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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 97, de 14/03/2013
cve: DSCD-10-PL-97
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 97
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 91
celebrada el jueves,
14 de marzo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. ("BOE" núm. 47, de 23 de febrero de 2013). (Corrección de errores en "BOE" núm. 51, de 28 de febrero de 2013) (Número de expediente 130/000033) ... (Página10)

- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. ("BOE" núm. 47, de 23 de febrero de 2013). (Corrección de errores en "BOE" núm. 51, de 28 de febrero de 2013) (Número de expediente 130/000034) ... (Página32)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 92, de 12 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000056) ... (Página57)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 93, de 12 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000057) ... (Página57)

- Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93.ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 96, de 23 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000058) ... (Página57)


Página 2




- Enmienda número uno al Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el ministro de Defensa de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España y las Fuerzas Armadas Suecas y el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de onda de banda ancha para la conexión en red en coalición (COALWNW). "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 97, de 23 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000059) ... (Página57)

- Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 99, de 10 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000060) ... (Página58)

- Tratado sobre el derecho de patentes, del reglamento del Tratado sobre el derecho de patentes y de las declaraciones concertadas por la conferencia diplomática relativas al tratado y al reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 100, de 10 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000061) ... (Página58)

- Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 103, de 14 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000062) ... (Página58)

- Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 104, de 14 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000063) ... (Página58)

- Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 107, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000064) ... (Página58)

- Protocolo por el que se modifica el Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 108, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 110/000065) ... (Página58)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 111, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000066) ... (Página58)

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 112, de 16 de enero de 2013. (Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C-72-2, de 18 de enero de 2013). (Número de expediente 110/000067) ... (Página58)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 113, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000068) ... (Página58)


Página 3




- Segundo protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 114, de 16 de enero de 2013. (Corrección de error en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A-126, de 7 de febrero de 2013). (Número de expediente 110/000069) ... (Página58)

- Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 115, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000070) ... (Página58)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 116, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000071) ... (Página58)

- Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 117, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000072) ... (Página58)

- Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 120, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000073) ... (Página58)

- Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 121, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000074) ... (Página59)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 122, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 110/000075) ... (Página59)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 32-1, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 121/000032) ... (Página62)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 40-1, de 6 de marzo de 2013. (Número de expediente 121/000040) ... (Página77)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000022) ... (Página77)

Declaración institucional ... (Página77)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página79)


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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página80)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)

Avocación por el Pleno ... (Página82)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de proyecto de ley. (Votación) ... (Página83)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página83)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Explicación de voto) ... (Página83)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta):

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un Sr. Diputado. (Número de expediente 240/000002) ... (Página88)

Elección de Sres. Diputados, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de Sres. Diputados, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000002) ... (Página88)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página10)

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita ... (Página10)

El señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor Camacho Vizcaíno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Interviene el señor ministro de Justicia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene el señor ministro de Justicia.


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Intervienen los señores Camacho Vizcaíno, Olabarría Muñoz y Llamazares Trigo y la señora Pigem i Palmés.

Cierra el debate el señor ministro de Justicia.

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo ... (Página32)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista y Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor Coscubiela Conesa pide la palabra al amparo del artículo 71 puntos 1 y 2, que le es concedida.

Contesta la señora Villalobos Talero.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página57)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página57)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página57)

Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 93.ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 4 de junio de 2012 ... (Página57)

Enmienda número uno al Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el ministro de Defensa de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España y las Fuerzas Armadas Suecas y el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de onda de banda ancha para la conexión en red en coalición (COALWNW) ... (Página57)


Página 6




Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012 ... (Página58)

Tratado sobre el derecho de patentes, del reglamento del Tratado sobre el derecho de patentes y de las declaraciones concertadas por la conferencia diplomática relativas al tratado y al reglamento, hechos en Ginebra el 1 de junio de 2000 ... (Página58)

Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012 ... (Página58)

Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2012... (Página58)

Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011 ... (Página58)

Protocolo por el que se modifica el Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de tener en cuenta la Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía, hecho en Bruselas el 18 de junio de 2012 ... (Página58)

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012 ... (Página58)

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu-Dhabi el 21 de octubre de 2012 ... (Página58)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2012... (Página58)

Segundo protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado, hecho en Bruselas el 10 de octubre de 2012 ... (Página58)


Página 7




Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, hecho en Phnom Penh el 11 de julio de 2012 ... (Página58)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ... (Página58)

Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001 ... (Página58)

Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012 ... (Página58)

Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012 ... (Página59)

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún, hecho en Yaundé el 21 de noviembre de 2012 ... (Página59)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página62)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ... (Página62)

La señora ministra de Fomento (Pastor Julián), presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen las señoras Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto y De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página77)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial... (Página77)

La Presidencia anuncia que si algún grupo lo solicita, posteriormente habrá un turno para explicación de voto.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página77)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página77)

Al no haber debate en este punto, se someterá directamente a votación.

Declaración institucional ... (Página77)

Se procede a la lectura de una declaración institucional al cumplirse dos años del estallido del conflicto armado en Siria.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las intenciones del Gobierno respecto de la reforma del sistema educativo, se rechaza por 133 votos a favor y 185 abstenciones.

Sometidos a votación separada los siete puntos de la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas legales necesarias para perseguir la corrupción política, tipificando como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, el delito de enriquecimiento injusto de los cargos públicos y reforzando los instrumentos jurídicos para exigir responsabilidades a los gestores públicos, se aprueban los puntos 1, 2 y 3 y se rechazan los puntos 4, 5, 6 y 7.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página79)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, se aprueba por 178 votos a favor, 137 en contra, más un voto telemático, 138 y 3 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 140 votos a favor, más un voto telemático, 141 y 178 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se aprueba por 180 votos a favor, 15 en contra y 123 abstenciones, más un voto telemático, 124.


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Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 315 votos a favor más un voto telemático, 316, 2 en contra y 1 abstención.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página80)

Sometidos a votación separada todos los puntos de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, todos ellos son aprobados.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)

Sometida a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se rechazan por 16 votos a favor, 296 en contra más un voto telemático, 297 y 6 abstenciones.

Avocación por el Pleno ... (Página82)

Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 123 votos a favor y 195 en contra.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 178 votos a favor, 126 en contra y 14 abstenciones.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de proyecto de ley. (Votación) ... (Página83)

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012, se aprueba por asentimiento.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página83)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre incompatibilidades, se aprueba por 253 votos a favor, 2 en contra y 45 abstenciones.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Explicación de voto) ... (Página83)

En turno de explicación de voto intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas del Grupo Parlamentario


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Catalán, Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista y Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión con carácter público.

Se abre la sesión con carácter secreto.

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta) ... (Página88)

Se cierra la sesión con carácter secreto.

Se reanuda la sesión con carácter público.

Elección de los señores diputados, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página88)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la elección de diputados a que se refiere el punto tratado, y habiendo alcanzado los tres quintos de los votos necesarios, queda elegido el señor Esteban Bravo como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales.

Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 3/2013, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE LAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL SISTEMA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 130/000033).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

El primer punto del orden del día es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señorías, tal y como indicaba el señor presidente de la Cámara en el enunciado de este punto del orden del día, vengo a solicitar a sus señorías la convalidación del Real Decreto-ley 3/2013, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 febrero. Señorías, este real decreto-ley responde tanto a una necesidad como a una oportunidad. Creo que la acción de gobierno no consiste en otra cosa precisamente que en hacer coincidir ambas de modo que mejoremos la realidad cotidiana de los ciudadanos. La necesidad, en primer lugar, es la que viene dada por la debilidad del régimen vigente de asistencia jurídica gratuita que, como muchos ustedes saben, muchas comunidades autónomas están teniendo dificultades para prestar, y también por la conveniencia de no demorar lo que constituye una ampliación de derechos que supone el proyecto de ley aprobado por Consejo de Ministros


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que viene a reemplazarlo. La buena acogida que ha tenido entre distintos sectores este proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita proporciona la mejor prueba de la ambición social que lo inspira y que conecta directamente con las expectativas de una ciudadanía que aguarda su entrada en vigor con una celeridad que lógicamente ha de ser proporcional a la gravedad de la situación económica y social que en estos momentos tiene España.

Uno de los comentarios más generales que se ha hecho es que las dos caras de la misma moneda, porque forman parte del mismo sistema, es decir, la Ley de Tasas y la ley de asistencia jurídica gratuita, hubiesen entrado en vigor y se hubiesen tramitado simultáneamente. Esto no ha sido posible, señorías. Las diferencias temporales de la tramitación han nacido, en primer lugar, de la necesidad de consensuar con las comunidades autónomas el texto de justicia gratuita, puesto que a todas aquellas que tienen transferidas competencias en materia de justicia les afecta de forma muy directa, y esto ha impedido que se tramiten simultáneamente. La consecuencia es que no ha sido posible que todos los que serán en su momento potenciales beneficiarios de la ley de asistencia jurídica gratuita lo fueran desde el mismo momento en que sí entró en vigor la Ley de Tasas. Lo que hemos decidido y proponemos en estos momentos a la Cámara es no resignarnos, no aceptar sin más esta situación; antes al contrario, lo que este real decreto-ley hace es anticipar algunos aspectos de la Ley de Justicia Gratuita que precisamente garantizan la coherencia entre la obligación de abonar la tasa judicial y el disfrute de este derecho. En todo caso, lo que hemos hecho es una apuesta por la solidaridad, llevando el mecanismo de protección que entraña el beneficio de justicia gratuita más lejos incluso de lo inicialmente previsto.

Señorías -y entro directamente en materia-, como consecuencia de estas reformas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se amplían los beneficiarios de la misma por dos procedimientos. En primer lugar, se reconoce el derecho de justicia gratuita, con independencia de los recursos económicos, a colectivos especialmente vulnerables, colectivos que históricamente no habían tenido este derecho en España. Si sus señorías convalidan este real decreto-ley, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, las víctimas de trata de seres humanos, los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos o maltrato en aquellos procesos lógicamente que se deriven de esta condición, así como quienes a causa de un accidente sufran graves secuelas permanentes, cuando el objeto de litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos, todos estos colectivos, señorías, tendrán a partir de estos momentos el beneficio de justicia gratuita. Creo que este es un paso extraordinariamente importante. Estoy convencido de que en la tramitación del proyecto de ley sus señorías hubiesen aprobado esta ampliación de derechos y estoy por ello también convencido de que sus señorías, mediante la ratificación de este real decreto-ley, mediante su convalidación, estarán de acuerdo en anticipar estos beneficios. Y, en segundo lugar, se establecen nuevos umbrales de renta, nuevos umbrales de renta para tener derecho a este beneficio distinguiendo varios tramos en atención a las cargas familiares y mejorando también el tratamiento, el reconocimiento excepcional del derecho que está previsto en el artículo 5. Concretamente se sustituye, como es lógico, la anterior referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples, el conocido como Iprem, si bien lo que hacemos también es mejorar los umbrales anteriores. Consecuentemente con esta reforma se reconoce el derecho de forma más amplia, incluyendo a sujetos cuyos ingresos son superiores a los que preveía la norma hasta ahora vigente. Les doy algún ejemplo. Donde antes se hablaba de dos veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 14.910 euros anuales o 1.242 al mes, hasta ahora lo que hacemos es hablar de dos veces y media el Iprem, es decir, 15.975 euros anuales o 1.331 mensuales, y hasta tres veces cuando la unidad familiar tiene cuatro miembros, 19.170 euros anuales o 1.597 al mes. Señorías, donde antes se hacía referencia al cuádruplo del salario mínimo interprofesional -concreto las cifras-, 29.820 euros anuales, 2.485 al mes, ahora se contempla cinco veces el Iprem, es decir, 31.950 frente a los 28.000 anteriores anuales, 2.662 mensuales frente a los 2.400 anteriores.

El real decreto-ley también prevé la toma en consideración del patrimonio a efectos de valorar el derecho o no al beneficio de justicia gratuita, garantizando así una mayor objetividad y equidad. Otra de las novedades del anteproyecto que se adelanta es la posibilidad de que el beneficiario identifique las prestaciones de las que desea disfrutar, entre las que se incluye la exención de pago de las tasas judiciales, además de los depósitos que ya se preveían, así como una mejora de la asistencia pericial a favor de los menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato. Les llamo la atención sobre este punto porque es una auténtica novedad. Podrá un ciudadano, si tiene derecho a acogerse al beneficio de justicia gratuita, identificar qué prestaciones quiere que estén incluidas y cuáles no, es decir, podrá elegir, por ejemplo, tener su propio abogado pero, por tener derecho a la justicia


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gratuita, estará exento del pago de tasas y estará exento del pago de peritos. Esto amplía las posibilidades y no obliga al ciudadano a prescindir de algunas prestaciones que él entienda que deben ser soportadas con cargo a su pecunio porque mejoran su derecho a la defensa. Para evitar cualquier perjuicio a quienes estén dentro del ámbito de aplicación de la nueva regulación de justicia gratuita y hubiesen iniciado un pleito pagando la tasa, se ha previsto el procedimiento para que soliciten su devolución.

Señorías, también hemos identificado algunas situaciones muy especiales e individualizadas que, si bien de ninguna manera devalúan el conjunto y el sentido que tiene la financiación parcial con cargo a las tasas del coste general de la Administración de Justicia, sí podían apuntar algunos riesgos individualizados donde se cometiesen injusticias concretas. En esos casos concretos podrían generarse supuestos injustos al resultar la cuantía excesiva. En consecuencia, y aun partiendo de la legitimidad del sistema vigente de la Ley de Tasas, hemos considerado necesario arbitrar mecanismos que eviten que la cuantía de las tasas pudiera generar ningún tipo de efecto indeseado, ninguna dificultad para el acceso a la tutela judicial efectiva. Para encontrar soluciones adecuadas para atender estas situaciones hemos valorado diversas posibilidades. Algunas de ellas, señorías, no les oculto que en el plano teórico hubiesen sido muy deseables; por ejemplo, la articulación de un sistema de gestión que permitiese un análisis individualizado de la capacidad económica de cada persona obligada al abono de la tasa. La gestión de este sistema nos ha hecho descartarlo porque era ciertamente muy difícil optar por un sistema de esta naturaleza porque hubiese supuesto un incremento de costes económicos, personales, de tiempo y problemas de gestión que hubiesen hecho inaplicable la fórmula. Esa es la razón por la que hemos optado por una fórmula global, una fórmula que, atemperando con carácter general la cuantía, evite esos casos hipotéticos en los que se pueden cometer algunas injusticias. Ello aun cuando el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita forma, como les decía al principio, un todo con la Ley de Tasas, por lo que aquella ya prevé la mayor parte de las situaciones que puedan derivarse de la aplicación de esta a todas las personas físicas.

Concretamente, en lo que se refiere a esta modificación de la Ley 10/2012, la mayor novedad es, sin duda, la referida a los cambios que afectan a su artículo 7. Por un lado, se rebaja la escala variable de las personas físicas -pasa del 0,5 % al 0,1 %- y, por otro -siempre referido a las personas físicas-, el límite máximo de la cuantía variable, que estaba fijado en 10.000 euros, desciende a 2.000 euros. La rebaja será de aplicación tanto en la primera como en la segunda instancia, y además, señorías, se extenderá también al orden social, donde la primera instancia para trabajadores autónomos ya era gratuita y en la que se contaba antes con una exención del 60 %. Junto a ello se limita también la cuantía de la tasa para los recursos contencioso-administrativos. Esto afecta a los casos en que el objeto de impugnación son resoluciones sancionadoras y, en este caso, no podrá exceder la tasa del 50 % del importe de la sanción económica impuesta, al margen de que esa sanción lleve aparejados otros reproches no cuantificables económicamente pero sin duda más gravosos para el ciudadano que haya sido sancionado, como pudiera ser la pérdida de puntos en su carné de conducir. Además, el real decreto-ley introduce dos nuevas exenciones a la aplicación de la tasa judicial. La primera, de carácter objetivo, por la interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las juntas arbitrales de consumo. Esto ha sido como consecuencia, como en muchos aspectos de las modificaciones que estamos anunciando, del informe que nos trasladó el Defensor del Pueblo. Y la segunda, en esta ocasión de carácter subjetivo, para equiparar la posición de los funcionarios públicos con la de los trabajadores, previendo para aquellos en el orden contencioso-administrativo una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de recursos de apelación y casación cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios. También, señorías, sacar del régimen aplicable los procesos de familia. En este caso quedan exentos del pago de la tasa los que se inicien de mutuo acuerdo o los que se inicien por una de las partes con el consentimiento de la otra. En los demás casos solo se reconocerá la exención cuando las medidas solicitadas traten en exclusiva sobre hijos menores. No obstante, y esto es importante, los procesos matrimoniales no exentos del abono de la tasa se considerarán, a efectos de determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada. Digo que esto es importante porque, al ser considerado como de cuantía indeterminada, el importe variable de la tasa será de 18 euros, cantidad que consideramos perfectamente asumible. Por último, quienes estén dentro del ámbito de aplicación de la nueva regulación de la justicia gratuita y ya hubiesen iniciado un pleito abonando el importe de la tasa podrán solicitar el reconocimiento del derecho para resultar exentos e instar el procedimiento de devolución de aquello.

Señorías, el real decreto-ley incluye todavía la modificación de una tercera norma, además de las que hemos mencionado en la Ley de Justicia Gratuita y de la Ley de Tasas, aunque afecta a la Ley de


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Enjuiciamiento Civil, pero tiene exactamente el mismo propósito de equidad. Se trata de una reforma que tiene por objeto evitar el traslado del pago de las tasas a través de las condenas en costas en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas solo cuando sean para la adquisición de la vivienda habitual y, además, procesos de ejecución derivados de esos préstamos hipotecarios y solo cuando se dirijan al propio ejecutado o a los avalistas. En las ejecuciones hipotecarias la demanda, que puede concluir con el desahucio, suele iniciarse a instancias de la entidad bancaria, por lo que es esta, la entidad bancaria, la que paga las tasas. De esta forma lo que hacemos es evitar que esta entidad bancaria pueda en su momento repercutir directamente sobre el desahuciado cuando este sea condenado en costas, puesto que el beneficiado por el proceso de ejecución es realmente la entidad bancaria. Creo con toda sinceridad que es un supuesto excepcional pero que es un supuesto de justicia, y hay que recordar que en aquellos casos en los que prospera el desahucio el beneficiario, desde un punto de vista jurídico, evidentemente es la entidad bancaria. Pensamos, por tanto, que es ella la que debe soportar la tasa.

El texto que ahora se somete, señor presidente, sustancialmente abarca lo que ha sido hasta este momento objeto de mi intervención, pero el Gobierno consideró también introducir, además de estos tres artículos, una serie de disposiciones finales que atienden a asuntos diferentes sobre aquellos que dan título al real decreto-ley, pero me considero en la obligación, aunque sea brevemente, de dar cuenta a la Cámara de los mismos. La primera de estas medidas se recoge en la disposición adicional única y regulariza las cuotas de derechos pasivos y de las mutualidades de funcionarios en el mes de diciembre de 2012. Sobre este asunto algunas de sus señorías ya han abierto debate en esta Cámara. De esta forma, y de manera excepcional, en el próximo mes de abril la cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos y de la cotización de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial va a ser objeto de minoración, y lo será en una cuantía equivalente al importe que haya abonado el obligado por dichos conceptos en el mes de diciembre del año 2012 correspondiente a la paga extraordinaria no percibida. Es una previsión que responde a una cuestión de justicia material y reconocimiento hacia los funcionarios públicos, respecto de los que creo que no podemos perder ninguna ocasión -y yo, desde luego, no lo hago en esta- de recordar el servicio impagable que hacen a nuestro país y que han hecho además un sacrificio económico extraordinariamente importante. En segundo lugar, la disposición final primera es una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, la del año 2013. El objeto es permitir una aplicación más adecuada de los presupuestos a través de tres medidas. Les voy a destacar una en particular, que es la ampliación de tres a cinco años del periodo de vigencia de los planes de reducción de deuda o saneamiento en los casos de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo que estén concertadas por las entidades locales en aquellos casos en que se preste un ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 % de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior. La tercera, que la disposición adicional segunda es consecuencia y desarrollo de la probada voluntad del Gobierno de afrontar un grave problema social al que antes también hacía referencia, es decir los desahucios. Aquí se da cobertura legal a determinadas especialidades que deben observar los contratos de arrendamiento previstos en la disposición adicional única del Real Decreto-ley de 15 noviembre del año pasado, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Se trata, señorías, de contratos que en breve van a comenzar a celebrarse, de acuerdo con el régimen especial de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y aprovechando el Fondo social de viviendas -recuerdan ustedes que el Fondo social de viviendas es propiedad de las entidades de crédito y fue promovido por el Gobierno de la nación-, viviendas que están destinadas ahora a aquellas personas en situación especialmente vulnerable que han sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. En cuarto lugar, la disposición final tercera modifica el Real Decreto-ley de 12 diciembre 2008, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias. Al igual que se viene haciendo desde 2008, se trata de evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución, precisamente a causa de las pérdidas.

Por último, la disposición adicional cuarta modifica la Ley de 14 noviembre del año 2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito con el fin de aclarar que las operaciones realizadas por la sociedad de gestión de activos procedentes de reestructuración bancaria, en aplicación de su normativa reguladora, no constituye una operación de concentración como aquellas que están descritas en la Ley de 3 julio 2007, de Defensa de la Competencia. Es cierto que en algunas de esas operaciones se podrían superar los umbrales de notificación que ahí están establecidos, pero como la verdad es que se llevan a efecto como consecuencia de un mandato legal, se justifica plenamente la exclusión. En este


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caso, la urgencia de esta disposición viene dada porque la inminente aportación de los activos de las llamadas entidades del grupo 2, es decir aquellas que han recibido ayudas pero que no se han nacionalizado, provocarían -si no aprovechemos esta modificación de la ley- una obligación de notificar la operación como de concentración.

Señor presidente, señorías, termino. Al margen de las importantes, sin duda, disposiciones adicionales a las que he hecho referencia, el sentido fundamental de este real decreto-ley es anticipar una norma que será tramitada en esta Cámara y que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, la futura modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y modificar la vigente Ley de Tasas para corregir aquellos aspectos en los que individualmente se podría considerar que se producen situaciones que no son las adecuadas para el acceso a la tutela judicial efectiva. Es verdad que si vemos la modificación en términos generales, en cuanto a la cuantía de la recaudación prevista podría decirse que no es muy significativa. Concretamente, señorías, calculamos que esta modificación -si la Cámara tiene a bien convalidar el real decreto-ley- supondrá una merma del 5 % sobre la cantidad prevista en la memoria económica. Pero sí creo que este 5 %, aun no siendo -es verdad- una cuantía importante, da pleno sentido al otro 95 %; es decir, al sistema mediante el cual es cierto que en un porcentaje muy inferior al que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo la justicia no se soporta única y exclusivamente, aunque sí mayoritariamente, por todos los contribuyentes mediante el pago de sus impuestos sino también por los litigantes, y de esta forma introducimos un elemento de equidad. Creo que anticipar de una forma histórica beneficios de justicia gratuita para una serie de colectivos que hasta la fecha no los han tenido en España; creo que poder ofrecer el beneficio de la justicia gratuita a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de trata de seres humanos, a los menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos o maltrato y a quienes a causa de un accidente sufran graves secuelas permanentes es un paso verdaderamente histórico. Y creo por ello, señorías, que este real decreto-ley es merecedor de la convalidación en esta Cámara, cosa que en nombre del Gobierno le solicito en este acto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Socialista. Para defender ese turno en contra y en representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Camacho.

El Señor CAMACHO VIZCAÍNO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el real decreto-ley que se trae a convalidación hoy a la Cámara. Parece mentira, señor ministro, hace tres meses nos hablaba de una Ley de Tasas perfecta que iba a solucionar los problemas de financiación de la Administración de Justicia, y en solo tres meses nos trae un real decreto-ley que solo puede ser definido como de profunda rectificación de lo que hace tres meses era una norma magnífica; en definitiva, una norma que pasó como un sputnik a lo largo de su tramitación parlamentaria, en donde no se reflexionó ni se permitió ningún debate en relación con las enmiendas presentadas por la oposición, y una norma por la que los grupos de la oposición nos vimos obligados a salirnos de la Comisión porque no se nos había hecho ningún caso. Y ahora, en este real decreto-ley, usted trae cosas de las que el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de grupos de la oposición quisieron en ese momento hablar. El Grupo Socialista va a mantener un turno en contra porque es cierto que hay aspectos en los que se avanza, hay aspectos en los que afortunadamente el ministerio rectifica, pero la Ley de Tasas, aun rectificada, está lejos, muy lejos, de lo que sería una ley de tasas en un Estado de derecho moderno como, sin duda, es el nuestro. Por lo tanto, vamos a votar en contra, aunque pediremos al final al ministro una posibilidad, ya que no se nos dio hace tres meses, de debate, de reflexión y de aportación por la oposición de ideas en esta materia.

En todo caso, nos encontramos ante una ley muy singular. El Gobierno, siguiendo una costumbre que ya es inveterada, ha acudido al real decreto-ley. Sus señorías saben que el real decreto-ley es una norma que solo está prevista en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y lo singular de este supuesto es que la extraordinaria y urgente necesidad ha sido generada por el Gobierno a la hora de hacer una Ley de Tasas que el mismo decreto-ley que se convalida dice que produce efectos indeseables en los derechos de los justiciables, en definitiva, lo que le dijimos -y a lo que no nos hizo caso- todos y cada uno de los grupos de la oposición; en definitiva, que la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma deriva de la incapacidad y de la incompetencia del Gobierno a la hora de legislar. Solo hace tres meses se equivocaron, se equivocaron profundamente, y hoy tienen que rectificar, y en tres meses hay ciudadanos que se han


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visto perjudicados en sus derechos y en sus ansias de justicia como consecuencia de esa norma. En segundo lugar, esta norma es singular porque constituye un trasatlántico jurídico. No le voy a recordar todo aquello que contiene pero se reforma la Ley de Tasas, la asistencia jurídica gratuita, se habla de contratos de arrendamiento, de impuesto de vehículos de tracción mecánica, liquidez de pequeñas y medianas empresas, es decir, una técnica legislativa depurada la utilizada por el Gobierno en relación con este real decreto-ley.

Pero nuestra oposición es una oposición de contenidos. El ministerio ha intentado vender que la rectificación supone una reducción del 80 % de las tasas. Se han olvidado de explicar que lo único que reducen es el tramo variable y no el tramo fijo, y que un recurso de apelación sigue costando 800 euros más el tramo variable y que un recurso de casación sigue costando 1.200 euros más el tramo variable. En definitiva, que las tasas siguen constituyendo un obstáculo importante, un obstáculo irrazonable para el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. O sea, que las tasas siguen siendo un elemento que afecta a demasiados derechos constitucionales, a demasiados derechos de los ciudadanos. Yo creo que no he visto nunca norma tan corta que afecte a tantos derechos que corresponden a los ciudadanos. Por lo tanto esa es la principal razón para nuestra oposición. Y que no hay una rebaja del 80 % lo pone de manifiesto lo que ha dicho el ministro en el estrado: la recaudación total se verá reducida en menos de un 5 %. No podemos reducir un 80 % la tasa al ciudadano y reducir un 5 % solo la recaudación total.

Nos oponemos también porque siguen manteniendo las tasas en la jurisdicción social, rompiendo una tradición histórica de nuestro país que se inicia en la Ley Dato de 1900; infringiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en torno al carácter protector y tuitivo de la jurisdicción laboral, y además incumpliendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, que lo que les pedía en su documento era la desaparición de las tasas en los recursos de suplicación y de casación. No han cumplido con esa recomendación de la Defensora del Pueblo.

De la misma manera, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, no han cumplido con una segunda recomendación de la Defensora del Pueblo, que era la desaparición de la tasa en el ámbito del derecho sancionador. Introducen una cautela que hace frente a algo absurdo que se le dijo en este estrado por todos los grupos de la oposición, y es que era posible que un ciudadano, a la hora de recurrir una multa, por ejemplo de tráfico, tuviera que pagar una tasa superior al importe de la multa. La cautela es que en ningún caso la tasa en esos supuestos será superior al 50 % de la multa. Pero olvida el ministro de Justicia que existen múltiples ámbitos de actuación administrativa que no entran dentro del derecho sancionador. El Grupo Parlamentario Socialista, cuando utilizó ese ejemplo, lo hizo porque es un ejemplo especialmente claro, pero hay otros ámbitos: en urbanismo, en embargos, en cientos de materias en las cuales el control, el necesario control de la actuación de la Administración por los tribunales se ve perjudicado por el sistema de tasas, por la cuantía de las tasas, por el importe de las tasas afectando a principios esenciales de nuestro Estado de derecho, entre otros al necesario control de la Administración por parte de los tribunales.

En materia de asistencia jurídica gratuita estamos sin duda de acuerdo con la introducción de todos los grupos a los que usted ha hecho referencia. Tan de acuerdo que incluso pasamos a diputados del Grupo Parlamentario Popular enmiendas concretas para que fueran introducidas por el propio Grupo Parlamentario Popular, dada la cerrazón con la que ustedes tramitaron el proyecto de ley de tasas. Enmiendas que no fueron introducidas en su momento a pesar de que estaban redactadas. ¡Claro que apoyamos que las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata, de accidentes de tráfico estén incluidos dentro de los beneficios de la asistencia jurídica gratuita! Pero creo que es necesaria una reflexión, señor ministro, ¿y por qué no las víctimas de negligencias médicas? Aquellas familias que desgraciadamente se ven afectadas por graves negligencias médicas que afectan por ejemplo a sus hijos, y que tienen que iniciar un costoso procedimiento para reclamar la debida atención como consecuencia de esa negligencia médica. Y puedo seguir. ¿Por qué nos hemos quedado ahí y por qué no incluimos a otros colectivos que deberían estar incluidos?

Señor ministro, no es cierto que con la modificación de los índices de referencia en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se mejoren los colectivos que van a verse beneficiados por esta asistencia jurídica gratuita. Usted lo que hace es cambiar el salario mínimo interprofesional por el Iprem, pero resulta que el Iprem es de importe sensiblemente inferior al salario mínimo interprofesional, y fruto de la reforma por ejemplo todas las personas que viven solas y que hasta este momento si ganaban menos de 18.000 euros tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita, después del real-decreto cuya convalidación pretende, será necesario que ganen menos de 15.000 euros, no menos de 18.000, y por lo tanto, como son muchas


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las personas en este país que viven solas, todas estas personas resultan perjudicadas. Las unidades familiares normales más o menos quedan en la misma situación, y solo resultan beneficiadas aquellas que tienen más de cuatro miembros, sin perjuicio de que usted ha incluido una matización en materia de asistencia jurídica gratuita, y es que los ingresos deben ser brutos -no se habla de netos, sino de brutos-, con lo cual el resultado aún empeora.

Voy terminando. Creo que debería haber aprovechado esta rectificación, que en definitiva es un acto de valor por parte del ministro de Justicia -cuando hace solo tres meses nos traía la mejor Ley de Tasas de toda Europa-, para introducir en la Ley de Tasas determinados criterios de progresividad y de capacidad económica. El otro día, hablando con letrados, me comentaban que en este momento las grandes multinacionales de este país -que a lo mejor en un día demandan a 2.000 o 3.000 personas- cuando interponen demandas de importe inferior a 2.000 euros no pagan ninguna tasa. Las grandes multinacionales de este país tienen una capacidad económica indiscutible. Sin embargo la panadería, a la que hacía referencia el ministro no hace más de tres meses, si interpone una demanda por 2.001 euros está obligada a pagar tasas. De ahí que no se trate tanto de distinguir entre personas físicas y personas jurídicas, señor ministro, se trata de distinguir entre aquellos que pueden acudir a la Administración de Justicia y aquellos que no pueden acudir a ella. Usted ha hablado de que sería excesivamente complicado, pero creo que es absolutamente necesario establecer esa diferencia, porque si no se va a producir lo que se ha venido produciendo en los últimos tres meses, y es que hay ciudadanos y ciudadanas que no tienen suficientes recursos para instar justicia ante los tribunales de justicia, en definitiva para reclamar los derechos que les corresponden y que están reconocidos en el ordenamiento jurídico y en la Constitución española.

Señorías, creo que es momento ya de que lleguemos a la conclusión de que ninguna crisis económica nos permite afectar tan profundamente a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los ciudadanos. Ya en su momento, en los años 2000 se inició un debate en torno al terrorismo, a si era posible restringir la libertad para hacer frente al terrorismo. Pues bien, yo creo que la conclusión en aquel momento fue que no, de la misma manera creo que debemos ya dejar sentado que ninguna crisis económica, ni siquiera la crisis que estamos sufriendo, permite a ningún Gobierno afectar a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los ciudadanos, y con esta ley, señorías, señor ministro, usted afecta al libre e igualitario acceso a la Administración de Justicia, al derecho a la tutela judicial efectiva, que en nuestra Constitución tiene la misma protección que el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, en definitiva a aquello que constituye la esencia de una democracia. Por lo tanto en las crisis económicas mayor compromiso incluso con esos derechos fundamentales y con esas libertades públicas, porque hay mucha gente que sufre, y hay mucha gente que tiene que poner de manifiesto que tiene esos derechos ante los tribunales. No les podemos impedir por razones económicas que puedan acudir a los mismos.

Finalmente vuelven a incurrir en el mismo problema en el que incurrieron en el mes de noviembre. En el mes de noviembre la ley estuvo suspendida basándose en una resolución de un alto cargo del Ministerio de Justicia, en algo absolutamente novedoso, pero absolutamente alegal, y en este momento a través de la disposición final séptima han establecido un complejo sistema de puesta en marcha de la ley, porque no ha existido -suponemos- la adecuada coordinación entre los ministerios de Justicia y Hacienda, y no han elaborado los formularios, dando lugar a algo que en este momento produce prácticamente risa en la doctrina procesalista de este país. La solución ha sido suspender los procedimientos hasta que se aprueben los formularios. En el mes de noviembre, durante prácticamente un mes, no se estuvieron cobrando las tasas del año 2002 a personas jurídicas con capacidad económica. Debería decirnos el ministro cuánto dinero se perdió como consecuencia de esta imprevisión, y ahora volvemos a incurrir en el error.

Termino, señor presidente. No nos gusta la ley. Es cierto que ha rectificado, es cierto que se ha avanzado, pero es una ley que sigue afectando a derechos fundamentales. Señor ministro, equivocarse es de humanos, pero insistir es de necios. Como no le he considerado nunca como tal, le hago una última petición. Permita el Grupo Popular que este decreto-ley se tramite como ley, permita que la oposición pueda ayudarles, que pueda aportarles reflexiones e ideas, que se haga el debate que es propio de una democracia en el Parlamento cuando se afecta a derechos fundamentales, y si eso se hace así no tendremos que asistir a que dentro de tres meses el ministro de Justicia vuelva con un real decreto-ley para rectificar una ley que sigue produciendo efectos indeseados en los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.

Señor ministro de Justicia, ¿quiere usted replicar?

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señor presidente, si me autorizase el Reglamento yo preferiría dar una respuesta global a todos los intervinientes al final.

El señor PRESIDENTE: Está usted en su derecho, pero le recuerdo que si en la respuesta global entra en detalles abriré un turno para que puedan replicar todos los grupos, como es lógico.

Para establecer la posición de los grupos tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Lo haré desde el escaño para fijar la posición de Geroa Bai, contraria, he de decir, al real decreto que hoy nos ha presentado el titular de Justicia en sede parlamentaria, pero que tiene ya recorrido, y por tanto podemos hacer un primer balance de su puesta en marcha. Empezaremos por decir que nos sorprendió, y no gratamente, el hecho de que una decisión del calado, de la hondura que supone imponer tasas en la administración de la justicia llegara por la vía del decreto. Entendíamos francamente que un debate en el seno de esta Cámara hubiera sido el arranque, el primer paso más que deseable para hacer efectiva una medida de estas características.

Nos dice hoy el señor Gallardón, el ministro de Justicia, desde la tribuna que se reconoce el derecho de la justicia gratuita a los colectivos especialmente desprotegidos. Cierto. Pero de esta apuesta solo cabe colegir que la imposición de costas, en este caso de tasas, solo puede entorpecer el acceso universal a la Administración de Justicia.

Por último, desde su puesta en vigor hay dos conclusiones claras, ministro. La primera, han descendido en cifras de hasta el 20 %, haciendo medias, las demandas civiles, y más todavía en lo contencioso. Por el contrario han crecido, y exponencialmente, las solicitudes de justicia gratuita. En definitiva, ministro, no se produce ninguna racionalización en el gasto, y sí por el contrario un recorte en el acceso normalizado y universal a la Administración de Justicia. Por todo eso, como señalaba, presidente, votaremos en contra de este real decreto y solicitaremos su remisión como proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Dice un viejo refrán que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y eso es lo que le pasa a este decreto. Usted, señor ministro, intenta ponerle sedas a un decreto injusto que lo único que pretende es impedir el acceso de la gente a la justicia. Desde la entrada en vigor del tasazo se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado, un 25 % de personas que no han podido afrontar económicamente los gastos de las tasas. Con esta modificación usted maquea su decreto para aparentar que lo corrige, pero su corrección, aunque haya algunas mejoras, incurre en los mismos motivos de rechazo. Cuando rascamos debajo de esos adornos aparece la cruda realidad: impedir el acceso a la justicia de los más débiles, de los que no tienen dinero para demandar a un jefe explotador que le adeuda los salarios, para cuestionar una multa injusta o para impugnar una resolución administrativa injusta. Con usted, señor Gallardón, la justicia ha pasado a ser un privilegio de los poderosos, de los familiares de los poderosos, o de los clientes de los familiares de los poderosos. Como ese conductor kamikaze que segó una vida y que defendido por el despacho donde trabaja un familiar suyo le ha sido concedido un indulto. Soy de un pueblo al lado de Alzira, de donde era la víctima, y le puedo asegurar que la indignación es tanta que el pasado jueves hasta los concejales de su propio partido votaron a favor una moción que denunciaba ese indulto.

Usted, señor ministro, parecía para mucha gente la paloma en este Gobierno de halcones, pero en poco tiempo nos ha demostrado su verdadera cara, porque usted es un ministro de Justicia más preocupado por el control político de la justicia que por su independencia, más preocupado por recaudar de sus usuarios que por el buen funcionamiento, un ministro interesado en que el Poder Legislativo ratifique sin chistar los decretos del Gobierno, y si hoy aparenta que rectifica es porque incluso la Defensora del Pueblo anunció recurso al Constitucional.


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Acabo. Le voy a leer lo que piden las asociaciones de jueces y fiscales que representan a la gran mayoría del sector: pedimos -dicen- al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial, y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos. Escúcheles, señor ministro, escúcheles porque con su decreto, y parodiando a los hermanos Coen, este país se está convirtiendo cada día más en esa película que se llama No es país para pobres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la entrada en vigor de las tasas judiciales ha causado un enorme rechazo ciudadano -lo hemos hablado aquí en diferentes ocasiones-. En estos momentos nosotros entendemos que usted hace una reforma que no es más que un parche menor, desde nuestro punto de vista, que mantiene levantada una barrera en el acceso a la Administración de Justicia que, pese a los retoques, se hace infranqueable para una amplia mayoría de personas. Sobre todo, señor ministro, lo que nos parece que significa un parche total y absoluto de esta reforma es que se mantiene la reforma, no se aparta de la filosofía de obligar a pagar por un servicio básico y esencial, que es ampliamente rechazado por la ciudadanía -como ya le hemos dicho y las otras personas que me han precedido en el uso de la palabra así también lo han manifestado-.

Es una reforma que deja insatisfechos a la mayoría no solamente de los usuarios de la justicia, sino de jueces, abogados, etcétera. El propio Consejo General del Poder Judicial en una encuesta que hizo a finales del año pasado recogía que el 84 % de los ciudadanos estaba en contra de esta Ley de Tasas Judiciales que usted hizo. Hoy nos viene aquí -cuando la mayor parte de los casos que van a tener necesidad de acudir a la justicia van a tener que seguir pagando- a decirnos por ejemplo que en la ley se mantiene la tasa en casos de recursos en el ámbito laboral, lo que conlleva una penalización al colectivo de trabajadores que atraviesan ya graves dificultades, señor ministro, y donde la crisis se emplea como pretexto para rebajar sus derechos. Por lo tanto es una reforma que nosotros entendemos que trata de paliar un hecho gravísimo, reconocido por la ciudadanía como uno de los grandes errores de este Gobierno, y que trata de evitar la eliminación definitiva de la reforma que ustedes han hecho, y hacer una nueva sin estas tasas judiciales que han implantado. Desde el Bloque Nacionalista Galego seguimos manifestando nuestra oposición a las tasas judiciales, y por lo tanto vamos a votar en contra de este real decreto porque sigue siendo una ley discriminatoria para la mayoría de los ciudadanos, y beneficiosa en algunos casos como pueden ser las grandes empresas, sobre todo después de este fiasco de la liberalización de los servicios, porque los consumidores que quieran recurrir alguna mala práctica empresarial se van a ver obligados a tener que pagar unas tasas que no van a poder asumir.

Señor ministro, no es este parche lo que nosotros le pedimos, sino la derogación de la ley y que la justicia vuelva a ser gratuita en todos los casos, y no solo en los que usted contempla aquí, que los valoramos positivamente, es un paso en relación con lo que ustedes han hecho anteriormente, pero no resuelve ni la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto de este tema, ni la demanda de la ciudadanía.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor Gallardón, usted no ejerce de ministro, ejerce de sepulturero. De hecho forma parte de un Gobierno de sepultureros. (Rumores). A usted le ha tocado enterrar la universalidad de la tutela judicial. A sus compañeros, políticamente (Varios señores diputados: ¡Ah!), les corresponde enterrar otros ámbitos y otras instituciones del Estado social. En su caso a veces intuyo que lo hace con un cierto entusiasmo, porque cuando usted comunica que se piensa cambiar todo aquello en lo que se ha avanzado respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer veo un cierto entusiasmo en su faz, en su


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cara. Dentro de un rato debatiremos una operación, creo que muy perversa, para poder supeditar el Consejo General del Poder Judicial a los intereses gubernamentales. Hoy nos trae un trabajo de aliño, de hecho un maquillaje para modificar una ley que se aprobó hace tan solo un par de meses, y nos quieren hacer creer que amplían, expanden la asistencia jurídica gratuita, cuando usted sabe que la inmensa mayoría de la ciudadanía quedará excluida del sistema judicial. De hecho no sé si el móvil radica más en su afán recaudatorio o en su afán de disuadir a los ciudadanos que accedan al sistema judicial, porque su ecuación es perversa. Es cierto que el sistema judicial está obturado, está obstruido, que es poco funcional, que es poco eficaz, que es poco diligente, pero la manera de resolverlo no es invirtiendo más, sino que la manera de solucionar el problema es excluir, expulsar a una buena parte de la ciudadanía de la tutela judicial, máxime en un momento como el actual. De esta crisis saldremos, el mundo no se acaba, pero usted sabe que en el escenario post crisis habrá millones de trabajadores, millones de ciudadanos que trabajarán, repito, que trabajarán -imagínese los excluidos, pero habrá millones de ciudadanos que trabajarán- y a pesar de trabajar, a pesar de tener el privilegio, no el derecho, de trabajar, serán pobres. Usted nos trae, repito, una solución, un maquillaje para que los pobres de entre los pobres, los parias, los pobres de solemnidad -estos sí- puedan acceder al sistema judicial. Pero, oiga, estos vivirán en las cloacas. Entrecomille, ya me entiende. Usted nos trae una modificación francamente perversa. Lo que hay que saber es que todo aquello que afecta al contencioso-administrativo las tarifas fijas, que no cambia su real decreto, oscilan entre los 200 y los 1.200 euros; en el orden civil de los 150 a los 1.200 euros, y en el orden social, con la que está cayendo, de 500 a 700 euros. Esto es una vergüenza, políticamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, señor ministro, da gusto intervenir detrás del señor Tardà porque uno puede compartir su reflexión y su argumentario; no reproducir su estilo literario -un estilo literario personal y peculiar, como el de todos los diputados de esta Cámara-, pero buena parte de las cuestiones que ha comentado son rigurosamente ciertas. No porque sea una reflexión valorativa, una opinión que yo mantengo, sino porque usted ha cometido -y es raro en usted que es un político avezado, inteligente y experimentado- algunos lapsus linguae que el señor Tardà -con metáforas de otra naturaleza- ha explicitado.

Cuando se presentó el primer proyecto de ley de tasas una de las justificaciones del incremento notable de las mismas en aquel primer proyecto de ley -y usted lo comentó, y tengo aquí reproducido en el "Diario de Sesiones" sus expresiones, sus propios argumentos utilizados en la defensa del proyecto de ley- era que este se incardinaba en un intento de reducir la altísima litigiosidad que existe en el Estado español. Una especie de atribución de la responsabilidad a los ciudadanos españoles, como si fueran todos querulantes por su propia naturaleza y se dedicaran a litigar de forma temeraria, sistemáticamente. La forma o el procedimiento que a usted se le ocurrió para evitar esta pretendida querulancia colectiva de los ciudadanos españoles era incrementar o establecer unas contraprestaciones económicas de tal dimensión a la circunstancia de litigar -que es una circunstancia que se cohonesta con el contenido esencial de un derecho fundamental, el derecho a la tutuela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la Constitución- que disuadiera a estos querulantes, que deberían ser todos. Es un lapsus linguae que usted cometió y que yo le reproduzco.

Además este real decreto-ley carece, desde la perspectiva de la calidad legislativa que en esta legislatura brilla por su ausencia, de una regulación de materias absolutamente heterogéneas que le privan de la más elemental consistencia sistemática, y lo convierten en una norma absolutamente estrafalaria, en donde no solo tenemos que regular las tasas, y parcialmente una aproximación a la justicia gratuita, sino determinados tributos que hacen referencia a los vehículos de tracción mecánica; a determinados elementos de la amortización de la deuda de las corporaciones locales; a elementos vinculados a sistemas de almacenaje de drogas y su depósito para las posibles averiguaciones posteriores, en virtud de los decomisos que realice la policía, en el ámbito de la persecución de este tipo delictivo. Si hubiera incorporado algo relativo a la fauna silvestre o algún precepto relativo a la Ley de Montes tendríamos ya la totalidad o la globalidad del ordenamiento jurídico ubicado en el ámbito subjetivo, en el ámbito de la materia de este real decreto-ley. Me ha dicho algún compañero de su partido que no le dé ideas, y no le voy a dar ideas de esta naturaleza para amplificar más el contenido ya asaz extensivo y sustancial de la norma.


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Con este real decreto-ley nos encontramos con el problema de siempre, señor ministro. Aquí hay un problema de posible inconstitucionalidad que tiene los mismos fundamentos que la inconstitucionalidad que puede eventualmente afectar a la ley que se corrige a través de este real decreto-ley, señor ministro. Estamos ante un real decreto-ley que va a colocar a millones de personas, a millones de justiciables -que es una expresión que no nos gusta ni a usted ni a mí-, de personas que van a hacer uso de la Administración de Justicia o que van a acudir a ella a tutelar sus derechos y sus libertades, en una posición de imposible acceso al derecho a la tutela judicial efectiva, que dado el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución, ya desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional -que usted y yo conocemos, no es menester citarla-, debería ser universal. Además en virtud de lo previsto en una sentencia del Tribunal Constitucional importante, la sentencia 95/2003, las razones económicas o la falta de disponibilidad económica no puede ser nunca un obstáculo que impida el acceso a la justicia. Lo dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia y en muchas más -le puedo citar hasta doce-, en donde se prohíbe obstaculizar o impedir el acceso a la tutela judicial efectiva por la dimensión de la contraprestación económica exigida, algo que no es nuevo. Ya desde el año 1959 existían tasas y han existido tasas en distintas normas -otras normas, como la del año 1977, las anularon, luego se recuperaron-, pero tasas no impidientes para la universalidad de la ciudadanía, para los justiciables en general, del acceso a la tutela judicial efectiva. Hay un umbral -y me gustaría que me escuchara en este ámbito, señor ministro- de personas ubicadas entre el límite al que se puede acceder a la justicia gratuita y sus disponibilidades económicas para litigar que no son suficientes para afrontar las tasas que se siguen manteniendo de forma cuantitativamente desmesurada en mi opinión, que no van a tener derecho a la tutela judicial efectiva que, con carácter universal, proclama el artículo 14. Estamos hablando de millones de personas que no van a tener derecho a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia. Este es uno de los problemas a los que se va a tener que enfrentar este real decreto-ley. Se ha presentado ya un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Tasas que, por proyección, afectará a la constitucionalidad del real decreto-ley que en este momento estamos debatiendo. Y probablemente declarará la inconstitucionalidad por este motivo. Estamos cayendo en la aberración de la utilización -y perdone la petulancia de usar citas en latín- de la lex pro singulis, de la legislación para algunos -los ricos, decía el señor Tardà y algunos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra-, para los que poseen disponibilidades económicas, y no el uso adecuado y necesario de la lex ut in pluribus, de la ley para todos, de la ley que afecta a todas las personas. Y esa perversión es la que va a provocar seguramente la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, señor ministro. Esta razón y otras que le voy a glosar de forma muy sucinta.

En primer lugar, nosotros entendemos -si quiere le empiezo a hablar del almacenaje de drogas y luego le hablo de lo más sustancial; vamos a volver a lo más sustancial- que aquí hay una vulneración clarísima del principio de legalidad tributaria que consagra el artículo 31.3 de la Constitución. Hay siete sentencias que establecen cuál es el contenido del principio de legalidad tributaria del artículo 31.3 de la Constitución. Una tasa de esta naturaleza que está pervertida, porque ustedes han pervertido la noción de tasa, que consiste en la legislación tributaria en que la prestación del régimen de servicio público de una prestación o de un servicio a una persona individual no puede utilizarse para la financiación de un servicio de naturaleza colectiva y pública, como es la justicia gratuita. Pero vamos olvidar esta perversión que ya denunciamos cuando se debatió la ley. Una tasa es también un tributo que está sujeto al principio de legalidad tributaria, por lo menos, como rezan estas sentencias del Tribunal Constitucional -se las puedo entregar, si quiere- que hacen referencia no solo a la identificación de la figura tributaria sino a su hecho imponible, a los sistemas de determinación de su cuota y a los tipos de aplicación a dicho tributo. Estos son los elementos indisociables que deben ser objeto de reserva de ley, no de reserva de real decreto-ley. Usted solo por una ley o por una norma de rango jurídico-formal de ley podría regular los contenidos esenciales de una tasa de estas características; la anterior y esta disminuida, ambas están sujetas al requerimiento de reserva de ley por el artículo 31.3 de la propia Constitución española y las seis sentencias que le he citado.

En segundo lugar, otro problema de eventual inconstitucionalidad es la imposibilidad de regular a través de un real decreto-ley el contenido de algunos de los hechos previstos en el título I de la Constitución. No es algo que sea irrelevante y también lo proclaman diversas sentencias del Tribunal Constitucional de las que yo le considero conocedor. Usted conoce muy bien la jurisprudencia constitucional. No creo que en la refutación a mis palabras diga que estoy faltando a la verdad con lo que estoy diciendo. Los derechos consagrados por el título I de la Constitución no pueden desarrollarse a través de la figura del real decreto-


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ley. Ya el real decreto-ley ha sido legitimado por la sentencia de 2005, en casos de excepcionalidad mediante la acreditación de la necesidad de regular una materia, dadas las situaciones cambiantes que afectan a la sociedad. Pero hay algunas materias y algunas excepciones consagradas por la propia Constitución que impiden el uso del real decreto-ley para regular el contenido de determinadas materias, y estas materias son todos los derechos consignados en el título I. Estamos desarrollando a través de un real decreto-ley el contenido de un precepto, el artículo 24, que está ubicado sistemáticamente en este título I, pero está ubicado además con las características o naturaleza de derecho fundamental, porque está entre los artículos 14 y 29 de la Constitución, que son los derechos fundamentales que prevé la Constitución española. Luego ya el uso de un real decreto-ley para regular esta materia podría ser o puede ser un elemento de inconstitucionalidad que afecta a lo que no afectaba, desde una perspectiva de constitucionalidad, la ley anterior; por lo menos en la ley anterior, aunque se debatió como se debatió -la señor Pigem utilizó una metáfora muy adecuada, la tramitamos con la rapidez y las características con las que pasan los rayos de sol a través de un cristal, se tramitó así-, no hubo debate parlamentario en el sentido convencional de la palabra, por lo menos el rango jurídico formal era el adecuado; pero regular por real decreto-ley derechos de los previstos en el título I, usted sabe con toda seguridad que esto constitucionalmente no es posible, y le puedo citar cuarenta sentencias del Tribunal Constitucional que prevén esta cuestión.

Y, por último, quiero decirle que anticiparse a la regulación por ley de la justicia gratuita nos parece una frivolidad y además un atentado a las competencias autonómicas en esta materia. Cuando se debata la ley, nosotros defenderemos las competencias autonómicas en materia de justicia gratuita; pero no está mal la elevación del umbral de rentas disponibles para poder acceder a la justicia gratuita y está bien también conceder siempre esta posibilidad a determinados colectivos: a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de delitos de terrorismo, a las víctimas de trata de seres humanos, etcétera. Está bien, pero, señor ministro, esta materia tampoco se puede regular a través de un real decreto-ley, ni siquiera aunque este real decreto-ley prevea propuestas beneficiosas, pero que no son lo suficientemente beneficiosas, porque todavía esa elevación de los umbrales de renta disponible para tener derecho a la justicia gratuita no se cohonesta con la posibilidad de millones de ciudadanos de pagar las tasas que se siguen manteniendo, y a esos millones de ciudadanos es a los que se les va a excluir de la protección de un derecho de carácter fundamental y de la posibilidad de acceso a la administración de justicia o al servicio público de la justicia para la defensa de sus derechos.

Dicho esto, la justicia gratuita, que está prevista en el artículo 119 de la Constitución, es un derecho, como también ha consagrado la jurisprudencia constitucional, y perdone que sea tan pesado en la reiteración.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya acabo, señor presidente.

A veces algunos partidos que estamos etiquetados, y lo somos, como no constitucionalistas, igual lo somos porque conocemos muy bien la Constitución y su jurisprudencia. Los partidos que se proclaman o se invocan a sí mismos el carácter de partidos constitucionalistas, o no la conocen o no la quieren conocer; depende, no sé, usted me dirá qué es lo que está ocurriendo en esta materia, pero el derecho a la asistencia a la justicia gratuita, el 119, está tan vinculado al contenido esencial del artículo 24, que es derecho tan fundamental, según las previsiones de la jurisprudencia constitucional, como el artículo 24 en su doble dimensión: acceso a la tutela judicial efectiva y acceso a asistencia letrada y contradicción. Luego no hay un régimen jurídico que pueda regular la asistencia jurídica gratuita a través de un real decreto-ley.

Como no me voy a detener en las demás materias de este real decreto-ley, porque ya he comentado que desde la perspectiva de la técnica legislativa no deja de ser estrafalario que se regulen materias como el almacenaje de drogas, el sistema de financiación de la deuda de las corporaciones locales, los impuestos de tracción mecánica, determinado convenio con Estados Unidos y todo lo demás que se regula aquí -si hubiera incluido alguna mención sobre la fauna silvestre, hubiéramos podido debatirlo, porque es una materia en la que tengo particular interés-, como estas materias me parece que solo enunciarlas ya es estrafalario, ya es una extravagancia en sí misma, una extravagancia que forma parte de los procedimientos legislativos que están decayendo, que se están degradando de forma grosera, rayana en la grosería en esta legislatura, señor ministro, le pido lo que le han pedido todos, que se tramite como proyecto de ley. Podríamos pensar en una eventual abstención, si este real decreto-ley se tramita como proyecto de


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ley, pero como ni siquiera ha hecho caso a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo -que es de su propio partido, por cierto-, ha hecho caso de la mitad de lo que le ha pedido, exactamente de la mitad, en el ámbito de las tasas de régimen variable, las tasas variables, como no ha hecho caso ni a estas, seguramente no hará caso a esta petición que le hace mi grupo y le han hecho otros grupos de que se tramite como proyecto de ley, y seguramente por esta razón tendremos desafortunadamente que votar que no al real decreto-ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

La verdad es que le reconozco al ministro de Justicia una gran capacidad para concitar unanimidad en la Cámara y en prácticamente todos los sectores que tienen que ver con la justicia; unanimidad en contra, pero unanimidad al fin y al cabo. Ha demostrado en el año que lleva de ministro una gran capacidad para concitar estas unanimidades ciertamente negativas para el negociado que usted ocupa pero destacables, quiero destacarlo. Inevitablemente, en este debate y en el turno que me toca ya ocupar después de todos los intervinientes, la reiteración de argumentos es imposible evitarla salvo que suba la tribuna y diga: me sumo a todo lo que han dicho los anteriores, tendría algunas cuestiones más que decir, pero me subo a todas ellas. Empiezo por ahí, me sumo a la práctica totalidad de las cuestiones que, desde una perspectiva más jurídica o más política, se han planteado en la tribuna. Ciertamente, señor ministro, siguen ustedes la táctica o la tendencia a regularlo todo por decreto-ley, con una nefasta técnica legislativa; en este caso aprovechando este real decreto para modificar un buen número de cuestiones que nada tienen que ver con las tasas, como ya le han señalado. Por eso mismo, por la forma que tienen ustedes de hacer las cosas, merece ya la reprobación y el rechazo de este grupo parlamentario. Esta tendencia es, como digo, absolutamente incompatible con la transparencia, con la obligación del debate y con la obligación de dar participación a este Parlamento en temas tan importantes para todos los ciudadanos como es la materia que hoy nos ocupa.

En lo que se refiere particularmente a las tasas judiciales, la reforma continúa en esa misma línea lamentable que ha seguido usted desde su toma de posesión. De nuevo, la reforma se ha aprobado con el más absoluto secretismo, de manera precipitada, sin contar -al menos públicamente- con ningún colectivo ciudadano ni profesional. Con ello, además, su ministerio ha reformado una ley que, como se le ha dicho, apenas con dos meses de aplicación real ya ha sido suspendida de aplicación por una instrucción del secretario general, ha sido objeto de denuncia desde prácticamente todas las estancias políticas y profesionales, e incluso recurrida en cuanto a su inconstitucionalidad, al igual que la orden ministerial que regula la gestión de las tasas; o sea, un despropósito, algo completamente absurdo e impresentable no solamente en términos de técnica legislativa, sino en términos políticos. Esta reforma que nos trae hoy, la reforma sobre la reforma, la presentan como un gran ahorro para los ciudadanos -se anuncia hasta un 80 %- y, sin embargo, en la nota del ministerio que acompaña a la reforma se dice que las tasas supondrán una merma de recaudación del 5 %. ¿Cómo es esto del 80 % y luego el 5 %? Realmente, es como si nos tomaran por tontos a todos los ciudadanos que estamos observando lo que ustedes están haciendo.

Respecto al contenido de la reforma, hay que destacar que sí, hay algunos cambios que son simplemente mejores técnicas o subsanaciones de errores que nunca se debieron haber cometido. Lo más importante -como ya se le ha dicho- es la reducción del importe variable de la tasa de las personas físicas -pasa de 0,5 % a un 0,1 %-, pero la parte fija -como también se le ha reiterado- se mantiene igual. A nuestro juicio, es una reforma manifiestamente insuficiente de una ley manifiestamente rechazable y que así fue, se rechazó e incluso fue recurrida al Tribunal Constitucional, como también se le ha recordado. Esta reforma que hoy nos trae es más estética que otra cosa porque la rebaja es mínima, una ridiculez en la mayoría de los casos. Por poner solamente un ejemplo -añadiéndolo a los que ya le han dado-, un recurso de apelación de una persona física, procedimiento de cuantía indeterminada, baja -entre comillas- de 890 a 818 euros. Usted me va a contar. Ni en el caso de recursos ni en ningún otro se hace alguna referencia a si es posible aplazar o fraccionar las tasas. ¿Tanto costaba haberlo contemplado o lo van a contemplar en una reforma de un posterior real decreto? En el ámbito social, es de lamentar que no se haya reconsiderado -mire que se le pidió- la imposición a los trabajadores de pagar tasa, particularmente en la situación de alta conflictividad laboral en que nos encontramos y que todos mis colegas que han intervenido antes le han reseñado.


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Además de lo anterior, la motivación de la reforma sigue siendo, señor ministro, una tomadura de pelo. El Ministerio de Justicia continúa intentando justificar las tasas judiciales relacionándolas con el derecho de asistencia jurídica gratuita, transmitiendo así a la opinión pública la idea de que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos económicos; un argumento que no solamente es falaz sino que incluso es ilegal, pues, en primer lugar, obvia que el diseño de la justicia gratuita -el señor Olabarría se lo recordaba- excluye a una gran parte de la ciudadanía y, en segundo lugar, el concepto jurídico tributario de tasas, regulado en la vigente ley -en la vigente, en la de 1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos-, solo permite que con la tasa abonada se financie el servicio recibido por el que las paga, no el servicio recibido por otro, por lo que es jurídicamente imposible que las tasas financien nada salvo el servicio del mismo que lo recibe, y usted eso lo sabe. La justicia gratuita es un derecho constitucional -se lo recordaba el señor Olabarría- que ha de financiarse con impuestos, guste o no guste.

Por último, también insistiendo en algo que el señor Olabarría le planteaba en términos de reclamación de competencia autonómica, y coincidiendo con lo que él ha dicho -a veces, fíjese usted si es fácil hacernos coincidir a todos hasta en cuestiones en las que parece que no coincidimos-, la Ley de Tasas, la de 2012, prevé que los ingresos sean para el Estado central, cuando la justicia gratuita la sufragan las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia y no hay establecido ni previsto, salvo que lo lleven en secreto, un mecanismo de traspaso de los fondos ingresados y tampoco dice nada esta norma al respecto. Insisto, un absoluto despropósito. Se insiste en la supuesta legitimidad constitucional de las tasas citando la sentencia del Tribunal Constitucional de 2012, referida al anterior sistema de tasas, al anterior, no al de la Ley 10/2012, que ha sido recurrida al Tribunal Constitucional. Pero tal referencia, ministro, es absolutamente engañosa, pues la misma cuestiona precisamente la eventual legalidad de este tributo -abro comillas- si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas es tan elevada que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculizan en el caso concreto en términos irrazonables -cierro comillas-. La reforma, como usted muy bien sabe y sabemos todos, no evita las más fundadas dudas sobre la constitucionalidad de las tasas. En fin y en suma, una chapuza más de fondo y forma que merecerá nuestro voto en contra, como seguramente no le habrá sorprendido a esta hora de mi disertación.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente.

Señorías, el señor Gallardón se nos presenta ante los ciudadanos y ante los operadores de la justicia como el gran reformador, y en el sentido de Maquiavelo se considera incomprendido porque aquellos que se ven perjudicados por la reforma, la rechazan y aquellos que la esperan, la ven con incertidumbre. Pues bien, señoría, usted no es el gran reformador, si acaso, es el representante del oportunismo político; un oportunismo que significa aprovechar una crisis económica que se ceba en los más débiles para desmantelar el Estado del bienestar, para desmantelar los servicios públicos. La iniciativa que usted presenta hoy ante esta Cámara no es una iniciativa de justicia gratuita -no, señor, no lo es-, ni siquiera es una rectificación que, se dice, es una virtud de los sabios; también empecinarse es de necios, ¿no? Pero en este caso no estamos ante ninguna de las dos circunstancias, estamos ante un real decreto taimado -taimado en el sentido de astuto, en el sentido de El Gatopardo- que pretende fundamentalmente que la involución del sistema de justicia se produzca y lo haga, además, con una gran carga de publicidad engañosa. Porque es verdad que este decreto contiene una parte adelantada de la ley de justicia gratuita, mucho menos gratuita de lo que dice el señor ministro. Pero este decreto ratifica un hecho en nuestra opinión fundamental, el carácter de la justicia como mercado. Ese es el paso fundamental que ha dado el Gobierno, de un servicio público de la justicia -al igual que el servicio público de la sanidad, o al igual que el servicio público de la educación son consustanciales al Estado social y democrático de derecho edificado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial-, el Gobierno y el señor Gallardón, en adecuadas entregas, como las novelas del siglo XIX, nos presenta una justicia de mercado. La justicia de mercado es la justicia que se puede comprar para los sectores que tienen capacidad adquisitiva, sean empresas o sean ciudadanos; la justicia de beneficencia, aquella justicia que se pone en marcha -denominada justicia gratuita- para los que no tienen ninguna capacidad económica o casi ninguna, y por otra parte, lo que podríamos llamar la justicia señorial, que está plenamente desarrollada en la concepción que tiene


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el ministro de Justicia del indulto. Ese es el nuevo modelo. Eso no es un modelo reformador, señorías. Ese es el modelo de involución de nuestro modelo de justicia como poder democrático y como servicio público, hacia un modelo de justicia que hemos experimentado en el pasado y que es un modelo que no garantiza la tutela judicial efectiva.

Por lo tanto, nosotros, por razones de forma y por razones de fondo, rechazamos el nuevo decreto que presenta el Gobierno de involución de la justicia. Razones de forma. Señorías, es el enésimo decreto, no sé si son ya treinta y cinco o treinta y seis decretos en un año. Decía Agamben que cuando la ley de excepción se convierte en una norma, estamos ante un derecho de excepción. Pues en esta Cámara estamos ante una legislación de excepción, prácticamente todo se hace a través de decreto. De nuevo el Gobierno nos presenta, después de los problemas que ha tenido con decretos anteriores, la fórmula del decreto inexplicable porque sea urgente o de extrema necesidad esta norma. Pero además de esta fórmula perversa del decreto constante, del decreto reiterado, por otra parte el Gobierno se presenta ante esta Cámara sin los requisitos básicos para una ley de estas características, porque no ha contado con nadie, este real decreto no cuenta con la valoración necesaria, con la valoración previa por parte de las instituciones y mucho menos por parte de las organizaciones y de los sectores afectados. De hecho, las valoraciones que ha hecho con respecto a los aplausos a este decreto no sé dónde las ha leído el señor ministro. He tenido valoraciones mucho más críticas por parte de los operadores jurídicos y por parte de las organizaciones ciudadanas. Es decir, no cuenta con el proceso previo de consulta. Por otra parte, este decreto afecta a cuestiones constitucionales que le están vedadas a la fórmula del real decreto. Usted no puede modificar aspectos tributarios a través de real decreto, no lo puede hacer. Y mucho menos puede modificar el título I de nuestra Constitución a través de real decreto. Aspectos del título I que tienen que ver con la tutela judicial efectiva están en este decreto y, en nuestra opinión, vuelven otra vez a lo que ha motivado buena parte de los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de tasas, que son los problemas de forma, los errores que usted ha cometido en el anterior decreto, y en éste, que es una nueva entrega del decreto de tasas, vuelve a llover sobre mojado en esta materia.

No solamente son razones de forma las que nos llevan a rechazar este decreto; son razones de fondo, se lo dicho con anterioridad y creo que son evidentes. Se las he transmitido en distintas ocasiones y nosotros mantenemos esa posición. Dirá usted, señor ministro, que las tasas en materia de justicia no son excepcionales, dirá usted que financian solamente una parte menor del sistema de justicia. En primer lugar, es muy discutible lo que usted dice con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a las tasas; de hecho, ha sido motivo de recurso ante el mismo tribunal. Dice usted que con base en una sentencia que tiene que ver con una sociedad aseguradora -con potencial económico, por tanto-, una sentencia que dice que es posible establecer tasas sobre esa sociedad, a partir de ahora es posible que tanto las sociedades anónimas como las personas físicas estén sujetas a una tasa en el ámbito judicial. Discutible; nosotros discutimos esa valoración por parte del Gobierno. Pero lo que es más discutible todavía es el volumen de la tasa. Usted modifica en este decreto sobre todo la parte variable de las tasas, pero queda la parte fundamental. Como en El Gatopardo, usted modifica prácticamente todo para que nada cambie. No cambia lo fundamental, y es que si antes la tasa era escandalosa, expropiatoria, en estos momentos la tasa es abusiva. La tasa de la justicia es abusiva y limita el acceso de los ciudadanos a la justicia, limita lo que podríamos denominar el acceso de los trabajadores, de los sectores medios a la justicia, que no están cubiertos ni por la ley de justicia gratuita, que no mejora tanto como usted dice, ni tampoco están cubiertos por supuesto por la justicia señorial, que usted utiliza con arbitrariedad a través del indulto. Cuando anunció las modificaciones de la Ley de Tasas, yo creí que estábamos ante la gran rectificación por parte del Ministerio de Justicia. Hoy he visto aquí que no estamos ante la gran rectificación, estamos ante la gran ratificación -eso sí, con una gran campaña publicitaria, como es normal desde que el señor Gallardón dirige el Ministerio de Justicia-, pero realmente no hay una rectificación de fondo de los problemas esenciales que afectan a la tutela judicial efectiva, señor Gallardón; afecta a un derecho constitucional para acceder a la justicia de buena parte de los ciudadanos y en ese sentido no recoge siquiera las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, y se ha dicho en esta Cámara ya por otros intervinientes.

A nosotros nos preocupa fundamentalmente lo que tiene que ver con el ámbito sociolaboral. En estos momentos los trabajadores han sufrido ya una devaluación salarial importantísima, también una gran inseguridad con la reforma laboral y ahora encima tienen que pagar tasas en los recursos. A nosotros nos parece inaceptable el mantenimiento de esa situación, como nos parece inaceptable también el mantenimiento de las tasas en otros órdenes de la justicia. Por eso nosotros -termino- estamos en


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contra de este real decreto que, so capa de la justicia gratuita, lo que hace es consolidar una justicia de mercado para el que se la pueda pagar, una justicia de beneficencia para umbrales de renta muy bajos y, por otra parte, una justicia señorial para los amigos del señor Gallardón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, usted sabe, porque así se lo comentamos, que desde Convergència i Unió acogimos con satisfacción el anuncio de que el ministerio iba a asumir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y en consecuencia minoraría las tasas que ya estaban en vigor. Hoy, en el real decreto-ley en el que se ha plasmado esta afirmación ha habido algunas mejoras en temas que habían sido muy cuestionados, por ejemplo que las tasas en los procedimientos de ejecución hipotecaria no pudieran repercutir en la persona desahuciada o en su avalista, o que quedaran exentas las reclamaciones por incumplimiento de los laudos de consumo, o que las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo estuvieran exentos del pago de tasas. Estas serían algunas de las mejoras que realmente compartimos que ha habido.

También el real decreto-ley, al adelantar la entrada en vigor de determinados aspectos de la futura regulación de la justicia gratuita con la inclusión en el derecho a la misma de colectivos como víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos, secuelas permanentes y graves a causa de un accidente, y también con la elevación, aunque discutible en cuanto a su suficiencia por lo que a las tasas se refiere, de los umbrales de rentas para poder acceder al derecho a la justicia gratuita, algo mejora la regulación actual. Sin embargo mi grupo parlamentario, reconociendo estas mejoras, para fijar su posición ha querido recabar la opinión de los operadores jurídicos que día a día viven la realidad de la aplicación de las tasas, y pueden valorar en la realidad cuál va a ser la incidencia de las disposiciones de este real-decreto ley, especialmente en lo que se refiere a las personas físicas de las amplias clases medias que van en abanico desde los que pueden tener acceso a la justicia gratuita, que son más que antes pero no muchos más porque el umbral se sitúa todavía a nuestro entender en unos ingresos bajos, desde estos a los que disfrutan de una posición acomodada que las van a poder asumir y van a tener por tanto un acceso a la Administración de Justicia sin obstáculo ni traba ninguna. Este es el tema nuclear en cuanto al derecho al acceso a la Administración de Justicia, y le he de manifestar que la opinión global de todos estos operadores jurídicos sigue siendo muy negativa. Porque aunque es cierto que hay una modificación a la baja en las tasas, califican la reforma de todavía manifiestamente insuficiente. ¿Qué alegan para realizar esta afirmación? Alegan que a pesar de la rebaja las tasas continúan siendo en muchos supuestos un impedimento desproporcionado para acceder a la justicia. Alegan también que les parece que la reforma ha sido excesivamente suave; tan suave, que no cumple siquiera con la mayoría de las recomendaciones que efectuó al respecto la propia Defensora del Pueblo.

La escasa relevancia económica de la reforma queda acreditada por lo que usted acaba de recordar y que se recogía en la propia nota del ministerio, que afirmaba que tendrían una incidencia económica inferior al 5 % respecto de los ingresos previstos en la Ley de Tasas. Suponemos que la nota resaltaba esta afirmación por lo que suponía de positivo de cara a las arcas del Estado, pero lo cierto es que el reverso del argumento lo que significa es que de cara al bolsillo de la ciudadanía poco alivio van a suponer porque la parte fija de las tasas queda prácticamente igual. Es cierto, hay que reiterarlo, que tal como ha declarado el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho del tribunal no es absoluto y el establecimiento de unas tasas no puede ser considerado como una restricción al derecho al acceso si el importe de las mismas no implica una barrera desproporcionada. Ahora bien, el problema es que las tasas actuales, aun con la rebaja siguen suponiendo en muchos casos una desproporción manifiesta. Algunos ejemplos prácticos: en un verbal, en una reclamación por ejemplo de 3.100 euros, entre la primera instancia y la apelación hay que pagar de tasas 958 euros; además de honorarios de abogado y procurador, como no puede ser de otra manera. Es decir, hay que pagar de tasas el 31 % de lo reclamado. Otro ejemplo: en las apelaciones la cuantía fija de la tasa, 800 euros, no ha variado y además es a fondo perdido -esto es muy importante-, es decir, no se recuperan ni aunque se gane la apelación. Aunque es verdad que cuando se acude a la apelación ya se dispone de una primera resolución, también lo es que según datos del Consejo General del Poder Judicial se revocan en apelación un 35 % de las sentencias dictadas en primera instancia, un porcentaje nada desdeñable y que implica


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que no se puede juzgar como temeraria la decisión de acudir a una segunda instancia. Además, aunque en esta segunda instancia te den la razón; y aunque te la den, por ejemplo, por un error de valoración de prueba por el juez de primera instancia, lo que está contemplado en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, que te la den por lo que podríamos llamar un fallo del propio sistema, un fallo ajeno al litigante, esos 800 euros de tasa no los recuperas. Usted lo sabe muy bien porque en segunda instancia no hay condena en costas si hay revocación. No se entiende tampoco que, valorándose positivamente la exención en casos de separación y divorcio de mutuo acuerdo, no se haga extensiva esta exención a los procedimientos de familia en general, que se aplique solo a los que afectan exclusivamente a menores, pero no a los procedimientos de separación y divorcio contenciosos en general. No lo entendemos porque, siendo la naturaleza de la petición la misma en un caso y en otro -que es que la disolución del matrimonio es una cuestión de orden público y por tanto un derecho no disponible-, parece que se quiera castigar a los que no hayan llegado a un acuerdo y se les quiera castigar por dar trabajo al juzgado. Le puedo asegurar que si ese es el motivo en muchas ocasiones cargan tanto o más de trabajo al juzgado las ejecuciones de un proceso de mutuo acuerdo que muchos procesos contenciosos. Hemos pasado de una situación -la Ley de Tasas de 2002- en la que únicamente pagaban las empresas que facturaban más de 10 millones de euros, a una tasa que tienen que pagar todos. Insisto en esto porque, a nuestro juicio, el tema nuclear es: si aun ampliando los umbrales para acceder a la justicia gratuita las tasas siguen siendo una barrera para acceder a la justicia para muchas personas, este sería el tema que afectaría al derecho fundamental.

Por lo que se refiere al cumplimiento que se hace en el real decreto de las recomendaciones de las Defensora del Pueblo, aunque somos conscientes de que ya ha renunciado a presentar el recurso de inconstitucionalidad, esta renuncia ha sido muy generosa porque la verdad es que el real decreto prácticamente no ha cumplido más que dos de las recomendaciones que ella hacía. No se ha cumplimentado totalmente ni la primera de ellas, que pedía -cito literalmente- reducir considerablemente las tasas en la primera instancia civil y contencioso-administrativa, no se ha reducido nada de la parte fija, y esto ya es suficiente como para que la reducción no sea considerable. Por otra parte no se ha dado ningún cumplimiento ni a la recomendación de eximir al orden social del pago de tasas en los recursos de suplicación y casación ni a la de que se moderen las tasas en los recursos, algo a lo que ya me he referido y que sigue generando impedimentos excesivos para el acceso a los recursos.

No es un tema menor para Convergència i Unió el que no se resuelva la llamada doble imposición, señor ministro. La vigente Ley de Tasas, al igual que la anterior del año 2002, contempla la posibilidad de implantación de tasas judiciales autonómicas, como ya se había hecho por la Generalitat de Catalunya, y la posibilidad en consecuencia de coexistencia de estas -de las autonómicas- con las establecidas por el Estado. Pero de la sentada doctrina del Tribunal Constitucional -cito por todas la reciente sentencia 162/2012, de 20 de septiembre- cada Administración puede poner tasas por los servicios que presta sin que esto pueda considerarse doble imposición, y al establecer el Estado tasas sobre la totalidad de servicios olvida que hay comunidades autónomas -entre ellas Catalunya- que tienen transferida la competencia sobre parte del servicio de la Administración de Justicia, sobre lo que el Tribunal Constitucional ha llamado administración de la administración de la justicia, es decir, sobre los medios personales y materiales. Por tanto, debe respetar la competencia de estas comunidades autónomas para poner tasas sobre el servicio que prestan sin que el Estado pueda someter a los ciudadanos de estas comunidades autónomas a una doble imposición, al poner tasas allí sobre el servicio que presta el Estado y también sobre el que no presta, porque lo presta en concurrencia la comunidad autónoma. El cálculo es que en Catalunya el Estado asume el 20 % del coste total de la Administración de Justicia y la Generalitat el 80 % restante.

Por último, en lo que respecta al análisis del resto del contenido del real decreto ley -me sumo a las críticas de que es sorprendente en cuanto a su heterogeneidad-, aunque entendemos que el tema nuclear que arrastra todo lo demás en cuanto al voto es el de las tasas, queremos manifestar que no vemos objeción en el resto de disposiciones. Aunque vamos a reservar para la tramitación de la justicia gratuita algunos planteamientos -competenciales entre otros-, quiero decir únicamente que tampoco compartimos la parte de la disposición final segunda que se refiere al régimen de alquiler de los contratos de arrendamiento previstos para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. No lo compartimos porque la duración que se prevé en esta disposición para los mismos es únicamente de dos años; tres años, que era la propuesta inicial, nos parecía ya muy poco, pero dos años nos parece manifiestamente desequilibrado.


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Por todas estas razones, y aun reconociendo esta cierta mejora, la reforma nos parece manifiestamente insuficiente y por eso, si la tramitación acaba hoy aquí -es decir, si no se puede tramitar como proyecto de ley- Convergència i Unió no puede más que votar negativamente y rechazar la convalidación de este real decreto-ley. En el caso de que se admitiera su tramitación como proyecto de ley -que es lo que nos piden los operadores jurídicos y es lo que se debería hacer-, podríamos valorar nuestra posición y reservar nuestro voto final para lo que resultara después de una tramitación en donde las fuerzas parlamentarias de esta Cámara pudieran hacer sus aportaciones a lo largo del trámite parlamentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente, señor ministro, señorías, la tasa es un tributo que se paga por el uso de un servicio público. Por tanto, el ciudadano que use el servicio público de la justicia tiene que pagar una tasa. Hay personas que nunca, nunca en su vida han acudido ni van a acudir a un tribunal de justicia y hay otras que, por diversos motivos, personales o profesionales, hacen un uso frecuente de este servicio público. ¿Es justo que entre todos los ciudadanos se pague ese servicio del que solo se van a beneficiar unos cuantos? Parece que no. Ustedes siempre hablan de que el servicio público de educación o el de sanidad deben ser pagados por impuestos. Claro que sí, se tienen que sufragar con impuestos, porque todos los ciudadanos a lo largo de nuestra vida utilizamos estos servicios públicos, el de sanidad y el de educación, pero el de justicia no. El servicio público de Correos lo pagamos con una tasa, lo paga quien lo usa, pero eso no se cuestiona. Como estamos hablando de un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, en su artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, parece que aquí el tinte es distinto.

Hablan ustedes de injusticia en el pago de la tasa judicial y lo hacen pensando en aquel ciudadano que acude a los tribunales de justicia para ejercitar un derecho, para que se le reconozca una pretensión, pero ¿ustedes piensan en aquel otro ciudadano que acude a los tribunales de justicia para generar un perjuicio a su adversario, para dilatar en el tiempo algo que debe ser ejecutado ya o que actúa con mala fe?, ¿sería justo que los ciudadanos pagáramos un mal uso del servicio público de la Administración de Justicia? Parece que esto no tiene discusión.

La Administración de Justicia debe sufragarse de dos formas: o con una tasa que paga quien lo usa o con un impuesto que pagamos todos, lo usemos o no. De forma reiterada el Tribunal Constitucional ha dicho que la justicia puede ser declarada gratuita, pero que la justicia no es gratis; que nuestras leyes amparan el instrumento de la tasa como un medio para costear o sufragar el coste de la Administración de Justicia y que será el legislador quien tenga que regularlo de forma justa y adecuada. Ese es el tema, su regulación, determinar quién, cuánto y qué. Para ello el Gobierno de España presentó un proyecto de ley que aprobaron las Cortes Generales el 20 de noviembre de 2012, un proyecto de ley de tasas. El Gobierno ha presentado tres meses después un real decreto de modificación de esas tasas y de regulación de la justicia jurídica gratuita.

De esto pueden hacer una lectura positiva o negativa. Por supuesto todos los grupos de la oposición han hecho una lectura negativa, no esperábamos ningún ejercicio de responsabilidad en este sentido. La nuestra es distinta. Quiero que primero nos centremos, porque no podemos analizar este tema sin ver la situación, el contexto en que nos encontramos. Estamos en una situación de gran crisis en España y el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar instrumentos, recursos para mantener la sostenibilidad del sistema, para garantizar los servicios públicos, y también el de la justicia. Este contexto, esta situación, se debe única y exclusivamente a la mala gestión, al despilfarro, al derroche de dinero público que el Gobierno anterior practicó.

Señorías, el Gobierno, ante las demandas de los agentes del ámbito de la justicia y ante las demandas de los ciudadanos, plasmadas en las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, lo que ha hecho ha sido realizar una serie de ajustes al sistema de tasas aprobadas por la Ley de noviembre de 2012, en base, como les he dicho, principal y únicamente a esa sensibilidad hacia la sociedad española. Este Gobierno, les guste o no -sabemos que no les gusta-, ha demostrado que sabe escuchar, que ha sido permeable a las demandas de los ciudadanos y, a pesar de haber aprobado una norma hace tres meses, ha revisado ahora el cuánto y el quién. Para nosotros esto es positivo. Saber que tenemos un Gobierno que escucha, saber que tenemos un Gobierno que es permeable, saber que tenemos un Gobierno que es


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capaz de modificar y saber que tenemos un Gobierno que hace ajustes si es necesario y se lo demandan, es muy positivo no solo para este Grupo Parlamentario Popular, sino para España y para los españoles.

Señorías, no tenemos ningún problema en debatir las modificaciones propuestas y lo hacemos con la cabeza muy alta y con mucho orgullo, porque es una muestra de que tanto este Gobierno como este Grupo Popular están en la calle con los ciudadanos, buscando soluciones, y no esta en la calle, como otros, protestando por todo lo que se está haciendo. (Aplausos).

Señorías, lo que está haciendo este Gobierno -lo decimos muy alto- con este real decreto de modificación de la Ley de Tasas es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con todos los españoles. Entrando en el Real Decreto de la Ley de Tasas, y después de la detallada exposición del señor ministro, voy a hacerles unas breves referencias. Tengo que decirles que las novedades más importantes y beneficiosas para todos los ciudadanos, que conocen y no van a apoyar, para los que acudan a los tribunales de Justicia son, como bien saben, que se reduce un 80 % el tramo variable de la tasa, que el límite de pago que antes estaba fijado en 10.000 euros, que no les gustaba, ahora se ha fijado en 2.000 euros, y tampoco les gusta, y la modificación única que hay en una tasa fija es en los recursos contencioso-administrativos, principalmente en las multas, en los que la tasa no podrá superar la mitad del importe de esta multa. Se eliminan, como bien saben, pero lo destacamos, la tasa en los afectados por procesos de desahucio, en las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo y en las reclamaciones por incumplimiento de los laudos de consumo. Todas estas medidas, señorías, ustedes lo saben, no afectan ni modifican la recaudación que se tenía previsto conseguir con la Ley de Tasas de 2012 para costear la justicia, ya que se hizo calculando el tramo fijo de la tasa y lo que se ha variado es el tramo variable. Por lo tanto, su incidencia es inferior al 5 %. Además, este real decreto incluye una reforma muy importante, una ampliación en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Justicia Gratuita, que se va a tramitar así de forma urgente para que haya más personas ahora en esta época de crisis que puedan beneficiarse de la misma. La ampliación del ámbito subjetivo de aplicación se hace en un doble sentido que hay que volver a reiterar: se amplía el nivel de renta para acceder al beneficio de justicia gratuita de 1.000 a 1.400 euros, y se incorporan por primera vez unos colectivos especialmente vulnerables exentos de pago de tasas y costes: víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, víctimas o personas víctimas de trata de seres humanos, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos y víctimas de accidentes que sufran grandes secuelas. Es importante que los ciudadanos sepan, ustedes lo saben pero no quieren hablar sobre ello, los efectos retroactivos que va a tener esta modificación en la Ley de Justicia Gratuita devolviendo las tasas en todos aquellos supuestos que se encuentren en estos colectivos de quienes ya han iniciado una acción judicial.

Señorías, para finalizar, por sus exposiciones lamento comprobar lo de siempre, el no por el no y el recurso a la demagogia fácil. Confunden, y lo que es peor, lo hacen con el ánimo de confundir, usando de una manera tan poco respetuosa un derecho tan esencial y fundamental como el derecho a la tutela judicial efectiva. Señorías, nadie, digo nadie, se quedará en España sin poder acudir a los tribunales de Justicia para defender o ejercitar sus derechos y pretensiones; unos, lo que tengan recursos, lo harán pagando y otros, los que no lo tengan, a través de la justicia gratuita, entre otras cosas gracias a la solidaridad del resto de ciudadanos que han pagado sus tasas. Miren, en España estamos pidiendo a los ciudadanos un gran esfuerzo solidario para salir de la crisis; que los ciudadanos que utilicen el servicio público de la Administración de Justicia contribuyan con el pago de las tasas a costear el 10 % de este servicio público cuando la media en la Unión Europea es de que costeen el 30 %, cuando la media en Alemania es de que costeen el 44 %, cuando el coste de las tasas en Austria es de que costeen el cien por cien, no les estamos pidiendo un gran sacrificio. ¿Ustedes han oído alguna vez a algún ciudadano austríaco, alemán o de la Unión Europea que haya reclamado, no ya en sus territorios nacionales sino ante algún organismo europeo, porque no han podido ejercitar sus derechos o sus pretensiones ante el Tribunal de Justicia? Yo no, y estoy absolutamente convencida de que ustedes tampoco.

Señorías, hagan hoy un favor a la justicia y a la ciudadanía, sean justos, apoyen este real decreto de modificación de las tasas y de la justicia gratuita, porque si lo hacen estarán reconociendo y apoyando también al esfuerzo que están haciendo todos los españoles para salir de la crisis. Sabemos que es nuestra responsabilidad sacarles de la crisis, pero suya también, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Escudero.

Señor ministro de Justicia.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

La brillante intervención de la señora Escudero hace innecesario reabrir el debate y que yo conteste a cada de las intervenciones. Lo único que quiero es hacer un agradecimiento, una aclaración y una consideración final. En primer lugar, el agradecimiento a todos los intervinientes, especialmente a aquellos que de una forma tan generosa han calificado mi oficio, mis actividades y también, por qué no decirlo, algunas profesiones que se me atribuyen que ciertamente no son la mía. Una aclaración: de acuerdo con la reforma que nosotros hemos aprobado, los trabajadores en España, los trabajadores en la jurisdicción social -no las empresas-, no pagarán tasas en ninguna instancia, ni en primera ni en segunda instancia. Otra cosa es cuando discutamos la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que la petición que nos hicieron en su momento las comunidades de que en segunda instancia pagasen un 40 %, se estudie o no. Quiero dejar muy claro que con esta reforma, a partir de que esta Cámara ratifique el real decreto-ley, los trabajadores no pagarán tasas en ninguna de las instancias.

La consideración final, señor presidente. He escuchado con muchísima atención todas las intervenciones y me llama la atención que una gran parte de los intervinientes han citado como fuente de conocimiento, de autoridad o de petición y justificación de sus medidas, de sus propuestas y de su discurso a los operadores jurídicos, que es el eufemismo detrás del cual están quienes sabemos que están, todos los que intervienen en el sistema de la Administración de Justicia. Todo mi respeto hacia ellos, pero le digo una cosa, este Gobierno no gobierna para colectivos. Este Gobierno gobierna para los ciudadanos. Señor presidente, si esta Cámara esta mañana ratifica este real decreto-ley, las víctimas de la violencia de género, las víctimas del terrorismo, las víctimas de trata de seres humanos, los menores y los discapacitados que han sido objeto de abusos o de maltrato y aquellos accidentados que tengan secuelas permanentes estarán exentos, no solo de tasas, sino de cualquier coste de la Administración de Justicia. Ya sé que se ha dicho aquí que esto está muy bien y que se había enmendado, pero quienes gobernaron ocho años no se acordaron de esto y les obligaron a todos estos ciudadanos a pagar su abogado y su procurador, que constituye el 80 % del coste del proceso. Reitero, señor presidente, máximo respeto hacia los operadores jurídicos, pero el Gobierno del Partido Popular para quien gobierna es para los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Como siempre, es discutible si se reabre o no se reabre el debate. Aquí estamos para debatir, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que intervengan los grupos que quieran hacerlo. En primer lugar, tengo que ofrecérselo al Grupo Parlamentario Socialista que ha tenido un turno en contra. Si quiere intervenir, sería el primero que lo haría.

¿Señor Camacho? (Asentimiento).

El que ha intervenido en el turno en contra tendría cinco minutos. El resto de los grupos, si alguno me pide la palabra, que veo que ya me la han pedido, tendrá como máximo tres minutos.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, dice el ministro de Justicia en el cierre de su intervención que el Gobierno gobierna para los ciudadanos y que, por lo tanto, la opinión de los operadores jurídicos en relación con la Ley de Tasas no es importante en esa labor de gobierno. Creo que sí porque en el presente caso no hay ni una sola divergencia. Todos y cada uno de los operadores jurídicos han coincidido en que la Ley de Tasas impide el acceso a la Administración de Justicia. Es una ley que dificulta gravemente el ejercicio de los derechos por los ciudadanos. Vuelvo a repetir que la crisis no puede ser en ningún momento excusa para atentar, limitar o afectar a los derechos de los ciudadanos. Hemos oído a la representante del Partido Popular que ha intentado justificar la Ley de Tasas en atención a la existencia de Gobiernos anteriores que incurrieron en déficits que dieron lugar a la necesidad de financiar la Administración de Justicia de esta manera. Señoría, usted sabe perfectamente que ese no es motivo de esta ley de tasas; usted sabe perfectamente que el Gobierno anterior -ayer mismo la prensa lo publicaba- se ajustó en su momento al déficit; que el problema del déficit del año 2011 provenía de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y que el ministro que nos trae hoy a convalidación el real decreto-ley tiene el honor de haber dejado un ayuntamiento con la mayor deuda de este país. (Aplausos). Pero ese no es el motivo. Ustedes no pueden escudarse en motivos económicos para hacer ideología. Ustedes deben tener la valentía de decir en este hemiciclo y de decirle a los ciudadanos que no creen en que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a acudir a los tribunales a implorar justicia; que no creen en que los trabajadores deben tener especiales facilidades para acudir a la jurisdicción social; en que no creen que es necesario que la actuación de la Administración esté controlada por los tribunales. Basta ya de escudarse en la crisis


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económica; basta ya de escudarse en apreciaciones falsas en torno al déficit y basta ya de no decir a los ciudadanos que lo que están haciendo es aplicar... (Algunas personas presentes en la tribuna de invitados muestran una pancarta).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor interviniente.

Retiren esa pancarta. Gracias.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Termino, señor presidente.

No es necesario continuar el debate. Vuelvo a pedir al ministro que abra la posibilidad de que se haga lo que constituye la esencia de la democracia, de que en este Parlamento, con independencia de la mayoría que tenga el Gobierno, podamos debatir y podamos aportar reflexiones a una ley que es esencial para la Administración de Justicia y para los derechos que les corresponden a los ciudadanos. Si es así, si abren el debate, sin duda conseguiremos tener una ley que permita aportar fondos a la Administración de Justicia pero no coarte la libertad y los derechos de los ciudadanos de acudir a los mismos. El partido Socialista no se opone a un sistema de tasas; se opone a su sistema de tasas; un sistema profundamente equivocado que lo único que hace es perjudicar a los ciudadanos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camacho.

El señor Olabarría me ha pedido la palabra. Tres minutos, y le ruego tres minutos. (Risas).

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, por hacerme la admonición por duplicado ejemplar. En todo caso los tres minutos serán objeto de cumplimiento.

Señor ministro, usted ha hecho una reflexión que me parece un tanto insultante para los grupos que ostentamos representación parlamentaria. Dice que estamos enmendando, refutando, argumentando o defendiendo los intereses espurios de determinados colectivos profesionales. No sé si entre esos colectivos, señor ministro, se refiere también al formado por los millones de personas que por superar el nivel de renta para tener acceso a la justicia gratuita no van a poderse acoger a los beneficios de la justicia gratuita, y sin embargo no van a poseer rentas suficientes para poder abonar las tasas para acceder a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. ¿Se refiere a ese colectivo? ¿Al de esos millones de personas que no van a tener derecho a la protección de los jueces y tribunales? Porque si se refiere a ese colectivo, señor ministro, usted mismo está reconociendo la inconstitucionalidad del texto que somete hoy a consideración.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Trataré de ser también, en este caso, muy breve en la respuesta al señor ministro.

En primer lugar, agradecimiento por agradecimiento. Agradece usted que intervengamos y que le escuchemos; yo agradezco que el ministro tenga la oportunidad de escucharnos en la Cámara, ya que normalmente nos escucha muy parcialmente a través de los procedimientos exprés y prácticamente no nos escucha fuera de la Cámara.

En segundo lugar, quisiera hacer una aclaración. Dice usted que en el orden social ningún trabajador tiene tasas. No sé si no he leído bien el primer real decreto o el segundo, pero mi interpretación es que la suplicación en el orden social son 500 euros, la casación son 750 euros y la tasa variable, a pesar de la modificación de este real decreto, tiene como tope 2.000 euros, con una sanción y una exención de trabajadores en torno al 60 % de la tasa. Señor ministro, la verdad es esa y es lo que está en los papeles. Por tanto, lo que usted dice de que en el orden social no hay tasa, me gustaría que lo reflejaran en las enmiendas pero no está en el real decreto anterior ni en este.

Y yo me ratifico en relación con el modelo. Creo que ustedes están modificando el modelo en un sentido involucionista, que este modelo que ustedes proponen es un modelo mucho más de mercado que un modelo de servicio público o de servicio universal que se financia con cargo a impuestos y no se financia entre los que van a los juzgados, al igual que no se financian otros servicios públicos entre los que van a la educación o entre los que utilizan la sanidad sino que se financian fundamentalmente con impuestos generales.


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Por último, señor ministro, no nos acuse de representar a las corporaciones. De eso ya se encarga usted. Señor ministro, nosotros estamos intentando representar a un 80 % de la población que en las encuestas está en contra de su Ley de Tasas y a un 60 % de los votantes del Partido Popular que están en contra también de esa ley. Déjenos incluso representar a sus propios votantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, presidente.

Quiero hacer dos reflexiones. La primera, señor ministro, es que nos ha sorprendido su referencia tan negativa a las opiniones de los operadores jurídicos. Nos recuerda un poco ese proverbio que dice que cuando alguien señala la luna con un dedo siempre hay quien prefiere fijarse en el dedo, porque, al menos por parte del grupo parlamentario al que tengo el honor de representar, la referencia a las opiniones de los operadores jurídicos no es en defensa de sus derechos corporativos -que tampoco sería ilegítimo hacerlo-, es en defensa de que son los profesionales que viven el día a día de en qué se traslada a la realidad lo que ha sido esta reforma de la Ley de Tasas. A esas opiniones me refiero, en lo que afecta a la ciudadanía.

La segunda es que lamentamos profundamente que no se pueda hacer una tramitación como proyecto de ley. Haberlo hecho como real decreto-ley quiere decir que esto ya está en vigor y por lo tanto ningún perjuicio se puede generar, pero sí se genera el beneficio de que los grupos parlamentarios podamos hacer parte de lo que es nuestra obligación, que es hacer aportaciones, hacer debates y de alguna manera incidir en la tramitación de algo tan importante y que afecta a derechos fundamentales como es este real decreto-ley que versa sobre las tasas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.

Reitero mi agradecimiento por sus intervenciones y sus observaciones. Les contestaré a las mismas de forma breve. Señor Camacho, si para finalizar un debate tiene usted que aspirar a ponerse un traje de edil municipal en lugar del de diputado es porque ciertamente está reconociendo que ha perdido el debate. En todo caso, si dice las cosas dígalas bien. ¿La mayor deuda? Claro, con el mayor presupuesto. ¿Mucha? En relación con el PIB la décima parte de la que dejó el señor Zapatero. ¿Y por qué no dice usted la verdad? ¿Déficit? Ninguno; cumplimiento de los objetivos de déficit. Esa es la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, dice usted que yo he dicho que no es importante la opinión de los operadores jurídicos. No es verdad, yo no he dicho eso, y ahí está el "Diario de Sesiones". Claro que es importante; lo que no es es vinculante; lo que no es es determinante para este Gobierno. Para mí es absolutamente importante esa opinión.

Señor Olabarría, ha hablado usted de intereses espurios. La expresión es suya, no mía; yo discrepo de usted, los intereses de los operadores jurídicos no son espurios, son absolutamente legítimos, absolutamente legítimos sin ningún género de dudas, incluso cuando una asociación de jueces me trasladó un documento pidiéndome la implantación de tasas judiciales para crear un fondo de pensiones para los propios jueces. Esta es la realidad; estos forman parte de los que ustedes dicen que están todos en contra de las tasas. Bien, me parece legítimo, lo que pasa es que no es un interés general; es un interés, siendo legítimo, que afecta directamente a un colectivo, y yo no tengo, señora diputada, ningún tipo de opinión negativa, en absoluto, me parece razonable que defienda sus intereses, y entiendo además que las medidas que está adoptando el Gobierno afectan a sus intereses, y entiendo que si disminuye la litigiosidad en España, que creo que para equipararnos con los parámetros europeos es un objetivo en el que deberíamos coincidir todos los grupos de esta Cámara, entiendo que eso objetivamente va a generar perjuicios a personas que van a ver disminuida su actividad como consecuencia de una disminución de la litigiosidad. Es obvio, y ante eso ¿qué tengo que hacer, señoría? ¿Frenar, no seguir impulsando los mecanismos extrajudiciales para resolver los conflictos en España? ¿No intentar arreglar que, frente a los 6,5 millones de asuntos judiciales que tramitó Francia en el año 2011 -últimos datos que tenemos-, nosotros, con 20 millones de habitantes menos, hayamos tramitado 9 millones de asuntos judiciales?


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Ahora, es obvio que si vamos a un índice de litigiosidad semejante al que tienen Francia, Alemania, el Reino Unido, cualquiera de los países de nuestro entorno, muchas actividades que en estos momentos existen lógicamente se verán disminuidas. ¿Cómo no voy a ser consciente de eso? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar que subsista la patología, como consecuencia de que acabar con esa patología puede perjudicar a actividades absolutamente nobles e intereses completamente legítimos pero que no son los de la mayoría? No, señoría, abordar una reforma de la justicia como la que nosotros estamos abordando es una tarea ambiciosa y es una tarea que, soy plenamente consciente, va a tener muchas voces legítimas en contra; pero nosotros tenemos que atender a los ciudadanos, a aquellos que aspiran, incluso en un momento de crisis, a tener un sistema judicial donde puedan de verdad resolver sus conflictos, no solamente en derecho sino también en tiempo. ¿De qué nos sirven las resoluciones judiciales reconociendo nuestros derechos si estas se producen cuando ha transcurrido tanto tiempo desde que estos fueran vulnerados por la Administración o por los particulares que la reparación se convierte en absolutamente ineficiente? Esa es nuestra obligación.

Termino, señor presidente. Le puedo asegurar que este Gobierno va a seguir adelante con la reforma de la justicia, y va a ser una reforma en profundidad, y va a ser una reforma que va a colocar este servicio público como uno de los grandes servicios del siglo XXI y no como un servicio anclado en el siglo XIX, que es como, a efectos de eficiencia, desgraciadamente la mayoría de los españoles consideran que está funcionando en estos momentos. Y termino con la misma reflexión de antes. Ustedes han alzado hoy aquí su voz, como la alzaron cuando aprobamos las tasas, es cierto, y dicen que no son los intereses de los operadores jurídicos los que defienden, y yo les creo; pero déjenme que les pregunte: si las tasas son el 20 % y los costes de abogado y procurador son el 80 % de lo que significa para un ciudadano un pleito, ¿por qué a ustedes ese 20 % les ha llevado a preocuparse tanto y durante los ocho años que gobernaron o durante los años que estuvieron haciendo vida parlamentaria en esta Cámara no se acordaron del 80 % que tenían que pagar las víctimas de violencia de género? ¿Por qué durante ocho años no se acordaron del 80 % que tenían que pagar las víctimas del terrorismo? ¿Por qué durante ocho años no se acordaron del 80 % que tenían que pagar los menores y los discapacitados que hubiesen sido víctimas de abusos o de maltrato? Ese 80 % ustedes lo han olvidado; eso sí, el 20 % les ha provocado una indignación tremenda. Pues bien, este Gobierno no solamente el 80, sino el 80 más el 20; a las víctimas, a los colectivos más vulnerables les exime de cualquier coste judicial. Esa es la diferencia entre el lenguaje de la izquierda y la eficiencia de un Gobierno del Partido Popular. (Protestas). Señorías, ustedes han defendido, y tengo que decir que con brillantez, el 20 % de los operadores jurídicos; nosotros, el cien por cien de los ciudadanos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.

- REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO, DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000034).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Quiero comunicarles que de acuerdo con la Junta de Portavoces donde se discutió, dada la importancia pero sobre todo el carácter de este real decreto, las intervenciones de los grupos serán de 20 minutos para los turnos a favor y en contra y de 15 minutos para fijación de posiciones. Asimismo, yo propuse y se aceptó que por el Grupo Mixto intervinieran todos sus grupos, como suele ser en los grandes debates.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, sometemos hoy a convalidación el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 febrero, un real decreto-ley que se enmarca en la nueva generación de reformas que anunció el presidente del Gobierno con motivo del debate sobre el estado de la Nación y que además tomó forma sólo dos días después del anuncio en esta Cámara. Es un nuevo paso, un gran paso en el camino de las reformas estructurales que este Gobierno viene aprobando desde principios de la legislatura, desde principios de 2012, unas reformas que en su primera fase sentaron los cimientos de lo


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que será la recuperación económica, por una parte, dotando a la economía española de estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público como de equilibrio exterior y, por otra parte, logrando unas entidades financieras sólidas y solventes que permitan cuanto antes canalizar el crédito hacia la inversión productiva y que consigan también, a través de la flexibilidad, aumentar la competitividad de nuestra economía. Señorías, unos cimientos que queremos seguir construyendo con este real decreto-ley para que cuanto antes nuestro país vuelva a crecer y vuelva a crear empleo, porque la creación de empleo es el principal y el primordial objetivo de este Gobierno, un objetivo irrenunciable para sustentar nuestro modelo de bienestar. Además, señorías, el Gobierno quiere contar con todos los grupos parlamentarios; quiere que todos los grupos contribuyan y aporten a este real decreto-ley, por lo que solicitaremos al presidente de la Cámara que se tramite como proyecto de ley. Tramitado este real decreto-ley como proyecto de ley el Gobierno invita al Parlamento a que se sume al intenso proceso de diálogo y participación que inició hace ya más de tres meses con los interlocutores sociales -con UGT, Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme- en uno de los asuntos importantes que contiene este real decreto, que es la implementación de parte de la estrategia de emprendimiento y empleo joven que presentó hace unos días el Gobierno, una estrategia que, como saben sus señorías, constituye un conjunto de cien medidas, de las que once se incluyen en el decreto-ley y todas, insisto, son fruto del diálogo y de la participación con los interlocutores sociales, fruto por tanto del diálogo social y cercanas a la realidad que nos ocupa de creación de empleo y de creación de empleo joven. Por tanto, les emplazo con sinceridad a que trabajemos conjuntamente para que el texto que finalmente salga como ley de esta Cámara contenga las aportaciones y las mejoras de todos los grupos parlamentarios.

Señorías, como saben, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que son uno de los principales motores que tenemos para dinamizar la economía española, están sufriendo de forma intensa la crisis económica porque han visto reducidas sus ventas, han visto reducido el acceso a la financiación y limitada su capacidad de cobro a clientes, entre otros problemas. Por ello es importante que desde las administraciones públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en una coyuntura económica tan adversa como aquella en la que nos encontramos, simplificando el marco regulatorio institucional en el que se desenvuelven esas actividades. Es precisamente el apoyo a la iniciativa emprendedora, y por supuesto a la creación de empleo, el eje común que vertebra el conjunto de medidas que hoy presenta el Gobierno a través de este real decreto-ley. Son medidas dirigidas a desarrollar la estrategia española de emprendimiento y empleo joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

Como saben, el real decreto-ley se divide en cinco títulos, que abordaré en su presentación en el mismo orden de la norma. El título I contempla las importantes novedades en materia de empleo joven y desarrolla once de las quince medidas de choque que contiene la estrategia de emprendimiento y empleo joven de España. Además, se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora y se mejora la intermediación laboral, permitiendo que cualquier persona de nuestro país tenga conocimiento de todas las ofertas de empleo. Señorías, en España hoy día más de la mitad de los jóvenes que buscan un empleo no lo encuentran, pero lo que es más terrible es que el 35 % de ellos se encuentran en paro desde hace más de un año. Pero esta situación, por desgracia para todos, no es nueva ya que ni siquiera en las épocas en que nuestro país crecía de forma importante la tasa para menores de veinticinco años ha estado por debajo del 18 %. En España, además, la tasa de abandono escolar temprano dobla los valores de la Unión Europea a veintisiete y la polarización del mercado de trabajo constituye un mal secular que ocasiona que unos jóvenes abandonen sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, estén hoy subempleados. El escaso peso relativo de la formación profesional de grado medio y un difícil acceso al mercado laboral de los grupos de riesgo de exclusión social también son circunstancias que nos obligan a tomar medidas con urgencia y con decisión, porque construir la España del futuro es una tarea colectiva en la que todas las generaciones tenemos que participar con lo mejor de nosotros mismos.

Señorías, para que los jóvenes tengan un futuro, tenemos también que mejorar su presente. Para ello, el real decreto-ley incluye, como decía, importantes medidas de urgente implementación. Quiero empezar por las que desarrollan la estrategia de emprendimiento y empleo joven. En primer lugar, una tarifa plana de 50 euros durante los primeros seis meses para jóvenes que decidan darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y , a su vez, durante los seis meses siguientes solo pagarán el 50 % de la cotización ordinaria, es decir, 125 euros, y, transcurrido el primer año, los hombres de hasta 30 años


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y las mujeres de hasta 35 se beneficiarán de una reducción y bonificación de un 30 % en sus cotizaciones durante los dieciocho meses siguientes, es decir, pagarán 175 euros a la Seguridad Social. Estimamos que esta primera medida beneficiará a 80.000 nuevos potenciales trabajadores autónomos cada año. El real decreto-ley permite también la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia durante nueve meses para incentivar a aquellos que han perdido un empleo a que se animen a crearlo por ellos mismos. Es una medida que se puede compatibilizar con la primera -con la tarifa plan anterior- y que estimamos que podrá beneficiar a más de 200.000 jóvenes. Además, los menores de 30 años podrán capitalizar el 100 % de la prestación por desempleo para realizar una aportación al capital social de una empresa. Hasta ahora, señoras y señores diputados, se podía capitalizar al establecer un negocio, bien como autónomo o bien a través de una sociedad, pero no para convertirse en socio de una sociedad, lo que sí será posible después de esta medida.

Seguro que muchos jóvenes optarán por el autoempleo, pero habrá ocasiones en que estos intentos de emprender no tengan éxito a la primera y por eso queremos mejorar la red de protección a los autónomos, para facilitarles lo que llamamos la segunda oportunidad, y permitimos que se reanude el cobro de la prestación por desempleo, tras realizar una actividad emprendedora, por un periodo de cinco años. Antes el tiempo de duración era de dos años. Por tanto, este real decreto-ley y la propia estrategia por el emprendimiento y el empleo joven aportan soluciones al desempleo juvenil, tanto por la vía del autoempleo o el emprendimiento como por la vía de los incentivos y facilidades a la contratación y a la formación.

Señorías, se trata de poner sobre la mesa una selección amplia y flexible de medidas que sirvan para dar soluciones a un colectivo y a muchos jóvenes que tienen diferentes perfiles y circunstancias. Así, el real decreto-ley mejora las oportunidades para aquellos que quieren trabajar y completar su formación a través del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, que permitirá que jóvenes sin experiencia laboral o parados de larga duración puedan trabajar y formarse a la vez. Por tanto, se establecerá una reducción del 75 % y del 100 % de las cuotas de las empresas a la Seguridad Social para este tipo de contratos en función del tamaño de la empresa. Para ampliar los incentivos a la contratación de jóvenes por parte de autónomos y micropymes se elimina a su vez la cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de un joven desempleado menor de treinta años, siempre que la duración del contrato supere los 18 meses. Por tanto, apoyo a la contratación indefinida de un joven menor de treinta años. Pero, para favorecer la contratación de aquellos jóvenes que sí tienen formación hoy pero no han tenido todavía la primera experiencia laboral, la norma establece el contrato primer empleo joven, de duración máxima de 12 meses, cuya transformación en indefinido bonificaremos con 500 euros al año durante los tres años siguientes y 700 en el caso de que se contrate a una mujer joven. También en la línea de incentivar la contratación de jóvenes sin experiencia laboral se facilita el uso de la figura del contrato en prácticas y se reduce en un 50 % la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes. En definitiva, medidas que pretenden ofrecer salidas a los jóvenes que buscan empleo abarcando las múltiples situaciones en las que ellos se puedan encontrar. Todas estas medidas, todos estos estímulos a la contratación estarán en vigor hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 %.

Igual que hay jóvenes en paro, hay otros colectivos en nuestro país que también están sufriendo con mucha crudeza la situación de falta de oportunidades. Nos queremos acordar también en este real decreto de aquellas personas mayores de cuarenta y cinco años con cargas familiares y que llevan tiempo en el desempleo, y que tienen que tener y ser garantes de instrumentos de solidaridad por parte de otras generaciones. Por eso hemos puesto en marcha el contrato generaciones, que se recoge en este real decreto-ley y que establece una reducción del 100 % de la cuota a la Seguridad Social para aquellos jóvenes autónomos menores de treinta años que durante el primer año contraten a un desempleado de larga duración mayor de cuarenta y cinco años, que es el que va a aportar la experiencia en ese inicio de la actividad emprendedora. Por otra parte, queremos mejorar y facilitar la intermediación laboral -aumentar las posibilidades para que a cualquier parado se le pueda ofrecer una oportunidad de empleo en cualquier parte de nuestro país- a través del portal único de empleo, que facilitará esa búsqueda de empleo en todo el territorio, que contendrá toda la información de utilidad para orientar a aquellos jóvenes que no tienen oportunidades, pero -eso sí y lo quiero recalcar- respetando las competencias de las comunidades autónomas en la elaboración de este portal único de empleo. Así lograremos que la información fluya entre todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas en garantía de la transparencia y de la unidad de mercado.


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Estas medidas, señorías, son solo parte de esas cien medidas que decía que se incorporan en la estrategia para el emprendimiento y el empleo joven, que ayudará a más de un millón de beneficiarios, a más de un millón de jóvenes y que cuenta con recursos suficientes: 3.500 millones de euros a lo largo de cuatro años; 3.500 millones de euros de los que el 30 % proceden del Fondo social europeo y están enlazados con las políticas europeas, entre ellas con la garantía juvenil europea que se aprobó por la Comisión hace pocas fechas. Una iniciativa que el Gobierno quiere abrir a toda la sociedad española, porque encontrarle un empleo a los jóvenes no es tarea de un Gobierno ni de un grupo parlamentario, es tarea de todo un país y quiere y necesita el concurso de todos nosotros. Por eso al abrirla también a la iniciativa privada vamos a reconocer a aquellas empresas y fundaciones que se sumen a la estrategia del Gobierno con un sello o distintivo que podrá ser utilizado en reconocimiento de su contribución a través de la responsabilidad social corporativa.

Pero no solo este real decreto-ley tiene medidas en el ámbito de las relaciones laborales, se puede apoyar también a los emprendedores y estimular el crecimiento y la creación de empleo a través de otros ámbitos que van más allá de esta estrategia de emprendimiento y el empleo joven 2013-2016. Como saben -porque se han leído el decreto-ley-, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también se incorporan dos medidas muy importantes para favorecer la fiscalidad de autónomos y pequeñas empresas. La primera de ellas, para las sociedades de nueva creación, establece un tipo de gravamen del 15 % en el impuesto de sociedades para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20 % para el exceso sobre dicho importe durante el primer periodo impositivo en que la base imponible de las entidades sea positiva y en el periodo impositivo siguiente a este. Se estima, señores diputados, que el número de beneficiarios de esta medida superará los 20.000 cada año, constituyendo una ahorro fiscal para los contribuyentes de 270 millones de euros al año. La segunda de ellas se pone en marcha a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la finalidad de fomentar el inicio de una actividad emprendedora. Es una reducción nueva del 20 % sobre los rendimientos netos de la actividad económica, una medida que creemos que beneficiará a 55.000 personas, con un ahorro fiscal de 10 millones de euros al año. También en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas se suprime el límite aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, lo que beneficiará a más de 21.000 contribuyentes parados que capitalicen la prestación para buscar un autoempleo.

Señorías, el real decreto-ley incorpora a su vez medidas para la mejora de la financiación empresarial, que están contenidas en el título II de la norma. Así, se modifica el reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados para que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil. Se modifica también el reglamento de planes y fondos de pensiones para que los fondos de pensiones puedan invertir expresamente en valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil, así como en entidades de capital riesgo. Y por último, para facilitar la financiación empresarial fuera del ámbito de las entidades de crédito se permite para determinadas operaciones que el importe total de las emisiones de deuda pueda superar el capital social desembolsado más las reservas. De este modo se contribuye de manera sustancial al desarrollo de mercados de renta fija en aras de la mejora de la financiación de todas las empresas españolas.

Señoras y señores diputados, en el título III del real decreto-ley se establece una nueva fase del Plan de pago a proveedores, Plan de pago a proveedores para las entidades locales y las comunidades autónomas. Ha sido un instrumento novedoso, yo diría que vanguardista y que ha servido durante todo 2012, con más de 26.000 millones de euros de liquidez, al sector privado para aumentar el PIB en un 1,3 % y, sobre todo y muy importante, para el mantenimiento y la creación de 174.000 empleos en España.

Por ello el Gobierno ha querido continuar con este mecanismo y abrir ahora una nueva fase con una dotación de más de 2.600 millones de euros para facturas anteriores al 1 de enero de 2012, facturas que habían quedado pendientes de pago por diversas razones y que los proveedores comenzarán a cobrar en la primera quincena de junio. Además, se ha ampliado su ámbito subjetivo. Se incluyen en él por primera vez las mancomunidades y los municipios navarros y vascos. Y también se ha ampliado su ámbito objetivo, porque se ha ampliado a nuevas modalidades de contrato como son concesiones administrativas o encomiendas de gestión entre otras modalidades.

El real-decreto ley incorpora a su vez diversas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorporando al derecho español la directiva del Parlamento y del Consejo de 16 de febrero de 2011. Entre ellas destaca -y por su importancia la quiero resaltar- la reducción de los plazos de pago en las operaciones comerciales, que pasan de sesenta a treinta días naturales. Esta regulación que


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incorporamos ha sido largamente demandada y sin duda puede ayudar a que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, solventen situaciones de grave dificultad económica e incluso situaciones concursales como consecuencia de no recibir lo que otros les deben.

Por su parte, el título IV introduce una serie de medidas que intensifican la racionalización necesaria de nuestro sector ferroviario para lograr la máxima eficiencia en la gestión de aquellos servicios e impulsar los procesos de liberalización ya iniciados en este país. Señorías, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros fomenta la libre competencia y redunda en un mejor servicio y a menor precio. Por último, en el título V se adoptan una serie de medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes, que permitirán un funcionamiento más eficiente de este mercado tanto en su vertiente mayorista como minorista. Estas medidas permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector reduciendo las barreras de entrada de nuevos operadores y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos.

Termino ya, señorías, señor presidente. Hoy vengo a presentarles un conjunto de medidas y reformas en las que concurren por su naturaleza y finalidad las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad en los diversos ámbitos, y que junto al resto de cuantas forman parte de la agenda reformista del Gobierno volverán a poner a nuestro país en la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Son, por tanto, una nueva generación de reformas que avanzó ya el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación y que hoy presento a través de este real-decreto a sus señorías para su convalidación. Espero y confío en que tenga el mayor número de apoyos en esta Cámara y me quedo con la convicción de que en su tramitación como proyecto de ley aportarán lo mejor de sus propuestas para que entre todos podamos hacer que nuestro país vuelva cuanto antes a esa senda de crecimiento económico y de creación de empleo que todos deseamos y que también desean todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley por las discrepancias que tenemos con buena parte de su contenido, también por el uso más que abusivo que este Gobierno viene haciendo de la forma del decreto-ley y el deterioro del Estado de derecho que ello comporta. Hoy lo hemos visto ya en dos ocasiones. Parecía imposible, pero el Gobierno se ha superado a sí mismo. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Hasta ahora habíamos visto decretos-leyes ómnibus, decretos-leyes portaaviones desde los que despegan todo tipo de normas, pero hoy estamos ante una verdadera ley de acompañamiento -les recuerdo declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional-, que ustedes camuflan bajo el velo de un decreto-ley. Es un decreto-ley con medidas laborales de Seguridad Social y fiscal, que introduce cambios en la regulación de los seguros privados y de los fondos de pensiones, que incide en la financiación de las administraciones locales y comunidades autónomas para el pago de proveedores, que irrumpe en el sector ferroviario y que interviene en la regulación del sector de hidrocarburos.

¿Se da cuenta el Gobierno de hasta qué niveles de degradación está llevando la función legislativa? ¿Se dan cuenta los diputados del Grupo Popular de que están siendo cómplices necesarios del brutal ninguneo de este Parlamento? ¿Son conscientes sus señorías, somos conscientes, de que el Gobierno y el Partido Popular nos están convirtiendo en unos peleles y marionetas, teniendo en cuenta además que están despreciando profundamente nuestra condición de legisladores con este abuso reiterado del decreto-ley por el Gobierno? Creo que tenemos la obligación de hacer alguna cosa ya y pronto.

Que se tramite como proyecto de ley, señora ministra, puede reparar su contenido. La verdad es que sería un gran notición porque hasta ahora ustedes se niegan reiteradamente a que eso suceda en el trámite de debate como proyecto de ley, pero eso en ningún caso va a reparar la barbaridad de que hoy se apruebe una ley de acompañamiento por la vía del decreto-ley. Esta, para nuestro grupo, sería una razón más que suficiente para nuestro no a la convalidación, pero además tenemos muchas y poderosas razones de contenido. Ustedes, bajo el paraguas de favorecer el emprendimiento y con la estrategia de emprendimiento joven, nos presentan medidas, como siempre, con las cuentas del Gran Capitán, y lo demostraremos cuando usted traiga aquí el balance de estas medidas. Una vez más, utilizan el maquillaje


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como gran arma de márquetin político. Esta vez no solo manipulan las estadísticas, sino que también intentan manipular a las organizaciones sindicales y empresariales.

Señora ministra, es obvio que un decreto-ley de esta extensión tiene de todo, tiene cosas aceptables y se las vamos a reconocer. Otras, la inmensa mayoría para nuestro grupo, son inaceptables. Quiero comenzar por las que compartimos. Compartimos la compatibilidad de la prestación del desempleo con el trabajo por cuenta propia para jóvenes menores de treinta años; también, la flexibilización de las reglas de suspensión y extinción de la prestación de desempleo durante sesenta meses, o sea, cinco años, para dar más tiempo a los jóvenes que quieran iniciar un nuevo proyecto autónomo, así como en relación con la ampliación de la capitalización de la prestación de desempleo para otros supuestos ahora no previstos.

Estamos en contra de que ustedes utilicen las bonificaciones en las cotizaciones para trabajos temporales. Además, dudamos de su utilidad, y se lo hemos dicho muchas veces, pero ustedes desgraciadamente creo que en eso tampoco escuchan. Es la cuarta vez que este Gobierno en quince meses cambia su criterio en relación con el tema de las bonificaciones. Más improvisación y, sobre todo, peor uso de los recursos públicos es imposible. El marasmo de la normativa de contratación y bonificaciones la convierte en estéril. Las pymes y los autónomos no son capaces hoy de gestionar este mejunje normativo en que ustedes han convertido la legislación de contratación y cotizaciones. Creo que ni usted, señora ministra, ni nadie de su ministerio serían capaces de explicarlo en estos momentos en unos apuntes.

En relación con las medidas fiscales, nos presentan de nuevo una memoria llena de trampas, como cuando calculan en 50.000 los beneficiarios de la reducción del impuesto sobre sociedades para nuevas empresas, cuando los datos de estos últimos años demuestran que, a duras penas, las empresas de nueva creación llegan a las 5.000 anuales. Sus medidas en esta materia, además de poco relevantes, no dejan de ser más que un placebo. Ustedes presentan de manera muy positiva la reducción del tributo del impuesto sobre sociedades hasta el 15 % o el 20 %. Déjenme que les diga que ese no es el problema, con un impuesto sobre sociedades que en estos momentos produce la siguiente ineficiencia: que el tipo real de las grandes empresas y entidades financieras está en el 5 % o menos, mientras que el tipo real de las pymes, que supuestamente tienen un tipo menor que las grandes empresas, está situado en el 23 % de media. Eso es lo que esperamos que traiga urgentemente su Gobierno a este Congreso, una reforma fiscal en profundidad que incluya la reforma del impuesto sobre sociedades y que acabe con la mayor parte de las deducciones fiscales, que no son sino triquiñuelas al servicio de las grandes corporaciones. Si ustedes lo hicieran, eso permitiría mantener o incluso aumentar la recaudación del impuesto sobre sociedades y hacerla más justa para las pymes. Mientras, todo lo demás son placebos.

Discrepamos abiertamente del nuevo contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. Creemos, y se lo demostramos en el debate de la reforma laboral, que hay que adoptar formas flexibles para la contratación de jóvenes sin formación y con especiales dificultades, pero creemos también que la figura que usted nos presenta no establece garantías de empleo ni de formación para los jóvenes y sí muchos riesgos de ser la puerta de entrada a los microjobs, es decir, menos que a los minijobs, que es lo que ustedes nos proponen crear en estos momentos.

Quiero destacar que este decreto-ley es la continuidad de su reforma laboral en ese aspecto, una reforma laboral que permite barbaridades que se están dando hoy en algunas empresas, por ejemplo grandes almacenes. Es el caso concreto de Carrefour, que está contratando jóvenes a jornada completa por 480 euros mensuales brutos. Eso no era posible antes y solo es posible con su maldita reforma laboral. Señora ministra, ahora ustedes además a eso le añaden la posibilidad incluso de bonificar hasta el 75 % y el cien por cien de las cotizaciones en estos casos. Con este nuevo contrato a tiempo parcial el Gobierno lanza un mensaje muy nítido a los empresarios: tienen a su disposición una masa ingente de jóvenes para que sean contratados cuanto más en precario mejor. Y a los jóvenes les dicen que, si quieren trabajar, tienen que adaptarse a esos microjobs, y no por poco tiempo, sino mientras el desempleo no baje del 15 %, o sea, desgraciadamente, lo mismo que durante algunas generaciones de jóvenes. Señora ministra, recuerde el impacto que medidas de esta naturaleza han tenido en otros países como Alemania, donde hoy hay ocho millones de personas que, a pesar de tener trabajo, están en el umbral de la pobreza, dentro de la pobreza, 7,4 millones de trabajadores y trabajadoras con salarios de 450 euros al mes. Ese no es el camino.

Nos presentan ustedes medidas de incentivo del empleo joven que son cambios estructurales en la legislación laboral orientados a reducir la protección de los trabajadores y aumentar su precariedad. Ustedes de nuevo utilizan el eufemismo, y lo llaman flexibilización cuando es precariedad y desregulación pura y dura. Hoy de nuevo usted ha utilizado no solo el eufemismo, sino la instrumentalización, por decirlo


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en palabras suaves, Pero es que ayer usted en este mismo Congreso, en respuesta a nuestra interpelación, sobrepasó todos los límites, y tengo que decírselo. Ni los pensadores que más han analizado la mendacidad como arma política, desde Platón, San Agustín, Maquiavelo o Popper, serían capaces de explicar su irresistible tendencia a la mendacidad. Ayer tuvo usted -permítame que se lo diga claro; con respeto, pero claro- la desfachatez política de reivindicar el acuerdo firmado a principios del año 2012 entre sindicatos y patronales, ese mismo acuerdo que ustedes dinamitaron con la reforma laboral, ese mismo acuerdo que le han dicho varias veces los sindicatos que ustedes se han cargado porque justo era el acuerdo que establecía el equilibrio entre flexibilidad negociada y no desregulación. Justo es lo que ustedes se han cargado, y encima se permite el lujo de hacer ostentación de ello.

Su Gobierno se plantea en estos momentos propuestas y dice que afectan al famoso pacto de rentas. Ustedes no proponen a la sociedad española un pacto de rentas. Ustedes han decidido que sean los trabajadores los que carguen con el ajuste económico en exclusiva, vía facilidades para la destrucción de empleo en su reforma laboral, vía reducción de salarios, y desgraciadamente lo están consiguiendo. Ese es el único éxito de su reforma laboral. Para eso han puesto toda la artillería de su Gobierno al servicio de una brusca e intensa bajada de salarios, sin que además eso esté revirtiendo en lo que, según ustedes, era el objetivo de la reforma, que es la creación de empleo. En este país, señora ministra, lo único que ha crecido en los quince meses de su Gobierno es el desempleo, la desigualdad social y la pobreza.

¿Han visto ustedes los datos de 2012? La caída de la remuneración de los asalariados es la más grande desde que existe serie histórica. Desde que empezó la crisis, las rentas empresariales continúan creciendo, poco, pero crecen. En cambio, las rentas del trabajo siguen en caída libre y acumulan un descenso en términos reales del 15 %. Señora ministra, además, con este decreto-ley están ustedes aprovechando de nuevo, como hacen desde hace quince meses, la crisis de manera oportunista y como coartada para su agenda oculta. Su decreto-ley ofrece una nueva oportunidad de negocio a las empresas de trabajo temporal a cambio de más precariedad para compensarles la caída de su negocio como prestamistas de trabajadores. Facilitan la privatización aun más importante de sistemas de intermediación que ya incorporaron ustedes en la reforma laboral. Han creado ustedes mecanismos para que los empresarios que se quejan del sector público, pero terminan siendo parásitos de esas administraciones públicas, puedan aprovecharse de esa privatización sin aportar ni una sola razón que explique la supuesta virtud de encargar a grupos privados funciones de asesoramiento e intermediación en el mercado de trabajo. Además, aunque usted diga que no, mi opinión, ya lo podemos discutir, es que las medidas presentadas como eficiencia en la gestión de los flujos de empleo también van orientadas a recentralizar esas políticas de empleo.

Señora ministra, nuestra mayor discrepancia no son esas cuestiones muy importantes, nuestra mayor discrepancia tiene que ver con la orientación que están adoptando sus políticas de empleo. Ayer usted nos pedía compromiso y alternativas. Discúlpeme, se las hemos dado muchas veces, pero, como usted no escucha y solo papagayea, se las repetiremos de nuevo, cuatro ejes y una idea. La idea es que la mejor política de empleo que pueden ustedes adoptar es acabar con la estrategia de austeridad salvaje y suicida, porque eso es lo que impide crear empleo y lo que provoca desempleo, destrucción de empleo. Los ejes, se los hemos dicho, pero se los repetimos: contribuir a reactivar la demanda interna dejando de presionar a la baja los salarios y pensiones, o sea, el poder adquisitivo de la mayoría. El empobrecimiento de los trabajadores no es la solución, es la ruina del país. Segundo eje: facilitar el crédito a las pymes. Lo que las pymes necesitan no son bonificaciones y trabajadores precarios, lo que necesitan es financiación y exportar y crecer, porque los trabajadores precarios no son ni más ni menos que trabajadores sin capacidad para permitir que esas pymes puedan vender en el mercado interno. Tercer eje: reactivar el consumo público, especialmente el dirigido a garantizar derechos sociales y financiarlos no como usted nos imputa falazmente, creando más endeudamiento -se lo hemos propuesto varias veces-, sino abordando la batalla del fraude, la evasión y la elusión fiscal. Lo que tienen ustedes que llevar ya en esa famosa agenda reformista es lo que prometió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y que aún no ha hecho, que es una reforma fiscal para que dejen de ser los salarios los que aporten el esfuerzo fiscal de este país y para que de una vez por todas sean esos sectores sociales, los más ricos hoy que cuando comenzó la crisis, los que paguen sus impuestos. Claro que eso significa meterse con los poderosos, y eso es pedirles a ustedes muchas cosas. En materia laboral, pedimos clarísimamente la derogación de una reforma laboral que solo ha servido para facilitar más el despido y para presionar a la baja los salarios, y que aprobemos una cosa que ustedes rechazaron, el contenido de la iniciativa popular presentada por los sindicatos de este país.


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Señora ministra, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué curiosa circunstancia las empresas que mejor aguantan la crisis, que son las empresas exportadoras, no son las que tienen los trabajadores más precarios, sino las que tienen más estabilidad, más formación y mejores salarios? ¿Se han dado cuenta ustedes de que con esa bajada de salarios no mejoran la competitividad de nadie, sino que lo único que hacen es hundir el consumo interno y, por lo tanto, el empleo del 75 % de las empresas de este país? Ya sé que estas propuestas a ustedes no les gustan, pero, por favor, no vuelva a decir que nuestro grupo no ha presentado en esta Cámara propuestas alternativas y, sobre todo, no vuelva a situarnos en el terreno estrictamente de la descalificación.

Ustedes hoy gráficamente lo que nos proponen es que les demos un cheque en blanco a favor de unas políticas para taponar con tiritas las hemorragias que en el empleo están provocando sus recortes a golpe de motosierra. Ustedes nos están proponiendo eso literalmente, esa es la imagen gráfica. Déjeme que le diga una cosa: ¿sabe cómo define sus políticas el sociólogo Ulrich Beck, de la London School? Las define con estas palabras, creo que es imposible encontrar mejor definición. En relación con la condición del emprendimiento y el autoempleo, dice: Ya ha pasado el tiempo en que los empresarios eran empresarios y los trabajadores, trabajadores. Ahora, en el capitalismo del ego ha surgido la nueva figura social del empresario de sí mismo, es decir, el empresario que descarga la coerción de explotación y autoopresión sobre sí mismo, que tiene que aceptar con entusiasmo esta situación, porque ese es el hombre nuevo que ha nacido en el mundo feliz del trabajo de hoy. El emprendedor, el empresario de sí mismo, acaba siendo el cubo de la basura de los problemas irresueltos de todas las instituciones. Cierro la cita. Le voy a presentar una enmienda para que ese sea el contenido de la exposición de motivos de su decreto-ley, porque es quien de verdad mejor lo explica.

Termino, señora ministra, con una referencia parcial a alguna de las otras cuatro materias que contiene esta ley de acompañamiento, vestida y camuflada de decreto-ley. En relación con el sector ferroviario, parece que sus objetivos van a preparar la posible y futura privatización y troceamiento de ADIF, como antes han hecho con otros servicios públicos. Deje, por favor, de confundir a la ciudadanía y llamen a las cosas por su nombre. Liberalización es una cosa; privatización es otra. Lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en el sector energético. Lo presentaron ustedes como liberalización. Al final, ha terminado siendo un monopolio de cuatro grandes corporaciones. Le adelantamos desde este momento nuestra oposición a ese camino. Tenemos suficientes experiencias propias e internacionales para saber lo que sucede cuando se empieza ese camino. Lo que sucede es que el objetivo básico de un servicio como el ferroviario, que es garantizar la movilidad cotidiana a los ciudadanos, la seguridad, la rapidez y el confort, son sustituidos por el de rentabilidad y los beneficios privados. Cuando eso sucede, el resultado es negocio para unos pocos, caída del servicio y de la seguridad para la mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, un mayor coste público cuando se trata después de pasar a rescatar ese servicio ferroviario. Lo hemos visto en algunos países y ustedes parece que están empeñados en copiar las peores experiencias.

En relación con el apartado de hidrocarburos, cualquier parecido entre lo que dice la exposición de motivos y el contenido del decreto-ley es pura coincidencia, como nos tienen ustedes habituados. La rebaja de los objetivos en relación con el sector de biocarburantes es un nuevo retroceso en la implantación de las energías renovables y puede ser el golpe definitivo a este sector que está sufriendo, una vez detrás de otra, las agresiones del Gobierno, un sector de biocarburantes que además tiene la virtud de tener empresas de tamaño mediano y propio de nuestro país. Tienen ustedes una manera muy peculiar de incentivar el empleo poniendo en riesgo el futuro de 20 empresas y 1.800 puestos de trabajo. Y todo ello, además, en nombre de una supuesta mejora de la competencia en el sector minorista de hidrocarburos. No es en el sector minorista de hidrocarburos donde hay que meter la mano. Ustedes están ignorando una buena parte de las propuestas de la Comisión Nacional de la Competencia, porque para hacerles caso tienen que ir a donde de verdad está el problema, a donde está el problema de la falsificación de los precios de las gasolinas el lunes, o donde está el problema, que es la falsificación del precio de la gasolina durante el mes de noviembre artificialmente. No se lo decimos nosotros. Se lo dice gente tan poco sospechosa para ustedes como puede ser la gente de Fedea en su blog Nada es gratis, que les ha dejado literalmente con el culo al aire en relación con esos planteamientos. Dejen ustedes de ignorar deliberadamente que eso es un problema del sector minorista, ese es el problema provocado precisamente por otra de sus políticas de liberalizaciones que nos ha llevado a una situación de oligopolio de cuatro grandes corporaciones que controlan toda la comercialización. Por cierto, es lo que desgraciadamente va a pasar posiblemente con el sector financiero, como consecuencia de las políticas de ajuste de esta crisis.


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Señora ministra, como usted puede ver hay muchas y poderosas razones que nos llevan a votar en contra de la convalidación. Ni tan siquiera la presentación como proyecto de ley nos va a hacer cambiar de voto, porque usted nos ha demostrado que su capacidad de absorber las propuestas de los otros grupos es mínima. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Le pido, por una vez y rompiendo sus hábitos, que esta vez se digne darnos respuesta y rebatirnos nuestros argumentos. Y si es posible con argumentos y no con falsedades y manipulación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.

En fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto. Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Cuando me planteaba empezar a escribir sobre este decreto me salían dos conceptos muy parecidos: ensalada multicolor o helado tutti-frutti, porque este es un decreto multicolor y tutti-frutti. Se habla de emprendedores, de empleo juvenil, de entidades locales, de trenes y de gasolineras y lo despacharemos, como viene siendo habitual en ustedes, en un par de horas como mucho. Ese es el respeto que le tienen ustedes a esta Cámara. ¿Por qué Compromís-Equo votará en contra de este decreto? Porque nos sumamos al rechazo de las medidas de precarización del empleo joven que impone este Gobierno. Sus medidas incrementan los problemas del empleo joven: alta temporalidad, baja empleabilidad e inmenso desempleo. Vuelven a hablar de flexibilidad cuando se refieren a precarizar y a cobrar menos. Es la famosa receta que propugnaba el señor Rajoy mientras se subía casi un 30 % su salario en un alarde de hipocresía mayúscula.

Que las ETT puedan suscribir contratos de formación es un absoluto despropósito; es sencillamente contrario a la lógica de una ETT. ¿Qué formación recibe un trabajador que está dos días en una empresa y cuatro días en otra? Un trabajador que encima cobra ya menos sueldo, porque parte se lo lleva la ETT, y que ahora cobrará aún menos por tener un contrato de formación. Ustedes están abaratando costes salariales a los más débiles, a los que tienen la relación laboral más precaria, trabajadores temporales de una empresa dedicada al empleo temporal, la ETT. Los estímulos a la contratación con bonificaciones se dirigen a la contratación temporal y no a la indefinida, eso después de decir en campaña, una y otra vez, que iban a incentivar la contratación indefinida. Con este panorama uno se pregunta: ¿Es esta su varita mágica? Después de facilitar los ERE y despidos, ¿ahora precarizar más el empleo juvenil es su receta?

Pero este decreto contiene más desastres que no han pasado desapercibidos. La norma acelera pasar a la empresa ADIF las líneas y estaciones de titularidad del Estado para precipitar la privatización de las líneas más rentables. Con su privatización prevista de Renfe, AENA, Puertos del Estado, Paradores, Loterías y Apuestas del Estado van a ingresar pan para hoy y hambre para siempre. Están vaciando el Estado de la capacidad de generar recursos. La desaparición del ferrocarril público es un paso atrás en el transporte colectivo y ecológico, en el Estado del bienestar y en la vertebración del territorio.

En definitiva, porque no me queda más tiempo, es una ensalada multicolor que no podemos refrendar con nuestro voto, porque, si realmente quieren apoyar al emprendedor y crear empleo, deben empezar a hablar de medidas para acceder a la financiación de las empresas, de las familias, de los autónomos y de las pymes. Pero ahí, claro, con la banca hemos topado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, bajo un falso argumento de creación de empleo juvenil y de apoyo a emprendedores usted hoy nos trae un real decreto-ley que realmente es un totum revolutum en el que hay muchas medidas de extrema gravedad para la mayoría social de este Estado. Ya lo hemos manifestado en más de una ocasión, el Bloque Nacionalista Galego no puede votar a favor de ninguna medida relacionada con la liberalización del transporte ferroviario y nos preocupa muchísimo, señora ministra, las medidas que ustedes toman para que los fondos de pensiones o valores de seguros puedan cotizar en Bolsa o en capital de riesgo. ¿Esto qué puede significar? ¿Que dentro de unos años nos vamos a encontrar con personas en edad de jubilación en la misma situación en la que hoy se encuentran los afectados por las preferentes? ¿Esto es lo que nos está ofreciendo hoy la ministra en relación con este asunto? ¿Y qué


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vamos a decir de las medidas relacionadas con incentivar el empleo juvenil y los emprendedores? ¿Realmente son medidas destinadas a incrementar el empleo juvenil o son medidas destinadas a aumentar la plusvalía del capital? Porque nosotros lo que hemos visto aquí es una dirección en la contratación de las personas jóvenes, e incluso aquellas paradas de larga duración, que realmente es una contratación precaria. Se les da a las oficinas privadas de empleo unas potestades que nosotros no podemos compartir. Luego hay algo, señora ministra, que desde ningún punto de vista el Bloque Nacionalista Galego puede apoyar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva durante muchísimos años, no estamos de acuerdo en absoluto conque se carguen a la Seguridad Social los beneficios o bonificaciones que el Gobierno quiere hacerles a los empresarios para la contratación. En un momento de situación difícil de la Seguridad Social porque hay menos trabajadores cotizando no podemos hacerle este cargo. No creemos, señora ministra, que usted nos vaya a garantizar que en la tramitación parlamentaria se pueda incorporar a este real decreto, en su momento proyecto de ley, que el Gobierno destine una partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para transferir a la Seguridad Social para que se haga cargo de esta disminución de ingresos en la Seguridad Social por las bonificaciones que ustedes traen en este real decreto. No creemos, señora ministra, que usted vaya a garantizarnos eso.

Por estas razones, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de este real decreto-ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley porque, a pesar de nuestra incredulidad en relación con algunos asuntos, vamos a presentar nuestras enmiendas para procurar que esta ley sea favorable para las arcas de la Seguridad Social y para la contratación de jóvenes. Señora ministra, revisen lo que ustedes están planteando aquí para los fondos de pensiones porque podemos llegar a encontrarnos con otros nuevos estafados. Hoy con las preferentes y mañana con los pensionistas que no pueden cobrar ese fondo que fueron pagando durante muchos años. Repito, señora ministra, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de este real decreto-ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, otro real decreto. Lo cierto es que, a diferencia de otros anteriores, acepta tramitarlo como proyecto de ley. De hecho, no sabemos si serán muy receptivos a las enmiendas, los precedentes no nos hacen ser demasiado optimistas, pero esta vez lo aceptan. Tampoco creo que ayude que este real decreto sea un totum revolutum y se incorporen en él medidas de todo tipo, algunas de las cuales no casan entre sí. Sí quisiéramos destacar todo aquello que afecta al ámbito de su gestión. Hablar del sector ferroviario y del sector de hidrocarburos considero que no ayuda a mejorar la técnica parlamentaria. Me pregunto a qué Comisión irá este proyecto de ley, lo desconozco.

¿El problema grave cuál es? El problema es la política de su Gobierno y la política laboral de su ministerio. De hecho, nos ha llevado a una situación perversa, nos han situado a nosotros, a la oposición, y también a la sociedad en una dialéctica perversa, nos han situado entre el paro o la precariedad: si no queréis el desastre, tenéis que aceptar hablar de precariedades. Bien, la verdad es que estamos ante un cul de sac. Yo no escondo que el gran problema es nuestra posición absolutamente antagónica con respecto a su política económica y laboral. Fíjese lo que nos encontramos: Telefónica, con millones y millones de beneficios, 6.500 despidos. Incluso una marca internacional tan importante como Telefónica se ha convertido en un icono de lo que pasará y ya está pasando, que es despedir a los trabajadores porque están enfermos, como ha ocurrido con un desgraciadamente famoso ciudadano llamado Marcos que ha sido despedido por estar de baja médica.

Yo no le digo que no haya algunas medidas de su real decreto que no sean interesantes, por supuesto que las hay, ¿cómo vamos a ignorarlo, si es el gran problema que tiene esta sociedad? De hecho, es el Estado de Europa que tiene más jóvenes sin empleo. Es cierto. Ahora bien, admítame que tenemos que hacer un acto casi de rendición al aceptar que el debate se sitúe en el escenario de las precariedades. Bien, hago el esfuerzo y me sitúo en este ámbito, en este nivel tan difícil de aceptar, el de negociar las precariedades. Fíjese, nosotros llevamos años, muchos años, defendiendo los contratos que permitan aterrizar a los jóvenes en el mundo laboral, en el mercado laboral, y la verdad es que nunca hemos conseguido dignificar un verdadero contrato formativo para los jóvenes, en los mejores momentos no se alcanzó más del 10 % de todos los contratos que se formalizaban destinados a los jóvenes, y ahora ustedes pretenden colarnos por la puerta de atrás los minijobs, y me pregunto, ¿dónde están los recursos


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para controlar que esta compatibilización entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo no sea la gran derrota de los jóvenes de ahora, convertidos en esclavos dentro de unos años, cuando ya no sean jóvenes? ¿Dónde está la garantía de que la Administración velará para que esto no sea el caballo de Troya de los grandes desastres? ¿Dónde está? O, por ejemplo, ¿usted estará dispuesta a aceptar enmiendas nuestras -no sé si subirá a la tribuna y me contestará- para estimular -y no lo hacen las cuotas planas, sino las cuotas proporcionales- que los empresarios estén interesados en pagar mejor a los jóvenes, y ciertamente, si pagan mejor a los jóvenes, poder también bonificar mejor sus ofertas de contratación? Y, por supuesto, suba aquí y díganos de dónde saldrá el dinero. Sabemos que usted anunció que la Unión Europea destinaba dinero para este programa, diga dónde esta ese dinero, porque no vale endosarlo todo a la Seguridad Social. La compañera Olaia Fernández Davila ha dado en el clavo, de hecho yo pensaba decir lo mismo, díganos, por favor, que no hay ningún conejo en la chistera.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

A continuación, el señor Cuadra tiene la palabra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, un previo. Esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia declarando abusiva e ilegal la normativa española sobre desahucios que permite que las familias que no pueden pagar una hipoteca puedan quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Aprovechando que está aquí la señora ministra, quiero enviarle una pregunta al Gobierno: ¿qué es lo que piensa ahora el Gobierno en relación con los distintos suicidios que se han producido por esta causa por toda la geografía española? En su día califiqué esto como una política potencialmente criminal. Lo dejamos ahí. En cualquier caso, ¿tiene algún otro adjetivo para calificar esto?

Y empiezo con lo de hoy. Ya se ha señalado un poco que para el Gobierno está de moda la palabra emprendedores. Existe una cierta tendencia a buscar conceptos de márquetin para ocultar lo que son realidades sociales y conflictos que vive nuestra sociedad, se habla así de emprendedores, se habla de empleadores para designar a empresarios y patronos, cuando la realidad social lo que indica es que en vez de emplear a alguien lo que están haciendo es destruir empleos por cientos de miles, y se habla también de regularizaciones fiscales, cuando lo que estamos viendo son amnistías para defraudadores, chorizos y delincuentes. Pero, entrando al tema de los emprendedores, lo primero que tendríamos que decir es que la política y la situación social y de paro que existe en este Estado no se soluciona, ni siquiera en modo pequeño, a través de estas medidas que nos trae el Gobierno. Lo que debería hacerse, sobre todo, es un cambio radical en todo lo que es la política presupuestaria. Por ejemplo, es una pista que decenas de miles de millones de euros que se están dedicando al pago de intereses de una deuda pública que en un 50 % al menos puede calificarse de inmoral e ilícita se dedicaran a la realización de políticas de creación de empleo directo o de apoyo a la pequeña y mediana empresa para que realmente puedan desarrollar proyectos, en vez de estar recortando -como se ha hecho en estos dos últimos años- las partidas presupuestarias dedicadas a la creación de empleo.

De todas formas, lo cortés no quita lo valiente. Quiero expresar al Gobierno mi agradecimiento por el gran trabajo que está haciendo en materia de emprendimiento. Realmente cientos de miles de inmigrantes están hoy emprendiendo el camino de vuelta a casa; cientos de miles de mujeres despedidas están emprendiendo la vuelta al hogar, al trabajo doméstico, a los cuidados; cientos de miles de jóvenes están emprendiendo el camino de la emigración (Aplausos de la señora Ortiz Castellví). Este es un mérito tremendo que hay que reconocerle a este Gobierno; lo cortés no quita lo valiente, señora ministra.

En cualquier caso, quiero hacer referencia a lo que se destila de este decreto-ley, de la política y del verbo que ustedes tienen, porque a los jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, en paro, en una situación precaria, les hacen ver que son ellos los culpables de su situación y que no encuentran empleo porque no hacen suficientes cursos de formación, no saben inglés, no saben informática y porque no son lo suficientemente brillantes para desarrollar negocios inteligentes que abran brecha en el mercado. Un día tras otro, uno tras otro, utilizan este mensaje para culpabilizar a la gente parada de su situación y ocultar que realmente es la patronal, la CEOE, y el Gobierno que está a su servicio y que le hace la ola, y que es esta política del Gobierno la que está creado esta situación. Esto es importante señalarlo.

En relación con el empleo joven, es evidente -todo el mundo lo sabe-, el 54 % de la juventud se encuentra en el paro y el 46 % restante se encuentra en una situación de precariedad permanente, son becarios, tienen un contrato en prácticas, de formación, temporal, etcétera. Esto es suministrar hoy en día carne fresca a los empresarios para que puedan contratar mano de obra barata, subvencionada además


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por este y otros decretos, mano de obra atomizada porque en esta situación no se pueden organizar sindicalmente ni de ninguna manera. Es muy importante señalar esto. Pero bastante peor que esto es situar a todos estos millones ya de jóvenes en un marco de indefensión y su sumisión que yo calificaría, poniendo el ejemplo de la mili, como una especie de servicio precario obligatorio que va hasta los 35 años, a través del cual se pretende domesticar fuertemente, incluso cambiar genéticamente la forma de ser de toda esta juventud para que después pueda ser admitida en esas empresas y en un mercado de trabajo de una forma más dócil y que pueda ser más servil, más manejable. Esto es, en definitiva, lo que se está haciendo con este servicio precario de quince años al que se está sometiendo hoy a toda la juventud. Hacen falta emprendedores, sí, pero yo diría que lo que hace falta es que haya muchos emprendedores que la emprendan a tortas sociales, porque la situación a la que estamos llegando es tremendamente grave y muy extrema.

Y termino. Ayer todos los grupos de izquierda tuvimos una reunión con unos miembros del comité de empresa de Telefónica de Barcelona. Vinieron aquí a contarnos el caso de un despido de un delegado que, por el mero hecho de estar de baja médica, había sido despedido. Tenía dos sentencias en las cuales se declaró que este despido era antisindical y anticonstitucional y, a pesar de todo, está en la calle porque Telefónica ha hecho uso del poder de dejarlo en la calle. Me quedé con una frase que dijeron ellos y que están utilizando; decían: en Telefónica hay dinero para rato, porque había conseguido unos beneficios de más de 1.000 millones este año. Hay dinero para rato, sí, pero para don Rodrigo Rato, que es el que se está llevando todos estos dineros en esos contratos que le han hecho para ser asesor. Por eso, readmisión para Marcos y despido para Rato, el banquero incompetente y manirroto.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cuadra.

Grupo Parlamentario Vasco. Señor Azpiazu, tiene la palabra.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, señora ministra de Empleo y Seguridad Social, el hecho de que sean seis ministros y ministras los firmantes de este real decreto-ley nos da una idea de la naturaleza del mismo. El título es sugerente puesto que se refiere a las medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y la creación de empleo. Pero el contenido es variopinto y muchas de las actuaciones nada tienen que ver con el objeto de la iniciativa. Siguiendo no el espíritu reformador, que es necesario, sino la obsesión por adoptar medidas y más medidas, sean del carácter que sean, y ponerles la etiqueta de reforma para el crecimiento y el empleo, esta es una manera de proceder del Gobierno que a nosotros no nos parece adecuada. De esta forma, los reales decreto-ley se convierten en un popurrí de cosas, en un cajón de sastre cuyos contenidos heterogéneos son difíciles de justificar, tanto por la falta de coherencia de muchas de las medidas como por la urgencia a la que se apela para aprobarlos como real decreto-ley, evitando el debate, el acuerdo y la confrontación política. No son cosas de la crisis, señora ministra, sino más bien cosas de la mayoría absoluta. El real decreto-ley está ya en vigor y poco vale lo que digamos ahora. Nosotros pedimos que se tramite como proyecto de ley, usted lo ha anunciado y eso nos parece favorable, positivo, y trataremos de utilizar esa tramitación para corregir los aspectos importantes o aspectos que, a nuestro juicio, se han de modificar.

Para empezar con cierto orden, quisiera señalar que compartimos seguramente con todos los grupos de la Cámara la urgente necesidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo, en especial de aquellos que, como los jóvenes, lo tienen realmente difícil. No es y no debe ser aceptable ni económica ni social ni políticamente que más de la mitad de los jóvenes menores de 30 años estén en paro. Esto no ocurre en ningún país que pretenda ser considerado desarrollado. Créanme que estamos muy concienciados y preocupados por el futuro laboral de muchos, muchísimos jóvenes que hoy apenas tienen posibilidades de trabajar y, lo que es peor, tampoco lo tienen en un horizonte más o menos razonable. Son jóvenes, gran parte de ellos muy bien formados, que corren el riesgo de sufrir una severa descapitalización, echando por la borda una formación financiada con los impuestos de todos los ciudadanos. Creo, pues, que tenemos una responsabilidad y debemos para ello buscar soluciones eficaces al respecto.

Por otro lado -y en el mejor de los casos diría yo-, hay jóvenes, cada vez más, que buscan el empleo en el extranjero, aunque sean minijobs, que no son otra cosa que bigjobs y miniwatches, es decir, mucho trabajo y poco dinero, lo que significa que trabajan a bajo coste pero incrementan el PIB de otros países. Por no hablar de los problemas que la falta de empleo genera; problemas para su entorno familiar, para sus amigos y sobre todo problemas que se derivan de la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Por lo tanto, todas las medidas y actuaciones fiscales y tributarias en el ámbito de la Seguridad


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Social y los incentivos a las empresas para la contratación de jóvenes para incentivar el autoempleo, etcétera, en definitiva, para crear empleo, sean bienvenidas. He de decir también que hay cosas que no nos gustan porque significan una mayor precarización de una mano de obra joven que sufre jornadas intensas y jornales ridículos. Nos parece excesivo, por ejemplo, que se posibiliten los contratos en prácticas para menores de 30 años aunque hayan transcurrido cinco años desde la financiación de los estudios. Da la sensación de que lo que importa es que las empresas tengan mano de obra cualificada a bajo coste más que ofrecer una solución laboral a los jóvenes. Empleo para los jóvenes sí, pero empleo digno, con un salario digno, evitando explotaciones y abusos. La economía no debe ganar en competitividad por la vía de reducir hasta el ridículo los salarios a jóvenes cuya productividad en general es más elevada que la media.

Como ejemplo de la dispersión, señora ministra, y de la diversidad de contenidos, en el título III del real decreto-ley se amplía una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas, tal y como usted ha explicado esta mañana. La idea de las medidas nos parece bien, aunque dudemos de su encaje en este real decreto-ley. Lo que no nos parece ni medio bien es que en el real decreto-ley se pretenda ampliar el objeto del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 febrero, de manera que puedan incluirse las entidades locales del País Vasco y Navarra. Como usted sabe, el Real Decreto-ley 4/2012 excluye expresamente a las entidades locales del País Vasco y Navarra, y lo hace no por capricho sino porque la tutela financiera y la financiación de dichas entidades locales es ajena, nada tiene que ver con la Administración General del Estado, está en manos de las diputaciones de los territorios históricos. Ahora, un triple salto mortal jurídico intenta incluirlos y para ello se señala -y esto es literal- a las entidades locales del País Vasco y Navarra que están incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado. Señora ministra, las entidades locales de Euskadi nada tienen que ver con el modelo de participación en tributos del Estado. Sus recursos provienen exclusivamente de las diputaciones forales y del Gobierno foral navarro. Si existe alguna participación en tributos del Estado es absolutamente marginal e irrelevante para el tema que estamos tratando. Además, se señala también en el artículo 21 que para ello tendrán que suscribir previamente los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las diputaciones forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra. Señora ministra, un enredo más, una confusión más. Las cuestiones financieras y tributarias entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la comunidad Foral de Navarra se dilucidan -según el concierto económico y el convenio- en el marco de la Comisión mixta bilateral de concierto o de convenios respectivas. No creen ustedes órganos virtuales para solucionar problemas inexistentes. En la Comunidad Autónoma de Euskadi -y seguro que en Nafarroa también- ya resolveremos como consideremos oportuno, si es preciso hacerlo, el tema del pago a proveedores por parte de las entidades locales. Este es un tema que es preciso corregir por legalidad y por sensatez cuando se tramite como proyecto de ley. Para nuestro grupo parlamentario -como bien sabe el Gobierno y usted también, señora ministra- esta es una auténtica línea roja.

Otras dos cuestiones orientadas directamente al apoyo al emprendedor y a la creación de empleo -y lo digo, por supuesto, entre comillas- son las relativas a la denominada racionalización del sector ferroviario y a la defensa de la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción. Quisiera señalar al respecto que responsables de CLH explicaron hace unos pocos días y con argumentos comprensibles que la Comisión Nacional de Competencia había errado claramente en los informes que ahora parece utilizar el Gobierno para legislar. Lo único que quiero decirle, señora ministra, en este sentido es que el Gobierno debería considerar la posibilidad de lo que estoy aquí planteando para no meter la pata por segunda vez.

Además de las cuestiones que les he comentado, desde el Grupo Vasco quisiera realizar una reflexión de carácter general y competencial que tendremos muy en cuenta cuando debatamos las enmiendas que vamos a presentar a este real decreto-ley cuando se tramite como proyecto de ley. Creemos sinceramente que, a pesar de ser un real decreto-ley bienintencionado puesto que fundamentalmente pretende impulsar la creación de empleo para los jóvenes, esta política no puede ser eficaz si se implementa al margen de otras medidas y de otras instituciones, como son las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de empleo, en materia de industria o en materia de promoción económica. Sin apoyo, sin coordinación y sin respeto y consideración de los marcos competenciales algunas medidas pueden quedarse en agua de borrajas, ser incluso muy costosas y muy poco eficientes. Sé que este Gobierno tiene la tentación de actuar como si estuviera solo y como si lo pudiera arreglar todo al margen de las reglas del juego. Pues no, señores del Gobierno, no pueden y, además, no deben. Desde el punto de vista


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competencial nos preocupa -y por ello lo miraremos con cautela en el futuro, amén de la cuestión comentada ya sobre el pago a proveedores- la utilización de las bonificaciones a la Seguridad Social como instrumento de apoyo al empleo. Como saben, estas bonificaciones están, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, transferidas junto al resto de las políticas activas, y no quisiéramos que se produjeran intromisiones competenciales, ilegalidades ni nada parecido.

A pesar de las críticas que planteamos desde el Grupo Vasco al real decreto-ley que hoy debatimos y votamos, queremos darle un margen de confianza, señora ministra, no votando en contra de su convalidación, y lo haremos porque nos parece muy importante que se ayude a los jóvenes a buscar empleo aunque se pueda hacer mejor, y lo haremos también en la confianza de que en el trámite parlamentario podamos corregir aquellas cuestiones que para nosotros son cruciales: el tema de las bonificaciones y el de la ampliación en el ámbito del pago a proveedores. Hoy nos abstendremos en la votación y les adelantamos desde ahora que votaremos en contra en el caso de que los temas que estoy planteando no se resuelvan de una manera satisfactoria para nuestro grupo parlamentario.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, según avanza la legislatura resulta curioso comprobar cómo algunas actuaciones de este Gobierno se van pareciendo cada vez más a las actuaciones del anterior Gobierno socialista. Una característica de los Gobiernos del señor Zapatero era aplicar un gran número de medidas, centenares, miles de medidas, para resolver los problemas, pero preocupándose mucho más por su efecto mediático que por su efecto económico. Da la sensación de que es eso exactamente lo que sucede con este real decreto, que se aplican muchas medidas de un dudoso efecto económico pero que seguramente ya han logrado su objetivo y han tenido un efecto mediático, que fue desviar la atención en el debate del estado de la Nación para que en vez de hablar de los 850.000 empleos que se perdieron en su primer año de gestión, hablásemos de todo este conjunto de medidas de dudoso impacto y hablásemos de unas predicciones de futuro de salida de la crisis que todavía están por comprobarse. Las consecuencias de esta manera de proceder también afectan a los procedimientos legislativos, que se convierten en caóticos, porque, por un lado, tenemos una serie de leyes de emprendedores autonómicas que tienen diferentes comunidades autónomas, varias de ellas del Partido Popular, con diferentes enfoques a veces, aunque sean leyes de emprendedores del mismo partido; tenemos también una ley de emprendedores estatal pendiente de aprobación y una estrategia de emprendimiento. Todo esto se mezcla con las medidas del real decreto que anticipan alguna de estas cuestiones, generando un auténtico caos legislativo que hace difícil el debate ordenado y el sentido del voto, como señalaba el señor Coscubiela y hemos señalado también nosotros en diferentes ocasiones; son reales decretos difíciles de debatir ordenadamente y es difícil dar un sentido coherente al voto porque se mezclan todo tipo de cuestiones.

Intentando distinguir los diferentes bloques de medidas, un primer bloque, como usted señalaba, tiene que ver con favorecer el emprendimiento en los jóvenes menores de 30 años, intentar que salgan del paro iniciando sus propias actividades, lo que nos parece desde luego una buena idea, una alternativa a la salida del paro de nuestros jóvenes tan necesaria. En este enfoque de favorecer el emprendimiento de los jóvenes se plantean cuatro medidas diferentes, la primera es la medida estrella, la famosa tarifa plana de 50 euros en la Seguridad Social para nuevos autónomos durante seis meses. Aquí la duda que tenemos son las cifras que usted nos plantea, porque nos parece que están un tanto sobredimensionadas. A nosotros nos parece que esta es una medida interesante pero de pequeño impacto, porque no van a ser muchos los beneficiados. Según las estadísticas, en un año normal -años no tan malos como los que tenemos ahora mismo- se daban de alta unos 5.000 nuevos autónomos menores de 30 años. Usted ha hablado de 80.000; no sé cuántos años está acumulando o si prevé una explosión de nuevos autónomos. Y la ayuda es menos cuantiosa de lo que puede parecer. Se queda la tarifa en 50 euros, pero ellos están pagando normalmente la tarifa mínima de autónomos que son 240 euros al mes, es decir que es un ahorro de 190 euros, menos de 200 euros al mes sobre todo durante los primeros seis meses. A nosotros nos sale un impacto de 10 millones de euros, tampoco los 33 que dice la memoria. Pero bueno, supongamos que sean los 33: desde luego frente a la magnitud del problema que se intenta abordar es una medida con poca dotación presupuestaria y que tendrá un impacto positivo, pero muy limitado, para qué nos vamos a engañar. Esta es la medida estrella para el emprendimiento de los jóvenes menores de treinta años.


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Hay otras tres medidas que tienen un enfoque interesante que es convertir la prestación por desempleo, que es una medida pasiva, en una medida activa, en una medida que ayude al emprendimiento. Es una estrategia desde luego interesante y hay tres medidas en esa dirección. La primera es facilitar la capitalización de la prestación en un pago único. Pero como usted sabe eso ya es posible en gran medida, aquí se amplía un poco esa posibilidad, pero el impacto adicional va a ser muy limitado. Y las otras dos medidas no se suman a ésta, son alternativas a ésta: si no se ha cobrado todo en pago único, entonces se puede optar o bien por compatibilizar durante nueve meses la prestación y la actividad o bien por no cobrarla y reanudarla hasta pasados cinco años. No son medidas que se sumen, son diferentes vías alternativas. En cualquier caso creemos que este bloque propone ideas interesantes: favorecer al joven parado que inicie una nueva actividad. Nuestra crítica tiene que ver más bien con la escasa dotación presupuestaria y con el impacto, que creemos que es mucho menor en realidad que las cifras que se facilitan en la memoria económica o que ha facilitado usted en su intervención. En cualquier caso este bloque, si estuviese planteado por separado, lo intentaríamos mejorar o ampliar, pero lo apoyaríamos.

Hay un segundo bloque de cuestiones que tiene que ver con los incentivos fiscales a la nueva actividad. Que cuando se inicia una actividad, en los dos primeros años que haya beneficios se paguen menos impuestos; y como estas actividades a veces tributan en el impuesto de sociedades o a veces tributan en el IRPF, se bajan los impuestos en las dos vías posibles. En el impuesto de sociedades se rebaja el tipo al 15 % para los primeros 300.000 euros de beneficios, y en el IRPF se rebaja un 20 % lo que se tributa por los rendimientos. De nuevo nuestra crítica aquí tiene que ver con el impacto real de todo esto. Empezando por el final, por el IRPF, son muy pocos los autónomos que se dan de alta y tributan por el IRPF. Volviendo a datos del año 2009 o del 2010, son unos 5.000 cada año; la cifra oficial del ministerio son 55.000. No es una vía que utilicen mucho la de tributar por el IRPF. Son más los que tributan por sociedades. Pero aquí, si nos fijamos en las cifras medias de las empresas, el ahorro por año equivale a unos 2.000 euros. No es despreciable, pero para una empresa 2.000 euros al año es algo que le viene bien, pero que tampoco cambia radicalmente su comportamiento o su situación. Por eso de nuevo son medidas bienintencionadas pero con un escaso impacto, desde luego mucho menor que el que aparece en la memoria o el que usted nos ha manifestado en el discurso.

Por otro lado, si las miramos desde una perspectiva más amplia, su efectividad también es dudosa desde otro punto de vista. Porque aquí lo que le decimos al nuevo empresario es: cuando usted gane dinero, va a pagar menos impuestos. Pero cuando él inicia su actividad no es esa la pregunta que se hace: cuando gane dinero voy a pagar más o menos impuestos, sino: ¿voy a ganar dinero o cuándo voy a ganar dinero? Y esto le vendrá bien el día que tenga beneficios, pero no cambia radicalmente su decisión de poner en marcha una nueva actividad o no; se le dice que cuando gane dinero le van a bajar los impuestos. Sí; pero yo me estoy preguntando no eso, sino si voy a ganar dinero, no cuándo.

También desde el punto de vista del conjunto del sistema fiscal son medidas que van en la dirección equivocada. Porque nosotros les hemos planteado en más de una ocasión -también a su colega, el ministro de Hacienda- la necesidad de una reforma fiscal que entre otras cosas simplifique el sistema fiscal, que disminuya el número de deducciones, muchas de ellas ineficientes; que simplifique los tramos de los impuestos. Y esto es exactamente lo contrario de lo que están haciendo aquí: nuevas deducciones, ya veremos con qué efectividad; nuevos tramos en el impuesto de sociedades; una gestión más difícil del sistema tributario. Por eso estas medidas, bienintencionadas en su objetivo, desde el punto de vista del conjunto del sistema fiscal van en cierta manera en la dirección equivocada de complicarlo más añadiendo nuevos tramos, nuevas deducciones, en lugar de ir a la reforma integral y a la simplificación que se requiere.

El tercer bloque tiene que ver con estímulos a la contratación de parados jóvenes, y este es el que nos provoca más rechazo, el que nos impide desde todo punto de vista apoyar este real decreto, porque por un lado es incoherente con lo que ustedes dijeron en su reforma laboral -que iban a crear empleo de calidad-, y por otro lado, desde otro punto de vista, es muy coherente con lo que verdaderamente es su reforma laboral. Les dijimos que estaban precarizando la contratación, y aquí dan una vuelta de tuerca más en esa dirección de precarizar la contratación, quitándose definitivamente cualquier tipo de careta que pudiese quedar. Realmente este bloque nos provoca mucho rechazo y es el que impide el apoyo al real decreto, es un paso adicional en la precarización del empleo que puso en marcha su reforma laboral.

Algunos ejemplos de mayor precariedad. Aquí se introduce un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, pero la vinculación formativa es muy tenue, muy dudosa, bastan noventa horas al año de formación, y de cualquier cosa -puede ser un curso de idiomas o de comunicación-, no tiene por qué estar vinculada al puesto de trabajo, lo pueden firmar incluso empresas de trabajo temporal. Está claro que la


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formación es una mera excusa, y es un contrato a tiempo parcial que puede en realidad convertirse fraudulentamente en un contrato a tiempo completo, porque es muy difícil, con la poca inspección de trabajo que hay, controlar las horas de trabajo que este joven acabe haciendo realmente en la empresa. Al final es una modalidad de contratación precaria. El mensaje es: hay mano de obra barata a su disposición.

Otro tipo de contrato que se introduce es el contrato para el primer empleo joven. Este tipo también es curioso porque permite la contratación temporal sin causa. Hasta ahora se suponía -aunque fuese en teoría- que el contrato era temporal porque la actividad de alguna manera era temporal. Aquí no, es contratación temporal descausalizada. Es un paso grave en la dirección de la precariedad laboral.

También se actúa sobre el contrato ya existente de prácticas para el primer empleo, dejando de nuevo las prácticas como una mera excusa, porque ahora se permite que la titulación sobre la que supuestamente se está practicando se haya logrado, no ya como máximo cinco años antes -que era lo que había hasta este real decreto-, sino en cualquier fecha, o sea se puede estar practicando sobre un título que esta persona logró hace más de cinco años. Da la sensación de que formación y prácticas son simples excusas para facilitar el empleo precario de los jóvenes.

Para mayor escarnio esto se liga al programa de garantía juvenil de la Unión Europea, que la Comisión Europea defiende y el ministerio suscribe, pero es que la garantía juvenil lo que dice es que un joven en cuatro meses logre un empleo o una oferta de formación o algún tipo de protección. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos aquí discutiendo? Aquí, los jóvenes que no logren estos empleos precarios, ¿van a tener en cuatro meses una oferta de formación o una oferta de protección? Cuando estamos hablando de un colectivo de dos millones de personas, muchas de ellas con necesidades formativas muy importantes.

Por cerrar este bloque de reforma laboral añadida sinceramente tengo que decir que no hemos aprendido nada de nuestros errores desde mediados de los años ochenta. Seguimos en la misma dirección de aumentar la precariedad, en la misma dirección de complicar el menú de contratación, y de conceder bonificaciones con dudoso efecto, que en el pasado lo que han hecho ha sido desviar el empleo de unos tipos de contrato a otros, más que crear nuevo empleo.

En el tiempo que me resta comento telegráficamente algunas cuestiones del resto del real decreto. Algunas nos parecen positivas, como por ejemplo crear una base nacional, única, con todas las ofertas de trabajo, las demandas de trabajo y las ofertas formativas. Siempre que uno ve propuestas de este tipo la pregunta que se hace es, ¿cómo no existen todavía? ¿Qué ha sucedido en nuestro país para que esto sea una innovación? Por cierto, es una propuesta de UPyD de la legislatura anterior, hace años que lo venimos planteando. ¿Por qué en España esta base de datos no ha existido hasta ahora?

Se busca mejorar la financiación alternativa de las empresas. Una buena idea, porque dependen mucho en España de la financiación bancaria, y para eso se permite a compañías de seguros y a fondos de pensiones que operen en ese mercado alternativo bursátil. Es una buena idea, pero veremos los efectos prácticos que tiene, porque una cosa es que se les permita invertir y otra que ellos estén dispuestos a hacerlo y lo vean una buena oportunidad de negocio. Hay medidas contra la morosidad. En la parte pública se habla de una nueva fase del Plan de pago a proveedores. En realidad no es una denominación muy exacta, porque más que una nueva fase lo que hace es ampliar la fase ya existente. En cualquier caso el problema aquí es que, según dicen todas las organizaciones empresariales, la morosidad está rebrotando. Así que aparte de ampliar lo ya existente, habría que preocuparse de que este problema no rebrote. Se fijan nuevos plazos para que las empresas privadas se paguen entre sí. Es de nuevo una decisión acertada, pero los plazos ya existían y no se han cumplido. ¿Qué garantiza que se vayan a cumplir estos nuevos plazos más estrictos? Y se incrementa la competencia en el sector de hidrocarburos. Creemos que son medidas que van en la buena dirección, y habría que hacer una labor menos mediática, más callada, pero más eficaz, de ir sector a sector tomando este tipo de medidas, aumentando la competencia en los sectores en que no existe.

Para terminar, intentando hacer una valoración global de este real decreto tan complejo y variopinto, nuestros antepasados romanos tenían una costumbre muy interesante, y es que grababan sus leyes en planchas de bronce. En mi opinión sería una buena idea que retomásemos esa costumbre, porque tendríamos muchas menos leyes, durarían más tiempo y estarían mejor diseñadas. En esto que ustedes nos plantean hay todo tipo de medidas. Algunas nos parecen como he dicho acertadas, por ejemplo el fomento del emprendimiento juvenil, aunque creemos que tienen poca dotación y van a tener menor efecto del que usted anticipa. Otras nos provocan un fortísimo rechazo, como es la profundización en la precariedad laboral. En estas condiciones, y teniendo en cuenta que el real decreto se va a tramitar como proyecto de ley y va a ser posible enmendarlo, nuestro voto conjunto va ser la abstención.


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, realmente la técnica legislativa a la que el Gobierno se está acostumbrando y pretende acostumbrar a la Cámara degrada el debate político. Es imposible poder discutir a fondo sobre el conjunto de cuestiones que este real decreto pretende resolver. En nombre de Convergència i Unió podría haber subido el señor Sánchez i Llibre o el señor Macias. Ha subido el señor Campuzano porque es el portavoz en la Comisión de Empleo, porque usted ha defendido el real decreto-ley, porque lleva ese título, y porque tenemos interés en discutir con sus señorías con relación al desempleo de los jóvenes. Pero es evidente que no es serio.

Estaba yo el viernes en la Facultad de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra con un grupo de estudiantes, y les contaba que teníamos previsto este debate. Les preguntaba si había alguno de ellos que estudiaba Derecho y les decía que nada de aquello que estaban aprendiendo en la facultad tenía que ver con la forma en que estamos legislando en España. Va a ser muy interesante, por ejemplo -agradeciendo, eso sí, que se tramite como proyecto de ley el real decreto-, el trabajo que haremos en ponencia o el debate que vamos a tener en Comisión. Estoy muy interesado en vivir esta experiencia inédita en mi vida parlamentaria.

Decía que vamos a centrar mucho nuestra intervención en la cuestión del desempleo, pero hemos tenido interés, y singularmente el señor Macias, en trasladarle en materia ferroviaria algunas ideas muy simples. Usted sabe que el pasado 1 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que el Gobierno español se ha extralimitado en la administración del sector ferroviario. En concreto los jueces afirman que el proceso de liberalización puesta en marcha es contrario a la normativa comunitaria. Más en concreto la Corte Europea dice que el canon por el que deben pagar las empresas por hacer uso de la red ferroviaria es inadecuado. Reprende al Gobierno por ese canon que se prevé. Al mismo tiempo crítica el régimen de incentivos que contemplan en su política. En última instancia, con este real decreto lo que hacen es aplazar sine die esta liberalización pendiente, supeditándose a los intereses del Grupo Fomento. Quizá tan solo por esta cuestión se justificaría plenamente la abstención de nuestro grupo parlamentario a este real decreto.

Entrando en las materias de desempleo juvenil todos vamos a coincidir en la idea de que el desempleo juvenil nos preocupa, pero si me permite una primera reflexión diré que nuestro problema principal no es el desempleo juvenil, sino el desempleo. Nuestra cifra escandalosa de jóvenes buscando empleo se explica por nuestra enorme tasa de desempleo, porque como usted sabe, señora ministra, y saben todas sus señorías, en todas las economías avanzadas las tasas de desempleo juvenil doblan la tasa de desempleo general. Si en España nuestra tasa de desempleo está alrededor del 26 %, es normal que nuestra tasa de desempleo juvenil se sitúe en el 55 %. Cuando nuestra economía en pleno crecimiento mantenía tasas de desempleo del 8, el 9 o el 10 %, nuestras tasas de desempleo juvenil se movían en el 18, el 19 o el 20 %. Nuestro problema es el desempleo, y en el contexto del desempleo las cuestiones específicas que afecten al desempleo juvenil. Es evidente que el real-decreto que estamos debatiendo, en relación con el problema del desempleo en general, no lo aborda. Continuamos sin un plan de choque específico que aborde las cuestiones del conjunto de las personas desempleadas, y continuamos sin una política ni presupuestaria ni fiscal orientada al crecimiento económico en los márgenes que existen, por la austeridad que nos impone la Unión Europea.

El desempleo juvenil nos preocupa no tan solo en lo que afecta a la vida de las personas jóvenes, sino en lo que proyecta hacia el futuro, en la desesperanza en el futuro que genera en nuestra sociedad. Y recogiendo una expresión del presidente Schulz, del Parlamento Europeo, afirma: hemos salvado a los bancos, pero se corre el riesgo de perder a toda una generación. El problema se sitúa en ese terreno de las necesidades y las expectativas de la gente joven, y ahí estaríamos de acuerdo en la necesidad de que existiese una política específica para hacer frente a ese problema por parte del Gobierno. Señora ministra, si uno analiza los documentos de la Comisión Europea, del Consejo Económico y Social y del Banco de España, observaremos que aquello que de verdad es un problema entre la gente joven, y que exige una acción muy decidida de la política pública, son las necesidades de aquellos jóvenes -y cito a la Comisión Europea- que han abandonado de forma prematura sus estudios y a los que tienen bajo nivel de cualificación, mediante programas educativos y formativos especialmente adaptados a su situación, y que les permitan adquirir las cualificaciones que no pudieron obtener con anterioridad. Ese es el colectivo que tiene un problema especial, grave y muy concreto. Yo me permito añadirle a esa consideración de la Unión


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Europea que en el caso del Estado español añadamos también a esos jóvenes que abandonaron sus estudios, que se pusieron a trabajar, que tienen baja cualificación, y que además han asumido responsabilidades familiares. Sobre ese colectivo concreto es donde debe existir una política ambiciosa, potente, que sea capaz de generarle las oportunidades que necesitan.

Señorías, en un contexto en el que se ha popularizado en los medios de comunicación la creación de los ni-ni, neets en el lenguaje anglosajón, un reciente papel de la Unión Europea afirmaba que el coste que tienen para la Unión Europea esos jóvenes que no disponen de empleo ni participan de ninguna oferta educativa o formativa se cifra en el 1,2 % del PIB europeo, más de 153.000 millones de euros, y en el caso del Estado español el 1,47 % de nuestro PIB, más de 15.000 millones de euros, es decir, las consecuencias económicas del problema de los ni-ni. Este mes de febrero el Consejo Económico y Social realizaba un estudio sobre la problemática de los ni-ni y nos decía: si en sentido estricto por ni-ni entendemos aquellos jóvenes que no trabajan, no estudian, no se están formando, y además han renunciado a buscar empleo o a formarse, estamos hablando de un colectivo relativamente pequeño, 166.000 personas. Remite el Consejo Económico y Social a un estudio patrocinado por el Injuve. Cuando le daba esta cifra a una persona que en Barcelona se dedica a la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, el señor Sequeira, de la Fundación Exit, cuando yo decía que 166.000 jóvenes en esa situación son pocos, el señor Sequeira decía: usted porque no se dedica a la integración en el mercado de trabajo de estos jóvenes; son pocos estadísticamente, son difíciles de integrar, y ahí también se justificaría una política más sólida, ambiciosa y potente, dirigida a resolver lo que es un problema, esos 166.000 jóvenes en barrios de las grandes ciudades, con poco nivel formativo, con familias desestructuradas, y con entornos difíciles para volver a reincorporarse a la vida con normalidad. En este sentido la estrategia que plantea el Gobierno y las medidas que contiene este real decreto son claramente insuficientes. Ante la magnitud del problema, la dificultad del problema y la dimensión de las cuestiones que tenemos en marcha no estamos movilizando los recursos que serían absolutamente necesarios. Las medidas que ustedes regulan en este real decreto no dejan de ser un punto continuista, y se alejan de las grandes medidas que han propiciado otros Estados europeos con problemas parecidos en otros momentos.

Por ejemplo, ustedes mantienen la política de la bonificación a las cotizaciones sociales, política que podríamos compartir cuando va dirigida a colectivos específicos, pero están renunciando a aquello que hicieron otros Gobiernos europeos como es, por ejemplo, la subvención directa al salario. Los grandes programas contra el desempleo juvenil en el Reino Unido y en Francia han ido orientados a la subvención sobre la masa salarial para hacer aún más atractiva la contratación de colectivos que sin ese apoyo público el mercado no está en condiciones de ocupar. Además el Gobierno ha asumido, y así se contempla en la estrategia, la denominada garantía juvenil, que establece un compromiso muy fuerte a los servicios públicos de empleo. A cualquier joven menor de 24 años que haya finalizado sus estudios o haya perdido su empleo debe ofrecérsele en cuatro meses o un empleo o unas prácticas o un curso de formación. Señorías, hoy es imposible que los servicios públicos de empleo autonómicos estén en condiciones de cumplir ese mandato. Con la política presupuestaria que ustedes han hecho en materia de políticas activas esa es una aspiración utópica. Además, en la medida en que el desarrollo de la colaboración público privada en la práctica es inexistente, es imposible que esa pretensión se pueda adquirir. Recordemos que la lógica de la garantía juvenil viene inspirada por las políticas de Suecia de 1984, de Dinamarca y de Finlandia de los años 1993-1994 -la prehistoria-. Hace cerca de treinta años que los países escandinavos pusieron en marcha esas políticas y todas ellas exigían unos servicios públicos de empleo capaces de hacer posibles esos mandatos. Si no, señorías, esa garantía juvenil en el caso español va a quedar en un brindis al sol.

Nos parecen interesantes las medidas que se incorporan, desde el punto de vista del apoyo a los emprendedores, pero nos parecen también claramente insuficientes. Ustedes comprometieron en esta legislatura una ley del emprendedor, y las medidas bienintencionadas que aquí se contienen vamos a ver qué efectos cuantitativos acaban provocando. Coincido con el señor Anchuelo sobre los límites, por ejemplo, de las bonificaciones para emprendedores en función de los límites de edad. En el caso de Cataluña son relativamente pocos los jóvenes que han participado en la puesta en marcha de nuevos negocios a través de la capitalización del desempleo. Todo esto va a tener un impacto muy limitado. Y eso, señora ministra, no debe permitirles a ustedes no traer ese proyecto de ley de emprendedores al que se comprometieron.

En el real decreto existen también problemas competenciales. Espero que el trámite parlamentario que abramos sirva para resolver las dudas que nosotros tenemos, especialmente en relación con la


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creación de este portal único, en la vinculación de la transferencia de recursos de las políticas de empleo a la colaboración con ese portal, o a estos acuerdos marco que se pueden producir entre el servicio público estatal, los autonómicos y las agencias privadas de colocación, porque ahí existen como usted sabe, señora ministra, las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas. Yo estoy a la espera de algunos informes jurídicos más precisos, pero ahí he de trasladarle algunas preocupaciones, recordándole que en la pasada legislatura, con el anterior Gobierno, se incorporó una disposición adicional en uno de los reales decretos que aprobamos -no recuerdo cuál- donde se abría la posibilidad, no tan solo para la comunidad vasca, sino también para otras comunidades, de proceder a la gestión de las bonificaciones por parte de las comunidades autónomas, como elemento de las políticas de empleo. Esa sería una cuestión en la que deberíamos de avanzar.

Nos parecen interesantes las medidas que se incorporan en materia de economía social, pero echamos en falta que se reconozca también a las asociaciones y fundaciones que opten por contratar en los mismos términos el mismo tipo de ayudas que se contemplan en el real decreto. Finalmente, señora ministra, en relación con dos cuestiones concretas que se recogen en el real decreto -por un lado, el denominado contrato de primera ocupación joven y esa nueva modalidad de contrato a tiempo parcial con elementos de formación- tenemos algunas dudas. Por ejemplo, en relación con ese contrato de primera ocupación joven quizá tendría más sentido plantear un contrato temporal con una perspectiva de tres años. Contrato temporal para jóvenes pero con la perspectiva de que durante tres años ese joven pudiese participar en esa empresa, precisamente para dar estabilidad. El incentivo que debe tener la empresa en términos de flexibilidad también debe tenerlo en términos de estabilidad ese joven porque quizá hoy lo necesitaría. Ese contrato de formación a tiempo parcial nos produce dudas sobre si no estamos desnaturalizando la definición de los contratos de formación y aprendizaje, quedándosenos frustrada toda la aspiración de poner en marcha la formación dual.

Cualquier lectura de este texto por parte de un emprendedor, de un microempresario, de un autónomo va a producir la sensación de que continuamos legislando de manera muy farragosa, muy difícil. Eso debe trasladarse para que el tejido económico lea los elementos positivos que hay como una oportunidad y no diga: no voy a contratar, no voy a utilizar la bonificación porque resulta que al cabo de uno o dos años me habré equivocado y deberé devolver el dinero. Eso, señora ministra, forma parte de los problemas que tenemos en nuestra legislación en este ámbito. En cualquier caso agradecemos su gesto político de tramitar este real decreto como proyecto de ley. Espero que el diálogo que se abre en el seno del Congreso sirva para mejorar lo que hoy nos proponen ustedes, y ojalá ese trámite parlamentario sirva para que pasemos de lo que hoy es una abstención a un voto favorable. De ustedes también va a depender.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Campuzano.

Grupo Parlamentario Socialista, señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, inicio mi intervención haciendo un diagnóstico de la situación que este real decreto-ley quiere abordar, y lo hago con datos objetivos ajustados a las estadísticas, sin interpretaciones, y ajustados también a la realidad, a una realidad que al menos nosotros constatamos cada día y a una realidad que nos cuenta -y que podemos ver en la calle- que un 55,13 % de los jóvenes menores de 25 años y un 34 % de los que se encuentran en el tramo de 26 a 30 están desempleados. Toda una generación. Que hay una tasa de temporalidad de los que están trabajando de un 64,9 %. Que un 53,4 de los jóvenes entre 15 y 24 tienen baja cualificación. Que el Programa Prepara ha dejado de dar cobertura a muchos jóvenes. Que el drástico recorte en políticas activas de empleo reduce a más de la mitad la posibilidad de acceder a orientación, a formación o a cualquier otra medida activa de empleo. Sabe usted que esa decisión que ha tomado no la ha comprendido ningún organismo oficial, ni la Comisión, ni ningún Gobierno del entorno. Creo que estos jóvenes a los que nos referimos están viendo frustrados sus proyectos de vida. Y aquellos que ya los han iniciado -que también los hay- tienen una gran dificultad para pagar su hipoteca o su alquiler, incluso para dar de comer a sus hijos. A lo largo y ancho de toda España hay jóvenes en la calle con este perfil, como por ejemplo los que están en Plasencia, en la acampada por la dignidad, que llevan hoy ya dieciséis días pidiendo una oportunidad, solo eso, pidiendo dignidad.

Podemos afirmar sin ningún género de dudas que el desempleo juvenil se ha convertido en una de las principales amenazas para el modelo social europeo y para la recuperación de la crisis financiera. Ante la gravedad de la situación descrita y después de quince meses esperando, creíamos que esta vez sí


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cumplirían con sus promesas, pero desgraciadamente nuestras expectativas y, lo que es peor, la de muchas y muchos jóvenes, se han visto de nuevo frustradas por múltiples motivos que enumeraré a continuación. Porque llegan muy tarde y obligados por Europa. El presidente Rajoy en su discurso de investidura, en el lugar que yo ocupo en este mismo momento, lo anunció, pero han dejado pasar más de un año en el que el desempleo juvenil ha crecido seis puntos por sus políticas; un ritmo insoportable. Se han visto frustradas también porque esperábamos una ley de emprendedores, que también prometieron, y nos hemos quedado en una estrategia. También nos ha causado estupor porque precariza el ya paupérrimo mercado de trabajo juvenil a través de una autoenmienda a su letal reforma laboral, recrudeciéndola aún más para los jóvenes; porque, a pesar de lo que digan ustedes, llega sin acuerdo fruto del diálogo social. Montar unas reuniones para debatir algunas y solo algunas de las medidas contempladas en este real decreto-ley no significa dialogar. No pueden parapetarse en un acuerdo que ha sido inexistente, tal y como han manifestado los propios sindicatos. La señora Báñez debería ser un poco más rigurosa con sus declaraciones públicas cuando afectan a terceros. Consideramos, además, que es claramente insuficiente tanto en las medidas que propone como en el presupuesto con el que lo dota, que ni siquiera alcanza lo ya recortado por ustedes. Nos parece claramente insuficiente destinar 870 millones de euros al año durante cuatro años. Para el Grupo Socialista este es el principal problema del país: el desempleo y el desempleo juvenil en particular, por lo que bien merecería que adquiriera usted hoy ante esta Cámara el compromiso de que lo que es recaudado por la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, más el 50 % del dinero recaudado por la lucha contra el fraude fiscal se destine a políticas de empleo juvenil, como ya le hemos propuesto.

Finalmente, queremos mostrar nuestra indignación porque traen este real decreto-ley utilizando por enésima vez esta técnica legislativa sin justificación, con la única motivación de hurtar al Parlamento el debate que le corresponde. Utilizan el real decreto-ley como cajón de sastre para incorporar medidas de gran calado y tan heterogéneas que merecen un debate particular. Para nosotros el principal problema nacional es el desempleo juvenil, y nos ofende que lo mezclen de esta manera con otros temas. No creo que esté usted, señora ministra, en disposición de hablar hoy aquí ni de gasolineras ni de trenes ni de pago a proveedores, pero le anuncio que el Grupo Socialista exigirá que los ministros responsables de cada uno de estos asuntos comparezcan en esta Cámara y den explicaciones, ya que no está justificada la extraordinaria urgencia ni la relación con la cuestión central que nos ocupa, que no es ni debe ser otra que la dramática situación de los jóvenes en el mercado laboral español y la necesidad de fomentar el emprendimiento juvenil.

Antes de entrar en detalles sobre el texto, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos destacar que no compartimos el fondo de este real decreto-ley desde su exposición de motivos, porque nuestro modelo se fundamenta en tres premisas que distan mucho de su planteamiento. En primer lugar, estamos convencidos de que la mejor política de empleo es una buena política económica, industrial y fiscal de crecimiento. Sin una estrategia clara de crecimiento para este país de nada sirve encadenar medidas inconexas, epidérmicas cuya eficacia será dudosa mientras las empresas no mejoren ni su situación económica ni su situación financiera. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que no son eficaces con su contrato estrella, ese contrato llamado indefinido solo por ustedes y que únicamente ha sido utilizado en el 0,55 % de los contratos suscritos el año pasado, es decir, ha sido un fracaso. En segundo lugar, la mejor política de fomento del emprendimiento es una política educativa que fomente más las competencias transversales como la iniciativa, el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de conflictos, que son las que realmente se necesitan para ser más competitivos, lejos de lo que propugna la ley que nos ha traído su compañero Wert. En tercer lugar, quiero destacar que ni el emprendimiento ni el empleo se conseguirán si no se cuenta con potentes instrumentos financieros que permitan el acceso al crédito de empresas y emprendedores, como el fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas y para emprendedores, recogido en el proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Socialista el martes de esta misma semana y que ustedes han rechazado.

Dicho esto, señora ministra, da la sensación de que se han visto presionados por las recomendaciones que la Comisión les viene haciendo desde hace más de un año, parece que quisieran cumplir el expediente con esta denominada estrategia. Usted dijo al llegar a Bruselas, en la última reunión del Consejo de Ministros de Trabajo europeo -la primera a la que usted asiste, dicho sea de paso-, que llevaba los deberes hechos; pero, permítame, señora Báñez, decirle que los deberes que usted tenía que hacer no eran presentar una estrategia de cien medidas, con un bonito diseño y bien encuadernada; los deberes son dar una respuesta inmediata a los jóvenes, que se ven sin oportunidades y sin futuro. Como respuesta,


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nos presenta aquí un puñado de medidas de las cien exhibidas antes de ayer a bombo y platillo en La Moncloa, que supondrán para la juventud más precariedad, más segmentación y menos formación y orientación. Señora ministra, lo que la Comisión Europea le ha recomendado que haga en reiteradas ocasiones es otra cosa, es tan sencillo como la puesta en marcha de la garantía juvenil, por cierto, lograda gracias al trabajo del Grupo parlamentario de los socialistas y demócratas europeos, y que tiene un planteamiento muy simple: una vez transcurridos cuatro meses de la finalización de un contrato o de la formación académica, se debe garantizar a los jóvenes menores de veinticinco años un empleo de calidad o una acción formativa de calidad. Varios países ya la han puesto en marcha; puede usted fijarse, por ejemplo, en Austria, donde está funcionando muy bien. Las recomendaciones de la Comisión, por supuesto, señora ministra, no son de obligado cumplimiento, pero sí -y traduzco literalmente- de un fuerte compromiso político. Yo le haré dos preguntas: ¿No le parece a usted que teniendo el récord del desempleo juvenil en Europa debe adoptar esta medida urgentemente? Y le pregunto también: ¿Cree usted que las medidas que contiene este real decreto-ley que traen aquí hoy van a garantizar un empleo o una formación a jóvenes desempleados? Yo creo que lejos de tratar de cumplir con esta recomendación, como siempre, ustedes tiran por el camino contrario.

En cuanto al fomento de la contratación por cuenta ajena, incorporan tres nuevas modalidades contractuales con menos exigencias en relación con las bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social: el contrato de primer empleo joven, que subvenciona por primera vez el empleo temporal y rompe con la causalidad de la contratación temporal; el contrato en prácticas para el primer empleo, que elimina las garantías del contrato en prácticas, ya que descausaliza de forma indirecta y se amplía el periodo de carencia para poder formalizar lo que pasa a cinco años, es decir, transcurridos cinco años de haber terminado los estudios todavía se puede ir a un contrato de formación, y el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, que no deja claro cómo se va a materializar la formación, una formación que no tiene que estar vinculada con el puesto de trabajo, siendo suficiente acreditar noventa horas en el cómputo anual, incluso noventa horas que se hayan hecho antes de la relación contractual, y asimismo se destaca su no vinculación con el mantenimiento del nivel de empleo más allá de la duración del contrato. Tres nuevos modelos, en definitiva, que aumentan la segmentación y la precarización de nuestro mercado laboral, ahora ya para nuestros jóvenes.

Por otro lado, incorporan toda una serie de medidas para incentivar el emprendimiento y el trabajo autónomo de menores de treinta años y la contratación de jóvenes mediante bonificaciones y reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y medidas fiscales. Han llevado a cabo a lo largo de este año una rocambolesca y errática política de bonificaciones y reducciones que les ha llevado a cambiar de criterio en cuatro ocasiones, desoyendo, por supuesto, las recomendaciones de la subcomisión que sobre bonificaciones aprobó la Comisión de Empleo en la legislatura anterior. Primero, la reforma laboral vincula los incentivos al nuevo contrato de emprendedores que se realiza con jóvenes, mujeres y mayores de cuarenta y cinco años; después, el Real Decreto-ley 20/2012 suprimió todas las bonificaciones y reducciones que no fuesen las de su reforma laboral; más tarde, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Lucha contra el Fraude incorporan bonificaciones y reducciones desaparecidas; y ahora, que nos encontramos ante el cuarto acto, este real decreto-ley vuelve a introducir una amplia gama de incentivos en forma de bonificaciones, reducciones y medidas fiscales, sin coherencia respecto de la política de incentivos que se ha de seguir para fomentar la contratación y sin darse cuenta de que en algunos casos se queda por debajo de los incentivos que propone la propia Ley de la Reforma Laboral, la Ley 3/2012.

En cuanto a las medidas fiscales, valoramos su puesta en marcha, pero consideramos que tendrán también un alcance muy reducido. Son medidas escasas, de nuevo con tintes propagandísticos y que, sin una política económica adecuada, no tendrán impacto alguno, como ya ha pasado en el Reino Unido y ya han comentado los intervinientes que me han precedido. Falta, señora ministra, una visión global de la política de empleo. Así es imposible que los incentivos sean eficaces. También echamos en falta esa gran apuesta por la orientación, por la formación, por la formación dual, por la recualificación de los trabajadores. Consideramos imprescindible que las actuaciones para los jóvenes sean diseñadas a la medida de sus necesidades y que, más allá de las ayudas económicas y bonificaciones al emprendimiento, se dote de medidas de acompañamiento y de formación, tanto a los que buscan empleo como a los emprendedores. Si no, no funcionará. Igualmente, pedimos un presupuesto adecuado, un mínimo de 3.000 millones de euros al año y ya le hemos dicho de dónde lo puede sacar. Señora ministra, el desempleo juvenil es motivo de preocupación para todos y estoy segura de que para usted también. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones, hay que pasar de la ocupación a la acción, a la acción concertada para lograr resultados. El


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Grupo Parlamentario Socialista ofreció en el debate del estado de la Nación un pacto social y político contra el desempleo masivo. Estamos convencidos de que con nuestras aportaciones las medidas recogidas en este real decreto-ley pueden ser ampliadas y mejoradas. Ustedes hicieron caso omiso de nuestra oferta de pacto, pero creo, sinceramente, que nos necesitan, a nosotros y a todos los grupos parlamentarios, porque el desempleo juvenil es una cuestión de Estado y aquí no sirve ni la utilización torticera de los datos ni demagogias ni herencias.

Termino mi intervención con una pregunta: ¿Está usted dispuesta a hacer un pacto social y político contra el desempleo juvenil? ¿Sí o no? Aquí seguiremos para poner encima de la mesa nuestro proyecto y aportar, desde la mayor sensibilidad y decisión, una mejora a la situación de este país y de sus jóvenes, para lo cual le pido su tramitación como proyecto de ley, en función de lo cual fijaremos nuestra posición.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Lucio.

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.

La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, para mí es un honor defender en este momento un real decreto que ha presentado usted hace unos momentos. No me voy a entretener en analizar cada una de las medidas, en primer lugar, porque usted lo ha hecho con una enorme brillantez y, en segundo lugar, porque estoy convencida de que el conjunto de los intervinientes de este debate se ha aprendido muy bien el real decreto-ley para decir lo que tienen que decir. Quiero aprovechar las circunstancias para explicar las razones de este real decreto-ley. Lo que no se puede hacer es venir aquí, a esta Cámara, a hablar -lo han hecho varios grupos parlamentarios- del abuso del decreto-ley por este Gobierno en un momento como en el que estamos. Este Gobierno no ha elegido el decreto-ley como norma para desarrollar las políticas que tiene que hacer en función de un capricho, ha sido en función de una realidad económica y social que se encontró en este país, cuando ustedes abandonaron el Gobierno, absolutamente insostenible, con unas presiones económicas y sociales brutales, que obliga al Gobierno a tomar medidas inmediatas para empezar a cambiar la dinámica de destrucción de empleo y de desesperanza a la que ustedes habían llevado a este país. Por eso se utiliza el real decreto-ley.

Ustedes tampoco pueden en este momento acusar a la señora ministra de Empleo, señora Báñez -como han hecho algunos de los intervinientes, empezando por el señor Coscubiela-, de falta de capacidad de negociación. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Me parece increíble que digan eso ustedes, que han compartido conmigo debates parlamentarios como, por ejemplo, la reforma laboral, en el que la señora ministra hizo un esfuerzo brutal para conseguir la participación introduciendo enmiendas de todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, para mejorar el texto que había presentado a través de un real decreto-ley. Hizo exactamente lo mismo con la Ley de lucha contra el fraude en la Seguridad Social. Su voluntad -aquí lo ha vuelto a decir la señora ministra esta mañana- es que estos temas sean competencia y responsabilidad de todos -no solamente de los grupos políticos que estamos aquí, sino también de los agentes sociales y de los agentes económicos que tienen que intervenir para resolver este problema-, y está dispuesta a dialogar con todos ustedes -lo ha dicho y yo lo vuelvo a repetir aquí-, y a tramitarlo como proyecto de ley para analizar con tranquilidad sus propuestas para resolver ese gran problema que tiene este país, que es el desempleo juvenil. No quiero hacer filosofía, como han hecho algunos de los intervinientes, sobre esta materia, pero a veces me ha dado la sensación de que están ustedes buscando excusas para no tener que votar que sí, con lo fácil que es hacerlo. Pues no, ustedes buscan excusas de todo tipo, filosóficas, estructurales, de toda naturaleza, para intentar decir por qué se abstienen. Este decreto es bueno para sacar a España de la situación de crisis, y no solamente con medidas laborales, sino también de otra naturaleza que acompañan a este real decreto.

Señor Coscubiela, le conozco desde que se inició esta legislatura y sinceramente me parece increíble que usted descalifique de esa forma tan brutal a la señora ministra de Empleo. Lo hace continuamente, y ya una vez le dije que usted tiene la capacidad intelectual suficiente como para no tener que usar argumentos absolutamente impresentables y manipuladores para acusar a la señora ministra de Empleo. La señora ministra de Empleo y el Gobierno no han intentado manipular a los sindicatos, quizá lo haya intentado usted, pero desde luego lo que está claro es que el respeto absoluto de esta ministra y de este Gobierno a lo que representan las centrales sindicales es lo suficientemente importante como para dedicar muchas horas de trabajo con el fin de conseguir acuerdos con ellos para seguir adelante en la lucha contra el paro juvenil, que es lo que también pretenden los sindicatos. La presencia de los sindicatos no es una


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foto, señor Coscubiela, sino un compromiso real de los agentes sociales, de los sindicatos, para acabar con este problema. ¡Claro que critican medidas de este Gobierno! A mí me sorprendería mucho que no lo hicieran. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que no critiquen lo que hacen en Andalucía sus compañeros de La Izquierda Plural. Eso es lo que me extraña. (Aplausos). Pero no me extraña para nada que critiquen lo que consideran que no es adecuado en este caso a este decreto planteado por la ministra, al que han dedicado muchas horas ella y su equipo para conseguir estos acuerdos.

Señor Coscubiela, usted y varios de los intervinientes, como la señora Lucio, hablan de la precariedad laboral, que a mí y a la ministra nos preocupa mucho. La dualidad del mercado de trabajo es uno de los problemas más graves que tiene nuestro mercado laboral. Claro que sí, señora Lucio, señor Coscubiela, señor Anchuelo; claro que ese es uno de los graves problemas que influye de forma importante en la productividad, en el potencial de desarrollo de las capacidades de nuestros trabajadores y de nuestra economía. Claro que sí, pero es que las medidas que estamos tomando son para intentar evitar y luchar contra esa precariedad. De hecho, en este año se han firmado más de 350.000 nuevos contratos indefinidos. Por tanto, el apoyo está dirigido a ese tipo de contratación.

Una cuestión que a mí me preocupa mucho es el excesivo intervencionismo que plantean ustedes en las relaciones laborales, lo que refleja una enorme desconfianza hacia la capacidad de los trabajadores para defender sus propios intereses. Ustedes trasladan aquí, con el gorro de los sindicatos, lo que debe ser la negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa, que ya son mayores, tienen una cultura de negociación importante y que, desde mi punto de vista, tenemos que respetar. Aquí no hay precariedad en el mercado laboral, todo lo contrario. No hay una nueva modalidad de contratación. Ustedes confunden modalidades de contratación con contratos subvencionados con ayudas o con incentivos, pero no son nuevas modalidades de contratación, son las que ya existían. Hay una nueva formulación de ese contrato a tiempo parcial para conseguir que jóvenes que no tienen formación previa se incorporen al mundo laboral. Es un problema gravísimo en un país en el que tenemos más de un 35 % de abandono escolar, y claro que es un problema contra el que tenemos que luchar de forma importante. Por lo tanto, no hay precariedad. Señora Lucio, usted plantea aquí su preocupación por la precariedad cuando el martes de esta semana ha formulado aquí, en una transaccional con Convergéncia i Unió, una enmienda para potenciar el uso de las relaciones no laborales dentro de la empresa. Ustedes crearon en el decreto de 2011 una relación no laboral en la empresa para jóvenes. Y ustedes en esa transaccional dicen que hay que profundizar en ello. ¿Y eso cómo se llama? ¿Se llama precariedad, se llama esclavitud en el trabajo? ¿Cómo diablos se llama eso, señora Lucio? Se llama esclavitud en el trabajo. Y contra eso es contra lo que nosotros luchamos. Por eso, esta modalidad de contratación, la nueva forma de contrato temporal rescata a esos jóvenes que están en las empresas en relaciones no laborales, que es un invento desde el punto de vista del derecho laboral; si quiere usted que sea una beca que lo sea, pero en ningún caso puede ser una relación no laboral dentro de cualquier tipo de empresa. Esa barbaridad que ustedes hicieron, nosotros la convertimos, a través de incentivos, en contratos indefinidos, porque aquí lo que se potencia es la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. (La señora Lucio Carrasco pronuncia palabras que no se perciben). Señora Lucio, comprendo que no le guste porque lo que le gusta es hacer filosofía pero cuando ustedes gobiernan resulta que el paro crece, que en tres años se crean 3 millones de parados y viene usted aquí a dar lecciones de sentido social y de capacidad para resolver los problemas de empleo.

Señor Coscubiela, ¡claro que para que se cree empleo es necesaria una política económica adecuada! Es en lo que estamos, en lo que está este Gobierno es en esa política económica adecuada para generar empleo y riqueza; si no, es imposible. Ha hablado a la señora ministra en un tono un tanto desabrido, que no le pega a usted como antiguo representante sindical. Será que al llegar aquí ha decidido ser lo más agresivo posible pensando que con eso tiene usted más razón y me da la sensación de que la pierde, porque la falta de respeto a las personas no creo que deba formar parte del debate político en esta Cámara. ¿A usted le gusta? Continúe. A mí desde luego no me gusta. Se me ocurren muchas ideas pero no se las voy a transmitir porque quiero respetarle a usted lo suficiente.

Ha vertido aquí muchas ideas para acabar con el problema del paro y ha dicho que se las ha trasladado a la ministra y que la ministra no ha sido capaz de responderle. Le he seguido con mucha atención. Usted ha hablado de medidas económicas -y las comparto-, la señora Lucio también y casi todos los intervinientes han ido en la misma línea. Usted ha señalado las medidas de política económica con las que usted acabaría con el paro, pero el problema de las medidas que usted propone es que ya fracasaron de forma estrepitosa, con caída del muro incluida. Porque para que todo lo resuelva papá Estado, este tendrá


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que sacar el dinero de algún lado y como no tiene maquinita de hacer dinero -y si la tuviera sería peor-, tendremos que movernos dentro de la realidad social y económica en la que estamos. ¿Qué hay que resolver los problemas económicos? En ello estamos. Usted propone como medidas laborales potenciar el empleo público. ¿Y con qué lo pagamos, señor Coscubiela? El problema es que no hay dinero para lo que usted quiere, aparte de que sería profundamente ineficaz, como le he dicho hace un momento. Por lo tanto, señor Coscubiela, nos encantará -y estoy convencida de que a la ministra también- escuchar con suma atención sus enmiendas, tratarlas con sumo cuidado para intentar incorporar todo aquello que de verdad contribuya a la creación de empleo. Esto no es una panacea, es una forma más de luchar contra este problema gravísimo del empleo, de la falta de empleo entre los jóvenes.

En cuanto a la iniciativa de emprendimiento, les diré que es muchísimo más amplia, es una amplia aportación social que vamos a analizar el martes santo. El martes santo comparece la ministra en la Comisión de Empleo para que analicemos con detenimiento y atención esta propuesta que presentó después de negociarla con los sindicatos y con la patronal, porque es fundamental que estén en esto y es fundamental también que estén todos ustedes. Por lo tanto, en la parte que se refiere a las políticas de empleo está clarísimo que no se precariza el mercado laboral sino todo lo contrario, que se buscan incentivos para la contratación de jóvenes en formación y sin formación que en este momento están en el paro, que se ayuda desde el punto de vista fiscal a los emprendedores. ¿Por qué odian tanto la palabra emprendedor? Comprendo que ustedes son bastante desconfiados, pero confiemos en los jóvenes, que tienen capacidad para desarrollar un negocio. Señor Anchuelo, ¡claro que al principio les preocupa cómo van a conseguir ganar dinero con su empresa! Pero para eso son empresarios. ¿Pretende usted que el Gobierno les resuelva el problema de que al principio no ganen dinero? Lo que hace el Gobierno es darles un instrumento para que esa idea que tienen la puedan desarrollar sin miedo a tener desde el principio unas cargas sociales y fiscales a las que no pueden hacer frente. Esta es la idea fantástica que contempla este real decreto: que no haya ningún joven con una idea que se quede en casa sin poder desarrollarla; que no tenga que recurrir al dinero de papá, si es que lo tiene, al de su hermana o al de alguien de alrededor, sino que pueda desarrollar esa idea y más tarde, cuando esa idea triunfe, pueda empezar a corresponder con su aportación al sostenimiento del conjunto de los españoles. Yo creo que es una gran idea, señor Anchuelo. Lo que ocurre es que siempre hay esa especie de miedo a desarrollar la libertad en estas cuestiones que yo creo que son muy necesarias. Por lo tanto, todas las medidas -que se enriquecerán muchísimo con las aportaciones de todos ustedes- van en un sentido muy positivo.

Como me parece impresentable que se hable aquí de cuestiones cuando a lo mejor no se tiene capacidad dialéctica para hablar, yo le querría decir una sola cosa al señor Cuadra, la única cosa que le voy a decir: si alguien en esta Cámara sabe perfectamente lo que es una acción criminal es él y lo que él representa, no el Gobierno del Partido Popular; él y lo que él representa. (Aplausos).

Señor Coscubiela, su grupo parlamentario en el Parlamento de Madrid ha planteado contratos de tres años, contratos precarios sin ningún tipo de ayuda ni prestación por desempleo, sin una cobertura social; lo ha planteado como una necesidad para acabar con el empleo juvenil. ¿Y usted aquí dice que no? Intentemos ser lo más coherentes posible entre todos y echar una mano. Si usted plantea este contrato, a lo mejor podemos mejorar el nuestro con las aportaciones de Izquierda Unida de Madrid. Por ello, seguiremos trabajando en ese sentido.

En el ámbito del resto de las cuestiones planteadas en este real decreto, quiero decir lo siguiente: En primer lugar, tranquilizar tanto al señor Azpiazu como al señor Campuzano en lo que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas que para algunos de ustedes no están contempladas de forma adecuada en este real decreto. No; no solamente están bien contempladas, es que ya le he dicho antes en conversación privada al señor Campuzano que, a través del debate y de las enmiendas, podremos incorporar aquellas medidas que desde el punto de vista de Convergència i Unió sean realmente garantía de una forma mucho más clara de lo que plantea el propio real decreto en el portal único de empleo, que lógicamente tiene que ser en colaboración con las comunidades autónomas.

Señor Azpiazu, respecto a una cuestión acerca de la que ninguno de ustedes ha querido hablar, que es una gran medida sobre la financiación de las deudas de los acreedores de los ayuntamientos y comunidades autónomas, ha sido un gran triunfo de este Gobierno completar con esta tercera fase aquello, ampliando el tipo de deudas que se pueden asumir y ampliándolo al País Vasco y a Navarra. Yo le quisiera decir al señor Azpiazu -en este momento no presente- que no se preocupe porque solamente se podrá hacer en el País Vasco y en Navarra, previo convenio con la comunidad autónoma. Por lo tanto, está garantizada totalmente la independencia y la capacidad de desarrollo de las comunidades autónomas en esta materia.


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Este real decreto en su conjunto pretende lo siguiente: En primer lugar, crear empleo entre los jóvenes; en segundo lugar, ayudar a las pequeñas y medianas empresas tanto a nivel de impuestos como en las deudas que tienen pendientes los ayuntamientos y comunidades autónomas con ellos. En tema de ferrocarriles, la liberalización y la normalización de ADIF respecto a Renfe, que estaba poco organizado desde el punto de vista jurídico. Representa también una ayuda importante a las pequeñas y medianas empresas en su financiación, y me alegro de que no se hayan referido a ello, porque quiere decir que están totalmente de acuerdo con esas medidas en lo que se refiere a la búsqueda de financiación para las pymes más allá de la financiación a través de los bancos. Por lo tanto y en resumen, es un real decreto necesario por la situación en la que estamos, no obligado por ninguna Administración externa al Gobierno, de acuerdo con las normativas europeas dictadas en los últimos acuerdos del Consejo y del Parlamento Europeo, en la línea clarísima de apoyo a algo que ha sido fundamental en este Gobierno: el apoyo a las pequeñas y medianas empresa, el apoyo al desarrollo de la iniciativa de los jóvenes en nuestro país y el apoyo incondicional a cualquiera que sea capaz de generar riqueza y empleo en nuestro país. Y a través de las enmiendas que vayamos planteando a lo largo de este tiempo, en esa absoluta disposición de la ministra, que ha demostrado a lo largo de este año, a negociar exhaustivamente con todos ustedes para mejorar un decreto que solamente tiene un objetivo: sacar a España de la crisis y seguir generando riqueza y empleo, que es lo que todos necesitamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, dígame.

El señor COSCUBIELA CONESA: Pido la palabra, al amparo del artículo 71, apartados 1 y 3 por citas no solo inexactas sino por descalificaciones a un servidor y también a nuestro grupo, y que me la conceda.

El señor PRESIDENTE: Quiero dejar claro que el tema objeto de debate está suficientemente debatido, y que por lo tanto no voy a dejar que se reabra el debate. Ahora bien, si hay alguna alusión, usted tiene hasta tres minutos para manifestarla.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente. Quiero decirle a doña Celia Villalobos que no he descalificado a la señora Báñez sino sus actuaciones. Quien creo que me ha descalificado a mí ha sido ella. Es verdad: soy duro y radical, bastante menos que las políticas que critico, que provocan, por cierto, bastante sufrimiento. Lo intento hacer con el máximo rigor, cosa que usted no podrá negarme. Quiero insistir en una cuestión: simplemente me he limitado a describir el comportamiento político de la señora ministra e insisto en que manipula cuando utiliza el Acuerdo Interconfederal de primeros del año 2012 y se apropia de él argumentando que eso es la apuesta por la negociación colectiva, justo cuando dinamitó ese acuerdo (Protestas.-Un señor diputado: ¿Sólo?) con una reforma laboral imponiendo un modelo de relaciones laborales en el que son los empresarios los únicos que imponen sus condiciones. Me mantengo en eso.

Segunda cuestión, referida a las imputaciones que usted me hace para justificar por qué he utilizado esos términos. (La señora ministra de Empleo y Seguridad Social, Báñez García: Que no, que no). Sí, señora ministra. He dicho claramente que... Señora Villalobos, he dicho claramente que la señora ministra no negocia, y lo puedo demostrar. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Una señora diputada: Pero tú, ¿de qué vas?-Rumores). En la reforma laboral le planteamos reformas a los procedimientos. Y nada. (Una señora diputada: Qué bonito). He dicho -espero que no se haya ofendido y si se ha ofendido lo retiro, pero no hará falta porque lo voy a explicar- que la señora ministra no dialoga sino que papagayea. (Protestas.-Rumores). Y he utilizado... ¡Perdón! Se lo explico.

El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio! Está explicándose respecto a su intervención. Después hablará la señora Villalobos.

El señor COSCUBIELA CONESA: Se lo explico: he utilizado un término que está en la novela latinoamericana (Varios señores diputados: ¡Aaaah!) para describir a aquellas personas que repiten insistentemente una cosa sin escuchar a los otros. (Rumores). Sencillamente he hecho una descripción política. En tercer lugar, también he hecho una descripción política cuando he dicho que, por este orden, Platón, San Agustín, Maquiavelo y Popper no sabrían describir el grado de mendacidad que utiliza la ministra como arma política para hacer su política. (Protestas). No mendicidad, mendacidad. Me mantengo en esos términos.


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Por cierto, doña Celia Villalobos, la última vez que un portavoz del Partido Popular levantó una fotocopia para argumentar contra nuestro grupo, resultó que era falsa. Espero que no sea lo mismo en esta ocasión. (Rumores).

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos.

La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor presidente.

Señor Coscubiela, usted hace verborrea permanente utilizando las palabras en el sentido que le da la gana. En el sentido que a usted le da la gana, señor Coscubiela. (Protestas). Usted podrá decir que llamar a la ministra manipuladora para usted no es ninguna ofensa, posiblemente porque usted está muy acostumbrado a la manipulación. (Aplausos). ¡Posiblemente porque usted está muy acostumbrado a la manipulación! La señora ministra en ningún momento ha dicho, ni aquí ni fuera de aquí, que esto fuese un acuerdo firmado con los agentes sociales. La señora ministra ha dejado muy claro que ha sido una participación importante de los sindicatos; y no se dejan manipular tan fácilmente. ¡Y parece mentira que usted haya sido de Comisiones Obreras en Cataluña durante tanto tiempo y que venga a decir estas burradas, aquí, en esta Cámara! ¡Parece increíble!

En tercer lugar, utiliza usted un lenguaje impropio en esta Cámara. No esta vez, sino casi siempre. Señor Coscubiela, y si le molesta que yo no haya salido a debatir con usted, pues nos vamos a ver en la Comisión cuando usted quiera. La señora ministra ha dicho exactamente la verdad; no será posiblemente su verdad. La señora ministra negocia con todos los grupos; lo que ocurre es que sus ideas son del siglo XIX, señor Coscubiela. (Aplausos). A ver cuándo se enteran. Que usted lo que quiere es más empleo público, usted lo que quiere es que todos seamos trabajadores del sector público. Usted quiere la arcadia feliz de la Unión Soviética antes de la caída del muro. Pues mire usted las consecuencias que tuvo. Eso es lo que usted propone, y lo que usted propone no tiene nada que ver con la realidad de este país. (El señor Coscubiela Conesa hace gestos a la oradora). Claro que le oímos, y no solo le oímos, le escuchamos, señor Coscubiela. Su problema, señor Coscubiela, es que hasta una réplica que no se esperaba la tenía usted escrita, porque usted oye pero no escucha absolutamente a nadie, ni siquiera a sí mismo. (El señor Coscubiela Conesa muestra unos documentos.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000056).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000057).

- ACUERDO DE SEDE ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 93.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, HECHO EN MADRID EL 4 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000058).

- ENMIENDA NÚMERO UNO AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE AUSTRALIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE FINLANDIA Y EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA Y LAS FUERZAS ARMADAS SUECAS Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente 110/000059).


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- ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE IRAQ, POR OTRA PARTE, HECHO EN BRUSELAS EL 11 DE MAYO DE 2012. (Número de expediente 110/000060).

- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES, DEL REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y DE LAS DECLARACIONES CONCERTADAS POR LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA RELATIVAS AL TRATADO Y AL REGLAMENTO, HECHOS EN GINEBRA EL 1 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 110/000061).

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA COSTA DE MARFIL, HECHO EN MADRID EL 17 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000062).

- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000063).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y CANJE DE LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN NACIONALES, HECHO EN SKOPJE EL 6 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000064).

- PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, CON EL FIN DE TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y DE RUMANÍA, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000065).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DE SERVICIO, HECHO EN RABAT EL 3 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000066).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN ABU-DHABI EL 21 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000067).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000068).

- SEGUNDO PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, REVISADO, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000069).

- ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, POR OTRA, HECHO EN PHNOM PENH EL 11 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000070).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUINEA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000071).

- CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL, HECHO EN CIUDAD DEL CABO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000072).

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000073).


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- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000074).

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CAMERÚN, HECHO EN YAUNDÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000075).

El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto, vamos a pasar al siguiente, que es el relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios internacionales, con números de expediente 110/000056 a 110/000075. Algunos grupos han expresado su deseo de intervenir. Como acordamos en Junta de Portavoces, los que lo han pedido tienen hasta cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Intervendré muy brevemente, en primer lugar, en relación con el Acuerdo de defensa con los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros votaremos en contra porque nos parece que es un acuerdo con un Estado conocido como intermediario en el comercio de armas y que comercia con zonas en conflicto. No se establece en tal acuerdo un control adecuado a este tipo de prácticas y las credenciales democráticas de los Emiratos Árabes no son lo impecables que deberían ser. En ese sentido, nos manifestamos en contra y votaremos en consecuencia.

En segundo lugar, en relación con el Protocolo de enmienda del convenio militar con los Estados Unidos de América (Rumores), a ver si lo he entendido bien, que no sé si lo he entendido, porque para votar en consonancia tendríamos que entender lo que figura...

El señor PRESIDENTE: Perdóneme un momento, señor Bosch.

Por favor, hemos pasado a otro punto y hay un orador en el uso de la palabra. Así que presten atención al orador o, si no, despejen el hemiciclo.

Continúe, señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: No entendemos la referencia a Gibraltar en tal protocolo de enmienda, que nos da toda la impresión de ser una declaración unilateral. Estamos hablando de un convenio entre dos partes, y en la adenda, en la parte final de esa enmienda al convenio entre dos partes, se cuela una declaración unilateral española que entendemos que Estados Unidos no firma. ¿Por qué no lo firma?, ¿por qué no forma parte del convenio?, ¿por qué figura como un punto añadido de declaración unilateral española? Quiero comentar dos cosas sobre el texto de esa declaración. En primer lugar, se cita que Gibraltar es un territorio no autónomo. Esa es una consideración académica que no entendemos por qué figura en un texto y menos de un acuerdo entre dos partes, o incluso en la declaración unilateral de la cual les hablábamos. Ya nos gustaría a nosotros en Catalunya ser tan no autónomos como lo es Gibraltar, que no ha celebrado uno ni dos, sino tres referéndums en las últimas décadas. Ya nos gustaría a nosotros ser como Gibraltar. Niegan la realidad, no les gusta la realidad y, como siempre, la declaran ilegal. Esa es su práctica habitual.

En segundo lugar, nos sorprende también su adhesión entusiasta al Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713. Muy pronto hará trescientos años. Cuando nosotros nos referimos al mencionado tratado porque también afecta al pasado y el presente de la realidad catalana, ustedes nos miran como si fuéramos locos. ¿Cómo quieren que les miremos ahora a ustedes, cuando usan y fundamentan sus argumentos en un tratado de hace trescientos años?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

Yo también le pido a la empresa Telefónica, que despidió injustamente a Marcos mientras estaba enfermo, que lo readmita porque, si no, se va a enterar como ya se está enterando.

Hoy nos traen aquí veinte tratados. Nuestro grupo siempre se felicita de que hagamos un debate político de un tema que en muchas ocasiones pasaba desapercibido, sobre todo en seis tratados para los que hemos pedido el voto separado del resto, seis tratados que afectan a una serie de países con los cuales creemos que España no tendría que tener una relación normalizada. Por tanto, los tratados que afectan a las relaciones entre nuestro país y esos países no deberían pasar desapercibidos por esta


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Cámara porque en esos países hay excesivo sufrimiento como para que lo ignoremos. Estamos hablando de forma concreta de dos tratados con Guinea Ecuatorial, que está gobernada por un régimen militar presidido por el señor Teodoro Obiang y que podemos calificar de sanguinaria dictadura militar, por tanto, no tememos normalizar nuestras relaciones con ese país africano.

Hay dos tratados que hablan de Marruecos, de la monarquía teocrática de Marruecos. ¿Por qué? Porque ese país está incumpliendo de forma sistemática las resoluciones de Naciones Unidas que afectan a los derechos del pueblo saharaui, y porque últimamente se ha producido una sentencia injusta de castigo a veinticuatro pesos saharauis por el hecho de querer ser saharauis y no ser marroquíes. Tampoco apoyamos el Tratado que afecta a los Emiratos Árabes Unidos, porque nuestro grupo sigue siendo crítico con la venta y cooperación militar con las monarquías del Golfo, con todas ellas. En alguna ocasión ya lo hemos dicho respecto a Arabia Saudí y hoy lo decimos de los Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente el Tratado de defensa, de colaboración militar, con los Estados Unidos. Somos muy críticos con el Convenio de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos, porque subordina España a la estrategia militar de la OTAN y, a través de esa estrategia, a la estrategia militar de los Estados Unidos, y porque este tratado -no me voy a extender en leer algunos de sus párrafos más escabrosos- dice en su artículo 2.2: a tal fin, España concede a los Estados Unidos de América el uso de instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral. Por tanto, señores del PP, con este convenio aquí tienen su marca España, una marca España en inglés al ritmo de McDonalds.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, señorías, nuestro grupo va votar a favor de los convenios que se someten a nuestra consideración, pero me voy a referir especialmente al Segundo protocolo de enmienda del convenio de cooperación con Estados Unidos, que data de 1988, y que tiene como finalidad contribuir significativamente -leo literalmente- al sistema de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica. Así que, aunque estamos ante un protocolo que se inscribe dentro del conjunto de convenios de cooperación con Estados Unidos, el objetivo político de este protocolo de enmienda es contribuir a una estrategia OTAN y a esos efectos se autoriza el despliegue de cuatro destructores Aegis en Rota. En ese sentido, es la aportación española esencial al sistema de defensa antimisiles que se acordó en la OTAN en octubre de 2010 en la Cumbre de Lisboa y que es una estrategia que extiende, que cambia la naturaleza de la que hasta ese momento existía a ese respecto impulsada por el presidente norteamericano Bush; la Administración Obama cambia ese objetivo anterior y establece que el sistema de defensa contra misiles de la OTAN debe defender a todos los pueblos, a todas las personas y a todos los territorios de los países de la OTAN, no solo a las fuerzas militares establecidas en los teatros de operaciones. Es un cambio que nos parece sustancial, es una cobertura total de protección a la población y a los territorios de todos los países de la OTAN. Ese es el objetivo.

El fondo del asunto es la constatación de que ahora mismo hay 30 países en el mundo que poseen o están adquiriendo misiles que pueden llevar armas convencionales o pueden transportar también armas de destrucción masiva. No solamente Estados; actores no estatales pueden tener ese tipo de misiles, de armas, pero especialmente no cabe duda de que el cambio se produce por la amenaza que supone Irán, lo que hace Irán en relación con el enriquecimiento de uranio que le podría permitir en el futuro tener una capacidad nuclear: y también porque la tecnología de Irán, da toda la impresión, es algo admitido y constatado que en cuanto a misiles ha avanzado muchísimo en medio y corto alcance, no tanto en largo alcance, por tanto, podría golpear con esos misiles al sur de Europa o parte del sur de Europa. Esto es lo que desencadena, junto con una capacidad tecnológica muy avanzada, sobre todo el sistema Aegis que se desarrolla, el que desencadena este cambio estratégico en la OTAN muy importante, políticamente relevante, donde se inscribe, como digo, este segundo protocolo de enmienda al Convenio de cooperación con Estados Unidos. Para nuestro país, para España, los objetivos políticos de este protocolo, de esta estrategia de defensa antimisiles OTAN son buenos, son positivos y por eso vamos a apoyarlos. Nosotros no tenemos el dilema que tiene Francia, por ejemplo, en cuanto a la disuasión nuclear, pero entendemos que desde el punto de vista de la defensa europea y de su estrategia de seguridad, de la defensa nacional, donde la seguridad y estabilidad del Mediterráneo es absolutamente crucial, es algo positivo para nuestro país. Hay que apoyar esa gradual desnuclearización de Europa o el proceso de no proliferación de misiles


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balísticos que puede contribuir a impulsar la existencia de esta defensa antimisiles, y también, por qué no, intereses económicos. Esto desde luego no afecta a nuestros intereses económicos; al contrario, puede facilitar sin duda, especialmente en la bahía de Cádiz, en Rota y cerca de ese lugar, el desarrollo de esa parte del territorio español que, por cierto, no está sobrado de apoyos. Dos acotaciones más respecto de la posición española. Una, el siguiente paso a dar que debe ser pensar, estudiar una posible integración futura de tal sistema antimisiles en nuestras F-100, nuestras fragatas F-100, que tienen ya una capacidad tecnológica significativa. No cabe duda de que esta nueva estrategia OTAN significa apostar por una modernización estratégica militar y por ir disminuyendo los programas militares convencionales. Es algo que está sucediendo en todos los Ejércitos y desde luego tendrá que suceder también en el Ejército español.

Una última consideración, en los últimos años se han publicado en el Boletín Oficial del Estado dos acuerdos que quisiera destacar de desarrollo del Convenio de cooperación con Estados Unidos. Uno de ellos se publicó el 28 de marzo del año 2011, hace poco, sobre autorización de las escalas y sobrevuelos de las aeronaves militares de Estados Unidos de América. Ahí se establece la prohibición de realizar vuelos que representen riesgo especial para la población; la prohibición de realizar repostajes en vuelo sobre territorio nacional; la prohibición de transportar personalidades, mercancías peligrosas, pasajeros o carga que pudiera ser controvertidos para España por parte de aviones de los Estados Unidos. Parece mentira que hasta ese momento era algo que no estaba establecido y publicado y tenía vigencia, se publicó en 2011.

Unos años antes, en 2007, también se fijó el procedimiento de actuación de los Servicios de investigación criminal naval de los Estados Unidos y de la Oficina de investigaciones especiales de la fuerza aérea de los Estados Unidos para que tomasen en absoluta congruencia e información con las Fuerzas de Seguridad españolas y en comunicación inmediata con los tribunales, con los jueces españoles, si se llegase a la constatación de que hubiera algún delito a ese respecto. Estos dos acuerdos que se han publicado y que están vigentes en España nos hubiera gustado incluirlos en este segundo protocolo. Se lo dijimos al Gobierno hace bastante. Ha tardado en llegar, cuando comparecieron el ministro de Defensa y el de Asuntos Exteriores...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Termino, señor presidente.

Decía que no se han incluido, al menos sus líneas generales, en este segundo protocolo. En todo caso, nuestro voto va a ser favorable a este segundo protocolo cuya negociación se inició por el anterior Gobierno socialista y se siguió hasta su culminación por el actual Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, se trata de que la Cámara otorgue la autorización para 20 convenios internacionales, de los cuales, como han señalado los grupos que me han precedido, destaca fundamentalmente el Convenio con Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa y el Segundo protocolo de enmienda del convenio de cooperación para la defensa con Estados Unidos. Quisiera señalar que en el Convenio con Emiratos Árabes Unidos los objetivos son dobles: por un lado, facilitar el repliegue del contingente español desplegado en Afganistán en el marco de la Aisaf. Este convenio debe servir para facilitar en los Emiratos Árabes Unidos la existencia de una base de tránsito aéreo y de embarque marítimo desde los Emiratos Árabes Unidos a España. Es decir, estamos hablando de una contribución a una operación humanitaria y de mantenimiento de la paz. El segundo objetivo de este convenio es fomentar la colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países y abrir la puerta a futuros acuerdos de cooperación militar. Por tanto, estamos hablando de un doble objetivo perfectamente coherente con lo que significa en estos momentos la extensión y el desarrollo de unas relaciones inexistentes hasta la fecha con los Emiratos Árabes Unidos.

Durante las negociaciones existieron dos puntos controvertidos, la protección de la información clasificada que requería un acuerdo general de cooperación en defensa y a qué jurisdicción se iba a someter el personal militar. Al final se resolvió de acuerdo con la normativa OTAN. Lo importante es que a través de este convenio


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España obtiene un aliado con importantes capacidades de apoyo para nuestro despliegue en Afganistán y el futuro repliegue en la zona, y además una contribución al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos que va a posibilitar que nuestra industria se pueda desarrollar, en particular Navantia que está negociando ya la posibilidad de venta de buques a los Emiratos Árabes Unidos. Estamos dentro de lo que significa una racionalización y una obtención de los mejores recursos por parte de nuestra industria de defensa. En este sentido, el convenio no hace más que reforzar y darnos entrada a estas relaciones privilegiadas con un aliado importante en la zona.

Por lo que hace referencia al Segundo protocolo de enmienda del convenio de cooperación para la defensa con los Estados Unidos, estamos hablando de una forma inteligente de contribuir de una manera rentable a apoyar los objetivos de seguridad y demostrar solidaridad con la Alianza Atlántica. El convenio pone en valor el compromiso de Estados Unidos en los intereses de seguridad europeos y refuerza la necesidad de Europa de plantearse los suyos propios. Especialmente en un momento como el actual, resulta fundamental volver a aparecer como socios fiables, además de que en el protocolo de enmienda los elementos básicos del convenio dinamizarán la economía de la zona.

Los cinco elementos básicos del convenio -con ello termino- se dirigen a preservar la soberanía y el control de España sobre su territorio, mar territorial y espacio aéreo; conceder a las fuerzas de Estados Unidos instalaciones de apoyo y autorizaciones de uso para objetivos tanto dentro del ámbito bilateral como multilateral del convenio; preserva la política española de no nuclearización de los espacios de soberanía y, en concreto, se mantiene la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares o no convencionales o sus componentes en territorio español. En definitiva, es una prueba de nuestra alianza a través de la OTAN con Estados Unidos, la inserción del convenio de cooperación y la pertenencia de España y Estados Unidos al eje atlántico donde se establece la garantía de defensa mutua. Esta conexión da a la relación bilateral toda su plenitud al tiempo que expresa el compromiso multilateral de nuestro país con la alianza. No significa otra cosa sino la posibilidad de participar en el escudo antimisil.

El representante del Grupo Parlamentario Socialista ha expuesto cómo estos dos convenios -tanto el de cooperación y de defensa con los Emiratos Árabes Unidos como el Protocolo de enmienda del convenio con Estados Unidos- fueron negociados inicialmente por el Partido Socialita. En el Partido Popular nos congratula haber podido llevar a término estas dos negociaciones que no hacen sino reforzar la idea y el objetivo de una política de consenso en nuestro país a través de la participación de ambos partidos en dos elementos fundamentales que facilitarán y desarrollarán relaciones con nuestro gran aliado Estados Unidos y también con los Emiratos Árabes Unidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.

Terminamos este punto, pero quiero decirles a los portavoces de los grupos que si quieren, como parece ser, votación separada de alguno de los acuerdos nos lo hagan llegar a la Mesa para poder hacer la votación adecuadamente. El resto los votaremos juntos.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. (Número de expediente 121/000032).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo al debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Para su presentación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señor presidente, señorías, comparezco en esta Cámara para presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). El Gobierno pretende con esta reforma introducir nuevas reglas que favorezcan reformas estructurales en el transporte por carretera, sector que como saben tiene dificultades para competir en el exterior; al mismo tiempo eliminar cargas administrativas que hoy recaen sobre las empresas y sobre las administraciones limitando, a mi juicio, su eficacia. La modificación de la ley, señorías, persigue básicamente tres objetivos. El primero, mejorar la competitividad y la eficiencia del sector del transporte. El segundo, mejorar el servicio público de transporte de viajeros. El tercero, mejorar las condiciones de competencia en el mercado a través del perfeccionamiento de las reglas de control y del régimen sancionador actualmente establecido.


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La LOT, como la llamamos, de 1987 tiene más de veinticinco años de vigencia; ha sufrido numerosos retoques y resulta en muchos casos obsoleta en relación a la realidad del transporte por carretera, por eso además de porque hay que adaptarla a la más reciente normativa comunitaria. Concretamente hay que ajustar muchos de sus preceptos a los cuatro reglamentos comunitarios que entre 2007 y 2009 entraron en vigor y que son, como saben, el 1370 de 2007; el 1071 de 2009; el 1072 de 2009 y el 1773 de 2009. Por cierto, como saben, en el Consejo de Transportes de la Unión Europea celebrado el pasado lunes hemos iniciado la puesta en común de una importante reforma, que está todavía en una fase muy preliminar, sobre el cabotaje. El Gobierno de España va a defender en esta tramitación los intereses de nuestro transporte por carretera.

Señorías, tenemos un parque de 466.000 vehículos autorizados para el transporte de mercancías, un 65,8 % realizan transporte público, es decir, transporte profesional al servicio de los clientes del transportista, y un 34,2 % se dedican al transporte privado complementario que, como todos ustedes saben, es el que realizan con sus propios medios empresas que no son transportistas para llevar a cabo por sí mismas el acopio de materias primas que utilizan o la distribución de sus productos. Como les decía antes, nuestro sector es mucho más atomizado que en el resto de los países de la Unión Europea, lo cual tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de reforma. La media de vehículos en España por empresa es de 3,4, frente a los 5 vehículos por empresa en Alemania, 5,6 en Portugal, 5,8 en Francia o 7,5 en Holanda. En cuanto al transporte de viajeros, tenemos 43.800 vehículos autorizados, de los que la práctica totalidad se destinan al servicio público y tan solo 1.500 se utilizan en régimen de servicio privado complementario, es decir, el que realizan empresas no transportistas con sus propios medios fundamentalmente para trasladar a su personal. Y en el sector del transporte de viajeros en autobús la media de vehículos por empresa es actualmente de 11,5. Al hablar del transporte de viajeros en autobús hay que señalar la trascendencia que tienen los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general, mediante los que se atiende una muy importante parte de la demanda básica de transporte interior de viajeros en nuestro país y se estructura la red que garantiza la movilidad de muchos ciudadanos. Como saben, esta modalidad de transporte se presta por la Administración a través de empresas privadas en régimen de concesión administrativa. En este momento, señorías, la red de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Administración General del Estado se halla integrada por 99 concesiones, a las que se adscriben 1.351 vehículos, los cuales dan servicio a 3.258 poblaciones y transportan a 34,6 millones de viajeros al año. Esta red contribuye sin duda a favorecer en manera determinante la vertebración y cohesión territorial de nuestro país en tanto que su gran capilaridad garantiza las necesidades de movilidad de los ciudadanos y su acceso a los servicios básicos. Me gustaría destacar que los servicios de transporte regular de viajeros en autobús, cuyas tarifas máximas se establecen por la Administración, presentan precios muy competitivos respecto a otros modos, a la vez que tienen un elevado nivel de calidad, de acuerdo con las valoraciones que aportan las encuestas efectuadas a los usuarios que periódicamente realiza el Ministerio de Fomento. Esta red de concesiones de transporte regular de viajeros por carretera de titularidad del Estado presenta, además, una característica: que no recibe subvenciones con cargo al presupuesto público. Este modelo de red de servicios públicos prestados en exclusividad por empresas contratistas de la Administración ha sido positivamente apreciado por la Unión Europea, que lo tomó como base para la redacción del vigente Reglamento 1370/2007.

Señor presidente, señorías, como les decía al inicio de mi intervención, tres son los objetivos básicos que el Gobierno persigue con esta ley -además de la adaptación a las recientes normas comunitarias-, que paso a señalarles. El primer objetivo es mejorar la competitividad y la eficiencia del sector. En este primer objetivo voy a destacar varios bloques de medidas que me parecen fundamentales. En un primer bloque me gustaría señalar que se articulan las diversas medidas que tratan de dotar de mayor flexibilidad a la gestión empresarial, como la posibilidad de realizar cualquier actividad relacionada con el transporte con una única autorización cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello, mientras que hasta ahora se necesitaban dos autorizaciones para operar de forma global el mercado: una para realizar la propia actividad física del transporte y otra para intervenir en la subcontratación. El segundo elemento de este bloque de medidas es la eliminación de la exigencia de autorización a las empresas que, sin intermediar en la contratación del transporte, desarrollan actividades auxiliares o complementarias; por ejemplo, agencias del transporte, transitarios, almacenistas distribuidores, operadores logísticos o estaciones de transporte. Esta simplificación, señorías, del sistema de autorizaciones no significa que no tengan que cumplir unos requisitos, lo que significa es que ahorramos tiempo y dinero, dinero para las empresas, que en muchos casos tienen que desplazarse múltiples veces para hacer múltiples trámites administrativos.


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Un segundo bloque de medidas está encaminado a alcanzar una mayor agilidad en la tramitación de las licencias y autorizaciones. Así, frente a las actuales reglas de procedimiento que exigen la presentación formal, con presencia física, de documentos ante la Administración y la gestión de complejos expedientes, el proceso que vamos a impulsar lo que hace es que la tramitación telemática sea la reina; va a ser la predominante, va a reducir enormemente la carga administrativa para las empresas y la Administración, y va a disminuir notablemente los plazos de emisión de las autorizaciones, que van a ser cuestión de horas. Especial significación en esta línea tiene la implantación del visado de oficio de las autorizaciones por parte de la Administración. Es un trámite que hasta ahora requería que las empresas acreditaran cada dos años que continuaban cumpliendo los requisitos que se les habían exigido al principio. Pues bien, a partir de ahora no es que no tengan que cumplir esos requisitos, sino que de oficio y telemáticamente la Administración lo que hará es evitar molestias a los administrados a través de la interconexión del Registro de empresas de transporte con el resto de los servicios públicos, como, por ejemplo, el registro de la Seguridad Social, para la comprobación de forma automática de las obligaciones sociales, o el de Hacienda, para la comprobación de las obligaciones fiscales, o con el Registro Mercantil, el de Tráfico, etcétera, para la comprobación de otros requisitos.

El tercer bloque, señorías, se encamina a actualizar y armonizar el contenido de la ley con la reglamentación comunitaria de acceso al mercado de transporte de viajeros y mercancías por carretera. Como les decía, la ley del año 1987 está obsoleta en muchos de sus aspectos y por eso es tan necesario adaptarla, como ha recomendado, por cierto, el Consejo de Estado. El nuevo requisito comunitario de contar con un establecimiento efectivo y permanente en el país para obtener la pertinente autorización se incorpora a la norma. La nueva definición de los requisitos tradicionales de honorabilidad en términos de directiva comunitaria, de capacidad financiera y de competencia profesional está regulada en el reglamento 1071/2009.

Hay un cuarto grupo de medidas que refuerza el principio de libertad mercantil. La reforma de la ley elimina toda referencia a la posibilidad de que la Administración pueda establecer tarifas mínimas, generalizándose el principio de libertad de precios en la contratación de transporte en beneficio de los usuarios. Por cierto, he leído que algún grupo en su enmienda a la totalidad habla de este punto, y yo les diría que en España -como saben- las tarifas mínimas obligatorias, que eran publicadas anualmente mediante orden ministerial, desaparecieron en el año 1997, a través de la modificación del artículo 28 del ROTT o del siguiente vigente de la LOTT. Por lo tanto, aquí lo que se hace es incorporar a la LOTT lo que no estaba en la Ley del Transporte, pero ya en sí está eliminado en el ROTT, que es el reglamento de transporte terrestre. La única excepción a esta regla viene constituida por las tarifas que se aplican en los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general, dado su carácter de servicio público y teniendo en cuenta el derecho de exclusividad que se le da en la concesión al contratista de la explotación. Aquí sí que se justifica la protección del usuario y por eso las tarifas de estos servicios tienen ese carácter de precio máximo. También, con objeto de dar mayor eficacia a las relaciones mercantiles, se potencia la actuación de las juntas arbitrales del transporte, elevando la cuantía del litigio de los 6.000 euros actuales hasta los 12.000 euros, puesto que estos órganos arbitrales funcionan a nuestro juicio eficazmente, este reconocimiento está avalado por todos los transportistas y usuarios, y este cambio va a contribuir a desjudicializar muchos conflictos en la contratación del transporte.

Y el quinto paquete o bloque de medidas de este apartado persigue dar una mayor transparencia al mercado, al tiempo que se refuerza el marco legal destinado a impedir el intrusismo en el sector. Para ello daremos publicidad a la parte del contenido del Registro de empresas de transporte, que permitirá conocer a cualquier ciudadano si una empresa o persona física cuenta con alguna de las autorizaciones o habilitaciones que se contemplan en esta ley. Esta medida permitirá comprobar automáticamente si la empresa con la que se está contratando un determinado servicio de transporte está autorizada para ello. Hay que recordar que el régimen sancionador prevé responsabilidades para el que contrata servicios de transporte con una empresa que no esté autorizada. Por otra parte, con el fin de potenciar la unidad de mercado y evitar situaciones de competencia desleal se establecen nuevas reglas que garanticen que solo podrán facturar servicios de transporte quienes dispongan de la necesaria autorización para contratarlo en nombre propio, ya sea como transportistas o como intermediarios en la contratación de transporte.

El segundo objetivo, señorías, es la mejora del servicio público del transporte regular de viajeros. Este segundo objetivo que se marca este proyecto es muy importante para miles, para millones de ciudadanos. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Las reformas legales van


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a potenciar la competencia y, sobre todo, van a potenciar la transparencia. En primer lugar quiero señalar que, mientras una buena parte de las concesiones de los servicios de transporte regular de titularidad de la Administración del Estado tenían una vigencia de más de cuarenta años, superando incluso en algún caso los cincuenta años, ahora se pretende establecer el plazo máximo concesional en diez años, de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación comunitaria, para la renovación de todos los contratos preexistentes, a través de su licitación en estos próximos años. Ello, señorías, permitirá redefinir las condiciones de los contratos de gestión de servicio público, introduciendo mejoras allí donde la experiencia haya identificado deficiencias e incrementando la concurrencia y la competencia de los procesos de licitación, que en muchos casos dejaban mucho que desear. En segundo lugar, se introducen mejoras para armonizar la legislación específica sobre este tipo de transportes con las reglas generales sobre la contratación del sector público. Por ejemplo, el contenido de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular sólo podrá ser modificado cuando así se encuentre expresamente previsto en el contrato original o por razones de interés general valoradas por la Administración. También, la eliminación de la posibilidad de que la Administración apruebe revisiones tarifarias extraordinarias de carácter general. Esas revisiones extraordinarias de tarifa sólo podrán llevarse a cabo de forma individualizada cuando se produzca una alteración del equilibrio económico de un determinado contrato por causas ajenas al contratista. En tercer lugar, señorías, se incorporan medidas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general. Por ejemplo, con el fin de optimizar los recursos existentes, se introduce la posibilidad de que las administraciones colaboren incluyendo en un mismo contrato la prestación de servicios de transporte regular de viajeros de uso general y el transporte de trabajadores a centros públicos o de escolares. Eso sí, en este último caso garantizando el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001, sobre las condiciones de seguridad en el trasporte escolar. También se establece la posibilidad de adjudicación directa de un servicio por un plazo no superior a dos años en los casos de interrupción abrupta de la prestación de dicho servicio por la empresa que lo viniera realizando o un riesgo inminente de que ello suceda. Hay otra serie de medidas destinadas a incrementar la transparencia en la prestación de los servicios públicos de transporte regular de viajeros. Así, cualquier ciudadano podrá acceder directamente al Registro de empresas y actividades de transporte para comprobar las condiciones de prestación de un servicio: tarifas, frecuencia de los servicios, características de los vehículos, recorrido o paradas autorizadas. Tiene que haber total transparencia y tiene que haber total información porque hay muchos usuarios que no saben a la hora que para un servicio, ni cuánto tiempo se detiene, ni cuál es el servicio regular. Finalmente, se prevé la posibilidad de que los pliegos de los concursos de líneas regulares puedan establecer un canon a favor de la Administración a pagar por el adjudicatario y, por otro lado, se impone a los concesionarios el establecimiento de sistemas para el control de los ingresos generados por la explotación del servicio. Dicho control se reforzará al exigirse que los contratistas de la Administración lleven una contabilidad analítica de asignación de costes de los servicios que gestiona cada uno para que la Administración pueda realizar un adecuado seguimiento de los mismos.

El tercer objetivo, señorías, señora presidenta, es mejorar las condiciones de competencia en el mercado. Este tercer objetivo hay que llevarlo a cabo con urgente necesidad a través del perfeccionamiento de las reglas de control y del régimen sancionador. Se introducen nuevas infracciones que básicamente responden a las nuevas condiciones de la última reglamentación comunitaria o a las modificaciones introducidas en esta ley. Como ejemplo, con el texto vigente únicamente es posible sancionar la realización de un transporte no estando autorizado para ello, y con las modificaciones previstas será posible sancionarlo cuando dicho transporte sea ofertado a otros clientes -sin necesidad de que se hubiera llevado a cabo- y no tener autorización. Se flexibiliza el sistema de pago de sanciones homogeneizándolo a otros países de la Unión Europea y previendo descuentos del 30 % a quienes abonen sus sanciones en el plazo de treinta días desde que sean notificadas. Se promueve el uso de medios telemáticos para realizar alegaciones e interponer recursos. Desde luego se está intentando racionalizar, pero sobre todo teniendo en cuenta que las faltas e infracciones de gravedad son ahora más punibles. Le quiero señalar también que todos estos criterios se han consensuado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, órgano de representación institucional de las asociaciones profesionales de transportistas ante la Administración, introduciendo en el sistema sancionador numerosas ventajas, ventajas que son mejoras. Por ejemplo, la exención de responsabilidad del transportista en determinados supuestos cuando se acredite que la causa de la infracción fue una indisciplina o una desobediencia grave del trabajador. La especial agravación de las infracciones cuando estén relacionadas con el transporte de mercancías


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peligrosas o afecten gravemente a las condiciones de competencia. Por tanto, no es cierto, como se dice, que se rebajan las sanciones. No es así, lo que se hace es que aquello que es grave, que es importante, se refuerza, y aquello que no lo es, se iguala u homologa a lo que tienen otros países de la Unión Europea.

Señorías, este proyecto de ley es clave y fundamental para mejorar la competencia del sector de transporte por carretera. Quiero indicarles que en la elaboración de esta ley se han solicitado informes a todas las comunidades autónomas y hemos recibido observaciones de cinco de ellas. También se ha emitido informe por parte del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, principal órgano de asesoramiento de la Administración en materia de transportes, donde están, por cierto, representadas las organizaciones sindicales; por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, al que corresponde la representación de las asociaciones profesionales del sector ante la Administración; por la Comisión Nacional de la Competencia. Tras analizar estos informes, se elaboró el texto que se ha remitido a esta Cámara y que se sometió, como saben, al dictamen del Consejo de Estado, cuyas observaciones fueron tomadas en consideración.

Señora presidenta, señorías, mediante la modificación de esta ley se armonizan las condiciones de acceso al mercado en línea con los criterios establecidos por la reglamentación comunitaria; se simplifica el sistema de autorizaciones, aportando flexibilidad y capacidad de gestión a las empresas que, cumpliendo las condiciones necesarias, acceden al mercado; se da publicidad a la información del Registro de empresas de transporte, que resulta de interés para los usuarios y empresas, incrementando la seguridad jurídica en la contratación de dichos servicios de transportes, y, con el objetivo de potenciar unos servicios de calidad en beneficio del usuario, se dinamiza la competencia revisando el régimen de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso general, armonizándolo a su vez con las reglas de contratación administrativa del sector público y con la reglamentación comunitaria específicamente referida a esta materia. Se hace recaer el mayor peso sancionador sobre quienes actúan alterando gravemente las condiciones de la competencia o ponen en riesgo la seguridad.

En definitiva, señorías, la aprobación de esta ley va a impulsar un mercado del transporte por carretera más dinámico y transparente, con mayores garantías y seguridad jurídica para los transportistas y usuarios del transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Señorías, un sector -el de transporte por carretera- más eficiente, más competitivo y más fuerte. Para eso tiendo la mano a todos los grupos políticos para que presenten -algunos han presentado enmiendas a la totalidad- en esta fase que ahora va a comenzar enmiendas que, estoy segura, van a ser muy positivas para la mejora de esta ley. Hemos recogido todas aquellas propuestas que estamos seguros que son buenas para el sector, que son buenas para la competitividad de la economía española, que son buenas para mejorar el empleo, que son buenas para el futuro de muchos sectores de nuestro país y se han intentado equilibrar aquellos compromisos, pero sobre todo aquellos intereses, que son todos legítimos, de todas las empresas y de todos los transportistas. Señorías, seguro que no lo hemos conseguido, por eso es tan importante esta fase, esta tramitación parlamentaria, porque con la ayuda de todos ustedes, señorías, estoy segura de que lograremos una ley moderna, una ley del siglo XXI. Y desde luego, vamos a estar muy atentos a ese principio de reglamento de cabotaje de la Unión Europea. El lunes ya defendí -aunque sólo es un trámite inicial- que España va a ser oída en materia de cabotaje porque nos jugamos mucho en esta materia.

Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora ministra.

Se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución a este proyecto de ley. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, empiezo lamentando que no podamos tener tampoco en esta ocasión más puntos de coincidencia en esta nueva propuesta que nos traen desde su ministerio. Este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, se ha quedado en lo que pudo ser y no fue. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Después de varios meses de trámite parlamentario, después de sus reuniones y de las reuniones de otros representantes de su Gobierno con distintas asociaciones representativas del sector de los transportes en el Estado español y después de haber creado grandes expectativas no han conseguido otra cosa que no satisfacer en gran medida esas expectativas y han causado con esta modificación gran descontento en un sector numerosísimo e importantísimo para el conjunto de la economía y en definitiva para el desarrollo de la vida de la gente.


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Este proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, de la LOTT, se enmarca a nuestro juicio dentro de la línea que el Gobierno ya ha seguido en otros ámbitos, en la línea liberalizadora de sectores de la actividad económica sujetos a intervención pública. En concreto, su propuesta no hace sino avanzar en la desregulación de un sector -como he dicho- importante para la economía por su función logística sin que, paralelamente, se mantengan como contrapeso medidas de protección de los ciudadanos ni de las partes más débiles del propio sector. Insisten ustedes en este proyecto en ahondar en la flexibilización de requisitos que nosotros consideramos necesarios para el ejercicio de la actividad de transporte por carretera. Por otra parte, de forma similar a como ya lo hicieron con reformas introducidas en otros sectores económicos estratégicos, sin tener en consideración que precisamente esa estrategia liberalizadora ha dado escasos o nulos resultados en el relanzamiento de la actividad económica. Muy al contrario, en muchas ocasiones ha significado un claro riesgo para el adecuado funcionamiento de los servicios desregulados para los ciudadanos y para la economía en su conjunto. Para el Bloque Nacionalista Galego el aspecto más controvertido de este proyecto de ley es el establecimiento de una nueva regulación para el transporte ligero que, en la práctica y según han denunciado las asociaciones representativas, va a ocasionar dramáticas consecuencias para los aproximadamente 45.000 transportistas que en la actualidad trabajan en dicho sector. Las modificaciones introducidas para el subsector del transporte ligero supondrán un desajuste y una desregulación real de indeseables consecuencias tanto desde el punto de vista social y económico como de la seguridad vial. Frente a la situación que actualmente recoge la LOTT para los vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos, es decir, la exigencia de acreditar determinados requisitos relativos a la capacidad económica y a la capacitación profesional, ustedes optan por la exención de esos requisitos y por la desprotección de los transportistas. Bajo el pretexto de la liberalización asistimos una vez más, este caso en el sector del transporte, a la introducción de reglas que favorecen los intereses de las grandes empresas multinacionales, en este caso vinculadas a operadores logísticos, en detrimento del colectivo social formado, como digo, por más de 45.000 pequeños transportistas y autónomos que verán agravada su ya delicada situación económica actual. Como hace poco ponía de manifiesto un representante de estos pequeños transportistas, el sector, desmedidamente atomizado ya en este momento -cito ahora textualmente- se convertirá en una selva, sin ningún tipo de control; las grandes empresas multinacionales y los grandes operadores encontrarán porteadores sin profesionalización y formación a los que dominar a su antojo, lo que pondrá en peligro la seguridad vial y la salud de los propios conductores, y todo ello -continúo la cita- a precios temerariamente bajos y en unas condiciones de trabajo que harán peligrar la propia viabilidad de las empresas del sector del transporte ligero.

Señorías, las modificaciones que se proponen dejan fuera de control y supervisión el cumplimiento de requisitos administrativos y técnicos de miles de vehículos de transporte en un subsector en el que la siniestralidad vial es elevadísima y donde se concentra el 60 % de los accidentes con víctimas en el último año. Sobre esta categoría de vehículos sería aconsejable, a nuestro juicio, establecer un control especial y no efectuar una desregulación que supondrá la entrada masiva y desordenada de personas no profesionales al sector y que tendrá efectos, y no precisamente menores, en los ingresos del Estado vía Seguridad Social y recaudación de tributos. Por lo tanto, señora ministra, este proyecto de ley se aparta de lo que sería deseable en atención a la realidad del sector del transporte en el Estado español, aunque usted ha dicho en su primera intervención que es la LOTT de 1987 la que no se ajusta a la realidad del sector, un sector donde tiene un peso relevante el subsector, como acabo de decir, del transporte ligero, que se verá muy afectado por las consecuencias negativas de esta flexibilización que ahora proponen.

Su proyecto de ley incluye también una nueva regulación que aboca a una mayor precariedad económica a todo el sector del transporte de mercancías por carretera al suprimir el principio básico de que los precios que se perciben por los servicios de transporte deben cubrir la totalidad de los costes de explotación y fomentar la seguridad y calidad que sin embargo se mantiene -aquí sí- para el transporte de viajeros por carretera. Con esto se permitirá una competencia abiertamente desleal que pondrá en riesgo la supervivencia de muchas empresas de transporte que aglutinan una parte significativa del sector, a costa además de no poder repercutir las mejoras e innovaciones en materia de seguridad en su actividad.

Señorías, en la actual coyuntura económica la necesaria y demandada actualización de la LOTT no precisa de una desregulación como la que ustedes proponen desde el Gobierno, que también en este caso vuelve a atender con más obediencia de la debida las directrices de los defensores a ultranza del nuevo liberalismo económico que socava las bases de la economía tradicional. Nosotros creemos que en este momento lo fundamental es la inclusión y aplicación de medidas urgentes de protección que impidan


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la desaparición del actual tejido empresarial que sustenta el sector del transporte por carretera, configurado en más de un 85 % por pequeñas empresas.

Este proyecto de ley va justamente en la dirección contraria pues la liberalización facilitará la entrada de grandes empresas logísticas que acelerarán la concentración y el cese de actividad de pequeños transportistas y autónomos. Por estas razones, nosotros desde el Bloque Nacionalista Galego solicitamos la devolución del proyecto al Gobierno y la elaboración de un verdadero paquete completo de medidas legislativas que permitan a ese sector mayoritario de los transportistas en el Estado español, al que me he referido reiteradamente, reforzar su presencia y capacidad de negociación de forma similar a como lo han hecho ya otros Estados de nuestro entorno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Pérez.

Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la diputada señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señora ministra, tenemos que rechazar este proyecto de ley porque, siendo conscientes de la necesidad de legislar para adaptarnos a las nuevas necesidades que evidentemente existen en el transporte terrestre tanto en nuestro país como en Europa, no podemos aceptar que, bajo la falsa premisa de la política liberalizadora en materia de transportes de la que tanto hace gala el Gobierno -tristemente, señora ministra-, lo único que se pretenda sea legislar bajo los principios ideológicos privatizadores y desreguladores imponiendo una política de transporte al servicio de los intereses de unos pocos que nada tienen que ver con una política de transporte al servicio del interés público que incluya todas las infraestructuras implicadas en facilitar el derecho de las personas a la movilidad y el acceso a bienes y servicios -esto ustedes nunca, nunca lo tienen en cuenta porque no lo entienden- y siempre teniendo en cuenta la eficiencia y sostenibilidad medioambiental.

Podemos considerar este proyecto de ley como inoportuno porque, si pretende como dice ajustarse a los reglamentos europeos 1071, 1072 y 1073, de 2009, usted lo ha dicho, sobre el cabotaje y otras cosas, todavía hoy, en Bruselas, se sigue debatiendo una modificación de los mismos y el propio Consejo de Estado señala que esta revisión de la Ley de ordenación de los transportes terrestres no es necesaria a la vista de sus contenidos y si el motivo que la impulsa son esos reglamentos. Ya le digo que además, en breve, no podrán servir de referencia.

Si nos miramos en países de nuestro entorno europeo como Francia y Bélgica, estos reglamentos son tratados al menos al objeto de reforzar los requisitos de establecimiento buscando mecanismos de honorabilidad o el respeto de tarifas y, en suma, estructurando el sector del transporte por carretera para evitar la proliferación de prácticas no deseables; y, por supuesto, contando con el acuerdo de los agentes sociales implicados en el sector: los empresarios, las asociaciones de transporte y los sindicatos. Aquí parece que el Gobierno está en otra onda, a otra bola cuando con este proyecto de ley obvia los problemas reales del sector, no aborda la cuestión de la organización del mercado de transporte por carretera ni la grave problemática de la subcontratación sucesiva. Mira para otro lado en los aspectos fiscales, las situaciones de contratos o los empleos ilegales. No contempla las necesarias coordinaciones de las inspecciones de transporte, trabajo, tráfico y sanidad o el marco tarifario. Y podemos decir, por esto, que se revisa la tipificación de infracciones y del régimen sancionador, pero para reducir... (La señora ministra de Fomento, Pastor Julián, pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señora ministra, para reducir las sanciones. Usted ha dicho que las infracciones tendrán que pagarse cuando sean más graves, no menos graves, pero en realidad se verán disminuidos una media del 30 % y puede ser superior a efectos prácticos, y además prevé incentivos perversos que podrían hacer rentables determinadas conductas infractoras. No se considera además el peso que representan las infracciones que podríamos denominar sociales sobre el total, ya que estas superan a la suma del resto de infracciones en el sector. Por si fuera poco, se pretende extender la corresponsabilidad del conductor al eximir a las empresas del pago de sanciones, y se olvidan por completo de quienes obligan a saltarse los límites de conducción y descanso, que son los clientes.

Se establece una nueva regulación para el otorgamiento de autorización para los transportes realizados en vehículos que hasta ahora estaba estipulada en 2 toneladas, pero que ahora permite hasta los de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Esto -ya se ha dicho aquí por parte de BNG y desde La Izquierda Plural lo compartimos- podría suponer un desajuste y una desregulación real del subsector del transporte ligero, con


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indeseables consecuencias, tanto desde el punto de vista social y económico, como también -lo ha dicho exactamente igual mi compañera- de la Seguridad Social. Porque eximir a estos vehículos ligeros de los requisitos exigidos por la Unión Europea para ejercer la actividad del transporte -hablamos de honorablidad, capacidad económica y capacitación profesional-, así como de no tener que realizar el actual visado periódico, en la práctica deja fuera de control y supervisión el cumplimiento de los requisitos administrativos, las obligaciones fiscales y laborales y los requisitos técnicos que tienen que cumplir miles de vehículos de transporte, lo que resulta especialmente preocupante en el subsector de los vehículos de hasta 3,5 toneladas de masa máxima. Y esto en un subsector en el que la siniestralidad vial -se ha dicho y aquí tenemos que hacer hincapié- es elevadísima porque, por el último estudio de accidentalidad elaborado por la Comisión permanente del Consejo Superior de Seguridad Vial, podemos saber que, del total de accidentes con víctimas en el último año en los que se vieron involucrados al menos un vehículo de transporte de mercancías o viajeros, el 60 % fue debido a furgonetas y camiones de hasta 3,5 toneladas. Además, según los datos de la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV, el 30,2 % de los vehículos de transporte de dicho tonelaje no superaron las inspecciones periódicas. Esto demuestra lo importante que es establecer un control en esta categoría de vehículos y no hacer lo que ustedes pretenden, que es una clara desregulación.

Si, como tenemos entendido -supongo que nos lo hará saber el señor Ayala, o no-, ustedes quieren hacer una enmienda a este respecto, en concreto respecto del artículo 51.2, estableciendo que las autorizaciones de transporte de vehículos ligeros estén sujetas a previsiones mediante la obtención de visado cada dos años -como lo está el resto de autorizaciones de transporte que ahora mismo no se contemplan-, si hacen esto pero no admiten la modificación respecto de la regulación prevista en el artículo 43 y, por lo tanto, obtener la autorización de transporte de vehículo ligero va a seguir siendo extremadamente fácil, ya que no se va a exigir, por ser capacitación profesional, título de transportista ni capacidad económica ni honorabilidad -a diferencia del resto de las autorizaciones de transporte-, tenemos que decirle, señora ministra, que esto lógicamente seguirá significando la desprofesionalización de este segmento del transporte, porque cualquier persona ajena al sector que se compre o al que le den un vehículo de transporte, podrá realizarlo, con la precarización laboral que eso conlleva.

También tenemos que decir que la nueva redacción del artículo 19 de la ley podría amparar legalmente y de manera definitiva -señora ministra, usted ha dicho que el reglamento ya lo había eliminado, pero ahora lo hará de manera definitiva- las prácticas de venta a pérdidas que ya se vienen produciendo de forma lamentable en el sector del transporte en los últimos años, motivadas por los continuos incrementos de los costes de explotación para las empresas y la dificultad de trasladarlos a los precios que perciben de sus clientes. Las tarifas del transporte de mercancías y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte no cubrirán la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y organización, ni dichas tarifas se configurarán de forma que fomenten la inversión, la seguridad y la calidad, pues en el nuevo texto legal se mantienen -señora ministra, usted misma lo ha dicho- expresamente para las empresas de transporte de viajeros, pero no para las de mercancías, que, por lo que se desprende claramente del texto, podrán actuar en una situación de competencia desleal asumiendo una imposición y abuso en materia de precios.

En cuanto a la exención de autorización para el transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas, creemos que puede perturbar el buen funcionamiento del mercado mediante la competencia desleal, máxime si no se dan soluciones para la problemática que supone el arrendamiento con conductor de vehículos de turismo y al transporte privado complementario se le permite que la empresa titular carezca de un establecimiento o local debidamente consignado y adecuado para albergar las mercancías que transporta.

Con esta ley las condiciones laborales del sector serán, si cabe, todavía más lamentables, porque no se establece un régimen regulador de la cadena de subcontratación, cuando entendemos que se podría haber establecido al menos, por ejemplo, para que las subcontrataciones a partir del tercer nivel tengan forzosamente que responder a causas objetivas.

Tampoco se refuerza la honorabilidad en el sector, como pretenden hacernos creer, con la nueva redacción, como ha dicho la ministra, sobre la posible pérdida de honorabilidad, que no es otra cosa que el instrumento con el que la administración puede perseguir a los incumplidores de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social. Según el texto, la honorabilidad se pierde si hay condena firme o si los afectados han sido sancionados de forma reiterada por infracciones muy graves en materia de transporte en los términos que reglamentariamente se determinen. Pero en esta reforma no hay ningún esfuerzo ni refuerzo sobre este requisito ni tampoco se habilita ningún mecanismo para prever una posible pérdida.


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En el actual reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres se señalan algunas condiciones y el complicado mecanismo para la posible pérdida de honorabilidad, pero la verdad es que ninguna empresa en España se ha visto nunca -que conozca esta humilde diputada- en esta situación. Esto contrasta con lo que ocurre, por ejemplo, en Francia o Bélgica, donde existe una comisión tripartita de empresarios, sindicatos y Administración que se reúne, discute y propone sobre estos casos y que da como resultado pérdidas de honorabilidad, aunque, también hay que decirlo, no son muy numerosas. Pero es que aquí y ahora con esta reforma de la LOTT se elimina el apartado tres del artículo 140 referente a infracciones de carácter laboral, fiscal o social. Parece que su ministerio, señora ministra, no es competente ni quiere serlo ni quiere coordinarse con otras inspecciones para este asunto. El resultado es que las empresas, hagan lo que hagan, con esta ley, cometan fraude fiscal o laboral, manipulen los tacógrafos, cometan cierres fraudulentos de sus negocios y un largo etcétera, pueden estar seguras de que no van a perder la honorabilidad.

Por último, en la elaboración y tramitación del proyecto de ley solo se ha contado con los empresarios del sector; solo se ha escuchado, aunque se haya visto a todo el mundo, a los empresarios del sector. Creemos que es preciso dar cauce de participación de forma paritaria y democrática a las organizaciones empresariales y sindicales que faciliten un marco de acuerdos que den verdadera estabilidad al sector. Una mesa social del transporte debería ser el instrumento como órgano tripartito, colaborando con la Administración en sus funciones públicas de ordenación y mejora del funcionamiento del sector, contando con los sindicatos, señora ministra, escuchando también lo que dicen los sindicatos.

El transporte es sin duda una importante parcela del quehacer económico de nuestro país, pero es mucho más que eso, y los demás aspectos, entre los que se no se puede obviar la sostenibilidad medioambiental, deben ser objetivo de una atenta, minuciosa y exquisita regulación al servicio de los ciudadanos. La cuestión va, por lo tanto, incluso más allá de empresas y empresarios o de operadores logísticos, que desde luego deben ser contemplados y regulados, pero esto no se puede conseguir tomando en cuenta los criterios que contempla este texto que pretende aprobar hoy el Gobierno con su mayoría absoluta. Por eso le pedimos la retirada.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora De las Heras.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra la diputada Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, subo al estrado al objeto de fijar posición con motivo de las enmiendas a la totalidad presentadas por La Izquierda Plural y el BNG al proyecto de ley por la que se modifica la Ley de ordenación de los transportes terrestres. Los planteamientos que se realizan en ambas enmiendas nos parecen justos y compartimos en parte la motivación de sus argumentos para pedir a esta Cámara la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. El transporte es un sector económico importantísimo en el Estado español, el transporte de viajeros y mercancías es un sector económico de una enorme y creciente importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. Un sector del transporte fuerte, abierto y competitivo puede ser un instrumento clave para retener la actividad económica y generar otras nuevas en una Europa que tiende a tornarse importadora de las mercancías producidas en terceros países. De hecho, este sector supone aproximadamente el 5,5 % del PIB y emplea a más de medio millón de trabajadores. Por lo tanto, necesita una regulación que sea capaz de responder a las necesidades del sector y del entorno económico en que opera. El Gobierno nos plantea una reforma que persigue tres objetivos, como bien ha dicho la señora ministra: adaptar la legislación de 1987 a los cambios experimentados por el mercado de transporte terrestre de viajeros y mercancías, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea; por otro lado, revisar la tipificación de infracciones y el régimen sancionador; y, por último, una reducción de cargas administrativas.

Todas estas reformas y modificaciones que afectan a empresas de naturaleza ciertamente diversa, muy diversa diría yo, deben contar con la participación, el apoyo y el acuerdo de organizaciones empresariales y sindicales de manera que aporten una visión real, integral, de la situación del sector. Un foro de transporte quizás hubiera sido el lugar ideal en que las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y los trabajadores del sector hubieran estado representados y un buen instrumento por adecuado y plural para abordar todas las cuestiones que se plantean en esta reforma.


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Dicho lo anterior, el Grupo Vasco está dispuesto a colaborar, y en este sentido presentará una batería de enmiendas fruto del diálogo con administraciones y organizaciones con el fin de conseguir un texto final que recoja de la manera más fiel la situación real del sector y dé respuesta a sus necesidades. Los tiempos económicos en los que nos encontramos hacen que el diálogo y la pluralidad se conviertan en herramientas indispensables para avanzar y dar una solución a los problemas que se plantean. Como decía, mi grupo está dispuesto a ello y sobre todo trabajará por llegar a los mayores consensos posibles para abordar los diferentes temas que se planteen.

Señor presidente, señorías, nuestro grupo se abstendrá en esta votación y apela a la responsabilidad del Gobierno, y por supuesto a la del grupo que lo sustenta, para entablar un diálogo y una negociación fluida para consensuar en fase de tramitación una ley de vital importancia para numerosas familias que dependen del sector del transporte para sobrevivir.

Muchas gracias, y seguiremos hablando de este tema.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Sánchez Robles.

Por parte del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra desde su escaño el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervendré muy brevemente.

Nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad porque consideramos que es una ley de obligada elaboración en sus propios términos, porque es básicamente la trasposición de directivas europeas, algunas de ellas bastante añejas, de 2007, lo cual quizás debería haber sido el anterior Gobierno quien hubiera realizado esta trasposición y aprovechado para poner al día la ley del transporte terrestre. Dicho esto y estando de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en que el transporte es uno de los principales factores de competitividad económica y que, al margen de esta ley, en España tiene un desequilibrio evidente, sobre todo, por la enorme dependencia del transporte por carretera con todo lo que eso conlleva, incluso costes añadidos para el propio sector, una situación de muy baja competitividad, nosotros también vamos a presentar enmiendas en la tramitación de la ley. Esperamos que la intención del Gobierno cuando invita a presentarlas sea no para transportarnos al rodillo habitual, sino para poder incorporar aquellas que mejoren el texto en la medida de lo posible. Esto es lo que quería anunciar. Comprendemos la presentación de enmiendas a la totalidad. No las compartimos y sí pensamos que la tramitación de una ley, que es básicamente técnica, regulatoria y de trasposición de directivas europeas, es una buena oportunidad para que el sector de transporte por carretera y transporte de viajeros, etcétera, pueda ser abordado, dejando para otra ocasión lo que debería ser una política integral de transportes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Pere Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas a la totalidad por cuanto compartimos, en primer lugar, la necesidad de la ley y porque nos parece que el texto que el Gobierno ha traído a la Cámara, sujeto a debate y a mejoras, por decirlo de una manera muy gráfica y muy pedagógica, de entrada tiene un aprobado. De lo que se trata es de que esta ley no solo tenga un aprobado, sino de que tenga un excelente o un sobresaliente. Esto forma parte de nuestro trabajo. Avanzo, como han hecho los portavoces de otros grupos políticos, la voluntad del Grupo de Convergència i Unió de colaborar y trabajar para hacer posible que esta ley responda al máximo a las necesidades de un sector complejo, de un sector múltiple, de un sector en el que en estos momentos hay algunos profesionales y algunas empresas que están pasando por grandes dificultades.

Quisiera hacer alguna referencia porque este es un proyecto de ley que recoge en buena medida un proyecto de ley que ya pasó por este Parlamento hace dos años y la precipitada disolución de la Cámara en la legislatura anterior evitó que pudiera ser sustanciado, cuando de hecho nuestro grupo y el Grupo Socialista habíamos llegado a un acuerdo en todos los términos para hacer posible la aprobación de la ley. Por tanto, aquello de que es urgente no es así porque se podía haber aprobado hace dos años o, como mínimo, un año y medio. En cualquier caso, el nuevo Gobierno en uso legítimo de sus facultades ha querido, además de los aspectos regulados del anterior proyecto de ley, introducir unos cuantos aspectos


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más para dar respuesta a algunas problemáticas. En este sentido quisiera hacer algunas observaciones que me parece que pueden ser de utilidad para centrar las cuestiones en torno a las que habrá que debatir las enmiendas que podamos presentar los grupos. Ya anuncio que nuestro grupo va a presentar enmiendas con el objetivo de subsanar o mejorar aquellos aspectos que creemos que pueden ser mejorados.

¿Cuáles son las novedades que el Gobierno introduce en esta ley en relación con el anterior proyecto de ley? O por decirlo de otra manera, ¿qué tonalidad novedosa hay? Creo que hay, conforme a la propia vocación e ideología del Gobierno actual, una voluntad de mayor liberalización de los servicios de transporte. A nosotros, que podemos compartir en ciertos casos la necesidad de que el mercado actúe como un elemento dinamizador de la economía y evidentemente no negamos esta capacidad, nos preocupa a veces cuando la vocación liberalizadora se extrema.

Voy a citar tres casuísticas en las cuales me parece que deberíamos ser capaces de matizar estos excesos ultraliberales del proyecto de ley. En primer lugar, en relación con el mundo del taxi, que no está directamente regulado por las numerosas modificaciones de la LOTT, pero sí que puede verse afectado por una excesiva liberalización de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC, que lógicamente compiten o pueden competir con el mundo del taxi. A nosotros nos parece que en estos momentos, en los cuales las dificultades del taxi son tan importantes en muchas ciudades, incluso en contextos urbanos más reducidos o rurales, debemos ser muy prudentes con la plena liberalización de quienes compiten con ellos. Que un mundo tan regulado como el del taxi, sometido a contingencias por los ayuntamientos, sometido a tarifas, sometido a veces incluso a regímenes de horarios semanales, etcétera, tenga que competir libremente con un sector como el de los vehículos de transporte con conductor a los que podríamos dar máxima libertad lógicamente deja indefenso al mundo del taxi, y yo creo que deberíamos ser capaces de matizar este proceso.

Lo mismo cabría decir -ya se ha dicho aquí- de algo que nos preocupa notablemente. Me va a permitir la señora ministra que hable también aquí, como persona con ciertas responsabilidades en la Comisión de Seguridad Vial, de los vehículos de 2 a 3,5 toneladas. Aquí sí creo que el proyecto de ley ha cometido un error que me parecería grave si no se subsanara, porque este es un sector de gran conflictividad desde dos puntos de vista: desde la seguridad vial y desde las políticas ambientales. Este sector es el que en muchas ocasiones causa más problemas ambientales en las ciudades. Dígaselo usted a la señora Botella o al señor Trías que están ambos a un tris de ser expedientados por motivos ambientales por la Comunidad Europea. Imagínense ustedes que liberalicemos absolutamente este segmento con la entrada de cualquier tipo de personas sin regular, con cualquier tipo de vehículo, etcétera. Esto, ambientalmente, puede ser un desastre absoluto para Madrid, para Barcelona o para muchas otras ciudades. Por tanto, yo pido aquí, de entrada, que en este caso se frenen las ansias de liberalización total de este segmento.

También preocupa, y aquí hay que ser capaces de encontrar una regulación, los servicios de transporte regular por carretera donde hay una elevada conflictividad entre los distintos segmentos. Yo creo que aquí también habría que acotar, al menos con una posibilidad de transitoriedad para adecuar a la plena competencia que estamos obligados a alcanzar antes de 2019. Pero a la vez debemos introducir todos aquellos aspectos normativos que garanticen un estricto cumplimiento de aquello que el reglamento europeo nos demanda. Aquí debemos ser capaces de encontrar un buen equilibrio.

Quisiera finalmente hacer una reflexión importante con respecto a algo que no afecta al territorio de Cataluña o que le afecta poco, pero sí a territorios como el País Valencià o Castilla-La Mancha, que es el mal uso de algunas cooperativas de transporte. Nosotros defendemos el régimen cooperativo, las cooperativas en muchos ámbitos son algo indispensable, positivo, una forma de economía social que hay que defender, pero a veces se hace un uso realmente muy malévolo de las cooperativas. No voy a hablar del caso del transporte sino, por ejemplo, del caso de ciertas cooperativas en el tema de la provisión de vivienda que acabaron perjudicando gravemente la credibilidad de todo el sector cooperativo de viviendas de tan larga, amplia y positiva experiencia en el sector. También conocemos que hay problemas en relación con estas cuestiones y lo que planteamos es que se encuentre la forma de regularizar, de hacer un buen uso de estas cooperativas, pero en el marco lógicamente del buen uso del régimen cooperativo, que es la pretensión del proyecto de ley.

Hay otra cuestión relevante y es que en este sector hay problemas importantes de morosidad y, por tanto, existe la necesidad de reforzar los mecanismos que garanticen el cobro por parte de quienes prestan al final el servicio. También nuestro grupo va a presentar enmiendas relativas a un tema, y no se va a extrañar nadie, como es el de garantizar plenamente el derecho universal a la accesibilidad de los


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ciudadanos. Deberíamos ser capaces de que todo nuestro sector del transporte garantizara esta plena accesibilidad y sería bueno que en los organismos del sector tuvieran representación las organizaciones que defienden los derechos de las personas con dificultades en su movilidad.

Hay otro tema relevante para nosotros. En el proyecto de ley hay algunas cuestiones competenciales que hay que resolver. Esperamos que la buena disposición que parece que existe en el ministerio nos permita resolver estos aspectos, que no son aspectos substantivos pero sí aspectos que hay que respetar. Por último, nos parece que ya que reformamos la LOTT debemos preparar nuestra legislación de transportes para el día en el que apliquemos la euroviñeta. Esta es una decisión que habrá que tomar, pero estaría bien que pudiéramos tranquilizar al sector del transporte terrestre garantizando en cualquier caso que el día que se aplique la euroviñeta se puedan perfectamente transmitir los costes no a la cadena de transportes sino al final de esta cadena, a los cargadores. Este es un aspecto que vale la pena retomar en esta ley y nosotros lo vamos a plantear.

En definitiva, señora ministra, señoras y señores diputados, oferta franca de colaboración por parte de nuestro grupo, no solamente en los aspectos técnicos -hace pocos días hemos tramitado una ley y en los aspectos técnicos se nos ha atendido, está bien, siempre se agradece, los ciudadanos lo agradecen-, sino también en aquellos aspectos de un cierto valor político. Creemos que vale la pena aceptar esta oferta de colaboración. Pero hay algo, señora ministra, mucho más relevante. Esta es una de esas leyes estructurales, debemos ser capaces de consensuarla al máximo nivel. El Grupo Socialista debe tener una actitud positiva, abierta, se lo pido también desde aquí, y todos los grupos que crean que esta es una ley básica para la economía del país deben de estar en este consenso. Por descontado, Convergència i Unió no va a fallar.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Macias.

Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra don Rafael Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor Presidente, señora ministra, señorías.

Señora De las Heras, compartimos buena parte de sus argumentos pero no vamos a poder compartir su conclusión, al menos no en lo puramente procedimental. Este es un proyecto de ley manifiestamente mejorable, pero esta es una ley necesaria, incluso urgente, y el sector que regula no se puede permitir el aplazamiento que supondría su devolución al Gobierno en el día de hoy. En realidad, el texto que estamos valorando mantiene una buena parte de un proyecto de ley que el Gobierno socialista registró en esta Cámara en el año 2011 y que no llegó a aprobarse por el adelanto la convocatoria electoral. El proyecto socialista ya recogía medidas para el impulso a la profesionalización y la competitividad de las empresas del transporte terrestre, ya recogía la revisión de las sanciones que se acordaron con el sector, recogía la armonización con la normativa europea y con otras leyes del ordenamiento español, como la Ley del Sector Ferroviario o la Ley de Contratos. De hecho, señora ministra, no encontramos justificación a la demora, ¿por qué han esperado catorce meses para traer la ley al Congreso? Porque mejorarla, desde luego, no la han mejorado, todo lo contrario; nosotros hemos preparado un buen número de enmiendas al articulado por tal razón. Lo tenía usted muy fácil, señora ministra, la ley estaba escrita, estaba consensuada con el sector, solo tenía usted que suscribirla, pero no pudo resistirse a meter la pluma. Y con la pluma, señora ministra, llegaron los líos. No había líos en esta ley, estaba consensuada. Los líos los ha creado usted, una vez más. Hace dieciocho meses prácticamente todo el sector estaba con la ley y hoy, señora ministra, no hay ni un solo ámbito ni un solo representante empresarial o sindical que no muestre su disconformidad, incluso su irritación, con este proyecto. Todos los que han pasado por el Congreso de los Diputados en sus encuentros con los grupos parlamentarios, desde los cooperativistas en las mercancías hasta los concesionarios en los viajeros pasando por los taxistas, todos, se han quejado, todos muestran disconformidad e insatisfacción con un proyecto de ley que ya estaba redactado y estaba consensuado. ¿De verdad era necesario montar un lío también en el transporte terrestre? Porque ya tiene usted problemas por tierra, por mar y por aire. Es verdad, acaba de suscribirse un acuerdo importante en Iberia, que nosotros reconocemos y respaldamos, pero sigue usted teniendo problemas en AENA con los trabajadores por los despidos, con las empresas por las tarifas, con los viajeros porque les quiere cobrar hasta por el uso del carrito. Tiene usted problemas en el transporte ferroviario porque quiere suprimir líneas de una manera un tanto discrecional porque las considera no rentables. Tiene usted problemas en los puertos porque no es capaz de hacer valer el convenio colectivo que firmó con los trabajadores portuarios, porque se lo bloquea su compañero el ministro de Hacienda. Problemas en AENA, problemas


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en los puertos, problemas en el transporte ferroviario, problemas con las autopistas de peaje porque quiere usted socializar sus pérdidas con los impuestos de los ciudadanos. Tiene usted problemas por tierra, mar y aire. Evíteselos por lo menos con esta ley, señora ministra.

No hacía falta un lío también en el transporte terrestre, y usted ha generado muchos. Le voy a indicar al menos tres de los que nos parecen más importantes. Primero, con las cooperativas de transporte de mercancías, a las que usted impone una serie de trabas y de prohibiciones que van a tener como consecuencia segura dejar sin empleo a miles de modestos transportistas y que solo va a beneficiar a algunas multinacionales que le han convencido a usted para que les elimine, vía Boletín Oficial del Estado, a la competencia. Si tiene noticia de que hay alguien o hay muchos que no cumplen con las normas, cargue con todo el poder de la ley contra ellos, pero no haga pagar a justos por pecadores. Va a dejar en la calle, sin empleo, a miles de transportistas en toda España con este proyecto si no lo reforma. Genera usted problemas con los trabajadores del sector porque quiere hacerles personalmente responsables de las infracciones cometidas por sus empresas para liberar a los patronos de pagar las multas, que las paguen los trabajadores. Tampoco hay derecho. Y después de generar problemas con las cooperativas y con los trabajadores, entra usted con los viajeros. Impone usted el llamado canon concesional, que va a encarecer los billetes a pagar por el transporte de viajeros por carretera. Señora ministra, usted sostiene absurdamente, incluso en el texto del proyecto, que el canon lo van a pagar las empresas. Pero, créame, nosotros hemos hablado con las empresas afectadas por este canon concesional y todas, sin excepción, han reconocido que acabarán trasladando el canon a los billetes a pagar por los usuarios. Es evidente, un canon lineal va a acabar siendo sufragado por los ciudadanos, por los usuarios del transporte de viajeros por carretera. Es decir, bajan ustedes los precios a los usuarios de la alta velocidad ferroviaria y les suben los precios a pagar a los usuarios del autobús, que, señores del Partido Popular, señora ministra, son generalmente más modestos. Hagan ustedes el favor de revisar este criterio. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Los taxistas. Presumen ustedes de haber pactado con los taxistas, pero los taxistas también han venido a quejarse. Están ustedes liberalizando en demasía un sector que ya funciona bien, y si hay un sector razonablemente bien ordenado, ¿por qué hay que generar conflicto, tensión y problemas en el sector del taxi? Deje a los taxistas en paz, que bastantes problemas tienen con la saturación del mercado y con las dificultades propias de la crisis económica que vivimos. Este proyecto de ley es una amenaza también para el sector del taxi, que es un sector razonablemente bien ordenado, a pesar de que les intentan ustedes calmar vía postal, al menos con una carta que ha llegado a nuestras manos y que resulta, señora ministra, ilustrativa de su manera de trabajar y de tratar a la representación de los ciudadanos en esta Cámara. Hace unos días le reproché, señora ministra, que hurtara al Congreso por la puerta de atrás el debate de dos de los tres artículos de la Ley del Alquiler. No pudimos debatirlos ni enmendarlos aquí porque los quitó de un proyecto en el Congreso y los metió como enmienda de otra ley en el Senado. Pero ahora le leo una carta que ha enviado su ministerio a los representantes de los taxistas. Les dicen ustedes en una carta con membrete oficial: "Les informo de que tenemos lista una nueva versión del proyecto de ley en su artículo 42". ¿Una nueva versión del proyecto de ley, señora ministra? Entonces, ¿con qué texto estamos trabajando los grupos parlamentarios de esta Cámara?, ¿para que estamos haciendo enmiendas los grupos parlamentarios de esta Cámara si su ministerio, por detrás, está acordando un proyecto de ley distinto con el sector? Traten ustedes con algo más de respeto en las formas a los representantes de los ciudadanos y en el contenido de este proyecto de ley hagan ustedes el favor de resolver problemas y de no generar líos que no se merece ni la economía española ni la sociedad. Déjense ayudar, señora ministra, déjense, por favor, de líos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señores diputados, estamos esta mañana debatiendo este proyecto de ley porque dos grupos parlamentarios han presentado enmienda a la totalidad. Además, algún otro grupo, aunque no haya presentado enmienda a la totalidad, lo ha atacado con tanta violencia como si la hubiera presentado. Ya lo comentaremos. Ciertamente, hemos leído con sumo interés y profundidad los contenidos de las enmiendas a la totalidad y también hemos puesto especial atención a las intervenciones que hemos oído esta mañana. Verdaderamente, no entendemos cómo se han presentado las enmiendas a la totalidad con


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estos contenidos y con estas intervenciones. Es ideológicamente incomprensible que los grupos parlamentarios lo hayan hecho en esos términos, porque uno tiene que preguntarse qué defienden, qué pretenden e incluso a qué sirven, porque en realidad esas cuestiones deberían quedar más claras. Porque al final solo vemos, como siempre, que hay determinados grupos que a fortiori atacan cualquier propuesta que venga de parte del Partido Popular. Y eso también se comprueba esta mañana. ¿Por qué? Estamos ante una ley -lo han dicho otros grupos- más técnica que política. Estamos ante una ley de adaptación y de modernización mucho más que ante una ley de reivindicaciones laborales o sectoriales. Por eso digo que parece que critican siempre al Gobierno del Partido Popular y cualquiera de sus propuestas. Es más, hemos llegado a ver que aquí se ha sobreactuado para tratar de defender estas enmiendas de totalidad. Se sobreactúa diciendo que hay casi un estado de necesidad de ese pobre conductor masacrado por el cliente y obligado a saltarse los límites. Parece que aquí no se sabe qué es lo que pasa con el transporte. El conductor no habla con el cliente, el conductor habla con su jefe. Y el jefe, que es el que habla con el cliente, sabe que, a pesar de lo que se ha dicho y que desmontaremos, hay una responsabilidad solidaria de las infracciones -que no desobediencia- de tráfico que se produzcan y por lo tanto no hace caso al cliente en esa materia. Por tanto, vamos a poner las cuestiones en su justa medida y vamos a ver si somos capaces de llevar adelante un proyecto de ley que creo que es muy importante, necesario y ya adelanto que el Grupo Parlamentario Popular ofrece todo lo necesario y la mano tendida para poder alcanzar los acuerdos que hagan que este proyecto se apruebe con el mayor apoyo parlamentario posible.

Hay cuestiones que tenemos que destacar. Esta Ley de Ordenación de Transportes Terrestres regula lo que regula. El hecho de tratar de traer aquí cuestiones fiscales, tratar de traer aquí cuestiones laborales, tratar de traer aquí cuestiones sectoriales distintas es desconocer la legislación, tratar de que con esta ley se modifiquen otras leyes o tratar de que con esta ley no se apliquen esas otras leyes. Llevemos a la esfera laboral y a la esfera fiscal los incumplimientos que se hagan por parte de quien los haga, pero no acusemos a la ley de no regular lo que no tiene que regular. Entre otras cosas porque, además, en esta ley también coinciden acuerdos importantes -a los que ahora nos referiremos- de los que no se ha querido hacer uso. Por ejemplo, se olvida el acuerdo general entre las dos confederaciones de transporte más Comisiones Obreras y UGT en el año 2011 que regula gran parte de la actividad. O el Real Decreto de ordenación de los tiempos de transporte en los autónomos que se ha aprobado en este mismo año 2013. Por tanto, vamos a ponerlo en su justa medida.

Se equivocan quienes señalan que estamos ante una pérdida de rigor o ante una pérdida de control. No, estamos ante la aplicación de nuevas tecnologías que nos hagan olvidar ya el lápiz, los manguitos y la visera. En eso pensaba que íbamos a estar de acuerdo. Pues no, hay quien quiere todavía volver al lápiz, al manguito y a la visera. Estamos modernizando, no estamos desregularizando. No es desregularizar imponer obligaciones de tramitación telemática. No es desregularizar establecer una sola autorización para el transporte; es hacer honor al mercado único. No es desregularizar establecer una sola autorización que sirva también para actividades auxiliares y complementarias. Eso es hacer un transporte más eficaz y más eficiente. Por tanto, no entendemos las enmiendas totales, ya que creemos que podían haber dado lugar a enmiendas parciales, porque además hay materias que ni siquiera se han tocado y que yo creo que, si hubiera habido una enmienda a la totalidad, podrían haberse tocado, pero ni siquiera lo han hecho.

Se acusa incluso de que el trámite se ha hecho sin diálogo con los sectores afectados, fundamentalmente los sociales. Si se han leído la memoria de la ley habrán visto -lo dice el Consejo de Estado y lo dice el Comité de la Competencia- que se ha visto con el Comité de Transportes, que es donde tienen representación los sindicatos y también los transportistas. Si se ha visto con ellos, sí se ha respetado el trámite que tenía que hacerse. Por lo tanto, creo que estamos ante una sobreactuación y quería aclarar algunas cuestiones.

Se dice que no se tiene que hacer la trasposición de los reglamentos europeos. No se han leído el dictamen del Consejo de Estado. El dictamen del Consejo de Estado dice que es necesaria una adaptación por seguridad y transparencia jurídicas y que es bueno que se adapte, no que se trasponga automáticamente, sino que se adapte a nuestra legislación. Lo dice el Consejo de Estado. También hay cuestiones que merecen que se hubieran leído la ley con un poquito más de detenimiento. Dicen que desregularizamos a los vehículos de 2 a 3,5 toneladas. No es verdad, señorías. Primero, estos vehículos de actividad privada ya estaban desregularizados -liberalizados, como usted dice- desde el año 2006, modificación de la ROTT del Partido Socialista; y, en segundo lugar, lo que se hace no es dejarlo sin autorización, léanselo bien. No, hay autorización. A pesar de que la directiva europea los liberaliza absolutamente, en nuestro proyecto de ley dejamos dos de los cuatro requisitos que se exigen a cualquier transportista: la honorabilidad


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y el establecimiento, y está sujeto a autorización. Hay que leerlo bien. Es decir, aquí hemos adaptado la directiva europea en el sentido que nosotros entendemos de proteger precisamente ese transporte, tal y como ustedes han dicho.

Hay otra cuestión que también me gustaría destacar; el tema de las tarifas. En su defensa sobre este tema a ustedes se les paró el reloj en el año 1997; en el año 1997 se suprimieron las tarifas obligatorias para las mercancías y el transporte discrecional. Y en el año 2002 también se suprimieron incluso las tarifas de referencia, sencillamente porque estamos ante un libre mercado. Por lo tanto, no estamos ante una situación en la que ahora se quite el control de las tarifas; antes al contrario, Europa justifica que se regulen los precios del transporte de servicio público porque es una competencia regulada según el Reglamento 1370/2007. Esta es la razón por la que en España, al igual que en Europa, sí se tiene que regular la tarifa del servicio público de transporte de viajeros pero no el resto, donde estamos, como digo, en libre competencia.

También me gustaría que algunas cuestiones de las que se ha hablado aquí sobre la liberalización de las sanciones se las leyeran un poquito. Miren, hay sanciones que se rebajan y hay sanciones que se aumentan. ¿Saben cuáles son las que se aumentan? Las que se refieren a la seguridad y las que se refieren a la competencia, justamente las que ustedes creen que no. Si ven la seguridad, si ven el tráfico peligroso de mercancías, si ven el intrusismo, verán que se aumenta curiosamente con idéntico y similar tratamiento y sanción que en el derecho francés.

Aunque en las enmiendas a la totalidad no se hacía mención, sí se hacía en las intervenciones de algunos diputados y, por ello, vamos a referirnos al tema de las cooperativas. Legislación actual, artículos 60 y 61 de la ley: si la cooperativa tiene autorización de transporte, no la pueden tener los socios; si los socios tienen autorización, la cooperativa no puede tenerla. Esos dos artículos se derogan y se sustituyen por uno en el que tanto los cooperativistas como la cooperativa se asimilan al régimen de persona jurídica -caso de las cooperativas-, persona física -caso de los transportistas-, para que tengan igualdad de derechos y de oportunidades. Es decir, se amplían el régimen y la capacidad de cooperativistas y de cooperativas; se amplían. ¿A quién están defendiendo queriendo que todavía haya anómalos beneficios con un sistema que es claramente restrictivo? Tendrán que explicar qué es lo que pretenden.

En cuanto al derecho de preferencia, al que se refería el señor Macia, yo creo que merece la pena que leamos el dictamen del Consejo de Estado y el de la Comisión Nacional de la Competencia para ver que con gran fuerza se defiende su desaparición. Y no debemos de olvidar que, ante una denuncia española, se nos ha abierto en Europa un procedimiento de investigación.

Señorías, hablar aquí del tema de los taxis es hacer demagogia, y es hacer demagogia porque se refleja en el proyecto de ley el acuerdo al que los taxistas habían llegado con la ministra de Fomento. Por lo tanto, aquí no hay ninguna duda ni hay ningún temor, a no ser que quieran darse mucha importancia los grupos parlamentarios.

Quisiera hacer una referencia a la posición del Partido Socialista. Señor Simancas, usted habla de que la ministra tiene muchos líos. Mire, usted tiene líos hasta con su pasado. Por lo tanto, lo que tendría que haber hecho usted hoy era felicitar a la ministra por el acuerdo de Iberia, que no lo ha hecho -y yo aprovecho para felicitarla en nombre del Grupo Parlamentario Popular-, y desde luego contar la verdad. Porque solamente un prurito tonto y vanidoso -y perdóneme, señor Simancas- permite hacer la defensa del proyecto de ley que ustedes han hecho. Yo no me resisto a recordar lo que es una incoherencia democrática y un filibusterismo parlamentario, señor Simancas. Ustedes presentaron un proyecto de ley y estuvieron ampliando los plazos de enmienda durante cuatro meses. Finalmente decayó, pero se podía haber tramitado. Si esa ley estaba pactada con Convergència i Unió, la podían haber sacado, evidentemente con el Partido Popular no lo estaba, pero hablar de acuerdo aquí es hablar, como le digo, de incoherencia y de filibusterismo.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que...

El señor AYALA SÁNCHEZ: Y por otra parte, señor Simancas, no tiene nada que ver el proyecto de ley que decayó con el que hoy estamos debatiendo.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no se le puede oír porque le he quitado la voz. Tiene usted que ir acabando.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente, muchísimas gracias.

Brevemente le voy a señalar diecisiete diferencias entre su proyecto de ley y el que está aquí. Si quiere puedo llegar hasta veintitantas. Se adapta a la Unión Europea para hablar del establecimiento, la


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honorabilidad -definiéndola-, la capacitación financiera y la capacitación profesional. Hay una única autorización. Se moderniza y se flexibilizan los trámites y se obliga a la conexión entre los registros. Más competencias a las juntas arbitrales. Se suprimen la temporalidad y la permanencia en el servicio de transporte. Hay una prestación conjunta de transportes regulares, escolares y de trabajadores a centros oficiales. Hay una adaptación general a los contratos del Estado. Nuevos pliegos de condiciones en donde el canon no competitivo es una facultad, señor Simancas, una facultad, que se corresponde a la naturaleza jurídica de estar hablando de un contrato de gestión de servicio público y no de una concesión. Hay un control de los resultados económicos para saber cuáles son las tarifas.

El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene usted que terminar ya.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Y así hasta diecisiete. En definitiva, estamos ante un proyecto de ley que se basa en la eficacia, en la eficiencia, en la agilidad, en la modernización, en la adaptación a la Unión Europea, en la libertad tarifaria, en la unidad de mercado y en la seguridad y en el control. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las enmiendas de devolución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE SUSPENDE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 112 Y PARCIALMENTE DEL 114 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000040).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000022).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, el 53, que es el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esto es un acuerdo para el cual, si los grupos lo solicitan, podrá haber explicación de voto, pero no intervención ahora. Y a continuación, el siguiente punto que vamos a tratar es el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados. ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). Si ningún grupo interviene, lo votaremos con todo lo demás.

Por lo tanto, llamo a votación, y en cinco minutos comenzaremos a votar. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000008).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se va a leer por el secretario primero de la Mesa una declaración institucional que han presentado todos los grupos.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Cuando se cumplen dos años del estallido del conflicto armado en Siria el Pleno del Congreso de los Diputados quiere expresar su pesar por el enorme coste en vidas humanas que está provocando este conflicto, así como por una crisis humanitaria que no deja de agravarse. El Congreso de los Diputados quiere recordar que la gravísima vulneración de los derechos humanos y la masacre de la población está teniendo consecuencias especialmente devastadoras sobre dos millones de niños y niñas, que atrapados en Siria o forzados a huir a los países vecinos se enfrentan a urgentes necesidades humanitarias. Además de la falta de comida, agua, medicinas y condiciones sanitarias mínimas miles de niños han sido testigos de la violencia, y sufren traumas severos para los que necesitan atención, tal y como denuncian las organizaciones humanitarias de infancia y de defensa de los derechos humanos. Por estas razones el Congreso de los Diputados hace un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que realicen todos los esfuerzos necesarios para


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favorecer una solución al conflicto que ponga fin a la violencia que asola Siria. Igualmente, a la vez que reconoce el esfuerzo que se viene realizando en el ámbito humanitario, hace un llamamiento a la solidaridad internacional para garantizar una respuesta suficiente y adecuada a las urgentes necesidades humanitarias, especialmente aquellas destinadas a la protección y el bienestar de la infancia. (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Número de expediente 173/000065).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista sobre las intenciones del Gobierno respecto de la reforma del sistema educativo. Hay una transaccional que conocen todos los grupos y que ha sido presentada a la Mesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 133; en contra, 185.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS LEGALES NECESARIAS PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, TIPIFICANDO COMO DELITO LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LOS CARGOS PÚBLICOS Y REFORZANDO LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES A LOS GESTORES PÚBLICOS. (Número de expediente 173/000066).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de la interpelación del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas legales necesarias para perseguir la corrupción política, tipificando como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, el delito de enriquecimiento injusto de los cargos públicos, y reforzando los instrumentos jurídicos para exigir responsabilidades a los gestores públicos. Se va a votar en sus términos, pero punto por punto, y son 7 puntos.

Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 202; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 197; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 195; abstenciones 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 5; en contra, 181; abstenciones, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 181; abstenciones 122.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 13; en contra, 180; abstenciones, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 14; en contra, 279; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

REAL DECRETO-LEY 3/2013, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL SISTEMA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, ASÍ COMO CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. (Número de expediente 130/000033).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, así como corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se ha recibido un voto telemático a este real decreto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más un voto telemático, 319; a favor, 178; en contra, 137 más un voto telemático, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto.

Se ha pedido por varios grupos la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más un voto telemático, 319; a favor, 140 más un voto telemático, 141; en contra, 178.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado, por tanto no se tramitará como proyecto de ley.

- REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO, DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO, ASÍ COMO CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. (Número de expediente 130/000034).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, así como corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Hay un voto telemático.

Comienza la votación.(Pausa).

Votos emitidos, 318 más un voto telemático, 319; a favor, 180; en contra, 15; abstenciones, 123 más 1 voto telemático, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto.

Votamos la tramitación como proyecto de ley del real decreto que acabamos de votar.

Comienza la votación. (Pausa).


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Votos emitidos 318 más un voto telemático, 319; a favor, 315 más un voto telemático, 316; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, y se tramitará como proyecto de ley.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, CON EL FIN DE TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y DE RUMANÍA, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000065).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DE SERVICIO, HECHO EN RABAT EL 3 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000066).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000068).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUINEA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000071).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con las votaciones de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Hay una votación conjunta de los puntos 41, 42, 44 y 47 del orden del día.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 301; en contra, 12; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN ABU-DHABI EL 21 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000067).

El señor PRESIDENTE: Votación del punto 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 301; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- SEGUNDO PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, REVISADO, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000069).

El señor PRESIDENTE: Votación del punto 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 302; en contra, 13; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000056).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000057).

- ACUERDO DE SEDE ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 93ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, HECHO EN MADRID EL 4 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000058).

- ENMIENDA NÚMERO UNO AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE AUSTRALIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE FINLANDIA Y EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA Y LAS FUERZAS ARMADAS SUECAS Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente 110/000059).

- ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE IRAQ, POR OTRA PARTE, HECHO EN BRUSELAS EL 11 DE MAYO DE 2012. (Número de expediente 110/000060).

- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES, DEL REGLAMENTO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y DE LAS DECLARACIONES CONCERTADAS POR LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA RELATIVAS AL TRATADO Y AL REGLAMENTO, HECHOS EN GINEBRA EL 1 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 110/000061).

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA COSTA DE MARFIL, HECHO EN MADRID EL 17 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000062).

- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000063).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y CANJE DE LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN NACIONALES, HECHO EN SKOPJE EL 6 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000064).

- ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, POR OTRA, HECHO EN PHNOM PENH EL 11 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000070).

- CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL, HECHO EN CIUDAD DEL CABO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000072).

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000073).


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- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000074).

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CAMERÚN, HECHO EN YAUNDÉ EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000075).

El señor PRESIDENTE: Votación del resto de dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. (Número de expediente 121/000032).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Se votan de forma conjunta las enmiendas de devolución presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, señora Fernández Davila.

Hay un voto telemático.

Comienza la votación. (Pausa).

Votos emitidos, 318 más un voto telemático, 319; a favor, 16; en contra, 296 más 1 voto telemático, 297; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Ha sido pedido por el Grupo de La Izquierda Plural la avocación por el Pleno de este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 123; en contra, 195.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE SUSPENDE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 112 Y PARCIALMENTE DEL 114 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000040).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La explicación de voto en este caso se hará después de verificada la votación y después también de la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 178; en contra, 126; abstenciones, 14.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROYECTO DE LEY. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO SOBRE LAS PREOCUPACIONES DEL PUEBLO IRLANDÉS CON RESPECTO AL TRATADO DE LISBOA, HECHO EN BRUSELAS EL 13 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 121/000036).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. Parece ser que podría aprobarse por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento).

Queda aprobado.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE INCOMPATIBILIDADES. (Número de expediente 042/000022).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los diputados sobre incompatibilidades. Como ningún grupo ha deseado intervenir, vamos a realizar la votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 253; en contra, 2; abstenciones, 45.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (EXPLICACIÓN DE VOTO):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE SUSPENDE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 112 Y PARCIALMENTE DEL 114 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000040).

El señor PRESIDENTE: Ahora, como anuncié anteriormente, es el momento de abrir el turno de explicación de voto sobre el punto anterior. El tiempo es -y quiero insistir en ello- hasta de cinco minutos, o sea que no hace falta consumirlo entero. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà. (Rumores).

Señorías, quiero advertir que, del orden del día y de su lectura, falta por votar el suplicatorio y la votación posterior para elegir a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la línea divisoria entre la mayoría absoluta y la tiranía, tiranía disfrazada de democracia, es muy frágil y muy delgada, y especialmente cuando se retuerce el derecho y la capacidad del diputado y de la diputada presentes aquí en esta Cámara. Ahora mismo estamos posicionándonos, y en cambio no se nos ha permitido hablar antes de haber votado, cosa francamente muy, muy absurda. De hecho han burlado el debate parlamentario para suspender la aplicación de los artículos de una ley orgánica que fija plazos de elección de un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial. Consideramos que es un grave atentado a la legitimidad democrática. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Ustedes no pretenden cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; lo que han ejecutado, con la suspensión de estos artículos, es el cambio de las reglas de juego a mitad de partida. Justo en el momento en que se debe realizar la renovación de los miembros de este Consejo General del Poder Judicial, ustedes la suspenden, y lo hacen a la espera de aprobar un proyecto de ley que va a cambiar su lógica y concepción e incluso va a afectar a la división clásica de poderes. (Rumores). El cuestionamiento democrático es todavía mayor si atendemos al hecho de que va


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a restar competencias e independencia al Poder Judicial, garantizando una modificación ideológica al amparo de la mayoría absoluta. Este es un hecho especialmente grave... (Rumores). Si escucharan, la cosa iría mejor, por favor.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Tardà. Por favor, ruego a los señores diputados que permanecen en la sala que guarden cuanto menos silencio; lo de la atención, si es posible. (Pausa).

Adelante, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Podrían hacer que escuchan al menos.

Decía que es un hecho especialmente grave si tenemos presente que el Partido Popular en estos momentos está bastante judicializado por casos de corrupción política. En primer lugar, limitan en el debate parlamentario para aprobar de manera urgente, en tramitación directa y en lectura única, la supresión de dos artículos de una ley orgánica. En segundo lugar, van a realizar de una manera urgente esta reforma porque no pueden mantener sine die esta suspensión y, por supuesto, realizan de manera urgente esta reforma que significa una nueva limitación del debate parlamentario precisamente en un momento en que se nos impedirá celebrar, por ejemplo, las correspondientes comparecencias para llevar a cabo de una manera adecuada nuestro trabajo parlamentario. Y en tercer lugar, aplican el rodillo. Todas estas dudas de legitimidad democrática podrían ser superadas si hubieran permitido la renovación normal del Consejo General del Poder Judicial y esperaran a aplicar su reforma a la siguiente renovación, pero la manera torticera con que encauzan esta reforma genera una gravísima sombra sobre la intencionalidad de un Partido Popular, de un Gobierno, cuya cúpula, repito, pasa más tiempo en el palacio de Justicia que en la calle Génova.

Los republicanos no vamos a legitimar esta triquiñuela legal. No obstante, lo que nos preocupa de esta cuestión es qué hará el Partido Socialista Obrero Español. De hecho nos ha sorprendido mucho, repito, nos ha sorprendido mucho, que no hayan presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de suspensión de estos artículos, lo cual lleva a uno a pensar -ya lo veremos la próxima semana- o a sospechar que están negociando para que el Consejo General del Poder Judicial siga manteniendo el equilibrio bipartidista, es decir, que siga siend, como el Tribunal Constitucional, un órgano politizado marioneta de los dos grandes partidos políticos españoles. Ojalá nos equivoquemos, diputados del Grupo Socialista, pero nos hace sospechar mucho el hecho de que no hayan presentado, repito, una enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro de Justicia, nos llama poderosamente la atención que no haya explicado usted en un turno reglamentado las razones que le han impulsado a una reforma tan extravagante como la que en este momento estamos a punto de... perpetrar sería la palabra.

Es la primera vez que veo en mi vida que una ley orgánica se parcela por trozos y parte de los preceptos que la componen -siendo una ley de naturaleza orgánica desarrolla preceptos o derechos fundamentales- son objeto de suspensión. Bueno, miento, lo he visto en alguna república bananera donde este tipo de prácticas legislativas son bastante habituales. La degradación de los procedimientos legislativos, señor ministro, y perdone que se lo diga a usted, con el que me une una franca amistad, está llegando a límites que rayan en la falta de decoro institucional, y no puedo dejar de decírselo. No sé si usted va a intervenir después para explicar por qué perpetra esta absoluta desestructuración del sistema de elección de los vocales que pertenecen a la carrera judicial, del Consejo General del Poder Judicial y de los vocales que pertenecen a otros ámbitos y que son considerados como juristas de cualificada competencia.

¿Porque lo hacen? Lo puedo intuir. A ustedes les molesta el Consejo General del Poder Judicial en su configuración actual. Si se mantiene la ley orgánica que ustedes van a renovar o reformar antes de la renovación de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, va a ser difícil que, con un proceso de renovación como el actualmente vigente, ustedes puedan conseguir neutralizar el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces. ¿A qué se puede deber? Entro, señor ministro, en el ámbito puramente especulativo. A que a ustedes les molesta la Administración de Justicia,


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en tanto en cuanto, paradojas de la vida, la Administración de Justicia se está manifestando críticamente sobre numerosos ámbitos de sus políticas gubernamentales. ¿Qué han podido pensar, y sigo en el ámbito especulativo? Que lo mejor para desestructurar o debilitar la Administración de Justicia es debilitar su órgano de gobierno, y el órgano de gobierno que ustedes pretenden mediante esta suspensión configurar es un órgano de gobierno con seis vocales de dedicación exclusiva y el resto trabajando en régimen de teletrabajo; es decir, un órgano de gobierno de la Administración de Justicia debilitado, más controlado por la Administración y con menos capacidad para refutar algunas de las políticas de las que ustedes acometen real decreto-ley tras real decreto-ley, limitando, relativizando, contradiciendo derechos fundamentales. Si no es así, le ruego que intervenga y me lo diga, porque si es así los ustedes están intentando perpetrar, la verdad es que la calidad democrática de este Estado empieza a resentirse de forma seria y profunda.

No le voy a decir que no le considere a usted un demócrata, un demócrata generacional, un demócrata fenotípico; no sé quién le indica o quién le aconseja, seguramente no estará muy lejos físicamente de usted, que acometa reformar esta naturaleza, pero esto no es en lo que usted cree, ni es en lo que creemos la mayoría de los grupos de la oposición, ni los que somos demócratas desde siempre. Piense en lo que le he dicho, señor ministro, favor, y explíquenos por qué acomete reformas tan antijurídicas, tan contrarias a los requerimientos constitucionales, tan contrarias al principio de división de poderes, tan contrarias a todo lo que dimana del orden revolucionario francés, que es con el que seguimos conviviendo o el único que tiene una configuración realmente democrática. No le corresponde a usted, señor ministro, perpetrar reformas de esta naturaleza. No es su estilo, no es su ideología y, como no es su estilo ni su ideología, nos gustaría mucho una explicación por su parte.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señor ministro, una manifestación nueva de éxito en la suma de unanimidades en esta Cámara. Antes le hablaba de una unanimidad, aquí tiene usted otra unanimidad, unanimidad en contra pero, al fin del cabo, unanimidad. Anuncio el voto de nuestro grupo parlamentario, que es un voto negativo por la forma y por el fondo; igualmente negativo por las dos cuestiones.

Gracias, presidenta

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Nos propone hoy el Grupo Parlamentario Popular una innovación en materia de forma del Congreso de los Diputados. Hasta ahora conocíamos la legislación exprés, el real decreto de excepción -llevamos treinta y cinco aproximadamente o si no treinta y seis -y ahora nos propone la legislación diferida y podemos decir también que simulada. Legislación diferida. Suspendemos una ley, y además no cualquier ley, la Ley orgánica del Poder Judicial. Es la propuesta del Gobierno que viene contaminando prácticamente todo y, ahora, también contamina a esta Cámara.

¿Por qué simulación? Porque solamente tendría una explicación la suspensión de una norma que requiere la elección parlamentaria, y es que haya mimbres para un diálogo y un consenso parlamentario, y usted no tiene nada de eso. Usted no habla con nadie, señor ministro, no habla con nadie. Por lo tanto, no hay tal diálogo parlamentario para la búsqueda de un consenso que justifique unos medios para un mejor fin. Por lo tanto, no a los medios.

En cuanto al fin, señor ministro, lo que conocemos del documento, lo que conocemos del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, no nos gusta. Sencillamente nos parece un pulso, un nuevo pulso, entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, que corre el riesgo de convertirse en un pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y nosotros no lo queremos. Creemos en la preeminencia del legislativo pero no queremos un pulso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que es lo que usted está poniendo en marcha en el día de hoy. Dentro de ese pulso, ustedes incorporan algo que cada vez nos preocupa más. Socapa del ahorro en el Consejo General del Poder Judicial, ustedes ya no solamente defienden una política amateur, política amateur, claro, para los demás, no para el Gobierno; para los parlamentarios de Castilla-La Mancha, política amateur. Bueno, pues ahora introducen ustedes también el órgano de gobierno amateur, que va a poder gobernarse a sí mismo con un mínimo, y el resto


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cada uno en su puesto y compaginando el papel en el Poder Judicial con el papel de juez. Creemos que no parece el camino. Desde luego, no hemos sido llamados al diálogo; por lo tanto, no somos llamados a la suspensión, a la legislación diferida.

Con respecto a la simulación, señor ministro, no simule más. Ya lo hemos visto en el primer decreto de la mañana; decretazo al canto. Le hemos pedido solamente una cosa, que lo debatiera mediante trámite de proyecto de ley. No señor, tampoco. No es desconfianza, es defensa propia. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, intervengo en nombre de Convergència i Unió para explicar el sentido de nuestro voto. Nuestro grupo no ha apoyado explícitamente esta iniciativa, porque entendemos que la utilización de este trámite de excepcional urgencia es consecuencia de la falta de previsión del Gobierno a la hora de impulsar reformas y ajustarlas a un calendario. Así, en este caso, si el Gobierno pretendía presentar la reforma del Consejo General del Poder Judicial tendría que haber planificado los tiempos. Eso sería lo razonable y prudente. En cambio, ahora nos propone forzar un proyecto específico, a tramitar, además, por un cauce excepcional y urgente, con la única finalidad de suspender el próximo proceso de renovación de los vocales del consejo mientras se está tramitando la futura ley. Aunque entendemos, desde la perspectiva de la economía procesal, la necesidad de no arrancar un nuevo proceso de renovación de miembros del consejo cuando ya está en trámite parlamentario un proyecto de ley que definirá otro sistema de elección, también creemos que ello era evitable y, por lo tanto, es reprochable al Gobierno que no lo tuviera en cuenta con la necesaria y deseable anticipación.

Es también importante destacar que el propio informe del consejo, y no en la parte de sus votos particulares sino en la parte del informe general, dice textualmente que no estamos ante una situación habitual ni una técnica legislativa ortodoxa, y que hubiera resultado fácilmente evitable llegar a esa situación de excepcionalidad y premura con una previsión cronológica previa al inicio del proceso legislativo, y que esa previsión solo es imputable al propio Ejecutivo. A mayor abundamiento, no solo estamos ante una tramitación excepcional, sino que también lo es el contenido del mismo proyecto de ley orgánica sobre la suspensión del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Por todo ello, y a modo de conclusión, señor ministro, aunque entendemos que estamos ante un procedimiento que es ajustado al Reglamento, creemos que el Ejecutivo tenía la obligación de hacerlo mejor, y podía incluso hacerlo mejor, siendo de todo evitable y reprochable este trámite urgente que merma la calidad del trabajo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista, señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.

Estamos hablando del aspecto formal, no de la cuestión de fondo del asunto de la reforma del anteproyecto de ley presentado sobre el Consejo General del Poder Judicial, del sistema de renovación, de elección, etcétera.

Quiero manifestar nuestra oposición a la forma presentada porque una vez más no se siguen los procedimientos habituales y normales y empieza a ser ya, señor ministro de Justicia, en general pero en su ámbito en particular, una pauta ordinaria, una pauta normal, porque todo en general va con reales decretos y los pocos anteproyectos y proyectos de ley que presentan no se tramitan luego de una forma mínimamente correcta con respeto al procedimiento legislativo. Así pasó con la Ley de Tasas, así ocurrió con la reforma parcial del Código Penal y así está pasando con este propio anteproyecto, que fuerza el procedimiento una vez más para que el día 21 se tenga que aprobar. Para que también quede claro, sobre la cuestión de fondo nos pronunciaremos pronto, pero hay aspectos sustanciales del anteproyecto en los que sabe que no estamos de acuerdo y además ciertas actitudes que se tienen, fundamentalmente en la tribuna, ayudan poco al consenso, señor ministro. Hay que tener elegancia con lo que se habla, con lo que se dice y con lo que se acuerda y con lo que no se acuerda; bien lo sabe usted y ahí me quedo, entre paréntesis. ¿De acuerdo?


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Finalmente, el abuso extraordinario de los reales decretos está produciendo, máxime con una mayoría absoluta como ustedes tienen, un funcionamiento atípico en los procesos legislativos. Sin embargo, como ya están metidos en esta vorágine, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, yo les voy a pedir que traigan otro real decreto, pero en veinticuatro horas y que lo aprueben cuanto antes, que impida los desahucios con cláusulas abusivas, haciendo caso al Tribunal Europeo de la Unión Europea, conforme nos han dicho hoy. (Aplausos). Da igual uno más y tendrían el apoyo del Grupo Socialista.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Villarrubia.

Por el Grupo Popular, señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, se ha sometido hoy a consideración de la Cámara la aprobación de una cuestión meramente procesal, la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y un inciso del artículo 114 de la Ley orgánica del Poder Judicial. La semana que viene abordaremos como cuestión de fondo precisamente la suspensión de la vigencia de estos dos artículos. Como las cuestiones procedimentales a veces son bastante complejas, entiendo que algún portavoz se haya confundido utilizando la aclaración de voto para adelantar el debate de la semana que viene, o bien que no haya habido confusión sino que se haya pretendido pervertir el mecanismo de la aclaración de voto para hacer una particular tramitación en lectura doble en vez de en lectura única.

En todo caso, tengo que señalar que el Grupo Parlamentario Popular ha apoyado que este proyecto de ley se tramite por este procedimiento de lectura única, pues entendemos que es una cuestión no solamente procedimental sino también una cuestión de sentido común. De procedimiento en cuanto se cumple escrupulosamente lo previsto por el Reglamento de la Cámara, concretamente en su artículo 150, y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido como figura típica del derecho parlamentario. Por tanto, no es ningún mecanismo torticero ni antidemocrático, señor Tardà, ni tampoco es la primera vez que se utiliza en esta Cámara, como le quiero recordar al señor Olabarría que creo que por su facundia intelectual y también por los años que lleva en ella recordará que en el año 2004, concretamente en el mes de octubre, también se utilizó para tramitar el proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial precisamente para cambiar aquellos preceptos relativos a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo. En todo caso, el artículo 150 del Reglamento del Congreso establece que el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única el proyecto cuando la simplicidad de su formulación lo permita o cuando su naturaleza lo aconseje. En cuanto a la simplicidad es evidente, si se tiene en cuenta que la ley orgánica apenas supone la suspensión temporal del artículo 112 de la Ley orgánica del Poder Judicial y solamente de un inciso del artículo 114, lo que significa que la sencillez de esta reforma permite fácilmente que los diputados podamos tener una opinión clara sobre el mismo, de forma que el debate se debería de reducir a aceptar o a rechazar esta propuesta. La segunda posibilidad contemplada en el artículo 150 del Reglamento del Congreso -es decir, que la naturaleza del proyecto tomado en consideración así lo aconseje- también concurre; y concurre porque es una cuestión de sentido común.

En cuanto al proceso de renovación del consejo previsto en los artículos 112 y 114, deberá iniciarse dentro de semana y media, concretamente el 24 marzo, seis meses antes de la expiración del mandato del actual Consejo General del Poder Judicial por haber transcurrido el período de cinco años desde su constitución. Así que teniendo en cuenta que ya se ha iniciado la andadura parlamentaria del proyecto de ley orgánica de modificación del consejo por el que se reforma la Ley orgánica del Poder Judicial a fin de establecer un nuevo sistema para la designación de los miembros del consejo, es evidente que por pura coherencia la próxima renovación del órgano deberá llevarse a cabo conforme al nuevo sistema que acordemos en esta Cámara y no con un sistema que va a ser superado en un breve plazo de tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Castillo. (El señor Presidente ocupa la presidencia).


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El señor PRESIDENTE: El dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, por tratarse de un suplicatorio, adquiere carácter secreto. Por tanto, ruego que desalojen las tribunas. (Pausa).

Se suspende la sesión con carácter público.

Se reanuda la sesión con carácter secreto.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 240/000002).

El señor PRESIDENTE: Una vez desalojadas las tribunas, vamos a proceder a votar el suplicatorio en relación con la causa especial número 3/20.794/2012 de la sala segunda de dicho tribunal, por la que se solicita autorización para proceder contra un señor diputado. (Pausa).

Se reanuda la sesión con carácter público.

ELECCIÓN DE SEÑORES DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:

- ELECCIÓN DE SEÑORES DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000002).

El señor PRESIDENTE: Continúa ahora la sesión con carácter público. Si alguien quiere acceder a las tribunas, puede hacerlo.

Entramos en el último punto del orden del día relativo a la elección de señores diputados de conformidad con una resolución de la Presidencia del Congreso para cubrir vacantes sobre secretos oficiales. Han llegado a esta Presidencia la propuesta del señor Esteban por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y la propuesta del señor Bosch por el Grupo Parlamentario Mixto. Son los dos representantes de los grupos que faltan por designar.

Vamos, a dar la palabra a los diputados que quieran intervenir en este proceso. En primer lugar, ha pedido la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, volvemos a estar aquí gracias a los oficios del Partido Popular, que confunde a los que son distintos y rivales políticos con enemigos, cosa que evidentemente no es así. (Varios señores diputados: ¡Ah!)

Señorías del PP, ustedes están imponiendo un veto o lo impondrán en el momento de la votación para el representante en una Comisión parlamentaria que ha sido elegido por cientos de miles de votos y, si cuentan al Grupo Mixto, por más de un millón de votos. Ustedes están censurando eso, la voz de alguien que representa a mucha gente. Por eso lo consideramos injusto, desproporcionado, no conforme a derecho y lo hemos llevado ante Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el caso.

La verdad es que a nosotros, que no deseamos ningún daño a nadie y que ya estuvimos en la Comisión de Secretos Oficiales, nos tienen como enemigos, si no, no hay otra explicación. Consideran que no somos de fiar y que no podemos ser depositarios de secretos oficiales. Mientras tanto, quien realmente arriesga la seguridad nacional son ustedes con su veto; con su acción lo que hacen es despertar serias sospechas sobre lo que se dirime en esa Comisión. Entre la ciudadanía y entre la gente están despertando una inseguridad y una inestabilidad derivadas de las sospechas de que ahí se está dirimiendo algo vergonzoso. Eso es lo que están haciendo en realidad, ese es el resultado de su acción parlamentaria hoy. Lo que se pregunta la gente es por qué no nos quieren ahí. ¿Tal vez es para que no podamos escuchar al director del CNI, que comparece la semana que viene, y preguntarle por qué han aumentado la dotación de los gastos reservados de 18 a 20 millones de euros, de los fondos de reptiles, para entendernos?, ¿es por eso? ¿Es para no preguntarle sobre el despliegue del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, en Cataluña en los últimos tiempos? ¿Es para no interesarse por la trama de espionaje conectada a la empresa Método 3 en Cataluña?, ¿es por eso? ¿Es para no preguntarle sobre su apoyo a


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la guerra sucia en Cataluña en connivencia con medios de comunicación, justo en el momento de una campaña electoral, inventando informes a partir de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales? Por cierto, pidan al ministro del ramo, al señor Fernández Díaz, que diga algo distinto, porque si dice que no conoce el tema y que no controla a sus efectivos policiales, ustedes ahí, dicho sea de paso, tienen un problema. ¿O no nos quieren para que no veamos cómo se confirman los peores temores que siempre hemos expresado respecto a la monarquía, con los trabajos delicados que aduce la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein haber realizado para el Estado?, ¿es por eso? Señorías, qué desestabiliza más, qué pone más en riesgo la seguridad, ¿nuestra presencia democrática en una comisión parlamentaria o los deslices de su representante en Cataluña, doña Alicia Sánchez Camacho, incluso a costa de provocar una auténtica colisión entre cuerpos policiales, entre policía catalana y policía española? A quien deberían vigilar de veras es a su representante en Cataluña, la líder del Partido Popular catalán. Esa mujer sí representa un riesgo para la seguridad; nosotros, no. Nosotros somos buena gente, no jugamos a espías y no queremos destruir nada, no somos enemigos de nadie, ni de España ni mucho menos de los españoles, ni tampoco de ustedes, señorías del PP; no somos enemigos de ustedes. ¿Se acuerdan de que nosotros les votamos a ustedes para la Comisión de Secretos Oficiales? El veto que ustedes nos imponen nosotros no lo impusimos sobre ustedes, no tenemos nada en contra de ustedes, no odiamos ni queremos destruir. Queremos construir, sí; queremos lo mejor para nuestro país, queremos una Cataluña justa, próspera, libre e independiente, claro que sí, y lo que queremos para Cataluña, ¿acaso no lo quieren ustedes para España? Pues ya está. Somos afirmativos y positivos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo.

Nuestro futuro no lo haremos a costa de nadie. No vamos a romper la geografía de la Península, no vamos a expulsar ni a excluir a nadie hable el idioma que hable y venga de donde venga. Nos centramos en el futuro, en el horizonte al cual queremos llegar y, cuando lleguemos a esa república catalana, yo les aseguro y les prometo que seguiremos colaborando con ustedes para una mayor seguridad común, nos entenderemos y nos abrazaremos como dos pueblos iguales, porque uno mismo no se puede abrazar a sí mismo, se necesitan dos para el abrazo. Nosotros no somos ni seremos nunca sus enemigos, simplemente somos distintos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Parece que no hay intervinientes por parte del PNV mi de UPyD.

Señor Coscubiela. (Rumores). Les ruego silencio porque va a intervenir un orador.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Supongo que son todos ustedes conscientes de que quince meses después de iniciar esta legislatura que no tengamos al completo la Comisión de Secretos Oficiales porque falta el representante del Grupo Mixto es una situación excepcional que nos sitúa en un estado de excepción. Cuando el Partido Popular hasta ahora ha vetado al Grupo Mixto, no sólo restringe los derechos políticos de ese grupo, sino que le está negando los derechos democráticos a todos los ciudadanos que lo han votado. Creo que es oportuno que ustedes reflexionen y entiendan que los componentes del Grupo Mixto tienen la misma legitimidad que cualquiera de nosotros. Han sido votados por los ciudadanos de sus respectivas circunscripciones y negarle al Grupo Mixto el derecho a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales es negarle a los ciudadanos que le han votado un elemental derecho democrático, que es el derecho a ser representados. No han dado ustedes, señores del Partido Popular, ninguna razón para ello más que sus 186 diputados. Eso para ustedes es suficiente, pero en democracia además de vencer sería importante convencer. Quiero destacar solo una cosa: creo que tienen ustedes una buena oportunidad para deshacer esa situación de excepcionalidad. Les molesta a ustedes cuando algún miembro de la Cámara les echa en cara el abuso de su mayoría absolutista, les molesta incluso que se les diga que ustedes están degradando la calidad democrática de esta Cámara. Demuéstrennos que estamos equivocados y no les vuelvan a quitar, a usurpar a los ciudadanos que votaron a las diferentes fuerzas políticas del Grupo Mixto su derecho a estar representados en la Comisión de Secretos Oficiales. En caso contrario, entenderán ustedes que nosotros continuemos insistiendo en que están ustedes aprovechando su mayoría absoluta para deteriorar la calidad democrática de este Congreso y, por tanto, del país. Escuchen, por favor, porque hoy tienen


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ustedes una nueva oportunidad para deshacer el estado de excepción que empezaron a construir hace quince meses con la primera de sus votaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

El señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quisiera recordar a las señoras y señores diputados algo que creo que es importante. El señor Bosch es diputado por Esquerra Republicana de Catalunya, que en estos momentos, según los ciudadanos de Cataluña, es el segundo grupo político más importante en Cataluña y, por tanto, recoge el voto de centenares de miles de ciudadanos. Su portavoz en el Parlament de Catalunya es el jefe de la oposición. Esquerra Republica de Catalunya tiene una larga historia de servicios a Cataluña, también ha tenido ministros de España, por cierto, y, por tanto, todo esto debería bastar, el respeto a la segunda fuerza política de Cataluña, para que no se vetara hoy la persona del señor Bosch.

Ustedes saben que la situación entre Cataluña y España es compleja y ustedes saben que hay gestos, hay movimientos, hay decisiones que contribuyen a abrir muchísimo más esta brecha. ¿Qué van ustedes a contarles, los que puedan votar hoy que no al señor Bosch, diputado como todos nosotros de este Parlamento por un partido inequívocamente democrático, de que no puede participar en la Comisión de Secretos Oficiales? Yo haría una apelación a todos los diputados del Grupo Popular, al Partido Popular porque estas cosas a veces se hacen no sé por qué motivo. Les confieso que racionalmente -soy ingeniero, y a los ingenieros nos gusta la racionalidad- no veo ningún motivo racional por el cual se excluye de un organismo democrático a un representante democrático de un partido democrático, del segundo partido de Cataluña. Me parece que esto es un hecho de suma gravedad, más en el contexto actual y haría una vez más una apelación sincera, con toda la sinceridad del mundo, política, pero también desde el punto de vista de que contribuyan ustedes a resolver los problemas, en el sentido de que pudiera ser votado hoy el señor Bosch. Repito, para Convergéncia i Unió el voto negativo hoy en la persona del señor Bosch es un motivo más de incomprensión entre Cataluña y España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señora Sánchez Díaz.

La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de los diputados propuestos por PNV y por el Grupo Mixto para que formen parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Lo hacemos desde el respeto que nos merece la decisión de cualquier grupo parlamentario de elegir libremente qué diputado quiere que lo represente. Así lo hemos hecho el resto de los grupos parlamentarios, sin veto, y así se merece también que lo haga el Grupo Mixto. Tenemos que lamentar otra vez, y no sé si el Partido Popular es consciente de ello, este espectáculo bochornoso al que somete a esta Cámara debido simplemente a esa intransigencia que nos hace una y otra vez repetir esta votación en el Congreso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.

Por cuarta vez el Grupo Mixto nos plantea la posibilidad de elegir a un miembro del grupo político que se incorpora dentro de ese grupo en el que están diecisiete parlamentarios elegidos todos democráticamente, en una especie de insistencia del señor Bosch, de su grupo, que me recuerda, a pesar de esa pretendida modernidad, a esa vieja película de Don erre que erre, por la insistencia. Usted conoce cuáles son las normas, y lo que expresa precisamente la democracia es la posibilidad de los diputados de manifestar su opinión sobre un asunto como este precisamente en estas votaciones, y lo hacen juzgando la idoneidad de las personas que se presentan. Por eso, la resolución contempla la necesidad de que aquellas personas que presentan los distintos grupos obtengan los tres quintos de los votos de los diputados que componen la Cámara. Por cierto, a la vista de las ausencias que hay en el Grupo Mixto e incluso en el Grupo de Izquierda Unida, no hay ni tan siquiera tres quintos para darle a usted los votos suficientes. (Rumores). Pero no voy a entrar en las matemáticas, ni tan siquiera en el fondo del asunto porque ya conoce usted cuál es mi


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planteamiento. Esto de que usted venga aquí cada dos por tres a hablarnos de golpismo, de totalitarismo y a pretender darnos lecciones de democracia es un sarcasmo, señor Bosch y señores de Esquerra Republicana de Catalunya, porque ustedes se presentan a las elecciones, sin embargo nunca los ciudadanos han tenido o han depositado suficiente confianza democrática en ustedes para concederles la posibilidad de gobernar. Cuando han estado en el Gobierno ha sido gracias a que otros les han dejado estar en el Gobierno y han pactado con ustedes determinadas cosas, y allá su responsabilidad (Aplausos), pero en ese sentido ustedes lecciones de democracia, nunca. Los ciudadanos participan, votan y deciden quién tiene capacidad para gobernar. Eso es lo que tienen ustedes que demostrar. Usted sabe cómo el Grupo Mixto habría obtenido representación en esa Comisión, una Comisión, como usted sabe, especial; y ustedes han bloqueado el sistema, señor Bosch, su grupo ha bloqueado el sistema de forma deliberada, reiterando como única posibilidad la necesidad de votar a un miembro de su partido. Usted plantea aquí un debate en el que no voy a entrar, pero sí le voy a decir una cosa. Que usted venga aquí a calificar a una persona de mi grupo político como un peligro para la seguridad del Estado es una insensatez. Le rogaría que pidiera excusas a la señora Sánchez Camacho, una señora que se ha visto acosada (Rumores) a la que usted tendría que haber dado protección política con sus discursos y también con sus acciones, y a la que ustedes sencillamente por ser del PP han dejado tirada y a la intemperie. (Aplausos.-Rumores.-La señora Blanco Terán: ¡Que la señora Sánchez Camacho ha sido acosada!). Las leyes hay que cumplirlas. Ustedes son de los que quieren todos los privilegios, pero ninguna de las obligaciones, y eso no puede ser. La primera obligación de un parlamentario es respetar las leyes y la Constitución, porque es de la Constitución de dónde nace la legitimidad democrática que nos convoca a todos y que ha permitido en este país gozar de un gran periodo de libertad y democracia. No ha sido gracias a ustedes. Ustedes han participado, pero es gracias a todos los que estamos aquí. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Quiero hacer una indicación de orden práctico. Aunque son dos nombres los que pueden elegirse, no hay dos papeletas, es una sola. Vamos a empezar la votación. Pido a los secretarios que ocupen su puesto.

Por los señores de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.

Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar los resultados de la votación.

Votos emitidos, 254; votos a favor de don Aitor Esteban, 248; votos a favor de don Alfred Bosch, 90; votos en blanco, 1; votos nulos, 2.

Habiendo alcanzado los tres quintos de los votos, queda elegido el señor Esteban en la Comisión de Secretos Oficiales, de acuerdo con los efectos de la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004.

Enhorabuena, señor Esteban. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y quince minutos de la tarde.

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