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DS. Senado, Comisiones, núm. 253, de 03/12/2013
 





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COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE PRADOS

Sesión celebrada el martes, 3 de diciembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

Dictaminar

– Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

(Núm. exp. 621/000054)

Autor: GOBIERNO




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Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días a todos. Comenzamos esta reunión de la Comisión de Entidades Locales, que, como saben, va a dictaminar el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

He de informar a los miembros de la comisión que la ponencia que designamos la semana pasada ha hecho su trabajo y se ha reunido esta mañana. Ha incorporado las enmiendas números 421 a 447, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En principio las restantes están rechazadas. Y, por lo que tengo entendido, hay algún trabajo adicional de la ponencia que se va a desarrollar durante la comisión en cuanto a algún tipo de transacción.

A este proyecto de ley, como también saben, se han presentado siete vetos y cuatrocientas cuarenta y siete enmiendas.

Primero se van a desarrollar las intervenciones en relación con los vetos, en torno a diez minutos —si no se agota el tiempo, mejor—. Y después, una vez votados los vetos, pasaremos al debate de las enmiendas, con una intervención por cada grupo en torno a cinco o seis minutos, aproximadamente. Es la petición que me han hecho los grupos en relación con este tema. Como es tradición, se intervendrá de menos a más, por lo que en primer lugar está el veto de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Aprovecho para dar por defendidos, en nombre del Grupo Mixto, el veto de los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, y también el resto de los vetos presentados por el grupo, en concreto, el de la senadora Capella i Farré, de Esquerra Republicana, y el veto de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamuzaga, de Amaiur. Por tanto, los doy por defendidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos entonces al veto del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Nos vemos obligados a presentar este veto al proyecto de ley con el que ustedes pretenden reformar la Administración Local. Y lo hacemos, porque nosotros sí entendemos que el municipalismo necesita una reforma, pero una reforma para transformar, para modernizar nuestros ayuntamientos, y este proyecto de ley hace justo lo contrario: renuncia a solucionar los verdaderos problemas y preocupaciones que tienen las entidades locales. Ustedes están intentando y optando ideológicamente por crear problemas a millones de españoles que todos los días acuden a sus ayuntamientos demandando soluciones bajo la máxima de la proximidad. Ustedes hablan de racionalizar el mundo local y, como les digo, hacen justo lo contrario, consolidan las administraciones más anacrónicas, como son las diputaciones, pero a la par tampoco las fortalecen porque después estas tendrán que delegar sus funciones en el sector privado, lo que también se acabará diluyendo, y dejarán la actividad económica pública en manos de la actividad económica privada.

Su ley no cumple con los objetivos que en un primer lugar se proponía; no clarifica competencias, no racionaliza la estructura organizativa y tampoco ahorra los 8000 millones famosos. Si hablamos de competencias, ustedes generalizan y oficializan la posibilidad de delegar competencias de las comunidades autónomas en los municipios, y después, que las comunidades autónomas vuelvan a devolver, devuelvan esas competencias a los municipios. Aparecen las diputaciones que, como digo, comisionarán esas competencias a empresas privadas. Si nos fijamos en la estructura de la Administración, en un primer borrador —de aquellos famosos de hace tiempo— eliminaban ayuntamientos; después, empezaron a vaciarlos de competencias; y después condenan a la desaparición a miles de entidades locales menores, que, por cierto, ante una clara contradicción, mantienen su personalidad jurídica pero les dejan sin ninguna competencia, de acuerdo con ese artículo tres. 2. Privan de servicios públicos esenciales a muchísimos ciudadanos. ¿Y por qué hacen todo esto? Sencillamente para privatizar los servicios, que serán menos eficientes, menos eficaces, más caros y más alejados de los ciudadanos. ¿Quién pierde con esta ley? Quien gana, ya lo vemos. Con su ley pierden los ayuntamientos, pierden las




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comunidades autónomas, pero sobre todo pierden los ciudadanos. Pierde el mundo rural y pierde la coherencia social y territorial. Pierde el Estado del bienestar y también pierde la democracia local. Y pierden también los empleados públicos, porque con su ley van a suprimir la prestación de determinados servicios, condicionándolos exclusivamente a criterios de sostenibilidad financiera, y eso va a afectar por lo menos al 25% del empleo público local.

Si nos fijamos por un momento en los alcaldes y en los concejales —muchos de ustedes lo son—, que, dicho sea de paso, son el verdadero batallón de voluntarios de la política y los que están todos los días del año a pie de calle, con su ley los ponen al pie de los caballos. Los señalan como responsables de la crisis, del déficit y de la corrupción, y eso es radicalmente falso. Dicen que los ayuntamientos derrochan y que, como derrochan, hay que actuar. También es radicalmente falso. El 85% de los alcaldes y concejales de España no cobran, y de los 8116 ayuntamientos de España, 400 son los que tienen problemas económicos. Incluso el ministro Montoro, en sede parlamentaria, se mostraba satisfecho hace unos días por la bonanza económica de los consistorios y su grado de cumplimiento en cuanto al equilibrio presupuestario, hablando de situaciones de superávit para este año. A pesar de todo esto, ustedes siguen con su idea de desmantelar a los ayuntamientos y de desacreditar el buen nombre de los políticos más cercanos. Arremeten contra su organización, contra la representatividad democrática, y los dejan fuera de juego, y además —lo decía antes— con un componente ideológico importante, no respetan los estatutos de autonomía ni los cabildos insulares ni los consejos insulares. Los despojan de sus derechos y de sus competencias y se olvidan, como siempre cada vez que hacen una ley, de los ciudadanos.

Este es un mal regalo de Navidad que el Gobierno va a ofrecer a las entidades locales, a sus equipos de gobierno, al personal público y, en definitiva, a todos los españoles, un regalo de Navidad que rompe el régimen local con una regulación que tiene un evidente sesgo de inconstitucionalidad. Es verdad que durante todo este proceso se han dado cuenta de una cosa: que si desmantelaban determinados servicios —los sociales— en el ámbito municipal y provincial, y lo hacían pocos meses antes de las elecciones municipales, ustedes mismos iban a generar un problema a sus propios alcaldes. Y han dicho: vamos a aplazar esta situación hasta por lo menos diciembre de 2015. Si ustedes creen en la ley, consideran que es tan buena y que además roza la excelencia, no entendemos por qué pretenden aplazar estas actuaciones. Pero, claro, es lógico que lo pretendan hacer para evitar que esa patata caliente esté ahí antes de las elecciones municipales, para que sus alcaldes no sean los que sufran en sus propias carnes el desmantelamiento de los ayuntamientos que ustedes proponen. Señorías, si esta ley se aprueba, será una imposición más de su mayoría absoluta. Si esta ley se aprueba, la autonomía local se verá reducida y sometida a criterios puramente economicistas y nepotistas con una tutela preventiva del Estado.

Por eso hemos presentado nuestro veto, y les anunciamos además que votaremos favorablemente los otros seis.

Yo solo les pediría que su Gobierno, que el Gobierno del Partido Popular no pase a la historia como los destructores del mundo local y de la cohesión territorial de España. No sacrifiquen la calidad democrática de nuestras entidades locales, que tanto nos costó conseguir.

Por todo eso, señorías, por más cosas que se verán de aquí hasta que haya un pronunciamiento del Pleno de la Cámara, y porque va a suponer un giro histórico, radical e injustificado de nuestro modelo de democracia local, como les digo, es por lo que el Grupo Socialista presenta y plantea este veto a este proyecto de ley que traen a esta Cámara, solicitando que sea devuelto al Congreso de los Diputados y al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al veto número 5, de los senadores Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para defenderlo, tiene la palabra la señora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Lo doy por defendido.

El señor PRESIDENTE: Gracias por la brevedad.

Pasamos al veto número 6, de la senadora Mónica Almiñana Riqué, de los senadores Francisco Boya Alós, Rafael Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y la senadora María Jesús Sequera García, del Grupo de la Entesa.

Tiene la palabra la señora Sequera.




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La señora SEQUERA GARCÍA: También lo doy por defendido.

El señor PRESIDENTE: De nuevo, muchas gracias por la brevedad.

Pasamos al veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra la señora doña Teresa Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Buenos días, presidente.

Señorías, tal y como consta en la exposición de motivos de nuestro veto, este proyecto de ley dice perseguir un triple objetivo: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones, a los efectos de cumplir el principio de una Administración, una competencia. También, que se racionalice la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Por último, se pretende favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Frente a estas premisas, cabe afirmar que el presente proyecto de ley vulnera la autonomía local, vulnera las competencias de las comunidades autónomas, particularmente de Cataluña en materia local, y no da respuesta a las necesidades de mejora de la financiación local.

Si es cierto que el municipalismo reclamaba una revisión de sus competencias y de su financiación, no es menos cierto que la propuesta que estamos debatiendo no da respuestas a las expectativas ni da soluciones a los problemas del municipalismo. A nuestro entender, se trata de un minucioso plan contable que demuestra poca sensibilidad y poco conocimiento del tema.

¿Por qué así, y ahora, esta ley, que lleva tanto tiempo reclamada? ¿Realmente atiende esas reclamaciones históricas del municipalismo? Si es así, pregúntense y díganme cómo explican que haya tanta unanimidad en contra. O quizá lo que pase es que se aprovecha una coyuntura económica para modificar la estructura de Estado, centralizar en pro de una sostenibilidad económica y financiera que, por otra parte, esta Administración ya ha demostrado. Quizá nos inclinemos más por esto último: escenificar una ley de racionalización y sostenibilidad sobre una Administración que —vuelvo a repetir— ha demostrado serlo y además es la única en estos momentos que lo es. En este sentido, hemos puesto sobre la mesa una y otra vez las cifras que el ministro nos ha proporcionado en varias intervenciones. Las administraciones locales han cerrado el 2012 con superávit, señorías, no llegan a suponer ni el 5% de la deuda total de las administraciones, y gestionan un 13% del gasto público, gasto que revierte directamente en servicios esenciales para los ciudadanos.

Estamos de acuerdo, entonces, en que no tiene sentido desde el objetivo de hacer sostenible. No, la sostenibilidad en este caso no es motivo para la redacción de esta ley. Tampoco la racionalización; de hecho, la quitan de donde la había. Explíquenme cómo vamos a racionalizar la gestión de los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes desde las diputaciones. Explíquenme —es el caso de esta senadora— cómo vamos a dar los mismos servicios de calidad y a menos coste a pueblos, por ejemplo, del Pirineo —pueblos con pequeña masa crítica y una orografía muy complicada— desde la Diputación de Lérida, en el mejor de los casos a más de dos horas en coche. Sin duda, la proximidad racionaliza, es desde donde se conocen todos los parámetros a tener en cuenta para la prestación de servicios en tiempo real y ambiente real.

Esto deja a todo el mundo rural en una situación de precariedad. No se aclara quién va a prestar, y de qué manera, los servicios que se pretende restar a los municipios pequeños. Esto supone en sí mismo la manifestación de falta de autonomía que se confiere a la Administración Local. El principio de autonomía local que contiene la Constitución —lo hemos ido repitiendo constantemente, Constitución, por otro lado, tan dogmática para según qué cosas— en su artículo 140, que en nuestro caso recoge el Estatut d’Autonomia de Catalunya, y también la Carta Europea de Autonomía Local —quizá me equivoque, pero esta senadora no ha sabido encontrar referencia a dicha carta en todo el redactado de este proyecto de ley—, todo esto, queda vulnerado en este proyecto de ley.

Además, volviendo a las competencias que se le restan a los municipios de menos de 20 000 habitantes en pro de las diputaciones, no solo se vulnera la autonomía local sino que se rompe con la proximidad y también con el compromiso democrático. No hace falta recordar que las elecciones municipales son las que tienen mayor número de participación y las que generan realmente un debate entre los ciudadanos más allá del que se realiza en los medios de comunicación. Esto responde a que son consideradas por los ciudadanos un referente, un referente que además ha respondido históricamente a sus necesidades. ¿Qué pasa con este compromiso?




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Finalmente, lejos de ordenar y aclarar competencias municipales, lo que se hace es vaciar a los municipios de competencias por activa y por pasiva —ya tendremos tiempo de abundar en ello—, además de laminar las competencias de las comunidades autónomas. En esta vulneración de las competencias, en nuestro caso reconocidas en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, hacen una referencia basándose en la habilitación competencial del Estado que no se pone en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha establecido muchas veces que Constitución y estatutos forman parte del bloque de constitucionalidad, de manera que uno de los límites del Estado para dictar normas básicas se encuentra en el respeto a las normas autonómicas. Nosotros pensamos que en el caso del Estatut d’Autonomia esto es flagrante, pero también lo es para el resto de comunidades autónomas que tienen reflejadas sus competencias en los estatutos.

Este proyecto de ley, insistimos, vulnera nuestra norma básica, el Estatut d’Autonomia; y lo hemos dicho en repetidas ocasiones: eso no es bueno para nadie, no ayuda a paliar el distanciamiento que existe en estos momentos entre el Estado central y Cataluña. Cabe recordar que ya en su día un futuro presidente del Gobierno dijo que apoyaría este estatuto de autonomía tal como saliera del Parlamento catalán —el famoso «apoyaré»—, y que otro futuro presidente del Gobierno central, una vez que este estatuto fue aprobado por el Parlament catalán, aprobado por las Cortes Generales, ratificado por el Rey y refrendado por el pueblo de Cataluña, lo lanzó a manos del Tribunal Constitucional, que lo sometió a una dura rebaja. Con todo esto no contribuimos a ese diálogo del que estamos tan acostumbrados a oír hablar.

En definitiva, entendemos este proyecto de ley como una reforma estructural en respuesta a una situación coyuntural. No escucha, no atiende y no entiende las reclamaciones del municipalismo, y tan solo ha servido, desde el momento de la presentación del primer informe, como una criminalización de la Administración Local y de aquellos que ejercen la mayoría de las veces sin ningún tipo de remuneración —como ha dicho el compañero senador que ha intervenido anteriormente—, ese ejército de voluntarios que tenemos en esta Administración que son el estadio político más próximo al ciudadano, al menos lo eran hasta hoy; la Administración más sostenible, la más racional, la más apreciada y la que está repleta de grandes políticos que atienden realmente a aquellos que les han elegido directamente como sus representantes, alcaldes y concejales, muchos hombres y mujeres que hacen cada día suyos los problemas de la colectividad.

Se trata de un proyecto que, en contra de lo que insiste el Gobierno, lejos de reforzar el municipalismo lo pone en tela de juicio, cuestiona su eficacia, debilita su autonomía local, pasa a entender los Gobiernos locales como puras administraciones de gestión tuteladas, invade competencias autonómicas, refuerza las diputaciones en un claro ejercicio de centralización, gestiona la existencia de entidades locales, municipios y también entidades menores, por razones coyunturales ―los problemas financieros pueden ser el único motivo de su desaparición―, y pretende un ahorro de 8000 millones de euros, que creemos que es más que cuestionable.

En definitiva, es un proyecto que afectará a los ciudadanos ya que, de hecho, recorta competencias y servicios a los municipios pequeños, no aclara quién y cómo se van a prestar esos servicios, descuida la calidad democrática y, desde nuestro punto de vista, más que una reforma es un ajuste basado únicamente —y aquí radica el problema— en la eficiencia presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Por todo ello, Convergència i Unió mantiene el veto que ha presentado y, además, votará a favor de los que han presentado otros grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para turno en contra de los vetos defendidos, tiene la palabra el senador Sanz, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar sus intervenciones volvemos a sacar la conclusión de que han planteado estos vetos con una vinculación en el tiempo muy anterior al proceso de avance y de perfeccionamiento que este texto ha experimentado como consecuencia del diálogo abierto con instituciones representativas de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas y, evidentemente, gracias a la voluntad del Gobierno por mejorar este texto. Digo esto porque si se analizan los vetos, tal y como están planteados, prácticamente se hace un análisis del inicio del debate y, por tanto, de los primeros borradores del texto.




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En este sentido, lamento que no se haya producido una adaptación a lo que hoy es un texto mucho más avanzado, seguramente mejorado y que, evidentemente, pone en cuestión situaciones que se han mencionado y que no responden a la verdad. Así, no se puede decir que hay unanimidad en contra de este texto porque no solo las comunidades autónomas han expresado un apoyo mayoritario a este texto ―así lo hicieron hace unos días en la Comisión General de las Comunidades Autónomas― sino también los miles de ayuntamientos gobernados por distintas formaciones políticas pero principalmente por el Partido Popular, que dirige el 46% de los municipios españoles. Por tanto, el hecho de hablar de mayorías no responde a la verdad.

Además, cuenta con el aval de la Federación Española de Municipios y Provincias, como se ha puesto de manifiesto, y también ha sido sometido a trámite en la Comisión Nacional de la Administración Local y en el propio Consejo de Estado. Por lo tanto, no se puede poner en cuestión ―como se ha hecho aquí― sin dar más argumento que este es un texto inconstitucional pero sin explicar dónde está esa inconstitucionalidad, sobre todo una vez que se introdujeron una serie de modificaciones que incluían las recomendaciones del Consejo de Estado y que clarifican la constitucionalidad plena del texto, así como el máximo y total respeto al principio de autonomía local ―que en los vetos se indica que queda reducido―. Por tanto, repito, creo que no se pueden poner en cuestión los números y los apoyos para sacar adelante esta ley, que cuenta con una mayoría absoluta pero que, además, esperemos que se amplíe como consecuencia del diálogo con otros grupos. En este sentido, posteriormente anunciaremos algunas transaccionales, además de las que ya se han planteado y que han firmado los grupos.

La voluntad del Gobierno es seguir avanzando, máxime dado que se trata de una ley muy deseada y muy necesaria desde hace mucho tiempo en nuestro país que, como decía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ha evolucionado a lo largo de treinta y siete borradores. Por tanto, no es en ningún caso, como se menciona en los vetos, una ley que reduzca competencias, sino todo lo contrario, fortalece a las corporaciones locales; es decir, que es una ley de fortalecimiento de las corporaciones locales que, además, fija las competencias de los ayuntamientos, pero también les permite seguir prestando un número importantísimo de competencias, bien a través de la delegación o bien a través de competencias que no desarrollen otras administraciones. En este sentido, no se puede pedir que se modifiquen los primeros textos de la ley para que los ayuntamientos sigan garantizando todos los servicios públicos y todas las prestaciones que desarrollan y, ahora, criticar que los ayuntamientos puedan ejercer competencias delegadas por parte de las comunidades autónomas y, además, llevar aún más competencias si estas no entran en conflicto con otras. No se puede pedir que se cambie la ley y, cuando se cambia, también criticarla.

Se insiste en los vetos en el interés por las privatizaciones y el apoyo al sector privado y, sinceramente, no sé dónde lo encuentran. Yo únicamente lo encuentro en la gestión socialista, que habitualmente privatiza donde gobierna, pero en ninguna parte del texto se favorece la privatización porque no se cambia el modelo de gestión. Por tanto, se utiliza un argumento demagógico y político para intentar meter miedo y poder decir que desaparece empleo.

Esta ley no solo fortalece a las corporaciones locales sino que garantiza el empleo y da estabilidad a los servicios públicos, que es lo que más nos importa de cara a los ciudadanos. ¿Cómo lo hace? Lo hace garantizando por primera vez la financiación. Se dice en los vetos que no incluye la financiación local, pero existe por primera vez el compromiso de vincular la financiación local con la autonómica en el plazo de un año. Y no solo garantizará una mejoría sustancial en la capacidad económica de los ayuntamientos, sino que la prestación de todos los servicios, especialmente de aquellos que sean competencias delegadas, que hoy no tienen ninguna garantía de financiación, a pesar de la delegación de competencias por parte de la comunidad autónoma, en el proyecto de ley sí cuentan con una financiación clara, con una financiación garantizada, porque el convenio de delegación ha de fijar claramente el 100% de la financiación y, además, si no paga la comunidad autónoma, la garantiza el Estado mediante una aportación directa que luego retiene a la comunidad autónoma. Esta es la mejor garantía porque, por primera vez, los servicios públicos, y muy especialmente los servicios sociales, van a estar plenamente garantizados porque se va a contar con la financiación suficiente para ello.

Por lo tanto, en contra de lo que se dice en los vetos, es un avance muy considerable que no solo va a consolidar las competencias de las corporaciones locales sino que va a mejorar la garantía de financiación. ¿Y cuál es la mejor garantía para mantener los servicios públicos y todas las prestaciones sociales? La garantía de la financiación, que es lo que resuelve el texto de la ley en contra del miedo que se pretende trasladar a través de los vetos; vetos que, además, insisten en que se van a retirar




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competencias de los ayuntamientos y de los municipios menores de 20 000 habitantes. Sin embargo, eso no es así en el texto actual, porque cuando se habla de colaboración de las diputaciones, esa colaboración tiene que contar con la conformidad previa del ayuntamiento. Por tanto, será el ayuntamiento en todo caso el que solicite la colaboración de la diputación y, en consecuencia, no desaparece ninguna competencia. Creo que alguien se quedó en algún borrador muy primario porque el texto no lo reconoce en ningún caso, como se ha puesto de manifiesto en este trámite de la comisión y de la ponencia y, por lo tanto, no se corre ningún riesgo ni se quitan competencias.

Es verdad que se ha modificado del coste estándar al coste efectivo y que ahora también se critica que se haya establecido el coste efectivo. ¿Pero no era eso lo que pedían los grupos? Pues ahora también se critica.

El texto significa un claro avance a favor del futuro de los ayuntamientos, consolida a los ayuntamientos como la institución más cercana al ciudadano, que deben tener una financiación suficiente y prestar unos servicios de calidad y de manera estable; además, es un texto claramente respetuoso con la Constitución y con los estatutos de autonomía. Para ello, se establece pleno respeto y garantía con los regímenes forales del País Vasco y de Navarra. Respeto a la organización territorial de determinadas comunidades autónomas con sistema institucional, como Cataluña. Respeto a las comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Respeto al régimen institucional de las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares; ahora estamos planteando una enmienda transaccional a fin de fortalecer ese reconocimiento institucional, esa singularidad de Canarias y Baleares. Lo mismo en el caso de Ceuta y Melilla, y también los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, a los que se dedica la disposición adicional cuarta.

Es un texto de máximo respeto a la autonomía local, que presta especial atención a las diferentes especialidades del régimen local derivadas del ordenamiento jurídico, y en particular a todos los estatutos de autonomía como leyes orgánicas que son.

Por tanto —y finalizo—, el Grupo Popular reconoce que el diálogo ha significado un perfeccionamiento de la ley, y aún estamos a tiempo de seguirlo perfeccionando. Con la actitud mostrada a través de los vetos, con la excepción de algunos grupos aquí presentes, procedemos a un diálogo constructivo que estamos seguros de que va a consolidar, fortalecer y mejorar el texto. Seguimos confiando en un cambio de actitud de algún grupo porque quedan días por delante hasta la celebración del Pleno, y la convicción del Grupo Popular es que esta es una ley que ya va a nacer con una amplísima mayoría de apoyo pero, evidentemente, nunca vamos a renunciar a seguir ampliando ese apoyo por parte de otros grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Una vez concluido el debate sobre los vetos, procedemos a su votación.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.




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Votamos el veto número 6, de la senadora Almiñana, de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Señorías, finalizada la votación de los vetos, pasamos al debate de las enmiendas. (El señor Sanz Cabello pide la palabra.)

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, ¿podríamos comunicar a la Mesa una serie de enmiendas transaccionales y propuestas sobre algunas de las enmiendas del Grupo Popular?

El señor PRESIDENTE: Creo que es oportuno y práctico hacerlo porque puede orientar el debate de las enmiendas.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, hemos entregado a la Mesa una serie de enmiendas transaccionales y además quiero comunicar que el Grupo Popular retira la enmienda número 434 y solicita la incorporación de la enmienda número 416, del Grupo Vasco, aparte de las enmiendas transaccionales ya planteadas a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, señoría.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 37 y 149, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, que no están presentes.

¿Desea defenderlas el senador Martínez Oblanca? (Asentimiento.)

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Si me lo permite, señor presidente.

El Grupo Mixto ha presentado en total ciento cincuenta y una enmiendas: treinta y ocho de los senadores Mariscal e Iglesias, en concreto, las números 1 a 37 y 149; treinta de los senadores Quintero y Zerolo, de Coalición Canaria, números 38 a 67, ambas inclusive; yo mismo, en nombre de Foro, he presentado treinta enmiendas, las números 68 a 97, ambas inclusive; siete enmiendas de los senadores de UPN, Eza, Salanueva y Yanguas, números 98 a 104, ambas inclusive; cuarenta y cuatro enmiendas de la senadora de Ezquerra Republicana de Cataluña, Capella i Farré, números 105 a 148; y dos enmiendas de los senadores de Amaiur, Aiartza, Goioaga, Mendizábal y Unamunzaga, números 150 y 151.

Doy por defendidas, señor presidente, estas ciento cincuenta y una enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, enmiendas números 152 a 177, del senador Fuster Muniesa y las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Tiene la palabra la señora Santos Fernández.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Los senadores del Partido Aragonés, Fuster, Ibarz y yo misma, hemos presentado las enmiendas números 152 a 177, en total veintiséis. El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce competencia exclusiva a la comunidad autónoma en materia tanto de régimen local como de organización de nuestro territorio. En virtud precisamente de esta competencia del Estatuto de Autonomía, hemos organizado nuestro territorio en municipios, comarcas y provincias y hemos otorgado competencias a cada nivel de la




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Administración a través de treinta y seis leyes de las Cortes de Aragón aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos: cuatro de carácter general y treinta y dos, una por cada comarca que se ha creado.

Por tanto, poseemos en Aragón un sistema especial de organización territorial que tiene anclaje tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución y en la doctrina del Constitucional, y que encaja perfectamente con las características orográficas, demográficas y geográficas de Aragón. Aragón es un territorio, como todos ustedes saben, muy poco poblado y muy extenso, donde más del 30% de su espacio tiene cotas superiores a mil metros, con una densidad media de población de veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado, que en algunos casos empeora; en muchos casos tenemos densidades de población de tres habitantes por kilómetro cuadrado y más de la mitad de la población localizada en la ciudad de Zaragoza. Lógicamente, esta circunstancia nos ha llevado a establecer un sistema de organización territorial propio que se adapta perfectamente a las características de nuestra comunidad autónoma y a las necesidades de nuestros ciudadanos para hacer llegar los servicios a todos los rincones de la comunidad autónoma, donde las comarcas y los municipios actúan como una especie de demarcaciones de solidaridad que vertebran y cohesionan todo el territorio.

Pues bien, nuestro régimen especial no está reconocido de manera explícita en la ley que se somete a debate de esta comisión. El senador Sanz ha expresado ese reconocimiento y nosotros hemos reconocido en diferentes intervenciones los avances que se han producido en este texto desde el primer redactado, desde el primer anteproyecto hasta el actual, pero, repito, no existe en el texto que se somete a debate de esta comisión un reconocimiento explícito del régimen especial de Aragón como sí existe, sin embargo, de otros nueve regímenes: de los dos forales, de los insulares y de los cinco uniprovinciales. La disposición adicional segunda, que va encaminada precisamente a reconocer esos regímenes especiales de las comunidades autónomas, a nuestro entender, ofrece dudas interpretativas, y la disposición adicional quinta, que es a la que se refería el senador Sanz, no refleja en rigor jurídico —siempre a nuestro entender— la realidad de Aragón.

En este contexto, hemos presentado un total de veintiséis enmiendas que, básicamente, se concretan en lo siguiente: las enmiendas números 152, 169 y 171 pretenden ese reconocimiento específico de nuestro sistema de organización territorial al que hacía referencia y, por tanto, la determinación del carácter no básico de determinados artículos de esta ley. En sentido similar, aunque más genérico, las enmiendas números 153, 158 y 170 aspiran a un reconocimiento más diáfano de las legislaciones autonómicas en materia de Administración Local y de los entes creados para este fin por los estatutos de autonomía. Y las restantes van encaminadas a salvaguardar las competencias autonómicas porque, en ausencia de ese reconocimiento explícito al que hacía referencia, entendemos que sí se producen afecciones a las competencias autonómicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como digo, las restantes pretenden salvaguardar esas competencias autonómicas.

Considero que con esta explicación ya he defendido nuestras enmiendas. Solo me queda decir que las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en este proceso no cambian sustancialmente el sentido que acabo de manifestar, excepción hecha de la enmienda número 439, que coincide con la número 172 nuestra, de supresión de la disposición adicional séptima, pero, como digo, las restantes enmiendas no satisfacen los fines anunciados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, para defender las enmiendas números 400 a 420, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Hemos presentado las enmiendas números 400 a 420, tanto en el trámite del Congreso como en el Senado, esencialmente para resaltar y asegurar el respeto a las singularidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral Navarra en materia de régimen foral y local. Nos congratulamos por haber llegado a acuerdos muy importantes con el grupo mayoritario que hacen que el Grupo Vasco considere que el proyecto que entró en el Congreso y que va a salir del Senado mejore sustancialmente, aunque lógicamente todavía quedan muchas enmiendas importantes que queremos seguir discutiendo hasta el último minuto, hasta el minuto de la votación, e intentando pactar, sobre todo de manera especial lo correspondiente a las entidades instrumentales de segundo nivel, a los enclaves o a cantidad de asuntos que tenemos pendientes.




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En principio, aparte de anunciar que seguiremos trabajando en esta línea, queremos manifestar que no mantendremos los votos particulares de nuestras enmiendas números 403 y 419, pero sí todas las demás, y esperamos que podamos seguir mejorando el texto en los días que nos quedan por delante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cazalis.

Lamento el salto de números porque, efectivamente, le hubiera tocado al Grupo Socialista defender las enmiendas números178 a 224.

Tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por haber otorgado a esta comisión un poco más de tiempo para debatir esta importante ley; digo importante porque afecta a buena parte del territorio —más del 95% de los municipios que tienen menos de 20 000 habitantes y a muchos ciudadanos y ciudadanas—.

Nuestras cuarenta y siete enmiendas son de supresión porque nuestro planeamiento es negar la mayor, es decir, esta no es una mejora de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 sino que lo que hace es cambiar el modelo que los ayuntamientos se habían dado y han venido desarrollando desde hace treinta y cuatro años, con lo cual, estamos en contra de toda la ley y lo que pedimos es que se devuelva, aunque ya, una vez votados los vetos, sabemos que es difícil. Estaríamos de acuerdo en apoyar las enmiendas del PAR porque también van en esa línea de supresión.

El portavoz del Grupo Popular ha dicho que se ha buscado el consenso; sé que se ha conseguido el consenso con el Grupo Vasco. Se ha sacado del saco a los ayuntamientos de ese territorio, con lo cual, le felicito, pero el resto de España sigue en la misma tesitura. Si esto es bueno bueno, no sé por qué no se mantiene, igual que si es buena buena no sé por qué a través de enmiendas ustedes van deslizando aquello que consideran más problemático electoralmente para después de las elecciones municipales, pero también se puede entender. Cuando se quiso buscar el consenso fue en el año 1984: Grupo Parlamentario Socialista, 202 diputados, comienza el debate en el Congreso y dura un año, con ocho plenos y tres comisiones. Eso es buscar el consenso, porque lo que ustedes han hecho con esta precipitación en una ley tan importante evidentemente no ayuda a ello.

En estos treinta y cuatro años, los ayuntamientos han desarrollado una colaboración al Estado del bienestar en España que no sería entendible hoy en día sin su contribución, porque no solamente son escuelas de democracia, como muchas veces se ha dicho, sino que también se han encargado de llevar a cabo infraestructuras con pocos recursos: equipamientos sociales, culturales, deportivos, de ocio, de esparcimiento, etcétera, para todos sus ciudadanos, cuyo resultado fue que la vida en los pueblos, ciudades, barrios, fuera agradable. Este ha sido el modelo, y en esos treinta y cuatro años los ayuntamientos han luchado y reivindicado históricamente —los que hemos estado muchos años en el municipalismo hemos asistido a distintas asambleas de la Federación Española de Municipios y Provincias— mejoras en su nivel de competencias y que estas se clarificasen, porque la Constitución evidentemente no lo desarrolló, mejoras en la financiación para atender esos servicios que estaban prestando; no voy a decir servicios impropios porque realmente eran demandas ciudadanas, demandas sociales.

A pesar de todo eso que han hecho, senadores y senadoras, no han gastado un céntimo más del gasto público de lo que gastaban a principios de los ochenta; siguen gastando el 13% del gasto público. Luego no es un problema de exceso de gasto público por parte de las corporaciones locales. Pero además, si vemos la deuda —y se ha dicho aquí—, no llega al 4% del total de la deuda pública, a pesar de que supone el 13% del gasto.

Pero si vemos el déficit, en el año 2012 se redujo a la mitad y el año 2013 posiblemente se cierre con superávit. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Por qué se cambia ese modelo cuando no existe un problema que justifique, en aras de la estabilidad o del ahorro, la situación real de los ayuntamientos? Esa es la gran pregunta. Los otros objetivos que pretenden tampoco se consiguen. No se disminuye el coste. No hay una memoria económica en esta ley, que es lo primero que habría que denunciar. No existe memoria económica. ¿De dónde sacan esos siete mil ciento y pico millones de ahorro? ¿De dónde? Explíquenmelo porque tampoco hay una simplificación burocrática, salvo que se piense en la eliminación de empleados públicos locales, y no se evitan tampoco las duplicidades.




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Hay hechos muy concretos que no puedo obviar. Ustedes se cargan a las entidades locales menores. Las excluyen del artículo 3.2 de la Ley de bases, con lo cual dejan de ser entidades locales y entonces ni menores ni mayores, simplemente dejan de serlo. Nos han pedido que las mantengamos, pero ustedes no han tenido sensibilidad. Esa es la realidad. No tienen sensibilidad municipal. Lo demuestra quien ha elaborado la ley, el ministerio correspondiente. Y lo demostró el otro día el ministro Montoro en la Comisión General de Comunidades Autónomas que dedicó tres cuartas partes de su intervención a hablar del plan de proveedores y de las ayudas financieras que había hecho su ministerio y solamente unos minutos a leer dos cuartillas sobre el régimen local porque, además, no lo conocen. No conocen el territorio. No conocen la pluralidad que existe. No conocen que hay comunidades autónomas uniprovinciales. No conocen las situaciones que provoca la insularidad. Prueba de ello es que tratan de corregir las cosas mediante enmiendas transaccionales. Pero esa es la realidad, su desconocimiento y la falta de sensibilidad, pero esta última, la falta de sensibilidad social, es mucho más acusada, señoría. Destruir esa red asistencial que tenían los ayuntamientos y no darles más recursos a las comunidades autónomas significa simplemente que desaparecerán. A nosotros nos han venido a ver instituciones como Cáritas que conocen el terreno, el territorio, los pueblos, los barrios, que saben de la situación. Pues bien, Cáritas está alarmada por el hecho de que pueda desaparecer esa red porque ellos saben, son los que lo saben, lo importante que es para este país. Y, por supuesto, han demostrado muy poca sensibilidad a la hora de negociar señores del Gobierno, señores del Partido Popular, señores del grupo que lo sustenta.

Este es el marco en el que nos movemos. ¿Qué va a pasar? Esta pregunta se la hacían hace unos minutos los representantes de entidades locales menores. Va a pasar que, a base de posponer determinadas decisiones para finales de 2015, a base de corregir, posiblemente esta ley sea de difícil aplicación. La única alternativa que yo veo a estas alturas es que una nueva mayoría pueda cambiarla, pueda derogarla. Esperemos que el Tribunal Constitucional, porque todos los grupos, todos los vetos, están de acuerdo en que invade competencias y es inconstitucional, tenga, al final, algo que decir sobre esta ley en el sentido en el que nos estamos manifestando. De ahí nuestra oposición absoluta a la misma. Damos por defendidas nuestras enmiendas, de supresión todas, pero lo que nos gustaría es que no pudiese aplicarse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Sequera tiene la palabra.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas y las mantenemos vivas para su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Enmiendas 342 a 399 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado un total de cincuenta y siete enmiendas parciales que abordan distintos temas, funcionales, de desburocratización, de respeto,por supuesto, al ámbito de la autonomía local y al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Fundamental es para Cataluña —y así lo hemos manifestado— que se preste atención en la adicional segunda al reconocimiento explícito a la singularidad de nuestro sistema institucional, tal y como se refleja en nuestro Estatuto de Autonomía. Este sería para nosotros el vértice a partir del cual podríamos empezar a hablar. En cualquier caso, este grupo siempre está abierto al diálogo. Además, nuestras enmiendas no son todas de sustitución. Hemos intentado mejorar el texto con algunas de ellas. Decía un senador que quizás nos habíamos perdido en un borrador. Quizás es que yo no he sabido expresar en mi intervención que se ha suavizado el texto desde la primera presentación hasta este momento; en algunas cosas ha habido pequeñas mejoras; en otras ya les avanzo que no.

He recibido, en cuanto a los municipios de 20 000 habitantes, al entrar en esta comisión la corrección de errores de la autoenmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado en la que habla de esta conformidad con los municipios afectados. Vuelvo a decir que suaviza, pero que no soluciona el tema como en tantos otros aspectos de este proyecto de ley.




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Comparto un poco la reflexión que ha hecho el senador socialista sobre que esta ley pone en cuestión, a pesar de estas pequeñas mejoras, a las entidades menores. Ha habido alguna autoenmienda que las condiciona a su estabilidad presupuestaria, pero no se recoge como entidad local, por lo que se le está negando esta presunta capacidad jurídica y de autonomía. Lo mismo pasa con los municipios pequeños. Más allá de que se hayan mejorado algunos aspectos, este proyecto de ley cuestiona todo el entramado municipal y los servicios que se dan desde los ayuntamientos y —como ha dicho el compañero socialista— desde muchas entidades que participan, juntamente con los ayuntamientos, para dar servicios esenciales a los ciudadanos, especialmente en estos tiempos de crisis.

Les vuelvo a reiterar que nuestro grupo es crítico con este proyecto de ley. Estamos en contra de que se aplique tal y como está en estos momentos. Continuamos abiertos al diálogo, ese diálogo que manifestó el propio ministro en la Comisión de Comunidades Autónomas. Cierto que en esa comisión hubo diálogo. Cierto también que ese diálogo pudo llevarse a cabo porque fue la oposición quien convocó esa Comisión de Comunidades Autónomas.

Nosotros no perdemos la esperanza hasta el último momento. Dejamos la puerta abierta para llegar a acuerdos en algunos puntos de esta ley, que para Cataluña son vitales, y para mejorar cualquier otro que favorezca no solo a Cataluña sino al resto de comunidades autónomas.

Damos por defendidas las enmiendas y las debatiremos en Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivero.

Sebastián García Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra para defender sus enmiendas y posicionarse en relación con las enmiendas defendidas por los restantes grupos.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Muy buenos días a todos. De la intervención de todos los portavoces de los distintos grupos se ve que estamos ante un proyecto de ley complejo que afecta, en general, a los 40 millones de españoles representados por sus ayuntamientos. Los alcaldes y todo el municipalismo hemos reivindicado soluciones de competencias, de financiación, con un claro objetivo, la sostenibilidad de los servicios que desarrollamos los municipios.

Se ha dicho por alguno de mis compañeros anteriormente que era un tema coyuntural y no estructural. Lo ha dicho la senadora Rivero en su primera intervención. Pero yo creo que no, el problema es de estructura y tiene que ver con la situación económica. Los ayuntamientos vemos cómo las competencias se invaden entre comunidades, ayuntamientos y otras administraciones. Un Gobierno que toma esa decisión tiene que ser fuerte, riguroso y responsable anteriores Gobiernos socialistas han sido incapaces—; ha de serlo para modificar la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local que, en definitiva, era necesaria. A unos les gustará más y a otros menos, pero la ley es necesaria y supone una reivindicación histórica del municipalismo.

Lo que en este momento está en juego es poner orden para asegurar especialmente la sostenibilidad de los municipios, su financiación y, sobre todo, el compromiso que los ayuntamientos tenemos que implica, en general, a todos. El pago a proveedores implica a las empresas, por tanto, la morosidad implica la vida de una Administración, de un municipio, porque tenemos que pagar. Y esto es lo que intenta este proyecto de ley, evitar la dicotomía entre las Administraciones estableciendo quién tiene que asumir competencias. Pero yo quiero recalcar, sobre todo, que es una ley que reconoce la autonomía municipal. Aquí se ha discutido sobre la intervención de las diputaciones. En la rectificación técnica que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la ponencia, quedaba claro que ningún municipio asumiría funciones que fueran a realizar las diputaciones si no muestran su conformidad. Por tanto, hay un respeto pleno a la autonomía municipal en las funciones que tienen que realizar las diputaciones.

Es verdad que las diputaciones son necesarias como Administración representativa de todos los municipios y que son un órgano de elección indirecta a través de los concejales elegidos en los municipios. Primero, porque tienen otra dotación económica. Y, segundo, porque hay muchos municipios y servicios que sería imposible realizar, especialmente, en los más pequeños, por ejemplo, temas como el de los bomberos, la recaudación o sistemas de emergencia. Creo que las diputaciones, tal y como se recogen en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, son positivas, sobre todo, reconociendo la autonomía.

Se ha discutido también sobre las entidades menores, de ámbito territorial inferior al municipio. Yo creo que es discutir o hacer demagogia, porque el propio proyecto de ley regula este tema,




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fundamentalmente en su disposición transitoria tercera, donde se dice que mantienen su personalidad jurídica, sus competencias y su forma de funcionamiento. Pero también se les garantiza su estabilidad económica y su financiación.

Igualmente, creo que esta ley recoge la financiación de los municipios, que por una vez pueden elegir y solicitar la delegación de competencias desde las comunidades, asegurándose, asimismo, la financiación. A este respecto, quiero recalcar las enmiendas 442 y 443 del Grupo Parlamentario Popular, sobre la adecuación de la normativa de financiación, que asegura para los municipios esa financiación para las competencias que desarrollen, principalmente, en lo relacionado con educación, servicios sociales o sanidad, con la garantía del Estado.

Importantes también son nuestras enmiendas 426 y 430 sobre un tema muy político de debate —lo digo desde mi experiencia de alcalde—, relativas a la cantidad de las retribuciones, a cuáles son los liberados y los eventuales. Yo creo que esta ley viene a resolver un problema de enfrentamiento político dentro de los ayuntamientos. Por un lado, determina cuáles van a ser las retribuciones de los liberados, de los alcaldes y de los concejales. Además, hemos modificado, mediante unas enmiendas, la relación de habitantes estableciendo para las retribuciones entre 1000 y 5000 habitantes. Como también se garantiza la posibilidad de personal eventual en poblaciones inferiores a 1000 habitantes que no tengan dedicación exclusiva.

Asimismo, consideramos que esta ley, con las veintisiete enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, garantiza la autonomía y la normativa autonómica, como ha dicho mi compañero el senador Sanz. Clarifica funciones y respeta las disposiciones forales de los Parlamentos, así como los estatutos de autonomía. Sobre todo, evita entrar en su normativa. Asimismo, clarifica las funciones de los interventores, cuestión que también ha sido discutida con ocasión del paso de esta ley por el Congreso, así como en anteriores borradores.

En definitiva, era una ley necesaria para el municipalismo, para los ayuntamientos, que viene a poner orden en la relación entre administraciones, que establece una Administración, una competencia, y que quien desarrolle dicha competencia tenga la financiación adecuada, porque, como muy bien se ha dicho, tendrá el apoyo de la financiación autonómica local.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Martínez. (La señora Rivero Segalàs pide la palabra.)

¿Sí, señora Rivero?

La señora RIVERO SEGALÀS: Disculpe. Quisiera intervenir por alusiones.

El señor PRESIDENTE: Adelante, pero con brevedad.

La señora RIVERO SEGALÀS: Yo no sé si es que no he sabido explicarme bien o no me han entendido, pero en ningún momento he dicho que el problema sea coyuntural cuando hablamos de la clarificación de competencias y de la financiación del municipalismo.

Lo que he dicho es que se ha abordado un problema estructural, que es el problema que tiene el municipalismo, desde una situación coyuntural concreta, que es este entorno de crisis en el que estamos instalados, que ha hecho que se tenga únicamente en cuenta la estabilidad presupuestaria y financiera. Estamos de acuerdo en que esto se tenga en cuenta, pero no solo esto. Lo aclaro por si no se me había entendido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Comenzamos con el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)

Ningún grupo hace uso de la palabra, por lo que estaríamos llegando al final, debiendo someter a votación el informe de la ponencia. Como saben, ha sido retirada la enmienda número 434 del Grupo Parlamentario Popular y se ha incorporado la enmienda número 416 del Grupo Parlamentario Vasco, así




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como la transaccional número 412 del mismo grupo, también conocida por todos. Luego la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 12 y la 64 del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor SANZ CABELLO: Y otra relativa a la singularidad canaria.

El señor PRESIDENTE: Son tres enmiendas, porque la enmienda número 64 del Grupo Parlamentario Mixto es la que resuelve la singularidad canaria. Estamos hablando, por tanto, de la enmienda número 412, del Grupo Parlamentario Vasco y de la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Mixto. Estas son las tres transaccionales. Con la salvedad de que en el informe se retira la enmienda número 434, sustituyéndose por la número 416 del Grupo Parlamentario Vasco. Esto es lo que vamos a votar. Si alguien no tiene el texto, ahora mismo se le facilitará. ¿Alguien quiere esperar antes de votar a tener el texto?

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Nosotros lo único que tenemos son las dos correcciones de errores que nos dieron al principio y dos transaccionales. Una, sobre el tema de los cabildos y consejos insulares y otra sobre el artículo 32 bis, en relación con los directivos de diputaciones, cabildos y consejos.

El señor PRESIDENTE: Ahora mismo se están haciendo las fotocopias.

Es una enmienda de modificación de la número 412 y se añade la parte que va en negrita, que dice: Las instituciones vascas podrán, —es una adición al punto 1— en sus respectivos ámbitos competenciales, atribuir competencias como propias a los municipios de sus respectivos territorios, con sujeción, en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Eso es lo que modifica, de forma que esta enmienda se incorpora al dictamen de la comisión.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Presidente, las enmiendas no se votan ahora, ¿no?

El señor PRESIDENTE: No. Ahora se vota el dictamen de la comisión incorporando las matizaciones, declaraciones y añadidos.

Pero por una cuestión formal estamos esperando a que tengan el texto en la mano antes de votarlo. (El señor García Martínez pide la palabra.)

Mientras llegan los papeles, parece que el señor García Martínez quiere decir algo. Tiene la palabra.

El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Solamente quiero proponer que sea el señor presidente de la comisión el que lleve a cabo la presentación de este proyecto de ley ante el Pleno, si todos los grupos están de acuerdo. (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Será para mí un honor hacerlo. (El señor Rodríguez Esquerdo pide la palabra.)

Tiene su señoría la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Sí, señor presidente.

Si el Grupo Popular retira la enmienda 434 y a la par se incorpora la enmienda 416 del Grupo Parlamentario Vasco que yo sepa esto es una comisión, no un mercadillo donde se intercambian cosas. Por lo tanto, si una cosa se retira y otra se incorpora al proyecto se tendrá que votar la que se incorpora para que pase al proyecto, si no no se incorporaría. Vamos, así lo entiendo yo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Al votar ahora el dictamen, estamos votando justamente esa propuesta. (Rumores.)

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Pero supongamos que el resto de grupos no admitiera la 416 del Grupo Parlamentario Vasco.

Yo entiendo que se tendría que votar previamente al dictamen de la comisión, independientemente de que luego se incorpore.

El señor PRESIDENTE: ¿Por separado?

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Sí, porque se incorpora algo nuevo al dictamen.




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El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente en hacer una votación separada de ese punto específico, pero entendíamos que no era necesario.

¿Quieren una votación específica sobre la enmienda 416?

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Si incluso podríamos votarla a favor pero, por procedimiento, la nueva enmienda que se incorpora debería votarse para su incorporación. Es decir, no se puede cambiar una enmienda por otra. El Grupo Popular no puede retirar una y a la par el Grupo Socialista presentar otra. (Rumores.—El señor Martínez Oblanca pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, si me permite, quiero apuntar algo. A mayor abundamiento, al tratarse de una transaccional que está firmada por el grupo proponente y el que tiene la mayoría, creo que por lo menos otros dos grupos tendrían que firmar esta transaccional, al igual que hemos hecho en el transcurso de la mañana con las otras dos transaccionales que hemos firmado.

El señor PRESIDENTE: Dice usted a mayor abundamiento, pero reglamentariamente no es necesario.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pues retiro lo dicho.

El señor PRESIDENTE: Pero sí podemos hacer una votación separada de la 416. A lo mejor hay quien quiere votarla a favor pero no mantenerla en el dictamen.

Señor Cazalis, ¿tiene inconveniente en que votemos la 416?

El señor CAZALIS EIGUREN: No, mientras se mantenga en el informe de la ponencia. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto, la vamos a mantener. Es el principio básico.

El señor CAZALIS EIGUREN: Entonces de acuerdo. Si no, votamos de una en una.

El señor PRESIDENTE: De eso no hay ninguna duda. Pero no sé si algún grupo quiere mantener algún apoyo singular a esa enmienda. No lo sé, no lo acabo de entender.

En cualquier caso, votamos la enmienda 416.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 8.

El señor BELLOCH JULBE: Perdón, para explicar el sentido de nuestro voto, ¿me permite treinta segundos?

El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Tiene la palabra.

El señor BELLOCH JULBE: Estamos de acuerdo en el fondo, que quede claro. No estamos de acuerdo por una cuestión procedimental y por eso nos abstenemos.

El señor PRESIDENTE: Aclarado.

Una vez repartidos los textos, formalmente podemos someter a votación el dictamen de la comisión, el trabajo que se ha hecho sobre la base del realizado en ponencia. Votamos el dictamen con las transaccionales, que han quedado claras, y los últimos cambios, que también han quedado claros.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Muchas gracias.

Con esto hemos terminado el trabajo hasta el Pleno.

Se levanta la sesión.

Eran las doce horas y treinta minutos.


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