Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Comisiones, núm. 423, de 04/03/2015
 


COMISIÓN DE INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAMÓN RABANERA RIVACOBA

Sesión celebrada el miércoles, 4 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA



Dictaminar

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 621/000102 derecho de manifestación; documento de identidad; expulsión; libertad de reunión; seguridad pública; transparencia administrativa GOBIERNO


DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 621/000102 GOBIERNO

Se abre la sesión a las doce horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar, procede aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 10 de febrero, si no hay ningún impedimento al respecto.

¿Hay alguna objeción al acta? (Denegaciones).

Queda aprobada.

Se pasará lista para la comprobación de las asistencias antes de la votación, y también se dará conocimiento de las sustituciones correspondientes.

Vamos a empezar con el debate de las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

En primer lugar, propuesta del veto número 1, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Lo doy por defendido, sin perjuicio de que en el debate del proyecto de ley que se produzca en el Pleno lo defiendan sus autores.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En el mismo sentido que en el veto anterior, lo doy por defendido, sin perjuicio de que sus proponentes lo hagan de forma extensa en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Y para la defensa del veto número 3, presentado por su señoría, tiene usted la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, en este sí me extenderé un poco más.

Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado un veto al Proyecto de Ley de seguridad ciudadana. En primer lugar, este proyecto de ley suscita un profundo rechazo por parte de las asociaciones de juristas, así como en el ámbito internacional. Cabe recordar lo que se ha dicho sobre esta ley y también sobre el proyecto de ley de reforma del Código Penal. Los relatores de Naciones Unidas se han expresado de forma clara en determinados medios de comunicación y han emitido un informe al respecto. Y no únicamente por lo que significa este proyecto de ley en su individualidad, sino porque debe ser interpretado —y, por tanto, entendido— en el marco de unas reformas legislativas que van más allá del propio Proyecto de Ley de seguridad ciudadana, en este caso, el proyecto de reforma del Código Penal, así como, en el proyecto de ley de reforma del Código Penal, el nuevo acuerdo en materia antiterrorista.

¿Por qué produce rechazo? Porque de nuevo significa recortes en derechos y libertades, y desde el punto de vista de Esquerra Republicana significa una involución, un paso atrás, una vuelta al pasado. En definitiva, significa el triunfo de penalizar todas aquellas conductas que no le gustan a determinados partidos políticos.

Entendemos que esta ley pretende dar cobertura legal a la práctica policial cotidiana de persecución y represión de la protesta y del derecho de manifestación. Creemos también que es un atentado más a la separación de poderes en España, una separación de poderes que por lo que respecta al reino de España es más que cuestionable por inexistente. En este caso será el Gobierno de turno, la Administración, el responsable de juzgar y penalizar las situaciones que considera que atentan contra la seguridad ciudadana por parte de aquellos que protestan contra él en el ejercicio de su derecho de manifestación. Esto, unido a la conversión de determinadas faltas en delitos, también determinará el aumento de la punición de determinados hechos. Entendemos que, tal como queda redactado en estos momentos el proyecto de ley, existe la imposibilidad de control del ejercicio de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y existe también un incremento y represión en el caso de la tenencia y consumo de drogas, a pesar del estrepitoso fracaso que ha significado la perspectiva policial.

En resumen, consideramos innecesario el proyecto de ley en el fondo y en la forma. Significa la traslación al ámbito administrativo de algunas faltas, lo que comporta que la Administración se convierta en juez y parte por lo que he dicho con anterioridad. La separación de poderes de nuevo quede en entredicho. Hay un incremento de la actividad punitiva por parte de la Administración, por cuanto incrementa su capacidad sancionadora. El número de infracciones administrativas aumenta, alguna de ellas por la traslación de lo que eran faltas del Código Penal al ámbito administrativo; pero el problema radica en que no existían determinadas sanciones administrativas y ahora, en este texto legal, aparecen nuevas sanciones. Y, además, las medidas de rendición de cuentas y mecanismos de control por parte de la actuación policial resultan insuficientes.

Por estos motivos, y por otros que serán expuestos en el Pleno, en donde se debatirá este proyecto de ley, hemos presentado un veto al Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Para la defensa de la propuesta de veto número 7, presentada conjuntamente por los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

La doy por defendida, y ya los senadores Guillot y Saura la defenderán en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.

Para la defensa de la propuesta número 8, presentada conjuntamente por los senadores Almiñana, Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y Sequera, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias de nuevo, señor presidente.

Nosotros hemos presentado un veto a este proyecto de ley orgánica por una serie de razones que intentaré resumir brevemente, intentando no consumir siquiera el tiempo de que dispongo.

En primer lugar, señorías, desde nuestro punto de vista no se trata de una ley de protección. A esta ley se la llama normalmente ley de seguridad ciudadana, y realmente al título de la ley le falta una palabra a nuestro juicio muy importante, como es la de protección. Es la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana; por tanto, si se trata de una ley de protección, a nuestro juicio debería garantizar el ejercicio efectivo y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y en el desarrollo de la ley su articulado no tiene nada que ver con el texto del título de la ley. Por tanto, desde nuestro punto de vista no se trata de una ley de protección, sino de una ley de orden público, de una ley de control de la población. En definitiva, no es una ley de protección, es una ley de represión ciudadana, no de protección ciudadana. Y se trata de una reforma ideológica para reprimir la libertad de los españoles.

En segundo lugar, es una ley sobre la que no hay una demanda ciudadana; en nuestra opinión no es una ley necesaria. Según una de las últimas encuestas del CIS, una macroencuesta del año pasado, únicamente el 2,5 % de la población identificaba como un problema la inseguridad ciudadana. Y si nos atenemos a las manifestaciones, que fueron más de 30 000 en 2013, la policía únicamente tuvo que intervenir en menos del 1 % de ellas. Por tanto, no hay una demanda ciudadana al respecto.

En definitiva, esta ley intenta sacar de la calle dos temas: las protestas y la pobreza, los protestones y los pobres. Para el Gobierno un ciudadano activo, un ciudadano que protesta, un ciudadano que ejerce sus libertades, es un enemigo de la sociedad, es un ciudadano peligroso. En nuestra opinión esta es una ley que representa un verdadero ataque al Estado de derecho y a la democracia. Por tanto, es una ley inconstitucional. Atenta contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española. Cercena libertades civiles y políticas —reunión y manifestación, el derecho de huelga, el derecho de expresión, etcétera—. Causa una discriminación directa al no introducir la prohibición expresa de llevar a cabo identificaciones basadas en perfiles sociales o étnicos. Elimina garantías básicas sobre el registro domiciliario. No contempla medidas de accesibilidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. A nuestro juicio, castiga con sanciones económicas desorbitadas especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad —personas en situación de sinhogarismo, prostitución, consumo de drogas en la calle—. Limita la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de tratamiento solo a los menores de edad; por tanto, no están previstos los principios de reinserción y de rehabilitación. Mantiene la disposición adicional sobre expulsiones masivas, una disposición rechazada por Cáritas, Acnur, el Consejo General de la Abogacía Española, la Red Española Contra la Trata de Personas, la Plataforma del Tercer Sector, Amnistía Internacional, autoridades de la Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera. Lesiona derechos humanos y da cobertura legal en este sentido a una práctica que a nuestro juicio es ilegal, como son las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla, contraviniendo, entre otros, el derecho internacional sobre asilo, el código de fronteras Schengen, etcétera.

También es una ley que sustrae del ámbito judicial las faltas para pasar a sanciones administrativas y, por tanto, incorpora discrecionalidad y falta de garantías jurídicas, convirtiendo a la Administración en juez y parte ante los ciudadanos.

En cuanto al régimen sancionador, desde nuestro punto de vista se produce un aumento excesivo del número de infracciones, no se regula cómo se va a tener en cuenta la situación económica del sancionado a efectos de gradación de la multa y se va a producir una situación de doble penalización por un mismo hecho —Código Penal y Ley de protección de la seguridad ciudadana—.

En la ley predomina la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, como indicios racionales, perturbación de la tranquilidad ciudadana, alteración del orden público, deslucimiento del mobiliario público, medida extraordinaria en casos de emergencia, etcétera.

También regula competencias municipales sobre ordenanzas municipales; por ejemplo, en cuestiones derivadas de mobiliario urbano o actividades de ocio en espacios públicos prácticamente la totalidad de los municipios tienen ordenanzas en este sentido.

En resumen, señor presidente, se quiere pasar de un sistema garantista a otro que no tiene garantías. Lo que hace esta ley también es sustraer del control judicial las conductas críticas con este Gobierno.

Estas son, señorías, señor presidente, algunas de las razones por las que hemos presentado un veto a este proyecto de ley, que expondremos con un poco más de detalle en el Pleno que se celebrará la próxima semana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Dado que no está presente ningún miembro del Grupo Vasco, vamos a retrasar la defensa de su propuesta de veto y, en todo caso, al final de la defensa del resto de los vetos, si no ha llegado ningún representante del Grupo Vasco y algún senador quiere ser intérprete o defensor de su veto, lo podrá hacer.

Por tanto, pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Nosotros siempre hemos manifestado la necesidad de reformar la Ley de seguridad ciudadana, una ley que tiene veintidós años, durante los cuales se han producido muchos cambios sociales y una auténtica revolución tecnológica que afectan, sin duda alguna, a los conceptos de seguridad.

Pero ustedes han convertido la reforma de esta ley en algo infumable en muchos aspectos pues, suponiendo un cambio en la relación entre seguridad ciudadana y derechos de los ciudadanos, debiendo afinar la protección de los ciudadanos, puede generar el efecto contrario: efectos negativos en los derechos fundamentales y libertades públicas.

Ustedes han conseguido con esta reforma el consenso de todos los grupos de la oposición en contra de ella: se han presentado ocho vetos, de toda la oposición. También han conseguido crear mucha alarma y rechazo en numerosas entidades sociales, como Cáritas, Amnistía Internacional, la Plataforma del Tercer Sector, Justicia y Paz, o incluso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur. Y también han causado la misma alarma y rechazo en el mismísimo Consejo General de la Abogacía Española.

Lamentablemente, cada vez que el Partido Popular tramita una ley tenemos que salir, de entrada, a defender las competencias autonómicas que ustedes intentan laminar. Este es el Estado autonómico que ustedes defienden, y en este Estado autonómico, sobre la base de esas competencias, no es del siglo XXI, por ejemplo, impedir a los cuerpos de seguridad que tienen competencias en diversos territorios del Estado español el acceso a bases de datos delincuenciales como Interpol o Europol, lo que ayudaría en la eficiencia de la lucha contra la delincuencia.

En relación con la disposición adicional décima, sobre expulsiones en caliente, sin ser jurista entiendo que en el mismo momento en que una persona entra en el territorio de un Estado soberano y democrático adquiere unos derechos, como la asistencia letrada, que se han de respetar, y aún más cuando la libertad, la vida o la seguridad de esas personas está en peligro.

Ustedes han convertido esta ley en la de la patada en la boca a los derechos de los ciudadanos y la de la patada en el trasero a las personas que intentan desesperadamente buscar una vida mejor en nuestro país, en nuestro continente.

Por este motivo hemos presentado este veto, y será en el debate en el Pleno donde tendré ocasión de explicar con mayor detalle nuestro rechazo a la ley y donde hablaremos de identificaciones, de la inconcreción de términos como inmediaciones o alterar la tranquilidad de los ciudadanos, o del régimen sancionador.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sendra.

Para la defensa del veto número 4, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros mantenemos el veto, que creo que no es exclusivamente de nuestro grupo, como se ha visto, sino de todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Popular, y sobre todo un veto de la sociedad española, de las organizaciones sociales en general. Y el desarrollo de esta ley también provoca alarma desde el punto de vista internacional.

Es una ley que pretende dar respuesta al malestar social, a la inseguridad sobre su futuro o a la falta de confianza que las medidas del Gobierno están teniendo en cuanto al recorte del Estado del bienestar. Repito que pretende dar respuestas a un malestar generalizado; y, sobre esa base, aparte de recortar el Estado de bienestar, ustedes han decidido recortar las libertades. Y es lo que están haciendo, pero no solamente con esta ley. En el próximo Pleno debatiremos la reforma del Código Penal; también nos anuncian una nueva modificación sobre la interrupción voluntaria del embarazo; y hay temas como el que viene aquí incluido, sin informes consultivos: la modificación de la Ley de extranjería. Es decir, en general ustedes van por el camino del recorte de las libertades para intentar frenar, como he dicho antes, el malestar social que vivimos en este momento.

Ya se ha dicho, y no me voy a extender porque en el Pleno hablaré sobre ello, que esta ley no tiene ninguna demanda social; ni la tiene por el índice de delitos —afortunadamente, en los últimos años ha ido a la baja— ni por la insignificancia en cuanto a los altercados que se pueden producir en manifestaciones —el 0,64 % sobre el conjunto de estas— ni por la preocupación que pueden plantear los ciudadanos en las diferentes encuestas del CIS.

Estamos ante una nueva ley que va más —y me preocupa— por el concepto de identificar la seguridad ciudadana con el orden público, y esto es algo que ya había desechado la ley de 1992. Por tanto, estamos ante una ley que supone un retroceso histórico, una ley que preocupa al tercer sector en cuanto al tratamiento de los sectores más marginados de la población, una ley que se asimila a la mal llamada ley de vagos y maleantes en su momento, una ley que lleva a retrocesos históricos importantísimos. Estas son preocupaciones de organismos tan poco dudosos como Cáritas; ya sé que a alguno le puede preocupar, pero son preocupaciones que manifiestan a todos los grupos políticos. Además, se emplean términos tan vagos como el de tranquilidad ciudadana, un término que en función de quién lo quiera interpretar puede dar lugar a conclusiones muy diferentes. Es decir, inseguridad jurídica.

Hay algo que nos parece gravísimo, y es que se sustituyen decisiones judiciales por decisiones gubernativas. Eso de: quitamos las faltas del Código Penal y las pasamos a una decisión gubernativa, también va a generar mucha inseguridad, y creo que tiene el objetivo de actuar con menos garantías para el conjunto de los ciudadanos. Como he dicho antes, tratan de frenar las protestas. Imponen el miedo. Actúan —podría enumerar muchos casos, pero me voy a limitar a dos— en función de las presiones sociales. Hay medidas contra los que plantean las protestas ante los desahucios, medidas contra la difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad… Es decir, tratan de cortar la libertad de expresión en todos sus términos. Y nos alejan de Europa en cuestiones que todos conocemos, como las devoluciones sumarias o el derecho de asilo, que se pone en cuestión; en temas que están siendo cuestionados a nivel internacional. Creo también que esta ley es inconstitucional —nos veremos obligados a estudiarlo y seguramente a presentarlo— y, como tal, una ley con poco futuro, con pocas garantías desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, desde el punto de vista social y político.

Prácticamente al final de su legislatura plantean unas leyes con un cortísimo recorrido para el futuro. Les pediría que recapacitasen, porque no es lo que demanda la sociedad y, desde luego, no podemos seguir aumentando los recortes en las libertades en este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cascallana.

Para la defensa del veto número 6, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco. Señoría, tenga la satisfacción de saber que todos los senadores estaban dispuestos a defenderlo en el caso de que no hubiera habido un representante de su grupo. (Risas).

Señor Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de nada, quiero agradecer la disposición y predisposición de todos los grupos, incluido el grupo mayoritario, para defender el veto del proyecto de ley que estamos debatiendo en estos momentos. (Risas).

Lo voy por dar por defendido, y no le voy a quitar el protagonismo a mi querido amigo Anasagasti, que estoy seguro de que en el Pleno de la semana que viene lo defenderá, y muy bien, además.

Únicamente haré una reflexión. Tendremos un Pleno en el que vamos a debatir la modificación del Código Penal en un doble ámbito: el de una proposición de ley por todos ustedes conocida, además de lo que es la reforma del Código Penal del año 1995. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una misma filosofía, una misma ideología detrás de todos estos proyectos de ley. En el momento que estamos viviendo, con la situación económica que se está viviendo, con las preocupaciones que está teniendo la ciudadanía y los problemas de la ciudadanía en general, es lógico que proliferen las manifestaciones, es lógico que haya una contestación política contra lo que la ciudadanía considera un recorte tanto de las libertades públicas como de los derechos fundamentales y, cómo no, de derechos económicos, laborales, etcétera. Y nos parece del todo inadecuado que se responda de esta manera, con este proyecto de ley. La ciudadanía está sufriendo mucho, a la ciudadanía no la podemos callar con una mordaza. Tenemos que dejar que se exprese, evidentemente, dentro de la legislación vigente, que en nuestra opinión es suficiente. Y, tal como se ha planteado aquí, no entendemos necesario un nuevo proyecto.

Continuamente desde el grupo mayoritario se está utilizando como argumento que hay una gran preocupación y una gran demanda social, pero entiendo que el proyecto de ley que estamos tramitando en estos momentos no responde a una gran demanda social. Por eso presentamos nuestro veto, que, como decía, solo he introducido y doy por defendido, porque no tengo ninguna duda de que el senador Anasagasti lo defenderá muy bien.

Y, evidentemente, lo cortés no quita lo valiente: muchas gracias por la paciencia que han tenido hasta que he podido llegar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

En turno en contra, tiene la palabra el señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Con la misma brevedad que el resto de portavoces, voy a hacer alguna breve consideración, para ver si en los días que todavía quedan hasta la aprobación de la ley en el Pleno puede llevar a la reflexión a los grupos parlamentarios que han presentado vetos —en su legítimo derecho, que vaya por delante—, y mediante esta reflexión cambiar el sentido de su voto.

Para empezar, hay dos cuestiones que a mí me sorprenden sinceramente. Parece que hay unanimidad en las intervenciones, en el sentido de que aquí el Legislativo, que Congreso y Senado debiéramos hacerlo de acuerdo con los datos que el CIS nos proporciona mensualmente, porque parece que según el CIS no hay una preocupación entre la ciudadanía sobre tal o cual tema. Es un argumento que ya he oído en otras ocasiones, con motivo de la presentación de otros proyectos de ley. Y, como digo, me sorprende.

Y también veo la conversión de todos los grupos, que hoy se encuentran satisfechos con la ley del año 1992, y a los que en este momento les invitaría a que releyesen los Diarios de Sesiones de aquella época, cuando el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Gobierno Socialista, trajo a la Cámara la que luego se llamó la ley de la patada en la puerta. Es curioso que tras aquella posición frontal, hoy, después de veintidós años, se haya llegado a la conclusión de que es una buena ley y que es más que suficiente lo que hay. Quería trasladarles esta sorpresa.

Y me gustaría trasladarles otra cuestión. Creo que estamos utilizando argumentos que están sacados de los argumentarios, si me permiten la redundancia, de los partidos políticos. Esta ley ha tenido una trayectoria muy larga. Siendo anteproyecto de ley —es decir, todavía no era el proyecto del Gobierno o el proyecto que el Gobierno iba a enviar con posterioridad al Parlamento— ya se etiquetó como la ley mordaza. Pues bien, me gustaría que en el transcurso del debate del Pleno ustedes me mencionaran un solo artículo que justifique esa denominación, más allá, lógicamente, de las ventajas que teóricamente da el acusar al Gobierno de recorte de libertades, de liberticida, como han dicho alguna vez, etcétera. Más allá de esa cuestión, me gustaría —repito— que me citaran un solo precepto que, desde la razón y la objetividad, pudiera servir para esa calificación. Por tanto, entre aquel anteproyecto, al que me da la impresión de que algunos de ustedes siguen refiriéndose, y el proyecto que hoy tenemos aquí, después de todo este largo trayecto, creo que hay muy pocas coincidencias. Y hemos pasado por muchas cribas a las que sus señorías se han referido, pero lo que no dicen sus señorías es que en todo este trámite hemos ido admitiendo sugerencias de todas esas cribas por las que ustedes piden que pase el proyecto, que van desde las sugerencias de las asociaciones —me refiero a Acnur, UGT o Comisiones Obreras, por citar solo a algunas— hasta otros estamentos del Estado de derecho por los que también ha pasado el proyecto de ley. Siguen ustedes haciendo las mismas críticas que entonces hicieron a través de los medios de comunicación, sin recoger en ellas que el proyecto ha cambiado sustancialmente. Y podríamos dar ejemplos muy concretos. Alguien ha hablado aquí de lo desproporcionado de las sanciones, de su agravamiento, cuando ustedes saben que las sanciones, sobre todo en el terreno pecuniario, son exactamente las mismas que las que contenía la ley del año 1992, por tanto, las mismas de hace veintidós años. Hablan ustedes de que se han agravado esas sanciones, cuando por primera vez su proporcionalidad se garantiza dividiendo en tramos —mínimo, medio y máximo—, sobre todo las sanciones graves y muy graves, y cuando no solamente se establecen esos criterios sino, además, cómo han de graduarse las sanciones. Por lo tanto, son —repito— críticas, desde nuestro punto de vista, absolutamente respetables, pero también carentes de todo contenido.

Yo no me voy a extender mucho más, porque vamos a tener tiempo de analizar una a una las cuestiones que ustedes plantean. Pero de verdad les digo, desde el máximo respeto de este grupo, que repasen ustedes sus argumentos, porque muchos de ellos no se compadecen con la realidad del articulado del proyecto de ley que vamos a debatir, que estamos debatiendo hoy aquí y que vamos a debatir en el Pleno el próximo día.

¿Cómo podemos, señoría, desde la más mínima realidad, decir que es una persecución, a través del articulado de la ley, del ejercicio de los derechos fundamentales? O algunas de las expresiones que ustedes han utilizado, como la de persecución de las formas de expresión ciudadana, cuando realmente el articulado de la ley —y les voy a citar algún artículo, aunque prefiero dejarlo para entonces—, por ejemplo, el artículo 23, habla de la protección específica que la ley quiere dar para la celebración de reuniones y manifestaciones.

Señorías, en definitiva —y como ustedes no lo han hecho no lo voy a hacer yo tampoco—, no voy a desgranar uno a uno esos motivos de roce entre lo que ustedes plantean y lo que nosotros defendemos. Lo haremos en el Pleno. Pero yo, como última cuestión, les planteo que mediten y que ajustemos la crítica legítima a lo que realmente dice el articulado del proyecto que hoy tenemos aquí y no a aquel anteproyecto que se vendió a través de los medios de comunicación y que parece que todavía sigue instalado en la cabeza de algunos de ustedes. Repito, desde el máximo respeto a las propuestas que ustedes, en su legítimo derecho, pueden hacer.

Por lo tanto, y termino, nuestro grupo va a tener la oportunidad de debatirlo en el transcurso de estos días que quedan y haciendo el trabajo que nos corresponde les vamos a ofrecer a sus señorías alguna posibilidad de transacción. Asimismo, en el transcurso del Pleno admitiremos en sus propios términos algunas de las enmiendas que los grupos han presentado, para culminar un proceso que, como digo, ha sido largo, en el cual se ha cambiado, entre el Congreso y el Senado, más del 60 % del articulado de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Corresponde ahora la intervención de los portavoces de los grupos.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervendré rápidamente.

Seguramente vivimos en realidades paralelas la oposición y el Partido Popular. Pero también deben de vivir en realidades paralelas el Consejo General de la Abogacía, Acnur, Cáritas, el Tercer Sector, la Asociación contra la trata de personas, profesores de Derecho Internacional como el doctor Eduard Sagarra, en fin, hasta un largo etcétera que han hecho las mismas críticas que han realizado la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición. En todo caso es verdad que debemos de vivir en mundos distintos.

No me voy a morder la lengua porque no sería yo si lo hiciese. En las interpretaciones que ustedes hacen de los informes del CIS, en el ranking de preocupación de la ciudadanía no están ni la seguridad, ni la necesidad de una reforma del Código Penal, ni la cadena perpetua, etcétera. Las preocupaciones son el paro, la crisis y la corrupción. La corrupción, insisto.

Para Esquerra Republicana no es bueno este proyecto de ley de seguridad ciudadana, pero tampoco lo era la ley Corcuera, que combatimos jurídica y políticamente. En efecto, por lo que respecta a esta senadora, la combatí jurídicamente. Nos dicen que ha cambiado sustancialmente la ley. Ha cambiado en algunos aspectos. Se dice que en un 60 % de lo que representó el inicial proyecto de ley. También podemos analizar si realmente este cambio sustancial lo es en el contenido y en aquellos aspectos en los que es preocupante la ley, porque ya sabemos lo que significan a veces los porcentajes de cambio en los proyectos normativos.

Una reflexión. ¿Ha cambiado sustancialmente en el tema de las mal llamadas o vulgarmente llamadas devoluciones en caliente? ¿Ha cambiado sustancialmente en lo que respecta a la prostitución y a la doble victimización de las personas, en este caso, de las prostitutas? Por tanto, para Esquerra Republicana —lo tenemos meditado, meditadísimo, reflexionado, reflexionadísimo— la ley Corcuera no era una buena ley, pero, puestos a retocar, a modificar o a reformar la ley, se debería haber hecho de otra manera. Por lo tanto, estos cambios sustanciales que se anuncian en el proyecto de ley, para nosotros no son suficientes para que pudieran significar la retirada del veto, que no vamos a retirar, o para que significasen votar favorablemente al proyecto de ley, al que no vamos a votar favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz. (Denegaciones).

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA:En primer lugar, quiero decir que vamos a votar afirmativamente todos los vetos que se han presentado por parte de los grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, con toda cordialidad y respeto hacia el senador Aznar, devolverle de alguna manera, como mínimo, una parte de su argumentación: el CIS. Cuando al Partido Popular le interesa, y tenemos muchísimos ejemplos, utiliza las encuestas del CIS para defender o para argumentar cualquiera de sus iniciativas. En un tema como este hay que tener en cuenta que, efectivamente, nuestro país es un país seguro, con unas ratios de seguridad ciudadana importantes. Y esto es algo que la ciudadanía refleja en las encuestas con valoraciones muy positivas hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el hecho de que no considera importante la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, las encuestas del CIS sirven para lo que sirven y, en todo caso, el Partido Popular también las utiliza.

En segundo lugar, yo no he hablado de ley mordaza, en cambio el senador Aznar sí ha utilizado la expresión patada a la puerta refiriéndose a la ley del 92. Y, en tercer y último lugar, respecto a la ley del 92 nos ha aconsejado que leamos las intervenciones que hubo en el debate de la ley. Yo lo he hecho, hasta el punto, senador Aznar, de que tuve la tentación de, en vez de utilizar lo que yo he preparado para la defensa del veto, leer la intervención del señor Trillo. Imagínese la tentación que he tenido. Por lo tanto, yo sí me la he leído. Quien yo creo que no se la ha leído detenidamente es el Partido Popular, porque ha cambiado radicalmente entre lo que decía de la ley del 92 y lo que está proponiendo en esta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Intervengo solo para decir que votaremos favorablemente los ocho vetos y que en el debate del Pleno argumentaremos el porqué de nuestro voto contrario al proyecto de ley. En cualquier caso, nosotros seguimos manifestando que todas las leyes, pasado un tiempo, dado que las sociedades evolucionan y pasan muchas cosas, es bueno reformarlas, todas, incluso la sacrosanta Constitución. Por eso, es bueno que se reforme la ley. Lo que no es bueno es convertirla en algo peor de lo que ya teníamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Seré breve.

Votaremos también a favor de todos los vetos. Sí hay una diferencia con la ley del 92. La gran diferencia es lo que he dicho anteriormente —exposición que ampliaré un poquito en el Pleno—, que ustedes van a una ley de orden público. Han cambiado el concepto de seguridad ciudadana y la han identificado con el orden público. Ya hablaremos de esto. De todas maneras, creo que reconocían ustedes en una de las primeras comparecencias —la única del ministro aquí— que la herencia en materia de seguridad ciudadana, y, desde luego, en derechos y libertades, que dejó el Partido Socialista, había sido una buena herencia, a pesar de que ustedes en el recorte de libertades están permanentemente intentando dar marcha atrás.

Sobre la participación, ustedes dicen que ha tenido un amplio consenso y que han modificado el 60 % de la ley. Sobre ello he de decirles algunas cosas. El modificar vía enmienda la Ley de extranjería sin informe de los órganos consultivos preceptivos no es el mejor método de participación, y así lo han hecho. Por tanto, si quiere decirnos qué piensan UGT, Comisiones Obreras, Acnur u otras organizaciones, ya lo sabemos: una crítica generalizada, y a pesar de que ustedes quieren presentar esto como un gran cambio, la ley mantiene esencialmente los mismos principios que el anteproyecto. Así pues, ya en el Pleno explicaremos esto y otras cosas, pero sin duda creemos que es un grave retroceso , un recorte de las libertades y un cambio en el concepto de lo que es la seguridad ciudadana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cascallana.

Tiene la palabra el señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré también brevemente y comenzaré diciendo que nosotros nos vamos a oponer a los vetos.

Señor Cascallana, hay una elemental diferencia entre una ley y otra, y es que la anterior se declaró en parte inconstitucional; por tanto, ahí hay ya una diferencia importante.

En segundo lugar, dice usted que se recortan libertades. ¿Es recortar libertades el regular la práctica de los registros corporales por primera vez? ¿Es recortar libertades el regular los registros domiciliarios por primera vez? ¿Es esto un recorte de libertades? ¿Es recortar las libertades el no sancionar más, sino sancionar mejor, como hace esta ley? ¿Es recortar las libertades el rebajar el listón del castigo, como hace esta ley?

Hemos hablado con todo tipo de asociaciones, con todas las que usted ha mencionado y también, creo recordar, que la senadora Capella. Yo no sé lo que le dirán a usted, sé lo que me dicen a mí, que me he reunido con el ministerio y con todas ellas, no una, sino varias veces, y sé el grado de satisfacción que hay. Yo no he dicho que haya consenso, ni lo pretendemos, porque es imposible dar satisfacción a todo el mundo. ¡Claro que es imposible, senadora Capella! Es que aunque reformásemos el cien por cien de los artículos estoy seguro de que usted no iba a votar a favor de la ley; eso es evidente, pero tampoco es esa la pretensión, sino llegar a un razonable consenso que nos permita seguir avanzando.

Senador Bruguera, en el Pleno tendremos ocasión de debatir, como le he dicho, todos y cada uno de esos puntos. Pero también le confieso que la intervención del señor Trillo en aquella ocasión no me serviría a mí para defender esta ley. Eso es evidente. Y a lo que me refiero es que en un momento dado hay quien se opone, y después de haberlo hecho dice ahora que no, que la ley anterior era muy buena y que lo que hay que hacer es mantenerla. Lo que hace el Partido Popular, que entonces en ese ambiente de hace veintidós años decía que era muy mala, es cambiarla hoy, y lo hace creyendo que se mejora razonablemente, y sobre todo, con el fin perseguido, que es que haya mayores libertades y una mayor protección de estas.

Por tanto, nos citamos en el Pleno, donde cordialmente debatiremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aznar.

Antes de someter a votación los vetos vamos a comprobar las asistencias, pues se necesita una mayoría de catorce miembros para que salgan adelante los vetos correspondientes.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos, pues, la votación de los vetos.

En primer lugar, veto número 1, de los señores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 2, de los señores Goioaga, Mendizábal, Unamunzaga y Aiartza.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 3, de la señora Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 7, de los señores Guillot y Saura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 8 de los señores Almiñana, Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y Sequera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE:



Queda rechazado.

Veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Una vez rechazados los vetos comenzamos a debatir las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 41, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas sin perjuicio de la defensa que hagan los autores en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Para la defensa de las enmiendas números 42 a 62, presentadas por la senadora Capella, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Para la defensa de las enmiendas números 114 a 142, presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 143 a 211, presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos grupos de enmiendas. El primero comprende de la número 143 a la número 176; un total de 34 enmiendas que pertenecen a los senadores socialistas. Y el segundo comprende de la número 177 a la 211; 35 enmiendas que pertenecen a los senadores Guillot y Saura, de Iniciativa per Catalunya. Las doy por defendidas, pero con brevedad voy a citar algunas de las premisas, de los principios, de los fundamentos que han motivado la presentación de estas enmiendas, que entendemos son perfectamente congruentes con la exposición del veto de hace unos minutos.

En primer lugar, hay un grupo de enmiendas que lo que pretenden es que se trate realmente de una verdadera ley de protección, por tanto, de defensa del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades políticas, civiles y sociales: libertad sindical, de expresión, el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, etcétera. En segundo lugar, encontrar un equilibrio —esto es lo que pretendemos también en algunas de nuestras enmiendas— entre la protección de la seguridad ciudadana y la protección real y material del libre ejercicio de los derechos y las libertades. En tercer lugar, otro grupo de enmiendas pretenden limitar los supuestos que permiten llevar a cabo actuaciones que afectan a la libertad y a la intimidad de las personas, intentando adecuar —creemos que lo conseguimos— estos límites al principio de proporcionalidad. En cuarto lugar, a través de nuestras propuestas, es mucho más adecuada la regulación del uso de las grabaciones de imágenes y de sonidos, introduciendo las necesarias garantías. En quinto lugar, y finalmente, la modificación del régimen sancionador que, como ya hemos indicado, nos parece excesivo. Supone una enorme desproporcionalidad punitiva, desde nuestro punto de vista es injusto, introduce doble penalidad, discrecionalidad, falta de garantías jurídicas, etcétera.

Finalizo, señor presidente, señorías, con una reflexión respecto a la última intervención del senador Aznar, que ha dicho: Yo también me he entrevistado con oenegés, asociaciones, etcétera, y sé lo que me han dicho a mí. Pues bien, simplemente, quiero decir que anteayer, 2 de marzo, recibí un correo electrónico de Acnur —supongo que el resto de grupos también— con su opinión sobre la ley. Cáritas, anteayer, 2 de marzo, en otro correo electrónico hacía un análisis de cómo ven las cosas hasta ese momento; y ayer mismo, 3 de marzo, hubo otro correo de la Red contra la trata de personas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Para la defensa de las enmiendas 98 a 113, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sendra.

Para la defensa de las enmiendas 63 a 97, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Las damos por defendidas, no sin antes hacer dos o tres comentarios, que van desde el preámbulo de la ley hasta las disposiciones finales —que es la mejora que hemos intentado realizar—, partiendo del concepto que tiene el Grupo Parlamentario Socialista de la propia definición, de la propia génesis de esta ley. Primero porque no entendemos por qué existe la necesidad de presentar esta ley, este texto, esta arquitectura legislativa en estos momentos. No lo podemos entender, solo cuando hay temas ideológicos detrás, porque no hay ninguna demanda social, como han dicho anteriormente mis compañeros, no hay ninguna asociación prestigiosa en el Estado español, desde las académicas y las jurisdiccionales hasta el Consejo de Estado, o cualquier otra, que haya escrito alabando al Gobierno al presentar esta ley. No hay nadie. No hay nadie que hable bien de esta ley, pero no solo no hablan bien es que no dicen nada. Los observadores internacionales incluso se cuestionan por qué un Gobierno democrático es capaz de introducir elementos de orden público en el siglo XXI. Nadie se lo puede explicar, solo aquellos que desde un laboratorio hayan entendido que con eso va a salir reforzado el Gobierno de España. Solamente cabe en ese supuesto. Apelar a la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de entonces es hacer una mala comparación, señor Aznar, porque ustedes ya estuvieron gobernando a finales de los años noventa y tuvieron todas las oportunidades del mundo para haber cambiado aquella ley, lo que ocurre es que no quisieron, no pudieron o no se atrevieron, y le puedo asegurar que tuvieron ocasión de hacerlo. Don Santiago, que está en esta sala, se acordará de una famosa comisión en la que intervinieron los dos grandes grupos, celebrada en diciembre del año 1997 —le puedo decir hasta la fecha en que se celebró—, en la que se hizo un borrador para modificar la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; documentos que avanzaron con cierta solvencia y seguridad, pero no tienen nada que ver con lo que hoy nos muestran, ni siquiera en el preámbulo. Léanse a Max Weber. Hace muchísimos años de esto, pero hay que leerse a Max Weber. Es un reputado teórico del Estado democrático y moderno, del que todos podemos hablar, lo digo en un sentido amplio. Es en eso donde tenemos que incidir, porque es la propia concepción.

En cuanto a las bonanzas de esta ley, entiendo, don Luis, que usted tiene que hacer aquello que usted cree. Podría haber iniciado mi intervención diciendo: voy a ver si aún le puedo convencer, que es como usted ha empezado, pero es que, de verdad, produce sonrojo democrático. Señoría, yo fui uno de aquellos jóvenes universitarios detenido en el campus universitario en el año 1975, y por culpa de aquella ley de orden público tuve que estar tres meses en las cárceles franquistas. Se lo digo porque lo mío es comprobable, no voy de farol. (Risas). Lo mío es comprobable. Y la verdad es que hemos mejorado mucho el Estado gracias a ustedes y a nosotros, pero con esta ley, doctrinalmente, volvemos hacia atrás. Hemos retrocedido muchísimo, no solamente en temas garantistas, sino en el concepto de espacio público. ¿Qué es eso? Es el concepto del espacio público, y el uso del espacio público por los ciudadanos. Es eso. El régimen sancionador, la instrucción, el papel que se puede dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las garantías sobre el derecho administrativo de los ciudadanos, etcétera, todo esto es una cuestión menor si no tenemos un concepto claro del espacio público, que es la verdadera conquista de los ciudadanos. Claro que tiene que estar regulado el espacio público, ¡hasta ahí podíamos llegar! El Estado tiene que garantizar que yo pueda hacer un buen uso del mismo. Eso es lo que tiene que garantizar, lo que no tiene que hacer es demonizar el uso del espacio público, que es lo que hace esta ley. Pero eso no lo dice un pobre senador como yo, esto lo dicen verdaderos juristas del Estado español, por cierto, algunos de sus votantes, y algunos de los que les apoyaron públicamente en las últimas elecciones y que hoy les retiran el voto porque doctrinalmente están en contra de este espacio público. El articulado, el preámbulo, etcétera, son conceptos que discutiremos en el Pleno, pero el concepto sobre la ley es lo que me preocupa. Es lo que verdaderamente me preocupa. A mí no me preocupa una discusión técnica del Consejo General del Poder Judicial, porque usted sentenciaba con el senador Cascallana que la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue enriquecida por el Tribunal Constitucional. Dése cuenta de esto, porque ustedes fueron los que la aprobaron.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ángel.

Pasamos a la defensa de las enmiendas incorporadas a la ponencia, que irá unida al turno en contra.

Tiene la palabra el señor Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, voy a utilizar el turno en contra para decir que vamos a votar inicialmente en contra —valga la redundancia— de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios; y digo inicialmente, porque, tanto mi compañero, el senador Aznar, como yo mismo, estamos trabajando para intentar incorporar, vía enmienda, a este proyecto de ley el mayor número posible de sugerencias que han realizado colectivos, asociaciones y, por supuesto, grupos parlamentarios. De hecho, en el Pleno aceptaremos varias enmiendas en los términos en que han sido formuladas y transaremos algunas otras que afectan a casi todos los grupos parlamentarios. No hay que insistir mucho, todos ustedes han tenido responsabilidades de Gobierno en diferentes ámbitos territoriales, en la complicación que supone para el grupo mayoritario que sustenta a un gobierno incorporar todas las aspiraciones y demandas legítimas de tantos y tantos colectivos, incluyendo, por supuesto, a los grupos parlamentarios.

Igualmente quiero añadir, lo ha dicho el señor Aznar, que este proyecto de ley ha sufrido a lo largo de su trámite parlamentario y desde que era borrador inicial numerosas modificaciones que yo creo que lo han mejorado sustancialmente. Y hoy, pese a los vetos y a lo que aquí se ha dicho, no existen, a nuestro juicio, diferencias de calado. Hay que leerse las enmiendas y hay que ver el articulado de la ley y no funcionar sobre la base de argumentarios que prepararon los diferentes partidos políticos hace mucho tiempo y que quedan absolutamente desfasados. Basta cotejar las enmiendas para comprobar que esta afirmación es cierta. Al final, señorías, lo quieran o no, lo que hay son matices. Ustedes hablan de ideología. No, son matices. ¿De distinto grado? Es posible. No es lo mismo las sugerencias y enmiendas que aporta Izquierda Unida que las que puedan hacer Entesa, el Grupo Socialista o el propio Grupo Parlamentario Vasco, que coincide en muchos aspectos con la filosofía que tiene esta ley. Dicen que no tiene el apoyo de asociaciones y de entidades. Pregunten a los vecinos, que quieren tranquilidad pública en sus calles; pregunten a los comerciantes, al sector de la hostelería, que no quieren algaradas ni vandalismo en las calles. No se trata de causar defectos en el mobiliario urbano, se trata de destruirlo o incendiarlo. Eso tiene que estar tipificado administrativamente.

Decía el senador Ángel que ni habíamos podido ni habíamos querido y que posiblemente no nos atrevíamos. Pues bien, podemos, queremos y nos atrevemos en este momento a cambiar esta ley orgánica, la segunda de nuestra democracia.

Me va a permitir un desahogo personal, señor Ángel. Jamás lo he comentado porque uno tiene cierto pudor. Le gano a usted en cuatro años. En el año 1971, año muy duro, fui detenido —por cierto, nadie me puso una mano encima— en protesta por la Ley de educación del entonces ministro Villar Palasí. (El señor Ángel Batalla: ¡Ojo, que era valenciano!). Fui encartado, se decía así, por el Tribunal de Orden Público. Comparecí, asistido de letrado, ante un juez de instrucción y la cuestión quedó sobreseída. Años después, buscando en el Archivo Histórico Nacional antecedentes de mis dos abuelos, desgraciadamente uno en cada bando de la terrible guerra civil, el funcionario me dijo: de su abuelo por tal vía, del otro por esta, pero aquí lo que hay son antecedentes de usted. ¿Cómo? Pues sí, había unos antecedentes policiales que, por cierto, señor presidente y miembros de la Mesa, si lo autorizan, se los aportaré al señor letrado para que figure en acta, donde…

El señor PRESIDENTE: Haremos una comisión de investigación. (Risas).

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: ¡Hombre!, es que me han dejado el balón en el área, me han puesto el toro en suerte.

Decía que había unos antecedentes policiales donde figuraba en el listado estudiantes (Risas) —estoy hablando del año 1971, no es broma— a los que no se les entregaba el certificado de buena conducta y el pasaporte. Ese documento lo pondré a disposición de la Mesa porque lo tengo en el despacho.

Por tanto, esta cuestión personal, que jamás había comentado ni había expuesto en público en mi vida, la destaco aquí, la expongo habida cuenta de la intervención que ha hecho el senador Ángel.

Nos veremos en el Pleno. Estamos en la vía de aceptar algunas cosas, de mejorar aún más este texto y, como le decía al principio, podemos, queremos y nos atrevemos con la reforma legislativa que hemos emprendido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peñarrubia.

Corresponde ahora el turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa).

¿Senadora Capella? (Denegaciones).

¿Grupo Vasco? (Denegaciones).

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, pido que me permita, ya que vamos bien de tiempo, que les lea un pequeño texto, ya que esta mañana hemos estado hablando y recomendando lecturas.

Josef K fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo.

—¿Y por qué? —preguntó.

—No estamos autorizados a decírselo. Regrese a su habitación y espere. El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en su momento oportuno.

Aquí están mis documentos de identidad. Muéstrenme ahora los suyos y, ante todo, la orden de detención. Aquí están mis documentos.

—¿Y qué nos importan a nosotros? —gritó ahora el vigilante más alto—. Se está comportando usted como un niño. ¿Qué quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe pronto? No obstante, somos capaces de comprender que las instancias superiores, a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como está se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que trabajamos, por lo que conozco de él, y solo conozco los rasgos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que, como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un error?

—No conozco esa ley —dijo K.

—Pues peor para usted —dijo el vigilante.

—Solo existe en sus cabezas —dijo K, que quería penetrar en los pensamientos de los vigilantes, de algún modo inclinarlos a su favor o ir ganando terreno. Pero el vigilante se limitó a decir:

—Ya sentirá sus efectos.

Les recomiendo la lectura de El proceso, de Kafka.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, ¿señor Sendra? (Denegaciones).

Gracias, señor Sendra.

¿Señor Cascallana o señor Ángel, por el Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Tiene la palabra el señor Aznar, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Solamente quiero agradecer su intervención al señor Bruguera y decirle que con una ley como esta, Kafka no hubiera dado a luz El proceso. (Risas). Pero yo le recomiendo que lea la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz.

El señor PRESIDENTE: Estamos aprendiendo todos muchísimo.

Vamos a someter a votación el informe de la ponencia.

Como saben ustedes, conforme al artículo 116.2 del Reglamento, se somete a votación el informe de la ponencia y si fuera aprobado, se entenderá que quedan rechazadas todas las enmiendas que no hubieran sido aceptadas por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Interior el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Tenemos que designar a una persona para que lo presente en el Pleno. (Varios señores senadores: El señor presidente).

Muchísimas gracias por la confianza que tienen ustedes en mí.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y diez minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal