 7, en nuestra opinión aumentar el número de miembros de la comisión haría que esta fuera menos operativa, e igualmente la distribución propuesta en el proyecto de ley recoge la totalidad de ministerios que están implicados en la internacionalización de nuestra economía.

Por lo que se refiere a su enmienda 63, sobre la disposición adicional séptima, vuelvo a repetirle lo que significa la claridad, la transparencia en aquellas operaciones susceptibles de ser financiables con cargo al FONPRODE, así como también a Cofides y a la Aecid.

Respecto a la enmienda 64, que hace referencia a una disposición adicional nueva, quisiera indicar a los senadores del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió que la información es propiedad del agente gestor sin perjuicio de ello y cuando sea de aplicación lo que se establece y lo que se dispone en el propio artículo 4 del proyecto de ley, donde se dictarán las normas oportunas para garantizar la indispensable competencia.

La enmienda 65, también del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, es una reproducción literal de una enmienda que también ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, y quiero decirles que mi grupo parlamentario no entiende que la entrada en vigor de la ley deba someterse al cumplimiento de compromisos de este tipo.

La enmienda 66 se refiere a un aspecto que ya está recogido en el artículo 3.7 y, por tanto, no me detengo en ello en la medida en que hay una expresión literal de ello en el proyecto de ley. Y por lo que se refiere a la enmienda 67, hemos trasladado al Gobierno la necesidad de su estudio en profundidad y debo poner encima de la mesa que está siendo estudiada por éste en lo que se refiere a la articulación, si es posible, de la oportuna figura normativa.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco respecto a la disposición adicional séptima, vuelvo a reiterar lo que significan las operaciones objeto o no de financiación por parte del FONPRODE o de Cofides. El resto de sus enmiendas coinciden en muchos casos con las formuladas por otros grupos parlamentarios.

En consecuencia y sobre la base de lo expuesto, mi grupo parlamentario pone de manifiesto el rechazo a las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, no sin antes agradecerles el trabajo que han hecho para intentar enriquecer desde su punto de vista este texto normativo, algo que quiero poner encima de la mesa, pues es verdad. Y quedarán incorporadas al texto, eso sí, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Fernández de Moya.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor Fernández de Moya, solo hablaré de dos cuestiones. Esta ha sido la tercera intervención de un senador del Grupo Parlamentario Popular; creo que le queda una cuarta en la que espero nos diga algo sobre lo que va a pasar con los actuales trabajadores de la Cesce, porque hay varias enmiendas a este respecto y a ello se han referido muchos portavoces. ¿Qué va a pasar con ellos? Díganos algo, por favor.

Y, en segundo lugar, me voy a referir a la enmienda 29, que presentamos en nombre de Iniciativa dentro de la Entesa, y a la número 7 de Izquierda Unida. En estas dos enmiendas, que son idénticas pues vienen de La Izquierda Plural del Congreso, se dice así: «No serán asegurables los riesgos derivados de operaciones de compraventa de armamento o material militar de cualquier




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clase o los de productos, mercancías o servicios realizados o prestados a Estados que no respeten los derechos humanos...» Repito: «…a Estados que no respeten los derechos humanos...». Piense usted en el que considere más odioso.

¿Usted cree que hay que cubrir los riesgos de dotar de material bélico y de armamento a Estados que no respeten los derechos humanos, aunque esto nos haga menos competitivos con otras empresas externas? Yo creo que no. La enmienda dice exactamente esto: no cubrir riesgos de venta de material militar o de armamento a Estados que no respeten los derechos humanos. Si usted cree que el beneficio, la competitividad está por encima de esto entiendo que rechace estas dos enmiendas.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Senador Fernández de Moya, voy a hacer un pequeño balance de lo que consideramos que es este proyecto de ley. Como he dicho anteriormente, es cierto que la apuesta por la innovación y la internacionalización son factores determinantes para la competitividad de nuestra economía, pues obligan a revisar determinadas situaciones y determinados instrumentos, como al que hacemos referencia en esta ley.

Entendemos también que el objetivo principal de este instrumento ha de ser continuar siendo la prestación de un servicio adecuado a los exportadores, garantizando que tanto estos como los inversores cuenten con condiciones competitivas como las de sus competidores, considerando asimismo fundamental preservar la parte pública que hasta hoy gestiona la Cesce; por tanto, persigue una mejor eficiencia de este instrumento, mejoras en su gestión, en la gestión del riesgo que asumen las empresas en los procesos de exportación e internacionalización, y pretende asegurar la estabilidad del sistema del seguro.

Para mi grupo hay tres puntos positivos: el primero es la clarificación al mercado del mismo organismo, pues con la privatización propuesta el mercado no dudará cuándo está actuando por cuenta propia o por cuenta del Estado, lo que consideramos debe repercutir en una mayor eficiencia. El segundo punto es la posibilidad de incorporar, además de entidades financieras, socios de tipologías diversas, como compañías de seguros que puedan aportar conocimiento técnico y de mercado a la organización. Y el tercer punto es una mayor flexibilidad y nuevos criterios en relación con las políticas de remuneración del personal o mayor capacidad de agilidad a la adaptación tecnológica del organismo, etcétera. Estas serían las partes que consideramos positivas.

Es evidente que nos hubiera gustado que algunas de las enmiendas que he expuesto aquí se hubieran tenido en cuenta. Por poner un ejemplo, el senador Fernández de Moya ha dicho respecto de la enmienda 62 que incrementamos la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Pero la realidad es que nuestra propuesta es disminuir en algunos ámbitos, como en la Secretaría de Estado de Comercio o en la Secretaría de Estado de Economía, en favor de la participación de las comunidades autónomas y en favor de la participación de las pymes y grandes empresas. Supongo que tendrán que explicar cómo es que el sector privado, el sector que tiene que realizar la internacionalización, el sector que tiene que exportar, al cual estamos garantizando la seguridad en todas sus operaciones en el proceso de internacionalización, no está en la comisión correspondiente; es algo que no terminamos de entender.

Aun así, para mi grupo parlamentario el balance global es positivo, aunque, repito, vamos a dar un apoyo crítico porque entendemos que hay partes que han quedado sin resolver y estaba en sus manos haberlo hecho mejor. En definitiva, algunas de nuestras enmiendas pretendían justamente esto: favorecer las pymes, que las empresas estén donde tengan que estar, en los órganos de decisión y de seguimiento, y, en su proceso de apoyo a la internacionalización, al igual que las comunidades autónomas, no entiendo que no pueden estar presentes en la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado.

Por tanto, vamos a dar nuestro apoyo pero no estamos contentos porque no han mejorado el proyecto de ley, teniendo en sus manos la posibilidad de hacerlo.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Fernández, en cuanto al FONPRODE, por ir por orden, es cierto que en la disposición final segunda se somete claramente al control de los ministerios económicos. Eso es así. Por tanto, la cuestión de fondo subsiste, pero, además, la cuestión de forma, por la que nosotros también habíamos presentado la enmienda, es que el propio texto cita repetidamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por consiguiente, es un proyecto de ley que compete al Ministerio de Asuntos Exteriores, y por eso decíamos, como cuestión de forma, que debería haber sido dictaminado también por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En cuanto a lo relacionado con el personal, al señor Guillot no le ha quedado claro; a mí, sí. De su contestación he entendido que pase lo que tenga que pasar. Esa es la respuesta que usted da a la estabilidad de plantillas que nosotros pedimos. Esta ley, señorías, tiene un peligro —aunque nadie lo ha dicho, pido disculpas si alguien lo ha hecho y me lo he perdido—, y es que cuando se venda la parte pública de Cesce, desaparezca el interés de las entidades financieras por pertenecer a dicha empresa, con lo cual desaparece el mecanismo tal como está. Y quiero que quede claro también que nuestra posición en este caso es tenerlo en cuenta.

Señorías, en el fondo de esta ley, como en el de muchas otras —el senador Guillot lo ha dicho esta mañana—, subyace una reflexión sobre el papel de lo público y sobre las repetidas decisiones de carácter neoliberal que ustedes toman, que parten de la base de que lo privado es más eficiente y más barato que lo público, y eso no siempre es cierto. Cesce presta un servicio a las empresas exportadoras y, por tanto, lo primero que deberíamos ver es si el nuevo Cesce les va a salir más barato, si va a ser más eficaz y más eficiente para las empresas exportadoras. Ese debería ser el primer criterio a la hora de evaluar o de presentar esta ley. El segundo criterio tendría que ser si al Estado le va a salir más barato asegurar determinados riesgos de carácter político, y ninguna de las dos cosas está acreditada ni en las explicaciones del ministro ni en el proyecto de ley ni en ningún estudio que haya acompañado al mismo.

Por tanto, este proyecto de ley está absolutamente incompleto. No queda nada claro que el nuevo modelo de Cesce le salga más barato al Estado ni que sea más eficaz para las empresas exportadoras, que son las destinatarias de este instrumento; por consiguiente, entendemos que es un proyecto de ley absolutamente inasumible.

Señorías, estamos viviendo estos días precisamente un proceso en sentido totalmente contrario. En su momento, unos empresarios crearon unas hojas Excel y consiguieron que, sobre la base de unos estudios, se les adjudicara la explotación de unas autopistas. Cuando estas autopistas se han demostrado ruinosas, ahora el Estado se las queda. Cesce es una empresa pública rentable, con beneficios al final de cada año, con un patrimonio de 200 o 300 millones de euros, y eso lo vendemos. Para el Grupo Parlamentario Socialista no es admisible en absoluto que asumamos las pérdidas, que colectivicemos las pérdidas, que hagamos públicas las pérdidas y privaticemos lo rentable y los beneficios. No puede ser. No puede ser porque, además, es incongruente. No es posible hacerlo así. Y Cesce, desde el primer momento —y lo hemos dicho y ustedes lo saben—, es una empresa rentable, no está perdiendo dinero, no es un agujero en el Estado. El Estado no da dinero a Cesce. Las operaciones que lleva a cabo Cesce acaban siendo rentables para la propia empresa. Por tanto, si es una empresa pública, si es una empresa que funciona, ¿por qué la tocamos?, ¿por qué tocamos una empresa que afecta a una de las claves de la competitividad de nuestra economía, que es la internacionalización?

Por todas estas cosas, señorías, nosotros vamos a votar en contra de esta ley porque es innecesaria para un proceso innecesario, pero además porque es un proceso negativo, poco interesante para los intereses de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Cierra el debate, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Fernández de Moya.




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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Me voy muy preocupado de este debate. Me voy extraordinariamente preocupado de este debate porque la Entesa nos propone violentar el derecho internacional a través de tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el Reino de España, en cumplimiento de la Constitución Española en su Título III, artículo 96, que habla de lo que significan los tratados internacionales, pero más preocupado me deja la intervención del senador del Grupo Parlamentario Socialista porque parece que la ley válida es la preconstitucional. ¿Ha querido decir usted eso, señoría, en esta tribuna? Usted dice que ahora no vota la modificación de una ley de 1970 que ya en el origen empezó a desarrollarse en el Real Decreto Ley del año 2012, precisamente para adaptarlo a las nuevas circunstancias. ¿Me dice usted a mí que la ley preconstitucional es más eficaz y más eficiente que esta? Eso se lo cree solo usted, señoría, solo usted, porque las circunstancias han cambiado cuarenta y cuatro años después. ¿Ha querido usted decir en esta tribuna que es más válida la ley de 1970 que la que propone ahora el Gobierno? Porque del tenor de su intervención eso es lo que se ha desprendido.

Señorías, no oculten datos. Digan la verdad. No hagan un discurso de cara a la galería, para los trabajadores, a los que yo, mi partido y mi grupo parlamentario respetamos, porque, señores del Grupo Parlamentario Socialista, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ahora le pondré ejemplos de lo que ustedes privatizan donde gobiernan, en mi tierra, en Andalucía. Pero le voy a decir algo. ¿Es verdad o no que la participación que actualmente tiene de cifra de negocio proviene en más de un 80% de una actividad aseguradora privada por parte de Cesce? ¿Han hablado las señorías del Grupo Parlamentario Socialista con las entidades aseguradoras, con las entidades financieras y les han pedido su opinión acerca de este proyecto de ley? Yo creo que no. ¿Es verdad o no que actualmente la participación en el capital público por parte del Estado en Cesce está en torno al 50,25%? ¿A ustedes les parece lógico que una cifra de negocio que proviene en más del 80% de lo que significa actividad aseguradora privada se siga manteniendo con capital público mayoritario? Díganlo, porque el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista, en el debate del Congreso de los Diputados, cuando intervinieron ante el ministro, dijeron: «al menos, ahora no». ¿Qué significaba ese «al menos, ahora no»? Hablen con plena transparencia y cuenten, evidentemente, la verdad.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes siempre tratan de meter miedo —eso en mi tierra lo conocemos muy bien— para hurtar un debate cuando lo primero que tendrían que hacer es mirarse en su propio espejo. Dicen ustedes que el Partido Popular, a través de esta ley, con Cesce pretende hacer caja, pretende hacer negocio, que privatiza... El mismo discurso de siempre para meter miedo, no para hablar de eficacia, eficiencia y correcta internacionalización de la economía. ¡Pero, señores socialistas, si ustedes donde gobiernan lo privatizan todo! Les leo: La Junta de Andalucía dispara la adjudicación de servicios sanitarios al sector privado. (Rumores). La Junta de Andalucía alega que se crea empleo al privatizar la gestión educativa. (Rumores). El Partido Socialista de Andalucía dice que la privatización crea empleo. (Rumores). La Junta de Andalucía privatiza las inspecciones de colegios para hacerlas a medida... (Rumores). Tranquilícense.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señorías, yo les pido tranquilidad. Sé que las verdades, evidentemente, ofenden, pero es que están aquí (señalando unos recortes de prensa). (Rumores).

La Junta de Andalucía — PSOE e Izquierda Unida— privatiza la gestión de los colegios con sueldos a cinco euros la hora. (Rumores). Y ustedes, los que dicen que privatizamos, ¿qué hacen en Andalucía con la educación, con la sanidad y con los servicios sociales? (Rumores.—Aplausos). ¡Si lo hacen ustedes, el Partido Socialista e Izquierda Unida, donde gobiernan! ¡Lo hacen ustedes donde gobiernan!

Y por cierto, ya que me habla de empleo, señoría del Grupo Parlamentario Socialista, el fracaso de la privatización deja en la calle en Andalucía, donde ustedes gobiernan con Izquierda Unida, a ochocientos cuarenta empleados de colegios públicos. (Rumores). ¿A estos empleados les dicen ustedes algo? No, lo único que les dicen es que eso es lo que hay. (Protestas).




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Por lo tanto, estoy muy orgulloso, muy satisfecho de haber defendido este proyecto de ley, pero háganme un favor: cuando se suban a esta tribuna, mírense en su propio espejo. Una cosa es predicar y otra dar trigo (Rumores).

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación de las enmiendas, esta Presidencia comunica a los señores senadores que, finalizado el Pleno, se reunirá la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa en la sala 20001-B; la Comisión de Industria, Energía y Turismo en la sala Manuel Broseta; la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la sala Clara Campoamor, y la Mesa y Portavoces de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala 20003.

Iniciamos la votación. En primer lugar, enmienda número 20, de los senadores señores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 81; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas 1, 6, 8, 9, 13, 21 y 22, de los mismos señores senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 143; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 62; en contra, 145; abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 3, 4, 5 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 2; en contra, 143; abstenciones, 78.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 7 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 3; en contra, 143; abstenciones, 79.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 10 a 12, 14, 16, 18 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 65; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a votar la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 9948


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 81; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas de la Entesa.

En primer lugar, la enmienda número 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 81; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 23, 28, 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 76; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 29, del mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 4; en contra, 144; abstenciones, 77.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 25 a 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 3; en contra, 144; abstenciones, 78.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 144; abstenciones, 64.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 76; en contra, 144; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 3; en contra, 144; abstenciones, 78.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 32 a 34, 36, 38, 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 17.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 47 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 45, 46, 49, 51 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 77; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas presentadas por Convergència i Unió. En primer lugar, las números 63, 66 y 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 81; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 61, 62, 64 y 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 20; en contra, 144; abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la 55 y la 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 58 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 81; en contra, 143.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 53, 54, 57 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 77; en contra, 144; abstenciones, 4.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación, a propuesta de los senadores Iglesias y Mariscal y del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 69 y 71 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 213; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

También a propuesta de los senadores señores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 70 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Asimismo, a iniciativa de los anteriores grupos parlamentarios, votamos la vuelta al texto del Congreso del Congreso en lo modificado por las enmiendas 72, 74 y 75 del Grupo Parlamentario Popular y la transaccional sobre la enmienda 73 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de modificación del dictamen, con número de registro 114580, firmada por todos los grupos parlamentarios. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Denegaciones).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 142; en contra, 65; abstenciones, 18.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda aprobada. (Rumores).

Silencio, por favor.

Votamos a continuación el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 155; en contra, 64; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva del texto por S. M. el Rey.

6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

6.2.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000039)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 6.2 y 6.2.1.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces en su reunión del día 25 de marzo de 2014, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que este proyecto de ley se tramite directamente y en lectura única de conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado.

A este proyecto de ley hay dos señoras senadoras que han emitido su voto afirmativo de manera telemática. ¿Puede autorizarse por asentimiento la aplicación de este procedimiento con la suma de los votos afirmativos emitidos telemáticamente? (Asentimiento). Por tanto, queda autorizada la tramitación por el procedimiento de lectura única de la mencionada iniciativa.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y treinta minutos.


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