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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 166, de 08/10/2015
cve: DSCG-10-CM-166
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 166
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA
Sesión núm. 67
celebrada el jueves,
8 de octubre de 2015
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre la representación de las haciendas forales vasco-navarras en el Ecofin. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso 161/000829 y número de expediente del Senado 663/000018) ... (Página2)

- Relativa a la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/002478 y número de expediente del Senado 663/000065) ... (Página6)

- Sobre el proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente del Congreso 161/003352 y número de expediente del Senado 663/000099) ... (Página10)

- Sobre la vecindad europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/003576 y número de expediente del Senado 663/000102) ... (Página14)

Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en relación con medidas específicas para Grecia, el Reglamento (UE) número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo europeo de desarrollo regional, al Fondo social europeo, al Fondo de cohesión, al Fondo europeo agrícola de desarrollo rural y al Fondo europeo marítimo y de la pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo europeo de desarrollo regional, al Fondo social europeo, al Fondo


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de cohesión y al Fondo europeo marítimo y de la pesca [COM (2015) 365 final) (2015/0160 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000353 y número de expediente del Senado 574/000286) ... (Página18)

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reubicación de crisis y se modifica el Reglamento (UE) número 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida [COM (2015) 450 final) COM (2015) 450 final anexo) (2015/0208 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000356 y número de expediente del Senado 574/000289) ... (Página20)

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE [COM (2015) 452 final) (COM (2015) 452 final anexo) (2015/0211 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000357 y número de expediente del Senado 574/000290) ... (Página22)

- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas (texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2015) 337 final) (2015/0148 (COD) (SWD (2015) 135 final) (SWD (2015) 136 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000355 y número de expediente del Senado 574/000288) ... (Página24)

Comparecencia del señor secretario de Estado para la Unión Europea (Eguidazu Palacios), con objeto de informar con carácter previo sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/002534 y número de expediente del Senado 713/001242) ... (Página28)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LAS HACIENDAS FORALES VASCO-NAVARRAS EN EL ECOFIN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Congreso 161/000829 y número de expediente del Senado 663/000018).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la que presumiblemente iba a ser la última reunión de esta Comisión, pero en función del contenido de los informes de subsidiariedad, y sin avanzar las votaciones que se puedan producir, mucho se teme esta Presidencia que tengamos que convocar otra nuevamente. Por tanto, no puedo empezar felicitando a sus señorías, lo haré en todo caso de manera provisional, por el trabajo realizado a lo largo de estos años en esta Comisión, así como a los servicios de la Cámara y a los señores letrados, que tan buena labor han hecho durante este tiempo. También quiero felicitar puntualmente -aunque no lo veo en la sala quiero que conste- al señor Sabaté, portavoz de su grupo en esta Comisión, en el día de su cumpleaños. Reitero que estas felicitaciones tienen un carácter general y provisional, por si no es esta la última reunión de la Comisión en función de las decisiones que se tomen a lo largo de esta mañana. Si así fuera, quiero comentarles que les llegaría la convocatoria, aunque ya les anticipo que la única posibilidad para celebrar una nueva reunión sería el martes que viene por la mañana, para poder aprobar, en su caso, reitero, un informe de subsidiariedad que hoy el ponente presenta contrario a ese principio. Si la votación del mismo fuera negativa, habría que nombrar nuevo ponente y proceder a su debate en una nueva sesión de la Comisión.


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En cuanto a los temas del orden del día de hoy, quiero decirles que las votaciones se harán de forma acumulada, cuando terminen de debatirse las proposiciones no de ley y los distintos informes de subsidiariedad. A continuación, se producirá la comparecencia prevista del secretario de Estado y el debate posterior. También en consideración a las agendas temporales de sus señorías, tengo que comunicar a los portavoces y miembros de esta Comisión, que la secretaría de Estado ha solicitado que el debate pudiera finalizar, ya que el señor secretario de Estado tiene que salir de viaje, alrededor de las dos y cuarto o dos y media. Lo digo para que tengan en cuenta, para sus viajes de vuelta o posibles reuniones, cuándo finalizará esta Comisión. Por lo que se refiere a los tiempos, someto a su consideración con carácter previo que esta Presidencia ya ha comunicado, para que se desarrollen los debates con la suficiente agilidad, porque son muchos los que tenemos en la mañana de hoy, que el tiempo para los debates de los informes de subsidiariedad son de cinco minutos por cada uno de los intervinientes y en el caso de la PNL, si les parece bien, señores portavoces, lo reduciríamos dejándolo en diez minutos para quien presenta la proposición, siete minutos para los que presentan enmiendas y cinco minutos para los que fijen posición. Voy a ser estricto en los tiempos porque si no no podríamos sustanciar la totalidad de los debates.

Sin más dilación, comenzamos con el primero de los debates, que en este caso corresponde a la proposición no de ley sobre la representación de las haciendas forales vasco-navarras en el Ecofin. A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Hoy traemos aquí una proposición que registramos en julio del año 2012, pero que está plenamente de actualidad. Durante estos días, como se viene produciendo cíclicamente en los últimos años, el sistema foral vasco-navarro de concierto y convenio, así como el cupo, están siendo cuestionados y atacados desde diferentes partidos políticos del Estado; un hecho que no es nuevo y en el que no solamente se encuentran posturas hipercentralistas, sino que también abundan el desconocimiento e incluso la mala fe.

Señorías, no son privilegios, es derecho originario, derecho propio que incluso es anterior a la Constitución y que está reconocido y confirmado por esta. Esto lo digo, porque estos días algunos de los que se llenan la boca hablando de respeto constitucional y de respeto a la ley ponen en duda, un día sí y otro también, el modelo fiscal vasco. Como decía, la capacidad fiscal de las diputaciones vascas es un derecho originario, histórico, que sigue vigente a día de hoy. Se trata de un instrumento eficaz que permite la gestión de la recaudación de impuestos, el control fiscal y el gasto en un circuito cercano a la ciudadanía, lo que ha supuesto, en general, un sistema que ha conseguido uno de los mayores niveles de cohesión territorial en el seno de la Unión Europea, siendo este un modelo alabado y reconocido por diferentes organismos e instituciones. Pero a día de hoy nos encontramos con que este derecho originario está también circunscrito a un ámbito que no existía hace apenas unas décadas, como es el europeo. El proceso de integración europea ha supuesto que tras el ingreso en 1986 del Reino de España en lo que hoy en día es la Unión Europea haga más necesario que nunca un agiornamiento de la presencia de las instituciones forales vascas en algunos de los órganos de la Unión. A día de hoy tenemos treinta y dos haciendas en la Unión Europea, las veintiocho estatales más cuatro forales vasco-navarras, pero estas, si bien son consideradas paraestatales y tienen las mismas capacidades que las de los Estados, no pueden estar representadas en instituciones como el Ecofin al mismo nivel que el resto. Recordemos que la doctrina europea ha equiparado la fiscalidad vasca a las estatales. Como ejemplo, existen numerosas resoluciones y sentencias europeas calificando las promociones o fomentos realizados desde territorios vascos como ayudas de Estado. En cambio, estas mismas instituciones no pueden personarse directamente como parte interesada ni legitimada en los diferentes procedimientos administrativos o judiciales. Sin duda, es una anomalía.

De igual forma, como señalábamos con anterioridad, la incapacidad para poder estar presentes al mismo nivel que otras haciendas en el Ecofin es un hecho preocupante, especialmente en estos años de crisis económica en los que se están tomando decisiones de vital importancia en asuntos de política fiscal. Destaca la armonización fiscal, que es la coordinación y equilibrio en materia fiscal y económica, en lo que estamos convencidos de que deben ser tomadas en consideración todas las entidades que tienen competencias de Estado; es decir, las de todos los Estados de la Unión Europea más las de los territorios forales vascos. En este periodo de recortes y medidas austericidas hubiese sido importante también tener allí la voz de las haciendas vascas. Este agiornamiento que proponemos abre la oportunidad de que los


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derechos históricos sean actualizados democráticamente, utilizándolos en sentido progresista y no solo mirando ad intra, sino también ad extra, pensando en la sociedad europea y en la solidaridad internacional.

En suma, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca tienen legitimación de titularidad y obligación política para estar e intervenir en ámbitos de armonización fiscal. Por ello, de acuerdo con los diferentes pronunciamientos realizados durante estos últimos años por las instituciones vasco-navarras, defendemos que lo más adecuado para los territorios vascos, para el Estado y para la Unión Europea es que las instituciones vascas estén representadas en el Ecofin al máximo nivel. Algunos podrán alegar que durante los últimos años ya se han realizado acuerdos, en 2010 en la Comunidad Autónoma Vasca y en 2014 en la Comunidad Foral de Navarra, para que representantes de ambas comunidades puedan acudir habitualmente a reuniones y encuentros de los grupos de trabajo que se refieren a cuestiones tributarias que inciden en las competencias que les confieren el convenio y el concierto, pero, señorías, si bien creemos que es positivo y un primer paso, es claramente insuficiente.

Señorías, insisto, creemos firmemente que una presencia de las haciendas forales conjuntamente en el Ecofin al máximo nivel sería positiva, especialmente en este periodo de crisis. Por ello, no hablamos de acompañamiento, de participación en reuniones y grupos de trabajo, sino de algo más, de una participación directa y activa en todo lo relativo a asuntos propios, pero también de participar como instituciones paraestatales de carácter fiscal en asuntos europeos, como el resto de Estados. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer, de respetar los conciertos vasco-navarros, acorde con lo que consideran la mayoría de los ciudadanos vascos, pero también de defender que estas instituciones puedan estar presentes en Europa, como es de sentido común. No olvidemos, señorías, que la Unión Europea como construcción política ha sabido adecuarse siempre a las peculiaridades propias de cada Estado, ya sea en excepciones, en reconocimientos lingüísticos o en participación de las regiones en diferentes órganos europeos como representantes de Estado. Es por ello que si bien la propuesta que traemos hoy, y para la que pedimos su implicación, relativa a la presencia en todas las reuniones del Ecofin con rango de representantes estatales, en parte necesita modificaciones del Tratado de la Unión, por otro lado, las otras dos propuestas de que sean representantes institucionales vascos los que estén presentes en reuniones pudiendo sustituir al representante estatal y asegurar en ellas esa presencia, es algo mucho más simple que no necesita más que de la voluntad estatal, algo que ya hacen otros Estados miembros como Reino Unido, Austria, Bélgica, etcétera.

Una vez más les animo a que apoyen esta solicitud de que las haciendas forales vasco-navarras puedan estar representadas directamente, con el rango de representación estatal, como es propio de nuestro sistema fiscal, en la Unión Europea como un hecho de normalidad política y de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca.

El señor PRESIDENTE: Al no haber enmiendas, se abre el turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Intervengo con brevedad, simplemente para manifestar, por supuesto, nuestro reconocimiento al hecho constitucional y a la singularidad de las haciendas del País Vasco y de Navarra. Entendemos que el marco legal y constitucional vigente permite precisamente la participación de los representantes de las comunidades autónomas en distintos organismos de la Unión Europea, de común acuerdo con el Gobierno de España. Precisamente es necesario que abundemos en esta dirección. Otra cosa muy distinta sería reconocer prácticamente la realidad de las haciendas vasca y navarra como correspondientes a Estados soberanos y, por tanto, participar, como se pide en el punto segundo, a partir de la modificación del Tratado de la Unión Europea, como Estados de pleno derecho, que creemos que no corresponde.

En cualquier caso, y precisamente por lo que he dicho del reconocimiento de este hecho singular y por la necesidad de que realmente esta presencia en las instituciones europeas, tanto en el caso de estas dos comunidades como en el del resto de comunidades de España, se pueda producir, anuncio que, de entrada, nuestro voto será de abstención.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.


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El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁDEZ: Es un honor volver a estar con ustedes en esta Comisión como suplente de mi portavoz Meritxell Batet. Voy a intervenir en varios puntos del orden del día.

Sobre esta cuestión, no puedo evitar comenzar ejerciendo mi papel como diputado socialista de Navarra, como pamplonés, porque es evidente que hoy es un día particularmente relevante en relación a lo que tiene que ver con la consideración tanto del Convenio económico de Navarra como del Concierto vasco, ya que ambos hechos forman parte del pacto constitucional, tal y como establece y garantiza la disposición adicional primera. Voy a recordar que el sistema de financiación de los territorios forales (de los cuatro, porque aquí hay que distinguir entre los cuatro territorios forales y lo que es ahora el Gobierno vasco y el Gobierno Foral de Navarra, ya que son cuestiones distintas; incluso en la proposición del señor Iñarritu no queda muy claro quién debería estar en el Ecofin, si las diputaciones vascas o el Gobierno vasco, y creo que esto es importante destacarlo), se basa claramente en la responsabilidad, en la solidaridad y en la transparencia. Solamente se puede hablar de privilegios desde la ignorancia del sistema, y hay que destacar -con esto termino- que la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad Valenciana, nada tiene que ver con la existencia del sistema del convenio o del concierto. Es importante aclarar estas cuestiones antes de que el debate vaya por caminos o derroteros equivocados.

Quiero recordar, respecto a la participación de las comunidades autónomas en el Consejo, que desde 2004, desde que existe el acuerdo para que las comunidades autónomas participen en la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, que fue firmado por el Gobierno del presidente Zapatero, estos acuerdos han ido evolucionando con el tiempo y se han ido ampliando. Hay que recordar también, porque es verdad, que en principio eran los consejeros de cuatro ámbitos, empleo y políticas sociales, agricultura y pesca, medio ambiente y educación, los que participaban en los grupos de trabajo o acompañaban a los ministros, según el sistema de rotación, a los consejos. Pero es evidente que existen dos comunidades, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, que tienen competencia exclusiva en materia de fiscalidad, y en ese sentido, desde una perspectiva teórica, se podría emular o equiparar a lo que es un Estado. Pero no deja de ser menos cierto que en el Consejo, y en las diferentes formaciones del Consejo, como el Ecofin, se sientan los Estados miembros, los Estados signatarios de los tratados, y que ni Navarra ni el País Vasco lo son. Desde 2011 existe un acuerdo para que el Gobierno vasco participe en los grupos de trabajo del Ecofin y desde 2014 para que lo haga Navarra. Es evidente, y creo que ahí podríamos buscar una redacción, que ese acuerdo en el futuro deberá ser reforzado. ¿Por qué digo esto? Como todos sabemos, cada vez estamos hablando con más claridad y contundencia de avanzar hacia una unión fiscal; unión fiscal en la que ya se debaten directivas sobre la armonización de las bases imponibles, sobre armonización del impuesto sobre la renta, sobre lucha contra la evasión fiscal, y sobre tantas cuestiones que, guste o no, son competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra, del Gobierno vasco y/o de las diputaciones forales vascas. Desde luego, a medida que la Unión Europea avance más en la armonización de esas cuestiones, el sistema tendrá que ser reforzado.

¿Deben participar en el Ecofin? Mi grupo entiende que no, pero sí cree que esa coordinación y esa puesta en común, que comenzó con un Gobierno socialista, debe reforzarse en el futuro desde la lealtad y desde la confianza que debe primar siempre en un sistema paccionado, como es el del convenio y el del concierto.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Olano.

El señor OLANO VELA: No voy a entrar a valorar determinados aspectos que se contienen en la exposición de motivos de esta proposición no de ley acerca de la, a juicio de Amaiur, perversidad intrínseca del sistema económico capitalista y de la propiedad privada frente a las bondades del régimen filocomunista que defiende Amaiur, pues semejante declaración no soporta el más pequeño de los análisis políticos. Basta con echar una simple mirada a los países en los que se aplican sus principios políticos y a los países miembros de la Unión Europea para descalificar sus planteamientos.

Me centraré en el petitum de esta proposición no de ley. Señorías, quisiera dejar claro desde el primer momento que tanto la Comunidad Foral de Navarra como la Comunidad Autónoma Vasca ya participan activamente en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, en el Ecofin, en tanto en cuanto los asuntos que se debatan afecten directamente a los tributos concertados. En concreto, lo vienen haciendo


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con regularidad en los siguientes grupos de trabajo integrados en el Ecofin: el grupo de trabajo D4, relativo a cuestiones tributarias; el D5, relativo al código de conducta; y el D8, que trata sobre la lucha contra el fraude fiscal. Lo vienen haciendo así como consecuencia de sendos acuerdos con el Gobierno de España. Mediante el acuerdo de 22 de noviembre del año 2010 con la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno se compromete a establecer, con carácter inmediato, los cauces para que la Comunidad Autónoma del País Vasco participe directamente, integrando la delegación del Estado, en los grupos de trabajo del Ecofin, cuando conozcan de asuntos vinculados al ámbito material propio del Concierto Económico vasco, en razón de la singularidad del régimen fiscal de los territorios históricos, conforme al concierto Económico vasco, amparado por la disposición adicional primera de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Gernika. En tal sentido, se convocará a los representantes de las instituciones vascas a las reuniones de los grupos de trabajo que he citado anteriormente. Por su parte, en la Comisión Coordinadora prevista en el artículo 67 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, celebrado el 31 de julio de 2014, y de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se acordó un convenio con un contenido similar al que les acabo de leer para la Comunidad Autónoma Vasca. En virtud del contenido de estos acuerdos, los representantes de las comunidades autónomas del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra asisten regularmente a las reuniones de los grupos de trabajo del Ecofin que se refieren a cuestiones tributarias que inciden en las competencias que les confieren el concierto y el convenio. Tanto es así, que la propia Comunidad Foral de Navarra, en su boletín de prensa de fecha 31 de julio de 2014, al respecto de su participación en el Ecofin, declara que se ha ratificado la participación de la Comunidad Foral en los grupos de trabajo del Ecofin, integrada en la delegación correspondiente al Estado de España, cuando en ellos se traten asuntos vinculados a la singularidad financiera fiscal de Navarra. En tal sentido, se convocará a un representante de las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra a las reuniones de los grupos de trabajo que ya he mencionado en varias ocasiones. Esta es una nota de prensa del propio Gobierno de la Comunidad Foral. Cuestión distinta son las reuniones, podríamos llamarlas así, plenarias del Ecofin, y ello porque a estas únicamente asisten los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros, y en este caso, por parte de España, asiste el ministro de Economía.

Señorías, resulta obvio recordar que la Unión Europea es una unión de Estados soberanos, no de regiones ni de territorios ni de comunidades autónomas, las cuales pertenecen a la Unión Europea en tanto en cuanto pertenecen a alguno de los Estados miembros y no por el mero hecho de estar situadas geográficamente en el continente europeo. La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra pertenecen a la Unión Europea porque son una parte de España, el Estado miembro firmante del Tratado de la Unión Europea. Sus representantes podrán acompañar a los distintos ministros de los Estados miembros, pero en ningún caso sustituirlos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley que acabamos de debatir.

- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 161/002478 y número de expediente del Senado 663/000065).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Se han presentado tres enmiendas.

Para la defensa de la iniciativa y de su propia enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano.

El señor SERRANO CORONADO: En relación con la proposición no de ley planteada por mi grupo parlamentario, relativa a la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, para su debate en esta Comisión, a la que hemos presentado una enmienda que viene a actualizar y a mejorar el petitum de la misma, tengo que decir que, en cualquier caso, ni dicha enmienda ni la actualización de datos que proceda a realizar en mi intervención desnaturaliza dicha proposición no de ley, que sigue plenamente vigente a pesar del tiempo transcurrido desde que se registró.

En primer lugar, quiero destacar que de la última cumbre celebrada este año en Bruselas entre la Unión Europea, la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y los presidentes del Consejo


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Europeo y de la Comisión Europea salió un compromiso claro y decidido de seguir ahondando en la asociación estratégica birregional que dicha asociación representa, basada en vínculos históricos, culturales y humanos, en el derecho internacional, en el respeto a los derechos humanos, así como en los valores comunes e intereses mutuos. Nos congratulamos de que esta asociación estratégica birregional siga reafirmándose en sus principios, que siguen siendo tan válidos hoy en día como lo eran hace dieciséis años, cuando se celebró en Río de Janeiro la Cumbre fundacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, que básicamente, resumiéndolos, consisten en defender la igualdad soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial e independencia política, y defender la resolución de litigios por medios pacíficos y de conformidad con la justicia y el derecho internacional. Quiero destacar que para nosotros es una cuestión muy importante no solo la consolidación de la Celac, sino también el hecho de que la misma haya declarado América Latina y el Caribe como zona de paz. La importancia de la paz y seguridad internacionales, la interdependencia de nuestras economías, el logro de la prosperidad para nuestros pueblos y la vulnerabilidad de nuestro planeta exigen que intensifiquemos nuestros esfuerzos para hacer frente a estos importantes desafíos mundiales.

En segundo lugar, una de las muestras más claras del buen estado de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe fue la creación de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe, en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid en el año 2010, y que hoy cuenta con sesenta y dos Estados miembros, los treinta y tres Estados de América Latina y el Caribe y los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea y sus instituciones. Como sus señorías saben, la misión de la fundación como organismo intergubernamental es promover las relaciones birregionales mediante la reflexión y el debate acerca de cuestiones de interés común y de los desafíos que puedan emerger para esa asociación estratégica, vinculando el proceso intergubernamental con los sectores empresariales, académicos y otros de las sociedades de ambas regiones y convirtiéndolos en actores de la asociación estratégica birregional, promoviendo, a la vez, una mayor visibilidad a la densa trama de relaciones que existe entre las regiones y sus respectivos miembros.

Desde su entrada en la Unión Europea en el año 1986 España siempre ha promovido el acercamiento del bloque con América Latina y el Caribe, actuando como un puente entre las dos regiones e impulsando una asociación cada vez más cercana. Hoy en día los países de América Latina y el Caribe son socios estratégicos de la Unión Europea y han acumulado un importante acerbo como resultado de la comunidad de valores y principios que les son comunes. Conjuntamente, la Unión Europea y América Latina y el Caribe representan casi la tercera parte de los miembros de la organización de las Naciones Unidas, ocho de los asientos del G20, el 26% del PIB mundial y más del 15% de la población del planeta. Según la Comisión Europea, el intercambio de mercancías entre la Unión Europea y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ha aumentado más del doble en la última década, hasta alcanzar 214.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 6,5% del comercio total de la Unión Europea.

La Unión Europea es también el principal inversor extranjero en los países de la Celac, con una inversión extranjera directa total de 319.000 millones de euros en el año 2013, lo que supera a la inversión de la Unión Europea en Rusia, China e India conjuntamente, y equivale aproximadamente al 43% de la inversión extranjera directa total de la región. Además, la Unión Europea constituye la principal fuente de cooperación para la región. Asimismo, desde el año 1999 la asociación estratégica entre la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe ha promovido una relación dinámica entre ambas regiones, cuyo diálogo se ha ido estrechando para cubrir aspectos no solo políticos y económicos, sino también relativos a la inversión, el cambio climático, el fomento de la paz y la democracia, la promoción de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, la educación, la investigación científica y tecnológica y la innovación, por poner algunos ejemplos. En ese sentido, desde su creación, la fundación ha publicado múltiples estudios y ha organizado diferentes seminarios y conferencias, todo ello con el propósito de impulsar las relaciones birregionales y cumplir con su misión. Por ejemplo, en agosto de 2013 la fundación puso en marcha la primera convocatoria para financiar proyectos de investigación en temas relativos a las relaciones birregionales. Además, entre otros, en el año 2015 la fundación ha desarrollado una red Unión Europea- Celac de juventud con miras a aumentar la sensibilización frente al problema común del empleo juvenil e impulsar y dar seguimiento a un grupo de trabajo sobre polos de competitividad que busque identificar buenas prácticas en aglomeraciones productivas e identificó y dio visibilidad a iniciativas birregionales provenientes de la sociedad civil y administración pública a través de la edición de los primeros premios Unión Europea-Latinoamérica-Caribe, entre otros resultados. Aún así, existe todavía un potencial de expansión considerable del papel de la fundación en las conexiones entre ambas regiones.


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Los objetivos de la fundación son muy ambiciosos, y, en este sentido, desarrolla múltiples actividades dentro de cuatro programas interrelacionados. Entre ellos, el programa Explora coordina proyectos de investigación, busca contribuir a una mayor inclusión del sector académico en la relación birregional, estimula la reflexión sobre el proceso Unión Europea-Celac y presenta sugerencias que ayuden a enfocar la asociación, con el fin de maximizar su potencial estratégico. En segundo lugar, con el programa Emprende la fundación busca contribuir a una mayor inclusión del sector empresarial en la relación birregional, atendiendo desde una perspectiva integrada los desafíos comunes, tales como competitividad, crecimiento económico sostenible y promoción de inclusión social. En tercer lugar, el programa Conecta consolida una red de redes Unión Europea-Celac a través de la promoción de forma inclusiva del desarrollo de redes birregionales en temas de interés común, tales como juventud, género, ciencia y tecnología, y de la interacción entre la sociedad civil y los Gobiernos para fomentar la participación de la primera en la relación birregional. Y, por último, con el programa Comunica se propone mejorar el entendimiento mutuo y la visibilidad de ambas regiones y de la asociación birregional a través de tres líneas de acción: concienciación, diseminación de información e integración de la cultura en la relación birregional. En definitiva -y para terminar-, señorías, España, motor en la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, debe jugar un papel más activo en la promoción de la fundación, para que goce de mayor visibilidad y pueda desarrollar sus actividades de análisis, apoyo, mejor inserción y mejor entendimiento entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, de una forma aún más beneficiosa para las dos regiones. De ahí la PNL presentada por nuestro grupo parlamentario, junto con la enmienda presentada, que confiamos que cuente con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la relativa a modificar el título, aunque entendemos que en cuanto a gustos no hay nada escrito, si bien es cierto que entendíamos que nuestro título era suficiente, también lo es que el título que propone el Grupo Socialista ciñe mejor el asunto que estamos tratando en la PNL, y, por lo tanto, nuestro grupo admite esta enmienda de sustitución. Respecto a la segunda enmienda, referente a mejorar la financiación de la fundación, si bien es cierto también que nunca hay financiación suficiente, no entendemos plenamente justificado incluir expresamente en la parte dispositiva de la proposición no de ley una referencia a la mejora de la financiación, aún menos cuando en el propio proyecto de presupuestos para el año que viene se incluye una partida presupuestaria en ese sentido.

En definitiva, señorías, esta es la proposición no de ley que presenta nuestro grupo parlamentario, que confiamos que cuente con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo para anunciar y justificar el voto favorable del Grupo Socialista a esta iniciativa del Grupo Popular, más si cabe cuando su portavoz ya ha anunciado la admisión de la primera de las enmiendas que habíamos presentado, que, desde nuestro punto de vista, clarifica muchísimo más el objeto o el motivo de la proposición no de ley. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente el mandato de la proposición no de ley no aborda la realidad de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Esta proposición no de ley aborda -y nos parece positivo y por eso la vamos a apoyar- un aspecto muy concreto, que son las relaciones mediante la Fundación Unión Europea-América Latina y Caribe. La recomendación que hace el texto, incluso con la autoenmienda del Grupo Popular, desde nuestro punto de vista es poco concreta y, desde luego, no implica ningún compromiso mayor que el actual en materia presupuestaria ni de ninguna otra índole. Lo que realmente dice esta proposición no de ley de la fundación es que siga haciendo lo que hace; si puede hacerlo, mejor que lo haga; eso sí, con el mismo dinero que hasta ahora, que, como después indicaré, es muy poquito.

La Fundación Unión Europea-América Latina y Caribe nació por iniciativa del presidente el Gobierno de España, de ese señor llamado don José Luis Rodríguez Zapatero, tan denostado por algunos, aunque algunas iniciativas positivas tuvo. Efectivamente, fue iniciativa del presidente en la cumbre Unión Europea-América Latina celebrada en 2010, en el marco de la presidencia española. Como ya se ha señalado, la fundación es una institución valiosa, y podría serlo mucho si efectivamente colaborásemos entre todos a resolver los problemas fundamentales que tiene, que no son otros que los derivados de la escasez de financiación. Esta institución tiene su sede en Hamburgo y a su cabeza hay un presidente y un director ejecutivo, y desde su creación hasta agosto de este año la presidencia correspondió a la excomisaria europea Benita Ferrero y el director ejecutivo fue un diplomático peruano, Jorge Luis Valdez. Estaba


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previsto y era conocido que en 2015 debía producirse un cambio en la cabeza de la fundación y el compromiso de los Estados era alterar el orden de los representantes de los continentes, es decir, la presidencia debería recaer en una personalidad latinoamericana y la dirección ejecutiva en un europeo. La presidencia ya ha sido renovada, se nombró presidente de la fundación al expresidente dominicano Leonel Fernández, y el cargo de director ejecutivo de la fundación en este momento está vacante y existen distintos candidatos. Lógicamente, en este momento no voy a pronunciar ningún nombre, pero es conocido en los ámbitos diplomáticos que el Gobierno español se esfuerza, y tendrá todo el apoyo del Partido Socialista, en situar al frente de esta dirección ejecutiva de la fundación a algún diplomático español, para contribuir de esta manera a cubrir el déficit de personalidades españolas en el ámbito europeo. Por eso -permítanme que lo diga así, ya que estamos al final de la legislatura-, da más la sensación de que esta PNL tiene la intención de apoyar esta iniciativa diplomática de situar a un español en la dirección que realmente de colaborar para mejorar las relaciones económicas, políticas y comerciales entre la Unión Europea y la América Latina, porque, efectivamente, hay que hacer cosas, pero la PNL no dice nada en este sentido.

Por tanto -y con esto termino-, nosotros hemos manifestado nuestro apoyo a la proposición no de ley, aunque también hemos presentado dos enmiendas. Con la primera, que ya anunció el Grupo Popular que la aceptaría, pretendemos enmendar el título, porque creemos que señalar de forma ciertamente pomposa el mejorar las relaciones de la Unión Europea con América Latina para luego referirse exclusivamente a la fundación resulta un poco extraño. Por eso, para que efectivamente sirva de respaldo a la fundación, sobre todo en el objetivo de mejora de su financiación, consideramos mejor que el título fuera específicamente el que proponemos, es decir, una proposición no de ley sobre puesta en valor, refuerzo y apoyo a las funciones que desarrolla la Fundación Unión Europea-América Latina y Caribe. Y la segunda enmienda que presentamos, mucho más importante que la primera, pero lógicamente con los temas del dinero siempre chocamos, pretendía agregar un punto referente a colaborar para solventar el problema financiero de la fundación, incrementando su dotación presupuestaria. Y en este sentido, insistimos al grupo mayoritario en que lo que en este momento reclaman las personas que trabajan en la fundación no es sólo apoyo político, sino incremento financiero. Esta es nuestra posición. Creemos que podemos y debemos votar favorablemente, y, lógicamente, la votaremos con la propuesta final que ha planteado el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces, por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Señorías, con brevedad también, quiero anunciar el voto favorable a la proposición no de ley que se presenta a debate y votación. Pero hay que decir que estamos ante una proposición no de ley de las que habitualmente presenta el Grupo Popular, como grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno, en el sentido de instar al Gobierno a hacer aquello que de alguna forma se supone que debe hacer. Por tanto, no vamos a votar en contra, pero difícilmente aporta concreción e iniciativas que permitan incidir en todo lo que es esa apuesta por el diálogo entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, como se apunta en el preámbulo de la proposición no de ley. Creemos que se debería haber ido más allá y haber concretado unas líneas de trabajo, no tan genéricas. La autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular mejora un poco en el sentido de avanzar como organización internacional, pero, pese a todo, seguimos pensando que es una proposición no de ley que adolece de una cierta vaguedad y que, como digo, lo que hace, en definitiva, es instar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones. No va a ser nuestro grupo parlamentario el que diga al Gobierno que no debe hacer aquello que es su obligación, y, por tanto, vamos a votar favorablemente esta iniciativa y hacemos una apuesta porque realmente este diálogo de fondo entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, en el que sin duda España ha de jugar un papel determinante y es un agente fundamental, siga avanzando y siga progresando, con el máximo consenso posible en el ámbito parlamentario español.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, de las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular entiendo que la proposición no de ley se votaría incluyendo tanto la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular como la segunda enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SERRANO CORONADO: Así es.


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- SOBRE EL PROYECTO SERRANÍA CELTIBÉRICA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente del Congreso 161/003352 y número de expediente del Senado 663/000099).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre el proyecto serranía celtibérica, contra la despoblación. Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, interviene, para la defensa de la iniciativa y de su propia enmienda, por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, el señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: En enero de 2015 nuestro grupo presentó esta propuesta, que persigue fundamentalmente impulsar medidas contundentes para combatir la grave situación de despoblación y envejecimiento que sufre el territorio interregional a lo largo del sistema ibérico central, entre las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que se ha venido a definir serranía celtibérica. Para mostrar gráficamente a sus señorías las características de este territorio, basta decir que estamos hablando de una zona de más de 65.000 km², exactamente 65.825 km², dos veces el territorio que ocupa la extensión de Bélgica o dos veces Cataluña, el equivalente a la tercera comunidad autónoma en extensión, tras Andalucía y Castilla y León, en el que apenas viven 500.000 personas; concretamente, censadas 499.186, lo que hace que tenga una densidad de población de 7,58 habitantes/km²; un territorio que solo cuenta con cuatro municipios de más de 20.000 habitantes y con 614 municipios de menos de 100 habitantes. El resto del país -para que se hagan una idea- tiene 389 municipios de más de 20.000 habitantes y 566 municipios de menos de 100 habitantes. Esta imagen caracteriza la situación en la que se encuentra ese vasto territorio del que les hablo, un territorio que, además de despoblado y envejecido, es montañoso y es rural; un territorio que, evidentemente, con estas características, se sitúa a la cabeza y como la zona más desestructurada de la Unión Europea, de la que ya se está empezando a hablar de demotanasia, como han acuñado los investigadores de este proyecto que hoy presentamos. Propusimos esta iniciativa para impulsar este proyecto, porque precisamente permite diagnosticar en su globalidad y, por lo tanto, plantear soluciones a un problema interregional, para unas cinco comunidades autónomas, y hacerlo -insisto- de forma global, que es lo que no había venido pasando, y, por lo tanto, superando esas visiones territoriales que impiden, de facto, que los territorios afectados puedan lograr, entre otras cuestiones, la consideración por parte de Europa de Región Escasamente Poblada o NUTS2, puesto que la normativa europea, como bien saben, es muy exigente a este respecto. Es importante detenerse en esta cuestión y en la relevancia que tiene el requisito demográfico de 8 habitantes/km² que Europa impone para acceder a esta consideración, un requisito que hasta ahora en Europa solo cumplía Laponia y que, lamentablemente, se ajusta también al conjunto del territorio que abarca la serranía celtibérica.

No voy a extenderme en las características del proyecto porque estoy convencido de que todos los grupos, todos los aquí presentes lo conocemos, por cuanto que ha sido uno de los elementos estudiados en la ponencia especial para la adopción de medidas que en relación a la despoblación rural se produjo en el Senado y en cuyo informe final -que fue aprobado por unanimidad del conjunto de los grupos de esta Cámara y del Senado, también representados hoy aquí- se incorporan tres de las medidas que se proponen en esta PNL, que han motivado su actualización y la enmienda que este grupo ha presentado, porque evidentemente esta propuesta era de enero y el informe del Senado, que se incardina perfectamente en esta propuesta, es del mes de junio. Señorías, esto es lo que proponemos, dar un impulso a los acuerdos del Senado, aprobados por unanimidad, y, una vez que la serranía celtibérica reúne los requisitos exigidos por la Unión Europea y por el Tratado de Lisboa, en su artículo 174, en materia de política de cohesión, para ser atendida con la especificidad y singularidad que merece en materia de inversión para frenar la sangría poblacional que padece, que acordemos solicitar que la serranía celtibérica sea reconocida por el Gobierno de España, que es a quien compete en este caso, como la quinta inversión territorial integrada y se sume a las cuatro que ya están determinadas en el Estado. Las inversiones territoriales integradas, las ITI, son el instrumento de gestión que permite reunir los fondos de varios ejes prioritarios y de uno o varios programas para garantizar el mejor impacto de las políticas que se pongan en marcha, en este caso para frenar la despoblación, uno de los elementos fundamentales que determina el Tratado de Lisboa en ese artículo que acabo de citar; un impacto positivo y además mucho más firme, por cuanto que muchas veces supera las trabas administrativas que implica la realidad interregional a la que afecta este problema.


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Precisamente, este territorio lo requiere, porque jamás ha contado con un plan de desarrollo que esté a la altura de la globalidad del problema, habida cuenta de que es común a varias regiones y nunca se había abordado desde la perspectiva interregional. Además, en este territorio no solo hay problemas comunes en estas comunidades autónomas, también hay potencialidades, también hay valores y también hay cuestiones positivas que hay que impulsar, como dice la propuesta aprobada en el Senado. Consideramos que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en que hay que superar la dinámica de fragmentación y hay que avanzar juntos, tal y como acordó el Senado. Es importante recordar que las 3 únicas medidas de acción local contenidas entre las 50 propuestas que se aprobaron en la ponencia por unanimidad son aquellas que hacen referencia a la serranía celtibérica, que conforman la propuesta que el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural propone hoy para su votación. Corresponde al Gobierno del Estado definir las inversiones territoriales integradas que permitirían obtener los fondos estructurales suficientes para empezar a poner fin a este grave problema de despoblación que sufre nuestro territorio. Se han determinado cuatro y, como les decía, es momento de solicitar la quinta ITI del Estado, y eso es lo que pedimos, que sea la serranía celtibérica, y también para ayudar a nuestro Gobierno en su trabajo en Europa, es decir, en su trabajo por impulsar y para poner fin al gravísimo problema que aqueja a este gran territorio de España y de Europa, una zona que, por otro lado, tiene un grandísimo potencial, por lo que, tal y como acordó el Senado, debe ser reconocida como patrimonio de la humanidad, como también solicitan los promotores del proyecto.

En este sentido, es importante recordar -y acabo, señorías- que son más de 160 los investigadores que han impulsado este proyecto y que están tras él, son muchísimos los apoyos en la práctica totalidad de las diputaciones provinciales del conjunto de estos territorios, de las delegaciones del Gobierno, como la de Aragón, que también se mostró absolutamente favorable a este impulso felicitando los acuerdos del Senado; son 10 las universidades que han conformado la Red de universidades de la serranía celtibérica y son muchísimos más los actores que están trabajando y solicitando que este proyecto se lleve a cabo, superándose esas visiones territoriales que impiden impulsar medidas para poner fin a este grave problema. Esto es lo que les solicito, que apoyemos la labor del Senado, y, en ese sentido, aceptaremos la enmienda que presenta el Grupo Socialista, porque va en la misma dirección que para otro tipo de zonas pero consideramos que es un problema que aqueja al conjunto del Estado y es importante atajarlo en su globalidad, y, como les decía, que apoyemos la labor del Gobierno en Europa y el impulso del proyecto de serranía celtibérica para la lucha contra la despoblación y el desarrollo de este territorio, señorías, que tanto lo necesita.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: En primer lugar, quiero agradecer y manifestar nuestro entusiástico apoyo a la PNL de reconocimiento de la serranía celtibérica y todas las medidas que en ella se proponen, entre ellas la decisión de que sea una ITI. Nosotros conocemos perfectamente este proyecto porque fue expuesto por su director, Francisco Murillo, en su comparecencia en el Senado, y compartimos la filosofía de actuar con el criterio de macizo y el de actuar desde el territorio con un conjunto de actuaciones de todas las administraciones públicas y también de la sociedad civil. En esta labor, quiero poner en valor el trabajo que hicimos en el Senado durante un año, con comparecencias de los mejores expertos en la materia, como José María Pérez, Peridis, o José Emilio Guerrero, Eduardo Moyano, emprendedores como Carlos Barrabés, científicos, alcaldes, representantes de la administración y otros colectivos, como Euromontanas. En resumen, proponemos esta enmienda en el sentido de que, aparte de las actuaciones concretas y locales en esta región, que es el corazón de la despoblación en España, también se deben llevar a cabo actuaciones de carácter global, porque esta es una cuestión de Estado. El desequilibrio territorial que sufre España es una amenaza para la igualdad y, por lo tanto, deben acometerse medidas de carácter global. Nosotros lo hemos propuesto en el Senado en un acuerdo aprobado por unanimidad, recogiendo las propuestas que nos fueron llegando de todos los expertos y las distintas partes del territorio, y digo que España lo debe afrontar y que los partidos políticos -y es bueno este momento para decirlo- deben poner esta cuestión en la agenda política. Es el momento oportuno para afrontar los desequilibrios que tiene España y las desigualdades que ello ocasiona, los problemas de la gente que vive en la mayoría del territorio español, que está despoblado, en relación a las zonas más superpobladas, donde vive la mayoría de la población. Por tanto, no es solo un tema de justicia, que también; se trata de que España utilice el cien por cien de la potencialidad de su territorio, un territorio donde está el origen de la vida


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-decía uno de los comparecientes-, el lugar que nos garantiza que vamos a tener agua, que vamos a tener un aire de calidad, que vamos a mantener las condiciones soportables del clima, que vamos a mantener la diversidad pero también los alimentos, la energía; un territorio -lo decía el proponente- que tiene oportunidades. Precisamente, en el momento de la globalización, del avance tecnológico, es también momento para oportunidades, porque se abren oportunidades para realizar actividades económicas que antes en estos territorios no se podían desarrollar. Por tanto, se requieren actuaciones para asegurar la conectividad digital, para asegurar todo el conjunto de comunicaciones, el transporte y los servicios; es importante el papel de cooperación entre los habitantes y la sociedad civil de este territorio, y se requiere acción, pero a veces estas son acciones sencillas, porque no hay que complicarse tanto la vida; hay que desarrollar y sacar tajada a las potencialidades de la agricultura y la ganadería, porque hoy son muchos más los aprovechamientos diversos posibles: por ejemplo, solo pensando en el sector forestal, desde las actividades de ocio y deporte, hasta el tratamiento de la biomasa -abandonada-, la apicultura, la resina, los corchos, la micología. Son infinitas las posibilidades de actividades a desarrollar que pueden generar empleo. Y esta es la clave para mantener población, que haya actividad y empleo. También decimos en las conclusiones que el cuidado de esos espacios naturales debe repercutir en quienes lo cuidan y viven en esos espacios, y que son necesarias medidas como una fiscalidad favorable. No es normal que quienes mantienen ese espacio, que es un sumidero de CO² y asegura la lucha contra el cambio climático, no tengan ninguna ayuda del resto del territorio, que está contaminando y creando esas otras condiciones. También ayuda un tratamiento favorable para los costes de emprendimiento y ciertos mecanismos para su financiación, una normativa simple, porque a veces superponemos normativas, lo que hace inviable el desarrollo. Y, finalmente, buscar nuevas oportunidades, nuevos empleos, iniciativas imaginativas, como algunos de los ponentes, como Peridis, expuso brillantemente. Y hemos reclamado -creo que es un clamor- una legislación específica ya en España para llevar a cabo una acción global por parte de todas las administraciones y la sociedad, en su conjunto. Y una de las conclusiones es que Europa ha de tomárselo muy en serio -esto también es un problema europeo- y este es un lugar propicio también para hacerlo. Hemos rescatado bancos y hemos rescatado muchos sectores: rescatemos, de una vez, a las zonas despobladas y de montaña. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Simplemente, intervengo para manifestar nuestro voto favorable a la proposición no de ley que presenta el grupo La Izquierda Plural. Sin duda, actuar de forma transversal por parte de las distintas administraciones, sin más, en el marco de la Unión Europea para combatir la despoblación rural es un objetivo absolutamente prioritario para garantizar la cohesión de nuestra sociedad y especialmente en España. Es importante haber incorporado la referencia a la ponencia que se constituyó en el Senado, a la que también hacía referencia el senador Fidalgo en su anterior intervención, una ponencia que avanzó mucho en esta dirección, y realmente es importante que se consiga aplicar las conclusiones del trabajo de la ponencia que aprobamos en el pasado mes de junio en el Senado. Por eso, deseando que esta proposición no de ley sirva para dar un impulso a todo este espacio central de nuestro país, como he dicho, nuestro voto va a ser favorable.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN GÓMEZ: Señorías, partimos de la preocupación de todos los grupos parlamentarios, aquí ya se ha manifestado por los distintos portavoces, y del propio Gobierno por las zonas de montaña y en concreto por la despoblación en estas. A los hechos nos remitimos, concretamente el proyecto de serranía celtibérica en su día recibió por parte del Ministerio de Economía y Competitividad una subvención para investigar sobre este tema.

A partir de ahí tenemos que decir también que existe un consenso absoluto, y muestra de ello es el trabajo que se ha venido realizando en este caso en el Senado en los últimos años. Quiero destacar la Comisión especial de estudios sobre medidas a desarrollar para evitar la despoblación de zonas de montaña. Esa Comisión fue creada en el año 2013, en ella comparecieron más de cincuenta ponentes y emitió su informe el pasado mes de junio de 2015. El objetivo de la propuesta es una serie de medidas normativas y administrativas para que las zonas de montaña puedan progresar, atendiendo a la


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modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, especialmente la agricultura, ganadería, pesca, artesanía, etcétera, dándoles un trato especial tal como recoge la propia Constitución española en su artículo 130.1. Se recogieron treinta y cinco propuestas y una treinta de recomendaciones finales referentes a ordenación del territorio, comunicaciones, recursos, espacios naturales, servicios públicos, empleo, etcétera.

Asimismo el propio Gobierno ha contestado a varias de las preguntas que los distintos grupos parlamentarios han realizado durante el último mandato referentes a cómo se está trabajando para poner en marcha iniciativas que traten de evitar esa despoblación en zonas de montaña, y concretamente también de la serranía celtibérica. También, como se ha hecho referencia hoy aquí, ha habido una ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación. Han sido diez sesiones y han comparecido treinta y un expertos que representan a todos los ámbitos afectados por la problemática. Quiero resaltar que en la problemática estamos todos de acuerdo, pero no es competencia exclusiva del Gobierno el poner en marcha la quinta ITI, tal como ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural. La competencia es de las comunidades autónomas afectadas, como aquí se ha indicado, y requiere una unidad territorial. Lo que hace el Gobierno es colaborar con estas para que puedan tener acceso a todos los fondos europeos, que ahora después enumeraré brevemente.

En esa Comisión del Senado han comparecido representantes de las distintas administraciones -local, provincial, autonómica, nacional-, de la Federación Española de Municipios y Provincias, universidades, empresarios, asociaciones del mundo rural, etcétera. Se ha citado que tanto en la ponencia para municipios de montaña como específicamente para municipios rurales ha habido unanimidad, y quiero resaltar esto porque partimos de esa base por parte de todos los grupos parlamentarios. Con todas las propuestas de todos los expertos y personas afectadas se han elaborado esas dos ponencias, que fueron aprobadas por unanimidad. Precisamente en ellas se acuerda que desde las distintas administraciones afectadas se pongan las políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural y especialmente de la mujer joven en estos municipios, si afecta en este caso a todas las administraciones.

Si nos centramos -que es lo importante- en la propuesta que hoy trae aquí el Grupo de La Izquierda Plural, tenemos que decir que no tenemos inconveniente en cambiar algunos puntos de este acuerdo, de hecho algunos ya se han cambiado y parece otra proposición no de ley diferente a la inicial. En cuanto al punto 4 que dice que se considere a la serranía celtibérica como la quinta ITI, Inversión Territorial Integrada, debe ser a propuesta de las distintas comunidades autónomas. Tanto es así que quiero detallar que se está trabajando bastante a través de los fondos europeos para tener en cuenta todas las necesidades de esta zona escasamente poblada. Ejemplo de ello son las conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013; el Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo que considera que la Unión propondrá reducir la diferencia entre los niveles de desarrollo y además habla de una estrategia común que tenga en cuenta la situación demográfica de estas regiones; el acuerdo de asociaciones entre España y la Unión Europea, que actualmente está vigente con la programación 2014-2020 y que ha tenido en cuenta precisamente parte de las alegaciones presentadas referente a la problemática de los territorios aquejados de desventajas naturales demográficas graves y permanentes, es decir, se está trabajando en este tema. En este sentido, también hay comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura que forman ya parte de la Red europea de regiones con desafíos demográficos. También tenemos que el problema de la despoblación está dentro del acuerdo de asociación de España para el periodo 2014-2020 y dentro de ese acuerdo existe la posibilidad de crear la famosa ITI, a la que los distintos portavoces han hecho referencia.

¿Qué significa? Que se definen como una estrategia de desarrollo urbano o cualquier otra estrategia territorial que exija un enfoque integrado que implique inversiones del Fondo social europeo, de los fondos de desarrollo regional. En este caso afectaría a varios territorios, como bien se ha dicho, y existe la posibilidad de ponerla en marcha. ¿Qué tenemos que decir? Que pueden constituirse en cualquier momento. Existe una problemática común, que es conocida y en eso estamos todos de acuerdo. Debe existir una estrategia territorial conjunta por parte de todas las comunidades autónomas y además existirían algunas ventajas. Por tanto, las comunidades autónomas -de hecho ya el Gobierno ha tenido contacto con ellas- deben ponerse de acuerdo para impulsar esta ITI. Sin embargo, no es competencia -como aquí se ha querido trasladar- del Estado. Por lo tanto, lo que queremos trasladar a los distintos portavoces de los distintos grupos políticos es que el consenso existe, lo que hay que hacer es ponerse en marcha y dar los pasos necesarios al respecto. Tanto la propuesta de que la serranía celtibérica sea reconocida


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como Patrimonio de la Humanidad como cualquier otra de las muchas que se puedan hacer llevan un procedimiento, afectan a distintas administraciones y también tenemos que ir de abajo hacia arriba. Por supuesto llegado el momento el Gobierno central no tendrá ningún inconveniente en apoyar esas peticiones. (Aplausos.- El señor Sanz Remón pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: ¿A qué efecto, señoría? Porque solo hay un turno de debate.

El señor SANZ REMÓN: Me gustaría hablar con la portavoz del Grupo del Partido Popular, a ver si podemos llegar a una propuesta de consenso entre nuestros grupos.

El señor PRESIDENTE: Tiene de plazo hasta el momento en que se someta a votación la iniciativa. Hasta entonces lo que entiendo es que su señoría ha aceptado la enmienda del Grupo Socialista.

El señor SANZ REMÓN: Si estamos todos de acuerdo, me gustaría poder consensuar una transaccional más amplia. Si hay consenso, no tiene por qué haber problema.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, ya saben sus señorías el tiempo que tienen para poder llegar a una resolución de este tipo.

- SOBRE LA VECINDAD EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/003576 y número de expediente del Senado 663/000102).

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la última proposición no de ley, en este caso sobre la vecindad europea. Se ha presentado una enmienda y, en primer lugar, interviene para la defensa de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Esta proposición no de ley que presentó mi compañero Àlex Sáez Jubero contiene sus reflexiones, así como también las consideraciones de los compañeros y compañeras de otros grupos que asisten con periodicidad a las reuniones de la Conferencia de Asuntos Exteriores, que se reúne con carácter semestral de manera paralela a la Cosac.

Tal como explica la exposición de motivos la nueva -ya no tan nueva- alta representante europea para política exterior planteó recientemente la revisión de la política de vecindad de la Unión Europea; vecindad en sus dos dimensiones: vecindad este y vecindad sur. Sin duda, ambas son igualmente importantes por la actualidad que está ocurriendo en el mundo y en particular con relación al papel que España ha venido jugando de manera importante en cuanto a la vecindad sur. Hay que recordar el papel que tuvo nuestro país en la puesta en marcha e impulso de la Unión por el Mediterráneo, del llamado proceso de Barcelona y con sede en esta misma ciudad. Asimismo, hay que recordar que esta cuestión en los últimos años va pasando cada vez más desapercibida y esas decisiones se adoptan al margen de las estructuras y de la dinámica inicial sobre el proceso de Barcelona. Esta moción pretende impulsar el papel proactivo de España y lo que hace es repasar, en primer lugar, la complicada situación que existe en la Europa del Este, recordando la situación en Ucrania donde la inestabilidad e inseguridad generan preocupación sobre el desafío de fondo en materias como las migraciones, la cuestión de la seguridad energética y, en segundo lugar, la situación de países que están más allá de las fronteras europeas como Georgia o Moldavia.

Respecto al sur es evidente que la situación evoluciona de manera muy distinta y muy complicada. No hay más que hacer un recorrido rápido desde Turquía, pasando por la situación en Siria hasta llegar a Egipto, la guerra civil en Libia, la situación del estancamiento de evolución en Túnez o también la situación de Argelia y Marruecos para comprender que es preciso reforzar la política de vecindad, impulsarla y aproximar las políticas de vecindad de los diferentes Estados miembros.

Este año se celebró en mayo en Riga la Cumbre de la Asociación Oriental y este impulso desde Europa hacia el este debe ir acompañado con el apoyo de este Parlamento para impulsar y retomar también la Unión para el Mediterráneo y la vecindad del sur, ya que la situación en regiones fronterizas del sur como pueden ser el Sahel u Oriente Medio así lo recomiendan.

La moción repasa estas cuestiones y hace una serie de propuestas. En primer lugar, propone apoyar la revisión de vecindad y propiciar en el seno de esta Comisión la comparecencia de miembros del Gobierno para tener una interlocución directa con el Gobierno en esta cuestión. En segundo lugar, plantea


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apoyar en el marco de la revisión de la política de vecindad la necesidad de que España sea un elemento catalizador para aproximar posiciones divergentes. La cuestión de los refugiados y la crisis de asilo así lo demuestran en los últimos meses, por desgracia. En tercer lugar, propone apoyar el principio de diferenciación. Hay que hacer un mayor esfuerzo para apoyar y respaldar políticas concretas en cada uno de los países. Por último, propone garantizar que esta revisión de la política de vecindad sea coherente con las políticas de la Unión Europea en materia exterior, con la PESC -aquí hay una enmienda del Grupo Popular, que quizá podríamos matizar un poco más-, y también con las políticas de otras entidades en las que estamos inmersos como es el caso de la OTAN.

Respecto a la enmienda del Grupo Popular, aunque en principio la aceptamos, hay que recordar que en la Cumbre de Riga se instó también a propiciar un acercamiento de la política europea de vecindad con la PESC y la política común de seguridad y defensa. De modo que quizá si el Grupo Popular acepta, podríamos redactar un cuarto punto algo más concreto, porque tal y como está recogido en la enmienda que han presentado por escrito queda algo difuso. Podríamos concretar ese acercamiento concreto hacia las líneas maestras de la PESC y la política de seguridad y defensa común.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de su enmienda tendrá la palabra la señora Ripoll. (Rumores). Ruego a los señores diputados y senadores que están intentando transaccionar una propuesta que si pueden, lo hagan al final de la sala para evitar molestar a quien va a intervenir ahora en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Ripoll.

La señora RIPOLL JUAN: Quiero comenzar, como lo ha hecho el señor Moscoso, haciendo mención a don Àlex Sáez que es quien presentó esta PNL y quiero agradecerle también desde aquí su trabajo y su capacidad de diálogo. Ruego al señor Moscoso que se lo transmita.

Dicho lo cual vamos a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la PNL del Grupo Socialista, entendiendo que los puntos 1 y 2 tienen bastante relación entre ellos porque refuerzan la proyección pública de la Unión Europea en su conjunto, y comunicando también esa política exterior, todo eso que se está haciendo en la política de vecindad a nivel europeo y los beneficios de la misma. Los agentes sociales y la implicación de la sociedad civil entendemos es algo fundamental, como lo son las asociaciones empresariales, para aprender también de ellos y conseguir esa visibilidad que la Unión Europea pretende respecto a la política de vecindad.

Respecto al punto 3 la modificación realmente se sustenta en el hecho de que el principio de diferenciación que el señor Moscoso comentaba no puede convertirse en una suerte de principio de discriminación. Entendemos que al menos así redactado sonaba más o menos así, porque el apoyo a los socios más ambiciosos no debe entenderse como un menoscabo de la relación con otros socios. El principio de diferenciación, por tanto, debe mantener un enfoque país por país y evitar caer en la categorización por bloques de países. La Unión Europea debe poder ofrecer, en cualquier caso, a cada socio una relación de cooperación adaptada a sus realidades particulares y también a sus ambiciones. Eso significa por supuesto respaldar políticamente a los socios más ambiciosos, al mismo tiempo que implica buscar fórmulas alternativas para reforzar la cooperación con los socios que prefieren una relación de otro tipo, sobre la base de decisiones soberanas que además solo a ellos corresponde.

El señor Moscoso también proponía a esta ponente el hecho de considerar el punto 4. Yo creo que tiene razón, señor Moscoso, que tanto la propuesta inicial que ustedes hacían como la que quizás hemos planteado nosotros son perfectamente complementarias. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en llegar a un entendimiento en este punto. Si le parece, lo hablamos cuando acabe esta intervención y lo aclaramos. Además, nos parecía una simplificación, como le decía, pero incluyendo algunas cosas que usted ha mencionado puede ser perfectamente asumible.

Por otra parte, en la exposición de motivos ya se ha recordado suficientemente cuál ha sido la historia de la PESC desde su creación. Es cierto que las vicisitudes y los cambios sociales, políticos y económicos dan lugar a que este tipo de política se revise -esa y todas- permanentemente. Ya se hizo una revisión en 2011, aunque es verdad que ahora se ha propuesto una nueva revisión, que abordará estos temas más profundamente, presentada por Federerica Mogherini que se ha llamado "Hacia una nueva política de vecindad". Es un documento que enmarca el debate de cara a esa exhaustiva revisión de la PEV, de la hablábamos y que es tan necesaria, en el que se recogen algunas conclusiones preliminares. Sobre la base de experiencias adquiridas se sugieren algunos de los primeros elementos de respuesta en pro del desarrollo de una mayor colaboración y se indican cuestiones clave para el debate con los socios y las


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partes interesadas, de lo que hablaba también el Grupo Socialista en su punto 1 y 2 de la proposición no de ley. Los resultados de la consulta pública, que por cierto ya la han realizado, se esperan en breve. Ahí es donde va a haber propuestas concretas sobre las futuras orientaciones de la política europea de vecindad.

Igualmente tras la presentación de esta PNL -también usted ha dicho algo sobre ello- se ha seguido trabajando y avanzando en esta materia como reflejan las conclusiones del Consejo Europeo de marzo; el encuentro del presidente Rajoy con el presidente del Consejo Europa, Donald Tusk, a finales de este mismo mes; las conclusiones del Consejo y la Cumbre de Barcelona sobre el Mediterráneo, ambas en abril, o la Cumbre de la Asociación Oriental en Riga en mayo, por mencionar algunas citas en las que se ha ido avanzando y profundizando en el desarrollo de la política de vecindad. Asimismo requiere atención -me parece un documento francamente interesante y recomendable- la Resolución del Parlamento Europeo de julio sobre la revisión de la política de vecindad. Todo ello en su conjunto viene a demostrar que todo es mejorable, también la PEV.

Mucho se ha avanzado, pero otro tanto resta por hacer. Conseguir mayor eficacia en la consecución de sus objetivos es fundamental, como lo es lograr su adecuada integración en la política exterior general de la Unión Europea, con un enfoque global y maximizando la utilización de todos los instrumentos, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, incluido el modo en que los diferentes sectores pueden contribuir a mejorar la cooperación, asegurando los vínculos entre las relaciones externas e internas y garantizando un mayor y más eficaz desarrollo de una zona de estabilidad, seguridad y prosperidad compartida con nuestros socios.

La Unión Europea es el principal socio comercial de la mayoría de los países socios, valga la redundancia. Se ha proporcionado un marco para la cooperación sectorial en ámbitos muy variados como la energía, el transporte, las infraestructuras, el comercio, la agricultura, el desarrollo rural, la salud, las aduanas, la fiscalidad, la movilidad, en infinitos temas en los que hay que seguir profundizando. Además hay que ser flexible porque el concepto de flexibilidad es aquí muy importante, debemos ser flexibles en la ejecución atendiendo a las diferentes necesidades y niveles de ambición de cada uno de los vecinos, respetándose el principio de diferenciación -cierto es, señor Moscoso, como también propone en su punto 3 de la proposición no de ley-, pero también el de corresponsabilidad. Por y para ello están, entre otras cosas, los instrumentos de acuerdos de asociación, los de libre comercio y los de colaboración y cooperación, así como los planes de acción, los acuerdos bilaterales, los proyectos multilaterales o las ayudas financieras: 15.000 millones previstos para el periodo 2014-2020. No debemos perder de vista tampoco que ante las amenazas y desafíos globales que nos afectan hay que dar también soluciones globales. La cooperación es en primer lugar, y visto los acontecimientos, un imperativo humanitario y también lo es estratégico. Ello ese aplicable tanto a la Asociación Oriental como a la Unión por el Mediterráneo.

Quiero acabar diciendo algo positivo. Es cierto que hay diferentes conflictos de distinto calado que afectan también a esta política de vecindad, porque la política de vecindad no solo se refiere a nuestros socios o vecinos inmediatos, sino que también se refiere a los vecinos de nuestros vecinos, y al final acaba siendo un problema no solo de la Unión Europea sino también de la comunidad internacional. Por ello, conflictos distintos y de diferente calado como en Siria, Libia, Yemen, el Sahel, Mali y la República Centroafricana, la inestabilidad en Oriente Medio, y por supuesto sin olvidar la crisis en Ucrania, son también temas que hay que tratar y abordar donde es imprescindible conseguir, en el caso de Ucrania por afectarnos más directamente, un clima de confianza y el respeto al cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

Por acabar en algo positivo, les diré que estamos convencidos de que transformar todo ello en oportunidades para la paz, el desarrollo y la prosperidad, la seguridad y la libertad es un reto que pasa por un papel todavía más activo de la Unión Europea en la consecución de los objetivos de la PEV, basándose en la responsabilidad recíproca y en un compromiso compartido con los valores universales de los derechos humanos, democracia y el Estado de derecho. En ello estamos, motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la presente proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señorías, tienen tiempo hasta la votación para ver si llegan a un acuerdo transaccional, que deberán trasladar a la Mesa para que también lo conozcan los distintos grupos al efecto de poder realizar las votaciones oportunas.


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En el turno de portavoces tiene la palabra en primer lugar por la Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Señorías, nos parece de lo más oportuna esta proposición no de ley del Grupo Socialista y celebramos el consenso que se apunta entre los dos grupos mayoritarios. La necesidad de revisar la política de vecindad por parte de la Unión Europea no es solo un mandato del Consejo Europeo, sino que es una necesidad fruto del cambio del escenario internacional y especialmente de las crisis surgidas tanto en la vecindad oriental como en la vecindad mediterránea.

Tenemos en este momento dos graves crisis abiertas, que tienen importantes connotaciones de seguridad y que requieren precisamente adaptar la estrategia de la Unión ante estas situaciones. De todas formas es importante tener también presente, a nuestro modesto entender, que hasta ahora el grado de priorización por parte de la Unión Europea de las dos vecindades ha sido distinto. Ha habido una atención más importante, fruto seguramente de la correlación de fuerzas dentro de los propios veintiocho países miembros de la Unión Europea hacia la vecindad oriental y de alguna forma todas las políticas de la vecindad mediterránea, y en definitiva de la propia Unión por el Mediterráneo, han quedado relegadas hasta una cierta inoperancia. Ha tenido que sobrevenir la crisis migratoria para que el tema de la vecindad mediterránea se ponga en el centro de los debates de la Unión Europea. Sin embargo, los países mediterráneos de la Unión, y por supuesto España, debemos hacer un esfuerzo importante por considerar la política exterior y de seguridad de la Unión en su conjunto, pero sobre todo velando por nuestros intereses, que también son los intereses de la Unión Europea, intentando poner de manera prioritaria en los debates de la Unión Europea el tema mediterráneo.

Hace pocos meses tuve la oportunidad de plantear una interpelación al ministro de Defensa en el Senado y luego presentar una moción consecuencia de interpelación, instando al Gobierno a que en el seno tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica se priorizase la atención por el Mediterráneo donde en realidad hay una crisis que está afectando gravemente a la seguridad de nuestro país. Evidentemente no es un tema solo de defensa, pero también es un asunto de defensa y de relación con todos los países del norte de África y del Próximo Oriente. Por tanto, es un tema absolutamente prioritario, al que posiblemente no dedicamos los esfuerzos suficientes. Esta moción a la que hago referencia afortunadamente se aprobó por unanimidad en el Senado y la línea del consenso es la mejor para abordar este tipo de cuestiones. Hago un voto también para que a partir del inicio de la nueva legislatura, porque esta ya está finalizando, en los temas de política exterior y seguridad de la Unión de alguna forma se concite una parte importante de nuestro interés, tanto de esta Comisión mixta como de las propias Cortes Generales, por la situación crítica que estamos viviendo en este momento, pero, sobre todo, también para abordar las cuestiones de fondo de relación con nuestros vecinos. De ahí la necesidad de profundizar en estas políticas, tanto en el flanco oriental, la política de vecindad oriental, como también en la vecindad mediterránea en la que España tiene y ha de tener un interés prioritario.

Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa, que espero que también se pueda aprobar por unanimidad en el día de hoy.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar, por el Grupo Catalán de Convergència i d'Unió, tiene la palabra el Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Quiero manifestar el apoyo de mi grupo a esta moción porque la consideramos idónea y necesaria. La adecuación de la política de vecindad de la Unión Europea es un hecho innegable, necesario y creemos que la propuesta que está desarrollando la vicepresidenta Mogherini va en una buena dirección. En primer lugar, la política de vecindad tiene que ser una alternativa posible a las ampliaciones en la Unión. Recordemos que la gran ampliación a los países del este de Europa, que era una necesidad histórica, no fue lo fructífera o positiva que hubiera sido deseable por las prisas y las maneras en que se hizo, a tenor de que la Unión no procedió a la modificación de sus estructuras institucionales. Por tanto, una buena política de vecindad puede ser alternativa en algunos casos, especialmente en la Europa del este, a las adhesiones de la Unión Europea que todavía no estén maduras.

Podríamos distinguir entre la política de vecindad del este de Europa y el sur de Europa porque presentan problemas diferentes, aunque los dos sean importantes. A mí la redacción de la proposición tal y como la presenta el Grupo Socialista me gusta, aunque entiendo la enmienda que efectúa el Grupo Popular. Creo que es importante que vinculemos a la política de vecindad, por un lado, con la política de seguridad europea, y por otro, con la NATO, con la OTAN. Esto sería importante que se pudiera mantener


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porque una buena parte de estos problemas afectan a la seguridad. En el ámbito de la política de vecindad hacia el sur la coordinación no tan solo con la Unión Europea o con la OTAN, sino con otras organizaciones internacionales va a ser profundamente necesaria para resolver problemas. No nos engañemos, buena parte de los problemas que nos vienen en forma de crisis migratorias desde el sur solo se podrá resolver con actuaciones en el territorio, en territorios de terceros Estados y esto solo se podrá hacer en el marco de la colaboración con la OTAN.

Me gusta también la redacción de la propuesta socialista en el hecho de que se premia a los países que más avanzan. Tenemos que confiar en este aspecto competitivo, en el sentido de que los que más avancen en sus reformas democráticas, en el fundamento de la democracia y sobre todo los que más avancen en la mejora de un sistema de gobernanza institucional puedan tener más apoyo de la Unión Europea. Entiendo que no podemos dejar al margen a nadie, pero tenemos que apostar más por aquellos que puedan avanzar más en esta gobernanza institucional que para nosotros es imprescindible. Por ejemplo, la situación de Libia, a la que siempre nos hemos referido cuando viene el ministro de Asuntos Exteriores. La ingobernabilidad de los dos Estados que hay en Libia hace imposible que pueda haber una relación del conjunto de los países de la Unión Europea con el Estado libio. Por tanto, tenemos que premiar a aquellos que avancen más y me gusta ese aspecto de competitividad positiva que manifestaba la redacción de la proposición socialista.

En cualquier caso si se aceptan enmiendas transaccionales, pensamos que es importante conseguir el consenso a favor de la política de vecindad de la Unión Europea. Nuestro grupo va a votar a favor de la proposición ya sea tal como está redactada o enmendada o transaccionada con las enmiendas que pueda haber del Grupo Parlamentario Popular.

DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:

- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA, EN RELACIÓN CON MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRECIA, EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, AL FONDO SOCIAL EUROPEO, AL FONDO DE COHESIÓN, AL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL Y AL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA, Y POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, AL FONDO SOCIAL EUROPEO, AL FONDO DE COHESIÓN Y AL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA [COM (2015) 365 FINAL) (2015/0160 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000353 y número de expediente del Senado 574/000286).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de las proposiciones no de ley, pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea. La primera de ellas es la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en relación con medidas específicas para Grecia, el Reglamento número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo europeo de desarrollo regional, al Fondo social europeo, al Fondo de cohesión, al Fondo europeo agrícola de desarrollo rural y al Fondo europeo marítimo y de la pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo europeo de desarrollo regional, al Fondo social europeo, al Fondo de cohesión y al Fondo europeo marítimo y de la pesca. Se ha recibido informe del Gobierno e interviene en primer lugar, para presentar el informe, su ponente, el señor don José López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Efectivamente, voy a obviar relatar el largo enunciado del título del reglamento que afecta a todos esos fondos, de cohesión, sociales, de desarrollo rural, que ya ha leído el señor presidente. La modificación es de los procedimientos, urgente y para un país en concreto, ya que esta modificación reglamentaria atañe única y exclusivamente a Grecia y así se establece en el enunciado: para permitir al Estado griego aprovechar al máximo los recursos que desde la Unión Europea se ponen a su disposición a través de todos esos fondos que la Presidencia ha mencionado. A lo largo de la crisis, el Estado y el pueblo griego han sufrido una situación extremadamente delicada. No vamos a analizar de dónde vienen estos lodos, pero lo cierto es que Grecia ha sido intervenida como nación, ha


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tenido que ajustarse a procedimientos muy rigurosos aplicados por parte de Unión Europea, pero a diferencia de lo que algunos discursos mantienen, en los que incluso se ha llamado madrastra a la Unión o a las instituciones europeas por la manera de actuar con respecto a Grecia, hemos de decir que esta manera de actuar ha sido de una extraordinaria solidaridad por parte de la Unión Europea. A lo largo de esta crisis ha llegado un momento en el que la inversión extranjera en Grecia ha sido fundamentalmente la inversión procedente de los fondos de la Unión Europea. Los fondos europeos se han convertido en el primer inversor extranjero en Grecia. Por tanto, ese ha sido un ejercicio de solidaridad que nuestro país, España, ha cumplimentado con decenas de miles de millones de euros de manera directa o en forma de avales, que el Gobierno español ha comprometido para participar en ese ejercicio de solidaridad con Grecia. Desde este punto de vista, el dictamen y los informes de la propia Unión incluyen alguna nota con los importes que se han destinado a Grecia en estos planes de rescate con fondos de la Unión Europea, que superan el total que se destinó a Europa con el Plan Marshall de ayuda a la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, creo que es una cuestión indiscutible ese ejercicio de solidaridad europea con Grecia.

Para seguir incidiendo en ese ejercicio de solidaridad y facilitar que el Estado griego pueda aprovechar al máximo los recursos de los fondos que la Unión pone a su disposición, es preciso hacer una serie de modificaciones en el reglamento y adaptarlo, ya que, lógicamente, la Unión Europea pretende que todo se haga dentro de los procedimientos legislativos y reglamentarios correctos. La modificación reglamentaria que se somete a informe en esta Comisión pretende dos impulsos muy positivos; en primer lugar, el incremento del 3,5% en la prefinanciación inicial de los programas que la Unión Europea pone a disposición de Grecia. Tengamos en cuenta que en este momento, de cara a final de año, estamos en el último trimestre del ejercicio, hay una cantidad de 2.000 millones de euros, y de no cumplirse los requisitos para poder disponer de ellos por parte de Grecia, se perdería esta cantidad que es muy importante y fundamental para ayudar a este país. Con esta modificación se pretende suplementar la financiación y que esos 2.000 millones de euros puedan utilizarse. Por tanto, la primera medida es un 3,5% adicional en la prefinanciación inicial, y luego hay una segunda medida muy positiva; el poder incrementar hasta el 100% el porcentaje de cofinanciación en los programas operativos para que Grecia pueda conseguir los objetivos de convergencia y competitividad que la Unión establece. Con esta modificación reglamentaria, la Unión Europea también establece, exclusivamente para el caso griego, algún mecanismo adicional de control para garantizar que estos magníficos fondos europeos, tan necesarios para Grecia, obtienen la mayor rentabilidad.

Acabo, señor presidente, diciendo tan solo que el Parlamento español hace otro ejercicio más de solidaridad con Grecia al facilitar con nuestro dictamen esta modificación reglamentaria. Es cierto que con dicha modificación pudieran llegar a producirse, y eso afectaría directamente a nuestro país, retrasos en la percepción por nuestra parte de algunos de estos fondos, pero el informe del Gobierno lo contempla y no pone objeción alguna, por lo que no será este diputado el que la ponga. Efectivamente, se trata de un ejercicio de solidaridad desde el Parlamento por ser conscientes de que pudiera llegar a producirse algún retraso en la percepción de fondos para nuestro país, pero en este caso es fundamental dar solución al problema de la situación económica de Grecia y, por tanto, agilizar la tramitación de esta modificación reglamentaria.

En cuanto al control de subsidiariedad, modificamos un reglamento de aplicación directa en la Unión Europea y, a mi juicio, tan solo se puede encontrar una manera de modificarlo que es también desde la propia acción de la Unión Europea. Por tanto, entendemos que se cumple absolutamente el principio de subsidiariedad respecto al que nos tenemos que pronunciar en esta Comisión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, mi grupo parlamentario va a apoyar la conclusión del ponente en cuanto a esta propuesta de modificación del Reglamento 1303/2013 porque, efectivamente, los objetivos que pretende no pueden ser alcanzados más que a escala europea y, por ello, consideramos que se ajusta al principio de subsidiariedad que es lo que valoramos en el día de hoy. En cuanto a los motivos y a los objetivos, se exponen por la propia Comisión Europea; precisamente la situación excepcional que atraviesa Grecia, el déficit y el no poder utilizar fondos públicos para la cofinanciación de los proyectos a través de los fondos estructurales, puede llevar a la no ejecución de unas inversiones absolutamente necesarias en estos momentos para Grecia. La Comisión Europea en su


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comunicación afirma que estas medidas suponen un nuevo impulso para el empleo y el crecimiento en Grecia. Lógicamente se mantienen todos los objetivos de convergencia que son los propios de los distintos fondos estructurales, y se proponen tres medidas específicas para garantizar la ejecución. El objetivo fundamental es que estos fondos se empleen efectivamente en las inversiones sobre el terreno y lleguen a los beneficiarios lo antes posible. Como ha dicho el ponente, se propone aumentar el nivel de prefinanciación inicial de los fondos disponibles para el actual marco comunitario de apoyo que se abrió el pasado año para el período 2014-2020. Por otra parte, respecto a la ejecución, dentro del marco comunitario pasado que finaliza en cuanto a presentación de justificación de gasto el 31 de diciembre del presente ejercicio, se facilita el cómputo de cofinanciación hasta el 100%, con lo cual muchos proyectos que en estos momentos se están ejecutando pueden ser concluidos con los objetivos previstos con anterioridad. También se establecen mecanismos de garantía en cuanto a la ejecución, de acuerdo con lo acordado en los respectivos programas operativos aprobados en su momento por la Comisión Europea, en el marco de las relaciones que se establecen entre la Comisión Europea y el país de referencia respecto a la programación y ejecución de fondos estructurales.

Concluyo como empecé, señor presidente, nuestro grupo parlamentario apoya la posición del ponente y, por tanto, considera que esta medida además de adecuada cumple el principio de subsidiariedad, trámite al que damos cumplimiento en esta Comisión.

- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE ESTABLECE UN MECANISMO DE REUBICACIÓN DE CRISIS Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2013, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y MECANISMOS DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO MIEMBRO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PRESENTADA EN UNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS POR UN NACIONAL DE UN TERCER PAÍS O UN APÁTRIDA [COM (2015) 450 FINAL) (COM (2015) 450 FINAL ANEXO) (2015/0208 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000356 y número de expediente del senado 574/000289).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente debate sobre el control de subsidiariedad, en este caso de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reubicación de crisis y se modifica el Reglamento número 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. Se ha recibido informe del Gobierno y, en primer lugar, para presentar su ponencia interviene el señor Castillo Calvín.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, la crisis humanitaria generada por el desplazamiento de miles de refugiados que llegan a la Unión Europea buscando la seguridad, la libertad y el respeto a los derechos humanos que no existen en sus países de origen, supone uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar Europa en los últimos años y un drama ante el que no podemos permanecer ajenos. Precisamente por ello, la Agenda europea de migración, presentada por la Comisión el pasado 13 de mayo, reconoce la necesidad de ofrecer un enfoque integral para la gestión de la migración, y viene a establecer las medidas inmediatas necesarias para responder a los complejos y urgentes desafíos que se plantean actualmente en este ámbito, así como iniciativas a medio y largo plazo que deben adoptarse para proporcionar soluciones estructurales destinadas a mejorar la gestión de la migración en todos sus aspectos. La presente propuesta de reglamento forma parte de este planteamiento global y sistémico en relación con la migración, exigido por todas las instituciones de la Unión y que la Comisión comenzó a aplicar de forma inmediata, que tiene como objetivo general garantizar que la Unión disponga de un mecanismo sólido de reubicación para hacer frente estructuralmente y de manera efectiva a las situaciones de crisis en el ámbito del asilo. Dicho mecanismo deberá ser activado rápidamente en relación con cualquier Estado miembro que experimente situaciones de crisis de tal magnitud que le sometan a una presión considerable, incluso en el caso de sistemas de asilo que estén bien preparados y funcionen adecuadamente, teniendo en cuenta asimismo el tamaño del Estado miembro de que se trate. El mecanismo de reubicación propuesto aspira, por una parte, a garantizar en situaciones de crisis un reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros, en el caso de que haya un elevado número


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de solicitantes con necesidad manifiesta de protección internacional; y por otra, a velar por la correcta aplicación del sistema de Dublín y la plena protección de los derechos de los solicitantes de protección internacional. Para ello se ha considerado necesario modificar el Reglamento número 604/2013, a fin de introducir un mecanismo de reubicación de crisis como marco permanente para la aplicación de las medidas que deban adoptarse, así como introducir un método para determinar durante un período determinado qué Estado miembro es responsable de analizar las solicitudes de protección internacional presentadas, con vistas a velar por un reparto más equitativo de los solicitantes entre los Estados que se encuentren en tal situación.

En lo que a nuestro país se refiere, se ha recibido informe del Gobierno de España en el sentido de cuestionar la conveniencia de avanzar hacia un mecanismo reubicatorio de naturaleza permanente, tal y como establece la propuesta de reglamento que ahora analizamos. España ha venido considerando que la reubicación si bien puede constituir un instrumento de solidaridad intracomunitaria para aliviar las presiones de refugiados que reciban los Estados miembros, no puede consolidarse como la piedra angular de la política migratoria europea para hacer frente a las crisis migratorias. España defiende la necesidad de contar con una auténtica política común de asilo, migración y fronteras, basada en la cooperación internacional, la prevención en origen, la política eficaz de retornos y la lucha contra las redes de inmigración irregular, entre otros elementos. Por eso, si bien ha mostrado su compromiso y solidaridad para participar en los mecanismos extraordinarios de reubicación de potenciales refugiados desde Italia y Grecia, no comparte a priori la idoneidad de aprobar un mecanismo de reubicación de naturaleza permanente. Esta opinión del Gobierno de España coincide con la de otros Estados miembros que hasta el momento se han pronunciado de forma clara sobre las líneas maestras de esta iniciativa legislativa. Esta oposición se basa en considerar, por un lado, que la reubicación tiene su encaje como respuesta puntual ante situaciones de emergencia y, por otro, con base en la voluntariedad de participación de los Estados miembros. La consolidación de un instrumento de reubicación permanente en un reglamento comunitario chocaría con ambas premisas.

Cuestión distinta es si la reforma propuesta es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión, que es de lo que aquí se trata y sobre lo que nos corresponde decidir. En este sentido, aunque España no comparta la idoneidad de crear un mecanismo de reubicación permanente como el que persigue la propuesta de la Comisión, resulta indudable que dicha propuesta legislativa se refiere a una competencia compartida que tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del sistema de Dublín en tiempo de crisis, y abordar la cuestión de los movimientos secundarios de nacionales de terceros países entre los Estados miembros, lo que evidentemente lo convierte en un problema transnacional por naturaleza. Por lo expuesto podemos concluir que esta propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, dado que sus objetivos solo pueden conseguirse a escala de la Unión. Esta es nuestra posición y así la presentamos a su consideración en el presente dictamen.

El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Intervendré brevemente y ya adelanto el apoyo de mi grupo parlamentario a este informe de subsidiariedad, sobre el que quiero hacer una serie de comentarios. Es evidente que la reubicación entendida como la decisión compartida para el reestablecimiento de refugiados de unos países a otros dentro de la zona Schengen o comunitaria es un elemento que, por propia definición, solamente se puede realizar de manera más eficiente a escala comunitaria. De modo que es evidente que esta propuesta de reglamento cumple claramente el principio de subsidiariedad y, como dice el texto, pretende garantizar la correcta aplicación del sistema de Dublín.

El ponente del Grupo Parlamentario Popular ha hecho una serie de consideraciones sobre la forma y no sobre el fondo que me parecen relevantes, sobre la estructuralidad y la permanencia o no de este sistema. Es evidente que las dudas que el Gobierno español plantea sobre el carácter permanente o estructural de un sistema de reubicación serían muy distintas si la crisis humanitaria que estamos sufriendo, sobre todo las personas que se ven obligadas a huir de sus países, tuviese lugar, por ejemplo, en el norte de África y no en Oriente Medio. De modo que me parece que la solidaridad exige mecanismos estructurales y permanentes. También es evidente que el mecanismo de reubicación exige mucho más, y es que el sistema común de asilo sea mucho más que algo provisional, hace falta que se pongan en marcha las diferentes directivas de asilo -tengo aquí una relación y luego hablaremos de ello con el secretario de Estado-, la de acogida, la de protección temporal, la de requisitos y, por supuesto, que todos los Estados


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miembros se comprometan a armonizar las condiciones de acogida y las ayudas sociales, de vivienda y de otro tipo, para los refugiados porque, si no, será imposible llegar a acuerdos estables. Es necesario tener en cuenta que esa estructuralidad forma parte del avance hacia una unión política, con una política exterior y de seguridad común. Tal como decía al principio, solamente desde una perspectiva comunitaria se pueden alcanzar acuerdos de reubicación, y por eso entendemos que se cumple sin problemas el principio de subsidiariedad.

- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE ESTABLECE UNA LISTA COMÚN A LA UE DE PAÍSES DE ORIGEN SEGUROS A EFECTOS DE LA DIRECTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA CONCESIÓN O LA RETIRADA DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL, Y POR EL QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2013/32/UE [COM (2015) 452 FINAL) (COM (2015) 452 FINAL ANEXO) (2015/0211 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000357 y número de expediente del Senado 574/000290).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente debate sobre el control de subsidiariedad, en este caso de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una lista común a la Unión Europea de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE. Se ha recibido informe del Gobierno y para presentar el informe de ponencia, en primer lugar interviene el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Continúo casi con el mismo tema y adelanto que el informe que hemos preparado es negativo respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, por lo cual ruego a sus señorías que atiendan con mucho detenimiento, porque estoy convencido de que puedo convencer al grupo mayoritario de la oportunidad de votar en este sentido, y así culminar la legislatura en esta sesión como quiere el señor presidente.

La presente propuesta tiene por objeto establecer una lista común de la Unión Europea de países seguros a partir de los criterios comunes fijados en la Directiva 2013/32/UE. Según esta directiva, serían países seguros - esto es, países en los cuales se garantizan los derechos humanos mínimos, con lo cual no sería oportuno ni procedente otorgar asilo o refugio a ningún ciudadano o atender las peticiones de esos territorios-: Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía. La Comisión Europea ha establecido esta lista y esta necesidad sobre la base de que solo algunos países miembros han elaborado listas nacionales de países seguros y hay muchos Estados miembros que prefieren no pronunciarse a priori sobre diferentes países. Según la Comisión Europea, el establecimiento de una lista común reduciría las divergencias actuales. Como ustedes saben, el principio de subsidiariedad implica que la Unión intervendrá solo en la medida en que los objetivos o la finalidad pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva? Claramente es agilizar el rechazo de solicitudes de asilo, insisto, el rechazo, una vía que a priori -ahora lo explicaré con más detenimiento- desde luego debilitaría las garantías de protección de los derechos de los solicitantes.

En virtud del informe que hemos preparado, el cumplimiento del principio de subsidiariedad de la propuesta no se encuentra suficientemente justificado porque si esa serie de países son considerados seguros a los efectos de la concesión del derecho de asilo, esto podría haber sido perfectamente adoptado a título individual. De hecho, la Directiva 2013/32 permite que los Estados miembros establezcan sus propias listas de países seguros. De modo que si entendemos que esta directiva establece la obligatoriedad de crear listas comunes, entonces estaríamos diciendo que la propia directiva es contraria al principio de subsidiariedad porque permite el establecimiento de listas nacionales. Por tanto, la primera razón es que es contraria a la propia directiva que permite el establecimiento de listas nacionales.

La segunda razón es que el establecimiento de estas listas comunes obliga a una reducción de las garantías de protección de los Estados miembros en una cuestión que por su sencillez y brevedad, establecer una lista no parece muy complicado, no se sostiene respecto al principio de subsidiariedad. Además, la propia directiva no contiene ningún precepto relativo a qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de unificar, de modo que se establece una lista de países seguros pero no sabemos en base a qué o con qué criterios.


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La tercera razón es que esta materia es cuestionable desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Si atendemos a las peticiones presentadas en 2014 en estos países, de las 3.000 solicitudes presentadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía, según los tribunales europeos, un 7,8% de las solicitudes de los albaneses, un 6% de las solicitudes de kosovares y un 23% de las solicitudes de los turcos, fueron aceptadas. Difícilmente pueden considerarse países seguros cuando, por ejemplo, el 23% de las solicitudes presentadas en Turquía son por persecución de la homosexualidad, por razones religiosas, minorías cristianas o diferentes corrientes musulmanas dentro del Islam, también por cuestiones relacionadas con crímenes y disputas de honor, de mujeres por divorcios o por casarse con quienes quieren y casos de este tipo. Por tanto, difícilmente se puede entender que estos son países seguros cuando los tribunales reconocen hasta un 23% de estas peticiones.

En cuarto lugar y muy relevante, la consideración de Kosovo de un Estado a los efectos de la determinación de país seguro no puede darse por válida a la luz de la consolidada posición de España en contra del reconocimento de Kosovo como Estado de la comunidad internacional. Las Cortes Generales, señorías, no pueden dar por bueno un listado de Estados que incluya a Kosovo. A pesar de que hay una cautela en el texto, la posición de España es una decisión consensuada de la política exterior basada en la legalidad internacional, y además esta propuesta no puede servir de coladero para la vulneración de los derechos humanos fundamentales. Por todas estas razones entendemos que nuestro voto en contra está más que justificado y confío en que todos apoyen esta propuesta.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra nuevamente el señor Castillo Calvín.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor Moscoso, le aseguro que he prestado toda la atención a su intervención, pero siento adelantarle que nuestro grupo no se va a adherir al contenido de su informe y a la propuesta que nos trae, y ello a pesar de la solvencia de sus argumentos. Por este motivo creo conveniente ofrecer algunas explicaciones para que nuestra postura quede suficientemente razonada.

Comenzaré señalando que el ponente ha realizado en su informe y en su exposición una pormenorizada argumentación para justificar su oposición a esta propuesta legislativa indicando, entre otras razones, que su contenido es cuestionable desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, al entender que la mayoría de las personas que ahora se benefician de la condición de refugiados de la Unión Europea provenientes de países incluidos en el anexo como países seguros a los efectos de la concesión del derecho de asilo, habrían visto rechazada su petición de asilo si la propuesta hubiera estado ya en vigor. Igualmente destaca, desde el punto de vista de los intereses de España, que la consideración de Kosovo como un Estado a los efectos de la determinación de países seguros no puede darse por válida a la luz de la consolidada posición de España en contra del reconocimiento de Kosovo como Estado de la comunidad internacional. En este punto sí me gustaría aclarar que las citas a Kosovo no se salvan con una nota a pie de página, como señala el señor ponente, sino con la inclusión de un asterisco en todas y cada una de las ocasiones en que en algún documento de la Unión se menciona a Kosovo. Hecha siempre esta salvedad que contempla el respeto a las posiciones que sobre su estatuto puedan tener los Estados miembros, y en este caso España, debemos entender que la postura de nuestro país respecto al reconocimiento de Kosovo queda suficientemente salvaguardada.

En todo caso, respecto a estas consideraciones del ponente que podemos compartir en mayor o menor medida, me gustaría señalar que no nos corresponde cuestionar la conveniencia de esta iniciativa legislativa, sino decidir si la reforma propuesta es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión. Debemos, pues, ceñirnos al principal argumento por el que el ponente considera que el cumplimiento del principio de subsidiariedad de la propuesta se ve vulnerado por esta iniciativa; esto es, que la decisión de que determinados países puedan ser considerados seguros a los efectos de la concesión del derecho de asilo pueda ser ya tomada por los Estados miembros individualmente considerados, pues la Directiva 2013/32 así lo permite. A este respecto creo importante destacar lo siguiente: en primer lugar, la propuesta de la Comisión debe considerarse como el primer paso hacia el objetivo de establecer una lista común completa de países de origen seguros a nivel de la Unión, pues en su estado actual la legislación no lo contempla. Establecer esa lista común facilitará la utilización por todos los Estados miembros de los procedimientos relacionados con la aplicación del concepto de país de origen seguro y, por consiguiente, aumentará la eficiencia global de sus sistemas de asilo en lo que respecta a las solicitudes de protección internacional con probabilidades de ser infundadas. En segundo


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lugar, la lista común de la Unión Europea reducirá las divergencias actuales entre la listas nacionales de países de origen seguros de los Estados miembros, facilitando así la convergencia de los procedimientos y aportando cierto grado de alivio a la presión que los sistemas nacionales de asilo vienen soportando cada vez con mayor intensidad. En tercer lugar, la propuesta legislativa se refiere a una competencia compartida que permitirá contar con criterios comunes en el conjunto de los Estados miembros. Me gustaría detenerme en este punto, pues la primera prioridad debe ser y es en la actualidad hacer frente a la crisis de los refugiados actuando como una verdadera Unión. Obviamente la reubicación por sí sola no resolverá el problema. Es cierto que también es necesario diferenciar mejor entre aquellas personas con una clara necesidad de protección internacional y que más posibilidades tienen de obtener el asilo y quienes abandonan su país por otras razones que no entran en el ámbito de aplicación del derecho de asilo. Esta es la razón por la que la Comisión propone una lista común de la Unión Europea de países de origen seguro. Es indudable que no se puede suprimir el derecho fundamental de asilo de los solicitantes de Albania, Bosnia-Herzegovina, la antigua república de Yugoslavia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía. No obstante, la propuesta permite a las autoridades nacionales centrarse en aquellos refugiados que más posibilidades tienen de obtener el asilo, en especial los procedentes de Siria, acelerando tales procedimientos. Este enfoque es muy necesario en la actualidad. En definitiva, como señaló recientemente Jean-Claude Juncker, necesitamos más Europa en nuestra política de asilo y más unión en nuestra política de refugiados. Las iniciativas individuales de los Estados miembros no pueden responder satisfactoriamente a los retos comunes a los que se enfrentan conjuntamente los Estados miembros en este ámbito. Los principios de solidaridad y responsabilidad compartida hacen que la intervención de la Unión Europea en este ámbito sea esencial. Así que convenir que los Estados miembros sigan aprobando individualmente listas nacionales de países de origen seguro es lo contrario de apostar por una verdadera política común de asilo en la Unión Europea, especialmente cuando por fortuna hemos abandonado los controles fronterizos entre los Estados miembros del espacio Schengen con el fin de garantizar la libre circulación de personas, un símbolo único de la integración europea. La otra cara de la moneda de la libre circulación la constituye la necesidad de trabajar más estrechamente en la gestión de nuestras fronteras exteriores. Esto es lo que esperan los ciudadanos. Por los motivos expuestos anteriormente, nuestro grupo considera que la propuesta que se somete a nuestra consideración es conforme con el principio de subsidiariedad y votará en contra del informe del ponente.

- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2003/87/CE PARA INTENSIFICAR LAS REDUCCIONES RENTABLES DE EMISIONES Y FACILITAR LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS HIPOCARBÓNICAS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2015) 337 FINAL) (2015/0148 (COD)) (SWD (2015) 135 FINAL) (SWD (2015) 136 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000355 y número de expediente del Senado 574/000288).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de la última de las propuestas recordándoles a los intervinientes que ya estamos algo fuera de plazo sobre la hora prevista para el inicio de la comparecencia del secretario de Estado, por lo que se atengan en la medida de lo posible al tiempo, si no esta Presidencia les llamará para que se atengan a los tiempos que están previstos. Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87 CE para intensificar las emisiones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Se ha recibido informe del Gobierno e interviene, en primer lugar, para presentar el informe el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, a lo largo de las últimas semanas toda la Europa tecnológica e industrial y vinculada a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a la lucha contra la evolución de este inexorable cambio climático que se viene produciendo, se ha quedado impactada con los acontecimientos que han sido puestos de manifiesto en los medios de comunicación de incumplimiento de normativas por parte de una importantísima empresa de vehículos que ha distribuido en Europa casi medio millón de vehículos incumpliendo la normativa comunitaria. Consiguientemente esa empresa y todas las demás de los veintiocho países miembros de la Unión van a tenerse que adaptar a lo que indique una normativa como es la que tiene por objeto este punto en el que nos encontramos. Se trata de sustituir una directiva comunitaria de años atrás, cuyo origen se encontraba en acuerdos internacionales derivados del convenio de Kioto, para modificar y adaptarla a los acuerdos que a finales del mes de octubre del año


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pasado 2014, concretamente los días 23 y 24, los jefes de Gobierno y de Estado se reunieron en una cumbre conocida como la Cumbre de la Energía y del Clima y adoptaron una serie de medidas. Ahora esas medidas se vertebran en forma de proyecto de directiva comunitaria que inicia su tramitación, que se prevé que no termine de culminarse hasta finales del año 2016, y que tiene ni más ni menos que la importancia de regular el régimen de comercio de derechos de emisión en todos los sectores productivos, económicos, comerciales e industriales de la Unión Europea. No nos estamos refiriendo solamente a la generación de energía eléctrica, sino al sector de la automoción, de la movilidad, del transporte, a la eficiencia energética en las edificaciones y así sucesivamente. Es una directiva -permítaseme el término- de una colosal importancia que tendrá que ser inexorablemente de estricto cumplimiento por todos los sectores de la Unión. El Consejo Europeo, como acabo de decir, se celebró a finales de octubre del año pasado y dio origen a una directiva comunitaria del mes de julio de este año, que es la que estamos viendo. En el texto de la directiva, que está suficientemente justificado en una exposición de motivos muy amplia, hay suficientes argumentos de mucha solidez tecnológica como para que este diputado pretenda hacer referencia a ellos. Me voy a referir exclusivamente a cuatro o cinco consideraciones recogidas en el informe que este diputado ha tenido que elaborar, por mandato de la Mesa y portavoces de esta Comisión, con mucha satisfacción, porque la resolución que proponemos, que les adelanto, en las conclusiones que están adaptadas a la realidad de nuestro país, donde decimos que la Comisión Mixta de la Unión Europea entiende que la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, cumple el principio de proporcionalidad, garantizando el buen funcionamiento del mercado interior. Está argumentado en los diez puntos que integran el informe elaborado por este diputado.

Sin embargo, dado que el cambio climático es un problema transfronterizo -es obvio que las nubes no conocen de fronteras y que en la atmósfera no existen sistemas fronterizos de control- que afecta al mundo entero, en principio es necesario coordinar la acción por el clima a nivel europeo, al tratarse de una competencia supranacional de la Unión Europea, para luego ascenderlo al resto de las organizaciones supranacionales y, por tanto, no procede aplicarse el principio de subsidiariedad. Esa es la recomendación que hace el propio Gobierno. Cumple el principio de proporcionalidad, no el de subsidiariedad, y en consecuencia el informe elaborado adquiere el carácter de consideraciones que, desde la perspectiva política, le son exigibles a las Cortes Generales españolas a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea y que deseablemente han de ser conocidas y asumidas por los sectores gubernamentales españoles que a lo largo de los meses próximos participarán en las negociaciones comunitarias.

Señorías, España es un país en el que está prácticamente ya culminada en las Cortes Generales españolas una ley de la que deberíamos sentirnos globalmente orgullosos: la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley atiende los riesgos a los que nuestro país, como tal país, y nuestros 45 millones de ciudadanos pueden verse sometidos. En consecuencia hay que controlar el espacio aéreo, los espacios marítimos, hay que estar pertrechados, desde el punto de vista tecnológico y administrativo, para contrarrestar ciber ataques procedentes de otros lugares y alguna de estas cuestiones que inspiraron el proyecto de Ley de Seguridad Nacional están recogidas en algunas consideraciones que este diputado se ha tomado la libertad de elaborar. En primer lugar, nos sorprende -y esa es una recomendación que esta Comisión tiene la altura suficiente para hacérsela llegar al Gobierno- que no recoja ningún capítulo vinculado a la contaminación atmosférica de los gases derivados de la combustión, del queroseno, en los sistemas de propulsión de las aeronaves. Es un factor que no se tuvo en cuenta en Kioto, que tampoco se ha tenido en cuenta en las sucesivas COP, por ejemplo, en la que las Cortes Generales estuvo representada en Copenhague, y sí debería de ser tenida en cuenta en la próxima de París. Hay que establecer una advertencia al Gobierno de España de que nuestro espacio aéreo está sobrevolado por millones de aeronaves que, procedentes de muchos lugares del mundo, utilizan nuestro espacio aéreo como una especie de hub redistribuidor de tráficos aeronáuticos. En lo que se refiere al espacio marítimo, nos sorprende que este proyecto de directiva lo deje marginado. Señorías, hay láminas de agua en el globo terráqueo que están calificadas como zonas ECA que son en las que aquellas embarcaciones del tonelaje que consumiendo fuel oil, gasoil, aceite pesado u otro elemento contaminador para el sistema de propulsión del buque y de generación de energía eléctrica y que no utilicen gas natural licuado se les prohíbe la entrada a esas zonas. Desde la Unión Europea, siguiendo ya análisis que se están llevando a cabo en la Organización Marítima Internacional -señorías, no es nada nuevo, aquí en esta Comisión Mixta de la Unión Europea-, han venido tres proyectos de directiva regulatoria del transporte marítimo en aguas de


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la titularidad de los países miembros de la Unión. En consecuencia, también nos sorprende -y nos parece positivo recomendar al Gobierno, así está recogido en las consideraciones- que tenga presente la necesidad de considerar la contaminación derivada del transporte marítimo.

Con ello termino, señor presidente. La regulación del mercado y de los derechos de emisión va a transformar la economía de la Unión Europea. Seamos conscientes de que con estos brochazos recogidos en el informe estamos marcando una posición con personalidad de la institución parlamentaria de las Cortes Generales españolas que, ante el hecho de que no se produzcan debates equivalentes sobre esta materia ni del Congreso ni del Senado, se hagan llegar estas consideraciones al Gobierno. La conclusión que se someterá a votación -la reitera este ponente- es sí al principio de proporcionalidad, no al de subsidiariedad, porque no es un tema de ámbito estatal exclusivo de nuestro país es de todos los países que integran la organización internacional de la que formamos parte nosotros.

Si me permite, señor presidente, una licencia de índole personal, aunque no suelo hacerlo. He tenido la satisfacción de haber sido ponente en esta X Legislatura de las Cortes Generales, no siendo miembro de esta Comisión Mixta ni suplente, la he seguido con interés. Por decisión de la Mesa y portavoces de la Comisión he sido ponente de diecisiete informes de subsidiariedad y quiero dejar constancia de mi reconocimiento por la confianza prestada en este diputado, que nunca fueron rechazados los informes, y por el incentivo que, desde el punto de vista intelectual y de conocimiento, ha supuesto para este diputado. A los miembros de la Mesa y de la Comisión muchas gracias. Aquí termina mi vida parlamentaria. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Permítanme los miembros de esta Comisión que, en primer lugar, en un terreno puramente personal, porque conozco al señor Segura de muchas legislaturas parlamentarias, le manifieste que ha sido un verdadero honor para mí personalmente poder compartir trabajo parlamentario con una persona como usted, aunque tengamos diferencias de carácter ideológico. En lo que es trabajo parlamentario y elevar el rigor y la consideración que se pueda tener de este Congreso de los Diputados el señor Segura es un clarísimo ejemplo de ello. También lo hago en nombre de todos los representantes de la Comisión, tanto diputados como senadores, y yo como presidente de la misma, reconocer la capacidad de trabajo y el rigor en el mismo que el señor Segura durante muchas legislaturas hace que nos sintamos orgullosos y que le podamos despedir con un fuerte abrazo personal y con un reconocimiento como diputado de esta Cámara durante tanto tiempo. Muchas gracias, señor Segura. Para terminar los debates tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Serrano.

El señor SERRANO CALURANO: Señorías, como bien ha comentado don José Segura en su amplio y extenso informe sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad de la propuesta de modificación de la directiva 2003/87/CE, de cara a la repercusión de esta directiva en nuestro país y haciéndonos eco, ahondándonos aún más en los cinco puntos que el informe del Gobierno hace de cara a esta propuesta de directiva, permítame que les hable, por su importancia en el cambio de modelo que se va a producir para nuestro país y para el resto de la Unión Europea en cuanto al impacto en nuestra industria y en nuestra economía, de la transcendencia de esta directiva. El primer punto que se trata en esta directiva es la asignación directa de derechos de emisión. En este punto se prevé una reducción importante de los derechos de emisión gratuitos que actualmente recibe la industria. Esto es importante, porque habrá que escoger entre dos formas de hacerlo. Una, todos van a recibir menos en función de la reducción que haga la Unión Europea o se hace de forma paulatina para cada sector en función de la incidencia y de la falta de competitividad que estos sectores vayan a tener de cara al futuro. Habrá que escoger y negociar con mucho cuidado cuál es la mejor fórmula para nuestro país.

El segundo punto trata de la compensación de los costes indirectos. Esto afecta de forma muy negativa a sectores de nuestra economía que son intensivos en el consumo de electricidad. Actualmente la Unión Europea permite subvencionar a los Estados miembros estos costes. Está habiendo agravios comparativos muy importantes. Es decir, dependiendo de la capacidad económica o de las disposiciones presupuestarias que tenga cada Estado miembro así han estado subvencionando a su industria. ¿Esto que ha significado? Que ha habido unos agravios comparativos muy importantes. Alemania y Reino Unido han ofrecido unas ayudas significativas a su industria, con lo cual la hacen más competitiva. En el futuro se debe de tratar de armonizar estas subvenciones para igualar los costes en todos los países. Esto sería lo importante y lo razonable y es otro punto donde debería incidir esta directiva.

El tercer punto es el Fondo de innovación. Se van a destinar más de 400 millones de derechos de emisión para promover la innovación industrial. Es decir, algo importante y que contempla también, porque


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incluye proyectos industriales. Evidentemente hay que estar pendiente para no quedarnos fuera de este reparto especial que va a haber de los derechos de emisión para proyectos industriales.

El cuarto punto, por disminuir, es la reducción de la carga administrativa. Todos sabemos -y don José también- que a lo largo de esta legislatura hemos pasado muchos informes de subsidiariedad en los que la carga administrativa y la reducción de la burocracia en la Unión Europea es una utopía inalcanzable al día de hoy. Tememos, por lo menos por mi parte, que hablen de reducción de la carga administrativa o de la burocracia, porque cada vez que tocan algo en este sentido lo empeoran todavía más. Esperemos que esto sea una realidad en esta directiva. A día de hoy se ve muy lejana y como un mito muy difícil de alcanzar. Es importante el debate que se va a producir sobre la continuidad o no del régimen simplificado o introducir medidas de seguridad dentro del propio registro de emisiones.

El quinto punto es algo que no va a afectar a nuestro país pero que va a desarrollar los derechos de emisión a lo largo de la Unión Europea en los próximos años, que es la creación de un Fondo de modernización del suministro energético de asignación gratuita para las instalaciones generadoras de electricidad. Esto solo va a afectar a países que estén por debajo del 60% de la renta per cápita de la Unión Europea. Consideramos importante que estos países puedan desarrollarlo. Es transcendental decir que esto está en fase de examen, que se está negociando esta directiva por los distintos países de la Unión Europea, que nuestro país está trabajando junto con el sector y que hay que encuadrar la mejor fórmula para que nuestra economía no se vea frenada por esta nueva directiva. No hay duda, señorías, que la conferencia sobre cambio climático que se celebrará en París el próximo mes de diciembre va a influir de manera muy directa y muy importante en la negociación de esta directiva.

Coincidimos con el ponente en que no procede el derecho de subsidiariedad, porque es algo que es plena competencia de la Unión Europea, pero sí el de proporcionalidad y así lo vamos a votar en el informe que ha presentado don José. Para despedirnos, quiero agradecerle a don José, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, aunque ya lo ha hecho el presidente de la Comisión, su aportación a la democracia española, su buen hacer a lo largo de su vida política y desearle en lo personal una larguísima jubilación y que la disfrute en compañía de todos sus familiares. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, sin más dilación procederemos a las votaciones. Empezaremos por las proposiciones no de ley. Únicamente me remitiré al número de la misma. Espero que acaben de transaccionar sus señorías, pero aún así procederemos a ir votando aquellas proposiciones no de ley sobre las que no hay duda respecto del sentido de la votación de los distintos grupos. Respecto a la proposición no de ley número 1 del orden del día se vota de manera conjunta en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 2 del orden del día, se vota en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La proposición no de ley número 3 se vota en los términos de una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, que ya es conocida por todos los portavoces.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

La proposición no de ley número 4 se vota en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

En cuanto a los informes de subsidiariedad se pueden votar por asentimiento si así lo entienden los señores portavoces. Los números 5, 6 y 8, como informe de ponencia han sido sometidos a debate y a


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votación. ¿Lo entienden así? (Asentimiento). Quedan aprobados por asentimiento. Votaríamos el punto número 7.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 24; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Sin más dilación, acabadas las votaciones, procedemos inmediatamente a la comparecencia con posterior debate del secretario de Estado. (Pausa).

COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (EGUIDAZU PALACIOS), CON OBJETO DE INFORMAR CON CARÁCTER PREVIO SOBRE EL CONSEJO EUROPEO DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente del Congreso 212/002534 y número de expediente del Senado 713/001242).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar con la Comisión. Les reitero nuevamente la consideración que he hecho al inicio de la misma sobre la limitación temporal que tenemos a los efectos de la comparecencia del secretario de Estado, al que le quiero dar especialmente la bienvenida a esta su Comisión, aunque sea al final de la legislatura. Incluso iba a ser la última Comisión que íbamos a celebrar, pero no lo será. En todo caso, el señor secretario de Estado ha comparecido en trámite ordinario como corresponde antes de que finalicen los trabajos de la presente legislatura. Seré muy estricto en los tiempos de los señores portavoces a los efectos de que se pueda llevar a buen término la comparecencia que, tal como reza el orden del día, es del secretario de Estado para la Unión Europea con el objeto de informar con carácter previo sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre. En primer lugar, tiene la palabra el señor Eguidazu Palacios, secretario de Estado para la Unión Europea.

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (Eguidazu Palacios): Señorías, es un honor para mí comparecer por primera vez ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea tras mi nombramiento el pasado 3 de julio como secretario de Estado para la Unión Europea para informar con carácter previo del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los próximos días 15 y 16 de octubre. Como ustedes saben este es el primer Consejo Europeo ordinario bajo la presidencia luxemburguesa y tiene lugar después de una reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno convocada el pasado 23 de septiembre por el presidente del Consejo Europeo, señor Tusk. Para esa comparecencia no disponemos aún lamentablemente del primer borrador de conclusiones. El punto más importante de la agenda del Consejo Europeo será, como ustedes suponen, el problema de la emigración. Esta es una materia en la que se está trabajando intensamente y de la que se ocupará el Consejo sobre de Justicia y Asuntos de interior que se está celebrando hoy mismo. Por esa razón, no dispondremos hasta mañana del primer borrador, para cuya redacción se tendrá en cuenta lo debatido en el Consejo JAI de hoy. El próximo sábado está convocado el Coreper y el martes día 13 se reúne el Consejo de Asuntos Generales al que yo asistiré y del que ya saldrá el documento que finalmente discutirán los jefes de Estado o de Gobierno en la reunión de los días 15 y 16. Habría sido deseable que esta comparecencia hubiera tenido lugar después de la reunión del Consejo de Asuntos Generales, pero entre dicha fecha y la reunión del consejo solo quedaba un día, que es el miércoles 14, y coincide con un Pleno, con lo cual no era posible para sus señorías. Por esta razón mi comparecencia no se va a poder centrar en el borrador de conclusiones, que todavía no tenemos, sino exclusivamente en las directrices elaboradas por la Secretaría General del Consejo Europeo. En cualquier caso, los asuntos enumerados en las citadas directrices serán indudablemente los que sean objeto del borrador de conclusiones y los que, en consecuencia, se sometan a debate en la reunión del Consejo Europeo.

Según las mencionadas directrices, son tres los temas que van a ocupar la reunión del Consejo los días 15 y 16: el reto de la migración -con esas palabras lo definen precisamente las directrices-, el informe de los presidentes sobre la culminación de la unión económica y monetaria, y el referéndum en el Reino Unido acerca de su permanencia o salida de la Unión Europea. Se añade que en función de las circunstancias, el Consejo podría discutir otras cuestiones específicas de política exterior. Como no podía ser de otra forma, los tres temas que centrarán la reunión, inmigración, unión económica y monetaria y referéndum británico, son de especial trascendencia para el futuro de la Unión Europea. No me parece exagerado afirmar que estos tres retos se encuentran entre los más importantes a los que se ha tenido que enfrentar la Unión Europea a lo largo de su historia, y cuya resolución, acertada o no, va a condicionar el futuro de Europa.


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Obviamente, no son los únicos asuntos que ocupan la agenda europea. El Consejo Europeo del 26 y 27 de junio de 2014 incluyó en las conclusiones una agenda estratégica con cinco líneas de actuación; luego, las orientaciones políticas del presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, tituladas, Un nuevo comienzo para Europa, enunciadas en la sesión del Parlamento Europeo de 15 de julio de ese año, incluían diez ámbitos políticos; además, la Presidencia luxemburguesa formuló en julio de este año siete prioridades. Los temas principales que se enumeran en estos tres documentos que he citado son esencialmente los mismos, organizados de una o de otra forma. En concreto, los de la Presidencia luxemburguesa son los siguientes: estimular la inversión para impulsar el crecimiento y el empleo; profundizar la dimensión social de la Unión; gestionar la inmigración; revitalizar el mercado único, en especial la dimensión digital; promover la competitividad europea, y en ese sentido completar la unión económica y monetaria y avanzar en las negociaciones del Tratado transatlántico; promover el desarrollo sostenible; y reforzar el papel de la Unión Europea en el mundo. Son todas prioridades que nuestro país comparte. Quiero traer aquí a colación la proposición no de ley relativa al Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013, que esta Cámara aprobó el 20 de junio a propuesta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, en la que precisamente se mencionaba la mayoría de estos temas.

No me voy a extender sobre todas estas cuestiones que superan el ámbito de mi actual comparecencia, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad de llamar la atención sobre el que es, sin duda, el problema capital al que deberemos dedicar todo nuestro esfuerzo, que es el impulso de la inversión, el crecimiento y el empleo. No es casualidad que tanto en la Agenda estratégica del Consejo, que antes mencioné, como en la Agenda de la Comisión Juncker, como en la lista de prioridades de la Presidencia luxemburguesa, figure en primer lugar el crecimiento, el empleo y el estímulo a la inversión. Las tasas de crecimiento de la Unión Europea, con excepción de unos pocos países, son modestas y los niveles de paro inaceptablemente altos, de ahí que estimular la inversión productiva sea una prioridad que nuestro país comparte decididamente. Debo, asimismo, mencionar la importancia de profundizar en el mercado interior, y en especial crear un mercado interior de la energía plenamente operativo e integrado. La independencia energética es un objetivo prioritario, lo mismo que asegurar un coste competitivo de la energía; sin estas dos cosas no existe seguridad ni certeza en el abastecimiento energético ni, por tanto, sería posible diseñar una política industrial para Europa.

Siendo todos ellos temas importantes, en los que la Comisión trabaja, las cuestiones más urgentes son, no obstante, las que va a abordar el Consejo del día 15, y precisamente va a hacerlo porque las medidas cuya adopción se requiere deben igualmente abordarse en el menor espacio de tiempo. La primera y más importante de esas cuestiones es, obviamente, la crisis migratoria. Sin duda es el problema más grave y complejo al que se ha enfrentado la Unión Europea en los últimos tiempos. Europa se está recuperando de una crisis económica de enorme gravedad, aún no superada totalmente -apenas estamos poniendo en marcha el tercer rescate de Grecia-, y no se debe minimizar la importancia de una crisis que ha afectado tan seriamente a nuestra economía, pero el drama migratorio, con su secuela de sufrimientos y de pérdida de vidas humanas nos coloca en un escenario de otra dimensión. Nuestra Europa próspera, dotada de un marco de paz, libertad y justicia, ha ejercido siempre una lógica atracción para aquellos que buscaban un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Pero esa migración de motivación económica se ve ahora acompañada por la llegada a nuestro continente de una auténtica marea humana de personas que huyendo de los conflictos armados de Siria, Libia y otros países acuden a nosotros en su calidad de personas con derecho a protección internacional. La Unión Europea está adoptando medidas que buscan ofrecer una solución a los problemas asociados a las distintas facetas del fenómeno migratorio, que supone, como decía, un enorme drama humano, con pérdida de vidas. Los objetivos de tales medidas incluyen, en primer lugar, obviamente, salvar vidas y garantizar el asilo a las personas con derecho a protección internacional, pero también reforzar la solidaridad y responsabilidad de los Estados miembros en esta cuestión y, en última instancia, afrontar las causas profundas de la migración con la colaboración de todos los actores implicados. La Unión Europea debe contar con las competencias para abordar una verdadera política común de asilo, incluyendo los principios y las ayudas a la integración de los refugiados y la cooperación con terceros países. En ese sentido, compartimos el sentir de todos los grupos parlamentarios expresados en la aprobación de la proposición no de ley del pasado día 22 septiembre, en la que muestran su apoyo unánime al desarrollo de una política integral de asilo en la Unión Europea.

Paso a referirme a continuación a las principales medidas que se han adoptado, de acuerdo con las directrices hasta ahora emanadas del Consejo Europeo, que serán supervisadas y evaluadas en el próximo Consejo del día 15. Como ustedes saben, España ha defendido desde el primer momento que la


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única forma de afrontar la crisis migratoria es con un enfoque global, integral, tratando de forma simultánea todos los aspectos. Esta idea se ha adoptado ya, y la Unión Europea está abordándola de acuerdo con esos principios. En primer lugar, se trata de dar una respuesta lo más rápida y solidaria posible a todas las personas que ya están dentro del territorio de la Unión Europea, estableciendo mecanismos para diferenciar aquellas con derecho de protección internacional de las que no reúnen esos requisitos, por lo que deben ser consideradas migrantes irregulares. Para responder a las necesidades del primer grupo, personas con derecho de protección internacional, el Consejo Europeo del 25 de junio pasado acordó la reubicación, es decir el traslado a otros Estados de las personas necesitadas de protección internacional de los países donde están actualmente, fundamentalmente Grecia e Italia, a lo largo de un periodo de dos años, con un total de 40.000 solicitantes de asilo, procedentes, repito, de Grecia y de Italia. En esa misma línea, el Consejo extraordinario JAI de 22 de septiembre pasado adoptó otra decisión, estableciendo también medidas de protección internacional para la reubicación de 120.000 solicitantes de protección internacional, de los que a España le correspondería acoger a 14.588. De esta cifra de 120.000 personas, el reparto sería el siguiente: 15.600 solicitantes de protección internacional serían reubicados desde Italia y de este contingente a España le corresponderían 1.896 personas. De los 50.400 solicitantes reubicados desde Grecia a otros Estados miembros, le corresponderían a España 6.127. Los 54.000 solicitantes restantes, hasta completar la cifra de 120.000, de los que a España le corresponderían en principio 6.565, se distribuirían desde aquel Estado miembro que eventualmente se encontrase a lo largo del próximo año, tras la adopción de la decisión, en una situación de emergencia por la llegada masiva de flujos de refugiados, y fuera así reconocido por decisión del Consejo. Si pasado un año ningún Estado hubiera invocado esta situación de emergencia, se redistribuirían desde Grecia y desde Italia.

La decisión también establece que Grecia e Italia pongan en marcha los llamados hotspots, puntos críticos, que son los centros en los que se hará la primera valoración que determinará qué personas tienen necesidad de protección internacional, y son, por tanto, susceptibles de ser reubicadas en otros Estados miembros, y cuales no tienen tal condición y deben ser, por tanto, retornadas a su país de origen. En la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno del 23 de septiembre pasado se hizo un especial énfasis en apoyar a los Estados miembros llamados de primera línea, es decir, Italia y Grecia, proporcionándoles asistencia para poner en marcha los citados hotspots.

Con respecto al reasentamiento, que se refiere a personas necesitadas de protección internacional pero que se encuentran fuera de la Unión Europea, en campos de refugiados, el pasado 20 de julio se acordó la contribución que cada Estado miembro debía hacer en esta materia. Se estableció un contingente de 20.000 personas, de las cuales a España le corresponderá reasentar a 1.449. Aquellas personas que no reúnen los requisitos para la protección internacional, y que han accedido a territorio europeo de forma irregular, deben ser devueltas a su país de origen lo más rápidamente posible, siempre, por supuesto, desde un estricto respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Para ello, es fundamental establecer una adecuada política de retorno. En ese sentido, en el Consejo JAI de 20 de julio pasado, España propuso la adopción de un programa de retorno, en aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio de 2015, y hemos visto con satisfacción la propuesta de la Comisión del pasado 9 de septiembre, que incluye un plan de acción de la Unión Europea en materia de retorno con medidas que abarcan todos los ámbitos. En el Consejo JAI que se está celebrando precisamente hoy, está previsto aprobar conclusiones sobre retorno, acogiendo el citado plan que incluye un manual de retorno.

En segundo lugar, hay que establecer un control de las fronteras exteriores y una ordenación de los flujos migratorios que está dirigido esencialísimamente a salvar vidas y a los migrantes, que es la principal preocupación de la Unión Europea, así como a luchar contra el tráfico ilegal y las redes delictivas que explotan a migrantes vulnerables poniendo en peligro sus vidas. Entre estas medidas debemos destacar las operaciones de refuerzo de vigilancia fronteriza -operaciones que se remontan a años anteriores, por ejemplo, la operación Poseidón, en el Mediterráneo oriental, y la operación Tritón, en aguas del Mediterráneo próximo- que desde el 7 de octubre de 2015, dentro de una nueva operación que se ha denominado operación Sofía, permitirán a las fuerzas navales de la Unión Europea llevar a cabo inspecciones, registros, apresamientos y desvíos en alta mar de buques sospechosos de utilizarse para contrabando humano; todo ello, de acuerdo con la ley internacional.

Entre las últimas medidas adoptadas al respecto, en la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno del 23 de septiembre pasado, se acordó reforzar las capacidades de control de fronteras exteriores, aportando recursos adicionales a Frontex, a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO, y a


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Europol, con personal y material procedente de los Estados miembros. La Comisión ha previsto un aumento de los fondos de las tres agencias competentes de la Unión Europea. Además, la financiación de emergencia para los Estados miembros más afectados, aparte de las agencias citadas, se va a incrementar en 600 millones de euros en el año 2016. En esa misma línea de reforzamiento financiero, ya para 2015, la Comisión propondrá un aumento del fondo de emergencia, del Fondo de migración, integración y asilo, de 80 millones de euros, y del Fondo de seguridad interior-fronteras, de 20 millones de euros. Se van a utilizar para aumentar la capacidad de acogida, potenciar la capacidad administrativa para la tramitación de las solicitudes de asilo y hacer frente a la presión en las fronteras exteriores. En cuanto al control de las fronteras interiores, los jefes de Estado y de Gobierno recordaron en la reunión informal que he citado que las actuales normas de Schengen y Dublín se deben aplicar. Los flujos masivos que se han producido en el seno de la Unión Europea en estos tiempos han obligado algunos países miembros a introducir controles en las fronteras exteriores para hacer frente a los mismos. España comprende que son situaciones excepcionales, que pueden ser necesarias y que ya están contempladas en los acuerdos Schengen, pero, evidentemente solo pueden ser medidas temporales.

De las tres grandes cuestiones que señalaba al principio, la tercera es abordar las causas profundas de la migración. A este respecto hay que destacar los diálogos políticos regionales basados en cooperación mutua que la Unión Europea ha emprendido con países de origen y tránsito. Entre esos procesos destacan el llamado proceso de Rabat, que reúne a los países de la Unión Europea y a los del África septentrional, occidental y central, y el más reciente proceso de Jartum, centrado en el área del Cuerno de África. En el proceso de Rabat, y en estrecha colaboración con nuestros socios del norte de África, España ha puesto en marcha numerosas iniciativas en campos que incluyen las operaciones de vigilancia conjunta y la capacidad de personal responsable de la cuestión migratoria. Como refuerzo a estos diálogos, para aprovechar la experiencia acumulada y mejorar la articulación territorial, los días 11 y 12 de noviembre de 2015 se va a celebrar una cumbre con un gran número de países africanos en La Valeta. Ese es otro de los temas que se va a debatir en el Consejo Europeo del día 15. Junto a los Estados miembros, por parte africana van a participar los países miembros del proceso de Rabat, los de Jartum, representantes de organizaciones como la Unión Africana, la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Naciones Unidas y la Organización Internacional para Migraciones. En esta cumbre se van a tratar los desafíos que plantea la migración, pero también las oportunidades que brinda, reconociendo que la migración es una responsabilidad compartida de los países de origen, de los países de tránsito y de los países de destino.

La Cumbre de La Valeta persigue los siguientes objetivos. Primero, abordar las causas profundas de la migración; segundo, potenciar la protección de los migrantes y de los solicitantes de asilo; tercero, hacer frente de forma efectiva a la explotación y trata de migrantes; cuarta -esto es importante-, mejorar los canales de migración legal; quinta, reforzar la cooperación en materia de retorno y de readmisión. Los resultados previstos de la cumbre son una declaración política y un plan de acción que incluya una serie de iniciativas, de forma que los objetivos tengan contenido real. Finalmente, uno de los principales resultados que se espera de esta Cumbre de La Valeta es la creación de un fondo fiduciario -tiene un nombre muy largo, Fondo fiduciario europeo de emergencia para la estabilidad y para hacer frente a las causas profundas de la migración irregular y de las personas desplazadas de África- para el que se espera una dotación de 1.800 millones de euros, y en el cual España ya ha anunciado que va a participar.

Asimismo, de acuerdo con las orientaciones del Consejo Europeo -esto también será objeto de debate el día 15-, precisamente hoy, esta tarde, se va a celebrar en Luxemburgo una conferencia de alto nivel sobre la ruta del Mediterráneo oriental y los Balcanes occidentales, a la que voy a asistir, y por esa razón mi comparecencia anda un poco escasa de tiempo, muy en contra de mis deseos. A esta conferencia están invitados los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de los países de la Unión Europea, de los países europeos Schengen, de los países de los Balcanes occidentales, Turquía, Líbano y Jordania, es decir, todos los países implicados en el problema de la llamada ruta de los Balcanes. En esta ruta migratoria desde principios de año se han verificado 155.000 entradas de migrantes, entre los que hay refugiados fundamentalmente sirios y afganos con necesidad y demanda de protección internacional que proceden de Grecia y que han llegado a su vez de Turquía en tránsito, y otro porcentaje no determinado de migrantes irregulares procedentes de los mismos países balcánicos. Una cuestión importante es que en ese flujo migratorio existen personas de ambas características. El objetivo de la conferencia es el apoyo técnico, político y financiero a los países de origen y de tránsito, en concreto, apoyar a los países receptores de refugiados, Turquía, Jordania y Líbano -entre los tres países tienen, como ustedes saben, 4 millones de


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refugiados-; apoyar a los países de tránsito más afectados; cooperar en la lucha contra las redes responsables del tráfico de personas; hacer frente a las causas de los desplazamientos forzosos; implicar a los países de origen y tránsito de los migrantes irregulares en la búsqueda de una solución común y compartida al desafío migratorio; y apoyar programas de retorno voluntario y de reintegración. El retorno sin reintegración es un problema y, por tanto, hay un especial interés en vincular ambos conceptos.

Asimismo, además del diálogo político y del apoyo financiero, es fundamental reforzar la implicación sobre el terreno de todas las instituciones y organismos comunitarios concernidos, que son el Servicio de Acción Exterior, la Comisión y las delegaciones de la Unión Europea, en apoyo del retorno de aquellos que no cumplen las condiciones y requisitos que establecen las medidas de protección internacional. En ese sentido, se van incrementar los fondos humanitarios destinados a Siria e Iraq, y se plantea la propuesta de incrementar el fondo fiduciario de respuesta a la crisis siria para aplicarlo también a los países de los Balcanes occidentales.

Con respecto a Turquía, en la declaración final de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del 23 de septiembre se expresó la necesidad de fortalecer el diálogo con Turquía. Asimismo, se anunció la movilización de 1.000 millones de euros adicionales para cumplir las obligaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y el Programa Mundial de Alimentos, así como para beneficio de otros organismos humanitarios encargados de prestar asistencia a los refugiados. A este respecto, la Comisión va a poner a disposición de esos organismos 200 millones de euros en el año 2015; en 2016 propondrá un aumento de la ayuda humanitaria de 300 millones para estar preparados para contribuir a las necesidades fundamentales de los refugiados, que son esencialmente alimento y cobijo. Quiero subrayar que un enfoque integral de la cuestión migratoria debe suponer la mejora de las capacidades de gestión de las fronteras de la Unión Europea para poder asistir mejor a aquellos que ponen en peligro su vida en las rutas migratorias.

El segundo punto de los que van a ser objeto de debate en el Consejo del día 15 es la unión económica y monetaria. Como ustedes recuerdan, el presidente de la Comisión, en colaboración con los presidentes del Eurogrupo, de la Cumbre del euro, del Banco Central Europeo y del Parlamento Europeo, presentó en junio un informe sobre el futuro de la unión económica y monetaria, y el Consejo del 25 de junio tomó nota del informe, solicitando que se estudiara con rapidez. Dicho informe propone avanzar en la consecución de una verdadera unión económica y monetaria en cuatro frentes. Primero, avanzar hacia una auténtica unión económica que garantice que los Estados miembros presentan unas características estructurales que les permitan prosperar dentro de la Unión. Segundo, avanzar hacia una unión financiera que garantice la integridad del euro y el reparto de riesgos con el sector privado, y más específicamente completar la unión bancaria y acelerar la unión de los mercados de capitales. Tercero, avanzar hacia una unión presupuestaria que proporcione sostenibilidad y estabilización presupuestaria. Cuarto, alcanzar una unión política que siente las bases de esas tres uniones a través de un reforzamiento del control democrático y de la legitimidad de las instituciones. Es un programa ambicioso, a diez años, que está concebido inicialmente en tres etapas. Una primera etapa que se extendería desde principios de julio de este año hasta el 30 de junio de 2017, en la que los Estados miembros fomentarán la competitividad y la convergencia estructural, completarán la unión financiera, lograrán políticas presupuestarias responsables a nivel nacional y de la zona euro, y se fomentará el control democrático. Para ello se utilizarán los instrumentos existentes y se hará un mejor uso de los tratados en vigor. En concreto, en esta primera etapa se pretende crear un sistema de autoridades de competitividad para la zona euro. Se va a reforzar el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, se va llevar a cabo una coordinación de las políticas económicas reforzadas en el marco del semestre europeo y se va a prestar más atención a las cuestiones en materia de empleo y en el ámbito social. En esa etapa también se culminará la unión bancaria con el establecimiento de un sistema de garantía de depósitos único a nivel europeo, se reforzará la Junta europea de riesgos sistémicos y se buscará un acuerdo -estos temas son muy importantes para España- sobre financiación puente en el momento de entrada en vigor del Fondo único de resolución, que, como ustedes saben, entra en vigor el 1 de enero de 2016, pero hay un periodo hasta completar el 100% de sus efectivos, y en ese periodo hay que asegurar una financiación puente. En el ámbito de la unión presupuestaria, en esta primera etapa se va a crear un consejo fiscal europeo consultivo que haga una evaluación pública a escala europea, de forma que los presupuestos y la ejecución se atengan a los objetivos y recomendaciones de la gobernanza fiscal. Respecto a la gobernanza económica, se pretende renovar el semestre europeo, reforzar el control, aumentar el nivel de cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, y reforzar el papel del Eurogrupo.


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Luego vendría una segunda etapa, que se iniciaría en julio de 2017, en la cual se trataría de completar la estructura económica institucional de la unión económica y monetaria. En esa etapa se establecerían unos parámetros de referencia para la convergencia que se establecerían de común acuerdo y que se podrían dotar de naturaleza jurídica. Quiero resaltar que en esta etapa se pretende formalizar el proceso de convergencia y darle un carácter más vinculante como paso previo para crear a largo plazo una función de estabilización macroeconómica para la zona euro, lo cual es muy importante. Finalmente, una unión presupuestaria auténtica requerirá a largo plazo una toma colectiva de decisiones, garantizando la legitimidad democrática. En esa fase se plantearía la existencia de un Tesoro europeo para la zona euro.

Quisiera hacer una breve mención a la participación de España en estos trabajos. Las ideas de España han quedado plasmadas en dos contribuciones, y la más importante es el documento presentado el 27 de mayo, en el que España proponía avanzar en cuatro frentes. Primero, asegurar una mayor coordinación de las políticas económicas eliminando las rigideces estructurales reales y nominales. Segundo, conseguir un suficiente nivel de movilidad laboral. Tercero, alcanzar una unión fiscal sólida, y completar el mercado interior. Cuarto, garantizar una mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas.

En la reunión del 15 de octubre próximo el Consejo Europeo va ser informado del avance de las deliberaciones y trabajos relativos al informe de los cinco presidentes que he comentado anteriormente. No disponemos todavía del informe de progreso que la Comisión va a presentar al Consejo el día 15, pero sí hemos tenido un Ecofin reciente en el cual ya se han ido desprendiendo algunos puntos de acuerdo entre los países. El más claro es que existe coincidencia en que hay que poner en marcha en los próximos meses todas las medidas acordadas en lo que se refiere a la unión bancaria.

Respecto a las nuevas medidas a establecer en la primera etapa del informe, se entiende que hay que hacerlo con rapidez para que el proceso sea creíble, y para ello la Comisión ya ha empezado a presentar al Ecofin algunas iniciativas; por ejemplo, este martes presentó el plan de acción para la unión del mercado de capitales y en otoño va a presentar otra serie de propuestas. Una es para el establecimiento del esquema de garantía de depósitos único a nivel europeo; otra es para el renovado enfoque del semestre europeo; otra para la revisión de los paquetes legislativos, el two pack y el six pack, que refuercen y simplifiquen la gobernanza económica, así como el diálogo democrático entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Otro punto en el que existe coincidencia es en la búsqueda de un equilibrio entre responsabilidad nacional y solidaridad. Esto será de gran importancia para el avance de las fases del informe. Por último, también hay coincidencia en la importancia de buscar fórmulas para un diálogo lo más abierto y fluido posible entre los miembros de la unión económica y monetaria y los miembros de la Unión Europea que no son miembros de la zona euro. Este es un debate que ahora abordaré cuando hablemos del Reino Unido.

El último punto de la reunión del día 15 va a ser la discusión en torno al reto que nos plantea el futuro referéndum británico sobre la posible salida del Reino Unido de la Unión. Como sus señorías saben, el pasado 27 de mayo, en el discurso de apertura de la legislatura en el Parlamento británico, el Gobierno británico confirmó la inclusión en su programa de gobierno de un proyecto para convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea antes de finales de 2017, como ya había anunciado durante la campaña electoral el primer ministro Cameron y una vez que se negociaran una serie de propuestas de modificación de los tratados o de la relación del Reino Unido con el resto de la Unión Europea. El primer ministro Cameron informó al Consejo Europeo sobre sus intenciones y ha proporcionado más detalles en los encuentros bilaterales mantenidos con sus socios. En el caso de España, el primer ministro visitó Madrid a primeros de septiembre, mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno y, adicionalmente, tanto el ministro, como yo mismo tuvimos reuniones con nuestros respectivos colegas, el señor Hammond y el señor Lidingston. Con las ideas avanzadas por el primer ministro Cameron, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión han puesto en marcha un grupo de trabajo, con el objetivo de analizar esas propuestas, y, previsiblemente, en esta reunión del Consejo Europeo del día 15 el presidente Tusk informará sobre el inicio de los trabajos de este grupo y el calendario. Lo que no parece probable es que se discuta sobre el fondo de las propuestas hasta un futuro Consejo Europeo.

Desde el principio, España ha dejado clara cuál es su posición y cuáles son sus principales ideas. Hemos manifestado que estamos dispuestos a seguir dialogando con el Reino Unido y con los demás socios y a considerar las propuestas que pueda hacer próximamente el grupo de trabajo de los presidentes de instituciones que antes he mencionado. Quisiera recordar a sus señorías cuáles son las líneas generales de la posición de España, que ya se reiteraron al primer ministro Cameron. Nosotros compartimos


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con el Reino Unido algunos de los planteamientos que hace sobre los desafíos comunes y sobre los principios que deben guiar nuestra acción común. Compartimos la preocupación sobre la competitividad de la Unión Europea en el mundo. Coincidimos en que se debe dar prioridad a la plena consolidación del mercado interior y a una apertura comercial ambiciosa de la Unión Europea y, en concreto, avanzar lo más rápidamente posible en la negociación y conclusión del Tratado trasatlántico con los Estados Unidos. España considera al Reino Unido un socio importante y desea que el Reino Unido mantenga su compromiso con la Unión Europea. Creemos que sería un error abandonar el proyecto europeo, tanto para el que lo abandona, como para el resto, porque debilitaría a ambos y sería contradictorio con la idea de afrontar en común y con ciertas garantías los desafíos globales a los que nos enfrentamos. No creemos conveniente ni necesaria hoy una reforma de los tratados para abordar las preocupaciones británicas. Pensamos que una buena parte de las preocupaciones británicas pueden encontrar acomodo en las posibilidades que ofrecen los actuales tratados y sus normativas de desarrollo. En cualquier caso, lo que nosotros no podríamos aceptar es una reforma de los tratados que limite la libre circulación de los ciudadanos ni que limite los derechos que les confiere la ciudadanía de la Unión, como sucedería si se aceptaran o se implementaran algunas de las propuestas británicas. Asimismo, en contraste con la propuesta británica de omitir la referencia en el artículo 1 del tratado a una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, nosotros pensamos que, al contrario, Europa debe seguir avanzando hacia una unión cada vez más estrecha y que las instituciones y los Estados puedan tomar en ella las decisiones necesarias para afrontar los desafíos comunes. Por último, en cuanto a la preocupación británica sobre la posición de los países cuya moneda no es el euro y su propuesta de participar en las decisiones en materia de euro que les afecten, nuestra opinión es que ya existen garantías suficientes en los tratados para esos países y que no parece razonable que los países de la zona euro que han manifestado su voluntad de avanzar hacia una mayor integración, con las responsabilidades que eso conlleva, vean que sus decisiones están condicionadas por países que no forman parte de la Unión Europea, y eso no significa que la eurozona no deba tener en cuenta las preocupaciones de sus socios europeos no miembros de la eurozona.

Con esto concluyo, señorías. Quisiera recordar que los tres temas que he desarrollado en mi intervención, que son la migración, la unión económica y monetaria y el referéndum británico, no solamente van a centrar los debates del próximo Consejo Europeo del día 15, sino, previsiblemente, también van a centrar los debates en los Consejos Europeos en un futuro inmediato. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia ante esta Comisión y por su informe. Ciertamente, la Unión Europea está en un momento extremadamente delicado, por decirlo de alguna forma. Estamos en una situación seguramente, como usted ha dicho, de las más difíciles de las últimas décadas. Los tres temas sobre los que girará la sesión del Consejo Europeo son una evidencia. Por una parte, el tema de la crisis migratoria, que, evidentemente, tiene un impacto tremendo sobre las sociedades europeas, por muchas razones: demográficas, socioeconómicas, también éticas, morales, políticas, y, por tanto, requiere todo el debate necesario, pero requiere también una actuación inmediata, que de alguna forma se ha dilatado excesivamente. Quiero plantearle que entiendo que ha habido una tremenda falta de previsión por parte de la Unión en cuanto a lo que podríamos llamar el estallido de la crisis, que, si bien se viene produciendo desde hace tiempo, ha tenido un punto culminante en las últimas semanas y en los últimos meses. Es evidente que estas situaciones no se pueden prever al cien por cien, pero también es cierto que éramos conscientes del conflicto en el Oriente Próximo, del conflicto de Siria, del desplazamiento ya hace tiempo de población hacia Jordania, Turquía, Líbano, y, por tanto, la posibilidad de que esa población se moviese e intentase acceder a países con mejores expectativas para su instalación, fuera temporal o definitiva, era algo que entiendo que debería haberse previsto o, por lo menos, haber estado atentos a esta situación. Hemos dado una pésima imagen al mundo. La Europa avanzada, civilizada, la Europa de los derechos humanos resulta que ha tratado de manera infame a toda una población que se mueve. Es cierto que algunos, porque es una población plural, son emigrantes por razones socioeconómicas -también legítimas, aunque otra cosa es que la respuesta deba ser distinta-, pero, en este momento, en su mayoría, son emigrantes procedentes de situaciones de persecución y guerra, y, por tanto, demandantes de asilo político. Como he dicho otras veces y, por supuesto, no soy el único en estas Cortes Generales, en España, por nuestra tradición y la emigración política relativamente reciente, al final de la guerra civil, deberíamos tener una sensibilidad especial en cuanto a la acogida de


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los demandantes de asilo. Precisamente, la emigración española al final de nuestra última guerra civil tuvo acogidas distintas y eso influyó de manera determinante en las posibilidades de futuro de esa gente. No fue el mismo el trato que se dio en Europa, Francia y otros países, que el que se dio en Latinoamérica, México y otros países. Por tanto, deberíamos tener una especial sensibilidad y atención frente a este problema por convicción y experiencia propia y la necesidad de actuar. Es cierto que es un tema de extraordinaria complejidad, porque acerca de la ubicación en los países de la Unión Europea de esta población, aunque en principio sea temporal, no hay ninguna garantía sobre cuánto va a durar.

Por otra parte, usted hablaba de dedicar fondos y del reparto -todo eso está bien-, hablaba de que las necesidades más perentorias son de comida y cobijo -es cierto-, pero inmediatamente surgen otras necesidades, la necesidad de atención sanitaria, educativa para los hijos de estas familias, y, evidentemente, estamos ante todo un cúmulo de circunstancias que hay que resolver. Me gustaría saber con más detalle, aunque sé que no es de su competencia directa, qué previsiones tiene el Gobierno español y qué va a hacer en ese sentido, porque es evidente que no solo es un problema de reparto. Celebro que finalmente nuestro Gobierno haya aceptado la fórmula del reparto, pese a las discrepancias iniciales que pudiese haber, más o menos justificadas, y que, en definitiva, al final, se haya situado en la posición de colaboración y aceptación.

Finalmente, quería plantear que hay algunos países de la Unión, y, concretamente, Hungría que han actuado y están actuando de una manera como mínimo reprobable. Hoy mismo oía que Amnistía Internacional está pidiendo sanciones, hablando de una clara vulneración de los derechos humanos. Es evidente que el equilibrio dentro de la Unión Europea exige prudencia, mano izquierda y respeto a la soberanía de los distintos países miembros, pero también es cierto que lo que haga Hungría afecta, por supuesto, a las personas y luego a la imagen de la propia Unión Europea, y me gustaría saber si se ha abordado en algún ámbito o si se va a tratar en el Consejo Europeo del próximo día 15 si realmente hay alguna previsión de llamar al orden a Hungría, por decirlo de alguna forma, y si, incluso, se apunta la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento de los acuerdos comunitarios.

Sobre los otros dos temas, en cuanto al informe sobre la unión económica y monetaria, compartimos el objetivo europeísta, y en esto siempre hemos tenido consenso político en nuestro país entre las principales fuerzas con respecto a continuar en esa dirección hasta culminar con un avance en la unión política en la Unión Europea, pero también es cierto que en este momento respecto al avance en la unión económica y monetaria, una cosa es la previsión en este medio plazo y el calendario que nos ha planteado -por supuesto, estamos de acuerdo- y otra cuestión es hasta qué punto se puede avanzar en esa dirección en un momento en que todavía no hemos superado la crisis económica. Hay algunos países que están creciendo más -usted lo decía- y otros que tienen diferentes índices de paro y otros indicadores económicos que de alguna forma todavía generan una cierta incertidumbre, pero, sobre todo, hay voces que alertan de una ralentización, como mínimo, si no un parón en el crecimiento de la Unión Europea, y, por tanto, acerca de hasta qué punto la Unión Europea está en condiciones, en función también de este calendario de avanzar en la unión económica y monetaria, de desarrollar políticas suficientes como para dar respuesta a lo que puede ser realmente una situación grave en el corto plazo.

Finalmente, en cuanto al referéndum británico, con todo el respeto a nuestros socios comunitarios, el Reino Unido y su Gobierno, su poder legislativo y su población, estamos ante un cierto pressing, chantaje, con todas esas condiciones por parte del Gobierno británico. Me gustaría saber si más allá de la negociación, el primer ministro británico, el señor Cameron, está dando algún tipo de garantías a la Unión Europea, porque, claro, no se puede tener en vilo a las instituciones europeas, pendientes de un referéndum, sobre todo, garantías en el sentido de cuál va a ser la posición del Gobierno británico ante el referéndum, porque las condiciones de la política interior británica, que son comprensibles, están dando lugar a un tipo de discurso que genera inquietud. Y lo que debería hacer un Gobierno de un país de la Unión, y más tratándose del Reino Unido, sería, sobre todo, dar tranquilidad y contribuir a la estabilidad de las instituciones de la Unión. Por tanto, me gustaría saber si esas garantías o esa tranquilidad se están transmitiendo de alguna forma por parte del Gobierno británico.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió, tiene la palabra el señor Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Señor secretario de Estado, gracias por indicarnos estas tres prioridades que se marcará el próximo Consejo Europeo. Evidentemente, como usted ha dicho, no hemos podido disponer de los documentos preliminares. Nos da la ventaja que en todo caso en la negociación tal vez


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pueda trasladar las preocupaciones que le manifiestan aquí los miembros del Congreso y del Senado en la elaboración de estas futuras conclusiones.

Quiero empezar por la parte final de su intervención, la que hacía referencia al posible referéndum en el Reino Unido. Yo soy un federalista europeo convencido y, por tanto, estoy preocupado por la situación actual en la Unión Europea, porque veo que hay un estancamiento en el proceso de integración y, sobre todo, porque se están cuestionando pilares básicos de esta integración europea. Decía Jean Monnet -seguro que lo sabe usted- que Europa se construye sobre la base de crisis. Algunas nos las buscamos nosotros; desgraciadamente, otras, como la crisis migratoria, nos vienen de fuera. Y en cuanto a este aspecto que plantea el Reino Unido -como le decía, soy federalista convencido y considero que Europa tiene que avanzar hacia un modelo federal, que supere el modelo actual de los Estados miembros-, creo que no podemos aceptar el chantaje que a lo largo de la historia ha hecho, pero ahora más que nunca de cara a posicionarse en el sentido de mantenerse o no en la Unión Europea. Sabemos que el Reino Unido no quiere avanzar más allá de una integración económica, que para este país Europa es el conjunto de un mercado único donde ellos puedan sentirse cómodos en el ámbito comercial, en el ámbito financiero y en el ámbito económico, pero no quieren profundizar no solo en una unión política, sino tampoco en una unión económica monetaria, que es uno de los aspectos que usted también ha indicado como prioritarios en el próximo Consejo. Creo que no debemos ceder a los chantajes. Comparto su posición acerca de que el Gobierno no quiere modificar los tratados para dar cabida a las peticiones del Reino Unido. Estoy convencido de que si tenemos que modificar los tratados es para avanzar hacia una mayor integración, no para donar cláusulas de escape y dividir más la Unión Europea. Tenemos que profundizar en la integración y, si eso tiene que considerarse como avanzar en unas dobles velocidades o triples, creo que al final lo tendremos que aceptar, pero no podemos permitir que la voluntad de mayor integración que tienen algunos Estados miembros se vea frenada por la voluntad de otros de no hacerlo.

Y este punto lo ligo con el primero y el de más actualidad. Usted ha hablado de problemas de emigración. Si este es el título del documento oficial, creo que es importante que reflejemos dos aspectos: la crisis de refugiados y la emigración por razón económica. Creo que en estos momentos la crisis se refiere a refugiados políticos y que la manera de poder afrontarla es diferente a la de la crisis de emigración por motivos económicos, que básicamente viene de África subsahariana o a través del Mediterráneo. Tengamos en cuenta que buena parte de los emigrantes que están solicitando asilo político están manifestando su voluntad de poder volver a sus países de origen cuando haya seguridad, haya paz y un clima donde poder desarrollarse profesional y socialmente. A mi entender, es importante que superemos -y por eso decía que avanzamos con crisis- algunas de las posiciones. Es inadmisible la posición del Gobierno húngaro de cerrar fronteras, como quiere hacer, y romper cualquier posición europea. Tenemos que afrontar esta crisis humanitaria desde un ámbito completamente europeo. Avanzaremos con la crisis, y, por tanto, lo que siempre habíamos dicho algunos de avanzar en una política de asilo común europea ahora puede ser el momento de que resulte un acicate, y lo mismo sucede en la política común de inmigración. Tenemos que aprovechar esta crisis para poder avanzar en este ámbito y atacarlo de forma común, porque estamos entrando en un debate profundo sobre qué es la Unión Europea, y, si no somos capaces de afrontar, de asumir con solidaridad esta crisis migratoria, estamos poniendo en duda lo que es la integración europea y sus principios básicos. Europa es un conjunto, es una comunidad de valores, y con estos valores, simplemente por motivos económicos, no se puede rechazar una oleada de refugiados políticos en este caso.

Y un apunte más y acabo. Tendremos que tomar decisiones también que pueden ser dolorosas, porque para resolver los problemas de la crisis de refugiados tendremos que tomar decisiones que en algunos casos pueden ser de intervención militar en los países en conflicto. Igualmente -y me gustaría conocer su opinión, porque, en terminología OTAN, en cuanto a Argelia y Libia, esto corresponde a Italia y España-, para solucionar las crisis de inmigraciones económicas tendremos que ver cómo afrontar los efectos en origen, porque para luchar contra las mafias referidas al trato de personas y emigrantes no solo vale reforzar las fronteras exteriores de la Unión o patrullar en el Mediterráneo, sino que tenemos que evitar que salgan de allí. Antes hemos tenido un debate o yo he hecho alguna intervención referente a las gobernanzas y cómo están funcionando algunos países en la ribera sur del Mediterráneo. Tendremos que plantearnos seriamente la Unión Europea y la comunidad internacional si tenemos que aprobar misiones para impedir el tráfico de seres humanos en los países de origen, con todo lo que ello conlleva, como la intervención policial y militar, evidentemente con riesgos para terceras personas. Por tanto, creo que este


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es un ámbito que tendremos que tratar, porque, si no, no creo que podamos solucionar el tráfico ilegal de emigrantes por las costas del Mediterráneo.

Termino ya, refiriéndome al tema de crecimiento e inversión y unión económica y monetaria. Apruebo las propuestas que usted ha formulado del documento elaborado por el presidente de la Comisión, el presidente del Banco Central Europeo, etcétera, para profundizar en la unión económica y monetaria en todos los ámbitos que ha mencionado, y quisiera saber si hay alguna posición del Gobierno en un tema que creo que es importante y que nos puede afectar, que es la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el safe harbor, el puerto seguro, porque esto va a tener unas consecuencias importantes por lo que se refiere al tema del Tratado del libre comercio trasatlántico con Estados Unidos. Creo que el Consejo Europeo tendría que posicionarse para poder analizar las posibles consecuencias que esto pueda tener en la negociación del tratado en todo el mercado digital y la transmisión de datos.

Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra nuevamente el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Saludamos al señor secretario de Estado por su comparecencia y su presencia en esta Comisión.

Sobre las tres cuestiones que ha tratado, me gustaría recordar cuáles son los objetivos que desde mi grupo deben quedar claros de cara al importante Consejo Europeo de la semana que viene. En materia de emigraciones, a mí también me gusta hablar de asilo y refugio, porque hay que recordar que esta crisis, como han dicho otros portavoces, tiene mucho de asilo y no tanto de las clásicas razones de las crisis migratorias. Después del acuerdo alcanzado en este país -la PNL que usted citaba, que es un acuerdo importante, pero no deja de ser un acuerdo de mínimos y un acuerdo que marca el futuro y que nos obliga a entendernos y a decir las cosas con claridad-, creemos que el discurso debe traducirse en hecho. Y nosotros entendemos que hay tres objetivos irrenunciables de cara a esta cumbre. El primero es que la Unión Europea debe establecer corredores humanitarios, y debe hacerlo ya sea estableciendo visados humanitarios o procedimientos que garanticen a los refugiados poder llegar a destino seguro, y esto ahora, hoy no está ocurriendo. Aquí se habla de protección de fronteras, se confunde esta con el rescate humanitario, con las operaciones de rescate en alta mar, pero hace falta corredores humanitarios, y hasta que no existan no podremos poner fin a esta crisis. En segundo lugar, creemos que debe haber un programa permanente de reasentamiento y reubicación, y aquí creo que existen diferencias sobre el significado de la palabra permanente, porque si realmente queremos crear un sistema europeo común de asilo debe ser con vocación de permanencia, y permanencia entendida no solo para hacer frente a esta crisis, sino también de cara a crisis futuras. Porque parece que como españoles nos cuesta entender que el sistema debe ser permanente. Si en crisis futuras, originadas en otras partes del Mediterráneo, tenemos que volver a comenzar desde cero en la discusión sobre un sistema de reubicación o reasentamiento, se habrá perdido una oportunidad para crear un mecanismo integrado, solidario, permanente y, desde luego, sostenible. Y en tercer lugar, otras cuestiones que atañen más directamente a la legislación, por ejemplo, en nuestro país la eliminación de los visados de tránsito, que han dificultado hasta casi eliminar cualquier posibilidad de que los refugiados sirios puedan acceder a territorio seguro a través de rutas que pasan por España, y, por supuesto, hacer un esfuerzo en cuanto a la legislación pendiente: la directiva de acogida, la directiva de protección temporal, la directiva sobre cualificaciones y requisitos y también acometer la reforma y el estudio sobre el convenio de Dublín. Nos satisfacen las partidas presupuestarias que se están aprobando tanto en España como en el Parlamento Europeo, tanto las destinadas al SECA como a programas complementarios de ayuda humanitaria, de educación para niños, y, desde luego, creemos que estos objetivos claros deben llevar a acuerdos concretos en el Consejo Europeo de la semana que viene, porque ya llevamos muchísimo tiempo retrasando decisiones fundamentales para evitar el sufrimiento y parar esta cuestión. Y estoy de acuerdo con usted en que hay otro tipo de pilares de esta política que son fundamentales, como son, sobre todo, luchar contra las causas en origen de esos movimientos, cuestión en la que debemos trabajar a medio plazo de otra manera. Sé que tiene usted prisa, por lo que no voy a decir nada más sobre política de emigración y refugio.

Sobre unión económica y monetaria, este es un debate que nos preocupa muchísimo y nos interesa. Quiero recordar que en el mes de agosto tuvo lugar un Pleno extraordinario en el Congreso para debatir el tercer rescate de Grecia y en él planteamos nuestro punto de vista sobre la cuestión, que fue de apoyo, como usted sabe, pero un apoyo condicionado al cambio de las estructuras y del modelo de gobernanza


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de la unión económica y monetaria. Es verdad que en la Unión Europea y en la zona euro se ha avanzado en los últimos meses en este sentido a raíz del impulso del presidente Hollande, algunos otros líderes europeos y, sobre todo, del documento de los cinco presidentes. Hemos echado en falta en esta Comisión, en la Comisión de Economía, en el Pleno un debate sosegado sobre cuál era la posición de España respecto a este cambio de gobernanza. Usted nos ha hablado -y se lo agradecemos- del contenido del documento de los cinco presidentes, pero no sabemos cuál ha sido la posición del Gobierno español, en qué aspectos quiere ir más lejos y en qué aspectos quiere ir menos lejos. Incluso, el documento que el Gobierno, la Oficina Económica del Presidente, envió a Bruselas nos consta que no ha sido muy debatido ni con ustedes en Exteriores ni tampoco con el Ministerio de Economía, de modo que, no solo con la oposición, parece que ha habido una falta de debate sobre esta cuestión, y creemos que no debería haberse producido. En esta legislatura ya es tarde para ello, pero pretendemos que esfuerzos como el nuestro -usted conoce el documento que hicimos, que ahora le doy- contiene muchas propuestas, con muchos matices, que complementan lo que usted ha dicho sobre la unión fiscal, la estabilidad macro y tantísimas cuestiones que también tienen que ver, incluso temas de mayor calado, como la gestión de la deuda y otras. En definitiva, se ha hecho poco esfuerzo para conocer posiciones. Es un aspecto en el que si todos vamos juntos, vamos con más fuerza, y el Gobierno ha pasado más que desapercibido, por decirlo educadamente, en esta cuestión europea, que ha sido liderada por otros Gobiernos durante este verano.

Respecto al Reino Unido quiero recordar cuál es la posición de mi grupo en el Parlamento Europeo, con la que coincidimos plenamente. En primer lugar, se debe defender la libre circulación de los trabajadores, por encima de cualquier otra consideración, así como la prohibición de la discriminación de los trabajadores por razón de nacionalidad. Cuando el primer ministro Cameron visitó España quedaron ciertas dudas en el aire sobre la disposición o flexibilidad que podía mostrar el Gobierno español acerca de permitir que el Reino Unido pudiese establecer tratamientos diferenciados, en función de la nacionalidad para políticas de prestaciones sociales en Reino Unido. Nos gustaría que aclarase este tema y que nos dijera cuál es la posición clara del Gobierno porque en las palabras del presidente de Gobierno, señor Rajoy, no quedó clara la contundencia en esta cuestión. En el resto de los aspectos coincidimos básicamente con su punto de vista.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de portavoces por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado para plantear la posición del Gobierno español en un Consejo Europeo que va a ser trascendental.

Empezaré dándome prisa, porque sé que tiene que coger ahora un vuelo, por el último tema que ha detallado, la cuestión sobre el referéndum en el Reino Unido. Ayer estuve precisamente en la conferencia de los conservadores en Manchester y el grupo de invitados internacionales tuvimos un encuentro, precisamente anteayer por la noche, con el primer ministro. Estamos convencidos, y así se le hizo llegar por parte del Grupo Popular europeo, que la posición del Gobierno británico va a ser en defensa de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Hay que detallar en efecto los plazos del referéndum, hay que detallar la posición de otros partidos políticos, pero creo que el mensaje que se está lanzando es que sencillamente -espero que también se pueda concretar en el próximo congreso del Partido Popular europeo que se celebrará en Madrid- estamos mejor juntos, que precisamente es la campaña que utilizaron en Reino Unido en el referéndum escocés. Estamos mejor juntos y Reino Unido es plenamente consciente de ello. No entendemos la dimensión de la Unión Europea sin el vínculo transatlántico, del cual forma parte absolutamente indisociable Reino Unido. Consideramos que hay cuestiones de carácter económico e institucional en las que se podrá avanzar.

En cuanto al segundo punto que se refiere al informe de los cinco presidentes, quiero destacar la contribución española. En esto yo no coincido con el portavoz del Grupo Socialista. Además del propio documento de la contribución española que se puso sobre la mesa, pensamos que la eliminación de rigideces nominales económicas, o alcanzar los niveles suficientes de movilidad laboral, o la defensa de la unión fiscal, o la consecución de un mercado interior más fuerte, o incluso la mayor legitimidad democrática de rendición de cuentas han sido una de las banderas que el Gobierno español ha presentado en todos los debates y en todas negociaciones en este entorno. Añadiría otros dos: primero, seguir avanzando en la competitividad, en especial en un tema que nos atañe muy especialmente, y segundo, que ha sido debatido en esta Comisión que es la unión energética y recordar la importancia que tiene, al


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estar de actualidad, el Tratado de libre comercio transatlántico para la Unión Europea, pero sobre todo para España. Digo esto porque en recientes fechas hemos visto como se negociaba exitosamente el Tratado de Estados Unidos en el entorno del Pacífico y tenemos que tener claro que cuando Estados Unidos está llegando a consecuciones de acuerdos en otros entornos no podemos dejar pasar este tren.

En cuanto a la tragedia de la migración tenemos un drama de unas dimensiones tremendas. Estamos hablando ya de 500.000 personas que han entrado en el viejo continente, estamos hablando ya de 250.000 muertos en Siria, de 10 millones de desplazados, de 4 millones de refugiados en Turquía, Jordania, Líbano e Irak; una crisis monumental. Parafraseando a Juncker habrá que demostrar si hay más unión en la política de asilo en Europa y si hay más unión en nuestra política de refugiados. Yo creo que sí la hay. Creo sinceramente que la mayoría de los países de la Unión han demostrado una solidaridad que debe llenarnos de orgullo, pero sin perder de vista que este drama, por desgracia, no ha finalizado y que tenemos a las puertas a millones de ciudadanos y de refugiados esperando encontrar una esperanza en nuestros países.

Para seguir diferenciando entre migración económica y refugio y asilo, en cuestión de migración económica podemos decir que España es experta en esta cuestión, y lo es porque tiene éxito en cómo afrontar estos flujos migratorios de personas desesperadas, de personas que buscan un futuro mejor y que ponen en riesgo su vida precisamente por culpa de mafias, de explotadores y de trata de seres humanos. En este sentido hay que recordar que fue a España a la que se pidió ser ponente en el último Consejo Europeo, precisamente para decir cómo se puede afrontar este tema. Hay que recordar que desde 2013, por el drama de Lampedusa, se han puesto en marcha medidas, probablemente perfectibles, pero medidas, al fin y al cabo, especialmente en reforzar la presencia en mar, luchar contra los traficantes de personas, prevenir los flujos de migración ilegal y reforzar la solidaridad con los países de origen, cuestión en la que España precisamente es un buen ejemplo.

En el caso del drama de los refugiados y asilados que vienen de conflictos bélicos, sobre todo la dictadura de Eritrea, la guerra en Libia y por supuesto en Siria, aparte de las negociaciones en el asilo y refugio a las que hacía referencia el secretario de Estado y en las que no voy a incidir, tengo que destacar que ha habido una financiación adicional, eso era algo que se reclamaba de 1.000 millones de euros directamente destinados al alto comisionado. Él decía el otro día precisamente algo que es muy visual para los españoles: Tenemos al ISIS más cerca que las islas Canarias, por ejemplo, en distancia. Esto es algo que no se puede olvidar, porque afecta no solo a la política exterior y de fronteras sino a la política también de interior y de seguridad de los propios Estados miembros. Tenemos ya una reubicación de 40.000 personas, que se ha visto ampliada el día 22 a 120.000 personas. Desde el Gobierno de España dijimos en todo momento que se admitiría, se acogería y se intentaría dar el mejor futuro y esperanza a todos aquellos que se pactaran dentro de las instituciones europeas que correspondiera a cada Estado; lo único que se ponía de relieve eran algunos baremos y parámetros que los países del sur compartimos. Creemos que es acertada la política comunitaria de cooperación y diálogo con Turquía, de ayuda a los países de los Balcanes occidentales, de incrementar la financiación para atacar de raíz a la migración también, de la solidaridad y también, como se ha dicho aquí, de no eludir lo que tiene que ser una actuación en el terreno. Ahí yo creo, y compartimos con otros grupos, que la Unión Europea tiene que tener un papel relevante y tiene que estar en el concierto precisamente de estas reuniones, al igual que el presidente del Gobierno podrá tener la próxima semana en la Cumbre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -seguro que tendrá la oportunidad en el panel sobre Paz y el papel de la mujer, porque estoy seguro que también se hablará de estas cuestiones- un papel relevante, el que tiene nuestro país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

¿Qué papel ha tenido la reciente semana la Comisión Europea? Ayer mismo se dio un paso en la operación Sofía, como se hacía referencia; una operación naval de los países miembros para atajar esta trata de seres humanos, para poder abordar, registrar, apresar, desviar a alta mar directamente a estos barcos que en condiciones infrahumanas intentan llegar a las costas europeas. Anteayer también se habló del proyecto del Plan de acción sobre apoyo a los refugiados y precisamente en una reunión de alto nivel con el presidente Erdogan se avanzó con la colaboración de otros países. ¿Qué papel tiene España? Pues aparte de la experiencia ya aludida, se ha creado un grupo de trabajo interministerial que está en perfecta coordinación y en perfecta vigilancia de esta cuestión. Se incrementó las partidas de los Presupuestos Generales del Estado con una enmienda transaccional de 200 millones de euros a una partida en beneficio de refugiados, que ya se estaba duplicando respecto al ejercicio anterior e incluso en este caso se duplicaba alguna enmienda presentada por otro grupo. Además, como hemos visto en la


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sesión de hoy, en esta propia Comisión se van a aprobar dos propuestas de reglamento en esa línea y la semana pasada en sesión plenaria se aprobó una proposición no de ley para apoyar la política integral de asilo en la Unión Europea.

Con todo este abanico de medidas en el entorno de la Unión Europea, de la Comisión Europea, pero también con nuestros aliados, esperamos poder atajar las causas ya que es lo que verdaderamente nos preocupa, que haya millones de personas con imágenes dramáticas huyendo del terror de grupos extremistas y con una brutalidad y atrocidad insólitas en el siglo XIX. Pensamos que con responsabilidad y liderazgo que todos esperamos de las situaciones comunitarias se pueda atajar cuanto antes este drama y sobre todo que se deje muy claro que Europa siempre ha sido una tierra de solidaridad, una tierra por desgracia en una historia no tan lejana también de migrantes y asilados y refugiados. Desde luego, creo que tenemos que dar la talla por la propia configuración de la Unión Europea, la semana pasada precisamente celebrábamos el veinticinco aniversario de la reunificación alemana. Somos un continente de reunificación, de tumbar barreras, de tumbar fronteras, pero, en este caso, necesitamos el concierto de todos los países para atajar este drama migratorio que a todos nos afecta.

El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de portavoces para el cierre del debate, tiene la palabra nuevamente el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA (Eguidazu Palacios): He tomado nota de todas las intervenciones, realmente son todas muy pertinentes e inciden en los aspectos fundamentales que se van a abordar en el próximo Consejo.

Las agruparé en tres temas y empezaré por el último porque es el más rápido de exposición, me refiero al futuro referéndum británico. El señor Sabaté y el señor Sedó se referían al llamado chantaje -aunque no quisiera yo emplear es palabra, pero no la pongo en mi boca, puesto que es como lo han referido sus señorías, de forma entiendo que coloquial -. Evidentemente Reino Unido ha tenido siempre una concepción de Europa muy distinta de la que tenemos, el llamado enfoque continental. A ellos les ha preocupado siempre mucho más materias relacionadas con la libertad de movimientos, la libertad de circulación de mercancías, la eliminación de las barreras y la competitividad de Europa en un mundo global.

Nosotros tenemos un claro deseo -ahí yo si quisiera insistir en que la postura del Gobierno español es clara y no creo que haya habido motivo de duda de la misma-, que creo que es compartido absolutamente por todos, de que Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea. Pensamos que debemos hacer los esfuerzos posibles y razonables para ayudarles a continuar en la Unión Europea y para que el Gobierno británico tenga argumentos sólidos que ofrecer a su opinión pública.

Sin embargo, es igual de claro o más que hay una serie de líneas rojas. Una línea roja concreta y clarísima es la libertad de movimiento de personas y de igualdad de tratos. Eso forma parte del corazón de los cuatro principios no ya de la unión económica y monetaria sino de la Unión Europea: libertad de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. La libertad de circulación de personas y el derecho de residencia y trabajo en igualdad de derechos de los ciudadanos europeos es una línea roja inamovible. La otra línea roja es el artículo 1 que establece el propósito de avanzar a una Unión más estrecha entre los pueblos de Europa. La Unión Europea no se concibe sino como un camino hacia la Unión Europea. Esa era la idea que los padres fundadores tenían en los años cuarenta y cincuenta, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era avanzar hacia la Unión Europea porque es la única forma de asegurar la paz y la prosperidad en Europa y, por tanto, ese es también un principio irrenunciable. Otra cosa es que, en la medida en que existen distintas sensibilidades y hay algunos países que tienen deseos de integración más fervientes que otros y se ha avanzado más en algunos países que en otros -en concreto el caso más evidente es la creación de la zona euro-, debamos avanzar, y posiblemente sea el camino futuro, hacia una Unión Europea de dos velocidades. Existe ya, pero probablemente haya que institucionarla con mayor solidez y buscar una vía de diálogo y cooperación entre los que han avanzado hacia una unión mayor y los que no. Es un problema de buena voluntad y de sensibilidad política, pero lo que sí está claro es que no vamos a poner en peligro los fundamentos de la Unión Europea.

En materia de la unión económica y monetaria quisiera recordar que el informe de los cinco presidentes no es una norma europea, es una hoja de ruta. Ahora se va a presentar por parte de la Comisión un informe sobre cómo está avanzando, ese progreso irá más o menos rápido y habrá un debate en el cual España va a participar como todos los demás. Nosotros hemos tenido una contribución, yo ahí no estoy de acuerdo con el señor Moscoso. El informe que se presentó, la propuesta de gobernanza española, es


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compartido evidentemente por todas las instancias del Gobierno y por todos los ministerios y se ha tenido en cuenta en Europa hasta el punto de que el informe de los cinco presidentes coincide en muchos aspectos con el informe que ha presentado España, evidentemente no en todo. En el informe de los cinco presidentes -si compara los dos- el análisis de la situación coincide, es exactamente el mismo. Los puntos que a nosotros nos importan especialmente y están recogidos son el problema de la mejora de la competitividad de las economías europeas; la convergencia, puesto que el grave problema de la unión económica y monetaria es que no es una unión monetaria óptima y, por tanto, hay que procurar la convergencia estructural de los países miembros; completar la unión bancaria, nosotros hemos insistido en que queda por completar el tercer pilar que es el Fondo de garantía de depósitos europeo; cerrar la cobertura del Fondo de resolución en el periodo transitorio, y por último, los temas de integración fiscal, incluso con la propuesta de la culminación de un Tesoro europeo. Las preocupaciones esenciales de España en materia de progreso en la unión económica monetaria están recogidas en el informe de los cinco presidentes. Hay cosas que no compartimos, pero es un proceso en el cual intervienen todos los países miembros y, por tanto, no se puede pretender que uno gane por goleada. Se trata simplemente de que sus preocupaciones fundamentales estén respetadas.

Por último, me referiré al tema de migración que es evidentemente el más importante y el más serio. Efectivamente, Europa se ha visto desbordada por un problema de una magnitud que no era tan fácil de prever. Ahora lo vemos muy fácil, pero no era tan sencillo de prever, aunque es cierto que existía el problema sirio, pero en los últimos tiempos ha habido una serie de factores que han contribuido a agravar el problema. Por ejemplo, uno muy claro es el empeoramiento de la situación en los campos. Hace no mucho tiempo la mayor parte de los residentes en los campos tenían como propósito fundamental volver a Siria -estoy hablando de los campos de refugiados en Turquía, Líbano y Jordania-. El propósito, la intención o el deseo mayoritario que tenían era volver a su país, a Siria, y en cambio ahora el propósito mayoritario es venir a Europa. ¿Por qué? Porque la situación en los campos ha empeorado notablemente, desde el punto de vista de la situación personal de la gente, y porque no se ve un final al conflicto armado en Siria. Eso ha provocado un cambio psicológico importante en la gente; cambio que se ha aprovechado por las mafias que trafican con seres humanos y que ha sido aprovechado también por un volumen no determinado de migrantes irregulares que han aprovechado estos flujos para también desplazarse a Europa. Es decir, el problema es muy complicado.

España -ya lo ha señalado el señor Casado- está haciendo sus deberes, no solamente en cuanto a aceptar la cifra de acogida que nos han propuesto, y no solamente en las cosas que ha señalado como son la creación de una comisión interministerial, en la cual están participando todos los ministerios implicados y una aportación presupuestaria adicional de 200 millones, sino que se está trabajando también informando y manteniendo al corriente a las comunidades autónomas y a las ONG que se ocupan de esta materia y se está desarrollando un protocolo de acogida. Quisiera insistir en algo muy importe: no estamos hablando de acogida transitoria de personas a las cuales hay que buscar un acomodo temporal; estamos hablando de personas que en principio tienen vocación de permanencia. Eso significa que no basta con recibirlas, hay que integrarlas; integrarlas requiere no solo proporcionales asistencia sanitaria, asistencia educativa, alojamiento, sino darles medios de vida y eso requiere la integración en el mercado laboral. No olvidemos que estamos en una situación en la cual tenemos una tasa de paro muy alta y no podemos ofrecer a esas personas como única esperanza el incorporarse a la lista del paro. Eso significa que nosotros tenemos una capacidad limitada. A todos nos gustaría acoger a cualquier refugiado, incluso a los que son refugiados o que acuden a nuestro país, no ya por razones de supervivencia como son los que tienen derecho de protección internacional, sino también los migrantes económicos, que son personas respetables que buscan una mejor vida para ellos y para sus hijos. Sin embargo, nuestros recursos son absolutamente limitados, y no los nuestro sino los de casi cualquier país europeo. Es un problema que es muy complicado porque esas personas se van a quedar con nosotros y hay que procurar integrarlos en nuestra sociedad, si no queremos crear un problema mayor en el futuro.

Nosotros hemos ofrecido a nuestros socios europeos la experiencia española, que otros países están llamando -no nosotros- el modelo español. El modelo español es una mezcla de ayuda económica y técnica y cooperación con los países de origen, que implica fundamentalmente programas de retorno pero acompañados de reinserción. Los emigrantes irregulares que retornan a sus países deben ir acompañados de una cierta ayuda que se ha materializado en los programas de cooperación españoles. Nosotros hemos abierto representaciones diplomáticas en todos los países del África occidental, hemos reforzado la cooperación con esos países en materia de protección de fronteras, pero, sobre todo, hemos reforzado


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la cooperación económica vinculándola en la medida de lo posible a los programas de retorno. Esta experiencia es útil y ha tenido una buena recepción por parte de los países europeos y de la Comisión para los programas referidos a los inmigrantes irregulares. En el caso de las personas que están solicitando protección internacional porque huyen de conflictos armados ese modelo no es fácilmente aplicable, porque el problema es otro. De ahí que para atajar las causas y el fondo pase, primero, por incrementar la ayuda a los países que están soportando la mayor parte del esfuerzo, que son los que he comentado antes -Líbano, Jordania y Turquía-, y segundo, por hacer esfuerzos -esa es una cuestión que escapa a mis competencias- por buscar una solución al problema sirio. Mientras el problema sirio no se resuelva, vamos a tener ahí un problema que va a ser un potencial foco de atracción de desplazados.

Quisiera hacer alguna referencia a los corredores humanitarios y al programa permanente de reubicación y a los visados de tránsito. Los visados de tránsito suponen desplazar el problema de un país a otro, lo que hay que hacer es abordar el problema a nivel europeo, tenemos que hacer un enfoque europeo y global del problema. Los programas permanentes de reubicación, dicho en estos términos tan estrictos, es una especie de efecto llamada; es como decir que todos los que vengan se van a redistribuir, y eso sin límites. Nosotros tenemos un compromiso -eso se ha repetido por activa y por pasiva por los países miembros y por la Comisión y por el Consejo- con los refugiados, con las personas con derecho a protección internacional. Eso Europa lo ha repetido y lo va a hacer: vamos a acoger y a proteger a todas las personas que acudan a Europa en demanda de asilo. Pero debemos procurar minimizar el problema, es decir, hay que procurar evitar que sigan llegando. Para eso hay que atajar fundamentalmente son las causas de origen y en eso estaremos todos de acuerdo. Eso pasa por las discusiones con Turquía, que es un país fundamental en toda esta materia, como antes decía, y por trabajar intensamente por resolver el problema de Siria, que es el foco fundamental de toda esta situación.

No tengo más cosas que comentar. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado. Con ello podemos dar por finalizado -creo que aún a tiempo- el presente debate. Antes de levantar la sesión quiero decirles a los miembros de Mesa y portavoces que nos reuniremos inmediatamente.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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