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DS. Senado, Comisiones, núm. 463, de 02/06/2015
 


COMISIÓN DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Sesión celebrada el martes, 2 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA



Designar Ponencia

Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. 621/000119 Derecho civil; Derecho mercantil; jurisdicción judicial GOBIERNO


Dictaminar

Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. 621/000119 Derecho civil; Derecho mercantil; jurisdicción judicial GOBIERNO

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Mientras la señora letrada comprueba las asistencias, pregunto a sus señorías si se puede aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 5 de mayo.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.



DESIGNAR PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 621/000119 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a designar la ponencia de este proyecto de ley.

¿A quiénes propone el Grupo Parlamentario Popular, señor Altava?

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular propone a los senadores don Luis Rogelio Rodríguez Comendador y don Dimas Cuevas Cuerda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Y por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sen?

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista propone a Arcadio Díaz Tejera, a María de los Ángeles Marra y a mí mismo, Nicanor Sen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Se entiende que en para el resto de los grupos parlamentarios será ponente cada uno de los miembros de la comisión.

En consecuencia, la ponencia va a quedar integrada por los senadores que se han nombrado.

Si les parece bien, vamos a interrumpir la sesión para que pueda reunirse la ponencia —he hablado con todos los grupos— durante unos quince minutos, aproximadamente. Les pido, por tanto, que no se alejen demasiado de la sala para reanudar la sesión y debatir este proyecto de ley.

Se suspende la sesión.

Eran las doce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.



DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 621/000119 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a proceder al dictamen del Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria, proyecto de ley al que se han presentado 4 propuestas de veto y 787 enmiendas.

Como cuestión previa, los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, con mayoría en la ponencia, manifiestan que su criterio es contrario a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto presentadas a este proyecto de ley.

En segundo lugar, la ponencia aprueba mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto, que son las siguientes: propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy sintética, este proyecto de reforma de la Ley de la jurisdicción voluntaria responde a un modelo que, a través de otras reformas, ha abundado en reducir el ámbito de intervención de la Administración de justicia para transferirlo a otros operadores, que, bajo la cobertura de su condición funcionarial, establecen una relación diferente con quienes hasta entonces, antes de estas reformas, eran justiciables.

Por otro lado, no compartimos que, tal como prevé el proyecto, se faculte a los notarios para celebrar matrimonios o divorcios de mutuo acuerdo. Entendemos que el compromiso de gratuidad que se refleja en el texto no es lo suficientemente contundente en tanto en cuanto queda pendiente de una revisión de los aranceles, y seguramente se puedan establecer otros mecanismos de compensación puesto que resulta difícil creer que registradores o notarios vayan a desarrollar nuevas funciones sin tener compensación económica alguna. Por contra, el modelo que defendemos en Izquierda Unida los senadores Mariscal Cifuentes y yo mismo en relación con la jurisdicción voluntaria es el de atribuir estas cuestiones a los secretarios judiciales, con una mayor participación del ministerio fiscal y la posibilidad, en todo caso, de interponer recursos frente a las resoluciones de trascendencia.

Por otro lado, y con ello concluyo, el modelo de secretario judicial que aquí se establece es el de un mero fedatario público. Como se refleja en nuestras enmiendas, creemos que es posible atribuirles un número de competencias mucho más amplio, lo que sin duda llevaría a un funcionamiento más eficaz de la Administración de Justicia.

Finalmente —y ahora sí que es la última consideración en relación con los secretarios—, aunque en diferentes ocasiones he reconocido la coherencia del modelo político que se establece a través de las diferentes reformas que van llegando a esta Cámara, hoy tengo que expresar mi perplejidad por el hecho de que estemos debatiendo un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que habla de secretarios judiciales cuando ya ha entrado en la Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambia —en mi opinión sin motivación alguna, y en su momento argumentaré por qué— su denominación. ¿Tanto costaría acompasar las reformas para que los textos resultaran coherentes? La conclusión es que en el Pleno de la próxima semana va a aprobarse este proyecto de ley con la denominación clásica de secretarios judiciales y quince días más tarde el Pleno se cargará —imagino, si no hay una modificación de criterio por parte del grupo mayoritario— esta denominación —supongo que con el ánimo de ennoblecer una función ya de por sí suficientemente noble y reconocida— al transformar la denominación de secretario en letrado de la Administración de Justicia, aunque tampoco creo que el concepto de letrado sea más noble que el concepto de secretario judicial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Voy a defender también el veto número 2.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: A pesar de que en el Congreso de los Diputados se están tramitando diversos proyectos de ley relativos a la justicia, nuestro balance de cuál ha sido la política en materia de justicia en esta legislatura se resume en tres ideas. En primer lugar, el objetivo ha sido laminar la independencia del Poder Judicial. En segundo lugar, se ha dado un fuerte impulso a la externalización de los actos de la justicia. Y en tercer lugar, como consecuencia de ello, el Gobierno ha sustraído derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva.

Esta no es solo la opinión de Jordi Guillot y la mía, recogida en el veto número 3, o la de los firmantes del veto número 2, sino que es la opinión del colegio oficial de abogados y de muchas entidades y asociaciones. Me refiero al hecho de que en esta legislatura la justicia no ha mejorado y que difícilmente oímos a alguien decir, ni siquiera a los miembros del Gobierno, que la justicia ha mejorado.

Desde ese punto de vista, pensamos que esta ley se inscribe en esa filosofía conservadora de la política de justicia del Gobierno, que hoy externaliza y privatiza actos judiciales importantes, y por otro lado, disminuye la facilidad o el derecho a la tutela judicial efectiva, hasta el punto de que se pueden establecer dos tipos de justicia: una que irá mucho más rápida y otra mucho más lenta. En este proyecto de ley el Gobierno insiste en que va a ser gratuito, pero no va a serlo porque, si no recuerdo mal, en una disposición adicional se habla de los aranceles y de que el Gobierno va a tener que hacer frente a los costes que eso representa para los registradores y los notarios.

He de decir que esta es la legislatura de los registradores. Con la Ley hipotecaria de hace quince días y con otros muchos proyectos de ley todo va a pasar por los registradores, todo: el catastro, donde los registradores asumen poderes que van más allá de registrar; las bodas y los divorcios, etcétera. Desde este punto de vista, me gustaría que el ministro de Justicia nos contestara qué va a quedar en el Ministerio de Justicia. ¿Qué van a dejar? Porque la mediación, la Ley hipotecaria, los matrimonios..., todo esto, en definitiva, se está externalizando.

Como decía el portavoz del Grupo Mixto, creemos que se debe atribuir con exclusividad a los secretarios judiciales todo el trámite, el impulso y la definición final de la justicia voluntaria.

Por esas razones planteamos el veto. Este proyecto de ley se inscribe en una visión conservadora de la justicia en el sentido de que busca laminar la independencia del Poder Judicial y externalizar y privatizar actos judiciales, lo cual reduce derechos a la ciudadanía. Por estas razones les pedimos el voto favorable para nuestro veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como continuación a lo que han indicado los portavoces de los otros grupos que han presentado veto a este importante proyecto de ley, diré que nuestro grupo también ha formulado un veto al entender que este proyecto de ley viene a continuar la línea establecida por el Partido Popular desde su llegada al Gobierno de la nación en el sentido de hacer de la justicia algo de unos pocos y no de todos, que es como los socialistas concebimos la justicia.

Nosotros entendemos que esta nueva ley no cumple con los objetivos que se fijaron y que, además, vuelve a introducir la privatización de un servicio en cuestión, lo que dificulta de forma importante el acceso a la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos y a tener una justicia gratuita.

En lo que se refiere a este proyecto de ley, siempre hemos entendido —y así lo hemos dicho en el Congreso de los Diputados— que es necesaria una nueva ley de jurisdicción voluntaria, si bien a juicio de nuestro grupo el texto que se nos remite no cumple los objetivos para los cuales debería haberse redactado: primar, siempre y en todo momento, los derechos de los ciudadanos frente a unos lobbies, como aquí han indicado otros portavoces.

Entendemos que con este proyecto se renuncia a la regulación de buena parte de los expedientes de la jurisdicción voluntaria, no se concita el consenso de buena parte de los operadores llamados a aplicarla y supone un paso más en la estrategia de privatización por parte del Gobierno del Partido Popular. Además, va a suponer una dificultad añadida para los ciudadanos en su acceso a una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses. Esta es la legislatura de una justicia de aranceles, de externalización, de tasas —primero se pusieron las tasas y luego desaparecieron—, de poner palos en las ruedas a los ciudadanos en su acceso a la justicia, sin duda uno de los grandes valores con los que cuentan los ciudadanos de cada país. Como también se ha indicado aquí, se propicia un refuerzo desmesurado de las competencias de determinados lobbies o sectores, en concreto de los notarios y registradores.

Por ello —y quiero que quede perfectamente claro—, el Grupo Parlamentario Socialista no piensa acompañar al Grupo Parlamentario Popular en este camino iniciado, pues consideramos que es un camino fallido. Con este proyecto de ley no se va a poder conseguir la modernidad, la agilidad y la eficiencia que se precisa, razón por la cual el Grupo Parlamentario Socialista presenta y apoya este veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Para el turno en contra, tiene la palabra don Dimas Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, presidente. Buenos días.

Es evidente que nuestro grupo va a votar en contra de los cuatro vetos, aunque realmente no son cuatro, son tres, porque los vetos números 1 y 3 son calcados punto a punto y coma a coma; no sé quién tendrá el copyright, pero son iguales.

Realmente, los cuatro se parecen mucho y ninguno entra en el fondo de la ley; ninguno entra a valorar cuál es el ímpetu modernizador que supone esta ley de jurisdicción voluntaria ni cuáles son las virtudes previstas en el servicio a los ciudadanos, que al final es lo que todos pretendemos lograr mediante la actividad legislativa. Los vetos se basan en apriorismos, en puros prejuicios e ideas preconcebidas. Todos los grupos que han presentado veto repiten un mantra, el mismo del que llevan casi cuatro años hablando: la privatización, el castigo a la función pública, el castigo a los servicios públicos, el castigo al ciudadano. Ese es el mantra que se repite en estos vetos, y tiene bastante poco fundamento, porque esta ley es plenamente garantista para todos aquellos expedientes que quedan en manos de la Administración judicial; es plenamente garantista.

Con esta ley, eso sí, queremos que se utilicen todos los recursos públicos y en muchos casos son protagonistas los funcionarios públicos, depositarios de la fe pública y con una gran preparación y un gran conocimiento de los temas que se les van a encargar. Es una ley donde, además, hay alternatividad en muchos casos. Los vetos hablan, por ejemplo, de los matrimonios, pero nadie va a estar obligado a casarse ante notario, sino que va a haber alternativas para poder elegir entre casarse ante notario, ante secretario, ante el ayuntamiento o donde quieran. Hay alternatividad en muchos casos, mientras que en otros casos se ha optado siempre por el camino más rápido y menos costoso para el ciudadano. También se garantiza la atención gratuita en todos los casos para quien así lo necesite. Por tanto, estos vetos son apriorísticos, son de puro prejuicio y mantienen una actitud en contra del Gobierno del Partido Popular.

No deja de ser llamativo que el señor Saura se refiera a la independencia del Poder Judicial, porque no sé qué tiene que ver la Ley de jurisdicción voluntaria con esto, sinceramente. No es aquí donde procede hacer ese debate, aunque está bien traído simplemente porque es la misma comisión, solo por eso.

Vamos a votar en contra de unos vetos que no aportan nada a la ley, que simplemente se limitan a establecer un prejuicio ni siquiera ideológico, sino puramente partidista, doblemente incomprensible en el caso del Grupo Parlamentario Socialista ya que esta ley bebe de un proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno socialista hace apenas cinco años y deriva también del Pacto por la justicia suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Además, ante este proyecto de ley, que obedece a los libros blancos sobre la cuestión y a recomendaciones de los países de nuestro entorno del ámbito europeo, el Partido Socialista, de forma incomprensible, una vez más se alinea con las tesis más radicales y menos racionales y no entra en el fondo de una ley que estamos convencidos de que va a mejorar la atención a los ciudadanos, va a permitir múltiples opciones, va a mantener plenamente las garantías para las familias, para los menores y para las personas con discapacidad judicialmente modificada. Estamos convencidos de que será una buena ley para todos y, evidentemente, estos vetos no van a prosperar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuevas.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré brevemente, señor presidente.

Los vetos pueden ser calificados de muchas maneras, pero como radicales me parece que resulta imposible. En todo caso serían conservadores porque pretenden mantener un modelo de Administración de Justicia que es el existente hasta este momento y que, además, es fruto de una larga tradición jurídica en nuestro país que se innova desde planteamientos que no se comparten ni ideológica, ni política, ni técnicamente. Por eso es difícil hablar de prejuicios cuando los vetos, además de constatar una realidad, se basan en una experiencia, la de estos casi cuatro años de acción de Gobierno del Partido Popular en materia de justicia, de la que este proyecto es solo una pieza más. Como lo que no se comparte es ese modelo de Administración de Justicia, en la parte que esta pieza del puzle representa se formulan los vetos y, sobre todo, porque lo quiera reconocer o no el Partido Popular, como luego se demuestra en las enmiendas que desarrollan los argumentos del veto y que se concretan en el articulado, lo que se plantea es un modelo alternativo, el contrapunto. Frente a la apuesta de diferentes reformas por sacar del ámbito de la Administración de Justicia gran parte de lo que hasta ahora han sido competencias suyas para transferirlas a otros colectivos con el único argumento de que son funcionarios —aunque sean especiales, en tanto en cuanto no perciben su retribución de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se retribuyen con cargo a los ciudadanos que acuden como clientes a los registros o a las notarías—, defendemos un modelo que, dando un paso más sobre la base existente, entendiendo que es necesario establecer cambios en la regulación de la jurisdicción voluntaria y en la distribución de sus competencias dentro del ámbito de la Administración de Justicia, plantea como opción diferente que, sin salirse de ese ámbito, sean los secretarios judiciales los que asuman esas competencias que ahora se externalizan, por utilizar un término más propio de la empresa privada que de la Administración Pública, pero que seguro que ideológicamente responde a los planteamientos del proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Quería anunciar simplemente que nos vamos a abstener en todos los vetos y enmiendas, sin perjuicio de que después el Grupo Vasco exprese su postura en el Pleno correspondiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo decía en mi intervención anterior que tal vez es el momento de hacer un cierto balance de la política de justicia. ¿Ha mejorado la justicia en estos cuatros años? Es difícil que alguien diga que ha mejorado, o dicho de otra manera, el nivel de contestación de asociaciones, entidades o del Consejo General de la Abogacía en relación con este ámbito ha sido el máximo, llegando a la huelga más importante en el mundo de la justicia.

¿Qué balance hacemos nosotros? Que no se ha mejorado la justicia y que las políticas se han dirigido a tres objetivos: primero, el de la independencia, a la que esta ley, evidentemente, no hace referencia, pero en el texto que se aprobó de la reforma del Consejo General del Poder Judicial sí se ve ese objetivo de laminar la independencia de la justicia, donde el ministerio se queda con competencias y deja que el Consejo General del Poder Judicial administre pequeñas vicisitudes de jueces y fiscales. En segundo lugar, la externalización; y en tercero, que se dificulta el acceso de la ciudadanía a la justicia.

El portavoz Dimas Cuevas decía que esto no responde a cuestiones ideológicas, sino a apriorismos nuestros. Para no cansarle, le voy a leer dos citas de las seis que tengo, para ver si esto es un problema apriorístico de la oposición. La primera es del presidente del Consejo General de la Abogacía, que ha manifestado lo siguiente: El Estado de derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano. Nuestra justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy menos democracia. Y no es de Iniciativa, se lo aseguro. Otra cita de un editorial de la propia revista del consejo, que dice lo siguiente: El anteproyecto de ley de justicia voluntaria, entre otros muchos enfoques desafortunados, pone en manos de notarios y registradores el negocio de determinados actos hasta ahora judiciales, como bodas, divorcios, convocatorias de juntas generales, subastas voluntarias y expedientes de participación, por lo que también se habrá de pagar dos veces, una en los impuestos y otra por cada acto. No son de Iniciativa. Y no le leo manifiestos de Jueces por la Democracia o de otras entidades. Es decir, que hoy la justicia en el Estado español no ha significado una mejora creo que es generalizado. Ha sido una legislatura de confrontación, de malos rollos en la justicia, de huelgas y, en definitiva, es evidente que ustedes están vaciando el servicio público de la justicia para privatizarlo. Por esta razón, en el caso del proyecto que nos ocupa, creemos que se externaliza y privatiza, que se vacía de contenido el servicio público de la justicia y que, además, tarde o temprano se va a hacer pagar vía impuestos o vía Presupuestos Generales del Estado el trabajo que ejercen los notarios y los registradores. Repito que ha sido la legislatura de los registradores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Nosotros coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en las cuatro propuestas de veto defendidas por los respectivos grupos parlamentarios y coincidimos en el diagnóstico, ya que el texto no acaba de cumplir con los objetivos que inicialmente el Gobierno se había propuesto, pero consideramos que es imprescindible la tramitación y aprobación de este proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que hoy es objeto de dictamen en esta comisión, porque viene de un mandato que ya hacía en su momento la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil. En ella se encomendaba al Gobierno de entonces que remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Esto, evidentemente, no quita que este proyecto sea mejorable.

Estamos de acuerdo con cuatro o cinco de sus puntos, como por ejemplo con la apuesta clara por traspasar a otros profesionales y funcionarios públicos ciertas materias que hasta ahora estaban atribuidas a jueces y magistrados, en la misma línea del parecer del Consejo General del Poder Judicial expresado en su informe al anteproyecto. En términos generales estamos de acuerdo, puesto que compartimos la necesidad de descargar de trabajo al juez y aligerar la carga que afecta a tribunales. Ahora bien, destacamos que estamos de acuerdo en que la desjudicialización se lleve a cabo de manera parcial y no se predique de todos los supuestos de jurisdicción voluntaria.

Como decimos, si bien consideramos adecuado aligerar la carga de trabajo de los juzgados, no podemos olvidar que es indudable que para el ciudadano la máxima garantía de sus derechos viene dada por la intervención del juez. Por lo tanto, hay asuntos que no se pueden desvincular de su conocimiento, como por ejemplo la afectación de derechos fundamentales, derechos relacionados con menores y otras personas especialmente protegidas.

Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con que la tramitación del divorcio se haga ante notario, a pesar de que el artículo 87 prevea la atribución al notario del control de los convenios reguladores de separación y divorcio en el caso de aquellos que sean de mutuo acuerdo, pues consideramos adecuado que se mantenga la competencia del juez, ya que el divorcio acostumbra a ser un momento proclive para hacer valer situaciones de desigualdad u otras que hacen necesaria la intervención del juez.

Asimismo, y como compartimos el informe del Consejo General del Poder Judicial, consideramos que el expediente notarial de reclamación de deudas dinerarias tendría que suprimirse y mantenerse este procedimiento de jurisdicción voluntaria en el ámbito judicial.

Por lo que se refiere a que la valoración de concurrencia de requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos para disfrutar del beneficio de justicia gratuita esté en manos de notario o registrador, entendemos que esta valoración debería corresponder y permanecer en manos de las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

Finalmente, en relación con la eventualidad de la ley y la desjudicialización de la jurisdicción voluntaria contenida en el presente proyecto, entendemos que convendría valorar una ampliación del consenso con las administraciones de las comunidades autónomas que, como Cataluña, tienen competencia para regular la creación de una justicia de proximidad.

Señorías, tal y como ya manifestamos, nos vamos a abstener en la votación de los vetos, pues consideramos que se debe continuar con la tramitación de la ley. Asimismo, esperamos que nuestras 90 enmiendas puedan ser aprobadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros no estamos de acuerdo, y mucho menos con las palabras del senador Dimas en cuanto a que estos son vetos radicales. Nada más lejos de la realidad. Lo único que ocurre es que el Grupo Parlamentario Socialista tiene su opinión sobre lo que considera que debe ser la calidad de la justicia de nuestro país y la facilidad del acceso a dicha justicia por parte de la ciudadanía. Nosotros entendemos que la justicia debe ser moderna, ágil, eficaz y, por supuesto, gratuita, y que todos los ciudadanos han de sentirse perfectamente respaldados por el sistema.

En cuanto se refiere a lo que he indicado antes en la defensa de nuestro veto, entendemos que el texto de este proyecto de ley fracasa profundamente a la hora de sistematizar de manera coherente la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando renuncia a establecer un marco para todos ellos Además, se autolimita, como hace el artículo 1.1 del proyecto, en relación con los que se tramitan ante órganos jurisdiccionales, dejando buena parte de los expedientes sin regularizar o haciéndolo en otros cuerpos normativos. Consideramos que cuando las cosas se hacen bien no deben obtener rechazo. Y solo tenemos que remitirnos al listado de normas y proyectos que se han tramitado en las Cortes de nuestro país para ver que la inmensa mayoría no solamente han contado con una oposición férrea por parte de los grupos políticos de la oposición, sino que gran parte de ellos —salvo muy raras excepciones— han sido rechazados también por los principales operadores jurídicos en cada uno de los ámbitos. Por eso es importante para nosotros que este proyecto de ley vuelva al Congreso de los Diputados y se trabaje entre todos los grupos políticos con el fin de conseguir solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de este país y no los casi inexistentes problemas que tienen esos lobbies a los cuáles se dirige y a los cuáles mira la inmensa mayoría de los proyectos aprobados por parte del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, nosotros mantenemos la defensa del veto que hemos presentado y apoyaremos el resto de los vetos planteados a este proyecto de ley. Durante el debate de esta norma en el Pleno ampliaremos nuestros argumentos y defenderemos las enmiendas que nuestro grupo ha presentado.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.

Creo que quienes han presentado estos vetos se han limitado a reafirmarse, razón por la que nosotros reafirmamos también nuestra posición al respecto. Agradecemos al Grupo vasco y al Grupo catalán que se vayan a abstener, pues con ello permiten que se siga tramitando este proyecto de ley y, sobre todo, agradecemos al Grupo catalán que haya entrado en materia y no en el juego de los prejuicios, sino que se haya referido directamente a los contenidos de la ley. Creo que es muy importante que hablemos de los contenidos de esta ley y de las mejoras que va a suponer para los ciudadanos.

Sí hay una cosa que me ha llamado la atención en las intervenciones, y es que varios de los portavoces han hablado de justicia a dos velocidades. Es curioso: piden alternativas y cuando se dan hablan de justicia a dos velocidades. No lo entiendo. Esto denota desconfianza en el servicio público de la justicia, desconfianza en la Administración de Justicia. ¿Por qué va a dar peor servicio el funcionario que el notario? Nosotros confiamos en los dos, en el funcionario y en el notario. Hablar de justicia a dos velocidades supone, además de un prejuicio —pues descalifica a unos profesionales dando por hecho que no van a ser capaces de hacerlo con criterios de igualdad y de seguridad jurídica—, una desconfianza plena en la Administración de Justicia, en los servidores públicos, en los funcionarios. Esto es incomprensible, sinceramente, pues esta ley incorpora alternatividad, abre el abanico para que el ciudadano elija cuál es su mejor opción y, muy importante, garantiza siempre los derechos fundamentales —como mencionaba también la portavoz de Convergència i Unió—. En este sentido, quiero señalar que en esta ley queda bien claro que cualquier asunto que afecte a derechos fundamentales, que afecte a menores y a discapacitados, estará siempre garantizada por la figura del juez que va a intervenir en la resolución de cualquier conflicto o derecho que se plantee.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.

Vamos a proceder a votar los vetos que se han debatido.

En primer lugar, comenzamos con la propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas 1 a 11, presentadas por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Enmiendas 12 a 153, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERÁNDEZ: También las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Enmiendas 154 y 155, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

El señor Cazalis tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Las doy por defendidas igualmente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Enmiendas 245 a 575, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Enmiendas 156 a 244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

Enmiendas 576 a 766, del Grupo Parlamentario Socialista.

El senador Sen tiene la palabra.

El señor SEN VÉLEZ: Las damos por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sen.

Enmiendas 767 a 787, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Cuevas, tiene usted la palabra.

El señor CUEVAS CUERDA: Las doy por defendidas y traslado el debate al Pleno, donde las defenderemos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuevas.

Pasamos al turno en contra. ¿Va a ejercerlo algún portavoz? (Denegaciones).

Pasamos entonces al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor ALTAVA LAVALL: Me solidarizo con el resto de portavoces.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, procedemos a votar el texto propuesto por la ponencia en su informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 8; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, queda dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria.

Señorías, hay que designar el miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor Altava Lavall pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava. (El señor Sen Vélez pide la palabra).

Señor Sen, tiene la palabra.

El señor SEN VÉLEZ: El Grupo Socialista también propone al señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Antes de terminar, señorías, quiero informarles de que, tras la marcha del letrado don Juan José Pérez Dobón, hoy hemos sido asistidos por la letrada doña María Teresa González, a quien damos las gracias por su presencia. A partir de hoy —también está presente—, el letrado de la Comisión de Justicia será don Javier Ballarín.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.


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