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DS. Senado, Comisiones, núm. 510, de 29/07/2015
 


COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ

Sesión extraordinaria

celebrada el miércoles, 29 de julio de 2015

ORDEN DEL DÍA



Designar Ponencia

Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. 624/000005 GOBIERNO


Aprobar con competencia legislativa delegada

Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social. 621/000136 Cuarto Mundo; apoyo económico; asociación; ayuda al desarrollo; institución pública; organización no gubernamental; política social GOBIERNO


Proyecto de Ley de Voluntariado. 621/000137 asistencia social; asociación; organización no gubernamental; servicio de interés general; voluntariado social GOBIERNO

Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 30 de junio y 16 de julio de 2015, actas que todos los portavoces tienen en su poder.

¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Quedan aprobadas.



DESIGNAR PONENCIA

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 624/000005 GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Designación de la ponencia que informe la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

Hay que designar ponentes: por el Grupo Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Como el álamo, seguiré en la ponencia. (Risas).

La señora PRESIDENTA: Seguirá. Por el Grupo Vasco en el Senado, el senador Cazalis; por Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora Almiñana; por el Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, la senadora Rivero. ¿Por el Grupo Socialista?

La señora LLINARES CUESTA: María Isabel Flores Fernández y Encarnación Llinares.

La señora PRESIDENTA: ¿Por el Grupo Popular en el Senado?

El señor AGUIRRE MUÑOZ: María Dolores Pan y la presidenta de esta comisión, Carmen Aragón.

La señora PRESIDENTA: Quedan designados por lo tanto los senadores que van a formar parte de la ponencia para informar dicha proposición de ley orgánica.



APROBAR CON COMPETENCIA LEGISLATIVA DELEGADA

PROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. 621/000136 GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto: Aprobación por la comisión con competencia legislativa plena del Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, expediente número 621/000136.

A este proyecto de ley se han presentado cinco vetos —el número 1, del senador Iglesias Fernández; el número 2, de la senadora Capella i Farré; el número 3, del Grupo Vasco; el número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta; y el número 5, del Grupo Catalán de Convergència i d’Unió— y 61 enmiendas de distintos grupos parlamentarios.

Según lo previsto en los artículos 110 a 117 del Reglamento del Senado, hay que debatir primero los vetos y, posteriormente, si procede, las enmiendas.

No sé si han llegado ya a la Mesa las enmiendas por orden de votación; si no, ruego que las faciliten lo antes posible para poder ordenar a lo largo del debate su votación.

Turno de defensa de los vetos presentados para esta ley, por tiempo de unos diez minutos aproximadamente para cada portavoz.

Para la defensa del veto número 1, el senador Iglesias Fernández, del Grupo Mixto, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Hay motivos coincidentes de carácter formal o de técnica legislativa en este proyecto de ley a la hora de presentar el veto con el proyecto de ley que veremos a continuación —son los motivos de carácter formal o de técnica legislativa—. Tanto en un proyecto como en el otro se produce un cierto desequilibrio, y no es siempre fácil de comprender, en el sentido de que, por una parte, en determinadas materias los dos proyectos de ley establecen una remisión apriorística al desarrollo reglamentario —lo cual siempre genera inseguridad en el legislador, en tanto en cuanto no va a controlar el desarrollo de la norma— y, por el contrario, en otras materias se llega a un nivel de concreción y de desarrollo más propio de un reglamento. Por tanto, no creemos que esta sea una técnica legislativa afortunada. Además en este proyecto en concreto se produce otra dificultad de carácter formal, que hace que la utilización en algunas ocasiones en el texto del articulado con carácter alternativo de las expresiones interés general e interés social, sin ninguna duda, puedan abundar también en la generación de confusión de no ser la norma lo suficientemente clara.

Entro ya en los contenidos del proyecto. Seguramente la razón más importante que nos mueve a presentar este veto es la que se enumera en el último apartado del texto presentado y es el hecho de que el proyecto de ley no sale al paso de lo que son preocupaciones reales del tercer sector en este momento.

Vivimos una situación —derivada en gran parte de la crisis económica y de las políticas que se han aplicado a esta en los últimos años— en la que se ha producido un fenómeno sucesivo relacionado con las funciones y competencias en materias que en principio lo son vocacionalmente de las administraciones públicas. Por la ausencia de recursos suficientes y la falta de un desarrollo amplio de los órganos administrativos llamados a dar respuesta a las necesidades sociales de colectivos cada vez más numerosos, se abrió primero un espacio en el que la colaboración de las administraciones en la satisfacción de estas necesidades se abordaba fundamentalmente a través de la intermediación de las entidades que configuran el tercer sector. Sin embargo, una vez que se había llegado a consolidar esto a lo largo de unos cuantos años, y, por lo tanto, a aumentar el espacio del tercer sector, su importancia, e incluso los trabajadores dependientes de este, la traslación de alguna normativa europea —interpretada de forma especial—, ha dado como resultado que la aplicación del principio de defensa de la libre competencia se tradujera en la dificultad de las administraciones públicas de concertar la prestación de estos servicios con el tercer sector por la necesidad —entre comillas— de abrir la convocatoria de la colaboración a empresas privadas, que, a lo largo de todos estos años, han ido también evolucionando en el ámbito de su intervención y que incluso han ido modificando sus objetos sociales. Empresas privadas que ya tenían experiencia de colaboración con las administraciones en otro tipo de servicios —limpieza, seguridad incluso— han abierto el abanico de su intervención para entrar en competencia directa con el tercer sector. Como eso no ha ido acompañado de la traslación igualmente de otras normativas europeas que respaldaran el reconocimiento del carácter social no lucrativo de estas entidades y que por lo tanto les permitieran concurrir en relación con las empresas privadas, en una posición en las que ese reconocimiento —en los pliegos de condiciones— les diera una valoración especial, ha dado lugar a lo que podemos calificar en este momento de crisis del tercer sector; crisis del tercer sector que ha motivado que quienes lo configuran reivindiquen de las administraciones cambios normativos, que no son estos que se plantean en el proyecto sino otros que afectan más a la generalización de las cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los concursos, a la normativa de subvenciones, a los problemas que se han derivado de las reformas introducidas en el impuesto de sociedades y por supuesto en la Ley de contratos de las administraciones públicas y del sector público. A ello debiera haber sido convocado fundamentalmente este proyecto de ley, a dar respuesta a estas dificultades.

Finalmente quería hacer dos últimas consideraciones. Una hace referencia a los mecanismos de participación. Yo no sé si como compensación a que no se resuelven estos graves problemas sí se introduce en la regulación de la participación una especie de reconocimiento del monopolio de la representación del tercer sector a la plataforma del tercer sector. Ello reduce la riqueza y la pluralidad que configura en la realidad este tercer sector. Por lo tanto deberían ampliarse esos mecanismos de representatividad para que también pudieran participar entidades que no forman parte del tercer sector. Además —como expresaremos en alguna de nuestras enmiendas—, creemos que la definición de quiénes forman el tercer sector resulta excesivamente restrictiva, por lo que, en nuestra opinión esta debiera incorporar también la posibilidad de que se consideraran como tal a la cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra la senadora Capella i Farré, del Grupo Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Iniciaré mi intervención con lo que ya vengo diciendo en todas las comisiones con competencia legislativa. Aunque el Reglamento establezca la posibilidad de que se aprueben proyectos de ley en comisión con competencia legislativa, comprenderán que Esquerra Republicana, y, en este caso, el Grupo Mixto, no esté de acuerdo en este proceder o forma de legislar, máxime si se tiene en cuenta que en tres meses ustedes pretenden aprobar la friolera de más de cuarenta leyes. Eso hace un flaco favor a la democracia, a la sociedad y a la institución del Senado. Que una senadora de Esquerra Republicana, como ya dije en una anterior comisión, acabe defendiendo la institución del Senado como tal... Me parece que lo tendrían que mirar. En definitiva, poco favor le hacen al Senado cuando sacan proyectos normativos de importancia como puede ser el del tercer sector, la Ley del voluntariado, la Ley general tributaria y tantas otras leyes del debate en el Pleno.

Como digo a menudo, no se trata de trabajar más o menos, sino de hacer las cosas bien, con criterio, de forma racional, sin sustraer el debate y la confrontación de ideas y sin esconder realmente lo que se pretende hacer. En este caso, ustedes, de nuevo, aprovechan el Senado para autoenmendar este proyecto de ley, y plantean una enmienda que perjudica sustancialmente lo que Cataluña viene defendiendo hace tiempo.

También debería hacerles pensar que la oposición haya presentado cinco vetos y 61 enmiendas a este proyecto de ley. Esto, de nuevo, debería hacerles plantearse —aunque sea en el tramo final de la legislatura— que algo no están haciendo bien. Asimismo me gustaría lanzarles una pregunta: de las 61 enmiendas que se han presentado a la ley, salvo su autoenmienda, ¿van a aprobar alguna? Lo digo por los porcentajes prácticamente inexistentes de enmiendas aprobadas, ya sea en el Pleno del Senado o en comisión con competencia legislativa.

Me gustaría resaltar aspectos de la gran labor que lleva a cabo cada día el Tercer Sector de Acción Social en beneficio de la sociedad, el valor añadido en cualquier actividad proveniente del tercer sector —el senador Iglesias ha apuntado que la ley no lo protege, sino todo lo contrario—, que debería desarrollar el Estado. En todo caso, bienvenido sea, pues no solo beneficia socialmente, cohesiona, etcétera, sino que, además, genera ocupación; por tanto, se trata de un importante sector económico. Estarán de acuerdo conmigo en que, en una situación de crisis extrema como la actual —que hemos padecido y que aún padecemos—, que está generando desigualdad, discriminación y exclusión social, el tercer sector se convierte en un pilar imprescindible para la inclusión y la cohesión social. Lejos de adoptarse medidas en este proyecto de ley que permitan la adecuada financiación del tercer sector, se recortan de forma directa e indirecta sus recursos. El recorte de este Ejecutivo hace que la atención a las personas se reduzca, y que las asociaciones de ámbito social se vean cada vez más asfixiadas.

Este proyecto de ley hace ver que se quiere preocupar del tercer sector cuando realmente no soluciona las demandas que les han hecho llegar y que les preocupan. Esta ley no se convierte en una prioridad, porque, si lo hubiese sido, no hubiesen esperado al último tramo de la legislatura para su tramitación, tampoco lo hubiesen hecho de la forma que lo estamos haciendo y, en consecuencia, hubiesen incorporado gran parte de las demandas del tercer sector. Es más, de nuevo en esta ley nos encontramos una nueva disposición que dice aquello de que la regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público, incremento de dotaciones, retribuciones, ni otros gastos de personal. En definitiva, otro brindis al sol.

Otra de las finalidades perseguidas por esta ley —como apunté al inicio—, y que se refuerza con la autoenmienda que plantean al proyecto de ley, no es otra que recentralizar una vez más las competencias autonómicas ya mermadas, uniformizar, dar una visión centralizadora del tercer sector, otorgando más peso cada día a las organizaciones estatales en detrimento de las organizaciones de carácter territorial, autonómico o con menor implantación territorial en el Estado. Para nosotros, se trata de un punto de vista erróneo, en el que la ley no debería haber entrado; en todo caso, lo que tenía que haber hecho era equilibrar y dar valor a la diferencia que, en muchos aspectos, también aporta beneficios sustanciales a la hora de intervenir socialmente.

No proponen el reconocimiento de la territorialidad, ni tampoco lo que Cataluña ha venido reclamando y demandando, que es el 0,7 % del IRPF —por cierto, ganado en sentencias del Tribunal Constitucional y que ustedes, el Gobierno del Partido Popular, sistemáticamente han incumplido—. Digo esto por aquello del cumplimiento y la exigencia de la ley, quién cumple y quién no cumple, etcétera. Al final, les tendremos que decir aquello de quien incumple el contrato, no puede exigir el cumplimiento a la otra parte; en este caso, ocurre lo mismo con respecto a la ley.

En definitiva, tenían la oportunidad de apuntarse un tanto, no lo han hecho, se autoenmiendan para impedir que se dé cumplimiento a las exigencias que emanan de la sentencia del Tribunal Constitucional. Podía ser una oportunidad para el tercer sector, podía surtir efecto y nutrirlo de verdaderas herramientas para poder luchar contra las desigualdades, pero, al final, esta ley ni es valiente ni atrevida, y tampoco corrige todos los déficits que vamos arrastrando. Como he dicho al principio de mi intervención, no nos dan el tiempo suficiente y necesario para que se pueda debatir con toda tranquilidad, transparencia y debida información a la opinión pública de lo que se está cocinando en las instituciones del Estado.

Por estos motivos, y por los que se irán desgranando posteriormente —como ha dicho el compañero del Grupo Mixto, el señor Iglesias—, les anticipo que Esquerra Republicana apoyará el resto de los vetos presentados por los grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Capella.

Para la defensa del veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a exponer las razones por las que el senador Saura y yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, presentamos este veto. La primera —y voy a reiterarla en todas las tramitaciones posteriores, ya sea en comisión legislativa o no, y en los próximos Plenos programados— es esta sinrazón, esta irresponsable mascarada legislativa que nos han impuesto. No es razonable aprobar decenas de proyectos de ley en dos meses; no es razonable que, a 29 de julio de 2015, estemos aquí tramitando dos leyes; que el 25 de agosto se tramiten otras; que en el Pleno del día 1 se tramiten 8 proyectos de ley y el día 8, otros 8 proyectos de ley. Esto no es razonable. ¿Qué ganan ustedes con todo esto? Insisto, desde un punto de vista legislativo, se degrada el trabajo; se legisla con muy mala calidad; se dificulta la plena participación de los grupos de la oposición, especialmente la de los pequeños, con lo cual se pierde pluralidad; se impide el seguimiento de todos los grupos y ciudadanos afectados por esos proyecto de ley; y, como ha dicho la senadora Capella, se degrada aún más el Senado. Es evidente que no somos una Cámara territorial —no es una Cámara territorial aquella cuya Comisión General de Comunidades Autónomas se ha reunido dos veces, y una por imperativo al tramitar la modificación de un Estatuto—. Pero es que no somos ni una Cámara de enfriamiento legislativo, somos una Cámara de hacer churros legislativos. Señorías, puestos a reformar, reformemos el Senado, tal como nos comprometimos.

Entro ya en el contenido del proyecto de ley. Quiero en primer lugar afirmar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, las políticas sociales de este Gobierno se han centrado en los recortes. Cuando España, producto de la crisis que hemos sufrido y estamos sufriendo aún, se ha vuelto más pobre, cuando se ha generado mayor desamparo social, ustedes han recortado todas y cada una de las partidas presupuestarias destinadas a protección social —todas y cada una—. En segundo lugar, cuando España se empobrecía, sus políticas no han hecho a todos más pobres sino mucho más desiguales, y eso ha sido porque han cargado las responsabilidades y los costes de esta crisis en las clases populares.

Hago estas afirmaciones para salir al paso de las declaraciones —en mi opinión, muy cínicas— que figuran tanto en el preámbulo de este proyecto de ley como en la presentación que hizo el ministro Alonso de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Es evidente que todos los grupos, el senador Saura y yo los primeros, reconocemos el trabajo, el compromiso de las asociaciones y entidades que conforman el tercer sector, por su trabajo con las personas más vulnerables. Es evidente que estamos legislando para más de 30 000 entidades sociales, cuya actividad supone un 2 % del PIB y que genera más de 600 000 empleos. Pero, señorías, no olviden que ustedes son el problema. Este Gobierno de derechas, sus políticas de fomento de la desigualdad, generadoras de pobreza, es el real problema que tienen hoy en día los sectores sociales más golpeados por la crisis y, en repercusión, el tercer sector de acción social. El gran problema son sus recortes en prestaciones sociales, que los han llevado a cabo cuando más falta hacían.

Es evidente que hacía falta una ley del tercer sector que decidiera un marco regulatorio del mismo, pero no es este proyecto de ley. Para el senador Saura y para mí este proyecto de ley es claramente insuficiente. En primer lugar, creemos que para legislar hay que conocer la realidad, y permítame que les dé unos datos de un estudio de la Fundación La Caixa en colaboración con Esade y PricewaterhouseCoopers de abril de 2014, titulado La reacción del tercer sector al entorno de la crisis. Dice el estudio: «Las aportaciones han caído un 27 % en apenas tres años. Han recortado, en primer lugar, todas las administraciones públicas, todas: un 17 % las comunidades autónomas y entidades locales y un 4 % el Estado; un 18 % las empresas y un 24 % las cajas de ahorro. En comparación, las aportaciones individuales solo han caído un 8 %. Esas caídas de ingresos han comportado que entre un 20 y un 30 % de esas entidades hayan cesado en su actividad o hayan desaparecido, mientras que las personas en riesgo de exclusión social se incrementan.»

En resumen, el tercer sector debe afrontar la realidad de resolver mayores necesidades sociales con menos recursos, por lo que se hace aún más incomprensible que esta ley no aborde cuestiones capitales para el tercer sector, como son las necesarias modificaciones legislativas sobre el IVA, Ley de contratos del sector público, Ley de subvenciones, Ley del impuesto sobre sociedades, la legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo o la legislación de utilidad pública.

Señorías, la pregunta es: ¿Pueden soportar estas entidades y asociaciones la cofinanciación de los proyectos? ¿Deben pagar impuestos de sociedades? A ello me refería al hablar de cuestiones fundamentales para la supervivencia y buen trabajo de las entidades sociales y que la ley no aborda.

Otra cuestión que para nosotros es incomprensible —hacía referencia a ello el senador Iglesias— es por qué el proyecto de ley excluye a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de reinserción. No lo entendemos, no entiendo que solo las asociaciones y fundaciones sean admitidas como organizaciones susceptibles de formar parte del tercer sector.

Dos cuestiones muy lacerantes para nosotros son la territorialización del 0,7 % del IRPF y la representación y participación de las entidades del tercer sector de acción social. El señor Saura y yo nos oponemos al intento de este proyecto de ley de consolidar en el Estado el control de las subvenciones del 0,7 % del IRPF. Volvemos a exigir que las contribuciones que realizan los contribuyentes de Cataluña las gestione en su totalidad la Generalitat de Catalunya, y lo reivindicamos no solo porque encontramos injusto que de unas aportaciones anuales de 54,4 millones de euros solo se reviertan 30,8 millones, que lo es, sino porque corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección social. Al igual que las sentencias del Tribunal Constitucional, reclamamos esta territorialización de fondos procedentes del 0,7 % del IRPF. Tampoco entiendo que se impida la participación de otros actores diferentes a la plataforma del tercer sector para poder participar en la Comisión para el Diálogo Civil, que contempla la ley, a pesar de que esta plataforma no representa la totalidad del sector en España.

Señorías, lo fundamental en las políticas del tercer sector no es su articulación a nivel estatal. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en el caso catalán, el artículo 166 dice con toda claridad que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. ¿Con quién se articula preferentemente el tercer sector? Con las administraciones que ejercen la titularidad en materia social: comunidades autónomas y entidades locales que, por otra parte, son sus ámbitos naturales de implantación y actuación.

La pregunta es si las más de 6800 entidades que trabajan en Cataluña, que representan un volumen económico de 2,8 % del PIB catalán, con más de 102 000 personas contratadas, 300 000 voluntarios y que atienden a más de 2 100 000 personas se van a quedar fuera de la Comisión para el Diálogo Civil por no formar parte de la plataforma del tercer sector. Es ilógico, vulnera la realidad y solo puede explicarse por su actitud territorial tan nefasta y conflictiva. Alguien puede pensar: pues que se metan en la plataforma. Pero es que las leyes no organizan la sociedad civil; la sociedad civil se autoorganiza.

Una última y también grave razón es la enmienda 61, que presenta el Grupo Popular a este proyecto de ley. Es un disparate, es ilógico que aprovechen un proyecto de ley para hacer un reparto de subvenciones. De verdad que hacen cosas inverosímiles.

Por todo ello, señorías, pido el voto favorable al veto que en representación de Iniciativa per Catalunya Verds presentamos el senador Saura y yo.

Gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.

Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser breve porque me estoy cansando de oírme a mí mismo decir todo el rato lo mismo.

Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora sobre la manera de legislar. En el Pleno dije que esta es una histeria legislativa que no sé a dónde nos va a llevar. Supongo que el Gobierno ha hecho sus cálculos y el Grupo Popular también y supongo que calculará que todos estos cambios después no se podrán echar atrás porque no va a haber mayoría suficiente. A lo mejor una sola ley de artículo único que derogue todo lo aprobado nos podría servir. De todas formas, son los mismos argumentos y los voy a repetir hoy también.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta este veto por considerar que la intervención normativa del Estado a través del proyecto de ley supone una extralimitación competencial, que se nota en su ámbito de aplicación por interferir, a nuestro juicio, de forma inconstitucional en el ámbito competencial que en materia de asistencia social, de asociaciones y fundaciones tienen muchas comunidades autónomas, en este caso la comunidad autónoma vasca.

El ámbito de la competencia estatal sobre el Tercer Sector de Acción Social debe ser contemplado también desde la perspectiva de las leyes orgánicas de asociaciones y de la Ley 50/2002, de fundaciones. Este proyecto de ley, por lo tanto, interfiere en las competencias autonómicas en lo relativo a la asistencia social, pero también en aquellas que tienen materias de reconocimiento de asociaciones y fundaciones. Son las comunidades autónomas las que se han visto investidas de la atribución competencial para dictar la normativa, por lo menos la comunidad autónoma vasca, en materia asistencial y de actividad e iniciativa social de interés general, sin que pueda de forma recurrente acudir el Estado al manido artículo 149.1.1 de la Constitución Española en estos ámbitos de corte asistencial, porque estaría, como digo, extralimitándose, estaría invadiendo competencias que no le corresponden.

Siempre hemos aludido a este artículo 149.1.1, señorías, por lo menos en todas las normas en las que yo he podido intervenir —creo que en todas, y me atrevería a decir que en la práctica totalidad—, y nos ha servido para los trenes de cercanías; la semana pasada para el Proyecto de Ley de calidad alimentaria; hoy nos va a servir para el tercer sector, e incluso llegó a utilizarlo el Gobierno para justificar la declaración de los toros como fiesta nacional. Todo esto empieza a hacer que este artículo 149.1.1 ya no sirva para nada, en realidad solo sirve para hacer trampas en el solitario y para que, entre la mayoría absoluta que tiene el Grupo Popular ahora y la lentitud del Tribunal Constitucional, que además es un juez de parte, las cosas se alarguen, las normas salgan sin ninguna razón hasta que vuelva a salir una sentencia y entonces se corrija, lo cual, aparte de la invasión competencial, crea a su vez inseguridad jurídica, porque las comunidades autónomas también tienen regulación en estos aspectos y el sector va a verse frente a un galimatías en el que no va a saber exactamente qué es lo que le afecta y qué no.

Lo que sí quiero que quede claro es que el Grupo Parlamentario Vasco valora enormemente el imprescindible trabajo que hacen las entidades del tercer sector. Entendemos que pueda ser necesaria una ley que regule el tercer sector, pero no es esta la ley adecuada.

Por último, quiero hacer un comentario a la enmienda número 61, del Grupo Popular. Estamos de acuerdo con el senador Guillot en que esta no es la manera de hacerlo. Puede ser un tema electoral, y nos parece muy bien. Nosotros no estamos en contra de que se den subvenciones a esas o a otras asociaciones. También entendemos que las comunidades autónomas que tienen competencia lo pueden y deben hacer por su cuenta a las asociaciones que consideren oportuno, a estas o a otras más.

Por lo tanto, en la votación de esta enmienda nos vamos a abstener, aunque en realidad tal vez deberíamos decir que no, porque no es el sitio ni es el lugar. Pero visto que todo lleva a confusión, para que nadie utilice el pretexto de que hemos votado que no a una enmienda para decir que estamos en contra de todas estas asociaciones que se relatan en ella, nos vamos a abstener.

Por todo ello, mantenemos el veto, y también vamos a votar a favor del resto de vetos presentados por los otros grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Vaya por delante un reconocimiento a la labor que el Tercer Sector de Acción Social ha llevado y lleva a cabo en la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la exclusión social. El trabajo incansable de las organizaciones, entidades y personas que configuran el tercer sector es un instrumento necesario para alcanzar un desarrollo social equilibrado y para la cohesión social. El tercer sector impulsa y desarrolla actividades de interés general, como las medioambientales o las de cooperación internacional, y atiende a colectivos y personas en situación de mayor vulnerabilidad social: infancia, familia, jóvenes, personas inmigradas, tercera edad, discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales, drogodependientes, personas con dificultades para acceder a un lugar de trabajo, personas sin techo y un largo etcétera. Estaremos de acuerdo entonces en que un tercer sector fuerte es garantía de una democracia robusta en la medida en que las entidades y asociaciones que lo configuran son sujetos activos en los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas. Son, señorías, escuelas prácticas de ciudadanía activa y de compromiso democrático. Hay que apoyar y promocionar el Tercer Sector de Acción Social, y además hay que hacerlo desde la proximidad a los problemas, una proximidad que, desde nuestro punto de vista, es la clave del éxito y es necesaria para encontrar soluciones eficientes y eficaces. Por ello, una vez más, cada uno debe hacer lo que le corresponde desde donde le corresponde, cada Administración deberá adoptar las medidas que dentro de sus competencias mejoren la sostenibilidad de las entidades que configuran el tercer sector.

Este proyecto de ley que ustedes proponen, lejos de buscar soluciones reales, genera confusión en materia competencial e inseguridad jurídica, regula materias que no son cruciales para el tercer sector y que, por otro lado, se encuentran ya reguladas en distintas comunidades autónomas que tienen la competencia, y aunque reza sobre respeto competencial, en la práctica pretende articular las políticas del tercer sector a un ámbito únicamente estatal. Y no se limita a regular sobre aquello que puede y debe regular para dar respuesta al sector; quedan pendientes de revisión temas tan importantes como el IVA en la contratación pública, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración, la modificación de la regulación de utilidad pública, la adaptación de la Ley de Subvenciones y el traspaso efectivo a las comunidades del 0,7 % del IRPF destinado a finalidades sociales —luego me referiré a ello—, el impulso del mecenazgo o medidas para la creación de empleo. Fíjense que esta lista, que sin duda no está completa, le deja al Estado central un largo recorrido para ocuparse de muchas materias que afectan directamente y preocupan mucho al tercer sector y que son competencia del Estado central. Pero nada de ello se recoge en este proyecto de ley, no aborda las cuestiones de fondo que necesita el tercer sector, se vuelve a aprovechar para intentar legislar cuestiones que, de acuerdo con el estatut d’autonomia en nuestro caso, corresponden a la Generalitat de Catalunya, que tiene competencia exclusiva. La Generalitat de Catalunya tiene competencia exclusiva —y no nos cansaremos de decirlo— en materia de servicios sociales, y esta incluye, en todo caso, la regulación y la ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que prestan servicios sociales en Cataluña; además, la competencia exclusiva supone de forma íntegra la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva. El texto intenta evitar la evidente invasión competencial limitando su aplicación a las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

Este proyecto de ley no se entiende si se deja al margen, señorías, al 20 % de la sociedad civil organizada —hoy es así la sociedad catalana, la Taula d’Entitats del Tercer Sector—. No es bueno ni es justo, no se le reconoce la representación en aquello que la Administración General del Estado legisle y administre. Hoy la Taula d’Entitats del Tercer Sector —que, por cierto ha sacado una nota de prensa manifestando su desacuerdo y el carácter inadmisible de la enmienda 61 que ustedes han aprovechado para presentar en este proyecto de ley— representa a la sociedad civil organizada y no participa de la plataforma que ustedes reconocen en este proyecto de ley.

Aparte de este tema competencial y la falta de contenidos respecto de las materias en las que la Administración central tiene competencias, denunciamos en forma y contenido el proyecto de ley, ya que lejos de dar soluciones es utilizado para intentar legalizar, con más trampas, el sistema de subvención a las entidades del tercer sector; un sistema que no cuenta con la aprobación y el reconocimiento de los tribunales; nos referimos, otra vez a la presentación de su enmienda 61. Hace unos días en el Pleno pude preguntarle al ministro sobre la territorialización del 0,7 % del IRPF en temas sociales, y la respuesta no aportó ninguna luz, no supimos cuándo iban a hacerlo; entendíamos que lo iban a hacer porque la ley así lo dice, pero no es así. Trece sentencias, señorías. La última sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de mayo, aplica la doctrina constitucional, esa Constitución a la que ustedes siempre apelan, y reitera una vez más que en materia de servicios sociales hay que realizar la acción estatal de fomento mediante la distribución territorial de los fondos para que aquellas comunidades que tienen asumidas las competencias, como es el caso de Cataluña, puedan regular y efectuar las convocatorias correspondientes. Señorías, últimamente hemos oído muchos llamamientos a cumplir la ley; con esta sentencia ya son trece las emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que a lo largo de nada menos que quince años han dictaminado en el mismo sentido. Nos avala y legitima exigir que se cumplan, efectivamente; que se deje de dar vuelcos y rodeos y se proceda ya a la distribución territorial de los fondos en materia de servicios sociales, tanto a las convocatorias de subvenciones del tercer sector como a la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación del 0,7 % del IRPF. Tanto el Govern de la Generalitat como la taula del tercer sector en Cataluña —como he dicho, un 20 % de la sociedad civil organizada de su Estado— han manifestado la necesidad de que se dé cumplimiento a la ley en este sentido.

Ya hemos venido denunciando las trampas que el Gobierno central ha hecho, con claras manifestaciones de desagrado a las sentencias, intentando esquivar su cumplimiento a través de decretos legislativos, que ahora les dicen que no sirven, y ustedes aún, en un último y desesperado intento, introducen las ayudas a través de una enmienda en esta ley. En ningún caso, y quiero que quede constancia de ello —me volveré a referir a ello en el turno de defensa de enmiendas—, Convergència se opone a que las entidades de carácter estatal reciban subvenciones, todo lo contrario, pero debemos insistir en que desde el respeto competencial en esta materia hay que solucionar la subsistencia de todas las entidades, de todas y cada una de ellas, por la labor que desarrollan, también y especialmente de aquellas que lo hacen en el ámbito autonómico y desde la proximidad.

Por ello, por la falta de desarrollo en el contenido del proyecto de ley, donde ya hemos indicado que el Gobierno central tiene mucho recorrido si realmente quiere ayudar al tercer sector, abordando sus competencias y resolviendo aspectos como el IVA en la contratación pública, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración o la modificación de la regulación sobre utilidad pública, entre otros, en lugar de obviar su competencia y recentralizar e invadir competencias que corresponden a las comunidades autónomas, en nuestro caso a Cataluña, presentamos este veto. Rechazamos esta ley por ser precipitada en su trámite, poco ambiciosa en su contenido y absolutamente recentralizadora y al servicio de una ideología que en su imaginario nos quiere situar en un Estado antiautonómico, donde día a día se pretende vaciar el contenido constitucional por la puerta de atrás, eso sí poniendo el cartel en la puerta principal de que aquí se defiende la Constitución y se respetan las competencias autonómicas.

Señorías, esta sinrazón legislativa a la que ustedes nos están llevando dificulta la labor, especialmente de los grupos pequeños; dificulta la participación de la ciudadanía y de los grupos interesados en que las leyes se lleven a cabo, y hace un flaco favor a esta Cámara, especialmente, si me permiten, con triquiñuelas como querer esquivar sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional a través de la introducción, en el trámite de esta ley en esta Cámara, de una enmienda como la 61, que nosotros encontramos que es vergonzante y no nos cansaremos de denunciar. De hecho, presentamos un escrito pidiendo que no se admitiera a trámite, pero se nos ha contestado que sí se va a admitir. La Mesa del Senado nos ha dicho que la va a admitir a trámite, a pesar de que pensamos que contradice el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo. No puedo entender —no sé si alguien conoce íntegramente la sentencia— que esto sea así. Por ello, si me lo permiten, voy a hacer entrega a la Mesa de la sentencia íntegra del Tribunal Supremo para que tenga constancia de ella.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Antes de pasar al turno de portavoces, si lo hubiere, quiero informar a la comisión de que la sentencia está en nuestro poder, así como también la contestación dada por el presidente de la Cámara —en ejercicio de la delegación concedida por la Mesa del Senado en su reunión del día 22 de julio de 2015, con número de registro 17 712— al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió en la que, según los argumentos jurídicos que hayan considerado oportunos, se desestima la no admisión de esta enmienda. Lo digo para conocimiento de la comisión, porque no es competencia de esta comisión, sino de la Mesa de la Cámara, delegada en el presidente de la misma. Por tanto, se ha seguido el trámite correcto. Simplemente quiero que toda la comisión tenga esta información.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Mendiola, del Grupo Popular.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Tomo la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra posición respecto a los cinco vetos presentados al Proyecto de Ley del tercer sector, que tiene como objetivo fortalecer su articulación política y social. Este, ni más ni menos, es el objetivo que se defiende en este proyecto de ley. Con todo respeto, les pido que tengan altura de miras y hagan un ejercicio responsable en relación con sus posiciones sobre este proyecto de ley.

Sus vetos se escudan en la invasión competencial cuando no la hay; no existe invasión competencial, sino todo lo contrario: un respeto escrupuloso al reparto competencial, y todo lo realizado se hace sobre la base de los artículos 149.1 y 149.1.3.1. A mi grupo le gustaría —no sé si es tarde, pero merece la pena intentarlo— que, ya que se han presentado estos vetos, sirvieran para debatir, y que este debate fuera útil y nos permitiera avanzar en el acercamiento de las posiciones de los distintos grupos con el fin de que pudiéramos conseguir que esta ley se considerase un proyecto de todos y para todos, porque son muchas más las cosas que podemos compartir que aquellas que nos hacen tener una posición diferente.

La Ley del tercer sector es inédita en el panorama legislativo. Estamos ante un proyecto de ley que es nuevo, que no existía, que viene a cubrir un vacío y a satisfacer una demanda que nace del diálogo y ofrece más garantías de trabajo a las organizaciones sociales del tercer sector; que exige más responsabilidad a las administraciones públicas; que fomenta la participación de las mujeres; que adecua el sistema de financiación pública y fomenta la diversidad de fuentes de financiación. De hecho, hay que resaltar que regula su acceso a las fuentes de crédito oficial y se equipara a cualquier empresa en lo relativo al Plan de pago a proveedores.

En relación con los cinco vetos presentados, en su mayoría están relacionados con las competencias y se basan en la existencia de una invasión competencial. Señorías, insisto, no existe ningún interés oculto en recentralizar competencias en el ámbito social ni en ningún otro. Queda claro que se limita al ámbito de aplicación de la ley, a la regulación de aquellas entidades que tengan carácter estatal, entendiendo este carácter estatal para aquellas entidades que extiendan su actuación a más de una comunidad o a Ceuta y a Melilla.

Por otro lado, como decía anteriormente, el proyecto de ley se fundamenta en dos títulos competenciales previstos en la Constitución Española. ¿No creen que el que haya una ley que articule la relación del tercer sector estatal con la Administración General del Estado puede ser útil? Es evidente que sí. ¿No creen que el que exista una ley que de alguna manera reconozca la existencia de este tercer sector también puede ser útil? Igualmente, sí. Es evidente que las dos cosas son útiles. Entonces, ¿por qué es una ley que los grupos catalanes y el vasco miran con desconfianza? La verdad es que mi grupo parlamentario no lo entiende.

Respecto a la financiación y a la viabilidad del tercer sector, como hemos comentado, a lo largo de estos años de crisis se ha mantenido constante la financiación a las entidades del tercer sector. Tengo que recordar que precisamente en el mes de abril ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Cataluña, obtuvieron 683,4 millones de euros, que han sido repartidos entre 2647 entidades. Por tanto, lo que importa es que llegue el dinero; importa quién lo recibe, lo que hace con él y que llegue al mayor número de personas posible, sobre todo a las más vulnerables. Esto es lo más importante para el Partido Popular. Decir que es un disparate o vergonzante una enmienda que permite que lleguen subvenciones, venir a esta Cámara a evitar que lleguen las subvenciones nos parece que es irracional en estos momentos que debemos ser más solidarios que nunca. Lo deberíamos hacer por nosotros mismos, pero es que además nos lo está pidiendo, es más, nos lo está exigiendo la ciudadanía.

El texto hace un llamamiento no solo a la Administración General del Estado, sino también a las comunidades autónomas y a las entidades para que establezcan colaboración, como vienen haciendo, y la refuercen especialmente a través de la firma de convenios. En definitiva, con el fomento de la colaboración se trata de tener la capacidad de seguir actuando juntos, porque la experiencia demuestra y el sentido común nos dice que cuando actuamos juntos los efectos beneficiosos se potencian.

No se está ante una invasión competencial. De hecho, el texto deja muy claro que este proyecto de ley no puede invadir las competencias de las comunidades autónomas en asistencia social; no puede afectar a la legislación autonómica que exista en la materia. En este sentido, no pueden negar que el proyecto de ley es absolutamente exquisito.

A lo largo de la legislatura el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades sociales que trabajan con las personas más vulnerables y de las organizaciones que tanto hacen en este país por todos y cada uno de los ciudadanos que en este momento necesitan de la solidaridad y del apoyo de todos.



Fortalecer a las organizaciones del tercer sector, como pretende esta ley, significa fortalecer el tejido social. Mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con esto porque una sociedad sin un tejido social fuerte es una sociedad pobre y débil, y esa no es la sociedad que nosotros queremos. Es decir, hoy establecemos un marco, hoy damos un contenido, hoy asumimos unos compromisos legales, pero nos comprometemos también a seguir trabajando evaluando y viendo las consecuencias de la ley. Por tanto, planteamos ya su posible posterior mejora a la luz de la experiencia. Creo que este es un buen punto de partida para esta ley. A partir de ahí, una vez que el Gobierno haya aprobado este programa de impulso a las entidades, habrá un plazo de dos años para que se remita a esta Cámara un informe evaluando los efectos y las consecuencias de la aplicación de la ley.

Por último, el texto prevé la creación de un inventario público de entidades por parte del Ministerio, previo informe del Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social, en coordinación con las comunidades autónomas. Tendremos una información estadística certera de las entidades sociales que será una herramienta de enorme utilidad para conocer mejor la realidad y para poder hacer una gestión más oportuna.

El Tercer Sector de Acción Social siempre ha estado presente en nuestro país, pero en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante, habiéndose constituido como un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Aporta un indudable interés a la participación organizada de la ciudadanía bajo los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades e inclusión y, como muy bien dijo el ministro, en España hay alrededor de 30 000 entidades sociales cuya actividad representa casi un 2 % del producto interior bruto y da empleo prácticamente a más de 636 000 personas en nuestro país.

Además, este proyecto de ley no es una acción aislada a favor de las entidades sociales, sino que se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social del Gobierno. Una agenda social que, a través de instrumentos como la Estrategia de Juventud 2020, el Plan de acción sobre la estrategia española de discapacidad, el Proyecto de Ley de voluntariado, que se debatirá a continuación, y el próximo plan integral de apoyo a la familia, está fortaleciendo sin lugar a dudas el Estado del bienestar. Por lo tanto, el objetivo final de esta acción coordinada no es otro que situar al ciudadano en el centro de nuestras políticas.

Sabemos que la actuación del tercer sector se ha erigido como una pieza clave para lograr la recuperación y su actuación se ha convertido en la esperanza de muchas personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello, consideramos que el trabajo desarrollado por estas entidades es una labor elogiable que merece el apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos y también de este Parlamento. La labor de estas entidades se ha desarrollado sin un amparo normativo propio de ámbito estatal. Por eso estamos ante un proyecto de ley de nueva creación, un texto inédito, como les decía antes, en la legislación española, y cuyo fin último es garantizar la estabilidad e impulsar la interlocución de la Administración con estas entidades.

Señorías, además, este proyecto de ley confirma dos órganos de participación existentes que próximamente se regularán reglamentariamente: el Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social y la Comisión para el diálogo civil, que desde su constitución en febrero de 2013 ha sido un eficaz foro de encuentro con la plataforma del tercer sector.

Otro de los contenidos importantes del proyecto de ley es que las obligaciones de pago de las comunidades autónomas y de las entidades locales con el tercer sector como resultado de convenios de colaboración suscritos en materia de servicios sociales tendrán el mismo tratamiento que otros proveedores.

Senador Guillot, este Gobierno, recortes, no; pagar facturas que dejaron otros, sí. Así que le tengo que recordar que el Gobierno ha consignado más de 3000 millones del Fondo de pago a proveedores para hacer frente a la deuda que existía con las entidades sociales, una deuda que estaba poniendo en riesgo la viabilidad de muchas entidades. Lamento profundamente que, a pesar de que los grupos proponentes de los distintos vetos valoren en algo o compartan alguna de las modificaciones llevadas a cabo en este proyecto de ley, sin embargo, soliciten su devolución a través de la presentación de esos vetos.

Con todo el respeto a sus posiciones, me permito pedirles que retiren los vetos, que no se escuden en una mala entendida invasión competencial y que apuesten por alcanzar el mayor consenso posible, dentro de nuestras diferencias ideológicas, por supuesto, ya que estamos ante una norma consensuada, en la que han participado diferentes actores, como las comunidades autónomas, la federación de municipios, la plataforma del tercer sector, organizaciones representativas de la sociedad civil. Creo que esto es motivo más que suficiente para alcanzar el mayor consenso posible y que esta ley sea un proyecto de todos y para todos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, ¿senador Iglesias? (Denegaciones).

Por el Grupo Vasco, ¿senador Cazalis? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Si hay que tener altura de miras y responsabilidad, donde nos batimos el cobre para el tercer sector es en los Presupuestos Generales del Estado, que es donde ustedes año tras año recortan. Usted dice que es para pagar facturas; a lo mejor es para rescatar bancos o a lo mejor es para cumplir unos criterios del Plan de estabilidad que no compartimos; por lo que sea, pero el dato objetivo es que ustedes año tras año recortan. Y aunque en la tramitación en el Congreso de los Diputados desapareció la disposición mediante la cual esta ley no puede comportar gasto, ustedes van a aprobando leyes, como por ejemplo, la de la protección de la infancia y la adolescencia o la próxima que vamos a discutir del voluntariado, en las que dicen que esta ley no puede comportar ningún crecimiento del gasto. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a la infancia? ¿O cómo vamos a estimular el voluntariado?

Señorías, si usted quiere comprometerse con el tercer sector, en primer lugar, apoye financieramente; en segundo lugar, haga frente a todas aquellas leyes fiscales, tributarias, subvenciones, a las que antes he hecho referencia, que pueden mejorar las condiciones del tercer sector. No ha hecho ninguna referencia a esto.

Por cierto, yo no he hablado de invasión competencial ninguna. En el turno en contra de los vetos usted respondía a todas las intervenciones. Eso está bien, pero no es demasiado correcto que si hay cinco vetos no dedique a cada uno al menos un comentario. No los agrupe, porque lo único que hace es confundir los razonamientos de una pluralidad que expresa cada veto. Lo importante no es si el gato es rojo, azul o que cace ratones. En un Estado compuesto, dotado de una Constitución como la que tenemos, lo importante es cumplirla. Y si la Constitución determina criterios, competencias, etcétera, lo importante es cumplirla. ¿Cuál es el problema de este proyecto de ley? No es un problema de invasión competencial; es un problema, como decía antes la senadora Almiñana, de concepción de Estado, de filosofía. Ustedes creen que todas las entidades sociales pertenecientes al tercer sector tienen que pertenecer a una plataforma estatal que es la que va a dialogar con el Estado. Pues no, la taula del tercer sector de Cataluña no participa en la plataforma estatal. La pregunta es, ¿no va a dialogar con el Estado por no formar parte de la plataforma estatal? ¿Eso es lo que va a decir la ley al final? Creo que es un gravísimo error y un criterio uniformizador que no responde a la pluralidad, la diversidad o la autoorganización que decía antes de la misma sociedad civil.

En cuanto al 0,7 %, nos negamos a que esta ley cristalice, a que no haya una distribución territorializada de los fondos que se recogen en el 0,7 % del IRPF, que es voluntario, y no solo —antes se lo recordaba— por aquello de si damos cincuenta y pico recibimos treinta, sino porque la competencia exclusiva en materia social corresponde a la Generalitat. Y estos fondos voluntarios, que cada contribuyente marca o no, van destinados a estas finalidades, con lo cual este es otro grave error que comporta esta ley. Por la cuestión de la participación, por el 0,7 %, porque no abordan los problemas de fondo que tienen hoy en día las entidades, asociaciones y fundaciones miembros del tercer sector, creemos que había que presentar este veto que, insisto, defiendo y al que deberían dar su voto. No lo pienso retirar por nada del mundo, como mínimo, por esos argumentos.

Por último, la enmienda 61. No utilice el argumento facilón de que no quieren que este dinero vaya a las entidades; sea un poco más compleja, más sofisticada. Claro que queremos que el dinero, que los pocos recursos que ustedes destinen lleguen pronto y bien a las entidades, pero no creemos que un proyecto de ley sea el instrumento para hacerlo; existen los decretos leyes y el Gobierno tiene miles de instrumentos para realizarlo, con lo cual les invito a que dejen de jugar al electoralismo, porque llegan tarde, el daño ya lo han hecho con los recortes que anualmente han realizado; llegan tarde. Son increíbles, es decir, no tienen ningún tipo de credibilidad, como mínimo, en materia social.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senadora Capella, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Gracias.

Por el Grupo Vasco, ¿senador Cazalis? (Denegaciones).

Por Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ¿senadora Alimiñana? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Intervengo para reiterarnos en el contenido de nuestro veto y anunciar el voto favorable al resto de vetos.

La senadora del Grupo Popular, la señora Mendiola, nos hablaba de altura de miras y de acercamiento de posiciones. Fíjese, tal como estamos legislando, ustedes nos niegan el debate; es difícil que haya diálogo sin debate y que haya acercamiento de posiciones. Más que hablar de altura de miras, yo diría que hay que mirar por encima porque es lo que los grupos pequeños podemos hacer en algunos casos en esta vorágine legislativa que ustedes tienen.

El recorrido del tercer sector catalán está suficientemente avalado y reconocido. Usted hablaba de que es muy importante que haya un tercer sector y que la ley lo reconozca. Efectivamente, es importante que la ley reconozca el tercer sector, pero sin esta ley el tercer sector se va a desarrollar igualmente porque la sociedad civil se organiza al margen de que esto se legisle o no, la realidad va por encima de la legislación. Hay que acompañar y dar medidas para facilitar la labor del tercer sector, pero esto es muy distinto que intentar tipificarlo para encorsetarlo.

Usted me dice que al PP le importa que llegue el dinero y quién lo recibe, que esto es lo más importante para el PP. Estamos absolutamente de acuerdo, pero hay un problema y es que a la ley también le importa quién otorga y reparte este dinero, y está regulado.

Usted hablaba de que veníamos aquí a evitar que lleguen subvenciones. Yo creo que lo he dejado claro en mi intervención pero, por si quedara algún atisbo de duda, nosotros no queremos evitar que lleguen subvenciones a nadie, a nadie, pero lo que no queremos es que lleguen de esta manera. Queremos que lleguen y que lo hagan por el canal que la ley marca para ello, que sean justas, equitativas y que, además, cumplan con las expectativas que crean. Ustedes dicen que queremos evitar las subvenciones. No. El problema de la inseguridad que hay respecto a las subvenciones es que ustedes se emperran una y otra vez en negar la competencia que tienen las comunidades autónomas en el reparto de estas subvenciones, quieren hacerlo ustedes y no tienen competencia para ello. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es acudir a los tribunales y los tribunales nos dan la razón; y cuando está la convocatoria en marcha y los tribunales nos dan la razón, hay un problema, señores, Defcon 1. Tenemos un problema porque hemos creado unas expectativas y ahora la ley nos dice que no las podemos realizar. Ese es el problema. Pero no somos nosotros los que queremos evitar que lleguen; queremos que lleguen a todo el mundo y por el canal que les corresponde.

Respecto a las competencias, el proyecto de ley no es una invasión competencial en sí mismo, no lo he dicho así. El senador Guillot lo ha dicho y yo lo comparto, el problema es la concepción de Estado. Ustedes quieren articular el tercer sector solo a través de una plataforma estatal, dejando fuera muchas entidades que están desarrollando una labor importante hasta este momento y que creemos que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes cuelan la enmienda 61 para otorgar unas subvenciones sobre las que las comunidades autónomas tienen competencia para vehicularlas, ustedes están haciendo una invasión competencial en toda regla. Esto no lo digo yo, la senadora Rivero, esto lo han dicho trece veces el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Por tanto, no me podrán negar que cuando se tienen unas competencias, se tienen, y cuando se saltan, se han saltado. A esto me refería yo cuando hablaba de invasión competencial clara y flagrante y, además, se hace por la puerta de atrás y con un procedimiento con el que no estamos en absoluto de acuerdo porque lo que hace es despreciar aún más la función de este Senado. Pregunto: ¿Por qué no la introdujeron en el Congreso? ¿O es que acaso había demasiadas cámaras y focos? ¿O es que no tenían previsto que el Tribunal Supremo les derogara el último decreto legislativo por el cual querían dar las subvenciones? Por eso, creo que he hecho muy educadamente mi exposición de motivos y he dejado muy claro que el Grupo de Convergència i d’Unió no pretende, en ningún caso, que las entidades estatales o las que sean no tengan la subvención y los recursos para poder ser viables. Quiero que quede constancia y que quede clarísimo. Ahora —ya lo he dicho—, al PP le importa que llegue el dinero y seguramente le importa que se visualice que es él quien lo reparte. Pues la ley, lo siento, es tozuda y les dice que en esta ocasión ustedes no pueden hacerlo, lo tienen que hacer las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta. Buenos días.

Intervengo de manera muy breve únicamente para anunciar la abstención del Grupo Parlamentario Socialista a los vetos presentados porque consideramos que la ley establece —se ha dicho aquí ya— un marco jurídico necesario que no se puede aplazar más. Señora Mendiola, claro que es inédito el marco jurídico que establece, pero ya ha tardado. Tengan en cuenta que es en 2013, a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, cuando se empiezan a dar los pasos para la elaboración de esta ley; estamos casi a dos meses de finalizar una legislatura y lo estamos aprobando no por la puerta de atrás, porque existen los mecanismos legales para la competencia plena legislativa de las comisiones, pero, por supuesto, no se da ese auge a las organizaciones y entidades del tercer sector que ustedes le quieren dar con la ley.

De todos modos, quiero expresar que, a pesar de nuestra abstención a los vetos, consideramos que la ley pierde una oportunidad para dar un enfoque mayor al papel que las organizaciones y entidades del tercer sector realizan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. También pierde la oportunidad de reconocer la pluralidad de interlocutores en materia de acción social y consideramos que tarde o temprano se tendrá que abordar esta situación para prevenir —ya se ha dicho por los que me han antecedido en el uso de la palabra— cuestiones como las que la enmienda presentada por el Grupo Popular pretende subsanar y con la que anuncio que el Grupo Socialista está de acuerdo para que las miles y miles de personas atendidas por todas estas organizaciones y entidades no sean las paganas de situaciones que siguen sin solucionarse y que tendremos que resolver sin tardar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en este turno de portavoces para ratificar muchas de las cuestiones que ya han sido apuntadas por mi compañera la senadora Mendiola.

Señorías, lógicamente respeto estos vetos en sus legítimos planteamientos pero, evidentemente, no los compartimos y por eso votaremos en contra. Fundamentalmente, ustedes, con sus vetos, los grupos que los han planteado, pretenden devolver al Gobierno una ley que, como la del voluntariado que veremos a continuación, trata de dar respuesta a una demanda, cual es la necesidad de un marco normativo que ampare a las entidades que conforman el tercer sector; un marco normativo que ha sido impulsado y demandado de manera insistente por todas las entidades que conforman la plataforma del tercer sector, de todas aquellas organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las necesidades de más de seis millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El objeto de la reforma planteada, que cinco grupos de esta Cámara cuestionan a través de sus vetos, no es otro que reforzar la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la Administración General del Estado para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social mediante la regulación común del conjunto de entidades que la integran. Señorías, la labor indiscutible del tercer sector es la defensa de lo social, así como la promoción de la igualdad entre los colectivos más desfavorecidos.

Este es un texto de reconocimiento con una norma de rango de ley de un tercer sector que ya existe, que trabaja desde hace mucho tiempo en España con financiación pública, privada y de las propias entidades, que ya está establecida y sin ninguna vía de financiación adicional. Además, como se recoge expresamente, la regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público ni incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. De hecho, los órganos que regula ya han sido creados y están funcionando. Todo ello, señorías, sin perjuicio de que se fomente, como corresponde al espíritu de esta ley, la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente mejorando la normativa sobre mecenazgo e impulsando la responsabilidad social empresarial.

Señorías, en relación con los argumentos esgrimidos por algunos portavoces sobre la supuesta invasión competencial o concepción de Estado, como apuntaba recientemente la senadora Rivero, de este proyecto de ley, tal y como reseñaba la señora Mendiola, les puedo garantizar que no existe ningún interés en recentralizar competencias en el ámbito social ni en ningún otro.

El presente proyecto de ley se fundamenta en el título competencial previsto en el artículo 149.1, párrafo 1.º, de nuestra Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y también en el título competencial recogido en el artículo 149.1, párrafo 31.º, que atribuye al Estado la competencia en materia de estadística para fines estatales. En consecuencia, señorías, no interfiere en ninguna competencia autonómica, puesto que la información estadística a la que hace referencia la disposición adicional segunda se refiere únicamente a las entidades reguladas por la ley, que, como ya se ha dicho, son de ámbito estatal. Permítanme que añada algo más. Como apuntaba la senadora Mendiola, en todo el trámite previo de diálogo constante y reuniones con todas las comunidades autónomas, con los preceptivos informes de los órganos consultivos y de la Federación Española de Municipios y Provincias, curiosamente solo plantearon dudas sobre la salvaguarda de las competencias autonómicas en este proyecto de ley las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias —no las plantearon País Vasco ni Cataluña—, si bien tengo que decir que esas dudas quedaron debidamente solventadas con la modificación de la redacción dada inicialmente al ámbito de aplicación de la ley que ahora se refiere a la Administración General del Estado.

Respecto a una de las cuestiones que planteaba el senador Iglesias en su veto en relación con las cooperativas de iniciativa social, quiero decirle que, como bien sabrá, cuentan con su propia normativa, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social, en la que ya se establece un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que integran la economía social. De ahí que no hayamos considerado tenerlo en cuenta.

En cuanto a lo manifestado por la senadora Rivero, le puedo garantizar que este Gobierno está absolutamente comprometido con la defensa de la legalidad constitucional, como no podría ser de otra manera. Por lo tanto, cumplimos siempre todas las sentencias judiciales. Le puedo decir —lo hemos hecho ya a lo largo de esta mañana en las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular— que este Gobierno y este grupo parlamentario están plenamente comprometidos en la defensa del Tercer Sector de Acción Social, cosa que, estoy convencida, todos compartimos en esta Cámara a pesar de las discrepancias. El Tercer Sector de Acción Social ha sido pieza clave para que millones de personas hayan podido atravesar una situación de crisis económica y social sin precedentes en nuestro país. Como muestra de ello podemos decir que más de 683 millones de euros en esta legislatura han ido a combatir la pobreza y la exclusión, y que además eso se ha hecho efectivo gracias a la solidaridad de millones de contribuyentes que pusieron voluntariamente la x en la casilla del 0,7 para ayudar a sus conciudadanos. Como le digo, reitero ese compromiso no solo con la legalidad, sino con las entidades del tercer sector. Y, permítame, senadora Rivero, no le puedo admitir que hable de trampas o triquiñuelas. Usted puede hablar de discrepancias, lógicas y legítimas, o de que no le gusta nuestra forma de legislar. Por cierto, mientras dure la legislatura seguiremos legislando hasta el final, porque entiendo que es la obligación de este Gobierno. Puedo entender su discrepancia, pero le ruego que no hable de trampas o triquiñuelas porque hacerlas no ha sido nunca ni es voluntad de este Gobierno.

Concluyo. Como les decía, el propósito fundamental de este proyecto de ley es dar esa visibilidad a las entidades del tercer sector sin perjuicio de que paulatinamente vayamos perfilando otras cuestiones de carácter procedimental, impositivo o de cualquier otro orden. Vuelvo a reiterar lo que decía mi compañera la senadora Mendiola, les ruego reconsideren sus vetos, especialmente aquellos que han alegado esa supuesta invasión competencial. A veces tenemos la impresión en el Grupo Parlamentario Popular, con ese argumento, de que con sus demandas están pensando más en ganar competencias que en las personas, en las que, por cierto, sí piensan las entidades del tercer sector que son las verdaderas impulsoras de este proyecto.

Señorías, señora presidenta, reitero que estamos ante un proyecto de ley impulsado desde la plataforma del tercer sector que busca fortalecer la sociedad civil y el compromiso solidario en nuestro país, dándoles el marco jurídico adecuado para ello. Supone, en definitiva, un reconocimiento expreso de quienes son y de lo que hacen, dotándoles de una mayor entidad para defender su compromiso como sociedad. A todos ellos, una vez más, les quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a la votación de los vetos.

Procedemos a votar el veto número 1, del senador Iglesias Fernández del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 2, de la senadora Capella i Farré del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 3 del Grupo Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

No habiendo sido aprobado ningún veto, pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 9 del senador Iglesias Fernández. Tiene la palabra para su defensa.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Son nueve enmiendas. Con la primera pretendemos modificar el apartado 2 del artículo 2 para incluir como tercer sector a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción. Con otra enmienda queremos modificar el artículo 5, que regula la participación, para que esta se amplíe a otros actores sociales que no están en la plataforma del tercer sector. Igualmente, con otra enmienda, planteamos que se añada un nuevo párrafo en el artículo 6 para que se reconozcan los máximos beneficios fiscales a las entidades del tercer sector. También defendemos en otra enmienda la modificación del artículo 9 para que en el plazo de dos meses la Secretaría de Estado de Servicios Sociales cree de nuevo la comisión para el diálogo social, integrando en ella a las organizaciones más representativas del tercer sector. Con otra enmienda pretendemos que se introduzca en el proyecto un nuevo artículo —sería el número 10— para crear el observatorio estatal del tercer sector con la finalidad de generar más información y conocimiento. En otra enmienda proponemos modificar la disposición adicional séptima, que regula las ayudas y subvenciones públicas, para que en el plazo de un año el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el régimen específico de apoyos, ayudas y subvenciones públicas al tercer sector. Con otra enmienda queremos introducir una nueva disposición adicional a través de la cual se cree un fondo estatal de lucha contra la pobreza que sea dotado en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con una consignación de 250 millones de euros, tal como ya planteamos para los Presupuestos Generales del Estado de 2015, es de prever que con el mismo éxito. Con otra enmienda pretendemos introducir una nueva disposición derogatoria para que se derogue la Resolución 1044, de 28 de enero, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se crea la Comisión para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector, en consonancia con enmiendas anteriores. Finalmente, queremos suprimir la disposición adicional cuarta, que es muy del estilo de los proyectos de ley de los últimos años de la legislatura, en la que se plantea que el proyecto no significará ningún incremento de gasto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, las doy por defendidas porque los argumentos que podía utilizar para hacerlas valer ya los he utilizado en la defensa del veto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 13 a 19 y 20 a 29 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, creo que ha quedado claro cuál es el papel y la función del tercer sector. Todos estamos de acuerdo en que a lo largo de la historia las entidades del tercer sector han ejercido básicamente tres funciones: redistribución de la ayuda y colaboración con el Estado del bienestar; actor político, pues no hemos de olvidar que las entidades del tercer sector han servido de interlocutor con los distintos estamentos políticos y administraciones para que pudieran hacer mejor su trabajo; y, finalmente, la de prestar servicios a la comunidad que el Estado no proporcionaba. Así empezaron; no hemos de olvidar el origen de estas entidades, pues muchas de las cuales empezaron ocupando un espacio al que el Estado no había llegado. El gran boom de las entidades sociales del tercer sector tuvo lugar con gobiernos democráticos y sus objetivos se dirigen a la redistribución del Estado del bienestar y ayudar a aquellas personas que más les cuesta llegar a los servicios necesarios que garanticen al máximo sus posibilidades y oportunidades en la vida. Estas entidades actuaban en sectores como las cárceles; las drogas en los años 80 fueron su objetivo; también la extrema pobreza, algo que desgraciadamente estamos volviendo a vivir en nuestro país, etcétera. Estas entidades empezaron su andadura básicamente gracias a la fuerza y a la iniciativa de la ciudadanía, de la sociedad civil, agrupada y con ganas de trabajar en estos sectores a los que, al principio, como les decía, el Estado no llegaba. No quiero que olvidemos esto, pues ello hace necesario esta ley que nos pedían las entidades desde hace tiempo y que llega muy tarde en esta legislatura.

Señorías, esta era una ley corta que se podía haber hecho con más consenso del que las propias entidades proponían y, por supuesto, no al final de la legislatura y en un paquete —como ya se ha denunciado en esta comisión— de 40 leyes más. Esta ley tiene algunas características que se están haciendo comunes en las legislaciones exprés del último trimestre. Y digo comunes porque, al menos para esta ponente, todas las leyes que ha tenido que defender durante los últimos meses, todas ellas, adolecen de presupuesto; vamos a hacerlas todas sin ningún presupuesto. Vaya por delante que eso, al Grupo de la Entesa no le parece ni correcto ni mucho menos ético. Ustedes saben muy bien que no se puede hacer más con menos; lo ha demostrado su propia forma de gobernar porque los sectores sociales estamos en estos momentos bastante peor de lo que estábamos. No olvidemos los datos de pobreza de nuestro país, en concreto de pobreza infantil; les recuerdo que tenemos que tener abiertos comedores este verano para garantizar una comida al día a muchos de nuestros niños. Por todo ello, una de nuestras enmiendas reclama, por supuesto, un presupuesto.

Otras de nuestras enmiendas responden a las propias peticiones del tercer sector; ¡cómo no!; y por ello, aunque me repetiré, lo mismo que algunos compañeros, seré muy breve. Nosotros pedimos ese observatorio estatal que solicita el tercer sector para poder englobar todos los datos y conocer exactamente mucha información que está desglosada; y este es un buen momento para que figure en la ley. Asimismo, nos hubiera gustado que la ley incluyera un tratamiento fiscal más razonable —hemos presentado ciertas enmiendas al respecto— para estas entidades sociales; un tratamiento fiscal que garantizara que no tengamos que hacer maniobras complicadas, como la de presentar una enmienda de último momento —como ocurre en este caso con la enmienda número 61— para incluir un presupuesto que antes no existía. Como decía muy bien el senador Guillot, podía haber figurado en los presupuestos, pero ustedes decidieron recortarlos y estas entidades lo han sufrido. No hay que olvidar que estas entidades vivían y viven hoy por hoy de las subvenciones de las administraciones públicas. Por ello proponemos una enmienda que pide mejorar el trato fiscal, siempre y cuando estas entidades, como todas, hagan un buen uso de sus recursos. No obstante, pensábamos que era necesario agilizar y desburocratizar ciertos trámites, en la medida en que estas entidades están dando solución a las emergencias sociales que le ha tocado vivir a este país.

Pero podríamos haber hecho esta ley un poquito mejor. Creo que no se ha hecho lo suficientemente bien. Por eso, el Grupo de la Entesa no se siente cómodo con esta ley. Nos habría gustado que, como ya se ha dicho antes, incluyera más peticiones del tercer sector y que no tuviera ese aire de centralización que ustedes siempre dan sus leyes. Estamos de acuerdo en que no invade competencias. Pensamos, como otros grupos, y lo demostraremos en nuestra votación, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 0,7 % tendría que cumplirse; lo hemos dicho ya en esta Cámara. Asimismo, consideramos que sus leyes de este final de legislatura tienen, globalmente, dos cosas en común: una, que ustedes tienen una concepción de Estado muy distinta de la que tenemos nosotros; y, dos, que quieren hacerlo todo sin dinero; y eso nos parece imposible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 37 a 60 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió ha presentado un total de 24 enmiendas que damos por defendidas, aunque me referiré a alguna de ellas.

La mayoría de nuestras enmiendas abundan en las consideraciones que ya hemos hecho en la defensa de nuestro veto; concretamente en la debilitación de las políticas públicas, de la capacidad de construir estas políticas en colaboración con el tercer sector de las comunidades autónomas, especialmente con el de Cataluña, con la taula del tercer sector, que no participa del tercer sector de ámbito estatal. Por ello, hemos presentado la enmienda número 37, donde se pretende no excluir, en nuestro caso, la realidad del tercer sector catalán. Consideramos que el proyecto de ley es poco ambicioso a la hora de abordar temas muy importantes para el tercer sector social. Por ello, en las enmiendas 43 a 56 hacemos propuestas que hemos ido planteando durante la legislatura para la Ley de mecenazgo. Proponemos incorporar, tal como lo hacen las legislaciones vasca o la asturiana, el principio de concertación con las entidades del tercer sector en materia de servicios sociales. Con estas enmiendas queremos también abordar la necesidad de que las deudas pendientes con las entidades del tercer sector puedan resolverse; me refiero a las subvenciones, de las que ya hemos hablado. Por otra parte, hay que modificar el marco legal del mecanismo de pago a proveedores, con el fin de garantizar los recursos para el tercer sector. Necesitamos un modelo de cláusulas sociales, tal y como rezan las últimas directivas de la Unión Europea. De hecho, un modelo exitoso y cercano hasta hoy era el utilizado en Barcelona. Necesitamos reformar la Ley general de subvenciones para que el tercer sector pueda desarrollarse y crear un fondo de reestructuración del mismo, tal y como se contempla en nuestras enmiendas. Asimismo, proponemos crear un fondo de lucha contra la pobreza, impulsar un plan de empleo juvenil que dé oportunidades al tercer sector y aumentar el porcentaje de IRPF destinado a actividades de interés general, pasando del 07 % al 1 %. Esta es una enmienda importante para nosotros. Finalmente, en la enmienda 50 queremos regular la sociedad limitada de interés general para facilitar la actividad de los emprendedores sociales.

Con todas estas enmiendas hemos querido darle más contenido a este proyecto de ley, aunque nos tememos que todas ellas quedarán pendientes para la próxima legislatura. No obstante, confiamos en que encuentren su recorrido y puedan solucionar la necesaria y complicada labor de las entidades del tercer sector social para atender realmente a una sociedad más cohesionada.

No puedo olvidar nuestra enmienda 47 que solicita, una vez más, la territorialización del 0,7 % del IRPF para finalidades sociales. Hemos hablado abundantemente de ello porque esta enmienda, la 47, ha quedado burlada por la número 61. Solo pretendía cumplir la ley y poner freno a estos 15 años consecutivos en los que hemos solicitado que no solo se cumpla la ley sino también las sentencias.

Estas son, a grandes trazos, nuestras enmiendas. Aprovecho la ocasión para decir que, a pesar de nuestro discurso crítico para con la enmienda 61, que volvemos a denunciar que se presente aquí y de esta forma, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió va a abstenerse en votación de la enmienda 61 porque ustedes igualmente la van a aprobar y nosotros queremos que quede constancia de nuestra solidaridad con las entidades de cualquier territorio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias de nuevo, presidenta.

Entendemos que nos repetimos mucho; todos los grupos parlamentarios en esta Cámara hemos recibido el bloque de enmiendas que la plataforma de las entidades del tercer sector ha presentado a este proyecto de ley, y son ellos los que por su dedicación diaria conocen las necesidades y los problemas de gestión a los que se enfrentan en su día a día.

Consideramos que este proyecto de ley ofrece la oportunidad de mejorar las relaciones Estado-tercer sector en un momento en el que el papel de estas organizaciones ha sido fundamental para ayudar a millones de personas que están atravesando una situación difícil. Por lo tanto, nuestras enmiendas quieren ampliar las entidades que conformen el tercer sector —lo han señalado algunos portavoces— e introducir las cooperativas de iniciativa social; una nueva forma de autoorganización que ya está funcionando;



no introducirlas obedecería más bien a un problema estructural, pues todo lo relacionado con la acción social se sigue viendo como un gasto y no como una inversión cuando este sector es un importante aporte a la economía y a la creación de empleo.

Apostamos —y se ha indicado— por la creación de ese observatorio estatal del tercer sector por el que apuesta la plataforma, y consideramos que el argumento para denegarlo, como hicieron en el Congreso, es totalmente rebatible; la creación de un nuevo observatorio no tiene por qué suponer un gasto adicional y puede suplirse perfectamente con las personas y los recursos del propio ministerio.

Asimismo, consideramos que estas entidades que conforman el tercer sector deben gozar de los máximos beneficios fiscales reconocidos. Lo establece la propia ley en la Exposición de Motivos, y puesto que se establece, de igual manera y para reforzar este tratamiento, se tiene que citar en el articulado. Nos tienen acostumbrados —y lo ha señalado la portavoz de Entesa Catalana de Progrés— a traer leyes sin la correspondiente financiación, y viene siendo habitual que los grupos políticos establezcamos, vía enmienda, el reflejo presupuestario que deben tener las leyes porque, de otra manera, no será t ejecutable todo lo que las propias leyes conllevan.

Por último, proponemos la creación de una disposición adicional nueva que no es más que la transposición de una directiva para avanzar en el fomento del concierto social. Consideramos que esto se tiene que dar, y la propia ley es el cauce adecuado para que se establezca en una disposición nueva adicional que el Gobierno, en el plazo más breve posible, presente un proyecto de ley para trasponer esta directiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: La senadora Mendiola, del Grupo Popular, que va a defender la enmienda número 61 y que, a su vez, ha solicitado un turno en contra, tiene la palabra, acumulando el tiempo.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Paso a defender la tan traída y llevada enmienda número 61. Espero, señor Guillot, ser un poco más completa, por no utilizar la palabra «sofisticada», puesto que si me he referido a ella en el turno en contra fue someramente dado que tenía el turno a favor de la enmienda. No obstante, vaya por delante el agradecimiento al Partido Socialista por su apoyo.

El Grupo Parlamentario Popular propone en esta enmienda incluir una nueva disposición adicional en este proyecto de Ley del tercer sector para evitar el grave perjuicio que supone para las ONG de ámbito estatal —repito, de ámbito estatal— el fallo del Tribunal Supremo en materia de subvenciones a ONG y para evitar poner en peligro la asistencia a más de 6 millones de personas e impedir que estos grupos sociales excluidos no puedan contar con esta red fundamental de apoyo y acompañamiento, que en la actual crisis ha colaborado con el Gobierno para atender las demandas y los anhelos de la ciudadanía más castigada. Por esto presentamos esta enmienda.

Para poder hacer frente a estas situaciones de necesidad exclusivamente durante 2015, y en tanto se establece el procedimiento general, mediante esta disposición transitoria propuesta se reconoce el derecho a percibir, a determinadas entidades integrantes del tercer sector de ámbito estatal, reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, con carácter inmediato una subvención de Administración General del Estado.

La conveniencia de aprobar estas subvenciones a favor de estas entidades responde no solamente a que tienen un conocimiento directo y especializado de las necesidades acuciantes de los colectivos más desfavorecidos, sino también, y sobre todo, a que su actividad o finalidad principal viene siendo precisamente atender las situaciones de necesidad que se pretenden mitigar mediante las asignaciones financieras que ahora se establecen. Está comprobado que las existentes estructuras del tercer sector de acción social son las únicas que estatalmente disponen de la capacidad y solvencia necesarias para canalizar las ayudas con eficacia e inmediatez.

El tercer sector es fundamental para la vertebración social en España. Por lo tanto, tenemos que encontrar fórmulas que garanticen el futuro de estas ONG y que el Estado pueda seguir ejerciendo su papel con ellas. Pero mientras se encuentra la solución definitiva, es necesario aprobar esta enmienda para asegurar la ayuda del Estado a estas entidades. Por lo tanto, esperamos contar con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios.

Vuelvo a agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo a la enmienda, y le pido a CiU que en lugar de la abstención dé su apoyo con un sí.

Voy a utilizar este mismo turno —como muy bien ha dicho la presidenta— para analizar y marcar nuestra posición con respecto a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, la referida al apartado segundo del artículo 2, relacionada con las números 13 y 20 de la Entesa y con la número 30 del Grupo Socialista, que propone incluir en el ámbito de la ley a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción, la vamos a rechazar; en primer lugar, porque este proyecto de ley solo aspira a regular las entidades del tercer sector de acción social, que son entidades sin ánimo de lucro; y, en segundo lugar, porque las cooperativas de iniciativa social y las empresas de inserción ya cuentan con su propia normativa.

La enmienda al artículo 5 tampoco va a ser aceptada por nuestro grupo parlamentario porque este proyecto de ley no pretende ser legislación básica; no define a nivel autonómico las entidades del tercer sector, únicamente entran en el ámbito de la ley las entidades del tercer sector de ámbito estatal que, además, actúan en más de una comunidad autónoma. Se pretende, por tanto, establecer un nuevo marco jurídico para aquellas entidades del tercer sector de ámbito estatal exclusivamente, evitando en todo caso interferir en competencias autonómicas.

Por lo que respecta a la enmienda que introduce un nuevo apartado en el artículo 6, también presentada por la Entesa, por razones de seguridad jurídica no vamos a introducir un texto que hable de beneficios fiscales, ya que la aplicación de estos, así como sus revisiones, deben recogerse en los textos normativos que los regulen en cada momento.

Nos presentan también un artículo nuevo, el 10 que propone la Entesa en su enmienda 14, CiU en su enmienda número 38 y del que también ha hablado el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la creación de un observatorio estatal del tercer sector de acción social. Nuestro grupo parlamentario, en coherencia con el propósito del Gobierno de racionalizar el sector público y de evitar el aumento de entes instrumentales en la Administración, la va a rechazar.

En cuanto a la modificación de la disposición adicional séptima que propone Izquierda Unida, la Entesa y el Grupo Socialista, y a la supresión que plantea CiU, hay que decir que esta ley no pretende establecer un régimen propio de subvenciones para el tercer sector de acción social. Los diferentes grupos parlamentarios han hablado ya de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, relacionada con el Real Decreto 535/2013, que anula las ayudas al tercer sector reguladas por el este real decreto. Sin embargo, la mayoría de las ayudas al IRPF se rigen por otro Real Decreto, el 563/2013, que sigue en vigor. Dicho esto, la enmienda que hemos presentado permitirá resolver el problema para que este año puedan repartirse estas ayudas —como ya les he dicho antes— y así poder encontrar la solución definitiva de mano de asociaciones y organizaciones del tercer sector para que les puedan llegar estas subvenciones.

El fondo estatal de lucha contra la pobreza que plantean Izquierda Unida, Entesa y CiU tampoco lo podemos aceptar. La regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento de gasto público ni incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Además, el 16 de julio de 2014, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia aprobó el reparto de un fondo extraordinario de 17,4 millones de euros a familias con menores a cargo que se encuentren en situación de pobreza material severa con motivo de la crisis.

En cuanto a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, la número 10, que se refiere al artículo tercero, la vamos a rechazar. Ya fue rechazada en el Congreso por considerar que la nueva redacción propuesta resultaba confusa. Además, tal y como reza la disposición adicional primera, esta ley se circunscribe al ámbito estatal y no interfiere en ningún momento en el ámbito competencial autonómico. Con respecto a las enmiendas a las disposiciones adicionales primera y segunda, consideramos que no se pueden suprimir ni modificar porque tenemos el convencimiento absoluto de que el ámbito competencial está plenamente garantizado.

A las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa ya me he ido refiriendo. Solo me falta referirme a la número 18 que, como el Grupo Socialista, en la 35, solicita la trasposición de la directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. Aunque dichas enmiendas se refieren exclusivamente a los contratos públicos relativos al tercer sector, esta reforma, que todavía está en plazo hasta 2016, será motivo de una nueva ley de contratos que recoja todos los cambios contemplados en la normativa comunitaria. Con respecto a la enmienda 34 del Grupo Parlamentario Socialista y a la 43 de CiU, referentes a un tratamiento fiscal favorable a las entidades integradas en el tercer sector de acción social, tal tratamiento ya se contempla en el espíritu de esta ley. De hecho, la idea queda recogida en la exposición de motivos. Sin embargo, creemos que no procede incluirla en el articulado, sino que en su momento se recogerá en los textos normativos de incentivos fiscales correspondientes. CiU en su enmienda número 41 propone incluir un nuevo apartado a la redacción de la disposición adicional sexta: Facilitar el acceso al crédito y pago de las obligaciones pendientes de las comunidades autónomas y entidades locales en los siguientes términos. Se garantizará el acceso al crédito para capitalización y circulante de las distintas líneas del Instituto de Crédito Oficial a las entidades del tercer sector y se adoptarán las medidas oportunas para que anualmente se ejecuten la totalidad de los fondos asignados a las distintas líneas. Asimismo, en relación con el ICO, se promoverá su función como fuente de financiación a las entidades sin ánimo de lucro a través de avales que faciliten el acceso al crédito en las mejores condiciones financieras posibles, a través del apoyo a las sociedades de garantía recíproca existentes especializadas en la economía social.

Esta enmienda ya fue presentada en el Congreso, la número 28 de CiU, y fue rechazada. Nosotros también hacemos una valoración negativa a la inclusión de este nuevo apartado en la disposición adicional sexta y la hacemos por los siguientes motivos; entre los clientes que pueden acceder a las líneas ICO ya están incluidas las entidades públicas y privadas, entre ellas fundaciones y ONG. Por tanto, actualmente este tipo de clientes pueden solicitar financiación dentro de las líneas ICO Empresas y Emprendedores, ICO Garantía e ICO Internacional, tanto en concepto de liquidez, si la financiación puede ser aplicada a la finalidad que requiera la entidad, como en concepto de inversión de activos fijos. Además, la indicación a la promoción de la financiación a las entidades sin ánimo de lucro a través de avales que faciliten el acceso al crédito en las mejores condiciones financieras posibles, se refiere a la financiación de ICO con la concesión de avales por las sociedades de garantía recíproca. Esto ya se viene promoviendo de manera específica a través de la línea ICO Garantía. Por estos motivos no la podemos aceptar. El resto de las enmiendas de CiU excede el objeto de este proyecto normativo. Por lo tanto, también van a quedar rechazadas. Consideramos que la ley del tercer sector de acción social se trata de un proyecto de ley enmarcado en la agenda social del Gobierno, pero fruto de la iniciativa del tercer sector de acción social. Lamentamos que no haya una actitud positiva y sensible para con las entidades sociales que son, al fin y al cabo, a quienes va dirigida esta ley, porque esta ley no es nuestra; es la plataforma del tercer sector la que nos la ha enviado para que hoy la aprobemos y la refrendemos. Por ello, nos gustaría que todos los grupos parlamentarios tuvieran a bien apoyar con su voto favorable este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto, senadora Capella? (Denegaciones).

¿Grupo Vasco, senador Cazalis? (Denegaciones).

¿Entesa? Senadora Almiñana, tiene la palabra.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Solo un segundo, presidenta, para anunciar el sentido de nuestro voto, porque al final no sé si lo he anunciado o no. El Grupo de la Entesa se abstendrá por las razones que ya he dado en el turno de enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

¿Grupo Catalán, senadora Rivero? (Denegaciones).

¿Grupo Socialista?

Senadora Andrés, tiene la palabra.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta.

Como manifestamos anteriormente, el Grupo Socialista considera de suma importancia dotar de un marco jurídico propio a las entidades que trabajan en el tercer sector. Son entidades que reflejan el trabajo de una ciudadanía solidaria y comprometida, entidades que han demostrado a lo largo de su historia, y fundamentalmente en estos últimos años, la necesidad de su existencia; necesidad que no tiene que confundirse con suplir el trabajo que las administraciones públicas tienen por obligación desempeñar respecto a la protección en el ámbito social; necesidad que toma su importancia de la visibilidad que otorgan a realidades a veces ocultas y a veces ocultadas y necesidad que tiene que primar ante la posible cobertura de negocio que algunas empresas privadas con poca cualificación y con un importante ánimo de lucro pueden ver y están viendo ya en este sector. Fortalecer, por tanto, a las entidades del tercer sector supone fortalecer los vínculos de una participación ciudadana impulsora y transformadora de nuestra sociedad y de nuestras políticas. Este proyecto de ley además subsana el marco regulatorio con el que hasta hoy trabajaban las entidades del tercer sector. Dicho esto, volvemos a insistir en que no es el proyecto de ley que nuestro grupo hubiera presentado, porque consideramos que las aportaciones realizadas vía enmienda por la plataforma del tercer sector y por los grupos parlamentarios y que no se han querido incorporar hubieran resuelto algunas cuestiones que creemos que la ley aprobada de esta manera no va a resolver. El ministro, en la exposición del proyecto de ley recalcó que esta ley se asentaba sobre tres pilares principales. Por supuesto, estamos de acuerdo con el primer pilar que manifestó el ministro: la configuración de un marco jurídico que reconozca a las entidades del tercer sector y esto lo venimos diciendo todos los portavoces. Pero hay otros dos pilares que recalcó el ministro que creemos que quedan totalmente en el aire y que no se asientan ante la no incorporación de las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos políticos. Primero, reforzar la capacidad del tercer sector como interlocutor necesario ante la Administración General del Estado, la ley no dice cómo va a reforzar esa capacidad de interlocución. Tampoco el tercer pilar, que habla de definir una serie de medidas de fomento dirigidas a garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Tampoco concreta nada, a nuestro juicio, algo importantísimo como los marcos de financiación y los marcos de fiscalidad. No se compromete en absoluto en adecuar un marco preferente de estas entidades a la prestación de servicios en cuanto a su responsabilidad pública, algo fundamental porque sabemos que se está dando y algo fundamental porque existe —como hemos anunciado en las enmiendas— una directiva que ya permite esa concertación social y que nuestro grupo parlamentario trasladaba para trasponer en un plazo breve. Por todas estas cuestiones, y cómo no, por otra a la que ya nos tienen acostumbrados y que hemos vuelto a decir como es aprobar las leyes sin su reflejo presupuestario, sintiéndolo mucho, porque creemos en la necesidad de esta ley, mi grupo político se va abstener en la votación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo para cerrar este turno de portavoces a este Proyecto de Ley del tercer sector de acción social. Un proyecto de ley impulsado, trabajado y consensuado desde y con la plataforma del tercer sector. Un tercer sector que a través de su plataforma representa en torno a 30 000 mil entidades en todo el país de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, que generan casi 636 000 puestos de trabajo y de la que forman parte cerca de 900 000 voluntarios que prestan servicios de apoyo directo a más de 6 millones de personas en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Sin embargo, señorías, nos hicieron ver con claridad desde la plataforma del tercer sector que se hacía necesario, de manera urgente, un nuevo marco normativo pegado a la realidad actual y basado en la igualdad y con respeto absoluto a las competencias autonómicas atribuidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social.

Señorías, todos somos conscientes de que el camino de estas entidades sociales por estos años de crisis no ha sido nada fácil, si bien desde el Gobierno se ha trabajo para paliar esa situación gracias a diferentes medidas como apoyar a las comunidades autónomas y entes locales a que pagaran las deudas pendientes con las organizaciones. Ha sido este Gobierno el que ha dado 3000 millones para pagar facturas, incluidas las de Cataluña y el País Vasco.

Se hacía referencia, señorías, a los beneficios fiscales y ya lo apuntaba también la senadora Mendiola. Pueden tener muy claro y estar convencidos de que las entidades disfrutarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos así como que se adecuarán los sistemas de financiación pública, ese es un compromiso y será una realidad. Este Gobierno, señorías, desde el primer minuto decidió que para combatir el mayor aumento de la desigualdad y los índices de pobreza que había sufrido la Unión Europea entre los años 2008 y 2011 como consecuencia de una devastadora crisis económica y también, hay que decirlo, de una mala gestión económica y social, lo más importante era, en primer lugar, iniciar un proceso de reformas para poner a España en la senda del crecimiento y de la creación de empleo, especialmente para aquellas personas que se habían visto especialmente afectadas, es decir, las capas más vulnerables de la sociedad. En segundo lugar, también teníamos claro que realizar esa política de reformas y de reactivación económica era urgente garantizando lo más importante, los grandes servicios públicos, las grandes prestaciones sociales del Estado.

Quiero referirme brevemente, porque se planteó en el trámite de enmiendas y me parece importante reseñarlo, al fondo de lucha contra la pobreza que han planteado grupos como CiU y Entesa. Quería decir brevemente, señorías, que como saben este Gobierno ya lo ha creado y lo ha venido dotando trasladándolo también a las comunidades autónomas. Tenemos muy claro que la primera red de protección social, y siempre con ese respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas, es la de las administraciones públicas que con las pensiones, las prestaciones por desempleo, los subsidios y los grandes servicios públicos que se ofrecen de manera gratuita a los ciudadanos ejercen ese papel de solidaridad y de amparo. Luego están también las familias españolas tan importantes en esta crisis y en esta recuperación que ya comenzamos a comprobar. Aprobamos, como saben, un plan de familia y estamos ayudándolas con la reforma fiscal.

Por último está el tercer sector que hoy es protagonista de este proyecto de ley. Lo decía en mi anterior turno en relación con el planteamiento de CiU. Con sus planteamientos tenemos la impresión —es verdad que manifestaba la senadora Rivero que, por supuesto, están a favor de que se faciliten esas subvenciones a las entidades—, de que no le gustaba la forma, y es verdad que en su planteamiento las acciones dicen lo contrario a lo que hacen. Yo, desde luego, le pido que reconsidere, como al resto de los grupos, la abstención a esa enmienda porque queremos evitar que casi 6 millones de personas puedan ver comprometida esa urgente y necesaria asistencia social.

Señorías, las políticas que se hacen a través del 0,7 del IRPF son fundamentales para vertebrar el discurso de la solidaridad en este país y para mantener el tercer sector que es una de las principales redes del país para combatir la pobreza y la exclusión. También quiero reiterar la legalidad del planteamiento de la enmienda 61 ya que es absolutamente respetuosa con el marco competencial y totalmente necesaria para todas las entidades que conforman este.

Señorías, señora presidenta, concluyo. Valores en juego como el compromiso, la igualdad, la libertad, la participación, la responsabilidad, la transparencia, rendición de resultados, la honestidad, la participación activa y la solidaridad están en juego y, en definitiva, lo decía antes, la asistencia a más de º6 millones de personas que, reitero, no puede quedar comprometida.(Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un poco de silencio, por favor.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: De ahí, este proyecto de ley y esta enmienda 61 que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular a este Proyecto de Ley del tercer sector de acción social y que confío en que reconsideren sus posiciones y su abstención y voten a favor de esta y del conjunto del proyecto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas según el cuadro que nos han facilitado los diferentes grupos políticos.

¿Quieren sus señorías que paremos ahora a comer y continuemos después con la segunda ley? (Asentimiento). Primero, votamos, paramos una hora y a las tres y media aproximadamente continuamos.

Comenzamos, por tanto, con la votación de las enmiendas. Empezamos con las enmiendas del senador Iglesias Fernández del Grupo Mixto. Enmiendas 1, 3 a 5 y 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 7 y 8 del mismo grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 13 a 15 y 17 a 19, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 20, 22 a 24 y 29.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 25.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Finalmente, las enmiendas 26, 27 y 28.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Enmiendas 37 y 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3 en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 39, 46 y 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3 en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 40 a 42.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 43, 49 y 57.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 44, 50 y 58 a 60.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3 en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 51 y 54 a 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 52 y 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4 en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 30 a 32 y 34 a 36, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 61, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 2; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Pasamos, a continuación, a la votación del texto del proyecto de ley en todo lo no modificado por las enmiendas aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 3; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Por tanto, queda aprobado por el Senado el Proyecto de Ley del tercer sector de acción social 621/000136, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por esta comisión con competencia legislativa delegada al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión hasta las quince horas y treinta minutos.

Eran las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.



PROYECTO DE LEY DE VOLUNTARIADO. 621/000137 GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Aprobación por la comisión del Proyecto de Ley de voluntariado, con el número de expediente 621/000137

A este proyecto de ley se han presentado cinco vetos: el número 1, del senador Iglesias Fernández; el número 2, de la senadora Capella i Farré; el número 3, del Grupo Parlamentario Vasco; el número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta; y el número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. También se han presentado ochenta y dos enmiendas de distintos grupos parlamentarios.

Comenzamos con el debate de los vetos.

Para la defensa del veto número, 1 del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Lo doy por defendido.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Pasamos a la defensa del veto número 2, de la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Insistiré en lo que vengo insistiendo en cada comisión con competencia legislativa delegada: en manifestar la discrepancia, la protesta y la denuncia en relación con el proceder legislativo al que estamos asistiendo en este último tramo de la legislatura. Entendemos que no es la manera de proceder, aunque lo diga el Reglamento y lo diga la ley. No es habitual ni usual en el Senado —salvo, como decía, en este último tramo de la legislatura— que se aprueben proyectos de ley en comisión con competencia legislativa delegada. Entendemos que no es lo mismo debatirlos aquí que en el Pleno. Se sustrae del debate parlamentario la confrontación, por tanto, la manifestación de la diversidad, las diferentes posturas ideológicas; por tanto, no es lo mismo, aunque, como decía, lo diga un Reglamento. Es evidente que no ha sido el proceder habitual en el Senado, consideramos que es un mal precedente, y se hace un flaco favor, como he dicho antes, a la propia institución, en el sentido de que en una institución cuestionada ampliamente por la sociedad, por la ciudadanía, solo falta que los debates parlamentarios se sustraigan de la publicidad y, en definitiva, también de la confrontación ideológica de las distintas posiciones parlamentarias de los diferentes partidos políticos. Y, además, perjudica ostensible y notoriamente a los grupos pequeños.

Dicho esto, entro ya en la argumentación del veto presentado, en los motivos en los que lo sustentamos. En primer lugar, consideramos que esta ley nada aporta al sector que se pretende regular. En segundo lugar, Cataluña tiene un modelo propio de voluntariado, un modelo consolidado que responde a las necesidades del sector y a las peculiaridades, diferencias y singularidades propias de la realidad catalana. Por cierto, el pasado 23 de julio se aprobó en el Parlament de Catalunya la ley que regula el voluntariado.

En 1991 Cataluña creó L?Institut Català del Voluntariat, en el 1996 tuvo el reconocimiento de la Carta del Voluntariat de Catalunya, y en el Estatut de Autonomía se establece que a la Generalitat de Catalunya le corresponden las competencias exclusivas en esta materia. Y entendemos que este proyecto de ley supone, de nuevo, un proceso de regresión, de uniformización. Es un proyecto que, en línea con los distintos proyectos de ley que se han ido aprobando a lo largo de esta legislatura, sustrae competencias, muchas veces uniformizando, centralizando y recentralizando competencias que en este caso corresponden a las comunidades autónomas y, en lo que respecta a Cataluña, a la Generalitat y al Parlament.

Como ya he dicho, nosotros tenemos un modelo propio de voluntariado que no ha aparecido por casualidad, sino que tiene que ver con una trayectoria histórica importante, y en este proyecto de ley nos llama la atención la posibilidad de la participación de las empresas y administraciones públicas en la promoción del voluntariado. A nuestro juicio —el de Esquerra Republicana— esto es un error. La voluntariedad es un acto que tiene que ver con la voluntad humana, con la proximidad, con la solidaridad, con la fraternidad, y esto difícilmente tiene encaje con que tenga que estar determinado o dirigido por empresas o determinadas administraciones públicas, con la voluntad, evidentemente, más de controlar que de incentivar.

En Cataluña hay más de 600 000 catalanes y catalanas que se levantan cada mañana para servir, de forma altruista y gratuita, al resto de sus conciudadanos y conciudadanas, y ello seguramente es —permítanme que lo diga— uno de los mejores patrimonios que tenemos como país históricamente. Para Esquerra Republicana eso tiene que ver con los valores del republicanismo, porque, en definitiva, hay 600 000 personas —hablamos de un contingente de personas muy importante— que hacen un esfuerzo diario, cotidiano, para mejorar la sociedad en distintos ámbitos de entidades y asociaciones. Como decía, esto ha sido así históricamente. Ya en pleno siglo XIX, incluso antes de que el Estado español determinase algún tipo de ley en este sentido, en Cataluña teníamos la voluntad y la iniciativa de crear asociaciones, de tejer asociaciones de izquierdas, de derechas, laicas, progresistas, y de todo tipo, que cubrían ámbitos que el Estado, bien no cubría, bien lo hacía de forma deficiente. Y hoy en día solo hay que ver la cantidad de asociaciones y entidades que, como decía, movilizan a más de 600 000 personas a diario y la actividad que se lleva a cabo en cada una de esas entidades y asociaciones.

Como decía, el nuestro es un modelo específico, al igual que muchos otros que seguramente existen en otras comunidades autónomas. Es un modelo de proximidad que da respuesta a la prestación voluntaria mediante servicios cívicos y sociales sin compensación económica alguna, en un marco de organización estable y democrática, sin ánimo de lucro, todo ello, como digo, en beneficio de la sociedad y, en definitiva, de cada uno de nosotros; una sociedad y una ciudadanía que, en estos momentos, como decíamos cuando nos referíamos a la Ley del tercer sector, sufre los estragos de la crisis, que parece que costará mitigar.

Esta ley, como muchas de las leyes que se han ido aprobando a lo largo de la legislatura, viene a consolidar un modelo único, con una visión centralista de Estado. Es un modelo de Estado, como alguien decía ha dicho anteriormente. Por tanto, señorías del Partido Popular, consideramos que a ustedes se les ve el plumero cada vez que legislan. El objetivo de este proyecto de ley no es otro que consolidar un modelo de voluntariado común para todo el Estado, otorgándose unas competencias básicas donde antes no las había —como decía, se trata de la voluntad de uniformizar—. Ustedes pretenden terminar con la pluralidad y la diversidad de modelos porque, en definitiva, a ustedes no les gusta este concepto en los distintos ámbitos de la vida. Y, al final, lo que pensamos que ustedes pretenden cuando legislan de esta manera es intentar conseguir que las comunidades autónomas sean meras delegaciones de la Administración General del Estado. Vamos, que nos convierten a los ciudadanos en soldados, que no en ciudadanos; es algo distinto al modelo que nosotros defendemos y que se ha pretendido en Cataluña. En definitiva, como dice mi compañero en el Congreso de los Diputados, el diputado Tardà, ustedes son un reloj suizo; actúan y funcionan a la perfección, saben perfectamente lo que quieren, y así lo ejecutan. Eso es lo que han hecho a lo largo de esta legislatura y lo que están haciendo en este tramo final.

Y quiero insistir en lo que aparece en las distintas leyes que se han ido aprobando en este último tramo de legislatura: una disposición final que viene a decir que la ley no supondrá un incremento del gasto público, etcétera. Pero difícilmente se pueden cumplir las funciones y los objetivos que dice pretender esta ley si se limita la capacidad de generar gasto público, aunque para nosotros no es gasto público, sino una inversión.

Para terminar, quiero decirles que llegaremos al final de esta legislatura y ustedes habrán acabado con todo prácticamente. No quedará títere con cabeza. Habrán laminado el Estado de derecho, la libertad de expresión, el derecho de huelga, la capacidad de salir a la calle a protestar, el voluntariado, el tercer sector. Y también acabarán ahogando a la ciudadanía con sus impuestos y recortes.

Pido al resto de los grupos parlamentarios el voto a favor del veto que hemos presentado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 4, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.

Señorías, a continuación voy a exponer los argumentos que justifican el veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds. Pero antes quiero reiterar, como en cualquier tramitación de este paquete legislativo que nos han impuesto, ya sea en comisión con competencia legislativa delegada o en el Pleno del Senado, que esto es un sinsentido. Este carrusel veraniego legislativo que nos imponen no tiene ninguna lógica, rompe con el necesario rigor legislativo y coarta una de las dos principales funciones que tiene este Cámara, que son legislar y la de control del Gobierno. Antes, una portavoz del Grupo Popular decía: mientras haya legislatura, aprobaremos leyes. Sí, pero todo tiene que ser razonable, y no es razonable aprobar leyes que no son de máxima urgencia en este periodo, como no es razonable presentar el Proyecto de Ley de seguridad nacional a finales de una legislatura. Al final, todo tiene que tener una lógica, una inteligencia y, repito, una razonabilidad.

Yendo ya al contenido de la ley, la inmensa mayoría de los proyectos de ley del Gobierno de Rajoy que tienen una disposición que apela al artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española está claro que pretenden recentralizar e invadir competencias de las comunidades autónomas; y este proyecto de ley lo cumple fielmente. Tiene una disposición final que apela al artículo 149.1.1.ª, e invade competencias hoy en día en manos de las comunidades autónomas.

Nosotros tenemos cuatro argumentos de peso para justificar nuestro veto. En primer lugar, ignora las realidades, la idiosincrasia propia, presente en la formación y existencia de voluntariado en cada territorio. Y es que en cada territorio no se expresa ni está está presente el mismo tipo de voluntariado, porque este responde a las lógicas y problemáticas específicas que se producen en su entorno. Por eso, en determinadas zonas hay mucho voluntariado para cuestiones de inmigración, etcétera. Es decir, se hace referencia a la realidad que se tiene que afrontar. Esto quiere decir, que ese desarrollo se realiza de forma autónoma, con un entramado propio, insisto, de cada una de las realidades territoriales. Este es un primer aspecto que rompe este proyecto de ley. El principal objetivo de este proyecto es crear un modelo común de voluntariado para toda España, y eso es imposible —ni para toda España ni para toda Europa— por lo que he dicho: por la autonomía, la especificidad y la singularidad de la realidad del voluntariado a partir de la especificidad y la problemática concreta que se produce en cada territorio.

En segundo lugar, se invade el marco competencial de las comunidades autónomas. Lo ha dicho antes la senadora Capella, yo insisto en ello, y seguramente el senador del Grupo Parlamentario Vasco y la senadora de Convergència i d’Unió también harán referencia a ello. En Cataluña, por ejemplo, tenemos el artículo 166.2, que deja con meridiana claridad que esta es una competencia exclusiva de la Generalitat. ¿Por qué? Porque los redactores de la Constitución tuvieron muy claro desde el primer momento, en una aplicación lógica del principio de subsidiariedad, que aquellas administraciones más cercanas son las que mejor pueden responder a la realidad del voluntariado. Esta es una competencia en exclusiva que ha tenido también su gestación y desarrollo en Cataluña. Así, en 1991 se crea el Institut Català del Voluntariat y en 1996 se aprueba la Carta del Voluntariat de Catalunya. Tampoco se olviden, señorías, que desde el momento en que este Gobierno le da a este proyecto de ley la consideración de carácter básico se invaden competencias. Y esto no había pasado hasta ahora. Es decir, en la Ley del voluntariado de 1996 no se contemplaba lo relativo al artículo 149.1.1.ª ni se daba a esta normativa el carácter básico, y las cosas iban razonablemente bien, con lo cual uno se puede preguntar si no hubiera sido más lógico, más razonable, menos conflictivo y más positivo reformar esa ley, actualizar todos aquellos aspectos de una ley de casi veinte años que fueran necesarios, y no este órdago competencial que hace el proyecto de ley.

Es evidente que todos los grupos parlamentarios reconocemos el papel del voluntariado, lo que representan como compromiso solidario y factores de cohesión social esos millones de personas que trabajan voluntariamente. Pero, insisto, más allá de ese reconocimiento, no creemos que esta sea la ley que corresponde para poder dinamizar y llegar a las medias europeas sobre voluntariado. El ministro decía que en España es del 17 %, pero la media europea es del 30 %.

Con respecto a la Ley de 1996, creo que hay dos grandes aspectos diferenciales. La Ley de 1996 hace referencia siempre a todo aquello que afecta al ámbito de las competencias exclusivas del Estado respecto del voluntariado y a todas aquellas actividades de carácter supraautonómico. Y ustedes lo modifican con este proyecto de ley. Por eso nos negamos a aceptar esta lógica, una lógica muy del Partido Popular y para nosotros muy perversa, la de que el Estado define las políticas y las comunidades autónomas en el mejor de los casos las gestionan. Pero, no, eso no está ni en la letra ni el espíritu de la Constitución. Nosotros tenemos el autogobierno político, no para gestionar lo que el Gobierno del Estado nos diga o nos dicte, y por eso hay una serie de competencias que son exclusivas y cuya definición y gestión corresponde, en nuestro caso, a la Generalitat y, en otros, a los gobiernos y parlamentos autonómicos a los que corresponda.

Otra cuestión que nos preocupa es que, a diferencia del texto de la Ley del voluntariado de 1996, en esta desaparece la afirmación de que la actividad del voluntariado no podrá sustituir en ningún caso trabajo retribuido, preocupación que se incrementa si uno lee la memoria de análisis del impacto de la ley. ¿Qué nos dice esa memoria? Que un millón de voluntarios equivaldría al trabajo de 100 000 asalariados a tiempo completo y que ello significaría un ahorro en los presupuestos públicos de 2500 millones de euros. Pues bien, conociéndoles, con el análisis que hace la memoria, y eliminando la afirmación de que el personal voluntario no puede en ningún caso sustituir el trabajo retribuido, ya se imaginarán la alarma, la alerta del señor Saura y mía respecto de este punto. Pero, señorías, lo afirma con claridad el dictamen del Consejo Económico y Social a este proyecto de ley. En primer lugar, el voluntariado no puede suplir el ejercicio de las funciones que el Estado tiene encomendadas en el ámbito de las políticas públicas. En segundo lugar, debe prevalecer el principio de no sustitución de funciones o servicios públicos. En tercer lugar, debe procurarse un equilibrio entre impulsar el voluntariado y evitar su instrumentalización. Y, en cuarto lugar, el mensaje del CES también es muy claro: Sí al voluntariado y no a la sustitución de responsabilidades que corresponden en exclusiva a las administraciones públicas, unas administraciones públicas que, especialmente a partir de los recortes impuestos por el Gobierno central, han hecho dejación de sus responsabilidades sociales frente al incremento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Reconocer el trabajo altruista del voluntariado en España no va a suplir la responsabilidad de los poderes públicos. Cuando les escucho, cuando leo las intervenciones del Congreso, las presentaciones que hace el ministro y demás, veo que se jalea mucho al voluntariado, a las asociaciones y fundaciones del tercer sector, etcétera. Pero de lo que aquí nadie habla es de la dejación de responsabilidades que ha hecho la Administración pública, que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy respecto de la salvaguarda de la cohesión social. Antes una portavoz del Grupo Popular decía: aquí, en este país, la pobreza… Y es que todo lo malo va del periodo 2008 a 2011, y todo lo bueno empieza a emerger a partir de 2011, en ese frenesí popular, digamos, de bienestar, de crecimiento, etcétera. Pero, no, señorías, hoy acabo de firmar una petición de Unicef que solicita la lucha efectiva contra la pobreza infantil, que llega ya al 27,5 %.

Y si ustedes me citan la creación de empleo les diré que el que se está creando es precario, temporal. Hoy en día tener un trabajo no significa poder garantizar las mínimas condiciones de vida. Tienen el salario mínimo interprofesional, uno de los más bajos de Europa, congelado desde que ustedes están en el Gobierno. Han recortado en todas y cada una de las partidas presupuestarias que permiten garantizar esa cohesión social por parte de la Administración pública, que es a la que corresponde por mandato constitucional. El resto es complementario, pero a ustedes les corresponde, repito, por mandato constitucional. Hay menos familias con cobertura de desempleo, etcétera. Con lo cual, ese mensaje de que la falla fue de 2008 a 2011, a partir de ahí todo empieza a ir bien, y ahora ya estamos en el frenesí de la creación de empleo y la recuperación económica, no es así. Seguimos en un pozo sin fondo social del que ustedes no responden, y eso es muy grave. Y la mejor no respuesta de su Gobierno —y con esto termino, señora presidenta— es el latiguillo: este proyecto de ley no puede representar ningún tipo de incremento del gasto. Pues bien, señorías, si este proyecto de ley y tantos otros no pueden representar ningún incremento del gasto, lo mejor es que no los presenten y que cuando puedan representar un incremento del gasto los presenten, los discutamos y los aprobemos. Porque esto es ilógico, no es razonable. Y les voy a citar los tres últimos: la Ley de protección de la infancia y la adolescencia, la ley del tercer sector de acción social y la Ley del voluntariado. Si no van a representar ningún incremento del gasto, ¿para qué discutimos, cuando en política todo el mundo sabe que, si no se quiere que quede en papel mojado o en pura retórica, toda propuesta tiene que ir acompañada de una partida presupuestaria?

Por estas razones, señora presidenta, votaremos a favor del resto de vetos y pido el voto favorable al veto que el senador Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Gràcies.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Señora presidenta, los finos dicen que esto es como el día de la marmota. Podíamos decir que es la legislatura del chorizo frito. Estamos todo el rato repitiendo lo mismo. Y estamos todo el rato repitiendo lo mismo porque nosotros nos defendemos de la misma manera ante aquello que, de la misma manera, consideramos una agresión por parte del Gobierno. Presentamos las mismas enmiendas ante un proyecto de ley que es el mismo en el Congreso y en el Senado, no varía, pero además se apela —como nos pasó la semana pasada— aquello de que trabajamos poco porque se repiten las enmiendas del Congreso; a lo mejor sí, pero es que trabajamos lo mismo que el que repite el proyecto del Congreso.

Vuelvo a retomar parte del discurso de la ley anterior, de la Ley del tercer sector, así como los mismos argumentos. El Proyecto de Ley del voluntariado que estamos analizando tiene su base competencial, una vez más, en el artículo 149.1.1 de la Constitución Española, que sirve, como se ha visto, para un roto y para cualquier descosido, lo que, a juicio de nuestro grupo parlamentario es, por lo menos, incorrecto. Podíamos calificarlo de muchas maneras, pero por lo menos de incorrecto. Incide en toda la actividad y régimen jurídico del voluntariado que se puede desarrollar al margen y obviando que la actividad del voluntariado es una actividad inherente, en todo caso, a las regulaciones sectoriales de las distintas materias competenciales. Por esto, la regulación estatal no puede sino verse ligada a los ámbitos o materias en los que el Estado ostenta atribuciones constitucionales y competencias, pero no puede, o no debe, expandir su regulación de una forma cuasi universal y desvinculada de los mencionados ámbitos competenciales en los que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, de tal forma que el Gobierno del Estado incide o penetra de forma indebida en el campo de juego competencial de las comunidades autónomas.

En definitiva, en este proyecto de ley el Estado podía haber presentado una propuesta que hubiera regulado el voluntariado en determinados sectores donde está habilitado competencialmente, discriminando el alcance de la propia regulación en función de sus competencias sobre distintos ámbitos materiales. No es lo mismo la regulación del voluntariado en una materia donde tenga competencia plena que en otra donde se le atribuyen las bases, sobre todo en aquellos sectores donde la competencia exclusiva es de las comunidades autónomas. Ante esto, y concretamente sobre el voluntariado —y supongo que se volverá a repetir—, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional ante un recurso presentado por 99 —cifra curiosa, por cierto— diputados del Partido Popular a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ahí se decía claramente que el voluntariado podía ser perfectamente regulado por las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque, como ha dicho el senador Guillot, el voluntariado no es uniforme para toda España, ni tan siquiera es uniforme para todos los sectores; no es lo mismo ser voluntario en un aspecto sanitario o social que en cooperación exterior. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene que ver en cuanto a que son voluntarios y son personas que nos brindan gratis et amore sus habilidades y su tiempo; pero ni sectorialmente ni territorialmente nada tienen que ver unas cosas con otras. Por lo tanto, tampoco entendemos muy bien por qué y para qué se plantea esta uniformización en el tema del voluntariado —también lo ha dicho el senador Guillot y yo lo vuelvo a repetir—.

No creo que ahora todos los grupos tengamos que poner de manifiesto cuánto valoramos el voluntariado —me parecería ridículo—, solo para que en el Diario de Sesiones aparezca que todos estamos a favor. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro lo que hacen los voluntarios en todos los aspectos de la vida —muchos de nosotros también lo somos o lo hemos sido— y, por lo tanto, no me vale, como en la ley anterior, decir: como ustedes no votan la enmienda que yo presento, es que están en contra de que se subvencione tal o cual grupo. Lo que queremos es que el voluntariado funcione lo mejor posible, dignificar al voluntario —que es dignificar al voluntariado—, porque eso nos hace bien a todos.

Yo, antes de la herida, me voy a poner la venda. Antes nos han dicho que lo queríamos con este tipo de vetos era ganar competencias. Pues no, para nada. No tenemos ninguna intención de ganar competencias; para ganar competencias tenemos que hacer otra cosa: una reforma constitucional, que esperamos que algún día llegue y que, en algunos casos, llegue hasta la independencia. Lo que no queremos es perderlas, lo que no queremos es que se haga una lectura sesgada de la propia Constitución, esa tan sacrosanta Constitución, y que el roto y el descosido del artículo 149.1.1 sea el único argumento para invadir competencias que no están expresamente en el bloque constitucional. Por lo tanto, no es que queramos ganar, es que no queremos perder. Y entendemos que lo que tenemos que intentar es que quien no tiene la característica de plurinacionalidad del Estado español en su ADN, por lo menos, ya que no lo tiene en el genotipo, lo mantenga en el fenotipo. Porque ahora los que no lo tienen en el genotipo, tampoco lo mantienen en el fenotipo.

Y me voy a poner una última venda. Estoy seguro de que nos van a decir que, por responsabilidad, retiremos estos vetos; seguro que nos lo van a decir, ya nos lo han dicho antes y ahora lo he oído un montón de veces. Así que yo les pido que, por responsabilidad, retiren el proyecto de ley. Es la misma correspondencia: si tenemos que retirar los vetos, retiren ustedes el proyecto de ley. Así nos quedamos en paz y volveremos a empezar en otro momento y con más tranquilidad, como ya se ha dicho en esta Cámara, sin esta histeria legislativa y sin tener que estar aquí corriendo para no sé qué, sino discutiendo realmente las cosas e intentando conseguir consensos, cosa que ni en la anterior ley ni en esta ni en casi todas las que yo he llevado en esta legislatura —y llevo una cuantas— se ha hecho.

Por lo tanto, por esto y por un montón de cuestiones técnicas que creo que no es momento de especificar, vamos a mantener el veto, a pedir que el Grupo Popular retire el proyecto y a votar a favor del resto de los vetos presentados por los demás grupos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió , tiene la palabra la senador Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Este proyecto de ley pretende actualizar la legislación estatal recogida por la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado. En Cataluña, el estatut de autonomía, en su artículo 166.2, otorga a la Generalitat de Catalunya competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y promoción de las actividades destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o por medio de iniciativas públicas o privadas.

El voluntariado en Cataluña, como síntoma de madurez y expresión en sí misma del ejercicio de democracia participativa, se ha considerado un bien preciado a preservar, que tiene y queremos que continúe teniendo recorrido. En 1991, a través de la Ley 25/1991, de 13 de diciembre, pionera en todo el Estado, se creaba L’Institut Català del Voluntariat, con la intención de acompañar al voluntariado con políticas públicas. Más tarde, se reforzaba con la Carta del voluntariat de Catalunya, reconocida por el Parlament de Catalunya en mayo de 1996. Con ello, el voluntariado se ha desarrollado, ha crecido, y prueba de ello es el gran número de iniciativas y proyectos que han alcanzado éxito en la gestión de lo común por parte de las entidades, ONG, empresas y sociedad, y para ello, en Cataluña, no ha existido una ley hasta este pasado 23 de julio, en la que el Parlament ha aprobado la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Fíjense bien en el recorrido que ha tenido el voluntariado a pesar de no haber una ley.

Es cierto —estamos de acuerdo con su planteamiento, y supongo que todos— que las leyes deben poder actualizarse para dar respuesta a las necesidades reales de cada momento. En este sentido, pensamos que todas las leyes, por importantes que sean, tienen, por el hecho de tener una fecha de aprobación, una implícita caducidad que nos debería llevar a revisarlas, a adecuarlas y a mejorarlas. Todas las leyes, señorías. Pero, en el caso de la Ley del voluntariado de 1996, no estamos hablando de eso. En esta ley se regulaba de forma clara la actividad del voluntariado de carácter supraautonómico, así como el voluntariado en el ámbito de las políticas que son competencia exclusiva del Estado. Así pues, no había posibilidad de conflicto con las comunidades autónomas. Era una ley clara en este sentido. Clara y corta: 16 artículos que daban cobertura y garantía a la actividad del voluntariado.

Señorías, hablamos con el pretexto de modernizar y adaptar la ley, de crear una nueva ley densa en demasía que apela al artículo 149.1.1 de la Constitución Española, lo cual quiere determinar su carácter básico, incurriendo en una flagrante invasión competencial. Lo necesario tan solo era dotar a la Ley del voluntariado de 1996 de los ajustes necesarios para garantizar la modernidad y la adaptación a los tiempos y realidades sociales actuales. Pero no, ustedes nos proponen una alternativa intervencionista, detallista en exceso, que mutila la espontaneidad del voluntariado; una ley que quiere un solo modelo y un modelo único y que, además, se plantea con carácter básico, con la consiguiente amenaza de su posterior desarrollo reglamentario; una ley que encorseta la iniciativa ciudadana a la burocracia del Gobierno, cosa que por sí misma se contradice con la idea de voluntariado y el margen necesario que este necesita para asegurar el desarrollo de su actividad.

La ley de 1996, y de ahí parte su utilidad, no perseguía un marco común, sino el necesario marco legal para dar cobertura al voluntariado. Este proyecto de ley nos instala en un indeseado y temido modelo común de voluntariado, un modelo uniforme y alejado de la proximidad, un modelo al que les decimos: no, gracias. El modelo autonómico que tenemos sobre la base del marco constitucional para nada busca que sea el Estado quien defina las políticas y las comunidades autónomas las que las lleven a cabo. Eso supone una negación del pacto constitucional, donde las autonomías, en tanto que Estado, tienen contenido político. Sí, eso es el autogobierno, señorías, contenido político, y así se supone que deberíamos funcionar. Pero cuando para nosotros este planteamiento ya está casi caduco, nuevamente nos encontramos hablando de recentralización y uniformidad, y ustedes siempre la ejercen apelando, eso sí, a la legalidad.

Este proyecto de ley, en definitiva, no pretende modernizar la Ley del voluntariado de 1996. Este proyecto tiene como principal objetivo la consolidación de un modelo común, asumido igualmente por las comunidades autónomas. No creemos que esta sea la principal demanda del sector del voluntariado. Hemos presentado enmiendas en el sentido de proteger las competencias autonómicas. Si se defiende que este proyecto es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, entendemos que no habrá problema en aceptarlas. No siendo así, esta injerencia competencial se basta por sí sola para justificar el veto. Pero, además, en relación con el modelo de voluntariado regulado por el proyecto de ley, cabe decir que no admite ni contempla la diversidad del voluntariado y los diferentes y necesarios enfoques y destinatarios que tiene y debe tener la acción voluntaria. Ya tendremos tiempo de hablar de ello en el turno de portavoces o en la defensa de las enmiendas.

Finalmente, se marca como objetivo impulsar el voluntariado y para nosotros esto entra en contradicción con la disposición final quinta, de no incremento del gasto público. Esto no resulta coherente. Tampoco lo es para el Consejo Económico y Social. Con una apuesta decidida por el voluntariado no se puede al mismo tiempo limitar el presupuesto destinado a ello. A pesar de que las actividades del voluntariado no sean remuneradas, su impulso tiene un coste económico y requiere recursos.

Por todo ello, presentamos este veto y pedimos al resto de grupos que le den su apoyo.

Gracias, señorías.

La señora presidenta: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Para la defensa del turno en contra, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con los cinco vetos presentados a este Proyecto de Ley del voluntariado.

Ya les anuncio, como podían imaginar, que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de estos vetos. En primer lugar, porque, como ya referimos en el debate del anterior, el proyecto de ley que en este momento defendemos no invade ninguna competencia autonómica, puesto que la redacción del proyecto viene perfectamente avalada por lo recogido en el artículo 149.1.1 de la Constitución Española. Y, en segundo lugar, porque el hecho de que se contemple una financiación no es razón, a nuestro juicio —dicho sea con todos los respetos—, para que se presente un veto. Que haya un incremento del gasto público, señorías, no siempre va a suponer mejores resultados.

Los grupos proponentes de los vetos pretenden con ellos, a nuestro juicio sin fundamento lógico, la devolución al Gobierno de un proyecto de ley como el del voluntariado, que compartirán conmigo, de hecho así se ha reseñado por los diferentes portavoces, que implica el necesario reconocimiento social y jurídico a una actividad que desempeña en España un 15 % de la población. Y ustedes, los proponentes de los vetos, dicen no a ello por una cuestión puramente competencial, argumento que respeto y que ustedes no se cansan de repetir una y otra vez, pero también les digo que nosotros no nos cansaremos de repetir, porque estamos convencidos de ello, que este proyecto de ley, como el anterior del tercer sector, son completamente respetuosos con los marcos competenciales en materia de asistencia social, al amparo de lo que marca nuestro texto constitucional.

Como han señalado algunas de sus señorías en los vetos, el proyecto de ley no solo no niega, sino que reconoce expresamente y respeta en su integridad lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Este proyecto de ley no desestructura ni supone una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas. Por el contrario, como he señalado, es plenamente respetuoso con el escenario de competencias compartidas que ha fijado el Tribunal Constitucional en la sentencia reseñada, que al mismo tiempo que declara que la asunción de competencias por las comunidades autónomas en materia de voluntariado es respetuosa con el orden constitucional de competencias, y ningún reparo puede hacérsele en principio desde una perspectiva constitucional, reconoce que ello no impide el ejercicio de las competencias del Estado, artículo 149.1.1 de la Constitución, cuando estas concurran con las autonómicas sobre el mismo espacio físico, o sea, sobre el mismo objeto jurídico, aunque se califiquen como exclusivas.

El proyecto de ley, señorías, tampoco pretende imponer un modelo común, sino que reconoce que la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado y las diferentes normas de voluntariado de las comunidades autónomas coinciden en las notas configuradoras y en los principios que inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad, gratuidad y vinculación a la entidad del voluntariado y a un programa de voluntariado, que se recoge sin variación, como bien saben, en el artículo 3.1 del presente proyecto de ley.

Señorías, la voluntad expresamente manifestada en la exposición de motivos de no apartarse de ese núcleo esencial es lo que sirve de base para que en el artículo 17 del proyecto de ley se declare que las administraciones públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán lo necesario para fijar los medios y los sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar sus actuaciones y contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía, y ello después de declarar el pleno respeto a las competencias de otras administraciones. Ciertamente, pese a que el Título VIII de la Constitución no menciona expresamente el voluntariado, no hay duda de que este constituye una materia competencial. Al margen de ello, los posibles ámbitos de intervención de la actuación voluntaria, que se recogen en el proyecto de ley, pueden, asimismo, conceptuarse como materias competenciales independientes por sí mismas, pero con una clara conexión con el actual voluntario si efectivamente se produce, como digo, aquella intervención.

Esa es la razón, señorías, por la que, pese a que se trata de supuestos de muy difícil delimitación material, ya que potencialmente tienen un ámbito de proyección transversal, no hay duda de que, de acuerdo con el artículo ya repetido 149.1.1 de la Constitución, la intervención del Estado en materia de voluntariado esté plenamente justificada, entre otras, en materia de familia, juventud, disminuidos sensoriales y psíquicos, tercera edad e igualmente en la intervención estatal en las relaciones internacionales, incluida la cooperación para el desarrollo y las migraciones y extranjería. En el resto de los ámbitos del voluntariado, señorías, también estaría justificada la intervención del Estado. En todo caso, reitero, ha de estar circunscrita al estricto ámbito de aplicación señalado en el proyecto de ley.

Tampoco, señorías, como han mencionado en los textos de los vetos, se pretende regular en su integridad el régimen jurídico completo del voluntariado, puesto que este proyecto de ley no regula algunas materias, como bien saben, precisamente con la finalidad de dejar clara la voluntad de no intervenir en aquellos ámbitos donde las competencias de las comunidades autónomas pueden ser más visibles y efectivas en materia de voluntariado, respetando así en su integridad su capacidad normativa y de establecer políticas propias.

Otro de los argumentos que se han planteado en la defensa de los vetos y que se han reiterado en alguna de las enmiendas presentadas es el relativo a la necesidad de dotaciones económicas. Tengo que señalar que el límite fijado de incremento del gasto tiene su explicación, señorías, entre otras razones, en el hecho de que la creación de los dos órganos recogidos en el proyecto de ley, esto es la comisión interministerial del voluntariado y el observatorio estatal del voluntariado, que serán objeto de la procedente regulación reglamentaria, no traen consigo coste adicional alguno. Así, señorías, en el primer caso, los centros directivos con competencias en materia de voluntariado funcionan de hecho como tal comisión, mediante una comisión técnica interministerial del voluntariado que se formalizó en la Estrategia estatal del voluntariado 2010-2014 para desarrollar un plan de seguimiento y evaluación, por lo que su creación solo supone dar forma jurídica a lo que ya está funcionando, lógicamente sin coste económico añadido. Y en cuanto al observatorio, gran parte de sus funciones están siendo realizadas mediante subvención a la Plataforma del Voluntariado de España, a través de la convocatoria anual de apoyo al tercer sector, y de ahí que su puesta en funcionamiento tampoco suponga un coste adicional.

Señorías, esta nueva regulación que hoy traemos a la Cámara ha buscado desde su inicio que el texto fuese lo más participativo y consensuado posible. En este sentido, se ha elaborado teniendo en cuenta la importante opinión de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de los distintos departamentos ministeriales, órganos consultivos, entidades sociales y de los voluntarios, verdaderos protagonistas de este proyecto de ley. Se ha realizado, reitero, desde el respeto competencial y con un objetivo primordial: dar una respuesta plenamente justificada a las dimensiones del voluntariado, a la realidad de esta forma de participación solidaria. Desde luego, señorías, con la aprobación de este proyecto de ley hoy tenemos la oportunidad de consolidar un modelo de voluntariado común que sea capaz de asumir los retos actuales y futuros.

Para concluir, una cosa más en relación con lo que planteaba el senador Guillot. Usted ha hablado de frenesí y le puedo garantizar que frenesí ninguno en esta bancada del Grupo Parlamentario Popular; no puede haber frenesí cuando hay aún 4 millones de españoles que se encuentran en situación de desempleo. Pero, ciertamente, podemos hoy decir que poquito a poco vamos iniciando ese camino deseado por todos de la recuperación. Han sido años realmente difíciles. Cuando llegó el Gobierno del Partido Popular se encontró con una situación muy complicada: la cifra de pobreza en España se había incrementado cinco veces más rápido que en toda la Unión Europea y la tasa de paro se había multiplicado por dos durante la gestión del anterior Gobierno socialista. Esa es una realidad objetiva, senador Guillot, pero le reitero, frenesí ninguno; sí trabajar, trabajar y trabajar para conseguir mejorar la situación económica de este país. Yo agradecería que desde la discrepancia ideológica, ustedes, como el resto de los grupos de la oposición, estuvieran con propuestas coherentes y no con pactos extraños al lado de este Gobierno en la consecución de este objetivo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ:



Discrepar es bueno y tener modelos diferentes, también, por eso cada uno está en el partido político en el que milita, representando a la parte de la ciudadanía que nos ha querido votar. Por tanto, es evidente que entre el modelo que Esquerra Republicana defiende y el modelo social que defiende el Partido Popular —lo he dicho muchísimas veces— existe una eternidad ideológica. Por eso vamos a mantener este veto.

Y no lo defendemos únicamente por una cuestión competencial, que también, respecto a lo que ustedes legislan. Me he molestado en decirles, y hace tiempo que se lo digo, que cada vez que ustedes legislan tienen un plan preconcebido muy claro: homogeneizar, uniformizar… Si lo ha dicho usted, la portavoz del Grupo Popular en esta comisión lo acaba de decir: un modelo uniforme de voluntariado. Pues en este modelo uniforme de voluntariado Esquerra Republicana no se siente nada cómoda por razones obvias. Como he insistido en la defensa del veto tenemos un modelo propio que ha funcionado. Me he remontado a cuestiones históricas —e igual no era necesario, aunque es la verdad—, he recordado que hay más de 600 000 catalanes y catalanas que cada día se levantan y participan de alguna manera, a través de entidades y asociaciones, para llevar a cabo acción social y acciones cívicas. Es un modelo propio que ha funcionado, y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿es necesario que el Estado regule una cuestión en una comunidad autónoma con competencias propias y cuando ha funcionado? ¿Es necesario que el Estado vaya más allá de las funciones propias que le corresponden según sus competencias? A criterio de Esquerra Republicana, no es necesario. Por tanto, desde la discrepancia ideológica, le tengo que decir que esto no es una letanía; Esquerra Republicana dice que sus proyectos de ley invaden competencias porque nos limitan los modelos, y lo hacen porque los modelos que nosotros defendemos no les gustan, sea en el sector económico y social que sea.

Como segunda cuestión, decir que la crisis económica se remonta a los últimos seis años es faltar a la verdad. La crisis económica que se produjo o que saltó por los aires en el 2007 tiene su razón de ser en un modelo económico y social que ha conducido a la situación de crisis económica en la que estamos inmersos, ¿o no tiene nada que ver con la liberalización del suelo, la burbuja inmobiliaria y un largo etcétera?, y eso no es de hace siete años, viene de más atrás. El ministro Rato fue quien liberalizó el suelo y quien permitió la burbuja inmobiliaria, o fue uno de los fomentadores de esa burbuja inmobiliaria. Por tanto, la cuestión de la crisis económica no tiene nada que ver, o tiene que ver solo en parte con determinados partidos que han ocupado el Gobierno del Estado español y con las políticas económicas y el modelo económico y social que se han defendido.

Y no nos digan que no invade competencias o no nos digan que no es esta la finalidad o el objetivo principal de la ley, porque basta con leerse los artículos 17 y 18, que hablan de las líneas generales, de coordinar…, y viniendo de ustedes, ya se sabe. Pueden decirnos que no nos fiamos de ustedes. Evidentemente, claro que no nos fiamos, si terminamos siempre en el mismo sitio: ustedes diciendo cosas que se les entienden, que terminan en los tribunales y que son invasión de competencias. No es baladí que ustedes digan que la Administración central va a establecer las líneas generales, porque cuando ustedes establecen las líneas generales o cuando se guardan competencias para desarrollar el reglamento, es allí donde llora la criatura; es en ese momento, porque en ese momento es cuando invaden competencias: cuando hablan de líneas generales y de coordinación, o cuando en el artículo 19 hablan del ámbito local y también limitan el autogobierno local, etcétera.

Y no digan que están pensando en las entidades y en las asociaciones que se dedican al voluntariado. Ahí están las reformas legislativas que afectan al IRPF y a la forma de tributar de las entidades y asociaciones, y les recuerdo que en estos momentos están inmersos en un problemón muy grande porque modificaron la ley y no tienen la capacidad ni los recursos económicos para llevar la contabilidad que deberían llevar para poder presentar las cuentas en condiciones. Por tanto, no digan que cuando legislan están pensando en las entidades y en las entidades pequeñas, ustedes están pensando en unos modelos determinados.

Por estos motivos y por otros muchos más, que existen, hemos presentado el veto y votaremos favorablemente el resto de los vetos presentados.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Senador Guillot, puede intervenir.

El señor GUILLOT MIRAVET: Sí, señora presidenta.

Aquí en el Senado, a finales de julio y en una comisión con competencia legislativa delegada, como hay poca presión externa, tenemos que intentar hacer un debate lo más realista posible.

Señorías, especialmente senadoras y senadores del Grupo Popular, imagínense que Zapatero nos hubiera obligado a discutir los dos últimos meses de la legislatura casi cuarenta proyectos de ley que afectan a la seguridad, al Tribunal Constitucional, a la política tributaría, etcétera; imagínense qué dirían ustedes. Yo les he visto en los ocho años de legislatura de Zapatero y por mucho menos casi incendian el Senado (Risas). Imagínense que encima Zapatero nos hubiera hecho aprobar leyes que contienen una disposición final en la que se señala que esto no puede suponer incremento de gasto público. La senadora portavoz del Grupo Popular nos dice que no está claro que un incremento del gasto siempre vaya a representar que las cosas vayan a funcionar mejor. Desde luego, lo que sí que está claro es que disminuyendo el gasto las cosas van a peor y que congelándolo ustedes no van a cumplir esta ley.

Le voy a citar artículos de esta ley. Artículo 18: «Favorecer, mediante programas de aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en los principios y valores de voluntariado...». Algo deben costar. También: «Promover las actividades de investigación y estudio que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidad de recursos...». ¿Algún coste tendrán? O: «Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las entidades de voluntariado»... Es decir, es incomprensible, no se lo traga nadie que tenga dos dedos de frente, que se puedan aprobar leyes de este tipo y se acompañen del latiguillo de que esto no puede representar incremento de gasto. Por eso le decía antes que cuando se pueda gastar, hagamos las leyes, que no hagamos nuevas leyes que solo van a ser papel mojado.

Decía usted también que esta ley no invade competencias. ¿Por qué lo dice? Pues sí, y le voy a poner ejemplos concretos. Cuando un proyecto de ley establece que es normativa básica, inmediatamente invade competencias, porque la catalogación de normativa básica afecta a todo el territorio del Estado; a todo. Y el artículo 149.1.1 no es un cajón de sastre, porque, junto a esta afirmación, hay otras, avaladas por el Tribunal Constitucional, que dicen que es competencia exclusiva de la Generalitat las cuestiones de voluntariado, según su artículo 166.2. ¡Claro que ustedes invaden competencias con este proyecto de ley!

Por último —creo que ya me he referido al frenesí legislativo, pero es igual—, Zapatero nos dejó una España más pobre y ustedes la han hecho más desigual. Ustedes han hecho a España más desigual. ¿Por qué España es hoy más desigual? Porque sus políticas han tendido a cargar los costes de la crisis en los sectores más vulnerables, porque los han desprotegido, porque han recortado las prestaciones y cualquier tipo de ayuda que pudiera ayudar a sobrellevar esta crisis que afecta a tanta y tanta gente. Es por esto que tenemos voluntariado; es por esto que crece el voluntariado; es por esto que las entidades y asociaciones del tercer sector son mucho más activas, las notamos más, las sentimos más, nos presionan más: porque el abandono que han representado sus políticas y sus recortes hacia estos sectores ha tenido que ser suplido por el voluntariado y las entidades sociales, que cumplen estos objetivos. Esto es muy grave.

Y, pactos de extraños, no. Hay una firme voluntad de intentar que en la próxima legislatura no gobiernen ustedes.

Gràcies, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

Después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular decir no a ello, yo diría: no, no a ello.

Señorías, el voluntariado lo es en una actividad, en la que sea, y por lo tanto, lo es en un sector de la actividad y de la vida de una sociedad. Puede ser voluntariado en temas sanitarios, puede ser voluntariado en temas culturales, puede ser voluntariado en temas turísticos, puede ser voluntariado en temas de cooperación exterior o puede ser voluntariado en temas de defensa; por consiguiente, el voluntariado está vinculado a una actividad. Y, si aceptamos —no nos queda más remedio porque está aceptado en la Constitución y en los estatutos de autonomía— que la sanidad, o los servicios sociales o el ocio y el tiempo libre son competencias exclusivas de las comunidades autónomas —por lo menos de la comunidad autónoma vasca—, el Estado no puede regular el voluntariado en esas actividades que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, de la vasca y de todas las demás.

Hablaba de juventud y de la tercera edad. Precisamente esos son ejemplos en los que hay competencia exclusiva; por lo tanto, no cabe entrar en ello.

La senadora Capella se ha referido, y se ha citado el artículo 18.b), a que hay una diferencia entre cooperación y coordinación —y lo dice el Tribunal Constitucional, no este portavoz que, al fin y al cabo, solo es un portavoz—. Tanto la cooperación como la coordinación —esta es una discusión que hemos tenido varias veces, la semana pasada, por ejemplo, cuando debatimos la Ley de calidad alimentaria en esta misma sala y yo estaba sentado en este mismo sitio— constituyen elementos que configuran el principio de colaboración entre las administraciones públicas. Lo que caracteriza a la cooperación es la voluntariedad y el ejercicio de competencias de forma mancomunada, lo que desemboca en la toma de decisiones de forma conjunta, facilitando el ejercicio de una actividad más eficaz en los asuntos que afectan a competencias compartidas. Por su parte, en lo que respecta a la coordinación, el Tribunal Constitucional ha entendido que esta persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones. Pero también ha dicho el Tribunal Constitucional que la coordinación implica imposición, distinta de la voluntariedad propia de las relaciones de cooperación, ya que conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de la situación de superioridad en la que se encuentra el que coordina frente al coordinado. También hay sentencias de dicho tribunal que recogen esta afirmación. Por eso el alto tribunal concreta que ello no debe implicar jerarquía puesto que los medios y técnicas de coordinación deben respetar un margen de libre decisión o discrecionalidad a favor de las administraciones sujetas a esta coordinación, sin la cual no puede existir verdadera autonomía. Aquí se habla de coordinación. Por tanto, hablemos de cooperación y dejemos de hablar de coordinación, porque la coordinación nos lleva directamente al 149.1.1 y a la recentralización que tantas veces ustedes niegan, pero que todo el mundo ve menos ustedes. Es curioso, todo el mundo la ve menos ustedes. A lo mejor es que no vemos todos bien, pero creo que los que no están teniendo la mirada como debe de ser son ustedes.

No me gusta meterme en temas económicos, pero, en cuanto a la disposición final quinta, por la que la ley no puede suponer un incremento del gasto público, el refranero es sabio, y dice bien claramente que no hay don si din, y si no hay don sin din es en todos los aspectos. Bastante es —mucho diría yo— el efecto multiplicador que tiene el voluntariado con los escasos recursos que maneja como para que encima, cuando hablamos de una ley de voluntariado —que se supone que es para fomentarlo—, digamos que no tenga repercusión presupuestaria. Eso no tiene un pase.

Por tanto, nos reafirmamos en nuestra posición de mantener el veto y de votar a favor del resto de los vetos de los grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana. (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señora presidenta.

En esta comisión hemos visto dos proyectos de ley que se enmarcan en esta maratón desenfrenada del Ejecutivo de aprobar leyes de forma precipitada —unos cuarenta proyectos en dos meses y medio—, una obsesión, a nuestro entender, puesta al servicio del interés partidista del PP que hace un flaco favor a esta Cámara, al sistema parlamentario y que afecta a la calidad y a la rigurosidad de los temas sobre los que deberían versar las normas.

En el anterior proyecto de ley ya hemos denunciado las malas artes legislativas que utiliza el grupo mayoritario, y no nos cansaremos de seguirles denunciando. Una vez más, la utilización de su mayoría absoluta pone al partidismo y a la ideología por encima de la búsqueda de soluciones para el interés general. Si la ley anterior pretendía articular a nivel estatal, esta supone una invasión flagrante de las competencias autonómicas. Para nosotros, la concepción jacobina del Estado que tiene el Gobierno central y el grupo del PP, su reduccionismo y la obsesión en recentralizar, hacen que quieran ustedes saltarse el sistema, tal y como lo veníamos entendiendo, intentando adelgazar hasta la inanición el Estado de las autonomías. En este proyecto de ley en concreto, ustedes, con la excusa de modernizar, recentralizan de nuevo. No pueden evitar una y otra vez hundir el diente en las competencias que quedan claramente determinadas por ley para las comunidades autónomas.

El señor Cazalis, respondiendo a unas palabras de la senadora del Grupo Popular, ha comentado que, efectivamente, durante mucho tiempo lo único que queríamos era realizar aquellas competencias que nos tocaban para poder dar respuesta a lo que nos pedían los ciudadanos de nuestros territorios. Durante mucho tiempo así ha sido, y había una cierta paz política e incluso una cierta paz jurídica. Pero de un tiempo a esta parte, en lugar de estar hablando de cómo realizamos estas competencias o de cómo buscamos soluciones para optimizarlas, nos vemos defendiendo una y otra vez competencias que tendrían que estar ya más que consolidadas, más que aprendidas por todo el mundo y más que identificadas las que le tocan a cada uno. En este sentido, debo decir a la senadora que decía que queríamos más competencias que nosotros hasta ahora solo queríamos poder desarrollar tranquilamente las que teníamos para dar respuesta a lo que nos iba surgiendo. Pero, senadora, le digo abiertamente que ahora no solo queremos defender las que tenemos mientras estemos en este sistema, sino que además aspiramos a un sistema en el que las podamos tener todas.

Por otro lado, en este afán de control, en lugar de facilitar el desarrollo de la labor del voluntariado y aportar soluciones a sus problemáticas, ustedes encorsetan, tipifican y mutilan —lo he dicho ya— la capacidad de que aquel se desarrolle con el oxígeno y el recorrido que necesita por ser justamente una labor —la que se desarrolla en el voluntariado— que pretende dar una respuesta lo más inmediata posible a las situaciones que puedan suceder —y que de hecho tienen lugar— al margen de la capacidad que se tenga para recogerlas o tipificarlas. La realidad, señorías, siempre irá por delante, se genera con anterioridad a la norma.

En Cataluña —ya nos hemos referido a ello— el voluntariado tiene no solo mucho recorrido, sino que además su labor viene desarrollándose con éxito; ustedes lo saben. ¿Por qué quieren negar lo evidente? ¿Para qué modificar lo que ha venido funcionando, como he dicho, con paz social, política y jurídica hasta la fecha? ¿Quizá esta obsesión por limitar lo que se desarrolla sin problema pueda esconder una pretendida conciencia de frustrar algunos éxitos para justificar una ideología que se centra en una concepción uniformizadora y antiautonomista del Estado?

Señorías, se ha hablado mucho últimamente —y se han hecho llamamientos— del cumplimiento de la ley. En Cataluña no hemos incumplido leyes, hacemos propuestas para facilitar la vida a los ciudadanos con los recursos económicos, políticos y administrativos que tenemos. Ustedes, en lugar de sumarse a las soluciones o de dialogar, hablan de diálogo, nos envían al Tribunal Constitucional y luego ustedes no predican con el ejemplo e incumplen reiteradamente las sentencias que no les gustan de los tribunales o les dan un rodeo por si en el despiste pueden continuar con la suya.

Nos reiteramos en el contenido de nuestro veto y votaremos a favor del resto de los vetos. Rechazamos esta ley por ser una ley exprés que, más que aportar, lanza al voluntariado —como si ya no tuviera bastantes complicaciones— a un escenario de incerteza legislativa y competencial que sin duda va a estar lleno de litigiosidad.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos hoy el Proyecto de ley del voluntariado. Se trata de una ley necesaria y demandada por los colectivos interesados. Transcurridos casi veinte años desde que se aprobó la actual Ley 6/1996, de 15 de enero, esta había quedado en muchos aspectos desfasada o superada por la realidad. Me llama la atención que, estando todos los grupos de acuerdo en la necesidad de abordar esta ley, al final vaya a ser aprobada —mucho me temo— sin tener en cuenta ninguna de las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios —excepto una transaccional que nuestro grupo no va a firmar— y con cinco vetos. Llama la atención, pero hemos oído a su portavoz decir que era una ley consensuada, dialogada con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con el sector del voluntariado. La verdad es que llama la atención.

Coincido en muchísimas de las cuestiones que han puesto de manifiesto los portavoces de los grupos de la oposición. No entendemos la necesidad de aprobar leyes importantes y necesarias de forma prematura, sin el diálogo suficiente y sin ser capaces de consensuarlas. Nos ha pasado con la Ley del tercer sector y nos pasó en el Pleno anterior con la Ley de la infancia y de la adolescencia. Estábamos todos de acuerdo en que eran leyes necesarias, pero fíjense ustedes la capacidad que tiene el Grupo Popular, que, siendo todos conscientes de que son necesarias, se queda solo. Yo creo que tendrían que hacer una reflexión importante de lo que está pasando, de lo que ustedes están haciendo y de la incapacidad de llegar a consensos en leyes fundamentales e importantes, reivindicadas por los grupos de la oposición y sobre todo —lo más importante— reivindicadas por la ciudadanía.

Desde que se aprobó la Ley 1996 se han aprobado cuatro planes estatales del voluntariado, quince normas autonómicas de voluntariado de primer orden y un número muy significativo de disposiciones de rango inferior. También se han aprobado estrategias del voluntariado —la última, 2010-2014—, con unos objetivos muy importantes, de los que solo mencionaré uno: prestar apoyo técnico y económico a las iniciativas de formación de las personas que trabajan en el voluntariado. ¿Me pueden decir cómo casa esto con la disposición final quinta en la que ustedes especifican que esta ley no va a suponer más dotaciones económicas? Me gustaría que me lo dijeran.

Señorías, es verdad que el voluntariado, al igual que otras formas de asociacionismo y participación social, fomenta la ciudadanía activa y genera un compromiso por la protección del bien común y la solidaridad, al tiempo que alienta el sentido de pertenencia —todos componentes esenciales de la cohesión social—. El CES reconoce la importante contribución social del voluntariado y valora positivamente el propósito de impulsarlo y conferirle mayor reconocimiento social. Ahora bien, ¿qué dice también el CES? En opinión del CES, resulta contradictorio con las previsiones contempladas tanto en la memoria del anteproyecto, en la que se vincula su aplicación a un impacto presupuestario nulo, como en la disposición final quinta, que establece que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento del gasto público. Tales previsiones no resultan coherentes con una apuesta decidida por el voluntariado. Lo dice el CES y ustedes lo obvian. Ustedes no es que no hagan caso a lo que les dicen los grupos políticos de la oposición, es que tampoco hacen caso y obvian las recomendaciones del CES —del Comité Económico y Social—.

Señorías, es verdad —y se ha dicho aquí, pero yo voy a insistir— que, según informes del CIS, hay cerca de 12 millones de personas voluntarias en España, de las cuales 6,5 millones —el 17 % de la población— han sido voluntarias, dato que nos deja lejos de la media europea, que sitúa a la eurozona en un 30 %, y del grupo de países con mayor participación en actividades de voluntariado —Holanda, con el 57 %, o los países nórdicos, con en torno al 40 %—.

Respecto a las funciones de los voluntarios, podemos destacar que el 46,5 % dedica su actividad a la acción social; el campo medioambiental, incluida la protección de los animales, es también de los más frecuentes pues el 42,2 % de las personas actúan en ese ámbito, seguido por el de la educación y la cultura —el 33,9 %— y el de la salud —el 31,5 %—. ¿Por qué digo esto? Porque la acción solidaria de la ciudadanía no puede ser utilizada como un instrumento de sustitución de las actuaciones que el Gobierno está dejando de realizar, sobre todo y específicamente en el ámbito social. El voluntariado no puede convertirse en el sustituto de la dejación de funciones que está haciendo el Gobierno. Las portavoces que me han precedido en el debate tanto de la Ley del tercer sector como de esta apelan a esa agenda social del Gobierno, y solamente se refieren al periodo 2008-2011. Pero ustedes están gobernando desde 2011 hasta 2014. Y en esa agenda social del Gobierno ¿me quieren decir qué pasa con los 730 000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso, o con que somos el país europeo con mayor índice de pobreza infantil, o con el alarmante aumento de la pobreza y exclusión social, que se debe —les guste a ustedes o no les guste— a los recortes que han implantado? En estos momentos, creo que deberían releerse —como les he dicho en muchísimas ocasiones, y siempre que tenga la oportunidad, lo continuaré diciendo— los informes de Cruz Roja, los informes de Unicef, los informes de Save the Children, etcétera. Por lo tanto, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han hecho unos recortes como no se habían hecho en la historia de nuestro país, les guste o no les guste.

Y cuando su señoría habla de las facturas en los cajones —también lo he dicho muchas veces—, ¿a qué se refiere, a la Comunidad Valenciana, que es la que más facturas tenía en los cajones —tengo aquí la respuesta del Gobierno y se la puedo enseñar—, o se refiere a cuando la Comunidad Valenciana escondió las facturas en los cajones y la Unión Europea ha puesto una denuncia y ahora tenemos que pagar 19 millones de euros? ¿Se refiere a eso? (El señor Aguirre Muñoz: ¿Y Andalucía?) No se preocupe usted, ahora lo diré, que yo vengo con datos. Si podemos dialogar mutuamente, dialogamos, yo tengo aquí las respuestas del Gobierno. ¿O se refiere a los 40 000 millones de euros de déficit que nos han dejado en la Comunidad Valenciana? ¿Esa es la agenda social del Partido Popular? No, señorías, estamos hablando de la Ley del voluntariado, pero ustedes han hablado de las facturas en los cajones, y por eso yo he sacado el tema, porque me han dado pie, porque usted ha hablado de las facturas en los cajones cuando hablábamos del Proyecto de ley del tercer sector —que está muy vinculada al proyecto de Ley del voluntariado, porque no olvidemos que el tercer sector hace voluntariado también—. Por lo tanto, está muy vinculado, y usted me ha dado pie a que yo hable de las facturas en los cajones.

Concluyo diciendo que este proyecto de ley no puede suponer un retroceso en los derechos que tienen todas las personas a poder participar. Esta ley no puede frenar el impulso normativo que necesita el sector para seguir creciendo. Y, por último —ya lo ha dicho el CES—, con relación al gasto, es inviable el despliegue de las disposiciones previstas en el proyecto de ley sin un incremento del gasto público; ello supone que algunas de las medidas no se podrán llevar a cabo.

No hemos presentado veto, pero ello no quiere decir que estemos de acuerdo con este proyecto de ley. Lamentamos profundamente que el Grupo del Partido Popular no haya sido capaz de llegar a consensos, de dialogar y de entre todos poder mejorar este proyecto de ley. Por lo tanto, estando totalmente de acuerdo en que era necesaria una adaptación a la realidad actual, nuestro grupo se va a abstener en los vetos y, en el proyecto de ley —aunque no nos han dicho nada, pero no nos aceptarán ninguna enmienda—, les adelanto que también nos abstendremos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular lamenta sinceramente que piensen que esta norma vulnera flagrantemente las competencias de las comunidades autónomas, que consideren que supone una descarada e inaceptable invasión competencial y, en definitiva, que crean que supone una injerencia del Estado en las competencias autonómicas.

El Gobierno ha planteado una nueva ley elaborada desde la participación —sí, señora Llinares, una ley elaborada desde la participación—. Este proyecto de ley se ha elaborado teniendo en cuenta no solo la opinión de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de los departamentos interministeriales, de órganos consultivos y de expertos en la materia, sino también con la de las entidades sociales y con las personas voluntarias, actores principales de este proyecto de ley, y, por supuesto, desde el respeto competencial. Por tanto, senadora Llinares, son ustedes los que tienen que reflexionar y explicar por qué no están ustedes a favor de las entidades sociales y de las personas voluntarias.

Señorías, les guste o no, como muy bien ha explicado la senadora Dueñas, el proyecto de ley no desestructura ni supone una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, por el contrario, es plenamente respetuoso con el escenario de competencias compartidas que ha fijado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, y tampoco pretende imponer un modelo común. De hecho, el proyecto de ley declara el pleno respeto a las competencias de otras administraciones, describe aquellos ámbitos de cooperación —sí, señor Cazalis, de cooperación— en los que es posible su intervención, sin que esta suponga en modo alguno una dejación o invasión de competencias de unas administraciones a otras. El proyecto de ley no pretende en modo alguno recentralizar o estatalizar el voluntariado, sino mejorar su eficacia, contando con que las diferentes administraciones públicas coinciden en ese núcleo esencial y pueden actuar conjuntamente en los ámbitos de cooperación descritos, que, como se ha señalado, no se discuten.

Senadoras Capella y Llinares, ustedes, hablando de la burbuja inmobiliaria, hablando de recortes han perdido un tiempo precioso para hablar del voluntariado, que es de lo que estamos tratando en esta ley.

Señorías, lo que sí hace este proyecto de ley es dar respuesta a las necesidades de 6 millones de personas que desarrollan actividades de voluntariado en España. Desde la aprobación de la ley vigente, que data de 1996, el contexto ha cambiado de forma importante. El voluntariado ha evolucionado, y en 2015 el voluntariado tiene un nuevo perfil con mayor presencia de personas jóvenes, jubiladas o desempleadas, con nuevas formas de acción como, por ejemplo, la virtual, y con nuevos ámbitos, como el de tiempo libre, o con nuevos actores, con la implicación de empresas de universidades; y también tienen nuevas y diversas motivaciones.

Trascurridos más de diecinueve años desde su entrada en vigor, era necesario avanzar con una nueva legislación que respondiera a la dimensión y necesidades de esta nueva participación ciudadana. El Gobierno ha planteado una nueva ley elaborada desde la participación, donde ha existido un diálogo fluido con las propias entidades del tercer sector y con las comunidades autónomas. La ley regula el núcleo esencial de la acción voluntaria, abriéndola a sus diversos ámbitos; recoge el marco jurídico de las entidades de voluntariado; regula los derechos y deberes de las personas voluntarias y también de las personas destinatarias; establece el marco de cooperación de las administraciones públicas; y fomenta y reconoce la acción voluntaria dando entrada a nuevos actores que ya están desarrollando acciones de voluntariado, como las empresas y como las universidades.

Son numerosas las novedades de este proyecto de ley. Una auténtica novedad es fomentar la participación del voluntariado a lo largo de toda la vida y en cualquier circunstancia. Para ello se garantiza la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas en situación de dependencia, además de las personas con discapacidad y de las personas mayores, y asimismo en los formatos adecuados y en las condiciones acordes a sus circunstancias y capacidades personales. Por primera vez se recoge el voluntariado de menores, desde la edad de 12 años, como una vía para el aprendizaje de la solidaridad y de su compromiso con el entorno. De hecho, los menores de 16 años participarán en iniciativas de voluntariado si cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales, y siempre y cuando no perjudique su formación integral o su desarrollo —entre 16 y 18 años también necesitan la autorización de padres o tutores—.

La ley introduce determinadas restricciones a la participación desde el interés y protección de las personas destinatarias de la acción voluntaria. Por ello, en programas dirigidos a menores no podrán integrarse las personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores. Además, respetando la autonomía de las entidades de acción social, se protege a los destinatarios en los supuestos de personas con antecedentes por delitos de violencia de género o doméstica, que no podrán formar parte de programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes, ni tampoco las personas condenadas por tráfico ilegal de personas y terrorismo.

La norma, además, propicia la creación de un marco de cooperación entre las diferentes administraciones públicas como el mejor instrumento para el fomento del voluntariado, sin alterar con ello la distribución competencial en esta materia.

En definitiva, como muy bien ha afirmado la senadora Dueñas, esta es una ley respetuosa con los ámbitos competenciales de las administraciones, que da respuesta al compromiso de todos —del Gobierno, de las comunidades autónomas, de las entidades—, que mejora una norma vigente y que nos permite seguir avanzando en solidaridad ciudadana hacia una sociedad moderna y participativa, como la española.

Por esto, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de los vetos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Procedemos a la votación de los vetos.

En primer lugar, votamos el veto número 1, del senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 16;



abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Señorías, pasamos al debate de las enmiendas.

Se han presentado ochenta y dos enmiendas y ha habido una corrección de errores del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 52.

Comenzamos con la defensa de las enmiendas del senador Iglesias Fernández, números 1 a 9.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Enmiendas números 10 a 17, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

En principio, las doy por defendidas porque los argumentos, como en el caso de la ley anterior, son esencialmente competenciales. Pero me gustaría hacer una salvedad respecto a la enmienda número 12 al apartado 1 del artículo 6, relativa a los ámbitos de actuación del voluntariado. Dice: «Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado...» y se especifican desde la letra a) hasta la letra j), es decir, diez tipos de voluntariado diferentes. Nosotros no nos negamos a que todo el voluntariado sea considerado en esta norma, lo que proponemos es centrar el voluntariado en aquello en lo que es competente el Estado —lo vuelvo a repetir—, y no es competente en el voluntariado social, no es competente en el voluntariado educativo, no es competente en el voluntariado sociosanitario, en el voluntariado de ocio y tiempo libre o en el voluntariado comunitario. Incluso aceptamos dos enmiendas que han presentado Entesa y el Grupo Parlamentario Socialista sobre otros dos tipos nuevos de voluntariado, que en este momento no recuerdo exactamente.

Por tanto, no se trata de negarse a aceptar el proyecto de ley, sino de que este se circunscriba a lo que se tiene que circunscribir. Eso es lo que nosotros pedimos con nuestras enmiendas y esperamos que el resto de los grupos, incluyendo el grupo mayoritario —estoy seguro—, voten a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cazalis.

Para la defensa de las enmiendas 18 a 39 y 40 a 48, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no me voy a entretener en evaluar las dos características del proyecto de ley que les están haciendo famosos en las últimas leyes que nos han presentado, que son, sin duda, la falta de presupuesto y la invasión de competencias. (El señor vicepresidente, Fernández Pérez, ocupa la Presidencia). Prefiero hacer una valoración general en el turno de portavoces, especialmente sobre algunos comentarios efectuados en el turno anterior.

Hemos presentado un grupo de enmiendas con las que intentamos esclarecer claramente la línea entre el empleo y el voluntariado, porque el texto que ustedes pretenden aprobar hoy es un poco difuso; pensamos que estas incorporaciones no cambiaban el sentido del texto pero sí clarificaban muy bien lo que es empleo y lo que es voluntariado.

Ustedes proponen un voluntariado sociosanitario pero, señorías, la gente no sabe lo que es sociosanitario ni tampoco los voluntarios. O son sociales y, por tanto, les formamos y les damos instrumentos para que hagan un voluntariado social, o son sanitarios, con distintas opciones. Lo que no son es sociosanitarios, y no nos podemos permitir confundir aún más las cosas en el texto legal, cuando en ningún momento se altera la ley, sino que se clarifica.

Hay un grupo de enmiendas, las números 25, 26 y 27, en las que proponemos otro tipo de voluntariados emergentes, que no son considerados porque no están establecidos, pero que en un futuro serán importantes y que, además, han demandado los grupos de voluntarios.

Por último, en las enmiendas 20, 29 y 33 proponemos la modificación del apartado IV del preámbulo, del artículo 8.5 y del artículo 14.4. Son modificaciones puntuales pero importantes; por ejemplo, en el caso de personas que hayan vivido una situación puntual o de pérdida de libertad, la reinserción social pasa por el voluntariado. Por tanto, nos parece correcto que la ley prevea que a partir de ahora las personas que hayan cometido un tipo de delito concreto no estén en contacto con los niños ni con las mujeres, pero creemos que tiene que ser una excepción para otro tipo de presos, porque el voluntariado social ha demostrado ser un mecanismo potente. No entendemos por qué no se ha podido hacer esa concreción para facilitar la regulación en este caso y, como saben, en el tema de prisiones es importante la reinserción social.

Y nos ha sorprendido una cosa que ya habían hecho con anterioridad pero que no hacían desde hace tiempo, que es poner algo que no viene al caso y que vuelven a hacer en esta ley. Pretenden modificar el Estatuto marco de los profesionales sanitarios teniendo en cuenta para las pruebas de selección el tiempo que hayan ejercido como voluntarios. Esta es una cuestión complicada que hay que valorar, pero que no hay que incluirla en una ley que para nada recoge cómo afectará la acción del voluntariado a las estructuras curriculares de los funcionarios de otras prisiones. ¿Por qué lo hemos de considerar personal sanitario? ¿Qué tiene de distinto el personal sanitario que no tenga el personal de otra administración? Es un tema que hay que valorar, quizá sea adecuado, pero la verdad es que no tenemos un criterio claro a este respecto; sabemos lo que piensan los estatutarios, pero tenemos claro que no se puede incluir en una ley porque no se trata de un grupo, hay muchísima gente que hace voluntariado de distintas formas, por ejemplo, los médicos a veces ejercen el voluntariado yendo a otros países y otras personas ejercen el voluntariado en las cárceles de nuestro país, y es igual de importante. No vamos a distinguir distintas profesiones porque no tiene que incluirse en esta ley. Por eso pedimos que se supriman estas dos disposiciones finales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero para defender las enmiendas 71 a 82.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió ha presentado doce enmiendas, que voy a dar por defendidas. Tanto en el Congreso como en esta Cámara hemos aportado cuestiones técnicas y matices para mejorar la actividad del voluntariado. Aportaciones concretas, como reforzar que el voluntariado en ningún caso pueda suponer sustitución de puestos de trabajo, especialmente en la función pública, como pedimos en nuestra enmienda 71; no compartir la regulación del voluntariado en los menores de 16 años, recogido en otra de nuestras enmiendas; o que la contratación de una póliza de responsabilidad civil sea necesaria en todo caso y no solo cuando la norma obligue a ello, recogido también en dos enmiendas. También hacemos propuestas que se adaptan a la experiencia y a la realidad para facilitar el voluntariado en algunos casos, como la ampliación del permiso y prórroga del personal del Sistema Nacional de Salud en caso de emergencia humanitaria. Es nuestra enmienda 79, que se ha recogido en una transaccional.

El Grupo de Convergència i d’Unió ha hecho un esfuerzo por encontrar una solución para alcanzar el consenso, consenso que se pierde respecto de la Ley de 1996. Pretendemos que el proyecto se ajuste al marco competencial vigente, en el sentido de que esta norma afecte a las entidades de carácter supraautonómico, de carácter estatal y que sea supletoria respecto a la normativa autonómica. Para ello hemos presentado también dos enmiendas.

Asimismo, como ya hemos señalado, en Cataluña hay un modelo de voluntariado del que estamos orgullosos, que funciona. Se desarrolla desde 1991, con la creación del L’Institut Català del Voluntariat, sin necesidad de una ley o una norma tan intervencionista y reglamentista como la que se nos propone y pensamos que esta norma limita este modelo de voluntariado catalán. En este sentido, también hemos presentado tres enmiendas.

Hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de hacer aportaciones, tanto en el trámite del Congreso como aquí en el Senado, pero mi grupo no podrá apoyar este proyecto de ley mientras el tema competencial no quede solucionado. Eliminen el carácter básico que han introducido, acepten nuestra enmienda 81 y conseguirán que cambie el sentido de nuestro voto. Llevamos años sin litigios y no nos habíamos referido en ningún caso al artículo 149.1 de la Constitución. Hasta ahora, señorías, esto no nos había hecho falta para que el voluntariado se desarrollara sin más problemas que los que le van sobreviniendo por la dificultad de sobrevivir en estos tiempos tan complicados y ser solventes. Hemos presentado estas enmiendas para que se pueda regresar al consenso respecto al modelo competencial que nos dio la Ley de 1996.

Les pedimos también, a través de nuestras enmiendas, que no regulen tanto el voluntariado por ser una realidad que está cargada de espontaneidad, de reacción ante la necesidad, de respuesta inmediata a problemas reales que no se programan; es una realidad que, como ya les he dicho, va siempre por encima de la capacidad de legislar. No la encorseten, no le quiten ese espacio, limítense a acompañar y resolver sus necesidades. En este sentido, tenemos una doble problemática: por un lado, ustedes quieren tipificar en exceso y, por otro lado, tipifican voluntariados en materias que no les competen. No creen un marco de confusión, no regulen tipos porque se les irán generando más tipos que no estarán regulados e igual tendrán que ir sucediendo. Además, no pueden ustedes regular sobre temas sociales, educativos, sanitarios, de ocio y tiempo libre —ya se ha referido a ello el senador Cazalis en la enmienda 12 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos—.

El voluntariado es la expresión máxima de la madurez y la participación democrática, es una expresión de generosidad en sí misma. Las sociedades libres y prósperas tienen compromisos con el voluntariado como garantía de participación de cualquiera en lo de todos por el bien común. Cataluña ha defendido siempre, y queremos que continúe siendo así, el compromiso voluntario expresado en iniciativas que suman por el interés general, simplemente a iniciativa de los ciudadanos. Así es y debe ser para nosotros la expresión máxima de libertad y participación. Para ello, además de voluntad política y respeto competencial, señorías, también hacen falta recursos. Por ello, nuestra última enmienda también denuncia esta contradicción entre las medidas propuestas y la imposibilidad de disponer de los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Estas son algunas de las enmiendas a las que me he referido. Solo hemos podido transar una enmienda que, de hecho, ya presentamos en el Congreso. Lo digo porque normalmente a los grupos de la oposición se nos acusa de repetir las enmiendas del Congreso en el Senado y, en este caso, como en tantos otros, ha sido una suerte, tanto para el Grupo Popular, como para nosotros, como para el sector del voluntariado, que así haya sido porque en este trámite del Senado —en el Congreso no pudo ser— hemos subsanado una pequeña cuestión que es importante para este tipo de voluntariado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias, senadora Rivero.

Para defender las enmiendas 49 a 70, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado veintidós enmiendas, veintidós propuestas para mejorar el texto. Insisto en que nos han dicho que es un texto consensuado y participado. De las veintidós enmiendas que hemos presentado no nos consta que el Grupo Parlamentario Popular nos vaya a aceptar ninguna.

La enmienda 53 hace referencia —ya lo hemos dicho anteriormente— a que el voluntariado en ningún caso puede suponer la sustitución de puestos de trabajo, especialmente cuando hablamos del voluntariado en el ámbito de la Administración pública. La gran tentación de las administraciones públicas en las políticas de voluntariado es sustituir trabajadores remunerados por voluntarios y la enmienda va en ese sentido.

También hemos presentado otro grupo de enmiendas en las que se hace referencia a los ámbitos de actuación del voluntario, que podíamos no haber entrado a definirlas pero, ya que había un número considerable de ámbitos de actuación, en las enmiendas 54, 55, 56, 57 y 58 hemos considerado importante la definición del voluntariado educativo, la voluntad de donación, el voluntariado de divulgación científica o el voluntariado de defensa de los derechos humanos.

En las enmiendas 61 y 62 también coincidimos con otros grupos parlamentarios. Pedimos suprimir la mención que se hace a tener otra garantía financiera, además del seguro del voluntariado. No entendemos por qué estas enmiendas no son aceptadas.

En las enmiendas 65 y 66 pretendemos una mejor delimitación del ámbito de intervención de las universidades, pudiendo establecer fórmulas de reconocimiento público de las acciones del voluntariado realizadas por sus estudiantes.

En las enmiendas 68 y 69 solicitamos la supresión de la disposición adicional tercera y disposición final primera porque entendemos que esta ley no es la adecuada para regular lo que se pretende, que se modifique el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Es verdad que en muchísimas leyes de referencia no sanitaria introducen enmiendas del ámbito sanitario. Nosotros creemos que esta ley no es la adecuada para regularlo, sin entrar a valorar en el fondo lo que dicen esas disposiciones.

La enmienda 70, a la que ya hemos hecho referencia, hace mención a la disposición final quinta en la que se establece que esta ley no puede generar gastos. Ustedes se empeñan en decir que se puede hacer más con menos y, desde luego, eso es totalmente imposible. Insisto, eso lo decimos nosotros —como le he dicho en el debate de los vetos— y también lo dice el Comité Económico y Social. No es posible y, además, se lo vuelvo a repetir. Muchas de las medidas no se podrán llevar a cabo, tal y como refleja el informe del Consejo Económico y Social en sus observaciones generales, donde especifica que, aunque las actividades de voluntariado no sean remuneradas, no cabe obviar el coste económico que conlleva su impulso en sus distintas formas, ya que el asesoramiento, la financiación de estudios y campañas de promoción, la puesta a disposición de las correspondientes infraestructuras, etcétera, sí suponen que haya presupuesto específico, y ustedes continúan negándolo. Pues muy bien, muy bien, pero esa no es la realidad, no se puede poner en marcha una ley en la que se diga que eso no va a suponer aumento del gasto público.

Vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho cuando he intervenido en el debate de los vetos, es llamativo que estando todos los grupos de acuerdo en adecuar la actual ley, al final solamente se apruebe con los votos de su mayoría absoluta: rodillo del Partido Popular. Por eso creo que valdría la pena, como les ha dicho algún portavoz, que, si no quieren, retiren la ley y empecemos de nuevo para que salga una ley acorde a las necesidades actuales y reales con lo que está demandando la ciudadanía y, si no, al menos hagan un esfuerzo para aprobar muchas de las enmiendas que ha presentado en este caso mi grupo, pero también otros grupos de la oposición que, sin lugar a dudas, mejoran el texto de la ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra para el turno en contra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, paso a fijar la posición de mi grupo a las enmiendas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios a este Proyecto de Ley del voluntariado.

En cuanto a la enmienda número 1 del senador Iglesias, que coincide con las enmiendas 18 y 40 de la Entesa y 49 del Grupo Socialista que plantean la desaparición de la referencia expresa a los misioneros en el preámbulo, se rechazan, en primer lugar, por la existencia de un acuerdo en tal sentido con la Conferencia Episcopal española, pero lo que es más importante, porque el Grupo Parlamentario Popular entiende que es de justicia reconocer la generosa y entregada labor de los voluntarios misioneros españoles en cualquier parte de nuestro país y del mundo.

Las enmiendas 8 del senador Iglesias y 47 de la Entesa, que se refieren a los trabajadores de las empresas que participen en programas promovidos por entidades de colaboración, se rechazan básicamente porque la propuesta en sí ya está recogida en el mismo artículo 21.2 del proyecto de ley.

La enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, al artículo 1.c., no la podemos admitir, senador Cazalis, porque la redacción del precepto no solo no supone una extralimitación competencial, sino que, contando con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, describe los ámbitos de cooperación entre ambas administraciones.

La enmienda número 12, que usted reseñaba al artículo 6.1, igualmente no la admitimos porque, como bien sabe, la Ley de 1996, al referirse a las actividades de interés general, incluía ya alguna de esas materias. En estas materias y en todas se busca —como bien sabe y si no se lo digo— la cooperación de las administraciones, ello siempre sin rebasar el ámbito competencial.

La enmienda 17, también del PNV a la disposición final cuarta, que coincide en su planteamiento con la 81 de CiU, no la podemos aceptar porque esta ley, a pesar de que lo hemos reiterado a lo largo del desarrollo de esta comisión, se dicta al amparo del artículo 149.1.1 de la Constitución Española y cualesquiera otros en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención en los ámbitos de actuación del voluntariado, siempre respetando, reitero, el ámbito competencial de cada Administración.

Igualmente, y respecto a las enmiendas 18 a 48 de la Entesa, la enmienda 20 al cuarto párrafo del apartado IV del preámbulo, igual que la enmienda 41 también de la Entesa y 51 del Grupo Socialista que solicitan considerar objetivos de inserción en procesos penales, se rechazan habida cuenta de que ya se han considerado en la nueva redacción del artículo 14.4, argumento este que también es válido para rechazar lo recogido en las enmiendas 29 y 43 de la Entesa y 60 del Grupo Socialista.

Las enmiendas 23 a 27 de la Entesa y 54 y 58 del Grupo Socialista no las podemos admitir, señorías, dado que la redacción del artículo 6 sobre los ámbitos de actuación no lo impide, dado que el proyecto de ley, como bien saben, habla de «entre otros», siempre y cuando se respete, como es lógico, el concepto valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria que establece el proyecto de ley.

Las enmiendas 37 de la Entesa y 68 del Grupo Socialista, que plantean la supresión de la participación del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias, no las podemos aceptar porque el objetivo de este proyecto de ley es establecer un marco jurídico que permita encauzar la actividad que de manera altruista llevan a cabo los ciudadanos, y el personal sanitario del Sistema Nacional de Salud no solo participa de esa condición de ciudadano, sino que además, por su cualificación y práctica profesional, puede aportar un valor añadido a la cooperación. La regulación del permiso en esa enmienda que ha sido transaccionada sobre la base de la enmienda de CiU facilita la movilización del personal sanitario y mejora la respuesta sanitaria de la cooperación española a las emergencias humanitarias.

También queremos manifestar nuestro voto en contra a la supresión de la modificación del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud que recoge la Entesa en su enmienda 38 y el Grupo Socialista en la enmienda 69 porque, señorías, la regulación básica que se reserva el Estado no agota las competencias de desarrollo y la capacidad de negociación con sus respectivos agentes sociales y órganos de representación constituidos, como saben, en el ámbito de las administraciones autonómicas. Los aspectos regulatorios de carácter básico dejan espacio para la concreción, por la vía de la negociación, en las mesas sectoriales correspondientes. Todo ello permitirá hacer compatible la observancia de la especificidad y diversidad en el ámbito de un servicio de salud con la necesidad de articular un sistema homogéneo de valoración de méritos.

Partiendo, reitero, del absoluto respeto al ámbito competencial que defendemos, mostramos también nuestro rechazo a la enmienda número 77 que pretende suprimir el artículo 12 del proyecto de ley sobre la base de que la regulación contenida en este es excesivamente intervencionista. Señorías, lo recogido en el artículo 12, que regula las relaciones entre personas voluntarias y la entidad de voluntariado, no es en absoluto intervencionista, sino que confiere, a nuestro juicio, seguridad a la entidad y a la persona voluntaria, a la vez que sirve para delimitar la actividad del voluntariado y otras que se puedan realizar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Respecto a las enmiendas que cuestionan la viabilidad económica, que ha sido un tema ciertamente debatido y que lógicamente respeto en sus planteamientos, como las números 82 de CiU, 9 del Grupo Mixto del senador Iglesias, 39 y 48 de la Entesa o 70 del Grupo Socialista, queremos señalar que el límite del incremento del gasto se justifica, entre otras razones, por el hecho de que la creación prevista, como reseñé anteriormente, de los dos órganos, Comisión Interministerial del Voluntariado y Observatorio Estatal del Voluntariado, no supone más que reconocer lo que ya existe, a lo que hay que añadir que en ningún momento se está haciendo en este proyecto de ley referencia alguna a la minoración o supresión de recursos actualmente previstos para el voluntariado.

La enmienda 73 de CiU, al artículo 7, que igualmente califica el contenido de los programas de excesivamente intervencionistas, senadora Rivero, no la podemos aceptar habida cuenta de que para nada se puede calificar como tal el hecho de que este proyecto de ley enumere de forma general el contenido mínimo de los programas.

No compartimos, igualmente, lo recogido en la enmienda 75 de CiU, al artículo 8.2, que se refiere al ejercicio del voluntariado de los menores de 16 años y mayores de 12. En este sentido —y ya lo apuntó en el turno de vetos la senadora Mendiola—, no vemos obstáculo alguno en que estos jóvenes puedan desarrollar acciones de voluntariado siempre y cuando cuenten, como es lógico, con la autorización expresa de su progenitores, tutores o representantes legales. Respecto a esto, como sabrán sus señorías, existe una tendencia general en otros países y en diversas comunidades autónomas a fomentar el voluntariado en edades tempranas, habida cuenta del carácter enriquecedor y pedagógico para todos y todas las que en ellos participan. Antes me refería a la enmienda que ha sido transaccionada sobre la base de la enmienda 79 de CiU y que ha sido firmada también por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y también por el senador Iglesias del Grupo Mixto. Entendemos que es una enmienda importante, que igualmente ya fue objeto de una transacción en el Congreso, pero me congratulo de que en esta Cámara hayamos conseguido mejorar especialmente lo referido a esa ampliación de plazos para esos voluntarios sanitarios que prestan su generoso trabajo y servicio en esas emergencias humanitarias.

Concluyo, señora presidenta. Después de casi veinte años ha sido este Gobierno, sin perjuicio de las aportaciones que han realizado otros grupos, el que ha considerado necesario adaptar su normativa en materia de voluntariado a la nueva realidad social.

Considero que esta nueva ley va a mejorar considerablemente la función altruista y solidaria del voluntariado y, además, los objetivos que persigue, como las propias entidades han reconocido, van a suponer un antes y un después para la actividad que desarrolla, objetivos de este proyecto de ley avalados por el artículo 149 y que respetan la capacidad normativa y de establecer políticas propias a las comunidades autónomas.

No quiero concluir sin hacer un breve apunte a la última intervención de la senadora Llinares. No vamos a entrar a discutir recortes sí y recortes no porque creo que es un debate que tenemos bastante agotado, senadora Llinares, pero sí le puedo decir, desde la absoluta modestia, que a este Gobierno le quedarán muchas cosas por hacer, pero que desde el primer momento adoptó medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social de las familias, en especial de aquellas que tienen hijos a su cargo. Como bien saben, hemos planteado medidas en todos los campos, recientemente, el Plan integral de apoyo a la familia; también contemplamos en el Plan nacional de acción para la inclusión social la creación de un fondo de lucha contra la pobreza que no existía y cuya dotación hemos ido incrementando a lo largo de estos años; también hemos priorizado la lucha contra la exclusión y la pobreza infantil en los programas de subvención a cargo del 0,7. En definitiva, actuamos bajo la recomendación de la Unión Europea de que invertir en infancia significa romper el ciclo de desventajas, un ciclo, señorías, que lamentablemente proviene de una anterior etapa de gobierno en la que, hay que reconocerlo porque los datos objetivos así lo avalan, se hizo una mala gestión económica de una grave situación que atravesaba el país. Esa es una realidad que a todas luces, como digo, es objetiva, aunque yo sé que a ustedes no les gusta.

Concluyo reiterando en nombre de mi grupo nuestro reconocimiento al voluntariado y confiando en el voto favorable de sus señorías al conjunto del proyecto, porque sin ningún género de dudas estamos ante una ley que no es que beneficie al Gobierno del Partido Popular, sino que beneficia a los que más lo necesitan en este y en cualquier momento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Para cerrar este turno me gustaría dejar claras dos visiones, y me gustaría dejárselo claro al grupo de la mayoría, en este caso del Partido Popular. En primer lugar, esta ley, les guste o no, tiene dos características: una disposición en la que deja claro que no habrá un incremento de gasto público para poner en marcha la ley, característica habitual en sus leyes últimamente, y otra, que invade competencias, invade el Estatut de Cataluña, el artículo 166, en el que se especifica que la atención social y el voluntariado, entre otros, son exclusivos de Cataluña. Esto por un lado.

Por otro lado, si analizamos socialmente cómo es nuestro país —y me estoy refiriendo, por supuesto, a España—, si analizamos socialmente qué tipo de voluntariado tenemos o cómo estamos en el ranking de voluntariado respecto de Europa, veremos que tenemos muchas cosas que mejorar, básicamente porque, aunque ha aumentado muchísimo el voluntariado, aún no tenemos los niveles, como ya se ha dicho, que hay en la media de los países de la Unión Europea y esa es una buena pregunta que se tenían que haber hecho antes de empezar a legislar, porque el objetivo final es que todos cambiemos nuestra cultura, entendiendo el voluntariado como una parte normal de nuestra vida y de contribuir a la sociedad en un momento determinado de nuestras vidas, porque uno puede ser voluntario cuando es mayor, cuando es joven, depende de muchas cosas, pero la mayoría de nosotros no lo tenemos incorporado en nuestra ruta de vida. Y no vale que ahora me digan que todos han hecho de voluntarios, no se trata de eso, estamos hablando en general, de una cultura de país, la misma cultura que se va adquiriendo con el tiempo, como la de pagar impuestos u otras culturas. Yo creo que esta ley no impulsa que se vaya instalando esta cultura y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, tendría que haber sido una de las funciones de la ley.

Otra cosa que quería añadir es que a veces, cada vez más, con las experiencias internacionales —y le voy a hablar del ámbito de la salud, pero vale para el voluntariado— nos damos cuenta de que cuando las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen las soluciones locales acaban dando mejor resultado. Eso va por su empeño en invadir competencias. Por lo tanto, el hecho de homogeneizar no es bueno, sino que a veces lo que se valora más es que en cada territorio, lo más cerca de la opción, se den soluciones a medida y serán muy distintas en Cataluña y Extremadura, pero las dos pueden ser excelentes y válidas.

Termino con unos comentarios que no me puedo reprimir, senadora Mendiola. Ya se me ha pasado un poco —usted hace mucho que lo ha dicho en su intervención—, pero se refería a la oposición del Partido Socialista —como sabe soy socialista— y decía que no contamos con los voluntarios ni con las organizaciones sociales. Me ha parecido que eso era poco adecuado porque no es que unos contemos más que los otros, es que todos —porque todos somos políticos—, desde distintas ópticas, contamos con las organizaciones sociales. También nos ha dicho que no perdiéramos el tiempo hablando —no recuerdo de qué hablaba la portavoz que estaba interviniendo en ese momento— de recortes en vez de hablar de la ley. Si contamos todos los minutos que ustedes y su partido han perdido hablando de Zapatero y de la herencia recibida, le aseguro que ganábamos, y estoy hablando de todo lo que llevan de legislatura, que, por cierto, estamos terminándola. Han estado hablando de eso, que tampoco mejoraba en ningún caso las leyes que estábamos tratando.

Por lo tanto, senadora Mendiola, le agradecería que tuviéramos en cuenta que cuando hacemos política, aquí todos defendemos distintas opciones. Eso hace que todos seamos más ricos y más democráticos. No hay verdades absolutas y lo que hay es distinta manera y enfoques de hacer las cosas. Pero lo que tenemos claro a día de hoy, le guste o no, es que en este país la situación es mucho peor hoy que hace cuatro o cinco años. Y ahora usted me va a decir que eso es culpa de la herencia de Zapatero, por supuesto, y yo le voy a decir que en ese diálogo mi respuesta es una: quizá hay más pobres por culpa de Zapatero, pero van a ser pobres toda su vida por culpa de Rajoy.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Grupo Catalán de Convergència i d?Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidenta.

Voy a ser muy breve. Para no repetirme, solamente le diré a la senadora Dueñas, con todo el cariño del mundo, que lo que no se puede es obviar la realidad, obviar los informes. Es verdad que en 2008-2011 había pobreza, no lo hemos negado nunca, pero ustedes han gobernado desde el 2011 al 2014 y la pobreza ha subido el 3,5 % en 2014, lleva tres años en alza. Ustedes han creado un país mucho más desigual. Está en todos los indicadores. Por tanto, una cosa es que usted nos quiera echar la culpa de todo con el mantra de la herencia recibida y otra es que ustedes son herederos de sí mismos ya. Por lo menos, hay que ser serios y rigurosos cuando hablamos de indicadores.

Volviendo a la Ley del voluntariado, les diré que han desperdiciado una oportunidad única de haber demostrado que de verdad quieren aprobar una ley dialogada, consensuada y que responda a los retos que como sociedad tenemos en cuanto al voluntariado y ustedes no lo han hecho. Que la senadora Mendiola nos diga que si no apoyamos esta ley es porque no apoyamos a las plataformas, para esto, de verdad, no tengo nombre. Ustedes son capaces de todo. ¿Sabe qué pasa? Que la ciudadanía, que está ahí fuera, les conoce. Por sus hechos se les conocerá y a ustedes ya les conocen, han estado cuatro años creando un país muchísimo más desigual.

Por tanto, nuestro reconocimiento a las organizaciones relacionadas con el voluntariado y el tercer sector, porque gracias a esas personas —que dedican su tiempo, sus conocimientos, su vocación—, se mejora la vida de los demás, en muchas ocasiones haciendo cosas que debería hacer el Gobierno. Senadora Mendiola, senadora Dueñas, no tergiversen los datos y no confundan, no se lo vamos a permitir. De que no aprobemos esta ley, son ustedes los únicos culpables, porque una vez más anteponen el interés partidista al interés de la ciudadanía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidenta.

La verdad es que estamos ante una ley amable que debería ser aprobada con el consenso de todos los grupos, y además ha habido participación, desde luego, del tercer sector y de los voluntarios. Es una ley que ellos quieren y que están solicitando, por lo tanto, si no votan a favor están votando en contra de lo que el tercer sector y los voluntarios quieren. Es una ley que reconoce la expresión de la solidaridad ciudadana, una ley —como les decía— amable, que despierta en nosotros admiración hacia esos miles y miles de ciudadanos voluntarios. Desde aquí el reconocimiento y el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con la labor de los voluntarios españoles, desde el convencimiento del importante papel que desempeñan en nuestra sociedad, por esa dedicación a mejorar la vida de los demás son una pieza clave para la recuperación económica y social de España. Consideramos que el trabajo realizado por estas personas es una labor noble y maravillosa que merece el apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos.

Con esta Ley de voluntariado proporcionamos un nuevo marco legal para avanzar en el ejercicio de la actividad solidaria en España y damos respuesta a los seis millones de españoles voluntarios, sí, seis millones, señorías. Con orgullo, senadora Almiñana, con orgullo podemos decir que somos el sexto país de la Unión Europea en voluntariado. Reforzamos con esta ley la participación de todas las personas en muy diversos ámbitos, en una ley encaminada a la promoción del interés general, el bien común, el despliegue solidario de las capacidades humanas, la construcción de la equidad, la justicia y la cohesión social, una nueva ley para la participación de todos. Estamos ante una ley abierta para favorecer el voluntariado, no solo en el ámbito del tercer sector sino también la participación en su promoción y reconocimiento por parte de empresas, universidades y de la propia Administración pública; una ley con alcance estatal que proporciona elementos comunes en todo el territorio nacional y resuelve la actual dispersión normativa; una ley respetuosa con los ámbitos competenciales de las distintas administraciones públicas, que promueve la colaboración con el tercer sector y fomenta la acción solidaria, buscando el mayor compromiso de las administraciones atendiendo a un modelo común en todo el territorio; una ley que incorpora un estatuto del voluntariado propio y diferenciado que regula sus relaciones con las entidades y sus derechos y deberes, en la que se definen también los derechos y deberes de las personas beneficiarias; una ley que refuerza la participación social e impulsa iniciativas solidarias promoviendo y fomentando en especial el voluntariado entre los más pequeños y los mayores.

La eminente aprobación de las leyes de voluntariado y del tercer sector social responde al objetivo de Mariano Rajoy de que el progreso que está tomando felizmente forma en España se reparta de la mejor manera y nos aseguremos de que nadie se queda en la cuneta. Son dos normas que constituyen el alma y la esencia de la solidaridad en España, porque ejemplifican que sin solidaridad, sin alma social no hay progreso posible. Ambas leyes comparten objetivo, ayudar al que ayuda, ayudar a los voluntarios y a las organizaciones sociales que trabajan ayudando a personas con dificultades. La aprobación de estas iniciativas constituye una excelente noticia para la solidaridad en España. El Grupo Parlamentario Popular está muy satisfecho porque vamos a disponer de uno de los mejores marcos legales de toda Europa para responder a ese potencial que cada vez tiene más fuerza en nuestro país, como es la solidaridad, el apoyo y el dedicarse a quien más lo necesita. Le guste o no, senadora Almiñana, España va a poder presumir en lo económico y en lo social, las dos caras de España, la económica y la social, son a cada cual más importante: en lo económico hemos demostrado que hacemos bien las cosas, España es el país que más crece de la Unión Europea, y lo social también lo estamos poniendo al mismo nivel. El Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario trabajamos para que las dos caras de España, la económica y la social, estén al mismo nivel para tener un país más libre y con igualdad de oportunidades. Sí, señorías, igualdad de oportunidades para los catalanes, pero también igualdad de oportunidades para los riojanos, o sea igualdad de oportunidades para cualquier español.

Esperamos que dejen de escudarse en una malentendida invasión competencial y que apuesten por la solidaridad ciudadana y por la igualdad de oportunidades para todos los españoles y voten favorablemente la Ley del voluntariado, que supone una importante mejora respecto a la norma actual, al desarrollar un marco jurídico para el voluntariado que beneficiará a todas las personas que participan en él.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas.

En primer lugar, procedemos a la votación de las enmiendas del señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto.

Votamos la enmienda 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 2 y 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 3, 5 y 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 7 y 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas 10, 13 y 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 11, 14, 15 y 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 18, 19, 25 a 29 y 32 a 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 20 y 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 22, 30, 31 y 39.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 23 y 24.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 40, 46 y 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 41 y 43.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 42, 44 y 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA:



Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Votamos las enmiendas 71 y 76.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 75, 78 y 81.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 73 y 77.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 74.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 80.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 82.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 49, 50, 56 a 60 y 63 a 69.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 51 y 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54 y 55.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 61 y 62.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 70.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Procedemos a continuación a la votación de la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 79 de CiU, registrada con el número 190 930, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

A continuación votamos el texto del proyecto de ley en todo lo no modificado por las enmiendas aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 4; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Por tanto, queda aprobado por el Senado el Proyecto de Ley del voluntariado 621/000137 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por esta comisión, con competencia legislativa delegada, al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, buen verano a todos, y hasta el 25 de agosto.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.


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