Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Comisiones, núm. 514, de 25/08/2015
 


COMISIÓN DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Sesión extraordinaria

celebrada el martes, 25 de agosto de 2015

ORDEN DEL DÍA



Dictaminar

Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 621/000142 procedimiento civil GOBIERNO


DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 621/000142 GOBIERNO

Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señorías.

En primer lugar, el letrado va a proceder a comprobar las asistencias y, en su caso, las sustituciones.

En segundo lugar, vamos a aprobar el acta de las dos sesiones anteriores celebradas los días 27 y 28 de julio del presente año. ¿Se pueden aprobar? (Asentimiento).

Y, en tercer lugar, vamos a proceder al dictamen del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto y 284 enmiendas, de las cuales la número 257, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d`Unió, no fue admitida a trámite por acuerdo de la Presidencia del Senado de 29 de julio del presente año.

La ponencia designada en relación con este proyecto nos ha trasladado ya su informe. Por lo tanto, vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve, porque tengo que acudir a la Comisión de Sanidad, intervengo para dar por defendido el veto que formulé en nombre de Izquierda Unida, para dar también por defendido el veto que formuló la senadora Ester Capella del Grupo Mixto y, espero que contando con la complacencia del señor presidente, para dar por defendidas también las enmiendas que ha formulado el Grupo Mixto, y así poder acudir —insisto— a la otra comisión.

De forma muy rápida diré que esta reforma de la Ley de enjuiciamiento civil carece de encaje en una visión global de las reformas necesarias en nuestra Administración de Justicia, y además ello resulta más evidente, aunque sea con carácter casi anecdótico, en tanto en cuanto expresa desajustes con otras reformas legales que hemos aprobado poco antes de concluir el anterior periodo de sesiones. Hago referencia a la denominación de los secretarios judiciales.

Entrando en el contenido, nosotros creemos que se trata de una nueva apuesta por buscar la agilización de la justicia sin dotarla de más medios humanos y materiales, lo cual creemos que condena al fracaso esta reforma. En ella se introduce un mayor protagonismo a las funciones de los procuradores, y con alguna de las funciones que se les atribuyen expresamos nuestra discrepancia.

Por otro lado, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil también pretende incorporar las nuevas tecnologías. De esta manera se da soporte a lo que en los últimos meses ha sido el discurso político del señor ministro de Justicia, que ha anunciado reiteradamente que a partir del 1 de enero del 2016, la incorporación de esas nuevas tecnologías, la justicia telemática, permitirá hacer desaparecer el papel en los juzgados; ese papel que hoy llena pasillos, se acumula sobre sillas y mesas, satura almacenes y desborda la propia capacidad de los juzgados.

Si bien el discurso político puede ser comprensible en esa clave, en la clave política y, en consecuencia, entender que inevitablemente conlleva siempre, como discurso político, una parte de exageración, resulta más difícil de asumir que en un texto legal llamado a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado no se actúe con más prudencia a estas alturas en las que nos encontramos. Acabando el mes de agosto de 2015, pretender que el 1 de enero de 2016, aunque solo sea en las 32 oficinas judiciales en las que se ha impuesto el modelo de oficina judicial, va a ser posible prescindir del papel y funcionar exclusivamente a partir de las nuevas tecnologías en comunicaciones, notificaciones, aportación obligatoria de escritos y documentos por vía telemática, resulta absolutamente imposible. Estamos ante otra reforma abocada a generar frustración como las que se han ido anunciando sucesivamente en relación con el Registro Civil, que luego hay que reformar para alargar los plazos de implantación de los contenidos inicialmente incorporados a los documentos.

Finalmente, también discrepa Izquierda Unida, en cuyo nombre he formulado este veto, del mecanismo que se ha establecido para propiciar y facilitar la sucesión procesal en la ejecución en un momento en el que, como consecuencia de la crisis económica y las distintas medidas que se han venido aplicando en su marco, esta sucesión procesal adquiere una trascendencia, por el volumen en el monto económico de los intereses que se acogen a ella en los últimos tiempos, muy importante y muy relevante por el aterrizaje de distintos fondos de inversión extranjeros, los coloquialmente conocidos como fondos buitre, que han acudido a adquirir paquetes grandes de créditos fallidos, consiguiendo además en muchos casos una serie de descuentos en su valor de tremenda trascendencia, que afectan a un número muy importante de ciudadanos, los ciudadanos que habían obtenido sus créditos fallidos. Creemos que habría sido necesario introducir mecanismos de cautela que permitieran al menos una mayor participación en la aceptación de esta sucesión procesal de quienes se van a ver afectados directamente por ellos, los titulares de los créditos fallidos.

Muchísimas gracias. Pido perdón a la comisión y salgo corriendo hacia la Comisión de Sanidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Por lo tanto, la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, se da por defendida.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene usted la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. También daría por defendida en esta intervención la propuesta de veto número 4.

El señor PRESIDENTE: Sí, la presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo creo que al final de legislatura es inevitable hacer un cierto balance final de la política del Ministerio de Justicia. Recuerdo que la comparecencia del exministro Ruiz Gallardón en marzo de 2012 situaba como elemento fundamental de su gestión la modernización y la agilización de la justicia en España. Este fue su gran mensaje, que repitió reiteradamente. La ley que hoy discutimos también dice en su exposición de motivos que uno de los objetivos fundamentales de esta ley es la modernización y agilización de la justicia. La pregunta es si en estos cuatro años la justicia en España se ha modernizado o se ha agilizado. Y la respuesta es clarísimamente no. No hay nadie hoy que defienda que se ha producido una modernización y una agilización de la justicia. Ha sido, por otro lado, una legislatura conflictiva con los profesionales o los funcionarios que trabajan en el campo de la justicia. Hemos conocido hace poco un barómetro del Consejo General de la Abogacía, en el que una gran mayoría de los encuestados —estamos hablando de una muestra de más de 2000 abogados— considera que ha empeorado la justicia.

Este es el marco en el que discutimos hoy esta ley que insiste en la modernización y que tiene como una de las propuestas más novedosas o más avanzadas la comunicación telemática el 1 de enero del 2016. El señor Iglesias lo ha dicho: en el Registro Civil se ha aplazado la entrada en vigor, y cuando hablas con personas de los juzgados nadie piensa que es posible que se cumpla lo que dice el proyecto de ley del 1 de enero del 2016. No hay planes que se conozcan; las comunidades que tienen traspasada la justicia tampoco; las dos con las que yo he hablado tampoco tienen absolutamente ningún plan. Por lo tanto, estamos ante una idea de necesidad de modernización que en cuatro años ha fracasado y ahora se da una patada hacia delante para decir que en enero se va a hacer esto, cuando no se va a hacer, porque el problema es de medios. Solo por esta razón yo creo que se debería presentar el veto: un reconocimiento de fracaso de la modernización de la justicia y que no se diga que no se va a modernizar, pero después de las elecciones generales, que luego ya estaremos a tiempo de retrasarlo.

La segunda razón es la de los procuradores. Hemos visto que en otras leyes de justicia, en otros ámbitos, se ha dado un papel fundamental a los notarios y a los registradores, y en este proyecto de ley se da unas atribuciones a los procuradores. Dice el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, e imagino que en el Senado, que los procuradores trabajan en aspectos públicos. Esto es cierto, pero en este proyecto de ley se les llega a dar capacidad de certificación a los procuradores cuando no son funcionarios. Me van a permitir que la conclusión que saque de lo que se ha hecho con los registradores, con los notarios, con los procuradores es decir: como no se ponen medios para agilizar la justicia, se externalizan funciones públicas de la justicia. Es decir, cada vez hay menos espacio para la justicia desde el punto de vista de los servicios públicos, pero al mismo tiempo se introduce un elemento de doble velocidad. Aquellos que puedan pagar podrán tener una justicia más rápida y ágil y los que no, no. En cambio no se tiene en cuenta en absoluto las funciones de los secretarios judiciales, que deberían ser mucho más importantes de lo que son. Por lo tanto, el segundo motivo sería, evidentemente, que no estamos de acuerdo con las atribuciones nuevas que se concede a los procuradores y con el mantenimiento de una no inversión en los medios de justicia.

Y luego hay otro tema, que es el del juicio verbal. En el 2007 se legisló para que hubiera una justicia rápida, oral, ágil, y aquí se vuelve a una contestación por escrito que va a significar la pérdida de una parte de la agilidad y de la rapidez del juicio verbal.

Por otro lado, creo que también es importante decir que la respuesta que el Gobierno plantea en relación con las cláusulas abusivas con motivo de lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo es una respuesta que, a nuestro entender, no garantiza o no mejora clarísimamente las partes de los demandados.

Por todas estas razones, creo que es un proyecto de ley hecho con precipitación, al final de la legislatura, intentando suplir esta y otras leyes, en definitiva, la insuficiencia y el fracaso de una política de justicia en cuatro años que no solo no ha logrado modernizar y agilizar la justicia sino que ha conseguido todo lo contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRIGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta este veto devolutivo, como decía hace un momento el señor Saura, como una enmienda a la totalidad de la política en materia de justicia que está realizando el gobierno del Partido Popular. Y esta reforma es un buen ejemplo. Vuelven a traer al Parlamento, y en este caso al Senado, una reforma con los objetivos de siempre: mercantilización, privatización y perjuicio para los ciudadanos o beneficio para unos pocos.

Con la muletilla del señor ministro de la modernización, otra vez presentan una reforma para quien se la pueda pagar y vuelven a convertir, como lo han hecho en casi toda la legislatura, un servicio público en un mercado, por medio de un parche que no tiene encaje en ningún lado y que los propios operadores jurídicos vienen a decir que es una reforma que no es necesaria y no es urgente.

Por lo tanto, sencillamente es una vuelta al pasado. Imposición, por ejemplo, de los medios electrónicos y de las nuevas tecnologías a todos los profesionales, sin preocuparse de si puede o no puede el día 1 de enero de 2016 entrar en vigor o si hay o no inversiones en los juzgados e incluso en los propios colegios profesionales.

Con respecto a los procuradores, antes de nada, para que conste, todo el respeto al trabajo que han realizado a lo largo de la historia, pero pretenden asegurarles una figura, la del procurador, dotándoles de más trabajo, de más efectividad, privatizando aspectos básicos de ese proceso civil; dotarles de más competencias debilitándoles y perjudicando la propia profesión. Seguro que saben que esta reforma está molestando mucho a estos profesionales porque va a provocar, como también se ha dicho, una justicia de dos velocidades y ellos van a ser una de las partes importantes.

Con respecto al juicio verbal, que incluye esta ley, ahora será escrito y en muchos casos no habrá ni siquiera vista. Por lo tanto, hoy sí podemos decir que se acaba con la oralidad, con la rapidez y con la mediatez que proponía el juicio verbal desde 2007. Ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial el que ha dicho que esta medida puede provocar dilaciones en los juicios, pero a ustedes eso no les afecta.

Otro de los aspectos que contempla la reforma, la prescripción o la minoración de los tiempos, sin duda va a llevar a consecuencias negativas para los afectados.

Nos presentan —se lo decía antes— un parche que va a provocar cambios fundamentales en la organización del proceso civil en España y ni siquiera lo hacen con los informes necesarios.

Por lo tanto, se podría decir, en primer lugar, que es un auténtico fraude de ley, aparte de no ser necesaria, pero es que, además, esta ley va a conllevar el reajuste y la revisión de otras leyes que ustedes no se han atrevido a traer a esta cámara o que en otras ocasiones las han guardado en un cajón.

Por lo tanto, no solamente es un fraude de ley, no solamente es un parche sino que además va a generar un paso atrás, y muy negativo, en cuanto a la efectividad y la futura frustración que va a generar en la justicia española. Por todo esto es por lo que el Grupo Socialista presenta este veto, porque al final nos damos cuenta de que esa reforma que ustedes pretenden llevar bajo el manto de la modernidad va a llevar a una jurisdicción civil mucho más lenta, mucho más ineficaz, más injusta y además para colmo, pagando.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Rodríguez Esquerdo.

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Dueñas, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias señor presidente.

Comparezco, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro voto en contra a los cinco vetos planteados a este Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil que hoy debatimos en esta cámara. Y nos oponemos rotundamente a los planteamientos que se han desarrollado en esos vetos y que han sido expuestos en este momento porque de nuevo comprobamos que con la intención con que se plantean vuelven a decir no al objetivo de esta reforma, al objetivo de todas las reformas que ha traído el Gobierno a esta comisión; un objetivo que no es otro que seguir avanzando en la necesaria y demandada por los ciudadanos modernización de la justicia; en reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva; en mejorar la certeza en las relaciones jurídicas para así reducir la litigiosidad, simplificando para ello el régimen jurídico de la prescripción; y por último, en la defensa de los consumidores, adaptando la normativa española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pues a todo esto y a mucho más que se recoge en esta reforma que hoy traemos a esta Comisión, los grupos proponentes de los vetos están diciendo claramente que no; vetos, señorías, que se parecen mucho, algunos de ellos idénticos en sus contenidos, y que lamentablemente ninguno entra en el fondo de la ley y en las mejoras que, a nuestro juicio, introduce; ninguno entra a valorar de manera objetiva cuál es el espíritu modernizador que supone esta ley, ni cuáles son las mejoras previstas para los ciudadanos, que al final es lo que todos pretendemos lograr mediante la actividad legislativa.

Todos los grupos que han presentado vetos, tanto en sus textos como en lo que hemos podido escuchar hace unos minutos, repiten el mismo mantra del que llevan hablando desde hace casi cuatro años en esta comisión: la privatización, el castigo a la función pública, el castigo a los servicios públicos, el castigo en definitiva al ciudadano, y desde luego el Grupo Popular se opone rotundamente a esa argumentación; ese argumentario que repiten una y otra vez y que nosotros no nos cansaremos tampoco de rebatir una y otra vez les puedo garantizar que carece de fundamento porque esta ley es plenamente garantista y respetuosa con la actividad y con todos los operadores jurídicos que intervienen en la Administración de Justicia.

Permítanme, señorías, que me detenga en algunas de las consideraciones que ha planteado alguno de ustedes en sus vetos. Hablaban de justicia de dos velocidades, de lógica mercantilista privatizadora, o de justicia más rápida para quien se la pueda pagar y mucho más lenta para el que no tiene suficientes recursos, argumento por cierto este último que respeto pero que de nuevo entra más en las frases propias de argumentarios que de la realidad que cada día se puede comprobar en la actividad judicial y que desde luego no podemos compartir, reitero, porque carece de fundamento objetivo alguno. Hablan de justicia a dos velocidades. Señorías, piden alternativas, demandan continuamente alternativas a este Gobierno, y cuando se dan hablan de justicia a dos velocidades. Esto denota, a nuestro juicio, desconfianza en el servicio público de la justicia, desconfianza en la Administración de Justicia y desconfianza, en definitiva, en los operadores jurídicos. Hablar de justicia a dos velocidades supone además, a nuestro juicio, un prejuicio pues descalifica a unos profesionales dando por hecho que no van a ser capaces de hacerlo con criterios de igualdad y de seguridad jurídica.

Señorías, como profesional del derecho que soy y sabiendo, como saben muchos compañeros y compañeras en esta comisión, de la importante y necesaria función de los procuradores en la actividad de la Administración de Justicia y en su relación con los ciudadanos, lamento que algunos grupos en sus vetos denuncien o incluso me atrevería a decir arremetan contra el hecho de que la presente reforma potencie el papel de los procuradores. Por cierto, procuradores que tengo que decir que en absoluto están en contra de esta reforma, como apuntaba el senador Esquerdo. El senador Esquerdo, manifestaba respeto a la actividad de los procuradores. Yo agradezco que así conste en el Diario de Sesiones, pero ciertamente esa afirmación contrasta con lo recogido en el veto presentado por el Grupo Socialista, que recoge una expresión a nuestro juicio absolutamente desafortunada e injusta, porque cuando habla de la supuesta concesión a los procuradores se refiere a ellos como a una determinada clase de administradores de justicia y dice: Desagrada profundamente ver a los justiciables, incluso a los abogados, y considera las vistas como algo innecesario.

Permítanme que considere tal afirmación absolutamente desafortunada. ¿Qué quieren decir, que a los procuradores españoles les molesta tratar con sus clientes o con los abogados? Yo puedo decir que en mi ejercicio profesional jamás he tenido esa impresión y quizás, como dijo mi compañero diputado en el Congreso, deberían explicarles a estos profesionales el porqué de esta desafortunada opinión que tienen hacia la labor de los procuradores españoles.

Manifestaba alguna de sus señorías en la defensa de los vetos su preocupación por el presupuesto para llevar adelante esta reforma y este ambicioso plan de modernización de la justicia. Les puedo decir, y tendrán la oportunidad de comprobarlo en el trámite de la Comisión de Presupuestos cuando se debatan los presupuestos en materia de justicia, que ese presupuesto tiene un considerable incremento para el ejercicio 2006, especialmente en todo lo relacionado con la modernización tecnológica del sistema de la justicia, plan de modernización, de lo que daremos más detalles en el próximo turno.

Y, señorías, lo teníamos y lo tenemos muy claro. Esta reforma surge por la necesidad de realizar una regulación complementaria, entre otras cuestiones, de las funciones del procurador como cooperador de la Administración de Justicia, en el seno de la cual, y sin perder su función originaria de representante procesal de los litigantes, asuma un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, todo ello en el marco del proceso de modernización de la justicia.

Concluyo, señorías, no sin antes agradecer el recordatorio que nos hacía en la propuesta de veto número 4 la Entesa, que recordaba al Grupo Popular nuestra obligación de defensa del interés general en nuestra acción de gobierno. Reiterando ese agradecimiento, les garantizo tanto a los representantes de Entesa, que así lo recogen en su veto, como al resto de los grupos parlamentarios que hacen alguna mención en ellos, que si algo ha dirigido la acción de este Gobierno desde el primer momento en su actividad ha sido precisamente ese interés general, por encima de intereses partidistas o de intereses particulares, y no sé si todos los grupos en esta cámara podrían decir lo mismo. Este proyecto de ley es otro ejemplo de que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por ese interés general. Por todas las razones expuestas, como ya les he anunciado, votaremos en contra de los vetos planteados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Dueñas.

Pasamos a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros, con el texto propiamente dicho tampoco tenemos mayores objeciones. Lo que ocurre es que sí tenemos muchas objeciones con el contexto y con la gestión de estos cuatro años. Uno de los principales objetivos de esta ley, como decía el ministro de Justicia cuando presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, como dice el propio preámbulo y como ha dicho la senadora que ha defendido el proyecto de ley en nombre del Grupo Popular, es la modernización de la justicia. Eso está muy bien; la agilización y entiendo que la eficacia está muy bien. Además, para nosotros esto sí que es un mantra, es decir cómo podemos mejorar el servicio de la justicia de cara al ciudadano. En ese sentido creo que todos los presentes podemos estar de acuerdo con esta afirmación. Y tal como nos ha recordado el senador Saura, en la comisión de marzo de 2012, el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón planteó en esta Cámara la mejora de la justicia sobre la base de una serie de criterios, y yo entiendo que hoy es el día de valorar si eso que se anunciaba a bombo y platillo en marzo de 2012 se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y si todas las modificaciones que se han llevado a cabo y todas las reformas por las cuales se ha apostado en el ámbito de la justicia, que se han llevado adelante con este mismo mantra de modernización, de agilización y de eficacia, han llegado a buen puerto o no han llegado a buen puerto.

Y podemos ver —me remito a datos objetivos publicados en la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2014—, que el número de asuntos resueltos en el 2013 es inferior al número de asuntos resueltos en el 2011 en los tribunales de justicia españoles. Ese es un dato. Y ese es un dato objetivo. Por tanto, podemos decir que se han mejorado o se han intentado mejorar muchas cosas, muchos servicios, pero el resultado final evidentemente no es el prometido y no es el que se podría tener como verdadero objetivo. Ese es un criterio que nos hace medir la calidad de un servicio y, en todo aquello que hayamos actuado, si lo hemos hecho de una manera positiva o no. Porque nos dicen como ejemplo de la modernización que a partir del 1 de enero del 2016 el papel va a ser cero, que todo se va a tramitar por un procedimiento digital, y creo que todos los aquí presentes somos conscientes de las verdaderas dificultades de que ello llegue a buen término. Y si además hacemos referencia a unos presupuestos que van a entrar en vigor el 1 de enero del 2016, es evidente que hay algo que no encaja, porque si es en los presupuestos del año que viene en los que estamos confiando para que el 1 de enero del 2016 tengamos un servicio importante puesto en marcha, comprendan que en ese sentido veamos una serie de dificultades.

Por lo demás, por lo que se refiere al contenido del propio proyecto de ley, es cierto, tal como se ha comentado, que algunas de las disposiciones planteadas son consecuencia de disposiciones europeas, por ejemplo, la adecuación a la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre del 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, o a algunas adecuaciones causadas por las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en la línea de lo manifestado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 14 de junio de 2012. Pero también tenemos que ser conscientes de que se plantean una serie de modificaciones que afectan a las funciones de los procuradores de los tribunales, y en este sentido tenemos que ser conscientes de las críticas que a la redacción del proyecto se han realizado. Es verdad —y podemos hacer un recorrido de todas las modificaciones legislativas que se han llevado adelante— que con muchos, quizá con demasiados, operadores jurídicos se están abriendo conflictos y se les está poniendo, por decirlo de una manera vulgar, en la boca del lobo. Fueron los secretarios judiciales, fueron los registradores; no hace falta que me retrotraiga a otra serie de proyectos de ley donde han sido cuestionados por diferentes operadores jurídicos y diferentes colectivos. Se entiende que la reserva de estas funciones a un único y exclusivo colectivo, el de los procuradores, perjudica, por ejemplo, a la libre competencia; o al tener un papel procesal de una de las partes, podrían no ejercer con independencia sus cometidos y funciones públicas. Evidentemente todos depositamos la confianza en los procuradores, pero que se están dejando ahí flecos abiertos es indiscutible. También hemos podido escuchar una crítica a que se podrían crear dos tipos de justicia, la gratuita y la de pago, con consecuencias diferentes. Es decir, se están haciendo una serie de críticas que en nuestra opinión, merecen ser analizadas.

Y termino con la manera en que se están tramitando todos los proyectos de ley, y evidentemente este es uno de ellos: de una manera rápida, sin un verdadero debate, sin una verdadera reflexión. A modo de ejemplo, les voy a citar lo ocurrido cuando se debatió este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, cuando después de que se sustanciara la votación de una serie de enmiendas, el propio Partido Popular pidió la repetición de la votación porque se habían confundido, habían cometido un error. Evidentemente no lo estoy criticando, porque eso nos puede pasar a todos, lo que critico es el procedimiento, la manera en la que estamos tramitando y estamos trabajando, que va a hacer que en los próximos quince días el Pleno del Senado apruebe 16 proyectos de leyes orgánicas, 9 en la primera semana y 7 en la segunda, y es evidente que no se pueden debatir de igual manera, no se puede reflexionar de igual manera. Evidentemente, la calidad no puede ser la misma si en un Pleno se debaten 2 o 3 proyectos de leyes orgánicas, que si se debaten 9 en quince días o en dos semanas consecutivas se debaten 16, y a los hechos me remito.

Hay dudas, hay críticas, analícense, porque además al grupo mayoritario los resultados no le están avalando, y a los hechos me remito. Cuál era la situación de la justicia en 2011, cuál es el estado de la justicia en el 2015.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Cataluña, el senador Saura no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, de Convergéncia i d`Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall Tarrés.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo no presenta propuesta de veto, aun así coincide con algunos de los puntos expresados en las 5 propuestas de veto de los grupos que sí lo han hecho. De hecho no presentamos veto, igual que no presentamos enmienda a la totalidad en el Congreso con el deseo de poder llegar a acuerdos. En la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso de Diputados el 16 de abril de 2015, el ministro de justicia, señor Catalá, manifestó que este proyecto de ley se presentaba con varios propósitos, y concretamente con 4 objetivos: la incorporación de las nuevas tecnologías para ser capaces de incorporar la nueva sociedad de la información a la Administración de Justicia; la mejora del juicio verbal; una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas, y la actualización del régimen de prescripción de las acciones personales del Código Civil.

Por lo que se refiere al primer objetivo, en mi grupo valoramos positivamente el hecho de que a través de este proyecto de ley se intente un objetivo compartido, que es modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Por lo tanto, compartimos el objetivo. La Generalitat de Catalunya tiene competencias en la Administración de Justicia; está haciendo ya una gran apuesta en Cataluña, siendo pionera en la implantación del expediente judicial electrónico. De ahí que hayamos presentado enmiendas en este punto para que, una vez esté homologado por el Consejo General del Poder Judicial todo este nuevo sistema de la Ley de enjuiciamiento civil, se nos permita a las comunidades autónomas la regulación reglamentaria de los aspectos que tienen que ver directamente con las competencias en esta materia. Por lo tanto, consideramos que se trata de avanzar de manera decisiva en lo que debe ser una Administración de Justicia que la ciudadanía percibe que ha quedado absolutamente retrasada en este esfuerzo de modernización, de digitalización del expediente electrónico.

El Gobierno de la Generalitat, el conseller de Justicia, Germà Gordó y todo su equipo, así como los consellers que le han precedido han dado buen ejemplo de lo que es impulsar de manera definitiva esa nueva Administración electrónica en el ámbito de un Poder Judicial que queremos más ágil y más eficaz. Por lo tanto, mi grupo, solo por este motivo, ya no presentaría veto, ni podría apoyar los presentados.

Por lo que se refiere a la actualización del régimen de prescripción de acciones personales del Código Civil, sí discrepamos. La disposición final primera reforma el Código Civil para que las acciones personales prescriban a los cinco años en vez de a los quince actuales, tal y como argumentamos en nuestra enmienda 243, y no nos parece nada coherente esta reducción, teniendo en cuenta que no se reduce el plazo de veinte años previsto para la prescripción de la acción hipotecaria, lo cual resulta criticable, al no ser preciso un plazo tan largo como demuestra la práctica. Para evitar tratamientos diferentes, proponemos equiparar ambos plazos en diez años.

Asimismo, este proyecto de ley posibilita que los procuradores sean también profesionales colaboradores con la justicia. Al respecto, quería replicar alguna crítica que otros portavoces han hecho hacia la función de los procuradores. Mi grupo va a defender esa función y va a recordar al Grupo Socialista, por ejemplo, que fueron leyes impulsadas precisamente en legislaturas y por gobiernos socialistas las que abrieron la posibilidad de que el procurador pudiera realizar actos de comunicación. Lo que posibilitaría la reforma, con esa necesidad de un proceso más ágil y eficaz, sería precisamente que hubiera una capacidad de certificación de actos que ya están realizando de acuerdo con la ley vigente. Nosotros hemos presentado enmiendas en este sentido y las desarrollaremos en el trámite de enmiendas.

Por lo que se refiere a medios, los propósitos de este proyecto de ley no son materializables a coste cero; cierto es que este Gobierno se empecina en ello y de hecho se ha convertido en un lamentable mantra que se va repitiendo en disposiciones finales de varios proyectos de ley que presenta. En esta ocasión, nos congratulamos de que no se haya repetido tal disparate, pues no podemos dejar de insistir en la inviabilidad de la materialización de reformas en proyectos sin poner medios materiales y personales para alcanzarlos.

Y como he dicho, no hemos presentado veto ni enmienda a la totalidad en el Congreso con el deseo de llegar a acuerdos, pues teníamos la intención de dar apoyo a este proyecto. Pero resulta que el grupo mayoritario, a última hora, presentó unas enmiendas en el Congreso para resucitar un proyecto de ley que estaba ya aparcado en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados y se presentaron unas enmiendas que causaron una oposición radical de los colegios de abogados, de profesionales y de cuantos intervienen en el proceso para modificar el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Nos preguntamos por qué mezclar la Ley de asistencia jurídica gratuita a través de una disposición final, concretamente la tercera, con un Proyecto de Ley de reforma de Ley de enjuiciamiento civil. Nosotros entendemos que no es de recibo en consonancia y coherencia con lo que dijo el ministro de justicia —palabras textuales:— «Aparcamos el proyecto de asistencia jurídica gratuita porque vamos a buscar el consenso», y resulta que por la puerta de atrás se introdujeron en la Comisión de Justicia del Congreso una serie de enmiendas que rompen claramente el consenso.

Es una lástima, pues mi grupo quería dar apoyo a este proyecto, y lamentablemente, de no producirse una rectificación en el trámite en el Senado —que entiendo que es tarde, pues las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en nada hacen referencia a enmendar esta situación— no podremos hacerlo. No sé si por transaccionales o aceptando enmiendas de otros grupos podríamos llegar a un acuerdo, de lo contrario, no podemos dar apoyo a este proyecto de ley, aunque nos vamos a abstener en la votación de los vetos.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente,

Tras oír las intervenciones de los portavoces de los grupos y la defensa que ha hecho del proyecto la senadora Dueñas, los socialistas nos ratificamos más si cabe en votar a favor de los vetos presentados y decir claramente no a esta reforma.

Voy a intentar ser muy breve. Presentan una ley —lo decía antes y no se ha demostrado que no sea así— que privatiza y mercantiliza la justicia civil y que no moderniza nada, sino que va a generar un auténtico conflicto a los propios funcionarios y trabajadores de la justicia en España el próximo 1 de enero de 2016. Una reforma que concede prebendas a determinadas corporaciones, una reforma que nos devuelve a tiempos pasados —y esto sí que es un mantra del Partido Popular—, que genera una justicia para ricos y una justicia para los demás, que es otro ritual más del Partido Popular en sus actuaciones en materia de justicia. Es una ley que es un parche, que no la quieren los operadores jurídicos, que no moderniza nada, que modifica aspectos básicos de una ley centenaria, la Ley de enjuiciamiento civil, que si se hubiera querido reformar de verdad, se tenía que haber hecho con un carácter transversal y global; una reforma que debilita a los propios procuradores que ni ellos mismos aceptan con agrado esas nuevas propuestas. Unos juicios verbales que desde hoy, desde que se apruebe esta ley, pasarán a ser escritos, lo cual deja bastante que desear en cuanto a la pérdida de la oralidad. ¿Esto —es una pregunta que me hago— es una forma de volver a los antiguos juicios de cognición? ¿Volver a los juicios de cognición es un avance de verdad y una modernización?

Señorías, nuevamente perjudican con esta ley el acceso a la justicia gratuita y a la tutela judicial efectiva. Es un paso atrás otra vez, y no es que exista una desconfianza en los operadores jurídicos o en los profesionales de la justicia, lo que existe en el Grupo Socialista, y ha quedado evidenciado en esta comisión en el resto de grupos, es una desconfianza evidente en la política del Partido Popular sobre la justicia y en justicia durante toda su legislatura. Por lo tanto, votaremos a favor todos los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos muy claro, como decía en el primer turno, que este proyecto de ley busca fundamentalmente seguir avanzando en la modernización de la justicia.

Somos conscientes, porque lo contrario sería faltar a la verdad, que queda mucho por hacer en materia de justicia, no por este Gobierno, sino también por los anteriores que no lo hicieron. Pero en ese compromiso de seguir avanzando y de seguir modernizando la justicia, este Gobierno ha trabajado desde el primer momento. Esta reforma que traemos a esta comisión se enmarca en esa reforma en profundidad de las estructuras procesales, buscando hacer una justicia más rápida y más eficaz; una reforma que fue presentada por el Gobierno haciendo suyas reivindicaciones históricas de los diferentes operadores jurídicos y que, como todos sabemos, fue mejorada en el trámite en el Congreso, donde se incorporaron numerosas enmiendas de diferentes grupos parlamentarios, y también confío en que de aquí al Pleno, esa mejora pueda ser aún mayor mediante la transacción de otras enmiendas presentadas por los otros grupos parlamentarios.

Señorías, esta reforma surge primero por la necesidad de realizar una regulación complementaria de las funciones del procurador como cooperador de la Administración de Justicia, de que asuma un mayor protagonismo en esas labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales concretamente en los actos de comunicación.

En segundo lugar, porque entendíamos preciso reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en el juicio verbal.

En tercer lugar, porque debemos dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Banco Español de Crédito, en relación con el proceso monitorio en España, y el examen de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Y en cuarto lugar, considerábamos imprescindible en esta reforma de la ley planteada en el siglo XXI, incidir en la agilización y modernización de los procedimientos judiciales, en los avances, en los usos de las nuevas tecnologías de comunicación, porque entendemos, como creo que todos en esta comisión, que constituye un valioso instrumento para el desarrollo de las actuaciones de la Administración de Justicia.

En este sentido, señorías, las diferentes reformas puestas en marcha por el Gobierno, van encaminadas a mejorar el funcionamiento de los procesos judiciales, alcanzar una justicia sin papel y plenamente interconectada, así como colaborar con la sociedad civil, para el fomento de la innovación en los entornos jurídicos.

En ese sentido, señorías, para este próximo ejercicio 2016, la implementación de este plan de modernización tecnológica de la justicia estará dotado con 64,62 millones, lo que supone un considerable incremento de más del 35,7 % en relación con el presupuesto del ejercicio pasado.

Y en quinto lugar, es necesario dar una solución, a través de esta reforma y mediante la unificación y reducción, a la gran diversidad de clasificaciones existentes, al establecer los plazos de prescripción en las acciones personales. Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de seguridad de un plazo máximo.

Son 5 puntos, señorías, que facilitan, a nuestro juicio, la agilidad en el proceso, aumenta la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, maximiza la eficacia y la eficiencia de la justicia como servicio público; suponen, en definitiva, un antes y un después en esa apuesta decidida por la modernización de la justicia.

Alguna de sus señorías ha vuelto a incidir en este último trámite sobre las nuevas funciones de los procuradores. Señorías, los procuradores están llamados a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y los órganos judiciales. No entiendo —lo digo sinceramente— su preocupación en este asunto. El Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial puso en valor esa figura y ya planteó la posibilidad de que los procuradores pudieran asumir otros cometidos con los órganos jurisdiccionales; cuestión, esta, que igualmente se recogía en el Pacto de la Justicia, firmado en su día por los dos partidos mayoritarios.

Ahora, señorías, con esta reforma, se ofrece a estos profesionales jurídicos nuevas posibilidades de organización, de mejora a través de la atribución legal de tareas que suponen una mayor implicación, especialmente en lo que se refiere a su intervención en los actos de comunicación. Esta intervención se hará especialmente necesaria a partir del 1 de enero del próximo año 2016, fecha límite, como saben, a partir de la cual la presentación de escritos y documentos, así como la realización de actos de comunicación procesal se realizará electrónicamente a través del sistema LexNET

Señorías, también aprovechamos esta reforma —y se ha referido a ello alguna de sus señorías en este último turno— para introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal, con esa finalidad fundamental de reforzar las garantías derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva. Se incluye la obligación de la contestación escrita, es cierto, pero como reseñó el Consejo Fiscal con esta introducción de la contestación escrita se refuerza la igualdad procesal entre las partes ya que ambas conocen la posición de la contraria con anterioridad a la celebración de la vista.

Permítanme que refiera con cierto detalle, aunque brevemente, la modificación del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que queda recogido también en el texto de esta reforma y que recoge el derecho de las víctimas a recibir asesoramiento jurídico gratuito desde el momento previo a la interposición de la denuncia. Ello además con independencia de sus recursos. Igualmente tendrán derecho a la defensa y representación gratuita desde el primer momento por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, cuestión esta que consideramos fundamental y creo que lo compartirán todos los miembros de esta comisión en aras de una mayor protección y seguridad para las víctimas y que esa información, tan importante, tan vital en ese momento previo a la interposición de la denuncia, con esta intervención letrada desde el primer momento ayude a la mujer, a la víctima, a formalizar con todas las garantías y con toda la información esa denuncia, porque entendemos que con ello se evitará sobreseimientos posteriores que en nada harán justicia a la situación de la víctima o retiradas de la misma; cuestión ésta que, por cierto, fue una de las recomendaciones del Consejo General de la Abogacía. En similar sentido, la reforma que afecta la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que igualmente permitirá a las víctimas del terrorismo tener derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos judiciales y administrativos con independencia de sus recursos económicos.

Concluyo, señorías. Por todos estos motivos y después de haber escuchado con atención tanto la defensa de los vetos como los turnos de portavoces, independientemente de que lógicamente no compartamos el fondo, por evidente coherencia, vamos a votar en contra de los 5 vetos planteados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Dueñas.

Finalizadas estas intervenciones, vamos a pasar a votar las propuestas de veto, sabiendo, como ustedes saben, que para que se puedan aprobar esos vetos haría falta la mayoría absoluta de los miembros de la comisión, es decir, 14 votos.

Procedemos a votar la propuesta de veto número 1 del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2 de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 3 del señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borrás y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalizado el debate de las propuestas de los vetos y la votación, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.

Las enmiendas 1 a 32 del señor Iglesias Fernández del Grupo Parlamentario Mixto las dio por defendidas en su intervención en el turno de los vetos.

Enmiendas número 33 a 124 del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 184 a 256 y 258 a 260 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d`Unió. La señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Enmiendas números 125 a 183 del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Rodríguez Esquerdo, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve.

El Grupo Socialista presenta a este proyecto de ley, como usted decía al principio de esta comisión, 59 enmiendas: 44 de supresión, 8 de modificación y 7 de adición. Las daré todas por defendidas, pero, si me permite, me centraré en algunas de ellas por el desaguisado que ustedes están montando. Intentaré enmendar ese desaguisado.

Van a provocar en el juicio verbal que se demoren las vistas y se desvirtúe la praxis del juicio verbal. No lo dice este senador, lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial. Si no aceptan las enmiendas que el Grupo socialista presenta sobre el juicio verbal, se va a perder el principio de inmediatez, de oralidad y de publicidad. Otro desaguisado.

Otro grupo de enmiendas se centra en los procuradores para evitar precisamente el debilitamiento y para evitar que se privatice una parte importante del proceso civil que con su reforma pretenden.

No hablemos ya del desaguisado de los medios telemáticos. Una cosa es modernizar —y estoy de acuerdo con la senadora Dueñas— y otra cosa es imponer esa modernización. En eso sí que no estoy de acuerdo.

¿Se ha dotado de verdad de inversiones a la justicia en medios técnicos y materiales para que el 1 de enero de 2016 esta modernización sea una realidad? ¿Se van a poder adaptar a ese intento de realidad los colegios de abogados y de procuradores? ¿Se van a poder adaptar los juzgados a esa realidad, u ocurrirá como en otras ocasiones que, cuando había papel no existía el papel porque no se habían hecho bien las cosas y llegaba el momento de ponerlas en práctica?

El 1 de enero de 2016 —y parece que ese es el camino, porque no se van a aceptar la enmiendas y se va a apoyar el proyecto de ley— no sé lo que les puede caer encima a los funcionarios de los juzgados en España. Otro desaguisado más.

Presentamos enmiendas a esos artículos que dicen ustedes que eximen del pago de tasas a las personas físicas, pero no es verdad. Y no lo es, primero, porque han intentado decir que eliminaban las tasas, pero no es cierto porque van a seguir pagando tasas las personas físicas, aunque, eso sí, algunas personas jurídicas se librarán de ello.

Para terminar, voy a centrarme en tres enmiendas del Grupo Socialista: la primera —algún senador ya se ha referido a ella—, sobre las cláusulas abusivas y el intento de proteger a las personas y a los ciudadanos más débiles; la segunda, con el fin de favorecer la mediación y la conciliación, objetivo que siempre han venido señalando tanto el anterior como el actual ministro de Justicia. El Grupo Popular pretendía conseguir una mediación y una conciliación para evitar el exceso de trabajo en los juzgados. Sin embargo, nosotros sí proponemos, con nuestras enmiendas, favorecer esa mediación para descargar de trabajo a los jueces, y la tercera enmienda, que presentamos también como último grupo, para contemplar la exención de tasas y el derecho a la justicia gratuita por parte de las ONG medioambientales, haciéndonos eco de una demanda que vienen haciendo estas ONG a lo largo del tiempo y evitar trabas innecesarias para que estas organizaciones no gubernamentales puedan acceder a la justicia y tengan capacidad de poder llegar a los tribunales de manera gratuita porque están protegiendo un bien público.

Por tanto, el Grupo Socialista sí reclama la aceptación de estas enmiendas porque, si no, nuevamente la justicia civil que ustedes van a crear para España va a ser más lenta, más ineficaz y más injusta, como decía anteriormente, y va a provocar un auténtico desaguisado en los juzgados españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

En turno en contra y para la defensa de las enmiendas 261 a 284 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Arias Navia.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo en este turno y, tal y como adelanté en la ponencia, nuestra postura en este momento va a ser contraria a la incorporación del resto de las enmiendas de los grupos, y también nos reservamos el que nuestras enmiendas, que damos por defendidas y que quedan vivas para el Pleno, se incorporen en ese trámite procedimental, sin perjuicio de que los miembros del Partido Popular confiemos en que podamos llegar a algún acuerdo en relación con ellas antes o durante el Pleno.

Por otra parte, quiero agradecer el trabajo no solo de los ponentes en relación con este proyecto de ley sino también el del resto de miembros de la comisión durante este mes de agosto. No obstante, yo sí quiero hacer una valoración inicial de las enmiendas y aquellas cuestiones que no puedo abordar en esta comisión las afrontaré acusando recibo, como suele decir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de manera más pormenorizada en el Pleno.

Voy a empezar por las enmiendas que presenta el Grupo Socialista que, como muy bien decía el portavoz en esta comisión, son 59, de las que la mayoría coinciden con las que presentaron en el Congreso. Podemos agruparlas en varios bloques: aquellas que hacen referencia a la supresión de la contestación escrita en el juicio verbal, en el procedimiento monitorio, en el cambiario, etcétera. No citaré los números de las enmiendas, pero, en este sentido, nosotros creemos que la contestación escrita no va precisamente en detrimento de la oralidad sino a favor de la tutela efectiva.



Hay otro bloque de enmiendas que hacen referencia a una cuestión de la que llevamos hablando durante toda la mañana, me refiero a los procuradores y la realización de actos de comunicación, enmiendas 126 o 128. En este sentido, tengo que decir que en el texto se aclara cuándo es precisa la actuación del abogado y el procurador pero no se amplían los supuestos, tampoco se les atribuyen nuevas funciones en el trámite de ejecución judicial ni en el de embargo, como alguno de los grupos pide también en alguna de las enmiendas y, en nuestra opinión, esto implica una significativa mejora de las opciones con que cuenta el justiciable ya que depende única y exclusivamente de su voluntad la decisión de acogerse o no al sistema diseñado y sin que ello implique una justicia a dos velocidades, como también hacía mención aquí alguno de los portavoces de la izquierda. Tampoco es una privatización, como se repetía por alguno de los miembros de la comisión.

La enmienda 135 hace referencia al coste de los actos de comunicación y, en este sentido, el artículo que lo regula es bien claro. Por tanto, en principio no vamos a aceptar esa enmienda.

En la enmienda 151 proponen la conciliación previa a la vista con carácter obligatorio, nosotros pensamos que ésta ha de ser voluntaria.

En la enmienda 157 se solicita también el establecimiento del traslado al ejecutado en la sucesión procesal para tenerla por efectuada y, en este caso, según las normas generales, la cesión de crédito no precisa consentimiento por parte del deudor. Por lo tanto, la rechazamos.

Otras de las enmiendas se refieren al establecimiento de una comparecencia para el control de las cláusulas abusivas previo al requerimiento de las ejecuciones dinerarias o hipotecarias, y éste ya está regulado perfectamente en el artículo 552 y es aplicable tanto a un caso como al otro.

En la enmienda 171 proponen que sea el secretario judicial quien realice la admisión de la demanda en los juicios cambiarios, pero nosotros consideramos que ésta es una función jurisdiccional y, por lo tanto, no la vemos procedente.

Presentan una enmienda a la disposición adicional primera al igual que nuestro grupo, pero nosotros creemos que la nuestra es más certera para evitar la digitalización de los procedimientos ya existentes en papel a la entrada en vigor de estas disposiciones y garantizar la eficacia en las comunicaciones telemáticas, pero esto lo podremos hablar de cara al Pleno.

Piden la supresión de la disposición transitoria quinta y la final primera sobre la regulación de la prescripción, pero, como es lógico, nosotros no estamos de acuerdo y la rechazamos porque, como muy bien decía la senadora Dueñas, se consigue el equilibrio entre los intereses del acreedor y la necesidad de establecer un plazo máximo.

Igualmente, se han presentado enmiendas a la disposición final tercera o a la disposición séptima con las que no podemos estar de acuerdo.

Quiero citar la enmienda 183, por la que se solicita la asistencia jurídica gratuita cuando personas jurídicas sin ánimo de lucro ejerzan la acción popular en asuntos medioambientales o la exención de las tasas. Esta es una cuestión que conocemos a través de los colectivos interesados y también consideramos que debemos seguir hablando sobre ella durante estos días.

Finalmente, reiteran el ya gastado debate sobre las tasas con la presentación de la enmienda 182, que, obviamente, rechazamos.

El resto de los grupos han dado por defendidas las enmiendas. Tan solo quisiera agradecer la no presentación del veto por parte del Grupo Parlamentario Catalán y su trabajo ya que han presentado 77 enmiendas. Quiero empezar por aquellas que hacen referencia a los procuradores, a la formación, el coste y la extensión de su actividad, los actos de ejecución, embargo o lanzamiento, etcétera. Nosotros creemos que esto se debe de limitar a los actos de comunicación, al igual que la capacidad para formular alegaciones, que corresponde a los abogados. El tema del coste, como decía anteriormente, queda claro, ya que se configura como una opción.

En relación con la enmienda 191 sobre la posibilidad de reclamación de los herederos de los abogados de los créditos a los que estos tenían derecho, esta es una enmienda que creemos que podemos o que debemos de estudiarla y analizarla antes del Pleno. Respecto a aquellas que versan sobre la preferencia en la presentación de los escritos por medios telemáticos, en este caso nosotros no estamos de acuerdo porque ya se establece como obligatoria con carácter general.

En la enmienda 194 proponen también que sea el Gobierno y las comunidades autónomas quienes establezcan cuándo deban realizarse los actos de comunicación obligatoriamente por sistemas telemáticos, y esto ya está recogido en el artículo 273 del proyecto. Hay otro grupo importante de enmiendas que versan sobre los consumidores sobre las que tendremos tiempo de debatir durante estos días o en el Pleno.

En lo que se refiere a la acumulación de los procesos, enmiendas 201 y 202, consideramos que debe haber una resolución expresa que lo indique. Por lo tanto, en principio, nosotros la rechazamos.

La enmienda 207 propone la supresión de la tasa en las costas y en este momento el criterio no es ese. Sin embargo, en la 208 piden que se exijan también las de las comunidades autónomas, que ya estarían incluidas.

La 211 hace referencia a la cesión en precario, creemos que es necesario que podamos hacer un análisis y no estamos de acuerdo, como decía anteriormente, con la inclusión de la fase de conclusiones obligatoria en el juicio verbal. Nosotros creemos que ha de ser facultativa atendiendo a las pruebas realizadas. Proponen también que todas las sentencias sean recurribles en apelación, con lo que, en principio, no estaríamos de acuerdo, y sobre el establecimiento de un procedimiento especial para la división de la cosa común —enmienda 239—, creemos que no es necesario ya que está el procedimiento ordinario.

Otro de los temas importantes que tratan es la modificación en materia de prescripción, al igual que lo hace el Grupo Socialista. En principio, no aceptaríamos esa parte, pero insisto en que estamos abiertos a la posibilidad de seguir hablando.

Hay otra serie de enmiendas formuladas, pero concluyo mi intervención manifestando que, con los argumentos que hemos dado, quedamos abiertos a seguir dialogando y, por todo lo expuesto, mostramos nuestra postura en contra de las enmiendas que se han presentado. Convencidos de que podemos llegar a algún acuerdo, en este momento dejamos abierto el diálogo de cara al Pleno y manifestamos la voluntad de que seamos capaces de llegar a buen puerto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Es un proyecto de ley muy importante el que estamos debatiendo hoy, con una tramitación, consideramos, que demasiado apresurada y con afectación a derechos constitucionales. Esperemos que en el trámite del Senado y, concretamente, en el Pleno tengamos la oportunidad de introducir mayores garantías. La falta de consenso en este proyecto de ley, sobre todo por lo que se refiere a la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita, que ya he mencionado, mediante la introducción de enmiendas por parte del Grupo Popular en el Congreso, la consideramos inaceptable por la oposición radical de los colegios de abogados, profesionales y cuantos intervienen en el proceso y por la forma en que se lleva a cabo. Debemos recordar que tal proceder no es coherente con la voluntad de aparcar dicho proyecto, manifestada incluso por el mismo ministro de Justicia en pro de la búsqueda del necesario consenso en un tema tan importante. Por lo tanto, entendemos que es inaceptable la manera en que se ha llevado a cabo. Es una oportunidad perdida más, debemos ser conscientes de que hay que llegar a acuerdos, de que las mayorías absolutas pasan y los proyectos de ley y las leyes se quedan. Por lo tanto, legislar a toda prisa y sin buscar consensos lo consideramos un craso error.

Mi grupo insiste en la presentación y la aprobación de las 77 enmiendas que, consideramos, aportan mejoras sustanciales al proyecto de ley que hoy es objeto de dictamen en esta comisión, esperamos que puedan ser aceptadas o transaccionadas y anunciamos en este momento que vamos a abstenernos en la votación del presente proyecto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Rodríguez Esquerdo tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Un minuto de ponencia, una hora de comisión un 25 de agosto para tramitar y dictaminar la Ley de enjuiciamiento civil de España que va a regular toda la legislación y la jurisdicción civil en nuestro país. Estas son las formas que tiene de actuar el Partido Popular, un aciago proyecto de ley y una actitud habitual del grupo mayoritario que no asume ninguna enmienda, que en este caso sus 23 enmiendas las deja para que sirvan, como ustedes dicen, de percha para el próximo Pleno, aunque, eso sí, por lo menos el señor Arias ha mostrado voluntad de intentar llegar a algún acuerdo antes de la votación plenaria. En fin, 5 vetos de todos los grupos y 284 enmiendas para un parche de ley que va a perjudicar de manera notoria la jurisdicción civil española.

Los socialistas hemos presentado nuestras enmiendas, y lo intentaba decir al principio, para resolver los conflictos y el desconcierto que va a generar el juicio verbal; el entuerto que va a provocar el debilitamiento a los procuradores, el intentar evitar una pretendida modernización de la justicia que no va a ser sino irreal e incierta, evitar un fraude que ustedes pretenden con eso de la exención del pago de las tasas a las personas físicas. Estas enmiendas pretendían o pretenden evitar el enriquecimiento injusto o favorecer la mediación y la conciliación, facilitar el acceso a la justicia de las ONG. Es imposible que ustedes —y el senador Arias lo decía— acepten las enmiendas de ningún grupo en esta ponencia y en esta comisión. ¿Saben por qué? ¿Por qué para ustedes es imposible, y lo vienen demostrando a lo largo de toda la legislatura? Porque, en definitiva, son enmiendas que si se incorporaran a la ley beneficiarían a los ciudadanos; y a ustedes eso no les interesa. (Rumores). Sigan adelante, generen otra frustración más a los profesionales del derecho, generen otra frustración más a la sociedad española y generen un desconcierto más en este caso en la jurisdicción civil española.

Si me lo permite el presidente y para finalizar la intervención en esta comisión, sí me gustaría tener un especial recuerdo, hoy, para un diputado y socialista vasco, José María Txiki Benegas, que acaba de fallecer esta mañana en Madrid. Era un gran parlamentario y también un buen profesional del derecho, con una trayectoria en el Parlamento español y en el Congreso de los Diputados basada fundamentalmente en el compromiso y en la defensa de la libertad y, desde aquí, el Grupo Socialista y espero que toda la comisión tengamos un especial recuerdo hacia Txiki Benegas y hacia toda su familia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Para continuar con el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Para cerrar el debate y con la mejor voluntad posible, el 25 de agosto, me gustaría que el resto de los miembros que participan en esta comisión y de los portavoces de este proyecto de ley vinieran con un ánimo distinto, más positivo. Yo veía a la gente saludarse de una manera muy afable al empezar la sesión de la comisión. Yo creo que la gente viene con la cara muy descansada y, por lo tanto, recomiendo que se tomen las cosas con tranquilidad, que seamos prudentes, que intentemos aportar y no siempre boicotear e ir en contra de todo lo que se propone.

Yo le voy a decir al portavoz del Grupo Socialista lo siguiente: ¿Se acuerdan ustedes de que aprobaron una reforma laboral? Su reforma laboral se aprobó cuando se aprobó y creo que fue allá por un mes de agosto. (Rumores). Por lo tanto, es importante que prediquen con el ejemplo. Si quieren dar lecciones, prediquen con el ejemplo y no vengan aquí a decir cosas que se les pueden volver en contra. Pero yo voy a ser positivo. Y, como soy positivo, le voy a decir al señor Rodríguez Esquerdo que creo que es interesante y creo que es importante que peleemos algunas enmiendas que presentan. Creo que también es importante que sigamos analizando y que sigamos intentando incorporar enmiendas que pueden ser beneficiosas para este proyecto y creo que incorporan una aquí, en el Senado, que es la de las organizaciones medioambientales, que nosotros conocemos perfectamente ya que somos un grupo sensible y pensamos que es posible que se puedan incorporar a este proyecto o a otros proyectos de ley. Voy a seguir siendo positivo porque creo que estamos aquí para aportar y no para ir en contra de todo lo que se propone, como decía anteriormente. Voy a seguir diciendo que podemos seguir hablando y podemos seguir trabajando para intentar llegar a acuerdos. Se lo digo en este caso a la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán. Creo que presentan una serie de enmiendas a lo que es la modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita y que podemos y tenemos que trabajar, tenemos que intentar conseguir llegar a algún acuerdo. Pero también hay otras enmiendas que presentan que pueden ser objeto de transacción o de acuerdo con el grupo del Gobierno o con el resto de los grupos. Por lo tanto, vamos a trabajar en positivo, que es lo que nos piden los ciudadanos y vamos a dejarnos de tonterías. (Rumores).

En el resto de cuestiones, creo que acuso recibo de ellas, como hago habitualmente, y el resto de los miembros de esta comisión saben que a mí me gusta tomar nota de los temas que plantean igualmente el resto de los portavoces y a ellas les daré contestación de una manera más detallada en el Pleno. Yo voy a reiterar la postura de nuestro grupo, nuestro voto negativo, aquí, a las enmiendas presentadas y también quiero mostrar nuestra predisposición, como llevo haciendo en esta intervención y en la anterior, a seguir dialogando, a continuar estudiando y analizando las enmiendas presentadas de cara a poder alcanzar algún acuerdo que mejore el texto, que es, en definitiva, lo que quieren los ciudadanos, que lleguemos a acuerdos y que mejoremos los textos que se presentan y se debaten en esta Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Finalizado el debate, sometemos a votación el texto propuesto por la ponencia que, como se ha dicho, se va a votar sin ninguna modificación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Seguidamente, señorías, hay que designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, el Grupo Socialista propone que sea usted quien lo haga en el Pleno, no sin antes, con su permiso, toda vez que a mí una vez una senadora, la señora Vindel, me dijo que cada uno defiende aquí sus razonamientos y no se es tonto o no tonto por decir algo de una forma o de otra. Yo le acepté su razonamiento; es verdad, no debí haber utilizado esa expresión, y por eso le ruego al señor Arias, que sé que es un hombre educado y sé que es un caballero, si tiene a bien retirar la expresión «tonterías» relativa a la exposición de mi compañero el señor Rodríguez Esquerdo. Él lo hace con un castellano fluido, puede ser muy claro y muy rotundo, pero son análisis políticos, nunca son calificativos personales, y no ha calificado a nadie del Partido Popular diciendo que dice tonterías. Le ruego, por favor, al señor Arias, que retire esa expresión «tonterías» relativas al señor Esquerdo.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Yo en ningún caso me refería al senador Rodríguez Esquerdo. (Rumores). Yo creo que lo que importa son las actitudes. Yo me refería a que todos venimos aquí con una actitud constructiva, con una actitud positiva y es bueno que dejemos el mal humor a veces en la puerta antes de entrar en estas comisiones o en estos debates.

Por lo tanto, yo sí que retiro lo dicho, si es que se han podido sentir ofendidos por alguna de mis manifestaciones, pero nunca es ni será mi voluntad ofender a ninguno de estos miembros ni descalificar, desde el punto de vista personal, a ninguno de ellos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

El señor DÍAZ TEJERA: Disculpas aceptadas. (La señora Vindel López: No son disculpas.)

El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Esquerdo ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones)

Señorías, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, gracias por darme la palabra para proponer desde el Grupo Parlamentario Popular a su presidente para la presentación de este proyecto de Ley, que es quien mejor lo hace.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BENEGAS HADDAD, FALLECIDO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015.

(Núm. exp. 542/000029)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de terminar esta sesión, el senador Rodríguez Esquerdo ha hecho alusión al triste fallecimiento de José María Benegas Haddad, Txiki Benegas, y creo que hay que decir en nombre de la Comisión de Justicia que ha sido, como ha expresado el presidente del Congreso hoy, un político comprometido y responsable, un político importante y de referencia de la democracia española. Era el diputado más antiguo del Congreso de los Diputados.

Por tanto, hoy es un día triste. Descanse en paz. Vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Benegas. (Los miembros de la comisión, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).

Gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal