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DS. Senado, Comisiones, núm. 331, de 26/06/2014
 





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COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SANZ RUIZ

Sesión celebrada el jueves, 26 de junio de 2014

ORDEN DEL DÍA

Dictaminar

– Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

(Núm. exp. 621/000072)

Autor: GOBIERNO




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Se abre la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes a todos.

Comenzamos la sesión de la comisión con la comprobación de los miembros asistentes. Por tanto, el señor letrado tiene la palabra.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

¿Podemos dar por aprobada el acta del día 24 de junio de 2014? (Asentimiento).

Así se proclama: queda aprobada.

Pasamos al único punto del orden del día: Dictamen del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Les informo de que a este proyecto de ley se han presentado 8 vetos y 181 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 2, por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 3, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. El veto número 4, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. El veto número 5, por la senadora Almiñana Riqué, por los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. El veto número 6, por el senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 7, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Y el veto número 8, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las 181 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: las números 1 a 13, presentadas por los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz, Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado —13 enmiendas—. Las números 14 a 32, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto —19 enmiendas—. Las números 33 a 54, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió —22 enmiendas—. Las números 55 a 112, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —58 enmiendas—. Las números 113 a 123, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado —11 enmiendas—. Las números 124 a 162, del Grupo Parlamentario Socialista —39 enmiendas—. Y las números 163 a 181, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado —19 enmiendas—.

Para defender el informe de la ponencia, tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Intervengo para ratificar lo que ya he manifestado esta mañana en la reunión de la ponencia. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado anuncia que retira las enmiendas números 170 y 174, relativas a los indefinidos fijos y su contratación. Además, no incorporaremos a la ponencia nuestra enmienda número 168, sobre licencias deportivas, ni las enmiendas números 171 y 176 en el ánimo y convencimiento de que seremos capaces de llegar a un acuerdo con algún otro grupo político. Como les comentaba esta mañana en la reunión de la ponencia, y en virtud de la enmienda número 1 presentada por el Grupo Parlamentario Popular que conforma el Senado —en este caso, por los senadores del Partido Aragonés Regionalista—, hay una enmienda transaccional del grupo que aceptan los senadores proponentes y que en este mismo acto entrego a la Mesa para su conocimiento.

Existen otras enmiendas, concretamente, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las números 40 y 53, respecto a las que hemos redactado propuestas de enmienda transaccional, que están siendo analizadas tanto por este grupo político, CiU, como por algún otro más para que en el transcurso desde que esta comisión apruebe el dictamen del proyecto de ley hasta la celebración del Pleno podamos llegar a un acuerdo político para que obtenga el mayor número de apoyos posibles.

Por mi parte, nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Heras.

Pasamos al debate de los vetos.

Empezamos con el veto número 2, presentado por la senadora Capella i Farré.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, por un tiempo de diez minutos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, si me permite, defenderé en este turno no solamente el veto presentado por la senadora Capella, sino también los de los demás miembros del Grupo Parlamentario Mixto.




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De los ocho vetos presentados a este Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, tres corresponden a senadores del Grupo Parlamentario Mixto y los cinco restantes a los demás grupos parlamentarios de la oposición.

Estamos probablemente ante una de las iniciativas legislativas que mayor rechazo ha despertado a priori en su trayecto por las Cortes Generales —primero en el Congreso de los Diputados y ahora en el Senado—. Semejante grado de rechazo pone de manifiesto que no ha existido por el Gobierno ni por el Grupo Parlamentario Popular —que lo sustenta con holgadas mayorías absolutas en ambas Cámaras— voluntad de buscar acuerdos ante un asunto sobre el que el Partido Popular pedía urgencia, mucha urgencia, en las pasadas legislaturas, cuando era presidente el señor Rodríguez Zapatero, sin embargo, ahora, el Gobierno se ha tomado más de la mitad del mandato —más de dos años— para poner en marcha una serie de medidas que fueron presentadas como prioritarias en el programa electoral que fue respaldado mayoritariamente por los electores españoles, que también fueron comprometidas por el candidato a la Presidencia del Gobierno en su discurso de investidura, que fueron anunciadas en esta misma Sala Clara Campoamor pero ante la Comisión Constitucional en febrero de 2012 por la vicepresidenta primera del Gobierno y que fueron reiteradas por la propia vicepresidenta hace unos meses, el pasado 4 de noviembre de 2013.

Tanta calma, tanta demora en impulsar iniciativas para racionalizar el sector público no permitía augurar el fiasco legislativo procedente del Congreso en forma de un proyecto de ley que no responde a las necesidades de la sociedad española ni tampoco a la imprescindible readaptación de la arquitectura y maquinaria administrativa al siglo XXI, así como a una situación de crisis económica que exige milimetrar el gasto público para eliminar duplicidades y excesos con cargo a las cuentas públicas. Estas premisas son comunes en prácticamente todos los textos de los vetos presentados, lo que pone de manifiesto que la redacción del proyecto de ley ha dejado aparcada cualquier posibilidad de acuerdo, por no citar cuestiones de calado como la invasión competencial, que precisamente en esta Cámara de representación territorial observamos con especial detalle.

En definitiva, como señalaba al principio, son tres los vetos que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto: el que lleva la firma de los senadores de Izquierda Unida, Iglesias y Mariscal, otro suscrito por la senadora Capella, de Esquerra Republicana de Cataluña, y un tercer veto que he presentado yo en nombre de Foro.

Señor presidente, doy por defendidas estas tres propuestas de veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Para la defensa del veto número 4, que presenta el senador Guillot Miravet, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Intervengo para defender los vetos 4 y 5, el primero correspondiente a los senadores Saura y Guillot y el otro al resto de senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa.

La crisis y la defensa de la racionalidad son los argumentos que hace servir el Gobierno como excusa para plantear este proyecto de ley denominado de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. En definitiva, son medidas de reducción del sector público y, desde nuestro punto de vista, pensamos que está planteado sin una diagnosis clara que justifique el proyecto de ley, con un soterrado objetivo ideológico que conlleva algo que es una práctica habitual en muchos proyectos de ley: recentralización y deterioro de los servicios públicos. Ya el propio informe del Consejo de Estado critica la falta de correspondencia entre el título de la norma y su contenido. Es un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, ni es racional ni es en sentido estricto de reforma, es más de supresión y reorganización de determinados organismos públicos.

Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en estudiar la eliminación de duplicidades que puedan existir —de hecho existen—, en mejorar la eficiencia de los servicios públicos, en reducir las cargas administrativas, en hacer más sostenible el sector público, pero es evidente que este proyecto de ley no va precisamente en esa línea porque atenta contra el sistema de competencias autonómicas, es recentralizador, como decía. Solo hay que ver la regulación de determinados aspectos, que muy poco tienen que ver con la racionalización del sector público —como las licencias deportivas, la regulación de los consorcios o la eliminación de determinados organismos que tienen en estos momentos funciones sociales—, que comporta, en algunos casos, la restricción a la participación ciudadana con la supresión de estos organismos sociales, como también recoge el informe del Consejo de Estado.




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Como viene siendo habitual, en la tramitación parlamentaria se incluyen determinadas enmiendas que nada tienen que ver con el contenido central de la ley, violando de alguna manera la doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto. Así, vemos cómo hay aspectos relativos a los ferrocarriles o al consumo que poca relación tienen con el objeto central de la ley o con su título.

Son todas ellas razones —estas y algunas más que expondremos en la sesión plenaria— que amparan y justifican estos dos vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.

Para defender el veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un veto a este proyecto de ley por una serie larga, larga, larga de motivos. (Casi daría incluso para dos vetos, a tenor de la calidad de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que difícilmente vamos a poder nosotros contrarrestar con nuestras propias enmiendas.)

Como bien decía el senador representante del Grupo Parlamentario Mixto, en esta Cámara territorial lo que tenemos que hacer es prestar especial atención al ámbito competencial, y si bien ya es casi una tradición en esta legislatura que todos los proyectos de ley que vienen del Gobierno supongan una afrenta al régimen competencial de las comunidades autónomas, particularmente en este proyecto de ley esto se hace todavía más evidente. No hay más que mirar la disposición final quinta donde se recogen los títulos competenciales en los que se basa este proyecto de ley y ver cómo ha ido evolucionando el proyecto desde que fue publicado en el Congreso de los Diputados, el texto posterior que salió después de su tramitación en el Congreso de los Diputados y el texto que finalmente ha salido después de la ponencia de esta mañana, para darnos cuenta de cómo el Gobierno ha ido justificando competencialmente la invasión flagrante que está cometiendo en función de los tiempos. Se lo afearon en el Congreso los Diputados y las diputadas, se lo afeó también el Consejo de Estado y nos encontramos con que a día de hoy, después de las incorporaciones vía enmienda que se han hecho en la ponencia también a esta disposición final quinta, seguimos todavía sin encontrar justificación competencial que avale la mayoría de las disposiciones, de las medidas y de las normas contenidas en este proyecto de ley.

Por ejemplo, vemos que prácticamente todo el capítulo I no tiene fundamento jurídico, no tiene fundamento de ningún tipo de título competencial. Entendemos que es porque el Gobierno las tiene, porque ahí, donde puede tener alguna, es compartida con las comunidades autónomas. Es más, incluso en algunos ámbitos llega a reorganizar, o a reordenar o a racionalizar, según su propio vocabulario, competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, como puede ser, concretamente, el ámbito del deporte —por poner uno de los ejemplos que más flagrante nos resulta—.

Por lo tanto, compartimos en este sentido las palabras del señor Montilla en cuanto a que este no es un proyecto de ley de racionalización. Poca racionalidad se ve en este texto, poca racionalidad se ve en estas medidas, desde luego no vamos a tener una administración más eficiente. Además, vemos que el Gobierno está jugando con una cierta deslealtad o poco fair play respecto del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado, porque allí donde hay que reorganizar es también en su casa, y vemos que muy pocas medidas están orientadas a reorganizar la propia Administración General del Estado. Es más, en aquellos ámbitos en que se muestra la Administración General del Estado sumamente ineficiente optan por reducir o acabar con estructuras autonómicas —que está demostrado que son muy eficientes— para dotar de mayor competencia y dar más contenido al suyo. Es el caso del Consejo de la Juventud, que está demostradísimo que funciona perfectamente como un órgano de coordinación de los diferentes órganos de juventud de las comunidades autónomas, y este Gobierno, con este proyecto de ley, no solamente no lo reorganiza, sino que se lo carga para trasladar esas competencias al Injuve, que es un instituto que todos sabemos que pocas cosas ha hecho y encima, las pocas que ha hecho, tampoco las ha hecho bien.

Por lo tanto, ni compartimos los objetivos, ni compartimos las formas, ni compartimos el criterio que se ha utilizado para reformar o intentar racionalizar unos ámbitos y otros no. Tampoco tocan los ministerios, y me parece totalmente absurdo, cuando hay algunos que tienen problemas para justificar su propia existencia —podríamos hablar del Ministerio de Sanidad, de Vivienda, de Igualdad, incluso del Ministerio




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de Cultura—. Todas estas cuestiones se obvian totalmente en este proyecto de ley y lo que hacen es meter mano allí donde no les corresponde, que es en las competencias de las comunidades autónomas.

En consecuencia, entendemos que este proyecto atenta gravemente contra nuestro ámbito competencial, pero también contra nuestra autonomía política, autonomía política que nos es reconocida por la Constitución y que, además, nos ha sido ratificada no solamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino al resto de comunidades autónomas por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, y, lo que es más grave todavía, atenta también contra la forma que las comunidades autónomas tenemos de desarrollar nuestra autonomía política, que es a través de nuestro principio de autoorganización.

Por lo tanto, este es el motivo que justifica el veto —si no los dos— del Grupo Parlamentario Vasco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Muñoz.

Para defender el veto número 3, que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Intervendré de forma breve, porque en el Pleno tendremos tiempo suficiente para poder debatirlos con más contenido. En todo caso, quiero recordar que este proyecto de ley que hoy llega a nuestras manos tiene su origen en el 26 de octubre del 2012, cuando el Gobierno acuerda constituir una comisión para la reforma de las administraciones públicas. En aquel momento nuestro grupo —y también lo hicimos en esta Cámara— puso de manifiesto que era una comisión que nacía un tanto sesgada, porque pretendía reformar diferentes ámbitos de la Administración con la sola presencia de una parte de esta Administración, quedando excluidas las comunidades autónomas de aquel primer informe.

El informe tuvo sus limitaciones y sus desaciertos obviamente, también algún acierto—, pero cuando hemos visto cómo se ha concretado aquel informe en un texto legislativo, que es el que ahora estamos analizando, nos hemos quedado mucho más preocupados, porque el proyecto de ley empeora el informe y lo hace de forma sustancial, no siendo de nuestro agrado, ni mucho menos. Digo esto porque yo creo que le tendríamos que cambiar el nombre, en vez de proyecto de ley de la racionalización, proyecto de ley de la recentralización del sector público español. En la mayoría de su contenido se dedican a intervenir y a sesgar las competencias autonómicas en diferentes ámbitos —no los voy a analizar aquí porque vamos a tener tiempo más tarde—. Además, considero que se pierde una oportunidad. Podríamos estar de acuerdo en que se hace necesario, a principios del siglo XXI, hacer una reforma de la Administración Pública y dotarla de racionalización y en que sea una administración pública mucho más eficiente en su estructura y en su gestión, pero la verdad es que no lo vemos reflejado en este proyecto de ley, al contrario, porque actualizan el funcionamiento de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, que está bien, pero no creo que merezca estrictamente una ley, y hemos visto cómo se disuelve la obra asistencial familiar de la provincia de Sevilla —que también debe de estar bien y debía ser necesaria—. Por tanto, entendemos que no se profundiza en los temas que eran deseables, se aprovecha para ir en contra de lo que nosotros entendemos que debería ser —no sé lo que tendrá que ser— un Estado autonómico descentralizado.

En todo caso, hemos presentado un veto, hemos presentado enmiendas que luego las veremos. Más allá de que no estemos de acuerdo con la globalidad de la ley, saben sus señorías que nuestro grupo tiene por costumbre intentar mejorar aquellos textos aunque sea de forma puntual. Esperemos, tal y como planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que podamos llegar a acuerdos aunque sea con carácter puntual, porque podrían mejorar algunos aspectos o incluso dar viabilidad a determinados ámbitos del sector público, estatal y autonómico, que es necesario que puedan continuar desarrollando sus actividades para prestar un mejor servicio público a los ciudadanos.

Damos por defendido el veto. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Por último, el veto número 8, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez García.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Seré también breve.

Efectivamente, nos encontramos en esta comisión viendo un proyecto de ley al que inicialmente se le dio una gran relevancia, con una puesta en escena por la vicepresidenta del Gobierno con la creación de




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esa comisión CORA que iba a revolucionar la Administración española, que iba a sacarla de todos los esquemas antiguos para hacer una administración moderna que evitara cualquier tipo de duplicidad, etcétera. Y de aquello, después de más de dos años, lo que ha resultado ha sido este proyecto de ley que traen aquí, que, como se ha dicho aquí y ha manifestado el propio Consejo de Estado, no tiene nada que ver —incluso lo trata de excesivo en su denominación— con el contenido, por la falta de correspondencia entre lo que se dice y lo que se pone luego en su articulado. Es más, incluso el Consejo de Estado recomienda la modificación de dicho título.

Además de ampuloso y confuso, resulta también engañoso. Todos estamos de acuerdo con una serie de conceptos básicos. ¿Quién va a decir que no a evitar duplicidades en la Administración, o a conseguir la eficiencia de esta o la simplificación de los procesos administrativos y la propia sostenibilidad: esa palabra nueva que tanto se ha usado en estos últimos años? Claro que estamos todos de acuerdo, pero algunos sobre todo en que se garantice a los ciudadanos los derechos básicos, los derechos de servicios públicos de calidad.

En este proyecto de ley no se racionaliza nada: simplemente, se eliminan o fusionan sin criterio algunos órganos. Pretende disminuir la capacidad de la Administración —eso es una constante en toda la legislación del Gobierno del Partido Popular— y al final es menos Administración, y cada vez el espacio de lo público es menor, con lo que estamos radicalmente en contra. Nosotros pensamos que lo público debe corregir las desigualdades y los desequilibrios que se producen entre los ciudadanos y que genera el propio sistema capitalista de libre mercado en el que estamos.

Pues bien, aparte de asumir algunos contenidos razonables como suprimir o fusionar entes que puedan estar desfasados o de escasa actividad, esto ni es reforma de la Administración ni es racionalización. Por ejemplo, es difícil de entender que se eliminen órganos consolidados en nuestro país que no tienen grandes costes económicos para la Administración central como el Consejo de la Juventud o el Instituto de la Mujer, órganos consolidados que, además de sus funciones específicas, servían de interlocución y de participación política de los ciudadanos, algo que siempre reclamamos todos los partidos; cuando existen algunos órganos que sí participan activamente, se suprimen.

Aún es menos entendible que se refuerce la Obra Pía de los Santos Lugares, no lo llegamos a comprender; es la anécdota de toda esta regulación sin sentido que hoy traen aquí. Por supuesto, esa máquina de recentralización que ustedes pusieron en funcionamiento al principio de esta legislatura, eliminando lo público, como en este caso, avanza lentamente, dos años y pico después de anunciarlo.

Tenemos que alegrarnos de que hayan recapacitado sobre algo que había creado una gran alarma social en las últimas semanas —a todos los grupos nos han venido a ver asociaciones sindicales y demás— como eran las enmiendas 170 y 174 que se habían introducido en el Senado. Por lo tanto, nos felicitamos por que las retiren del texto, así como por que estén en proceso de negociación para mejorar lo que podrían suponer para muchos consorcios o para mejorar la redacción que tiene en el proyecto de ley el asunto de las licencias deportivas y de las federaciones territoriales.

Termino. En la sesión plenaria explicaremos más ampliamente nuestro veto y nuestro rechazo a este proyecto de ley, pero sí quiero nuevamente denunciar que se utilice un proyecto de ley para introducir elementos que no tienen nada que ver con él, que corresponden a otras materias absolutamente distintas, y que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado sirvan de uso por el ministerio correspondiente, hurtando el debate en el Congreso, evitando el informe del Consejo de Estado o del Consejo Económico y Social, y se introduzcan aquí a última hora. En este caso, se han retirado las más problemáticas, pero todos, incluido el Grupo Popular —lo he señalado en otras ocasiones—, tendríamos que hacerle ver al Gobierno y al ministerio correspondiente que esta no es forma de actuar ni es forma de respetar al Parlamento, en este caso, a esta Comisión de Hacienda.

Vamos a apoyar todos los vetos presentados y, por supuesto, vamos a mantener y defender el veto del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Asentimiento).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Intervengo hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para fijar nuestra posición con respecto a este Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma




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administrativa. Se trata de un nuevo proyecto que tiene como objetivo promover la reforma de las administraciones públicas en España buscando la eficiencia en el gasto, la simplificación en su funcionamiento y la eliminación de duplicidades que han caracterizado las numerosas iniciativas anteriores que se han presentado a lo largo de esta legislatura.

Este proyecto tiene como objetivo, como finalidad, implementar algunas de las reformas organizativas y procedimentales que se recogen, como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que se elevó al Consejo de Ministros en junio de 2013. En él se formulaban diversas medidas para reordenar entidades con el objetivo de reducir el gasto público y de aprovechar los procesos de integración para cuya puesta en práctica resultaba necesario modificar determinadas disposiciones de rango reglamentario legal, siendo estas últimas las que se incluyen en este proyecto de ley.

Señorías, la prioridad del Gobierno, desde que inició su mandato, ha sido, en primer lugar, sacar a España de la crisis y para ello era necesario, además de otras reformas que ya se han realizado a lo largo de esta legislatura, poner bajo control las cuentas públicas, y ustedes coincidirán conmigo en que estaban claramente desordenadas. También, se pretendía evitar que se produjesen situaciones de duplicidad y de ineficiencias; con ello, tratábamos de seguir los preceptos que ya se habían fijado en la Ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

Por lo tanto, este proyecto de ley tiene como finalidad reordenar determinados entes públicos, ¿pero por qué no todos los entes públicos, señorías? Porque, como ustedes saben, España tiene un sistema peculiar en cuanto a los entes públicos; unos pueden desaparecer, otros pueden ser modificados por decreto y otros, aquellos a los que se refiere este proyecto de ley, únicamente pueden ser modificados mediante otra ley, y es el ámbito de aplicación de estos a los que se refiere el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.

Para poner algunos ejemplos, cabe decir que se refuerza y se unifica el papel de la Aneca —y se han presentado algunas enmiendas reforzando esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación— como organismo público encargado de la evaluación de la calidad de nuestro sistema universitario. Además, engloba también las funciones de otra serie de organismos, como la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas, porque así se integran también los programas educativos europeos que pueden hacer ambas funciones: el programa europeo y la proyección internacional.

Se le da también un ámbito mayor al Instituto Nacional de las Artes Escénicas, porque se permite que, a través de convenios, se puedan realizar actuaciones conjuntas con otros coros para tener un repertorio más alto y funcionar con mayor eficiencia.

En el aspecto de la integración cabe hablar de que se integra la Sociedad Estatal Española en el ICEX para ahorrar costes y mejorar la gestión. También se fusiona el Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria porque muchas de sus tareas eran similares. Y también se refuerza el Instituto Nacional de la Mujer —y aquí quiero detenerme especialmente—, que pasa a desempeñar funciones que antes estaban desperdigadas en otras direcciones; ahora se va a realizar un verdadero Instituto de la Mujer, que va a tener participación en todos los ministerios, con lo que se va a conseguir la transversalidad y la eliminación de la discriminación. ¿Cómo se va a hacer esto? Se sustituye su consejo rector, que estaba muy limitado a efectos ministeriales, por una comisión interministerial que, como he dicho, va a permitir, sin coste alguno, que pueda participar en todos los ministerios y en estos programas de integración.

Asimismo, se facilita la participación ciudadana, a través de la licencia deportiva única, aunque sé que se han presentado diversas enmiendas parciales y estamos trabajando con CiU y el PNV para llegar a una transaccional al respecto. Igualmente, con el Partido Aragonés hemos transaccionado una enmienda relativa a la Aneca.

Como muy bien han dicho los portavoces de los anteriores grupos, a este proyecto de ley se han presentado 8 vetos; sin embargo, su contenido simplemente se limita a criticar a nivel general la ley sin especificar por qué se presentan los vetos a la totalidad. Paralelamente, se han presentado enmiendas, sobre las que se posicionará mi compañero, y ahí sí se refieren a diferentes aspectos.

El argumento general que han dado todos los grupos políticos para criticar este proyecto de ley es que se laminan las competencias de las comunidades autónomas. Respecto a esto, señorías, tenemos que decir que es absolutamente falso; en absoluto se vulnera el sistema de distribución competencial ni el principio de autonomía reconocido en la Constitución. El argumento que nos sirve de base para esto




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es el artículo 149.1.18.ª de nuestra Constitución española, que no es un título habilitante genérico, sino que es el sustento constitucional de la legislación básica. Por lo tanto, señorías, no existe extralimitación al abordar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Algunas de las enmiendas se refieren al tablón único edictal, sobre lo que también profundizará mi compañero. Señorías, tengo que decirles que lo único que hace es facilitar el trámite al ciudadano, que entrando en una sola administración puede ver si ha sido notificado. Eso en absoluto merma o lamina las competencias de las comunidades autónomas.

En cuanto a la licencia deportiva, ya les he dicho que estamos intentando transaccionar algunas enmiendas con CiU y PNV, y lo mismo cabe decir para las enmiendas relativas a los consorcios sanitarios. He de decirles, en el caso de las licencias, que no se sustituye una autonómica por una estatal, por lo tanto no se va a lesionar ninguna competencia autonómica, todo lo contrario. Lo que se va a permitir es que una licencia autonómica surta efectos a nivel nacional en otros territorios, lo que posibilita que un ciudadano se traslade de una comunidad autónoma a otra sin obtener la licencia. Frente a esto, sé que también se ha argumentado que puede suponer un deterioro en la financiación de las federaciones autonómicas, pero esto es incierto porque la idea es llegar a acuerdos para el reparto de los fondos entre las federaciones nacionales y las autonómicas.

En cuanto al Consejo de la Juventud de España, al que se ha referido la portavoz del PNV, me gustaría detenerme en este punto porque los portavoces y miembros de la comisión de nuestro grupo hemos mantenido diversas reuniones con el Consejo de la Juventud de España, y en ese sentido se presenta una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en concreto la número 173. He de decirles, y así se lo hemos explicado a ellos también, que el Consejo de la Juventud de España es una excepción dentro de los consejos asesores de la Administración General del Estado. La mayoría de ellos, como el Consejo Estatal de las Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo General de Formación Profesional o el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado son órganos colegiados de carácter consultivo y no organismos públicos —se lo hemos dicho también a ellos, lo han entendido y han reconocido que ellos pertenecen al tercer sector—. Pero la configuración que actualmente existe en este Consejo de la Juventud es atípica y supone un agravio comparativo respecto al resto de los consejos. Por eso se ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir el marco normativo que en la actualidad tiene este Consejo de la Juventud. En este sentido va la disposición transitoria primera, con la enmienda 173 incorporada en ponencia, que supone una mejora técnica porque establece que en ese plazo de seis meses el Consejo de la Juventud de España, en tanto no se cree el nuevo ente, seguirá desempeñando sus funciones como tal, con lo cual no se produce ninguna merma a la hora de que puedan representarnos en el foro europeo, que era lo que ellos temían, ni en que sigan actuando como tal consejo.

Señorías, el presente proyecto de ley hay que verlo como una pieza más dentro de todo un conjunto de reformas que inició el Gobierno desde el comienzo de su mandato. Por eso, en el Grupo Popular les invitaríamos a que retirasen los vetos presentados y a que trabajásemos en las enmiendas, como ya estamos haciendo con algunos grupos, sobre determinados aspectos de la ley.

Todas las reformas que se han iniciado por parte del Gobierno, las que contiene este proyecto de ley y las que se han hecho anteriormente, nos van a permitir que podamos seguir reduciendo el déficit público y que podamos recuperar la competitividad y la credibilidad de nuestra economía y de nuestro país. El Gobierno de España, frente a lo que ustedes manifiestan de que lo que intenta es centralizar y mermar las competencias de las comunidades autónomas, ha sido el único Gobierno que realmente ha hecho reformas útiles y prácticas en favor, tanto de la Administración Local como de las administraciones autonómicas. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, es el pago a proveedores. Con el pago a proveedores, señorías, se han pagado 42 000 millones de euros, se han podido pagar 8 millones de facturas que estaban en los cajones de las diferentes administraciones locales y autonómicas, se han podido pagar a 230 000 pymes y autónomos, y se ha podido evitar la destrucción de 400 000 empleos. Además de eso, y con respecto a las comunidades autónomas, instituyó el FLA —algo que ningún otro Gobierno había hecho—, con el que se ha ayudado a las comunidades autónomas en beneficio de toda la sociedad española, contando con más de 60 000 millones de euros.

Por lo tanto, señorías, este Gobierno se puso como objetivo principal favorecer el empleo, la credibilidad de nuestra economía y acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Nos exigen a todas las administraciones que en menos de 30 días se esté pagando a los proveedores. Cuando se




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accedió al Gobierno, señorías, había administraciones que debían a los autónomos y a las pymes más de 2 años de facturas, que ni siquiera estaban reconocidas porque estaban sin consignación presupuestaria y en los cajones.

Por ello, lo que hoy estamos debatiendo aquí es si lo que queremos es una administración moderna, eficaz, que preste mejores servicios a los ciudadanos con menores costes, si queremos evitar que varios órganos de la Administración ejerzan las mismas competencias y, en definitiva, señorías, si esta Cámara, el Senado, es capaz, junto con el Gobierno, de aportar ideas a lo largo de la tramitación de este proyecto, que permitan reestructurar nuestra Administración Pública y convertirla en la Administración que se necesita en el siglo XXI y que la sociedad española se merece.

Yo les anuncio que mi grupo parlamentario va a votar a favor de este proyecto de ley. Queremos una administración moderna, eficaz, que simplifique los trámites a los ciudadanos. Y, señorías, nos gustaría contar con todos los grupos del Senado para trabajar desde el consenso y conseguir el objetivo que pretende esta ley. Les invitamos, por ello, a que retiren los vetos, nos ponemos a su disposición para llegar al más amplio consenso respecto a las enmiendas, como ya hemos empezado a hacer con alguno de los grupos y, repito una vez más, nos ponemos a su disposición.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

¿El señor Martínez Oblanca quiere hacer uso del turno? (Pausa). ¿Senadora Martínez? (Pausa).

¿Señor Montilla? (Pausa).

¿Senador Bel? (Pausa).

¿Señor Vázquez García?

Tiene la palabra su señoría.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Intervendré, ya que ha reiterado la invitación a que retiremos los vetos, para reiterar mi invitación a que retiren el proyecto de ley; así, estoy convencido de que retiraríamos todos los vetos. Y para no parecer peor que el Grupo Popular, también nos ofrecemos a negociar con el Grupo Popular todas las enmiendas que hemos presentado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Intervengo para concluir el turno de portavoces de resultas de lo manifestado por algunos de los portavoces. Evidentemente, señor Vázquez, nosotros votaremos en contra de todos los vetos. Pero se ha hablado mucho en el turno de vetos de este proyecto de ley de recentralización y de tutela. Miren, señorías, parafraseando a un ilustre exsenador de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular no consiente ni tutelas, ni tutías, ni tugaitas. Lo que toca hoy es gobernar y lo que estamos haciendo es gobernar. Y, en este caso, lo que toca es racionalizar el sector público español.

Senadora Martínez, respecto del veto del PNV, parecía que decía mucho, pero, en realidad, su veto no llega tan siquiera a media página. Y tan solo 11 enmiendas de las cuales 5 corresponden al tablón edictal.

Senador Bel, espero que lo de la obra pía —y también se lo digo al senador Vázquez— y la obra asistencial de la provincia de Sevilla sean simplemente un comentario poco menos que ilustrativo. Porque he intuido, no tanto en quien lo ha dicho como en el resto de los senadores, que había un cierto sentido de menosprecio. Espero que no haya ningún menosprecio hacia ninguna de esas instituciones.

Y, senador Vázquez, se lo vuelvo a repetir: ni recentralización, ni tutela: ejercicio del Gobierno; de un Gobierno responsable para sacar a este país de la ruina en la que ustedes, los socialistas, lo dejaron. ¡Enmiendas de última hora! ¡Me va a contar usted a mí las enmiendas de última hora de las legislaturas anteriores del señor Rodríguez Zapatero!

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador De las Heras.

Pasamos a votar los vetos. Votamos, primero, el veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 6, del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el último veto, el número 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas que ha presentado cada uno de los grupos. Para la defensa de las enmiendas 14 a 32, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, intervengo para dar por defendidas estas 19 enmiendas presentadas por los senadores Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, ambos de Izquierda Unida, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, comprendidas, como usted acaba de señalar, entre la 14 y la 32, ambas inclusive.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 13, presentadas por las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández y por el senador Fuster Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Santos Fernández.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas presentadas por el Partido Aragonés, las números 1 a 13, que tienen por objeto salvaguardar algo para nosotros tan serio —dicho sea con todo el afecto del mundo hacia el senador De las Heras— como las competencias autonómicas previstas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y no tutías ni tutelas; entendemos, no obstante, el deber del Gobierno central.




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Anuncio, por tanto, que presentaremos el voto particular para poder defender estas enmiendas en el Pleno, con el matiz a que me referiré después respecto a la enmienda 1.

No voy a hacer una defensa individual de cada enmienda, porque todas tienen la misma fundamentación, que es la defensa de competencias autonómicas que derivan del Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, del Título VIII de la Constitución, pero sí quiero hacer algunas consideraciones.

El Partido Aragonés no va a admitir un retroceso en el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. De hecho, la defensa plena del Estatuto y su desarrollo máximo figura como uno de los siete objetivos del acuerdo de gobernabilidad que tiene el Partido Aragonés con el Partido Popular para esta legislatura en Aragón. Ya anunciamos que no aceptaríamos que se limitara la capacidad de la comunidad autónoma para evaluar nuestras propias titulaciones.

Afortunadamente, agradecemos la transacción que ha propuesto el Grupo Popular en cuanto a la enmienda 1, que, aunque insuficiente, representa un avance respecto del texto inicial. Por lo tanto, queremos que se incorpore al texto de la ponencia. No obstante, posteriormente intentaremos transaccionar sobre ese texto ya transaccionado alguna novedad que se va a someter al ministerio.

Exactamente igual que respecto a las titulaciones universitarias, decimos que tampoco vamos a renunciar a canalizar y garantizar la eficiencia de nuestras políticas en las muchas materias que trata el proyecto de ley: juventud, igualdad, mercado laboral, mediante los instrumentos que nosotros consideremos oportunos, siempre dentro del marco de competencias del Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con sumo respeto a la Constitución y al techo de gasto y, desde luego, con sumo respeto también a las competencias estatales, dentro de su ámbito de actuación, hasta el punto que nos parece perfecto el tipo de modificaciones que se hacen en este proyecto de ley para fusionar organismos u observatorios que caen dentro del ámbito de la Administración General del Estado. Y tampoco vamos a admitir que se cercene la autonomía de las administraciones locales o supramunicipales o autonómicas, es decir, la autonomía en la gestión que tiene amparo en el artículo 137 de la Constitución, supeditando la validez de las convocatorias de las subvenciones: enmiendas que persisten y que no eran conocidas en el momento de la presentación de las enmiendas por parte del resto de los grupos. Como digo, tampoco vamos a admitir que se someta la eficiencia de las convocatorias o la resolución de las subvenciones a su posterior publicación en una base de datos. Y un razonamiento parecido haríamos con respecto al tablón edictal único, para lo que hemos planteado textos alternativos en las enmiendas 8, 10 y 12.

Termino haciendo una valoración respecto de la utilización del trámite de enmiendas por parte del Grupo Popular. No lo voy a evaluar desde el punto de vista jurídico, porque en derecho las cosas nunca son blancas o negras, pero me parece que se ha hurtado la posibilidad de debate y de defensa al resto de los partidos políticos y, en este caso, a nosotros como socios, que ya nos habíamos posicionado en contra en algunos extremos del proyecto propuesto. Nos hubiera gustado tener conocimiento previo de esas enmiendas o que se hubiesen incorporado al texto del Congreso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.

Las enmiendas 113 a 123 son del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas mis 11 enmiendas, que parece ser que a los portavoces del Grupo Popular les parecen pocas. No sé si se basan en un criterio cuantitativo, parece que sí; pero, si las hubiesen leído con más detenimiento, con más amor, con más cariño y haciendo gala de esa voluntad de acuerdo y de diálogo del que nos vienen hablando, se habrían dado cuenta de que la justificación de estas pocas 11 enmiendas es lo suficientemente contundente como para que por sí mismas justifiquen el veto. Es más, no son necesarias las 11 enmiendas; basta con aquellas 3 que hacen referencia al tablón edictal único, que tienen el peso suficiente: se refieren a un atentado lo suficientemente grave como para constituir por sí mismas un veto. Por lo tanto, aun con la humildad de mis 11 enmiendas, las doy por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas 55 a 112, que presentó el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidos los dos bloques de enmiendas, de la 55 a la 93 y de la 94 a la 112.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 33 a 54, que presentó el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, que queremos una Administración moderna, eficaz, de menor coste y que simplifique los trámites a los ciudadanos, hemos presentado un veto a esta ley; y nosotros, que queremos una Administración moderna, eficaz, de menor coste y que simplifique los trámites a los ciudadanos, hemos presentado las enmiendas que doy por defendidas.

Añado simplemente un comentario para el portavoz del Grupo Popular. Que yo haya nombrado la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén y la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla no implica menoscabo alguno para ellas. No conozco la segunda y no puedo valorarla positiva ni negativamente, pero conozco y aprecio la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que se justifique su inclusión en una ley de estas características ni con que se quiera justificar esta adaptación a los tiempos modernos como una adaptación de la Administración española. En todo caso, tendremos tiempo suficiente de debatir en el Pleno estas modificaciones, como otras relativas a distintas entidades. Y ya les avanzo que también tendremos tiempo de ver todas aquellas que han obviado, que son muchas y que podrían haber afrontado. Pero ese ya será un debate que tendremos en el mes de julio.

Muchas gracias. Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Enmiendas 124 a 162, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sanz.

La señora SANZ MURILLO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Socialista presenta un total de 39 enmiendas, de las cuales, sin entrar detalladamente en ellas, no podemos dejar de hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, al título del proyecto de ley: esta ley no supone, ni mucho menos, una verdadera racionalización o reforma del sector público. En todo caso, podría haberse hecho un simple reglamento de supresión y reorganización de determinados organismos públicos y haber adoptado otras medidas administrativas.

Con este proyecto de ley realmente ustedes no nos presentan qué servicios públicos quieren prestar a nuestros ciudadanos, cuál es su modelo para unos servicios públicos de calidad y de servicio al ciudadano. Lo que nos presentan en este proyecto de ley es una serie de medidas inconexas, destacando la supresión de organismos de participación de la ciudadanía, como el Consejo de la Juventud, organismos que son fundamentales para vertebrar una sociedad, para hacerla más igualitaria y justa. Pero eso está claro que no es prioritario para ustedes.

No sabemos cuál es su modelo, si es totalmente liberalizador, si quieren que no existan servicios públicos o que estos estén privatizados en aras de una supuesta mayor eficiencia, una eficiencia que realmente esconde intereses privados. Nosotros consideramos que no se pueden prestar mejores servicios públicos gestionando como una empresa, por ejemplo, servicios que van dirigidos a los jóvenes o a hacer efectiva y real la igualdad de género y de oportunidades.

También consideramos que esta ley toca aspectos totalmente inapropiados, como es el tema de los consorcios; asimismo en ciertos temas se vulnera la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas establecida en la Constitución española y los estatutos de autonomía. Tampoco estamos de acuerdo con las formas utilizadas, como ya ha dicho anteriormente mi compañero, pues a veces estas son tan importantes como el fondo, y no entendemos que el Grupo Parlamentario Popular presente un total de 17 enmiendas a este texto remitido por el Congreso, habiendo retirado 2, alguna de ellas de gran calado, obviando con ello la posibilidad de debate en el Congreso e incluso, lo que es más grave, no se ha permitido el dictamen del Consejo de Estado sobre asuntos relevantes.

Nos congratulamos de la retirada de las enmiendas números 170 y 174 que, como ustedes mismos se han dado cuenta, abrían un tema cuando menos delicado e innecesario.




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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer hincapié una vez más en que es necesaria una reforma administrativa de verdad para mejorar la calidad de los servicios. Esta no es la ley que la Administración pública necesita; es solo un batiburrillo de medidas inconexas, de supresión de organismos de cohesión social, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quieren introducir en la ley una serie de modificaciones para seguir dando vía libre a medidas que siguen desmantelando los servicios públicos.

Ya en el Pleno defenderemos concretamente cada enmienda presentada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Damos por defendidas las enmiendas que quedan incluidas en el informe de la ponencia. Nos congratulamos también de que el resto de los grupos parlamentarios se congratulen asimismo con la retirada de las enmiendas números 170 y 174. Dejamos vivas para el Pleno las enmiendas números 168, 171 y 176, e intentaremos llegar a un acuerdo en una transaccional respecto de las números 53 y 40 del Grupo Convergència i Unió.

Pero al hilo de todo ello, y a la vista de lo manifestado en defensa de sus enmiendas por el resto de los portavoces, sí me gustaría, señor presidente, aunque sea brevemente, puntualizar 2 o 3 cuestiones.

Senadora Santos, después de la ponencia hablamos de incluir la transaccional del Grupo Parlamentario Popular respecto de la presentada por ustedes como enmienda número 1, que además ha sido admitida por la ponencia, pero en política no vale todo. Sorber y soplar al mismo tiempo es imposible, pero usted ha abierto la caja de los truenos con su intervención. Yo ya entendía que su discurso iba a ser duro en cuanto al posicionamiento de su grupo, que forma parte del mío, respecto a algunas cuestiones de este proyecto de ley, pero creo que todos nos merecemos un mínimo de lealtad institucional.

Senador Bel, mi grupo parlamentario acepta lo de la Obra Pía de los Santos Lugares y lo de la Obra Asistencial de la Provincia de Sevilla. Lo digo porque he intuido alguna sonrisa un poco picaruela en algún miembro de esta comisión.

Senador Vázquez y senadora del Grupo Parlamentario Socialista, este proyecto de ley se hace porque hay algunas cuestiones que en él se recogen que no pueden reglamentarse vía real decreto o reglamento. ¿Que esconde derechos privados? ¿De qué derechos privados está usted hablando? Y es que ustedes siempre lanzan la piedra y esconden la mano. ¿Que se desmantelan los servicios públicos? Desmantelados se los encontró el presidente Rajoy, y gracias a su esfuerzo, al del Partido Popular y al de todos los españoles, hoy tienen cierta luz.

Nada más y muchas gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras. (La señora Santos Fernández pide la palabra.)

Tiene usted un minuto, senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para transmitir que me he limitado a hacer una brevísima defensa de las enmiendas, como se había acordado, y me ha parecido que una parte de mi intervención no ha sido escuchada. Probablemente, eso es lo que haya podido dar lugar a este malentendido, que en ningún momento el Partido Aragonés ni yo misma hemos pretendido que se produjera. De hecho, el comentario lo he formulado con sumo afecto, y así lo he dicho, y no ha sido desleal ni con el grupo parlamentario al que pertenece ni mucho menos con el Gobierno. Lo único que hemos pretendido es hacer una defensa de las competencias autonómicas, porque en este caso, y pese a formar parte del mismo Gobierno, tenemos una posición discrepante, como sucede en ocasiones tratándose de 2 partidos políticos distintos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Santos.

¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso del turno en contra? (Denegaciones).

¿Turno de portavoces? (Pausa).

¿Algún portavoz desea intervenir? (Denegaciones).




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Pasamos, pues, a votar, de conformidad con el artículo 116 del Reglamento del Senado, el texto propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, y en consecuencia queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

Entiende el presidente que delegan ustedes en él la presentación ante el Pleno. (Asentimiento).

Antes de levantar la sesión quiero informarles de que está previsto que mañana entre en el Senado y se publique el Proyecto de Ley de transformación del fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que se tramita por el procedimiento de urgencia. El plazo de enmiendas y propuestas de veto terminará el próximo 3 de julio, y está previsto aprobarlo en el Pleno que se celebrará los días 8 y 9 de julio. Por tanto, habrá que convocar a la Comisión de Hacienda para el próximo lunes 7 de julio.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: ¿A qué hora se celebrará? Será por la tarde, supongo.

El señor PRESIDENTE: Por la tarde hay ya convocada una comisión de Fomento a las cuatro y media.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, creo que es costumbre que sea la Junta de Portavoces y la Mesa quienes decidan el día y la hora en la que se reunirá la comisión. No sé si se podría hacer el mismo día del Pleno por la mañana.

El señor LETRADO DE LA COMISIÓN: No puede ser, porque tiene que haber un plazo de 24 horas para la presentación de los votos particulares.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: También quisiera saber si nos van a hacer llegar las transaccionales.

El señor LETRADO DE LA COMISIÓN: Sí, se pueden fotocopiar y distribuir.

El señor PRESIDENTE: Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y diez minutos.


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