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DS. Senado, Comisiones, núm. 515, de 26/08/2015
 


COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SANZ RUIZ

Sesión extraordinaria

celebrada el miércoles, 26 de agosto de 2015

ORDEN DEL DÍA



Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Primera de la Comisión. 541/000002


Designar Ponencia

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 621/000150 ayuda a la modernización; empresa pública; institución pública; reforma administrativa GOBIERNO


Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 621/000151 administración pública; jurisdicción contencioso-administrativa; procedimiento administrativo; responsabilidad administrativa; sanción administrativa GOBIERNO


Dictaminar

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 621/000150 ayuda a la modernización; empresa pública; institución pública; reforma administrativa GOBIERNO


Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 621/000151 administración pública; jurisdicción contencioso-administrativa; procedimiento administrativo; responsabilidad administrativa; sanción administrativa GOBIERNO


Designar Ponencia

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 621/000148 Derecho fiscal; control fiscal; fiscalidad; formalidad administrativa; infracción administrativa GOBIERNO


Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 621/000157 fraude fiscal; publicidad; sentencia GOBIERNO


Dictaminar

Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 621/000148 Derecho fiscal; control fiscal; fiscalidad; formalidad administrativa; infracción administrativa GOBIERNO


Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 621/000157 fraude fiscal; publicidad; sentencia GOBIERNO

Se abre la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en su sesión extraordinaria del día de hoy, 26 de agosto.

El señor letrado dará lectura a la relación de miembros. Señor letrado, tiene la palabra.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

¿Podemos dar por aprobada el acta de la sesión celebrada el pasado día 2 de julio? (Asentimiento).

Así se proclama.



ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. 541/000002

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Primera de la comisión.

Conforme a la práctica de la Cámara, si existe una única candidatura la elección se llevaría a cabo directamente por asentimiento.

Senadora Mar Angulo, ¿puede hacerme la propuesta de su grupo?

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

La propuesta del Grupo Popular es la de la senadora Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Si no hay ninguna otra propuesta, ¿podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento).

Queda cubierta la vacante de la Vicepresidencia Primera de la comisión por doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, que toma posesión en este momento. (Pausa).

Enhorabuena, señora Rudi, y bienvenida.



DESIGNAR PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 621/000150 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: designación de las ponencias que informen los siguientes proyectos de ley. Si lo tienen a bien, para agilizar el debate se tramitarán conjuntamente el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Vamos a designar la ponencia conjunta...

Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Señor presidente, si no tienen problema el resto de los grupos parlamentarios, yo quiero solicitar que se haga una modificación del orden del día, de modo que se vean en primer lugar los proyectos de ley que tienen que ver con la administración pública y, en segundo lugar, los que tienen que ver con temas tributarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

¿Lo ha consultado usted con el resto de portavoces y no ha habido ningún problema?

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Sí.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Señor Vázquez, tiene la palabra.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Me ha parecido entender que el debate, tanto en comisión como en el Pleno, del Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y el relativo a la publicación de la lista de morosos se hará conjuntamente. ¿O acaso no lo he entendido bien?

El señor PRESIDENTE: En comisión, sí.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: ¿Y en Pleno?

El señor PRESIDENTE: También.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: ¿Y no se podía haber informado de esto antes? Lo digo porque por lo menos en mi grupo hemos repartido el trabajo de los proyectos de ley entre varios ponentes y a estas alturas cada cual se ha preparado lo suyo. Creo que se nos debía haber dado una mínima información de que esto se iba a debatir conjuntamente, con lo que en principio podemos estar de acuerdo, pero hubiéramos querido saberlo con más antelación.

El señor PRESIDENTE: Me dice el señor letrado que lo único conjunto es la ponencia. El debate de los vetos y de las enmiendas será por separado.

Señor Bel Accensi, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Según me comunica el senador Montilla, que es portavoz, y según me ha informado mi portavoz lo que va a ser conjunto va a ser el debate en el Pleno al menos, que es lo que se acordó en la Junta de Portavoces ayer, se hará el debate de las enmiendas y de los vetos de las dos leyes; lo que no sabíamos es que la ponencia fuera conjunta. En todo caso, a nosotros nos parece bien todo.

El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, tiene la palabra.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Ante esta decisión —que según parece ya se ha tomado—, lo que pido es que se permitan más ponentes; por ejemplo, nosotros tenemos tres o cuatro ponentes para las dos leyes, pues solicito que se puedan repartir el trabajo que ya han hecho cada uno de los ponentes tanto en las intervenciones en comisión como en Pleno y que se permita la designación de más ponentes si se hacen conjuntamente o se mantengan los ponentes por ley.

El señor PRESIDENTE: Me dice el señor letrado que solo pueden ser dos ponentes en el caso del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: ¿Dos por cada ley?

El señor BEL ACCENSI: ¿Pero hay algún inconveniente en hacer dos ponencias? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, se harán ponencias separadas.

Entonces, atendiendo al cambio del orden del día que ha propuesto la senadora Martínez, pasamos a designar la ponencia que informe sobre el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público, con número 621/000150.

Solicito a los grupos parlamentarios que designen su ponencia.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Presidente, los ponentes del Grupo Popular son: Juan Antonio de las Heras y Virginia Romero.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Para designar los ponentes del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Los ponentes serán Basilia Sanz y Nicanor Jorge Sen, pero en nombre de Basilia Sanz intervendrá el senador Arcadio Díaz para defender los vetos, tanto en comisión como en Pleno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Se entiende que en el caso del resto de grupos parlamentarios los ponentes serán los representantes de esos grupos.

En consecuencia, la ponencia queda integrada por los siguientes miembros: don Juan Antonio de las Heras, doña Virginia Romero, doña Basilia Sanz y don Nicanor Jorge Sen, más los portavoces del resto de grupos parlamentarios.

Les informo de que a este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto y 284 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por el senador Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; el número 2 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el veto número 3 por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; el veto número 4 por los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, también del Grupo Entesa y, por último, el veto número 5 ha sido presentado por el Grupo Socialista.

Las 284 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: las enmiendas 1 a 40 han sido presentadas por el senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas 41 a 87 y 134 a 139 han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; las enmiendas 88 a 133 y 233 a 280 han sido presentadas por el Grupo Entesa; las enmiendas 140 a 184 han sido presentadas por el Grupo Vasco en el Senado; las enmiendas 185 a 232 han sido presentadas por el Grupo Socialista y las enmiendas 281 a 284 han sido presentadas por el Grupo Popular.



PROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 621/000151 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Designamos ahora la ponencia que informe sobre el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, número 621/000151.

Solicitamos a los grupos parlamentarios que designen los miembros de la ponencia.

Senadora Angulo, tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Por el Grupo Popular, Juan Antonio de las Heras y Virginia Romero.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Igual que en el caso anterior, proponemos a doña Basilia Sanz, don Nicanor Jorge Sen y a don Arcadio Díaz como interviniente con voz.

El señor PRESIDENTE: Para el resto de grupos parlamentarios, la ponencia queda conformada por los portavoces.

La ponencia queda compuesta por el senador De las Heras, la senadora Romero, la senadora Sanz, el senador Sen y el resto de portavoces que forman parte de esta comisión.

A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto y 380 enmiendas.

El veto número 1 ha sido presentado por el senador Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; el veto número 2 lo ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el veto número 3 los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; el veto número 4 los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borrás y Sequera García, también del Grupo Entesa, y el veto número 5 lo ha presentado el Grupo Socialista.

Las 380 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: las enmiendas 1 a 116, que presenta el senador Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; las enmiendas 117 a 144 han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d?Unió, y el mismo grupo ha retirado sus enmiendas 145 a 149; las enmiendas 150 a 239 y 327 a 380 han sido presentadas por el Grupo Entesa; las enmiendas 240 a 272 las ha presentado el Grupo Vasco y la 273 a la 326 el Grupo Socialista.

Para que se reúnan las ponencias, suspendemos la comisión durante cinco minutos.

Muchas gracias.

Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las doce horas.



DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 621/000150 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la comisión con el dictamen del Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

Senador De las Heras, ¿cuál es el informe de la ponencia?

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

El informe de la ponencia es sencillo: incluir en la ponencia el texto remitido por el Congreso de los Diputados más las enmiendas 281 a 284, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Pasamos a debatir los vetos que se han presentado a este proyecto de ley, que son 5.

Para defender el veto número 1, que presentó el senador Iglesias Fernández, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente intervengo para dar por defendido el veto que presentó el senador Iglesias Fernández, de Izquierda Unida, a este Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.

Para defender el veto número 3, que presentaron los senadores Guillot Miravet y el senador Saura Laporta, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Doy por defendido el veto de los senadores Guillot y Saura al Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para defender el veto número 4, que presentaron la senadora Almiñana Riqué, el senador Boya Alós, el senador Bruguera Batalla, el senador Martí Jufresa y el senador Montilla Aguilera, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

De una manera muy breve, porque evidentemente en la sesión plenaria tendremos ocasión de ampliar las razones que motivan este veto, en primer lugar conviene señalar que la pretensión del Gobierno con la presentación de este proyecto —al menos así se recoge en la memoria— es responder a una de las propuestas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las administraciones públicas, en el sentido de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo coherente y ordenado, y con esa misma intención además se presenta el otro proyecto de ley, que es el de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Con ello lo que se provoca de alguna manera es la segregación del ordenamiento administrativo básico actualmente vigente, la Ley 30/1992, en dos textos legales: en una norma se trata de ubicar la organización administrativa y en otra el procedimiento administrativo.

Esta segregación se realiza bajo la afirmación de que las reglas que regulaban aspectos orgánicos del Poder Ejecutivo y las que disciplinaban los procedimientos estaban tradicionalmente separadas hasta la Ley 30/1992. Sin embargo, nosotros pensamos que tal afirmación carece de fundamento y presenta serios inconvenientes, como reflejan además algunos informes que acompañan el proyecto de ley, entre ellos el informe del Consejo de Estado. Ello es así porque tal separación previa no existía, ya que la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado del año 1957 estaba dedicada exclusivamente a aspectos organizativos y la Ley de Procedimiento Administrativo del año 1958 regulaba, además de las normas de procedimiento, otros aspectos de naturaleza orgánica en su título I. Por tanto, las razones de carácter histórico que se invocan no tienen nada que ver con la realidad.

En segundo lugar, porque esta pretensión del Gobierno de establecer y no de recuperar un criterio de distinción regido exclusivamente por la separación entre la materia organizativa y la procedimental, aparte de inconvenientes, tiene un objetivo importante —yo creo que el principal—, que es centralizar. Es así porque lo que se propicia es una confusión entre las normas básicas aplicables a todas las administraciones públicas y otras que no deben tener ese carácter básico, y el resultado será una afectación y una limitación de competencias autonómicas, exclusivas en unos casos y de desarrollo y de ejecución en otros. De alguna manera, continúa así el Gobierno la ofensiva recentralizadora y antiautonómica que le ha caracterizado a lo largo de la legislatura, y que también veremos en otros textos legales, en concreto en estos dos Plenos que tendremos a primeros de septiembre.

La regulación de los convenios interadministrativos, los consorcios, el uso de los medios colectivos, etcétera, son prueba de todo ello. El texto destila, como decía, desconfianza, espíritu de jerarquía y colisiona, en definitiva, con la arquitectura autonómica que diseña nuestro modelo constitucional. Al menos así lo vemos nosotros, de hecho el propio dictamen del Consejo de Estado pone de relieve la regulación extremadamente detallada, cuasi reglamentaria del proyecto de ley, y critica además los propios títulos competenciales en los que se ampara el texto.

Y por último, este proyecto de ley —al igual que el que hace referencia al procedimiento administrativo común que veremos después— contiene previsiones que pueden comportar gastos a las administraciones territoriales, no solo a las comunidades autónomas sino también a las corporaciones locales, y como viene siendo también la lógica habitual a lo largo de esta legislatura no se prevén compensaciones económicas por el impacto que supondrá la aplicación del presente texto normativo.

En fin, todas estas razones y algunas otras que explicaremos en la sesión plenaria son las que motivan la presentación del presento veto y la petición de la devolución del texto al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para defender el veto número 2, presentado por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Voy a intervenir brevemente también porque en el Pleno de la segunda semana de septiembre tendremos tiempo de argumentar ampliamente estos vetos.

Esencialmente, voy a centrar nuestra discrepancia radical respecto a este proyecto de ley —y también del que vamos a discutir en el próximo punto del orden del día— en cuatro puntos fundamentales. Primero, la división de un cuerpo normativo único, que en aquel momento supuso un avance, la Ley 30/1992, en dos cuerpos normativos, lo cual desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de justificación. No es nuestra perspectiva, pero también el Consejo del Estado y la mayoría de los posicionamientos doctrinales entienden que eso va a generar confusión e inseguridad jurídica, no tanto en un primer momento —que también—, sino que a lo largo del tiempo, a medida que se vaya avanzando y se vayan generando diferentes modificaciones normativas en cada uno de estos dos nuevos cuerpos legales, se van a producir problemas.

Segundo, como ocurre en la mayoría de las leyes que están entrando en esta Cámara, se desbordan las competencias básicas estatales y afectan claramente y se limitan las competencias autonómicas exclusivas o de desarrollo y ejecución. Esto es una constante, pero no por constante debemos dejar de indicarlo en cada momento.

Tercero, al igual que se percibía en aquel informe CORA, cuando el grupo mayoritario intenta concretar ese informe CORA con cuerpos legales se constata que aquello no solo era una intención, sino que el informe CORA tenía un objetivo recentralizador y que cada una de las leyes en que se desarrolla el famoso informe CORA tienen un alto componente recentralizador. Por tanto, esta ley y la siguiente no son, efectivamente, ninguna excepción.

El cuarto motivo viene siendo también una constante y apelamos a él en la mayoría de nuestros vetos: se imponen sin consulta previa —y no podemos entender que el informe CORA lo fuera, porque tampoco se consultó ni las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales— una serie de cargas económicas sin que se les ofrezca ninguna alternativa de financiación, sin que se les dé mayor posibilidad financiera. Claro, legislar para que otros niveles de administración tengan que asumir unas cargas económicas —esencialmente en cuanto a inversiones, pero no únicamente— sin darles financiación adicional lo que va a generar —lo que está generando y esta legislatura ha sido un ejemplo— es dejar en peor situación tanto a las comunidades autónomas como a las corporaciones locales.

Por tanto, por estos cuatro motivos que expondremos de forma mucho más extensa en el Pleno, nuestro grupo no solo plantea este veto, sino que va a apoyar y votará favorablemente todos los vetos planteados por el resto de grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel Accensi.

Y para defender el veto número 5, presentado por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Díaz es el apellido de mi padre, Tejera el apellido de mi madre; no sé cuánto tiempo mi padre, que en paz descanse, pero mi madre seguro que nueve meses. Por lo tanto, el apellido completo es Díaz Tejera. Gracias por darme la palabra.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para explicarles por qué razón creemos que este es un mal texto. No porque provenga del Gobierno que está apoyado por el Partido Popular, en absoluto —eso me parece de un sectarismo estúpido, porque el Partido Popular puede hacer perfectamente propuestas razonables, sensatas y que defiendan el interés general; jamás he defendido tal sectarismo pueril, con todo respeto para los niños y las niñas—, sino porque si ustedes se fijan en la exposición de motivos tanto de este texto como del que veremos a continuación verán que una cosa es lo declarado, proclamado como intención del texto y otra cosa es la articulación. ¿Por qué razón? Porque, como ya han dicho el presidente Montilla y el portavoz de Convergència en esta sesión, si ustedes leen detenidamente el informe del Consejo de Estado —hay otros informes, por ejemplo, el de la Agencia de Protección de Datos, todos muy interesantes, pero quiero referirme particularmente al del Consejo de Estado— verán que utiliza una terminología que hasta ahora yo nunca había leído, de una contundencia que a veces da la impresión de que es una especie de ajuste de cuentas entre el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado y el Cuerpo de la Abogacía del Estado, que en gran parte, junto con el Cuerpo de Interventores, son los que elaboraron este texto que proviene de la propuesta de la CORA. ¿Qué ocurre? Que había que hacer algo para que no quedara en nada, y de ahí el nacimiento de estos dos textos.

Empieza por decir el Consejo de Estado que la primera afirmación que hace el prelegislador —como se dice ahora en este texto— no tiene nada que ver con la realidad: es falso que hayan estado escindidos y que solo temporalmente se hayan unificado. Lo que se llama la década prodigiosa del derecho público, del derecho administrativo español en los años cincuenta, dio a luz un conjunto de textos con un gran sentido jurídico, con mucho rigor desde el punto de vista de amor por el principio de legalidad y de embridar lo que sería el principio de discrecionalidad, que en aquel entonces sobre todo era pura arbitrariedad. Sin embargo, a pesar de que el Consejo de Estado les insiste en que no hay razón alguna, ni siquiera histórica, para escindir, no obstante, pretendiendo darle mayor coherencia y sistematicidad al derecho administrativo lo que hace es precisamente lo contrario: darle más incoherencia y menos sistematicidad. ¿Por qué razón? Porque dentro del régimen jurídico del sector público incorpora asuntos que son más propios del procedimiento administrativo, y luego podremos comprobar cómo dentro del procedimiento administrativo incorpora asuntos más propios del régimen jurídico del sector público.

Me gustaría explicarles a ustedes, por ejemplo, cómo no se regula la figura del presidente; no tiene sentido cómo se está planteando, incluso las competencias que se plantean para el secretario exceden con mucho de dicha función. O cómo no se retira la prohibición de abstenerse, impidiéndose al miembro de un órgano colegiado poder hacerlo. Y también me gustaría preguntar si algún miembro de esta comisión tiene algún argumento por el cual considera que un fondo sin personalidad jurídica tiene la característica, la naturaleza de una administración pública. ¿Hay algún argumento que diga razonablemente, con un amparo, con un anclaje jurídico, que un fondo sin personalidad jurídica es una administración pública? Yo no lo entiendo. Por esta razón hemos planteado la enmienda.

Por otra parte, respecto al artículo 109.2, está esa particular obsesión para que la autoridad administrativa independiente sea independiente de todo interés empresarial o comercial. ¿Es que se deja en el aire que si es independiente de todo interés empresarial o comercial pueda ser dependiente de otro interés que no sea de esa naturaleza? Me parece un completo absurdo. Algunos de ustedes dirán: ¿Por qué plantea esto ahora? Porque esto está contemplado en esta ley de régimen jurídico del sector público.

¿Cuáles son los dos argumentos básicos en los que los socialistas apoyamos nuestro veto? El primero de ellos es que, en términos generales, hay una restricción de derechos de ciudadanía que ya estaban conquistados en la actualidad. Esto es, como se diría en términos peninsulares, un embudo —o en términos canarios un fonil—: en la actualidad estamos en la parte ancha y lo que se hace es ir reduciendo en materia de derechos de ciudadanía, y posteriormente tendremos oportunidad de ir escogiendo cada uno de los argumentos donde hay tal restricción progresiva.

Pero dado que estamos en el Senado, les llamo la atención a sus señorías para que tengan la bondad de fijarse en los artículos 147 y 151: las conferencias sectoriales. Fíjense ustedes en qué ocurre aquí. Que posiblemente por la situación que estamos viviendo, hay una especial obsesión del prelegislador por la palabra unidad, que está en el artículo 2 de la Constitución, pero no tiene en cuenta que en ese mismo artículo hay otra expresión, que es autonomía política. Es decir, las comunidades autónomas tienen autonomía política, no son solo entes administrativos o entes de gestión, tienen autonomía política, tienen una legitimación directa que se basa en la soberanía de toda la ciudadanía con su voto. ¿Qué ocurre? Que un órgano como es la conferencia sectorial, que es un órgano político no una administración pública, no emite actos administrativos; es un órgano político de cooperación multilateral en el que las comunidades autónomas voluntariamente adoptan ponerse de acuerdo en las formas de trabajar determinadas políticas sectoriales. Pues aquí transforman las conferencias sectoriales en un órgano que adopta decisiones que son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se vota y se adoptan decisiones que vinculan a los que han estado presentes y han votado y que, repito, se pueden recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es una especie de tic al no ser conscientes de que las comunidades autónomas son instituciones, son entes políticos, con autonomía política —insisto, no solo entes instrumentales, no solo entes administrativos, no solo entes de gestión, sino que son sujetos políticos con autonomía política—, de forma que en el artículo 151 se establece que los acuerdos, que suponen un compromiso de actuación —fíjense ustedes— en el ejercicio de las respectivas competencias, son de obligado cumplimiento. Es decir, se ha buscado una fórmula para ver de qué manera en una instancia que es política y que no es administrativa se puede imponer a una comunidad autónoma un obligado cumplimiento y exigible de acuerdo con lo previsto en la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra. Esto supone —y lo estoy subrayando aquí porque estamos en el Senado— desvirtuar el Estado autonómico; si estuviéramos en Francia yo no tendría nada que objetar porque esto cabe allí perfectamente, pero es que en Francia las regiones no tienen autonomía política, mientras que en el caso de España son sujetos políticos con autonomía política.

Por tanto, restricción de derechos de ciudadanía; mala técnica legislativa; mala sistemática en términos estrictamente técnicos y con un contenido político que es un esfuerzo inútil porque no se ajusta a la realidad de nuestro Estado. Si luego el presidente se comporta con la misma benevolencia con que hasta ahora lo ha estado haciendo con este senador —no he advertido, como otros, que iba a ser breve porque no quería mentirle—, en mis siguientes intervenciones podré desgranarles muchas más razones, no ya de tipo político sino de tipo específicamente técnico, que abonan que esta es una ley, un subproducto muy llevado desde la vanidad y la soberbia de algunos cuerpos del Estado que compiten con otros a la hora de poner un apellido en unas leyes concretas. No tiene nada que ver con lo que está en vigor en la actualidad, créanme que esto lo único que hace prácticamente es sustituir a la llamada LOFAGE, no tiene mayor contenido, excepto esta desvirtuación del Estado autonómico con las conferencias sectoriales.

Nada más, presidente —coma—, por ahora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador Díaz Tejera.

Para hacer uso del turno en contra, tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Empiezo por el final, señor Díaz Tejera: vanidad y soberbia... —puntos suspensivos—.

Cinco han sido los vetos presentados a este Proyecto de Ley del régimen jurídico del sector público, como también ocurre en el siguiente Proyecto de Ley que veremos del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, pero a juicio de este portavoz perfectamente podrían agruparse en tres: aquellos que destilan el carácter comunista de quien los representa; el de los socialistas, entre ellos, los señores Díaz Tejera y Montilla, y el de los nacionalistas convergentes.

En el primero de ellos, el del senador Iglesias y la parte de Entesa de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes, los senadores Guillot y Saura, en ambos casos se acusa a este proyecto de ley —como han hecho otros miembros de esta comisión— de recentralizador, invasor competencial, unilateral y retroceso democrático. Llevan toda la X Legislatura diciendo prácticamente lo mismo y dedican a este proyecto de ley —como viene ocurriendo de forma habitual en todos y cada uno de los proyectos de ley que presenta el Gobierno y que defiende el Grupo Parlamentario Popular— innumerables epítetos y adjetivos descalificativos, como los descritos. Si tanto poder recentralizador tienen las leyes que venimos aprobando en esta X Legislatura y hay tanta invasión competencial, yo no he visto ninguna comunidad autónoma que haya perdido competencia alguna en estos casi cuatro años de legislatura.

Nada más lejos de la realidad, señorías. La voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta tanto en el Congreso como en el Senado es que esta ley no tenga carácter centralista, no pretende con ella la aniquilación del régimen competencial —como también se manifiesta en algunos de los vetos— y además elabora los proyectos de ley con el más amplio sentido democrático, no como otros a los que la democracia que los ampara sería aniquilada en el mismo instante en el que llegaran al poder. Por cierto, y para simple conocimiento de sus señorías, resto de senadores de esta comisión, el veto de los senadores Guillot y Saura, de Iniciativa per Catalunya Verds y que se integran en Entesa, se diferencia del veto de Izquierda Unida, del senador Iglesias, en tan solo un párrafo: el senador Iglesias lo pone al principio del veto y los senadores Guillot y Saura ponen el mismo texto al final del primer párrafo. Eso sí, los senadores Guillot y Saura introducen la queja sistemática de estos dos últimos meses sobre la abundancia legislativa, los ritmos y los plazos de esta parte final de la legislatura. Pero, señorías, este proyecto de ley entró en la Cámara el día 31 de julio; tuvimos, tuvieron ustedes plazo para presentar enmiendas hasta el día 19 del mes de agosto; se celebra hoy la comisión y, visto el orden del día del Pleno de la semana que viene, del día 1, irá al Pleno de los días 8, 9 y 10 de septiembre. Es decir, con tiempo más que suficiente para que sus quejas queden para mejor olvido.

Los vetos de carácter socialista —aquellos que se presentan por este orden: los senadores del PSC de Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista— tienen una justificación basada, a juicio de los que lo presentan, en un dictamen demoledor del Consejo de Estado —al cual ha hecho referencia también el senador Díaz Tejera—, que ni es cierto ni es demoledor, pues tan solo afecta a cuestiones técnicas que ya han sido corregidas por la Abogacía del Estado y en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados. Pero lo que no manifiestan los senadores socialistas y sí manifiesta el Consejo de Estado —y abro comillas, mayúsculas y subrayado— es que: «Las consideraciones contenidas en el presente dictamen del Consejo de Estado no pueden ser entendidas» —repito, no pueden ser entendidas— «como una reforma administrativa a esta ley».

Sobre la ofensiva recentralizadora y antiautonómica, lo deben decir ustedes por su experiencia política previa, en la que liquidaron al Partido Popular con el cinturón anti-Partido Popular y que ahora pretenden reeditar. Ya lo manifesté y nada más lejos de la realidad: ni invasión competencial ni voluntad política alguna de realizarla.

La tercera cuestión en la que se centran es en el incremento del gasto que conllevará este proyecto de ley. Y lo dicen precisamente ustedes, la parte socialista del arco parlamentario, aquellos que gastaron a manos llenas, sin tino ni medida y que dejaron al país y a muchas comunidades autónomas al borde de la ruina. Pero saben perfectamente que los gastos generados con este proyecto de ley se compensarán más que de sobra con los ahorros que se vayan a generar, tanto en el proyecto de ley presente como en el del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista y de Entesa: reducción y eficacia administrativa, justo lo contrario de lo que hicieron ustedes en los ocho años de mal Gobierno del señor Zapatero.

Dejo para el final el veto de los senadores convergentes, que hoy representan un nacionalismo cada vez más instalado en el radicalismo. Veto que, por cierto, es literalmente idéntico al que presentan también al proyecto de ley que discutiremos a continuación. En ambos, a juicio del que suscribe, se roza el absurdo. Miren, señorías de Convergència, en este proyecto de ley no existe inconveniente legal alguno, si no así se hubiera manifestado por la Abogacía del Estado; no tiene carácter recentralizador, no invade competencia alguna y, por supuesto, no generará mayor gasto al conjunto de las administraciones públicas. Y hablando de más gastos, más les valdría a ustedes, a los convergentes, dejar de realizar algunos en los que incurren para financiar su afán separatista.

Finalizo, señor presidente. Señorías, nosotros, al contrario que el resto de los grupos parlamentarios, creemos que este proyecto de ley, conjuntamente con el del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, garantizará la eficiencia y avanzará en la transparencia del conjunto del sector público y de las administraciones públicas, más aún, facilitará las relaciones entre los ciudadanos y las empresas con las administraciones públicas; no recentraliza nada, repito, no invade competencia alguna y, finalmente, sí generará importantes ahorros a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto del sector público. Con este proyecto de ley nuestra administración pública será más eficiente, totalmente electrónica y tendrá mayor seguridad jurídica, si cabe, así como mayor calidad normativa.

Evidentemente, con lo dicho, comprenderán ustedes que votaremos en contra de los cinco vetos presentados.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador De Las Heras.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, senador Martínez Oblanca. (Denegaciones).

Por el Grupo Vasco, senadora Martínez. (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa, senador Montilla. (Denegaciones). Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, tiene la palabra el senador Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: No sabía si contestar al señor De Las Heras ahora o hacerlo posteriormente, pero creo que lo voy a tener más fresco ahora.

Señor de Las Heras, que usted venga a decirnos hoy que no sabe en qué gastamos y que si nuestros delirios independentistas generan gastos, hoy, cuando ustedes esta tarde ustedes van a dictaminar en la Comisión de Presupuestos una modificación presupuestaria para generar un crédito adicional de más de 800 millones de euros para el Ministerio de Defensa, con lo cual van a incrementar en el año 2015 un 42 % el presupuesto inicial de dicho ministerio con todas las modificaciones presupuestarias. Que hoy el Partido Popular pretenda darnos lecciones de cómo se deben gastar los recursos públicos creo que no es muy acertado.

Dice que llevamos toda la legislatura señalando que todas las leyes que está trayendo el Gobierno son recentralizadoras. Claro, es que lo son, es que no hay ningún propósito de enmienda. Y si tienen alguna duda hagan análisis de conciencia: vean cuál era la situación del mapa y la configuración de las comunidades autónomas del Estado español cuando ustedes llegaron al Gobierno y cuál va a ser cuando lo dejen. Y si creen que esto ha pasado por generación espontánea y que ustedes no tienen ninguna responsabilidad, evidentemente, deben continuar en la misma línea, pero ya les digo yo que ustedes no están exentos de responsabilidad, porque ha sido una constante, una constante en cada una de las leyes. Y más allá de los delirios independentistas que podamos tener algunos, la gente, la mayoría de la gente en determinadas comunidades autónomas —y, por supuesto, en la mía— no cambia porque sí, no cambia porque un presidente se haya vuelto en estos momentos independentista radical —como si ser radical en la vida fuese un problema—, sino que algo tendrán que ver ustedes.

Discutir en estos momentos que las diferentes iniciativas legislativas no están mermando y limitando constantemente las competencias de las comunidades autónomas, que se está haciendo una interpretación, incluso de las leyes que estaban vigentes hasta este momento, mucho más restrictiva y que no hay una intención recentralizadora en la mayoría de las leyes —como la había claramente en el informe de CORA— implica que ustedes defenderán lo suyo pero los demás, legítimamente, defenderemos lo que tengamos que defender. Ahora bien, hago una reflexión: si todos los grupos de esta Cámara les están indicando algo, hombre, tengan un poco de humildad y analícenlo, porque quizá aparte de que les tengamos manía, quizá tengamos razón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel Accensi.

Por el Grupo Socialista, senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Yo comprendo, señor De Las Heras, dicho sea con todo respeto, que usted no quiera hablar de este texto. Yo lo entiendo, usted prefiere hablar de Zapatero, prefiere hablar del separatismo. Lo entiendo, son 123 páginas y en agosto se prefiere leer otras cosas, lo entiendo. Yo entiendo que no haya querido leer el informe del Consejo de Estado —también lo entiendo— o el de la Agencia de Protección de Datos, lo entiendo, humanamente lo entiendo. Yo habría preferido novela negra, cualquier autor. De esto el presidente Montilla sabe muchísimo más que yo y, por cierto, su gran aportación ha sido que gran parte de lo que he dicho yo ya lo había dicho el presidente Montilla. A mí me enorgullece que usted me diga que yo, como socialista, he dicho cosas semejantes a las que ha dicho el presidente Montilla, a mí eso me llena de orgullo, no me molesta. ¿Cree usted que está descubriendo algo por decir que los socialistas tienen un cuerpo de ideas, tienen un cuerpo de valores, tienen una cosa que se llama ideología? ¿Por eso cree usted que me ofende? No. Yo quiero hablar del texto. Aquello que decía el señor Umbral, que en paz descanse: «vengo a hablar de mi libro». Vamos a hablar del texto.

Yo le he citado los artículos 149 y 151, sobre las conferencias sectoriales. No ha dicho nada, nada, no ha acusado ni recibo. Se lo estoy diciendo de manera concreta para que sepa encontrarlo.

Le he hablado del artículo 109.2, ahora se lo digo más concretamente, respecto de la independencia de las autoridades administrativas. La obsesión ahí es que esas autoridades sean independientes de todo interés empresarial o comercial. A mí me parece que es mucho más inteligente decir que tengan completa independencia porque no se trata solo de independencia empresarial o comercial, sino de todo grupo o interés ajeno al interés general, tenga esa naturaleza o tenga otras. Es el artículo 109.2, para que lo encuentre de manera concreta.

También le he preguntado: ¿Hay alguien aquí que pueda dar un argumento que explique por qué un fondo sin personalidad jurídica es una Administración Pública? Nadie dice nada. Para que lo encuentre de manera concreta, es el artículo 84, apartado f). Por favor, den un argumento, si tienen la bondad.

Hay más. Les he preguntado por qué razón un miembro de un órgano colegiado tiene la prohibición de abstención si así lo estima oportuno. Para que lo encuentre, artículo 19.3.c).

Le he preguntado respecto de las funciones del presidente en los órganos colegiados, que está en los artículos 15 a 18, porque se puede dar la situación de que un órgano colegiado se reúna y no haya un presidente que convoque y presida.

Esos son cosas concretas. Le hice una consideración general sobre las conferencias sectoriales, toda vez que estamos aquí en el Senado; no sé si se acuerdan de que las conferencias sectoriales se reunían aquí. Yo sé que usted me volverá a hablar de Zapatero, el separatismo y Viriato. Lo que usted quiera, me da igual, pero ahora estamos hablando de este texto —respecto de otras situaciones el electorado ya se ha ido pronunciando—, ahora estamos en lo que estamos, aquí, en este presente y ver cómo construimos el futuro. Respecto al pasado, lo hablamos en otro momento, cuando usted quiera, en otro foro. Pero aquí, ahora, en concreto, le hice el razonamiento en torno a que si se buscaba sistematicidad y coherencia, se gana en incoherencia y falta de sistematicidad. Le he dicho que esta Ley del régimen jurídico del sector público traslada la LOFAGE, no se plantea otra cosa. Se plantean asuntos de procedimiento que deberían estar en la Ley de procedimiento y hay asuntos que están en la Ley de procedimiento que deberían estar aquí en esta Ley de régimen jurídico del sector público.

Le ruego que, si al final todo esto le parece excesivo, se concentre solo en el artículo 151 y me explique cómo es posible que un órgano de composición voluntaria, un órgano que es cooperación multilateral, que no es una Administración Pública, que es un órgano político, se transmute y de pronto emita actos administrativos susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Respecto de la otra ley, ya veremos que lo que hace es coger la Ley 30/1992, meterle los sábados como día inhábil y cambiar los números de los artículos, pero las expresiones que utiliza son absolutamente idénticas. ¿Por qué razón? Porque cortar y pegar es de fácil acceso.

Lo de la soberbia y la vanidad lo digo porque el argumentario que usa el Consejo de Estado es bastante rotundo. Por eso digo que actúan con soberbia porque no aceptan que de otras personas se puede aprender. Ayer yo citaba en la Comisión de Justicia cómo una vez la senadora Vindel me hacía una corrección, yo la acepté y le pedí disculpas. Ayer mismo un senador del Partido Popular volvió a cometer el error y le dije, aplicando la misma doctrina: por favor, retire usted esa expresión. Yo aprendo todos los días de todos los seres humanos. ¿Por qué razón el prelegislador cuando lee el informe no se plantea esa posibilidad? Yo sé que usted ha dicho que ha incorporado algunas cosas y lo he comprobado durante esa tramitación pero, ¿cómo evaluamos que del conjunto de enmiendas aquí presentadas, señor, solo ustedes planteen aceptar las de ustedes mismos? Ayer, en la Comisión de Justicia, ¿sabe qué pasó? El Grupo Popular no aceptó ni sus propias enmiendas; no aceptó las enmiendas de ningún grupo pero ni siquiera las suyas, para que el texto quedara como vino del Congreso, como si los que están en el Congreso se hubiesen caído en la marmita de la sabiduría y la divinidad y lo que proviene de ahí no fuera susceptible de mejora, cuando yo creo que toda obra humana lo es. Entonces, ¿cómo calificamos que del conjunto de enmiendas no acepten ni una? Hay algunas sugerencias, y no algunas, excepto la parte relativa a la conferencia sectorial, que le acepto que tiene un contenido político dado el Estado autonómico en el que estamos viviendo, la inmensa mayoría de las propuestas que planteamos son de tipo técnico, para mejorar. Nosotros no planteamos que cuanto peor, mejor; en absoluto. Queremos mejorar siempre las cosas porque somos unos obsesivos de la excelencia, de ver de qué manera podemos ayudar a que esto mejore.

A mí me parece que le he dado argumentos concretos. Aparte de hablar de otras materias, me gustaría que usted acusara recibo de lo que le he argumentado. Si no quiere hacerlo, lo puede dejar, no pasa nada, espíritu deportivo. Pero al menos del argumento de la conferencia sectorial, el 151, me gustaría saber qué opina usted como senador.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Senador De las Heras, tiene la palabra.

El señor DE LAS HERAS MUELA: También intervengo muy brevemente.

Senador Bel, sobre el incremento de créditos del Ministerio de Defensa, que dice usted que se producirá en la Comisión de Presupuestos de esta tarde, usted conoce, porque además es alcalde, que el presupuesto de cualquier institución, incluido el del Ministerio de Defensa, los Presupuestos Generales del Estado, son materia viva y hay gastos que hay que afrontar y es improrrogable darle la justificación legal. Otra cosa es lo que hacían los compañeros del senador Díaz Tejera y algunos socialistas, que incurrían en gastos sin ni siquiera tener consignación presupuestaria.

Sobre la recentralización, senador Bel, le vuelvo a repetir, ¿dónde está la recentralización del Estado? ¿Dónde está la invasión competencial que dicen ustedes continuamente en ese mantra que ha ejercido la Administración General del Estado sobre las comunidades autónomas? Yo no la veo. ¿La gente no cambia porque sí? Claro, cambia cuando se le incita a hacer determinados cambios, pero la culpa de la deriva independentista de la parte convergente de Convergència i d’Unió no la va a tener ahora el Partido Popular, senador Bel, por favor.

Senador Díaz Tejera, además de vanidoso y algo soberbio es usted, si me apura y con el respeto de la Cámara —si tengo que pedir perdón, lo pido—, algo faltón, porque yo sé leer. Yo, igual que usted, me he pasado todo el mes de agosto con dos proyectos de ley y sé lo que leo y cómo lo leo, pero evidentemente no me va a dictar usted mi forma de actuar en esta comisión ni dirigir a mi grupo político a la hora de aceptar o no enmiendas que se presenten a este proyecto de ley, al proyecto de ley de la Comisión de Justicia o los que se están debatiendo ahora en la Comisión de Fomento. Usted viene a hablar de su libro y yo del mío, senador Díaz Tejera. Le vuelvo a repetir que sé leer y entiendo lo que entiendo.

Respecto de la argumentación sobre determinados artículos, estamos en el tema de los vetos. No se preocupe, ya entraremos en el tema de sus enmiendas técnicas. Esa excelencia que ahora le ha dado a su grupo parlamentario, el socialista, por incluir en todos los proyectos de ley, más les valía haberlo hecho unos años antes. Eso sí, da la sensación, o eso es lo que usted pretende, de que usted sabe más que todos los abogados del Estado juntos que asesoran al ministerio y los propios técnicos de la CORA.

Senador Díaz Tejera, votaremos en contra de su veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Pasamos a votar los vetos que han presentado los diferentes grupos.

Votamos primero el veto número 1, del senador Iglesias Fernández, del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10;



en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar el veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra,  14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Marí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo de Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Y finalmente votamos el número 5, del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Señorías, pasamos al debate de las enmiendas.

Enmiendas 1 a 40 presentadas por el senador Iglesias Fernández del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las 40 enmiendas presentadas por el senador Iglesias Fernández de Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

Enmiendas 140 a 184 del Grupo Vasco.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Voy a dar por defendidas las enmiendas, pero sí quisiera hacer un comentario general sobre todas ellas.

Cuando el senador De Las Heras pregunta una y otra vez dónde está la invasión competencial realmente me da la sensación de que no se ha leído mis enmiendas, porque son 45 y cada una de ellas con una justificación de carácter competencial en la que desglosamos uno a uno cuáles son los artículos y los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, y concretamente del Estatuto vasco y de las normas que lo desarrollan, que no se están cumpliendo y por qué no se están respetando las competencias que tiene Euskadi en este caso en materia de administraciones públicas, como es el principio de autoorganización.

Nos pide reiteradamente que citemos un solo precepto de este proyecto de ley en el que se estén invadiendo competencias, y yo no le cito uno, sino 45, uno por cada una de las enmiendas que he presentado. Por tanto, muestren un poco de respeto en su discurso hacia los trabajos que hacemos otros grupos parlamentarios, porque efectivamente hay una invasión competencial en esta ley y prácticamente en todas las que está aprobando el Gobierno popular, particularmente en el ámbito de la Administración pública.

Escudándose en el artículo 149 y en el régimen básico que corresponde al Estado regular, están estableciendo mecanismos de carácter reglamentario que quieren elevar a la categoría de normativa básica. Incluso hay órdenes ministeriales que están acogiendo este concepto de normativa básica dentro de este proyecto de ley. Si realmente son los miembros del Grupo Parlamentario Popular quienes abrazan absolutamente y sin discrepancias los informes de la CORA, que no buscan otra cosa que recentralizar el Estado, díganlo abiertamente, porque este es un país libre; si realmente la intención de este Gobierno es utilizar como excusa el ahorro, utilizar como excusa la mayor eficiencia, acabar con las duplicidades y con el solapamiento de las administraciones públicas, y lo quiere hacer a costa de acabar con las administraciones locales y autonómicas, que lo diga. Tiene mayoría para hacerlo, y además, lo están haciendo durante toda la legislatura, pero no nos acusen a los demás de no utilizar argumentos o de inventarnos invasiones competenciales, porque no es así y las 45 enmiendas que presenta mi grupo parlamentario dan fe y son un buen argumentario jurídico de todo ello, al menos en lo que se refiere a este proyecto de ley.

Por tanto, mantenemos las enmiendas y estamos a favor de los vetos a la espera de que efectivamente aquellas enmiendas transaccionales, aquellos puntos de acuerdo que se iban a alcanzar con nuestro grupo parlamentario se sustancien de aquí al debate en Pleno, algo que nos podría llevar a modificar nuestra postura respecto de los vetos presentados por el resto de los grupos. De no ser así, mantendremos nuestro voto a favor de los vetos y en contra del proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

Enmiendas 88 a 133 y 233 a 280 del Grupo Parlamentario de Entesa.

Para su defensa tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Enmiendas 41 a 87 y 134 a 139 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i d’Unió.

Para su defensa tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas y en todo caso ya las argumentaremos en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Enmiendas 185 a 232 del Grupo Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Nosotros también las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Entiendo que las enmiendas 281 a 284 del Grupo Popular han quedado incorporadas en ponencia. ¿Es así, senadora Romero?

La señora ROMERO BAÑÓN: Sí, señor presidente, pero aunque dichas enmiendas hayan sido incorporadas y las demos evidentemente por defendidas, me gustaría decir, a propósito de lo que decía el senador del Grupo Socialista en su intervención en cuanto a que solo aceptábamos nuestras enmiendas, que estas suponen simple y estrictamente una mejora técnica del texto sin entrar en el fondo. Así, por ejemplo, está enmienda 281 trata de empresas que afectan a la internacionalización de la economía para adaptarla a las normas comunitarias; el resto de ellas especifican los plazos de entrada en vigor de esta ley, y el hecho de que hayan sido incorporadas no afecta a su contenido, pero sí clarifican y mejoran técnicamente este proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Díaz Tejera pide la palabra).

Tiene la palabra, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

La enmienda 326, que pretende aclarar la desaparición de la reclamación antes de presentar la demanda civil o laboral, debe suponer un cambio en la legislación civil y también en la laboral. Leyes 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, y 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque si desaparecen en esta formulación general, tienen que tener también esa precisión en esos dos ámbitos. Y este es un tema estrictamente técnico. Es decir, no se ha hecho ningún análisis ideológico de ninguna naturaleza, es una cuestión puramente técnica.

En cuanto a la enmienda 325, respecto a un margen de razonabilidad en la adaptación al esquema nacional de seguridad...

El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, el señor Díaz Tejera está hablando de otra ley.

El señor DÍAZ TEJERA: Es la de régimen jurídico.

La señora ROMERO BAÑÓN: No, señor presidente.

Estamos debatiendo el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público y a la Ley que usted se está refiriendo, señoría, es a la de procedimiento administrativo común, que veremos posteriormente y que sí tiene 370 enmiendas. En ese proyecto de ley sí se habla precisamente de la supresión de la reclamación previa en la vía civil y laboral, pero no en la que ahora nos ocupa, en la que se habla de la relación entre las administraciones y no de la relación entre la Administración y el ciudadano, que es a lo que usted se está refiriendo.

El señor DÍAZ TEJERA: Sí, señoría, pero déjeme que le explique. Estamos debatiendo el Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público. Hay una llamada permanente a la adaptación a todo el sistema electrónico que tiene que ver con el esquema nacional de seguridad y con que los programas operativos sean comunicables entre sí. Asimismo, y en cuanto a los municipios pequeños, se plantea la necesidad de que tengan una mayor comprensión en su progresiva adaptación a este nuevo sistema. Pues bien, yo estaba intentando razonar y explicar algunas enmiendas que no tienen un soporte ideológico y político general, como el del 151 en relación con las conferencias sectoriales. A mí me parece que esos planteamientos son absolutamente razonables en el régimen jurídico del sector público. Mi intención era explicarlas, sobre todo para pedir alguna explicación de por qué no se aceptan porque me parece que son absolutamente técnicas y razonables, eso es lo que yo pretendía, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Senadora Romero, tiene la palabra.

La señora ROMERO BAÑÓN: Senador Díaz Tejera, yo no tengo inconveniente en que hablemos de las enmiendas de otro proyecto de ley pero por una cuestión de orden quería que constase en acta que el proyecto de ley que ahora se está debatiendo, del que acabamos de votar los vetos y del que vamos a votar el dictamen, no tiene las enmiendas a las que usted se está refiriendo. En este proyecto de ley hay 284 enmiendas. Es cierto que la Administración electrónica se recoge en ambos proyectos pero en este proyecto de ley únicamente nos estamos refiriendo a la relación entre las administraciones públicas.

Algo que usted ha dicho de los ayuntamientos sí es materia específica de este proyecto de ley y no de la Ley de procedimiento administrativo común que ahora después debatiremos y en la que usted podrá hacer referencia a esas enmiendas que ha citado para ver por qué no se han aceptado hasta esta comisión, aunque ya le he dicho antes que estamos estudiándolas y no descartamos que se pueda llegar a una transacción.

Le voy a decir que en los ayuntamientos pequeños precisamente gracias a la implantación de esta Administración electrónica en la actualidad hay más de 8000 municipios que están conectados con la Administración General del Estado y la carencia que algunos municipios pequeños puedan tener en cuanto a la Administración electrónica, como usted ha puesto de manifiesto, va a quedar suplida por el refuerzo que se hace a la función de las diputaciones, y precisamente una de esas funciones es el asesoramiento y el apoyo a los municipios pequeños.

Entrando propiamente en el turno de portavoces, sé que cada uno interpreta el proyecto de ley con la buena intención de mejorarlo técnicamente, por lo que sí me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos los grupos políticos la aportación de sus enmiendas; las estamos estudiando y nuestra voluntad es llegar a aceptar el mayor número que nos sea posible, siempre —y sí se lo digo señorías— que no se aparten del objetivo del proyecto y no vayan en contra de este y del espíritu de esta ley.

¿Y cuál es el espíritu de esta ley a la que tanto se ha referido el senador del Partido Socialista? Esta ley está dentro de las más importantes que el Gobierno ha hecho en cuanto a la reforma de la Administración. ¿Y qué finalidad tiene esta reforma de la Administración? La única, señorías, es hacer una Administración más ágil, más eficaz, más sostenible y más cercana a los ciudadanos. Una Administración —y eso es lo que estamos votando con este proyecto de ley— que se acerque a las necesidades de los ciudadanos, que les facilite las actuaciones y les elimine obstáculos, en definitiva una Administración acorde con la Unión Europea y con un Estado moderno, eficaz y del siglo XXI. Por eso, señorías, yo les pido el voto favorable para este proyecto de ley.

En nuestra opinión, senadora Martínez, en ningún caso hay injerencia en las competencias de las comunidades autónomas; no hay invasión competencial, porque lo que se está regulando, al amparo del artículo 149 de la Constitución Española, son criterios básicos; además, se deja siempre en última instancia que la comunidad autónoma ejecute esas instrucciones cuando lo crea conveniente, y se está intentando reducir costes para esas administraciones.

Tampoco hay ningún informe del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial que haya tachado de inconstitucional esta ley. Y en cuanto al informe del Consejo de Estado mencionado por el senador del Partido Socialista, hace unas recomendaciones que en ningún caso se puede considerar que vayan en contra de esta reforma. Lo que se intenta con esta ley, señorías, no es invadir las competencias de las comunidades autónomas, pero para una mayor seguridad jurídica y para una mayor facilidad a los ciudadanos es necesario contar con unos principios generales que rijan la forma de actuar de las entidades y de los organismos y que estos sean comunes y básicos para todo el sector público institucional, pero —repito— siempre respetando el principio de autonomía de las comunidades autónomas.

Ahora, muy brevemente, sí me gustaría detenerme en el apartado relativo a las conferencias sectoriales a las que ha hecho referencia el senador del Partido Socialista, porque ha dicho que no lo habíamos hecho. Le diré que el artículo 149 referente a las conferencias sectoriales dice —y usted ya lo ha mencionado— que aunque los acuerdos sean jurídicamente vinculantes en absoluto suponen una injerencia en la autonomía política de ninguna autonomía, porque, como usted también ha dicho en su intervención, si se vota en contra de esos acuerdos, no son vinculantes; en lo único que lo son es cuando se trata del principio de coordinación de la Administración General del Estado, es decir, cuando esta va a ejercer funciones de coordinación, y eso, señorías, es así porque se está recogiendo la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional desde el año 2012. Esos acuerdos son los únicos en los que va a ser obligatorio, en los demás no supone en absoluto una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas porque cuando se voten en contra no tendrán que aceptar esos acuerdos.

Por lo tanto, la potestad de coordinación se va a ejercer únicamente cuando el Estado tenga la competencia normativa en esta materia, que es cuando va a ser obligatorio, y la finalidad es evitar contradicciones o reducir disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían el ejercicio de la competencia normativa estatal cuya ejecución involucra a diferentes administraciones públicas.

Por lo tanto, lo que se hace es recoger unas lagunas legales que existían; además se recoge la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional. Y en lo que afectan a las comunidades autónomas, si no se votan a favor, no tienen por qué ser vinculantes para ellas. Asimismo, siguiendo también las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, las comunidades autónomas podrán fijar la normativa de desarrollo que consideren conveniente en los aspectos en los que ellas tengan competencias.

Por todo ello, señorías, entendemos que es una ley que va a facilitar la intercomunicación entre las propias administraciones y va a suponer un ahorro —ya lo ha supuesto— con la factura electrónica y una facilidad en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social. Es una buena ley, moderna y que facilita la vida de los ciudadanos. Votar a favor de esta ley, y el Grupo Popular lo va a hacer, es votar a favor del avance y de la modernización y anticiparnos a las demandas de los ciudadanos españoles. No me gustaría terminar sin expresar el reconocimiento de nuestro grupo a todo el cuerpo de funcionarios públicos que desde hace unos años ha realizado un gran esfuerzo y ha hecho sostenible con su sacrificio en muchos casos el servicio público y el sostenimiento de estas administraciones.

Muchísimas Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero.

¿Podemos pasar a votar? (El señor Díaz Tejera pide la palabra).

Senador Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Antes, interrumpí la exposición que estaba haciendo por el error numeral que cometí. Estaba tratando de explicar la diferencia entre las propuestas de tipo técnico, sin contenido político e ideológico, de las propuestas de contenido político e ideológico. Pero usted comprenderá, señor presidente, que no voy a explicar ahora de la 185 a la 232, no es esa mi intención; tan solo quiero preguntar por las enmiendas 230 y 231, que tienen que ver con las bonificaciones en los billetes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, porque si no, señor presidente, comprenderá usted, que esta noche, cuando vuelva a Canarias, si alguien ha seguido este debate y ve que no he preguntado por estas dos enmiendas, seguro que no me dejarán entrar en mi tierra. Si tienen a bien, dadas las características del debate anterior, darme algún argumento en contra de la aceptación de estas enmiendas, lo agradecería si V.E., con su benevolencia, así lo admite. Si le parece extemporánea tal pregunta, no se preocupe, no pierdo el sueño, con haber dicho esto ya he cumplido.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.

De conformidad con el artículo 116 del Reglamento del Senado, procedemos a votar el texto propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de ley de régimen jurídico del sector público.



PROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 621/000151 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Se da por reunida la ponencia.

Señor De las Heras, ¿cuál es el informe de la ponencia?

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias.

Pasará al Pleno del Senado sin ninguna enmienda, es decir, tal como vino el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Heras.

Pasamos a debatir los vetos que se han presentado a este proyecto de ley.

Para defender el veto número 1, presentado por el senador Iglesias Fernández, senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendido este veto presentado por el senador de Izquierda Unida, dentro del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

Para defender el veto número 3, presentado por el senador Guillot Miravet, senador Montilla, tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido el veto presentado por los senadores Guillot y Saura, del Grupo de la Entesa.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para defender el veto número 4, presentado por la senadora Almiñana Riqué, senador Montilla, tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo de manera muy breve, porque, en realidad, algunos argumentos —con más extensión tendremos ocasión de darlos en el Pleno— tienen conexión con los expresados en la defensa del veto de la anterior ley. En definitiva, nosotros pensamos que ese objetivo del Gobierno de abordar esa reforma integral y estructural de la normativa aplicable a las administraciones públicas segmentando la actual Ley 30/1992 en dos proyectos de ley, se hace con un enfoque que pensamos que es erróneo. En este sentido, a pesar de lo que se ha dicho, hay sobradas menciones en los dictámenes, especialmente en el Consejo de Estado, que descalifican, o no avalan, esa separación, sobre todo los argumentos a favor de la separación de la hasta ahora Ley 30/1992 en dos proyectos de ley.

Pensamos que no sirve para clarificar y simplificar. Todo lo contrario, lo que aporta es más confusión. De alguna manera, así se recoge también en el dictamen del Consejo de Estado. Lo sustancial de las deficiencias señaladas en este informe no han sido subsanadas; ni fueron subsanadas por el Gobierno al aprobar el proyecto de ley ni durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Ello puede comportar, en este caso, teniendo en cuenta que estamos hablando de una ley que regula no las relaciones entre la Administración —que es la que hemos visto anteriormente— sino las relaciones de las administraciones con los ciudadanos y de los ciudadanos con estas, problemas de seguridad jurídica, lo que puede ser extremadamente contraproducente, ya que serían los ciudadanos los principales afectados por la falta de claridad y la confusión que, a nuestro entender, puede provocar el texto de este proyecto de ley.

En segundo lugar, otra razón, que aducíamos al presentar el anterior veto, tiene que ver con el desborde de las competencias estatales. Se utiliza el artículo 149.1 o el 149.18 nuevamente con un carácter absolutamente expansivo, que sobrepasa los límites constitucionales de la legislación básica y que invade competencias de las comunidades autónomas. Ha sido una práctica general. Nunca había existido tal nivel de litigiosidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas como en esta legislatura, no solo por las comunidades gobernadas por un partido diferente al partido del Gobierno, en este caso, de España, sino que también —hay que recordar— comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular le han llevado al Tribunal Constitucional en más de una ocasión y en algunas lo hacen, precisamente, defendiendo aquellas que creen que son —o han sido— sus competencias. La legislación, en suma, rezuma, por así decirlo, esa desconfianza hacia las comunidades autónomas, hacia sus competencias propias, especialmente, hacia el carácter político de la descentralización en nuestro país, como muy bien hacía alusión el senador Tejera. Las comunidades autónomas no son entes descentralizados administrativamente, sino que tienen competencias exclusivas que se derivan de la Constitución y, por lo tanto, competencias de carácter político.

En esta ley —también en la anterior, pero especialmente en esta—, por su trascendencia, en el proceso que ha habido para su elaboración, desde nuestro punto de vista, no se han tenido en cuenta suficientemente las aportaciones que ha habido en un proceso poco organizado de comunidades autónomas y corporaciones locales. Y no es lógico que textos que afectan a la organización y al funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas, especialmente en aquello que tiene que ver en su relación con los ciudadanos, se impongan, seguramente sin más diálogo y más vocación de consenso, que creemos que a este respecto no ha existido. Eso al margen de poner de relieve que la ley ignora los costes de su aplicación. Los costes siempre son cero. Todos sabemos que no son cero, entre otras cosas, cuando se derivan de la ley obligaciones para las administraciones públicas que tendrán costes. Cero, seguro que no es. En cualquier caso, estos ni se valoran ni, por supuesto, se prevé compensar a las administraciones por los costes derivados de este proyecto de ley.

Todas estas, y algunas más que explicaremos en el Pleno, son razones que motivan nuestro veto y la petición de devolución del texto al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para defender el veto número 2, presentado por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència, señor Bel Accensi, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Lo voy a hacer de forma breve, pues los argumentos de nuestro veto son, tal como he avanzado y como el senador De las Heras ha recordado posteriormente, idénticos al anterior proyecto de ley. Por tanto, no los voy a desarrollar más. Visto que la predisposición, la sensibilidad del Grupo Popular hacia estos planteamientos ha sido, obviamente, como hemos constatado, absolutamente nula, negando la realidad, no voy a esforzarme más. Voy a intentar, a lo largo de estas dos semanas que quedan hasta el debate en el Pleno, buscar nuevas formas de plantear nuestros argumentos para ver si somos capaces de sensibilizar al grupo mayoritario respecto a su bondad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Para defender el veto número 5 que presentó el Grupo Socialista, senador Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

He de reconocer que algunos apartados que eran demasiado extremistas los han ido corrigiendo en el transcurso de la tramitación. Fíjense si no en la disposición adicional que ahora es segunda y en su momento en el texto que salió era tercera. Ahí se planteaba que cada comunidad autónoma podía tener su sistema telemático siempre que cumpliese los requisitos del esquema nacional de interoperatividad y el esquema nacional de seguridad, pero para tenerlo había que demostrar que era más eficiente que el de la Administración General del Estado, y si no, se tenían que enganchar al de la Administración General del Estado, previo pago por ese enganche. Ese previo pago por ese enganche lo han modificado; han incorporado un nuevo párrafo, y lo que era muy evidente y muy manifiesto lo han podado para decorarlo un poco, para dignificarlo, le han puesto un poco de maquillaje para hacerlo más digerible. En cualquier caso, se sigue insistiendo en esta posibilidad de establecer con el Título VI lo que llaman ese plan legislativo, que es algo que aquí no se ha hecho de ninguna manera, pero sí se quiere obligar a los futuros gobiernos a que lo hagan. Al comenzar cada legislatura el Gobierno de la nación tendrá que decirle a las Cortes cuál es su plan legislativo de futuro. Uno lee esto y le produce cierta ternura, porque al final qué sentido tiene decirle a quien es el recipiendario de la soberanía de todos los españoles y todas las españolas eso de usted tiene que decirnos con antelación cuál es el plan legislativo que tiene y, si quiere usted cambiar de plan legislativo y quiere poner alguna otra norma, tendrá que razonar, motivar y explicar por qué razón quiere hacer eso. Se llama el Título VI, de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Pero, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional en las Sentencias 76/1983, 14/1986, 227/1988? Que la más genuina expresión de la autonomía es la capacidad política para establecer sus instituciones, para autogobernarse y para autoorganizarse. Si de entrada ya, desde instancias ajenas a esa autonomía política, se establece cómo tiene que plantearse su capacidad legislativa o su capacidad reglamentaria no solo al Gobierno de la nación sino también a las comunidades autónomas, yo creo que ahí sí que hay una vulneración flagrante del Estado autonómico.

¿Qué otras razones argumentamos aparte de ir en contra del Estado autonómico? Si hasta ahora usted podía comunicarse de manera presencial y en papel o, en algunas administraciones que así lo establecen, de manera electrónica, ahora se restringe ese derecho de la ciudadanía y se le impone cómo tiene que ser. Es verdad que habrá una persona que estará allí para asesorarle cómo puede hacerlo electrónicamente, pero se le impone. Yo me pregunto ¿y los 46 millones de españoles estamos en esas condiciones? Porque hay personas con distintos niveles culturales, con niveles de aislamiento, etcétera. ¿Estamos en esas condiciones? No sé, yo creo que hay una cierta restricción de derechos de ciudadanía. Permítasele al ciudadano o ciudadana establecer cómo quiere presentar su instancia, solicitud o recurso.

Argumento más. Antes, en todas las facultades siempre se explicaba aquello de: el 62 es la nulidad, el 63 la anulabilidad, con el procedimiento para el 62 del 102, con el procedimiento para el 63 del 103. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Con la misma expresión, hasta con las mismas comas, ni siquiera se ha puesto un punto y coma donde había una coma, o un punto y aparte o un punto y seguido; ni siquiera eso: El mismo texto pero trasladado al 47 y el 48; es la 30/1992 declarando inhábiles los sábados.

Y aquí vuelvo a subrayar lo de antes, ¿sabe alguno de ustedes de los que se dedican a dictar sentencias en el ámbito de lo contencioso si los magistrados especialistas en lo contencioso pedían esto? Según mi información, no. ¿En el ámbito de la academia, ya no digo los operadores prácticos sino en términos de analistas, pedían esto? Tampoco. Es verdad que en la CORA algunos abogados del Estado, no todos, algunos interventores, no todos, sí se buscaron algunos especialistas, por supuesto, los que tenían ya un pensamiento y eran parte de otras escuelas. Yo he buscado artículos publicados sobre esto y he encontrado dos de dos escuelas distintas y los dos coinciden en el análisis que estoy haciendo: Uno de ellos, ya citado por mi compañero Manolo de la Rocha en el Congreso, el profesor Santamaría Pastor, que no es un hombre conocido por ser un rojo desalmado, sino al contrario, una persona citada en muchas ocasiones por muchos autores, yo uso muchos de sus textos y son bastante buenos. Lean ustedes el artículo que ha publicado en Digital respecto a este texto. Todo esto sea dicho respetando la buena voluntad de la gente, yo no tengo por qué poner en cuestión la buena voluntad de los dos o tres abogados del Estado que estuvieron haciendo esto por encargo, o de los dos o tres interventores que al final hicieron esto por encargo, yo no pongo en duda su buena voluntad. Digo lo de la soberbia por no aceptar ni siquiera una sola enmienda de nadie. No lo entiendo. Hay una legitimación de origen en todos los senadores y hay una legitimación de ejercicio en la práctica de lo que se está haciendo que dignifica y prestigia la función o la degrada. Y yo vuelvo a insistir en que nunca he aceptado que ningún ser humano se haya caído en la marmita de la seguridad, la sabiduría y la divinidad y todo lo que haya hecho no sea parte de la condición humana, errare humanum est, excepto en el caso del Congreso de los Diputados, que no puede ser mejorado lo que plantean porque es imposible que puedan errar dado que forman parte de esa divinidad.

Aumento otro argumento respecto a esto que he dicho de restricción de derechos de ciudadanía, y me gustaría, si a bien lo tienen, que pudieran acusar recibo. Los recursos administrativos. ¿Qué sentido tiene que el recurso de alzada siga siendo —y esto es algo bastante unánime en general en toda la doctrina administrativista sea de una corriente o de otra— qué sentido tiene que se siga planteando el recurso de alzada como un presupuesto de admisión o un presupuesto de procedibilidad para que luego pueda ir al recurso contencioso? ¿Por qué no poner que el recurso de alzada sea potestativo como el de reposición? Es verdad que el recurso de reposición es que el propio órgano que dictó tenga oportunidad de reconsiderarlo, y salvo que aparezcan cosas nuevas, no vas a reconsiderarlo, y si aparecieran cosas nuevas, ya está previsto el recurso de revisión. Entonces, ¿el recurso de alzada qué es? ¿Que el órgano superior al que dictó lo reconsidere? Pero es que el órgano que ha dictado antes lo ha estudiado, lo ha fundamentado, lo ha motivado, lo ha razonado, lo ha exteriorizado y lo ha explicado, porque todo se tiene que motivar dado que es un recurso. Si eso en términos generales solo actúa como un tiempo que se gana antes de que interpongan el recurso contencioso, ¿por qué no plantearlo de manera potestativa? Es decir, si usted quiere plantea la posibilidad de que la Administración reconsidere ese recurso, y si no quiere, acude directamente a la jurisdicción contenciosa para que establezca si lo que usted ha planteado se ajusta o no a derecho, se mantiene o se expulsa del ordenamiento jurídico. Lo que estoy tratando de decirles es que restringe derechos que habíamos conquistado y, en mi opinión, sí hay un tic de soberbia al no aceptar ninguna propuesta y un tic de vanidad al poner tantos esfuerzos en dar a una ley un apellido, no tiene ningún sentido.

Y ahora sí hago una segunda invitación, ¿me podría alguien decir alguna aportación cualitativa de este texto, aparte de lo de los sábados y de esa curiosidad de los plazos por horas y no solo por días? ¿Aparte de esa curiosidad, me podría alguien decir alguna aportación cualitativa que no estuviese ya en la 30/1992? ¿O me podría alguien decir alguna cosa que esté aquí que hayan pedido los especialistas administrativos —no hablo de los de una corriente, incluso los de la otra— o que hayan pedido los especialistas de lo contencioso en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo? Son dos preguntas concretas que vuelvo a formular porque hasta ahora no he escuchado acuse de recibo de las cosas concretas; formulaciones ideológicas generales todas las que quieran, pero de las cosas concretas no, a excepción de la senadora, que sí le agradezco el tono con que antes ha respondido.

Yo no soy nada faltón. Yo dije que no se había leído un texto; no que no supiera leer, sino que no se había leído un texto. Y lo de la vanidad y la soberbia lo he dicho con respecto a la aceptación de enmiendas y con respecto a los cuerpos de élite del Estado, que entre sí ajustan cuentas como pueden. Les invito a que si alguna vez pueden lean el informe del Consejo de Estado para este texto. No conozco otro informe del Consejo de Estado con la contundencia con que se ha expresado en este texto, ninguno. Les invito a que lo busquen y vean si es así.

Todas estas razones nos parecen suficientes para explicar el veto que ha interpuesto el Grupo Socialista.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Senador Díaz Tejera, no es por enmendarle la plana, pero lo que usted me está planteando en este turno de intervención —parece mentira que usted sea jurista— corresponde al ámbito legislativo de las enmiendas, como el tema de los recursos administrativos. Es decir, plantea cuestiones en los vetos que ni siquiera se reflejan en el veto que ha firmado el portavoz de su grupo.

Respecto de las enmiendas que aceptamos o no en el Grupo Parlamentario Popular, evidentemente usted puede plantear en el veto cuantas cuestiones crea oportunas y yo puedo criticárselas, como usted comprenderá. ¿Que no aceptamos ninguna enmienda? Señor Díaz Tejera, creo recordar que usted fue senador en la IX Legislatura. (El señor Díaz Tejera: Sí). ¿Sabe usted cuántas enmiendas aceptaron al grupo mayoritario de la Cámara, al Grupo Parlamentario Popular en la IX Legislatura? (El señor Díaz Tejera: Muchas). Una o ninguna, senador Díaz Tejera.

Que restringe derechos lo dice usted, porque los abogados del Estado de la CORA y del Ministerio opinan literalmente todo lo contrario de lo que dice usted. No soy jurista, pero usted sabe que el derecho es una fina línea que tiene dos caras opuestas y seguramente sean esas dos caras las opuestas: lo que opinan los abogados del Estado del Ministerio y de la CORA y lo que opina usted entre otros muchos. Nada se impone al ciudadano, señor Díaz Tejera. Será libre de elegir entre una opción u otra. Nada se le impone al ciudadano.

Respecto al resto de vetos presentados —incluso lo comentaba el senador Bel—, los del Grupo Parlamentario Mixto a través del senador Iglesias y los de los senadores Guillot y Saura son literalmente idénticos al presentado al anterior proyecto de ley, como lo es igualmente el del senador Bel. También es muy parecido el del senador Montilla. No redundaré en argumentos que ya he dado con anterioridad, pero el senador Bel hacía referencia a la sensibilidad de este grupo parlamentario. Y que este grupo parlamentario muestre sensibilidad en este ámbito —que es el de los vetos, senador Bel— significaría que estaríamos devolviendo el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Como comprenderá usted, este grupo parlamentario no está por esa labor. Votaremos en contra de todos los vetos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador De las Heras.

Para turno de portavoces, señor Martínez Oblanca. (Denegaciones).

¿Señora Martínez? (Denegaciones).

¿Senador Montilla? (Denegaciones).

¿Senador Díaz Tejera?

Tiene la palabra su señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Señor De las Heras, comprendo que no sea jurista, pero le invito a que mire usted en este texto la posibilidad que tiene la Administración pública, cuando hay muchas personas interesadas en un asunto —puede ser una oposición, un concurso o una entrega de viviendas—, de poner un modelo de solicitud. Y añado: la propia Administración impone que en esa materia tiene que ser ese modelo y no otro. ¿Sabe cuál es el problema? Que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha consolidado algo clásico —y le quiero aportar algo que pueda usar toda la vida— que es el principio antiformalista. ¿Sabe usted qué quiere decir el principio antiformalista? Que si una señora de cualquier lugar de España, de ochenta años, por ejemplo, no sabe escribir pero pone en un papel «no me gusta pagar tanto dinero por esta tasa», solamente con que se deduzca la voluntad impugnatoria de ese escrito, que no está de acuerdo con algo, y aunque no use ninguna palabra mágica, ningún ritual, eso en sí mismo es un recurso. ¿Por qué razón? Porque no estamos en un tribunal de justicia —a veces se confunde aquí—, no estamos en el proceso, sino que esto es un procedimiento administrativo. El principio antiformalista dice que si se deduce voluntad impugnatoria, eso ya es un recurso. ¿Qué ocurre? Que ya hay sentencias del Constitucional que establecen que si la expresión que utiliza esa persona es suficientemente clara en castellano —en el supuesto de que estemos en un ámbito territorial en el que no se admitiera otro idioma—, si expone que quiere participar en un concurso, en unas oposiciones o en lo que fuese, es suficiente. E incluso más, si se equivocase a la hora de interponer el recurso y se dirigiera a un órgano distinto, la Administración está obligada a dar por admitida a trámite esa instancia. Esto se lo digo con toda lealtad, es así y puede usted consultarlo con quien usted quiera. ¿Qué intento decirle con esto? Que no se respeta este principio antiformalista, no se respeta la jurisprudencia del Constitucional. Porque hay que ser comprensivos, hay momentos en que la Administración se ve ante miles de personas que quieren presentarse a algo y entonces razonablemente se pone un modelo de solicitud para todo. Eso es comprensible. Pero si alguno o alguna presenta una instancia que no se ajusta a ese modelo, la obligación de la Administración es admitirla a trámite. Se podrá subsanar; tiene un plazo de diez días, pero se podrá hacer. Entonces, los argumentos que estamos esgrimiendo funcionan en el ámbito de lo técnico y de lo concreto, con el artículo específico, o en el ámbito de lo político. Son los dos planos en los que nos tenemos que mover. Somos senadores, estamos ejerciendo una función parlamentaria y, por lo tanto, hay análisis ideológico y político, incluso para el que diga que no tiene ninguna ideología. Todos lo tienen. Y, por supuesto, siempre tenemos un anclaje jurídico a la hora de las propuestas que hacemos.

Imagínense ustedes la ficción. ¿Qué ocurriría si ahora dijera el Gobierno: Retiramos los dos textos? ¿Hay algún drama? Ninguno. Respecto a este texto, ninguno. Tan solo que los sábados son inhábiles como en otros ámbitos civiles. Pero a excepción de esto, ¿qué otro drama podemos encontrar si sigue en vigor la Ley 30/1992, que en gran medida se copia aquí, con alguna modificación, incluso hasta con las comas? Pues yo creo que no pasaría nada. Por esa razón, como quiera que el propio Gobierno, cuando argumenta que tiene que haber un plan normativo, un plan legislativo, tiene que explicar el porqué de una norma, la pregunta es: ¿por qué esta norma? Esa es la pregunta para la que yo todavía no he escuchado ninguna respuesta salvo la lectura de algunos argumentarios.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

¿Senador De las Heras?

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias.

Vuelvo a reiterar lo mismo al senador Díaz Tejera. Lo que plantea y sigue planteando de forma reiterada corresponde al ámbito del debate de las enmiendas que se tratarán a continuación. Votaremos en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador De las Heras.

Pasamos a votar los vetos. Votamos primero el veto número 1, que presentó el senador Iglesias Fernández del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Para defender las enmiendas 1 a 116, que presentó el senador Iglesias Fernández del Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Las doy por defendidas, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para defender las enmiendas 240 a 272, que presentó el Grupo Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas, y me voy a referir a ellas de forma general, como he hecho en el anterior proyecto de ley, más que nada para que luego el Partido Popular no nos diga que no hay invasión competencial en este proyecto de ley. Son 33 enmiendas, todas y cada una de ellas con una justificación de carácter competencial.

Concretando todavía mucho más, es difícil no repetir los argumentos cuando trabajamos sobre dos proyectos de ley que versan prácticamente sobre lo mismo. El régimen jurídico de la Administración pública tiene mucho que ver con el procedimiento administrativo común; de hecho, ambos estaban regulados hasta ahora por una misma ley, la Ley 30/1992, aunque han vuelto a separarse, como ocurría anteriormente. Y, evidentemente, es difícil, primero, mantener la coherencia en dos discursos totalmente distintos cuando se habla de lo mismo, como también que no se produzcan muchas veces filtraciones entre el debate de los vetos, el debate de las enmiendas, e incluso entre ambos proyectos de ley.

Como he dicho antes, en este proyecto asistimos una vez más a un proceso de recentralización administrativa, porque en los argumentos técnicos que puede establecer la CORA subyace la filosofía de que el único poder real es el que corresponde al Estado y que el poder que ostentan las administraciones públicas no estatales, como las comunidades autónomas, las diputaciones forales o los ayuntamientos, no es sino un poder delegado, y que, por tanto, corresponde al Gobierno o al legislador —en este caso, al Congreso y al Senado— hacer con ello lo que buenamente quiera. Pero no es así, porque el mismo blindaje y el mismo nivel que puedan tener los poderes del Estado en este caso lo tienen las comunidades autónomas, y más concretamente la comunidad autónoma vasca, cuyo estatuto de autonomía encuentra amparo en la disposición adicional primera de la Constitución Española. Por tanto, corresponde al Estado regular el procedimiento administrativo común en el ámbito de sus competencias, pero también a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias exclusivas, y de eso ustedes aquí se olvidan sistemáticamente, por no hablar ya de los procedimientos especiales, que tienen también las comunidades autónomas en el ámbito de las competencias compartidas. Pero les da exactamente igual. Les da exactamente igual que esto vaya contra la Constitución, que vaya contra las comunidades autónomas o que vaya contra los estatutos de autonomía. Encuentran siempre argumentos en la duplicidad, en las ineficiencias o en los solapamientos que se establecen entre las administraciones públicas, pero siempre encuentran como culpables a las administraciones autonómicas. Ustedes desoyen todos los informes que dicen que la Administración pública más sobredimensionada es concretamente la Administración central del Estado. Ahí ustedes no meten la tijera, ahí ustedes no meten mano, ahí ustedes no hacen autocrítica; lo que hacen es intentar, proyecto de ley tras proyecto de ley, acabar con las competencias autonómicas. Y lo hacen en cositas pequeñas y también en cositas grandes, pero no pierden la ocasión de recentralizar el Estado. Les vuelvo a decir que es legítimo que ustedes mantengan ese discurso —ahí ustedes y yo no nos vamos a encontrar—, pero me gustaría que lo hiciesen de forma abierta y no escudándose siempre en la mayoría absoluta que ostentan en el Gobierno para acabar solapando y limando las competencias autonómicas, forales y locales.

Sobre estas 33 enmiendas que hemos presentado me extenderé mucho más y con mayor detalle durante el debate en el Pleno. Solo quiero reiterar el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario respecto de este proyecto de ley, que es el mismo que hemos mantenido en el caso anterior. Vamos a votar a favor de los vetos del resto de grupos parlamentarios y lamentamos no haber presentado uno, porque lo deberíamos haber hecho. Contábamos con una mayor disposición del Grupo Parlamentario Popular a la hora de aceptar enmiendas que nosotros consideramos de justicia, pero, como hasta ahora no ha sido así, mantendremos nuestro voto negativo al proyecto de ley, aunque sigue todavía nuestra disposición para transar todo lo que sea posible de aquí a su debate final en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

Para defender las enmiendas 150 a 239 y 327 a 380, presentadas por el Grupo Entesa, tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Damos por defendidas las enmiendas 150 a 239 y 327 a 380, que argumentaremos en la sesión plenaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Pasamos a las enmiendas 117 a 144, presentadas por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Para la defensa de las enmiendas 273 a 326, presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias.

Señorías, si ustedes miran el artículo 47 —el antiguo 62—, el de la nulidad absoluta, lo que se llama nulidad ex radice, verán que no se hace ninguna alusión al derecho de la Unión Europea. Sin embargo, ese derecho de la Unión Europea tiene efecto directo en nuestro ordenamiento y tiene primacía sobre el derecho nacional, de ahí que se plantee una propuesta en la enmienda 302, que dice: También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución... (Rumores) —si me lo permiten, por favor—... el derecho de la Unión Europea, las leyes u otras disposiciones administrativas. Lo que se plantea es incorporar el derecho de la Unión Europea. ¿Por qué razón? Porque si tiene efecto directo y primacía sobre el derecho nacional, cualquier supuesto... (Rumores). Estaba escuchando un comentario e iba a responder, aunque voy a hacer caso omiso y me voy a concentrar en lo que tengo que explicar.

Como decía, la incorporación del derecho de la Unión Europea se propone en la enmienda 302 y pensamos que su infracción es una causa de nulidad.

Desde la enmienda 273 hasta la enmienda 326 presentamos un conjunto de propuestas técnicas. Es evidente que no hemos repetido el argumento del escrito del veto. ¿Por qué razón? Porque esos son los argumentos que ya se conocen por escrito. Aquí hay que incorporar nuevos argumentos, como también en el Pleno incorporaremos nuevos argumentos que no se han expuesto hoy. Y es que, así, la lectura de lo que se trae escrito no tienen ningún sentido. Esta es una conversación parlamentaria, esto es un Parlamento, se trata de hablar entre nosotros. Y no crean ustedes que esto es propio del mes de agosto, de castigar por haber obligado a estudiar durante el mes de agosto.



En la Comisión de Justicia hago lo mismo: me gano mi sueldo explicando, razonando y motivando cada una de las enmiendas en el tiempo que el presidente, con benevolencia, establece. El que no quiera escuchar, que no escuche, pero yo me gano mi sueldo con mi trabajo. (El señor De las Heras Muela: Los demás, no) Pues los que trabajan menos, por supuestísimo que menos.

¿Qué es lo que se plantea en la enmienda 304? Hay una explicación con respecto a las medidas provisionales. ¿Saben por qué? Es una explicación sobre las medidas provisionales que se adoptan en el procedimiento administrativo, y en otras ocasiones son, por ejemplo, las informaciones previas. ¿Qué ocurre? Cuando alguien vive la condición de administrado —no de miembro de ninguna élite que tiene relaciones en el mundo del poder administrativo— en su relación con cualquier Administración pública, en muchas ocasiones, mientras la Administración pública hace esa información previa —luego decidirá si incoa el procedimiento—, los ciudadanos no tienen acceso de ninguna manera, y a veces consolida prueba, consolida un dato relevante a efectos de tramitación algo que se ha obtenido durante esa información previa, sin que haya sido sometido a contradicción por parte de todos los interesados. Y lo que proponemos con estas enmiendas es el mantenimiento y la ampliación de los derechos de la ciudadanía, en lugar de su reducción o restricción.

En mi intervención anterior explicaba la posibilidad de hacer potestativo el recurso de alzada porque nos parecía una manera de ir avanzando, e incluso utilizaba el argumento —como muestra de una propuesta absolutamente técnica en relación con la Ley de enjuiciamiento civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, y la Ley 36/2011, de la jurisdicción social— de que si desaparecen las reclamaciones previas a la demanda civil o a la social también habrá que plantear esto como una disposición final nueva, porque si no se plantearía un conflicto respecto de otras dos leyes. Y vuelvo a insistir en los ritmos y en la necesidad de ir gradualizando la incorporación al ámbito de la telemática por parte de las administraciones públicas y de la ciudadanía. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ajustarse a las condiciones reales en que están el conjunto de los españoles y, sobre todo, algunos que se encuentran en esos ayuntamientos pequeños.

En cualquier caso, señor presidente, señorías, me gustaría que pudieran explicaran la razón por la que no aceptan nuestras enmiendas, aunque comprendo que no se puede ir una por una, que eso es pedir demasiado. Pero por ejemplo, ahí está la que hace referencia al Registro, por escoger una que no tiene ningún contenido ideológico ni político ni filosófico ni religioso, sino que es solo una pura sugerencia técnica. En el caso del Registro —de la Administración pública— ¿por qué se plantea que se tiene que registrar lo que entra —obligación— y porqué se plantea como algo potestativo lo que sale? Porque la expresión que se utiliza respecto de lo que sale es «podrán» y no «deberán», como en el caso de lo que entra, pero cuando un escrito sale de una Administración es importante saber en qué fecha lo hace y adónde se remite.

Hay un conjunto de propuestas, las primeras de las cuales —he de decirlo con toda sinceridad— mantienen el texto tal cual está en la Ley 30/1992, porque esto no supone un avance respecto de la actual regulación.

En relación con lo previsto en el apartado 2 del artículo 1, parece exagerado establecer reservas de ley para esta materia cuando son asuntos que en general se regulan por reglamentos. Y de todos es conocido el petrificar el ordenamiento jurídico, obligando a hacer por ley asuntos, digamos, de detalle específico y concreto, como en los reglamentos —como ustedes saben, los reglamentos aterrizan un mandato abstracto; lo aterrizan, lo precisan, lo concretan—. El obligar a que eso se haga por ley es una manera de petrificar a los que vayan a estar gobernando en tiempos posteriores. De ahí la sugerencia.

En general, dada la atmósfera favorable a la explicación de las enmiendas, para no ser linchado por algún senador, mejor lo dejo aquí, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Senador Díaz Tejera, yo creo que aquí no se lincha a nadie. Y como ya he dicho en relación con el anterior proyecto de ley, le agradecemos, cómo no, al igual que a todos los portavoces de los diferentes grupos en el Senado, sus aportaciones a este proyecto de ley con la intención de mejorarlo.

Mi compañero y yo ya le hemos explicado en la designación de ponencia la razón de que estas enmiendas no se incorporen al dictamen, porque no se están rechazando. Estamos estudiándolas, y nuestra intención es transar el mayor número de ellas; y las que puedan aceptarse, evidentemente. Como tenemos tiempo hasta el Pleno del día 8, la única razón es hacer un estudio más profundo de las enmiendas. Y no se van a incorporar ni a votar en esta comisión porque, en líneas generales, no compartimos que se diga que hay restricción de derechos —ya lo explicaremos con más detalle—. Tampoco hay, en absoluto, invasión de competencias de las comunidades autónomas. Y, al igual que en el anterior proyecto de ley, lo que se pretende es una mayor eficacia y mayor agilidad en la Administración y, sobre todo, facilitar su acceso a los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero.

¿Turno de portavoces? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Miren, una cosa es al procedimiento administrativo común y otra es por qué razón han incorporado aquí dos procedimientos que tenían una regulación precisa del año 1993: uno, el de la potestad sancionadora, y otro, el de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. En un campo y en otro toda la doctrina y todos los magistrados de lo contencioso tenían consolidado en el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora que se incorporaban un conjunto de principios y criterios del ámbito penal. Eso ya estaba pacífico. Y en cuanto al ámbito de la responsabilidad patrimonial, es verdad que hay materias que están abiertas, pero en general todos coincidían en que tenía que ser evaluable, individualizable, efectivo, e incluso estaban previstos los plazos de interposición de la acción de responsabilidad. Sin embargo, teniendo una regulación autónoma, no entiendo qué bondad tiene la incorporación, cuando son dos procedimientos específicos. Aquí se trataba de establecer el procedimiento administrativo común como está en la Ley 30/1992 y lo que es básico para todas las administraciones, y luego que cada una de ellas, en su ámbito, en su especialidad, lo pudiera precisar.

Yo sigo insistiendo en que el título VI, sobre la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, supone aherrojar la autonomía de gobiernos de futuro al deber atenerse a un plan previsto para cuatro años cuando el Gobierno tiene toda la iniciativa del mundo para desarrollar tales proyectos, y supone también vincular la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa de entidades políticas que tienen autonomía política, cuales son las comunidades autónomas. Yo veo con esperanza y con ilusión el próximo Pleno, en donde argumentarán las razones por las que estas enmiendas no se aceptan. Supongo que de aquí a allá todos viviremos un ritmo trepidante para negociar muchas transaccionales. Al menos yo recuerdo los ocho años que estuve apoyando al presidente Zapatero —y es la primera vez que voy a aludir a algo que no tiene nada que ver con el texto, y no como excusa por haber demostrado que no he estudiado la materia—, y tengo que subrayar que en muchas ocasiones estuvimos negociando hasta el último momento un montón de asuntos. Como prueba de ello, apelo a los que estaban en la Comisión de Justicia; pregunten ustedes al que fuera portavoz de Justicia del Grupo Popular en aquel entonces, el hoy diputado Agustín Conde Bajén. Pregúntenle si hasta última hora no estuvimos discutiendo mil y una propuestas, intentando hacer que las leyes básicas —y esta Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es clave— salieran con el máximo consenso.

En relación con los recursos administrativos, ¿no creen ustedes que sería un gran avance para todos los españoles que esos recursos fueran potestativos? Vuelvo a insistir en eso: ¿no creen ustedes que ganaríamos mucho, cuando la inmensa mayoría de los recursos de alzada —están en todas las estadísticas— no son aceptados porque la Administración ya ha resuelto después de haber estudiado el asunto? A veces un órgano administrativo ha instruido y el otro ha resuelto, como hemos propuesto también aquí para distinguir al que acumula toda la información, el instructor, del que luego resuelve, que es la autoridad que asume esa responsabilidad. Planteemos incluso la posibilidad de acoger lo que la doctrina denomina los recursos de alzada impropios, una práctica que se está dando y que hay que recoger de alguna manera cuando son órganos que tienen algún tipo de dependencia con la autoridad que les ha nombrado.

Las enmiendas 273 a 326 recogen un conjunto de propuestas, y no vamos a abdicar de la esperanza de que, de aquí a allá, alguien pueda leerlas para argumentar en contra. Sé que a favor no va a ser, pero que al menos tengan argumentos en contra, aparte de las consideraciones generales sobre la existencia de la vida y el origen de los cangrejos.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Tiene la palabra la senadora Romero.

La senadora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

A la senadora Martínez quiero decirle, como he dicho anteriormente, que es lícito que cada grupo interprete la ley como considere. La senadora Martínez considera que ahí sí hay una restricción de derechos a las comunidades autónomas. Y nosotros, no por aplicación de nuestra mayoría absoluta, sino porque entendemos de verdad que son criterios básicos de legislación que están amparados por lo que dispone el artículo 149 de la Constitución en sus diferentes apartados, consideramos que no suponen una injerencia ni una invasión competencial ni mucho menos una restricción de derechos a la competencia legislativa ni política de las comunidades autónomas.

En las enmiendas, que, como he dicho, se están estudiando y que tenemos voluntad de transar, se ha solicitado incluir una mención a las especialidades forales del País Vasco. Pues bien, esta mención se recoge en los mismos términos en que estaba recogida en la Ley de 1992, sin que haya cambiado ninguna circunstancia que justifique el que se pueda dar una inclusión nueva. De todas maneras, le reitero nuestra voluntad de estudiarlas y de transar el mayor número posible de ellas.

En cuanto al senador Díaz Tejera, en sus dos intervenciones ha hecho mención a varios aspectos que, como muy bien ha dicho mi compañero, son propios de las enmiendas. Intentaré clarificar en lo posible nuestra opinión inicial, aunque eso no quiere decir que no tengamos intención de aceptar alguna. Repito que las enmiendas se están estudiando, y aceptaremos todas aquellas que podamos, siempre que no vayan, como he dicho en la defensa de la ley del sector público, contra el espíritu de esta ley ni se desvíen de su objetivo.

Como digo, usted ha hecho referencia a varios aspectos de la ley. De atrás a adelante. Ha hablado usted de las medidas provisionales. Pues bien, aunque estamos estudiando esas enmiendas, quiero decirle que el trámite de audiencia que ustedes proponen no dota de mayor garantía a los ciudadanos porque las medidas provisionales ya tienen unas garantías propias ya que solamente pueden adoptarse en los casos que la ley prevé y deben finalizar en los casos también previstos por la ley. Por tanto, sin perjuicio de que estudiemos con más profundidad el trámite de audiencia que proponen, ni supone una restricción de derechos al ciudadano ni aporta mayor seguridad jurídica porque ya existe, repito, un régimen especial.

También ha hecho referencia en varias ocasiones a la supresión del Título VI de la ley y se pregunta por qué se han eliminado como procedimientos independientes el procedimiento de la responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora. Sin perjuicio de que estudiemos esas enmiendas en profundidad, quiero decirle lo que se pretende con esta reforma. Señoría, la justificación del mantenimiento del título VI está prevista en la Constitución, primero, por el derecho de audiencia a los ciudadanos, como establece su artículo 105, y, segundo, por el principio de seguridad jurídica. Lo que se pretende con esta reforma es garantizar la audiencia de todos los ciudadanos en todos los procedimientos de elaboración de las normas que les afecten, con independencia de la Administración que haya ejercido esa iniciativa legislativa o esa potestad reglamentaria; y eso, a su vez, repercute y garantiza aún más el principio de seguridad jurídica. Entendemos que el título VI debe mantenerse porque, repito, garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos, permite que se incorporen las recomendaciones internacionales sobre una regulación mejor y más profunda del conjunto de las administraciones, y además permite hacer una evaluación ex ante y ex post de la calidad normativa. Y entendemos igualmente que se siga manteniendo porque crea un entorno más favorable a la actividad económica y fortalece el crecimiento económico al reforzar la certidumbre y la trasparencia a través de la incorporación de principios de buena regulación.

En cuanto a la desaparición de los dos procedimientos a los que usted se ha referido, en realidad no han desaparecido sino que ahora se integran como trámites especiales. ¿Por qué? Porque, en nuestra opinión, mantenerlos como procedimientos independientes, como ocurría hasta ahora, ocasionaba desventajas en lugar de ventajas, mientras que tenerlos como procedimientos especiales dentro de una misma ley permite agilizar y simplificar los trámites y procedimientos.

En relación con la estructura de la norma, a la que se ha referido también el senador Bel, hay un principio de discrecionalidad del legislador y por un criterio de oportunidad se ha considerado más conveniente legislar en dos cuerpos lo que antes estaba en uno porque las características de cada uno de los sujetos a quienes van dirigidos son diferentes. La ley que hemos debatido anteriormente está dirigida a la relación entre las administraciones, y la ley que debatimos en este momento está dirigida a la relación de las administraciones con los ciudadanos. Entendemos que estar en dos cuerpos diferentes es una mejora técnica, aunque no habría ocurrido nada si solo hubiera habido uno; pero, como digo, eso pertenece a la discrecionalidad del legislador para establecer un proyecto o dos. Y en ningún caso hay ningún informe en contra ni del Consejo General de la Abogacía ni del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de esta forma.

Por lo que se refiere a los plazos, por mi experiencia como concejal de Hacienda durante ocho años en un ayuntamiento le diré que los plazos de horas y los plazos de días eran una petición de los técnicos, sobre todo para clarificar a la hora de convocar comisiones, porque en la Ley de haciendas locales cuando se habla de plazos a veces se habla de horas y en otros casos, de días. Por tanto, establecer un plazo por horas recoge una petición que se daba en la práctica en muchas administraciones, sobre todo en las locales.

Y, señor Díaz Tejera, no creo que establecer los sábados inhábiles sea una restricción de derechos, todo lo contrario. Como ciudadana y administrada creo que es una ampliación de esos derechos, además de que sirve para coordinarse con el resto de órdenes, porque, como usted sabe, tanto en el orden civil como en el penal los sábados son inhábiles, mientras que en el orden administrativo los tribunales tenían que ponerse de acuerdo. Y en las administraciones se hace también por un criterio de eficacia: los sábados no trabajan, y cuando al ciudadano le vencía el plazo un sábado siempre tenía que hacer la presentación el día anterior, mientras que de esta manera, al ser inhábil, lo hará el día posterior. Creo que se gana en derechos y seguridad jurídica y que no se pierde.

Señorías, esta ley, al igual que la anterior, pretende una mejora de la Administración, recoger las demandas y necesidades que el ciudadano ha ido solicitando en el día a día, agilizar y hacer una Administración más moderna y eficaz, al igual que el anterior proyecto de ley, y por ello les pido que reconsideren su postura y voten favorablemente este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero.

De conformidad con el artículo 116 del Reglamento del Senado, pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.



DESIGNAR PONENCIA

DESIGNACIÓN DE LA PONENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. 621/000148 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Vamos a designar la ponencia que informe el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, general tributaria, de 17 de diciembre,.

¿Quién va a formar parte de la ponencia por el Grupo Parlamentario Popular?

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Seremos la senadora Carlota Ripoll y yo misma.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

¿Y por el Grupo Parlamentario Socialista?

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: La senadora Marra Domínguez y Nicanor Sen.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Y por el resto de grupos, entiendo que serán sus portavoces.

En consecuencia, la ponencia queda integrada por la senadora Ripoll, la senadora Angulo, la senadora Marra y el senador Sen y por el resto de portavoces que forman parte de esta comisión.



PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. 621/000148 GOBIERNO


DESIGNACIÓN DE LA PONENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNCIA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. 621/000157 GOBIERNO


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. 621/000157 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Señorías, les informo de que al primero de estos proyectos de ley se han presentado 4 vetos y 132 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa. El veto número 2, por los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, también del Grupo Entesa. El veto número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Y el veto número 4, del Grupo Socialista.

Como he dicho, también se han presentado también 132 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 22, del Grupo Mixto, del senador Iglesias Fernández. Enmiendas 23 a 60, del Grupo Entesa. Enmiendas 61 a 62, del Grupo Popular. Enmiendas 63 a 111, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Enmiendas 112 a 127, del Grupo Socialista. Y enmiendas 128 a 132, de la senadora Julios Reyes, del Grupo Mixto.

¿Se va a reunir la ponencia? (Asentimiento).

¿Por un tiempo de cinco minutos? (Asentimiento).

Hacemos, pues, un receso de unos minutos. (Pausa).

Señorías, una vez reunida la ponencia, reanudamos la comisión. (El señor Bel Accensi pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Presidente, quiero hacer una sugerencia. Independientemente de que haya dos ponencias, dado que la Junta de Portavoces acordó que los proyectos se tramitarían conjuntamente, podríamos designar las dos ponencias, pero hacer conjuntamente la presentación de los vetos y también de las enmiendas de las dos leyes, y de esa manera seguramente ahorraríamos algo de tiempo.

El señor PRESIDENTE: Es lo que estaba previsto desde el primer momento.

¿Lo hacemos así, entonces? (Asentimiento).

Hay que designar, por tanto, la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determina información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Por el Grupo Popular, ¿quién va a formar parte de la ponencia?

La señora ANGULO MARTÍNEZ: La senadora Encina Regalado y yo misma.

El señor PRESIDENTE: ¿Y por el Grupo Parlamentario Socialista?

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: El senador Joan Lerma y yo mismo.

El señor PRESIDENTE: Y por el resto de grupos, los portavoces.

La ponencia queda, pues, constituida por las senadoras Encina Regalado y Angulo, los senadores Vázquez y Lerma, además del resto de portavoces que forman parte de la comisión.

¿Se puede dar también por reunida la ponencia de este proyecto de ley? (Asentimiento).

Entendemos que sí.

Les informo que a este proyecto de ley orgánica, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, se han presentado 4 propuestas de veto y 18 enmiendas.

Recuerdo que los vetos presentados al primer proyecto son, veto número 1, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa. El veto número 2, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, también del Grupo Parlamentario Entesa. El veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Y el veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a las enmiendas, les comunico que se han presentado las enmiendas 1 a 22, al proyecto de ley ordinaria, y 1 a 3, al proyecto de ley orgánica, del senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. Las enmiendas 23 a 60, al proyecto de ley ordinaria, del Grupo Entesa, y las enmiendas 5 a 10, al proyecto de ley orgánica. Enmiendas 61 a 62, al proyecto de ley ordinaria, del Grupo Popular en el Senado. Enmiendas 63 y 111, al proyecto de ley ordinaria, y 11 a 14, al proyecto de ley orgánica, que presenta el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Enmiendas 112 a 127, al proyecto de ley ordinaria, y 15 a 18, al proyecto de ley orgánica, que presenta el Grupo Socialista. Enmiendas 128 a 132, al proyecto de ley ordinaria, de la senadora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto. Y enmienda 4, al proyecto de ley orgánica, de la senadora Mora Grande, del Grupo Mixto.

Pasamos al debate de los vetos.

Para defender el veto número 1, al proyecto de ley orgánica, por el Grupo Mixto, ¿tiene la palabra la senadora Mora?

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Sí, señor presidente. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una propuesta de veto, formulada por la senadora Mora Grande, de Podemos, y solicito a la Presidencia y a la Mesa que la propia senadora pueda defenderlo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.

Podemos ha presentado un veto a esta modificación del artículo 235 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque entendemos que realmente no tiene fundamento suficiente ni consenso ni reflexión. Consideramos que es una propuesta efectista de cara a las elecciones —puro maquillaje— para intentar tapar un problema que afecta incluso a miembros del partido del Gobierno, que no tiene ningún debate, que no ha admitido ningún tipo de transacción con ningún grupo parlamentario y que, además, tiene en contra el acuerdo del Consejo Fiscal y a la mitad —justo a la mitad— del Consejo General del Poder Judicial. Es una ley que crea desigualdad porque en realidad no lucha contra los grandes defraudadores ni contra los grandes fraudes.

Efectivamente, el fraude fiscal es una lacra de nuestra sociedad y, desde luego, más grave cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor la notoriedad y mayor la responsabilidad pública de los defraudadores. Por eso no podemos compartir de ninguna manera que en la exposición de motivos se esté intentando argumentar que con esta modificación se intenta luchar contra el fraude, cuando en realidad se está regulando simplemente para no dar publicidad a los grandes defraudadores, que tienen suficiente dinero, que son suficientemente millonarios como para pagar por su anonimato. La realidad es que las grandes corporaciones, las grandes fortunas, van a tener tiempo suficiente para prever cantidades en su contabilidad y poder enmascarar o simplemente pagar para que no les sea aplicable esta ley, para que les sea aplicable la excepción. Incluso van a poder hacerlo aunque sean reincidentes, aunque sean condenados varias veces por delitos de fraude fiscal, por delitos contra la Hacienda pública, incluso con agravantes, repito, de reincidencia. Independientemente de eso, van a poder prever el pago por su anonimato. Entendemos que, desde luego, esta ley es demagogia política y populismo normativo en un tema que es bastante grave para la sociedad y que tiene bastante rechazo.

Por otro lado, entendemos que esta normativa, que no intenta abordar la publicidad de sentencias condenatorias firmes de grandes defraudadores, no debería regularse en la Ley Orgánica del Poder Judicial sino en el Código Penal, entre otras cosas, porque la medida realmente tiene un carácter aflictivo, y las sentencias que se utilizan en la exposición de motivos vienen a reforzar esta idea. Incluso la jurisprudencia que habla sobre la publicación de sanciones —me refiero a la medida hermana de la Ley general tributaria— le da un tratamiento similar a cualquier otra sanción. Por tanto, entendemos que el encaje jurídico adecuado sería, repito, el del Código Penal. Y como cualquier reforma del citado código, entendemos que debería hacerse con la reflexión y el consenso suficientes, sin marginar el proceso —como suele hacerse cada vez que se mete mano al Código Penal— a los operadores jurídicos penales, a los expertos en Derecho Penal y Criminología, para después no tener problemas en la aplicación del Código Penal y encontrarnos en la práctica con situaciones que nada tienen que ver con la orientación de la pena que da el artículo 25 de la Constitución Española.

De la exposición de motivos se desprende que lo que se pretende con esta medida viene a coincidir exactamente con los fines de la pena, que son la retribución, la prevención especial y la prevención general. En cuanto a la retribución, como he hablado ya del carácter aflictivo, diré que entendemos que el régimen transitorio medio que se le ha dado a esta reforma, a esta medida, sería inconstitucional por ser contrario al artículo 9.3 de la Constitución Española, en cuanto que realmente es una disposición sancionadora no favorable y restrictiva de derechos. Y apoyaremos en su momento las enmiendas presentadas por otros grupos en este sentido.

En relación con la prevención especial, no podemos entender cómo se pretende evitar delitos de fraude fiscal cuando la ciudadanía va a entender que esta medida no se aplica a las personas que tienen suficiente dinero, es decir, que a los ricos no se les va a aplicar. Consideramos que no va a tener sentido ni significación alguna respecto de la prevención especial. Pero, además, para este grupo privilegiado al que no se le va a aplicar la ley tampoco va a tener ningún sentido la prevención especial, porque saben que a ellos no se les va a poder aplicar y además van a poder prever que no se les aplique.

Creemos que esta reforma —y permítanme la expresión— es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la exposición de motivos, su finalidad, lo que persigue, es reforzar los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas. No podemos comprender cómo se está argumentando que a través del principio de transparencia se lucha contra el fraude fiscal, cuando en realidad quien tenga suficiente dinero va a poder pagar para no hacer pública una conducta absolutamente insolidaria y de una trascendencia social increíble, a no ser que se pretenda tapar a las numerosas personas relacionadas con el poder político a quienes sí afectaría esta norma. Hablemos claro. Si realmente se quiere utilizar el principio de transparencia para luchar contra el fraude fiscal, teniendo en cuenta esta vorágine normativa en la que se está metiendo mano a todo tipo de normas, incluida la Ley general tributaria, no entendemos cómo no se utiliza dicho principio para hacer públicos los nombres de las personas acogidas a la amnistía fiscal, cuando, hablando de prevención general, eso sí sería útil para prevenir y evitar el fraude ante posibles posteriores procedimientos extraordinarios de regulación tributaria. Sin embargo, esto ni se lo plantean. Tampoco se plantean hacer públicos los nombres de los grandes defraudadores fiscales en la medida hermana de la Ley general tributaria. Y tampoco, por supuesto, se han planteado hacer públicas las listas Falciani de contribuyentes con grandes fortunas en el extranjero y paraísos fiscales, medida que, por cierto, ayudaría a crear una conciencia social sobre la necesidad de contribuir en el Estado español, máxime en estos momentos de crisis, en los que entendemos que lo patriótico es, desde luego, tributar en España y no en el extranjero.

Entendemos que esta reforma va a proteger a grandes defraudadores, algunos de los cuales se encuentran relacionados con el poder político. Este es realmente el sentido que tiene, con el que no podemos estar de acuerdo y por eso presentamos el veto. Es más, en el Consejo General del Poder Judicial ha habido algunos votos particulares, con los que estamos de acuerdo, aparte de vetos y enmiendas de otros grupos parlamentarios, lo que dice mucho de por qué se utiliza esta ley: nada más que para vender una noticia y una imagen de cara al electorado. Y es que dentro del Código Penal existen otros delitos en contra de bienes jurídicos de la misma trascendencia e importancia para la ciudadanía, que incluso están regulados en el mismo título del citado código, como son los delitos contra la Seguridad Social —Título XIV: delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social—, y los dejan fuera.

Pero vamos más allá. A no ser que simplemente se quiera vender humo y defender a determinados defraudadores fiscales, no entendemos cómo otros delitos contra bienes jurídicos realmente importantes, que atentan gravemente contra intereses generales, no se prevean en el Código Penal en lo que se refiere a esta publicidad y lucha contra el fraude. El CIS de julio de 2015, el último CIS, arroja el dato de que para la ciudadanía el principal problema del Estado español después del paro es la corrupción. ¿Por qué no se publican —y tenemos clara la respuesta— los datos de las sentencias firmes relativas a los delitos del Título IX del Código Penal, delitos contra la Administración pública: delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales? Estos delitos sí socavan la confianza de la ciudadanía en la democracia, en las instituciones públicas. Son muy graves y tienen el mayor reproche social en la conciencia colectiva de nuestro país. Incluso en el barómetro del CIS tabulado según la ideología política, los votantes del PP también ven la corrupción como el segundo mayor problema del Estado.

Teniendo en cuenta que ya argumentaremos suficientemente en el Pleno el resto de nuestra postura para plantear el veto, finalizo diciendo que entendemos que esta ley solo va destinada a vender humo de cara a las elecciones, y que los ciudadanos se merecen leyes que resuelvan sus problemas y no leyes que intentan enmascarar cosas que nada tienen que ver con lo que se vende.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Mora.

Para defender el veto número 1, al proyecto de ley, y el veto número 2, al proyecto de ley orgánica, que presentaron los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Son los vetos 2 y 3, si no me equivoco.

El señor PRESIDENTE: Son el veto número 1, al proyecto de ley, el veto número 2, al proyecto de ley orgánica, y el veto número 2, al proyecto de ley, y el veto número 3, al proyecto de ley orgánica.

El señor MONTILLA AGUILERA: Todos a la vez. Perfecto.

En primer lugar, intervengo para dar por defendidos el veto número 2, al proyecto de ley orgánica, y el veto número 1, a la modificación parcial de la Ley 58, presentados por los senadores Guillot y Saura. Y, a continuación, voy a defender muy brevemente, en tanto en cuanto tendremos ocasión de ampliarlo en el debate plenario, el veto número 3, presentado al proyecto de ley orgánica.

El objetivo del presente proyecto de ley, según se desprende del preámbulo, es aplicar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas, especialmente de las actuaciones judiciales, así como de las sentencias de los tribunales, aunque vayan referidas en este caso a lo que prevé el artículo 31.1 de la Constitución, es decir, a la obligación de todos los españoles de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y a hacer un sistema tributario justo. Todo ello, con los límites que marca, por supuesto, la doctrina del Tribunal Constitucional y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese sentido, conviene poner de relieve tanto la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, que dice que la lucha contra el fraude fiscal es un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos y que es inherente a un sistema tributario justo, como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C 92 y C 93/2009, que interpretan, por un lado, los artículos 18 y 20 de la Directiva europea 95/46 y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea respecto de la validez de las disposiciones del derecho de la Unión Europea que establecen la publicación de datos personales de las personas físicas. Estas sentencias recogen que el derecho a la protección de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe ser considerado precisamente en relación con su función en la sociedad. Por tanto, en este caso no se da una colisión entre el artículo 31.1 de la Constitución y el artículo 18.4 en lo que respecta a las posibilidades de desarrollo de esta ley y de la publicación de estas, entre comillas, listas.

A pesar de ello, hay que decir que desde las pretensiones iniciales, al menos las expresadas por el propio ministro de Hacienda en esta Cámara, respecto de la publicación de las listas, los sucesivos borradores o proyectos han ido descafeinando el texto inicial o las pretensiones inicialmente expresadas por el Gobierno. En este sentido, hemos visto que finalmente no se publicarán esas listas cuando el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda pública por todos los conceptos con anterioridad a la firma de la sentencia, es decir, si se paga o se avala se elude, evidentemente, la publicación. Por tanto, consideramos que esto descafeína y convierte la pretensión inicialmente expresada en una chapuza que seguramente tiene determinadas consonancias con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en esta legislatura. Además, se pierde la oportunidad de regular otros comportamientos defraudatorios con trascendencia para la Hacienda pública, como son los delitos de defraudación a la Seguridad Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas públicas.

En definitiva, estas y otras razones que expresaremos motivan la presentación de nuestro veto al proyecto de ley orgánica.

Paso ahora, también brevemente, a defender el veto número 2, al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria.

Los objetivos principales del proyecto de ley, también según su preámbulo, son: el reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios como de la Administración, y tratar de reducir la litigiosidad en esta materia; la prevención del fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias; e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mayor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

En definitiva, la ley expresa que pretende mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz. Pero la cuestión es que, desde nuestro punto de vista, el articulado del proyecto remitido a esta Cámara no cumple con los objetivos que dice perseguir. En primer lugar, porque no responde a las demandas sociales de más transparencia, en consonancia con el proyecto de ley orgánica que también estamos examinando. Pensamos que la publicación de los datos de los defraudadores sería indispensable para asegurar la transparencia de los poderes públicos y la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo, la corrupción y para que tuviera un efectivo poder de carácter pedagógico. En ese sentido, ni el nuevo artículo 95 bis de la Ley general tributaria ni tampoco el proyecto de ley orgánica que estamos analizando regulan el acceso y la publicidad de determinada información, salvo con unas limitaciones que, de hecho, lo invalidan.

En segundo lugar, en aspectos importantes del proyecto de ley, como el denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria o en materia de prescripción, hay relevantes deficiencias, a nuestro modo de ver, en la articulación de las infracciones y sanciones, por un lado, y la prescripción, por otro, como pone de relieve también el informe del Consejo de Estado, que reprocha la regulación de estos preceptos.

En tercer lugar, porque en lo referente a las actuaciones inspectoras, si bien compartimos la necesidad de ampliar los plazos de las actuaciones, no puede admitirse la desnaturalización de la prescripción, como a nuestro entender propicia el texto del proyecto de ley.

En cuarto lugar, porque el proyecto de ley viene a consagrar, en materia de delito fiscal, la garantía de la impunidad que ya se instauró con la reforma del Código Penal, que ha hecho desaparecer la pena para quien regularice su situación tributaria.

En quinto lugar, porque el proyecto de ley, al introducir regulaciones de cuestionada viabilidad constitucional, otorgando a la Administración potestades de límites imprecisos, puede incidir negativamente en el principio de seguridad jurídica, y especialmente en el de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley.

Y en sexto lugar, porque la reforma que plantea este proyecto de ley deja de lado y orilla una reforma más ambiciosa que afronte las necesidades reales y los nuevos problemas de la aplicación del sistema tributario derivados de la globalización y de nuestra pertenencia a la Unión Europea: reforzar el papel de la Agencia Tributaria, plantearse la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas por razones éticas y sociales, pero también económicas.

En fin, el Gobierno español, a nuestro entender, debería liderar a nivel europeo e internacional esta lucha, y de alguna manera eso debería tener también reflejo en este proyecto de ley.

Resumiendo, y para acabar, estamos delante de una reforma parcial y limitada, con numerosas deficiencias, de la Ley general tributaria que no da respuesta a los problemas que nuestro sistema tributario tiene hoy en día, y por eso solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para defender el veto número 3 al proyecto de ley, que presentó el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, el señor Bel Accensi tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Simplemente doy por defendido este veto, que vamos a ampliar en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel Accensi.

Para defender los vetos número 4, al proyecto de ley, y número 4, al proyecto de ley orgánica que presentó el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista formula propuesta de veto a los dos proyectos de ley que hoy se debaten aquí conjuntamente: el de modificación parcial de la Ley general tributaria y el proyecto de ley que regula el acceso y publicidad de la información contenida en sentencias en materia de fraude fiscal. Por tanto, proponemos la devolución al Congreso de los Diputados de ambos proyectos de ley.

Con respecto a la Ley general tributaria, proponemos este veto siendo consciente el Grupo Parlamentario Socialista de que es un pilar básico y una norma fundamental para el correcto funcionamiento del sistema tributario, siendo consciente de la necesidad de su adecuación a las transformaciones del sistema jurídico español y también a la práctica tributaria. Es, por tanto, un proyecto de ley que se inscribe en el marco de la reforma fiscal, con todos los efectos negativos que podemos constatar que tiene esta reforma fiscal en la ciudadanía. Es un proyecto de ley que, además, se ha venido dilatando en los plazos, cuya elaboración y presentación se ha venido retrasando por numerosos problemas que en nada se han resuelto sino que, al contrario, siguen muy vigentes con la modificación parcial que trae el Gobierno a esta Cámara. Es un proyecto de ley que no cumple con la finalidad que en él se declara. Ninguna de las declaraciones que se hace en él se cumple respecto de las finalidades, es decir, ni va a incrementar la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos —muy al contrario, habrá mayor inseguridad jurídica— ni va a disminuir los niveles de litigiosidad —por el contrario, los incrementará—, a la vez que hará más ineficaz la gestión de los tributos. Por tanto, no contribuirá al efectivo cumplimiento del mandato del artículo 31 de la Constitución y, por consiguiente, a la consecución de un sistema tributario que sea más justo y equitativo.

Se trae una reforma parcial que es limitada, defectuosa y claramente insuficiente, en especial en materia de publicidad de los comportamientos defraudatorios. Se constata así la renuncia del Gobierno del señor Rajoy a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal, una amnistía fiscal que tiene graves consecuencias económicas, además de ser muy cuestionable éticamente, tanto para la sociedad en su conjunto como para la Hacienda pública. Es una medida que es tremendamente injusta, y el secretismo que el Gobierno ha venido ocultando a sus beneficiarios genera un rechazo unánime en toda la ciudadanía. Fíjense, desde 2013, principalmente los medios de comunicación han venido hablando de esta amnistía fiscal, que no solamente ha servido para regularizar fondos hasta entonces ocultos a la Hacienda pública, algo que es tremendamente injusto para el resto de los ciudadanos, sino, sobre todo, para ocultar el origen de estos fondos, que en muchas ocasiones proceden de actuaciones claramente delictivas.

No quisiéramos pensar mal, pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué el Gobierno del señor Rajoy y por qué el Partido Popular no quieren hacer pública la identidad de personas, de sociedades y de más entidades que se acogen a esta amnistía fiscal? Solo el mantenimiento del artículo 95, tal como viene formulado en este proyecto de ley, constituye para el Grupo Parlamentario Socialista, una clara causa de oposición y de veto a este proyecto de ley. Pero quiero ir más allá, porque con este artículo 95 el Gobierno de Rajoy no quiere publicar la identidad de los infractores tributarios, es decir, personas físicas y jurídicas que han sido sancionadas por la comisión de infracciones tributarias —hablamos, pues, de fraude fiscal— cuando estos hayan abonado la correspondiente sanción. Fíjense en lo terriblemente injusto que es esto; es decir, que, como bien señaló el señor Montilla, aquellos que pagan eluden que su identidad sea publicada. Esta medida es, como digo, terriblemente injusta, además de claramente elitista. Con ella se nos dice que, con independencia de la cuantía del fraude, de la cuantía de la infracción tributaria que se cometa, aquel contribuyente que posea recursos suficientes para evitar que su identidad se haga pública, dejará de figurar en esas listas.

Con estas medidas, señorías, se está atentando contra el principio de igualdad además de contra los de justicia y equidad que deben regir siempre en un sistema tributario. Ahí están las críticas que proceden del Consejo General del Poder Judicial así como del Consejo de Estado. Hace falta referirse, por ejemplo, al Consejo de Estado, que habla de numerosas deficiencias en la articulación de las infracciones y de las sanciones en materia de prescripción e incluso en los plazos de actuación inspectora. De hecho aquí hay una posición muy contrapuesta. En un principio el Grupo Popular se posiciona en contra de incrementar esos plazos y ahora está a favor, pero como bien dice el Consejo de Estado en relación con este asunto, porque nuevamente tenemos aquí deficiencias, únicamente las actuaciones inspectoras que persigan eficazmente el cobro de un tributo y finalicen con una liquidación pueden producir el efecto interruptor de la prescripción, y no las restantes.

Este proyecto de ley instaura garantías de impunidad en materia de delito fiscal, que con la reforma del Código Penal hace que la excusa absolutoria permita la exención de pena a quien regulariza su situación tributaria. Desaparece, por tanto, el delito, así como los delitos conexos regularizados, e incluso el blanqueo de capitales cuando regularizamos la situación tributaria; de ahí que insista en que esta regularización de la situación tributaria viene a ser, de hecho, como un verdadero reverso del delito; una concepción de delito fiscal con la que estamos completamente en contra y que rechaza el Grupo Socialista. Porque cuando se introducen estas regularizaciones se incide negativamente en un principio fundamental que aquí se está incumpliendo: la seguridad jurídica; hay mayor inseguridad jurídica, pero sobre todo también se está yendo contra la igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Por tanto, no es admisible que se legisle en función de la capacidad económica, en función de la distinta capacidad para recurrir los actos que en su día se dicten a su amparo, porque cuando lo hacen, porque cuando lo permiten con este proyecto de ley, lo que provocan, señorías del Grupo Popular, es que aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica agoten todos los recursos en vía administrativa o judicial, lo que claramente nos lleva a un sistema tributario más injusto, porque aquellos que no tengan los recursos económicos suficientes para recurrir no lo podrán hacer.

Y tampoco este proyecto de ley va a reducir los niveles de litigiosidad. Todo lo contrario, señorías; se van a incrementar esos niveles; ¿o es que, señorías del Grupo Popular, acaso creen ustedes que aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica no agotarán todos los recursos existentes para regularizar su situación tributaria y para que desaparezca el delito, incluso el de blanqueo de capitales? Todo lo contario; estas personas agotarán hasta el último recurso, y por tanto, se incrementarán los niveles de litigiosidad, con el objetivo de que desaparezca el delito, incluso —y lo reitero— el de blanqueo de capitales.

En consecuencia, señorías, con este proyecto de ley tenemos un sistema tributario más injusto, con una mayor discriminación, menos equitativo, que va a favorecer una redistribución de la carga tributaria orientada a favorecer a los contribuyentes con mayores ingresos, y ello nos lleva a una cruel desigualdad.

Pero además de las deficiencias y de los problemas que se pueden observar en este proyecto de ley, con él se renuncia también a hacer frente a uno de los mayores problemas que en este momento tenemos en la sociedad española; se renuncia a la necesidad de incrementar los efectivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria destinados especialmente a la lucha contra el fraude fiscal y donde España se sitúa muy por encima de la media de los países de la Unión Europea para paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en dicha agencia. Y es que si nos vamos a los presupuestos generales de este año, esos a los que tanta propaganda se está dando y que tan electoralistas son, observaremos que la Agencia Tributaria contará con 25 065 efectivos frente a los 25 736 presupuestados para el año 2015. Estamos hablando de casi 700 efectivos menos para hacer frente al fraude fiscal; y de hecho los efectivos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria destinará a luchar contra el fraude fiscal serán 16 813 en 2016 frente a las 17 143 personas previstas en 2015. Y señorías, está claro que con menos efectivos tendremos menor capacidad para hacer frente a esta lacra que es el fraude fiscal.

Además, y a pesar de la urgente e imperiosa necesidad que dice el Gobierno del señor Rajoy que hay de adoptar medidas que reestablezcan la independencia y la objetividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que aporten seguridad y tranquilidad a sus funcionarios, el Gobierno hace constantes injerencias en la dirección de dicha agencia, unas injerencias, señorías del Grupo Popular, que están causando un daño irreparable para luchar contra el fraude fiscal en España. De hecho, en este proyecto de ley no hay ninguna medida concreta contra la evasión y la elusión fiscal, en especial para las empresas multinacionales, ni se han adoptado medidas de modificación legal necesarias para que la legislación tributaria contemple infracciones específicas aplicables al comportamiento de algunas entidades financieras y consultoras que colaboran en el fraude y la evasión fiscal de grandes contribuyentes, sean personas físicas o empresas multinacionales.

En definitiva —y termino, señorías— esta es una reforma injusta, defectuosa, chapucera y desigual de la Ley General Tributaria que no aborda las modificaciones legales necesarias y urgentes para luchar con eficacia y equidad, y con todos los medios humanos y materiales, contra el fraude y la evasión fiscal de los contribuyentes con mayor capacidad económica. Por ello con este veto pedimos la devolución al Congreso de los Diputados de ambos proyectos de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.

Para turno en contra tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a tratar de defender el voto en contra del Grupo Popular a todas las propuestas de veto presentadas, tanto a la modificación parcial de la Ley 58/2003 general tributaria, como a la Ley Orgánica para regular el acceso y publicidad del contenido de determinadas sentencias en materia de fraude fiscal.

Los grupos de la izquierda, que han defendido los distintos vetos que presentan a los dos proyectos de ley, critican no solo la ley, de la que han hablado bastante poco, sino también otros aspectos de la política fiscal que el Partido Popular ha aplicado a lo largo de toda la legislatura, de lo cual han hablado bastante más. Ustedes nos dicen hoy que van a votar en contra de importantes medidas en el ámbito tributario y de importantes medidas en relación con la publicación de la identidad de quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias, que van a votar en contra tal y como lo han hecho con todas y cada una de las medidas económicas que, por cierto, nos están permitiendo salir de la crisis y que han contribuido a la recuperación de nuestra economía. Ustedes votaron en contra de la Ley de estabilidad; votaron en contra de la Ley de emprendedores; votaron en contra de la reforma fiscal y ni siquiera votaron a favor de la ley 7/2012, de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Por lo tanto, sorpresas, a este grupo, pocas o ninguna. Sin embargo, a pesar de ustedes, la política fiscal del Partido Popular está demostrando ser un instrumento poderoso en la salida de esa crisis que ustedes dejaron en una quiebra técnica, porque esa política fiscal diferente está permitiendo la salida de la crisis. Ustedes desprecian todo eso, desde el primer momento hasta el último, y no solo votaron en contra, sino que hoy se permiten decir que la reforma fiscal que aprobamos hace menos de un año ha tenido unas nefastas consecuencias económicas; ¿para quién, senadora Marra, para esas familias numerosas que han visto incrementar sus mínimos familiares hasta un 32 % cuando tienen especialmente personas con discapacidad menores o mayores a su cargo, o para esas familias numerosas que tiene hoy una ayuda de cien euros al mes que cobran por anticipado, 1200 euros al año, para compensar las situaciones de mayor necesidad? ¿Para quiénes ha sido las consecuencias nefastas de la reforma fiscal? ¿Para los que menos ingresos tienen? ¿Para los que tienen unos ingresos de 15 000 euros que están viendo como pagan casi un 23 % menos de IRPF que lo que pagaban con el Gobierno socialista ya en plena crisis en el año 2011, para esos han sido las nefastas consecuencias? No pueden seguir repitiendo los mismos argumentos que repetían hace uno, dos o tres años cuando los datos les desmienten y les dejan a ustedes en muy mal lugar.

Por lo tanto, hoy van a votar en contra pero es esa política fiscal la que está permitiendo hoy adoptar otras medidas, como, entre otras cosas, adelantar la rebaja fiscal prevista para 2016 al mes de julio del 2015. Votaron también en contra alegando —y hoy nos lo vuelven a decir— la caída de los ingresos tributarios y nada de eso se ha producido; ninguna de esas nefastas consecuencias que ustedes han ido augurando a lo largo de estos tres años y medio, cerca de cuatro, se ha producido. Ustedes también argumentaron que traería consecuencias muy negativas la Ley 7/2012 de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y también miraron para otro lado y tuvimos que aprobarla a pesar de ustedes. Puede que no gustara esa ley a los que tenían datos ocultos o bienes y derechos en el extranjero que se obligaron a declarar, pero no les gustó, eso seguro, a ustedes que no votaron a favor. Sin embargo, esa ley y esas medidas que se adoptaron en ese momento, senadores del Grupo Socialista, de la Entesa y también de Podemos, aunque en ese momento no había ninguno aquí, han permitido que estemos teniendo los mayores datos de recaudación en la lucha contra el fraude de la historia; cerca de 40 000 millones en los tres últimos ejercicios que hemos ido recaudando.

Tampoco pueden seguir hablando permanentemente de un concepto que es completa y rotundamente falso, el de amnistía fiscal; no pueden llamar amnistía fiscal a esa declaración tributaria especial, a esa regularización especial que se llevó a cabo con carácter totalmente excepcional, en un momento que también lo era, y que ustedes habían permitido como si nada, de caída en picado de los recursos tributarios de hasta 70 000 millones en solo tres años, y que ha permitido algo importante, que era lo que se pretendía con ella: ampliar las bases imponibles, recaudar 1200 millones y sacar a la luz 40 000 millones de euros que con ustedes estaban ocultos y no bajo el control de Hacienda; eso sí era una verdadera amnistía: no hacer nada para aflorar esos 40 000 millones. Y no solo eso, sino que fue acompañada de ese modelo 720, de esa obligación de declarar todo tipo de bienes y derechos en el extranjero; un modelo que ha permitido que en tres ejercicios 197 000 contribuyentes hayan declarado por primera vez activos por valor de 124 500 millones de euros. Si a ustedes les parece que todos esos miles de millones de euros, controlados ahora por Hacienda, contribuyen poco al sostenimiento de nuestros servicios públicos, que todos esos a los que ustedes permanentemente llaman ricos contribuyen poco, cuando gobernó el Partido Socialista durante ocho largos años no contribuían absolutamente nada; eso sí era una verdadera amnistía y una auténtica indulgencia, un auténtico perdón.

Ustedes van a votar en contra; ya lo hicieron y auguraron unas consecuencias que hoy, en contra de lo que decían, no se han producido. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de sus vetos y a favor del proyecto de ley; y vamos a hacerlo porque los objetivos de este proyecto se van a cumplir y son muy claros: prevenir y potenciar la lucha contra el fraude fiscal, buscar y poner al servicio de la Administración Tributaria todos los instrumentos necesarios para esa lucha contra el fraude fiscal, reducir la litigiosidad y reforzar la seguridad jurídica. Voy a intentar ser más breve en la descripción de esas medidas porque tendremos oportunidad de ampliar las intervenciones en el Pleno. No obstante, hay temas importantes como esa nueva infracción tributaria o lo que llamamos la «norma antiabuso» para evitar conflictos en la aplicación de la norma; un instrumento que va en contra de los métodos, de las estructuras y de los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal, en contra de quienes intentan obtener ahorros fiscales por la vía del abuso de las normas, de manera que es una infracción que va a sancionar los ahorros fiscales que se obtengan por actos o actividades que se hayan realizado y que sean iguales a otros que ya hayan sido calificados como abuso por parte de la Administración.

Una norma importante en esta prevención y lucha contra el fraude a la que se han referido detenidamente —yo también lo haré y más teniendo en cuenta que debatimos conjuntamente la Ley Orgánica— es la publicidad de datos tributarios. Distintos portavoces, especialmente el portavoz del Grupo Socialista, del Grupo Mixto y la senadora de Podemos, han hablado permanentemente de que se va a ocultar y no; por primera vez hemos dado un paso más hacia la transparencia de la actividad pública y, además, creemos necesario potenciar la eficacia del sistema tributario; los dos objetivos de la publicidad de los datos tributarios; no es lo prioritario la publicación en sí misma; el objetivo principal es conseguir que paguen los que son morosos, los que no están cumpliendo con sus obligaciones, y que paguen también los que hayan podido cometer delito contra la Hacienda pública. Por eso se hace esta excepción, porque la información tributaria se rige por el principio de confidencialidad; eso no lo pone el Partido Popular; eso es así; y ello porque lo que queremos es que puedan ser objeto de publicidad las conductas tributarias que generan un mayor perjuicio económico a la Hacienda pública en el caso de deudas y sanciones por importe superior a un millón de euros. De ahí que publiquemos la identidad de los deudores de mayor cuantía. Además, con la Ley Orgánica se regula la posibilidad de publicar la identidad de quienes hayan resultado condenados en sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública, por delitos de insolvencia punible cuando el acreedor es el erario público y también por delitos de contrabando.

En definitiva, de lo que estamos hablando es de publicación, no de opacidad sino de transparencia, que es lo que persigue el Gobierno del Partido Popular, contradiciendo algunas mociones o iniciativas que ustedes han presentado a lo largo de la legislatura; sin modificar la ley; haciendo las cosas bien; modificando el artículo 95 de la Ley general tributaria porque el principio de reserva de ley está, para poder excepcionar ese principio de confidencialidad, instaurado y como tal ha sido expresado en numerosas ocasiones por la doctrina del Tribunal Constitucional y, por eso, la necesidad de una ley; en el caso de los defraudadores, de una Ley Orgánica porque se trata, como saben, de introducir un artículo 235 ter en una Ley Orgánica como la del Poder Judicial; por lo tanto, también se hace esa modificación con carácter orgánico.

La senadora del Grupo Mixto hablaba de los distintos principios y valores constitucionales. Lo hacemos con profundo respeto a los informes y a los principios jurídicos. Por eso, en el caso de esta Ley Orgánica, el Grupo Popular va a votar, convencido, a favor porque las leyes vienen avaladas por principios y criterios jurídicos, pero también por razones de convicción política. ¿Cómo se conjugan esos principios, esos derechos, esos valores constitucionales de los que ustedes han hablado en algún caso, en un tótum revolútum, eso que ustedes siempre dicen de que los ricos no pagan, con los datos? Porque tanto los suyos como los nuestros les desmienten con rotundidad, como les decía en el caso de la regularización. Cumplimos el principio de publicidad de las actuaciones y sentencias judiciales, amparado por la Constitución en el artículo 120; el derecho al honor y a la protección de la intimidad, recogidos en el artículo 18 de la Constitución, y cumplimos el artículo 31 de la Constitución que establece el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, lo que supone el deber de todos de cumplir y el derecho del conjunto de la sociedad a exigir de todos el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero también el derecho de la sociedad a exigirnos el control de la actividad dirigida a la lucha contra el fraude; y por ello ustedes han hablado de informes con carácter genérico. De ahí que no renuncie, aunque intentaré ser breve, porque creo que es importante, a leerles lo que dice el informe del Consejo General del Poder Judicial. Dice: «Existen diversas razones de interés público que justifican esta reforma, además de la coherencia con el nuevo modelo de la Ley general tributaria»; coherencia, hago un inciso, porque no tendría —se explica también en la Exposición de Motivos— ningún sentido que diéramos publicidad o que posibilitáramos la publicidad de los deudores y que dejáramos oculta, precisamente, la identidad de los defraudadores, de quienes han delinquido contra la Hacienda pública.

Además de la coherencia con la Ley general tributaria y las razones de interés público que aduce el informe del Consejo General del Poder Judicial, necesario es también el reforzamiento de los principios de publicidad judicial y la trasparencia y eficacia de las actividades públicas de prevención y represión del fraude fiscal. ¿Esto no les parece suficientemente importante, señorías de la izquierda? Se impulsa la lucha contra el fraude fiscal. Esto lo dice el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que pretende y lo que consigue esta Ley Orgánica con la publicación de los defraudadores, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. ¿No es el fin principal de un sistema tributario conseguir el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de todos? El informe termina hablando de los intereses que deben primar sobre los derechos individuales a la intimidad y a la protección de datos. Y, en otro momento, dice que la publicidad de estas condenas cumple fundamentalmente una función de información y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal. Pues hoy ustedes deben de tener muy claro que lo que están tratando de vetar, que lo que están tratando de impedir en esta Cámara, tras ocho años de no haberlo hecho, es que demos, como dice el propio Consejo General del Poder Judicial, con una modificación en la Ley Orgánica que regula precisamente el Poder Judicial, publicidad a esas condenas, que es una función de información y en gran medida una medida de lucha contra el fraude fiscal. Eso es lo que están tratando de impedir.

Y hablaban de los límites, del acceso, del carácter sancionador y procesal de la medida. En cuanto a este último, el informe del Consejo General del Poder Judicial deja muy claro que no hay necesariamente una naturaleza sancionadora por existir ese interés público que es inherente a la publicidad de la resolución; es decir, que no es —nosotros así lo entendemos también— una medida sancionadora, sino que estamos aplicando un principio de carácter puramente procesal: la publicidad de las actuaciones judiciales en un ámbito que es la Hacienda pública, que es el que nos compete en esta comisión y cuya relevancia pública viene dada por el carácter público del bien jurídico protegido. Por lo tanto, por el hecho de que es una medida procesal que no tiene carácter de sanción, estamos, como saben, incluyendo una disposición transitoria que va a permitir que se publiquen los nombres de quienes están ya en un proceso penal por un delito, aunque la sentencia firme pueda llegar mañana o no llegue. Se está permitiendo esa retroactividad media de la ley para que quienes están ya inmersos en un proceso judicial puedan evitar la publicidad mediante el pago de la cuantía. Porque la situación es de inseguridad jurídica y así lo plantea el propio informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con esta retroactividad media que se establece; y no porque queramos ocultar a nadie; al contrario, queremos que los efectos de la publicidad de los defraudadores de esta ley se puedan aplicar cuanto antes.



¿Queremos nosotros ocultar los nombres de quienes están proceso judicial aun sin sentencia firme? No. Si hablamos de intencionalidades, a lo mejor nosotros —no voy a ser yo— podríamos pensar que son ustedes los que están intentando ocultar o evitar, poniendo nuevas excusas, que se publiquen desde ya los nombres de los ciudadanos que ya están en un proceso penal aunque no tengan sentencia firme y que no se pueda aplicar esa retroactividad media que establece la ley. Pero al final, senadores de la izquierda, estamos hablando de eficacia, de eficacia en la lucha contra el fraude, que ustedes no supieron valorar, o no ponderaron adecuadamente en el momento de la Ley 7/2012, que ha marcado un antes y un después en la lucha contra el fraude en este país; tampoco hoy están sabiendo, pudiendo o queriendo valorar la importancia que tiene esto, porque, al final, de lo que hablamos es de asegurar, de incentivar, que es lo que podemos hacer, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Esa es la verdadera finalidad, que paguen. Ustedes han llegado a exclamar: ¡es que van a pagar! ¿No queremos que paguen lo que estaban defraudando a Hacienda o lo que estaban debiendo a Hacienda? ¿No queremos que paguen? Esa es la finalidad fundamental del sistema tributario. Ustedes, que se empeñan en eso de los ricos y los pobres, deben saber que esta ley no diferencia entre ricos y pobres, que está diferenciando entre los que cumplen con sus obligaciones tributarias, entre los que no tienen ningún problema con esa medida, y los que incumplen, eso sí, con sentencia firme. Esa es la condición que pone la ley; es decir, lo que está probado en y por una resolución judicial de carácter firme.

Sobre otro tipo de medidas, a las que también se han referido, como mayores potestades de investigación y comprobación para la Administración tributaria y un procedimiento específico cuando se aprecien indicios de delito fiscal, han llegado a decir que estamos poco menos que perdonando a los defraudadores. No, al contrario. Aparte de lo que acabo de mencionar, y en lo que me acabo de extender, en el Título VI, que modifica la Ley general tributaria, se habla de adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado, es decir, de adelantar y garantizar el perjuicio causado a la Hacienda pública. Se establece un procedimiento específico para cuando haya indicios de delito que permita practicar la liquidación tributaria, primero, desarrollar la acción recaudadora, asegurar la liquidación y el cobro, y después remitir el tanto de culpa al juez o a la Fiscalía y no tener que esperar a practicar liquidación o a cobrar a expensas de que luego haya delito o no haya delito. Se pretende cobrar la deuda y adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado. Ustedes eso tampoco lo hicieron; ustedes tampoco lo pensaron o no quisieron. Por lo tanto, no hablen de intencionalidades, porque apuntan a todo lo contrario de lo que está haciendo y de lo que está demostrando el Partido Popular, en el Gobierno y en esta Cámara. Reducir la conflictividad, reducir la litigiosidad, sí; porque planteamos también medidas importantes, como esa facultad de la Administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas, como esa mejor regulación del método de estimación indirecta, explicitando las fuentes de las que pueden proceder los datos, o el adelanto de ese suministro inmediato de información, de esa previsión del desarrollo reglamentario para poder hacer efectivo un nuevo sistema de gestión del IVA que permita información en tiempo real. Y reforzar la seguridad jurídica, también, señorías, con medidas como la ampliación de los procedimientos de inspección, mayor obligación de informar hasta que el contribuyente pueda conocer con exactitud la fecha límite del procedimiento, con la recuperación de ayudas del Estado que afectan al ámbito tributario, con la nueva regulación de las reclamaciones económico-administrativas. En definitiva, la lucha contra el fraude es una de las grandes prioridades de estas modificaciones, la de la ley orgánica y la de la Ley general tributaria, y ha sido una de las grandes prioridades del Gobierno del Partido Popular desde el minuto uno. Esa fuerza, esa equidad, esa justicia y esa contundencia en la lucha contra el fraude se escribe en las leyes; no es cuestión de demagogia ni es cuestión de proclamas y de soflamas, se escribe en las leyes. Y a la hora de incorporar medidas coordinadas, coherentes y que responden a nuestro compromiso para asegurar los recursos necesarios, para incrementar la recaudación tributaria, pero también para erradicar comportamientos fraudulentos, indeseables siempre y en algunos casos también delictivos, la fuerza y la contundencia en las leyes la ha puesto siempre el Partido Popular, y hemos tenido que hacerlo siempre, y por lo visto hoy también, a pesar de ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Turno de portavoces. Senadora Mora, tiene la palabra.

La señora MORA GRANDE: Gracias.

Quizás no me he explicado demasiado bien, porque ha empezado su intervención diciendo que no hemos hablado de la ley, sino de su política de recuperación de la economía. Mi intervención y el veto de Podemos han tratado única y exclusivamente de abordar de manera bastante técnica la ley orgánica que estábamos vetando, y la mayoría de los puntos que he expuesto no han tenido contestación.

Sobre la recuperación de la economía, le puedo decir que en el mandato del Gobierno popular tenemos el récord en familias que no tienen ningún ingreso, 770 000; la pobreza ha aumentado hasta el 20 %, y la desigualdad entre los hogares españoles es la más alta que ha existido nunca.

Nos ha comentado que el interés de esta ley es mejorar la recaudación y que han tenido la mejor recaudación en la lucha contra el fraude fiscal. Me gustaría saber, si se aumenta la recaudación, por qué no se bajan los impuestos a las rentas más bajas; o si luchan contra el fraude fiscal, por qué no hablamos de evitar el fraude en las sicav; de eso no nos ha dicho nada. Está mezclando conceptos entre la publicidad de las actuaciones judiciales y la publicidad de las sentencias, que no tienen nada que ver, y menos con el pago de los defraudares. Nos dice que intentan que paguen los defraudadores, y claro que queremos que paguen los defraudares; nunca hemos hablado de opacidad, lo que decimos es que se está regulando para evitar lo dispuesto en esta ley a cambio del anonimato, pagando. Da igual las vueltas que quiera dar a la tortilla, la realidad es que con esta regulación se quiere evitar la publicación de nombres concretos de grandes defraudadores relacionados con cargos públicos, y muchos son del Partido Popular. Esa es la realidad; de lo contrario no nos van a convencer; la ciudadanía no es tonta, solamente tiene que ver cuál va ser la consecuencia de la aplicación de esta norma, y la desigualdad, obviamente, está clarísima.

Está mezclando muchas cosas. Cuando habla del Consejo General del Poder Judicial dice que esta medida no es sancionadora, y justo la mitad del Consejo General del Poder Judicial dice todo lo contrario, que la función de esta medida no tiene ningún carácter de publicidad, de información. El Consejo de Estado, además, hablando de la medida hermana de la Ley General Tributaria, les dijo claramente que tenía una naturaleza sancionadora y que lo tuvieran en cuenta en la reforma. En fin, los informes previos a la ley nos los leemos todos. Y no solo el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal también dice que tiene una naturaleza aflictiva y sancionadora. Es más, es bastante interesante leer la jurisprudencia respecto de esta medida que usted utiliza en la exposición de motivos, porque la jurisprudencia a la que se refieren precisamente viene a avalar la naturaleza sancionadora.

Me gustaría que tuviera en cuenta que los argumentos que estamos utilizando en los vetos son bastantes técnicos, y no nos diga que hablamos de su política, porque el hablar de la política de recuperación de la economía nos lo vamos a reservar para el Pleno.

No nos engañe, la realidad no es que se está intentando que se pague, sino que se está intentando vender una medida de publicidad, de sentencia firme, que va a facilitar que grandes corporaciones y grandes fortunas no salgan a la luz, cuando ese es el interés de la ciudadanía, vea la opinión de sus votantes en el CIS.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Entesa, senador Montilla. (Denegaciones).

Por el Grupo Socialista, senador Vázquez, tiene la palabra.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias.

Pensaba intervenir brevemente para hablar fundamentalmente de la ley orgánica, pero la intervención de la señora Angulo me obliga a hacer algunas consideraciones sin entrar en un debate profundo que, como bien ha dicho la portavoz de Podemos, ya tendremos tiempo de hacer en las próximas semanas. Hay una campaña electoral por medio, en la que cada cual valorará la gestión que ha hecho el Gobierno y al final los ciudadanos decidirán. Pero tener que escuchar aquí, a estas alturas, la acusación de la senadora Angulo de que repetimos los argumentos, cuando ella lleva tres años con el argumentario de la campaña de las elecciones generales de 2011 de la herencia, repitiéndolo Pleno tras Pleno, intervención tras intervención, causa un poco no ya de perplejidad sino de sonrisa. Decir que no se ha hecho una amnistía fiscal cuando ella y el señor Montoro son los únicos que no lo reconocen, porque la propia vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho, suena cacofónico.

Pero la cuestión no es lo que decimos los socialistas u otros grupos de la oposición, lo que ha dicho mi compañera es que cuando hablamos de estas últimas rebajas fiscales que ustedes han hecho —porque reforma fiscal aquí no se ha hecho en toda la legislatura, se han parcheado determinadas cosas como hemos puesto de manifiesto en algunas ocasiones y hemos planteado alternativas de reforma fiscal muy documentadas, no lo decimos los socialistas—, en esta última rebaja fiscal el 1 % de los contribuyentes, los más ricos, aunque a ustedes no les guste escuchar eso, los que más patrimonio y riqueza tienen, se van a llevar tanto de esa rebaja, de esos 9000 millones, como 14 millones de contribuyentes. Y eso lo dice Fedea, que depende del Ministerio de Economía, del Gobierno, no lo decimos los socialistas. Esto es una realidad constatable, hay otras cosas que pueden ser opinables; esto no es opinable, esto lo han dicho los técnicos de Hacienda, que han hecho sus valoraciones. Lo hemos leído en todos los medios de comunicación: los más beneficiados, los que ganan más de 100 000 euros al año; evidentemente, no es ni la clase media ni la clase trabajadora. ¿Que no les quieren llamar ricos? Pues llámenles afortunados, pero esos son los que realmente se benefician de esas reformas fiscales.

Nos acusa de que hemos votado en contra de sus leyes, de sus reformas, de sus contrarreformas, señora Angulo. Hemos votado en contra, y no solamente hemos votado en contra, sino que la aviso ya de que las modificaremos cuando gobernemos, porque han sido absolutas contrarreformas en contra de las clases trabajadoras y las clases medias de este país. Esta es nuestra opinión y por eso hemos votado en contra, mala labor hubiésemos hecho nosotros a nuestra propia ideología si hubiésemos votado a favor de algunas cosas que ustedes han traído aquí.

Esta reforma de la ley orgánica viene tarde y mal. Viene tarde porque escuchamos en 2012 al ministro Montoro anunciarla como una de las medidas estrella en la lucha contra el fraude en la tribuna de esta Cámara. Nos lo comunicó aquí como novedad en 2012. Escuchamos al presidente del Gobierno anunciarla también al principio de la legislatura. Y es al final de la legislatura cuando viene, y lo hace de esta forma tan descafeinada. Eso es lo que criticamos. No haga esa trampa retórica de decir que si no estamos de acuerdo, que se publique. Claro que estamos de acuerdo, pero no de la forma en que la traen. Ahora, qué prisa tuvieron para aprobar una reforma laboral en tres meses; qué prisa tuvieron para aprobar una amnistía fiscal que beneficiaba —no voy a decir nombres propios— a gente muy reconocida y que ha provocado escándalos en este país en los últimos tiempos,; qué prisa tuvieron en establecer los recortes, los copagos. ¡Qué prisa tuvieron en todo eso y qué poca prisa han tenido en traer esto! Pero además traen —y no iba en sus primeros textos, sino una vez que ya ha informado, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal— una reforma que permite publicar la lista de morosos y defraudadores, pero le dicen a esa gente, que habrá hablado durante todo este tiempo con el Gobierno: Ustedes tranquilos, los que tienen mucho no se preocupen; hagan una reserva económica por si les pilla y, si hay una sentencia firme, paguen, que su nombre no será mancillado publicándolo en el Boletín Oficial del Estado como defraudador o como moroso. Y es lo mismo que hicieron a finales de 2012 con el Código Penal, cuando establecieron una modificación que le decía a todos aquellos que podían ir a la cárcel por delito fiscal: No os preocupéis, no pisaréis cárcel si pagáis, si regularizáis antes. El mensaje que se está dando a esos grandes defraudadores es: Seguid defraudando, haced una reserva económica por si tenéis la mala suerte de que os pillen y no os preocupéis porque, antes de esa sentencia firme o antes de ir a la cárcel por delito fiscal, depositáis el dinero o lo avaláis y os libráis de eso. Esa es una realidad absolutamente incuestionable. Lo han hecho de acuerdo con su ideología. Yo no critico que el Partido Popular tenga una determinada ideología, un determinado electorado y un determinado grupo de presión a los que tiene que hacer caso. Yo eso no lo critico. Lo que estoy constatando es que esa es la realidad.

Mire, señora Angulo —y no me quiero extender mucho—, cuando se haga el relato de estos cuatro años se va a ver. Porque si el 5 % de lo que usted ha dicho fuese verdad, todo el país votaría al Partido Popular. Y no solo eso, tendríamos que ponerlo a gobernar el mundo si fuese verdad el 5 % de todo lo que ha dicho, pero la realidad es otra. La realidad es que Europa, a partir de determinadas decisiones del Banco Central Europeo, comienza a crecer. Evidentemente, ese crecimiento hace que se comience a generar empleo —esa es una realidad, nadie lo niega—. Hay determinadas acciones externas que no controlan, porque si me va a decir que es el Gobierno y su presidente quienes controlan la caída del precio del petróleo, la bajada del euro con respecto al dólar y todas estas variables, yo le digo que no. Esto hace que se beneficie la economía y, aun así, ustedes van a dejar, después de cuatro años de gobierno, una sociedad más desigual —tampoco lo decimos nosotros, lo dicen entidades absolutamente serias y alejadas del Partido Socialista—, mucho más empobrecida, con muchas menos oportunidades para los jóvenes, con muchas menos oportunidades para trabajar y con salarios para los que ya existe un concepto, el de trabajador pobre, que no es que no llegue a final de mes, es que no llega ni a mitad de mes por los salarios que la reforma laboral está permitiendo. Y hay otro dato: el 50 % de los millones de parados que hay ya no cobran nada frente al 80 % de hace cuatro años. Eso les está permitiendo ahorrar dinero, 5000 millones en el año 2016, porque dejan de pagar a la mitad y la dejan en un estado ya lamentable. Esta es la sociedad española en su conjunto y, repito —y termino—, no lo decimos los socialistas, lo dice el CIS cuando le pregunta a los ciudadanos en qué situación se encuentra, cómo piensan que están. Por lo tanto, bajen un poquito de la absoluta demagogia y de la absoluta supervaloración de todo lo que han hecho; vendan cosas vendibles, que también tienen, pero no intenten engañarnos y hacernos pasar por tontos a los españoles haciéndonos pensar que estamos en Alicia en el país de las maravillas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Senadora Angulo, tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Pido disculpas por lo avanzado de la hora, pero desde luego hay algunas cuestiones que no puedo dejar de matizar cuando no de responder.

Primero, lo que yo he dicho es verdad. Senador Vázquez, si hay algún dato que no sea cierto, desmiéntalo. Si es mentira que ustedes destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo en tres años, que dejaron caer la recaudación tributaria en 70 000 millones y si es mentira que esos que usted llama ricos, los de los grandes grupos consolidados, llegaron a pagar un tipo efectivo de cero en el impuesto sobre sociedades, desmiéntalo. Si es mentira que las grandes empresas pagaban un tipo efectivo en sociedades del 3,8 que se ha más que triplicado en los años del Partido Popular, desmiéntalo. Si es mentira que la política tributaria del Partido Popular se ha centrado en que esos pagos a cuenta en el impuesto sobre sociedades para grandes empresas y grupos pasaran de los 7500 millones de 2011, en plena crisis, cuando algunos pagaban cero, hasta los más de 15 000 millones del año 2014, desmiéntalo. Yo no le he dicho, como hace usted, que ustedes les decían a los grandes grupos y a las grandes empresas: No os preocupéis, que mientras estemos aquí nosotros, vosotros vais a pagar cero; para eso estamos nosotros, para que los ricos paguéis cero. Yo no le he dicho eso a usted —esos son los argumentos que ustedes utilizan—, pero es posible que fuera así porque desde luego muchos grandes grupos consolidados pagaron cero durante ocho largos años. Ese es el argumento que ustedes utilizan en su veto, en lo que han escrito. Por eso, permítame que yo utilice los números para traerles de vuelta a la realidad. Por lo tanto, no me diga a mí que ni el 5 % de lo que digo es verdad, no. Desmienta uno solo de los datos, porque el 100 % de lo que he dicho es verdad.

Han vuelto a hablar de la reforma fiscal, volveremos a tener un debate en el Pleno, pero no puede seguir cuestionando una rebaja fiscal. Por cierto, los efectos de 2016 se han adelantado hace muy pocas semanas precisamente porque es una inyección de liquidez a los que más lo necesitan y a los que menos tienen. Con la reforma fiscal se van a devolver 9000 millones de euros a las familias españolas, especialmente a las rentas medias y bajas, a quienes más lo necesitan; y se han adelantado 1400 de esos millones al mes de julio de 2016. Todo eso, a pesar de ustedes. No sigan insistiendo. Hay personas y familias que necesitan mucha ayuda. Y, por supuesto, hay una tasa de paro insoportable en este país —no lo vamos a negar—, pero estamos en disposición de decir, porque tenemos ya asegurado que en menos de dos años vamos a poder crear más de un millón de puestos de trabajo, que con esta política fiscal y económica se está creando empleo y riqueza a más del 3 %, mientras que con ustedes la tasa de destrucción de empleo y de riqueza era imparable.

Nos han dicho que la reforma es insuficiente. Mire, insuficiente es no hacer nada, que es lo que hicieron ustedes en muchas de las materias de las que hemos estado hablando hoy. Insuficiente es no hacer nada. Insuficiente también es no votar a favor porque lo propone el Partido Popular. Ustedes no están para dar lecciones. Ustedes permitieron que se hundiera la recaudación tributaria en las condiciones que le acabo de describir: perdonando a quienes ustedes especialmente llaman siempre ricos y poniendo en peligro el sostenimiento de los servicios públicos. Me decía en su intervención la senadora Marra —también lo ha hecho el senador Vázquez— que hemos esperado a final de legislatura. Es que había cosas urgentes que hacer: 8 millones de facturas sin pagar, un 9 % de déficit y 70 000 millones de euros de caída en la recaudación, mientras ustedes cobraban cero a los grandes grupos consolidados, mientras ustedes no hacían nada por exigir que quienes tenían sus bienes, sus derechos o sus propiedades en el extranjero las declararan a la Hacienda pública española. Por lo tanto, ustedes no están para dar lecciones ni de eficacia en la recaudación tributaria ni mucho menos de transparencia.

Usted vuelve a insistir en lo de la publicación de los defraudadores, pero es el informe del Consejo General del Poder Judicial el que dice que no tiene necesariamente una naturaleza sancionadora, precisamente por el carácter público del bien jurídico protegido: la obligación de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos que consagra el artículo 31 de la Constitución.

Senadora de Podemos, usted dice que esta ley es efectista y que lo hacemos porque va a haber elecciones, pero si tan mala es la ley, ¿cómo la íbamos a presentar justo cuando hay elecciones? Lo que usted nos ha dicho aquí esta mañana es la esencia de la contradicción y del tótum revolútum. Confunde los principios, confunde los dictámenes, confunde los informes y, por tanto, confunde las conclusiones.

Senadores de la Izquierda, voy a terminar como he empezado: una vez más, tenemos que estar explicando las bondades de una ley cuyos resultados se pondrán de manifiesto en la recaudación —como los conseguidos con la Ley 7/2012, que ustedes negaron a priori—, en una mejor concienciación cívica a la hora de contribuir con las obligaciones tributarias y en la mejora de esos fines que todos pretendemos, como es tener un sistema tributario más justo y más avanzado; cosa que persiguen estas leyes.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Procedemos a votar los vetos que se presentaron al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. En primer lugar, el veto número 1, presentado por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, también del Grupo de Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 4 presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos a continuación los vetos que se presentaron al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

En primer lugar, votamos el veto número 1, presentado por la senadora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, de los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García del Grupo de Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 4 presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas 1 a 22 presentadas al proyecto de ley por el senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y las enmiendas 1 a 3 al proyecto de ley orgánica.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

La señora MORA GRANDE: Señor presidente, respecto a la enmienda presentada por Podemos, voy a aprovechar este pequeño turno —aunque nos reservaremos para el Pleno— para comentar que, diga lo que diga la senadora del Grupo Parlamentario Popular, esta ley es efectista porque vende algo que no se cumple, ya que su regulación permite a los grandes defraudadores fiscales establecer fondos de contingencia para salvarse de la ley. Y en cuanto a la confusión respecto a las conclusiones de los informes, aprovecho para decirle que los tengo aquí delante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mora.

Pasamos al debate de las enmiendas 128 a 132 que presentó al proyecto de ley la senadora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, el señor Martínez Oblanca tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas 23 a 60 presentadas al proyecto de ley y 5 a 10 al proyecto de ley orgánica por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, doy por defendidas las enmiendas 9 y 10, por un lado, las enmiendas 5 y 8, por otro, las enmiendas 23 a 44 y 45 a 60.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 63 a 111 presentadas al proyecto de ley y 11 a 14 al proyecto de ley orgánica por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 112 a 127 presentadas al proyecto de ley y 15 a 18 al proyecto de ley orgánica por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Intervendré muy brevemente.

El problema del sistema fiscal español es que, teniendo unos tipos elevados, la recaudación no se corresponde con la riqueza nacional. Esto debería hacer ver, fundamentalmente al Partido Popular, que tiene un serio problema. Todo lo que nosotros hemos hecho mal es siempre evidente, y siempre que habla el Partido Popular está claro que la culpa de todo lo que pasa en España la tiene el Partido Socialista. Ese es su imaginario, y no lo vamos a cambiar. Lo cierto es que deberían pensar que hay partidos conservadores europeos que, teniendo unos tipos menores, recaudan más y que, por tanto, podrían hacer alguna modificación en ese sentido.

Ahora me referiré a las enmiendas. La ley establece que cuando se paga, uno se libra de aparecer en la lista. Sin embargo, aparecer en la lista tiene un carácter punitivo —socialmente, se entiende—, diga lo que diga el Consejo General del Poder Judicial. La gente castigará el comportamiento de aquellos que no quieren contribuir a las cargas públicas como todos los ciudadanos, lo cual tendrá, además, un efecto económico claro en la rentabilidad de sus empresas, pues cuando se sabe que alguien es defraudador —como cuando se sabe que alguien contamina, por ejemplo—, todas las empresas procuran separarse de esa imagen porque es contraproducente para los beneficios económicos. Lógicamente, el hecho de publicar estos datos implica la posibilidad de restar beneficios a estas empresas en el futuro. Por tanto, no es que la publicación tenga un carácter sancionador, sino que tiene claramente un carácter preventivo del delito, porque el que lo haga ya sabe que su actuación será publicada y que la rentabilidad de su empresa se verá perjudicada en el futuro. No se trata solo de que tenga que pagar los impuestos, sino que, además, podría ocurrir que no pueda vender lo que produzca porque todo el mundo sepa que su empresa no es de fiar porque él es un defraudador. Ese es el objetivo fundamental de esto que el Partido Popular hurta a la ley: intentar evitar que se defraude, porque la defraudación no solamente le supondrá compromiso de pagar —que eso le supondrá a todos, se publique o no—, sino que, además, también verá su conducta puesta en la picota —eso es lo que quiere decir— y, por tanto, verá disminuidos sus beneficios futuros en el negocio que lleve. Fíjense que esto lo que hace es una tremenda injusticia, aparte de la calificación legal que le queramos dar, porque es que el empresario cuya rentabilidad ha venido a menos y, por tanto, no puede pagar los impuestos, es defraudador, efectivamente, y dependiendo de la cantidad, obviamente, pero en realidad no se le supone al hombre la intención de defraudar, sino que su negocio no tiene la rentabilidad suficiente, o lo ha hecho mal y ha pasado por unas circunstancias inadecuadas, pero él en realidad quería seguir su actividad, quería seguir siendo empresario, quería seguir haciendo zapatos, quería seguir fabricando lavadoras, lo que fuera, pero no ha podido pagar. Y como no ha podido pagar los impuestos y ha defraudado, ese sí verá publicada su lista en el diario oficial, a pesar de que él quería seguir con la actividad, y después tendrá la carga sobre él de que es un defraudador y no podrá empezar de nuevo la situación porque llevará la carga, a pesar de que él no ha tenido la mala fe de defraudar. El que ha tenido la mala fe de defraudar, porque podía pagar, porque ha pagado luego la multa o lo que le tocara, el que podía pagar y no ha pagado, porque lo que quería era tener más beneficios, a ese, que es un defraudador, a ese es al que se le debería condenar, pero a ese no se le condenará. Por tanto, todo el carácter preventivo que tenía el tema de la publicidad de las sentencias desaparecerá. Es una situación legalmente no sé cómo calificarla, pero, desde luego, moralmente es absolutamente impresentable lo que se nos plantea en esta ley, y se debería modificar.

Además, las enmiendas plantean añadir otros comportamientos defraudatorios contra la Hacienda pública, que también nos perjudican a todos: los de la Seguridad Social, la indebida obtención de subvenciones, la indebida obtención de ayudas públicas, etcétera. No sé por qué, si afectan claramente a la Hacienda pública y es una muestra más de insolidaridad, no se tienen que añadir a esta cuestión. Ese es el sentido de nuestras enmiendas, y yo creo que están suficientemente justificadas como para que el Gobierno, por lo menos, prestara atención,

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Para la defensa de las enmiendas 61 y 62 que mantiene el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al proyecto de ley, tiene la palabra la senadora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente.

Se incorporan a la ponencia. En la primera de ellas, la 61, se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 199, y la justificación responde a la necesidad de regular las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de presentación electrónica de documentos con trascendencia tributaria y homogeneiza la cuantía de las sanciones por tales incumplimientos.

En la enmienda 62 —lo indico para que conste también en acta— se añade un nuevo apartado 3 al artículo 260. El título VII, sobre recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, también será de aplicación a los supuestos en los que la recuperación de una ayuda de Estado —algo tan importante— no tenga origen en una decisión de la Comisión Europea.

Como he dicho, supongo que están incorporadas a la ponencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ripoll.

¿Turno en contra? (Pausa)

Tiene la palabra la senadora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente.

Seré muy breve en este turno en contra. Hay muchos argumentos que tenía preparados, pero que ya se han utilizado, y por no ser más reiterativa en los mismos ya que me referiré a ellos en el Pleno, no lo hare ahora de nuevo.

Sí quiero referirme, aunque sea brevemente, a las enmiendas presentadas, porque es en el turno en el que estamos, y les matizo que son las enmiendas referidas a la modificación de la Ley General Tributaria, de la que soy ponente. Esas enmiendas, tanto las del Partido Socialista como las de Izquierda Unida —es verdad que el 50 por ciento de las presentadas por la Entesa corresponden a las presentadas por el Partido Socialista y el otro 50 por ciento, a las de Izquierda Unida— así como otras cuatro de Coalición Canaria y las de Convergència i d?Unió —si acaso, ya hablaré con el señor Bel porque no está en este momento—, como decía, estas enmiendas en su conjunto hacen referencia a los tres grandes objetivos de este proyecto de ley que pretende, como decía la senadora Angulo anteriormente, potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica, aunque no es menos cierto que, descendiendo a algo más concreto en dichas enmiendas, esos tres grandes bloques tienen sus particularidades, como así lo demuestra el contenido de las diferentes enmiendas.

Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular defiende el planteamiento que presenta dicho proyecto de ley por necesario, avanzado respecto a otras legislaciones, adaptado a la realidad de una sociedad cambiante, y responde igualmente a la normativa emanada de la Unión Europea, integrando modificaciones, a veces, exclusivamente técnicas y, otras, incorporando nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir los vacíos legales existentes o adaptar la norma para superar situaciones de controversia interpretativa tan importante administrativas y jurisdiccionales que se han manifestado desde la aplicación de la Ley 58/2003.

Creemos que la voluntad política de un gobierno y de cualquiera se demuestra con hechos. Hemos intentado hacerlo durante toda la legislatura, hemos trabajado mucho al respecto y creo que con la modificación de esta Ley General Tributaria —se ha dicho por parte del ministro y queremos volver a repetirlo aquí— se pone el broche a toda una modificación del sistema tributario español que hacía tanto falta y que hemos llevado adelante durante esta legislatura.

Es cierto que, con estos razonamientos, comprenderán sus señorías que votemos en contra de las enmiendas planteadas por todos ustedes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ripoll.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto ¿la senadora Mora quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

Por el Grupo de la Entesa ¿el senador Montilla quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Socialista quieren intervenir?



(Denegaciones).

¿E l Grupo Popular quiere hacer uso del turno de portavoces? (Pausa).

Tiene la palabra la senadora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero comentar que ha llamado mucho la atención, supongo que a todos y lo mismo ocurrirá en el Pleno, que estas leyes tan importantes —entendemos que ambas son claves— que, como decía, ponen el broche a la reforma fiscal y tributaria que se ha producido en este país durante esta legislatura, es verdad que han tenido otro punto de apoyo, que ha sido el debate que hubo ya sobre la reforma fiscal, y estoy convencida de que se va a repetir en el Pleno. Por lo tanto, esto va a ser una realidad, y tendremos tiempo de comentarlo allí.

No quiero hacer demasiada sangre hoy, pero he escuchado las intervenciones e igual que el senador del Partido Socialista hacía referencia a mi compañera Mar Angulo, hay algunas cosas que tengo que comentar, porque lo que está claro es que no se puede reiterar y repetir las mismas falsas cifras, los mismos falsos planteamientos y pretender que ello, por mucho repetirlo, sea verdad. Las cifras son las que son y son las que están ahí. Lo más sorprendente de todo es escucharles, sobre todo a ustedes, los del Partido Socialista, cómo enarbolan ahora aquello de la bandera de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Porque ¿para qué hablar de lo que ocurrió en el 84 o de lo que sucedió en el 91? ¿Para qué hablar de los paraísos fiscales si durante su mandato los paraísos fiscales los teníamos en casa? ¿Por qué, como bien decía mi compañera, respecto a los tipos impositivos del impuesto de sociedades, por ejemplo, pagaban el cero por cien hasta empresas que cotizaban en el Ibex? Repito, señorías, pagaban el cero por cien del impuesto de sociedades. ¡Señorías, el cero por cien! Y somos nosotros los que protegemos a los ricos, a los que más tienen, y ustedes, a los que menos tienen. (Rumores).

Igual que usted ha tenido el uso de la palabra, y yo le he dejado, creo, educadamente hablar… (El señor Vázquez García: Yo no he hecho uso de la palabra en este turno.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, senador Vázquez.

La señora RIPOLL JUAN: Estoy haciendo referencia a lo que usted ha comentado. Señor senador, espero que no se ofenda por ello, e intento decir por lo menos lo que está contrastado y son verdades.

También quiero decirles que en unos momentos dificilísimos esas empresas del Ibex pagaban el cero por cien; entiendo que les pueda molestar, pero se lo voy a volver a decir, pagaban el cero por cien, al igual que les molesta que se hable de herencia. Pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Para valorar realmente la situación que tenemos en este país, hay que valorar de dónde veníamos, hay que saber de dónde veníamos para saber qué hemos tenido que hacer para llegar adonde estamos.

Es verdad que ahora utilizan ustedes el eslogan haciendo referencia a los más ricos, los que más tienen, en contraposición con los que menos tienen, hablan de los ricos y los pobres, pero, al hilo de lo que estamos diciendo, que tiene más que ver con la reforma fiscal que con la modificación de la Ley General Tributaria que tramitamos hoy, quiero recordarle que el que congeló las pensiones y bajó el sueldo a los funcionarios no fue el Gobierno del Partido Popular, y que algunos estamos trabajando para deshacer sus permanentes entuertos; es cierto, trabajamos en el presente pero también de cara al futuro para hacer realidad el que esa sociedad española esté saliendo adelante y, aunque usted ha demostrado, una vez más, que no confía en absoluto en la capacidad de esfuerzo y sacrificio del pueblo español, como digo, esta sociedad está saliendo adelante, con o sin su apoyo —coma—, una vez más —punto—.

Gracias. (El señor Vázquez García: En diciembre se verá).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ripoll.

De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento del Senado, votamos los textos propuestos por las ponencias.

En primer lugar, correspondería someter a votación el texto propuesto por la ponencia al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, pregunto si se han incorporado en la ponencia las enmiendas del PP, tanto en esta como en la otra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Nosotros solo tenemos enmiendas en la tributaria.

El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación el texto propuesto por la ponencia en relación con el proyecto de ley señalado anteriormente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

Votamos ahora el texto propuesto por la ponencia al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda, por tanto, dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Señorías, antes de levantar la sesión, entiende el presidente que delegan en él para dar cuenta de los dictámenes. (Asentimiento).

Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos.


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