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DS. Senado, Comisiones, núm. 421, de 03/03/2015
 


COMISIÓN DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ

Sesión celebrada el martes, 3 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA



Dictaminar

Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito. 621/000103 ayuda a las víctimas; infracción; procedimiento penal; sistema judicial GOBIERNO


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. 621/000105 derecho a la información; derecho a la justicia; interpretación; modificación de la ley; poder judicial; procedimiento penal; traducción; transposición de la legislación comunitaria GOBIERNO


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 621/000108 Código penal; modificación de la ley; régimen penitenciario GOBIERNO


Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. 624/000003 Código penal; cooperación internacional; modificación de la ley; terrorismo GOBIERNO


Debatir

Moción por la que se insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley regulador de las reglas para la concesión de la gracia de indulto. 661/000492 prescripción de la pena; proyecto de ley GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Mondoñedo (Lugo). 661/000499 Mondoñedo (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Chantada (Lugo). 661/000500 Chantada (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Vilalba (Lugo). 661/000501 Vilalba (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Monforte de Lemos (Lugo). 661/000502 Monforte de Lemos (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Viveiro (Lugo). 661/000503 Viveiro (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Sarria (Lugo). 661/000504 Sarria (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de A Fonsagrada (Lugo). 661/000505 Fonsagrada (A) (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Becerreá (Lugo). 661/000506 Becerreá (Lugo); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Xinzo de Limia (Ourense). 661/000516 Xinzo de Limia (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Verín (Ourense). 661/000517 Verín (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Ribadavia (Ourense). 661/000518 Ribadavia (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de A Pobra de Trives (Ourense). 661/000519 Pobra de Trives (A) (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Celanova (Ourense). 661/000520 Celanova (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de O Carballiño (Ourense). 661/000521 Carballiño (O) (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de O Barco de Valdeorras (Ourense). 661/000522 Barco de Valdeorras (O) (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Bande (Ourense). 661/000523 Bande (Ourense); jurisdicción judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a presentar las iniciativas que permitan reformar las diferentes normas que hacen referencia al aforamiento. 661/000529 Estatuto de los parlamentarios; estatuto jurídico; jefe de Estado; modificación de la ley; poder judicial GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


Moción por la que se insta al Gobierno a la transposición de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. 661/000543 derecho a la justicia; derechos de la defensa; mandamiento de detención europeo GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


Moción por la que se insta al Gobierno para que garantice el cumplimiento de la legislación que permite el acceso telemático del notario, mediante la firma electrónica, a los libros del Registro de la Propiedad. 661/000547 catastro; firma electrónica; notario; telemática GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


Moción por la que se insta al Gobierno a revocar de oficio las resoluciones denegatorias de la nacionalidad española, motivadas en la no acreditación de buena conducta cívica por deficiencias en los certificados de antecedentes penales. 661/000576 Registro Penal; nacionalidad GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA


Moción por la que se insta al Ministerio de Justicia a mantener la propuesta de creación de una nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra para el orden jurisdiccional penal, así como a la creación de otra para el orden jurisdiccional civil. 661/000584 Pontevedra (Provincia); jurisdicción civil; jurisdicción judicial; jurisdicción penal; sistema judicial GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Como ustedes saben, tenemos una comisión un poquito larga hoy, con varias partes. Intentaremos por todos los medios ser ágiles.

El señor letrado ha comprobado las asistencias.

El acta de la sesión anterior se aprueba, puesto que no hay ninguna objeción. (Asentimiento).

Si a ustedes les parece bien, hemos pensado que, independientemente del debate, vamos a poner una hora de corte para que se vote en ese momento —por si alguno tiene alguna otra comisión—, que sería a las dos de la tarde; es decir, ahora vamos a iniciar el debate y a las dos de la tarde vamos a interrumpirlo y procederemos a la votación de lo que ya se haya debatido. Después de cuando votemos, acordaremos una hora para volver —y tendremos una hora para comer— y reanudar la sesión de la comisión.

Si a ustedes les parece bien, continuamos. (Asentimiento).



DICTAMINAR

PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. 621/000103 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Dictamen del Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito. A este proyecto de ley se han presentado 115 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: 23 de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 7 del Grupo Parlamentario Vasco; 34 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, una de las cuales, la número 52, fue posteriormente retirada; 34 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 16 del Grupo Parlamentario Socialista y 1 del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia designada en su día en relación con este proyecto de ley emitió su informe el pasado 23 de febrero. En dicho informe se incorporaban al proyecto de ley la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario Popular, y diversas correcciones de técnica legislativa. La ponencia ha vuelto a reunirse el día de hoy y ha resuelto modificar su informe para incluir también en el texto la modificación que proponían la enmienda número 38, de Entesa, y la enmienda 73, del Grupo Parlamentario Socialista, así como el informe del letrado en relación con el artículo 14.

Vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.

Enmiendas 1 a 23, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Doy por defendida la totalidad de las mismas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Enmiendas 24 a 30, del Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra, señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar voy a hacer un breve comentario al procedimiento, que me parece totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable no solo el procedimiento seguido en el proyecto de ley que estamos viendo en estos momentos —el Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito—, sino también en la reforma del Código Penal y en el resto de proyectos de ley. ¿Y por qué digo inaceptable? Porque en cualquier procedimiento parlamentario meridianamente serio no es de recibo que en la reunión de la ponencia se justifique únicamente la aceptación de las enmiendas provenientes del grupo mayoritario y no se justifique la no aceptación de las enmiendas del resto de los grupos políticos, solo trasladándose que no ha habido tiempo suficiente para analizarlas. Entiendo que esta no es una razón seria ni buena para los grupos que estamos representados en la Cámara. Eso en cuanto al procedimiento, y es una queja que, evidentemente, hago extensible al resto de proyectos de ley, especialmente a la reforma del Código Penal, que trataremos en su momento, después, por la trascendencia que tiene con respecto a todos.

Las enmiendas presentadas al presente proyecto de ley voy a darlas por defendidas. Únicamente hacemos una serie de apreciaciones con respecto a la justicia restaurativa, que entendemos que mejoran el preámbulo del texto, que concreta y habilita más el objeto al que me estaba refiriendo: la justificativa restaurativa. Es una enmienda que no tiene mayor trascendencia que la clarificación.

Después hay otra serie de enmiendas que están relacionadas con el papel que nosotros entendemos que no tienen que jugar las asociaciones de víctimas. Otra está relacionada con el ámbito competencial, o sea, con preservar el ámbito competencial de las comunidades autónomas sin perjuicio de que. No tiene mayor trascendencia que la de clarificar, un poco el recibir las aportaciones del resto de grupos.

A lo único que nos lleva a pensar que no se acepten este tipo de enmiendas es a la actitud que está teniendo el grupo mayoritario ante estos proyectos de ley —que además parece que van todos en el próximo Pleno— de como si se quisiera hacer un totum revolutum de todos los proyectos de ley para que no sea claro y no sea público este debate, de que vayan rápido, por la puerta de atrás, sin que medie demasiada interferencia ni demasiado ruido, actitud que no aceptamos y no compartimos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

Enmiendas 31 a 37, 39 a 51 y 53 a 64 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Hago mías las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en relación con el procedimiento de tramitación de este paquete de leyes del Ministerio de Justicia.

Simplemente quiero decir dos cuestiones en relación con el proyecto que nos ocupa: una, que es un proyecto importante —porque en definitiva se trata de qué respuesta dan los poderes públicos a las víctimas, no solo en el terreno jurídico sino también en el terreno social y de minimización de los posteriores efectos que se puedan producir—, y otra, que no hay vetos, por lo que creo que es posible llegar a un gran consenso.

Quiero señalar entre nuestras enmiendas dos bloques: un bloque, de mejora, con muchas de las observaciones que hacía el Consejo de Estado que no están recogidas o están recogidas parcialmente —por tanto, hay toda una serie de enmiendas nuestras que van en ese sentido—, y una enmienda importante, relativa al artículo 13, sobre lo que no hay acuerdo, que habla de cuál debe ser la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia. Nuestro grupo piensa que no se ha de producir participación de las víctimas en la ejecución de la sentencia, es decir, toda la participación hasta que se dicte la sentencia e información después de la ejecución a través de la Fiscalía, pero pensamos que en ningún caso las víctimas han de participar activamente en la ejecución de la sentencia.

Por lo tanto, un bloque de enmiendas de mejora del texto, todas las relacionadas con el Consejo de Estado, y la supresión del artículo 13.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 81 a 144, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Señora Rieradevall, tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Hago mías también las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre el procedimiento de tramitación de este proyecto de ley y de los otros tres.

Mi grupo ha presentado 34 enmiendas: 2 de supresión, 5 de adición y 27 de modificación. Destacamos siete que son importantes para nuestro grupo como la enmienda 87, sobre la notificación de las resoluciones a la víctima en todo momento. Consideramos que la víctima debe poder decidir si quiere o no recibir la información, así como garantizar no solo que le llega la información a la víctima, sino que también la entienda y comprenda. La enmienda 89, sobre la comunicación a la víctima que debe ser asistida. Entendemos que la comunicación se debe hacer a través de expertos en atención a las víctimas para evaluar la situación, las necesidades de la víctima y revisar las pautas de autoprotección para garantizar su seguridad, así como minimizar el impacto que pueda tener la víctima al recibir las comunicaciones. En la enmienda 90 se propone que los casos en que debe notificarse a la víctima la resolución sin necesidad de que lo solicite se amplíen también a aquellas víctimas de delitos violentos —tales como delitos contra la libertad sexual, la trata de personas, de terrorismo— y en los que se evalúe un riesgo para su integridad y protección.

Proponemos en la enmienda 94 suprimir el artículo 13 sobre participación de la víctima en la ejecución, pues la totalidad del precepto es contrario al sistema actual de ejecución penal, así como el principio de atención integral a las víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Dar este protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer la generación de alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión.

Mediante la enmienda 96 proponemos añadir la especificación sobre el ámbito territorial de la justicia gratuita. Se propone especificar que las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia gratuita deberán presentarse ante el colegio de abogados, pero que sea el que resulte territorialmente competente.

La enmienda 102 es una mejora técnica en las medidas de protección a la víctima. Proponemos eliminar la credibilidad en la declaración de la víctima para proteger el derecho de la víctima a su intimidad y no responder a cuestiones privadas que resulten improcedentes para la causa penal. La resolución del juez o presidente del tribunal que autorice la presencia de personas interesadas en las vistas orales sin presencia de público entendemos que debería ser motivada.

Y, finalmente, también damos mucha importancia a poder suprimir el artículo 35, sobre la obligación de reembolso de la víctima. Se prevé que este precepto va a provocar una disminución importante en el número de denuncias porque la víctima se plantee no denunciar bajo la amenaza de tener que reembolsar los gastos ocasionados. Asimismo, el reembolso no es adecuado en los dos supuestos en los que se debería efectuar.

El supuesto del sobreseimiento de la causa ya está regulado en el artículo 636 de la Ley de enjuiciamiento criminal, por lo que parece que el legislador está introduciendo una nueva causa de sobreseimiento.

Y en cuanto al supuesto de la denuncia falsa, entendemos que ya existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en estas situaciones, como el establecido en el artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delito con multas o penas de prisión.

Damos por defendidas el resto de las enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Enmiendas 65 a 72 y 74 a 80, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra doña Ángeles Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Nuestro grupo considera este proyecto de ley que hoy viene a esta comisión es de suma importancia. Tanto es así que somos dos senadores, el senador Arcadio Díaz Tejera y yo misma, los que lo vamos a llevar. Reiteramos, por lo tanto, la gran transcendencia que tiene este proyecto de ley. Va unido directamente a la dignidad de las víctimas, a sus derechos, a la defensa de sus bienes materiales y morales, por tanto, es un proyecto de ley que quiere hacer justicia a una demanda básica de la sociedad española.

Primero quiero agradecer que se haya aceptado la incorporación de nuestra enmienda número 73 a la ponencia. Es una enmienda de gran importancia —quizás fue un error no incorporarla previamente en el Congreso— y hace referencia a la preferencia respecto al pago de los gastos que se hubieran causado por el Estado. Por lo tanto, agradecemos que se haya incorporado esta enmienda número 73 al artículo 14.

Después quisiera centrarme en concreto en dos enmiendas que presenta nuestro grupo: una, la enmienda al artículo 35. Lamentamos profundamente que no se acepte la supresión de este artículo, del artículo 35, artículo que, de hecho, creo que el senador Arcadio Díaz en una anterior ponencia señaló muy bien lo que viene a significar: primero, el desconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las mujeres que se ven inmersas en casos de violencia de género. En nuestra opinión, no está bien recogido, y no constituye una anécdota, sino que es intimidatorio para estas mujeres que viven una situación difícil legislar sin tener conocimiento de la realidad a la que se enfrentan. Por lo tanto, consideramos fundamental la supresión de este artículo 35.

Finalmente me voy a centrar en el artículo 13 —yo creo que ya se ha recogido aquí también por alguno de los senadores—, relativo a la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia. Lamentamos también que el Grupo Popular no llegue a un acuerdo con respecto a este artículo 13. Nosotros trataremos de dar argumentos para que sí se pueda llegar a un acuerdo y no se acabe por acometer lo que consideramos que sería un atropello: la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marra.

Para turno en contra, señora Franco, tiene la palabra.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Coincido con lo que han señalado varios de los ponentes anteriores: que estamos ante una norma muy importante, el estatuto de la víctima. Además, es una norma que nuestro grupo parlamentario cree que no solo es necesaria, sino que también es debida a todas las víctimas de los delitos en nuestro país.

Centrándome ya, sin mayores preámbulos, en las enmiendas que han defendido sus señorías, voy a tratar de responder al menos —yo espero— a las más relevantes, siguiendo además la sistemática del propio proyecto de ley que hoy debatimos.

Quisiera comenzar con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 5.1.m), que pretenden incorporar respecto a la notificación de resoluciones «salvo que expresamente se renuncie al mismo». Consideramos que la redacción del precepto protege y satisface suficientemente este derecho a la defensa de la víctima y que, además, es acorde con lo dispuesto en la Directiva 29/2012 —que se incorpora o se transpone a nuestro ordenamiento jurídico a través de esta norma—, donde se señala que la víctima debe recibir información solo si lo solicita.

Por su parte, el Grupo de CiU ha hecho referencia también a varias de sus enmiendas. Me gustaría destacar las relativas al derecho a recibir información sobre la causa penal. A este respecto proponen que determinadas resoluciones sean notificadas a través de las oficinas de asistencia a las víctimas. El criterio de nuestro grupo, sin embargo, es que esta notificación se debe hacer siempre a través del juzgado. Asimismo prevé o solicita ampliar la excepción al régimen general de solicitud previa para las notificaciones de determinadas resoluciones, limitada a los delitos de violencia de género. A este respecto queremos decir que no aceptamos esta previsión para el resto de los delitos, pero se van a notificar en todo caso siempre que la víctima lo solicite, en correlación con lo señalado al respecto por la Directiva 29/2012.

Todos los grupos han coincidido en mencionar las enmiendas que han presentado al artículo 13, el que concede a la víctima la intervención en el proceso de ejecución de las sentencias. Nuestro grupo parlamentario considera que este artículo 13 así como el artículo 15 —al menos desde el punto de vista de esta senadora— resumen la esencia del estatuto de la víctima. Por ello, no se aceptan las enmiendas a este artículo 13. Este es un artículo que concede intervención a las víctimas en la ejecución de las penas, permitiéndoles formular alegaciones, incluso recurrir determinadas resoluciones, precisamente para garantizar una mayor protección a las mismas. Sí me gustaría señalar a este respecto que la participación de las víctimas en esta fase de ejecución de las penas no supone ninguna merma de otros objetivos del derecho penal, ni tampoco una merma de los derechos del autor del delito, del penado, ni tampoco es incompatible con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas que tiene el Estado en nuestro país en un sistema como el nuestro. Tampoco supone un ataque al papel o función que desempeña o desarrolla el ministerio fiscal. Por esa razón no se aceptan ni las enmiendas de supresión ni aquellas que solicitan que se lleve a cabo la participación de las víctimas a través de la mediación del ministerio fiscal. Consideramos que la redacción actual de este proyecto —que proviene además de una transaccional a la que se llegó en el Congreso de los Diputados— garantiza la participación de las víctimas en la fase de ejecución de las penas en aquellos casos de resoluciones que puedan afectar a su seguridad y en delitos especialmente graves. Lo que se persigue y supone es ampliar la protección de las víctimas de forma respetuosa, como he dicho, con los principios relativos al control de la ejecución de la pena por el Estado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha hecho referencia a las enmiendas que ha presentado al artículo 15, otro de los artículos que desde mi punto de vista resume, junto al artículo 13, la esencia del estatuto de la víctima. Es el relativo a la justicia restaurativa. Es verdad que propone una redacción alternativa amplia, pero mi grupo quiere señalar que rechazamos esta enmienda por considerar que el proyecto no tiene por objeto una regulación completa del proceso de mediación y de los servicios de justicia restaurativa, siendo más razonable que se remita a la regulación del reglamento. Además, la regulación que contiene el estatuto en este precepto respeta estrictamente lo dispuesto en la Directiva 29/2012.

El Grupo CiU ha hecho referencia a la enmienda que ha presentado al artículo 16 relativo a la justicia gratuita, donde se solicita recoger expresamente los colegios de abogados territorialmente competentes, en lugar de «... al Colegio de Abogados que corresponda.» Esta es una enmienda de carácter puramente técnico. Sin embargo, mantenemos la redacción actual para que esta no entre precisamente en confrontación con la regulación que contenga la futura ley de asistencia gratuita, que veremos en breve en esta Cámara.

Por otra parte, su portavoz también ha hecho referencia a las enmiendas que ha presentado al artículo 25, sobre las medidas de protección, con las que se pretende incluir a las víctimas de explotación sexual. Sin embargo, esta es una previsión que ya se encuentra contenida en la redacción del actual artículo 25. Y lo mismo ocurre respecto a que las resoluciones sean motivadas, ya está garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento criminal.

Varios grupos han presentado, en particular el Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas a la regulación de las oficinas de asistencia a las víctimas. En este sentido, quiero decir que se mantiene la regulación actual, respetando sobre todo el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Los diferentes grupos parlamentarios también han defendido las enmiendas al artículo 25 relativas a la obligación de reembolso. La redacción actual es una cuestión que ya fue debatida en el Congreso de los Diputados, donde se llegó a una enmienda transaccional, que es precisamente la que incorpora el actual artículo 25. Hay que tener en cuenta que la obligación de reembolso viene condicionada a que exista una declaración judicial de la inexistencia de los hechos denunciados, tiene que haber una condena por denuncia falsa o por simulación de delito, con lo cual, la intervención de los jueces, que actúan con independencia, viene a garantizar que esta obligación de reembolso se lleve a cabo solo en aquellos supuestos en que realmente sea preciso. No estamos por tanto ante un supuesto de una posible revocación de ayudas que se hubieran concedido por incumplimiento de unos requisitos, sino ante un caso en el que lo que hay es una condena de un juez por una denuncia falsa o una simulación de delito.

Para finalizar, haré referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, que ha señalado que considera que no se debe conceder a las asociaciones de víctimas el papel que se les otorga en la nueva redacción del artículo 109 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. Nosotros sí creemos que son personas legitimadas para la defensa de los derechos de las víctimas, y precisamente esta previsión se establece en el estatuto de la víctima —como concreción del actual artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— y por tanto, se ha de mantener su participación.

Y por hacer una referencia general a otra de las enmiendas que señaló el Grupo Parlamentario Vasco sobre la inclusión de: sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en la disposición final cuarta, quiero indicar que nuestro grupo parlamentario considera innecesario añadir este tipo de previsiones en tanto que la Constitución fija claramente la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, no es necesario incorporar mayores previsiones.

Como resumen quiero manifestar nuevamente que este estatuto de la víctima, esta norma que hoy debatimos en esta comisión es, como he dicho, una norma importante para nuestro ordenamiento jurídico, pues recoge un catálogo de derechos para todas las víctimas de los delitos. Y aunque no hayamos llegado a un acuerdo sobre las enmiendas presentadas, sí partimos de un punto común como lo demuestra el hecho de que no se hayan presentado vetos a la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.

Empezamos con el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervengo únicamente para indicar que me adhiero a las palabras de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra —Entesa, PNV, Convergència i Unió y Grupo Parlamentario Socialista— pues no comparto la forma en que se ha procedido a la tramitación de las distintas leyes que afectan a los derechos fundamentales de las personas, pues no es de recibo para la ciudadanía ni para lo que representa el derecho penal y la legislación limitativa de los derechos fundamentales de las personas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En esta comisión todos estamos de acuerdo en algo muy claro: que las víctimas se merecen este estatuto y, probablemente, un estatuto mucho mejor si fuésemos capaces de hacerlo. Lo que ocurre es que para poder mejorar, evidentemente, tiene que haber una conversación, y cuando digo conversación me refiero a un proceso de diálogo y de escucha que no está habiendo.

A mí se me generan muchas dudas, por ejemplo, en el ámbito de aplicación de este estatuto —ya hablaremos en el Pleno sobre este asunto— pues tiene una serie de lagunas importantes, y estoy de acuerdo en el fin y el objeto de este proyecto de ley.

Una vez dicho esto, no es menos cierto que hay una serie de enmiendas que lo único que pretenden es mejorar el texto, y sus señorías saben que no tienen mayor incidencia que la clarificación. Evidentemente, esto lo que hace es visualizar la actitud del grupo mayoritario, que sabiendo que el resto de las fuerzas parlamentarias tienen como objeto mejorar y acordar este proyecto de ley, el hecho de que no se les dé juego para hacerlo posible, dice muy poco del parlamentarismo.

Y voy a hacer referencia a dos enmiendas que también ha comentado la senadora Franco: una de ellas relativa a la definición de justicia restaurativa. Es cierto que no es un estudio, no es una tesis sobre la justicia restaurativa que tiene su propio marco normativo, pero considero que el añadido de una frase que lo único que hace es complementar el objeto de lo que pretende la justicia restaurativa —que, dicho sea de paso, es una frase que está en la propia directiva que la senadora ha mencionado—, entiendo que es del todo inocente, y lo único que pretende es redefinir o definir con mayor precisión cuál es el objeto, el claro objeto de lo que es la justicia restaurativa.

Y cuando hacemos referencia al respeto de las competencias autonómicas, etcétera, que el grupo mayoritario, sabiendo cómo ha sido esta legislatura, cuál es la percepción del resto de los grupos con respecto al desarrollo de la misma, cómo está en estos momentos el debate entre Gobierno y comunidades autónomas, cómo está el Tribunal Constitucional con todos estos conflictos, nos venga a decir que para eso está el equilibrio entre la Constitución y el Estatuto y que el hecho de añadir «sin perjuicio», no tiene mayor incidencia, no tiene otro objetivo que el de la clarificación, evidentemente, vuelve a denotar cuál es la actitud del grupo mayoritario.

Entiendo que es un elemento importante dar un ejemplo a la ciudadanía, mostrar a todas las víctimas que estamos preocupados y que somos capaces de comunicarnos, de hablar —algo que no se ha hecho en todo el trámite parlamentario— y de llegar a acuerdos, máxime sabiendo que estamos todos conformes con el objeto y el fin de este proyecto de ley. Evidentemente, no es la impresión que se está dando en este trámite y, en ese sentido, nos reafirmamos en todas las enmiendas y pedimos al grupo mayoritario que, en todo aquello que no tiene mayor incidencia, sea capaz de escuchar y atender al resto de los grupos para que este proyecto de ley sea de todos y no únicamente de uno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Valoramos positivamente que, dando cumplimiento a la obligación de la transposición de las directivas de la Unión Europea en la materia, recogiendo la demanda de la sociedad, se aglutine en un solo texto legislativo un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas y de toda persona que padece un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.

Es un proyecto de ley que va unido muy directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos. Es tan importante lo que significa este proyecto de ley que ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad en el Congreso ni propuesta de veto en el Senado, porque estamos a favor de que se legisle, pues tenemos una deuda moral para con las víctimas. Este estatuto de la víctima del delito tiene vocación de incorporar un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, sobre todo para aquellas que tienen una especial vulnerabilidad y colectivos especialmente necesitados. De ahí que se incorporase en el Congreso una propuesta de CiU a la exposición de motivos en la que pedíamos esa obligación cuando se trate de menores, que se tenga en cuenta el interés superior del menor y que ese interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación con un menor víctima de un delito durante el proceso penal.

En este sentido, la adopción de medidas de protección del título III y especialmente la no adopción de estas debería estar siempre fundamentada en este interés superior. Sin embargo, esto no se ha trasladado al articulado, y mi grupo ha presentado, por ejemplo, la enmienda 112 para que, incluyendo una especificación para los derechos de las víctimas menores de edad, se consiga el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.

Pues bien, a pesar de estar de acuerdo con gran parte del contenido de este proyecto de ley, hay muchos puntos mejorables que han sido objeto de 34 enmiendas de mi grupo. Consideramos que su aprobación mejoraría el texto, y lamentamos que el grupo mayoritario no haya posibilitado su mejora mediante la incorporación de las nuestras y las de los otros. Esto nos va a obligar a no poder votar a favor del texto del proyecto de ley que hoy es objeto de dictamen en esta comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con la venia.

Intervengo para suscribir en este momento todas las propuestas que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en la mañana de hoy por parte de mi compañera Ángeles Marra y en nombre de todos los hombres y mujeres que integramos dicho grupo en el Senado. Y lo hago fundamentalmente porque este no es un texto en el que de una manera prístina, de una manera directa se manifieste la ideología política de ningún grupo parlamentario de la Cámara; este es un texto que debería ser fruto de la sensibilidad que todos expresamos respecto a los que han sido dañados física, moral o económicamente por la comisión de cualquier hecho delictivo acontecido en nuestro país. Por eso me ha sorprendido la escasa flexibilidad o receptividad que se ha tenido con las propuestas de distintos grupos en general y, en particular, con las del Grupo Parlamentario Socialista.

Todos reconocemos que hay dos grandes convidados de piedra en los procesos penales; hay dos grandes convidados de piedra en relación con las administraciones públicas: de un lado, las víctimas y, de otro lado, los denunciantes. Con esto tratamos de abordar la situación de las víctimas de una forma integral: ya había sido recogido de manera fragmentaria en distintos textos, y ahora se trata de agruparlos en uno solo. Por el contrario, queda pendiente para un futuro regular el estatuto del denunciante de una forma distinta a como está en la actualidad, porque además de hacer el esfuerzo de poner en conocimiento de la autoridad policial o la autoridad judicial algún hecho susceptible de constituir un hecho delictivo, se le carga con una serie de cosas que no son más que servidumbres. Y no me refiero al hecho del testigo protegido o al del agente infiltrado —que es el supuesto de un servidor público que hace un tipo de trabajo—, sino que hablamos en general del denunciante que pone en conocimiento de la autoridad del Estado algún hecho susceptible de estar integrado en alguno de los tipos previstos en el Código Penal vigente en el momento de la comisión de ese hecho delictivo. Si queda pendiente el estatuto del denunciante, ahora, parcialmente, puede estar formulado el estatuto de la víctima.

¿Que podría estar mejor? Yo creo que sí, podría estar mejor. ¿Cuestionaría el proyecto ideológico para España del grupo mayoritario en esta Cámara? Considero que no, que no lo cuestionaría. Es más, con respecto al artículo 35 —lo decíamos el otro día en la ponencia, lo ha señalado hoy también mi compañera Ángeles Marra y yo lo vuelvo a explicar—, espero de la flexibilidad del Grupo Popular de aquí al día del Pleno una receptividad, porque cuando he visto sus rostros y se lo he explicado, no he encontrado unos rostros de personas instaladas en el cinismo de que les dé igual ocho que ochenta; al contrario, he visto el rostro de unas personas sensibles y acogedoras a la propuesta que les hacíamos, porque era una propuesta bastante sensata. Simplemente se trata de no adjudicar algo más a las víctimas, pues ya tienen bastante con la condición de víctimas, como es intimidarles o advertirles diciendo: ¡ojo con denunciar! porque, si no, en el supuesto de que usted sea condenada por una denuncia falsa, tendrá que devolver todo y además sufrirá una penalización de un 50 %. ¿Es que acaso eso no está previsto ya en cualquier regulación, ámbito Estado, ámbito comunidad autónoma, donde la Administración pública da un dinero a una persona para ayudarla en una situación extrema, por violencia de género, por penuria o por vivir una situación de profunda desigualdad? Eso ya está previsto, hay unas subvenciones finalistas: usted tiene que devolver todo si uno de sus presupuestos era falso, si usted nos ha mentido, o si no ha usado el dinero de todos los españoles —o de todos los canarios, o de todos los madrileños, depende de que sea una comunidad autónoma o un ayuntamiento— para el fin al que estaba destinado.

Nosotros decimos que eso está bien ubicado en la regulación de esas entregas dinerarias, sea cual fuere su ámbito administrativo, y ya está previsto; por tanto, no es menester volverlo a incorporar porque puede ser intimidatorio, sobre todo para la inmensa mayoría de mujeres que todavía tienen miedo a dirigirse a la autoridad correspondiente si están viviendo una situación de violencia de género. Y esto no lo dice solo el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, lo dicen también quienes trabajan en el campo de la lucha y la prevención contra la violencia de género, en lo que insisten muchísimo.

Señor presidente, hay una discrepancia que ya se ha puesto de manifiesto por distintos participantes en esta comisión, que es el papel de la víctima en la ejecución de la sentencia. En este campo, hay que decirlo de forma clara, no soslayada, sí que hay una discrepancia, nosotros pensamos que hay que dar el máximo cariño, la máxima comprensión, estar al lado de, estar con, ayudar a, permanentemente. Pero, y sin que nadie se moleste, nos parece algo obsceno que alguna persona que ha sufrido terriblemente en este terreno, esté de asesor jurídico de algún grupo político, porque la condición de haber sufrido terriblemente no te da una cualificación en términos jurídicos ni la suficiente frialdad a la hora de estar como asesor; hay que mostrar nuestro reconocimiento al padre de una víctima que lo está pasando mal, hay que estar a su lado, ayudarle al máximo, pero de ahí a ocupar el puesto de asesor jurídico de algún grupo político no me parece correcto, ni siquiera respetuoso con la condición de víctima.

La discrepancia está en el papel a jugar en la ejecución de la sentencia, y de igual manera que cuando hay algún tipo de conflicto siempre se le pide a un tercero imparcial, que es el juez, que resuelva —nadie por su cuenta va a resolver el conflicto porque eso sería ejercicio arbitrario del propio derecho, salvo supuestos de legítima defensa-; de igual forma, a la hora de legislar sucede lo mismo: no es bueno que sea la víctima quien legisle. Y a la hora de ejecutar sentencia, también ocurre igual: una cosa es tener conocimiento y saber y otra cosa es ser consultado, pero que quienes supervisen la ejecución de las resoluciones judiciales sean los órganos competentes para ello, nos parece lo más adecuado y lo más razonable.

Acabo ya, señor presidente, porque tenemos una mañana muy intensa. Solo apelo a la flexibilidad y a la receptividad de las ponentes del Grupo Popular en esta materia para que de aquí al Pleno podamos alcanzar un texto que sea de toda la Cámara y no solo de un grupo, por muy mayoritario que sea, dicho sea con todos los respetos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por no haber utilizado, como muy bien ha señalado la señora Riera, el instrumento reglamentario del veto, que podían haber usado perfectamente. Esto significa, como ha dicho también el senador Bildarratz, que así han manifestado su voluntad de mejorar el texto, y en este sentido mi grupo agradece ambas cosas: primero, la no presentación del veto y, segundo, las enmiendas que han presentado.

Me gustaría decirles, señorías, que el mundo no acaba aquí, ni acaba hoy con esta comisión por lo que se refiere a este proyecto legislativo; es decir, tenemos todavía plazo de sobra para seguir estudiando las enmiendas, para presentar transaccionales, o incluso aceptar alguna enmienda directamente en el correspondiente Pleno, que, por cierto, no será el de la semana próxima sino en el de la semana que comienza el martes 24 y, como hoy es día 3, tenemos mucho tiempo todavía. Agradezco al senador Díaz Tejera que haya sabido interpretar los rostros de las dos ponentes de esta ley porque él sabe y le consta, y haciéndolo público también lo saben sus señorías, que queremos que se acepten enmiendas, vía transaccional o como sea, y que para eso vamos a seguir estudiando.

A mí no me parece bien, señorías, que se tache de inaceptable el procedimiento que estamos tramitando en este momento, porque es un procedimiento reglamentario, viene con forma de reglamento, está aprobado por la Mesa del Senado, está aprobado por la Mesa de la Comisión, y lo único que queda, señorías, es alegrarnos de que no se le califique, como lo hizo algún ponente en el Congreso, de aberración jurídica, con lo que no puedo estar más en desacuerdo. Francamente, este grupo parlamentario ha estado desde el primer momento en todas las reuniones de ponencia y ha estado escuchando a todos los senadores y a todos los ponentes que han querido hacer una intervención más o menos extensa, más o menos interesada, en la defensa de las enmiendas que han presentado a este proyecto, y lamento profundamente que no se haya producido esto con algunos compañeros de esta comisión.

Y entrando ya en el estatuto de la víctima, señorías, señor presidente, quiero decir que es un texto que en resumidas cuentas viene a dar más derechos, más protección y más participación a las víctimas en los procesos penales. España se convierte así en el primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima y que da una respuesta jurídica, pero también y muy importante, señor presidente, una respuesta social a través de un trato individualizado a todas las víctimas. Su objetivo, como muy bien han expresado algunos senadores, es garantizar los derechos de las víctimas de todo delito, especialmente de los más graves, y dentro de los especialmente más graves, los de violencia de género, menores y personas con discapacidad. Es cierto, es un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales para proteger a las víctimas. Es muy sencillo pero modifica leyes muy importantes, como la Ley de enjuiciamiento criminal o el Código Penal, prevé su desarrollo reglamentario, y además insta a la adaptación a ella de los estatutos generales de los abogados y los procuradores.

Evidentemente, señorías, tiene que tener una definición del concepto de víctima, que es un concepto amplio, ya se lo adelanto; se define la víctima directa del delito y también la indirecta, que son los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por vez primera se va a incluir a los hijos de la pareja si convivían con ella, y se les da a todos las máximas facilidades para el ejercicio y la tutela de sus derechos. Resumiendo: entre otras cosas se evitan trámites innecesarios que supongan —y esto es muy importante— una segunda victimización, por ejemplo, eliminando declaraciones que pueden ser perfectamente prescindibles y que puedan producirles algún trauma.

Este proyecto también exige una evaluación, un trato individualizado de toda víctima y para ello es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas administraciones públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como el recientemente firmado sobre menores extranjeros no acompañados o el de desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. Se regulan derechos de las víctimas, estén o no personadas; se reconoce el derecho a la víctima a estar acompañada de la persona que designe; se le informará de cuándo se va a celebrar el juicio; se le van a notificar las sentencias, los sobreseimientos, así como la adopción de las medidas cautelares y de libertad del encausado.

En el caso de víctimas de violencia de género —y esto es muy importante— serán informadas de la situación en la que se encuentre el encausado, ya sea puesta en libertad, fuga o medidas cautelares, incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que hubieran manifestado su voluntad expresa de no ser notificadas.

Y no solamente están los casos de víctimas del delito. En el caso de grandes catástrofes, señor presidente, los abogados y los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que al menos haya transcurrido un mes desde el suceso.

En el proceso penal es donde más novedades hay, y también las más relevantes, entre otras, que podrán recurrir la liberta condicional del penado, siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años. Se reconoce también la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad.

Déjenme que les diga, señorías, que el Estado, tan famoso y tantas veces citado, es quizá el único motivo de discrepancia del artículo 13 que contiene el proyecto. Es cierto que el Estado conserva el monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas pero el Grupo Parlamentario Popular entiende que esto no es incompatible con que a la víctima se le faciliten ciertos cauces de participación, que pueda impugnar ante los tribunales determinadas resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condenas de delitos que sean especialmente graves, que se les permita facilitar información que pueda ser relevante para que los jueces y tribunales puedan resolver sobre la ejecución de la pena o las responsabilidades civiles, y solicitar también la adopción de medidas de control con relación a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pudiera derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima. La regulación de la intervención de la víctima en la fase de la ejecución de la pena —insisto, para delitos de especial gravedad— garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la justicia penal, así como la observancia del principio de legalidad porque la decisión va a corresponder siempre, señorías, a la autoridad judicial, por lo que tampoco se ve afectada la reinserción del penado.

Seguramente, tendremos más tiempo para debatir este asunto en el Pleno y, por tanto, me remito a esa futura intervención, insisto, dando las gracias por la actitud de la casi totalidad de los portavoces y, sobre todo, por no haber presentado veto alguno a este proyecto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. 621/000105 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Como votaremos a las dos de la tarde, pasamos al siguiente punto del orden del día: dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/12/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

A este Proyecto de Ley se han presentado 88 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: 15, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 3, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 32, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, una de las cuales, la número 23, fue posteriormente retirada; 13, del Grupo Parlamentario Socialista; y 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia designada en su día, relacionada con este Proyecto de Ley, emitió su informe en el que se incorporaron las enmiendas 84 a 88, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como una corrección de técnica legislativa que afecta a la disposición final primera. La ponencia ha vuelto a reunirse en el día de hoy y ha introducido las siguientes modificaciones en el informe: en primer lugar, eliminar la reiteración de la frase y/o en las lenguas de signos española en el apartado IV del preámbulo; en segundo lugar, la disposición final tercera pasaría a ser la primera, con carácter de ley ordinaria, lo que se reflejaría en la disposición final correspondiente. Se corrige, además, el error en la disposición adicional segunda, que empezaría citando al Ministerio de Justicia.

Por tanto, señorías, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas. Enmiendas 16 a 18, presentadas por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señora Capella, tiene usted la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo para darlas por defendidas, sin perjuicio de que lo hagamos en toda su extensión en el Pleno en el que se va a debatir el proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Enmiendas 1 a 15, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En el mismo sentido que en mi intervención anterior, las doy por defendidas, sin perjuicio de que los proponentes de dichas enmiendas las debatan en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Enmiendas 79 a 83, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Señor Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Se trata de cinco enmiendas que damos por defendidas, y que voy a comentar de manera somera. Una de ellas trata de la detención preventiva, que, en nuestra opinión, no puede durar más del tiempo estrictamente necesario que establecemos como máximo de cuarenta y ocho horas, a diferencia del proyecto que lo fija en setenta y dos.

Otra enmienda que nos parece muy importante, sobre todo para los derechos del detenido y de los propios funcionarios intervinientes, es la que propone que cuando el detenido esté en dependencias policiales, se registre ese momento tanto en soporte de audio como de video, es decir, que haya imágenes, ya que entendemos que eso va a dar tranquilidad, tanto al detenido como a los funcionarios allí presentes.

Por último, hay dos enmiendas referidas al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Una relativa a los registros, en cuanto a que son las administraciones competentes las que tienen que establecer estos registros con el objeto de preservar las competencias autonómicas; y, otra, relacionada con la disposición final primera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Enmiendas 34 a 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Este es otro proyecto de ley que pertenece a ese ámbito que el señor Díaz Tejera anteriormente denominaba ámbito de consenso, de no confrontación ideológica, de garantía de derechos, en este caso de las personas detenidas o inculpadas, en función de la necesidad de traducción o de interpretación.

En primer lugar, quiero destacar que, si no recuerdo mal, la transposición de la directiva cumplía en octubre o en noviembre de 2013, es decir, llevamos prácticamente un año y medio de retraso en un tema importante. Independientemente de la defensa que haga en el Pleno, quiero destacar, en primer lugar, la supresión de la disposición adicional que establece que no se producirán incrementos ni de retribuciones de personal ni de plazas de traductores ni de ningún tipo de concepto ligado, en definitiva, a personal. Nos parece que esto es imposible. Va a haber un incremento de gastos económicos de traducción, sobre todo cuando, además, se habían externalizado. Por otro lado, la directiva se formula no solo en el ámbito judicial sino también en el policial, algo de lo que prescinde el proyecto de ley.

En cuanto al registro de los intérpretes, he de señalar dos cosas: una, que en el proyecto de ley se habla de listado de intérpretes, de traductores de la Administración. Creemos que es importante que quede muy claro que solo pueden ejercer estas funciones traductores e intérpretes que estén en un registro oficial, un registro profesional, que hayan tenido que superar unas pruebas. Y dos, que al mismo tiempo respeten las competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall para defender las enmiendas 19 a 22 y 24 a 33.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Las vamos a dar por defendidas, a excepción de dos que figuran en el ámbito competencial, que sería la primera nuestra, la número 19, cuya finalidad es la modificación del apartado VIII de la exposición de motivos, determinando que se creará un registro de traductores e intérpretes judiciales por parte de las administraciones competentes en justicia, como es el caso de la Generalitat de Catalunya, y no por parte del Gobierno, lo que supondría una invasión competencial. En ese sentido, en Catalunya, la competencia para regular un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales propio correspondería a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 104 del Estatuto de Autonomía, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según lo que establece el Real Decreto 966/90, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En la misma línea, la enmienda número 32 tiene por objeto la modificación de la disposición final tercera. Consideramos que presenta problemas de constitucionalidad. La Generalitat tiene traspasadas las funciones en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, a la vez que, en ese mismo sentido, le atribuye competencias en esas materias el Estatuto de Autonomía de Catalunya, en sus artículos 103 y 104.

Por otra parte, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma, con competencia en materia de justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. De todo lo que antecede se colige que la disposición final tercera, antes disposición adicional única del proyecto, en la medida en que atribuye en exclusiva al Ministerio de Justicia la creación y regulación del registro de traductores e intérpretes judiciales, con total omisión de las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de justicia, constituye una palmaria infracción de las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a la Generalitat de Cataluña en este ámbito.

Por lo demás, damos por defendidas el resto de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen Vélez para defender las enmiendas 66 a 78.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado un total de trece enmiendas a este proyecto de ley. La verdad es que somos conscientes de la importancia que tiene este proyecto de ley. Nos hubiera gustado que el grupo mayoritario, el Grupo del Partido Popular, hubiera realizado un trabajo de mayor calado, que hubiera incluido, como no puede ser de otra manera, el sentir de los demás grupos políticos, los cuales entiendo que tan solo pretendemos optimizar la norma garantizando al máximo los derechos de los ciudadanos.

En ese aspecto, quiero incidir en que el Grupo Parlamentario Popular ha perdido una ocasión excepcional para transponer estas dos directivas, que, además —como también se ha indicado por otros portavoces—, son más técnicas que políticas, con el apoyo de todos los grupos y sacar adelante una ley que, aunque es tardía, estaría respaldada por el consenso. Se ha perdido la coyuntura para obtener una norma completa, una norma garantista de los derechos de los ciudadanos y perdurable en el tiempo, un camino fácil que el Grupo Popular no ha querido recorrer.

La propuesta de transaccional que nos ha hecho el senador Arias —queremos dejar constancia de ello— no la hemos firmado sobre todo porque hace referencia a una enmienda, a la 78, del Grupo Parlamentario Socialista, y como no queremos que se demore más la entrada en vigor de esta ley así lo indicamos. Pretendemos con esta enmienda que la presente ley entre en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado ya que no existe, además, ningún motivo que justifique más el retraso de la entrada en vigor de esta ley, teniendo en cuenta —como también se ha mencionado por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— que una de estas directivas ya tenía que estar transpuesta el 27 de octubre de 2013. Por lo tanto, no podemos asumir una nueva demora en la entrada en vigor de esta ley. En esta dirección nosotros hacemos referencia al proyecto de ley completo en la enmienda 78, mientras que no es así en la transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Popular, que trocea dicha ley y una entra en vigor en una fecha y otra, en otra.

El resto de las enmiendas, por supuesto, las defenderemos en el Pleno. Aquí en este acto las damos por defendidas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

¿Turno en contra? (Pausa). El senador Arias tiene la palabra.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros —como muy bien decía el senador Sen— acabamos de hacer una propuesta transaccional que afecta a la entrada en vigor de la norma. En principio no se ha aceptado. Esperemos que de aquí al Pleno todavía tengamos oportunidad de seguir hablando y, si acaso, podamos llegar a un acuerdo en lo que se refiere a esta propuesta. No hemos aceptado otra de las propuestas presente en las enmiendas de la mayoría de los grupos tendente a garantizar el acceso a los medios de comunicación oral para las personas con discapacidad auditiva. Tampoco hemos tenido oportunidad de transaccionar las enmiendas de la mayoría de los grupos porque ya en el trámite de ponencia nosotros habíamos incluido la enmienda 87 que venía a corregir esa cuestión.

Muchas de las enmiendas, evidentemente, se refieren al registro. No es este el momento para debatir la constitución o la regulación del mismo ya que consideramos más conveniente que muchas de las enmiendas que se han rechazado inicialmente, tanto en ponencia como en comisión, sean presentadas, discutidas y, en su caso, aprobadas, si es pertinente, en el debate de la ley a la que obliga este proyecto de ley de creación del registro oficial. Hay otras cuestiones que tampoco responden al objeto del proyecto como la toma de las muestras o la asistencia letrada a la que se refiere la enmienda 71 del Grupo Parlamentario Socialista.

Sí me gustaría hacer referencia a la cuestión competencial. Como todos ustedes saben, en relación con el registro oficial de traductores, intérpretes y peritos hay que tener en cuenta el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución española que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia y legislación procesal. Fundamentamos nuestro rechazo a la enmienda 19 del Grupo de Convergència en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos. Si hablamos del registro oficial de intérpretes y traductores, se trata de fijar unas condiciones básicas para el desempeño de las labores de traductor e intérprete judicial mediante la obligatoriedad de la inscripción en el registro, acreditando obvia y previamente el cumplimiento de unos requisitos mínimos que, evidentemente, se tendrán que regular cuando llegue la ley del registro. Lógicamente, sin perjuicio de que el registro pueda organizarse territorialmente, de su posterior gestión y de la concreta prestación del servicio en cuanto responde a la provisión de medios personales, la competencia debe ser de titularidad compartida. La exigencia de este registro oficial obedece a esa finalidad y con ello consideramos que no se vulneran las competencias de las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de justicia. No obstante, la creación del registro no significa que deba ser centralizado y sin comunidades autónomas; todo lo contrario, consideramos que el registro debe organizarse territorialmente y que en su gestión deben intervenir las comunidades autónomas con competencia en la materia.

En lo que se refiere al incremento del gasto que comentaba el senador Saura, hay que tener en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece expresamente que durante el año 2014 —también se especifica así en la Ley de 2015— cualquier nueva actuación que se proponga a los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento de los gastos de personal al servicio de la Administración, con lo cual consideramos que la disposición se ajusta a estos requisitos que nos impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De ahí que quiera mostrar, para llegar a algún acuerdo en el Pleno que celebraremos la semana que viene, nuestra disposición de seguir trabajando y de propiciar algún acuerdo que permita o bien la aprobación de alguna de las enmiendas o la transacción de alguna de las que quedan.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias Navia.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Pausa). Tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero celebrar que finalmente se haya procedido a la transposición a nuestro ordenamiento interno de estas dos directivas. Aun así consideramos inadmisible y preocupante que reiteradamente se transpongan las directivas incumpliendo los plazos para su transposición. En el presente caso —como ya ha comentado el senador Sen— las mismas deberían haberse transpuesto antes de octubre de 2013 y de junio de 2014 respectivamente. Por lo tanto, celebramos que finalmente se haya hecho, pero lamentamos el retraso, más teniendo en cuenta que las mismas desarrollan dos aspectos esenciales para la defensa en el proceso penal conllevando un importante refuerzo de las garantías del proceso penal y de la eficacia en el ejercicio del derecho de defensa.

Por este motivo es inadmisible, por ejemplo, que se pretenda establecer una vacatio legis de seis meses para la entrada en vigor del proyecto de ley.

Tampoco puede considerarse demasiado coherente ni realista aprobar un proyecto de ley que conlleva sustanciales reformas limitando, de entrada, cualquier incremento de dotaciones de personal o retributivas para aplicar las medidas que impone la norma.

Principalmente, nos preocupa también el tema de afectación competencial, al que antes me he referido. Nosotros entendemos que se conculcan competencias. Por tanto, no se recogen los planteamientos de los profesionales en este ámbito, es como si afirmáramos que todo esto lo vamos a hacer sin incremento de medios ni de presupuesto. Al final, vamos a hacer una adaptación de la directiva que al ciudadano no le va a suponer ningún incremento presupuestario porque no le vamos a dar medios ni una financiación adecuada. En consecuencia, debemos preguntarnos qué estamos legislando. No podemos poner en un proyecto de ley lo que parece ya una cláusula de salvaguarda del presupuesto futuro y decir a quien al final tenga que aplicarlo: vaya con pies con de plomo porque no va a poder destinar ni un euro más para mejorar nada.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz Tejera tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Con su venia, intervengo para manifestar que este proyecto forma parte del paquete que se definía como de asuntos en los que no deberían reflejarse las diversas ideologías que nos definen y nos caracterizan o, al menos, yo no termino de captarlo.

He echado de menos —dicho sea con todo respeto y con todo el aprecio al portavoz del Grupo Popular— una explicación algo más detallada acerca de las razones por las que no se aceptan algunas enmiendas; no lo he captado. Puedo haberme despistado en algún momento, todo es posible —divino no es nadie—, pero me ha sorprendido, por ejemplo —porque sé de su sensibilidad en materia de garantías y de presencia de los abogados con los justiciables—, que no haya acusado recibo de la propuesta que se plantea en torno a qué documentos de una diligencia o de un sumario deben ser traducidos.

Cuando nos adentramos en esa materia de cuáles sí y cuáles no, si yo fuera el abogado me generaría cierta incertidumbre saber que hay terceros que deciden qué se me traduce y qué no. Si en lugar de ser el que tiene que defender a una persona, soy el que tiene que poner la resolución, no entro en grandes debates: me lo traducen todo, y ya decidiré yo lo que es relevante y lo que no lo es. ¿Por qué razón? Porque eso lo decide uno. A veces hay providencias aparentemente insignificantes en primera lectura, pero luego siempre hay algún dato que puede resultar ilustrativo, y ante esa eventualidad, mejor pasarse que no llegar, porque estamos hablando de derechos fundamentales, y siempre hay que hacer una interpretación extensiva y no restrictiva, por aquello de in dubio, in favor libertatis. A mí me gustaría saber qué obstáculos se encuentran a esta enmienda, que me parece bastante razonable.

Tampoco alcanzo a entender por qué razón cuando se plantea la regulación para la obtención del frotis y averiguar el ADN de las personas se ponen dificultades a las propuestas que ha hecho el Grupo Socialista, que lo que hacen es aumentar garantías, porque, al final, si somos generosos en esta materia, las posibilidades de afrontar el trabajo de una resolución judicial —no solo está el juez, está el secretario, el fiscal y un gran número de funcionarios, y también letrados, procuradores, etcétera—, las posibilidades de afrontarla, repito, y cuestionarla se reducen, la hacemos más inexpugnable, y eso es mejor por el respeto de los servidores públicos, y todos ganamos. En última instancia, gana la sociedad, porque aumenta la credibilidad de la ciudadanía en la confianza que tienen hacia la Administración de Justicia. Así podría ir desgranando todas y cada una de las propuestas que hacemos, que me parece que son bastante razonables, bastante sensatas y solo persiguen mejorar el texto.

Yo he entendido el razonamiento que usted ha formulado en torno a los registros. Lo he entendido, pero le ruego que también capte usted a quienes planteamos que si bien es verdad que más adelante se dejará a la Administración competente, ¿qué tiene de malo desde ahora contemplar que estamos en el Estado en el que estamos? La realidad del Estado autonómico es algo que se tiene que reflejar en todos los ámbitos, porque es nuestra realidad constitucional, nuestra realidad política, nuestra realidad administrativa. Es verdad que el próximo legislador podrá contemplarlo, pero no tiene nada de malo si ya de antemano nosotros lo decimos y lo ponemos, porque es una manera de expresar lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, máxime en una Cámara como es la Cámara territorial; es lo propio, es lo que define, es el valor añadido que da el Senado de España. A mí me parece que eso no es nada irracional. Es más, en la práctica real de los tribunales esto se mueve en un mundo entre lo jurídico y lo fáctico, y todos sabemos que hay muchas ocasiones en que se acude a personas que no son intérpretes ni traductores. En el caso de Canarias les puedo decir que hay una señora mayor que domina un dialecto de una tribu de algún lugar de África, donde vivió durante muchos años —que no es francés, es inglés—, y es la que al final traduce en comisaría y en el juzgado. Todos los abogados de todas las partes dan por buena la función de esta persona, todos lo han aceptado y todos hemos seguido adelante. Todo ha sido aceptado perfectamente, nada ha sido revocado, sino, al contrario, todas las decisiones, confirmadas. El que hagamos un esfuerzo por recoger a intérpretes y traductores, que a su vez tienen que superar una segunda prueba de dominar la parte semántica de ese idioma en el campo de la justicia, que no es poca cosa ni algo general, sino muy específico, yo creo que es un avance. Y en el caso de estas personas que les digo, que no tienen la titulación universitaria, pero de facto dominan ese idioma y ese campo semántico por su experiencia vital, creo que es parte de la realidad y es bueno que la acojamos. Me parece que un buen lugar para acogerlos pueden ser esos lugares específicos, esos territorios, esas comunidades autónomas. Luego no está de más que el legislador general, que somos nosotros, tenga en cuenta las precisiones que pueda hacer el legislador territorial, que son los Parlamentos autonómicos.

Yo espero, igual que ha pasado con el otro texto, que los ponentes del Grupo Popular sean sensibles a estas propuestas porque lo que hacen es mejorar el texto; en absoluto rompen la coherencia interna del texto.

Nada más, señor presidente; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la senadora De Haro Brito tiene la palabra.

La señora DE HARO BRITO: Gracias, señor presidente.

Aunque inicialmente se presentaron ochenta y ocho enmiendas —una, de Convergència i Unió, se retiró porque ya había sido asumida en el trámite parlamentario en el Congreso—, sin embargo, hay que agradecer el que haya habido un considerable incremento respecto al Congreso, a pesar de que en el trámite parlamentario del Congreso sí que se aceptaron, se transaron numerosos contenidos relacionados con la interpretación y con la traducción para adaptarlos al lenguaje de signos y, sobre todo, para acomodarlos a la normativa existente en materia de personas con algún tipo de discapacidad, terminológicamente hablando.

En primer lugar, quiero agradecer la práctica unanimidad que tenemos respecto a la necesidad de transponer a la normativa estatal, concretamente a la Ley de enjuiciamiento criminal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial estas dos directivas, la Directiva 2010/64 y la Directiva 2012/13: la primera, respecto al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, y la segunda, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Muchísimas de las enmiendas presentadas —lo ha explicado perfectamente mi compañero el senador Arias Navia— tienen relación con una directiva que viene de la misma normativa internacional, la Directiva 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y también sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Precisamente esta tarde en esta misma comisión debatiremos una moción, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, para instar al Gobierno a finalizar la transposición de estas tres directivas. Concretamente, una moción relativa a esta directiva que he mencionado, la 2013/48, para que se inicien y se lleven a cabo los trámites para integrarla definitivamente. ¿Por qué? Porque estas tres directivas, las dos que llevamos mediante una modificación de las leyes orgánicas que aquí tratamos, junto con la directiva de 2013 forman parte, por así decirlo, de las normas internacionales que se contemplan o a las que nos obliga el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de las libertades fundamentales y también el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Igualmente, el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el artículo 48 de la misma Carta, que garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa, la libertad, la seguridad y la justicia y su mantenimiento y desarrollo por parte de todos los Estados de la Unión Europea.

Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que la modificación que aquí estamos tratando afecta a artículos fundamentales de la Ley de enjuiciamiento criminal como el 520 de dicha ley, contemplado en sus tres artículos, artículos primero, segundo y tercero. Concretamente, el artículo primero se refiere a la Directiva de 2010; el artículo segundo de esta norma que ahora debatimos está relacionado con la transposición de la Directiva de 2012 a la Ley de enjuiciamiento criminal y, por último, el artículo tercero incluye las modificaciones que la ley pretende introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo que se aprobó en su momento en el año 2010, el llamado Programa de Estocolmo, fijaba la necesidad de establecer normas que aseguraran y garantizaran el derecho a defensa, relacionado con el cual podemos señalar las tres patas que constituyen las directivas que ahora mismo he mencionado, las dos que ahora se transponen y la que trataremos esta tarde para instar al Gobierno a que se adapte a la normativa interna. Son fundamentales, ¿por qué? Porque es necesario que exista confianza entre los Estados de la Unión Europea. Es evidente que si pretendemos el reconocimiento de resoluciones judiciales, en este caso en el ámbito penal, pero también en las órdenes de detenciones, a nivel europeo tiene que haber una confianza mutua y recíproca entre los diferentes Estados miembros. Este es uno de los principios que informa las normativas que ahora trasladamos a su vez a las normas internas. Pero, aparte de la confianza, deben existir unos principios únicos. En este punto quiero referirme especialmente —se ha mencionado por diferentes grupos y, como he señalado, ya lo ha explicado mi compañero— a las enmiendas relativas al registro. Cuando se ataca señalando el contenido de la disposición final ya que en ella se fija un plazo en el que el Estado establecerá las normas relativas al registro, tengo que decir que esto no es contradictorio con la competencia de las comunidades autónomas. Porque si ustedes observan la norma que aquí tratamos, vemos que existe un artículo, el 124, que remite al listado que las administraciones competentes vayan a llevar a cabo. Por tanto, no significa que la creación del registro por el Ministerio de Justicia tenga que estar centralizada y sin participación alguna de las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, lo que se pretende es que haya una organización territorial, en cuya gestión sí deben intervenir las comunidades autónomas puesto que tienen las competencias transferidas y, por otro lado, es necesario que haya homogeneidad en los requisitos. Imagínense ustedes que para inscribirse en ese registro de traductores e intérpretes en cada comunidad los requisitos fueran distintos. Esto crearía una notable inseguridad jurídica. Por consiguiente, tiene que haber requisitos homogéneos.

Por ello, entendemos que esta norma es absolutamente necesaria para llevar a cabo la adaptación, sobre todo en virtud del principio de defensa. El senador Díaz Tejera hacía referencia a qué documentos, a qué parte del procedimiento, del sumario podía ser objeto de traducción. El artículo 3 de la propia directiva clarísimamente lo señala: tienen derecho a traducción los documentos que resulten esenciales para el afectado. Por tanto, se transcribe literalmente el artículo que contempla la propia directiva y, por consiguiente, se cumple con dicha directiva.

Para terminar, simplemente quiero señalar que se ha hecho referencia al retraso. Me van a permitir que diga que en esta norma creo que es una crítica injusta, en primer lugar, por la capacidad normativa que viene desarrollando el Gobierno y estas Cámaras. Hoy, somos testigos del intenso trabajo, en ponencia y en comisión, llevado a cabo en varios textos legales y también de la profusa labor legislativa que se viene realizando desde el comienzo de la legislatura.

En segundo lugar, tengo que señalar que, como miembro adscrita a la Comisión Mixta para la Unión Europea, en continuas comisiones estamos elaborando informes de subsidiariedad e informes de proporcionalidad que deberían haber sido emitidos bajo el mandato del Gobierno anterior, pero no con meses de retraso, sino con muchos años de retraso. Por tanto, es justo reconocer la intensa labor legislativa que este Gobierno y estas Cámaras están llevando a cabo en esta legislatura. Es justo reconocerlo y vamos a quedarnos con el acuerdo que existe en la necesidad de esta norma que ahora tratamos y, sobre todo, con la considerable mejora que va a suponer para los derechos de los sospechosos y acusados, término que utilizan las directivas, y de las personas que son detenidas en cuanto a las garantías de sus derechos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. 621/000108 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Como votaremos a partir de las dos, pasamos al punto tercero del orden del día: dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

A este proyecto de ley se presentaron 7 vetos y 1044 enmiendas, 7 de las cuales, las números 70, 71 y 72, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; la 188, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la 606, del Grupo Parlamentario Socialista y las 968 y 969, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, fueron posteriormente retiradas.

Vamos a pasar, por lo tanto, a la defensa de estas propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señora Capella, tiene usted la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo muy brevemente para defender el veto y lo haré sin perjuicio de que lo haga en el Pleno en el que se vaya a debatir la reforma del Código Penal. Desde Esquerra Republicana entendemos que es una reforma acuñada desde el populismo punitivo, que, por un lado, supone un agravamiento constante de las penas, es una manera de acallar las voces de determinados medios de comunicación y, por otro lado, en relación con determinados tipos de delitos continúa siendo complaciente, en este caso, por ejemplo, con el blanqueo de dineros. También introduce figuras tan regresivas como la cadena perpetua, eso sí, bajo un nombre distinto para burlar su posible inconstitucionalidad; introduce reformas de medidas de seguridad, desvinculándolas de la pena, incluso les infunde un contenido más gravoso que la propia pena; introduce la conversión de la mayor parte de las faltas en delitos. En definitiva, en lugar de un sistema jurídico penal de actos y culpabilidad, nos proponen un sistema de autor y peligrosidad mucho más propio de regímenes poco democráticos.

Veinticinco reformas del Código Penal, una espiral de punición y aumento de penas que desde el punto de vista de Esquerra Republicana es a su vez una espiral peligrosa que provocará mayor colapso judicial, mayor hacinamiento en las cárceles y que, en definitiva, tampoco responderá ni a las necesidades de seguridad que nos demanda la ciudadanía ni a las estadísticas de los delitos que año tras año se publican y que consideramos que es un derecho penal de castigo y no un derecho penal de reinserción.

Por eso, defendemos el veto con estos y otros motivos más existentes y que Esquerra Republicana defenderá en el Pleno en el que se debata el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Como representante del Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella para la defensa de la propuesta de veto número 1, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En el mismo sentido, doy por defendido el veto presentado por los representantes de Izquierda Unida, sin perjuicio de que ellos lo defiendan en el Pleno en el que se debata la reforma del Código Penal.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Dos razones para defender el veto: una procedimental y otra de fondo. La primera es que nos encontramos con un proyecto de ley que, de hecho, no ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, pasó un texto, se modificó ese texto prácticamente en su totalidad y, por tanto, viene aquí una ley que algunos califican como el negativo de la Constitución sin haber pasado un trámite importante de control de la constitucionalidad de esta ley.

En relación con el segundo punto, con el tema de fondo, no hace falta que les recuerde a ustedes —porque lo saben mejor que yo— que el objetivo final de la política penal es la reinserción del delincuente a la sociedad, que significa dos cosas: una mínima intervención, y solo cuando sea imprescindible. Esto ha ido derivando a una sustitución de las políticas sociales por una política judicial, dicho de otra manera, se intentan resolver problemas sociales con justicia penal, cuando la realidad de las cifras —antes se ha dicho por la portavoz del Grupo Mixto— dicen lo contrario. Es decir, España es uno de los países con más baja criminalidad —45 delitos por 1000 habitantes—, cuando Alemania está en 76 y la media de la Unión Europea en 70, y tenemos la mayor población encarcelada —159 personas por 100 000 habitantes—, cuando en la Unión Europea está en 96, y desde hace tres años, en los muestreos del CIS, está colocada la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad ciudadana en el número 11 o 12.

Por lo tanto, este Código Penal no tiene como dinámica conseguir el objetivo de reinserción de los delincuentes, sino que aumenta las penas y las amplía. Dos ejemplos: uno, la prisión preventiva revisable. No es cierto que otros países tengan cadena perpetua con más años que la que se prevé aquí. Pero además, hay un artículo de la Constitución —el artículo 15 si no recuerdo mal— que habla de que no se pueden inferir penas inhumanas. La pregunta es: ¿Qué pena inhumana existe mayor que la cadena perpetua? No existe ninguna, solo la pena de muerte. Por lo tanto, a nuestro entender este artículo es inconstitucional.

La segunda razón de fondo es una idea que nuestro grupo defendió hace pocas semanas en el Pleno del Senado: la supresión del punto 3 del artículo 315 del Código Penal, que hace referencia a las coacciones en las huelgas. Expliqué entonces y lo haré también en el Pleno que esto viene del periodo de Arias Navarro, en 1976, cuando había muchas huelgas. De forma incomprensible ─bueno, no de forma comprensible─, se intentó poner en el Código Penal una particularidad de la coacción: la coacción por las huelgas. Pedimos la supresión. El ministro había anunciado, junto al fiscal general del Estado en el Congreso, y algunas sentencias, que este artículo se suprimiría, pero lo único que se hace ahora es cambiar el tipo de condena. Antes era, como mínimo, de tres años, y ahora creo que es de un año y medio a tres años. Pedimos, por tanto, la supresión de este artículo.

Estas son las razones por las que nosotros presentamos el veto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Entiendo que también da usted por defendida la propuesta de veto número 3 presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García. (Asentimiento).

Pues muchas gracias, senador.

Propuesta de veto número 6 del Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Probablemente este proyecto de ley que afrontamos en estos momentos sea uno de los proyectos de ley más importantes que hayamos tenido y vayamos a tener en toda la legislatura. Por ello nos cuesta entender que por parte del grupo mayoritario no haya habido una búsqueda de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. Y cuando digo que no haya habido una búsqueda me refiero a que no ha habido ni una llamada de teléfono para decir si es posible o no es posible el encuentro. Por tanto criticamos, además del procedimiento que he comentado al inicio de esta comisión, que el grupo mayoritario no haya intentado buscar en el resto de grupos mayores complicidades, mayores aportaciones en un tema tan importante como es la reforma del Código Penal. A fin de cuentas estamos legislando sobre el sistema punitivo del cual se dota la sociedad para regular el comportamiento que ha de tener la comunidad dentro de la misma. Se trata de un texto que únicamente persigue una función vengativa de la pena. Ese debate entre seguridad ciudadana y derechos comenzó el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos —aunque ya se inició previamente, pero con más fuerza a partir de dicha fecha—, pero aquí es evidente que en estos momentos la seguridad ciudadana se sobrepone a estos derechos. Coincido con la representante de Esquerra cuando dice que no le importa al grupo mayoritario la búsqueda del acuerdo porque lo único que persigue es un posicionamiento fácil de cara a las próximas elecciones, lo que nos parece algo ciertamente irresponsable.

Nosotros tenemos que buscar una responsabilidad para con un modelo garantista del cual nos hemos dotado, porque la seguridad no lo es todo, hay otra serie de derechos y de principios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el principio de humanización de la pena, que, además de manifestar el componente de peligrosidad respecto del procesado y del sentenciado, tiene que buscar la reducción y la rehabilitación social como principio del artículo 25 de la Constitución. Y el presente proyecto de ley, al cual estamos presentando este veto, está negando el sistema de derechos y valores que la Constitución promueve, específicamente, tal como he comentado, la orientación a la reeducación y la reinserción social de las penas, que son incompatibles con la denominada prisión permanente revisable o el eufemismo de la cadena perpetua —porque no es otra cosa que la cadena perpetua—, algo de lo que renegaron en su momento los constituyentes. Sin embargo, ahora, sobreponiéndose a todo ese debate, el grupo mayoritario lo que hace es establecer la cadena perpetua para una serie de causas y situaciones.

Entendemos que hay una serie de preceptos de la Constitución que son totalmente negados a través de este proyecto de ley. Así, por ejemplo, la Constitución, en su artículo 9.3, exige que las penas no sean inciertas, y evidentemente, aquí lo son a la hora de definir una pena revisable, perpetua revisable o permanente revisable, algo totalmente incierto. Otro principio de la Constitución es que no atenten contra la dignidad humana —artículo 10—, que no resulten inhumanas —artículo 15— y tal como hemos comentado, que se mantenga ese principio, ese mandato constitucional de la reinserción de las penas —artículo 25.2—. Además, principalmente se aumenta el reproche penal a excepción de una serie de situaciones en las que, en nuestra opinión, se imponen una penas que son en exceso leves, con lo cual, entendemos que no van a cumplir su finalidad (por ejemplo, el delito de violencia de género en los supuestos en los que se cause menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, estableciendo una pena de prisión de seis meses a un año; o en relación con el acoso, con penas particularmente leves de tres meses a dos años para conductas tan graves como la persecución, búsqueda de cercanía o uso indebido de los datos personales y otras que atenten contra la libertad del acosado; o la conducta consistente en obligar a menores de 16 años a participar en comportamientos de naturaleza sexual, con penas que, en nuestra opinión, aparentan ser muy escasas.) Los delitos de corrupción política no son en nuestra opinión objeto de una regulación innovadora y, además, en determinados casos continúan siendo de un reproche penal verdaderamente bajo. No acabamos de entender cuál es la finalidad de ese reproche penal tan leve.

Finalizo diciendo que no podemos avalar una norma cuyo ajuste a los principios generales de los derechos y libertades fundamentales, configurados por los convenios o tratados sobre derechos humanos suscritos por el Estado español y el propio sistema de derechos y libertades de la propia Constitución, resulta discutible al hacerlo a través de las adaptaciones y decisiones que se adoptan en este proyecto de ley. Somos muy críticos con el contenido, pero también con todo el procedimiento y con las maneras. No se busca acuerdo alguno para con el adversario político con el objeto de mejorar este texto. Lo que se busca es una pena mucho mayor, cuando lo necesario hubiera sido justamente lo contrario: la búsqueda de una resocialización, de que todos podamos integrarnos en una comunidad de una manera mucho más cómoda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo ha mostrado desde el principio su oposición al mismo por cuestiones sustantivas de fondo, porque este proyecto de ley profundiza en una determinada política criminal que se aleja del modelo que defiende mi grupo parlamentario y en determinados aspectos también se aleja de las tendencias en política criminal que otros países de nuestro entorno más directo están llevando a cabo. Consideramos que esta reforma debe calificarse de populista y electoralista y que no resolverá los verdaderos problemas de la justicia penal en España.

Tenemos que sumar nuestro rechazo por la forma en que se ha tramitado este proyecto de ley. Estamos ante una reforma exprés totalmente inaceptable, tratándose de un proyecto de ley de esta trascendencia que afecta a gran cantidad de artículos del Código Penal y al conjunto del sistema penal. Este Gobierno y el grupo que le sustenta han utilizado este proyecto de forma totalmente partidista entendemos que para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción, y lo hacen precisamente a pocas semanas y meses de unas elecciones.

Una reforma como esta, que abarca desde la supresión de las faltas a la introducción de la prisión permanente revisable, pasando por cuestiones de muy diversa índole en la parte especial, merecía una tramitación pausada, serena y consensuada, todo lo contrario de lo que ha sucedido y de lo que está ocurriendo. Esta reforma exprés también ha supuesto que el Gobierno haya introducido en el proyecto de ley importantes cambios en el texto inicial mediante las enmiendas al articulado formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, que naturalmente no han sido informadas por el Consejo General del Poder Judicial y que han quedado incorporadas en el informe de la ponencia, tanto en el trámite del Congreso como en el caso de las 91 enmiendas introducidas en el informe de ponencia de esta Cámara.

Aparte de estas cuestiones de forma, no podemos compartir la iniciativa por motivos de fondo. Este proyecto de ley no era necesario. Nuestra oposición continúa fundamentándose en lo que supone esta reforma: la construcción de un nuevo modelo de Estado policial apoyado en un derecho penal que se basa en la hipertrofia punitiva y en el que los valores sociales y democráticos quedan en un segundo plano.

Quiero dejar constancia en relación con el incremento de tipos penales de nuestra también oposición respecto a la supresión de faltas del Libro III del Código Penal. Esta supresión está guiada, según la exposición de motivos del proyecto de ley, por el principio de intervención mínima, que compartimos, y la respuesta a algunas de ellas mediante sanciones administrativas y civiles que cumplen con el objetivo de eficacia de la justicia penal. Aun así, algunas de las conductas que estaban descritas como faltas, conductas leves o levísimas pasan a ser consideradas delitos. De las 39 conductas tipificadas como faltas existentes en el actual Libro III del Código Penal, solo 14 han sido suprimidas en el proyecto de ley. Hay una serie de conductas que no sufren ninguna variación en cuanto a la acción típica, pero sí la sufren en cuanto a su punición, porque pasan a ser penadas como delitos. No conocemos el criterio que el Gobierno ha seguido para la supresión de algunas faltas y la conversión de otras en delitos. La supresión de las faltas va a dificultar además que víctimas de alguno de los supuestos puedan ser indemnizadas en algunas situaciones, obligándoles en muchos casos a acudir a un procedimiento civil al dejar sin efecto lo que sería el auto de cuantía.

Voy a concluir intentando resumir el espíritu de esta reforma, que es de un endurecimiento penológico extremo y con unos importantes matices ideológicos. Es más que evidente que la mayoría de fuerzas políticas representadas en esta Cámara no comparte esta reforma. El Código Penal es, sin duda, una ley importante: afecta a derechos fundamentales de las personas y requiere de grandes dosis de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo, algo que a fecha de hoy desgraciadamente no percibimos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

El senador Rodríguez Esquerdo tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve y trasladaré mi intervención al debate plenario.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto devolutivo porque —y ustedes lo saben, señorías— el Código Penal es una de las leyes más importantes que un Parlamento democrático puede aprobar —viene a determinar el ius puniendi del Estado— y por esto, solamente por esto, este proyecto de ley debería haber conseguido el mayor consenso posible, pero, visto lo visto, vista la presentación de los vetos y vista la actitud del Partido Popular, es evidente que va a ser que no. Va a ser que no, y una vez más se va a demostrar que hemos perdido otra oportunidad de debatir con rigor y con sentido común un proyecto de ley tan importante como este. Prácticamente, en hora y media de ponencias se han desarrollado cuatro o cinco leyes de vital importancia para la democracia española, y evidentemente se ha demostrado que no hay ningún interés de consenso.

Diré en cuanto al Código Penal que asistiremos hoy al alumbramiento de un código que me da la impresión de que va a tener una vida bastante efímera. No han tenido en cuenta a los especialistas, ni la elaboración jurisprudencial existente en España, ni a los tribunales, ni a los fiscales, ni a los abogados, ni a la doctrina científica, han tirado, como es habitual en el Partido Popular, por la calle de en medio, apartándose de la tradición jurídica española.

Señorías, hoy no están presentando una reforma del Código Penal, están presentando un Código Penal nuevo, un Código Penal general, el Código Penal del Partido Popular, acudiendo, como ha dicho algún interviniente anterior, al populismo punitivo para limitar derechos fundamentales de las personas. Y esto, sencillamente esto, es una temeridad, por no utilizar otros adjetivos.

De verdad, señorías, ¿ustedes piensan que hay demanda social para hacer una modificación del Código Penal? Sencillamente, la respuesta es no. Presentan un Código Penal que sobrecargará aún más la Administración de justicia penal. Nos presentan un Código Penal que producirá más ineficacia en la persecución del delito y que, además, va a generar un incremento de los costes de la justicia y va a aumentar la desconfianza de los españoles en la propia Administración de Justicia. Esto no genera una sociedad más segura ni un sistema judicial más justo y eficiente. Este sistema judicial, con su Código Penal, con este Código Penal de partido, en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, les va a generar más sufrimiento y más descontento.

Señorías, en una sociedad madura como la española, como la nuestra, no se debería volver la vista atrás con medidas que van en contra de la historia, en contra de la evolución de la sociedad e incluso en contra de la propia biología, y esto es lo que ustedes van a hacer hoy y lo que harán la próxima semana en el Pleno. Con su texto la discrepancia es perseguida, criminalizan el descontento social e incluyen penas sin límites temporales. La libertad vigilada, con los vaivenes del ahora sí y ahora no, presento una enmienda, la quito, ahora vamos a buscar una transaccional, agravan las penas innecesariamente, amplían el campo de los diferentes delitos, menos, como decía el señor Bildarratz, en la lucha contra el terrorismo, donde seguimos siendo tibios.

Acuden al populismo con la prisión permanente revisable y demuestran tener miedo a llamar a las cosas por su nombre, a llamar a la prisión permanente revisable cadena perpetua, que es lo que es y lo que ustedes traen a este texto.

Hacen desaparecer las faltas, lo que, lejos de discriminalizar, supone otra restricción de derechos a los españoles.

Invierten la carga de la prueba, y ya no hablemos de lo de dar el consentimiento sexual o de las protestas sociales en la calle.

Sustituyen la culpabilidad por la peligrosidad y —y con esto acabo, presidente— traen una reforma, no, un Código Penal nuevo, innecesario y absolutamente ultraconservador que recorta los derechos y las libertades de los españoles. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Después de la defensa del veto, cabe un turno en contra.

La señora Franco tiene la palabra.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Sí, señor presidente, muchas gracias.

Señorías, creo que coincidirán conmigo en que el fin general del derecho penal es proteger a la sociedad frente a las conductas que más gravemente atentan contra los intereses sociales, pero las conductas que se prohíben y los intereses que se protegen evolucionan, porque la sociedad evoluciona. Por esa razón hoy en esta Cámara participamos en la tramitación de esta nueva reforma del derecho penal de nuestro país; por esa razón abordamos el debate de una nueva reforma de la ley orgánica que regula el Código Penal. No se trata de populismo punitivo, no se trata de electoralismo, sino de llevar a cabo una reforma necesaria —sí, señorías— que responde a la demanda social de reformar el Código Penal. Y lo que va a generar no es más desconfianza, sino más confianza de los ciudadanos en nuestra justicia y en particular, en nuestra justicia penal.

Voy a responder a continuación a los principales argumentos que sus señorías han puesto de manifiesto en la defensa de sus vetos, anticipándoles ya que por supuesto vamos a votar en contra de los mismos.

Varios de los ponentes han hecho referencia a que la reforma que hoy traemos a la Cámara, que hoy debatimos —que lleva además ya un período de tramitación largo de más de un año en ambas cámaras—, lo que hace es proponer o llevar a cabo un endurecimiento general de las penas. Sí quiero destacar a este respecto que nuestra reforma, la reforma que traemos, no supone en ningún momento este endurecimiento general de las penas, sino que viene a establecer un nuevo equilibrio en el sistema de penas de nuestro Estado —que es un Estado social y democrático de derecho—, que, por una parte, ofrece nuevas posibilidades de obtener la libertad a aquellos penados primarios y que tienen mayores posibilidades o pronóstico más favorable de reinserción y por otra parte, es más severa —es cierto— para aquellos que perpetran delitos de gravedad o que son multirreincidentes. Por ello quiero destacar de nuevo que lo que hacemos es traer a la Cámara una reforma que prevé un nuevo equilibrio en el sistema de penas —un nuevo equilibrio—, no un endurecimiento general de las penas.

Otro de los aspectos en el que sus señorías han sido vehementes ha sido precisamente en su oposición a la prisión permanente revisable —prisión permanente revisable que no cadena perpetua—. No estamos ni ante una cadena perpetua encubierta ni ante un eufemismo que esconda detrás una cadena perpetua, es una prisión permanente revisable, y si es revisable, desde luego no es perpetua.

Señalan que es una pena inconstitucional. Nosotros, por el contrario, lo que defendemos es la plena constitucionalidad de esta prisión permanente revisable, y lo hacemos además con el refrendo o avalados por el informe del Consejo de Estado al respecto, que además no ha sido la primera vez que se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, sino que lo hizo con anterioridad, cuando se sometió a su informe la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es una pena la prisión permanente revisable respetuosa con nuestra Constitución, no es una pena incierta ya que el penado puede conocer el plazo máximo de estancia en prisión con la misma certeza que en otras penas, pues los beneficios penitenciarios están subordinados a su colaboración y buen pronóstico, y el tiempo de cumplimiento efectivo de cara a la liberación provisional es proporcional además a la gravedad de los delitos. Una pena que es inhumana y degradante: esta es una grave acusación, que ignora además la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en diferentes sentencias, y en relación con la aplicación de la prisión permanente revisable en otros países de nuestro entorno, ha señalado que es perfectamente compatible con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, artículo que prohíbe —en idéntico sentido que nuestra Constitución— que los Estados miembros de esta convención europea establezcan penas inhumanas.

También es una pena que no atenta contra el carácter resocializador, que nuestra Constitución atribuye con carácter general a las penas.

No es una pena definitiva o perpetua en la que el Estado se desentienda del penado, al contrario, compatibiliza una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de la reeducación y la reinserción del penado. Nosotros consideramos que el mero cumplimiento automático de una condena no garantiza el cambio de actitud del penado y por ello se condiciona la libertad —en estos casos en los que además se produce una condena por delitos extremadamente graves— a la efectiva resocialización del penado.

Otro de los argumentos que sus señorías han expuesto es precisamente que estamos ante un retroceso democrático, que se ataca al carácter democrático. Miren, el derecho penal de un Estado social y democrático de derecho debe apoyarse en el consenso de los ciudadanos, y yo creo que no desconocen sus señorías que dos de cada tres españoles apoyan la introducción de la prisión permanente revisable. Además, negar el carácter democrático de esta reforma, en particular de la inclusión de la prisión permanente revisable, supondría tanto como decir que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza, Dinamarca no son países democráticos que aplican además una figura equivalente a esta prisión permanente revisable que se introduce hoy; sería tanto como decir que la Convención Europa de los Derechos Humanos, al permitir en su artículo 3 ese tipo de prisión, fuera también una convención antidemocrática.

Otra de las críticas que he escuchado, además en un doble sentido —bien a favor, bien en contra—, es la desaparición de las faltas. Son muchos los juristas que han expresado la idoneidad de derivar determinadas conductas desde el Código Penal a la legislación administrativa, o bien derivarlas hacia una responsabilidad civil, y esto es precisamente lo que hace el Código Penal. Estamos ante una manifestación de ese nuevo equilibrio en el sistema de penas del que hablé al comienzo de mi intervención. De lo que se trata es de hacer efectivo el principio de intervención mínima, de reducir el número de asuntos menores que además sobrecargan a los juzgados, y aquellos que son merecedores de verdad de un reproche penal pasen a configurarse como delitos leves.

Otro de los argumentos es el de la criminalización de la sociedad, el de la criminalización de la protesta social. Hablaba en particular el senador Saura del artículo 315 relativo a la huelga y solicitaba su supresión, que sí es una reivindicación en parte de las organizaciones sindicales. Le quiero recordar que en el Congreso se modificó este artículo y que en la redacción actual se prevé una reducción considerable de la pena en relación con la anterior redacción y que vamos a modificar. (Rumores).

Quiero señalarles respecto a esta criminalización de la protesta social que esta reforma ni criminaliza a la misma ni se comprometen las libertades de expresión, reunión y manifestación, ni se pretende para nada disuadir de su ejercicio legítimo. Lo que sí hace esta reforma es definir con claridad el tipo de la alteración del orden público para solucionar problemas preexistentes que había. Y lo mismo ocurre con el delito de atentado contra la autoridad. (Rumores).

Han mencionado también la introducción de medidas sobre la corrupción, en particular el senador del Grupo Parlamentario Vasco, criticando que se introducían penas que no eran lo suficientemente graves. Yo creo que la redacción del Código Penal que hoy traemos a la Cámara refuerza… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Franco.

Señorías, bajen un poquito el tono, por favor.

Continúe, señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: ...refuerza de manera considerable la punición de estos delitos en consonancia con lo que pide y exige la sociedad hoy, ya que esta es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos. Quiero recordarles, por ejemplo, que se añade la posibilidad de imponer la pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo.

Respecto a las críticas a los aspectos formales y procedimentales, como he dicho, estamos viendo esta reforma hoy en el Senado, pero le precede un camino largo de tramitación antes de llegar a las cámaras —yo creo que llevamos más de un año trabajando en esta reforma del Código Penal—. Desde luego, sí es una norma importante y tenemos que esforzarnos todos en mejorar este texto, pero se ha señalado aquí que su tramitación se ha hecho prácticamente de manera atropellada. Todo lo contrario, se ha respetado la tramitación legislativa en el Congreso, en el Reglamento; se han podido escuchar en el Congreso comparecencias de juristas y de especialistas.

Se ha criticado también que se han introducido determinados delitos sin el informe previo del Consejo General del Poder Judicial, cuando esta reforma cuenta con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado.

Otra cosa es que pensemos que el derecho de enmienda que nos asiste a los parlamentarios tiene límites. Yo creo que tiene límites en relación con la coherencia o congruencia: si la Mesa de las Cámaras estima que enmiendas que se han introducido son coherentes con el texto, no hay ninguna objeción que hacer a este derecho de enmienda que nos asiste y que no debemos olvidar que es expresión directa de la autonomía de las cámaras y de la plenitud del poder legislativo.

Y quisiera terminar haciendo referencia a una cuestión que mencioné al principio de mi intervención, y es que me parece especialmente grave que ustedes califiquen, o descalifiquen más bien esta reforma diciendo que se trata de un ejemplo del populismo punitivo. Ya lo dije: No es un caso de populismo punitivo; no estamos ante una utilización populista del derecho penal. En la reforma del año 2010 mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, defendió la necesidad de un Código Penal más coherente y eficaz, y entonces ya propuso la prisión permanente revisable, una medida que, además, se incluyó en nuestro programa electoral. Y se lo vuelvo a reiterar: Si esta cuestión, la prisión permanente revisable, que es la que ha provocado discursos más encendidos, se sometiese a una consulta popular, ustedes saben, como yo, que ganaría el Sí por una amplia mayoría.

Termino ya diciendo, señorías, que este Sí es el Código Penal que quieren los ciudadanos. Pedimos a los otros grupos parlamentarios que retiren los vetos presentados, y en todo caso ya anticipamos que vamos a votar en contra de ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.

Son las dos y dos minutos de la tarde, señorías, y aunque dijimos que votaríamos a las dos, creo que sería lógico que siguiéramos con este turno de portavoces correspondiente a los vetos, que votemos a continuación, y que después ya nos vayamos a comer alguna cosita.

Así pues, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para poner en evidencia que vivimos en realidades paralelas: la del Partido Popular y la del resto de los grupos de la oposición, que coincidimos mayoritariamente en oponernos a una reforma del Código Penal que no obedece ni a la necesidad ni a las demandas de la ciudadanía y que, además, como decía en mi anterior intervención, responde al populismo punitivo y lo único que hace es tener una visión de la sanción penal desde el punto de vista del incremento de la pena.

Decía que la seguridad, y por tanto, la preocupación o la necesidad de una reforma del Código Penal no obedecen a la demanda de la ciudadanía; solo es necesario contemplar los distintos informes del CIS para darse cuenta de que no es una prioridad para esta. Lo que a mí me provoca esta nueva reforma del Código Penal es lamentar y, por tanto, llorar porque estamos muy lejos de lo que deberían ser los principios penales del derecho penal democrático. Ustedes apelan a los países del entorno y de la Unión Europea, y yo les pediría que miren hacia el norte, hacia estos países, y lean específicamente y con detalle lo que representan determinadas medidas penales en Alemania o Francia. Les recomiendo, pues, que miren hacia arriba, hacia el norte, donde en estos momentos se están cerrando centros penitenciarios, y vean qué distantes, qué lejanos están del Estado español.

Y permitan que termine diciendo que es evidente la dureza del Código Penal; ya lo era en el Código Penal de 1995, del que fue en aquella época el ministro de Justicia, el señor Belloch, a pesar de que el que entonces era el portavoz del su grupo parlamentario, el señor Trillo, decía que con él se abrirían las puertas de las cárceles y saldrían todos los delincuentes. En definitiva, el Código Penal de 1995 era ya ajustado al momento democrático. En ese momento se establecían medidas alternativas a la prisión, y en definitiva era un paso adelante en lo que debía ser un Código Penal, pero las reformas sucesivas que se produjeron lo han desmejorado notablemente, han ido incrementando la dureza y todo aquello que es tipificable dentro de él; prácticamente deberíamos hacer una revisión de él o en todo caso uno nuevo basado en el consenso y en la participación de los otros partidos políticos que conforman la diversidad del Estado español y, en definitiva, también de las Cortes Generales. Busquen parecerse a los países del norte que, como decía el poeta, eran libres, limpios y tenían otra visión de lo que debería ser el respeto a los derechos y libertades.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Primer punto. Es cierto que este proyecto de ley ha tenido una tramitación larga en el tiempo, y nosotros no estamos diciendo que se haya actuado contra el reglamento. De ninguna manera. Ahora bien, también es cierto que el proyecto, además de estar durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados, además de estar algo más de un año en la Cámara, en el mes de diciembre se ha llevado adelante de una manera improvisada, de una manera rápida toda esa tramitación parlamentaria; y, como estaba diciendo, si se quiere contabilizar en algo más de un año el tiempo que el Código Penal ha estado en el Congreso de los Diputados, no tenemos más que ver qué tiempo le hemos dedicado en esta Cámara al verdadero debate de este proyecto de ley.

Segundo punto. Todos damos por bueno que es un texto verdaderamente importante, uno de los textos más importantes que se van a tratar en esta Cámara, y vemos cómo hay cero enmiendas aceptadas del resto de los grupos parlamentarios; cero enmiendas de las 1044 que había presentadas a excepción, evidentemente, de las presentadas por el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, que, además, veo que se autoenmienda a través de 3 transaccionales.

Nos dice la senadora Franco que preguntemos la opinión que le merece a la ciudadanía la prisión permanente revisable, pero también le podríamos preguntar muchas más cosas, como lo que opina sobre la corrupción, lo que opina sobre si Bárcenas debería estar en la cárcel o incluso dentro de esa prisión permanente revisable, o lo que opina del Gobierno. Podríamos preguntar muchas cosas, pero creo que en estos momentos nosotros estamos evidentemente para escuchar a la ciudadanía, pero no estamos para legislar sobre la base de sociómetros. Estamos destinados a legislar sobre la base de acuerdos, sobre la base del sentido común y sobre la base de reflexiones meditadas, serias y muy a largo plazo, porque no son las decisiones cortoplacistas las que tienen que mediar a la hora de que nosotros establezcamos una serie de procedimientos legislativos.

Por ello vuelvo a decir que es cierto que todavía tenemos tiempo hasta el próximo Pleno, pero yo no soy muy optimista, porque de la ponencia de la semana pasada a este momento no hemos sido capaces prácticamente ni de sentarnos a hablar del Código Penal, y este habrá tenido un trámite parlamentario de dos años, pero es evidente que el fruto de dicho debate no ha servido para nada, porque el grupo mayoritario no ha escuchado, el grupo mayoritario no ha atendido al resto de las fuerzas políticas en uno de los proyectos más importantes para una sociedad, y entendemos que eso es algo negativo, algo que se debería haber gestionado de otra manera; pero o bien el grupo mayoritario no ha tenido la independencia suficiente con respecto al Gobierno a la hora de desarrollar este proyecto de ley o no ha tenido la voluntad o valentía suficiente para abordarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Creo que todos coincidimos en la importancia de esta ley. He dicho antes que hay voces que definen al Código Penal como algo negativo de la Constitución Española, pero yo pienso que la legislación penal de un país expresa de alguna manera el modelo de sociedad que se quiere. Es una parte fundamental de la expresión del modelo de sociedad que se quiere, y si vemos lo que ha pasado en España desde 1995 es que en veinte años de vigencia del Código Penal ha habido, si no recuerdo mal, 28 o 29 reformas, algo absolutamente en contra del sentido común y de la estabilidad. Reformas que, en general, todas han tendido a un endurecimiento de las penas —ahora y antes— o a una ampliación de las penas. Y este Código Penal, esta reforma que se nos trae, va en esa misma dirección; dirección que no concuerda con las cifras de encarcelamiento, con las tasas de criminalidad, con el tiempo de permanencia en la prisión, con las preocupaciones de los ciudadanos. No concuerda absolutamente con ninguna de estas manifestaciones.

Es curioso que cuando uno mira los debates de las últimas reformas, o este mismo debate, aquello que la Constitución dice que debe ser el objetivo fundamental de la política penal, que es la resocialización, prácticamente no aparece en el discurso público. Lo que aparece es el endurecimiento de penas: más penas, más penas, más penas, pero una reflexión sobre qué está pasando con la reinserción, qué tanto por ciento reincide, qué tanto por ciento se reinserta y qué medidas se han de tomar, no aparece, y yo creo que es el problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales, en definitiva, de la política penal.

Señora Franco, en relación con el apartado 3, del artículo 315, ciertamente la modificación que se hace —lo he dicho antes— pasa de que antes, como mínimo, eran tres años, con lo cual se iba a la cárcel —quiero recordar que hay 180 o 170 sindicalistas en procesos de procedimientos judiciales—, y ahora se rebaja a un año y medio — me parece— y a tres años como máximo. O sea, no es fijo que vayas a la cárcel si te condenan. El grupo parlamentario que yo represento lo que pide es que desaparezca del Código Penal una particularidad del delito de coacciones que está previsto en el artículo 172. ¿Por qué no hacemos más artículos de coacciones? ¿Y por qué ese artículo aparece en el Código Penal? Lo he dicho antes. En el año 1976, con huelgas pidiendo la libertad y la democracia, Arias Navarro hace una ley en contra del derecho de huelga. Esto se mantiene, de alguna manera, en 1995. Ciertamente, no se había aplicado nunca hasta ahora y ahora se aplica y, además, no se suprime, cuando hay declaraciones de la OIT, declaraciones del Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados, alguna declaración de Ruiz-Gallardón, y sentencias que, en definitiva, dicen que este apartado 3, del artículo 315, es producto de una etapa histórica superada no democrática.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, la señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, alguna cosa falla en la política penal del Gobierno del Estado cuando con reformas como esta se vulneran derechos constitucionales, conllevan una elevada inseguridad jurídica, suponen romper con el principio de intervención mínima y no responden al principio del artículo 25.2 de la Constitución de que la finalidad de la pena es la reeducación y la reinserción social. Debemos reflexionar, tal como ha dicho el senador Saura, que en los últimos años desde al año 1995 se han llevado a cabo más de 25 reformas del Código Penal, 25 reformas en veinte años; esas continuas modificaciones dificultan la ejecución de las penas impuestas a los condenados, suponen la imposible consolidación de los tipos penales introducidos en el Código Penal en cada reforma y dificultan enormemente la planificación de los servicios de la Administración de Justicia y la ejecución penal, dando siempre la sensación a todos los operadores jurídicos de que estamos trabajando en una permanente provisionalidad. No necesitamos este nuevo Código Penal que endurezca las penas, lo que sí necesitamos es incrementar y gestionar debidamente los recursos personales y materiales que precisa la Administración de Justicia desde una perspectiva realista.

En CiU consideramos que la reforma actual del Código Penal tendría no solamente que perseguir la disminución de la delincuencia como efecto de prevención general, sino también el índice de población reclusa. Por el contrario, esta reforma va en la dirección totalmente opuesta, va a aumentar la población penitenciaria en España. En nuestro grupo parlamentario denunciamos que con este proyecto de reforma del Código Penal queda atrás el principio de intervención mínima y se recurre de forma abusiva a la sanción penal, que no hay una demanda social para esta reforma y que, por el contrario, sí se puede desprender cierto populismo punitivo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Arcadio Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Empezaré diciendo que esta es una reforma que lo que pretende es incorporar aquello que en 2010 no pudieron incorporar. Lo de la prisión permanente revisable es una modificación terminológica, pero ya en 2010, el hoy presidente del Gobierno, señor Rajoy, usaba la expresión: prisión perpetua revisable. Y juego de palabras por juego de palabras, si lo que es revisable no es permanente, tampoco lo que es permanente es revisable. O es una cosa o es otra. Podemos hacer un debate terminológico, pero, ciertamente, a mí me parece que, hablando en plata, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, por lo que todo el mundo lo entiende. Y si hacemos uso del papanatismo, o sea, como lo hacen otros también lo hago yo, entonces hay que ver cómo lo hacen otros. Porque esos otros hacen la revisión, como Alemania, a los quince años; a los dieciséis, Italia; a los diecisiete, Francia. Ninguno lo hace a los veinticinco. Puestos a copiar, copiemos bien. Porque —yo estoy de acuerdo con la señora Franco— si se hiciera una encuesta es posible que saliera eso adelante, pero le sugiero también dos encuestas más. Una encuesta acerca de la supresión de la pena de muerte. ¿Qué creen ustedes que saldría? O le sugiero otra encuesta más, ¿es usted partidario de suprimir los impuestos? A ver que sale.



Claro que igual es que se trata de gobernar a base de encuestas. Ya decía, respecto al estatuto de la víctima, que a mí no me parecía correcto que el padre de una víctima —muy afamado en España, por las razones que sean— sea asesor jurídico de... A mí siempre me resultó muy escandaloso que alguien afectado por el dolor pudiera asesorar jurídicamente, políticamente, legislativamente. Y como acontece ese tipo de prácticas, pues no resulta novedoso que sea la encuesta quien decida.

Y miren ustedes cómo desde los primeros renglones de esta reforma ya se empieza a abordar este asunto como si nadie se lo fuera a leer. Dice: El Código Penal aprobado en 1995 es objeto de una completa revisión y actualización en la consciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencien la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones. Respecto al transcurso del tiempo, alguno ha dicho aquí: 26 reformas. No, han sido 29 reformas. Desde el año 1995, 29 reformas. Por tanto, no parece que sea la necesidad del tiempo quien lo aconseje, porque ya ha tenido 29 reformas. Entonces, excluyamos esto, porque también lo lee gente que va a comprobar lo que dice, que no se va a tragar lo que dice, porque no va a funcionar con música de oído, sino que va a comprobarlo. Primer argumento.

Segundo argumento, las demandas sociales. Que yo sepa, la mayor demanda social, según todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera, es el empleo y, la segunda, la lucha contra la corrupción. ¿Qué hace este texto? Bajar las penas en la lucha contra la corrupción, sobre todo en el cohecho y la malversación. Luego, ¿para unas cosas sí la demanda social, y para otras, no? Así llegó el texto al Congreso.

Segundo truco, o tercero, da igual. Esto ha sido informado ya por la Junta Fiscal, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial. ¡Ah, sí...! Miren ustedes, la reforma del año 2010 entro en vigor el 23 de diciembre de ese año, prácticamente, el 1 de enero de 2011. En 2012 ya mandó el Gobierno al Congreso un texto. ¿Qué evaluación se había hecho si no había pasado un año de aplicación de la reforma de 2010? ¡Todavía no había pasado un año! ¡Todavía no había una sentencia del Supremo, y ya mandan un texto! Por consiguiente, no es porque se evaluase la aplicación de la reforma que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, en la práctica el 1 de enero de 2011. Y si no es la evaluación de la aplicación de la reforma de 2010, ¿qué es lo que se incorpora? Las propuestas que no se integraron en esa reforma, entre ellas esta que habla de la prisión permanente revisable. Y la crítica respecto a esto no es solo por el juego de palabras o porque copien y copien mal, sino que cuando se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la prohibición de penas inhumanas y degradantes tiene que ver con la indeterminación y la incertidumbre, no con la revisibilidad o permanencia de la pena, sino con la incertidumbre de la misma. Fíjense también en cuáles son las características de esta revisión y las garantías que la rodean. Por lo tanto, el argumento central no es solo lo que se dice en el preámbulo.

Y, otro truco: el de las faltas. De 39 faltas, 14 desparecen. ¿Y qué ocurre con las otras? Se convierten en delitos. ¿Pero no decían que no querían discriminalizar? Entonces, ¿por qué las convierten en delitos? Delitos leves, pero delitos, donde se exige abogado y procurador, mientras que en las faltas, no. Incluso crean un problema, tal y como ha expuesto la portavoz de CIU, que me parece muy relevante. ¿Qué ocurre con la imprudencia leve cuando alguien que va conduciendo mata a una persona? ¿Qué pasa con eso? Lo remiten al procedimiento civil, y el juez de lo civil tendrá que dilucidar si fue leve o no esa imprudencia. Pero el juez de lo civil no puede hacer eso. El juez de lo penal, según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí lo puede hacer, sí puede resolver una cuestión prejudicial civil, pero el juez civil no puede hacer eso respecto a una cuestión penal, tiene que decidirlo el juez penal. Eso genera problemas serios en la aplicación.

En cuanto a toda la argumentación relativa a las demandas sociales, ¿ustedes se han fijado en que en veinte años la población española ha aumentado un 20 %? ¿Y cuánto ha aumentado la población penitenciaria? Un 130 %. En términos delictivos, en España hay 46 delitos por 1000 habitantes; 73 en el Reino Unido y 72 en Alemania. Los índices de delitos y de población penitenciaria no los pide nadie, salvo las encuestas que hablan de la cadena perpetua; no hay demanda social... ¿Qué otro soporte tienen? Hay otro parrafito muy curioso al respecto que dice: en este mismo sentido se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro. ¡Ah, sí...! ¿Qué dicen los datos criminológicos? Que todo esto está descendiendo. ¡Ah, sí...! Pero como está descendiendo, nosotros los queremos elevar, y entonces se dan situaciones curiosas. Les remito a ustedes a una lectura muy nutritiva, porque no solo se trata del debate en ponencia, en comisión y en Pleno en el Congreso de los Diputados; les sugiero las comparecencias de los catedráticos de Derecho Penal. Por cierto, ¿alguien sabe qué catedrático avala esta reforma? Porque de todas las reformas anteriores siempre se decían los nombres de los inspiradores, de los autores intelectuales. ¿Alguien conoce qué catedráticos de Derecho Penal apoyan esta reforma? Yo no los conozco; no sé de nadie que le dé cobertura académica. Lean ustedes la comparecencia de Gonzalo Quintero respecto a las situaciones que se dan con algunas figuras delictivas. Lo del hurto, por ejemplo, es una cosa muy curiosa: si entran dos chicos a robar en un supermercado, aunque no exhiban un cuchillo pero lo tengan en el bolsillo, ya son cuatro años de condena. Y, claro, esto no parece proporcionado para el caso de hurto. Pero podríamos continuar.

En cuanto a las faltas, ya les he explicado el truco que supone. En el ámbito administrativo ya no se lo voy a explicar, porque el ius puniendi tiene su manifestación en el ámbito penal y en el administrativo. Y en el ámbito administrativo no tiene las mismas garantías que en el ámbito penal. Saben ustedes que es el propio servidor público quien es juez y parte; la Administración pública es quien instruye y, a su vez, quien resuelve y ejecuta la resolución.

En el caso de las coacciones, ¿es mejor la última reforma que ha salido del Congreso y ha llegado hasta aquí? ¡Hombre, según llegó el texto al Congreso, mejor es cómo ha salido de allí! Lo más descarnado se ha podido cortar. Y no voy a explicar lo de las medidas de seguridad y cómo se cargaban el principio de culpabilidad y el dogma del hecho, de lo que ha acontecido, porque como las han suprimido, omitiremos este asunto. Pero respecto a las coacciones, en la práctica real todavía se sigue privilegiando a aquel que impide el ejercicio de un derecho fundamental y se sigue castigando más al que promueve un derecho fundamental. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional del año 2010, que les sugiero de manera particular, y una del Tribunal Supremo del año 1999. Incluso, tal y como ponía de manifiesto Manuel de la Rocha, mi compañero, en una brillante intervención en el Congreso de los Diputados, el propio presidente del actual Tribunal Constitucional era el mismo que defendía la idea de que cuando se plantease la posibilidad de un presunto delito de coacciones al ejercer el derecho fundamental de la huelga no se usase esa figura del artículo 315.3, sino que se fuera al tipo general del delito de coacciones. ¿Por qué razón? Porque cuando el empresario impide el ejercicio del derecho fundamental, la pena es inferior al piquete que promueve el ejercicio del derecho fundamental, siendo así que en esta sentencia se precisa que el derecho fundamental del derecho a la huelga no es un derecho de cortesía, es un derecho en situación de conflicto, y que siempre hay que restringir la censura cuando estamos en el ámbito de una situación de conflicto. Esto no quiere decir que quien se extralimita y abusa no merezca reproche. ¡Por supuesto! Si un piquete se extralimita y abusa, hay que reprocharle ese comportamiento. ¡Faltaría más! Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo ahora es por qué razón se privilegia a quién impide un derecho fundamental frente a quien lo promueve en el caso de las coacciones.

En cuanto al caso de la corrupción, les insisto en los artículos 430 y 432, donde se baja la pena. Es verdad que en el caso de la prescripción se ha utilizado la figura general de la prescripción, en lugar de hacerlo delito por delito, lo cual hace más fácil su persecución y muchísimo más ajustado a la gravedad de este asunto.

Respecto a las personas jurídicas, fíjense qué expresión incorporan: las personas que actúan en nombre de la sociedad. La expresión anterior era: quien tenía el poder de mando, quien tenía la capacidad para tomar decisiones. En este caso, al usar la expresión: quienes actúan en nombre de la sociedad, se diluye mucho más la responsabilidad y se hace casi imposible la concreción de la misma. Este es un modelo que ya existe en otro Código Penal, el italiano, y que durante catorce años no se ha podido ejecutar. ¿Por qué razón? No hay sentencias al respecto por las dificultades para concretarlo.

Voy acabando ya, señor presidente, porque en el estado de hipoglucemia en que están ustedes también se encuentra este senador. (El señor Belloch Julbe: No lo parece.— Risas). Muchas gracias, compañero. El compañero me anima diciendo que no lo parece, y yo se lo agradezco mucho.

Respecto al delito fiscal, nosotros preferíamos esto a plantearlo en el conjunto de regulación de la reforma tributaria. Igualmente, yo estoy convencido de que a todos los que están en esta comisión sin excepción —fíjense lo que les voy a decir—, a todos los que están aquí les ha escarnecido la imagen de ayer de un señor esquiando muy elegantemente vestido. Estoy convencido de que a todos nos ha dolido, parto de esa presunción. Por otra parte, generalmente, quien participa en un delito de corrupción no cumple fielmente después con sus obligaciones tributarias. Generalmente, quien participa en ese tipo de figuras no cumple luego con sus obligaciones tributarias, pues suele llevar aparejado también el delito fiscal. ¿Qué ocurre? En primer lugar, nosotros seguimos insistiendo en la cuantía de los 50 000 euros frente a los 120 000 —en general se plantea así en la Unión Europea respecto a las subvenciones públicas y a la Seguridad Social: 50 000 y no 120 000-; y, en segundo lugar, nos resulta dolorosa la posibilidad no solo del desvalor de la conducta —es decir, antes de que te vayan a perseguir; los italianos incluso lo tienen hasta el momento en que los jueces se están poniendo la toga para enjuiciar; hasta ese momento, si pagas, el valor de la conducta, excusa absolutoria—, sino que incluso, en el supuesto de que lo hagas en un tiempo determinado, se rebaja en un grado o en dos grados. En este punto planteamos propuestas, pues lo más relevante para nosotros es la cuantía de 120 000 euros e incluso en otros supuestos 500 000 euros. Es absurda para estas figuras delictivas vinculadas a la corrupción, por eso planteamos que sean 50 000 euros y precisando que no necesariamente tiene por qué ser para varias campañas electorales, puede ser solamente para una de ellas.

¿Cuál es nuestra evaluación? Señor presidente, ¿qué es lo que pretendemos con las propuestas que planteamos en nuestras enmiendas que van de la 523 a la 735, y son 212 enmiendas? Lo que pretendemos es incrementar las penas respecto a los delitos de corrupción; hacer que la regulación respecto a las personas jurídicas tenga unos márgenes mayores de perseguibilidad y que no se haga imposible su aplicación; y, en relación con los desórdenes y el atentado, contemplar que lo que es la resistencia pasiva —no la resistencia activa grave— como, por ejemplo, estarse quieto en una sentada, sin hacer ninguna otra cosa, no sea necesariamente un delito de atentado. Nos parece que supone retomar la tradición penalística española en el sentido de que sea un código humano y muy razonable en lo que se refiere a ser rotundo y orgulloso con los poderosos y humilde con los menesterosos.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Cito textualmente: «Para cómo llegó el texto al Congreso, mejor como está.» Yo quiero darle las gracias al señor Díaz Tejera por esta afirmación, estoy completamente de acuerdo con él; pero me vale para demostrar dos cosas muy importantes. En primer lugar, señor presidente, señorías, el 37 % de las enmiendas que se presentaron en el Congreso de los Diputados fueron aceptadas. Aquí se ha dicho que ni una. No es cierto, fueron en concreto, y según las notas que me acaban de pasar mis compañeros, 323, un 37 %. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, esto significa que este ya no es el código del Partido Popular; este ya no es Código Penal del Partido Popular, porque ha habido mucha modificación, de muchos que han criticado aquí que se haya modificado este proyecto en el Congreso de los Diputados. Es decir, ha salido con retraso —no es culpa de esta Cámara; esta Cámara tiene el tiempo tasado que tiene para tramitarlo— y, por lo tanto, señor presidente, responsabilidades, las justas. En este caso, nosotros no tenemos la culpa de que haya habido —por suerte para el Congreso— muchas comparecencias a este respecto, que haya habido unas elecciones europeas en mitad del proceso, que haya habido un proceso interno de un partido político que pidió que se le diera tiempo porque tenía que organizarse. ¿Qué quieren que les diga? Responsabilidades, por supuesto las nuestras, pero ni una más, señorías; ni una más.

Y también quiero decir —como lo he dicho antes en la tramitación, en el debate de la Ley del estatuto de la víctima— que hemos celebrado reuniones de ponencia; el Grupo Popular ha asistido, ha atendido y ha cambiado impresiones con los grupos que han acudido esta mañana; siento que no hayan sido todos. Siguiendo con las responsabilidades, nos dicen que el Código Penal de 1995 ha sido modificado —efectivamente, en varias ocasiones-; que ha aumentado su dureza, y la última reforma es de 2010. Tampoco es responsabilidad nuestra, senadora Capella, si en ese momento aumentó la dureza del sistema punitivo español.

No puedo estar en absoluto de acuerdo con una mención que se ha hecho al señor Arias Navarro, y que luego se ha dicho que la actitud y las teorías del señor Arias Navarro se incluyeron en el Código Penal de Juan Alberto Belloch en el Código Penal de 1995. Yo me peleé y debatí y discutí —el señor Belloch lo recordará— este Código Penal y de ninguna de las maneras puedo aceptar tal afirmación.

Nos dicen que es populismo punitivo. Ya he dicho que ha sido bastante modificado. Pero, señorías, yo prefiero hablar del Código Penal que nos viene del Congreso de los Diputados que no de este buenismo ideológico que se gastan ustedes a la hora de determinados aspectos del Código Penal. Además, déjenme que les diga otra cosa. Yo no sé lo que dijo el presidente de mi partido en el año 2010, pero —vuelvo a decir— lo que no está en los autos no está en el mundo. Aquí estamos en el texto de la reforma del Código Penal del año 2015, y a eso es a lo que vamos a responder o voy a intentar responder. Les tengo que recriminar que nos han dicho que no somos valientes; pues, señorías, a estas horas, tres menos veinte de la tarde, desde las once de la mañana que llevamos aquí —y el Grupo Popular está encantado de debatir con sus señorías todo lo que haga falta—, me dirán a mí si esto no es valentía. Llámenlo como ustedes quieran.

Señorías, señor presidente, la sociedad no es inmutable, en absoluto; la sociedad cambia, y el Código Penal tiene que acompañar necesariamente esos cambios. El transcurso del tiempo y, desde luego, las demandas sociales creemos que evidencian la necesidad de llevar a cabo modificaciones en nuestra norma penal. Por eso, el Grupo Popular considera esta reforma imprescindible. Y esta reforma emprende una serie de reformas necesarias mediante modificaciones, innovaciones normativas muy meditadas, muy ponderadas que ofrezcan una respuesta ordenada a esos cambios, que son fruto de la evolución de la sociedad. Imprescindible es también mejorar y perfeccionar algunos tipos penales, introducir figuras nuevas que faciliten la lucha contra determinados fenómenos delictivos, y también lo es, señorías, armonizar doctrinas jurisprudenciales que se habían convertido en contradictorias a lo largo de estos años. También era necesario, desde nuestro punto de vista, proyectar en el Código Penal el sentir expresado por las Cámaras, por las víctimas, por la sociedad española en general para ajustar adecuadamente el reproche punitivo de determinadas conductas.

Se han atendido sugerencias, como no podía ser de otra manera, de la jurisprudencia de nuestros tribunales, de la doctrina, de las instituciones europeas e internacionales de las que España forma parte; y, por supuesto, se han incorporado gran parte de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. No estamos impulsando, en modo alguno, una reforma retórica o declarativa; y por eso se actúa sobre el sistema de penas de forma que durante su ejecución se constate de modo efectivo si la reinserción es real atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y de cada penado.

Se ha dicho aquí, señor presidente —pero lo vuelvo a recordar—, que el Grupo Popular ya solicitó hace 5 años, en 2010, una reforma penal de mayor profundidad que la presentada que, evidentemente, no se produjo. Y llamo la atención —ya que estamos en el turno de portavoces de los vetos presentados— sobre la diferencia de comportamientos a este respecto. Nosotros no presentamos ni un solo veto a la reforma de 2010 del Código Penal porque teníamos un propósito claramente constructivo —algo, señor presidente, que he de confesar que ya me gustaría poder apreciar en este caso—. Consideramos que las condenas han de servir para que aquel que ha agredido a la sociedad tenga la oportunidad de modificar su actitud y su conducta, de tal manera que sea posible su reingreso en la sociedad; y su reingreso se ha de producir con plenas garantías para él y también para la sociedad. Por eso nuestra responsabilidad como legisladores es facilitar a la justicia los medios para certificar ese cambio, que ese cambio se produce, y no dar por supuesta la reinserción del preso por el mero transcurso del tiempo, porque el mero transcurso del tiempo no asegura la reinserción.

El planteamiento de la reforma —otra de las cuestiones que se nos ha dicho— no propone un endurecimiento general de las penas, señorías, sino al contrario, un enfoque equitativo —por cierto, me llama mucho la atención que esto no se haya mencionado en ninguna intervención— que introduce como principal novedad brindar una segunda oportunidad a los ciudadanos que, de modo ocasional, han causado un daño que no tiene consecuencias irreparables, mientras que se muestra más severo —aquí sí— con el que perpetra delitos de gravedad o hace de la comisión del delito su forma de vida. Quiero decirles, además, que gran parte de la reforma está orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España. Por ejemplo, determinados aspectos en cuanto a la tipificación de racismo y xenofobia se modifican por la Decisión Marco 2008/913/JAI; los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular, se modifican por la Directiva 2009/53/Comunidad Europea; abusos sexuales, explotación sexual de menores y pornografía infantil, por la Directiva 2011/93 de la Unión Europea; la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas, por la Directiva 2011/36, de la Unión Europea; la información e interceptación de datos electrónicos, por la Directiva 2014/40/Unión Europea; el embargo y decomiso de instrumentos y productos de delito, por la Directiva 2014/42/Unión Europea; el delito de inmigración ilegal, por la Directiva 2002/42/Unión Europea. Por lo que se refiere al Consejo de Europa, se incluirán los perfiles de condenados en bases de datos de ADN para cumplir las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y abuso sexual de Lanzarote, de octubre de 2007. Y en materia de falsificación de productos médicos y otros delitos que supongan una amenaza para la salud pública, se incorporan al código por el convenio del Consejo de abril de 2014. Como aspectos destacables, ya se ha encargado de comentar mi compañera la senadora Franco, la desaparición de las faltas. En cuanto a los delitos de violencia de género —por cierto, esto tampoco se ha resaltado— se contiene un ambicioso paquete de medidas que incrementa extraordinariamente la protección de la mujer frente a la violencia machista y se crea además el delito de acoso. Son medidas desde luego que renuncian al efectismo y que no tienen nada de simbólicas.

Delitos contra la corrupción. Se refuerza la punición en el ámbito de la Administración Pública. Se elevan las penas de inhabilitación. Se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de los partidos políticos. Y se añade la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de ampliar los plazos de prescripción.

Y vamos a una de las partes centrales de la crítica a este proyecto, que es la suspensión de la ejecución de la pena. Es verdad, se introducen algunas modificaciones para hacer más efectivo el sistema, dándose la posibilidad a jueces y tribunales de una mayor flexibilidad para que puedan llegar a una resolución justa de las diversas situaciones que se pueden plantear, pasará a ser regulada como una modalidad de suspensión en la que el juez o el tribunal pueden acordar la imposición como sustitutiva de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En cuanto a la libertad condicional, se mantienen los supuestos de su concesión, con tres modificaciones importantes, vuelvo a resaltar: para delincuentes primarios, la posibilidad de obtenerla al cumplimiento de la mitad de la condena y se convierte en un modo de suspensión de la ejecución del resto de la pena. La concesión de la libertad condicional determinará la suspensión de la ejecución de la pena durante un determinado tiempo; si el penado no reincide y cumple las condiciones impuestas, se declara extinguida la pena pendiente de su cumplimiento; si comete un nuevo delito o incumple las condiciones impuestas, se revoca la libertad y cumple lo que le reste de condena. Por cierto, señor presidente, cuando no hay precedentes o derecho comparado en los países de alrededor se nos critica la introducción de esos instrumentos, y cuando los hay, también se nos critica. Es una pena. En fin, la prisión permanente revisable hace referencia a los casos de excepcional gravedad en los que está plenamente justificada una respuesta extraordinaria, consiste en una pena de prisión de duración indeterminada sujeta a régimen de revisión por los tribunales, incluso de oficio; de ningún modo renuncia a la reinserción del penado porque, cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal; es decir, no constituye una especie de pena definitiva en la que el Estado se desentiende también definitivamente del penado. No. Se trata de una institución que compatibiliza una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Yo recuerdo, señor presidente, señorías, que no existe en la actualidad revisión judicial alguna en nuestro sistema penal, ni para penas de 25 ni de 35 ni de 40 años de prisión, ni tampoco para acumulaciones de condena, que en algunos casos, señorías, pueden fijar límites incluso superiores, y además la prisión permanente revisable es un modelo extendido en el derecho comparado europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos la considera ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos y a su artículo 13, siempre que la ley nacional ofrezca la posibilidad de revisión de la condena con vistas a su conmutación, a su remisión, a su terminación o a su libertad condicional. Esto por lo que se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo que se refiere al Consejo de Estado, también se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada pero revisables al informar sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su ratificación por España, que prevé la posible imposición de esta pena.

En la insuficiente reforma socialista del año 2010, propusimos que se incluyera la prisión permanente revisable y, como bien saben y, si no, se lo recuerdo, este fue el compromiso que adquirimos ante los ciudadanos en nuestro programa electoral del año 2011 con el que recibimos la confianza mayoritaria de los españoles.

Por todos estos motivos, señorías, y después de haber estado escuchando muy atentamente tanto la defensa de los vetos como los turnos de portavoces de los mismos y, además, por evidente coherencia, vamos a votar en contra de estos vetos.

Gracias. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vindel.

Senador Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Señor presidente, he pedido la palabra no para abrir de nuevo el debate sino para hacer una matización: cuando yo he dicho que no se ha aceptado ninguna enmienda en el trámite parlamentario, evidentemente he querido decir en el trámite parlamentario del Senado, donde se han presentado 1044 enmiendas y no se han aceptado más que las del Partido Popular. Yo no me he referido ni al 37 % de las del Congreso, etcétera. (La señora Vindel López pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bildarratz.

Tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, durante el trámite de ponencia hemos hablado con el resto de grupos y les hemos informado de lo que se podría ir aceptando; nadie ha cerrado las puertas a que de aquí a la aprobación definitiva se acepten más enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, como nos queda Código Penal, ya seguiremos.

Ahora, si les parece bien, procedemos a votar los vetos.

En primer lugar, correspondería someter a votación la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. (La señora Capella i Farré pide la palabra).

Señora Capella, tiene usted la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, ¿faltan los vetos de los anteriores proyectos o los hemos votado? Creo que no hemos votado nada.

El señor PRESIDENTE: Senadora Capella, vamos a votar los vetos y, posteriormente, someteremos a votación los proyectos de ley que hemos debatido.

¿Hay alguna duda más? (Pausa). Esto se debe a la hipoglucemia a que se refería el señor Díaz Tejera.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 4 presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.

Pasamos a votar los proyectos de ley que hemos debatido, a excepción del relacionado con la reforma del Código Penal.

A continuación, sometemos a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 1; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Así, pues, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito.

Votamos, a continuación, el informe de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 3; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Así, pues, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el proyecto señalado anteriormente.

Señorías, falta la designación por esta comisión del senador que va a presentar los dictámenes de cada uno de los proyectos en el Pleno de la Cámara.

El señor DÍAZ TEJERA: Es tradición que sea el presidente, y hay tradiciones que se pueden conservar; otras, no.

El señor ALTAVA LAVALL: Apoyamos las buenas ideas que tiene el Partido Socialista.

El señor PRESIDENTE: Yo acepto su encargo con agrado y mucho honor. Muchas gracias.

Antes de suspender la sesión, que reanudaremos a las cuatro de la tarde, si a ustedes les parece bien, quiero anunciarles que la ponencia se reunirá en esta sala diez minutos antes, a las cuatro menos diez, si les parece igualmente bien, porque hay algunas enmiendas muy vivas relacionadas con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se suspende la sesión.

Eran las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

El Grupo Popular ha presentado cinco enmiendas, al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, con correcciones del texto de la Ponencia, que subsanarían determinados errores que han sido advertidos en las enmiendas de dicho grupo. Ruego al señor letrado que proceda a leer su contenido.

El señor LETRADO: En la primera de ellas se modifica el apartado sesenta y tres, referente al artículo 127. Bis. 1.b) del Código Penal, de forma que en el apartado b) se haría referencia in fine a agresiones sexuales a menores de 16 años.

En segundo lugar, hay una modificación referente al artículo 253 del Código Penal, por la que en el apartado 1, en el centro del párrafo, ahora se dice: … para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble…, que completa lo que decía la enmienda 989 del Grupo Popular, que fue introducida en Ponencia.

Otra modificación es la que se refiere al artículo 335 del Código Penal y se introduce en Ponencia en el apartado ciento setenta y siete bis del artículo único del proyecto de ley. En el apartado 2 se dice: autorización marisquera o acuícola sin el debido título y, por otro lado, se refiere a actividades de marisqueo, sustituyendo la expresión que aparece en el texto del informe de la Ponencia; y la misma referencia al marisqueo en el apartado 3 de ese mismo artículo 335.

Asimismo, en el artículo 235 del Código Penal se introdujo un nuevo apartado10. En la redacción actual, este apartado pasa a ser 9, desapareciendo el apartado 9 que figuraba en el texto del proyecto de ley, en congruencia también con lo operado mediante la supresión del apartado siguiente.

Finalmente, por congruencia, hay una enmienda respecto al artículo 468.3 del Código Penal, apartado 3, in fine, respecto a los castigados con una pena, y se especifica, de multa, de seis a doce meses, por razones de técnica legislativa.

Estas son las cinco modificaciones.

El señor PRESIDENTE: Señorías, quedan incorporadas al texto de la Ponencia estas cinco enmiendas.

Pasamos al trámite de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Capella, pero antes voy a leer todas las enmiendas que corresponden al Grupo Parlamentario Mixto: las números 102 a 107, presentadas por el senador Martínez Oblanca; 454 a 519, de la senadora Capella i Farré; 453, de la señora Julios Reyes y el señor Quintero Castañeda; enmiendas 6 a 69 y 73 a 101, presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; y, finalmente, las números 1 a 3, 5 y 736 a 742, presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas todas ellas, sin perjuicio de que en el Pleno las justifiquemos debidamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

La enmienda 4 ha sido presentada por el señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuster.

El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la enmienda número 4, de los senadores del Partido Aragonés, que, por cierto y dicho sea de paso, coincide con la número 3, de los senadores de Unión del Pueblo Navarro, razón por la que esta mañana me puse en contacto con la senadora Salanueva —empezaré por el final—, y tanto ella como yo, puesto que las dos enmiendas mantienen el mismo objetivo, aunque tienen textos diferentes, tenemos la mejor disposición a que el Grupo Popular las transaccione antes del Pleno, habida cuenta de que hasta estos momentos en la Ponencia no se nos ha comunicado su aceptación.

Señorías, el número de páginas web con contenidos que hacen apología de la anorexia y de la bulimia ha crecido un 470 % desde 2006. Hoy en un buscador de internet pueden aparecernos hasta 500 000 páginas proanorexia y probulimia y el 75 % de las personas que hacen estas consultas son menores de edad. Cuando la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón se puso a trabajar en esta cuestión, llegó a encontrar hasta 2,4 millones de entradas y, tras un arduo trabajo, han conseguido reducirlas a la mitad. Pero realmente hasta las propias empresas que ponen estos contenidos en internet advierten de que no hay una ley que regule estas cuestiones, como sí se ha hecho con la pornografía infantil y la xenofobia. La asociación aragonesa Arbada atendió el año pasado 650 consultas telefónicas sobre anorexia y bulimia y dio apoyo a 200 familias, y en los últimos años se ha producido un repunte importante, controlado por la Unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Clínico de Zaragoza, centro de referencia en Aragón, con 126 nuevos pacientes adolescentes, cifra que ha crecido, desde los 97 que hubo en 2012 o los 110 de 2013.

Señorías, en nueve de cada diez casos, el paciente enfermo es un adolescente y mujer. Pero, además del drama personal, detrás de estas historias se esconden verdaderos dramas familiares. Se precisa una media de cinco años de terapia para lograr la curación de estos pacientes, y solamente lo consigue con éxito en torno al 65, 75 %; en el resto de los casos, la enfermedad se cronifica o fallecen. Por lo tanto, señorías, junto a la prevención, que es fundamental, parece razonable que el efecto disuasorio de las sanciones aparezca en la ley y contribuya a proteger la salud de los ciudadanos, que es uno de los objetivos de los poderes públicos. Por eso, desde el Partido Aragonés proponemos tipificar este delito, algunas conductas, y proteger a las víctimas más allá del trabajo de las administraciones que se desarrolla en este momento, así como por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de evitar su proliferación. La regulación en España es laxa, prácticamente inexistente, mientras que en Francia y en Alemania están tipificados estos delitos.

Por lo tanto, señorías, Aragón ha apoyado y liderado esta iniciativa por unanimidad, pero también lo hacen comunidades como la de Madrid o el propio defensor del menor y creemos que es imprescindible introducirlo en este Código Penal. Por eso, solicitamos al Partido Popular la suficiente cintura —demostrada en el Congreso de los Diputados, pero todavía no en el Senado— para llegar a un acuerdo antes del próximo Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.

Señorías, como ustedes saben, estamos debatiendo ahora mismo las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Seguidamente, debatiremos la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Quiero decirles que, a propuesta de la Mesa, queremos que estos dos proyectos de ley no se voten antes de las 6 de la tarde. Se lo digo para que sus señorías se organicen como estimen pertinente.

Dicho esto, pasamos al turno de defensa de las enmiendas 743 a 838, del Grupo Parlamentario Vasco.

Senador Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a dividir estas 96 enmiendas en nueve grupos y, aunque las doy todas ellas por defendidas, reseñaré determinados elementos de cada uno de ellos.

Por lo que se refiere al primero, el relativo a la pena permanente revisable, no hace mucho pudimos asistir al debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados y allí el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, habló de la reforma del Código Penal y de la pena permanente revisable. En este sentido, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo y es que él venía a decir que esto es una cuestión de ideología y, puesto que es así, no hay nada que discutir. Pues bien, si el Partido Popular entiende que la pena permanente revisable o la pena para toda la vida revisable es cuestión de una ideología determinada como la del Partido Popular, díganlo alto y claro. Sin embargo, nosotros no pensamos así, no es nuestra ideología y a través de este grupo de enmiendas proponemos la supresión de todos aquellos preceptos donde aparezca ese concepto.

El segundo grupo engloba todas aquellas enmiendas que supongan un agravamiento punitivo que, en nuestra opinión, es innecesario. Son muchos los agravamientos punitivos y, en este sentido, hemos presentado las enmiendas 755, etcétera.

El tercer grupo se centraría en aquellas enmiendas que nosotros entendemos que van contra el precepto 25.2 de la Constitución; es decir, todas aquellas enmiendas contrarias al principio resocializador de las penas, que también son muchas. Son muchos los preceptos que van en contra de ese principio resocializador y, en este sentido, entendemos que no se está atendiendo de una manera leal al esquema establecido en la propia Constitución.

En el cuarto grupo proponemos un mayor reproche penal en el caso de la utilización de los menores de edad, por motivos evidentes.

El quinto grupo propone la supresión de términos que en nuestra opinión son jurídicamente indeterminados. En este sentido, creemos que hay que realizar una mayor clarificación, una mayor definición de esta serie de hechos, supuestos y conceptos que quedan excesivamente indeterminados o ambiguos.

El sexto grupo engloba las enmiendas relacionadas con el maltrato de animales. Por ello, en algunas enmiendas proponemos una clarificación, una concreción, una mejora técnica evidente y, en otros, un reproche penal mayor para aquellos casos en los que se produzca maltrato animal.

En un séptimo grupo dedicamos también numerosas enmiendas al fenómeno de la corrupción, proponiendo un reproche penal mayor. Mi grupo parlamentario entiende que en el ámbito de la corrupción tenemos que ser claros. Desde nuestro punto de vista, no vamos a superar este fenómeno indeseado únicamente a través de la legislación, pero sí consideramos que en determinados ámbitos el reproche penal tiene que ser mayor. Y, asimismo, en relación con el apartado de partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, etcétera.

El octavo grupo se centra en la definición del terrorismo, que creemos que es un claro elemento sobre el que ha habido una gran improvisación. Es evidente que el Código Penal ha venido con una serie de artículos —570, 571, 572, etcétera— definidos de determinada manera, pero después veremos que el nuevo texto acordado entre el Partido Popular y el Partido Socialista habla ya de otras situaciones y, evidentemente, lo único que ha cambiado en este ínterin ha sido el atentado terrorista en París y la amplia repulsa de la ciudadanía europea. En cualquier caso, hablaremos de terrorismo no solo en este grupo de enmiendas sino también en el debate relativo al próximo proyecto de ley.

El último grupo mantiene relación con la sustracción interparental de menores. Se trata de un fenómeno nuevo, que ya hemos analizado en el Pleno del Senado y, además, sobre el que hemos acordado también alguna moción. Como consecuencia de ello, se han producido una serie de modificaciones legislativas y en este sentido, mi grupo parlamentario hace una propuesta de mejora.

Para finalizar, les diré que hemos recibido una propuesta de transacción en relación con la enmienda 743. Nuestra enmienda 743 solicita la supresión del preámbulo por el propio concepto de prisión permanente revisable porque, como he dicho, proponemos la supresión de todos aquellos preceptos donde figure la prisión permanente revisable. Se nos ha propuesto un nuevo preámbulo, de 27 folios, pero sorprende que se nos proponga como transacción un nuevo preámbulo donde la prisión permanente revisable sigue figurando. En este sentido, mucho me temo —aunque todavía tengo que analizar esta propuesta— que se hace un nuevo preámbulo para recoger todas aquellas enmiendas que el Partido Popular ha ido introduciendo en el trámite del Senado. Pero, evidentemente, no existe ánimo de transar nada con nosotros porque, primero, se propone un nuevo preámbulo y, segundo, en ese nuevo preámbulo sigue constando la prisión permanente revisable.

Como digo, no quiero arriesgarme a hacer una valoración. En un primer momento no parece una enmienda muy adecuada a nuestras necesidades, pero la valoraremos en su momento justo, que entiendo que será el Pleno de la semana que viene.

Por ahora, nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Enmiendas 108 a 187, 189 a 452 y 520 a 522, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene usted la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Estas enmiendas responden fundamentalmente a cinco criterios. Pero previamente quiero decir que esta mañana, cuando hemos defendido nuestro veto a este proyecto de ley, he insistido en que estamos debatiendo un proyecto de ley sin informe del Consejo General del Poder Judicial; y esto no lo digo yo ni mi grupo, lo dice el Consejo de Estado. Este ha llegado a calificar prácticamente de fraude de ley el que una de las leyes más importantes de la democracia española haya incumplido la propia ley. Desde ese punto de vista, me voy a referir a esos cinco criterios que informan prácticamente a la mayoría de nuestras enmiendas.

En primer lugar, se propone la supresión de todos aquellos párrafos o artículos que contemplen el principio de prisión permanente revisable, por las razones que hemos dado esta mañana.

En segundo lugar, la supresión del apartado 3 del artículo 315. Ya he dicho esta mañana que hay una modificación, pero que esta no es profunda. No queremos que en el delito de coacciones, que contempla el artículo 172, no haya más que una singularidad a la huelga y no a ningún otro hecho. Por tanto, repito que proponemos la supresión del apartado 3 del artículo 315.

En tercer lugar, y se diga lo que se diga, existe una ampliación y un endurecimiento de las penas. Ciertamente, no es una cuestión solo de esta reforma, sino que desde su aprobación, en 1995, se han producido veintiocho o veintinueve reformas del Código Penal, y todas ellas han significado un endurecimiento de las penas.

En cuarto lugar, y como antes se ha dicho —también lo dicen muchos informes sobre este texto—, proliferan los artículos en los que hay ambigüedad, lo que compromete el principio de legalidad. Se trata de una redacción muy ambigua.

Y, por último, quiero resaltar la importancia que tiene la sustitución del principio de culpabilidad por el principio de peligrosidad.

En definitiva, es una reforma del Código Penal que no apunta a mejorar la resocialización o la reinserción de los delincuentes, sino simplemente a una política penal de venganza o de castigo, no de reinserción, repito. Y no hay ninguna referencia en esta reforma del Código Penal al examen, al balance, a lo que está pasando, con el objetivo del Código Penal según la Constitución: la reinserción de los delincuentes.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 839 a 954, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Señora Rieradevall, tiene usted la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de 116 enmiendas: 74 de supresión, 28 de modificación y 14 de adición. Me referiré a ellas por bloques temáticos y de forma sucinta. Presentamos varias enmiendas destinadas a recuperar las faltas como categoría de infracción penal, en consonancia con lo ya expuesto hace unas horas en comisión. También hay enmiendas para la supresión de la pena de prisión permanente revisable. Y hemos presentado enmiendas relacionadas con el régimen de suspensión de la pena y relativas a la propiedad intelectual e industrial.

Con respecto a la xenofobia, hemos presentado las enmiendas 850, 933, 934, 935 y 936, cuya aprobación consideramos importante. Se pretende igualar la punibilidad como agravante de las conductas penales que se cometan por motivos de origen territorial, identidad cultural o lingüística, aspecto físico o por la situación sin hogar de la víctima a otros delitos cometidos por razones de discriminación, así como igualar la protección a la víctima, es decir, dar una respuesta penal igualitaria y proporcionada a aquellos casos en los que se atenta contra una persona por las razones discriminatorias señaladas. Y otros aspectos se contemplan en otras enmiendas.

Por otro lado, hemos presentado una enmienda relativa al agravante por robo en casa habitada aislada, y las enmiendas 907 y 922, en el caso de delitos de hurto y robo en casa habitada, por entender que no se da una respuesta penal adecuada a los casos en que se han cometido esos delitos y que la víctima está en una situación de vulnerabilidad que no se tiene en cuenta.

También presentamos enmiendas relativas a trastornos mentales y enfermedades graves, y sobre detenciones durante la libertad condicional.

La enmienda 876 se refiere a la pena de expulsión a extranjeros. Pretendemos reintroducir la expresión: ciudadano no residente legalmente en España, tal como establece el Código Penal vigente, en vez de «extranjero», término más ambiguo e impreciso que no distingue entre los extranjeros que se encuentran en España en situación de residencia regular o estancia y los que están en situación de estancia o residencia irregular, con lo que cualquier extranjero, aunque su estancia fuera regular o su residencia legal en España, podría ser expulsado del territorio español. También en la misma enmienda proponemos que se debe recuperar del Código Penal actual la necesidad de audiencia previa del sujeto y del ministerio fiscal en la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión del extranjero del territorio español, ya que se impide al sujeto la posibilidad de ser escuchado y su derecho a un proceso contradictorio.

Por otro lado, presentamos la enmienda 918 como alternativa, ya que, al quedar suprimida la falta de deslucimiento, consideramos que los practicantes de grafitis tendrán una gran facilidad para practicarlo si se despenaliza; por tanto, presentamos una propuesta de modificación del artículo 263, relativo a daños, modificando el apartado ciento cuarenta y uno del proyecto de ley.

La enmienda 921, de adición, va destinada a regular la prostitución en espacios y vías públicas, penalizando a quienes obtuvieran los servicios sexuales con una pena de prisión de uno a tres meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días, o una multa de 3000 euros. La enmienda propuesta se basa en el modelo francés de penalizar solo aquellas conductas de prostitución llevadas a cabo en espacios públicos, y en penalizar solamente al que obtiene el servicio sexual y no al que lo ofrece, de acuerdo con el informe del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, que también se manifiesta a favor de tratar el problema de la prostitución desde la raíz y no aceptándolo como un hecho consumado.

También hemos presentado enmiendas sobre hurtos; por ejemplo, consideramos la necesidad de crear un registro telemático de personas reincidentes en la comisión de hurtos y la eximente en el caso de restitución de lo sustraído. Igualmente, hemos presentado una enmienda sobre maltrato animal y zoofilia. Y hacemos una especial mención a la necesidad de dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el hecho de que los procesos judiciales no puedan durar más de cinco años. A ello se refiere la enmienda 948.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Enmiendas 523 a 605 y 607 a 735, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Como continuación del debate de esta mañana, en el que el Grupo Socialista ha tenido dos intervenciones, para una posición general y otra más concreta, les comunico que nuestras 212 enmiendas pretenden paliar la crueldad, atajar la discriminación, mejorar la perseguibilidad de los delincuentes de cuello blanco, proteger mejor a los más humildes y conseguir una mayor sensibilidad ecológica. Una mayor sensibilidad ecológica, aceptando como un paso adelante el esfuerzo que se hizo en el Congreso, y vuelvo a subrayar que el texto que el Gobierno mandó al Congreso en el año 2012 es infinitamente peor que el texto que salió de él. Los diputados y las diputadas limaron, cortaron y amputaron gran parte de las cosas, en mi opinión, profundamente crueles, sobre todo en el apartado relativo a la peligrosidad. En el momento en que el Grupo Popular ha retirado ese apartado, se ha dado un gran avance. Ya en ponencia propuse algunas enmiendas con el fin de que la libertad vigilada se mantuviese para los delitos de terrorismo y de violencia de género. Y agradezco a la ponente, doña María de los Ángeles, la precisión que me ha hecho porque nuestra enmienda 600 se refiere al artículo 80 y no al artículo 81. No me había dado cuenta de ese error, ella me ha hecho caer en él, y se lo agradezco en público, como tiene que ser. Lo cortés no quita lo valiente. Y paso a explicar el conjunto de nuestras enmiendas.

Señorías, el preámbulo del Código de 1995 —hoy en vigor, a pesar de las veintinueve reformas— tiene dos páginas para explicar el Código Penal de la democracia, como le llamaron los medios de comunicación. Dos páginas. ¿Saben ustedes cuántas páginas tiene esta contrarreforma? Tiene veintidós, veinte páginas más. Y es que hay que hacer un esfuerzo inmenso para poder explicar lo que difícilmente es explicable cuando no tiene nada que ver con lo que ha consolidado tanto la doctrina legal: la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como la doctrina científica: en general los catedráticos, los profesores, los académicos, que han hecho en esto un esfuerzo inmenso. Piensen ustedes que durante décadas se había dicho que el sector del ordenamiento más depurado era el civil, el privado, y que en el ámbito penal la cosa era más tosca. Por el contrario, todo el esfuerzo que han hecho los académicos españoles por trabajar e investigar años fuera del país ha supuesto la incorporación de gran parte de esa doctrina, la doctrina alemana y la doctrina italiana, y ha supuesto un gran avance de la doctrina penalística española. En ese sentido, me reafirmo en la necesidad de que legislemos de cara a todo el mundo, no solo a los profesionales del derecho sino también a los que han estado investigando y avanzando.

Se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y me produce un cierto sonrojo porque se le cita indebidamente. Primero, se citan mal los artículos, porque lo que llaman la PP no es el artículo 13, sino el artículo 3, y las dos sentencias a que se refiere son, exactamente, la de 2008, en el caso Kafkaris, en Chipre, y el caso Meitner, en Alemania. Y no viene a plantear que lo que es permanente y perpetuo es aceptable; no es eso lo que viene a decir, sino que hay que estar permanentemente revisando. Y no es cierto lo que se ha afirmado esta mañana de que, en general, las penas no se revisan. Eso es falso. ¿Qué creen ustedes que hacen los juzgados de vigilancia penitenciaria y las secciones de las audiencias que confirman o revocan las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria? En general, todos los jueces y magistrados juzgan y ejecutan lo juzgado, y luego hay una supervisión del cumplimiento de la pena por parte del juez de vigilancia penitenciaria y la correspondiente sección de la audiencia.

¿Qué es lo que hay que destacar del conjunto de nuestras enmiendas? Fundamentalmente, hemos recogido las enmiendas que han quedado vivas del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero no porque no saludemos con euforia y alborozo algunas enmiendas que ustedes aceptaron en materia ecológica o de las personas jurídicas, de la perseguibilidad. No es por eso, porque el texto que entró al Congreso ha mejorado, a pesar de los casi dos años en que estuvo paralizado y que tuvieran que hacerlo a toda velocidad entre navidades y comienzos de año. Nosotros saludamos lo que ha supuesto un avance, pero pensamos que en lugar de trabajar siempre con lo menos malo, se puede mejorar, y es parte de nuestra lealtad institucional trasladar eso. Y por eso hemos trasladado nuestros criterios sobre la crueldad innecesaria que supone la indeterminación de lo que es permanente, entre otras cosas, porque si el concepto revisable fuera, como les he dicho esta mañana, copia de cómo se hace en otros lugares, se revisaría cada quince o dieciséis años en lugar de cada veinticinco. Y eso que lo que ha llegado al Senado —cada veinticinco años— es un gran avance en comparación de lo que llegó al Congreso, porque la gente se retrató en el primer texto, en que se proponía cada treinta y cinco años. Pero en la actualidad no hay país europeo en el que haya tanto cumplimiento de penas como en nuestro caso, en que se puede llegar a estar hasta cuarenta años. Díganme ustedes si hay algún otro lugar donde se pueda estar hasta cuarenta años. Con esto quiero decir que en el ámbito del cumplimiento efectivo tampoco es cierto lo que se dice sobre que al poco tiempo ya se está en la calle. Esto, con respecto a la prisión permanente: la incertidumbre, la incerteza, la no revisión cada periodo de tiempo establecido, en lo que sería el derecho comparado.

En cuanto a atajar la discriminación, que es el segundo objetivo —el primero es paliar la crueldad innecesaria, como les acabo de decir—, les vuelvo a insistir en algo que a mí me parece especialmente cruel. ¿Por qué razón en el caso del fraude a la Seguridad Social o a las subvenciones, cualquier español que cometa ese fraude en un euro porque, aparte de recibir esas cantidades, haga cualquier chapuza para buscarse la vida ya está cometiendo el hecho delictivo, y en el caso del delito fiscal empieza a hacerlo a partir de 120 000 euros? Por eso proponemos la cantidad de 50 000 euros, que en general es la que se establece en el el ámbito del derecho comparado en relación con los fraudes a la Seguridad Social y las subvenciones, y parece una cantidad muchísimo más razonable.

Por otro lado, he explicado más de una vez la contradicción que suponía, pero lo seguiré haciendo hasta la extenuación: por qué razón se desprecian las decisiones del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando se ejercita un derecho fundamental, la fuerza de ejercicio de ese derecho es una fuerza expansiva, no restrictiva. Y cuando se plantea una limitación tiene que ser restrictiva. Les ponía el ejemplo del artículo 172, como tipo básico de las coacciones, o del 315.3, que no se ha aplicado nunca. Solo hay una sentencia en España, del año 1999, que precisamente dice que no se tiene que aplicar el 315.3 sino el tipo básico del 172. ¿Por qué razón? Porque, en el ejercicio del derecho fundamental, cuando un piquete se excede en su trabajo y hay que reprochárselo —todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, y cuando ha habido tal exceso hay que reprochárselo, por supuesto—, ese exceso no se puede hacer mucho más gravoso y mucho más cruel que cuando el empresario es el que impide el ejercicio del derecho fundamental. Nosotros planteamos que se haga como hasta ahora. Y hasta ahora ¿qué se ha hecho? Y me refiero a este pequeño paréntesis desde 2011 hasta el presente, en que se ha estado aplicando el 315.3. ¿Cómo se ha hecho hasta el presente? Con la remisión al tipo básico del 172. Ese es el planteamiento.

¿Es cierto que al quitar ese año la situación es distinta? Sí, en relación con guatepeor, Guatemala siempre es mejor, pero la opción que nosotros planteamos, que es lo que en la práctica han hecho todos los tribunales españoles hasta el año 2011, es infinitamente mejor. Aquí siempre se aduce aquello de: pero fueron ustedes en tal año cuando lo plantearon. Eso también es falso. En ese momento —léanse el Diario de Sesiones— había una propuesta muchísimo más gravosa y ampliada, y en aras del consenso tratamos de plantear esa posibilidad.

En cuanto a mejorar la perseguibilidad de los delitos de cuello blanco, les insistimos en mantener la expresión que usa el código en la actualidad respecto de las personas jurídicas. Les reitero que la expresión: las personas que tienen el mando efectivo, la capacidad para tomar decisiones, restringe el abanico de los que tienen poder de representación. Usar la posibilidad de los que tienen ese poder de representación es muchísimo más amplio a la hora de ajustar el comportamiento que ha generado esa responsabilidad para las personas jurídicas. Insisto en que eso genera mayor inaplicabilidad, mientras que la formulación del presente es mucho más circunscribible, mucho más concretable, mucho más especificable, en lugar de esa formulación general y abstracta.

Ya les he explicado la necesidad de proteger a los más humildes en este campo. Y comprendo que a veces haya mucha presión desde ámbitos de seguridad, pero ¿a ustedes les parece que una persona que esté sentada en un lugar sin hacer nada, absolutamente pasiva, por negarse a las órdenes de un agente de la autoridad que le diga: levántese y váyase, comete un atentado? ¿Eso es un atentado o no es más que una resistencia a la autoridad o estar incumpliendo un mandato? No es un atentado, no se está desplegando ninguna actividad física para agredir a ese agente de la autoridad. Y qué decir cuando se confunde al agente de la autoridad con una persona que trabaja en cualquier compañía privada, cuando hay una confusión entre un servidor público y un trabajador privado. Me parece que es algo inadecuado e incorrecto.

Como antes les decía, planteamos enmiendas para una mayor sensibilidad ecológica en cuanto a la protección de los animales, pero no porque no valoremos el esfuerzo que se ha hecho en el Congreso. Hacemos también una sugerencia relativa al artículo 319 del Código Penal bastante sensata. Yo sé que bastantes de ustedes, de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, son muy sensibles a lo que les voy a plantear. En las costas españolas hay pensionistas europeos que pasan allí la mitad del año o el año entero, personas mayores que se han comprado una vivienda. Pero imaginen que hay un fallo del juzgado de lo penal que ordena la demolición de esa casa porque se ha construido en un lugar sin licencia. El juez de lo penal ordena la demolición, y a esas personas se les da la razón formalmente, pero desde un punto de vista material se es injusto porque no han recibido la indemnización, no tienen su vivienda, han perdido el dinero y han sido víctimas de una estafa. Pues bien, lo que nosotros planteamos es que en el artículo 319 se contemple que esa demolición esté condicionada al previo pago de la indemnización, de tal manera que si no se da ese previo pago no se ejecute materialmente la demolición. ¿Por qué razón? Porque es una forma de garantizar que la casa se tirará, puesto que así lo ordena el juez de lo penal, pero que eso esté condicionado, repito, al previo pago de la indemnización.

Algún jurista con una formación un tanto propia del reloj parado hace siglos diría aquello de: en el Código Penal no se puede poner una condición suspensiva. Pero habría que recordarle lo que dice el Código Penal vigente, el de 1995, en su artículo 81.3, en el que se condiciona la ejecución de la pena a lo siguiente: que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado. Es decir, se puede suspender la ejecución de la pena —cuando son penas de menos de dos años y se trata de un delincuente primario— siempre y cuando se haya cumplido con las responsabilidades civiles. Y lo que aquí se plantea es una fórmula semejante. En puridad, por aquello de la Constitución en negativo, habría que decir: el Código Penal no está para todo. Y no está para todo, pero, sinceramente, si en la medida de lo posible podemos paliar esas inmensas bolsas de injusticia que se dan con los pensionistas que compran esas casas, creo que haríamos una buena labor en términos de prevención general.

Hay algunas enmiendas que proponen otros grupos parlamentarios referentes a prohibiciones. Tengo que decir que nos parece muy noble el latido que está debajo de esas propuestas, pero yo estoy convencido de que, si bien es cierto que no hay mejor política criminal que una buena política social y que no hay mejor política social que una buena política laboral, en materia de salud, en lo que tiene que ver con los patrones identitarios para la mitad de la población mundial —porque no deja de ser cierto que de cada diez personas con trastornos alimentarios nueve son mujeres—, en lo que respecta a ese ámbito, me parece que la prevención juega un papel mucho más relevante que el ámbito de la represión, siendo así que en internet son muchas las cosas que hay que prohibir. Creo, por ejemplo, que habría que prohibir algunas páginas que enseñan a hacer bombas, pero pienso que es mucho más relevante que nuestros hijos e hijas tengan la suficiente madurez para que cuando vean esas páginas pasen de ellas, porque no les aportan nada, y prefieran otras cosas que sí puedan aportarles algo.

Insisto en que lo que late en el fondo de esas enmiendas es un impulso muy noble, pero comoquiera que yo he preguntado a las personas que trabajan en ese ámbito, tanto del mundo de la psiquiatría, como de la psicología o de la salud pública, puedo decir que ellos en general me insisten mucho en que es más relevante el trabajo de la prevención y el trabajo del menor como síntoma de los conflictos en el núcleo familiar que la represión ante ese tipo de páginas en internet. Estos son algunos de los razonamientos que hemos hecho.

Hay otras tres enmiendas entre las 212 que hemos planteado. Tres se refieren a los creadores culturales y a proteger más adecuadamente sus creaciones, toda vez que la marca España no solo es el deportista sino en gran medida nuestros creadores culturales, a los que hay que proteger del mejor modo posible. Y en materia de lesiones se trata de propuestas bastante sensatas que nos han hecho personas que practican ciclismo en España.

Señor presidente, comoquiera que ya no tengo hipoglucemia, podría estar unas cuantas horas más con mi intervención, pero creo que usted agradecerá que no siga y que pare en este momento.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera. Creo que todos se lo agradeceremos. (Risas).

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Señor presidente, hemos dividido el tiempo entre mi compañera la senadora De Haro y yo. Intentaré ser breve. Voy a responder a las intervenciones del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Catalán Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista.

Con respecto a la agrupación de enmiendas que ha hecho el representante del Grupo Vasco, me voy a centrar principalmente en las enmiendas nuevas que ha presentado en el Senado. Y este argumento es extensivo también al resto de intervinientes. El representante vasco ha hablado de ideología, pero yo diría que es más una elección política, en este caso de política penal o de política criminal, a la que ha optado el Gobierno del Partido Popular con la introducción de la pena permanente revisable. Se ha hablado de si eso es ideológico o no, pero al fin y al cabo todo es política y es el Gobierno el que tiene que optar o no por la pena permanente revisable, lo que no quiere decir que sea ni más ni menos rechazable con el argumento de que es algo ideológico.

En segundo lugar, dice que existe un agravamiento punitivo, un argumento reiterado por varios representantes. Yo diría que hay un agravamiento punitivo ante las realidades sociales o frente a los actos penales que merecen el reproche penal y que entendemos que la sociedad actual rechaza más, porque las modificaciones legislativas están para avanzar con las realidades sociales. Si existen nuevas realidades que merecen un mayor rechazo social, creo que la norma debe tener un agravamiento punitivo ante esas figuras o tipos nuevos o ante los que existe un mayor rechazo social.

Y creo que es incierto decir que no hay un efecto resocializador de la pena, porque no se ha hecho un nuevo Código Penal eliminando los principios informadores del derecho penal y del Código Penal español. Pienso que optar por determinados modelos, como en este caso la pena permanente revisable u otro tipo de penas, en ningún caso elimina el efecto resocializador de la pena, que queda garantizado precisamente con el término «revisable». Ese es el término que se introduce para mantener el efecto resocializador de la pena.

Supresión de términos jurídicos indeterminados. No sé a qué se refiere, pero le diré, señoría, que se va a admitir la enmienda a la que se ha referido el senador del Grupo Parlamentario Socialista, la número 600, que hace referencia al artículo 81, aunque debería ser al artículo 80 porque plantea fundamentalmente la supresión del artículo 150 introducido en la reforma del texto y podríamos decir que introduce, efectivamente, una serie de elementos indeterminados. Pero usted no ha hecho alusión a los apartados, sino una alusión igualmente indeterminada a la supresión de términos jurídicos indeterminados en el texto, por lo que no puedo contestar uno por uno o con algún tipo de argumento a los conceptos a que se refiere el Grupo Parlamentario Vasco cuando habla de términos jurídicos indeterminados porque, como digo, creo que en eso su intervención ha sido un tanto indeterminada.

Habla usted del maltrato de animales. Si hay algún texto que ha introducido, que ha mejorado, en este caso el trato a los animales, creo que ha sido esta reforma del Código Penal, en muchos casos por la aportación del resto de los grupos en el Congreso de los Diputados, mejorándose el rechazo a las conductas de abandono e incluso de explotación sexual de los animales.

En cuanto a la corrupción, creo que en esto tenemos que ser todos claros. La voluntad de todos los grupos políticos está precisamente en dar un ejemplo y en recoger las demandas sociales que nos exigen en estas conductas rechazables, no solo la sociedad, sino todos los que nos dedicamos a la cosa pública. También a través de enmiendas que presenta el Grupo Popular en el Senado se mejora la descripción de los tipos en cuanto a los delitos de corrupción en los negocios o actuales delitos de corrupción entre particulares, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, etcétera, y se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. Por lo tanto, creo que en este aspecto se mejoró mucho en la tramitación del Congreso, y aquí vamos a intentar seguir mejorando todas las sanciones posibles a este tipo de conductas.

He de decir al Grupo Parlamentario Vasco —y con esto termino la intervención— que no ha hecho referencia a ningún apartado concreto del texto remitido por el Congreso; que de todas sus enmiendas, las que se refieren al modelo político penal o al modelo político de política criminal, como es lógico, no vamos a admitir ninguna, como puede ser la supresión de la permanente revisable. Y ya que ha hecho alusión a una enmienda transaccional en la que ustedes proponían la supresión del preámbulo, le diré que en el preámbulo se habla de más cosas que de la prisión permanente revisable. Usted pide la supresión del cien por cien del preámbulo, y podían haber presentado una enmienda con un texto alternativo al preámbulo y no solo una enmienda de supresión. No le parece adecuado que nosotros le planteemos ahora una transaccional porque sigue apareciendo la pena permanente revisable. Como he dicho, creo que eso es una opción política. Es evidente que nosotros con la modificación del preámbulo no vamos a dar marcha atrás en la introducción de esta figura. Además, tampoco es una buena práctica la supresión de todo, porque no todo estará mal en el preámbulo, y hubiera sido posible una enmienda con un preámbulo alternativo.

En segundo lugar, me gustaría contestar brevemente a la representante de Convergència i Unió. Han introducido en el Senado nuevas enmiendas en relación con algunas cuestiones interesantes que en estos momentos no vamos a admitir, como son las referidas a la xenofobia, e incluso algún agravante en casa habitada aislada, puesto que en nuestro proyecto ya figuran los delitos de hurto o robo cometidos en el medio rural.

En alguna enmienda, como la 951, ustedes proponían la supresión de tasas judiciales para reclamar indemnización por daños por la vía civil, y a través de la modificación de la Ley de tasas no solo quedaría aprobada su enmienda, sino que las reclamaciones en vía civil por personas físicas no es que vayan a estar o no exentas, sino que no van a estar sujetas a la tasa. Por tanto, entiendo que esa enmienda quedaría asumida por las nuevas medidas anunciadas y publicadas por el Gobierno, al igual que la duración del proceso judicial máximo de cinco años, que supongo que se refiere a la instrucción del proceso penal, en el que ya se anuncia para determinados tipos de conducta la limitación de los periodos de instrucción en función de la gravedad de los tipos. Por consiguiente, creo que en esos ámbitos hemos avanzado en lo que a ustedes les parece interesante. Aun así, le digo que vamos a seguir estudiando hasta el Pleno algunas cuestiones planteadas por su grupo en las enmiendas del Senado para intentar llegar a una transacción.

Al senador Arcadio, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le diré que me voy a centrar, porque no quiero reiterar el debate del Congreso. Como consta en los diarios de sesiones, se ha trabajado mucho, y como ha dicho mi compañera esta mañana, se han admitido más de 300 enmiendas. Ha habido casi un 37 % de transacciones y de aceptación de enmiendas en el Congreso.

Usted preguntaba esta mañana qué catedrático de Derecho Penal o quién avala este tipo de reformas. Creo que solo hay que remitirse, como ha hecho usted hoy en su intervención, a las distintas comparecencias en el Congreso de los Diputados, a los distintos informes y a lo que ya hacen todos los catedráticos de Derecho Penal, que son sus publicaciones. Por lo tanto, está en la opción de cada uno saber quién es más favorable o quién no lo es a determinadas figuras introducidas en el Código Penal.

De las dieciséis enmiendas nuevas que han planteado ustedes en el Senado, vamos a admitir, como ya he anunciado en mi intervención, las números 600 y 616, que coincide con alguna enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a las enmiendas que han planteado ustedes, me refiero tanto a las nuevas como a las que no afectan —como he dicho anteriormente y como hemos hablado usted y yo esta mañana—



al modelo por el que optamos cada uno de los grupos, al modelo de política criminal y de Código Penal. Una enmienda por la que tenían ustedes mucho interés, la número 677, que ha defendido usted, se refiere no solo a extranjeros y a personas mayores, sino a personas que por cualquier motivo, a veces con ocasión de delitos o por impugnaciones urbanísticas, han llegado a ser propietarios de una vivienda o poseedores de buena fe, y, sin embargo, se resuelve el contrato.

El presidente me avisa de que se me agota el tiempo, así que voy a terminar. Efectivamente, esa realidad social exigiría una intervención. Yo entiendo que es de mucha dificultad, tal y como está planteada a través de esta enmienda, porque en ningún caso sería una responsabilidad civil derivada del delito, sino que, a priori —y se lo digo yo sin haber estudiado profundamente la materia—, estaríamos hablando de una indemnización por demolición o de una especie de justiprecio. Por lo tanto, no sería una responsabilidad civil derivada de la propia conducta delictiva. Vamos a trabajar en ello a ver si conseguimos dar solución a esas situaciones. Le diré que está en nuestro ánimo seguir trabajando para admitir más enmiendas de cara al Pleno y para plantearles a todos los grupos —espero estar en condiciones, si no es hoy, mañana, de poder entregárselas— una serie de enmiendas transaccionales que probablemente no van a dar satisfacción a la pretensión de todos los grupos, pero que en algunos casos van a mejorar mucho el texto y en otros van a ser buenas para la coherencia del modelo de Código Penal que entendemos es necesario.

Y en relación con la cuestión en la que ha hecho hincapié el Grupo Parlamentario Socialista, le diré que protege y ayuda a los más necesitados y a algunas víctimas mucho más vulnerables en estos momentos, y sanciona las conductas más rechazables con mayores penas.

Por lo tanto, mi grupo va a aprobar, como es lógico, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, salvo la número 4, relativa a la anorexia y a la bulimia, que ha defendido el representante del PAR, porque queremos que siga viva a efectos del Pleno. Por consiguiente, mi grupo va a votar a favor de las enmiendas que he dicho del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, aunque eso debo decirlo en el siguiente turno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Armisén.

Tiene la palabra la senadora De Haro Brito.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

Me voy a encargar básicamente de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto: números 1 a 101, de los senadores de Izquierda Unida, excepto la número 4, ya defendida por el Partido Aragonés; 736 y 742; 102 a 107 del senador Martínez Oblanca; 453, de Coalición Canaria, y 454 y 519, de la senadora Capella; en total 65. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto hacen un total de 180 enmiendas. Por otro lado, el Grupo Parlamentario Entesa ha presentado un total de 348 enmiendas, concretamente las números 108 a 452 y 520 a 523.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere solicitar una aclaración. Estamos dispuestos a aceptar una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, concretamente la número 183, pero creemos que existe una confusión. La enmienda 183 propone la supresión del apartado ochenta y uno —lo digo literalmente— del artículo único, que modifica el artículo 150. Entiendo que existe un error: cuando habla del apartado ochenta y uno, se refiere al ochenta. Si puede comprobarlo y lo corrobora, podríamos corregirla. Como le digo, creo que en la enmienda 183 hay una confusión, porque en vez del apartado 81, se refiere al 80. (El señor Saura Laporta: Sí, es 80.) ¿Podemos darla por corregida entonces? (Asentimiento). Pues con esta corrección: en vez de 81, 80, aceptamos la enmienda 183, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

También estamos en disposición de transaccionar —el texto ya se lo he pasado al senador de Entesa— la 413, del Grupo Parlamentario Entesa, que coincide con la número 83, del Grupo Parlamentario Mixto. En concreto, se refiere al apartado doscientos cuarenta y tres del artículo único que modifica el artículo 556.

Igualmente, proponemos transar las enmiendas 34, del Grupo Parlamentario Mixto, y 367 del Grupo Parlamentario Entesa, que coinciden. Les pasaré los textos porque se refieren al punto 1 del apartado noventa y dos del artículo único, concretamente al 177 bis del Código Penal. Todo esto sin perjuicio de que cuando terminemos la comisión les entreguemos más textos sobre otras posibles enmiendas transaccionales, otros artículos y otras enmiendas de Entesa. En concreto, me refiero, entre otras, a las enmiendas 332, 333, 216, 383, 521, 522 y 413, pero ya les pasaremos el texto para ver si hay posibilidad de transacción de aquí al Pleno.

Y paso a responder a lo que ha señalado en esta comisión el representante de Entesa, que ha alegado cinco motivos fundamentales para resumir la temática de las enmiendas presentadas al articulado. En primer lugar, señala que no había informe del Consejo General del Poder Judicial, y tengo que recordarle que, precisamente con fecha 16 de enero de 2013, el Consejo General del Poder Judicial trató en Pleno el anteproyecto del Código Penal; previamente se había reunido y había un informe de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial en el que se trataba de manera relevante el texto del anteproyecto. Por tanto, sí que hay informe del Consejo General del Poder Judicial. Resulta curioso porque uno de los puntos que ha mencionado expresamente el representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que es la prisión permanente revisable —ya lo han manifestado las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra—, es uno de los puntos que cita el Consejo General del Poder Judicial en este informe que se debatió el 16 de enero de 2013 en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, el representante de Entesa señala en este resumen de los motivos de su oposición y de sus enmiendas, que se sustituye el principio de culpabilidad y que uno de los principios que informa la reforma del Código Penal que ahora estamos tratando es una política penal de venganza o castigo. Sinceramente, como ya ha dicho la compañera que me ha antecedido en el uso de la palabra, la senadora Armisén, tengo que decirle que uno de los principios fundamentales o que informa el Derecho Penal es el principio de rehabilitación o de reinserción, y no solo el principio punitivo o de castigo. Este aspecto se contradice un poco con la crítica que su grupo hizo en el debate llevado a cabo en el Congreso, cuando señaló y nos criticó que el texto remitido en un inicio despenalizaba determinadas conductas. ¿En qué quedamos, en que se despenalizan determinadas conductas, de acuerdo con el principio mínimo de intervención penal, o todo lo contrario, se va a un castigo máximo? El Grupo Parlamentario Popular pretende, en este caso, adaptar la norma a los principios, entre los cuales cabe citar la rehabilitación y reinserción, y sobre todo la proporcionalidad de los castigos en materia de penalidad penal.

También se ha hecho referencia a la supresión del apartado 3 del artículo 305. Ha mencionado las coacciones, artículo 172, y yo quiero recordar que en la anterior modificación del Código Penal fueron precisamente otros partidos, no el Partido Popular, los que introdujeron el artículo 315 del Código Penal. Precisamente en ese momento el Partido Popular quiso modificar el Código Penal, la reforma, y la penalidad de las conductas punibles que ahora es cierto que se revisan en la parte que el Grupo Parlamentario Entesa quiere que se elimine, concretamente el apartado 3 del artículo 305, en la parte que toca del artículo 172, de las coacciones, porque entendemos que es proporcional y conforme a una de las finalidades fundamentales del Código Penal; finalidades que hoy por la mañana ha expuesto la senadora del Grupo Parlamentario Popular.

Entre las enmiendas que se presentan hay un grupo que el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar porque muchas de ellas coinciden con algunos contenidos introducidos precisamente en esta reforma del Código Penal. Muchísimas de las enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Mixto como del Grupo Parlamentario Entesa son de supresión, y precisamente pretenden suprimir contenidos que el Grupo Parlamentario Popular considera esenciales. En concreto, entre las reformas asumidas y presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la 955 afecta al preámbulo, también la 320 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y, por tanto, es contradictorio. No podemos aceptar la 320 de Entesa; tampoco la 6 del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

La enmienda 957, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, coincide con las números 138, 331 y 332, del Grupo Parlamentario Entesa, y afecta al artículo único, apartado veintinueve. La contradicción entre el contenido introducido por el Grupo Parlamentario Popular y lo que estiman el Grupo Parlamentario Entesa y el Grupo Parlamentario Mixto hace imposible su aceptación.

La enmienda 958 se refiere al artículo único, apartado treinta y uno, y coincide con las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Parlamentario Mixto, y 140, 333 y 334, del Grupo Parlamentario Entesa, y por ser contradictorias no podemos asumirlas.

La enmienda 961, del Grupo Parlamentario Popular, afecta al apartado cuarenta y siete del artículo único, y también la 22, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 348, de Entesa.

Estos ejemplos demuestran que no podemos aceptar contenidos que van en directa contradicción con nuestras enmiendas, porque aceptarlos supondría la supresión o la modificación de aspectos fundamentales que ahora pretende modificar el Grupo Parlamentario Popular.

No obstante lo señalado y teniendo en cuenta cuáles son las prioridades, manifestadas hoy, para no ser reiterativa, voy a señalar que vamos a seguir con la voluntad que el Grupo Parlamentario Popular ya ha manifestado en el Congreso al aceptar, ni más ni menos que 327 enmiendas. Hemos de tener en cuenta que en el Congreso se presentaron 888 enmiendas, menos que las que se han presentado en el Senado, que son 1044 en total, y el hecho de que de las 888 se hayan admitido o aceptado un tercio expresa —es un 37 % del total de enmiendas— el ánimo y la voluntad del Partido Popular de aprobar el mejor Código Penal que se merece la ciudadanía.

Por tanto, aspiro a que a lo largo de la tramitación parlamentaria, de aquí al Pleno, podamos aceptar algunas enmiendas —que ahora les pasaremos para que las puedan estudiar con detalle—, siguiendo la senda del diálogo que el Grupo Parlamentario Popular ya ha puesto de manifiesto tanto en la tramitación en el Congreso como aquí.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora De Haro Brito.

Turno de portavoces.

Senadora Capella, ¿va a hacer uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

La senadora Armisén justificaba el mayor reproche punitivo como una evolución del Código Penal sobre la base de un mayor rechazo social. A partir de ahí —y después intentaré responder a ese planteamiento— hacía una serie de valoraciones y apreciaciones sobre la justificación de nuestras enmiendas, que he defendido anteriormente. Cuando nosotros planteábamos que la reinserción social se penaba y que no se desarrollaba el concepto de resocialización o de reinserción nos basábamos en análisis y estudios que dicen que a partir de quince años la persona que está en prisión modifica su carácter, su manera de ser, y a partir de veinte, entra ya en otro proceso perjudicial para la psique, la salud, etcétera, y sobre esa base nosotros hemos justificado que no entendemos que cuarenta años en prisión sea una idea de reinserción, de resocialización o de reintegración en la comunidad. Que la senadora o el Grupo Parlamentario Popular entiendan que estar cuarenta años en prisión es un proceso de reinserción o de resocialización, eso sí que es ideología.

Me ha pedido mayor concreción respecto de mi comentario de que algunas enmiendas se basan en que valoramos como indeterminados algunos artículos. Nos referíamos a las enmiendas 776 y 777, que se han introducido aquí, en el Senado, y a la utilización de conceptos como injustificadamente o gravemente.

Al referirse al maltrato de animales, la justificación para no aceptar ninguna enmienda ha sido que ya se había hecho una mejora en el Congreso. Y me parece bien, pero no sé si esa es suficiente razón, al menos con respecto al maltrato animal. Y le pongo como ejemplo —y le voy a concretar para que después no me diga que no lo hago— la enmienda número 778, en la que decimos que tiene que haber un mayor reproche penal en el caso de que hubiera muerte del animal. Y en ese sentido tenemos otras enmiendas, como la 777, la 776, etcétera.

Con respecto a la corrupción —y vuelvo un poco a la reflexión de la señora Armisén cuando decía que hay un mayor reproche punitivo porque también hay un mayor rechazo social—, mi pregunta es si en la corrupción no ocurre esto, y para que no me diga que no le concreto cuando hablamos de corrupción le remito a las enmiendas números 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 812, 816, 817, 818, 819 y 820. Pero como no les quiero aburrir, me referiré a la enmienda número 785, en la que se habla de funcionario público o autoridad que influye en otro funcionario público o autoridad «prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.» Es ahí donde nosotros proponíamos un reproche penal mayor, porque el Grupo Parlamentario Popular mantiene el mismo reproche penal que se daba en el Código Penal del 95. Eso es lo que queremos decir. Cuando nosotros hablamos de corrupción, por supuesto que queremos ser claros. Basándonos en la justificación que daba el grupo mayoritario de que si hay un mayor clamor social debe haber un mayor reproche penal, nosotros entendemos que así debe hacerse en este sentido.

No me ha contestado nada sobre la sustracción interparental de menores. Por si acaso también le voy a concretar las enmiendas, que son dos, referidas a los artículos 224 y 225 bis, que tampoco estaban en el Congreso.

En cuanto a la transaccional, no me parece normal que nos diga cómo tenemos que presentar una enmienda, y de la misma forma entiendo que si el grupo proponente de una transaccional nos remite un documento lo hará en aras de llegar a un acuerdo, y en tal caso tiene que haber elementos en común que lo hagan posible. Y a su vez entiendo que no se ha escogido el mejor ejemplo, la enmienda número 743, que se refiere a la prisión permanente revisable, habiendo muchas otras para poder transar. Entendiendo también que el grupo mayoritario no quiera acuerdos ni transaccionales con respecto a la prisión permanente revisable. Y lo doy por bueno, pero insisto en que puede haber otras razones, otros motivos y otras enmiendas en las que podemos llegar a algún acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy breve, en primer lugar, para decir que leeremos con mucha atención las propuestas transaccionales para ver si es posible llegar a algún acuerdo.

En segundo lugar, es cierto que el Consejo General del Poder Judicial hizo un primer informe sobre un anteproyecto de Código Penal, pero posteriormente dicho anteproyecto cambió prácticamente todo, hasta el punto de que el propio Consejo de Estado señala este aspecto y dice que hubiera sido necesario otro informe del Consejo General del Poder Judicial en la medida en que el proyecto había cambiado.

En cuanto a la prisión permanente revisable, todos estamos de acuerdo hoy aquí de palabra en que el objetivo de la política penal es la reinserción. Pero si yo preguntara: ¿En estos veinte años, en que se han producido, con esta, 29 reformas del Código Penal, cuántas reflexiones y cuántos datos ha traído el Gobierno sobre qué pasa con la reinserción?, la cifra sería prácticamente nula. Extraña que presenten ustedes un proyecto de reforma, de endurecimiento, quiéranlo o no, que no tiene ningún soporte de catedráticos de Derecho Penal, de entidades ni de partidos políticos, y que no haya ninguna reflexión sobre lo que está pasando con la reincidencia y la reinserción. ¿Qué está pasando? Posiblemente, si viéramos lo que está pasando no tendríamos ante nuestros ojos esta propuesta de reforma del Código Penal.

Por tanto, insistimos en que no estamos de acuerdo con la propuesta del Código Penal. Yo coincido en que es una cuestión ideológica, pero me parece bien, porque parece que últimamente el tema ideológico sea algo malo, y para mí no lo es; es bueno. Y como he dicho antes, creo que la prisión preventiva provisional, la Ley de seguridad ciudadana y las otras modificaciones ponen de manifiesto un modelo de sociedad con el que no estamos de acuerdo: con menos derechos, menos libertades, más autoritaria y más represiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Lamentamos que no se puedan aceptar las enmiendas presentadas por mi grupo. Es de suponer, por su firme postura, que no van a aceptar enmiendas destinadas a la recuperación de faltas y a la supresión de la pena de prisión permanente revisable, pero no es el caso de las demás, que entendemos que son asumibles y que mejorarían el texto.

Por el momento agradecemos la voluntad de la senadora Armisén de alcanzar acuerdos mediante enmiendas transaccionales y vamos a estar a lo que nos pueda ofrecer de cara al Pleno. De momento solo podemos manifestar nuestra oposición al proyecto. Veremos cómo se desarrollan los próximos días.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve después de la intervención de mi docto compañero el senador Díaz Tejera, pero permítanme que haga unas reflexiones sobre las 212 enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, que se han quedado en 210 ya que la magnanimidad del Grupo Popular ha hecho que nos aprueben 2, pero hasta llegar a ese 37 % del Congreso todavía le faltan 78 enmiendas al Grupo Socialista por aprobar. (Risas). Espero que de aquí al Pleno sean perfectamente recibidas para llegar a esa marca de 37, y si quieren superarla, con 80 sería ideal.

Fuera bromas, nosotros presentamos 210 enmiendas que afectan al núcleo mismo de un mal Código Penal, 210 enmiendas que hacen referencia, como decía el senador Díaz Tejera, a la edad de consentimiento, al maltrato animal, a la protección del menor o a los inmigrantes; 210 enmiendas que tratan de verdad, de verdad —con mayúsculas—, de atajar la corrupción o los delitos con ocasión de la financiación de los partidos políticos o de los funcionarios públicos o de las personas jurídicas, que ustedes lo toman con un gracejo impresionante y copian —hacen un corta y pega— el Código Penal italiano y lo traen aquí. Enmiendas que se enfrentan al fraude tributario o se enfrentan al fraude de la Seguridad Social, a la Hacienda Pública o a los propios presupuestos de la Unión Europea; enmiendas que tratan de proteger los derechos fundamentales y las libertades de las personas; enmiendas que incluyen el Libro III, de las faltas y de sus penas, y, por supuesto, enmiendas que tratan de suprimir su gran mentira, que esa la prisión permanente revisable.

Intentar arreglar este desastre de Código Penal con las 212 enmiendas y con el resto hasta llegar a 1044, incluidas las suyas, creo que les debiera hacer pensar que ustedes no traen un buen Código Penal o no va a ser el Código Penal de la democracia, como fue el de 1995. Es un proyecto legislativo que manifiestamente es mejorable; manifiestamente mejorable no solo por sus propuestas, que son algunas de ellas erróneas, sino porque va a generar problemas de interpretación que van a afectar a la seguridad jurídica y a la resolución cotidiana de los asuntos formales. ¿Y saben por qué? No solamente por los errores, sino porque ustedes presentan una reforma que no deja de ser una contrarreforma, algo sin duda sin precedentes en la democracia española en el ámbito del derecho penal.

No les gusta que la oposición les diga que acuden al populismo punitivo, pero es cierto, es así, y este fraude, esta trampa que traen con este texto lo único que pretende es limitar derechos fundamentales de los españoles. Producirá —se lo intentaba decir esta mañana— más ineficacia en la persecución de los delitos, generará más costes en la justicia, reducirá los niveles de garantía y aumentará la desconfianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, e incluso, como les digo, va en contra de la evolución de la propia sociedad española, que de repente se ha encontrado en el siglo XIX y no en el siglo XXI.

Con este Código Penal ustedes consideran que los problemas de la sociedad española se resuelven mediante la represión, y este Código Penal es un claro ejemplo de la mayor intolerancia penal del neoconservadurismo de la derecha española y de la derecha europea. Someten a los españoles a una inseguridad en la norma, a una indeterminación, indeterminación que es absolutamente peligrosa, y yo resumiría su texto normativo con: más cárcel y a ser posible más tiempo.

Los bloques de enmiendas que ha expresado fantásticamente el senador Díaz Tejera indican que vienen a agravar más las penas, que amplían el campo de los delitos contra el orden público, que no luchan contra la corrupción —aquí ustedes suspenden—, que aplican la dureza frente al débil y la debilidad frente al fuerte y que buscan ese populismo electoral en estas fechas con su prisión permanente revisable. Decían esta mañana que qué pasaría si preguntáramos a los españoles si quieren la prisión permanente revisable o no; si preguntáramos ahora ahí mismo, en la Plaza de la Marina, si quieren que cerremos este Senado. La mayoría de los españoles dirían que sí. ¿Haríamos esto nosotros también?

Quiero acabar indicándoles simplemente que han tenido que venir hace unos días tres relatores de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, Michel Forst y François Crépeau, para decir —y leo textualmente— que los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión en España son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática, y concluyen los tres relatores de las Naciones Unidas, señorías, que su proyecto de Código Penal incluye definiciones tan amplias y tan ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las actuales autoridades, siendo todo esto contrario al derecho internacional. Esto es lo que nos va a traer su Código Penal.

Y como les he visto con esa amplitud de miras para llegar a superar el 37 % de las enmiendas de aquí al Pleno, con eso nos quedamos en el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Altava, tiene la palabra.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venía, señor presidente.

Agradezco todas las palabras de los portavoces y en especial las del senador Rodríguez Esquerdo, porque se ha dedicado a hablar más del Partido Popular que del texto legal, el Código Penal que traemos a debate.

Señorías, el derecho penal es una opción de civilización, es determinar la manera civilizada en que una determinada comunidad, un país, quiere vivir, prohibiendo las conductas que afectan a los derechos humanos, sancionando todas aquellas conductas que se consideran incívicas por la mayoría de las personas.

El texto legal que traemos a la aprobación de sus señorías es la mayor revisión en profundidad del Código Penal de 1995 hasta la actualidad, después, como se ha dicho, de las 29 reformas acaecidas hasta el momento. Fue un buen texto legal el Código Penal de la democracia, cuyo mentor principal tenemos el honor de que sea senador en este momento, el senador Belloch; fue un buen texto, pero necesitaba una revisión en profundidad. Es verdad que con estas 29 reformas se ha ido produciendo su aggiornamento, su puesta al día, porque la vida diaria iba cambiando con nuevas formas delictuales, pero la mayor revisión en profundidad del sistema penal y penitenciario se realiza con esta reforma que se propone.

Como se ha dicho, es un proyecto de ley que viene muy trabajado del Congreso; así, se han aceptado un tercio de las enmiendas que se propusieron por sus señorías diputados al texto que presentaba el Gobierno, con lo cual se ha trabajado mucho. Y se ha trabajo mucho tanto en el Congreso —y esto quiero reivindicarlo— como en el Senado, porque ha habido ponencia, se han admitido determinadas enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular y todavía hay tiempo, y estamos abiertos a seguir admitiendo otras, como han puesto de manifiesto las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, hasta la aprobación definitiva en su caso en el Pleno.

Señorías, este texto legal introduce modificaciones importantes, muchas de las cuales ya se han puesto de manifiesto y por eso no voy a reiterarlas. Es verdad que se trata en profundidad los delitos económicos, con una mayor transformación de condenas que afectan a la corrupción, tanto de particulares como de empresas; se da una mayor protección a la mujer con la modificación del artículo 172 bis, que no ha sido puesta de manifiesto; se protege en mayor medida a los menores; se aborda el sistema penitenciario, tanto en libertad condicional como en medidas de seguridad, y me gustaría manifestar una cuestión respecto a la prisión permanente revisable, en el único detalle en el que yo creo que no han caído sus señorías. Se introdujo, como se ha dicho, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Francia. En Francia por el presidente Mitterrand, socialista, con lo cual sabemos que se introdujo por un presidente socialista. Pero cuestionan que aquí nos vamos a los veinticinco años. ¿Entonces están diciendo ustedes que creen que es un trato inhumano, vejatorio o degradante de los que proscribe el artículo 15 de la Constitución? ¿Van a plantear sus señorías en contra de esta prisión permanente revisable —como está en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido— un recurso de inconstitucionalidad por considerar que esos veinticinco años son trato inhumano degradante o vejatorio? Si quieren, les contesto yo, que estoy en el uso de la palabra. Y creo que no, contestando lo que ustedes pensarán. Porque no es una cadena perpetua, porque es una prisión permanente, una supervisión para ver si esa determinada persona puede salir o no en libertad; tiempo tendremos también de comentarlo en el Pleno. No es un derecho penal de castigo, pues, que evita la reinserción, como se ha puesto de manifiesto por parte de alguna de sus señorías.

Se dice que suprime las faltas. Se suprimen las faltas con mucho sentido. Fíjense, aquí lo que se está haciendo es penar conductas. Si alguien hurtaba algún objeto que valía 380 euros tenía la suerte de haber cometido una falta; sin embargo, si valía 405 euros, tenía la mala suerte de haber cometido un delito. Señoría, el que hurta, el animus doli es el de hurtar, llevarse algo ajeno, un bien ajeno, sin fuerza, lógicamente —por eso, no estaríamos ante el robo—. Lo que se está penando es eso. Y si usted ha cometido lo que presuntamente era esa actividad delictiva de llevarse algo ajeno pasa a ser delito, leve, pero delito y, en todo caso, lo que no se considere delito, sanción administrativa. No perdamos el norte de por qué se suprimen las faltas. Es verdad que muchos catedráticos de Derecho Penal están a favor de esa supresión; también lo estaba el fiscal general del Estado, Torres-dulce, y también, de alguna manera, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según consta en manifestaciones realizadas a Europa Press el 9 de enero de 2006: El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido ultima una instrucción específica sobre tráfico y seguridad vial en la que ordenará a todos los fiscales que los hechos de mayor gravedad en este campo se traten como delitos y no como faltas. Estaba él también pensando —con buen criterio, a mi parecer— que delitos tan graves como la conducción temeraria pasaran a ser delitos. Con lo cual, no es una invención la supresión de las faltas, máxime si seguimos la doctrina alemana, donde ya desapareció de su Código Penal hace mucho tiempo.

Ha habido 29 reformas, Esta es la más importante, como ha sido puesto de manifiesto por sus señorías, y también se ha puesto en evidencia una cuestión, la determinación de la culpabilidad por el juez de lo penal o juez de instrucción, en su caso. Señorías, el juez de lo civil también puede determinar la culpabilidad y lo sabemos perfectamente. ¿Dónde queda la responsabilidad contractual que tiene que valorar un juez civil? O incluso la responsabilidad civil es delito; la responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil. El juez civil puede determinar perfectamente la culpabilidad de algún determinado agente que haya realizado tráfico comercial o incluso un establecimiento de concurrencia de culpas con una determinada culpabilidad por parte de alguno de ellos. Y eso se valora y tiene una indemnización y un justiprecio. Con lo cual, esa culpabilidad se puede referir al ámbito penal, pero también al ámbito civil.

Señor presidente, simplemente quiero terminar diciendo que en el Grupo Parlamentario Popular, como han puesto de manifiesto mis compañeras, vamos a seguir abiertos a intentar transaccionar alguna de las enmiendas planteadas por sus señorías e, incluso, llegar a aprobar alguna de las que se nos presenten.

Señor presidente, no sé si se va a votar el informe de la ponencia o se va a votar enmienda por enmienda, porque hay tres enmiendas de tres grupos que admitimos.

El señor PRESIDENTE: Votaremos, señor Altava, el informe de la ponencia y lo votaremos después de entrar en la proposición de ley, porque quedamos en que no votaríamos antes de las seis de la tarde. En su momento, cuando se acerquen las seis de la tarde, haremos un breve receso para que el informe de la ponencia esté claro.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Votación) 621/000108 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar, señorías, a votar la reforma del Código Penal. Concretamente, vamos a votar el texto de la ponencia, pero le vamos a pedir al señor letrado que nos haga alguna aclaración, puesto que como ha habido enmiendas transaccionales, queremos saber exactamente como queda el texto de la ponencia ya con sus cambios correspondientes.

El señor LETRADO: Además de las correcciones a las que se dio lectura anteriormente, la ponencia ha modificado su propio informe porque ha aprobado tres enmiendas de las que estaban publicadas, que son las enmiendas 600 del Grupo Socialista y la 183 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ambas son de idéntico contenido, con una corrección, puesto que, en realidad, se refieren al apartado ochenta del artículo único y no al ochenta y uno, puesto que hacen alusión al artículo 150 del Código Penal.

Por otro lado, también se incluye en el informe aprobado por la ponencia la enmienda 616 del Grupo Parlamentario Socialista. Luego, el informe de la ponencia actualmente es el texto publicado, más las correcciones a las que se ha dado lectura en un primer momento y la inclusión de estas tres enmiendas a las que acabo de hacer referencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor letrado.

Por lo tanto, vamos a pasar a votar el texto propuesto por la ponencia tal y como ha reflejado el señor letrado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: El texto de la ponencia ha sido aprobado.

Por lo tanto, señorías, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Corresponde también en este acto nombrar al miembro de esta comisión que va a presentar el texto del proyecto de ley en el Pleno del Senado.

El señor DÍAZ TEJERA: El Grupo Socialista persevera.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias por el encargo, señor Díaz Tejera.

El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone también al señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues así se hará. Muchas gracias.

Vamos a hacer un receso de cinco minutos. (Pausa).



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. 624/000003 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

A esta proposición de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, se han presentado 4 propuestas de veto y 55 enmiendas.

Vamos a pasar, si a ustedes les parece bien, a la defensa de las propuestas de veto.

En primer lugar, el Grupo Mixto ha presentado dos vetos. El primero, el veto número 2, de la señora Capella i Farré, que tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Decíamos antes, y vuelvo a repetir ahora, que esta última es una reforma que va en consonancia con la oleada de reformas impulsadas desde el más absoluto populismo punitivo. No obedece, insisto, ni a la necesidad, ni a las demandas de la ciudadanía, se mire como se mire, y se estudien ustedes y se miren los resultados del CIS como se los miren. Es una reforma que se plantea en paralelo con la propia reforma del Código Penal en curso, reforma que se reforma antes de entrar en vigor. Desde un punto de vista de técnica legislativa deja mucho que desear; desde el punto de vista de coherencia legislativa, otro tanto o lo mismo; y, a criterio de Esquerra Republicana, huye de la estabilidad normativa del derecho penal en la que nos deberíamos estar moviendo. Con esta reforma ustedes persisten en mayores recortes de derechos y libertades; en retrocesos importantes en los derechos y libertades conquistados; una reforma que limita de forma desproporcionada, innecesaria e injustificada derechos como la libertad de expresión, información, asociación, libertad de circulación, el derecho a la privacidad, es decir, la entrada y salida del Estado propio o al que se va de visita; ampliación desproporcionada, injustificada, del delito de terrorismo; nuevos tipos penales del capítulo de delitos terroristas; delitos de terrorismo tipificados de forma vaga e imprecisa. Resulta difícil, a criterio de Esquerra Republicana, reconocer qué conductas pueden ser sancionables, lo que puede concluir en una aplicación arbitraria de la legislación penal. Añaden un concepto de terrorismo ligado a la subversión del orden constitucional, seguramente mirando de reojo a Cataluña, por si se nos ocurre proclamar la república catalana, que no duden de que, si tenemos la mayoría para hacerlo, lo haremos.

Y acabo mi intervención recordando que ayer se cumplían 41 años del ajusticiamiento, del asesinato, de Salvador Puig Antich y hoy se cumplen 39 años de los asesinatos de Vitoria, 5 muertos —asesinados— y 100 heridos, por defender mejoras laborales y mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por estos motivos y por muchísimos más que han sembrado la historia reciente y antigua del Estado español, defendemos este veto por las consideraciones que he planteado en mi intervención.

Asimismo, defiendo el veto de los representantes de Izquierda Unida, salvo que el señor Iglesias quiera defenderlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

El siguiente veto, el número 1, ha sido presentado conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy sintética, porque probablemente la tarde está siendo sobrecargada en exceso de contenido y de material, después de una mañana que ya me han contado que también lo ha sido.

Simplemente quiero reafirmar que no compartimos la presentación de esta proposición de ley. Desde una perspectiva formal, yo creo que para la búsqueda del acuerdo político que permitió la proposición se ha sacrificado el procedimiento legislativo y se ha sometido a la conveniencia política la lógica legislativa. Y, además, se ha hecho en la búsqueda de la coincidencia que se alcanza exclusivamente a partir de la negación de la realidad. El acuerdo es posible porque se hace de espaldas a un procedimiento de reforma del Código Penal cuya tramitación es simultánea. Y la prueba es que en esta comisión estamos debatiendo ambas, con lo cual la esquizofrenia resulta casi inevitable.

En relación con los contenidos, simplemente quiero decir que, más allá del procedimiento, con el exclusivo objetivo de lanzar un mensaje a la sociedad, el de que se está dispuesto a combatir el terrorismo yihadista, se abordan una serie de reformas del Código Penal que en unos casos son innecesarias, puesto que los tipos actualmente existentes cubrían suficientemente y tipificaban adecuadamente las conductas que se pretenden perseguir. Frente a la realidad de otros Estados europeos, desgraciadamente, el nuestro tiene una historia negra de terrorismo de más de cincuenta años y, a lo largo de tan dilatado periodo, el Estado ha ido articulando los mecanismos de respuesta desde el ámbito legal, de los cuales, uno de los más destacados, por supuesto, es el Código Penal. Pretender por tanto que sea necesario inventar algo en la tipificación de las conductas terroristas en este momento carece de base y fundamento. Y concluyo ya.

En cuanto a la concreción de las propuestas de reforma, se realizan, por una parte, al margen de las recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales, desde el Relator de las Naciones Unidas hasta Amnistía Internacional, que precisamente insistían en cuestionar la legislación preexistente por ser esta demasiado abierta —concepto incompatible con las exigencias de legalidad y de seguridad propias del ámbito de lo penal— y, además, porque se profundiza en esos mismos vicios o defectos.

No pretendo aburrir más a los miembros de la comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Paso a defender el veto y también las cuatro enmiendas concretas que hemos presentado al articulado, y lo hago en coherencia con el debate que hemos tenido todo el día en relación con nuestro rechazo a la prisión preventiva revisable. Por estas razones presentamos el veto y pedimos la aprobación del resto de enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Para la presentación de la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a utilizar los mismos argumentos que estamos intentando transmitir durante la mañana y la tarde de hoy con respecto a la modificación del Código Penal. En ese sentido, nuestra primera objeción sería respecto al procedimiento, pues ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista han buscado en ningún momento acuerdo con nadie que no fuera uno de estos grupos. Todo esto proviene de un pacto antiterrorista firmado por el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular y el secretario general del Partido Socialista, un pacto que nosotros consideramos que lo único que pretendía era eso, una firma. Los firmantes no han querido llegar a un acuerdo en ningún momento, sino que lo único que se ha querido es una firma. Antes decíamos que el Código Penal es una de las herramientas más importantes sobre las que vamos a debatir en esta legislatura y, evidentemente, esta proposición de ley es muy importante, pues todo lo relacionado con el terrorismo dentro del Código Penal es algo que nos debe preocupar, y mucho, pero a todos; no a dos grupos parlamentarios sino a todos.

En ese sentido, que en el Congreso de los Diputados se haya seguido el trámite de lectura única nos lleva a hacer una serie de reflexiones porque, como todos sabemos, la justificación del procedimiento de lectura única que provisiona el Reglamento se basa en la sencillez del texto a debatir. Pero es evidente que la sencillez no concurre en los delitos que estamos analizando en estos momentos. Con respecto al trámite del Senado ocurre algo parecido. No se sigue el procedimiento de lectura única, sino el trámite de urgencia, con lo cual, además de poder presentar vetos y enmiendas parciales, el trámite es muy similar, pues vamos a ver aquí lo mismo que hemos dicho, que carece de reflexión y de debate la reforma del Código Penal; que no se va a aceptar nada de lo que el resto de grupos de la oposición planteamos.

El texto propuesto viene a reafirmar la prisión permanente revisable lo que en nuestra opinión, tal y como hemos dicho esta mañana, es opuesto al espíritu del acuerdo constitucional de 1978 y encuentra su justificación en el pacto antiterrorista firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista, cuyo segundo punto viene a decir: acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal. Por ello, y una vez hayamos solventado relativamente la esquizofrenia en la que nos encontramos esta tarde, pues primero modificamos el Código Penal y lo volvemos a modificar ahora en el apartado del terrorismo, sí podremos decir, para cuando entre en vigor, que el segundo punto se reconvierte en: acordar que tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será aplicable la prisión permanente revisable, en tanto en cuanto alguien no vuelva a modificar el Código Penal.

Para terminar, el senador Rodríguez Esquerdo nos trasladaba antes las reflexiones de unas personas de la ONU que habían realizado una visita al Estado español con relación al Código Penal, a su reforma y a los delitos antiterroristas, considerando lo importante que son las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. El informe dice: los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo son excesivamente amplias e imprecisas. Tal y como está redactada la ley antiterrorista, podría criminalizar conductas que no constituyeran terrorismo y podrían resultar, entre otras, restricciones desproporcionadas del ejercicio de la libertad de expresión, etcétera.

En definitiva, es evidente que todos los grupos estamos terriblemente preocupados con el terrorismo. Es evidente también lo que se ha sufrido además en el Estado español durante estos últimos cincuenta años con la existencia del grupo terrorista ETA; es evidente. Por eso mismo, entiendo que habría sido mucho más sencillo buscar la complicidad del resto de las fuerzas políticas en un asunto tan importante que no buscar solo la firma, a pesar de no tener un acuerdo con el resto de fuerzas políticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Para el turno en contra me han solicitado la palabra dos portavoces.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Permítanme, en primer lugar, señor presidente, señorías, que, a pesar de la hora que es y del tiempo que llevamos aquí, este portavoz empiece por manifestar en esta comisión su homenaje cariñoso y cálido a la gente que ha sufrido esto.

Empezamos esta mañana debatiendo sobre el estatuto de las víctimas. A los españoles en general —y, en particular, permítanme esta referencia cariñosa a los vascos, a los madrileños, a aquellos lugares de España donde han vivido experiencias de esta naturaleza; recuerdo también Sevilla y muchos otros— poca gente de fuera de España nos tiene que venir a explicar este fenómeno. Por lo tanto, en primer lugar, un cariñoso homenaje a las víctimas del terrorismo.

En segundo lugar, señor presidente, quiero manifestar que intervengo en nombre del Grupo Socialista por dos razones: primero, por lealtad al grupo al que represento y, segundo, por convicción personal en la defensa que voy a hacer. Yo lamento discrepar de otros colegas y amigos que me han precedido y que han presentado su veto; son colegas, son amigos, saben que los aprecio, pero, con todo cariño y toda lealtad, discrepo de su planteamiento.

Y quisiera invertir el razonamiento, señor presidente. ¿Cómo creen sus señorías que estaremos mejor los españoles, desde el punto de vista de la proyección internacional, en la lucha contra el terrorismo? ¿Creen ustedes que después de la entrada en vigor de este texto estaremos mejor o estaremos peor? Es más, incluso sin la entrada en vigor de este texto, tan solo con la firma de los presidente de los dos partidos políticos mayoritarios en España ¿estaremos mejor o estaremos peor? Yo no tengo ningún inconveniente en manifestar lo mismo que dijo mi portavoz en el Congreso, que esto no es un asunto solo del Partido Popular y del Partido Socialista, es un asunto de todos los demócratas; no es un asunto solo de izquierdas y derechas, es un asunto de todos los demócratas sin excepción, es un asunto de todos los españoles de bien. Pero en ocasiones hay dinámicas y situaciones que se imponen y, de igual forma que hay relaciones y acuerdos interpartidarios que son absolutamente legítimos, a veces una respuesta pronta, una respuesta inmediata genera un impacto que es importante a la hora de preservar la seguridad de todos los españoles, que es una de nuestras primeras responsabilidades. Ciertamente, ojalá se pudiera haber hecho de forma distinta, pero si no ha sido posible hacerlo de forma distinta, así es bueno. ¿Es mejor? Cierto; pero así también es bueno y estamos en mejor posición a la hora de defender el interés general de los españoles.

¿Y de qué forma los diputados y las diputadas, de qué forma los senadores y las senadoras podemos responder a este fenómeno? Solo tenemos una posibilidad, que es la ley. Es verdad que existen las políticas públicas para generar esperanza, para luchar contra la desigualdad; es verdad que las guerras identitarias pueden reclutar a personas en nuestras filas, como han reclutado a franceses, a daneses o a ingleses; es verdad que la lucha contra la desigualdad, la lucha a favor de la esperanza puede quitar argumentos a esas sectas. Pero fíjense ustedes que este acuerdo se firmó el día 2 de febrero; el día 20 de febrero, señor presidente, tres adolescentes londinenses se incorporaron, vía Estambul, a estos grupos. Por lo tanto, hay una situación de perplejidad, hay una situación de desconcierto, hay una situación de ignorancia de cuáles son las últimas motivaciones que llevan no solo a hombres, es decir, a varones, sino a mujeres a incorporarse a esos grupos en esos lugares. Y ante esta situación de desconcierto y perplejidad, ¿qué tiene de malo que los dos principales grupos lleguen a un acuerdo, que no es cerrado y que no es exclusivo, sino que deja abierta la posibilidad de que se incorporen más personas? Incluso si se fijan ustedes en las personas que firman el texto, aparte de los dos secretarios generales, los dos portavoces de los dos grupos, hay otros parlamentarios que no integran ninguno de esos dos grupos y, en general, está abierto a que otras personas se puedan incorporar. Luego a mí no me parece que el argumento central sea: como ustedes dos lo firmaron, cierran la posibilidad de que se incorporen otros. Primero, esa posibilidad no está cerrada, está abierta. En consecuencia, considero que más que una cuestión de dinámica y ritmos parlamentarios, seguramente el desacuerdo pueda estar en el contenido, no solo en el iter, sino en el contenido del texto.

Y vuelvo a insistir en una expresión sobre la que ya hemos trabajado en otro momento. Aquí tenemos experiencia con grupos terroristas, como el caso del Grapo, el caso de ETA, que eran estructuras jerárquicas con líderes reconocidos, cada uno con su función, con una financiación y con unos referentes. En este caso, todos los tratadistas —y reclamo en especial al Instituto Español de Estudios Estratégicos y a algunos otros más— hablan de que este es un fenómeno polimórfico, que tiene diversidad de centros y de periferias y que es difícil encuadrar en una estructura jerárquica; incluso hablan de la extrema crueldad en la captación y de la extrema crueldad en el entrenamiento de los adeptos. Pero yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que alguna de las consideraciones que han hecho las señorías que han intervenido antes que yo son bastante fundadas. Por ejemplo, una de ellas —que yo he leído— de algún magistrado de la Audiencia Nacional, amigo personal, que me dice: Mira, Arcadio, todo lo que propone el contenido de ese texto ya se podría hacer con el ordenamiento jurídico vigente. Pero otro compañero, también amigo, me decía: Hay realidades que con el ordenamiento jurídico que está en vigor no podemos abordar, tenemos dificultades como, por ejemplo, una de las primeras enmiendas que han presentado de forma conjunta los dos grupos mayoritarios relativa a la financiación del terrorista individual.

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué razón dos magistrados muy cualificados, con una larga experiencia en esta lucha, la posición de uno es que con lo que está en vigor no hace falta esta reforma y la posición del otro es que sí hace falta porque hay agujeros por donde se escapa la realidad terrorista y ellos están imposibilitados para encararla con eficacia y con eficiencia?

¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el derecho, señor presidente, es una ciencia valorativa y, como es una ciencia valorativa, cabe la perspectiva del análisis de uno y cabe la perspectiva del análisis del otro; las dos realidades están dentro de la realidad del derecho, de la realidad de la carrera judicial. ¿Qué sucede a la hora de aplicar este texto, que no solo es la exposición de motivos? La exposición de motivos hace referencia a la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de septiembre de 2014, que hace referencia a otra de 2001, la 1373, que permanentemente está llamando a los Estados a que se cercioren —en esta ocasión discúlpeme que incumpla el Reglamento del Senado que prohíbe la lectura, pero permítamelo para ser preciso— de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito. Los Estados miembros tienen que estar permanentemente revisando, engrasando y afilando todo su instrumental jurídico, porque no tenemos otra cosa que no sea la ley; en políticas públicas, insisto, la lucha contra la desigualdad, quitar argumento a la miseria, a las necesidades de búsqueda de una identidad en torno al grupo, en torno a una interpretación de algunas posiciones ideológicas, filosóficas o religiosas, etcétera; pero nuestro instrumento sobre todo es la ley. Fíjense sus señorías que se plantean los artículos 571, 572, 573, 573 bis, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 579 bis y 580. Díganme ustedes una cosa. Algún compañero ha afirmado que se plantean aquí tipos penales abiertos. Yo discrepo en general de los tipos penales abiertos, no es una buena técnica, pero en última instancia, cuando vivimos realidades tan cambiantes como esta, sugiero una cierta confianza en quien va a aplicar la ley, porque sabido es que la ley no dice lo que dice la ley; la ley dice lo que dicen los jueces que dice la ley, y en esto yo confío en los jueces españoles.

¿Qué se plantea en este conjunto de artículos? Se plantea dotar al ordenamiento jurídico de una mayor flexibilidad y de una mayor permeabilidad a la hora de abordar estas realidades. En el ámbito de la defensa, los que han trabajado esto insisten mucho en que los modernos ejércitos necesitan tres cosas: primero, un mando único centralizado; segundo, una logística para poner cientos de personas en cualquier lugar del mundo en veinticuatro horas y mantenerlos; y, tercero, inteligencia. La mejor manera de combatir este fenómeno está en el campo de la inteligencia, está en el campo de la información, está en el campo de la lealtad entre todos los demócratas y en la disponibilidad para estar permanentemente afilando, engrasando y preparando nuestro instrumental jurídico.

En cuanto al argumento que se utiliza con relación al Grupo Socialista, señor presidente —y con esto ya acabo—, se nos dice que tenemos un desdoblamiento esquizoide: una determinada posición respecto a las enmiendas relativas al Código Penal y la prisión permanente revisable, que, sin embargo, nos hemos tragado en el acuerdo que se ha suscrito sobre antiterrorismo yihadista. Con toda sinceridad, les diré que en la exposición que hizo en el Congreso de los Diputados el portavoz de nuestro grupo, Antonio Hernando, lo abordó con claridad, diciendo que no se pretendía soslayar. Y se ha sido leal con el Partido Popular y el Partido Popular ha sido leal con el Partido Socialista. Porque el Grupo Socialista le ha manifestado al Grupo Popular que está en desacuerdo con la prisión permanente revisable y que, apenas tenga la oportunidad, lo va a modificar. Pero no por eso va a dejar de suscribir un acuerdo que modifica este conjunto de artículos, por supuesto que no, porque tanto el Gobierno como la oposición entendemos que la lucha antiterrorista es un asunto de Estado. Ya tenemos suficientes razones para mantener el debate interpartidario, como se ha acreditado a lo largo de todo el día, pero, ciertamente, no por eso vamos a dejar de firmar el acuerdo. Por tanto, como eso se le ha manifestado al Grupo Popular, este es consciente de nuestra posición al respecto. No por tener una diversidad de criterio en torno a la prisión permanente revisable vamos a dejar de suscribir algo que creemos da un instrumental jurídico más adecuado, más flexible y más ajustado a este nuevo fenómeno polimórfico. Y por eso hemos firmado este acuerdo y por esa razón he planteado a doña Rosa Vindel que quería compartir con ella esta intervención como portavoz. Podía haber acudido al expediente de que yo no hablo y que solo lo hiciera doña Rosa Vindel, pero no entendemos así la lealtad del Grupo Socialista. Cuando llegamos a un acuerdo, damos la palabra, firmamos y ponemos la cara.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

En turno en contra, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer la intervención del senador Díaz Tejera y su lealtad, y decirle también, señoría, algo que sabemos todos: es imposible que su señoría no intervenga. (Risas). Y además, nos alegra mucho que haya intervenido, en este caso.

Voy a consumir la segunda parte de este turno en contra de los vetos presentados, no sin antes decir que estoy plenamente convencida de la preocupación de sus señorías de todos los grupos por el terrorismo yihadista; seríamos unos irresponsables si no lo estuviéramos. Y también quiero invitarles, como ha hecho el senador Díaz Tejera, a que se lo piensen y, por favor, si es posible, firmen este acuerdo de aquí a que sea ya definitiva su aprobación la semana que viene por el Pleno.

Me es muy difícil hablar de terrorismo en este país, porque desgraciadamente sabemos demasiado de terrorismo. El terrorismo, señorías —estarán de acuerdo conmigo—, es el peor enemigo de la democracia, de cualquier democracia, y es el peor enemigo de España. Al igual que el senador Díaz Tejera, quiero rendir desde aquí un homenaje muy sentido y un recuerdo muy cariñoso a las víctimas del terrorismo desde la solidaridad y el afecto que les tenemos, además de un inmenso respeto.

Sabemos que la respuesta al terrorismo viene de varios sitios: viene de la unidad política, viene de la unidad ciudadana y, por supuesto y en primer lugar también, viene del Estado de derecho con modificaciones legislativas en el ámbito penal, en el ámbito procesal y en el ámbito policial. Desgraciadamente, sabemos —y sabemos bien— de su dimensión en clave interna y también en clave internacional. Hasta ahora hemos hecho prevalecer la vida y la libertad frente a la dictadura y la violencia de los asesinos, pero, señorías, estamos ante una nueva forma de terrorismo, un nuevo modelo de terrorismo. El terrorismo yihadista es un desafío que está en auge, afecta a todas las sociedades, ninguna está exenta de esta amenaza. Ya no solamente es —que también— el atentado de Charlie Hebdo en el supermercado judío en París, son las atrocidades del grupo de salvajes de Boko Haram, etcétera, etcétera.

Constatamos que nuestra legislación no es aplicable con igual efectividad ante el terrorismo yihadista, porque, señor presidente, este es diferente en naturaleza, en composición, en alcance y en su modalidad. Entre las nuevas formas de acción de este modo de terrorismo está la yihad virtual, sitios web yihadistas en la mayoría de los idiomas occidentales para atraer y reclutar nuevos voluntarios; está el secuestro de rehenes para financiar actividades terroristas con el dinero obtenido de los rescates para lograr la liberación de presos yihadistas, para mantener el nivel de amenaza, para proteger a los grupos terroristas con escudos humanos y para crear santuarios en las tierras de la yihad; está también la creación de redes para la transferencia de los voluntarios a las tierras de la yihad: los envían allí con el fin de que adquieran experiencia en la lucha, constituyan grupos operativos una vez que están de vuelta en sus propios países y sigan perpetrando actos criminales; y, por si todo esto fuera poco, también tenemos los actos de terrorismo perpetrados por individuos aislados, lo que llaman lobos solitarios o bien células durmientes.

Ante un desafío de estas proporciones, debemos adecuar el tratamiento jurídico a las circunstancias de un fenómeno completamente cambiante. Creemos que esta proposición de ley responde a esta necesidad, a la necesidad de dar la respuesta más adecuada posible a este desafío terrible al que nos enfrentamos. Y creemos también que esta proposición atiende a la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que insta a realizar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar la prevención, la persecución y el castigo de estos delitos. Son diez artículos del Código Penal que modifican el tratamiento punitivo para las organizaciones y grupos terroristas, la nueva definición de terrorismo, la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas con el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación o empleo de los mismos. Se recoge también de manera particular la agravación de la pena cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos o cualesquiera otros de similar potencia destructiva. Se tipifica el adoctrinamiento y adiestramiento militar o de combate, así como el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención si es a través de internet. Se refiere también a la pena para las conductas relacionadas con la financiación del terrorismo, las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando, por supuesto, la pena cuando estos se dirijan a menores. Se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de otros mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. Y, finalmente, las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia.

Creo que tenemos la obligación de reaccionar. Y ya que estamos tan preocupados, cuanto antes, mejor. Y la prueba es este texto que traemos a la comisión para que sea aprobado, para que también lo apruebe el Pleno y pueda entrar en vigor lo antes posible para defendernos, para defender a toda la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

Senadora Capella, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

¿Senador Bildarratz? (Denegaciones).

El señor Saura no está en la sala.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Si bien estamos de acuerdo en que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza grave contra la paz y contra la seguridad que debemos prevenir y reprimir, esto no puede evitar que mostremos nuestra discrepancia profunda con la forma en que se ha gestado este proyecto de ley. Se ha llevado a cabo de una forma bipartidista, que se aleja de aquellos amplios consensos imprescindibles para temas como el que nos ocupa. Se ha solemnizado como un pacto a dos y, después, se ha pretendido que los demás grupos se adhieran a él mediante sus aportaciones.

Las formas no han sido las adecuadas debido al pacto meramente bipartidista y debido a las prisas con las que se ha tramitado, que han propiciado que un tema tan delicado haya sido tramitado en el Congreso de los Diputados sin informe de ponencia y sin dictamen de la Comisión de Justicia, justamente cuando hablamos de tipos penales importantes y cuando detectamos en el texto del proyecto una extensión desmesurada del tipo penal; un texto plagado de conceptos jurídicos indeterminados que contiene tipos ilícitos abiertos, que no están de acuerdo con la Constitución.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional advierte de que debemos definir con mayor precisión los tipos penales y más cuando se hace de forma tan abierta y extensiva; y todavía más en este caso en que la pena puede ser de un tipo al que Convergència i Unió se opone: la prisión permanente revisable.

Por lo tanto, aunque compartimos la finalidad de luchar contra el terrorismo, no aceptamos que sea a costa de la seguridad jurídica. No se puede aceptar que en este ámbito de la lucha contra el terrorismo queden tipos abiertos y sin definir, que puedan tener esta aplicación extensiva que causa peligro en su aplicación.

Concluyo con una reflexión y es que en la cumbre de la ONU sobre terrorismo, que se celebró en Madrid en el año 2005, se alertó sobre los abusos que en ocasiones los Estados podían llegar a cometer en la lucha contra el terrorismo mediante modificaciones legislativas con el objetivo de disuadir, de dificultar o de defender lo que todos compartimos, que es luchar contra el terrorismo, y que se llegaran a eliminar derechos y libertades garantizados por el derecho internacional sobre derechos humanos. En este sentido, el alto comisionado de Naciones Unidas sobre derechos humanos decía que las medidas antiterroristas siempre deben ser compatibles y respetar íntegramente los principios de necesidad y de proporcionalidad.

Convergència i Unió reclama una reforma que sea exigente, que sirva para incrementar los mecanismos que el ordenamiento jurídico tiene para luchar contra el terrorismo y estas nuevas formas de terrorismo internacional, pero también es necesaria esa exigencia en la observancia del principio de seguridad jurídica.

Esperemos que mediante la aprobación de las enmiendas presentadas se puedan corregir y mejorar estos y otros aspectos del proyecto de ley que hoy es objeto de dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera en este turno de portavoces.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Yo quisiera preguntar a las señorías aquí presentes lo siguiente: en el ámbito de la lucha contra el terrorismo ¿hay alguna especificidad atinente a las escuchas telefónicas sin autorización judicial? En el ámbito de la lucha contra el terrorismo ¿hay alguna especificidad en el ámbito de la comunicación del interno y el derecho a designar su abogado? La respuesta es sí; en el ámbito de la lucha contra el terrorismo sí hay especificidades que no se dan en general en la lucha contra la delincuencia común.

No estamos hablando de los años ochenta ni de cuando se buscaban atajos al margen del Código Penal; estamos haciendo algo con absoluta transparencia: reformar aquellos apartados que nos parece que son necesarios. Y si se fijan ustedes en el grupo de las enmiendas que han presentado de forma conjunta el Grupo Popular y el Grupo Socialista, verán que estas plantean su reubicación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque estamos hablando de las condiciones de perseguibilidad de los delitos en este campo. Esto tiene que ver con el artículo 577, tiene que ver con el artículo 580, tiene que ver con la conexión con los españoles, tiene que ver con la financiación del terrorista individual y lo que se está haciendo es situarlo en el ámbito que se considera más adecuado. ¿Por qué razón? Porque el mensaje y la comunicación que se quería conseguir con un impacto pronto, después de aquella manifestación que se celebró en París ―a la que asistieron gran parte de los dirigentes políticos mundiales―, es que si hubiera acontecido algo semejante en aquel momento en el país, ¿creen ustedes que habría sido responsable que el Grupo Socialista no firmase ese acuerdo porque está en desacuerdo con la prisión permanente? Pues no; no habría sido responsable dejar de firmar un acuerdo que afecta a once artículos porque estuviésemos en desacuerdo con la pena de prisión permanente.

Hemos sido leales con el otro grupo firmante, el Grupo Popular, y por eso le dijimos claramente que estábamos en desacuerdo con ese punto y que cuando tuviésemos la posibilidad, lo modificaríamos; pero no por eso íbamos a dejar de firmar este acuerdo y no por eso íbamos a tratar de conseguir ese impacto porque es muy importante que ese mensaje cale en general, no solo en nuestra población, sino en aquellos que puedan estar participando en este tipo de redes.

¿Saben ustedes cuántas niñas en España están bajo el peligro de que les extirpen el clítoris, según los datos de los grupos que trabajan en este campo? Son 17 000 niñas. ¿Qué ocurre con esto que estoy diciendo? Que esa es una realidad que existe. Antes puse el ejemplo de las tres adolescentes londinenses y es que es una realidad que existe y que no terminamos de captar. Por lo tanto, la conclusión es que, en la medida de lo posible, esto intenta abordarlo; seguramente será insuficiente y habrá que seguir haciéndolo, pero cuanta más gente participe será muchísimo mejor porque el impacto normativo y el impacto mediático será mucho más profundo.

Ciertamente hay que responder a la pregunta sobre si, en relación con la lucha contra este fenómeno, estamos mejor o peor que antes de la firma del acuerdo, o si estamos mejor o peor que antes de la reforma de estos artículos y si estaremos mejor o peor cuando entren en vigor. Insisto en ponerles el ejemplo de los dos magistrados amigos de la Audiencia Nacional; uno me decía que no hacía falta, pero el otro decía que sí porque hay rendijas por donde se cuela el terrorismo. Antes sabíamos qué hacer en el caso de otros fenómenos terroristas, pero no sabemos cómo abordar este fenómeno y hay ámbitos en los que nos va ganando. De ahí la necesidad de afilar, de engrasar y de poner al día nuestro arsenal, un arsenal jurídico, y nuestra principal herramienta: la ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Hablando de las rendijas a las que se refería el senador Díaz Tejera, les diré que hay un dicho por ahí que dice que es imposible coger toda el agua del océano con una mano; es cierto, pero cuanto antes empecemos a poner diques al agua del océano, mejor que mejor.

Se nos dice que esta modificación se ha realizado con mucha prisa pero, señor presidente, cuando nos hablan de prisa y de que el reloj y el calendario van demasiado rápido, tengo que decir que este acuerdo se ha realizado desde la lealtad y por responsabilidad. Y desde la lealtad y por responsabilidad, vamos a votar en contra de los vetos, votaremos a favor de las enmiendas que hemos presentado de forma conjunta los dos grupos y votaremos en contra del resto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vindel.

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 2, presentada por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 1, presentada de forma conjunta por el senador Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 3, presentada de forma conjunta por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 18; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalizado el debate y votación de las propuestas de veto, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, se han presentado tres grupos de enmiendas: por el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, con la enmienda número 1; las enmiendas 17 a 22, presentadas por usted misma, señora Capella y, por último, las enmiendas 2 a 16, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Doy por defendidos los tres bloques de enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

El señor Bildarratz, por el Grupo Parlamentario Vasco, ha presentado las enmiendas 27 a 40.

Tiene su señoría la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las enmiendas 23 a 26.

El señor Bruguera tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

También las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, la señora Rieradevall presenta las enmiendas 41 a 51.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Los grupos parlamentarios socialista y popular presentan las enmiendas 42 a 55. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? (El senador Díaz Tejera pide la palabra).

Si le digo senador Arcadio, habremos convertido Arcadio en apellido ya definitivamente.

Senador Díaz Tejera, tiene usted la palabra

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, me llame usted Arcadio o me llame Díaz Tejera, siempre y cuando nunca omita el apellido de la madre, yo estaré contento. Porque la madre, con seguridad, nueve meses; el padre, que en paz descanse, no se sabe cuánto tiempo; cinco minutos o cinco horas, pero nueve meses, nunca. (Risas). Perdone este comentario, es para relajar un poquito el ambiente, a pesar del objeto de análisis en este momento. Comparto el turno, como antes hice con los vetos, con la compañera Rosa Vindel, si me permite el tratamiento. (Asentimiento.— Risas). Yo le he pedido permiso, ha asentido, y por eso lo he usado.

El señor PRESIDENTE: No ha dicho usted el apellido de su madre. (Risas). Solo ha dicho el del padre.

El señor DÍAZ TEJERA: Le acepto la corrección. Ha sido una omisión imperdonable por mi parte.



Le pido disculpas.

Antes decía, en el turno anterior, que las enmiendas que presentábamos conjuntamente, de la 51 a la 55, si se fijan ustedes, la 51 y la 53 son remisiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial: la ubicación sistemática no en el Código Penal, sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La 55 es por un criterio de conexión con España y la 54 insiste en el mismo asunto: la reubicación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. De más contenido me parece a mí es la número 52, que tiene que ver con la financiación del terrorista individual, uno de los asuntos en que más nos insisten algunos jueces y fiscales que trabajan en el Audiencia Nacional. Por ahí resulta en ocasiones frecuente que se escape el razonamiento y que sea difícil encajarlo. De ahí la importancia de esta expresión que se incorpora en el artículo 577 y que plantea esta reubicación que parece más razonable.

Con estas cuatro enmiendas se ve en la práctica que no es un asunto que ab initio se daba por cerrado, sino que sigue permanentemente abierto y que se está permanentemente mejorando, porque no es tanto el tiempo transcurrido desde el debate en el Congreso al de aquí en el Senado. Por eso se han incorporado estas cuatro enmiendas, que ya doy por defendidas, sin que sirva de precedente la brevedad de esta intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Señora Vindel, tiene la palabra.

La señora VINDEL LÓPEZ: Para acabar con este turno, señor presidente, señorías, estas cuatro enmiendas mejoran el texto que nos ha llegado del Congreso. Lo mejora sobre todo la primera de estas enmiendas, y las otras tres también, aunque son más bien formales y técnicas.

A estas horas y después de llevar aquí desde las once de la mañana, señor presidente, se agradecen dos cosas: el buen humor del senador Díaz Tejera y la brevedad por mi parte. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vindel.

Procuraremos no perderlo porque queda tarde todavía.

Vamos a pasar al turno en contra, por si alguien lo quiere ejercer. (Denegaciones). Si no, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?

La señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Aunque mi grupo considera que hay que combatir el terrorismo y atajar las nuevas y peligrosas formas de terrorismo internacional, también es cierto que debería hacerse desde el consenso, desde el rigor jurídico y cumpliendo las normativas internacionales. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo en las formas que han caracterizado la tramitación de la presente proposición de ley ni tampoco en algunos puntos de su contenido.

En el artículo 573 bis.1.1.º se está legislando remitiendo a la prisión permanente revisable. Apoyar este artículo es avalar la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable vulnera la seguridad jurídica, va en contra del principio de reinserción social que señala nuestro sistema penal, y es un término de dudoso encaje constitucional.

Insistimos en que son los medios y no la finalidad los que convierten al terrorismo en delito: o estamos ante medios violentos o no hay delito de terrorismo. No compartimos ni consideramos tampoco que la mera navegación por internet accediendo a determinadas páginas pueda ser considerada finalmente como un delito de terrorismo. Quien difunda, sí; quien navegue, no. Debemos ser coherentes con el principio de seguridad jurídica y tener muy claro qué debemos considerar un tipo final, de lo contrario corremos el peligro de instaurar un sistema precrimen parecido al de la película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg en 2002: Minority Report.

No podemos, por lo tanto, tampoco, apoyar la posibilidad de cometer un delito de colaboración con una organización o grupo terrorista de forma culposa o a título de imprudencia. Lamentamos que el Grupo Popular no haya podido aceptar las enmiendas presentadas, y esperemos que hasta la celebración del Pleno esto sea posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para este turno de portavoces tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Sin que sirva de precedente, señor presidente, no haré uso del turno. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Si no lo veo, no lo creo, señor Díaz Tejera. (Risas).

Señora Vindel, tiene usted la palabra.

La señora VINDEL LÓPEZ: Lo siento, yo sí, señor presidente. Simplemente, para decirle a la señora Rieradevall que no le traicione su subconsciente, señoría. En este caso, para aceptar sus enmiendas, nos tendríamos que poner de acuerdo el Partido Socialista y nosotros, no solamente depende de nosotros.

Señor presidente, ante la insistencia en los mismos argumentos, repetidos hasta la extenuación, yo invito a la reflexión a sus señorías de aquí al Pleno para que puedan votar; piensen, mediten, pero estaríamos encantados de que pudieran votar a favor de este texto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vindel.

Vamos a proceder a votar estas enmiendas por el orden anterior.

Enmienda número 1, presentada por el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 17 a 22, presentadas por la señora Capella i Farré del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2 a 16, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 27 a 40 del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 23 a 26 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 41 a 51 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 52 a 55 presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 1; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Vamos a votar, a continuación, el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes que pudieran considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubiesen sido aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 1; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda sido aprobado.

Ha sido, por tanto, dictaminada por la Comisión de Justicia la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Procede, señorías, designar al miembro de la comisión que va a presentar esta proposición de ley en el Pleno del Senado.

El señor DÍAZ TEJERA: El Grupo Socialista, señor presidente, propone, como siempre lo hace, que lo sea usted.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho.

El señor ALTAVA LAVALL: Nadie mejor que el señor presidente para representar a esta comisión.

El señor PRESIDENTE: Muy agradecido por el honor y el encargo, y así se hará.



DEBATIR

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE MONDOÑEDO (LUGO). 661/000499 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE CHANTADA (LUGO). 661/000500 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE VILALBA (LUGO). 661/000501 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE MONFORTE DE LEMOS (LUGO). 661/000502 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE VIVEIRO (LUGO). 661/000503 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE SARRIA (LUGO). 661/000504 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE A FONSAGRADA (LUGO). 661/000505 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE BECERREÁ (LUGO). 661/000506 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE XINZO DE LIMIA (OURENSE). 661/000516 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE VERÍN (OURENSE). 661/000517 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE RIBADAVIA (OURENSE). 661/000518 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE A POBRA DE TRIVES (OURENSE). 661/000519 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELANOVA (OURENSE). 661/000520 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE O CARBALLIÑO (OURENSE). 661/000521 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE). 661/000522 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL PARTIDO JUDICIAL DE BANDE (OURENSE). 661/000523 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: debate y votación de mociones.

Señorías, vamos a debatir en primer lugar varias mociones agrupadas referentes a instar al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de: Mondoñedo (Lugo), Chantada (Lugo), Villalba (Lugo), Monforte de Lemos, (Lugo), Viveiro (Lugo), Sarria (Lugo), Fonsagrada (Lugo), Becerreá (Lugo), Xinzo de Limia (Ourense), Verín (Ourense), Ribadavia (Ourense), Pobra de Trives (Ourense), Celanova (Ourense), O Carballino (Ourense), Barco de Valdeorras (Ourense), y Bande (Ourense.)

Estas mociones van a ser presentadas por los senadores Fidalgo y Varela.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una serie de mociones para que los ocho partidos judiciales de la provincia de Ourense continúen existiendo tal y como están en este momento. Son los siguientes: Ribadavia, O Carballiño, Celanova, Bande, Verín, Xinzo de Limia, Barco de Valdeorras y Pobra de Trives.

Creemos que el Senado debe tener un posicionamiento claro y rotundo como Cámara de representación territorial ante la alarma social que se ha creado por el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en Consejo de Ministros el día 4 de abril de 2014, y que supone la desaparición de los partidos judiciales existentes con la creación de los tribunales provinciales de instancia.

Los colectivos de funcionarios, a través de los sindicatos, jueces, colegios profesionales de abogados y procuradores, la Administración Local, los ayuntamientos de estas comarcas y el propio Parlamento de Galicia, se han pronunciado en contra de esta medida en tanto en cuanto esta supondría un duro golpe por la desaparición de servicios públicos, aparte de que agravaría otros recortes que ya existen en otros servicios públicos para las comarcas del rural donde la despoblación es una seña de identidad, hasta el punto de que es un tema de Estado, y de hecho este Senado ha creado una comisión especial para estudiar el problema de la despoblación, donde ya se va avanzando que los servicios públicos de todo tipo son fundamentales para mantener la población. Además, es necesario que la justicia sea un servicio cercano, más aún en estos momentos, en que hay un montón de demandas por determinados fraudes financieros, caso de las preferentes, desahucios, embargos y problemas de seguridad, por lo que se hace necesario que la gente del rural no tenga un servicio más caro y no les sea más difícil acceder a un servicio público tan fundamental como es el de justicia.

Por esa razón el Grupo Parlamentario Socialista defiende la existencia de estos partidos judiciales. Es algo que le preocupa, pero también cree que en determinado momento este proyecto se podrá retomar de nuevo. De hecho, en determinadas respuestas parlamentarias a que este senador ha tenido acceso, concretamente en una muy reciente del día 30 de septiembre, el propio Gobierno justifica y se reafirma en la necesidad de seguir con esa reforma, pero juega con un lenguaje engañoso y viene a decir de alguna forma que van a permanecer los edificios pero les quita los jueces, secretarios, fiscales y funcionarios. Nosotros creemos que eso no es suficiente. En nuestra opinión el partido judicial debe seguir existiendo con su personal y con toda la actividad que desarrolla en ese sentido.

Manifestamos, por tanto, que el Senado debe pronunciarse a favor del mantenimiento de los partidos judiciales y en concreto de estos ocho de las comarcas de la provincia de Ourense, lo que doy por defendido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

También por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Señorías, intervengo brevemente puesto que mi compañero por la provincia de Ourense creo que ya ha explicado con bastante claridad cuál es nuestra preocupación.

La cuestión que motiva las mociones que presentamos trae causa del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada en Consejo de Ministros el día 4 de abril de 2014, aunque finalmente no fue remitida al Parlamento. En relación con el tema que nos interesa el texto hacía referencia a cuestiones relativas a la demarcación y planta judicial, creación de los tribunales provinciales de instancia y modificación de la estructura de los tribunales. Finalmente todo esto viene a significar, desde nuestro punto de vista, que la consecuencia práctica y final sería la desaparición de los partidos judiciales.

Como casi todo lo elaborado por el Ministerio de Justicia durante el período de mandato del señor Ruiz-Gallardón, lo que recibió esta propuesta, como casi todo lo que nació de ese ministerio en ese período, fue un rechazo unánime. Un rechazo tan unánime, que jueces, fiscales, funcionarios, sindicatos, usuarios, ayuntamientos y partidos políticos se posicionaron claramente en contra de esta medida que proponía el Gobierno.

Estas mociones tienen fecha de mayo del año pasado, de mayo de 2014 —seguramente habría que hacer una pequeña reflexión sobre la utilidad en cuanto a la inmediatez de las cuestiones que afectan a los ciudadanos que pueda tener esta Cámara—, y desde aquel momento hasta hoy han pasado muchas cosas. Ha llovido mucho, por lo menos, en Galicia. Cesó el ministro, y creo que el Gobierno empezó a mirar de reojo el posible marcador electoral, de ahí que conociéramos que el Gobierno manifestaba su voluntad de que la intención de que los partidos judiciales desaparecieran fuera paralizada. Sabemos que el proyecto entró en el Consejo de Ministros y que no salió. Pero tampoco tenemos la certeza de que fuera a la papelera. No sabemos en qué situación está. ¿Se encuentra este proyecto en estado latente, en una situación durmiente?

El señor Catalá, el nuevo ministro de Justicia, el 29 de enero de 2015 dijo que descartaba la supresión de los partidos judiciales por entender que no es el momento adecuado. Esta frase es muy significativa y muy explícita. Si no es el momento adecuado, no es que la pretensión sea inadecuada sino que lo que inadecuado es el momento. Lógicamente, creemos que el hecho de que el Gobierno haya dejado esta intención durmiendo, como digo, en un cajón y no la haya retirado definitivamente tiene mucho que ver con las próximas elecciones, con las convocatorias de las municipales y autonómicas. Por tanto, surgen muchas dudas. La credibilidad del Gobierno en todo aquello a que se compromete es, como ustedes saben, bien escasa; por eso, a pesar de que el Gobierno diga que este no es el momento mantuvimos estas mociones. Creemos que lo que debe decir el Gobierno es que esa decisión o pretensión no es adecuada, que esa pretensión daña a los ciudadanos, como decía mi compañero, daña a los municipios, daña el acceso a la justicia, daña el derecho a ser justiciado, a la cercanía, y también al ahorro económico, porque, como ustedes comprenderán, para los ciudadanos no es lo mismo ser atendidos en el entorno de su circunscripción —el partido judicial suele coincidir con su comarca— que tener que serlo en la capital de la provincia.

Las mociones que presentamos y mantenemos aquí, en el Senado, a pesar de esa manifestación del Gobierno, para nosotros son la prueba del algodón: queremos comprobar la voluntad sincera del Partido Popular, no de aparcar el anteproyecto, sino de eliminar de forma definitiva esa pretensión del Gobierno. Queremos que el Senado, Cámara territorial, se manifieste en relación con esa nueva posición del Gobierno, abundando en la necesidad de que desaparezca esa intención de eliminar los partidos judiciales. Como digo, es la prueba del algodón, y hoy vamos a ver en el Senado si hay una voluntad sincera por parte del Gobierno o se trata de un puro regate electoral antes de las elecciones municipales. Hay que recordar que prácticamente todos los ayuntamientos rechazaron de forma unánime la pretensión de eliminar los partidos judiciales. Por lo menos en Galicia así fue: en los ayuntamientos, en la diputación, y de forma unánime en un Pleno del Parlamento de Galicia.

El señor PRESIDENTE: Vaya usted aligerando, senador, por favor.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Decía que, en un Pleno, el Parlamento de Galicia manifestó de forma unánime la oposición a la eliminación de los partidos judiciales. Esta es la razón de que presentáramos estas mociones y de que las hayamos mantenido y las defendamos hoy en esta comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Voy a comenzar mi intervención en este turno en contra diciéndoles a los señores senadores Varela y Fidalgo que pensé que estas mociones —las ocho sobre la provincia de Lugo y las ocho que corresponden a la provincia de Orense— no se iban a terminar debatiendo porque, aunque es verdad que se presentaron hace aproximadamente un año, creo que entonces no hubieran tenido defensa pero que ahora tampoco la tienen. Y le voy a explicar por qué no tenían explicación ni defensa entonces y creo que tampoco ahora.

Ustedes, en la exposición de motivos de todas y cada una de las dieciséis mociones —todas ellas son iguales, como no podía ser de otra manera; solo cambia en la cabecera el partido judicial y los pueblos que conforman cada uno de esos partidos— empiezan fijando una premisa falsa que han vuelto a repetir ahora. Dicen que el Gobierno acaba de anunciar —lo decían en aquel momento— la supresión de los partidos judiciales en Galicia. Esto era en mayo de 2014. Insisto: es una afirmación falsa. Y también lo es decir que las sedes de todos los partidos judiciales desaparecerían. Me gustaría saber quién, cuándo y dónde, qué miembro del Gobierno de España o del Partido Popular, ha anunciado la supresión de los partidos judiciales en Galicia. Que yo sepa, hasta donde llegan mis noticias, nadie del Gobierno ni del Partido Popular lo ha hecho. Creo que lo que ustedes hicieron en su día y en lo que ahora insisten es en confundir, en sembrar dudas y alarma adjudicando al Gobierno declaraciones o propuestas que desde luego no son suyas.

Antes de redactar sus mociones, el secretario de Estado, en la comisión del día 25 de febrero de 2013, aquí, en el Senado, dijo: El Consejo General del Poder Judicial apostaba por una reducción de 471 partidos judiciales a 190 y 200. Y continuaba diciendo: No es la fórmula que nosotros pretendemos establecer. Yo creo que, más claro, agua. De todas maneras, como no existe la propuesta de supresión de partidos judiciales a que ustedes se refieren, tampoco creo que exista la posibilidad de que el Senado inste al Gobierno a que retire una propuesta que no ha formulado. Permítanme la expresión, pero me parece un poco ridículo mantener eso, y lo digo con todo respeto, de forma coloquial.

Y voy a hacer mención a su programa electoral para las elecciones generales del año 2011, concretamente al punto 2.10, que dice: Promoveremos una reforma de la planta judicial en consonancia con las necesidades actuales de la sociedad española, desarrollando las directrices señaladas por la comisión nombrada al efecto en el año 2009. Bien, ustedes constituyeron esa comisión a la que hacen referencia en su programa electoral, y se dijo que la realidad sobre la que se configuraba la actual demarcación judicial ha quedado superada y resultaba anacrónica y sin sentido. Ustedes abogaban por el no a la actual demarcación judicial y por el sí a la creación de los tribunales de instancia. Es decir, ese sí era su modelo. De hecho, incluso iniciaron un proyecto que no se llegó a culminar. Y yo les pregunto por qué antes sí les valía y ahora no. En cualquier caso, no es el proyecto del Partido Popular ni del Gobierno de España.

Voy a hacer referencia a otra sesión, celebrada el día 21 de octubre de 2013, en la que su compañero de grupo parlamentario, el señor Rodríguez Esquerdo, aquí presente, al intervenir en relación con una moción hablaba de este tema. Y mi compañera del Partido Popular, la señora Torres Sánchez, le contestaba: ni este Gobierno ni ninguna comisión de expertos ni nadie va a cerrar una sola sede judicial en ningún sitio de España. Esto es, como digo, lo que le contestó al señor Rodríguez Esquerdo mi compañera que hizo de portavoz en aquella comisión.

Por último, en la exposición de motivos de las mociones ustedes hacen referencia a la paralización por parte del Gobierno de España de la creación de plazas de la carrera judicial. Creo que es otra falsedad. En época de crisis económica, y desde el inicio de esta legislatura, nosotros hemos hecho una fuerte apuesta por la justicia como un sector esencial en materia de oferta de empleo público. Y le diré que en los meses venideros se ofertará una importante cantidad de plazas para la Administración de Justicia. Pero, además, como dijo el ministro en una comparecencia en comisión, aquí, en el Senado, desde hace unos meses hay 282 nuevos jueces. Señoría, desde hace más de veinticinco años no ha habido una adecuación de la planta judicial como la que se produce en estos momentos. Y con respecto a las tasas judiciales, a las que también hacen referencia en la parte expositiva de sus mociones, saben que las personas físicas y los autónomos dejan ya de pagarlas en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la nefasta economía heredada tiene una mejora inequívoca que permite esa eliminación.

Para concluir, señor presidente, les diré que ni supresión de partidos judiciales ni desaparición de sedes, jueces, secretarios y personal de la Administración de Justicia. Creo que cuando ustedes redactaron las mociones que debatimos ahora estaban dogmatizando, presumiendo unas afirmaciones como indiscutibles o incontrovertibles, que desde luego no lo eran. No es conveniente usar la demagogia. Por ello, reitero lo que les he dicho al principio: creí que no íbamos a debatir estas mociones, y en cualquier caso anuncio el voto en contra de estas mociones.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Represa.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quiero indicar nuestro voto favorable a las dieciséis mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido, CiU está a favor de la aproximación de la justicia al ciudadano. Por tanto, dado que estas mociones tienen por objeto evitar el alejamiento de la ciudadanía a la justicia, votaremos a favor de todas ellas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, no he dado la palabra al Grupo Parlamentario Mixto porque no le había visto. ¿Quiere intervenir?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La senadora Capella tenía la representación en comisión y, por agilizar, no hicimos la sustitución. Por eso ni votaré ni participaré en el debate de estas mociones.

El señor PRESIDENTE: Pero puede hacerlo.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No, muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias, señor Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

En su intervención en el turno en contra, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que los senadores socialistas que presentamos estas mociones no nos habíamos enterado de que no iba a haber supresión de los partidos judiciales. Pues puede ser que nos lleváramos a engaño; eso sí: junto con los colegios de abogados de toda España, las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, los colectivos que representan a los ciudadanos que van a ser usuarios de la justicia, las organizaciones sindicales... Todos interpretamos mal el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014. Todos interpretamos que los partidos judiciales iban a ser eliminados por el Partido Popular. Tan es así, señor portavoz, que hasta el señor presidente de la Xunta de Galicia interpretó eso, y en el Parlamento de Galicia, junto con su grupo, votó en contra de este proyecto para la supresión de los partidos judiciales. Fíjese usted hasta qué extremo de idiotez llegamos los ciudadanos de España, que todos conjuntamente pensamos que ustedes iban a retirar los partidos judiciales. Y tanto nos equivocamos todos, que hasta se llegó a equivocar el señor ministro de Justicia cuando afirmó: no es el momento adecuado para la supresión de partidos judiciales. ¿Cómo va a decir el señor ministro que no es el momento adecuado para la supresión de los partidos judiciales si no está planteada esa supresión? Señor portavoz, ustedes voten lo que quieran, pero no nos tomen por tontos, ni a los senadores ni a los ciudadanos de este país. Había un proyecto encima de la mesa para la supresión de los partidos judiciales en España. Es más, creo que sigue habiendo un proyecto debajo de la mesa para la supresión de los partidos judiciales en España.

Lo que están haciendo ustedes —y recordamos estrategias como la que utilizaron ustedes para la nueva aprobación presupuestaria porque se echaban encima las elecciones de Andalucía del año 2011— es dilatar esto probablemente hasta después de las elecciones municipales. Esa es su voluntad.

Señor portavoz del Grupo Popular y señores senadores, yo he dicho que esta era la prueba del algodón. Si, como usted dice, no van a cerrar ningún partido judicial, ¿qué inconveniente tiene el Grupo Popular en votar una moción que simplemente propone retirar la propuesta de supresión de los partidos judiciales? Si el ministro manifiesta su voluntad, si ustedes manifiestan su voluntad, si el Partido Popular manifiesta su voluntad, si el Gobierno manifiesta su voluntad de no cerrar partidos judiciales, ¿qué inconveniente tienen ustedes en votar aquí, en poner negro sobre blanco y que quede recogido en las actas del Senado, que no tienen intención de cerrarlos? Es bien fácil, señor portavoz, lo que pasa es que mucho me temo que lo que están haciendo no es renunciar a su intención, sino suspenderla momentáneamente.

Por eso mantuvimos estas mociones, porque creemos que el proyecto de ley no está enterrado en el infierno; está en el limbo o en el purgatorio, a la espera, señores senadores. Por eso presentamos estas mociones, porque queremos que los senadores de esta Cámara se manifiesten y saber si esta propuesta sobre los partidos judiciales, que, como decía mi compañero, son elementos importantísimos de articulación para el mantenimiento de las poblaciones en el rural y de unos buenos servicios, también de la justicia, en el rural, está apoyada o no por el Partido Popular. Así se les verá a ustedes la cara de verdad. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se vota.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Varela, ustedes sí crearon algunos juzgados en la época de los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. Concretamente, lo que hicieron en materia de justicia fue aprobar el conocido como plan Chacón, una iniciativa para agilizar desahucios mediante la creación de juzgados especializados precisamente en la exclusiva misión de facilitar los desalojos de forma exprés.

Nosotros no tomamos por tontos a nadie, ni creo que en este senador hayan visto el más mínimo atisbo de faltar a nadie. Y tampoco hay nada debajo de la mesa. Lo que hacemos es escuchar y hacer caso a las demandas que plantea la sociedad.

Como todos los miembros de la comisión conocen, el pasado viernes el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Pues bien, teniendo en cuenta todos los informes que han remitido las distintas instituciones, asociaciones, colectivos y, fundamentalmente, el informe remitido por el Consejo General del Poder Judicial, y poniéndolos en relación con las manifestaciones que hizo el señor ministro de Justicia en su comparecencia del pasado 15 de octubre ante la Comisión de Justicia en el Congreso, sobre toda esa base, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica citado sobre la base de soluciones de consenso, a las que esperamos llegar con los distintos grupos parlamentarios para dar respuesta a las necesidades más acuciantes y perentorias de la justicia.

En cuanto a la organización judicial, el ministro ya concretó que las propuestas organizativas deben partir del mantenimiento de la estructura actual del modelo judicial, con la permanencia de todos los partidos judiciales, tal como ahora están establecidos. No sé si la cita es literal —creo que sí—, pero es clara. En esa comparecencia el ministro se refirió inequívocamente a la demarcación judicial y dijo que era un firme partidario —esto sí es literal, porque lo tengo apuntado y entrecomillado— de mantener la estructura actual del modelo judicial que tenemos en lo que se refiere a la actual demarcación. Y fue más allá al decir que había que confirmar los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de justicia conforme a un criterio de máxima proximidad al ciudadano; y anunció la introducción de mejoras, para conseguir ese fin de eficacia, en cuanto al tiempo de respuesta a los ciudadanos. Ahora bien, dicho esto, hay que incidir en aquellas mejoras que vayan encaminadas a que la demarcación judicial funcione de forma eficaz en cuanto a los tiempos de respuesta a los ciudadanos, racionalizando el reparto de asuntos entre juzgados para agilizar la justicia.

En el Partido Popular siempre hemos estado convencidos de que el mantenimiento de la actual demarcación judicial, junto con la introducción de las mejoras que sean necesarias, como un reparto más equitativo de las cargas de trabajo, liberando a los jueces de unas cargas que no tienen por qué asumir, va a garantizar la eficacia y a mantener la cercanía a los ciudadanos. Y queremos incidir especialmente en la búsqueda de mecanismos para hacer más racional esa carga de trabajo a fin de impedir la perpetración de situaciones que se están dando en la actualidad en algunos juzgados, que están absolutamente colapsados frente a otros que verdaderamente soportan una carga de trabajo muchísimo más liviana y que bien podrían asumir parte de los asuntos de aquellos, siempre, evidentemente, que se establezca el marco legal adecuado. Y eso está contemplado en el proyecto de ley orgánica remitido a las Cortes Generales, de reforma de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este proyecto de ley también se abordan otros temas relacionados con lo que nos ocupa relativos a los secretarios judiciales y al resto del personal de la Administración de Justicia.

Voy concluyendo, señor presidente. En el Partido Popular estamos pensando en los ciudadanos, en sus problemas del día a día, en las necesidades que tienen, y entre ellas está el derecho a que no desaparezcan las sedes judiciales existentes, que las tengan próximas y que no se quiebre el acceso de los ciudadanos a la justicia ni el derecho a la tutela judicial efectiva.

Señorías, en el Partido Popular apostamos por la proximidad de la Administración de Justicia a los ciudadanos, por una demarcación judicial que tenga en cuenta las peculiaridades de cada territorio, la diversidad territorial que tenemos en España y la diversidad del medio rural. Soy de una comunidad autónoma muy extensa, con nueve provincias, y creo que sabemos mucho de territorios, mucho de diversidad y mucho de medio rural. Y también apostamos por luchar contra la despoblación, por el derecho a la tutela judicial efectiva, por que los ciudadanos tengan un fácil acceso a los juzgados y por la calidad del servicio.

Por tanto, señor Varela, ni se van a suprimir los partidos judiciales ni van a desaparecer las sedes de los juzgados, ni en Galicia ni en ningún otro sitio de España.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Represa.

Señorías, votaremos todas las mociones al finalizar el debate.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY REGULADOR DE LAS REGLAS PARA LA CONCESIÓN DE LA GRACIA DE INDULTO. 661/000492 GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR LAS INICIATIVAS QUE PERMITAN REFORMAR LAS DIFERENTES NORMAS QUE HACEN REFERENCIA AL AFORAMIENTO. 661/000529 GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN QUE PERMITE EL ACCESO TELEMÁTICO DEL NOTARIO, MEDIANTE LA FIRMA ELECTRÓNICA, A LOS LIBROS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 661/000547 GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al debate de tres mociones del Grupo Parlamentario Mixto que se van a defender conjuntamente, y que son las siguientes: Moción por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley regulador de las reglas para la concesión de la gracia de indulto; moción por la que se insta al Gobierno a presentar las iniciativas que permitan reformar las diferentes normas que hacen referencia al aforamiento; y moción por la que se insta al Gobierno para que garantice el cumplimiento de la legislación que permite el acceso telemático del notario, mediante la firma electrónica, a los libros del Registro de la Propiedad.

A esta última moción el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución, que propone el siguiente texto alternativo: La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a que impulse las medidas iniciadas que garanticen el cumplimiento de la legislación que permite el acceso telemático del notario, mediante la firma electrónica, a los libros del Registro de la Propiedad.

Para la defensa de las mociones tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré con la máxima brevedad y haciendo un esfuerzo de síntesis sobre estas tres mociones.

La primera de ellas habla de la necesidad de que se promueva una reforma de la regulación del régimen de indultos. En el punto anterior del orden del día debatíamos una reforma del Código Penal, y en el preámbulo de esa reforma se utilizaba como uno de los argumentos para fundamentar su necesidad el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales. Obviamente, será más necesaria aún la reforma sobre la base del transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales de una norma que regula los indultos que tiene ciento veinticinco años más de antigüedad que el Código Penal, cuya reforma estamos debatiendo.

El indulto es hoy una institución que, sin dejar de ser necesaria en casos muy tasados, tiene una amplia contestación social. El indulto tiene como justificación el error en la ley, el hecho de que el resultado de la aplicación de una norma penal produce la imposición de una pena que incluso por quienes en muchos casos la imponen se considera desproporcionada. Por tanto, lo razonable sería, a partir de tal experiencia, poner en marcha un mecanismo de reforma de las normas que dan lugar a resultados injustos. Es cierto que, como esto no se puede hacer de un día para otro, y como además habrá casos que incluso se escapen, no cabe rechazar de forma total y absoluta la figura del indulto, pero sin duda hoy es imprescindible una reforma. A finales del año 2012 un manifiesto de 200 jueces así lo pedía, y últimamente también desde los ámbitos jurisdiccionales se viene expresando la preocupación por los mecanismos puestos en marcha por condenados que tienen la condición de ser personas de notoriedad pública recabando apoyos a sus solicitudes de indulto, lo cual puede dar lugar a un tratamiento diferenciado de situaciones parejas o semejantes.

El grupo que tengo como referente en el Congreso, la Izquierda Plural, presentó en su día una proposición de ley en el Congreso que en lo esencial planteaba excluir de la posibilidad de ser indultado los delitos de corrupción y también la máxima transparencia en la concesión de los indultos; que se publicara, no solamente la concesión, sino también los argumentos fundamentales que dan lugar a ella y las circunstancias de todo tipo, procesales, en las que se encontraba quien se beneficiaba de esta medida de gracia.

Vuelvo a hacer alusión al proyecto de reforma del Código Penal. Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas en las que se hace referencia a la necesidad de modificar la regulación del indulto. Hay incluso un compromiso incumplido por parte del Gobierno de promover motu proprio esta reforma. Seguramente sus señorías saben que hay una web llamada indultómetro, que consulté en el día de ayer, y los datos que daba indicaban que desde 1996 hasta la última actualización, de 9 de febrero de 2015, se habían concedido 10 437 indultos. En los últimos años, debido a ese rechazo social, hay una importante caída en la concesión: en 2013 se concedieron 204 y en 2014 solo 87. El anterior ministro de Justicia, que decía que no había concedido ningún indulto en cuestiones relacionadas con la corrupción, se alejaba de la verdad al decir eso, puesto que, según esa misma página, hay ocho indultos concedidos en relación con malversaciones y prevaricaciones, y al menos dos de ellos clarísimos de corrupción política.

Finalmente, resulta llamativo que se reconozca el privilegio de conseguir esos indultos a hermandades y cofradías. La pasada Semana Santa se concedieron 21, lo cual no resulta muy acorde con el carácter aconfesional del Estado español.

Segunda moción: Aforamiento. Con motivo de la introducción del aforamiento de miembros de la Casa Real se abrió un debate político y social sobre el sentido y el alcance de dicha figura, y existe una amplia unanimidad en que al menos resultaba necesario reducir el número de aforados; en sentido estricto, unos 10 000. Si además aproximamos esa figura pareja de que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cometan algún delito por razón de su cargo serán enjuiciados por la Audiencia Provincial, nos estaremos acercado casi a los 200 000. En un planteamiento inicial el Gobierno parecía que iba a tomar la iniciativa, con propuestas incluso ambiciosas, pero transcurrido el tiempo, como en el Tenorio, fuéronse y no hubo nada en esta materia. Al menos sería necesario acotar la figura del indulto, la necesidad de proteger la libertad, autonomía e independencia de los órganos constitucionales como garantía de la separación de poderes, lo que lleva como exigencia mínima a reducir el número. Y en la moción se hace el planteamiento de que esta situación pueda ser renunciable.

La última moción —y acabo en quince segundos— se refiere al acceso telemático a los libros del Registro de la Propiedad. Como sus señorías saben, las leyes 24/2001 y 24/2005 y la reforma del Reglamento Notarial establecían la posibilidad de acceso telemático, mediante la firma electrónica, por parte de los notarios a los libros del Registro de la Propiedad porque ello abundaba en la seguridad jurídica a la hora de autorizar escrituras públicas en razón a la situación real del bien en ese momento.

Curiosamente, transcurridos catorce años desde la Ley 24/2001, esta situación no se está llevando a la práctica porque quienes tienen que propiciarla, que son los registradores de la propiedad, no han adaptado el sistema informático a estas posibilidades, y se sigue trabajando en las notarías con el fax como elemento de constatación de la situación registral de las fincas, lo cual, desde luego, no parece lo más adecuado dadas las posibilidades que ofrece la comunicación telemática en este momento. De ahí que se inste a algo en principio elemental: que se cumpla la ley, incluso por los registradores de la propiedad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, tiene usted la palabra, brevemente, el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias

En primer lugar, agradezco la predisposición del senador Iglesias a aceptar la enmienda de sustitución que voy a defender a continuación.

Es cierto, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reforma para el impulso de la productividad, modificó los artículos 222.10 y 222 bis de la Ley hipotecaria para permitir el acceso telemático al contenido de los libros registrales mediante la identificación del solicitante con su certificado de firma reconocido, previéndose que cuando el consultante sea una autoridad, empleado o funcionario público se presume su interés en la consulta y el acceso se efectuará directamente sin intermediación del registrador, y todo ello simplemente mediante un formulario que había de ser definido por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Pues bien, la implementación efectiva de estas previsiones no se ha podido realizar hasta ahora debido a las dificultades que plantea la llevanza de un registro en soporte de papel y el traslado manual del contenido de los asientos a un soporte electrónico para su consulta inmediata, todo ello en un breve período temporal y sin que la seguridad jurídica inherente al sistema registral se vea afectada por ello.

Para superar estas deficiencias el Gobierno, a través de la Ley 14/2013, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, ha introducido un nuevo modelo de oficina registral, de modo que todos los registros de la propiedad, los mercantiles y de bienes muebles se llevarán en formato electrónico mediante un sistema informático único en la forma que reglamentariamente se determine, integrando definitivamente el sistema registral español en el ámbito de la Administración electrónica y dando cumplimiento igualmente a los objetivos de la agenda digital para Europa.

En cumplimiento de este mandato, el Ministerio de Justicia —como vengo diciendo— ha redactado sendos borradores para la llevanza en soporte y formato electrónico tanto del registro de la propiedad como del mercantil y de bienes muebles, que se encuentran en fase de tramitación y que contienen previsiones normativas expresas para el acceso sin intermediación por parte de los notarios, cumpliendo con la previsión introducida por la Ley hipotecaria, al mismo tiempo que se define el modelo de solicitud telemática. Asimismo, se encuentra en estado avanzado de tramitación un real decreto en el que se regula la agenda electrónica notarial.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y habida cuenta de que se están tramitando las modificaciones necesarias para el cumplimiento del petitum de la moción, proponemos el texto alternativo que hemos presentado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Senador Iglesias, ¿acepta usted la enmienda?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Como no se trata del prurito de que el texto sea de una manera o de otra, sino de conseguir efectivamente que la ley se cumpla —insisto, hasta por los registradores de la propiedad—, asumo sin ningún problema la redacción que ha trasladado el ministerio y que el portavoz del Grupo Popular ha expresado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Turno en contra de alguna de las tres mociones.

Tiene la palabra, senadora Armisén, para la cuestión de indulto.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Sí, del indulto. Muchas gracias, señor presidente, seré muy breve, dado lo avanzado de la tarde y puesto que es una cuestión clara.

No creo que la moción que ha presentado el señor Iglesias suponga en este caso entrar en profundidad en el debate sobre los criterios de oportunidad —aunque él ha alegado algunos de ellos en el sentido de acoger algunos argumentos de la reforma del Código Penal, como nuevas demandas sociales, etcétera— de la reforma de la regulación de la figura del indulto.

Efectivamente, desde hace más de un siglo ha existido el derecho de gracia, que en estos momentos se sustenta a través de la figura del indulto, que es la que permite el ejercicio de esta figura, y nuestra Carta Magna en el artículo 62 establece ese derecho de gracia que tiene, en su caso, el monarca. Sin embargo la regulación del indulto sí que se ha reformado desde la primera ley, del año 1870, a la Ley 1/1988, de 14 de enero.

Pero del objeto y del contenido de la moción que presenta el señor Iglesias se desprenden varias cuestiones. Por un lado, ha argumentado hoy aquí con una serie de números de indultos y, por otro, se ha centrado —o por lo menos así lo parece en el texto de la moción— sobre quién solicita ese indulto en el caso de una tradición cultural, como son las cofradías religiosas, en casos de actos penitenciales, normalmente de Semana Santa. Yo creo que son dos cuestiones que no pueden ir juntas.

En primer lugar está la oportunidad de la reforma del indulto, puesto que la regulación actual establece un procedimiento totalmente reglado en cuanto a quién interviene: Gobierno, tribunales sentenciadores, informes de cada uno, informes del fiscal, etcétera. Asimismo, la publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, el carácter público, o de publicidad en un término más correcto, de todos los actos de concesión de indulto, que permite, cómo no, un control social en cuanto se sabe a qué persona o a qué reo se indulta, el tipo de delito que cometió, la pena y los informes, en su caso, o las condiciones por las que se concede el indulto. Esa publicación o cualquier publicidad del acto de concesión del indulto tiene, por un lado, un control social y, por supuesto, tiene el control jurisdiccional al que está sometido, que sería el control jurisdiccional ante los tribunales contencioso-administrativos. Por lo tanto, no es que los indultos se concedan de manera indiscriminada porque en este caso se haya hecho una estadística de determinados años, sino que tienen un control, una publicidad, etcétera.

En segundo lugar, respecto al argumento sobre la oportunidad de modificación de la regulación del indulto por el tema de las cofradías religiosas, voy a decir tres cosas importantes. Primero, que las creencias religiosas, en caso del reo al que se concede el indulto, no aparecen en ningún sitio, tampoco a través de quien lo solicita; no es un dato, por supuesto, que aparezca en ningún acto o documento que se tramita y que conforma el expediente de concesión del indulto. Por tanto, eso es irrelevante.

Segundo. En el artículo 59 se recoge quién puede solicitar el indulto, a quién le interesa esa solicitud del indulto: claramente, es irrelevante que sea una cofradía religiosa o cualquier otra persona o actor quien solicite el inicio de la tramitación o la solicitud del indulto. Por lo tanto, esa concesión no guarda ninguna relación con las creencias religiosas.

Por lo tanto, esa regulación del indulto no afecta a la confesionalidad del Estado, la regulación no concede en ningún caso ningún derecho más a las cofradías para solicitar esa concesión de indulto y se tramita por el mismo procedimiento que en los demás casos.

Otra cuestión es que el senador Iglesias esté a favor o en contra de una tradición cultural vinculada, efectivamente, a unas creencias religiosas, pero, repito, con un componente cultural importante. Seguro que estarán de acuerdo conmigo algunos de mis compañeros del sur, incluso de Castilla y León, donde hay actos de cofradías penitenciales de Semana Santa con muchísima tradición, en que se pueden ver como un elemento cultural o turístico, sin perjuicio de que para aquellos que pertenezcan a una confesión religiosa, para quienes estas tradiciones tienen una dimensión a mayores, tenga un componente de trascendencia religiosa.

Creemos que en ningún caso la actual regulación del indulto está afectada por una tradición cultural o tiene un componente religioso y, por supuesto, mucho menos por quien lo solicita o por las creencias religiosas del propio indultado. Por lo tanto, vamos a rechazar su moción, sin perjuicio de que respetamos su opinión del criterio de oportunidad de modificación de la regulación actual de la figura del indulto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Armisén.

Para el turno en contra, tiene la palabra don Manuel Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias. Intervengo en relación con la moción del aforamiento.

Señor presidente, con su venia, quiero recordar que la institución del aforamiento no tiene una base conceptual sustantiva. No es ni de derecho constitucional, ni de derecho penal; es de derecho procesal. Y precisamente porque afecta a leyes procesales de una manera importante —también a orgánicas, a estatutarias e incluso, a la propia Constitución— el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con una reforma del aforamiento, pero abordándolo con toda la amplitud, que supondría, como hemos comentado, modificar estatutos de autonomía —cuya iniciativa legislativa corresponde a cada comunidad autónoma, no al Gobierno de la nación— y la Constitución, y, desde luego, por tratarse de una mayoría reforzada, deberíamos estar de acuerdo todas las fuerzas políticas.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el senador Iglesias, —a quien agradezco su amabilidad por comentarla, pero que, según ha manifestado, no podía aceptar— en la que manifestábamos el compromiso de que en la primera ocasión en que se produjera un consenso para reformar la Constitución abordaríamos también la modificación del aforamiento. Y ahí es a lo que podemos llegar, porque, según la moción que nos plantea el Grupo Mixto, 10 000 aforados son muchos. ¿Cuántos deben ser? ¿Cuántos deberían ser? ¿Debería haber alguno, siquiera? ¿Uno ya es mucho, a lo mejor, para el senador Iglesias? ¿Infringe el artículo 14 de la Constitución? —para mí, efectivamente, el quid de la cuestión está ahí— ¿radica en la infracción del artículo 14 de la Constitución? En ese estudio se debería abordar absolutamente todo el aforamiento respecto a miembros del Gobierno, diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, jueces y fiscales —que, por cierto, son 7610—, vocales del Consejo de Estado, miembros del Defensor del Pueblo, vocales del Tribunal de Cuentas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; afectaría a un montón de personas. Estamos por la modificación de la institución del aforamiento, pero, desde luego, abordándola desde un plano amplio donde se puedan afrontar y modificar todas las normas, tanto orgánicas como sustantivas, que correspondan.

Además, hay un detalle muy explicativo. Proponen en la moción incluso instar al Gobierno a renunciar al fuero. Pues aquí tenemos que partir de la distinción entre privilegio y prerrogativa. Los privilegios son personales, o personalísimos. Un ejemplo muy claro, con independencia de la normativa sobre tratamientos en la legislatura pasada, es que sus señorías tienen el derecho a que se les trate con el título de excelentísimo, pero estoy seguro de que nuestros amigos a ninguno nos tratan de excelentísimo, porque es un privilegio del que podemos disponer. Pero la prerrogativa sí que es indisponible, porque es inherente al cargo. A ese amigo, al que le dices: no me trates de excelentísimo, lógicamente no le puedes decir, por muy amigo que sea: ven a votar, porque el voto es indelegable. Y así viene considerado en la Constitución. Porque eso es una prerrogativa inherente al cargo de senador. Una cosa es el privilegio, del que uno sí puede disponer, y otra la prerrogativa, como es el voto y como es también la competencia objetiva que anuda la participación en un órgano jurisdiccional concreto —determinado en este caso, para diputados y senadores, ante el Tribunal Supremo— que corresponda. Con lo cual, aun cuando se quisiera no se podría renunciar al fuero, tal y como se pretende.

Para ser breve, señor presidente, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de la nación son favorables a reformar la institución del aforamiento y como eso implica a la Constitución, estaremos en la primera reforma de la Constitución que se pueda abordar para intentar pactar con todas las fuerzas políticas la reforma de dicha institución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias. Intervengo, de nuevo, rápidamente.

En relación con la moción de los indultos, desde luego la parte más importante no es la que hace referencia a las hermandades y cofradías, que son un elemento anecdótico, lo reconozco, entre otras razones porque supongo que no son los cofrades los que deciden quién va a ser indultado, sino que piden un indultado y el Gobierno les proporciona un indultado. Ahora, la referencia que se hace en la moción es casi desde la perspectiva estética. Es difícil decir que se refuerza la confesionalidad del Estado cuando quien acaba de ser indultado tiene que incorporarse a una procesión religiosa. Pero, insisto, eso no es lo relevante. Si hiciera falta para que se aprobara la moción retirar eso, lo retiraba sin ningún problema. La clave está en lo demás. Además —lo comentábamos aquí tertulianamente—, si la respuesta a la contestación social que hay en este momento a los indultos es la no concesión de indultos, probablemente nos estemos equivocando también. Lo que hay que hacer es una reforma que legitime los indultos para que la sociedad vea que cuando se conceden, estos son necesarios. Y eso, la sociedad solo lo podrá ver si hay una explicación exhaustiva de las razones y motivaciones que llevan a la concesión.

Segunda cuestión: el aforamiento. Agradezco el esfuerzo realizado por el portavoz del Grupo Popular solicitando un texto alternativo, pero no puedo aceptarlo porque el texto alternativo, como le expliqué, hacía referencia a la reforma constitucional. Y es cierto que determinados aforamientos solo son posibles con una reforma de la Constitución y otros con una reforma de los estatutos de autonomías. Pero hay otra parte de aforamientos que no necesitan ese privilegio, y en este momento, además, condicionar algo a una reforma constitucional que, en cualquier caso y cuando se produzca o se inicie el procedimiento tendrá como eje fundamental el modelo de Estado y la vertebración territorial del Estado, supone pensar que vamos a tardar un poco en tener una reforma constitucional si se pretende conseguir un consenso en esa materia esencial que abra el consenso a otras materias. Finalmente, ¿cuántos? Seguramente habrá que pensar en movernos en la lógica de los Estados de nuestro entorno.

Y respecto a la voluntariedad, privilegio y prerrogativa, será privilegio o será prerrogativa según se regule, según se establezca. Por lo tanto, si establecemos una nueva ordenación del aforamiento y establecemos expresamente la posibilidad de que este sea renunciable —en el momento de acceder a la responsabilidad, por supuesto, no cuando interese, porque uno esté ya ante un tribunal, decidir a qué tribunal se va—, estaremos adaptando la norma a esta posibilidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Voy a ser breve.

Nuestro grupo parlamentario está a favor y valora positivamente la necesidad de una nueva regulación del régimen del indulto, de la figura del indulto. En el debate que hemos tenido sobre este asunto, me parece que la senadora Armisén, del Grupo Parlamentario Popular, ha cogido la parte por el todo. Yo creo que, en todo caso, compartimos la necesidad de establecer una regulación más clara y precisa de la figura del indulto.

En segundo lugar, también creemos necesario abordar una nueva regulación del aforamiento. Incluso estamos de acuerdo con la segunda parte de la parte —valga la redundancia— dispositiva de la moción sobre la necesidad o la posibilidad de poder renunciar al fuero sin tener que cesar en el cargo o en la responsabilidad que ostente la persona. Por lo tanto, también compartimos la necesidad de regularlo con calma, con tranquilidad, con sosiego, si conviene, paso a paso, pero de afrontar, en todo caso, este debate.

Y en tercer lugar, evidentemente nos sumamos a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y aceptada por el proponente sobre el acceso telemático del notario a los libros de registro de la propiedad mediante el empleo de la firma electrónica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, la señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En relación con la moción sobre el indulto, si bien en términos generales estamos de acuerdo con la necesidad de establecer un control respecto a la institución del indulto, consideramos que es necesario emprender un estudio con un análisis profundo de la cuestión, incluso con un análisis de derecho comparado, evitando legislar de forma reactiva. Toda concesión de indulto debería ser especialmente motivada, con mención expresa, como mínimo, al delito cometido, al grado de ejecución alcanzado, al título de la imputación, a la pena principal en que recaiga la gracia, al origen de la solicitud del indulto y al motivo que lo justificó a juicio del Gobierno. Asimismo, consideramos que sería conveniente tener presente que debería preverse la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la concesión del indulto como figura definitiva de control de esta institución.

Por todo lo expuesto consideramos que es necesaria una nueva ley que regule el indulto de forma global, bien analizada y consensuada y no con modificaciones parciales de la vigente legislación. Por tanto, apoyaremos esta moción.

En cuanto a la moción del aforamiento, constatamos que es necesario realizar un análisis de la institución del aforamiento. Es conveniente su limitación respecto de algunas personas actualmente aforadas, ya que su cantidad se presenta excesivamente elevada. El aforamiento implica una alteración de las reglas de la competencia objetiva, funcional y territorial, en virtud de la cual un tribunal, fijado legalmente, y solo ese, es competente para enjuiciar a determinadas personas en atención a la función que realizan, estimándose que este tribunal debe ser superior al que correspondería si no tuviese tal condición. Se pretende justificar la prerrogativa del aforamiento en que las elevadas funciones de los aforados exige protegerles para que no puedan quedar a merced de venganzas políticas o al capricho e irresponsabilidad de un ciudadano. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 22/1997 declara que la prerrogativa del aforamiento actúa como instrumento para la salvaguardia de la independencia institucional, tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial. Aun así, el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que ejercen. En este sentido, en el derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos. Por ejemplo, en Portugal e Italia no existe otro aforado que no sea el presidente de la república, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional respectivamente. En Francia están aforados el presidente de la república, el primer ministro y sus ministros, y en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos sencillamente no hay ni un aforamiento.

El aforamiento procesal causa diversos problemas en el procedimiento y conduce a veces a situaciones de difícil comprensión. En primer lugar, la figura de los aforados exige que haya un instructor dentro de un órgano de enjuiciamiento y, en cambio, ni el Tribunal Supremo ni los tribunales superiores de justicia han estado concebidos para la instrucción, ni por su propia naturaleza ni por los medios de los que disponen y con los que cuentan. Otro problema que observamos que tiene el aforamiento es la imposibilidad de recurrir la resolución, en particular en los supuestos de aforamiento al Tribunal Supremo, viéndose impedido el acceso a los recursos que en otros casos corresponderían a las personas no aforadas. Por otro lado, debemos señalar que el aforamiento puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso después del cese del cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva, para acabar siendo un privilegio personal. Todas estas razones conducen a plantear la necesidad de su limitación ad personam y, sobre todo, la necesidad de enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de modo que se tiene que vincular en todo caso a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual ejercicio del mismo, cesando el aforamiento cuando cese aquel. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción.

Por lo que se refiere a la moción que insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento respecto del acceso telemático del notario, apoyaremos la moción con la inclusión de la enmienda del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Quiero felicitar a la compañera de Convergència i Unió porque creo que ha situado el debate en sus justos términos, y no porque los anteriores intervinientes no hayan sido también sensatos y razonables, sino porque considero que su manera de situarlo se ajusta más a lo que creo que en general todos queremos.

Primero, en cuanto al aforamiento, en la práctica real, ¿por qué se configura hoy el aforamiento ante el Tribunal Supremo y ante el tribunal superior de cualquier comunidad autónoma como un privilegio aunque no lo sea? —aunque no lo sea, en la práctica real sí se vive así por los españoles—. Porque el umbral de perseguibilidad que tienen el Tribunal Supremo o los tribunales superiores es más alto que el umbral de perseguibilidad que tienen los juzgados de instrucción en cualquier provincia española, entre otras cosas, porque las propias audiencias provinciales le dicen a los juzgados de instrucción: antes de sobreseer o archivar, haga usted un mínimo de actividad instructora. Por esa razón, en general, las querellas se admiten a trámite. Algunas de ellas deberían ser rechazadas ab initio, y sin embargo se admiten a trámite porque es la inercia cuando hay miles de asuntos y porque deben realizar una cierta actividad instructora porque si no la audiencia provincial puede revocar el auto de archivo o sobreseimiento. ¿Qué ocurre? Que desde el momento en que haya un criterio establecido para el conjunto del Poder Judicial y que el umbral de perseguibilidad sea el mismo en cualquier juzgado de instrucción que en el Tribunal Supremo será irrelevante ir a uno o a otro, pero mientras tanto, los españoles que están aforados saben que en las instancias superiores, el criterio, el umbral de perseguibilidad es más alto. Por esa razón, si a mí me preguntasen: ¿Quiénes tienen que estar aforados? Diría: Los mínimos imprescindibles, siempre y cuando en la práctica se garantizase que acudir a un tribunal es solo eso, acudir a un tribunal, y no es ningún otro show que tiene que ver con la vida pública cuando hay acontecimientos electorales o por otro tipo de asuntos que nada tienen que ver con el Código Penal. ¿Qué ocurre? Que esto se tendrá que regular porque en la actualidad el número es excesivo.

La propuesta de Iglesias —perdón, del compañero Iglesias, porque no hay por qué llamar a las señoras compañeras y al señor Iglesias, directamente Iglesias. Por tanto, compañero Iglesias también—, la propuesta del compañero Iglesias me parece bastante razonable y bastante sensata. No está diciendo si la criatura ha de tener ya las pestañas rizadas o debe ir a estudiar a un colegio en Cambridge, no, lo está dejando abierto porque cree que es necesario que esto del aforamiento se haga.

Segundo, en cuanto al indulto, en la práctica real, ¿ustedes recuerdan el caso de aquel homicidio por dolo eventual del kamikaze que iba conduciendo en dirección prohibida a toda velocidad y que ocasionó la muerte de varias personas? Era un homicidio por dolo eventual. Representó la posibilidad de que podía matar y aun así tiro hacia delante y mató. Y se le indultó. Pues bien, en el debate que tuvo lugar en la sala correspondiente primero se devolvió este asunto al Gobierno y se le dijo: tiene usted que razonarlo y hacerlo mejor. En términos canarios —y aquí me van a entender Juan Alberto Belloch y María Rosa de Haro—, ¿cuál es la madre del baifo de este asunto? —Para ustedes, ¿la madre del cordero?—. En mi opinión, la clave de este asunto está en estar obligado a explicar con detalle las razones por las que usted accede a eso. ¿Me explico? Es decir, en la Ley de procedimiento administrativo, ¿por qué se obliga a que determinadas resoluciones tengan que motivarse, exteriorizarse y razonarse? ¿Para qué se obliga a eso? Para que el juez de lo contencioso pueda supervisar si las razones por las que se dictó una resolución administrativa se ajustan al ordenamiento jurídico o, aun no ajustándose al ordenamiento jurídico, si hay que expulsarla de la vida y del tráfico jurídico.

Yo no estoy por suprimir el derecho de gracia del Gobierno; sinceramente, no estoy por suprimirlo, y les voy a dar una razón. En el Congreso de los Diputados se ha aprobado un Código Penal por seis votos de diferencia. Señorías, senadoras y senadores, aquí se ha aprobado un Código Penal por dos votos de diferencia. ¿Creen ustedes que con esa cobertura en muchos sitios no se va a generar en la práctica desmesura la aplicación de algunos tipos? Pues claro que la va a provocar. ¿Y para qué está el derecho de gracia? Para cuando el Gobierno vea que en la ejecución de una sentencia, aquello que se perseguía, que es la justicia, en ese momento concreto no se da, bien porque han pasado diez años y el señor está rehabilitado y no tiene sentido sacarlo del mundo del trabajo y de su familia para ingresarlo en prisión —un caso claro—, o en otros casos porque la pena sea excesiva para la intención que se tenía cuando se desarrollaron los hechos. Yo no estoy por suprimir el derecho de gracia, pero sí por obligar a razonar, motivar y exteriorizar para así poder controlar que siempre va a estar guiado por el bien público, por el interés general y no por razones que nada tienen que ver con ello. Por eso la propuesta del señor Iglesias me parece muy razonable.

Por supuestísimo, el acceso telemático al registro, con la enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, también es evidente. Por lo tanto, estamos todos de enhorabuena. Son tres propuestas muy razonables y muy sensatas y las apoyamos con entusiasmo.

Y podría seguir, señor presidente, porque me he comido dos manzanas y estoy en condiciones. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Gracias. Solo un minuto.

En referencia al indulto, quiero pedir disculpas al senador Iglesias por no haberle escuchado durante su turno, pero estaba pendiente de un asunto familiar y he salido a hacer una llamada.

Sin embargo, como conozco el contenido de lo que ha dicho, y el tema de las cofradías al que yo me referí era un asunto menor, sí quiero decirle que es evidente —y con esto contesto a la intervención del señor Díaz Tejera— que, efectivamente, el indulto no es un acto reglado y no deja de ser un acto discrecional, puesto que es el ejercicio del derecho de gracia. En primer lugar, si se tiene un modelo de cómo tiene que ser la regulación del indulto, cualquier grupo puede plantear una proposición de ley de modificación de la Ley del indulto, y con eso no quiero decir que el Grupo Popular esté cerrado a que pueda ajustarse o modificarse en su momento la ley, pero como cada uno tiene sus prioridades, y para el señor Iglesias es una prioridad o una inminencia, como él sabe —y no tengo yo que decir qué es lo que tiene que hacer ninguno de los parlamentarios, no es ese el sentido de mi intervención— existen esos mecanismos.

En segundo lugar, el señor Díaz Tejera habla de mayorías de tres, de dos, etcétera. Señor Díaz Tejera, no podemos entrar en eso. En las propias ponencias de los tribunales de audiencias, incluso del Tribunal Supremo, a veces el sentido de una sentencia es por una diferencia de dos o tres, pero para eso está establecido el sistema de mayoría, que da la misma garantía, no es mayor ni menor. En eso tenemos que ser respetuosos y no aplicarlo a un supuesto concreto.

Simplemente quiero decir que, efectivamente, en la aplicación de determinadas figuras jurídicas, todos podemos traer supuestos que a priori pueden ser opinables o incluso podríamos llegar a considerar erróneos, pero yo soy de las que piensa que cuando un órgano o una figura no funciona hay que intentar hacerla funcionar o subsanar el error; no suprimir el órgano. En medicina hay un símil importante: si no me funciona el corazón, no me lo extraen, intentan que funcione. Considero que hay que intentar perfeccionar las figuras, los instrumentos jurídicos y las propias instituciones para su mejora y su funcionamiento, pero no porque en un supuesto concreto, después de un análisis, se pueda considerar que hay un error, una equivocación o se pueda no estar de acuerdo, habrá que suprimirlo, a lo mejor habría que revisarlo.

En todo caso, le doy las gracias por el sentido de su moción, que vamos a rechazar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo, en quince segundos, simplemente para agradecer al senador proponente haber aceptado nuestra enmienda de sustitución, y al resto de los grupos su voto favorable.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.

Tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente, creo que les ha quedado claro a todas sus señorías, pero quisiera manifestar, una vez más, que el criterio del Gobierno es favorable a modificar la institución del aforamiento. Así se manifestó en el proceso de diálogo en torno a la regeneración democrática que se ha mantenido con todas las fuerzas políticas desde marzo de este año.

En el mes de septiembre, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y por los cambios de dirección en el Partido Socialista, el Gobierno relanzó aquella negociación y convocó a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, sobre todo proyectos de ley reguladores de partidos políticos y altos cargos y medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción. De hecho, se abrió un plazo de dos meses para el desarrollo de las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en el mes de noviembre pudiesen cerrarse los plazos de enmiendas y afrontarse la tramitación de las leyes. Desde esa apertura de diálogo, se plantearon algunos temas sobre los que era posible debatir, entre ellos la limitación del aforamiento; plantear medidas para acotar el aforamiento en cuanto a su alcance, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado —de hecho, la mayor parte de los aforados están en las comunidades autónomas— hace que también se pueda extender al ámbito de estas comunidades autónomas.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la modificación del aforamiento, que entendemos se debe abordar de una manera amplia, y no se puede aprobar y no lo podemos admitir en los términos planteados en la moción del Grupo Mixto, en esta magnífica jornada de disfrute jurídico en la que nos encontramos. (Risas).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Altava, por su justeza calificando los acontecimientos.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 22 DE OCTUBRE DE 2013, SOBRE EL DERECHO A LA ASISTENCIA DE LETRADO EN LOS PROCESOS PENALES Y EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA, Y SOBRE EL DERECHO A QUE SE INFORME A UN TERCERO EN EL MOMENTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y A COMUNICARSE CON TERCEROS Y CON AUTORIDADES CONSULARES DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 661/000543 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Señorías, nos quedan tres mociones nada más. Vamos a pasar a la siguiente moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la trasposición de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la Orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, Rosa María de Haro Brito.

La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

El pasado 22 de octubre de 2013 la Unión Europea aprobó la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Esta directiva, junto con otras dos, cuya trasposición hemos tratado en el día de hoy en ponencia y en comisión, era un requerimiento en aplicación del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de las Libertades Fundamentales, así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 48 de la propia Carta, que garantizaban el respeto al derecho de defensa, el respeto a la libertad, a la seguridad, a la justicia y su mantenimiento y desarrollo como un empeño de la propia Unión Europea.

Como he señalado, en la tarde de hoy hemos tratado la trasposición de las otras dos patas —por decirlo así— junto con la directiva que ahora tratamos: el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificaba la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasponer dos directivas, la Directiva 2010/64, de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Estas tres directivas, junto con esta, son fundamentales para hacer efectiva la tutela judicial, más si cabe, puesto que en España, el artículo 24 de la Constitución, como todos saben, es un artículo fundamental cuya modificación tiene que hacerse por ley orgánica; de ahí que la trasposición de las directivas que afectaban al derecho a la tutela judicial efectiva de ese artículo 24 de la Constitución las hayamos tratado como ley orgánica en el día de hoy.

Pues bien, el artículo 24 de la Constitución exige que ahondemos en el principio de la tutela judicial efectiva. En este caso, la directiva, a diferencia de las dos anteriores, que, como he señalado, se referían, por un lado, a la interpretación y traducción en los procesos penales y, por otro, al derecho a la información en estos procesos, esta directiva que ahora tratamos, de 22 de octubre del año 2013, se centra fundamentalmente en el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la Orden de detención europea; en el derecho a informar a un tercero en el momento de la privación de libertad; en el derecho a comunicarse con terceros y con autoridades consulares desde la privación de libertad. Es decir, hace más claro, más efectivo, ahonda, por decirlo así, en el principio ya señalado de la tutela judicial efectiva que se recoge, aparte de en el artículo 24, en el artículo 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal o en el artículo 520.2 del mismo texto legal.

Pues bien, desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro tengan a disposición o hayan puesto en conocimiento, por cualquier medio, que una persona es acusada o sospechosa, entra en vigor esta directiva, incluso cuando pasen a hacerlo en interrogatorio de policía o en otros interrogatorios que lleven a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto dará respuesta a situaciones con las que, créanme, me he encontrado en el ejercicio de la abogacía que he desempeñado en anteriores etapas de mi vida, e incluso de modo personal, ya que en ocasiones nos encontramos con situaciones en las que no se sabe a partir de qué momento y de qué manera se tiene que ejercitar el derecho a la asistencia de letrado. Por lo tanto, es importantísimo, y mediante esta trasposición se dará respuesta a cuestiones tales como desde cuándo se llama al abogado, desde cuándo el letrado puede asistir a un acusado o a un sospechoso, si puede hacerlo antes de que se tome declaración, incluso en las instalaciones policiales o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en qué condiciones. El artículo 3 de la directiva establece claramente qué límites y qué excepciones se establecen a este derecho fundamental, si tiene límites y si también tiene límites la confidencialidad de las comunicaciones entre letrado, sospechoso o acusado, y además establece que, sin demora justificada, tienen que hacerse efectivos estos derechos de asistencia letrada. También es importante el derecho a comunicarse con las autoridades consulares de esos sospechosos acusados, para evitar así la indefensión de aquellas personas que encontrándose en esa situación sean nacionales de otro lugar.

¿Se puede renunciar, y con qué requisitos, a los derechos relativos a la presencia y asistencia obligatoria de letrado? ¿Es revocable dicha renuncia? ¿Qué garantías debe existir y qué recursos en caso de vulneración de derechos? Es importantísima la respuesta a estas y otras cuestiones, a las que va a dar lugar la trasposición de esta directiva. El artículo 15 de la directiva que ahora tratamos establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta directiva, a más tardar el 27 de noviembre de 2016 y, por tanto, desde el momento en que el Gobierno del Estado comience esta trasposición será de los primeros Estados que acogerá los principios de esta directiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone a sus señorías, al resto de los grupos de esta Cámara, esta moción para que la Comisión de Justicia del Senado inste al Gobierno a que realice los trámites oportunos para llevar a cabo esta trasposición de la Directiva 2013/48 de la Unión Europea y que en las reformas normativas que afectan al ámbito penal esas reformas estén informadas por los principios que contiene la referida directiva, haciendo con ello efectivo el derecho de defensa en el ámbito penal. Como ya he señalado anteriormente y para terminar, dado que esta trasposición afecta a un principio fundamental, al artículo 24 de la Constitución, debe llevarse a cabo obligatoriamente, según el artículo 81, mediante ley orgánica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

Turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, muy brevemente.

Nada que objetar, evidentemente, a que el Gobierno cumpla con su obligación, puesto que los Estados miembros tienen la obligación de hacer la trasposición adecuada de las directivas europeas; por tanto, nada que objetar a que el Gobierno cumpla con su obligación. Otra cuestión sería —pero no quiero abundar más en el tema— que sea precisamente el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno el que inste a este a que lo haga. Hubiese parecido más lógico que hubiese sido cualquier otro de los grupos parlamentarios. En todo caso, me gustaría pensar que el hecho de que el Grupo Popular haya presentado esta moción no tenga que ver con que tenga informaciones de que el Gobierno no piensa hacerlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En relación con esta moción debemos tener presente que en la tramitación actual del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, informado por el Consejo de Ministros el pasado día 5 de diciembre de 2014, ya se produce la trasposición de la directiva en cuestión, ya que el preámbulo del anteproyecto expone que es necesario trasponer al ordenamiento jurídico interno la directiva 2013/48/UE. Por eso se modifican los artículos 118, 520 y 527 de la Ley de enjuiciamiento criminal, con la introducción de las previsiones que el derecho de la Unión Europea requiere, entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado al detenido, al tiempo que, para evitar una implantación asistemática y fragmentaria de las medidas, se efectúa una completa regulación de las exigencias del derecho de defensa, que no puede quedar circunscrito a las personas físicas, sino que se extiende a todas las entidades, entendiéndose que pueden ser penalmente responsables y contra las cuales puede dirigirse el proceso —artículos 31 bis y 129 del Código Penal—. Es de suponer que esta situación se debe a que la moción se presentó con fecha 4 de julio de 2014.

Por ello, estando de acuerdo con la parte dispositiva, vamos a dar apoyo a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente; con su venia.

Ya preguntaba ahora quién iba a osar a consumir el turno en contra. Supongo que el Grupo Popular en el Senado no está trabajando a espaldas del Gobierno, supongo que habrá una cierta comunicación; por tanto, supongo que los ritmos y los plazos se tienen que ir acomodando. Me produce cierta ternura el asunto, pero lo digo con espíritu deportivo, agradeciendo que alguien se haya preocupado por mirarlo y trabajar en ello, cosa que siempre subrayo que es motivo de felicitación, porque jamás me ha gustado la gente que desprecia el trabajo ajeno, y todo lo que sea mejorar nuestro ordenamiento siempre es motivo de aplauso. Pero quería añadir dos comentarios.

Una directiva no es derecho originario, es derecho derivado. Lo que hace la Unión Europea es establecer el qué y deja a cada Estado miembro que establezca por su cuenta el cómo llega a alcanzar ese objetivo. Lo digo de antemano porque nuestro ordenamiento jurídico es bastante garantista —no digo que sea la suma de la perfección pero es bastante garantista— y lo que no sería bueno es que, por trasponer lo que se establece desde la Unión, rebajemos conquistas jurídicas civilizatorias ad intra de nuestro país. Es decir, todo lo que sea mejorable yo procuro aprenderlo, pero lo que me va a empeorar no lo aprendo. Sé que me van a decir que, si lo han firmado todos los países de la Unión, tengo que hacerlo. Pero, ojo, porque en esa aplicación y en esa modulación se establecen a veces salvedades en los ritmos. Lo que intento decir es que, si la propuesta es: incitemos, motivemos, en términos administrativos, excitémonos al órgano, que es el Gobierno, a que haga esta trasposición, me parece bien, pero también es importante tener en cuenta no rebajar las conquistas que figuran en nuestro ordenamiento, porque hay materias en las que lo que se incorpora no siempre es necesariamente mejor que lo que ya tenemos.

Y en cuanto al ritmo de integración, se establecen unos plazos. Si algún Estado miembro no cumple el plazo que tiene establecido esa propia directiva, esta impone su vigencia, no solo a los Estados miembros, sino también a todos los particulares. Como supongo que todavía no estamos en esa situación, vamos a buen ritmo. Pero ojo con lo que ha planteado la compañera de CiU, porque en esa adecuación progresiva hay algunas propuestas en el borrador de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal. Cuando el otro día preguntaba al ministro qué quería consensuar del paquete que quiere desarrollar en lo que queda de legislatura —porque siempre que va al Congreso o viene al Senado dice que quiere consensuarlo todo, aunque en la práctica luego no consensua nada—, insistía en la Ley de enjuiciamiento criminal. Como quiera que, en general, suelen acertar cuando corrigen y echan marcha atrás, por ejemplo, en lo de las tasas, espero que en esta ocasión, en la Ley de enjuiciamiento criminal, no vayan a hacer lo que hasta ahora han hecho. Es como en las carreras de galgos —ustedes lo recordarán—: sale por delante el conejo y todos van corriendo detrás de él. En la Ley de enjuiciamiento criminal ha pasado lo mismo con el borrador: han puesto por delante las escuchas telefónicas sin autorización judicial, todo el mundo se ha concentrado ahí y, mientras están despistados, van sacando otras cosas tan relevantes o más, siendo grave esto que acabo de señalar. Han hecho bien en echar marcha atrás con las escuchas telefónicas sin autorización judicial, han hecho bien con la propuesta —todavía no está en vigor— de echar marcha atrás respecto a las tasas, y en esta ocasión, si vamos en la buena línea, todo lo que sea mejorar nuestro ordenamiento en materia de garantías sigue siendo razón para que, cuando estemos debatiendo con otros países con democracias parlamentarias, podamos explicar lo que estamos haciendo con toda dignidad.

Termino, señor presidente. Agradezco a la proponente las sugerencias que ha planteado, supongo que tras una cierta conversación con el Gobierno también.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De Haro Brito.

La señora DE HARO BRITO: En primer lugar, muchas gracias por el apoyo a esta moción.

Senador Bruguera, los miembros del Partido Popular —en este caso los senadores, por la Cámara en la que estamos— en ocasiones nos adelantamos al propio Gobierno. No tenemos la culpa de que a veces sea a este grupo al que se le ocurran iniciativas que luego es evidente que cuanto antes se asuman por el Gobierno mucho mejor, máxime cuando esta tarde hemos oído a algunos portavoces quejarse por el retraso en la trasposición de las otras dos directivas. Estamos hablando de una directiva con plazo de vencimiento en 2016 y España será uno de los países miembros de la Unión Europea que pondrá en marcha en primer lugar la directiva de la Unión Europea.

Es cierto que esta directiva informa, como dice la senadora Rieradevall una de las normas que ha aprobado el Consejo de Ministros, pero la moción no solo establece que se trasponga y, de hecho, en esa norma se reflejan algunos de los artículos de la directiva que ahora tratamos, pero no la totalidad. Si usted lee todos y cada uno de los artículos verá que habla de la asistencia jurídica gratuita, de la confidencialidad y, por tanto, de otros aspectos que también serán tratados en las normas correspondientes.

Además, en el primer punto hablamos de la trasposición pero, en el segundo, de que todas las normas que se dicten en materia penal sean informadas por los principios que contiene esta directiva. Por tanto, creo que va más allá de la norma que usted menciona que, efectivamente, es una garantía de que el propio Gobierno está asumiendo, entre otros, el texto, el fin o el espíritu que pretendemos con esta moción del Grupo Popular.

Por lo demás, quiero agradecer al senador Díaz Tejera su apoyo a esta moción que, además, creo que es una moción fundamental, así como las tres directivas que hemos tratado en relación con la ley orgánica que hemos debatido esta tarde, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal y de la Ley orgánica del poder judicial, que es absolutamente fundamental en el ámbito penal y, como decía anteriormente, ahonda todavía más en el principio de tutela judicial efectiva y en los derechos y garantías de seguridad jurídica de los sospechosos, de los acusados y de las personas con orden de detención penal internacional. Pero, sobre todo, ahonda —como dicen las tres directivas en sus exposiciones de motivos— en esa confianza que tiene que existir entre los países miembros de la Unión Europea de que las normas de todos y cada uno de ellos son correctas y que, además de ser correctas, se aplican correctamente. Creo que son fundamentales y que abordan un derecho fundamental: el artículo 24 de la Constitución.

Solo me queda darles las gracias por su apoyo y agradecer su trabajo y su ánimo a esta hora de la tarde, después de esta intensa sesión de la comisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVOCAR DE OFICIO LAS RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA, MOTIVADAS EN LA NO ACREDITACIÓN DE BUENA CONDUCTA CÍVICA POR DEFICIENCIAS EN LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES. 661/000576 GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA

El señor PRESIDENTE: Moción por la que se insta al Gobierno a revocar de oficio las resoluciones denegatorias de la nacionalidad española, motivadas en la no acreditación de buena conducta cívica por deficiencias en los certificados de antecedentes penales.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Algunos de los argumentos que ha utilizado la senadora De Haro en relación con la moción que acabamos de debatir, en el sentido de que el Partido Popular a veces se adelanta al Gobierno, me gustaría que también se pudiesen utilizar en relación con esta moción, y estaría muy contento de que así fuese.

El día 22 de abril de 2014 tuve ocasión de interpelar al entonces ministro de Justicia, al señor Gallardón, sobre dos cuestiones: en primer lugar, sobre la aplicación del derecho de asilo y la protección internacional; y, en segundo lugar, sobre las diversas problemáticas derivadas de las solicitudes de nacionalidad española.

En este sentido, le referí dos casos sobre los que tenía información porque habían ocurrido en mi circunscripción electoral, en la provincia de Girona, sobre denegación de la solicitud de nacionalidad por el hecho de haber caducado el certificado de antecedentes penales, y que habían caducado no en el momento de la solicitud de la nacionalidad, sino en el trámite o en el curso de los meses —incluso a veces años— que se tarda en resolver el expediente y que, por lo tanto, el hecho de que el certificado de antecedentes penales estuviese caducado no era imputable al solicitante sino a la lentitud de la Administración. El entonces ministro me respondió que si había algunos casos, estaría dispuesto a corregir la situación y me pidió que por favor le hiciese llegar estos dos supuestos para que procediesen de oficio a su corrección porque, insisto, la instrucción deja bien claro que solamente si se presenta en la solicitud un certificado ya caducado hay que volver a solicitarlo pero, si no es así, de ninguna de las maneras.

La realidad es que al cabo de pocos días, únicamente en mi circunscripción electoral, en la provincia de Girona, pude encontrar más de 100 casos en los que la causa de la denegación de la nacionalidad española se debía a que había caducado el certificado de antecedentes penales durante el análisis o durante la tramitación del expediente en el Registro de la Propiedad. Concretamente, Caritas contaba en aquellos momentos con 64 casos; Cruz Roja de Girona, 13 casos; y únicamente consulté con dos despachos de abogados con los que tengo cierta relación y entre los dos despachos me hicieron llegar 35 denegaciones.

Dos meses más tarde, en el mes de junio, le hice una pregunta más circunscrita al señor ministro en este sentido, y me vino a decir que los casos que le había presentado no eran susceptibles de revisión puesto que no quedaba acreditado que hubiesen caducado durante la instrucción del expediente. La realidad es que el problema radica en qué se entiende por inicio del expediente, si se entiende el día en que la persona hace su solicitud de nacionalidad o bien en el momento en que se realiza la entrevista previa, que puede celebrarse al cabo de un año y medio o de dos años. Este es el debate de fondo.

En todo caso, al cabo de pocos días de haber formulado esta pregunta, me llegó un escrito de la oficina de la Defensor del Pueblo que decía textualmente: Se ha recibido la preceptiva respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia en la que se reconoce que con ocasión del PIN —Plan Intensivo de Nacionalidad— se han denegado solicitudes de nacionalidad por caducidad del certificado de antecedentes sin que se haya requerido la subsanación de la solicitud. Es decir, que el propio ministerio, la propia Secretaría de Estado de Justicia reconocía en un escrito a la defensora del pueblo que, efectivamente, se habían producido denegaciones por caducidad del certificado de antecedentes sin que se hubiese requerido la subsanación de la solicitud.

Además, el escrito de la defensora del pueblo continúa diciendo: Una vez examinados los antecedentes, se ha considerado procedente formular una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia con el siguiente contenido. Pues bien, el contenido de esa recomendación era exactamente la parte dispositiva de la moción que presento para su debate y, en su caso, aprobación en esta Comisión de Justicia, que paso a leer: Revocar de oficio las resoluciones denegatorias de la nacionalidad española motivadas en la no acreditación de buena conducta cívica por no haber aportado un certificado de antecedentes penales en vigor o hallarse este caducado o debidamente legalizado, sin haber ofrecido previamente la oportunidad de aportar un nuevo certificado en vigor y debidamente legalizado.

Resumiendo, parece que el tema está muy claro, muy centrado. Es una moción que intenta construir, que en positivo intenta resolver un problema real; un problema que, además, conlleva gastos económicos y pérdida de tiempo a las personas que posteriormente tienen que presentar el correspondiente contencioso. Por lo tanto, repito, teniendo en cuenta la predisposición inicial del entonces ministro y la recomendación muy clara de la defensora del pueblo, así como el reconocimiento por parte de la Secretaría de Estado de Justicia de que, efectivamente, este hecho ocurre —no de forma general, sino en casos concretos, pero que afecta a miles de personas—, hemos presentado esta moción solicitando que sea aprobada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

¿Turno en contra?

La señora Franco, tiene la palabra.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Sí, señor presidente.

Senador Bruguera, en mi grupo parlamentario somos conscientes de su preocupación por esta cuestión; una preocupación que le aseguro que tampoco nos es ajena. Todos recordamos aquel debate de la interpelación y de la posterior moción consecuencia de interpelación en el que el ministro se mostró muy proclive a intentar buscar una solución a estos casos.

Comenzaba usted la intervención señalando que quería que la respuesta que le diésemos fuera la de un grupo parlamentario que se anticipa a la acción del Gobierno. Lamento decirle que vamos a responder como grupo que apoya al Gobierno, y lo vamos a hacer con el convencimiento de que el Gobierno, el Ministerio de Justicia, en esta cuestión actúa y trabaja siempre respetando las normas de procedimiento.

Vamos a votar en contra de la moción porque discrepamos —ya le digo—, no por la preocupación de tener que resolver en vía administrativa este tipo de expedientes cuando ciertamente haya un error y se haya denegado no de manera fundamentada el expediente que se debe resolver en vía administrativa, bien mediante recurso, bien a través de una revocación; no por esa cuestión, sino por determinados contenidos que señala en la moción con los que no estamos de acuerdo, incluso el petitum que fija tan preciso de establecer un plazo concreto, que va más allá incluso de las previsiones que señala la Ley de procedimiento administrativo cuando regula la revocación de un procedimiento. Como le decía, esta es una cuestión que debatimos en aquel Pleno en abril.

Usted conoce que cuando el Partido Popular asumió la responsabilidad de gobierno había en el Ministerio de Justicia más de 400 000 expedientes de nacionalidad paralizados y, precisamente, la preocupación del Gobierno por resolver cuanto antes estos expedientes, que estaban generando mucha incertidumbre a los solicitantes y un elevado número de quejas, también llegó a la defensora del pueblo en aquel momento —porque a lo largo de los años han sido recurrentes las recomendaciones e informes de la defensora del pueblo llamando la atención sobre el retraso en la tramitación de esos expedientes—. Como le decía, el ministerio asumió el compromiso de intentar resolver esa paralización de los expedientes y por eso se diseñó el Plan intensivo de nacionalidad que, con un gran esfuerzo y desde luego con un gran trabajo por parte de todas las personas implicadas, ha conseguido resolver ese problema, esa paralización de expedientes de nacionalidad en nuestro país.

Yo, no tanto por lo que usted ha dicho ahora aquí en la defensa de su moción, pero sí tras la lectura del texto literal de dicha iniciativa, me quedo con la sensación de que se pretende abrir una especie de causa general contra el Plan intensivo de nacionalidad, porque habla usted, por ejemplo, del alarmante incremento de las denegaciones, de denegaciones masivas y desproporcionadas, y mi grupo no comparte este tipo de afirmaciones que, además, tratan de transmitir una imagen de parcialidad o de arbitrariedad o de atropello en la tramitación de estos expedientes que no se corresponde con el trabajo y el esfuerzo que han realizado, como digo, todas las partes que han intervenido en este Plan intensivo de nacionalidad, ni tampoco con los resultados del propio plan. Sí me gustaría destacar que, por ejemplo, a fecha 1 de enero de 2015 se han resuelto más de 518 898 expedientes y se han hecho más de 68 507 requerimientos de documentación. Cuando se deniega —es una cuestión que también se trató en esa interpelación— un expediente de nacionalidad por la carencia de buena conducta cívica, no siempre es por un problema con el certificado de antecedentes penales —eso sí que lo sabe usted—. Es posible que se haya producido en algún caso una denegación porque no se haya valorado debidamente o no se haya hecho el requerimiento de subsanación, pero no es la tónica general de la tramitación de estos expedientes por parte de los registradores de la propiedad, que son los principales actores en este Plan intensivo de nacionalidad. Ya le digo, con el convencimiento de que nuestro Ministerio de Justicia actúa en cumplimiento de las normas de procedimiento, cuando se ha detectado algún caso de estos y realmente se puede deducir del expediente que no se produjo ese requerimiento de subsanación y se puede comprobar fehacientemente además que el certificado de antecedentes penales estaba caducado o que caducó después del inicio del expediente, se está reconociendo en vía administrativa bien a través de recurso o bien a través de la revocación, de acuerdo con lo que establece la Ley de procedimiento administrativo.

Termino diciéndole simplemente que mi grupo no va a apoyar la moción con el convencimiento de que se debe buscar una solución en vía administrativa a estos casos, porque es verdad que es una irregularidad, pero no compartimos que se inste directamente al ministerio —o al menos no vamos a apoyar que se inste al ministerio— a llevar a cabo esta revisión general de todos los procedimientos que se hayan denegado en un plazo de tres meses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Franco.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

En todo caso, si el problema son los tres meses, estoy dispuesto a renunciar a estas dos palabras.

En cuanto al Plan intensivo de nacionalidad, yo mismo, tanto en la interpelación como en la moción consecuencia de interpelación, hablé de la bondad y de la importancia del Plan intensivo de nacionalidad, del PIN, que, efectivamente, ayudó a resolver miles y miles de casos que estaban amontonados. Lo que ocurrió fue que los registradores de la propiedad empezaron a aplicar en algunos casos criterios distintos ante asuntos similares. Por ejemplo, en una familia se concedía la nacionalidad a la madre y no se le concedía al hijo. ¿Por qué? Porque un expediente estaba en una provincia y otro expediente estaba a mil kilómetros de la anterior y de la residencia de esta familia. Por lo tanto, el problema no es que el ministerio no haga bien su labor, sino, simplemente, que el ministerio debe dar instrucciones concretas para que en igualdad de condiciones y en los mismos casos —es decir, la misma casuística— se actúe del mismo modo. De todos modos, cuando he hecho referencia a la denegación por falta de conducta cívica, me he referido única y exclusivamente a los hechos derivados de la caducidad del certificado de antecedentes penales, no a otros que no juzgo; por lo tanto, entiendo que si la resolución es denegatoria, bien denegada está. Yo me refiero, única y exclusivamente, a las denegaciones por el hecho de haber caducado el certificado de antecedentes penales. Los podría leer, aunque a estas horas creo que no hace falta, pero aquí tengo los ciento y pico únicamente de la circunscripción de la que soy senador, la provincia de Girona.

En definitiva, en la parte expositiva de la moción yo hacía mías las palabras, por ejemplo, de SOS Racismo, cuando hablaba de la preocupación por las denegaciones masivas y desproporcionadas, incluso está entrecomillado; es decir, yo me refería a SOS Racismo o a Acnur o a Cáritas o a Cruz Roja. Todas ellas instituciones u ONG que están muy preocupadas —y me consta porque he tenido relación con estas ONG— precisamente por un tema que, con poca voluntad que se ponga, se puede resolver sin ningún problema, y es que no se produzcan denegaciones por la caducidad del certificado de antecedentes penales durante la instrucción del expediente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Ya avanzo que vamos a apoyar esta moción. Yo provengo de la misma circunscripción que el senador Bruguera y puedo dar fe de que esto es así.

Realmente, nosotros, como grupo, también valoramos que este plan intensivo para la tramitación de expedientes de nacionalidad haya sido un éxito en la velocidad a la hora de resolver los expedientes y de desencallar todo el colapso que había, y esto se tiene que reconocer. Aun así, también es cierto que el colapso ahora se ha trasladado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para resolver estos recursos potestativos de reposición, que, a preguntas de esta senadora ya hace meses, eran, concretamente, de enero de 2013 a enero de 2014, 59 342. A lo mejor ha coincidido que este plan se puso en marcha, no hubo una unificación de criterios y se produjeron estos errores. Es normal, pues, que se plantee que hay una revocación de oficio, y aplicando el artículo 105 de la Ley de procedimiento administrativo la Administración puede revocar un acto que es erróneo y que no perjudica a nadie. Luego no entendemos por qué esta negativa. Realmente se puede comprobar y pone que se ha denegado por mala conducta cívica por el hecho de que están caducados los certificados de antecedentes penales. Aplicando los artículos 71 o 76.2 de la Ley 30/1992 se podría haber requerido la aportación de un nuevo certificado, o el mismo punto 6 de la Instrucción de 2 de octubre de 2012 de este plan intensivo donde así lo indica, y no se hizo. Ahora esto no está pasando porque ahora sí están requiriendo. Ahora se ha reconocido este error y se requiere, luego esto no está pasando. Pero ¿qué ocurre con toda la gente que no recurrió?, ¿qué pasa con el que ha recurrido y ha gastado unos honorarios o con el que está esperando sentencia?

El año pasado estaban tardando nueve meses; a fecha de hoy están resolviendo recursos de agosto de 2013. Estamos en febrero de 2015. Esta gente ha tenido unos gastos y un perjuicio. Aparte de esto, gente que pensaba obtener la nacionalidad e irse a trabajar a Alemania, por ejemplo, por la situación de paro, no puede hacerlo porque no es nacional. Familiares que debían reagruparse como familiares de comunitarios no se pueden reagrupar. O sea, hay una serie de consecuencias. Por lo tanto, creemos que es coherente que se pida una revocación de oficio porque hay gente que ni recurrió por falta de medios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Yo le quiero pedir a la señora portavoz del Grupo Popular que reflexione un poco sobre lo que le han planteado el senador Bruguera y la señora Rieradevall, porque fíjense ustedes lo que es la denegación de un expediente porque ha caducado el certificado de antecedentes penales. La fórmula se ha ofrecido y es bien sencilla: la Administración siempre tiene la iniciativa de pedir que algo se subsane; si está incompleto algo, que se subsane o que se actualice, porque la Administración pública siempre tiene la obligación de actuar con buena fe; si ve que un ciudadano, que un administrado, para ser exacto, ha presentado todo dentro de plazo, pero por el tiempo de tramitación ha caducado, que presente una actualización o que lo repita, cualquier fórmula de estas. No voy a cuestionar el debate de fondo de cómo se encontró este ámbito material de la Administración pública; yo, de verdad, no estoy interesado en cuestionar ni lo que hizo el ministro anterior ni lo que hizo el actual. Simplemente considero que lo que se está planteando no es un asunto ideológico, sino de gestión de la tramitación, y parece razonable que se pueda abordar, digamos, sin un rechazo ad limine, porque incluso el senador Bruguera dice tres meses, pero lo puede retirar y poner seis o nueve. Le da igual. Lo que quiere es solventar el asunto, incluso trae materialmente los casos que son. A mí me parece bastante sensato. Yo me permití hacer un comentario sotto voce diciendo que esto me parece razonable, pero como es una conversación privada, no transmito ninguna otra cosa.

Este turno sí lo quiero aprovechar, a pesar de que todos estamos cansados, para decirle que la propuesta del señor Bruguera es razonable, sensata, y creo que sería bueno para el propio gestor; fíjese usted qué bueno sería para el propio gestor de esta materia en el ministerio que donde antes se decía: Houston, tenemos un problema, ahora se dice: Houston, tenemos vías de solución. Ganan todos: ganan los administrados, ganan los parlamentarios que lo han señalado y gana también el Ministerio de Justicia, porque donde había un problema, ha encontrado una solución. Y ya está.

Mi sugerencia es que lo dejo a la iniciativa de la señora Franco y lo dejo a la iniciativa del señor Bruguera. Pudiera ser que el señor Bruguera dijera: Bien, si se va a votar en contra, prefiero entonces dejarla para otro momento. Pero también la señora Franco podría decir: Retírela usted en este momento porque no quiero votarla en contra o ¿le parece a usted que pongamos algo así como: nos emplazamos todos a investigar el asunto y a tratar de buscar una solución a lo que se ha planteado? ¿Les parece una fórmula razonable? El objeto es que nos sintamos útiles a la hora de resolver un problema que aqueja a la gente y que todos queremos solucionar, porque no es un asunto partidario ni ideológico, es de gestión pública. Sugiero.

Lo dejo ahí, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Recogiendo el guante, cabrían dos posibilidades.

Si el senador Bruguera accede a retirarla y podemos estudiarlo con más calma, todos de común acuerdo, por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Si no, yo le digo que vamos a votar en contra, tanto por los términos de la explicación de la moción —por las cuestiones que le he señalado— como por los términos del petitum tal y como está, sin perjuicio de que la preocupación que tenemos por esta cuestión es totalmente compartida y sin perjuicio de añadir que, como usted ha dicho, esta moción es reproducción de una recomendación de la defensora del pueblo que se recibió en la Secretaría de Estado de Justicia y que se analizó. Este es el informe del año 2014 y en él se observa que el Ministerio de Justicia no está entre las entidades que no son colaboradoras o que son entorpecedoras. Yo creo que eso significa algo. Además le recuerdo sus propias palabras, el propio interés que tuvo el anterior ministro de Justicia en ver la posibilidad de revocar de oficio esos expedientes.

Estamos ante una tramitación compleja por todas estas cuestiones que usted ha señalado. No siempre se deniega por el tema antecedentes penales, ya que si este certificado está caducado previamente, hay que denegar el expediente; ahí no se puede hacer una revocación de oficio porque ese expediente no cumple los requisitos. Por tanto, hay que ver caso a caso. Y como no es una cuestión, digamos, genérica, es decir, que se han denegado porque los certificados de antecedentes penales están caducados, hay que ver cuándo se produce esa caducidad porque, a lo mejor, están caducados y la denegación es perfecta y lo que tendría que hacer el interesado es volver a solicitar la nacionalidad; o puede ser que haya habido un error en la tramitación, que esa caducidad se haya producido con posterioridad y que el tramitador, pues nadie es infalible, haya cometido el error de no pedir una subsanación, ya sea porque interpretaba que el procedimiento era lo que le decía que tenía que aplicar o por un simple error. En esos casos, sí cabe la revisión en vía administrativa ya sea porque recurra o ya sea porque realice una revocación. Lo que hay que hacer es analizar caso por caso con las normas de procedimiento y ver si cabe esa revocación o no cabe esa revocación. La cuestión no es automática: tantos expedientes… Hablaba usted en el texto de la moción de 30 000 expedientes denegados. Yo imagino que esos 30 000 serán denegados por diferentes causas, a pesar de que hay causas que son más objetivas y otras que son más subjetivas o que se englobarían dentro de los conceptos jurídicos indeterminados; habrá expedientes inadmitidos porque se incumplan todos los requisitos; habrá expedientes archivados por caducidad porque se haya hecho el requerimiento de documentación y no se haya presentado esa documentación; o habrá casos en los que, desgraciadamente, haya habido un error en la tramitación. Lo que yo le digo es que mi grupo parlamentario tiene el absoluto convencimiento de que el Ministerio de Justicia cumple con las normas de procedimiento y respeta la Ley de procedimiento en la tramitación de estos expedientes. Desde luego, a mí no me cabe la menor duda al respecto.

Y en cuanto a la recomendación de la defensora del pueblo, no estamos entre las administraciones que no hayan escuchado o que hayan entorpecido. Creo que eso algo tiene que decir a este respecto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Franco.

Senador Bruguera, ¿desea hacer uso de la palabra?

El señor BRUGUERA BATALLA: Voy a ser breve, señor presidente. No quiero reproducir nuevamente el debate.

Mi motivación es resolver el problema. De ahí mi predisposición a retirar la moción y, por tanto, a mover ficha, si es que la senadora Franco, en representación del grupo parlamentario mayoritario que sustenta al Gobierno, mueve ficha en el sentido de que se compromete a estudiar el tema a fin de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Senadora Franco, ¿va a mover usted ficha? (Risas).

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Senador Bruguera, tiene mi más absoluto compromiso en esta cuestión, que ciertamente nos preocupa a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Esta moción queda retirada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL MINISTERIO DE JUSTICIA A MANTENER LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA DE MAGISTRADO PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL, ASÍ COMO A LA CREACIÓN DE OTRA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. 661/000584 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: Moción por la que se insta al Ministerio de Justicia a mantener la propuesta de creación de una nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra para el orden jurisdiccional penal, así como a la creación de otra para el orden jurisdiccional civil.

Senadora Marra López, tiene usted la palabra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Senadora Marra Domínguez, pero gracias, presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Teniendo en cuenta que ya es muy tarde, voy a tratar de exponer lo más rápido y lo mejor posible el motivo que trae a colación esta moción. Es un asunto que voy a detallar para que el Gobierno tenga pleno conocimiento de cuál es la situación real que se está viviendo concretamente en los juzgados de la ciudad de Vigo.

De acuerdo con el último informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, con datos relativos a 2013, que son los últimos, se muestra cómo de los 255 juzgados que hay en la Comunidad Autónoma de Galicia 88 superan en más de un 150 % la carga de trabajo marcada por este organismo para cada uno de ellos. De hecho, las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sitúan a los juzgados gallegos entre los que tienen más carga de trabajo al colocarse como los cuartos más congestionados del país. Y es que la congelación de la plantilla judicial no ha hecho más que aumentar las montañas de causas que se vienen apilando en estos juzgados de Galicia, de manera especial en los tribunales mercantiles, sociales y civiles por órganos como los juzgados de primera instancia, con un 93,5 %, los de familia, con un 85,7 %, de lo social, con un 61,5 %, mercantil, con un 60 %, que son los que más retraso acumulan en Galicia. De hecho, si hago una breve síntesis del actual mapa judicial, verán que los juzgados en Galicia están por encima del 200 % de carga de trabajo. A la cabeza del ranking se encuentra el de primera instancia de Lugo con un 271 % de congestión; otros cinco tribunales de primera instancia están también en esta línea de atasco, que es superior a un 200 %, y entre ellos se encuentran también los de la ciudad de Vigo.

Y a ellos me quiero referir porque en el caso de Vigo un total de 19 de los 36 órganos judiciales que hay están colapsados con una carga de trabajo superior al 150 % tras la inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, más de la mitad de los juzgados de Vigo están colapsados, y entre los más colapsados están los juzgados de lo social, los de familia, los de instancia, el mercantil y la Sección quince de la Audiencia, según recoge el propio informe. Se trata de unos índices que, en nuestra opinión, son desproporcionados. Si nos vamos a datos más recientes, los juzgados de Vigo terminaron el año 2014 rozando los 80 000 asuntos, un volumen de pleitos que los mantienen entre los 25 partidos judiciales con mayor litigiosidad de España. Lo que más aumenta en estos juzgados son las demandas civiles a pesar de las tasas. Entraron 17 027 casos, 1463 más que en 2013, un 9,4 % más por deudas y divorcios, y hay 500 pleitos más contra la Administración.

Esta situación, que consideramos es un colapso en general de la justicia y de los juzgados en Galicia, y en concreto de los de Vigo, pensábamos que podría solventarse en parte cuando el Gobierno decidiera aprobar el proyecto de real decreto, ahora Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre de 2014, por el que la planta judicial se adecúa a las necesidades judiciales existentes en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 561.1.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. En concreto, uno de los objetivos que se recogen en este real decreto consiste en concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades existentes mediante la creación de 112 plazas de magistrados en órganos judiciales colegiados, la creación y constitución de tres juzgados de lo penal y 167 plazas de jueces de adscripción territorial.

Pensábamos que con este real decreto se daría respuesta a la situación que vive Vigo. De hecho, el Grupo Socialista, como también la Comisión Mixta de la Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia mandaron como propuesta la creación de dos plazas de magistrado, una en la sección sexta, especializada en lo civil, y otra en la sección quinta, especializada en lo penal. Resulta, por tanto, incomprensible y sorprendente que en este decreto ley no apareciese una plaza para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y reitero que resulta incomprensible y sorprendente porque es sobradamente conocido que es una de las salas con uno de los mayores ratios de pendencia de España, aun cuando el enorme esfuerzo de los titulares logra que se ocupe un lugar muy destacado en el número de resoluciones dictadas.

Es conocido también que el propio Consejo General del Poder Judicial en 2013 para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo entiende de 817 asuntos. Si vamos a dar datos estadísticos, que a veces es bueno tenerlos para ver cuál es la situación real, el número de asuntos ingresados a 1 de octubre de 2013 era de 531 y el número de asuntos ingresados a 1 de octubre de 2014 es de 610. De hecho, por el número de asuntos ingresados en relación con el resto de las audiencias civiles en el segundo trimestre de 2014, la Sala Sexta de la Audiencia de Pontevedra se situó en el número 17, sucediendo que en la mayoría de las secciones, con muchos asuntos ingresados, se tiene competencia exclusiva en familia, y es este motivo el que tiene como consecuencia que tenga más ingresados. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha venido reclamando durante muchos años la creación de la mencionada plaza, y así consta en la memoria anual de la institución.

Hay que añadir, además, que nos referimos a un partido judicial con una densidad de población de 2711,17 habitantes por kilómetro cuadrado, el segundo índice de litigiosidad a nivel nacional, el que cuenta con mayor población de Galicia, mayor número de oficinas bancarias de la comunidad, vehículos matriculados, y un largo etcétera que aconsejan la adecuada atención judicial, motivo por el que traemos aquí esta moción en la que reclamamos, instamos al Ministerio de Justicia a que cree una nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo para la orden de la jurisdicción civil.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra Domínguez.

¿Desean intervenir en turno en contra? (Pausa).

En turno de portavoces tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Anuncio nuestro voto favorable a la moción presentada y defendida por la senadora Marra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Intervengo para posicionarnos a favor de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera, salvo que haya conflicto interno. (La señora Marra Domínguez pide la palabra).

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: No, salvo que se encuentre inspirado.

El señor DÍAZ TEJERA: Señora y compañera Marra, ¿quiere hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Socialista? El Grupo Socialista está muy honrado con que ella lo haga.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Intervendré brevemente. Si quiere, le cedo unos minutos. (Risas). Me encantaría, además, que interviniera en este punto nuestro señor portavoz.

Solamente voy a señalar dos cuestiones. Una. Yo puedo entender que no se acepte y no se quiera reconocer, por parte del grupo mayoritario de la Cámara, que hay un desconocimiento de cuál es la situación real que en este momento se vive en los juzgados de Vigo, algo que yo he tratado de trasladar aquí para que se pueda votar con conocimiento de causa. Dos, que se quiere castigar de una forma reiterada a los ciudadanos de Vigo y , por lo tanto, se siga negando algo que es de justicia. Porque, créame si le digo que cuando la justicia es lenta no es justicia. Cuando se dilata la justicia, es una injusticia. Y eso es lo que se estaría haciendo por parte del Grupo Parlamentario Popular cuando no se quiere aprobar esta moción en esta comisión.

Gracias. Le cedo la palabra al señor portavoz. (El señor Belloch Julbe: Es el presidente el que concede la palabra).

El señor PRESIDENTE: Yo creí que la senadora Marra Domínguez había dejado callado al senador Díaz Tejera, pero no estoy seguro de que lo haya conseguido. (Risas).

El señor DÍAZ TEJERA: No. He estado muy atento a sus palabras. Pero sí quería consumir un pequeño turno, si me permiten el presidente, Ángeles Marra y todos ustedes, para decir lo siguiente. En el concurso del Consejo General del Poder Judicial, que se ha publicado hoy, hay dos magistrados que tienen plaza en dos audiencias provinciales: Juan Alberto Belloch, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y un servidor de ustedes en la Audiencia Provincial de Tenerife. Sabemos bien lo que es una audiencia provincial. Y esto lo decimos a los efectos de que no solo es el discurso ideológico o político, sino profesional el que nos acompaña cuando hacemos un análisis en esta comisión y en el Pleno. Y lo que tratamos de subrayar es que esto que ha dicho hoy Ángeles Marra y durante toda la legislatura otros senadores y senadoras, y en la legislatura anterior y en la anterior también hicieron otros senadores y senadoras respecto a sus territorios, en este caso ella lo ha argumentado con números de la litispendencia y la litigiosidad que hay en ese ámbito territorial. Por eso, el Grupo Socialista siempre ha mantenido que la creación de órganos no dependiese de factores externos a la litispendencia, de factores externos a la litigiosidad. De ahí la importancia de no hacer solo un discurso general sobre que hace falta un órgano equis en el territorio zeta, sino razonarlo de la forma en que ella lo ha hecho, a los efectos de argumentar que es importante que desde el consejo, desde el ministerio —y aquí me permito hacer una pequeña aportación—, desde las comunidades autónomas, porque a veces hay comunidades autónomas que no quieren crear las plazas que el propio ministerio les dice que pueden crear, haya criterios predeterminados y objetivados para la creación de plazas. Y a mí me parece que lo que ha expuesto muy razonablemente Ángeles Marra tiene razones y fundamentos más que sobrados para que se cree esa plaza. Y les aseguro que a pesar del comentario inicial esta no es una posición corporativa, sino que, sinceramente, si ella lo ha argumentado por la litigiosidad pendiente y por la litispendencia que se da en ese territorio, yo creo que son razones para tener en cuenta.

Gracias por su benevolencia, señor presidente. Y, enhorabuena, señora Marra, por lo bien que lo ha explicado. Sobraba que hablase el portavoz.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Dueñas tiene la palabra.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Marra, permítame que empiece por aquello del castigo. Evidentemente, no puedo aceptar esa afirmación; una expresión que entraría más en el discurso político o partidista que en lo que realmente estamos planteando aquí, porque, como bien sabe usted, la no admisión de esa propuesta que usted recoge en el punto 2 de su moción responde más a criterios objetivos marcados por el propio Consejo General del Poder Judicial que a una cuestión, como usted ha señalado, puramente partidista. También olvida usted en su intervención algo que recogía su moción en el punto 1, relativo a mantener la propuesta de crear la nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo para el orden jurisdiccional penal, que, como bien sabe, ese real decreto, aquí reseñado ya por usted, efectivamente, sí lo recoge.

Permítanme, señorías, que trate de razonar el porqué del voto en contra a esta moción, y, concretamente, a ese punto 2 de la moción de la senadora Marra. Como digo, un criterio absolutamente objetivo. Como bien saben, en la elaboración de la programación del desarrollo de la planta judicial correspondiente al año 2014, al igual que en otras programaciones anteriores y que en la posterior asignación de las plazas, se han tenido en cuenta, como no puede ser de otra manera, los informes del Consejo General del Poder Judicial, las memorias de los tribunales superiores de justicia, y, cómo no, las propuestas de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia. Esa programación se materializa en este real decreto que se presenta dos días después de que ustedes formalicen esta moción aquí, en el Senado. Un real decreto bastante ambicioso, a mi juicio, por el que se crean 282 plazas de jueces y magistrados y con un objetivo fundamental, que para nada es ese castigo que usted señalaba, más bien, todo lo contrario: adecuar la planta judicial a las necesidades actuales de la Administración de Justicia y fijar recursos para que esa Administración de Justicia sea mucho más eficaz, para que se agilicen los procedimientos. En definitiva, todo lo que todos, como ciudadanos —permítanme que incida en ello—, deseamos y aspiramos de la Administración de Justicia. Y un real decreto que supone la mayor creación de plazas judiciales de los últimos veinticinco años. Una decisión, la que ha adoptado este Gobierno, sin precedentes cercanos. Para ver algo similar deberíamos remontarnos al año 1989, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales. Y, en aquel momento, la razón de esta creación fue el despliegue, como usted sabrá, de los juzgados de lo Penal; 221 de las 303 unidades judiciales fueron juzgados de lo Penal, como digo, de nueva creación. De esas 282 plazas, 112 plazas eran para aumentar efectivos en los distintos órganos colegiados; 108, de nueva creación. Y en ese punto es donde constan cinco plazas que son asignadas a la Comunidad Autónoma de Galicia. Concretamente, una plaza de magistrado para la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña; una plaza de magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela; otra plaza de magistrado para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo; otra plaza para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Orense, y una plaza de magistrado para la Sección Quinta de lo Penal —la que usted solicitaba—, de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Y todo ello, señoría, justificado en la carga de trabajo.

Los criterios que ha utilizado el ministerio y que ha consensuado con todas las comunidades autónomas para esa programación del año 2014, como saben, ha sido la población, la litigiosidad y el coeficiente de corrección por los desajustes históricos de la planta derivados de causas diversas. Estos criterios fueron asumidos en la Comisión técnica de la conferencia sectorial de la Administración de Justicia, que se celebró en junio del año pasado, sin que, reitero, hubiera objeción alguna por parte de las comunidades autónomas.

Y ciñéndome al criterio subjetivo que yo le apuntaba al principio para no poder estimar esta petición de creación de plaza de la Sección Sexta, como sabe, con carácter general, se ha seguido el criterio marcado por el Consejo General del Poder Judicial de crear plazas en aquellos órganos judiciales colegiados que superen el módulo de ingreso establecido, como digo, por este órgano, no llegándose a crear una plaza si como consecuencia de dicha creación, como sería el caso de esta plaza en la Sección Sexta, el módulo de ingreso resultante fuera inferior al 80 % del módulo anteriormente reseñado.

Ciertamente, y usted lo ha apuntado en su intervención, la Comunidad Autónoma de Galicia envió una propuesta, con fecha 24 de septiembre de 2014, que incluía dos alternativas. Una primera, que usted recoge en su moción, reseñaba la creación de una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, para las secciones Quinta de lo Penal y Sexta de lo Civil. Y la otra alternativa, que remite la Comunidad Autónoma de Galicia, solamente recogía la creación de la plaza de magistrado para la Sección Quinta, la de lo Penal. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, cabe decir que consideró en su informe aconsejable la ampliación de una plaza para la Sección Sexta, del orden jurisdiccional civil.

A la vista de todos los informes presentados, de todas las consideraciones realizadas por los diferentes órganos y, como decía al principio, por las propuestas realizadas por las diferentes comunidades autónomas con traspaso de medios de la Administración de Justicia, el ministerio, como bien sabe, resolvió y cerró definitivamente la propuesta de creación de 112 plazas en órganos judiciales colegiados; en concreto, reitero que son 108 plazas de magistrados nuevos.

En consecuencia, señorías —y voy concluyendo—, se justifica la no creación de esta quinta plaza de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y reitero que por datos puramente objetivos y por el criterio que marca el Consejo General del Poder Judicial. (La señora Marra Domínguez: No dice eso). Perdón, señoría. El ministerio ha respondido basado en ese criterio, justificado en la carga de trabajo, con la creación... (La señora Marra Domínguez: ¡Si el Consejo General del Poder Judicial está pidiendo una plaza precisamente!)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, vamos a ver si terminamos como empezamos.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Señoría, yo he respetado su turno de intervención; le ruego que respete el mío.

Como le decía, entiendo que el ministerio ha respondido sobre la base de los criterios que he reseñado en mi intervención, que usted perfectamente conoce, a pesar de quererle dar un giro más partidista que propio de esta comisión. Como digo, se ha respondido a lo que planteaba la Comunidad Autónoma de Galicia con la creación de esas cinco plazas de magistrado en las distintas audiencias provinciales de la Comunidad Autónoma de Galicia con más carga de trabajo. Además, como usted sabe, a pesar de que lo ha obviado —y podía haberlo reconocido—, gracias al trabajo del ministerio, se ha creado esa quinta plaza, también solicitada, de magistrado de la Sección Quinta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Por todo lo expuesto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Dueñas.

Señorías, vamos a votar una a una las mociones, por su orden de presentación.

Empezamos votando la moción por la que se insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley regulador de las reglas para la concesión de la gracia de indulto, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Mondoñedo (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Chantada (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Villalba (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Monforte de Lemos (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Viveiro (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Sarria (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de A Fonsagrada (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Becerreá (Lugo).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Xinzo de Limia (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Verín (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Ribadavia (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de A Pobra de Trives (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Celanova (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de O Carballiño (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de O Barco de Valdeorras (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de supresión del partido judicial de Bande (Ourense).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a presentar las iniciativas que permitan reformar las diferentes normas que hacen referencia al aforamiento.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Moción por la que se insta al Gobierno a la transposición de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, quizá se pueda aprobar por asentimiento como hacemos en el Pleno. Lo que vale para el Pleno vale también para la comisión, y todo el mundo se ha manifestado a favor.

El señor PRESIDENTE: Sí, se puede hacer.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Moción por la que se insta al Gobierno para que garantice el cumplimiento de la legislación que permite el acceso telemático del notario, mediante la firma electrónica, a los libros del Registro de la Propiedad.

Hay que tener en cuenta la enmienda de sustitución que fue aceptada por el grupo proponente.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

Se ha retirado la moción presentada por el senador Bruguera.

Así pues, votamos por último la moción por la que se insta al Ministerio de Justicia a mantener la propuesta de creación de una nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Pontevedra para el orden jurisdiccional penal, así como a la creación de otra para el orden jurisdiccional civil.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, se levanta a sesión.

Buenas noches.

Eran las veintiuna horas y veinticinco minutos.


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