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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 68, de 25/06/2013
cve: DSCG-10-CM-68
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 68
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 9
celebrada el martes,
25 de junio de 2013
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000042) ... (Página3)

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000104) ... (Página3)

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000056) ... (Página11)

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000083) ... (Página11)

- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000118) ... (Página21)

Debate y votación sobre:

- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones y los gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en diversas ciudades españolas, en particular los de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003) ... (Página30)


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- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones de las líneas situadas en León y Asturias y para adquisición de trenes u otros vehículos de transporte con destino a dichas líneas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004) ... (Página31)

- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de todos los organismos de titularidad pública de producción y distribución de agua potable, así como de los concesionales, en su caso, de las siete islas canarias, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005) ... (Página34)

- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000006 y número de expediente del Senado 772/000006) ... (Página35)

- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de la amnistía fiscal, o declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, y del gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera previsto en el apartado tercero, uno del artículo 1 de dicho Real Decreto-ley y en el apartado cuarto del artículo 26 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002) ... (Página38)

Debate y votación de las propuestas de resolución:

- Informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000018) ... (Página40)

- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000069 y número de expediente del Senado 771/000067) ... (Página41)

- Informe global del sector público autonómico, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000068) ... (Página41)

- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000093 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página42)

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Badajoz, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000004) ... (Página43)

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga). (Periodo de funcionamiento de la comisión gestora, del 21 de abril de 2006 al 27 de mayo de 2007). (Número de expediente del Congreso 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000021) ... (Página43)


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- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000024) ... (Página43)

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cáceres, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página43)

- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara, ejercicios 2005 a 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000049) ... (Página43)

- Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. (Número de expediente del Congreso 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087) ... (Página43)

- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicios 2006, 2007 y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000027) ... (Página44)

Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000042).

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000104).

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con la comparecencia de su presidente para que informe sobre diversos asuntos. Quiero decirles que los órdenes del día, tanto de hoy como de mañana, son extensos y dentro de la flexibilidad habitual intentaremos ser rigurosos con los tiempos para permitir el debate de todas las comparecencias y de las propuestas de resolución que están previstas.

Vamos a debatir conjuntamente el punto 1º del orden del día, que corresponde al informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los ejercicios 2006 y 2007, y el punto 2º, que corresponde al informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los ejercicios 2008 y 2009. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, si ustedes me lo permiten, voy a hacer la presentación conjunta de los informes de La Rioja correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009. Los informes anuales de la comunidad autónoma que se presentan en esta y en la próxima comparecencia se realizan en virtud de lo dispuesto en los artículos 136 y 153 d) de la Constitución, que atribuyen al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de la actividad de las comunidades autónomas, y se regulan específicamente en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.


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El informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondiente a 2006 y a 2007 fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2011, mientras que el relativo a los ejercicios 2008 y 2009 se aprobó en sesión de pleno de 28 de febrero de 2013. Ambos se remitieron al Gobierno y al Parlamento de La Rioja.

La Comunidad Autónoma de La Rioja es la única que no ha promulgado una ley financiera o de hacienda propia, por lo que en su actividad económico-financiera se rige por las disposiciones que sobre el área de la hacienda pública autonómica se recogen en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, por la Ley de Presupuestos Generales de la comunidad para los ejercicios fiscalizados, y por la legislación del Estado en la materia, como la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria y demás normas de desarrollo. Esta singularidad supone que en los cuatro ejercicios fiscalizados La Rioja haya sido la única comunidad que ha presentado sus cuentas anuales con el formato de la cuenta general del Estado establecido en los artículos 130 y 131 de la citada Ley General Presupuestaria, y la Orden del Ministerio de Hacienda del 12 noviembre de 2000. El ámbito subjetivo de la fiscalización se ha extendido a la Administración general de la comunidad, a cuatro organismos autónomos, a dos entes de derecho público, a dos entidades públicas empresariales, a las sociedades mercantiles públicas -siete en 2006 y cinco en 2009-, a las fundaciones -entre nueve y diez, según los ejercicios- y a un consorcio.

En cuanto a los resultados de fiscalización, en las actuaciones llevadas a cabo en ambas fiscalizaciones se han puesto de manifiesto dos limitaciones al alcance comunes, referidas al inventario del inmovilizado material e inmaterial y a la falta de amortización de dicho inmovilizado. Además en el informe de los ejercicios 2006 y 2007 se recogen dos limitaciones más, una por la falta de contestación de determinadas entidades financieras a la circularización solicitada, y otra relativa a las subvenciones públicas.

Respecto a la rendición de cuentas de los ejercicios fiscalizados por la Administración de la comunidad y los diferentes organismos, empresas y entidades que componen el sector público de La Rioja se observa que las cuentas generales de la comunidad presentaban salvedades, en cuanto a su contenido, significándose que no se habían integrado en las mismas las cuentas de tres entidades sometidas al Plan general de contabilidad pública, entre ellas la Universidad de La Rioja, una empresa pública, y una fundación.

En cuanto a las cuentas individuales se pone de manifiesto que los organismos autónomos regionales, una entidad pública empresarial, y un ente público no habían formulado ni rendido sus cuentas, habiéndose integrado la liquidación de sus presupuestos como secciones presupuestarias independientes de las de la Administración general, de acuerdo con lo previsto en varias disposiciones transitorias de sus respectivas leyes de creación. Las liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos de la Administración general de La Rioja presentaban unos grados de ejecución de los créditos y de realización de los ingresos superiores al 90% en los ejercicios 2006 y 2007, y superiores a 93% en los ejercicios 2008 y 2009.

Por otro lado, la Administración autonómica venía imputando recurrentemente al presupuesto de cada ejercicio un significativo volumen de gastos cuyo devengo había tenido lugar en ejercicios anteriores, y que no había podido reconocer en su día por no contar con crédito suficiente. Así, en los ejercicios 2008 y 2009 se ha detectado la existencia de gastos devengados y no registrados por importe de al menos 29 y 37 millones de euros respectivamente, correspondientes en su mayor parte a gastos sanitarios y farmacéuticos del Servicio Riojano de Salud. Su imputación al presupuesto en los siguientes ejercicios fue autorizado por el Consejo de Gobierno al amparo de lo previsto en las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma.

De las liquidaciones de los ingresos derivadas del sistema de financiación autonómica correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, practicadas por el Ministerio de Hacienda en 2010 y 2011, han resultado unos saldos a favor de la Administración General del Estado de 46 y 203 millones de euros respectivamente, debido a que las estimaciones de ingresos realizadas fueron muy superiores a la recaudación real de los recursos del sistema de financiación, al igual que ocurrió con el resto de comunidades de régimen común.

La Comunidad Autónoma de La Rioja incumplió en los ejercicios 2006 y 2007 el objetivo de estabilidad presupuestaria que se había establecido en un déficit cero respecto al producto interior bruto regional, en términos de contabilidad nacional, puesto que el déficit del conjunto de la comunidad representó en ambos años un 0,01% del PIB. Para los ejercicios siguientes el objetivo de estabilidad presupuestaria se estableció inicialmente en un superávit del 0,25% del PIB autonómico para 2008, y un déficit cero para 2009, si bien luego se autorizó un déficit del 0,75% en ambos años. La Rioja obtuvo un déficit que representa el 1,08% por encima del límite, y el 0,68% del PIB regional respectivamente.


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En diciembre de 2007 la comunidad autónoma presentó un plan económico financiero de saneamiento que fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, habiéndose prorrogado la aplicación del citado plan para la corrección de la situación de desequilibrio presentada en el ejercicio 2007. A su vez la Comunidad Autónoma de La Rioja presentó en marzo de 2010 un nuevo plan económico financiero de saneamiento que también fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no siendo necesaria la presentación de un plan de saneamiento respecto a la corrección de la situación de desequilibrio presentada en el ejercicio 2009, al no haber superado el umbral del 0,75% establecido para la obligatoriedad de formular dicho plan.

Sobre las medidas de corrección previstas en los mencionados planes de saneamiento se han puesto de manifiesto demoras en su aplicación. Asimismo la evolución real de las magnitudes presupuestarias en los ejercicios 2010 y 2011 ha reflejado desviaciones frente a las previsiones de gastos e ingresos, habiendo sido necesario aprobar un nuevo plan para el trienio 2012-2014 en el que se actualizan las medidas correctoras.

Respecto de la situación patrimonial de la Administración destaca el hecho de que La Rioja no había desarrollado reglamentariamente los criterios y directrices para la formación, actualización y valoración del inventario general de bienes y derechos de la comunidad, ni disponía de normativa interna propia sobre los procedimientos administrativos aplicables en la gestión del inventario de los bienes y derechos del inmovilizado. Asimismo continuaban sin darse de alta en contabilidad los bienes recibidos en los procesos de transferencia del Insalud y del INEM, cuyas actas de entrega y recepción estaban pendientes de formalización entre las administraciones estatal y autonómica. Los estados del remanente de tesorería rendidos presentaban unos déficits superiores a 200 millones de euros en los cuatro ejercicios fiscalizados, debiendo señalarse que en esta comunidad dicha magnitud presupuestaria presentaba históricamente una situación deficitaria recurrente. Además estos estados no contemplaban las obligaciones por gastos pendientes de aplicar al presupuesto, y la minoración de derechos por los deudores de dudoso cobro. La Administración autonómica no había dotado provisiones en ninguno de los ejercicios fiscalizados para cubrir la depreciación del valor de la participación en la sociedad Valdezcaray, S.A., ni había concedido avales en los ejercicios analizados, manteniéndose vivos los afianzamientos concedidos en 2001 a esa sociedad autonómica por un importe nominal conjunto superior a 18 millones de euros.

En el análisis efectuado sobre la implantación y evaluación de los planes estratégicos de subvenciones aprobados por las distintas consejerías, organismos y entidades de la Administración autonómica para los ejercicios 2008 y 2009 se han puesto de manifiesto debilidades y carencias que afectaban principalmente a la falta de definición de indicadores de evaluación de los objetivos propuestos en cada línea de ayuda, a la ausencia de instrumentación del adecuado seguimiento de las desviaciones de la ejecución de las subvenciones, y a la inexistencia de mecanismos de control financiero sobre los planes estratégicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. En los informes se analiza también el endeudamiento financiero de la Administración autonómica, que ha pasado de 237 millones de euros, a 31 de diciembre de 2007, a 473 millones de euros, al cierre del ejercicio 2009, debido fundamentalmente a la financiación de los déficits presupuestarios anuales, incumpliéndose así los compromisos de deuda establecidos en los programas anuales de endeudamiento por el incremento de las operaciones a corto plazo.

Del análisis de la actividad de las diferentes entidades autonómicas, empresas públicas, fundaciones y consorcios que integran el sector público de la comunidad se derivan, como aspectos más significativos, el bajo grado de realización de los créditos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, lo que genera elevados remanentes de crédito que se aplican en ejercicios futuros, concluyéndose que su presupuesto excedía de las necesidades reales de la agencia en los años fiscalizados. Además, la configuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología como entidades públicas empresariales resulta contradictoria con la actividad esencialmente administrativa desarrollada por estas entidades, así como con el régimen contable público que le resulta aplicable y con su inclusión dentro de la cuenta general del sector público autonómico y administrativo de la comunidad.

El sector público empresarial estaba integrado por siete sociedades mercantiles en 2006, seis al cierre de los ejercicios de 2007 y 2008, y cinco a finales de 2009, manteniéndose en los ejercicios fiscalizados la sociedad Valdezcaray, S.A. con resultados de explotación negativos y con incumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que exige la reducción obligatoria de su capital social al haber disminuido las pérdidas el patrimonio neto de la sociedad por debajo de las dos


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terceras partes de su capital social, y haber transcurrido un ejercicio social sin haber recuperado el citado patrimonio neto. El sector público autonómico ha participado mayoritariamente en diversas fundaciones que recibían subvenciones y ayudas principalmente procedentes de la Administración autonómica, por unos importes superiores a los 50 millones de euros, entre los que destacan por su importancia las Fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud. Por otra parte, en ambos informes se ha analizado la actividad contractual de la Administración de La Rioja, concluyendo que en la contratación administrativa se mantenían las deficiencias señaladas en ejercicios anteriores, que afectaban fundamentalmente a los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos, a la insuficiente justificación de las demoras aprobadas en la ejecución de determinados contratos, y a la remisión incompleta de la documentación que debe acompañar a los extractos de los expedientes de contratación prevista en las instrucciones dictadas al efecto por el pleno del Tribunal de Cuentas.

Los informes concluyen con las oportunas recomendaciones para la corrección y mejora de la representatividad de las cuentas anuales y de la gestión de los recursos públicos. Permanecen además recomendaciones puestas de manifiesto en ejercicios anteriores. Por otra parte, entre las nuevas recomendaciones derivadas de la última de las fiscalizaciones presentadas destacan las relativas a la agilización de la implantación de las medidas de corrección de gastos e ingresos aprobadas en los planes de reequilibrio, al establecimiento de los oportunos procedimientos de registro de los derechos de cobro resultantes de las certificaciones de gasto presentadas ante los fondos europeos, y a la mejora de los procedimientos de gestión en la actividad contractual.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, quisiera hacer una reflexión breve. El hecho de analizar la fiscalización de diversos ejercicios, como es el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, exactamente de cuatro ejercicios, tiene evidentemente un inconveniente, y es que algunos de ellos los vemos con muchísimo retraso, pero tiene la ventaja de que se puede elevar un poco el foco, hacer un cierto análisis comparativo de los informes de fiscalización de unos ejercicios y otros, y por tanto hacer un seguimiento global. A esta Comisión mixta le corresponde el análisis técnico-político del informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas, y en el caso que nos ocupa, que es la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo que este senador quisiera resaltar es el hecho de que en los informes de fiscalización de los dos últimos ejercicios se repite el incumplimiento de algunos aspectos desde nuestro punto de vista importantes y formales; por lo tanto no hay mejora en este sentido. No hablo tanto de criterios dispares -que puede haberlos- entre la comunidad autónoma y el Tribunal de Cuentas, sino de aspectos jurídicos, de cumplimiento de normativas, de integración en la cuenta general de diversos organismos autónomos que repetidamente se incumplen. Usted ha citado los casos de la universidad, la cámara agraria, la Agencia del Conocimiento y la Tecnología, sociedades y fundaciones, etcétera. En definitiva la reflexión que yo quería hacer va en el sentido de que difícilmente se puede llevar a cabo por parte del Tribunal de Cuentas y después por parte de esta Comisión mixta el análisis correspondiente de una manera importante y exhaustiva si no se resuelve de entrada una cuestión previa, como es el cumplimiento de las normativas estatales y autonómicas. Por ejemplo, en los informes de fiscalización de los años 2008 y 2009 el Tribunal de Cuentas -leo textualmente- dice: por lo que se refiere al seguimiento del resto de las recomendaciones puestas de manifiesto en el mencionado informe de fiscalización -se refiere al de los ejercicios anteriores- no se observan actuaciones encaminadas a su cumplimiento, persistiendo en los ejercicios fiscalizados las situaciones que las generan, por lo que se reiteran a continuación. Así pues, con buen criterio lo que el tribunal hace es reproducir literalmente lo mismo que ya ha dicho en el informe de fiscalización de los dos ejercicios anteriores. Por tanto, esta es la reflexión que -con ello termino- que deseo formular. Difícilmente podemos entrar en el fondo del tema si no se cumplen los requisitos previos formales, obligatorios y legales. En este sentido la reflexión es que tal vez esta Comisión mixta debería hacer alguna recomendación o tomar alguna decisión al respecto para intentar evitar el incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja año tras año también de estos aspectos que son legales, formales, pero no menores, sino de gran relevancia. En este sentido le quería preguntar al presidente si considera que se podría realizar algún tipo de exigencia de responsabilidad, no únicamente a los responsables políticos, que también, sino a los altos funcionarios y a los funcionarios en general expertos, que son los encargados en la comunidad autónoma, en este caso de La Rioja, de que como mínimo los requisitos formales se cumplan. Después podríamos hablar del incumplimiento del objetivo de déficit, de los remanentes de tesorería negativos de los cuatro ejercicios,


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de endeudamiento, de los sucesivos planes de saneamiento económico-financieros que ha llevado a cabo la comunidad, etcétera. Pero quisiera poner énfasis en estos aspectos previos, formales, y preguntar al presidente si cree que se debería adoptar alguna medida en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Señor Álvarez de Miranda, bienvenido. Las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas respecto a La Rioja para el año 2006 y 2007 muestran varias deficiencias, y destacaría fundamentalmente tres. La primera la falta de transparencia en las cuentas públicas, la segunda las irregularidades en la contratación pública, y en tercer lugar, la arbitrariedad en la concesión de subvenciones.

En primer lugar, la falta de transparencia en las cuentas públicas de La Rioja es evidente. Como se recoge en el informe falta documentación en la cuenta general de la Universidad de La Rioja, de la Agencia de Desarrollo, y se recuerda que deben someterse al régimen de contabilidad pública. Hay falta de auditorías en el consorcio que gestiona la extinción de incendios o en la Agencia del Conocimiento con el Consejo de la Juventud. Hay falta de documentación sobre las obligaciones de carácter económico-financiero que deben presentar las empresas públicas Ecisa, Prorioja, Sodetur, Valdezcaray o la Fundación San Millán, entre otras. Respecto a estas empresas, y en concreto sobre la actividad que lleva a cabo alguna de ellas, el Tribunal de Cuentas aconseja -y estamos de acuerdo- al Gobierno de La Rioja que revise y analice la oportunidad del mantenimiento de estas inversiones societarias, de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos. Si ya era importante entonces, en los años 2006 y 2007, evidentemente esto se ha multiplicado por mil en el año 2013. Además recomienda el Gobierno de La Rioja que dote a estos organismos autónomos dependientes de la Administración regional de los servicios necesarios para que se tenga la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de estas entidades.

En segundo lugar, se detectan irregularidades en la contratación pública. El Tribunal de Cuentas cuestiona -estamos también de acuerdo- la falta de claridad y precisión, así como los métodos de puntuación de los procesos de contratación de la Administración riojana. Entre las principales irregularidades el Tribunal de Cuentas cita la adjudicación de contratos sin publicidad ni concurrencia, mientras que en varias ocasiones en que se aplicó el procedimiento de concurso se cuestiona el hecho de que no se valoraron correctamente las ofertas económicas, con situaciones incluso como la concesión de puntos dentro del criterio de precio a concursantes que no ofrecían ninguna baja al presupuesto de licitación. Este informe, el de 2006-2007, analiza veintiocho contratos adjudicados en 2006 y veinticuatro en 2007, y únicamente en uno de ambos ejercicios se adjudicó por subasta al mejor precio, repartiéndose el resto entre concursos y procedimientos de negociado, es decir, adjudicaciones directas. Por tanto las principales irregularidades puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas aluden a las carencias de publicidad y transparencia en las convocatorias de las adjudicaciones; a la escasa valoración de las bajas económicas; a la aparición de reformados y modificados que varían sustancialmente lo inicial, y al incumplimiento de plazos que en muchos casos habían sido determinantes en la puntuación para la adjudicación de los concursos. Lo mejor es poner un ejemplo. El ejemplo es el Hospital San Pedro, de Logroño, una obra que se adjudicó por 78 millones de euros y que, tras cuatro modificados -no uno, cuatro- y un complementario, el coste de la obra fue de 156 millones de euros, es decir, una desviación económica en la ejecución de la obra del cien por cien. Por tanto -y estamos también de acuerdo- el Tribunal de Cuentas recomienda que hay que establecer criterios de adjudicación de los contratos con más claridad y más precisión, y especificarse también los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos. Asimismo, y en coherencia con el principio de economía, debe primarse la valoración de los precios más bajos de las ofertas, salvo cuando este criterio no sea compatible con las características peculiares de los contratos.

Finalmente, por lo que se refiere a este informe inicial de 2006-2007, hay también -y se denuncia- arbitrariedad en la concesión de subvenciones. El Tribunal de Cuentas cuestiona que un número muy significativo de las subvenciones se han tramitado de forma directa, cuando debiera ser algo de carácter excepcional. Ante esta práctica el tribunal recomienda que se restrinja el uso de las subvenciones que otorga el Gobierno de La Rioja por el procedimiento de concesión directa, y que se utilice el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. Por tanto, y por no extenderme más en este informe primero, el Grupo Socialista apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para que en la Comunidad de La


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Rioja, mi comunidad, se mejore la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la gestión de la política presupuestaria del Gobierno regional.

Por lo que se refiere al informe 2008-2009 las conclusiones a mi juicio son demoledoras, porque vienen a reincidir en los elementos que ya criticaba el informe anterior, lo que significa que el Gobierno de La Rioja ha hecho caso omiso a lo que el Tribunal de Cuentas le ha recomendado. En este informe el Gobierno regional continuó con sus malas prácticas en la gestión pública, con el abuso de la contratación directa, con el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en la concesión de subvenciones de forma directa. Además introduce un factor nuevo: en la fiscalización de cuentas se señala el maquillaje contable que hace el Gobierno regional al cierre de la contabilidad -sí, maquillaje contable- trasladando gastos al año siguiente por no existir créditos presupuestarios en ese ejercicio. Por tanto podríamos decir que el informe del Tribunal de Cuentas para el año 2008-2009 se caracteriza por denunciar la falta de transparencia de nuevo en las cuentas públicas -por ejemplo, las cuentas anuales de la universidad se han rendido fuera de plazo-, por decir que hay deficiencias en los expedientes de modificaciones presupuestarias, y por reconocer en el presupuesto un significativo volumen de gasto, cuyo devengo ha tenido lugar en ejercicios anteriores, para el que no contaba con el crédito suficiente. Quiero recordar que el año 2007 era año electoral, por tanto lo que se hizo fue invertir, invertir, invertir, fundamentalmente en publicidad y propaganda, y después trasladar el gasto por falta de crédito al ejercicio 2008; es decir, una técnica electoral realmente deleznable.

Continúa habiendo deficiencias en el reparto de las subvenciones; la mayoría de las ayudas se han concedido por el procedimiento extraordinario de concesión directa, un 65%; persisten las irregularidades en la contratación pública, los modelos de los pliegos de contratación son irregulares por genéricos; continúa el abuso en la adjudicación de contratos de forma directa; hay contratos cuya cualificación jurídica no es la adecuada; hay contratos donde se restringió de forma improcedente la libre concurrencia, y hay contratos de obras donde se produjeron desviaciones temporales no justificadas, máxime cuando el tiempo fue un criterio decisivo para la adjudicación.

Y finalmente, como le decía al comienzo de este segundo informe, el maquillaje en el cierre de las cuentas públicas. El Gobierno de La Rioja reconoce gastos para los que no cuenta con crédito suficiente, y lo que hace es trasladarlo al ejercicio siguiente. Hay un ejemplo bien claro: de nuevo el Hospital San Pedro. En 2008 se trasladaron al 2009 29 millones de euros, y en 2009 al 2010 37 millones de euros. En resumen estas deficiencias e irregularidades de la contabilidad en el reparto de subvenciones y en la contratación pública se repiten todos los años en el informe del Tribunal de Cuentas. Queda demostrado que el Gobierno de La Rioja incumple año tras año las recomendaciones del órgano fiscalizador, y por tanto el Grupo Socialista considera que la gestión pública del Gobierno de La Rioja está alejada, muy alejada de los principios básicos de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, y el Tribunal de Cuentas así lo ha dejado claro en sus informes respectivos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Abad.

El señor ABAD PÉREZ: En primer lugar, en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular al que represento, agradezco al señor Presidente del Tribunal de Cuentas la exposición de este informe de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondiente a los ejercicios 2006-2009, comunidad a la que pertenezco y a la que les invito a todos ustedes a asistir; merece la pena.

Me gustaría hacer una primera consideración, precisamente ahora, para recordar cómo el pasado viernes el presidente del Gobierno, señor Rajoy, presentaba la que va a ser la gran reforma que necesita la Administración pública, atendiendo a los nuevos conceptos de eficacia y eficiencia, y más cercana al ciudadano, con el mensaje claro de: una Administración, una competencia; así como que cada vez sea más transparente y se actúe bajo el principio de sostenibilidad financiera. Además no repetir diecisiete veces todos los organismos; y en lo que hoy nos ocupa -el Tribunal de Cuentas- quiero destacar que La Rioja ya cumple porque nunca lo creó ni nada similar, y para nuestras cuentas la fiscalización y la supervisión están atribuidas a este órgano del Estado, siendo un ejercicio de austeridad y también de transparencia, concepto este último del que hemos sido nombrados como una de las comunidades autónomas más transparentes de España.

Una segunda consideración al estudiar las cuentas pertenecientes al periodo 2006-2009. Momentos tan convulsos financieramente hablando como los que estamos atravesando hacen que las cuentas públicas atraviesen hoy enormes dificultades, y que en el caso de La Rioja una parte importante de las recomendaciones


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del informe de este tribunal sobre los ejercicios fiscales mencionados hayan sido ya recogidas por iniciativa propia, con el fin de estar hoy mucho mejor posicionados en aras de aprovechar al máximo los menores recursos de que disponemos, y sin embargo poder atender mejor a nuestros ciudadanos.

Pasando a centrarnos en el informe y en los cuatro años sobre los que ha expuesto su análisis, conclusiones y recomendaciones, quiero decir que su intervención, señor presidente del tribunal, ha ofrecido una exposición muy detallada de lo que ha sido la organización y el funcionamiento de la actividad pública de La Rioja. Lo hago en pasado porque desde 2006 hasta hoy se han registrado avances, y por ejemplo en 2009 ya había rectificaciones sobre las propias recomendaciones que hacían en el año 2006; y hoy en 2013 son aún más las variaciones positivas sobre la organización y gestión de esta comunidad, corrigiendo conclusiones y recomendaciones del propio tribunal. En este sentido una de las preguntas que le quisiera hacer, señor presidente, es si con el conocimiento que tiene de las cuentas de los años posteriores efectivamente entiende que se están corrigiendo.

En algunos de los apartados del informe también se pone de manifiesto el elevado grado de ejecución de los presupuestos, muy cercanos al cien por cien: 2006-2007 del 93%, y 2008-2009 con el 95 y 93% respectivamente. Mas importante que el grado de ejecución, que lo es, ahora que se está hablando tanto del gasto y a qué dedicar los menores fondos de las administraciones públicas, y en este caso de las comunidades, es que ese dinero, el 60% fundamentalmente, se dedica -como también recoge el informe- a educación, juventud, Servicio Riojano de Salud, y aunque no lo indica también a los servicios sociales; compromisos del Gobierno de La Rioja. Cuando se habla de austeridad de las comunidades autónomas en general, y en el caso de La Rioja que nos ocupa también, hay que decir que la austeridad tiene que ser o puede ser en porcentajes pequeños del presupuesto, porque el gran montante es sanidad, educación y servicios sociales, lo que conocemos como gasto social, como lo demuestra la realidad objetiva de los números analizados por el propio Tribunal de Cuentas.

En otro de los apartados del informe, también en las recomendaciones, se habla de otras entidades del sector público, y siendo La Rioja una de las comunidades -si no la que menos- que tiene creadas menos de esas entidades, el proyecto de ley de Hacienda pública que está ultimando su tramitación persigue el objetivo central de instaurar una norma que contenga, con carácter único y sistemático, todas las normas aplicables a la gestión financiera de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Algunas de sus innovaciones permitirán dar cumplimiento a algunas de esas recomendaciones indicadas por el tribunal que usted preside en estos últimos informes, como efectuar un control financiero a los organismos públicos, reducir el sector público de la comunidad autónoma, recientemente terminado un proceso de racionalización que ha permitido la extinción de varias entidades, entre ellas la Agencia del Conocimiento y Tecnología, ECISA, Servicio Riojano de Empleo, Instituto Riojano de la Juventud, Ader Infraestructuras, Fundación Paleontológica, y también se ha suspendido el Consejo Económico y Social. Esta nueva ley de Hacienda pública también va a actuar sobre la eficacia en el control de las subvenciones, mediante normas de rango legal sobre el régimen jurídico aplicable, los procedimientos de reintegro, y el establecimiento de un régimen sobre infracciones y sanciones en materia de subvenciones públicas. Luego detallaremos esta materia.

En otro de los apartados del informe se hace referencia al gasto y al déficit, y quiero indicar de nuevo que desde el momento en que se producen los resultados de estos informes hasta hoy han cambiado significativamente las condiciones financieras del mercado, y que La Rioja, lejos de empeorar los resultados del déficit, con menos fondos, ha mejorado considerablemente sus cifras. Ya en 2012 el tribunal reconoce que nos hemos ajustado a la cifra convenida con el Estado central, siendo una vez más, también en este apartado, de las mejores en cumplir con sus compromisos, menos 1,4%. Pero hoy nos sentimos muy satisfechos y les anunciamos que ya en fecha de abril de 2013 se ha producido un superávit en las cuentas de las cifras de la Comunidad Autónoma de La Rioja del 0,42, lo que nos conduce a cumplir de nuevo, dentro de los límites que ha marcado el Estado, y aunque sabemos que van a cambiar -con un margen un poco mayor- las cifras de déficit, La Rioja quiere comprometerse con el actual, siendo este un objetivo que quiere incluso mejorar. Todo ello a pesar que desde el Estado central y dentro del periodo analizado ha habido que subsanar el error cometido en la elaboración de sus presupuestos, y más concretamente en los ejercicios 2008 y 2009 que tantos problemas ha causado a las comunidades autónomas. Si me permite, señor Presidente, y dada mi condición de alcalde de Arnedo, municipio de La Rioja al que también les invito a visitar, nos ha producido muchos quebrantos para devolver el dinero otorgado por la propia Ley de Presupuestos, gastado, y luego vuelto a sacar para ser devuelto. El actual Gobierno del Partido Popular nos ha permitido a todos cinco años más para esta devolución, que se nos


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había negado por parte del Gobierno anterior del Partido Socialista, causante además de este despropósito financiero. Estos cinco años nos han dado a todos un respiro financiero para poder seguir atendiendo a nuestros vecinos.

Se ha insistido en algunos de los ejercicios analizados en el tema de la contratación, pero desde la Comunidad Autónoma de La Rioja se entiende que no se contradicen los artículos 49.3 o 99.4 de la Ley de Contratos que se refieren a contratos de naturaleza análoga. La propia ley permite la aplicación mediante pliegos tipo, determinando las circunstancias de cada contrato en el cuadro de datos técnico-administrativos. Los criterios de adjudicación, con el debido respeto al tribunal, cumplen la normativa vigente. No obstante, y como se dice en otro de los apartados del informe, se ha apreciado una mejora en el control de las desviaciones temporales en los contratos de obra.

En el seno del proyecto estatal sobre transparencia de las administraciones públicas la Comunidad Autónoma de La Rioja dispone también ya de un texto en esta materia, lo que tiene una notable incidencia en materia de gestión económico-presupuestaria y financiera, tal y como muchas veces indica el propio Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización del sector público. En realidad la Comunidad Autónoma de La Rioja -como ya hemos indicado antes- es la comunidad más transparente de España en este momento, según el informe de transparencia internacional. A pesar de ello continúa en la línea de mejora en este ámbito mediante los siguientes aspectos: dispone de un portal de transparencia en el que se ofrece toda la información disponible en materia de gestión presupuestaria; en materia de contratación -y antes hemos hecho mención a las conclusiones del tribunal- se dispone de una moderna aplicación para la publicación de todos los procedimientos de adjudicación, donde se indican todos los actos que los integran, incluyendo los informes técnicos de la valoración de las ofertas, lo que permite a los licitadores obtener información prácticamente en tiempo real sobre la valoración de su oferta y la de sus competidores. Se trabaja sin descanso en la implantación de mejores sistemas de administración electrónica, procedimiento de contratación, procedimiento de concesión de subvenciones -este es un ejemplo más de la adaptación a las recomendaciones del tribunal-, facturación electrónica. Todo esto incide de una manera muy relevante en la eficacia de la gestión, el control del gasto y la transparencia.

Para ir acabando, señor presidente de la Comisión, señorías, he de indicar que algunos de los apartados de los informes que hacen referencia a las subvenciones mediante el proceso de concesión directa tienen su plena justificación en el artículo 22 de la Ley de Subvenciones, y se refieren a las causas excepcionales que se establecen en el mismo. Los servicios jurídicos y la Intervención de la comunidad son muy exigentes en cuanto a la justificación de la concesión directa. Próximamente se eliminarán las subvenciones nominativas de la Ley de Presupuestos. La ya mencionada ley de Hacienda pública va a determinar con rango legal el régimen jurídico aplicable, los procedimientos de reintegro, y el establecimiento de un régimen sobre infracciones y sanciones en materia de subvenciones públicas. Ello aumentará las posibilidades del control sobre la ejecución correcta de las actividades subvencionadas, y las potestades para el ejercicio de las facultades de reintegro y sanción.

Voy a terminar dando nuevamente las gracias al Tribunal de Cuentas y a su presidente, reconociendo su trabajo, no solo para estos informes, sino en todos los que elabora, por el esfuerzo que realiza en reflejar unos hechos que ponen de manifiesto las carencias que existen en el control de la gestión económico-financiera del sector público en general, que sin duda va a tener un apoyo muy importante tanto con la ya aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria como con la próxima reforma de la Administración pública que el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular ha presentado, y va a remitir a esta Cámara, y esperamos que cuente con el mayor consenso posible de todos los grupos. También es buen momento para que usted, señor presidente del tribunal, nos pueda indicar -si así lo estima- si considera que estas reformas van a aclarar y permitir un mejor funcionamiento de los fondos públicos, y de la eliminación de organismos y trámites administrativos sobre un mismo asunto, duplicados y a veces hasta triplicados en algunas ocasiones. Agradecemos también las conclusiones y recomendaciones que efectúa el tribunal; todo contribuye al que debe ser el objetivo común, el mejor funcionamiento posible y la máxima transparencia de las Administraciones Públicas para prestar un mejor servicio a nuestros ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Para aclarar sus dudas, tiene la palabra el presidente del tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En relación con la intervención del señor Bruguera, que indicaba el incumplimiento de normativa estatal y autonómica así como el incumplimiento de los propios criterios establecidos o recomendaciones establecidas en informes


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anteriores del tribunal, he de decirle que efectivamente de aquellas cuestiones que se pusieron de manifiesto en ejercicios anteriores el informe correspondiente a los ejercicios 2008-2009 hace referencia a algunas de ellas que todavía no han sido resueltas convenientemente, como es la necesidad de dotar de los servicios necesarios a los organismos autónomos regionales en orden a ejercer sus competencias en materia de contabilidad y presupuestación; la formación, actualización y autorización del inventario de los bienes y derechos del inmovilizado material e inmaterial, como ya señalé en mi exposición; la restricción de la aplicación del procedimiento de concesión directa en la gestión de subvenciones y ayudas, y la conveniencia de proceder a la revisión de la oportunidad del mantenimiento de la inversión en las sociedades mercantiles autonómicas recurrentemente deficitarias, si bien es cierto que hay que reconocer que durante este periodo de tiempo que hemos analizado se produce una disminución del número de sociedades existentes en la comunidad.

Solicitaba el señor Bruguera, y creo que también ha sido solicitado por otros miembros de la Comisión, saber en qué medida de todos estos informes se derivan o se pueden derivar responsabilidades. Le puedo informar que en la sección de enjuiciamiento del tribunal no constan antecedentes derivados de los informes correspondientes a 2008 y 2009, es decir, del último ejercicio no se han abierto procedimientos en el ámbito del enjuiciamiento contable. No ocurre así en el ejercicio 2006-2007, donde existen abiertas cinco diligencias preliminares en fase de instrucción fundamentalmente referidas a materia de subvenciones y de contratación, y tres procedimientos de reintegro por alcance, uno de ellos archivado y otros dos en fase de jurisdicción contable.

En relación con lo manifestado por el señor Martínez-Aldama, quiero indicar que lo que ha efectuado es una valoración del contenido del informe, que lógicamente está en su derecho de poder efectuar en la medida en que interpreta el contenido del informe de acuerdo con su propia forma de analizarlo. En ese sentido no tengo más que decir porque el propio contenido del informe es suficientemente claro y expresivo.

El señor Abad me pregunta si considera el tribunal que la evolución de los años anteriores permite indicar si se han corregido las situaciones deficitarias que contiene el informe. Lamentablemente le he de decir que no puedo anticipar una opinión personal sobre el resultado de un trabajo de auditoría y un trabajo colectivo que se está realizando en estos momentos ya que los equipos de fiscalización están directamente llevando a efecto su labor. Lo que sí hay -como en todo- son situaciones positivas que se pueden ir viendo, como es el mismo hecho de la disminución del sector público empresarial que se puso de manifiesto en los informes del tribunal.

En relación con los datos conocidos sobre las cifras de déficit, hay que indicar que efectivamente la tendencia es positiva. En el ejercicio 2010 ha habido una diferencia entre el objetivo de déficit y el déficit real del 1%, sin embargo en 2011 la diferencia ha sido solo del 0,27%. Es decir, incumpliéndose los objetivos de déficit -porque en ambos ejercicios se incumplen-, se incumple en menor medida en el último, que se acerca más a los objetivos reales que estaban planteados en su momento. No tendría más que añadir.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere intervenir? (Denegaciones).

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000056).

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000083).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a los puntos 3.º y 4.º, comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar conjuntamente sobre los siguientes asuntos: informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007 e informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2008 y 2009. Para la exposición del informe, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Los informes anuales de los ejercicios 2006 y 2007 y los correspondientes a 2008 y 2009 fueron aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de enero de 2012 y el 29 de noviembre de 2012, respectivamente. Hay que señalar que el informe anual correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 es el último que ha elaborado


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el Tribunal de Cuentas con respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón, toda vez que por medio de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, se hizo efectiva la constitución de la Cámara de Cuentas de Aragón y corresponde a dicho órgano de control la elaboración del informe anual relativo a los ejercicios 2010 y siguientes. Asimismo, es preciso resaltar que en el ejercicio 2009 se aprobó la última reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. La reforma se adoptó mediante acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 15 de julio de 2009 y se incorporó al ordenamiento jurídico mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y mediante la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la correspondiente de financiación de comunidades autónomas.

El objeto de la fiscalización ha sido el análisis de la gestión económico-financiera de la Diputación General de Aragón y de las entidades integrantes del sector público autonómico aragonés, con el fin de verificar su sometimiento a la normativa aplicable y a los principios de eficiencia y economía. El ámbito subjetivo de la fiscalización se ha extendido a la Administración General, a los seis organismos autónomos, los entes públicos -nueve en 2007 y doce en 2009-, a las sociedades mercantiles -treinta y una en 2007 y treinta y dos en 2009-, las fundaciones -dieciséis en 2007 y diecisiete en 2009-, los consorcios -cinco en 2007 y siete en 2009- y las dos instituciones feriales que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón en los ejercicios fiscalizados.

Los resultados de fiscalización se han visto condicionados por varias limitaciones al alcance, referidas a las áreas de personal, deudores, inversiones financieras y subvenciones. Asimismo, se destaca que los presupuestos de gastos por programas no contenían objetivos e indicadores definidos y suficientemente explícitos. Esta última circunstancia, unida a la carencia de una contabilidad analítica, ha dificultado el conocimiento y el análisis objetivo del coste y el rendimiento de los servicios públicos. Las cuentas generales de la comunidad autónoma en los cuatro ejercicios analizados fueron rendidas después del 30 de junio del ejercicio siguiente al que corresponde cada cuenta, es decir, fuera del plazo previsto legalmente. Como observación común, las cuentas de la Administración General, de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos presentaban con carácter general la estructura y contenido que le son propios y concordaban con la documentación complementaria que les servía de fundamento. No obstante, ha habido empresas, como Aramón, S.A.; fundaciones, como la Fundación Economía Aragonesa o la Fundación Tutelar Aragonesa de Adultos, entre otras, y algún consorcio, como el Consorcio Proexpo de Zaragoza, que no han rendido cuentas en alguno de los ejercicios. Además, el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores no se había constituido como organismo independiente, por lo que no rendía cuentas separadas durante los ejercicios fiscalizados.

El grado de ejecución del presupuesto de gastos osciló entre el 94% y el 96%, según los diferentes ejercicios, mientras que el grado de realización de las previsiones de ingresos varió del 92% al 96%. La liquidación del presupuesto de gastos permite apreciar que se imputaron al capítulo 6, Inversiones reales, gastos correspondientes al capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios. Los gastos de 2009 se incrementaron en un 11% respecto a los del ejercicio 2008. Del análisis del presupuesto de ingresos se observa que no consta que se realizasen controles financieros sobre la gestión de los tributos cedidos a la comunidad. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia). Los derechos reconocidos por la Administración en 2007 se encontraban sobrevalorados por importe de 14 millones de euros en concepto de pasivos financieros por préstamos no formalizados. El sistema contable no reflejaba el detalle de los derechos anulados del ejercicio corriente ni de los cerrados por los aplazamientos y fraccionamientos de deuda.

En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Aragón respetó los límites previstos para los ejercicios 2006 a 2008; sin embargo, incumplió el objetivo establecido para 2009, ya que en este ejercicio registró un déficit del 1,74% del PIB regional, superior al 0,75% previsto. La comunidad autónoma presentó en marzo de 2010 un plan económico-financiero de reequilibrio que fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, habiendo sido modificado en junio de 2012 como consecuencia de la actualización del objetivo de estabilidad.

Con respecto a la situación patrimonial en este periodo, se implantó un nuevo módulo de contabilidad del inmovilizado no financiero; no obstante, persistían determinadas debilidades en la gestión que impedían determinar el valor de la totalidad de los bienes que integran su patrimonio. A partir de 2007 se dotaron provisiones por depreciación de las inversiones financieras; en cambio, el saldo de tesorería de las cuentas no contenía los importes correspondientes a la recaudación de los precios públicos.

En relación con el endeudamiento, las cargas financieras que se derivan de aquel no se reflejaban en los estados de compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. En 2008 la


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Comunidad Autónoma de Aragón incumplió el límite establecido en la Ley de Presupuestos, por el cual el importe total de los avales otorgados no podía rebasar el límite del riesgo pendiente de amortizar de 30 millones de euros. El riesgo pendiente a finales del citado ejercicio era de 41 millones de euros.

Con respecto a la gestión de las subvenciones, se concedieron ayudas no nominativas sin convocatoria previa y sin que se acreditaran las razones para su concesión directa. Asimismo, más del 60% de las ayudas concedidas en 2006 y 2007 correspondía a subvenciones nominativas.

Sobre la contratación administrativa se destaca que las bajas ofertadas en las adjudicaciones por concurso de algunos contratos fueron deficientemente valoradas con el consiguiente encarecimiento de los precios y no se precisaban suficientemente los criterios de adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, lo que no resulta conforme con los principios de publicidad y transparencia, principios rectores de la contratación pública. En dos contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, sin publicidad, no se acreditó la concurrencia de los supuestos previstos en la normativa y tampoco se justificó la adjudicación de tres contratos mediante el procedimiento de emergencia. Asimismo, hay que destacar la existencia de retrasos generalizados en la presentación, supervisión y aprobación de los proyectos de obras de instalaciones de ciertos contratos. Igualmente, en la ejecución de los contratos de obras se produjeron significativas demoras y ampliaciones en los plazos de ejecución no justificados, particularmente relevantes en algunos contratos porque fueron adjudicados a licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos de ejecución. Además, hay modificaciones de contratos que comprendían actuaciones respecto de las cuales no se ha acreditado la oportuna justificación.

Por lo que se refiere a las empresas públicas, la mayoría de ellas presentaba una situación deficitaria a pesar de las ayudas públicas registradas en sus cuentas, encontrándose tres empresas a finales de 2009 incursas en una de las causas de disolución del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y otras cuatro con la obligación de reducir capital para reequilibrar su situación patrimonial. Las cuentas del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud incluyen importantes saldos de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, superiores a 54 millones de euros en 2009.

En cuanto a los resultados agregados de los entes públicos, todos ellos son positivos, si bien estos saldos derivan de aplicar subvenciones de más de 90 y 120 millones de euros en cada ejercicio. En cambio, en las fundaciones públicas se observa un elevado volumen de pérdidas a pesar de las ayudas recibidas.

Por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones señaladas en informes anteriores, hay que manifestar que, si bien se han realizado avances en los sistemas informáticos, se han constatado carencias que impiden la formulación de toda la información requerida en la normativa aplicable, hecho que se viene constatando desde el ejercicio 2004.

Asimismo, con la creación de la Corporación Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón y la promulgación de la Ley 2/2008, de reestructuración del sector público empresarial de Aragón, se ha acometido la tarea de racionalización del sector público; no obstante, se evidencian errores en el registro de los valores del inmovilizado financiero que, unidos a la revisión del mantenimiento de determinadas sociedades, suponen la necesidad de continuar con las labores de reestructuración del sector público autonómico.

Como se reflejó en anteriores informes, se observa una mejora en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización, pero es preciso hacer hincapié en la necesidad de respetar los plazos legales. En el informe de los ejercicios 2008 y 2009 se añaden ciertas recomendaciones adicionales como las siguientes: deberían establecerse presupuestos por programas que determinasen objetivos e indicadores precisos como instrumento de mejora en la gestión de los recursos, de manera que se cumplan los principios de eficacia y eficiencia; asimismo, se recomendaba continuar con los procesos de mejora de los sistemas informáticos y realizarse el proceso de depuración de saldos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios acometiendo los procedimientos necesarios en caso de su posible prescripción; además, deberían contabilizarse los acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, de manera que se refleje su saldo en los estados contables a fin de ejercicio; la información relativa a los compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios posteriores debería incluir de manera precisa los gastos futuros correspondientes a la carga financiera de la deuda, máxime por la importancia cuantitativa que estos gastos tienen en relación con el resto de los importes registrados; asimismo, en relación con la contratación pública, debería clarificarse el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y especificarse con mayor precisión los métodos o forma de asignación de los puntos correspondientes a los diferentes criterios de adjudicación. En la valoración de las ofertas deberían primarse las bajas sin perjuicio de la posibilidad de valorar otros aspectos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): En turno de portavoces, por parte de la Entesa tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: En la misma línea del punto anterior, en primer lugar quiero decir que, a nuestro juicio, tanto las conclusiones como las recomendaciones realizadas por el tribunal son correctas y no tenemos objeción alguna. Es verdad que se producen algunas salvedades, algunas deficiencias, pero, viendo el informe de fiscalización de los años 2008 y 2009 en relación con los dos ejercicios anteriores, creo que es de justicia señalar que se han producido avances y mejoras y, por lo tanto, un esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón para cumplir con las recomendaciones y las conclusiones de los informes del Tribunal de Cuentas. En este sentido, por ejemplo, se dicen por parte del tribunal cosas como: Si bien se han realizado avances en los sistemas informáticos -es decir, se reconocen ciertos avances-, se han constatado todavía carencias. O también: Con la creación de la corporación empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón y la promulgación de la Ley 2/2008, de reestructuración del sector público empresarial de Aragón, se ha acometido la tarea de racionalización del sector; no obstante, etcétera. O: Como se reflejó en anteriores informes, se observa una mejora en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización -cosa que usted mismo ha comentado en su intervención-. O -y termino-: Asimismo, en 2009 se implantó el procedimiento para el registro de los deudores por aplazamientos y fraccionamientos de deudas. En definitiva, evidentemente hay recomendaciones importantes por parte del tribunal para la mejora de la rendición de cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero quisiera poner énfasis -y no lo he podido hacer desgraciadamente en el punto anterior- en que, analizando los últimos años respecto a los dos anteriores, se producen avances importantes, avances significativos, que es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por parte de La Izquierda Plural, señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por la información. En primer lugar, quería valorar, como usted ha recordado, que estas son las últimas cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón que van a ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. De hecho, la cuenta general de Aragón de 2010 y las siguientes son ya competencia de la Cámara de Cuentas de Aragón y me cabe el pequeño orgullo de haber defendido en las Cortes de Aragón la proposición de ley de Chunta Aragonesista que dio lugar a esa Cámara de Cuentas de Aragón, y que se aprobó por unanimidad. Hoy está recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, contribuye a la transparencia de las cuentas públicas y por eso a nadie sensato se le ocurrirá eliminar la Cámara de Cuentas de Aragón, ni por supuesto la institución del Justicia de Aragón, que es el precedente histórico de los ombudsmen contemporáneos.

Dicho esto, una de las virtudes de las cámaras de cuentas autonómicas que funcionan bien es precisamente la inmediatez. Durante varias legislaturas nos preguntábamos en las Cortes de Aragón qué utilidad tenía el informe del Tribunal de Cuentas con cuatro años de retraso, o incluso más, como vemos ahora. La falta de inmediatez en ese sentido es decisiva en asuntos de gestión de cuentas públicas. Hoy analizamos simultáneamente las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón de hace siete, seis, cinco y cuatro años; siete años, desde luego no podemos considerarlo normal, no podemos darlo por bueno y esa es una de las razones de peso que tuvimos en Aragón para dotarnos de un órgano de control externo de las cuentas públicas que fuera propio. Esa es la realidad.

Cada año en los informes del Tribunal de Cuentas se repite el mismo rosario de irregularidades, se ha convertido esto en una especie de extraño ritual, pero lo que debería importarnos más no son tanto las irregularidades que había hace siete años o hace cuatro años sino si se han corregido a fecha de hoy. Usted ya nos ha adelantado en una respuesta anterior que no puede anticiparse a valorar si se han corregido o no. Por lo tanto, esa pregunta que le iba a formular queda en el aire. Con el desarrollo de las cámaras de cuentas autonómicas sin duda el Tribunal de Cuentas va a disponer de más tiempo para poder realizar su trabajo con mayor profundidad. Me refiero no solo en cuanto a la fiscalización contable sino también a la fiscalización operativa; esto es, valorando la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos, que creo que en estos tiempos va a ser de gran utilidad o de gran interés para el conjunto de nuestra sociedad.

Entro ya en la cuestión. Además del rosario de irregularidades que se repiten todos los años, hay algunas cuestiones que podríamos considerar de mayor calado: en primer lugar, las subvenciones directas


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que no acreditan el interés público, social o humanitario ni la imposibilidad de someter las subvenciones a libre concurrencia o, en segundo lugar, los contratos públicos donde no se priman las bajas y en cuyas cláusulas administrativas no se especifican bien los criterios de adjudicación, por lo que parece que no todas las empresas interesadas en la licitación pudieron actuar con igualdad de oportunidades. Hay obras -usted lo ha citado- que se adjudican a licitadores que ofrecen reducciones en los plazos de ejecución, pero luego se autorizan ampliaciones de esos plazos y demoras no justificadas. Es lógico que en esas circunstancias exista o crezca la sospecha de algún tipo de corruptela o corrupción. Esas cuestiones entiendo que han motivado no solo las recomendaciones al Gobierno de Aragón, sino también el interés del ministerio fiscal del propio Tribunal de Cuentas. En diciembre, después de que se aprobara por el pleno del Tribunal de Cuentas el informe sobre la cuenta general de Aragón correspondiente a 2008 y 2009, la prensa aragonesa publicó llamativos titulares hablando de irregularidades penales. En este informe ciertamente se señala a varios departamentos del Gobierno de Aragón, entonces presidido por Marcelino Iglesias, del PSOE, y vicepresidido por José Ángel Biel, del PAR. ¿Nos podría confirmar usted, señor presidente, si fiscalía efectivamente ha intervenido en esas irregularidades, si se ha pasado de la raya de lo que es irregularidad a lo que puede ser presunto delito? No ha dicho nada en su primera intervención y saco a colación precisamente la comparecencia de su antecesor, señor Núñez, en noviembre de 2010, cuando presentó el informe correspondiente a las cuentas de Aragón de 2004 y 2005 y ya anunció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto diligencias preliminares sobre posibles responsabilidades penales por las irregularidades detectadas en esos años. Lo cierto es que no hemos tenido más noticias de aquello ni sabemos a qué ha dado lugar y tampoco sabemos si las irregularidades de este último informe van a dar frutos o no. En todo caso, nos preocuparía que se utilizara de alguna manera a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para hacer fuegos de artificio y que luego la cosa se quedara en agua de borrajas, como decimos en Aragón. Flaco favor haríamos a la credibilidad de las instituciones si utilizáramos los informes del Tribunal de Cuentas para el pimpampum entre los portavoces de PP y PSOE. Desde luego, si entra la fiscalía, que lo haga en serio, que haya indicios racionales de criminalidad y que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, eso es lo que espera la ciudadanía, eso es lo que esperamos desde Chunta Aragonesista y desde La Izquierda Plural, y ojalá se actúe con rigor y no solo con ventajismo electoral cortoplacista.

Concluyo ya. En todo caso, muchas de estas irregularidades detectadas que habían interesado a la fiscalía -y esto es una recomendación a los señores del Partido Popular-, como el plan de depuración del Instituto Aragonés del Agua, los sobrecostes y demoras del circuito Motorland en Alcañiz o del aeródromo de Teruel eran proyectos competencia no de responsables del PSOE sino de responsables del PAR, responsables que hoy continúan ostentando idénticas responsabilidades o similares en el Gobierno de coalición PP-PAR que encabeza la señora Rudi. Por lo tanto, les emplazo a que tengan cuidado, a que se aseguren de que las prácticas irregulares o quizá delictivas se hayan abandonado completamente por parte de los consejeros y directores generales del PP y también, por supuesto, del consejero y de los directores generales del PAR que, como ustedes saben, son una treintena repartidos por todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Dicho esto, nuestro grupo desde luego respalda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas de Aragón de 2006 a 2009 y esperamos que de sus respuestas podamos sacar en claro si las menciones a la fiscalía eran fundadas o eran simplemente una noticia de prensa sin mayor recorrido.

El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por parte de CiU no hay intervención. Por parte del Grupo Socialista, señora Alegría.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su detallado informe. Le damos, cómo no, la bienvenida a esta Comisión. Vemos esta mañana de 25 de junio de 2013 los informes anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón de los años 2006-2007 y 2008-2009, aprobados, como ha dicho el señor presidente del tribunal, ambos en plenos del año 2012, lo que me lleva a realizar una primera apreciación a este tribunal, apreciación que viene siendo ya reiterada en múltiples comisiones, y es que sería más que recomendable que estos informes, que en definitiva recogen conclusiones, deficiencias, mejoras, fueran conocidos en plazos más acordes con el año revisado para que las pertinentes actualizaciones y correcciones que hubiera que realizar se hicieran en plazos más cortos por parte de las administraciones responsables. De este modo todos podríamos mejorar en nuestra gestión y en nuestra rendición de cuentas. No obstante, como ya ha


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recordado mi compañero el señor Yuste, el ejercicio del año 2010 ya se ha visto en las Cortes de Aragón por parte de la Cámara de Cuentas aragonesa.

Volviendo al valor tiempo, el tribunal -como ha recordado esta mañana- manifiesta que si bien las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los cuatro años analizados fueron rendidas fuera de plazos, hay que resaltar que la demora fue en todos los supuestos muy reducida. Asimismo, hay que señalar también que el plazo de demora en la rendición se fue reduciendo progresivamente en el período analizado. Creo que es un aspecto positivo que me parece importante resaltar. Además, las cuentas generales presentan una estructura y contenido conforme con las disposiciones aplicables y con la documentación que les sirve de fundamento, observándose aquí también una progresiva mejora en la calidad de la información suministrada. Además, en el informe de los ejercicios 2008 y 2009 se reconoce de forma explícita una mejora en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por las entidades obligadas.

Otro aspecto a resaltar en estos informes es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Merece la pena referirse al estricto cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los años 2006, 2007 y 2008. El ejercicio de 2009 fue el más grave de la crisis económica, con una caída espectacular del PIB y por tanto de los ingresos públicos, razón por la cual se incumplió el objetivo de déficit, al igual que sucedió en el conjunto de todas las comunidades autónomas españolas. El Plan de reequilibrio financiero presentado por el Gobierno de Aragón fue aprobado y declarado idóneo, como ha dicho el presidente, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este punto quiero resaltar y recordar la mejor situación comparativa de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a la media de las comunidades autónomas españolas en cuanto a los niveles de déficit y de deuda pública, lo que demuestra una gestión mucho más prudente y responsable de los recursos públicos en esos años. Citaré simplemente como ejemplo que la deuda pública de Aragón respecto al PIB en 2006 era del 3,8% y, sin embargo, la deuda pública media de las comunes autónomas era del 5,9% y que en el año 2009 Aragón tenía un 5,8% y la deuda pública media de todas las comunidades autónomas era de un 8,6%; es decir, una diferencia de casi tres puntos a favor de Aragón.

Vemos también tras la lectura de los pertinentes informes que existe una progresiva subsanación de deficiencias de índole contable. Ciertamente vemos cómo se ponen de manifiesto algunas deficiencias existentes, como son información suministrada insuficiente o deficiencias en diversos registros contables y, no obstante, el informe de los ejercicios 2008 y 2009 reconoce explícitamente un avance en los sistemas informáticos de gestión contable y en la implantación de recomendaciones de informes anteriores. De hecho, también este informe del año 2008 y 2009 recoge la progresiva subsanación de las deficiencias de índole contable y en su parte final señala que las incidencias de la contratación administrativa tienen una relevancia cualitativa y cuantitativa mucho menor en el informe de los años 2008 y 2009 que en los dos informes anteriores. Puesto que es precisamente en este ámbito de la contratación administrativa donde más se centran los informes, me pareció oportuno resaltar esta valoración positiva final del informe.

Quiero hacer aquí una pequeña anotación sobre ciertos aspectos que he leído en los informes que analizamos, aspectos que se refieren sobre todo a los procedimientos de contratación administrativa. Quiero añadir aquí que los informes hacen alusión a cuestiones que ya fueron tratadas en ejercicios anteriores, que además fueron remitidos a fiscalía y que en todos los casos, si la memoria no me falla, fueron archivados sin que se haya derivado ninguna responsabilidad penal. Siendo esto así, quizá deberíamos ser algo más prudentes a la hora de utilizar términos como corrupciones o corruptelas. Quiero además detenerme unos segundos para explicar algo que ustedes saben bien, y es que la realidad nos dice que una misma legislación es muy difícil que pueda contemplar los innumerables supuestos, incidencias, especificidades y contingencias que tienen lugar en ámbitos tan diferentes como los de la sanidad, obras públicas, medioambiente o servicios informáticos, y mucho más cuando deben primar cuestiones de urgencia para atender las necesidades de los ciudadanos, como pueden ser por ejemplo contar con un acelerador lineal para tratamientos de radioterapia o reparar una carretera afectada por una catástrofe natural. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Son estas situaciones las que a veces pueden provocar alguna incidencia contable, pero en absoluto puede hablarse de graves irregularidades o de responsabilidades contables en tanto en cuanto -repito- que todas las causas que ha habido hasta ahora, si la memoria no me falla y el tribunal no me corrige, han sido archivadas y sin ninguna responsabilidad penal.

Se detalla también en el informe del año 2006-2007 que en estos ejercicios fiscalizados se observa un mayor cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por las entidades incluidas en el ámbito subjetivo


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de la fiscalización. Además, quiero recordar a sus señorías y también al presidente del tribunal que en el año 2006 se implanta en Aragón un nuevo sistema de información contable que procura nuevos módulos contables y mejora los existentes, lo que supuso un avance en la mejora de las cuentas con objeto de reflejar la imagen fiel de la situación económico-financiera de la comunidad autónoma. De este informe detallo también que, haciendo caso a las recomendaciones anteriores realizadas por el tribunal, en diciembre de 2007 se crea la Corporación Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón que, unida a la Ley 2/2008, de reestructuración del sector público empresarial de Aragón, tiene por objeto la racionalización del sector tratando de conseguir una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, como no puede ser de otro modo. Esta medida supuso la mejora de la ordenación del sector público autonómico; no obstante, sabemos que esta tarea debe todavía continuar.

Concluyo ya, señor presidente, recordando algo que sus señorías ya conocen, al menos las señorías que son aragoneses como yo, y es que el pasado 21 de octubre del año 2012 se aprobó en las Cortes de Aragón por unanimidad el informe de ponencia de los ejercicios 2006 y 2007 y el 22 de mayo del presente año se aprobó también en esas Cortes el informe de ponencia de los años 2008 y 2009. Como punto final solo añadiré que me consta que por parte del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha ido trabajando en pro de la mejora de todas aquellas cuestiones que el tribunal ha puesto de manifiesto en los pertinentes informes. Sé que la voluntad de este organismo es aplicar cada día las recomendaciones que se le realizan, pues todas ellas tienen como objetivo mejorar la transparencia y el funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, y vuelvo a reiterar, esa celeridad en la puesta en marcha de las mejoras nos la podríamos aplicar todos y por eso sería más oportuno que nunca que los informes pudieran conocerse lo más cerca posible del tiempo real.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Suárez tiene la palabra.

El señor SUÁREZ LAMATA: Para no ser menos que mi compañero el señor Abad, también les invito a visitar Aragón; es una magnífica tierra.

En cualquier caso quiero comenzar mi intervención agradeciendo al señor presidente del tribunal la exposición que acaba de hacer de cuatro ejercicios económicos, cuando en Aragón había toda una forma de gobernar. Me da pena que se haya ido el señor Martínez-Aldama, porque yo conozco el informe de La Rioja, lo he leído también. Él hablaba de la transparencia y de resultados demoledores, y le escandalizaban las inversiones societarias. No sé si hubiera leído el de Aragón qué pensaría.

Este informe llega tarde y esta es una habitual queja en esta Comisión. Sé que no es responsabilidad del tribunal sino de todos. Este portavoz siente esta tardanza quizá más que ninguno de los que están aquí porque durante siete años este portavoz, que entonces tenía responsabilidades en las Cortes de Aragón, se lamentó de la total y absoluta falta de transparencia por parte del Gobierno de Aragón. Pero este informe viene a manifestar el porqué se privó de la información al Grupo Parlamentario Popular. Si ustedes introducen en Google las palabras: transparencia Aragón, verán que en esos años hay más de 200.000 llamadas. Doce años en los que la oposición tenía vedada la información con argumentos tan peregrinos como que el derecho mercantil lo prohibía, la Ley de sociedades anónimas, la Ley de protección de datos, porque afectaban a cuestiones estratégicas. Desde luego, señor presidente, usted me ha dado una alegría, se la ha dado a todos los aragoneses pero a mi personalmente porque este informe me ha ayudado a entender el porqué no se nos entregaba la información. Para mí es una victoria moral -se lo digo con sinceridad- haber estado denunciando permanente y sistemáticamente cosas que se negaban y verlas hoy escritas en este informe. Cierto es que llega tarde, y es verdad, habrá que resolver entre todos este problema porque si este informe lo hubiéramos tenido al año siguiente del ejercicio que se ha fiscalizado algunos consejeros del Gobierno de Aragón no hubieran resistido en el sillón ni dos días. Es verdad que con este informe los aragoneses se van a poder enterar, por ejemplo, de que el Gobierno de Aragón en cuatro años repartió 3.600 millones de euros en adjudicaciones y subvenciones directas con todo tipo de irregularidades. A veces las cantidades se nos van de la cabeza, pero la cifra no es una cuestión menor, 3.600 millones de euros con falta de justificación. Es cierto que se repiten en otros informes de otras comunidades los errores o las infracciones. Me llama la atención, hay subvenciones concedidas y, sumando los importes de varias administraciones, se ve que se subvenciona más que la inversión. El informe pone de relieve algo que el entonces consejero de Economía llamaba pequeñas formalidades. Cien millones de facturas del Sistema Aragonés de Salud en el cajón, y el consejero de Economía las llamaba pequeñas formalidades. Me alegra porque yo denuncié por activa y por pasiva que se computaban como inversión publicidad, viajes, revistas,


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informes, pero no estamos hablando de cientos de miles, hablamos de millones de euros. Así se nos decía que la inversión crecía. Esta era toda una estrategia.

En la gestión económica Aragón al final resultó no ser una isla. Yo no voy a negar -y se lo reconozco a la señora Alegría- que estuviéramos mejor que otras comunidades autónomas, pero esa obsesión del presidente de entonces, señor Iglesias, incluso en el año 2009 por manifestar que Aragón era una isla se desmoronó y se desmorona cuando uno lee el informe. Al final los años 2008 y 2009 tienen unos resultados presupuestarios negativos de 350 y 650 millones de euros. El resultado económico patrimonial empieza a caer espectacularmente en el año 2008 y el año 2009. Que no cuadre -y lo ha dicho señor presidente- la contabilidad de tesorería con el saldo de los bancos y nadie sea capaz de explicarlo es llamativo. Señor presidente, me gustaría que se detuviera un minuto para decir cómo es posible no explicar eso porque es evidente que alguna explicación habrá. Al final lo que señor Larraz calificaba de pequeñas cosas, el remanente negativo de tesorería del año 2008 era de 167 millones y 441 millones en el año 2009. Y se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria. En el año 2008 el Gobierno de Aragón se salvó por las importantes inversiones que había gracias a la Expo, no fue por una gestión inmaculada e impoluta, sino que fueron otros factores los que al final determinaron ese resultado, pero había muchas facturas -y por eso me sorprendía que el señor Aldama se quejara-, como así se ha corroborado, en los cajones.

El Gobierno del señor Iglesias no remitía al tribunal toda la información ni del presupuesto, ni de compromisos de gasto, ni de los contratos, ni de los proyectos de inversión, etcétera. Yo le pregunto, señor presidente: qué puede o qué debería haber hecho el tribunal ante esta obstrucción o si se ha hecho algo. ¿Qué cree usted que habría que cambiar? Porque este es un defecto y una infracción que se viene observando en todos los informes de comunidades autónomas. Por tanto, al final esta es una cuestión que hay que resolver, más allá de que en la Ley de transparencia se están haciendo bien las cosas y habrá resultados.

En el capítulo de contratación me voy a detener un poquito porque aquí está la madre del cordero. Nosotros denunciamos por activa y por pasiva que había todo un sistema orquestado, pasada la línea roja, que permitía adjudicar los contratos a quien se quería, vistiéndolo de una apariencia legal. Al final el factor determinante en la mayor parte de los contratos era el tiempo, y con eso se valoraba mucho más la mejora del tiempo que el resto de cuestiones. Al final, cuando uno analiza contratos importantes, los que suponen cantidades desorbitadas, lo que uno observa es que se duplicó y triplicó el tiempo de ejecución y que no se justificó -porque si al final alguien lo justifica no pasa nada- el porqué de esas demoras, y la Administración aragonesa permaneció impasible. En cuatro años tenemos ejemplos para todos. Aquí se ha dicho que en el año 2008-2009 se mejoraba respecto del 2006-2007. Yo tengo la impresión de que se empeoraba y no hay más que leer el volumen de infracciones o defectos que detecta el tribunal: gastos pagados a contratistas carentes de cobertura jurídica -y eso acabó en la fiscalía; luego le preguntaré al señor presidente al respecto-, demoras en los plazos de ejecución, adjudicación excepcional por la vía de emergencia. La señora Alegría, con habilidad -se lo reconozco- dice: Si se cae una carretera, hay que reponerla. Lo que pasa, señora Alegría, es que se olvida usted de que se cayó la carretera que yo denominaba vía Marcelino, la del señor presidente, y el señor presidente se enfadó y ordenó una actuación de urgencia. Se caían otras carreteras en Aragón y no se arreglaban con esa urgencia. Es que esto fue la pataleta del señor presidente, cuando todos los aragoneses son iguales o por lo menos eso pienso yo. Había deficiente valoración de las bajas, y el señor Aldama se escandalizaba de cuatro modificaciones del contrato. Tenemos una, la del Servet, que tiene cinco y casi otra; me atrevería a decir seis y con unos incrementos exponenciales también. Había dos folios enteros de deficiencias, las primeras en el año 2008-2009, y había un folio del año 2007. Por eso yo digo que las deficiencias han ido a peor.

En Aragón si hay algo que produce vértigo es el sector público. Cuando he oído decir a la señora Alegría que en los años 2008-2009 se mejoró el sector público, entiendo que usted tenga que defender la gestión de su presidente, pero es evidente que no fue así. En Aragón se pasó en cuatro años de 37 sociedades públicas a más de 100; 1,4 millones de habitantes y ese es el crecimiento exponencial.

Al final, ¿cuál era la filosofía? La filosofía era evadir el derecho administrativo. Todo este entramado empresarial permitió arbitrar un sistema para evadir el derecho administrativo y contratar el personal sin el procedimiento, adjudicar sin el procedimiento administrativo y modificar -y ahí está la gravedad de los contratos- sin seguir el procedimiento administrativo. Porque el argumento era que como eran empresas o sociedades públicas, además con capital cien por cien de la Administración autonómica -y me gustaría que esto lo aclarara el señor presidente-, no estaban sujetas a la Ley de Contratos. Al final lo que había -esto no lo dice el informe, lo digo yo- era contratación digital.


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El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir terminando.

El señor SUÁREZ LAMATA: Me detendría en algo que en Aragón es importante, que es la Plataforma logística, pero me acaba de llamar la atención el señor presidente. Voy a poner un ejemplo, adjudicación de un contrato con un solo licitante. Se acaba el periodo de presentación de plicas y una vez finalizado se modifica, por una sociedad, el pliego de condiciones; modificación urbanística que supone un incremento de 70 millones de euros a beneficio del único que había licitado. Así se gestionaba en Aragón. Me estoy refiriendo a Plaza Imperial. El otro botón de muestra -este es para nota-: la oposición estaba encima de una adjudicación porque se sabía que iba a ser digital. Una empresa o sociedad, Suelo y Vivienda -esto está detallado y me gustaría que el presidente se pronunciara-, que tenía que construir 164 viviendas. Pues bien, el Gobierno de Aragón le dice al teórico adjudicatario: Compre usted el suelo y construya las 164 viviendas. Y cuando eso se produce la sociedad pública de capital cien por cien acaba comprando toda esa inversión, con todos los derechos y con todas las obligaciones. Es decir, al final, subvertir completamente el procedimiento administrativo en algo que yo evidentemente no soy capaz de calificar. Y la gestión económica -y esto es lo importante- de tres años, decía la señora Alegría que mejoró. Pues la voy a resumir: 287 millones en subvenciones al sector público aragonés; 287 millones para obtener unas pérdidas de más de 400 millones. Es decir Aragón invirtió en tres años más de 50.000 millones de las antiguas pesetas para acabar perdiendo 80.000 millones de las antiguas pesetas. Ese es el resultado de la gestión de las sociedades. En el tema de los avales, lo ha comentado el señor presidente, se excedió el riesgo del artículo 34 de la Ley de presupuestos.

Señor presidente, ya solamente le hago tres preguntas y acabo. Quisiera saber qué mecanismos existen para hacer cumplir estos límites y qué papel podría tener el Tribunal de Cuentas en ello. Qué opinión le merecen las irregularidades reflejadas en el informe respecto a la contratación administrativa y en especial a la Plataforma logística de Zaragoza (Plaza, S.A. y Platea Gestión, S.A.). Y, después de haber visto el cúmulo de irregularidades, ¿se va a proceder a exigir responsabilidades contables e incluso penales que parecen derivarse de irregularidades como adjudicación de contratos mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas, utilización de criterios de adjudicación indebidos? La última pregunta: ¿Entiende usted que la Diputación General de Aragón debería haber sido especialmente diligente en la corrección de todas y cada una de las deficiencias ya que se venían reiterando desde hacía mucho tiempo y ponían claramente en evidencia el descontrol en determinados aspectos relevantes? Me gustaría que aclarara cuántos procedimientos de responsabilidad contable hay vivos en estos momentos y de responsabilidad penal; si sabe la evolución del déficit. Y yo estoy convencido, señor Yuste, no me cabe la menor duda, de que con la presidenta actual el Gobierno de Aragón habrá mejorado sustancialmente la gestión.

El señor PRESIDENTE: Para contestar a sus señorías, tiene la palabra el presidente del Tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Quisiera empezar por un tema puesto de manifiesto por diferentes intervinientes y que especialmente afecta al tribunal en el sentido de reclamación de plazos y manifestación de desacuerdo en los retrasos que el tribunal ha tenido en la tramitación de estos informes de comunidades autónomas. Efectivamente, en la comparecencia parlamentaria a la que asistí previamente a ser elegido para el Tribunal de Cuentas, una de las primeras cuestiones que puse de manifiesto era la existencia de déficits no asumibles y que se deberían intentar corregir con la máxima celeridad, que eran los que se acumulaban en el ámbito de la fiscalización de comunidades autónomas y también en la fiscalización de partidos políticos. También indiqué en aquel momento que el Tribunal se encontraba al día. Porque lo mismo que se señalan los defectos creo que hay que señalar las cuestiones que se tienen perfectamente al día, y es que el Tribunal tiene la cuenta general del Estado perfectamente al día en su tramitación ante esta Cámara; y también tiene perfectamente al día los informes correspondientes a entidades locales, fundamentalmente recibidos a través de la Plataforma de rendición de cuentas, que permite hacer una revisión rápida y profunda de la gestión de todas las entidades locales españolas. En relación con este tema debo decir que en el periodo de tiempo que lleva el nuevo pleno actuando, y refiriéndome en concreto al ejercicio en curso, es decir al año 2013, el tribunal ha aprobado hasta el día de hoy los mismos informes que había producido en todo el ejercicio anterior. Quiero decir que hay un esfuerzo cierto y además constatable de aceleración de los trabajos y del desarrollo de los trabajos del tribunal dedicando una especial atención a la recuperación del plazo de incumplimiento


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tanto en comunidades autónomas como en partidos políticos, y de manera recurrente así lo he puesto de manifiesto ante esta Cámara.

Ahora querría señalar una segunda cuestión que me preocupa, la expresión utilizada -en concreto por el señor Yuste- en relación con la figura del fiscal. Señor Yuste, al fiscal nadie lo utiliza. Es una cuestión que quiero que quede clara. No sé si usted lo ha querido decir. Yo, en todo caso, quiero dejar claro que al fiscal nadie lo utiliza porque el fiscal decide como parte absolutamente autónoma en un procedimiento qué asuntos inicia y qué asuntos inicia ante la jurisdicción contable y qué asuntos deriva a los órganos de la fiscalía a nivel general, bien a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía General del Estado. Lo que sí le puedo decir es que en la presentación de estos informes jamás hago referencia en una primera instancia. Digo jamás y a lo mejor alguna vez lo he hecho, pero normalmente el procedimiento habitual es únicamente hacer referencia a este tipo de actuaciones cuando ustedes lo soliciten. Por una sencilla razón, porque las actuaciones que hace el fiscal no son del tribunal, son propias del fiscal y por lo tanto no forman parte de lo que es el informe de fiscalización. Si ustedes solicitan información, creo que efectivamente tienen todo el derecho a conocerlos en relación con los informes del Tribunal. La fiscalía en ocasiones ha iniciado actuaciones ante la jurisdicción contable; o también ha derivado ese tipo de irregularidades en el ámbito penal.

Usted se refiere a una información que dio mi predecesor, don Manuel Núñez, que yo no recordaba. Efectivamente lo debió de decir respecto de ejercicios posteriores. Y sí le puedo indicar que don Manuel Núñez tuvo toda la razón al decir lo que dijo porque en aquel momento el fiscal había apreciado indicios de responsabilidad penal en la adjudicación y ejecución de determinados contratos. La apreciación por parte del fiscal de esos indicios lleva en el procedimiento del tribunal a que se solicite al departamento correspondiente la elaboración de un testimonio de particulares que se remite al fiscal y este hace con él lo que estima procedente, es decir lo remite a la Fiscalía Anticorrupción o a la fiscalía que corresponda, pero en ese sentido el Tribunal de Cuentas no tiene ni información de lo que posteriormente ha ocurrido con ese asunto, porque es ya algo propio de los tribunales y por lo tanto de aquellos que son parte en esos procedimientos, y el tribunal no es parte en esos procedimientos, no tiene información de lo que ocurre. Lo que sí le puedo decir es que los procedimientos que se han abierto en el ámbito del tribunal -y así respondo también a todos los portavoces que lo han solicitado y en concreto al señor Suárez, que lo ha pedido-, es que en el ámbito concreto de la Sección de enjuiciamiento del ejercicio 2006-2007 existen abiertas unas diligencias preliminares en relación a la justificación de contrataciones y de subvenciones concedidas, que ha sido turnada como actuación previa y que se encuentra en fase de instrucción. En los ejercicios 2008-2009 existen abiertas once diligencias preliminares relativas a diferentes operaciones puestas en el informe, derivadas de derechos liquidados, subvenciones, contrataciones. No sería el caso ir individualizándolas y, como digo, están todas en el ámbito de la Sección de enjuiciamiento y han sido solicitadas, bien por el fiscal o por el abogado del Estado, para que por la dicha sección se proceda en las mismas.

En relación con las preguntas formuladas por el señor Suárez sobre los mecanismos para hacer cumplir los límites establecidos en concreto en el ámbito de los avales concedidos, es indudable que ese tipo de límites están en el ámbito de la competencia administrativa y le correspondería al Gobierno de la nación para poder llevar un efectivo control de ese tipo de situaciones. El tribunal lo que hace es constatar el incumplimiento de esos límites pero no tiene ninguna capacidad para negar o para impedir que la actividad de aval de una determinada comunidad autónoma se ponga en funcionamiento.

También me pregunta si la Diputación General de Aragón -si he entendido bien la pregunta- debería haber sido más diligente en el cumplimiento de las deficiencias puestas de manifiesto en los repetidos informes de fiscal. Es una pregunta lógicamente, señor Suárez, que se contesta afirmativamente no solo en el caso de la Diputación General de Aragón sino también en los restantes informes que hemos visto, en los que efectivamente en muchas ocasiones el tribunal señala la existencia de incumplimientos que no se solucionan con la suficiente rapidez.

Me pide usted los datos de déficit de los ejercicios 2010 y 2011. Lamento no poder dárselos en este momento, pero si usted solicita ampliación por escrito de las preguntas que ha formulado personalmente, no tengo ningún inconveniente en que se lo podamos remitir, tanto en lo relativo a la Plataforma logística como también a los datos de déficit que usted ha planteado.

En cuanto a lo manifestado por la señora Alegría, creo haber respondido o por lo menos haber dado una explicación, no haber dado respuesta sino una explicación, a los retrasos que manifiesta, si bien es cierto que evidentemente a comienzos de 2012 teníamos los informes presentados y los teníamos también


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en un plazo anterior a que la Cámara de Cuentas de Aragón los presentara ante la correspondiente Comisión parlamentaria. En relación con lo que usted manifiesta sobre que déficit y deuda tienen una situación comparativa mejor que otras comunidades, yo entiendo que la defensa o la crítica en relación con la gestión de una determinada comunidad es el campo propio de la actuación de los diferentes grupos parlamentarios y, como comprenderán, yo no voy a entrar en ese análisis comparativo que es más propio del que ustedes desarrollan en sus intervenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna de sus señorías que han intervenido en el debate querrían hacer alguna pregunta al presidente sobre su intervención, recordando que este turno es concretamente para eso? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000118).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir el punto 5º, porque el informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria de los ejercicios 2006 y 2007 ya lo vio la Comisión, por tanto vamos a ver ahora el informe anual de la Comunidad autónoma de Cantabria en sus ejercicios 2008 y 2009. Para presentar el informe tiene la palabra el señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe de la Comunidad Autónoma de Cantabria de los ejercicios 2008 y 2009 se aprobó por el pleno del tribunal en su sesión de mayo de 2013. El informe además ha sido enviado al Parlamento y al Gobierno de Cantabria. El ámbito subjetivo de la fiscalización se ha extendido a la Administración general de la comunidad autónoma, a seis organismos autónomos junto a dos más creados en 2008 y 2009 pero sin actividad, a seis entidades de derecho público, a las sociedades mercantiles públicas, treinta y cinco en 2008 y treinta y nueve en 2009; a diez fundaciones y cinco consorcios. Con carácter general no se presentaron limitaciones al alcance de los trabajos de fiscalización, si bien la falta de rendición de cuentas de determinadas entidades impidió, en lo que a ellas se refiere, verificar los objetivos establecidos. En concreto, no rindieron las cuentas de los ejercicios fiscalizados las empresas públicas de Agua de Solares y Balneario y Agua de Solares, ambas en liquidación; los consorcios Cabo Mayor-Buque Escuela para Cantabria y Año Jubilar Lebaniego; y respecto al consejo asesor de Radiotelevisión Española en Cantabria, que se había liquidado en 2007, no se había remitido al tribunal la memoria explicativa de la actividad ni la memoria de liquidación.

Las cuentas generales de la comunidad autónoma de los dos ejercicios fiscalizados fueron rendidas dentro de plazo, incluyendo las cuentas de la Administración general y de los diferentes organismos, empresas y entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria. También rindieron las cuentas individuales los organismos autónomos, excepto el Servicio Cántabro de Salud y el Servicio Cántabro de Empleo, puesto que al igual que los ejercicios precedentes, se habían integrado como secciones presupuestarias independientes de la liquidación presupuestaria de la Administración general conforme establecen las disposiciones transitorias de sus respectivas leyes de creación. No obstante, como se indica en el informe anual de fiscalización de Cantabria del ejercicio 2006-2007 y en la resolución de la Comisión mixta emitida en su sesión de 8 mayo de 2012, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de dichas normas, años 2001 y 2003, es necesario que ambos organismos muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución de su presupuesto.

Al analizar la liquidación presupuestaria rendida de cada uno de los ejercicios fiscalizados, se ha observado que los presupuestos de gastos aprobados no se ajustaban a lo establecido en las órdenes por las que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos al no presentar objetivos ni indicadores que permitieran realizar un seguimiento de su grado de consecución ni determinar el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos. Asimismo, en la fiscalización se observa que no se había llevado a cabo la puesta en marcha de las actuaciones relativas al cumplimiento de los objetivos de los escenarios presupuestarios y a los programas plurianuales de las consejerías según lo establecido por la Ley de Finanzas de Cantabria. El grado de ejecución del presupuesto de gastos de los ejercicios 2008 y 2009 se elevó al 96 y al 93% respectivamente, mientras que el grado de realización de las previsiones de ingresos fue del 92% y del 93%. En las modificaciones presupuestarias se utilizaba el


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programa de Imprevistos y funciones no clasificadas para transferir crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes, obviando la limitación prevista en la Ley de Finanzas.

Las obligaciones reconocidas netas en los ejercicios 2008 y 2009 se incrementaron en un 10% y en un 3% en relación con las del ejercicio anterior, habiéndose incrementado especialmente el gasto corriente en un 11% en 2008 y en un 8% en 2009. No se utilizaban las cuentas de periodificación de gastos que afectaban a los dos ejercicios.

En 2009 se reformó el sistema de financiación de la comunidad con efectos desde el 1 de enero por la Ley 22/2009 y las estimaciones para determinar las entregas a cuenta fueron muy superiores a la recaudación real de los recursos del sistema de financiación, por lo que al practicarse la liquidación definitiva de los recursos correspondientes a esta comunidad, resultaron unos saldos a favor de la Administración General del Estado de 125 y 364 millones de euros para los ejercicios citados. Esta situación ha dado lugar a que los presupuestos de la comunidad se encuentren sobredimensionados al incluir unas previsiones de ingresos muy superiores a las reales, permitiendo un incremento del gasto excesivo. La obligación de devolución en los ejercicios siguientes afectará negativamente a su capacidad de gasto futura y repercutirá en las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Las obligaciones pendientes de imputar al presupuesto al cierre del ejercicio presentaban un saldo prácticamente insignificante en contabilidad, sin embargo la Intervención General de la Administración del Estado para determinar el déficit regional de 2009 cuantificó los acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del Servicio Cántabro de Salud en 202 millones de euros. Como hechos posteriores, en el año 2011 el importe contabilizado ascendía a 261 millones y mediante la Ley 6/2012 se aprobó un crédito extraordinario de 258 millones destinado a cubrir las insuficiencias de crédito anteriores a 2012.

La Comunidad Autónoma de Cantabria incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2008 y 2009 al generar un déficit del 1,08% y del 3,22% del PIB regional respectivamente, superiores al 0,75% previsto y estando obligada a la elaboración de los planes económico-financieros de reequilibrio. A pesar de la declaración de idoneidad de las medidas contenidas en el Plan de reequilibrio 2010-2012 y en el posterior 2011-2013, las medidas correctoras previstas de incremento de ingresos y de ahorro de gastos han tenido efectos poco relevantes.

En cuanto a la situación patrimonial de la comunidad, como en ejercicios anteriores, los inventarios no incluían toda la información exigida en la normativa de aplicación y la valoración de los bienes inventariados no era completa ni se actualizaba adecuadamente. Dentro del conglomerado de sociedades que conformaba el sector público empresarial regional se producía la concurrencia de varias empresas entre sí o con otros entes públicos para la realización de iguales o similares actividades en virtud tanto de sus objetivos coincidentes, como del carácter genérico e impreciso de los mismos, e incluso en algunos casos asumiendo actuaciones ajenas a las que correspondían, al utilizarse estas entidades instrumentales indistintamente para la satisfacción del interés público o de cualesquiera otro que consideraba la Administración o la entidad de la que dependiera. Así, la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria, que gestionaba el desarrollo urbanístico de polígonos industriales de ámbito comarcal o municipal, entre otras actividades, contaba con un grupo de empresas filiales dedicadas a la realización de estudios técnicos, para lo cual disponían de un número medio de trabajadores, no superior a dos, sin que se aprecie la necesidad de la creación de empresas distintas. Asimismo, la comunidad contaba con diversas sociedades mercantiles para la promoción del turismo, deporte y cultura, cuyo objeto era al menos parcialmente coincidente. Como hechos posteriores, la comunidad elaboró en 2012 un Plan de reducción y redimensionamiento del sector público empresarial y fundacional que ha dado lugar a la desaparición efectiva de dieciocho sociedades autonómicas.

En el informe se analiza en detalle la operación realizada por la Sociedad regional de coordinación financiera de empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. (CEP Cantabria) de compra y arrendamiento financiero simultáneo al Real Club Racing de Santander, de las marcas y derechos federativos sobre los equipos de categorías inferiores por 17,5 millones de euros. En garantía del cobro del canon, CEP Cantabria acordó con el Racing de Santander la cesión de los derechos de crédito de una subvención concedida al club de fútbol por un importe total de 22 millones de euros a recibir en once anualidades. En este sentido, destaca que no existe relación directa entre estas operaciones y el objeto social principal de la empresa autonómica. Asimismo, CEP Cantabria cedió los derechos de créditos futuros a un fondo de titulación de activos por 17,8 millones de euros. A pesar de la declaración del Racing


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de Santander en concurso de acreedores, en julio de 2011, no se llevó a cabo la amortización anticipada del fondo dado que en el año 2012 la entidad pública Instituto de Finanzas de Cantabria se posicionó como cesionaria y bonista del fondo, por lo que el sector público autonómico ha pasado a reunir las posiciones deudora y acreedora del citado fondo asumiendo el riesgo último de impago del club. Por tanto, como balance global de estas operaciones al término del periodo fiscalizado, puede señalarse que por un lado se habían entregado subvenciones al Racing de Santander por importe de 8 millones de euros y que por otro lado el valor actualizado del Fondo de titulación ascendía a 11,4 millones de euros.

Por otra parte, en marzo de 2004 el Gobierno de Cantabria había llegado a un acuerdo con un grupo empresarial privado para la instalación de una fábrica de paneles de fibroyeso. Como resultado del mismo se constituyó una sociedad con un capital social de 33,8 millones de euros, el 70% suscrito y desembolsado por una sociedad privada, y el 30% por la empresa pública Sociedad para el desarrollo regional de Cantabria, S.A. Hasta la compra en 2012 de los activos de la sociedad por una sociedad mercantil extranjera el total de recursos públicos destinados a esta empresa era de al menos 34 millones de euros sin que se hubiesen conseguido los fines perseguidos con la inversión.

Por lo que se refiere a la contratación administrativa, determinados contratos derivaron de encomiendas de gestión efectuadas por el Gobierno de Cantabria a empresas públicas, todas ella definidas como medios propios, según la Ley de Contratos del sector público. El objeto de las encomiendas era la ejecución de obras públicas, la gestión de servicios públicos o la prestación de servicios necesarios para el funcionamiento del órgano encomendante y en todas ellas la actividad de las referidas empresas instrumentales se limitó a la contratación con terceros de la ejecución material de los encargos, desvirtuándose la finalidad de las encomiendas. En tres contratos no estaba adecuadamente justificada la utilización del procedimiento negociado en la adjudicación, dado que esta figura, por su carácter excepcional y limitativo de la concurrencia, debe reservarse para los supuestos taxativamente establecidos en la ley, que además deben interpretarse con carácter restrictivo. En los contratos de obras analizados se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución, que fueron especialmente relevantes en algunos contratos por haberse adjudicado a licitadores que ofrecían reducciones del plazo de ejecución. Algunas de las modificaciones no estaban justificadas y en un caso supuso una alteración esencial del contrato, por lo que debió dar lugar a su resolución y a una nueva adjudicación.

Respecto a las inversiones financiadas con cargo a los Fondos de compensación interterritorial, la comunidad no contabilizaba de forma separada la ejecución de cada proyecto financiado, por lo que no resultaba posible obtener su grado de ejecución presupuestaria ni el grado de avance de los proyectos.

Por último, en el apartado de recomendaciones se reiteran las incluidas en informes anteriores, puesto que no se habían corregido muchas de las deficiencias e irregularidades reflejadas en los mismos, salvo las relativas al inventario. En especial se formulan recomendaciones relativas a la mejora de los procedimientos de contratación administrativa, como el establecimiento de criterios de adjudicación objetivos y precisos y evitar demoras no justificadas en la ejecución. Entre las nuevas recomendaciones figura la posibilidad de declarar no disponibles las transferencias destinadas a la Universidad de Cantabria por disponer esta última de suficientes disponibilidades líquidas, así como la necesidad de emplear adecuadamente la encomienda de gestión, incluyendo su motivación y su correcta justificación.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Si me permiten una pequeña broma de entrada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que estamos hablando de Cantabria, yo también quisiera invitarles a visitar mi pueblo, que no es de Cantabria, es de Girona, de la Costa Brava, en la que podrán degustar unas anchoas como mínimo tan buenas como las cántabras. (Risas).

Entro ya en el informe del Tribunal de Cuentas. Simplemente quiero manifestar nuestra conformidad y apoyo con el mismo, tanto en lo que se refiere a sus conclusiones como a sus recomendaciones.

El señor PRESIDENTE: Estaremos dispuestos a degustar las anchoas con usted, no se preocupe.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas y, como el resto de mis compañeros, hacer una invitación pública a mi pueblo y a la comarca de Cistierna, en los Picos de Europa, en la montaña de León, donde podrán degustar uno de los mejores embutidos que hay en este país; quedan todos invitados.


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Al hilo del punto del orden del día, el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, relativo a los ejercicios 2008 y 2009, quisiera hacer diferentes observaciones, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con las cosas que se han hecho bien, que nosotros consideramos que han sido la mayoría, así como argumentar aquellos puntos que se reflejan como no tan positivos en este extenso informe realizado por el Tribunal de Cuentas.

En lo que se refiere a la inexistencia de limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados, es verdad que existen algunas deficiencias detectadas en informes de ejercicios anteriores, aunque no son suficientemente relevantes como para limitar el alcance de los trabajos desarrollados y condicionar la opinión que se vierte del informe.

En lo que se refiere a las cuentas rendidas, con una opinión favorable pero con salvedades, han sido rendidas en plazo y presentan una estructura y un contenido conformes con las disposiciones aplicables. En lo que se refiere al saldo presupuestario de los dos ejercicios, es un saldo positivo, incluyendo un saldo negativo en 2008 de 1,6 millones de euros y un saldo positivo en 2009 por 163 millones de euros. También hay que destacar la mejora progresiva en materia contractual, aunque se resaltan algunas deficiencias no especialmente relevantes que son prácticamente de índole genérica en lo que se refiere a la insuficiente justificación del recurso de procedimiento negociado en la adjudicación de los contratos y de las demoras.

Con respecto a otros puntos no tan positivos, en lo que respecta a las liquidaciones excesivas de los recursos del sistema de financiación de la comunidad autónoma, ambos ejercicios han reflejado elevados saldos a favor de la Administración General del Estado, 125 millones en 2008 y 364 millones en 2009, por sobrevaloración de las estimaciones de ingresos por parte de la propia Administración General del Estado, teniendo en cuenta que estos saldos deberán de ser reintegrados en ejercicios futuros, circunstancia y hecho que, como todos sabemos, está ocurriendo prácticamente en la totalidad de las comunidades autónomas. Es el resultado del sistema de financiación autonómica y de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Todas ellas tuvieron en los años analizados entregas a cuenta superiores a la liquidación que se realiza dos años después. Hay que tener en cuenta que en esos momentos, en otoño de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, y durante el ejercicio 2009, que es donde se inicia la crisis económica, el resultado fue una caída brusca de los ingresos públicos tanto del Estado como de las comunidades. Tanto en años anteriores como posteriores las liquidaciones fueron positivas para las comunidades autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó un plazo para su devolución, que inicialmente, como todos sabemos, era de cinco años y posteriormente se elevó a diez años.

En lo que se refiere a la existencia de numerosas deficiencias de índole contable y de control interno, independientemente de que estas circunstancias y estos hechos puedan ser de otra manera, sí es necesario destacar que el equipo de Gobierno en estos años fue el primero que instauró en Cantabria el control interno, que hasta entonces era inexistente en la comunidad, le dotó de medios humanos y técnicos y aprueba y ejecuta cada año el plan de auditorías; plan que, en función de la mayor capacidad de control, se realiza con objetivos más ambiciosos cada año. Hasta entonces la comunidad no tenía ni control interno ni control financiero ni plan de auditoría anual.

Con respecto a la utilización insuficiente de la cuenta de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, hay que decir que precisamente es este Gobierno el primero que la utiliza en el ejercicio 2009 en la historia de la comunidad, tal como refleja muy bien el Tribunal de Cuentas en el informe.

En lo que se refiere al incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y como he indicado anteriormente, en ambos años, en los ejercicios 2008 y 2009, hubo una caída importante tanto de los ingresos derivados del sistema de financiación como de los ingresos obtenidos en la propia comunidad. En ambos años se utilizó la regla de oro, que permitía un déficit adicional del 0,25% del PIB, siempre que fuera destinado a inversiones. No consta que la Intervención General del Estado estableciera el incumplimiento del objetivo del déficit para el ejercicio 2008. En el año 2009 parte del incumplimiento se debe precisamente al afloramiento en la cuenta de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar de las cantidades reflejadas en el informe y que se hizo con el acuerdo de la Intervención General del Estado.

En otro aspecto, como incremento significativo del número de empresas y entidades del sector público empresarial, en el anexo II del mismo informe aparece también reflejada la relación de las empresas públicas. Hemos de decir que estas empresas estaban auditadas por la Intervención y han permitido realizar un impresionante proceso de modernización de la economía de Cantabria, como es el caso del parque científico y tecnológico, así como un importante desarrollo del Estado de bienestar a través de Empredinser que permitió a Cantabria encabezar la aplicación de la Ley de Dependencia, o en aquellos aspectos relativos a la seguridad a través de los parques de emergencia. La mayoría de las empresas


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eran instrumentales y permitieron un importante esfuerzo inversor sin tener que ser soportado por el presupuesto, especialmente en sanidad y educación. Como podemos ver en el anexo III, aparecen más datos. Los resultados conjuntos de las empresas públicas fueron claramente mejores que los que había en 2003, a pesar de que entonces la facturación de las mismas era claramente inferior. Es decir, se ha gestionado más, se han realizado importantes inversiones en capital público y se ha gestionado mejor, y todo ello controlado por la Intervención General.

En lo que se refiere al recurso no suficientemente justificado, a la figura de la encomienda de la gestión, yo creo que nos debemos de remitir a las alegaciones que en su momento se presentaron por la comunidad en las que se dice que debe de hacerse precisión de distinguir las encomiendas administrativas que se regulan en el artículo 47 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, del régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de las encomiendas de gestión que están reguladas por el artículo 24.6 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Nosotros entendemos con ello que la realización de las encomiendas de gestión llevadas a cabo en esta comunidad por distintas empresas mercantiles han sido perfectamente ajustadas a derecho. En este aspecto también cabe resaltar que tampoco hemos encontrado en la prensa regional ningún aspecto crítico con respecto a las encomiendas de gestión y se nos hace difícil entender que un aspecto tan técnico pueda concitar el interés de un medio de comunicación, salvo si es inducido por un tercero. En lo que se refiere al grado de implantación de recomendaciones de informes anteriores, entendemos que todas y cada una de las comunidades autónomas deben tener en cuenta estas recomendaciones y llevarlas a cabo en los diferentes ejercicios fiscales.

Como finalización de esta intervención, tan solo quiero hacerle un ruego al señor presidente del Tribunal de Cuentas en lo referido a la existencia de indicios de responsabilidad contable. En una lectura rápida de este extenso y amplio informe de fiscalización de estos dos ejercicios la verdad es que no hemos sido capaces de encontrar ni en las conclusiones ni en las recomendaciones ningún supuesto de responsabilidad penal, por lo que le ruego al presidente que, si lo tiene a bien, nos haga una aclaración a este respecto.

El señor PRESIDENTE: Para intervenir sobre el informe en cuestión, tiene la palabra el señor Piñeiro.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Doy las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas y a todo su equipo, especialmente por el esfuerzo que esta Comisión mixta está comprobando en la aceleración de los trabajos en este último año. Es de justicia agradecerlo.

Voy a contestar muy brevemente a las intervenciones de los portavoces; en primer lugar, al señor Bruguera y en plan de broma, como él lo ha planteado. Estoy encantado de aceptar su invitación. Cualquiera que pruebe las anchoas de Cantabria y sus anchoas decidirá cuáles son las mejores, sin lugar a dudas, pero se acepta esa invitación porque es de cortesía. Le devolveremos la invitación, pero, eso sí, lo que le prometo es que voy a pagarlas yo de mi bolsillo. Lo que no voy a hacer es lo que ha hecho entre los años 2007 y 2010 el Gobierno de Cantabria que, según las facturas que he tenido ocasión de ver, solo en esos tres años se gastó más de 300.000 euros en latas de anchoas. Dineros públicos. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-El señor Sen Vélez: Publicidad barata). Por lo tanto, esa es la gran diferencia.

Una vez hecha esta broma, quiero decir al señor Sen, del Partido Socialista, que entiendo su labor, entiendo lo que tiene que hacer, y más lo entiendo cuando el Partido Socialista hizo presidente al señor Revilla en el año 2003 teniendo tan solo ocho diputados en todo el Parlamento de Cantabria y, por lo tanto, lo tiene que defender. Pero para rebatir aspectos como las sociedades públicas, con su crecimiento en presupuestos y en número de personal, o para rebatir aspectos como las encomiendas de gestión, no utilice usted el problema de Lehman Brothers en Cantabria porque creo que el sistema de contratación no tiene nada que ver con eso.

Dicho esto -y no quiero entrar en más debate-, voy a comentar el informe de los años 2008 y 2009 bajo la Presidencia de don Miguel Ángel Revilla. Nadie puede dudar de que, de los distintos informes que este tribunal nos presenta, surgen cuestiones que fortalecen, facilitan y coadyuvan al control político que, en definitiva, es una de las misiones que tiene esta Comisión mixta. Quiero remarcar que mi intervención de hoy es fruto del estudio detallado de los cerca de trescientos folios del informe, que seguro que sus señorías también han leído en su totalidad. Por lo tanto, será absolutamente objetivo. Y, dentro de esa objetividad, entiendo que otras de nuestras funciones es la defensa de nuestras instituciones cuando


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alguien trata de desprestigiarlas sin motivo con mentiras y falsedades. Es obvio que Cantabria no tiene órgano de control externo y por ello corresponde a este tribunal la fiscalización de las cuentas de la comunidad autónoma.

Pero antes de entrar en el fondo, quisiera aclarar una cuestión con carácter previo, señor presidente. El señor Revilla, presidente de Cantabria en estos años que estamos debatiendo, ha afirmado hace diez días en distintas televisiones de cobertura nacional que él no ha tenido conocimiento de los trabajos realizados por el tribunal. A mí no me cabe duda de que el tribunal ha cumplido el artículo 44 de la Ley 5 de abril de 1988 y entregó al actual Gobierno, así como al señor Revilla, el resultado de las actuaciones practicadas para que pudieran formular alegaciones y presentar cualquier documento que considerasen pertinente. Por ello, mi primera pregunta es: ¿es cierto que el tribunal dio la oportunidad de presentación de alegaciones al señor Revilla e incluso, según mis informaciones, el señor Revilla presentó y firmó el 22 de abril, es decir, dos meses antes de que dijera que no lo había recibido? Creo que es bueno aclarar eso, entre otras cosas, por el prestigio de las instituciones.

Entrando en el estudio del informe, sería muy difícil en tan corto espacio de tiempo resumir esos casi trescientos folios; pero si hay algo destacable en este informe es que no se ha corregido ninguna de las irregularidades de años previos y se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de este tribunal. Así, en el informe de los años 2004 y 2005 se decía que no se había adoptado ninguna medida para el cumplimiento de las recomendaciones del año 2003, pero en el informe de 2006 y de 2007 se decía exactamente lo mismo. Cuando se hace caso omiso durante varias legislaturas a las recomendaciones de este tribunal, es normal que nos encontremos con la falta de rigor en la Administración de los recursos públicos que nos indican este e informes previos. Si hay algo destacable, desde mi punto de vista, es el incremento de las sociedades públicas, lo que no es culpa de Lehman Brothers. En los años de Gobierno del señor Revilla se incrementaron de diecisiete a treinta y nueve las sociedades públicas, doblándose el número de empleados de las mismas, y esto sin contar las fundaciones y distintos entes públicos. En las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, tal como viene recogido en el anexo I.2, guión 2, se comprueba que en 2008 tienen unas pérdidas de 14 millones de euros -remarco: 2008, ya época preocupante en la economía-, pero tan solo un año después, en 2009, esas pérdidas tienen un incremento de más del 200%, pasando a más de 43 millones de euros de pérdidas. Ya les adelanto, señorías, que cuando se vea en esta Comisión el informe de los años 2010 y 2011 seguirán creciendo esas pérdidas en más del 50%.

La fórmula era muy sencilla: transferencia de los presupuestos de la comunidad autónoma a las sociedades mercantiles, que en estos dos años sobrepasaron los 200 millones de euros. Asimismo, y según el anexo C, el saldo de endeudamiento del sector público empresarial en 2009 llega a 175 millones de euros; incluso algunas de las sociedades estaban en causas de disolución y en varias de ellas existen informes realizados por auditores externos con salvedades y distintas observaciones.

El tiempo no me permite entrar en detalle en todas ellas, pero no quiero dejar de mencionar un análisis particular, aunque sea muy escueto, del Real Racing Club de Santander. El Gobierno compra la marca y derechos del Racing con un inmovilizado intangible de 17 millones de euros. Simultáneamente cede al propio Racing esos derechos por los que el club de fútbol tendría que pagar 2 millones de euros anuales durante diez años, es decir, 20 millones de euros. Y como el Racing no podía pagar, no tenía fondos propios, el Gobierno simultáneamente le otorga una subvención de 2 millones de euros anuales, es decir 22 millones durante esos once años, llegándose a la paradoja actual de que el Racing no puede recibir subvención puesto que no está al corriente de pago con las administraciones públicas. Pero en esta maraña en la que intervienen al menos tres o cuatro sociedades públicas del Gobierno regional de Cantabria -ya adelanto que algunos de esos asuntos están en estos momentos en manos de la Fiscalía de Cantabria-, la sociedad Cantur vende sus acciones a una sociedad llamada Dunviro y firma un calendario de pagos de 7 millones de euros en cuatro años. Esa sociedad nunca paga y la sociedad pública Cantur en ningún momento hace nada por cobrar. Asimismo, esta sociedad privada, Dunviro, vende las acciones a una persona que nos vendieron en Cantabria como rico y sabio, un ciudadano de Bahrein denominado mister Alí -y estoy seguro de que el Tribunal de Cuentas podrá comprobar este asunto, especialmente en los años 2010 y 2011- y que, según distintas informaciones, está siendo buscado por la Interpol. El Gobierno acepta esa deuda de 7,7 millones de euros y, para autorizar la venta al señor Alí, acepta una quita de 1.200.000 euros, asimismo, cancela las garantías para poder recuperar el Racing. Creo que es un asunto, señorías, que deberá quedar perfectamente aclarado no solamente en los tribunales de Cantabria, insisto, sino también a través de lo que vamos a comprobar en los años 2010 y 2011.


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Desde luego no es este el foro para hablar de aspectos deportivos, pero cuando comenzaron estas operaciones el Racing jugaba en Primera División y en la próxima temporada todo indica que, de jugar o de poder seguir jugando al fútbol, lo hará en Segunda B. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que el argumento esencial que utilizó el Gobierno del señor Revilla para poder llevar a cabo toda esta ingeniería financiera era la promoción exterior de la imagen de Cantabria. Por eso se hicieron esas operaciones a través de sociedades públicas, y en estos momentos la imagen de Cantabria a través del señor Alí ya se sabe cuál es.

Otro de los asuntos que destaca en este informe es la operación GFB. El Gobierno, a través de una empresa pública, llega a un acuerdo para la instalación de una fábrica de paneles de yeso. Entre participación de capital, avales no recuperados, préstamos participativos, expropiación de terrenos, obras de adecuación, etcétera, el Gobierno del señor Revilla, apoyado por el Partido Socialista, se gasto algo más de 45 millones de euros. Y ¿para qué? La empresa nunca llegó a funcionar, se declaró en concurso de acreedores y no se pudo ni inaugurar. Afortunadamente, con el nuevo Gobierno se ha formalizado la compra de los activos de GFB por una sociedad mercantil extranjera a través de un procedimiento también judicial y una subasta. Pero debo decir que ni tan siquiera con lo que ha pagado esa empresa se ha podido liquidar a los acreedores. Por lo tanto, el Gobierno, como mínimo, va a perder 45 millones de euros irrecuperables por esta fábrica. Para su información también, varias personas que intervinieron en esta operación en estos momentos se encuentran imputadas por un juzgado de Cantabria.

En el programa de inversiones, Cantabria superó el déficit permitido para inversión en programas destinados a actuaciones productivas. El señor Sen creo que no tenía una información completa, puesto que el Gobierno del señor Revilla aseguró que iba a financiar estas inversiones con un ahorro de 48,6%, cuando en realidad en el año 2009 el ahorro bruto fue negativo. Se dice que va a poder hacer esas inversiones productivas porque va a tener un ahorro de un 48,6% y luego el resultado es negativo.

Pero la palma de este informe se la lleva la contratación pública. Un buen número de contratos derivan en encomiendas de gestión a empresas públicas. ¿Para qué? Muy sencillo. Hay que dejar claro un asunto, desde mi punta de vista. Las encomiendas de gestión tienen vedadas la contratación de obras y servicios y las propias empresas mercantiles no pueden utilizar para obras y servicios sus contrataciones puesto que es un instrumento el que tienen las sociedades con un régimen jurídico mucho menos riguroso que las propias administraciones. Hay incluso encomiendas de gestión a sociedades públicas que carecían de medios materiales y técnicos, cuando la encomienda de gestión precisamente tiene esa función. Pero es fácilmente explicable por qué se utilizaban estas sociedades y estas encomiendas de gestión. Hace diez días, en una de esas televisiones en las que el señor Revilla nos dice cómo se debe gestionar -por desgracia, estamos viendo que aquí ocurre lo contrario-, decía textualmente: Lo de inflar empresas públicas era legal y se hacía con el ánimo de canalizar unas inversiones sin que te contara en el endeudamiento. Eso explica por qué a nivel nacional se incrementaba tanto el número de las empresas públicas y encomiendas de gestión. Así, hemos podido ver que con esas ingenierías financieras, esas sociedades utilizan algo denominado como financiación estructurada que supone un compromiso tremendo para los siguientes gobiernos, como hemos podido comprobar. Un ejemplo en una encomienda de gestión. Nadie duda de que las encomiendas de gestión sean legales, nadie, pero no para hacer esas obras y servicios y siempre que la propia Administración tenga las posibilidades materiales y humanas. Se encarga una encomienda de gestión por un periodo de seis meses a una sociedad pública, Mare, a su vez, esa sociedad pública subcontrata los trabajos con una empresa adjudicataria, pero no por los seis meses de la encomienda, sino que hace un contrato por ocho años prorrogables a diez. Es decir, el Gobierno hace una encomienda a una sociedad pública y la sociedad pública subcontrata no por seis meses, sino por ocho prorrogables a diez, comprometiendo, como no es difícil entender, a la propia consejería durante los diez años. Para darles un detalle de ese contrato, si se suspendiera por alguna razón el contrato con esa empresa privada, la empresa pública deberá absorber a todo el personal.

Se ha detectado también el abuso de procedimientos negociados sin promoción, sin concurrencia. Se han detectado casos incluso, y lo dice el propio informe, en los que se preparaban los contratos antes de las propias encomiendas. Ese abuso, que solo se debe hacer cuando el propio Gobierno no disponga de medios idóneos para su desempeño, ha vulnerado los límites legales, concretamente el artículo 15.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Resalta el tribunal, por ejemplo, que para determinar el periodo de duración de ese contrato se utiliza la, por decirlo de alguna manera, débil expresión de hasta el máximo legal.

El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, debe ir concluyendo.


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El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Expresión -estarán conmigo- que es, cuando menos, sorprendente. Y acabo, señor presidente.

También se licitan y se publicitan distintos concursos con gastos previos a una sola anualidad, cuando el contrato es por ocho años. Pero voy a hablar, señor presidente -y acabo en dos minutos-, de un hecho destacable. Uno de los contratos del Hospital Valdecilla en 2008, por un importe de más de 7 millones de euros, fue adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad. Otro detalle: cuando el nuevo Gobierno tomó posesión se encontró solamente en el Servicio Cántabro de Salud -por cierto, que tampoco han hecho en las recomendaciones desde el año 2003 para que se hagan las cuentas separadas del Servicio Cántabro de Salud- con 83.000 facturas por un importe de 261 millones de euros. Debo decirles que este Gobierno también las ha regularizado ya a día de hoy.

En definitiva, en los Gobiernos del señor Revilla se aumentaron en un 130% las empresas públicas y el personal en un 50%. Ya les adelanto, y se podrá comprobar en los próximos informes, que el actual Gobierno ha reducido el número de estas sociedades de 45 a 22 y las pérdidas de 64 millones de euros se han reducido en tan solo un año a poco más de 10 millones. No me da tiempo a hablar de aspectos destacables como la estabilidad presupuestaria, pero veremos sus incumplimientos.

Como conclusión, señorías, señor presidente, no solo no se hizo caso de las recomendaciones hechas en los informes de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, sino que se han incrementado, como hemos podido comprobar, las deficiencias e irregularidades. Para finalizar, quiero destacar que desde el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cantabria, grupo al que he pertenecido durante cinco legislaturas, siempre se ha confiado en el Tribunal de Cuentas de España. Nunca se decidió tener un órgano de control externo en la comunidad, como he dicho anteriormente. Tenemos confianza absoluta en el Tribunal de Cuentas. Por ello, me gustaría leer unas declaraciones en esta Comisión mixta de pasados informes del anterior presidente del Tribunal de Cuentas, y leo textualmente: De los supuestos de responsabilidad contable que había en el informe de 2005 y que también se repiten en 2006 y en 2007, de acuerdo con lo previsto en la normativa del Tribunal de Cuentas y sometido el informe al fiscal y a los servicios jurídicos del Estado, el ministerio fiscal apreció diferentes supuestos de responsabilidad contable, todos ellos relacionados con la actividad contractual...

El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, ha superado usted el tiempo.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Acabo, señor presidente. Y pidió la remisión a la sección de enjuiciamiento del tribunal. También, decía, se solicita testimonio de varios hechos en los que se aprecia por este tribunal que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal. Fin de la cita. Insisto: 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Mi pregunta es -y acabo, ahora sí, señor presidente- ¿considera el tribunal que de este informe se pueden deducir también responsabilidades contables e incluso penales?, habiendo entendido perfectamente la información que en el debate previo -creo que sobre Aragón- nos ha dado sobre el asunto previo a la fiscalía. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente para responder a sus señorías.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En relación con lo manifestado por el señor Sen, quiero referirme exclusivamente al apartado correspondiente a las encomiendas de gestión. En el informe del tribunal lo que se pone fundamentalmente de manifiesto sobre las encomiendas de gestión es que no es razonable que se hayan utilizado exclusivamente para limitarse a la contratación con terceros para la ejecución material de los encargos, es decir, ese es un procedimiento que en el ámbito del tribunal se entiende que desvirtúa la finalidad de la encomienda, y en ese sentido se incorpora dentro de las irregularidades que el tribunal ha detectado. Usted pregunta si ha habido responsabilidad contable y, por otra parte, también el señor Piñeiro pregunta qué responsabilidades pueden existir respecto de este informe. Yo les puedo informar de que no constan en la sección de enjuiciamiento antecedentes derivados del informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009, en el ámbito de la responsabilidad contable, si bien es cierto que el ministerio fiscal ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad penal por deficiencias en la adjudicación de determinados contratos y, por tanto, se ha remitido el correspondiente testimonio a los efectos que el fiscal formuló. En relación con las manifestaciones del señor Piñeiro, he de indicarle que, según consta en el informe que ustedes tienen, en el apartado de alegaciones -precisamente creo que es la última de las alegaciones formuladas, que tiene su entrada el día 19 abril 2013-, quien fue ex presidente del Gobierno de Cantabria formuló alegaciones y las firmó en su nombre.


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Por tanto, se cumplió con el artículo 44 de la ley, como por otra parte el tribunal siempre hace en la medida en que la realización de sus trabajos tienen como un requisito inexcusable que cualquier persona que haya visto su gestión puesta en cuestión o sobre la que se le hayan formulado observaciones por parte del tribunal, si es responsable del sector público fiscalizado o lo fue en ejercicios anteriores, tiene la capacidad de formular las alegaciones que estime oportunas.

De todo lo puesto de manifiesto en el debate que aquí se ha producido me interesa destacar que en el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como hechos posteriores que deban ser puestos de manifiesto, en el año 2010 se produjo una desviación entre el objetivo de déficit y el déficit real del 0,47% pero en el ejercicio 2011 -y quizás esto es lo más significativo- la diferencia fue del 2,74%, es decir, que se acabó el ejercicio de 2011 con un déficit real del 4,04%, que estaba muy lejano del 1,3% de déficit previsto. Es evidentemente una situación que debe corregirse y debe hacerse indudablemente porque las cuestiones relativas al déficit y el endeudamiento de cada una de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado tienen una influencia decisiva en cuentas públicas de nuestro país. (El señor Sen Vélez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Voy a hacer una apreciación al señor Piñeiro con todos mis respetos y voy a procurar ser breve.

En relación con las declaraciones que ha hecho sobre lo indicado por el anterior presidente de Cantabria, está equivocado porque es verdad que el expresidente de Cantabria ha hecho estas apreciaciones recientemente -por lo menos son las noticias que yo tengo- en relación con un artículo que apareció en el ABC que se refería a la deuda sanitaria, no en relación con este informe de fiscalización de los ejercicios 2008 y 2009. En cuanto a lo que ha comentado con respecto a las latas de anchoa, que todos somos conscientes de que son exquisitas, yo me comprometo también cuando vaya a mi tierra a pagar de mi bolsillo el embutido que disfrutemos. Usted con las anchoas y yo con el embutido. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Qué nivel, Maribel!). También quiero decirle que, independientemente de que uno pueda estar a favor y otro en contra, ojalá todas las comunidades autónomas puedan tener un producto como el que tiene Cantabria en lo que se refiere a las anchoas y puedan llegar a la mente de los ciudadanos con 300.000 euros desde el año 2007 o 2010. Yo le puedo asegurar que en la provincia de la que provengo, León, que es una provincia preciosa, esta cantidad se ha podido multiplicar ni se sabe por cuánto, y los ciudadanos no tienen el recuerdo que tienen con lo de Cantabria. En cuanto a lo que ha comentado sobre el Racing de Santander, creo que usted conoce por sus compañeros de partido que hay otras comunidades que también se encuentran en esta misma situación.

El señor PRESIDENTE: Señor Sen, no estamos en un debate político.

Tiene la palabra el señor Piñeiro brevemente y para referirse a la intervención del señor presidente.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Para contestar al señor Sen, nada más.

Mire usted, la anchoas no las inventó él. Yo no quiero estar hablando en la Comisión del Tribunal de Cuentas de las anchoas. Creo que esto es bastante más serio, nadie discute que las anchoas son un buen producto, pero estar aquí, en la Comisión del Tribunal de Cuentas, hablando de temas, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, que están siendo investigados por la fiscalía y ponerme a hablar aquí de que me invita -y se lo agradezco- a embutidos o a lo que sea, no me parece correcto. (El señor Sen Vélez: Es lo que ha hecho usted). Lo hablamos fuera, entre otras cosas para que no nos llamen comedores. Es que estamos en una cosa muy seria. Se lo digo también con todo el respeto.

El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, debe acabar.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Acabo diciendo una cosa.

El señor PRESIDENTE: Pero al señor presidente.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Sí, al señor presidente también se lo digo. Agradezco que de una vez por todas, desde 2003, en informes tan exhaustivos como los que se han presentado, se reconozca la gestión especialmente en estos últimos años. Y ya les avanzo que en 2010 y 2011 -y nos ha dado un adelanto el señor presidente de que el déficit en un año electoral subió hasta el 4,1% del producto interior bruto- lo que veremos les va a sonrojar a ustedes todavía más, a pesar de que no puedan reconocerlo públicamente.


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El señor PRESIDENTE: Quiero dar las gracias al presidente del tribunal por sus explicaciones. Le emplazo para el día de mañana, cuando tendremos una tarde intensa.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

Habrá que cuidarse la analítica con tanto producto. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Vamos a despedir al presidente y seguimos con la sesión.

DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE:

- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES Y LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS TRANVÍAS CONSTRUIDOS EN DIVERSAS CIUDADES ESPAÑOLAS, EN PARTICULAR LOS DE PARLA, ZARAGOZA, JAÉN Y VÉLEZ-MÁLAGA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 253/000003 y número de expediente del Senado 772/000003).

El señor PRESIDENTE: Señorías, para ordenar mejor el debate y las votaciones, vamos a modificar el orden del día. Continuamos por los puntos 17 a 21, que tienen pequeñas intervenciones por parte de los grupos, para proceder al final de estos debates a todas las votaciones de manera conjunta y no tengamos que votar dos veces. No creo que haya ningún inconveniente, aunque faltan algunas de las personas que tienen que defender la propuesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Como está el señor Pezzi, empezamos por la número 18 y así continuamos el debate: Punto 18º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones y los gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en diversas ciudades españolas, en particular los de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga. Para defender la solicitud, tiene la palabra el señor Araújo.

El señor ARAÚJO GIL: Señorías, nuestro grupo parlamentario ha solicitado el informe de fiscalización de las inversiones públicas realizadas en estas ciudades españolas a las que nos estamos refiriendo, que son, repito, Jaén, Parla, Vélez-Málaga y Zaragoza. La realidad es muy sencilla. Ya se ha comentado antes que los datos son tozudos, por lo que con gran dificultad tenemos que explicarles a los ciudadanos que después de haber invertido 120 millones de euros en la ciudad de Jaén, su tranvía, ese servicio público, no se haya puesto en marcha. Además, hay que visualizar que difícilmente se pondrá en marcha, ya que el ayuntamiento a duras penas puede pagar los gastos mensuales de funcionamiento del propio ayuntamiento y de sus funcionarios, y tendría que asumir unos gastos de explotación de ese servicio de aproximadamente 5 millones de euros. Más cerquita de la comunidad donde estamos ahora, Parla se encuentra en una situación muy similar. Aquí se han invertido 253 millones de los 93 millones inicialmente previstos. Por lo tanto, es una inversión muy importante. Y también se habla de lo mismo: dificultades tremendas por parte del ayuntamiento para poner en marcha esta instalación, para darle continuidad. Si hablamos de Vélez-Málaga, tengo que decir que después de cinco años y de haber realizado una inversión de 40 millones de euros, el tranvía está cerrado, no hay servicio. Evidentemente, la falta de usuarios, que fue decreciendo año tras año, y el coste de ese servicio han hecho inviable su rentabilidad económica y social. En la ciudad de Zaragoza se estima una inversión de 400 millones de euros en el tranvía; se tiene muy poca información por parte de la sociedad que gestiona este medio y sin embargo ha habido una inversión pública de unos 197 millones de euros. No se tiene, insisto, información detallada y pública sobre el coste real, y tampoco se tiene información sobre lo que cuesta explotar dicha línea, el coste económico y social que tiene y que puede tener para los ciudadanos de Zaragoza.

Señorías, simplemente se pide un ejercicio de transparencia y que se solicite informe al Tribunal de Cuentas para que nos pueda explicar, y sobre todo les podamos explicar a los ciudadanos, la responsabilidad que hemos tenido -que se ha tenido- en estas inversiones tan alegres por parte del Grupo Parlamentario Socialista y que se nos explique qué nos va a costar en el futuro mantener ese servicio.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir en esta cuestión? (Pausa). El señor Pezzi, por el Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista nos apuntamos a todo lo que sea transparencia. Es importante que si hay una gestión que deba ser recriminada políticamente, lo sea. Si hay una gestión que debe ser recriminada financieramente o que entrañe algún tipo de corruptela o de corrupción, debe ser puesta en evidencia, sea por los tribunales o por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta cuestión tiene que quedar perfectamente diáfana: todo lo que signifique que nuestro país aparezca con limpieza en la gestión pública se tiene que incorporar de forma natural.

Estamos por la transparencia, pero aquí nos traen una propuesta en la que, casualmente, los trenes ligeros, los metros ligeros que se incorporan -los de Jaén, Parla, Vélez-Málaga y Zaragoza- son de gestión, creo recordar, socialista. Lo mismo ha habido un pequeño lapsus por parte del Grupo Parlamentario Popular, que quiere tanta transparencia que quiere empezar por el grupo de la oposición. Pero quizás sería bueno incorporar algunos otros elementos que son clave y que darían credibilidad y no sectarismo a su propuesta. Yo le propongo in voce que incorporemos el metro ligero Oeste de Madrid y el metro tranvía de Murcia. Como usted sabe, el metro ligero Oeste de Madrid busca clientes; la Comunidad de Madrid paga un canon de 15 millones de viajeros a la concesionaria del servicio en Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Solo tuvo siete millones de viajeros en 2012 -usted lo sabe-, por lo que las dos líneas de metro que conectan Aravaca con Pozuelo y Boadilla del Monte registraron unas pérdidas extraordinarias, de tal manera que el metro ligero, que usted sabe que lo hicieron Jesús Sepúlveda, Antonio González Panero y María Dolores de Cospedal, fue una equivocación estruendosa porque se preveía un volumen de viajeros trasladados que no hubo. Por ello, la Comunidad de Madrid tiene que estar pagando una factura de quince millones de viajes -ocho más de los que se habían realizado- a tocateja. Es decir, la empresa había previsto que se iba a viajar tanto, pero como no se ha viajado tanto, hay que aplicar el convenio. Y eso son cientos de millones de euros, a 5,22 euros por trayecto, que no se han realizado. Por tanto, se pagan ocho millones de trayectos fantasmas. ¡Ocho millones de trayectos fantasmas a 5,22 euros por trayecto! El cálculo que se ha hecho es que con este convenio, hasta el 2035 la comunidad tendría que abonar a la concesionaria 3.000 millones de euros.

Usted es un hombre sensato, un hombre inteligente, un hombre astuto y comprenderá que una transaccional como esta in voce debe ser incorporada inmediatamente, porque sería absurdo que usted trajera Jaén, Parla, Vélez-Málaga y Zaragoza y se le hubiera olvidado la joya de la corona, el metro ligero Oeste de Madrid, tanto éste como el de Murcia, en el que no me voy a extender porque creo que ya está suficientemente razonado. Me gustaría que a la relación casual que usted hace de Jaén, Parla, Vélez-Málaga y Zaragoza -usted mismo dice que son cuatro pero que podrían ser más- quede constancia en el "Diario de Sesiones" que queremos que se incorpore el metro ligero Oeste. Nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular asumiera como una transaccional incluir el metro ligero y el tranvía de Murcia y, si no lo hace así, tendremos que traer otra iniciativa. Creo que es absurdo que tengamos que esperar a otra reunión de la Comisión para incorporar el metro ligero Oeste y que por las personas que lo llevan adelante -Jesús Sepúlveda, Antonio González Panero y María Dolores de Cospedal- y por la pérdida que supone a la comunidad autónoma -¡horrorosa en dinero, horrorosa!-, pueda ser investigado suficientemente por el Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE: Señor Araújo, ¿acepta la transaccional?

El señor ARAÚJO GIL: No.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues se votará en su literalidad.

- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS POR FEVE EN LOS AÑOS 2005 A 2012 PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS LÍNEAS SITUADAS EN LEÓN Y ASTURIAS Y PARA ADQUISICIÓN DE TRENES U OTROS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON DESTINO A DICHAS LÍNEAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 253/000004 y número de expediente del Senado 772/000004).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 19º del orden del día: Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones de las líneas situadas en León y Asturias y para adquisición de trenes u otros vehículos


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de transporte con destino a dichas líneas. A esta solicitud se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para defender la solicitud, tiene la palabra el señor Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Nuestro grupo parlamentario ha solicitado la realización de un informe de fiscalización de las inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones de las líneas situadas en León y Asturias y para adquisición de trenes u otros vehículos de transporte con destino a dichas líneas. Vamos a ponernos en antecedentes. A finales de 2012 la empresa pública FEVE ingresaba 45 millones de euros y gastaba unos 194 millones de euros al año. Por otro lado, el índice de ocupación de sus trenes era de un 20% y en algunas de sus líneas competía con Renfe. Se trata también de un operador que gestiona servicios turísticos deficitarios y cada uno de nosotros, cada español para pagar el mantenimiento de esos servicios que ofrece FEVE tendríamos que poner 70 euros de nuestro bolsillo.

En este contexto, solicitamos esta fiscalización porque hay algunas decisiones que no son las más acertadas en la gestión de FEVE entre los años 2005 y 2012. Así, por ejemplo, la Abogacía del Estado está estudiando el proceso de contratación de trenes por parte de FEVE a la empresa Vossloh por haber detectado irregularidades. Entre los años 2005 y 2012 la empresa pública FEVE realizó diversas adquisiciones de material rodante por un importe que superaba los 50 millones de euros, con destino a las líneas situadas en las provincias de León y Asturias, que exigían con carácter previo la modificación de su trazado, lo cual al parecer no se ha producido, con lo que no puede darse el uso previsto de las unidades de este material rodante que se compraron, en el que se han gastado más de 50 millones de euros. Está claro que hay errores en toda la gestión y es importante que los analicemos de cara a no volver a cometerlos, a que no se vuelvan a repetir. Con los datos que acabo de relatar, consideramos que durante estos años las decisiones que se tomaron en la gestión de FEVE no parece que fueran las más adecuadas o en algunos casos no parece que fuesen unas decisiones responsables. Igualmente, al tratarse de dinero público, consideramos necesario hacer ese análisis, realizar ese informe de fiscalización para dar respuesta a todos los contribuyentes, ya que es su dinero el que se está gastando.

Hay algunas preguntas a las que consideramos que se debe dar respuesta: ¿Gastó FEVE 40 millones de euros en ocho trenes para Avilés y Langreo que ahora no pueden circular? La compañía estatal adquirió los convoyes antes siquiera de que se iniciasen las obras de las barreras ferroviarias. ¿Cuál fue el motivo de realizarlo con tanta antelación? ¿Pueden estos trenes-tranvía circular por otras vías españolas? Son muchas preguntas las que nos surgen y por ello solicitamos este informe de fiscalización.

El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda y su posición, señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Efectivamente, los socialistas estamos -repito lo mismo que antes- a favor de la transparencia absoluta, y por tanto de la transparencia en cualquier gestión de los ferrocarriles de vía estrecha, sabiendo que FEVE ha hecho una labor encomiable en toda la cornisa cantábrica y en otros sitios. Cualquiera que conozca la zona sabe que el servicio que se ha prestado a las pequeñas localidades es un servicio ímprobo y que se ha hecho con unas condiciones difíciles. Como todo el mundo sabe, las empresas públicas se endeudaban porque el Estado necesitaba no endeudarse: llevaba a ADIF, a FEVE o a las demás empresas el endeudamiento que debería haber asumido el Gobierno del Estado, de la nación. FEVE ha sido motivo de obsesión por parte del Partido Popular. He recuperado la hemeroteca y he visto las terribles campañas que se han hecho en Asturias, en León, en Cantabria, en todos los sitios; he visto que la ministra ha incorporado el tema de FEVE en los términos en que lo ha hecho el portavoz del Partido Popular, como un leitmotiv, un argumentario que se reparte, que se lleva plastificado y que en cualquier sitio se saca y se dice: Se hacen trenes que no pueden circular. La verdad no es esa y a nosotros nos parece bien que se lleve al Tribunal de Cuentas porque va a dejar en evidencia una mentira que no por repetida más veces por la ministra Ana Pastor ni por los responsables del Partido Popular se va a convertir en verdad.

Es cierto que en 2010 se licitaron trenes-tranvía, cuatro para el corredor del Nalón, cuatro para la línea León-Cistierna y otros cuatro para el acceso al Hospital de León, y se empezaron a construir con convenios con el Ayuntamiento de León o con el Principado de Asturias. Pero los cuatro trenes que se repite una y otra vez que no pueden circular es porque don Marcelino Oreja Arburua canceló el proyecto del Nalón año y medio después de haber encargado los trenes. Y al anular la vía por la que iban a circular, los trenes encargados a la empresa Vossloh, que se habían comenzado ya a construir, se


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quedaron sin vía por donde poder pasar. ¿Quién es el culpable, el que encarga trenes y a la vez encarga las vías o el que quita las vías y dice que los trenes ya no nos valen? Marcelino Oreja Arburua toma una decisión que hace que cuatro trenes no tengan utilización porque anula el proyecto del Nalón. Pero astutamente, Marcelino Oreja firma inmediatamente un protocolo con la firma Vossloh para reconvertir esos trenes en trenes convencionales. Por tanto, el culpable sería, en todo caso, Marcelino Oreja por haber tomado una decisión que dejaba sin utilización unos trenes contratados a Vossloh, cuya construcción ya se encontraba avanzada, porque no había sitio por donde pudieran discurrir. Como se da cuenta de su responsabilidad patrimonial, inmediatamente pide que la empresa Vossloh convierta esos trenes en trenes convencionales para uso en cualquier vía o para ser vendidos por la razón que sea. Por tanto, a nosotros nos parece bien que se investigue todo esto y que las mentiras de la ministra Pastor y las mentiras de los portavoces del PP en aquella zona se pongan en evidencia, porque se repiten mucho y se repiten con una enorme falsedad.

Al final añadimos una enmienda que seguro que es aceptada por el Partido Popular. Si vamos a investigar, no sean sectarios, no investiguemos solo al Gobierno socialista. Ustedes son gente espléndida, tienen 185 diputados, su verdad es la verdad absoluta en esta Cámara. Ampliemos cinco años más, desde el 2000, para ver lo que hacía también el Gobierno de Álvarez-Cascos, el Gobierno de Aznar. Espero que se incorpore la enmienda, porque la visión que van a tener los asturianos, los cántabros, los leoneses, los gallegos, todos, de FEVE, será una verdad más contrastada, más real, más auténtica, más limpia, a favor de esa transparencia que nosotros vamos a apoyar y que las dos fuerzas mayoritarias de esta Cámara deberíamos potenciar. Sí a la transparencia en FEVE, sí a la transparencia en la gestión y si hay alguien que lo ha hecho mal políticamente, que se le repruebe y si lo ha hecho mal financieramente o con causas que lleven penalmente algún reproche, que se le haga.

El señor PRESIDENTE: Señor Puente, ¿acepta la enmienda?

El señor PUENTE REDONDO: Agradezco la intervención de mi compañero del PSOE y su afán por la transparencia. Y de cara a esa transparencia, desde el Grupo Popular consideramos suficiente la fiscalización de los años 2005 a 2012, por lo que no aceptamos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Se rechaza en los términos presentados.

Señor Bruguera, de Entesa.

El señor BRUGUERA BATALLA: En el anterior punto de solicitud de informe de fiscalización no pedimos la palabra porque entendemos que el mero hecho de que un grupo parlamentario pida un informe de fiscalización de cualquier tema y sobre cualquier Gobierno, en aras de lo que tanto reclamamos y con lo que nos llenamos la boca diariamente, como es la transparencia, etcétera, incluye el hecho de estar de acuerdo con dicha solicitud, evidentemente sin entrar en el fondo ni prejuzgar el contenido del informe del Tribunal de Cuentas. Pero claro, cuando un grupo parlamentario pide un informe de fiscalización equis y se le aconseja y se le propone la ampliación de este mismo informe en cualquier otro aspecto en aras de la misma voluntad de transparencia, nosotros nos quedamos bastante fascinados al ver cómo esto no es aceptado.

Respecto al punto anterior, ¿qué hará el Grupo Parlamentario Popular cuando el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha anunciado el señor Pezzi, presente en el registro la solicitud de informe de fiscalización que él ha comentado? ¿Decir que no? ¿Por qué tenemos que pasar por esto en esta Comisión? Llego a sospechar incluso que en el informe las propuestas que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular son neutras. Evidentemente no lo son, no soy tan tonto, pero son mínimamente propositivas y se formulan en positivo. Estoy bastante alucinado y, en todo caso, nuestra posición será la de votar favorablemente todas las solicitudes de informe de fiscalización, estas y todas las que se puedan presentar en el futuro por parte de cualquier grupo parlamentario; no tenemos ningún inconveniente en que se lleven a cabo. Tampoco tendríamos ningún inconveniente en aceptar en este caso la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de ampliación, no de modificación, y hubiésemos estado de acuerdo con la anterior presentada in voce por el mismo grupo.


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- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE TODOS LOS ORGANISMOS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE LOS CONCESIONALES, EN SU CASO, DE LAS SIETE ISLAS CANARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. (Número de expediente del Congreso 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000005).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la propuesta 20º: solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de todos los organismos de titularidad pública de producción y distribución de agua potable, así como de las concesionales, en su caso, de las siete islas Canarias, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011. Para defender la propuesta de solicitud, tiene la palabra doña Celia Alberto.

La señora ALBERTO PÉREZ: Señorías, no creo necesario trasladarles la importancia de una correcta gestión del agua como requisito indispensable para la existencia de la propia vida en cualquier zona del planeta. España, como país civilizado, es consciente de la importancia capital que representa este elemento como fundamento del desarrollo económico y social y de la necesidad de realizar un uso racional del mismo. Canarias, dentro del marco estatal, es una región que tradicionalmente ha adolecido de graves y singulares problemas relacionados con el suministro de agua como consecuencia de su hecho insular y de la falta de recursos acuíferos propios que garanticen un adecuado acceso a este recurso en condiciones de igualdad con el resto de las comunidades autónomas.

Como consecuencia de la ausencia de agua de fuentes naturales, la Comunidad Autónoma de Canarias se llega a abastecer en algunas de sus islas, como es el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, casi al cien por cien de agua desalinizada. Atendiendo a esta realidad y a los elevados costes del tratamiento del agua, la Ley 19/1994, del régimen económico y fiscal de Canarias, establece en su artículo 11 la obligación de establecer un sistema de compensación que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada, ya que el coste del agua en Canarias ha sido y sigue siendo uno de los más elevados en España, resultando este Archipiélago la tercera comunidad autónoma con el precio más alto del agua junto con Baleares y la Región de Murcia. Como consecuencia de lo expuesto, se han consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado hasta este momento una serie de recursos públicos destinados a mitigar el elevado coste de la producción de agua en las islas Canarias y a tratar de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del REF.

Establecido todo lo anterior, no podemos dejar de apuntar las negativas noticias contenidas en las páginas de los periódicos de la prensa canaria durante los últimos meses en relación con la gestión de algunos de los diferentes organismos o entidades responsables del abastecimiento de agua en cada una de las siete islas Canarias. Para el Grupo Parlamentario Popular resulta de vital importancia que se realice una adecuada gestión de estos recursos públicos destinados a la producción y distribución del agua potable en Canarias, recursos que deben redundar siempre en beneficio de la sociedad canaria. De cara a constatar este extremo, garantizarlo y, por qué no, mejorar el mismo, venimos a solicitar el apoyo a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de todos los organismos de titularidad pública de producción y distribución del agua potable, así como de los concesionales, en su caso, de las siete islas Canarias, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2011.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Franquis.

El señor FRANQUIS VERA: Me hubiera gustado que igual que el Grupo Popular ha utilizado estos argumentos para justificar esta solicitud, los hubiera utilizado para mantener las subvenciones al agua desalada en Canarias que eliminó el Partido Popular de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Parece contradictorio; dicen en su exposición que para abaratar el precio del agua son muy importantes los apoyos que se han dado por parte del Gobierno central y, sin embargo, en estos últimos presupuestos eliminan de forma definitiva esta partida, cuando, como bien se ha dicho en el informe o en la petición, la Comunidad Autónoma de Canarias es la tercera con mayor coste del agua.


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Como ha dicho mi compañero Pezzi hace un momento, a nosotros nos parece bien que hagamos esfuerzo de transparencia, cuanta más claridad mejor, pero hagámoslo de verdad y no utilicemos este instrumento para hacer batallas políticas. Es decir, si existe de verdad una intención de transparencia, de averiguar y de investigar adónde se han destinado los recursos públicos, hagámoslo de verdad y por tanto ampliemos la propuesta que formula la proponente. Así pues, hacemos una propuesta transaccional para que se amplíe del 1 de enero de 2003 hasta el año 2011 la propuesta que trae el Partido Popular, porque seríamos justos y daríamos la impresión de que lo que buscamos de verdad es ver la forma en que se han distribuido o gestionado los recursos públicos, pero de verdad, no de una forma parcial o interesada a la hora de investigar o de gestionar unos presupuestos concretos. Por eso yo espero que en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular asuma la propuesta de extender la solicitud de investigar desde el 1 de enero del año 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.

El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la señora Alberto la enmienda?

La señora ALBERTO PÉREZ: Al igual que antes comentaba mi compañero, agradezco el voto de confianza en cuanto a la transparencia pero realmente no lo consideramos necesario. Lo que estamos solicitando son los últimos cinco ejercicios; por lo tanto, no la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (El señor Bruguera Batalla pide la palabra).

El señor BRUGUERA BATALLA: Queda claro que estamos hablando de transparencia a la carta. Lo lamento mucho y en todo caso nuestro voto será favorable.

- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS COMPRENDIDOS EN LOS PROGRAMAS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RELACIONADAS CON EL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O LAS ENTIDADES Y SOCIEDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DE ELLAS, Y LOS PROGRAMAS DE AYUDAS A LAS EMPRESAS VINCULADOS A DICHOS PROGRAMAS Y TRANSFERENCIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 253/000006 y número de expediente del Senado 772/000006).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 21º: solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionados con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias. Para defender la propuesta, tiene la palabra el señor Romero.

El señor ROMERO SANTOLARIA: Voy a intentar ser breve en mi intervención -lo cual ya es un riego anunciarlo- y mesurado en el uso del tiempo aplicando una cierta economía verbal. Estamos hablando de un tema ciertamente apasionante e interesante, a la vez que importante y necesario;n tema, por otra parte, que bien merecería una profunda reflexión, para la cual -como decía antes- hoy no disponemos de tiempo suficiente. Me refiero al apoyo a la internacionalización y a la atracción de inversiones extranjeras, no solo por nuestro país sino también las realizadas por las diversas acciones o programas que se desarrollan por parte de nuestras comunidades autónomas, haciendo especial hincapié en la necesidad de control y fiscalización de los gastos que suponen los diversos y variopintos programas que se desarrollan especialmente por estas últimas. Me van a permitir que, haciendo uso de esa economía verbal, no entre al detalle de esas actividades y realice una intervención más genérica.

Señorías, siempre, pero especialmente en la actual coyuntura de crisis, cualquier acción de Gobierno, ya sea central, autonómico -como estamos hablando- o local, debe llevar aparejada una premisa, que es evitar el solapamiento y las duplicidades que ahora mismo existen; todo ello en aras de conseguir una mayor eficiencia y una mayor eficacia de esas acciones. Evitar esas duplicidades y mejorar la gestión de servicios comunes debe ser el abecé de nuestro modus operandi; aunar esfuerzos en pro de un beneficio común debe llevarnos a buscar fórmulas de integración de los distintos sujetos que protagonizan la acción


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exterior y al tiempo establecer principios de eficiencia y de ahorro. Señorías, no solo es necesario hacerlo. Es obligatorio evaluar lo que hacemos, corregir errores y adaptar nuestra estrategia a una realidad internacional cambiante día a día; sin duda eso mejorará -y mucho- nuestra presencia en el exterior. No sirve que seamos muchos si utilizamos diferentes caminos. Ahora más que nunca debemos analizar la ineficiencia de esas duplicidades y evitarlas, pues no podemos permitirnos el lujo de perder recursos inútilmente. La coordinación, la planificación, la eficiencia y la eficacia son fundamentales. Como ya decía antes, aunar esfuerzos y dotar a nuestra acción exterior de estrategia y coherencia es primordial. Tenemos que tener muy claro lo que nos interesa, por qué nos interesa, a quién lo dirigimos y también - importantísimo- cómo hemos de actuar. Me van a permitir que brevemente haga una reseña a la marca España, que creo que es fundamental en el tema que hoy hablamos; a la marca y al posible debilitamiento que puede suponer no ser capaces de trabajar coordinadamente evitando esas duplicidades a las que hacía referencia antes. La marca España, como todos ustedes conocen, señorías, tiene un carácter integrador y trata de englobar a todos los actores, tanto públicos o privados, institucionales o no, desde la base de la coordinación. Partimos de la convicción de que de esa marca España nos vamos a beneficiar todos, porque la mejora de la imagen de nuestro país, tanto en el exterior como en el interior, claramente contribuirá al aumento de las exportaciones, a la atracción de esa inversión extranjera tan importante para España, así como al apoyo, como ya hemos dicho, a la internacionalización de nuestras empresas y, en definitiva, a la recuperación económica de España que todos estamos deseando. Como decía recientemente el ministro de Asuntos Exteriores -me remito sus palabras- debemos funcionar como una orquesta, no como un conjunto de solistas desafinados.

Señor presidente, dicho todo esto, nos parece de relevante realizar esta solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y transferencias corrientes y de capital, relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por los comunidades autónomas, o a las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, así como los planes o programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias; todo ello de los últimos cuatro ejercicios. Como abundar en transparencia -de lo que aquí se ha hablado mucho- no daña es por lo que les pido su apoyo a esta solicitud.

El señor PRESIDENTE: El señor Bruguera tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Insisto en que la transparencia no daña si se le pide a los otros. Con respecto a este tema, y siguiendo lo que he manifestado anteriormente, no tenemos ningún inconveniente, aunque queremos poner encima de la mesa que se está hablando de un informe de fiscalización del conjunto de comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas, como Cataluña, que tiene su órgano de control externo. Sin que esto lleve a nadie a pensar que negamos este informe, no dudamos de que la magnífica colaboración y cooperación entre el Tribunal de Cuentas español y su respectivo en Cataluña resolverá cualquier tipo de conflicto de competencias en este sentido, si es que hay. Entendiendo que esto se va a resolver adecuadamente, vamos a votar afirmativamente a esta solicitud.

El señor PRESIDENTE: El señor Bel por Convergència i Unió.

El señor BEL ACCENSI: Intervengo no para mostrar nuestro estupor, porque ya lo tenemos a prueba de bomba, sino porque nos sorprende la solicitud de forma genérica y también la justificación. Cuando en la justificación ya se introduce la marca España se nos hace difícil entender. En todo caso, quiero recordarles que hay determinados estatutos de autonomía que contemplan que ciertas comunidades autónomas tengan órgano fiscalizador. Por tanto, su propuesta podría ser apoyada por nuestra parte siempre y cuando incorporara una enmienda, que sería: En las comunidades autónomas, siempre y cuando no dispongan de órgano fiscalizador externo. Si ya disponen de órgano fiscalizador externo, lo que les correspondería es que fuera este quien emitiese informe sobre este tema en concreto. En el caso de Cataluña, la Sindicatura de Comptes, que tiene competencia tal como establece el artículo 80 de su Estatuto de Autonomía, es la que debería emitir este informe. El Grupo Popular si cree que es necesario, en el caso de Cataluña, que se emita el informe, deberá aprobarlo el Parlament de Catalunya e instar a la Sindicatura de Cuentas. Les haríamos una sugerencia, que sería que introdujeran la enmienda:...en aquellas comunidades autónomas que no dispongan de órgano fiscalizador externo. En caso contrario, obviamente, votaríamos en contra, porque entendemos que habría una invasión de competencias.


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Más allá de la justificación, en todo lo que es la promoción exterior parece que se está implantando un discurso en el Ejecutivo español de que corresponde solo al Estado. En todo caso, si fuera así, tendrán que modificar los estatutos de autonomía. En el Estatuto de Autonomía de Cataluña se establece textualmente la competencia que tiene la Generalitat de Catalunya en la promoción exterior, en la intervención en el marco de la Unión Europea, etcétera. Por tanto, modifiquen primero los estatutos y después hagan este discurso sobre que todo se tiene que aunar en torno a la marca España y que la marca España es la única que puede promocionarse exteriormente, porque si no se están equivocando.

En lo que nos atañe hoy, en cuanto a la propuesta les pediríamos que aceptasen esta enmienda a efectos de respetar la legislación vigente. En todo caso, si la aprueban, entendiendo que le correspondería a cada una de las comunidades autónomas, votaríamos a favor; si no lo aprueban, obviamente tendremos que votar en contra. No es que lo que abunda no daña, es simplemente un respeto a la legalidad vigente; si la legalidad vigente establece que debe ser el órgano fiscalizador externo de cada comunidad autónoma el que fiscalice los gastos de esta comunidad autónoma, yo creo que eso debe respetarse.

El señor PRESIDENTE: Para defender y fijar postura, por el grupo socialista, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: En principio, nosotros estamos por la labor de apoyar la iniciativa, así como apoyar la enmienda que viene de manos del Grupo de Convergència i Unió. Me voy a explicar. Estamos hablando de dos temas a nuestro juicio importantes: de una parte, la búsqueda de la eficiencia en el gasto público, algo muy necesario sobre todo cuando hay menos recursos públicos, y la segunda idea que también está en esta proposición es la internacionalización. Justamente una de las patas para salir de la crisis económica es hacer que nuestra economía sea más abierta, por lo que hay que apoyar la internacionalización. Como los dos elementos nos parecen interesantes, por eso la apoyamos. Ahora bien -no nos engañemos-, el principal problema que tiene nuestra economía desde el punto de vista de la internacionalización no es el de las duplicidades, aunque por supuesto hay que mejorar la eficacia de todas las administraciones y de todos los agentes económicos y sociales que intervienen en la internacionalización (empresarios, cámaras de comercio), sino el de la reducción de los recursos destinados a la internacionalización por parte del Gobierno en estos dos últimos presupuestos. Estamos hablando de una reducción en torno al 15%. El principal problema que tiene la internacionalización son los menores recursos destinados en los presupuestos a la investigación y al desarrollo tecnológico. El principal problema que tiene la internacionalización es probablemente la dimensión de nuestras empresas exportadoras; es la coordinación y el trabajo conjunto de pequeñas empresas para ser más grandes, para exportar más, productos de mayor calidad, más sofisticados y más lejos de nuestras fronteras; por supuesto, también está el tema de las duplicidades. En ese sentido, nos parece lógico tener en cuenta lo que dicen los órganos fiscalizadores de los distintos territorios. Por tanto, bienvenida la iniciativa y bienvenida también la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, tiene la palabra para aceptar o no la enmienda presentada.

El señor ROMERO SANTOLARIA: Señor presidente, aquí se ha hablado de muchas cuestiones, y en ese sentido quiero gradecer el tono de los portavoces. Señor Bel, ha hablado usted de estupor, y a mí también me producen a veces estupor ciertas posiciones de algunas comunidades autónomas. En cuanto a la transparencia, total y absoluta respecto al órgano fiscalizador. Ustedes tienen esa opción, la Sindicatura de Cuentas -respeto absoluto, pero respeto absoluto y mutuo-. En cuanto a la invasión de competencias a la que hacía referencia, la competencia de este Tribunal de Cuentas, cuyo presidente ha comparecido en esta sala, es de ámbito nacional. Eso no quiere decir que ustedes no tengan la opción también de fiscalizar desde su comunidad autónoma, pero lógicamente el Tribunal de Cuentas, como nosotros solicitamos ámbito general, puede y debe hacerlo si así lo aprobamos. Para finalizar simplemente quiero dar dos datos: en 2012 las distintas comunidades autónomas se gastaron 370 millones en política exterior y de cooperación, 58 de ellos en acción exterior; de los 58, 17 fueron para la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, su turno era simplemente para aceptar o no la enmienda.

El señor ROMERO SANTOLARIA: Señor presidente, termino. Creo que está más que justificada la petición que hacemos. Ese dinero, trabajando conjuntamente, como he dicho anteriormente, hubiera sido mucho mejor aprovechado, y no aceptamos su enmienda.


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El señor PRESIDENTE: El señor Romero ha reabierto el debate, que no es lo que se debería haber hecho. Señor Bel, ¿tiene algo que decir?

El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, simplemente intentaré cerrar. Si empezamos a evaluar cifras del gasto que efectúa cada comunidad autónoma en su promoción exterior también habría que evaluar qué significan en el peso de la economía española las exportaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y verá que existe una gran relación. Seguramente aquellos que no invierten en el exterior no consiguen los resultados; en todo caso, fíjese qué comunidad autónoma aporta más al comercio exterior de España, señor Romero. (El señor Saura García pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Saura, brevísimamente.

El señor SAURA GARCÍA: Solamente quería decir que en este caso, como no se acepta la enmienda, nos vamos a abstener.

- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AMNISTÍA FISCAL, O DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO-LEY 12/2012, DE 30 DE MARZO, Y DEL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE DIVIDENDOS Y RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA PREVISTO EN EL APARTADO TERCERO, UNO DEL ARTÍCULO 1 DE DICHO REAL DECRETO-LEY Y EN EL APARTADO CUARTO DEL ARTÍCULO 26 DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 253/000002 y número de expediente del Senado 772/000002).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al 17.º punto del orden del día, que habíamos atrasado. Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de la amnistía fiscal, o declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, y del gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera previsto en el apartado 3.1 del artículo 1 de dicho real decreto-ley y en el apartado 4 del artículo 26 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Para defender la solicitud, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Voy a tratar de ser breve. La amnistía ha puesto muchas cosas encima de la mesa y ha supuesto muchas cosas, todas ellas negativas, tales como que presuntos delincuentes y defraudadores se hayan podido acoger a ella; que nos vayamos enterando de que distintas tramas de corrupción de este país se han acogido a la amnistía fiscal, y lo que está por venir desde el punto de vista de la opinión pública sobre qué más personas jurídicas o físicas se hayan acogido a esa amnistía y estén en distintas tramas de corrupción en este país; una caída en la conciencia fiscal en España y una pérdida de credibilidad respecto a la Agencia Tributaria y una merma en los recursos públicos para financiar las políticas de gasto. A esto último me gustaría dedicar una parte de mi intervención.

Señorías, si a las cantidades que el Gobierno dice que van a aflorar con la amnistía se les aplica el tipo medio del principal impuesto que tendrían que pagar las grandes fortunas y las corporaciones grandes y medianas, más los intereses y las multas que se cobran cuando se pilla -entre comillas- a un defraudador, en lugar de ingresar 2.500 millones de euros en 2012, que es lo que se había presupuestado inicialmente, se debería haber ingresado en las arcas públicas en torno a 12.000 millones de euros. El problema es mayor, puesto que inicialmente la declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, hablaba de un tipo del 10% para los capitales regularizados; sin embargo, por la puerta de atrás la Dirección General de Tributos aprueba que será -sí- el 10%, pero de los rendimientos de muchos de esos capitales, lo que equivale a que los capitales aflorados han pagado en su gran mayoría el 1 o el 2%. Es decir, si inicialmente se había planteado el 10% y de media tendrían que haber pagado un 32% -la disposición legal lo bajaba al 10%-, pero, insisto, por la puerta de atrás se baja el tipo al 1 o al 2% del total de capitales aflorados. Como consecuencia, los 1.200 millones de euros que declara el Gobierno que ha recaudado por la amnistía en 2012 están muy por debajo de los 12.800 millones de euros que deberían haberse recaudado si los defraudadores hubiesen pagado al tipo que les corresponde y con las multas correspondientes, y lejos de los 2.500 millones de euros que el Gobierno


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había consignado inicialmente en los presupuestos. Por todo ello, hay un expolio al Estado del bienestar desde el punto de vista de la gestión presupuestaria y tributaria del Gobierno. Por eso, ante la merma de los recursos para la Hacienda que supone la amnistía fiscal, hemos planteado esta iniciativa. Punto número uno, merma de recursos que supone la amnistía fiscal. Antes se hablaba de 12.000 millones de euros, frente a 1.200 o 1.300 millones de euros solo en el año 2012. En segundo lugar está el hecho de que se apruebe un tipo en el real decreto y que sin embargo luego se modifique por una nota de la Dirección General de Tributos con una pérdida para el erario público también fácilmente comparable. Habían presupuestado 2.500 millones de euros en el presupuesto del año 2012 y luego dicen -ya veremos lo que en realidad han recaudado- que han recaudado entre 1.200 y 1.300 millones de euros.

Luego 2.500 es una cantidad y 1.200 o 1.300 es otra. Ante eso hemos planteado que el Tribunal de Cuentas tenga a bien fiscalizar la amnistía fiscal, porque 12.800 millones de euros en 2012 es una cantidad y 1.200 o 1.300 es una cantidad sensiblemente inferior, abstrayéndonos de todas las cuestiones relacionadas con la ética de la gestión pública -por cuestiones relacionadas con la corrupción- que tiene que imperar en la gestión de los recursos públicos.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Intervengo brevemente para manifestar nuestro apoyo a la propuesta. Efectivamente, es un tema por el que la opinión pública está muy sensibilizada y preocupada, por lo tanto, nos parece bien y vamos a apoyar esta solicitud de fiscalización.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por el Grupo Popular.

El señor SUÁREZ LAMATA: Señor Saura, si me permite la broma, le diré que, si yo hubiera tenido que apostar -son ustedes 110 diputados- quién iba a llevar esta iniciativa, me habría tocado la lotería. Usted lleva su particular guerra contumaz contra el señor Montoro en esta cuestión. Le sigo -soy un fan suyo- en el Congreso. (Risas). Créame, se lo digo de verdad. Me interesa lo que dice, pero lo que me pregunto es si, usted, que es tan beligerante con estas cosas, lo pasa fatal cuando ve los ERE en Andalucía; con la gestión del anterior Gobierno socialista usted debía de tener muchos días problemas serios consigo mismo.

En cualquier caso, usted ha hecho una serie de afirmaciones. Le confieso que cuando ustedes plantearon esta iniciativa pensé que lo que pretendían era que se fiscalizara la decisión legislativa, fundamentalmente la argumentación. Hoy lo ha aclarado un poco más, y evidentemente no es así. Como el periodo de fiscalización no había finalizado y el artículo 9 de la Ley del Tribunal de Cuentas lo que exige al final es que hayan finalizado los periodos, pensé que las cosas iban por ahí; es evidente que no van por ahí. De todas maneras, usted ha hecho afirmaciones como que se expolia al Estado del bienestar, que no hay recursos para financiar los gastos. Esto de la amnistía fiscal parece que lo ha inventado el Partido Popular en el año en el que estamos. Le quiero recordar que ha habido unas cuantas amnistías fiscales: en 1985, para las Sicav -no sé si esto le sugiere algo, si era mejor o peor que lo que se ha aprobado actualmente-; en 1985, 1986 y 1991 para los famosos AFRO, en los que no me voy a extender porque creo que no tiene mucho sentido, pero podríamos hablar de ellos largo y tendido. En cualquier caso, ustedes dejaron la puerta abierta con la Ley General Tributaria para regularizar a los defraudadores desde el año 1985 hasta 2013, cuando el Partido Popular suprimió esa posibilidad. Ustedes hablaban de expolio del Estado del bienestar. No sé si usted lo veía exactamente tal y como lo ve hoy.

En su intervención -esto es lo que quiero aclarar- da la sensación de que esto no se va a fiscalizar, que en esta cuestión el Tribunal de Cuentas va a mirar a otro lado. Es evidente que el artículo 34 de la propia Ley orgánica del tribunal lo que dice es que la fiscalización incluirá fiscalización de ingresos, y la fiscalización de la cuenta general incluye las operaciones relativas a la gestión de ingresos. Por lo tanto, lo hubieran pedido o no lo hubieran pedido ustedes va a estar incluido. Al final, es evidente que la Agencia Estatal Tributaria está sujeta a fiscalización del Tribunal de Cuentas. El artículo 103 de la Ley General de Presupuestos es meridianamente clara cuando dice que se considera cuentadante al presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Además -creo que esto lo sabe, pero si no lo sabe se lo digo y lo entenderá fácilmente-, dentro del programa de fiscalizaciones para el año 2012 está en estos momentos ejecutándose y se incluía precisamente la fiscalización de los años 2010, 2011 y 2012 de las


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principales actuaciones ejecutadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Hasta donde yo sé, se está colaborando y se va colaborar activamente. Al final lo que ustedes pretenden con esta cuestión ya se está haciendo. Se está trabajando y se está colaborando.

Señor Saura, no le he conseguido entender algo. Insinúa, habla... Esas insinuaciones concretas se dirimen en el ámbito de lo penal. El tribunal fiscaliza lo que fiscaliza; no fiscaliza personas con nombres y apellidos sino recursos públicos. Por tanto, lo que comprobará es si se adecuan o no esos ingresos al procedimiento establecido en el real decreto-ley. Como se está haciendo y como estaba previsto, mi grupo parlamentario no apoyará esta iniciativa.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y número de expediente del Senado 771/000018).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Vamos a iniciar las votaciones. Punto 6.º del orden del día, informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local, ejercicios 2004 y 2005. Se han presentado trece propuestas de resolución, de las que decaen las dos primeras del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, porque no están aquí para mantenerlas. El Grupo Popular ha solicitado la votación de la propuesta 4 y luego la del resto de las propuestas de resolución. (El señor Barrero López pide la palabra).

Señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Quisiéramos votar de manera separada la propuesta de resolución número 9, que pertenece al Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos en primer lugar la propuesta número 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de propuestas de resolución. (El señor Bel Accensi pide la palabra).

Señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Perdón, señor presidente. No habíamos pedido votación separada porque entendíamos que las de cada grupo se votaban por separado. Nosotros pediríamos voto separado de todas las del Grupo Popular en los cuatro puntos siguientes.

El señor PRESIDENTE: ¿Incluido este?

El señor BEL ACCENSI: Incluido este.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las propuestas números 3, 5, 6, 7 y 8.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Ahora vamos a votar las propuestas números 10, 11, 12 y 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000069 y número de expediente del Senado 771/000067).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º, informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2009. Como he dicho antes, las propuestas 1 y 2 están decaídas. (El señor Barrero López pide la palabra).

Señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Mi grupo quiere votación separada de las propuestas 15, 16 y 17 del Grupo Parlamentario Popular

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en primer lugar la número 3.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Vamos a votar las números 4 y 5, de las que ha pedido votación separada el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a votar las propuestas 6, 8, 10, 12 y 13 del Grupo Parlamentario Catalán.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Votamos ahora la propuesta 7 del Grupo Parlamentario Catalán -la 9 y la 11 las ha retirado-.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar del Grupo Parlamentario Popular, por un lado, las propuestas 14, 18 y 19.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Ha pedido el señor Barrero votación separada de las propuestas 15, 16 y 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000068).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º Están retiradas la 1 y la 2.

Señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Solicito la separación de la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista números 3, 4 y 6.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Vamos a votar la número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar la propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las propuestas números 8, 9, 10 y 11.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso 251/000093 y número de expediente del Senado 771/000092).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º, sobre el que decaen la 1 y la 2, la 7 y la 10.

Señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Presidente, queríamos retirar las enmiendas 3 y 4 que penden en este informe de fiscalización por parte del Grupo Socialista, con una brevísima aclaración de treinta segundos.

El señor PRESIDENTE: Por supuesto.

El señor BARRERO LÓPEZ: En este informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas plantea graves temas de responsabilidad contable, incluso penal, en algunos supuestos muy singularizados. En algunas otras enmiendas se habla en general de los supuestos sobre los que el Tribunal de Cuentas reclama una mayor exigencia. Nosotros confiamos en que el Tribunal de Cuentas, lógicamente, porque es una exigencia legal, remita sus indicaciones a los órganos oportunos: en el caso de la responsabilidad penal, es evidente que al fiscal; en el de la responsabilidad contable, a quien considere oportuno, me imagino que al Gobierno y a los propios ayuntamientos de los que forman parte estas empresas públicas de carácter local. En ese sentido y en la confianza que lo hará el Tribunal de Cuentas, no queremos singularizar de manera expresa aquellos entes que pudieran tener esa responsabilidad penal, entre otras cosas porque si no omite esa responsabilidad el Tribunal de Cuentas, nosotros ayudaríamos poco en el proceso de defensa a esas entidades singulares. Por esa causa y en la confianza de que el Tribunal de Cuentas no omita sus responsabilidades, obviamos estas enmiendas y las retiramos.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, es decir, que se retiran las enmiendas números 1, 2, 3 y 4 del Grupo Socialista.

El señor BARRERO LÓPEZ: Perdón, señor presidente, había también por parte de este grupo la voluntad de votar de manera separada las enmiendas 14, 15 y 16 del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que vamos a dividir, por un lado, la 5 y la 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas,

Vamos a votar el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son, si no me equivoco, las números 6, 9,11 y 12.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Vamos a votar las enmiendas 14, 15 y 16 del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas 13, 17 y 18 del Grupo Parlamentario Popular.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000004).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10.º Solo hay una propuesta que es la número 3, porque la 1 y la 2 decaen.

Señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Solicitamos votación separada de las número 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Estamos en el punto 10.º, informe y fiscalización del Ayuntamiento de Badajoz. Había tres propuestas y hay dos retiradas. Solo queda viva la del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Nuestro grupo mantiene las propuestas de resolución que se han planteado en relación con los cinco ayuntamientos.

El señor PRESIDENTE: Perfecto, las mantiene.

Votamos la propuesta número 3.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA). (PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN GESTORA, DEL 21 DE ABRIL DE 2006 AL 27 DE MAYO DE 2007). (Número de expediente del Congreso 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000021).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA (GUADALAJARA), EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000024).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, EJERCICIOS 2005 A 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000051 y número de expediente del Senado 771/000049).

El señor PRESIDENTE: Solo hay una propuesta en el resto de los informes de ayuntamientos que corresponden a los puntos 11.º, 12.º, 13.º y 14.º, todas del Grupo Parlamentario Socialista. Si no hay objeción por parte de ningún grupo, entendemos que la propuesta número 3 va a ser aprobada por asentimiento, es decir, que respecto a los puntos 11.º, 12.º, 13.º y 14.º queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión la propuesta número 3, porque la 1 y 2 están retiradas. (Asentimiento).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PREVISTAS EN EL REAL DECRETO-LEY 5/2009, DE 24 DE ABRIL, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA FACILITAR A LAS ENTIDADES LOCALES EL SANEAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente del Congreso 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 15.º

Señor Císcar.


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El señor CÍSCAR CASABÁN: Con relación a este punto ya he manifestado a la Mesa -y allí consta- que retirábamos, dentro de la propuesta de resolución, los puntos 4 y 5 de la misma. Por lo tanto queda viva toda ella salvo esos dos puntos.

El señor PRESIDENTE: Si les parece vamos a votar, en primer lugar -como en el resto de las iniciativas la 1 y la 2 decaen-, las números 3, 6, 7, 8 y 9 del Grupo Socialista,

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Del Grupo Parlamentario Catalán, la 10 por un lado.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Por otro lado, la 11 y la 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Popular. Por un lado, se van a votar separadas, a petición del Grupo de Convergència i Unió, de la 13 a la 16.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Ahora vamos a votar la número 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIOS 2006, 2007 Y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000027).

El señor PRESIDENTE: Votamos la iniciativa correspondiente el punto 16.º ¿Algún grupo quiere votación separada?

El señor BARRERO LÓPEZ: A esta era a la que me refería yo.

El señor PRESIDENTE: Dígame usted, señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Pedimos que las enmiendas 7, 8 y 9 se voten separadas del resto de las del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

¿El Grupo de Convergència o de la Entesa quieren votación separada? (Denegación).

Decaen la 1 y la 2 y votamos las números 3, 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Votamos las enmiendas 6, 10 y 11 del Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Ahora votamos, como quería el señor Barrero, las 7, 8 y 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar las solicitudes que se han debatido anteriormente. En primer lugar, la correspondiente al punto 17.º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización de la amnistía fiscal, o declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, y del gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera previsto en el apartado tercero, uno del artículo 1 de dicho Real Decreto-ley y en el apartado cuarto del artículo 26 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 18.º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones y los gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en diversas ciudades españolas, en particular los de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Punto 19.º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de las inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones de las líneas situadas en León y Asturias y para adquisición de trenes u otros vehículos de transporte con destino a dichas líneas.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos al punto 20.º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de todos los organismos de titularidad pública de producción y distribución de agua potable, así como de los concesionales, en su caso, de las siete islas canarias, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto 21.º, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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