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DS. Senado, Comisiones, núm. 149, de 16/04/2013
 





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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

Sesión celebrada el martes, 16 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA

Dictaminar

– Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

(Núm. exp. 621/000026)

Autor: GOBIERNO.




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Se abre la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. Buenas tardes.

Comenzamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del día de hoy, 16 de abril. En primer lugar, procederemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de marzo. ¿La damos por aprobada? (Asentimiento.)

Se aprueba.

Pasamos a continuación al dictamen del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. A este proyecto de ley se han presentado 4 vetos y 185 enmiendas, de las cuales se ha retirado la número 43. El primero de los vetos ha sido presentado por la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 2, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 3, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Y el veto número 4, de los senadores Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. También se han presentado 185 enmiendas, a las que hacía referencia al principio. Las números 1 a 25, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Las enmiendas números 26 a 42, 44 y 45, de los senadores Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto. Las enmiendas números 46 a 55, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Las enmiendas números 83 a 123 han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Las enmiendas números 124 a 168, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Las enmiendas números 56 a 82, del Grupo Parlamentario Socialista. Y las presentadas con los números 169 a 185 del Grupo Parlamentario Popular.

Procede el debate de los vetos. En primer lugar, tiene la palabra, si quiere hacer uso de ella, la senadora Capella i Farré para la defensa del veto número 1.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señora presidenta, en nombre de la senadora doy por defendido el veto, puesto que soy el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Doy por defendido tanto este veto como el que presentan los senadores de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, dentro del Grupo Mixto.

La señora PRESIDENTA: Muy bien. Gracias.

Veto número 4, presentado por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta. ¿Quiere intervenir el portavoz? Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Defenderé conjuntamente los vetos números 4 y 5. Puede parecer sorprendente que ante una ley cuyo título dice que quiere proteger y hacer sostenible el uso del litoral, se presenten cinco vetos. La razón es que pensamos que esta ley no protege el litoral, sino que lo desprotege y lo privatiza. Por ello, presentamos el veto.

Me limitaré, simplemente, a enumerar las cinco o seis cuestiones más destacadas de desprotección. Al mismo tiempo, diré que no hay, prácticamente, ni un solo artículo de protección del litoral. Se habla de protección en la exposición de motivos, pero en el articulado no aparece. Desde este punto de vista, se limitan y reducen los terrenos públicos del dominio público marítimo, lo que supone desprotección de un territorio. Se reduce también la servidumbre de protección de 100 a 20 metros prácticamente en todos los sitios. Se prorrogan las concesiones de ocupación a 75 años, en lugar de los 30 años que cumplían en 2018, lo que supone privatización. Se establecen exclusiones que inicialmente eran para 10 núcleos y que ahora son para 12 tras la incorporación de dos núcleos en la ponencia celebrada el otro día. Así, se excluye Formentera. Se incorpora la transmisión ínter vivos, que va a permitir, junto con la prórroga a 75 años, la especulación. Y se permite la privatización de las salinas. Dicho de otra manera, mientras que la Ley de 1988 era una ley de protección de lo público frente a los intereses privados, esta es una ley de protección de los intereses privados frente a lo público. Por esta razón presentamos el veto.

Además, he de decir que el proceso de elaboración de esta ley ha sido un proceso opaco. Durante dicho proceso, el texto no se ha enseñado a ninguna organización ecologista ni científica, por lo que es sorprendente que en el Diario de Ibiza el señor Abel Matutes haya dicho que él ha participado muy directamente en la elaboración de la ley. No deja de ser sintomático que los miembros del Consejo de




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Medio Ambiente no hayan participado en la elaboración de la ley, pero, en cambio, sí hayan participado personas como el señor Abel Matutes.

Y termino diciendo lo siguiente. Evidentemente la Ley de Costas tiene aspectos políticos, técnicos y medioambientales, pero también los tiene morales. ¿Y ello qué quiere decir? Que moralmente en mi opinión no es aceptable supeditar, subordinar o reducir el interés público en aras de fuertes intereses privados, y cuando se apruebe esta ley, el uso público del litoral va a ser menor, en tanto que la utilización y el uso privado de esos mismos terrenos será mayor. Y por esa razón mantenemos el veto y nos gustaría que esta ley no se aprobara.

Y quiero exponer una última cuestión relativa a esa visión del ministro Arias Cañete de supeditar siempre el medioambiente a la economía. En 1972 en Estocolmo se llegó a la conclusión de fijar en el informe al Club de Roma el límite del crecimiento, en el sentido de que si se continuaba creciendo de esa manera habría problemas. El señor Arias Cañete está desde antes de 1972. Es decir, no es que las políticas ecologistas hayan de estar supeditadas al crecimiento económico, sino que desde 1972, y después en el foro de Sao Paulo y en los demás sitios, la política económica solo ha de ser posible si es sostenible ecológicamente. La Ley de Costas de 1988 es el único instrumento del que hemos gozado para proteger el litoral, un instrumento que se ha aplicado mal, que no produce inseguridad jurídica, pues hay una sentencia del Tribunal Constitucional y diversas sentencias del Tribunal Supremo en este sentido, y en estos momentos lo que en definitiva se quiere, incluso yendo en contra del contenido de alguna sentencia, es producir una segunda ofensiva del boom del ladrillo. Por tanto, planteamos que se apruebe este veto y la consiguiente retirada de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

No es habitual que nosotros presentemos vetos a las leyes, pero en este caso lo consideramos conveniente. Hay un veto casi a la totalidad del texto que se presenta, empezando por el título, pero también se trata de regular un tema recogido en la Constitución, como es el carácter público de un bien como es el litoral y el dominio público marítimo-terrestre. Pedimos la devolución del texto al Gobierno, y en ese sentido creemos que no son posibles acuerdos puntuales sobre dicho texto, sino que se debe empezar desde el principio por la forma y por el procedimiento de tramitación. Un principio de este tipo debe ser regulado o modificado partiendo de cero, teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos y evaluando cómo se ha desarrollado la ley vigente, así como teniendo también en cuenta temas como el de cómo va a afectar el cambio climático. Y a partir de ahí hay que ver qué modificaciones hay que hacer. Pero en todo caso cualquier modificación siempre será para darle más protección, no para retroceder.

Esta es una modificación, una nueva contrarreforma que se hace también en contra de los informes técnicos y científicos. No hay ni un solo científico que avale esta modificación en contra de los propios estudios de la Administración pública y de las recomendaciones de la Unión Europea. El pasado mes de marzo el Consejo Europeo hizo diversas consideraciones en este sentido. Esta reforma supone que un bien que la democracia ha conseguido que sea de carácter público, que sea propiedad de todos los españoles, se pase de forma gratuita y con retroactividad a los intereses privados y empresariales, que si bien son legítimos, no tienen por qué sobrevivir con regalos de la Administración pública. Esta es una norma que prima la ilegalidad, pero no solo legaliza lo ilegal, sino que regala la propiedad y recupera principios propios del franquismo, como es la concesión a perpetuidad. Porque 75 años además de la prórroga de las concesiones de las que ya se ha gozado constituye una prórroga a perpetuidad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí piensa gozar de nada durante una prórroga de 75 años.

Asimismo hay algo espectacular, y es que esta norma exime del cumplimiento de la ley a determinados núcleos y en determinadas circunstancias, e incluso hay algo también curioso, como es que exime de cumplir las sentencias de los tribunales mediante una enmienda que se ha introducido en el Senado en la ponencia a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Por ello creemos que con esta modificación no se va a resolver ningún problema, sino que se va a favorecer la litigiosidad en esta materia y va a suponer un gran perjuicio para los intereses públicos, que creo que es lo que debemos defender los grupos parlamentarios y los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales.




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Por estas razones, y por alguna otra que explicaremos más detenidamente ante el Pleno, pedimos la devolución de este texto al Gobierno porque consideramos que con el mismo el ministro de Agricultura pasará a la historia como aquél que desamortizó la costa española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

A continuación se abre un turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nunca nos sorprenden los distintos grupos parlamentarios, y tampoco el Socialista, a la hora de hacer sus valoraciones en defensa de los vetos, porque es fácil hacer política en esta materia utilizando generalidades y titulares. Así lo hace cualquiera. Se trata de buscar titulares sin especificar dónde se dice en el texto lo que uno argumenta, y evidentemente con ello se corre el riesgo de quedarse en las generalidades. Construir los vetos a base de tópicos, como aquí se ha hecho, no es responsable. Y cuando habla usted de los científicos, señoría, habrá que ver a quién otorga usted el título, porque a lo mejor sólo se lo reconoce a algunos, y evidentemente eso no es serio. Pensamos que hay que tener miras más altas a la hora de plantear los posicionamientos políticos.

Creo que cuando se dice que el medio ambiente se supedita a la economía ha llegado la hora de mirar las cosas de forma acertada y moderna. Lo que realmente se busca y en lo que se debe de avanzar es en hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible, y eso es en lo que evidentemente se basa la ley, lo que argumenta y lo que sustenta, una ley que precisamente parte de la experiencia, tras 24 años de vigencia, de la Ley de Costas de 1988, una ley claramente desconectada de la realidad. Y todo eso ha dificultado su aplicación.

Es evidente que ha sido ineficaz en la protección del litoral, y precisamente acabo de oír al Grupo Parlamentario Socialista hablar de titulares, pero siempre que el Grupo Parlamentario Socialista argumenta sus posicionamientos habla de lo mismo: de privatizaciones. Da igual la ley de que se trate, siempre introduce la palabra privatización, pero precisamente el historial y la hoja de servicio de la aplicación de esta ley su grupo y los diferentes Gobiernos lo tienen repleto de tachas. Y, por tanto, no están ustedes para hojas de servicios. ¿Por qué? Porque, evidentemente, se ha sido ineficaz. Y, de lo que se trata con esta norma es de abordar la enorme inseguridad jurídica, la arbitrariedad, la enorme conflictividad generada, las pocas garantías, lo poco garantista que era la norma, y la desprotección. Estamos ante una nueva Ley de Costas ambiciosa y exigente con la protección de la naturaleza, que apuesta claramente por dotar de seguridad jurídica y por generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica, haciendo esa compatibilidad, que es, creo, la visión moderna que hay que tener.

Se habla de muchas cosas. Son llamativas las conclusiones que se alcanzan, pero, precisamente, es justo lo contrario lo que va a desarrollar esta Ley y lo que va a significar su aplicación.

El uso público y gratuito del litoral está totalmente garantizado. No hay privatización. Está claro que la Administración otorgará solamente las concesiones compatibles con la integridad del dominio público marítimo-terrestre, cuyos solicitantes asumirán con más firmeza que hasta ahora su corresponsabilidad de preservación y mejora de la costa.

Por tanto, habrá más rigor y se aplicarán, efectivamente, las causas de caducidad de la concesión. Se han dado diferentes argumentos. Sus señorías hablan de reducción de la servidumbre. La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto a núcleos costeros que antes del año 1988 tuvieran carácter urbano; hablan ustedes de excepciones en la ley, pero las excepciones en la ley en relación con los 12 núcleos no han sido caprichosas, señorías, han sido los servicios técnicos, han sido criterios absolutamente restrictivos, requisitos precisos, los que han determinado claramente cuáles eran estos núcleos. Así pues, hablar de intereses, hablar de otros objetivos, creemos que no es acertado.

En el Grupo Popular, evidentemente, consideramos que es un paso ambicioso, muy avanzado, pero, sobre todo, es necesario e imprescindible el marco que ampara la importancia de esta ley.

Y, desde luego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, defendemos esta ley, evidentemente, con las mejoras que se han ido aportando durante todo el proceso, por el avance que supone esta ley, pero, sobre todo, por la garantía en pro de la protección del litoral y de la seguridad jurídica que, sin duda alguna, aporta el texto, que este grupo defiende claramente.

Muchas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Algún portavoz desea intervenir en turno de portavoces? (Pausa.)

Senador Maluquer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero explicar por qué no presentamos veto y por qué hoy estamos aquí atentos a la tramitación de esta ley.

Igualmente, quiero remarcar el hecho de que la Ley de Costas, aprobada en 1988 —y todos estábamos de acuerdo en esto, en la moción que presentamos en su día, en el mes de febrero, ante el Pleno de esta Cámara—, no ha evitado la degradación del litoral; pero a nadie se le escapa que la ley que tenemos aquí tampoco va a poder solucionar todos los problemas que tiene planteados nuestro litoral.

Han pasado veinticinco años desde la aprobación de la última ley y, a pesar de todo, yo veo que hay una predisposición por parte del Partido Popular en el Gobierno a buscar esta fórmula de llegar a acuerdos para la gestión del litoral, como marcan las competencias que tenemos las comunidades autónomas en este ámbito.

Evidentemente, surgen interrogantes y se van a seguir produciendo, pero no desde la oposición frontal, sino con este ánimo más positivista para intentar solucionar, tema a tema, los problemas con que se encuentran las administraciones a la hora de gestionar este litoral.

Tenemos la voluntad de seguir avanzando en esa ley ideal que algún día llegaremos a tener, pero que, de alguna forma, por la situación económica actual, por las vicisitudes y hechos singulares que se encuentran, hacen que sea una ley que, tal como está concebida plantea algunos interrogantes, no lo descartamos, pero, a pesar de ellos, vemos que se avanza.

Por eso, de momento, nuestra posición ante estos vetos va a ser de abstención. No vamos a votar a favor, pero tampoco en contra.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Algún grupo parlamentario más desea intervenir? (Denegaciones.)

Pasamos a la votación de los vetos.

Antes de proceder a la votación, la letrada de la comisión va a comprobar la asistencia, indicando, por favor, el portavoz, cuando el titular de la comisión no esté, por quién es sustituido.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las señoras y los señores senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Finalmente, votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.




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La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

No habiéndose aprobado ningún veto, procede que entremos en el debate de las enmiendas, ordenadas de menor a mayor, por un tiempo máximo de diez minutos por grupo parlamentario.

Para la defensa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas números 1 a 25, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Coalición Canaria presenta las enmiendas números 26 a 44 —hemos retirado la número 43—, sobre las que quisiera hacer alguna valoración. Algunas de ellas son técnicas e, incluso, reiterativas, porque consideramos que la ley reincide y repite algunas cuestiones, y otras nos parecen fundamentales, como las que voy a tratar en primer lugar, sobre las que espero que podamos llegar a algunas enmiendas transaccionales con los demás partidos antes del Pleno, por lo que este senador ha hecho llegar a los demás portavoces de la comisión —espero que les haya llegado la semana pasada— documentación sobre la justificación de las enmiendas presentadas.

Cuando se presentó la moción sobre la posible modificación de la Ley de Costas, ya se habló de que era oportuno. Es verdad que la Ley de 1988 nos pareció oportuna cuando se aprobó, sin ningún tipo de dudas creemos que lo fue, pero en 2013 consideramos que es arbitraria y que no cumple los requisitos necesarios para la total protección de la costa ni de la realidad socioeconómica de España. Como ustedes saben, Canarias es la comunidad que tiene más costa y vivimos completamente de frente al mar; la historia y la cultura canarias no se entienden sin él, y por eso presentamos esta batería de enmiendas.

En primer lugar, solicitamos la transmisión de competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, como ya tienen, por ejemplo, Andalucía y Cataluña, lo que ha permitido que sean más coherentes respecto a las competencias en urbanismo y más consecuentes en la protección del litoral; y lo mismo sucede respecto de la indefinición en que se encuentran algunos territorios, yo diría que las demás comunidades autónomas. Por eso, creemos que lo más coherente sería que las comunidades autónomas fueran competentes en materia de costas, como lo son ya en materia urbanística, ámbito donde existen muchos conflictos.

No pedimos que no se cumplan o sean retiradas las sentencias firmes derivadas de procesos judiciales, pero sí presentamos una enmienda para que se aplacen. Y voy a explicar el motivo para que no se malentienda. Por ejemplo, en Ojos de Garza la Ley de 1988 sí actuó con carácter retroactivo, porque el propio ayuntamiento en 1980 ya nombraba en sus plenos las calles de este municipio y Correos certifica que en esa fecha ya repartía cartas, incluso tenemos certificación urbanística de casas registradas antes de esa fecha. Por tanto, según la sentencia firme sobre el derribo de más de 28 casas en este municipio, la Ley de 1988 se aplicó con carácter retroactivo. Si ahora se aprobase la modificación que proponemos —y es el caso de una enmienda que ha presentado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, la número 189—, este enclave entraría en la nueva modificación y no tendría por qué tener sentencia. Evidentemente, las sentencias dictadas en firme no se pueden retirar, pero las leyes tampoco han de ser con carácter retroactivo, y, sin embargo, la de 1988 sí lo era, como revela esta sentencia.

No creo que la ciudadanía pueda entender que cuando ya se ha iniciado el procedimiento por el Ayuntamiento de Telde, que ya cuenta con los terrenos para la reposición de esas viviendas en otro lugar, en suelo urbanizable, completamente legal —evidentemente, este tipo de trámites duran entre uno y dos años—, siendo que el 90% son primera vivienda, se derriben todas ellas, con la crisis que estamos pasando, con todos los casos de desahucio que estamos viviendo, con tantas familias enteras en la calle, cuando, como he dicho, el procedimiento para la reposición ya se ha iniciado. Lo único que pedimos es una moratoria, que se retrase. Como ya se dijo hace mucho tiempo —y se prometió por el Partido Popular—, habría una moratoria —solo pedimos eso— para que estos vecinos no se encuentren en la calle y, cuando ya cuenten con su nueva vivienda, que se ejecute la sentencia firme de derribo.

Otras poblaciones tienen carácter etnográfico, histórico, pintoresco y cultural. En Canarias tenemos muchos poblados. Por ejemplo, en la isla de El Hierro, el Pozo de las Calcosas tiene más de 200 años de antigüedad, con solo piedra y colmo, y los herederos de las familias propietarias se han preocupado en conservarlos como estaban. Evidentemente, algunas viviendas están en servidumbre pero otras caen bajo la protección marítimo-terrestre de la Ley de Costas, y no dañan el paisaje. Diría que constituyen un valor positivo y añadido porque están integradas completamente en el paisaje. Son de piedra volcánica,




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igual que el terreno de la zona. No cumplen los requisitos contemplados en esta ley, como tener acceso rodado, pero sí otros requisitos, que para nosotros son más importantes, relativos a los usos y costumbres, la historia y el tipo de arquitectura local. A pesar de la diferenciación etnográfica que caracteriza a estos poblados, que esta modificación de la ley no reconoce, se verían abocados a su destrucción. Si el informe fuese favorable, aunque en este caso no es así puesto que no fueron catalogados como urbanos antes de 1988, no se verían abocados al derrumbe. Y me parece que estas actuaciones dañan muchísimo, porque lugares relevantes desde el punto de vista etnográfico como este no se podrán volver a hacer y no podremos recuperarlos. No estamos hablando de edificios de ladrillo y cemento, que se pueden tumbar porque afean; estamos hablando de construcciones históricas, de valor cultural, que vamos a dañar y que en ningún momento podremos reponer.

Estas son algunas de las cuestiones consideradas en las enmiendas que hemos presentado, que me gustaría que tomasen en cuenta, de modo que de aquí al Pleno —vuelvo a repetir que he enviado un informe a todos los portavoces de la comisión— pudiésemos llegar a algunas enmiendas transaccionales para evitar un mal irreversible y un daño tremendo, como ya he dicho, a aquellas personas que, por sentencia firme, vamos a dejar en la calle, cuando ya cuentan con un expediente abierto para la reposición de sus casas, y, en segundo lugar, vamos a estropear la costa, en vez de mejorarla, en aquellos lugares pintorescos, de valor histórico y etnográfico que, por los usos y costumbres de una tierra como es la canaria, poseemos. Yo no me meto con las excepciones que se han hecho, que podrán estar completamente reguladas. Evidentemente, las Islas Baleares poseen una consideración diferente en cuanto a la limitación de costas, y lo entiendo perfectamente. Pero también considero que las islas Canarias son una excepción. Y, por ejemplo, en La Graciosa, un islote poblado, no se ha hecho esa excepción, cuando es más pequeña incluso que la isla de Formentera.

No estamos pidiendo exclusividad y no estamos pidiendo, como se decía, que se permita hacer en toda la costa canaria lo que se ha hecho, porque se han hecho muchas barbaridades, sino simplemente que en aquellos núcleos, en aquellos lugares costeros que, como he declarado aquí, son pintorescos e históricos o que tienen situaciones completamente especiales, se atiendan de una manera especial en una comunidad autónoma que ha vivido frente al mar. Y otra cosa, no es lo mismo el deslinde marítimo-terrestre en un continente, en una península continental, como puede ser la península ibérica, que en un sitio insular, y esta ley no recoge ninguna de esas cuestiones. Por eso nos gustaría que de aquí al Pleno se atendieran estas peticiones que hacemos y que se entendiera que no son enmiendas en ningún caso para excluir a Canarias porque a nosotros nos apetezca, sino por una realidad social, cultural, histórica y arquitectónica que tenemos diferenciada del resto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Antes de continuar con las enmiendas, tenemos que someter a votación la propuesta de veto número 5, que también había defendido el senador Saura.

Por tanto, votamos primero este veto. ¿Votos a favor?

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, ahora nosotros estamos en cuadro. Yo le pido, en todo caso, que se vote al final, antes de votar el informe de la ponencia.

La señora PRESIDENTA: Reproducimos el resultado, si quieren. Lo damos por reproducido respecto del veto número 4. (Asentimiento.)

Si no recuerdo mal era: 6 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones.

Queda rechazado el veto número 5.

Seguimos con el debate de enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna.

Señora presidenta, nosotros hemos presentado las enmiendas números 48 a 55. Creíamos en su día, y seguimos creyendo, que la Ley de 1988 no ha servido para proteger el litoral ni ha servido tampoco, desgraciadamente, para proteger los derechos de los propietarios particulares. Creemos que no ha cumplido ninguna de las dos funciones. Si hablamos de expertos y si hablamos de informes, para la primera parte tenemos los informes de destrucción a toda costa de Greenpace, que nos deja claro lo que se ha hecho desde 1988, y para la segunda parte tenemos el Informe Auken, que también deja bien claro




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qué se ha hecho y qué se debe hacer en el futuro. En lo que tenemos dudas es en si este nuevo proyecto va a cumplir con estos dos requisitos, y creemos sinceramente que no. No hemos presentado ningún veto porque no nos parecía que la Ley de 1988 estuviera cumpliendo con su función.

Intentando cambiar la realidad —la realidad a través de la ley, evidentemente— hemos presentado estas enmiendas, que esperemos, como bien ha dicho el portavoz popular cuando hablaba de los vetos, sirvan para mejorar el texto. La verdad es que esa es nuestra intención. Todavía nos queda tiempo. Nos gustaría poder transar algunas de ellas, porque creemos que es importante, en la línea que ha dicho el senado Quintero. En principio, eso es lo que vamos a intentar de aquí al Pleno. No ha sido posible antes, tampoco ha sido posible en muchos casos en el trámite en el Congreso. Espero que en el Senado, después sobre todo de ver la ingente cantidad de enmiendas que se han presentado y los cambios que ha habido sin ningún problema por parte del propio Partido Popular, que es quien sustenta al Gobierno y quien presenta el proyecto, pueda ser así.

En nuestro caso, en este trámite nos vamos a abstener en todas las enmiendas. Las discutiremos y las votaremos pormenorizadamente en el Pleno correspondiente para lo que haremos la petición de voto particular.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por Grupo Parlamentario Catalán, ¿senador Maluquer?

El señor MALUQUER FERRER: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por Grupo Parlamentario Socialista, ¿senador Fidalgo?

El señor FIDALGO AREDA: Yo las voy a defender.

Nuestras enmiendas, evidentemente, tocan los temas fundamentales en los que discrepamos con el Gobierno y que, de alguna forma, se sustentan en la filosofía que pretendemos que se recupere en el texto de la ley en vigor de 1998, en concreto tanto en lo que afecta a la definición del dominio público marítimo-terrestre, que esta ley modifica —modifica desde la línea del mar hasta otros muchos conceptos—, como la cuestión temporal de las concesiones y otra serie de particularidades, como la transmisión, etcétera, pero creemos que el tiempo de setenta y cinco años es excesivo. Determinadas desprotecciones que esa ley santifica, como por ejemplo, las dunas; excepcionar los cultivos marinos o salinos, es decir, los terrenos inundados; que especifique y le dé un trato diferenciado a los tramos urbanos de las playas —las playas tienen que ser protegidas o no tienen que ser protegidas, que es la posición del Partido Popular, pero no se pueden diferenciar por tramos urbanos o de otro tipo—; pensamos que cuatro años es excesivo para la duración de las autorizaciones desmontables; el concepto de que las concesiones tienen uso privativo —ya dijimos lo de la concesión de los setenta y cinco años—, su transmisión y la forma de extinguir la concesión.

Ese articulado que se introduce por el delegado del Gobierno sobre la suspensión de los actos de las administraciones locales, teniendo en cuenta que estamos en un Estado de las autonomías y de la autonomía local, evidentemente es inadecuado y fuera de tiempo. Asimismo, en los terrenos inundados pensamos que la ley en vigor resuelve mejor cómo se regula la realización de obras e instalaciones, tanto en zonas de protección como en zonas de tránsito; que en las urbanizaciones marinas puedan ser de propiedad privada terrenos que son aguas privadas. La supresión del artículo 2 recoge la prórroga de las concesiones anteriores por ese período de setenta y cinco años, así como otra serie de circunstancias; que se revisen todos los deslindes realizados por la Administración española a lo largo de estos veinticinco años de vigor de esta ley; o que se haga un deslinde específico de los paseos marítimos y que se desafecten los terrenos del interior de los paseos marítimos, hasta las excepciones en islas, núcleos, y que los terrenos que dejan de formar parte del domino público se reintegren a los particulares en esos bienes. Pero para resolver que se excluya a unos determinados núcleos que existían antes de 1988 proponemos la fórmula del Parlamento de Galicia y del Parlamento de Canarias.




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Proponemos la creación de la Agencia de evaluación urbanística y del suelo, porque creemos que debe haber un órgano de control que garantice que toda la normativa que se desarrolle por las demás administraciones en consenso y gestionada en conjunto por el Estado y las comunidades autónomas y ayuntamientos se cumple. También proponemos que se haga una evaluación de la incidencia del cambio climático en la protección del litoral, y que este informe —que debe realizar el Gobierno— se haga llegar a las Cortes Generales, donde no solo se estudien los riesgos y medidas para prevenir, mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático en el litoral.

Esas son en conjunto nuestras enmiendas sobre las de los demás grupos nos pronunciaremos en Pleno, aunque lamentamos la poca claridad de ideas del Gobierno, que ha presentado un texto a las Cortes Generales, lo ha modificado muy profundamente en el Congreso, y no solo ha cambiado su posición en temas determinantes en las enmiendas del Senado, sino que ahora, dos minutos antes de empezar la comisión, nos presentan unos textos de modificación, textos de corrección de errores, que no son errores, sino que son modificaciones y enmiendas que modifican el texto y que pensamos, por lo tanto, que no pueden tramitarse como errores. Y otra serie de cuestiones que, evidentemente, requieren de un tiempo, que no sé si se quiere dar hoy; o cómo se van a gestionar estos textos que nos han pasado, o si es para que los vayamos estudiando de cara al Pleno.

En todo caso, votaremos en distinto posicionamiento nuestras enmiendas y las del Grupo Popular, y las de los demás grupos, según proceda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores senadores, en primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a los grupos por las propuestas que han presentado, que, como saben, han sido acogidas siempre con ánimo de dialogar, estudiar y llegar a acuerdos. En segundo lugar, también quiero manifestar mi agradecimiento, cómo no, al Grupo Popular en el Senado por el excelente trabajo que ha realizado desde que entró este proyecto de ley en el Senado. Nosotros creemos en el Senado, nosotros creemos en el modelo bicameral que tenemos en este momento y, por tanto, nosotros creíamos, creemos, y así hemos actuado, que debíamos intentar mejorar el texto que ha entrado aquí. Esa, quizá, sea una diferencia de criterio, pero esto es en lo que nosotros creemos.

Efectivamente, presentamos una serie de propuestas que están claramente amparadas en el Reglamento de esta casa, en concreto, si no recuerdo mal —la señora letrada me corregirá si no es así— en el artículo 115, que permite a un grupo establecer estas correcciones. Además, nos hemos preocupado de entregarlas por escrito para que no solamente sea mi explicación sino que puedan ser atendidas debidamente en la forma en que disponga la Mesa, como no puede ser de otra manera en este momento, así como su incorporación al dictamen final de esta comisión.

No voy a leer todo el texto que sus señorías ya tienen, pero quiero destacar que una de nuestras propuestas es precisamente una transaccional firmada con el Grupo de Convergència i Unió, basada, apoyada en la enmienda número 165 de dicho grupo; por tanto, ambos grupos estamos de acuerdo y queremos que se tramite para su incorporación al texto. También hay una serie de correcciones a las enmiendas números 170, 176, 178 y 182, incluyendo entre ellas las que ustedes tienen, admitiendo el real decreto —lo hablamos en ponencia, no estaba todavía publicado en ese momento, ahora sí, por eso indicamos su número—, o también la incorporación de los planos definitivos, la planimetría definitiva proporcionada por el Gobierno, que hacen referencia a la enmienda, si no recuerdo mal, número 185, que incorpora los dos municipios, Xilxes y Moaña, a los diez ya existentes.

No voy a extenderme más sobre este asunto porque lo conocen sus señorías, lo tienen por escrito. Si necesitan tiempo para leerlo, la Mesa decidirá sobre esta cuestión. Pero he de decir que nuestra intervención ha sido absolutamente positiva y que aportamos mejoras a un texto por el que, insisto, tengo que felicitar a todos mis compañeros del Grupo Popular en el Senado de la Comisión de Medio Ambiente porque han hecho un excelente trabajo.

Muchísimas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a suspender la comisión durante quince minutos para que la ponencia se reúna y estudie todas las incorporaciones y todas las propuestas de corrección y mejoras técnicas que se han hecho en este momento.

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, quiero intervenir únicamente para que conste mi felicitación al Grupo Popular por su trabajo y por su cualificación técnica, sobre todo en la elaboración de los planos que acompañan a la modificación de los núcleos, porque vemos que tienen técnicos muy cualificados.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

A las seis y diez reanudaremos la sesión de la comisión para votar definitivamente el informe de la ponencia y el dictamen de la comisión.

Gracias. (Pausa.)

Señorías, se reanuda la sesión.

Antes de proceder a la votación del informe de la ponencia, me indica la letrada que es necesario volver a votar el veto número 5; no vale con dar reproducida la votación.

Votamos el veto número 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos a continuación el informe de la ponencia con las modificaciones introducidas durante el debate de esta sesión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 4; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Por tanto, ha sido dictaminado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.

Finalmente, procede la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen en el Pleno. ¿Se delega en esta presidencia? (Asentimiento.)

Lo haré encantada. (El señor Fidalgo Areda pide la palabra.)

Su señoría tiene la palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Quiero hacer una precisión técnica, pues no me he enterado bien por la velocidad a la que hemos ido.

Las enmiendas que presentó el Partido Popular ¿se han incluido en el informe de la ponencia que hemos votado?

La señora PRESIDENTA: Sí, quedan incorporadas.

Antes de levantar la sesión quiero indicar que a continuación tenemos reunión de Mesa y portavoces.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y veinte minutos.


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