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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 87, de 30/01/2013
cve: DSCD-10-PL-87
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X Legislatura Núm. 87
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 81
(Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles
30 de enero de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Preguntas ... (Página6)

Debate relativo a la ratificación por la Cámara prevista en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:

- Solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, por el que se autoriza el despliegue de unidades militares en el marco de la crisis de Mali. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 210, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 095/000001) ... (Página30)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. ("BOE" núm. 314, de 31 de diciembre de 2012). (Número de expediente 130/000030) ... (Página60)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 31-1, de 7 de diciembre de 2012. (Número de expediente 121/000031) ... (Página79)

Debate relativo a la ratificación por la Cámara prevista en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página101)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página102)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)

Avocación por el Pleno ... (Página103)


Página 2




SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Preguntas ... (Página6)

Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está dispuesto el Gobierno a realizar un Pleno monográfico para elaborar un plan contra la corrupción en España? (Número de expediente 180/000375) ... (Página6)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno flexibilizar los objetivos de déficit para las comunidades autónomas para el ejercicio 2013? (Número de expediente 180/000377) ... (Página8)

Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno la grave situación que atraviesa España? (Número de expediente 180/000381) ... (Página9)

De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno proponer alguna reforma legislativa complementaria a las anunciadas para prevenir, perseguir y condenar la corrupción política? (Número de expediente 180/000378) ... (Página11)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora la vicepresidenta las consecuencias de la amnistía fiscal? (Número de expediente 180/000382) ... (Página12)

De la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Va a depurar el Gobierno las estructuras del Estado para acabar con la corrupción? (Número de expediente 180/000374) ... (Página14)


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Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué opinión tiene el ministro en estos momentos en que se va a debatir la ley de enjuiciamiento criminal sobre la incorporación de los llamados juicios rápidos a los robos con violencia cuyo incremento el año pasado alcanzó el 47 % respecto al año anterior? (Número de expediente 180/000376) ... (Página15)

Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué razones han llevado al Gobierno al indulto de un conductor kamikaze condenado a trece años de cárcel por acabar con la vida de un joven en Alzira? (Número de expediente 180/000384) ... (Página17)

Del diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Tiene el Gobierno previstas más medidas ocultas respecto del sistema de I+D+i para incidir en su colapso definitivo? (Número de expediente 180/000393) ... (Página18)

Del diputado don Tomás Valeriano Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué valoración hace el Gobierno de su política económica a la luz de los últimos datos de la encuesta de población activa? (Número de expediente 180/000388) ... (Página19)

Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué valoración hace el ministro de Hacienda de la amnistía fiscal? (Número de expediente 180/000385) ... (Página21)

De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el Gobierno los resultados de su política de ingresos? (Número de expediente 180/000386) ... (Página22)

De la diputada doña María Aránzazu Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué objetivos tiene la comisión creada para el estudio de un nuevo modelo de financiación de la cinematografía y del audiovisual? (Número de expediente 180/000379) ... (Página23)

De la diputada doña Trinidad Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante el grave riesgo de deterioro irreversible de la sanidad pública española? (Número de expediente 180/000389) ... (Página24)


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Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Tiene previsto el Gobierno retirar la financiación para los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos? (Número de expediente 180/000390) ... (Página26)

De la diputada doña Maria Concepció Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora la ministra los efectos de la reforma laboral? (Número de expediente 180/000387) ... (Página27)

Del diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno con el Real Decreto-ley por el que se prorroga el Programa de Recualificación Profesional (Prepara) de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas, aprobado en el Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013? (Número de expediente 180/000392) ... (Página29)

Debate relativo a la ratificación por la Cámara, prevista en el artículo 17.3 de la Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ... (Página30)

Solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, por el que se autoriza el despliegue de unidades militares en el marco de la crisis de Mali ... (Página30)

Intervienen conjuntamente los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil) y de Defensa (Morenés Eulate), para exponer la situación de la crisis de Mali.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista; los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bosch i Pascual y las señoras Pérez Fernández y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Contestan los señores ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa.

Intervienen de nuevo la señora Valenciano Martínez-Orozco; los señores Xuclà i Costa, Centella Gómez, la señora Lozano Domingo, el señor Bosch i Pascual, la señora Oramas González-Moro y el señor Beneyto Pérez.

Cierran el debate los señores ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página60)

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social ... (Página60)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene la señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno a favor interviene el señor Flores Lanuza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Intervienen de nuevo la señora López i Chamosa y el señor Flores Lanuza.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página79)

Proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre) ... (Página79)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), en nombre del Gobierno.

En defensa de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Quevedo Iturbe, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.

Continúa en turno de defensa de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debate relativo a la ratificación por la Cámara, prevista en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página101)

Sometida a votación la solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, por el que se autoriza el despliegue de unidades militares en el marco de la crisis de Mali, se aprueba por 302 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página102)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, se aprueba por 174 votos a favor, 146 en contra y 6 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 152 votos a favor, 174 en contra y 1 abstención.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)

Sometidas a votación separada las tres enmiendas a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores, todas ellas son rechazadas.

Avocación por el Pleno ... (Página103)

Sometida a votación la avocación por el Pleno del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores, se rechaza por 153 votos a favor, 174 en contra.

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento.

En sustitución de doña Cristina Narbona Ruiz, pregunto a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón si jura o promete acatar la Constitución.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Sí prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En sustitución de don José Antonio Alonso Suárez, pregunto a doña María Luisa González Santín si jura o promete acatar la Constitución.

La señora GONZÁLEZ SANTÍN: Sí prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón y doña María Luisa González Santín han adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ DISPUESTO EL GOBIERNO A REALIZAR UN PLENO MONOGRÁFICO PARA ELABORAR UN PLAN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000375).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de control con las preguntas dirigidas al Gobierno. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Cayo Lara del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


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El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, ¿está dispuesto el Gobierno a realizar un pleno monográfico para elaborar un plan de lucha contra la corrupción?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Lara. Estoy dispuesto a elaborar un plan contra la corrupción acordado entre todos los partidos políticos que quieran hacerlo, y de hecho el pasado día 21 la vicepresidenta del Gobierno se puso en contacto con los portavoces o representantes de siete grupos parlamentarios de esta Cámara, incluido usted -como sabe-, y les transmitió lo siguiente. En primer lugar, la voluntad del Gobierno de suscribir un pacto por la transparencia y contra la corrupción. En segundo lugar, la voluntad de pactar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados-, así como la máxima disposición para aceptar enmiendas. Y en tercer lugar, se informó a todos los portavoces de que se ha realizado un encargo al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para que elabore un informe de posibles medidas en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Este informe estará listo en unas semanas, estamos dispuestos a discutirlo entre todos los grupos, y creo que sobre estas bases se puede construir entre todos en positivo, si hay voluntad política de hacerlo. Lo que puedo decir es que mi grupo tiene voluntad política de hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, efectivamente la vicepresidenta del Gobierno me llamó y me hizo la oferta de participar en una comisión, pero nosotros creemos que con esa comisión solo se consigue un lavado de imagen de la cara del problema de la corrupción en este momento. En esta España que se desangra hoy con seis millones de parados, con más de 300.000 personas desahuciadas de sus casas, con pobreza, exclusión social y hasta suicidios; con los casos conocidos de presunta corrupción que están minando nuestra democracia como los casos Gürtel, Urdangarín, Palau de la Música, Pokémon, Campeón, Fabra, Pallerols, Eres, Baltar, Matas, los 20 millones de una cuenta en Suiza del extesorero del Partido Popular, las noticias de supuestos sobres invisibles por Génova, y la sospecha de la procedencia de estos fondos han creado escándalo público, indignación y alarma social. En unos casos hablamos de corrupción, en otros de supuesta corrupción, en otros de supuesta financiación irregular de partidos políticos, en un modelo perverso, porque estamos hablando de corrupción sistémica que ha crecido sobre todo al calor de la burbuja inmobiliaria.

La corrupción es un cáncer para la democracia que daña la credibilidad de las instituciones públicas y de la política, que atenta contra el patrimonio público, que socava las bases del sistema democrático, que provoca desafección ciudadana, que da pábulo al todos son iguales que es la base para los populismos. Los escándalos de corrupción no se resuelven con un informe de expertos y una comisión. El fraude va implícito en la corrupción y no se resuelve educando a los niños a partir de once años. Los que se corrompen saben que están delinquiendo y los corruptores también, y muchos se educaron en buenas universidades. El problema de fondo, señor Rajoy, es que no se puede asfixiar a los partidos políticos y algunos coger recursos por la puerta de atrás de las empresas. Hay más políticos honrados en este país que corruptos. Por eso la corrupción no puede seguir envenenando a la democracia y la financiación tiene que ser pública, justa y transparente. Por eso le pedimos un pleno monográfico sobre corrupción donde se debata con luz y taquígrafos, y se haga un plan serio para acabar definitivamente con la corrupción en España, si no la bomba de Bárcenas le estallará probablemente también al Gobierno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Lara. Le invitaría a que no nos quedemos en contar las cosas o decir lo que ya todos sabemos, fuésemos eficaces y planteáramos medidas que sean útiles.


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Puedo decirle que a lo largo de esta legislatura nosotros hemos presentado una reforma de la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, una reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, y también, dentro de un apartado de medidas de buen gobierno y ejemplaridad, en esa misma ley de transparencia y lucha contra el fraude fiscal en la Seguridad Social. Tenemos en las Cortes el proyecto de ley transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Creo que todo esto va a suponer más transparencia, más control y mayor responsabilidad, y como le he dicho antes, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está trabajando en este asunto.

Hay dos tipos de líneas. Por un lado, medidas colectivas para incrementar el control y la transparencia en las cuentas de los partidos políticos, y por otro, medidas individuales para favorecer el buen gobierno y la ejemplaridad, que comprenden tanto medidas dirigidas a incrementar el control como la represión. Sin duda alguna este tipo de medidas pueden ser más útiles y pueden ser más eficaces que limitarnos a contar lo que vemos todos los días en los periódicos. Le invito a que se sume a este debate, le invito a que presente medidas, le invito a que todos conozcamos sus alternativas, y le invito también a que trabaje, como voy a hacer yo, en busca de un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO FLEXIBILIZAR LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL EJERCICIO 2013? (Número de expediente 180/000377).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

¿Piensa el Gobierno flexibilizar los objetivos de déficit para el año 2013 para las comunidades autónomas?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, y es en que España en su conjunto tiene que reducir su déficit público. Esto es bueno en sí mismo, deja recursos para los privados, permite acceder a la financiación y acceder en mejores condiciones, y además es un compromiso que debemos cumplir dentro del procedimiento de déficit excesivo que España ha planteado en la Unión Europea.

Debemos hacer entre todos este esfuerzo. Los objetivos de déficit han sido fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ratificaron en el Congreso, también en el Senado, también en la Conferencia de Presidentes, y a partir de ahí todas las comunidades autónomas, salvo tres que han tenido elecciones en las últimas fechas, han presentado sus presupuestos con un objetivo de déficit público para el año 2013 del 0,7. También el Gobierno cumplió su compromiso y todo esto lo hemos comunicado en cumplimiento de nuestra obligación a la Comisión Europea.

Creo que a día de hoy no sería un buen mensaje plantear la modificación de estos criterios ni para los mercados ni para nadie en el mundo, puesto que como sabe nuestra financiación depende fundamentalmente de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, sinceramente pensamos que este no es el camino. O todas las administraciones públicas trabajamos en la misma dirección o difícilmente podremos salir bien parados de esta situación. Por eso desde Convergència i Unió nosotros le pedimos un cambio de actitud radical, que


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busquemos el camino de la sensatez y del diálogo, que flexibilice el déficit de las comunidades autónomas, que no asfixie, señor presidente, a las políticas sociales y les pueda dar oxígeno a las comunidades autónomas para que puedan prestar los servicios de sanidad, educación y servicios sociales con la máxima calidad y con la máxima garantía. No solo se lo pedimos desde Cataluña y desde otras comunidades autónomas, sino que también hace exactamente quince días el Parlamento Europeo aprobó una moción, en el sentido de repartir los esfuerzos de la consolidación fiscal de todas las administraciones de los países de la Unión Europea de una manera más justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que presta. También anteayer el comisario de la Comisión Europea Olli Rehn y el ministro Guindos en Bruselas abrieron la posibilidad a esta flexibilización del déficit de las diferentes administraciones autonómicas. Por eso, señor presidente, nosotros le pedimos con la máxima energía y desde la perspectiva política y democrática este cambio de actitud radical. No es justo, señor presidente, que en el año 2013 el Gobierno haya incrementado su déficit en un 14 % para la Administración Central del Estado y al mismo tiempo haya impuesto una reducción del déficit para las comunidades autónomas en más de un 50 %, pasando del 1,5 % al 0,75 %. Tampoco es justo, señor presidente, que ustedes hayan incrementado todos los impuestos -IVA, IRPF, impuestos especiales e impuesto sobre sociedades- aumentando la recaudación para los años 2012 y 2013 en más de 40.000 millones de euros, que van a ir a parar a la Administración central, y las comunidades autónomas no van a ver ni un euro del mismo, a pesar de que la mayoría de los impuestos están cedidos en más de un 50 %. Por lo tanto, señor presidente, cambien de actitud e inicien el camino de...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Este debate ya se produjo con ocasión de los presupuestos del año 2012, como usted recuerda, y la diferencia entre el 5,3 inicialmente previsto y el 6,3 que al final nos pidió la Comisión no se aplicó a la Administración General del Estado, se aplicó fundamentalmente a las partidas de Seguridad Social y prestaciones por desempleo, que son partidas que afectan a todos los ciudadanos que viven en todos los territorios de España. Yo me hago cargo y valoro el enorme esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas, creo que es un esfuerzo patriótico en la lucha contra el déficit público; me hago cargo y sé lo difícil que es porque también lo estamos haciendo en la Administración Central del Estado. Sé que algunas de las partidas de las comunidades autónomas son partidas de una gran rigidez, pero también las de la Administración Central del Estado; piense usted en las partidas de Seguridad Social, las partidas de desempleo, las transferencias a comunidades autónomas, las transferencias de la Unión Europea o los intereses de la deuda. De hecho en dos años el Gobierno ha reducido los presupuestos de su ministerio en un 25,8 %. Además, como ustedes saben, ayudamos a las comunidades autónomas que no pueden financiar ni siquiera ese déficit que nos están demandando, y vamos a los mercados a cubrir su deuda y su déficit en condiciones ventajosas para las mismas. También las hemos ayudado en materia de anticipos, entregas a cuenta y devolución de liquidaciones, siempre sin costo financiero alguno. A partir de ahí, si las cosas cambian -que de momento no han cambiado-, será el momento de hablar porque estaremos en un escenario diferente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA AFRONTAR EL GOBIERNO LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA ESPAÑA? (Número de expediente 180/000381).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno, del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, me he interesado por la grave situación por la que atraviesa España. Hemos empezado el año francamente mal: las tensiones territoriales han aumentado, la desafección política también, y tenemos 6 millones de desempleados, señor Rajoy, 6 millones, una tragedia. Su reforma


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laboral está haciendo estragos. Entre otros, hemos acabado el año con 2 millones de trabajadores sin la protección de los convenios colectivos. Ya sé que algunos de ustedes lo llaman flexibilidad; yo lo llamo explotación. (Rumores). Una grave crisis, una tragedia exige -creo yo- un gran esfuerzo, exige un acuerdo entre todos: el Gobierno, los grupos políticos, los sindicatos y los empresarios; por eso le he propuesto, señor Rajoy, que reabramos el diálogo político, que reabramos el diálogo social, que tratemos de alcanzar un acuerdo, porque es lo más importante que los españoles nos piden. Es difícil, es un acuerdo difícil, pero yo me apresuro a decirle que creo que hay ámbitos en los que podemos convenir. Por ejemplo, le hemos dado 40.000 millones de euros a la banca, usted dijo que 40.000 millones era una cantidad asumible por nuestra deuda, y yo le pido que cree un fondo de 20.000 millones, la mitad, exactamente la mitad, para atender a las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, de los autónomos. Los españoles se preguntan -y con razón- por qué hay dinero para la banca y no hay dinero para el empleo; pues yo le propongo, señor Rajoy, que contestemos desde esta Cámara que sí, que hay dinero para el empleo, que lo vamos a buscar debajo de las piedras.

Le hablaba también de desafección política, y eso tiene mucho que ver con la corrupción. Usted ha dicho que luchar contra la corrupción es una responsabilidad de todos, porque es verdad que está hiriendo gravemente a nuestra democracia. Usted tiene un problema de corrupción en su partido que afecta a comunidades autónomas (Rumores), a ayuntamientos y a decenas de responsables políticos. Yo le pido, señor Rajoy, que como presidente del partido actúe usted con contundencia, actúe usted con celeridad y actúe usted con ejemplaridad; repito, contundencia, celeridad y ejemplaridad, eso le pido, señor Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. La pregunta está formulada en términos muy genéricos. España efectivamente tiene sus problemas, me voy a referir fundamentalmente a los temas económicos. Estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho respecto a la corrupción y no se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación que me ha hecho usted a mí (Aplausos). No obstante, yo creo que lo más importante en estos momentos es qué vamos a hacer en esta situación. El objetivo sigue siendo crecer y crear empleo; sabíamos que este año sería un mal año, de hecho cuando hicimos la previsión en los presupuestos dijimos: año 2012, crecimiento económico menos 1,7 y al final será menos 1,3, y que en el año 2012 el incremento del desempleo sería de 672.000 personas y ha sido de 694.000 personas, una cifra ciertamente dramática contra la que tenemos que pelear. ¿Qué vamos a hacer? Seguir trabajando para que los emprendedores tengan un entorno económico favorable y crédito, es decir, seguiremos con el proceso de reformas estructurales que hemos puesto en marcha. En segundo lugar, pretendemos poner en marcha, y presentarlo aquí en la Cámara en pocas fechas, un paquete para estimular la economía así como una estrategia de emprendimiento y empleo joven con el objetivo de reducir el desempleo juvenil, tema este en el que llevamos trabajando desde el mes de noviembre con las organizaciones sindicales y empresariales. Y, en tercer lugar, vamos a hacer lo posible para seguir ayudando a las personas que están en situaciones más difíciles, es decir, ser equitativos a la hora de repartir los esfuerzos de esta crisis. Sobre los acuerdos, yo siempre estoy dispuesto, pero siempre que he presentado aquí reformas estructurales importantes me he llevado una respuesta que es el no total y absoluto del Partido Socialista Obrero Español. Si quieren rectificar y llegar a entendimientos, a su disposición estoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor Rajoy, en el Partido Socialista hace muchos años, muchos, que aprendimos la lección para siempre (Rumores). Ustedes entonces se fueron de rositas (Rumores), se fueron de rositas con triquiñuelas legales y, señor Rajoy, le voy a decir: se creyeron impunes y eso es lo que están pagando ahora, señor Rajoy, porque la impunidad en este país por suerte ya no existe.

Muchas gracias, señor presidente. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Pérez Rubalcaba, no ha estado usted hoy muy afortunado (Rumores.-Risas), supongo que en su grupo la situación de su partido le obliga a hacer esos papelones (Rumores). En cualquier caso, yo voy a intentar decir qué es lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos meses.

En primer lugar, vamos a seguir con el control de déficit, con la reestructuración bancaria, hemos presentado la ley de unidad de mercado, la reforma laboral está funcionando muy bien (Rumores); está mejorando nuestra competitividad, como lo demuestra que el déficit del sector exterior va a ser nulo en el año 2013, como lo demuestra que haya importantes inversores extranjeros, hemos visto casos en el sector del automóvil que miran a España; presentaremos pronto como le he dicho un paquete de estímulo económico; ya hemos aprobado el Plan PIVE y el Plan PIME, muy importantes para estos sectores de la economía española, y en breve -insisto- presentaremos en esta Cámara una estrategia de empleo juvenil de acuerdo con las coordenadas marcadas por la Unión Europea. España pasa momentos difíciles pero ya se ven datos positivos... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO PROPONER ALGUNA REFORMA LEGISLATIVA COMPLEMENTARIA A LAS ANUNCIADAS PARA PREVENIR, PERSEGUIR Y CONDENAR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA? (Número de expediente 180/000378).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. En primer lugar, pregunta de doña Rosa Díez, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Eso que acaba de decir el presidente del Gobierno de que la reforma laboral está funcionando muy bien es como cuando me negó en el debate de investidura que la corrupción política fuera el mayor lastre de nuestra democracia; creo que hoy ya no se atrevería a decir eso, porque hoy todos sabemos que la corrupción política en España es algo que nos lastra, que nos avergüenza como país, y que lastra nuestra capacidad para recuperar nuestra economía y para generar empleo. No es casualidad que los países más limpios, más transparentes, sean los que mejor han afrontado la crisis mundial, la crisis financiera y la crisis económica. Nuestro país, señora vicepresidenta, no puede ser ese país en el que los corruptos tienen tres posibilidades para no pagar con la justicia: la primera de ellas es que prescriban los delitos, la segunda es que haya un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y los abogados de la defensa, y la tercera es que el Consejo de Ministros indulte a los corruptos. Bueno, tienen otra, y es el acuerdo que ustedes acaban de suscribir con el Partido Socialista para que los órganos de la justicia no sean independientes, y a partir de ahí se produzca todo lo que se está produciendo.

Señora vicepresidenta, hemos escuchado en la mañana de hoy hablar de un pacto contra la corrupción. Yo creo que se han terminado los tiempos de las palabras y los tiempos de los grandes pactos que están vacíos de contenido. Creo que combatir, perseguir, prevenir y condenar la corrupción política requiere de reformas legales que realmente tengan efecto y que nos afecten a todos. Por eso le pregunto, señora vicepresidenta, si tiene usted previsto poner en marcha alguna otra iniciativa legislativa que prevenga, persiga y condene a los corruptos y a la corrupción política.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Díez, creo que usted ha sido muy selectiva a la hora de escuchar o no escuchar lo que ha dicho el presidente del Gobierno, porque precisamente el presidente del Gobierno ha dicho que por la transparencia y contra la corrupción este Gobierno va a presentar medidas concretas, y a ser posible pactarlas, por lo que sería bueno un espíritu constructivo entre todos para abordar un asunto que a todos nos afecta, porque por desgracia no conoce de colores, sino de honradez y honestidad, que es algo mucho más personal. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta, la corrupción política es más que una actitud personal y requiere de leyes -insisto- que la prevengan, la persigan y la castiguen; de leyes concretas, de reformas del Código Penal. Algunas hemos avanzado en esta legislatura, algunas incluso las hemos acordado, aunque están pendientes de ser llevadas a la ley y el ministro que se sienta al lado suyo lo sabe bien. Luchar contra esta concreta forma de delincuencia organizada, delincuencia organizada que es la corrupción política, requiere acciones más radicales, tales como establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, que hoy no es delito, o también para incorporar en nuestra legislación el delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electos. Regular los indultos evitando la arbitrariedad del Gobierno es otra de las cosas que hay que hacer, porque no es lo mismo la discrecionalidad que la arbitrariedad del Gobierno a la hora...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Díez, efectivamente este Gobierno va a presentar medidas concretas y complementarias a lo que se ha hecho. Y se han hecho cosas y convendrá conmigo en que su grupo y el nuestro han aprobado medidas concretas. Por ejemplo, hemos recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos con el voto de su grupo, el del mío y el del señor Salvador, recuperando algo que se había eliminado por el Gobierno en el año 2010; por ejemplo, se ha transformado la Ley de Financiación de Partidos Políticos; por ejemplo, ya no se admiten donaciones de más de 50.000 euros; por ejemplo, han de publicarse las cuentas una vez que pasen por el Tribunal de Cuentas; por ejemplo, no se pueden condonar deudas por más de 100.000 euros; por ejemplo, a partir de ahora el Tribunal de Cuentas puede sancionar los gastos electorales. También se han establecido medidas concretas en el Código Penal de falseamiento y ocultación de cuentas públicas.

Me dice usted que hay que trabajar más, por supuesto, y que hay que traer más medidas concretas. En primer lugar, la ley de transparencia es un buen antídoto contra la corrupción, porque para perseguir todos esos delitos a los que se refiere primero hay que conocerlos, y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y los contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foco o el origen de esa corrupción. Y en segundo lugar, y por primera vez en este país con rango de ley, los principios de buen gobierno van a ser infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación; tema no menor, que un alto cargo deje de serlo y además no pueda serlo durante una larga temporada. Pero indudablemente hay que plantear muchas más medidas colectivas de financiación de los partidos e individuales, señoría. Porque yo creo mucho en la honestidad y en la honradez personal, también en la trayectoria personal de todos y cada uno de vosotros. Y si hay que reformar el Código Penal, se reforma; y si hay que endurecer las penas, se endurecen; y si hay que trasladar ejemplaridad para conocer lo que usted llama enriquecimiento injusto, se hace, señoría. Pero yo digo una cosa, más que los debates que piden unos y los discursos que hacen otros, este Gobierno traerá medidas concretas y a ser posible muy eficaces. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA LA VICEPRESIDENTA LAS CONSECUENCIAS DE LA AMNISTÍA FISCAL? (Número de expediente 180/000382).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora vicepresidenta de la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

¿Cómo valora la vicepresidenta las consecuencias de la amnistía fiscal?


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, este Gobierno ha hecho una regularización fiscal extraordinaria para responder a una situación de las cuentas públicas extraordinaria e insostenible, para ampliar las bases imponibles y para aumentar la recaudación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, el proceso de amnistía fiscal puesto en marcha por su Gobierno es moralmente indecente desde el punto de vista jurídico ilegal e inconstitucional, pero en la puesta en marcha de la amnistía ustedes han profundizado en la inmoralidad, en la indecencia y en la ilegalidad. Han ido modificando el decreto-ley de amnistía fiscal para dar satisfacción a las exigencias de los defraudadores, les han hecho un traje a medida a los defraudadores. Por eso más de los 30.000 que se han acogido, el 93 %, lo han hecho el último mes, cuando ya tenían el traje; el traje que les ha hecho tributar al 3 % y no al 10 %, el traje de la impunidad, donde ustedes les han garantizado que, además de no preguntar por el origen del dinero, iban a sustraer sus actas a los inspectores de Hacienda -las están reclamando los inspectores; no las tienen-, y el traje que les da la reforma del Código Penal urgente, señor Gallardón, para que el delito fiscal desaparezca previo pago, artículo 305.

Es escandaloso que, aumentando también la opacidad, nos hemos enterado de que el señor Bárcenas, extesorero de su partido, excompañero de su partido, imputado en el caso Gürtel por presunta financiación ilegal de su partido, se ha acogido a la amnistía fiscal. No vale decir, como dijo el ministro, que si se ha acogido y le pillamos lo anulamos. Es que los pillados son ustedes, es el Gobierno. (Aplausos). Ustedes modificaron el decreto-ley de amnistía fiscal el 25 de mayo. Señora vicepresidenta, usted sí vio, sí oyó que, al socaire de ese decreto de flexibilización de horarios comerciales, modificaron la disposición adicional sexta, disposición adicional que podemos llamar Bárcenas porque se ha acogido sobre la base de ella: sociedades, fondos fideicomisarios radicados en el extranjero. Yo les digo una cosa. No sé si lo han modificado para el señor Barcenas, pero no me cabe duda de que también para el señor Bárcenas. Es insoportable que no aclaren esto, porque el presidente del Gobierno dijo del señor Barcenas: nadie podrá probar que no es inocente. Es insoportable la mera sospecha de que desde el Gobierno que usted preside hayan hecho alguna actuación para contribuir a esta afirmación.

Por eso, señora vicepresidenta, respuestas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, lo que ha dicho usted es políticamente burdo y jurídicamente absurdo, por eso no me extraña que los tribunales les hayan condenado en costas. (Rumores.-Aplausos). En primer lugar, esta regularización fiscal proviene de otra regularización mucho mayor que ha tenido que hacer el Gobierno, la regularización de tres puntos de déficit, 30.000 millones de euros, que el Gobierno anterior ocultó y que este Gobierno ha tenido que aflorar. Ahí, señoría, parece que está usted, sí, exenta de toda responsabilidad, según su pregunta. En segundo lugar, este Gobierno ha seguido las recomendaciones sobre regularizaciones fiscales de la OCDE y no somos el único país de nuestro entorno que lo ha hecho: dos regularizaciones fiscales en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Bélgica, por no hablar de las de Estados Unidos, Canadá y Australia. Hemos hecho una regularización fiscal, sí, y le voy a decir cómo la hemos hecho. En primer lugar, esta regularización no es opaca, la Agencia Tributaria tiene todos los datos de las personas que han regularizado. (La señora Rodríguez Ramos hace gestos negativos). Esa es la gran diferencia con las regularizaciones o amnistías de los años 1985 y 1991: 1985, compra de pagarés del Tesoro; 1991, canje de esos pagarés por deuda pública especial, sin nombres, sin retenciones, sin investigar el origen lícito e ilícito de esos fondos, y además, permítanme, con la guasa de que el Estado pagara intereses por esos pagarés del Tesoro. Eso sí que es una amnistía opaca. (Aplausos).


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En tercer lugar, señoría, este procedimiento es perfectamente compatible y además ayuda a la ley de prevención del blanqueo de capitales y no se aplica ni surte efectos respecto de los que tienen un procedimiento judicial o administrativo fiscal abierto. Pero esta regularización no va aislada, va seguida de un paquete potente de lucha contra el fraude, tan potente que ha permitido en este año que la lucha contra el fraude haya recaudado 11.500 millones de euros, un 10 % más que el año pasado, al margen de la declaración tributaria especial. Señoría, voy a darle algún otro dato, hemos reforzado la lucha contra el fraude, sí, a partir de este viernes cualquier español tendrá que declarar los bienes y las cuentas que tenga en el extranjero. Mire, señoría, para reprender no hay que tener falta y tiene usted, según lo que hemos visto estos días, alguna sentada en su bancada. De todas ellas es también portavoz. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MAITE ARIZTEGUI LARRAÑAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿VA A DEPURAR EL GOBIERNO LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000374).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta de doña Maite Ariztegui, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ¿Va a depurar el Gobierno las estructuras del Estado para acabar con la corrupción?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, a preguntas de los señores diputados Lara y Rubalcaba al señor presidente del Gobierno y de doña Rosa Díez y de la portavoz del Grupo Socialista a la vicepresidenta se ha dado respuesta y noticia de cuáles son las medidas que se van a adoptar en relación con la corrupción. Pero, ya que se permite usted hablar de estructuras del Estado, permítame que le diga que cuando sin salir del País Vasco han tenido ante sí durante años ciertas estructuras que no les han inquietado nada debería usted hacer una reflexión. Estructuras, señoría, que han servido para extorsionar, para secuestrar, para amenazar, para blanquear capitales, para construir tapaderas, para incurrir en toda clase de delitos, para financiar los crímenes de una organización terrorista que en sí misma es portadora de toda corrupción y que además ha intentado corromper a la sociedad mediante el terror. Así que, señoría, si le alarma la corrupción, empiece por preocuparse por la podredumbre de ese oscuro mundo del que supongo que tendrá noticia, aunque ahora parece que ustedes han salido directamente de la nada. Afronten la corrupción moral que ha tratado de someter a la sociedad vasca, llamen a las cosas por su nombre y asuman el carácter putrefacto de organizaciones que eran ETA o las que le daban soporte. Y, sobre todo, llegados a este punto de la historia, cuando el terrorismo ha perdido la partida no se corrompan ustedes ni corrompan a los otros pervirtiendo el lenguaje, no deformen el relato de lo ocurrido, no pasen por alto el dolor causado, no se atrevan a poner al mismo nivel a los asesinos y a los asesinados.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada, tiene la palabra.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor ministro, no eche balones fuera ni botes de humo sobre este debate. Cuando quiera hablar de soluciones estaremos dispuestos a hablar. Nadie nos va a dar lecciones de honestidad. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Y entro al debate: GAL, fondos reservados, Filesa, Roldán, Gürtel, Urdangarín, Bárcenas, son como pelotazos que retumban en nuestros oídos en un frontón en que juegan los dos partidos mayoritarios y en los que siempre sale perdedor el pueblo. La corrupción forma parte del sistema y es norma común en la historia de los últimos treinta y cinco años, es estructural: abuso de posiciones privilegiadas, prácticas interiorizadas para quienes han ido turnándose en el Gobierno, en el poder.


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Señor ministro, tres tesoreros del PP en las últimas tres décadas se han visto salpicados en casos de corrupción. Son hechos que demuestran que no son casos aislados; no, señor ministro, no pretendan engañarnos, ni a nosotros ni a la ciudadanía. Estamos ante una práctica habitual que seguramente otra vez quedará impune. Y no nos vengan ahora con pactos de Estado ni tampoco con normas a la carta porque visto lo visto la ciudadanía no se lo cree. Los que se lucran del dinero público proponen ahora a los demás un pacto para evitar esa actividad. Claro, cree el ladrón que todos son de su condición. Caja B, sobres con dinero negro, obras licitadas a empresas afines, financiación irregular de partidos... ¿Y ustedes van a hablarnos de un pacto de Estado? Su intención no es otra que diluir su responsabilidad y realmente es un despropósito.

Si estuviéramos realmente en una democracia, todos los casos de corrupción que han salpicado a su partido serían suficientes para que este fuera ubicado como organización ilícita. Señor ministro, no es que haya una manzana podrida, es que el cesto lo está. La corrupción, lo sabemos, es inherente al Estado español. ¿Y sabe usted por qué? Pues sencillamente porque viene de donde viene: todo atado y bien atado. ¿Le suena a usted algo, señor ministro? Hablamos de un sistema político, el del Estado español, un Estado corrompido hasta las entrañas, que se sustenta en pilares carcomidos...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, usted no puede venir aquí a dar lecciones de honestidad. (Aplausos). Lo siento, pero no. Usted ha sido compañera de viaje de aquellos que en sí mismos encarnan la más abyecta corrupción, la que se sirve del terror para imponer su proyecto totalitario. (Aplausos). Así que no se permita, señoría, dar lecciones de limpieza democrática a esta Cámara porque ustedes, si están aquí, es precisamente para recibirlas.

Señoría, hoy hace quince años que fue asesinado el matrimonio Jiménez Becerril y algunos compañeros nos desplazaremos esta tarde a Sevilla para estar con su familia. Podría haber aprovechado usted esta ocasión para dar un ejemplo de limpieza moral frente a esa corrupción que dice que le asusta y haber por lo menos hecho una constatación de dolor y de cercanía hacia las familias. Señoría, ustedes han acompañado a la mayor putrefacta organización que ha tenido este país en su historia. Mientras no pidan su disolución, mientras no exijan que pierda cualquier posibilidad de poder actuar, usted viene aquí a aprender y no a enseñar nada a nadie.

Gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL MINISTRO EN ESTOS MOMENTOS EN QUE SE VA A DEBATIR LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS LLAMADOS JUICIOS RÁPIDOS A LOS ROBOS CON VIOLENCIA CUYO INCREMENTO EL AÑO PASADO ALCANZÓ EL 47 % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR? (Número de expediente 180/000376).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Justicia del diputado don Emilio Olabarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ni le voy a preguntar por la corrupción ni por la pobreza, aunque parezca una extravagancia porque son circunstancias o fenómenos que mantienen atónita a la ciudadanía y constituyen las dos caras de la misma moneda, según proclamó en esta casa, en una comparecencia relacionada con la ley de transparencia, don Antonio Garrigues Walker. Le voy a preguntar por una cosa ordinaria, por un fenómeno que preocupa a los ciudadanos: el incremento espectacular en los últimos años de los robos con violencia. Robos con violencia que como usted debe saber no pueden ser enjuiciados a través del procedimiento llamado juicio rápido y que provocan por tanto situaciones tan rocambolescas como la que le voy a describir. Desde la detención de una persona que comete un robo con violencia hasta el inicio del proceso que eventualmente le puede condenar, puede pasar un año o año y medio, y nos hemos encontrado con casos en los que esa persona ha vuelto a reincidir hasta en veintidós ocasiones. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal para afrontar esta patología de naturaleza criminal?


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Olabarría, por su pregunta. Hay un pequeño error en la formulación pues dice usted que el año pasado se incrementaron en un 47 % los robos con violencia. Según la memoria del fiscal general del Estado es un 14,47 %. Es un error de transcripción pero que en modo alguno disminuye la importancia de su pregunta, que yo desde luego asumo. Entiendo que la misma va, más que por lo que hay por lo que nosotros hemos anunciado que va a haber. Sabe que hemos dicho que va a haber una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es verdad que la reforma del Código Penal lo que prevé es una revisión de diversas figuras, entre ellas las que se ocupan de los delitos patrimoniales y del problema de la multirreincidencia. Las medidas propuestas incluyen el aumento de las penas para los supuestos especialmente graves, como los robos con fuerza en casas habitadas, en establecimientos abiertos al público cometidos de un modo que revele una especial intensidad criminal, butrones, alunizajes, o con circunstancias agravantes, en especial los grupos organizados. Es verdad, señor presidente, que en estos casos se contempla la posibilidad de imponer penas de hasta seis años de prisión, y ahí es donde entiendo que cobra plenamente sentido su pregunta porque estos delitos quedarían excluidos del juicio rápido, tal y como está regulado en la actualidad.

Hago mía su preocupación. Creo que necesitamos una justicia ágil, especialmente en el ámbito penal, que supera el 73 % de todos los asuntos en materia de justicia, y la figura del juicio rápido, señor diputado, ha funcionado bien, y lo que ha funcionado bien tenemos que mantenerlo. Le anuncio, por tanto, que en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, de acuerdo con la inquietud que usted nos manifiesta, vamos a mantener un procedimiento rápido, ágil para todos los supuestos, que preverá para delitos flagrantes y de investigación sencilla su resolución mediante procedimientos de enjuiciamiento rápido. La potenciación de la conformidad entre acusación y acusado y la regulación en supuestos menores de otros supuestos de resolución acelerada se incluirán. Le anuncio que de acuerdo con su petición incluiremos los robos con violencia en estos enjuiciamientos rápidos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor ministro, por su compromiso. No solo tiene que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene que reformar el Código Penal también, sobre todo porque este delito en los artículos 237 y siguientes, hasta el 242, se configura a través de un delito de estructura compuesta que ha provocado una jurisprudencia curvilínea, por usar una expresión eufemística, que provoca o dificulta el reproche penal a ese tipo de delitos y, por tanto, el incremento de esta patología criminal. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra con muchos problemas. Primero, la posibilidad de configurar ruedas de reconocimiento. Es muy difícil, salvo que impongamos a personas que cumplan penas alternativas a la privación de libertad la obligación de comparecer en ruedas de reconocimiento, encontrar voluntarios para las ruedas de reconocimiento. La dificultad o la mala confección de los atestados policiales provocan nulidad de actuaciones posteriores; tenemos que acentuar mediante convenios con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes una fórmula normalizada y regular en la confección de los atestados policiales. Cuando se producen lesiones -uno de los injustos que componen el tipo de las manifestaciones que componen el justo penal es la provocación de lesiones o intimidación- que obligan al ingreso en los institutos médico-forenses, hasta que no se produce el alta no se puede empezar el procedimiento. En definitiva, señor ministro, le podría glosar la posibilidad de la concurrencia de un delito conexo que ya provoca la no posibilidad de enjuiciar estos delitos a través de la figura del juicio rápido. En definitiva, el juicio rápido...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, no voy a reabrir el debate porque estamos sustancialmente de acuerdo, pero déjeme que para cerrar le sume una reflexión de cara al intenso trabajo que tenemos esta Cámara la Comisión de Justicia y el propio Gobierno en la reforma de nuestro código procesal penal, la Ley de Enjuiciamiento


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Criminal, y el Código Penal. Estamos de acuerdo en los juicios rápidos, pero no cometamos el error que históricamente hemos cometido de por tener un procedimiento ágil de juicios rápidos dejar que el resto de la justicia sea lenta. Seamos conscientes de que tenemos que reformar todo el modelo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ RAZONES HAN LLEVADO AL GOBIERNO AL INDULTO DE UN CONDUCTOR KAMIKAZE CONDENADO A TRECE AÑOS DE CÁRCEL POR ACABAR CON LA VIDA DE UN JOVEN EN ALZIRA? (Número de expediente 180/000384).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joaquín Puig, del Grupo Socialista, al ministro de Justicia. Tiene la palabra el señor diputado.

El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, que hoy tengamos que formularle esta pregunta en este Pleno demuestra cuál es su idea de la democracia y cuál es su idea del respeto a las personas. ¿Cómo es posible que hasta hoy no haya tenido usted -hoy obligado- la más mínima decencia de explicar a los ciudadanos qué ha pasado con este indulto que ha alarmado a la opinión pública? Señoría, un conductor kamikaze acabó con la vida de un joven de veinticinco años de Alzira. Los tribunales le condenaron a trece años de cárcel por un delito de conducción grave con desprecio a la vida de los demás. No había cumplido ni la décima parte de su condena cuando usted graciosamente le concedió la libertad en contra del informe de la Audiencia y en contra del informe de la Fiscalía. Yo le pregunto, ministro, ¿cuáles son las razones que le han llevado a indultar a este conductor kamikaze? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, como en toda concesión de indulto, se sopesan todos los elementos, incluido -no tenga usted ninguna duda- el sufrimiento de las víctimas o de las familias de las víctimas cuando como en este caso se ha producido un resultado de muerte. Pero usted me pregunta por las razones y yo se las doy. Primero, el conductor, sin antecedentes y constatado que no conducía bajo los efectos del alcohol, fue diagnosticado de epilepsia por el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, que fue la motivación de la petición del indulto. Segundo, el centro penitenciario en el que estaba ingresado informó favorablemente, constatando que en los nueve años transcurridos desde los hechos y a su ingreso en prisión no había cometido delito alguno, se arrepintió, se reintegró sociolaboralmente y no había pronóstico de reincidencia. Estas fueron las razones, señor diputado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ha hecho usted ahora suyas las posiciones de la defensa. Se ha convertido ahora en juez de jueces. Eso que usted ha planteado lo esgrimió la defensa y el juez en primera instancia y el Tribunal Supremo dijeron que no, que no era así. La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico ha dicho que es incomprensible y que es un fraude a la dignidad humana. El presidente del Tribunal Supremo ha mostrado su profundo disgusto. Los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el Partido Popular, han dicho que debía dar explicaciones y han exigido la revocación. Usted ha dado hoy la versión que dio la defensa, y ese no puede ser jamás el papel del Gobierno en el indulto. ¿Por qué concedió este indulto con los informes en contra de la Audiencia y la Fiscalía? ¿Por qué solo diez meses de prisión cuando el delito es de máxima gravedad? ¿Por qué se ha tramitado con esta inusual rapidez? ¿Por qué trece años se convierten en 4.200 euros? ¿Por qué, ministro? ¿Tiene algo que ver con que el despacho que ha tramitado este indulto sea un despacho ligado a familiares directos suyos y también a dirigentes del Partido Popular? (Aplausos).

Ha sido una decisión no justa, ha sido una decisión...


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (Aplausos).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, le puedo asegurar que el despacho donde trabajan los abogados es una cosa que no figura en los expedientes de indulto ni este ministro lo conocía, ni en este ni en ningún caso. (Protestas). Señoría, si conociese usted cómo funciona un despacho de 530 abogados y cómo funciona el ministerio no tendría ni la más mínima duda.

Usted me ha preguntado por qué y yo le voy a contestar. Como en todos los indultos, tuvimos nuestras dudas, y entonces lo que hicimos fue ver qué era lo que se había hecho antes. Yo me fui al último indulto por un delito de seguridad vial, que fue concedido el 16 de septiembre del año 2011, pocos meses antes de que el Gobierno presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero abandonase sus responsabilidades, y encontré unas coincidencias, señor diputado. (Rumores). En primer lugar, los dos delitos eran por seguridad vial. En segundo lugar, la condena en el primer caso, era de doce años y seis meses, y de trece años en el segundo. En tercer lugar, conducción kamikaze los dos; las consecuencias, desgraciadamente para los dos, resultado de muerte. Y las dos alegaciones para petición del indulto, epilepsia de los afectados. Diferencias, que la epilepsia que ha motivado nuestro indulto fue acreditada por el Servicio Público de Salud, que en el caso de nuestro indulto, a diferencia del otro, el condenado no conducía bajos los efectos del alcohol, y por último, que en el caso anterior había un antecedente de delito contra la seguridad vial. Ustedes nos marcaron el camino, ¿por qué no quieren que hagamos lo mismo que hicieron ustedes? (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Por favor, guarden silencio porque estamos en turno de control al Gobierno y siguen las preguntas.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL CORTIZO NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿TIENE EL GOBIERNO PREVISTAS MÁS MEDIDAS OCULTAS RESPECTO DEL SISTEMA DE I+D+i PARA INCIDIR EN SU COLAPSO DEFINITIVO? (Número de expediente 180/000393).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad.

En primer lugar, formula su pregunta don Migue Ángel Cortizo, del Grupo Socialista.

El señor CORTIZO NIETO: Señor ministro, con nocturnidad y alevosía han decidido ustedes que los científicos que han visto aprobados sus proyectos de investigación cobren la subvención en cuatro años en lugar de tres. ¿Qué más medidas ocultas tiene previstas este Gobierno para cargarse definitivamente el sistema de I+D en este país? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cortizo, puede usted hablar de muchas cosas, pero le rogaría que no de ocultamiento, porque si hay algo evidente es que aquí no existe ningún tipo de ocultamiento. El Gobierno tiene un plan absolutamente transparente en relación con el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Estamos cumpliendo con la planificación prevista en la Ley de la Ciencia que prevé, entre otros aspectos, la puesta en marcha de la estrategia española y el plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación. Le puedo avanzar que será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros y que adecuará por fin nuestra I+D+i al resto de países europeos, priorizando la investigación por retos sociales y no por disciplinas, como hasta ahora se venía realizando. Tanto la estrategia como el plan son parte fundamental del plan nacional de reformas del Gobierno, que busca el impulso de la competitividad, el estímulo del crecimiento y la creación de empleo. Señoría, el Plan nacional de I+D+i al que usted se refiere es un instrumento esencial para el desarrollo de la ciencia en España, por eso el Gobierno mantiene su compromiso con este programa como una de las bases de un nuevo crecimiento económico.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.


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El señor CORTIZO NIETO: Señor ministro, recientemente un reputado científico -dije reputado, no imputado- decía, dirigiéndose al Gobierno: Si ustedes creen que la investigación y la educación son caras, prueben con la ignorancia y la mediocridad. Sarcasmo obvio, pero ustedes se lo han tomado al pie de la letra y lo están probando; están probando con la ignorancia y con la mediocridad. Ha hablado usted de la nueva estrategia española de I+D. Efectivamente, en su documento plantean que la estrategia pretende la promoción del talento en la investigación y el desarrollo, pero la realidad es que el Consejo Superior de Investigaciones y las universidades están al borde de la quiebra, y representan el 80 % de la I+D en este país. La realidad es que no hay contratos ni becas para los científicos. La realidad es que hay un exilio científico forzado por sus recortes. La realidad es que se cierran centros. La realidad es que se paralizan proyectos de investigación. ¿Es eso promoción de la I+D+i en este país? No me extraña que indulten kamikazes, si son ustedes kamikazes en la autovía de la historia, van en sentido contrario y de frente viene España.

Señor ministro, el acrónimo de la I+D+i ha cambiado, ahora es indignación más desesperación más impotencia. ¿Qué cree que se preguntan los ciudadanos, señor ministro, cuando ven que usted no pestañea al dar 40.000 millones a la banca y niega unas decenas al sistema de I+D+i de este país? ¿Qué cree, señor ministro, que piensan los científicos que se van a la calle porque no hay un contrato para darles y escuchan de los 22 millones de Bárcenas o de los sobresueldos? La ciencia en este país, señor ministro, tiene un aspecto sobrecogedor, ¿sabe por qué? No por recibir sobres sino...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (Aplausos).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cortizo, la ciencia merece mucha menos demagogia y mucha más seriedad, si me permite usted. El I+D+i es una prioridad para este Gobierno y lo demuestra que la dotación presupuestaria de esta partida en 2013, que asciende a más de 4.000 millones de euros en subvenciones y préstamos, es la única que se ha incrementado en un 5 %. Además, el Ministerio de Economía ha conseguido nuevas vías de financiación del I+D+i, por ejemplo la que firmamos con el Banco Europeo de Inversiones el pasado mes de diciembre por importe de 625 millones. Y le anuncio que en los próximos días la secretaria de Estado de I+D+i comparecerá, a petición propia, para informar de todo lo que supone la estrategia española de ciencia y tecnología, explicar todas las actuaciones de la secretaría de Estado y, en particular, disipar todas las dudas sobre los plazos y la dotación de estas convocatorias. Así, señorías, es como se avanza en la ciencia y en la tecnología, que es una materia seria y no, por supuesto, sujeta a demagogias como algunos pretenden involucrar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON TOMÁS VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE SU POLÍTICA ECONÓMICA A LA LUZ DE LOS ÚLTIMOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA? (Número de expediente 180/000388).

El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada también el señor ministro de Economía y Competitividad que formula el diputado don Valeriano Gómez, del Grupo Socialista.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de su política a la luz de los últimos datos de la encuesta de población activa?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Gómez, sin duda los datos de la EPA son datos malos sin ningún tipo de paliativos, pero es preciso señalar el contexto -como comentaba anteriormente el presidente del Gobierno- en el que se han producido. Corresponden al peor trimestre que ha tenido la economía española desde su caída en


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recesión, en el tercer trimestre del año 2011, y el Gobierno ya contemplaba que en paralelo a la fuerte caída de la actividad económica en el cuarto trimestre se registraría una evolución negativa del empleo. Nuestra previsión para este año 2013 es que la caída del PIB se irá suavizando, por tanto mejorará la evolución del empleo. De hecho, la reforma laboral ya está teniendo un impacto positivo en indicadores importantes que determinan la evolución futura del mercado laboral y de la economía. Por ejemplo las caídas continuadas de nuestros costes laborales intracomunitarios están teniendo un impacto extremadamente positivo en el sector exterior. También están detrás las decisiones de diferentes multinacionales que han incrementado su capacidad de producción en España, lo cual pone de manifiesto estas ganancias de competitividad. Señoría, para crear empleo hay que poner las cuentas públicas en orden, hacer una reforma financiera correcta y establecer medidas liberalizadoras tanto en los ámbitos del mercado laboral como en los mercados de bienes y servicios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, España ha perdido más de 900.000 empleos asalariados durante 2012, y no son solo empleos temporales porque más de 400.000 empleos perdidos son empleos estables, el triple de los que se perdieron en el año 2009. Hace un año el Gobierno aprobó una reforma laboral que está detrás de este tremendo descalabro en las cifras de empleo. Usted la calificó en Bruselas de agresiva. Es verdad, no tuvo usted su mejor día, pero tenía razón en que ha sido una reforma agresiva. Ha sido agresiva con el casi un millón de personas que han perdido su trabajo por cuenta ajena; con los más de 3 millones de parados sin ninguna prestación por desempleo; con los más de 400.000 jóvenes menores de treinta años que han perdido su trabajo en 2012. Hemos dado un gran paso atrás, señor ministro, pero usted dice que el futuro es brillante. Siguen insistiendo en que con esta política dura e injusta saldremos adelante. En ocasiones incluso han puesto como ejemplo las reformas en la Alemania de hace diez años. ¿Sabe qué le digo? Lo que le digo es que necesitamos crecer, crecer más para crear empleo. No es la precarización del trabajo ni esos miniempleos que son una inmensa regresión social lo que explica el éxito alemán. Es la Alemania de la cogestión y de la participación de los trabajadores en la empresa, de la calidad y de la competencia exportadora, de la investigación y la innovación, de la complicidad dentro de las empresas; la Alemania que universalizó cien años antes que España la educación universal, la que aprobó en 1890 el primer sistema de pensiones contributivas.

Señor ministro, quiero decirle una cosa más. España también tendrá un futuro brillante, podrá seguir adelante. España saldrá adelante, pero será la España del trabajo y del esfuerzo; la España de la equidad fiscal; la España que quiere cultura más que apariencia, que necesita educación más que ostentación y que respeta la igualdad frente al lujo. Créame, señor ministro, esa es la España que tendrá un futuro brillante. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Gómez, le voy a poner de manifiesto que existen datos que confirman que vamos por el buen camino. Simplemente mire usted la evolución de nuestra balanza de pagos y de nuestra competitividad, y va a ver que en este año 2012, el año que acabamos de cerrar, se ha producido un avance importantísimo al respecto, porque prácticamente hemos cerrado nuestra brecha exterior. En los tres trimestres de aplicación de la reforma laboral la elasticidad del empleo privado al PIB ha mejorado, es decir que por cada punto porcentual de caída del PIB la pérdida de empleo en el sector privado es hoy menor que antes de la reforma, en concreto la mitad, señor Gómez. Señoría le daré un ejemplo, si la economía española hubiera contado con esta reforma laboral en el año 2011 en vez de los 450.000 empleos destruidos en el sector privado se hubieran perdido la mitad, es decir 225.000. En cualquier caso, los datos de desempleo son inaceptables -ahí estoy completamente de acuerdo con usted-, y este Gobierno va a seguir trabajando para darle la vuelta a unos datos económicos negativos continuando con nuestra senda reformista, la única que nos llevará al crecimiento y la generación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA AMNISTÍA FISCAL? (Número de expediente 180/000385).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, tiene la palabra para preguntar el diputado don Pedro Saura, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, con las informaciones que hay disponibles, ¿cómo valora usted la amnistía fiscal?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, hace una semana exactamente comparecí a petición propia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de esta Cámara donde ofrecí todas las explicaciones relativas a la regularización fiscal, la regularización extraordinaria. ¿Quiere explicarme el señor diputado el sentido de su pregunta? ¿Qué le quedó incompleto de esa información que el Gobierno facilitó la semana pasada?

Gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Con mucho gusto porque lo que queremos es que usted nos cuente lo que hay detrás de la amnistía fiscal. En un solo año, señor ministro, siendo usted ministro de Hacienda, han sucedido tres cosas a la vez ese mismo año: en primer lugar, una subida de impuestos que paga quien paga siempre en este país, la clase media. De manera estructural el 60 % de la subida es por el IVA; de manera estructural, sin ninguna trampa, señor ministro, el 60 % es IVA. En segundo lugar, ha habido una disminución en un 6,2 % de los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. En tercer lugar, ha existido la amnistía fiscal, esa indecente amnistía fiscal que se ha hecho para no investigar el origen de los capitales aflorados, para tapar el origen de los capitales aflorados. Por tanto, esas tres cosas a la vez en el ministerio en un año tienen una consecuencia, es una poderosa arma de destrucción de la conciencia fiscal de nuestro país. Es muy lamentable, señor ministro, que usted lo haya hecho todo junto en su ministerio en un año.

Señor ministro, dos preguntas que le quiero hacer de manera directa. En primer lugar, ¿por qué -no son muchos expedientes- no se investiga el origen del capital de cada uno de los expedientes que han regularizado con la amnistía fiscal? ¿Por qué no se hace? ¡Son muy pocos expedientes! En segundo lugar, ¿por qué los inspectores y subinspectores no pueden utilizar libremente esa información? ¿Por qué no la pueden utilizar? Pueden utilizar toda la información tributaria, pero esa no la pueden utilizar libremente. ¿Por qué no? Usted nos habla de justicia, y hay injusticia en la subida de impuestos que usted ha puesto en marcha este año. Mientras unos, los defraudadores, han pagado el 3 %, la media de los españoles ha pagado un 20 %. Eso es injusto. Mientras unos han pagado el 3 %, la subida de impuestos en un 60 % la ha pagado la clase media con el IVA, señor ministro. Es muy lamentable, señor ministro. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pronuncia palabras que no se perciben). Con este contexto, con lo que ha sucedido este año, más que nosotros, señor ministro, pidamos su dimisión, usted se tendría que haberse ido.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


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Señor Saura, pida lo que quiera, pero yo tengo que calificar sus intervenciones una y otra vez, la del pasado miércoles y la que acaba de hacer, como empanada mental. ¡A ver si nos aclaramos! (Rumores). La regularización ha servido para aflorar bases imponibles que estaban prescritas, señoría, que estaban prescritas. ¿Lo entiende? ¡Es que no se podían perseguir por estar prescritas! Cuarenta mil millones de euros, señoría, 4 % del producto interior bruto. En segundo lugar, la regularización no amnistía a nadie, no evita el delito de nadie, no es opaca y los inspectores pueden acceder a su procedimiento, señoría. Esto es así. (El señor Saura García pronuncia palabras que no se perciben). Comprendo que usted quiera que la vida sea distinta, pero ahora también añado -lo concretaré con la siguiente pregunta que el Grupo Socialista hará y tengo mucho interés, de verdad, en ver qué me va a decir- que la conciencia fiscal de un país se mide por el nivel de recaudación tributaria, que ha subido muy fuertemente el año pasado. Eso es lo que tenemos que agradecer y valorar a todos los españoles, a los trabajadores, a los empresarios, que son los que pagan los impuestos -los han pagado fielmente-, y a una Agencia Tributaria que ha aportado a la identificación del fraude fiscal el año pasado nada menos que 11.500 millones de euros. De eso tenemos que hablar en esta Cámara, señorías, de realidades y no de subterfugios intelectuales que no valen para nada, que no conducen a España a ningún lugar, que es lo que plantea el Grupo Socialista en esta Cámara reiteradamente.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS RESULTADOS DE SU POLÍTICA DE INGRESOS? (Número de expediente 180/000386).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, tres días antes de las elecciones en una entrevista usted dijo que no subiría los impuestos porque subir los impuestos y aplicar recortes excesivos llevaría a la economía al hoyo, y desgraciadamente es lo que han hecho y adonde han conducido a la economía española, al hoyo. Usted recordará bien que en la oposición era el azote contra los impuestos, y la verdad es que le anticipo que usted va a pasar a la historia como el ministro de Hacienda que más ha subido los impuestos y en menor tiempo. Usted ha subido los impuestos a todos, pero los ha subido más a unos que a otros, y tiene que reconocer que no se los ha subido a las grandes fortunas y que los grandes defraudadores son los beneficiarios de su política fiscal. Le recomiendo que no saque pecho de los resultados de la recaudación, porque usted sabe muy bien que lo ha hecho anticipando ingresos de sociedades y retrasando impuestos de la renta, y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso le pido que me haga una valoración rigurosa de su política de ingresos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, yo he pedido disculpas a la sociedad española por haber tenido que subir los impuestos. Lo hice desde el primer día de Gobierno, cuando tuvimos que subir el gravamen complementario sobre la renta de las personas físicas; lo hice cuando desde esta misma Cámara tuve que subir el IVA, efectivamente, y lo hice para evitar el colapso de mi país, de España, porque estábamos en una situación crítica, dificilísima, nosotros y la propia posición del euro. Por eso cuando hoy tenemos delante los datos de recaudación tributaria debemos hacer dos cosas: en primer lugar, agradecer a la sociedad española, agradecer a los trabajadores, agradecer a las empresas el fiel cumplimiento del pago de los impuestos, que ha permitido cubrir con creces los objetivos de ingresos de los presupuestos del Estado, ya que de esa manera hemos hecho fundamental, hemos recuperado la confianza de una institución fundamental como son los Presupuestos Generales del Estado, la confianza que ustedes habían puesto en duda desde el primer momento. En el debate de presupuestos del año 2012 el señor Rubalcaba dijo: No se cumplirán los ingresos


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tributarios previstos. Se han cumplido al milímetro, señoría, y eso es lo que debe celebrar el Grupo Socialista, la fiabilidad y la credibilidad, que además incorpora un cumplimiento equitativo, puesto que han sido las grandes empresas las que han pagado la mayor parte de la nueva recaudación tributaria del año 2012.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Señor Montoro, su política de ingresos es tremendamente errática, nociva, injusta y muy inmoral. Es errática porque mes tras mes ha tenido que ir subiendo impuesto tras impuesto para intentar conseguir los objetivos de ingresos; es nociva porque ha empobrecido mucho a la población -no debería estar satisfecho por eso- y ha provocado la mayor destrucción de empleo de la democracia, es tremendamente injusta. ¿Usted sabe que un mileurista paga un 15 % de renta? Todos pagamos ahora un 21 % de IVA y los grandes defraudadores que se han acogido a su amnistía fiscal de media un 3 %, pero lo peor de todo es que su política es profundamente inmoral. Sí, su amnistía fiscal es un coladero para presuntos delincuentes de blanqueo de capitales y para cientos de Bárcenas. Se lo dijimos cuando trajo usted aquí su proyecto de ley, podía ocurrir lo que está ocurriendo. Lamento su arrogancia y su impertinencia con mi compañero. Le digo una cosa, es verdad que a los profesionales de la Agencia Tributaria que dedican su esfuerzo y su anhelo a combatir el fraude fiscal usted los está dinamitando. Mire, hoy ya sabemos que hay noticias de que el juez tiene que investigar los sobresueldos. Yo le pregunto: ¿esta amnistía fiscal ha sido diseñada en la calle Génova, en la sede de su partido o en la sede del ministerio? Porque si se demuestra que dirigentes del Partido Popular o ex dirigentes del Partido Popular se han beneficiado blanqueando dinero de esta amnistía fiscal usted no debería estar en su cargo ni un minuto más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señoría, yo creo que ha quedado patente que a usted ni a su Grupo Socialista le interesa nada cómo ha ido la recaudación tributaria el año pasado en España; una recaudación que efectivamente ha incorporado una subida de impuestos y que se ha hecho de manera equitativa y justa. En el impuesto sobre la renta el 80 % de la nueva recaudación la han aportado el 20 % de los contribuyentes de mayor renta, y solo la suma del pago del impuesto sobre sociedades, el nuevo, a los grandes contribuyentes es superior a lo que ha aportado la subida del IVA y del IRPF. Eso no les interesa, ustedes están en otra cosa; ustedes están en la acusación personal, en la descalificación personal, es su estilo; su estilo de hacer oposición y, lo que es peor, su estilo de hacer gobierno cuando tienen en sus manos los intereses generales de España, por eso hemos llegado a esta situación, por eso hemos llegado a esta situación de paro, señorías. (Rumores). Pero no se preocupe, con presupuestos fiables vamos a salir muy pronto de esta crisis y volveremos a... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ARÁNZAZU MIGUÉLEZ PARIENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA COMISIÓN CREADA PARA EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL? (Número de expediente 180/000379).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. La formula doña María Aranzazu Miguélez, del Grupo Popular.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, la pregunta que le quiero plantear tiene que ver con el sector cinematográfico y audiovisual en nuestro país. Para el Partido Popular la cultura es una política de Estado que trasciende cualquier división ideológica y partidista y constituye uno de los elementos que vertebran la identidad de la nación española. Nuestro cine y nuestros audiovisuales son cultura, manifestación artística y expresión creativa, un exponente esencial de la marca España, por eso resulta de vital importancia incrementar las fórmulas de fomento y las medidas


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de protección a los mismos; pero es que desde el punto de vista económico también suponen una importante fuente de empleo. En 2011 existían en España cerca de 400 productoras independientes con una facturación neta de 2.088 millones de euros y un empleo directo estimado en 12.466 trabajadores. Se trata de un sector con enorme potencial de crecimiento pero que necesita nuevas herramientas de financiación. La recaudación en el año 2011 de los largometrajes españoles alcanzó casi los 100 millones de euros y la cuota de pantalla se situó en el 15,59 %, es decir más de tres puntos por encima del año 2010, pero además esta industria determina también mercados afines de gran importancia como la industria electrónica de consumo. Este Gobierno en el marco de austeridad en el que nos encontramos ha tomado importantes medidas para apoyar esta industria, como ha sido la ampliación de la línea de crédito ICO; esto ha conseguido que hasta el 1 de enero de 2015 el cine en España tenga una desgravación fiscal del 18 %. Señor ministro, hemos conocido que el pasado 5 de diciembre se ha constituido, a instancia de su ministerio, una comisión para el estudio de un nuevo modelo de financiación de la cinematografía y del audiovisual. Los medios de comunicación recogían la satisfacción de los asistentes por la importancia histórica de esta reunión donde se han sentado por primera vez juntos la industria y la Administración al completo. Quería preguntarle por este tema. ¿Qué objetivos tiene la Comisión creada para el estudio de este nuevo modelo de financiación de la cinematografía y del audiovisual en España?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, muchas gracias por la documentada exposición que ha hecho acerca de la evolución de la cinematografía española entre los años 2010 y 2011 y lo que este ministerio está realizando para su desarrollo. Le diré -son datos todavía provisionales, deben tomarse con cierta precaución- que el año 2012 ha sido con alta probabilidad el mejor año para la cinematografía española de los últimos veintisiete años, lo ha sido en términos de número de espectadores, en el que se ha experimentado un crecimiento hasta llegar prácticamente al 20 % de cuota de espectadores, lo que supone ni más ni menos que casi un 36 % en cuota de recaudación y un 36 % en cuota de espectadores. Es verdad que esto se debe fundamentalmente al éxito puntual de unas pocas producciones, pero en general cuando una cinematografía funciona ello tiene que ver sobre todo con que algunas películas funcionan. ¿Cuáles son los problemas estructurales que se intenta resolver? Se trata de conseguir un marco de incentivos y ayudas que sea estable y sostenible y que consiga que esta industria -coincido con su señoría en que es una industria importante, una industria de futuro y con futuro- pueda seguir desarrollándose. Para ello hemos constituido una comisión con todos los elementos del Estado implicados: la Presidencia, la Vicepresidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y por supuesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y con toda la industria (los productores, los exhibidores, los distribuidores, las televisión públicas, las televisiones privadas). En definitiva, hemos conseguido por primera vez en la historia del cine español sentar en torno a la misma mesa a toda la industria para conseguir un marco que, a través de los incentivos fiscales, las ayudas directas, la colaboración del sector audiovisual en su conjunto, básicamente de las televisiones, y la exploración de nuevos modelos de negocio determine que nuestra industria audiovisual en general y cinematográfica en particular consiga las cotas a las que debe aspirar y con las que todos podremos sentirnos satisfechos. La actitud de toda la industria está siendo extraordinariamente positiva y confío en que podremos traer a esta Cámara antes del verano un modelo en el que consigamos el máximo acuerdo... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE EL GRAVE RIESGO DE DETERIORO IRREVERSIBLE DE LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000389).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En primer lugar, pregunta de doña Trinidad Jiménez del Grupo Socialista.


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La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿qué piensa hacer el Gobierno ante el grave riesgo de deterioro irreversible de la sanidad pública española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señorías, gracias a la responsabilidad de las comunidades autónomas y a las decisiones del Gobierno estamos garantizando la viabilidad de la sanidad pública, que ustedes dejaron en la quiebra en el año 2011. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Señora ministra, no esperaba una respuesta diferente a la que usted ha realizado. Lleva un año contestando con respuestas de argumentario, en vez de con argumentos como hubiera correspondido a una señora ministra. La sanidad, por mucho que se empeñe, ya no es universal puesto que ha dejado a determinados colectivos fuera; la sanidad, por mucho que se empeñe, ya no es gratuita, gracias a la avalancha de copagos que ha ido usted aprobando que penalizan al enfermo y al jubilado: copagos en farmacias, copagos en prótesis, copagos en transporte sanitario. Y además ahora, al dejar de financiar algunos medicamentos, estos han subido más del doble. Señora ministra, por mucho que usted se empeñe no voy a aceptar que me impute la deuda sanitaria porque usted sabe muy bien que la deuda sanitaria es la acumulada de las distintas comunidades autónomas. También le puedo decir, señora ministra, que en apenas un año ya han acumulado 7.000 millones de deuda sanitaria en su Gobierno y en su mandato. Señora ministra, no atiende ni siquiera a la llamada de los profesionales. La organización médica colegial, las sociedades científicas, las sociedades médicas y los profesionales sanitarios están enormemente preocupados, igual que los ciudadanos, por el grave deterioro de la sanidad pública, por el futuro, por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Usted no dice absolutamente nada, no oye a nadie; hace las cosas por real decreto, y así nos va, en la sanidad pública, que era el servicio público no solamente más apreciado por los ciudadanos españoles sino el que tiene un mayor prestigio entre todos los países de la Unión Europea. Señora ministra -insisto-, no tire de argumentario, utilice argumentos de ministra y dígame cómo va a hacer el Gobierno para mantener la cohesión del Sistema Nacional de Salud, para mantener la equidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Va usted, señora ministra, a comparecer alguna vez ante la Comisión de Sanidad como debería haber hecho ya a lo largo de todo este año? ¿Va usted a responder a la propuesta que le han hecho los profesionales para que medie en los conflictos que existen en Madrid o en Castilla-La Mancha? Señora ministra, ¿qué va a hacer el Gobierno? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, es un buen hábito en España y en otros países de la Unión Europea que los ministros, cuando dejan de serlo, no se conviertan en portavoces de la oposición en la materia que gestionaban, sencillamente porque pierden toda la credibilidad. Usted no lo hace así, por eso tengo que decirle que representa la fotografía de la quiebra en la que recibimos la sanidad española. Es usted la expresión gráfica de la herencia que hemos recibido. Espero que no sea mucho pedirle si le hago un ruego, simplemente que se comporte con la misma responsabilidad con la que se comportan las comunidades autónomas, incluidas las que gobierna su partido. Todas las comunidades autónomas, de acuerdo con el Gobierno, están tomando las decisiones que consideran convenientes para garantizar la sostenibilidad de la sanidad, todas. Por eso también le pido coherencia. Yo respeto las políticas sanitarias, porque son su competencia, de las comunidades autónomas, y es verdad que hay protestas en algunas de ellas. Cuando se producen quejas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular yo las respeto y cuando se convocan huelgas en comunidades autónomas gobernadas por su partido también pido respeto para ello.


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Usted sabe muy bien que heredamos una sanidad con 16.000 millones de euros de deuda, y lo que no puede ser es que lo que ahora usted llama deuda antes fueran problemas de financiación, 16.000 millones de euros. Sabe perfectamente que una comunidad autónoma tenía 700.000 facturas pendientes de pago en los cajones. Entonces usted pedía el copago sanitario para los ciudadanos, entonces lo que había era un problema de impago. Señorías, este Gobierno está adoptando medidas para la mayor eficiencia. Tengo que decirle -seguro que le satisface- que los seis primeros meses de aplicación de la reforma sanitaria entre todos hemos ahorrado 1.107 millones de euros en farmacia. Estoy trabajando por un pacto por la sanidad, sencillamente porque creo que es bueno para los españoles. Lo hago con las comunidades autónomas, con los profesionales -esta misma tarde tengo reunión con el foro de profesionales, para que usted lo sepa- y con los partidos políticos, especialmente con su grupo si abandonan la incoherencia y vuelven a la responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO RETIRAR LA FINANCIACIÓN PARA LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS QUE PRESTAN LOS AYUNTAMIENTOS? (Número de expediente 180/000390).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Socialista.

El señor VALLÈS VIVES: Señora ministra, los datos de la última encuesta de población activa son escalofriantes y el riesgo de exclusión social está aumentando de forma alarmante en nuestro país. Ante esta realidad, ¿tiene previsto retirar la financiación para los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

El Gobierno no va a adoptar ninguna medida que ponga en cuestión los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos desde la Administración General del Estado, ni desde las comunidades autónomas, ni desde los ayuntamientos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor VALLÈS VIVES: Permítame que lo dude, señora ministra, porque en tan solo un año usted ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes que ha llevado al desmantelamiento de muchos servicios públicos. Ha suprimido los fondos para programas para menores en situaciones de dificultad social, el Plan de acción social para personas con discapacidad y los fondos para teleasistencia. Ha reducido el presupuesto del Plan concertado que llevan a cabo los ayuntamientos para la prestación de los servicios básicos de 86 a 27 millones de euros, un 66 %, cuando la demanda de ayuda por emergencia social se ha incrementado en un 200 %. La situación en Cataluña es aún peor, porque a todo ello hay que sumar la reducción de la renta mínima de inserción, la disminución de las becas comedor, la atención a la dependencia, el copago farmacéutico y el euro por receta. En Cataluña hay niños que pasan hambre y hay niños que solo realizan una comida equilibrada al día en la escuela. Cada vez hay más familias que recurren al Banco de Alimentos para poder comer. Los ciudadanos están desesperados, y entre ustedes dos, entre CiU y PP, les están asfixiando. Lo peor es que en los últimos días hemos sabido, señora ministra, que usted tiene la intención de retirar la aportación al Plan concertado. Cuando las familias necesitan más ayuda, cuando la demanda social se dispara, cuando la gente está al límite de sus posibilidades, cuando todo está peor, viene usted y liquida el plan, suprime la red de protección más elemental, se desentiende del asunto, abandona a los más vulnerables a su suerte y les dice a los ayuntamientos que se apañen como puedan. Su política de recortes es despiadada, señora ministra.


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Usted debería ser la ministra del Gobierno con mayor conciencia social y, en cambio, ha optado por darle la espalda a la realidad, taparse los ojos y reducir toda su acción social a la caridad y la beneficencia. Yo le pido que ejerza de una vez como ministra de Asuntos Sociales, no se esconda en su ministerio, señora ministra, haga algo con urgencia para paliar este desastre; más conciencia, más responsabilidad y más compromiso con los que sufren, señora ministra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, si analizamos el conjunto del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no hay en absoluto ninguna reducción en el gasto social; al contrario, destinamos un 41 % más que en el año 2012 a políticas sociales. Además, no debería olvidar usted que este Gobierno ha sido el que ha aportado soluciones para que los ayuntamientos pudiesen hacer frente a las deudas con los proveedores, muchos de ellos de servicios sociales: 10.000 millones de euros para aproximadamente 4.600 ayuntamientos, señorías. Ahora bien, España necesita cuanto antes una reforma integral de todas las administraciones públicas y también un gran pacto sociosanitario similar a los Pactos de Toledo en el que unifiquemos y coordinemos el gasto social y el gasto en salud pública. Ha llegado la hora de poner fin a las duplicidades, ha llegado la hora también, señorías, de definir qué competencias corresponden a cada Administración y también ha llegado la hora de dejar de volver locos a los ciudadanos, que ante un problema no saben a qué o a cuántas ventanillas han de acudir, y hacer que seamos las administraciones las que nos pongamos de acuerdo y trabajemos de manera coordinada.

Como bien sabe su señoría, la política social es competencia de las comunidades autónomas y a ellas corresponde darle la prioridad pertinente, así lo dicen la Constitución y los estatutos de autonomía. Por eso la reforma de la Administración local que aprobará el Gobierno en los próximos días deberá señalar con nitidez cuál es el papel de los ayuntamientos en las urgencias sociales y también en la asistencia social primaria. En cualquier caso, lo que tengo claro es que ningún ciudadano puede ver perjudicadas las prestaciones sociales que le corresponden. Por eso, estamos abordando y voy a trabajar en dos direcciones: una, que todos los españoles reciban la misma atención social, vivan donde vivan. Sabe usted que en la última conferencia sectorial aprobamos un catálogo de servicios sociales que nos vincula a todos y que es un marco de referencia para todo el Estado. Además, vamos a poner encima de la mesa todos los esfuerzos que hacen las administraciones en materia de política social y sanitaria, sabiendo que el prestigio de una administración se mide por la calidad de los servicios que presta y teniendo siempre presente que las personas están siempre por delante de las administraciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA LA MINISTRA LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL? (Número de expediente 180/000387).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta de doña Concepción Gutiérrez del Castillo, del Grupo Socialista.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el pasado viernes, con los terribles datos de la EPA sobre su mesa, usted valoraba positivamente los resultados de la reforma laboral. Hoy el presidente del Gobierno también se siente muy contento. Miren, señora ministra, señores del Partido Popular, la sociedad, los desempleados, se merecen más respeto, y ante su ceguera voluntaria le recuerdo los resultados de 2012: 6 millones de parados, 6 millones de desempleados que suponen una tasa del 26 % de la población activa; 55 % de paro juvenil; aumento vergonzoso y descontrolado de los despidos; 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro; 850.000 empleos destruidos; más de 3.000.000 de desempleados sin ninguna protección y un mercado laboral más segmentado, más inseguro y más precario que nunca. ¿Le siguen pareciendo bien los resultados de su reforma laboral?


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora Gutiérrez, 2012 fue el segundo peor año de los últimos cinco de crisis económica, un año de dura recesión económica. ¿Sabe lo que hizo el Gobierno desde el primer momento? Trabajar por el empleo. ¿Cómo? Pues, primero, con medidas para la consolidación fiscal, para poder equilibrar las cuentas públicas y corregir el déficit público, que lo dejaron ustedes en el 9 %. Y segundo, con un amplio paquete de reformas económicas para sentar las bases de una recuperación económica sólida en nuestro país. Y ¿sabe qué?, entre ellas, la reforma laboral, sí, una reforma que ha servido, en medio de un año muy duro de recesión, señora Gutiérrez, para mantener muchos empleos en España. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos, porque con 5 millones (Rumores) o más de 5 millones de parados lo que queremos es darle cuanto antes empleo y oportunidades a tanta gente que lo necesita, y para eso, señora Gutiérrez, tenemos que volver a crecer cuanto antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, más de 900.000 puestos de trabajo asalariado destruidos. ¡Esa es su herencia, ese es el resultado de la reforma laboral! Ahora nos dice que hay que esperar a que escampe a ver si crece la economía y después se generará empleo. Mire, señora ministra, ante una situación de emergencia como la que vivimos usted no sabe qué hacer, usted no sabe cómo reaccionar. Incluso se atreve a decir, para sonrojo de todos los españoles, que gracias a usted hay menos paro.

Mire, el jueves la EPA solo confirmó lo que todo el mundo sabía. El viernes usted tendría que haber ido al Consejo de Ministros con un plan de choque, con un acuerdo para derogar la reforma laboral. Pero no, el Gobierno no actúa, la desidia es total. La única respuesta: esperar. Pero los trabajadores y los empleados de este país no pueden esperar, señora ministra. Por eso el domingo el secretario general del PSOE, el presidente de mi grupo, propuso lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país piden: un acuerdo político y social frente al desempleo masivo. Hace dos semanas los sindicatos le trasladaron sus propuestas. Déjese de alfombras rojas, señora ministra, entre a fondo en esas propuestas y empiece por parar la reforma laboral. Pare... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, mire, ninguna reforma legal genera empleo por sí misma. Don Valeriano Gómez, al que creo que conoce bien, dice en el año 2011: Si la economía no crece nunca crearemos empleo, con mejores o peores leyes. Pues mire, es verdad. Para que volvamos a crear empleo necesitamos que crezca la economía y para eso tenemos que volver a darle la vuelta a los errores económicos que cometió el Gobierno socialista en el pasado. Mire, yo no le quiero recordar los 5.300.000 parados y otras cosas que se encontró el Gobierno del Partido Popular cuando llegó a su responsabilidad el año pasado (Rumores), porque para usted todo eso son cifras. Para nosotros, para el Gobierno, lo que hay detrás de cada cifra son personas que necesitan que nos ocupemos de ellas, ustedes y nosotros.

Señora Gutiérrez, se lo voy a decir con toda claridad: cada empleo que no se destruye es una persona que conserva todas las oportunidades. Y la reforma laboral ha servido para algo, para que no se destruyan más empleos a lo largo de este año 2012, de mucha recesión. Se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo del 18 % al 13 %, hay 400 parados menos cada día. ¿Estamos satisfechos? No, pero ustedes tendrían que aportar porque hay que salir juntos de esta difícil situación económica, señora Gutiérrez. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


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- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO CON EL REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE PRORROGA EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL (PREPARA) DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE 25 DE ENERO DE 2013? (Número de expediente 180/000392).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social don Rafael Merino, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el Gobierno del Partido Popular, y por tanto usted como usted como ministra de Empleo, desde el primer día que llegó al Gobierno de España se preocupó por algo muy importante y que para este grupo parlamentario, para el Gobierno y para el Partido Popular lo es, se preocupó por las personas; por personas que habían perdido su puesto de trabajo durante la etapa del Gobierno socialista, en los últimos cuatro años más de 3.500.000 personas que fueron al paro; de ellos, 568.000 autónomos que durante los cuatro años de Gobierno socialista perdieron su puesto de trabajo. Se preocuparon por esas personas que han perdido y han terminado de recibir prestaciones sociales, prestaciones de desempleo. Usted con su política ha permitido que esas personas que durante mucho tiempo han estado cobrando el paro y que dejaron de cobrarlo tengan una oportunidad de seguir. Prorrogó el Plan Prepara dos veces y ahora, el pasado 25 de enero, ha dado otro paso más, ha conseguido que se pierda esa ansiedad de la prórroga de cada seis meses y que se mantenga estable hasta que el paro no baje del 20 % según la EPA. Hubo otros que crearon este Plan Prepara que lo hicieron por seis meses prorrogables, que no pensaron en la posibilidad de que fuera permanente y constante; usted, sin embargo, ha callado, ha actuado y ha conseguido dar tranquilidad a esos parados que han agotado su prestación.

Usted se encontró una situación de ruina, creo que todos los españoles lo saben, y todos los españoles sabemos, aunque haya algunos que no quieran darse cuenta, que su reforma laboral, la reforma laboral del Partido Popular, está dando frutos. Y voy a dar un dato muy concreto y muy claro. Cuando no había reforma laboral, cuando gobernaba el Partido Socialista, segundo semestre del año 2011, el paro aumentó en 439.000 personas; con su reforma, la reforma laboral del Partido Popular, la reforma laboral de la ministra Báñez, en el segundo semestre del año 2012 el paro ha aumentado solo -tristemente- en 275.000 personas. Por lo tanto, hoy hay 160.000 personas que con el Partido Socialista y con las políticas socialistas hubieran perdido el puesto de trabajo y que con su política y con su reforma lo han mantenido. No querrán reconocerlo, no querrán decirlo, pero sus políticas son las acertadas. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor diputado. El gran objetivo del Gobierno y del país es volver cuanto antes al crecimiento económico creador de empleo y la salida de la crisis, señor Merino, está claramente unida a más reformas, más Europa y más solidaridad; más solidaridad, señor Merino, porque en este camino de reformas económicas para volver a ese crecimiento económico este Gobierno de Mariano Rajoy ha apoyado desde el primer momento a las personas más vulnerables en la salida de la crisis. Por eso el presupuesto para este año 2013 contempla que 63 de cada 100 euros sean dedicados a política social. Es el presupuesto más social de la democracia, pero también, apoyando a los más vulnerables en la salida de la crisis, ha apoyado este Gobierno con claridad a los pensionistas y a los parados, por eso las pensiones subieron en el año 2012 y volverán a subir en el año 2013. Todo lo que podemos, señor Merino, un 2 % para aquellas pensiones menores de 1.000 euros, porque tenemos que apoyar a las personas que más lo necesitan en la salida de la crisis. Y también nos hemos acordado de los parados del primer momento. Por eso se ha renovado por tres veces -como usted bien ha dicho- el Plan Prepara y lo hemos mejorado también en dos ocasiones: la primera, para subir la ayuda de 400 a 450 euros, cuando el parado lleva más tiempo en el desempleo y


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tiene mayores responsabilidades familiares; y la segunda, y muy importante, haciendo su prórroga automática hasta que la tasa de paro no baje del 20 %. ¿Por qué? Para dar certidumbre y seguridad a todos aquellos que más lo necesiten, los parados de larga duración, en la salida de la crisis. Pero también, señor Merino, algo que preocupa al Gobierno de España y a toda la sociedad española es esa alta tasa de desempleo juvenil del 55 %. Por eso el Gobierno responsable y calladamente está trabajando con los interlocutores sociales en unas mesas de trabajo para presentar muy pronto una estrategia de emprendimiento y empleo joven, en línea con las políticas europeas y apoyando a nuestros jóvenes para que tengan empleo, tengan oportunidades y puedan también emprender por cuenta propia. Señor Merino, hoy, esta misma tarde, hay una reunión en el ministerio para intentar cerrar ese paquete de cien medidas con quince medidas de choque potente que ayuden a nuestros jóvenes a tener mayores oportunidades y oportunidades de empleo. Es lo que necesitan los jóvenes y es lo que quiere toda la sociedad española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

DEBATE RELATIVO A LA RATIFICACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.3 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL.

- SOLICITUD DE RATIFICACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 18 DE ENERO DE 2013, POR EL QUE SE AUTORIZA EL DESPLIEGUE DE UNIDADES MILITARES EN EL MARCO DE LA CRISIS DE MALI. (Número de expediente 095/000001).

El señor PRESIDENTE: Terminado el punto de control al Gobierno, pasamos al debate relativo a la ratificación por la Cámara prevista en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, por el que se autoriza el despliegue de unidades militares en el marco de la crisis de Mali. Para esta presentación van a intervenir dos ministros del Gobierno. En primer lugar, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, señorías, comparece hoy el Gobierno para explicar a esta Cámara la contribución de España al esfuerzo realizado por Mali, por Francia, por los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, respaldado por los países del campo que no pertenecen a esta organización y, en definitiva, por toda la comunidad internacional. La causa próxima, el antecedente próximo de esta comparecencia se explica por la intervención francesa que comenzó el 11 de enero de este año, intervención amparada por distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente la Resolución 2085, y por la declaración que complementa y desarrolla esta resolución del día 10 de enero, día inmediatamente anterior a la intervención militar.

En primer lugar, quisiera explicar las razones de esta intervención remontándome en el tiempo a las primeras declaraciones que este Gobierno hizo en relación con la crisis del Sahel. Hace aproximadamente un año, recién inaugurada la legislatura, comparecí en esta Cámara y alerté del peligro que se cernía sobre Mali, el peligro que se cernía y que se concretaba en la posible ocupación de un territorio de una extensión superior a Francia por movimientos islamistas extremos de marcado carácter terrorista que habían intentando en el pasado remoto construir un Estado propio en Somalia y Afganistán. Fracasados estos intentos, la atención de estos grupos se desplazó al norte de Mali, al territorio llamado L´Azawad. En enero, hace por tanto doce meses, se produce una insurrección tuareg en ese territorio; insurrección protagonizada en ese momento por un movimiento político denominado Movimiento Nacional de Liberación de L´Azawad, de carácter separatista pero no de carácter integrista. En marzo y como consecuencia de la debilidad del Gobierno central de Bamako para repeler, reprimir y erradicar el movimiento independentista en el norte, se produce un golpe de Estado en la capital, en Bamako, protagonizado por el capitán Sanogo, que determina la deposición del entonces presidente de la república y la apertura de un periodo de turbulencias políticas claramente inconstitucionales. En el mes siguiente, en abril, se producen dos acontecimientos importantes: en primer lugar, la declaración de independencia del norte de Mali, del territorio, como he dicho, llamado L´Azawad, y en segundo lugar, la superación del Movimiento Nacional de Liberación de L´Azawad por tres movimientos de carácter yihadista: Al Qaeda del Magreb, Mujao -que es una escisión de Al Qaeda y que fue protagonista del secuestro de dos de nuestros compatriotas-, y finalmente por un grupo denominado Ansar Dine, de características difusas.


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A partir de ese momento Mali se enfrenta a una cuádruple crisis: una crisis territorial y de seguridad; una crisis institucional, dado el vacío de instituciones constitucionales en Bamako; una crisis humanitaria determinada por el desplazamiento interno y externo de muchas poblaciones que huyen de los movimientos yihadistas que habían ocupado el norte, y finalmente, una crisis de derechos humanos en ese territorio como consecuencia de la aplicación más severa, más extrema y más cruel de la sharia.

La respuesta internacional a esta cuádruple amenaza, a esta cuádruple crisis, se concretó desde el primer momento, en todas las reuniones que celebramos en África y fuera de África, en tres respuestas: en primer lugar, la vuelta a la normalidad del sur, la vuelta a la institucionalidad; en segundo lugar, una negociación con el movimiento tuareg para evitar que el conflicto se convirtiese en un conflicto étnico; y, en tercer lugar, la erradicación del terrorismo, es decir, la erradicación de los grupos que en aquel momento señoreaban en el norte de Mali.

Los acontecimientos se precipitan hace ahora veinte días, el día 10 de enero. En ese día se producen tres cosas: el Gobierno de España, prácticamente en su totalidad y, desde luego, con su presidente a la cabeza, nos encontramos en Argel con las autoridades de la República argelina para analizar en profundidad la crisis de Mali. En segundo lugar, estaba previsto un encuentro en la capital de Burkina Faso entre el Gobierno de Mali y los movimientos tuaregs, incluido Ansar Dine. Las cosas se tuercen, Ansar Dine rompe la tregua, no acude a Bamako y encabeza una invasión del sur que amenaza a la ciudad de Mopti, conquista que hubiese abierto y dejado expedito el camino a Bamako. Mali hubiese desaparecido como Estado o, mejor dicho, se hubiese convertido en un Estado terrorista.

Ante esta amenaza inminente, Francia decidió una intervención militar a partir del 11 de enero, intervención militar que se basa en una estrategia doble: en una primera fase se trataba de detener el avance yihadista hacia el sur, impedir la caída de Bamako y liberar las ciudades más importantes del norte de Mali, ciudades que, en definitiva, eran el refugio seguro de los terroristas que, después de los ataques, se refugiaban en la población civil. Esa fase está a punto de terminar. Se ha detenido el avance yihadista, se han liberado las ciudades de Gao y Tombuctú y esta misma mañana las tropas malienses y francesas han ocupado el aeropuerto de Kidal. En la segunda fase de la operación el protagonismo será para las fuerzas africanas de la Cedeao, a quienes corresponderá erradicar el terror, combatir a las fuerzas de Ansar Dine, de Mujao y de Al Qaeda del Magreb.

Termino este breve repaso cronológico aludiendo al Consejo de Asuntos Exteriores del 17 de enero, consejo extraordinario que tuvo lugar en Bruselas. Ese consejo extraordinario adoptó unas conclusiones que, en síntesis, son las siguientes: apoyar unánimemente la intervención de Francia; pedir el despliegue de la llamada Afisma, de las fuerzas africanas de intervención compuestas por países de la Cedeao y un país, Chad, que no pertenece a la Cedeao; pedir la formación y el despliegue inmediato de la misión de entrenamiento de las fuerzas de Mali en las que participaremos, como seguramente puntualizará el ministro de Defensa, con cuarenta o cincuenta instructores; pedir al Gobierno del sur una hoja de ruta que terminase en unas elecciones; hacer frente a las necesidades humanitarias a través de una ayuda internacional para cubrir las necesidades de los desplazados dentro y fuera del país; acentuar la dimensión regional del conflicto acentuando el protagonismo de las fuerzas africanas en la segunda fase y reservando a los países fuera de la zona, y en concreto a los de la Unión Europea, el apoyo de formación, de información y apoyo logístico, y apoyar la idea de la alta representante de designar un delegado especial, un representante especial para la zona del Sahel. En los próximos días daremos información a esta Cámara del resultado de las reuniones que se van a producir y que paso a enumerar de forma muy sucinta.

El 29 de enero, ayer, hubo una reunión de donantes en Addis Abeba donde se evaluaron provisionalmente las necesidades financieras de apoyo a la misión de fuerzas africanas, a la Afisma, en alrededor de 450 millones de dólares. El 30 de enero, esta mañana, hemos tenido conocimiento de que el presidente Traoré ha apoyado ya la hoja de ruta que aboga por un diálogo interétnico y por elecciones en Mali antes del 31 de julio. Mañana se celebrará en Bruselas un Consejo de Asuntos Exteriores en el que se hará un balance de la situación, un diagnóstico el punto en el que estamos y adoptará medidas complementarias. El 5 de febrero se reunirá el grupo de contacto y ayuda a Mali también en Bruselas para continuar con esta evaluación de la situación, reunión que continuará el día 11 en Dublín por el Consejo de Desarrollo, con especial atención a ayuda humanitaria y cooperación. El día 18 habrá otro consejo en Bruselas y el día 20 -para no seguir aburriendo a sus señorías- el grupo del Sahel se reunirá en Roma convocado por la directora del Programa Mundial de Ayudas.


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España desde el primer momento ha sido consciente de lo que nos jugábamos en Mali. España ha sido consciente desde el primer momento de que la ocupación por grupos terroristas de un territorio -como he señalado al principio- de una extensión superior a Francia hubiese contaminado a todos los países de la región y singularmente a aquellos países más débiles, Mauritania, Níger, Argelia -como ha demostrado el atentado que hemos sufrido hace unos días-, Libia, etcétera. A más a más, lo que se hubiese producido es una posible desestabilización de aquellos países del norte de África, del sur del Mediterráneo que están ahora mismo embarcados en una operación de transformación democrática, lo que hubiese convertido Europa, y en concreto España, en frontera con Al Qaeda. Por eso, España no ha dudado en responder a sus obligaciones como miembro activo de la comunidad internacional, como un socio importante de la Unión Europea. Desde el primer momento hizo una declaración de apoyo a la intervención de las tropas francesas que ratificó en el Consejo de Asuntos Exteriores del día 17, autorizó los sobrevuelos de las fuerzas aliadas por España e intensificó la ayuda humanitaria. Vamos a desatascar, a desbloquear la cooperación que estaba bloqueada como consecuencia del golpe de Estado, una vez que se ha aprobado la hoja de ruta; vamos a participar en la misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas; hemos propuesto la extensión de la misión en Níger mandada por el general de la Guardia Civil, el general Espinosa, para formar las fuerzas de seguridad de Bamako y contribuir así a la institucionalización del país; haremos las aportaciones financieras que nos sean requeridas dentro de los límites y el marco de nuestras intervenciones presupuestarias; hemos puesto a disposición de las fuerzas aliadas un avión de transporte y, en definitiva, atenderemos a la evaluación de las necesidades, a las peticiones de nuestros socios y a las urgencias que en este terreno se nos planteen.

Señorías, quiero subrayar que la intervención francesa se produce, como he dicho anteriormente, en el marco de la Resolución 2085 de Naciones Unidas y de una declaración posterior de Naciones Unidas que completa y desarrolla esta resolución que ha sido apoyada unánimemente por todas las naciones que forman parte del Consejo de Seguridad. Intervención que ha sido también avalada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, por la Unión Africana, por la Unión Europea; en definitiva y sin excepción, por todos los miembros de la comunidad internacional. España tiene una vocación de presencia activa en el escenario internacional y en consecuencia no podía ser ajena a un esfuerzo que redundará en la mayor seguridad y el mayor bienestar de todos los países de la zona, de todos los países del norte de África, de todos los países europeos y singularmente de España que, por razones de proximidad, es de los países más afectados por esta crisis. Como hará seguramente el ministro de Defensa, solicito el apoyo de esta Cámara para las medidas que hemos adoptado en la confianza de que estamos en el marco de la más estricta legalidad internacional y en el marco estricto de defensa de la seguridad, de los intereses de nuestra patria y de los intereses de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene ahora la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señorías, como han escuchado ustedes, mi compañero de gabinete les ha explicado los antecedentes, devenir y contexto internacional de la difícil situación por la que atraviesa el Sahel y particularmente Mali que ha llevado últimamente, como ha explicado, a Francia a tener que tomar la decisión el día 11 del presente mes de enero de intervenir de urgencia para impedir que las tropas yihadistas pudiesen llegar a Bamako, causando un daño irreparable a un Mali con un futuro democrático normalizado.

Como ministro de Defensa les voy a explicar los detalles del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 18 de enero y solicitarles, como ya ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores y como establece el artículo 17.3 de la Ley orgánica de la Defensa Nacional, de 17 de noviembre de 2005, su ratificación y, por tanto, la autorización al despliegue de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Mali que se autorizó, como ya he dicho, en el Consejo de Ministros citado.

Antes de entrar en el contenido del acuerdo, les voy a hacer un pequeño inciso formal que, como verán, viene plenamente al caso. Esta es la tercera vez en la breve pero intensa historia de las autorizaciones parlamentarias de las misiones y operaciones en el exterior, que el Gobierno ha de recurrir a la vía de ratificación a posteriori del artículo 17.3 tras los casos de Haití y Libia. Como se ha explicado, la urgencia de actuar en Mali responde a una situación de hecho. El avance yihadista estaba a punto de llegar a Bamako y si hubiera alcanzado Bamako habríamos estado en una situación imposible para cualquier tipo de recuperación democrática e incluso territorial del propio Estado de Mali.


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Francia ha intervenido allí, como el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho, basándose en tres aspectos: dos conciernen a la Unión Europea y uno concierne a la propia Mali. La resoluciones 2071 y 2085 y la declaración que el propio Consejo de Seguridad hace rogando a la comunidad internacional que intervenga para impedir el avance yihadista legitima a Francia para desarrollar esta operación, como asimismo lo autoriza de manera especialísima la llamada de auxilio del presidente de Mali a Francia para poder parar este avance.

Una vez que se desarrolla la operación, de la cual el Gobierno español es avisado antes de que se produzca la misma mañana del día 11, el día 17 de enero el Consejo de Ministros adopta el acuerdo siguiente: Durante esa semana que va desde el inicio de la operación hasta la aprobación por el Consejo de Ministros de las operaciones, particularmente Francia tiene autorizados los sobrevuelos porque existe un acuerdo previo a esta operación para casos semejantes desde hace tiempo con Francia. Así, se aumenta en ese Consejo de Ministros el tránsito por el espacio aéreo de soberanía y zona contigua del mar territorial español y el uso de determinadas bases aéreas a los aviones militares y de Estado de países miembros de la Unión Europea y OTAN participantes en las misiones y operaciones establecidas en apoyo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que les he citado. También se autoriza a poner a disposición de la operación un avión C-130 para contribuir al transporte estratégico de las capacidades regionales de la Cedeao en Mali. Dentro de la misión también se autoriza la operación que se está fraguando en la Unión Europea, en EUTM Mali, para confirmar la participación de hasta 50 militares españoles en el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali y las unidades de apoyo que tengan de la propia Cedeao, todo ello con criterios de actuación de máxima seguridad y protección al personal desplegado en el teatro de operaciones, es decir, a los adiestradores, la contribución al esfuerzo de nuestros aliados en la Alianza Atlántica y socios de la Unión Europea y la no participación en cometidos de combate infrateatro.

En cuanto a la autorización para facilitar los sobrevuelos de aviones militares y de Estado de países miembros de la Unión Europea y de OTAN participantes en las misiones, se trata de una modificación al acuerdo de sobrevuelo suscrito ordinario con Francia, como ya les he dicho, y se refiere a la supresión de la necesidad previa de comunicar con una antelación de cinco días los movimientos aéreos con carga de combate permitiendo que la antelación de esa notificación sea hecha cuanto antes posible dentro de la urgencia de la operación militar. Eso sí, se mantiene la limitación a los aviones de combate, que no podrán sobrevolar nuestro territorio nacional con armamento y deberán transitar bajo estricto control aéreo militar español por fuera de las doce millas de aguas territoriales. Esta modificación al acuerdo vigente es similar a la concedida por Francia en el marco de las operaciones que se desarrollaron en Libia en el año 2011, cuando los aviones españoles en tránsito a Italia disfrutaron de una autorización de sobrevuelo en el país vecino que eximía, como esta nuestra ahora, de los plazos previos tradicionales. Las autorizaciones de aterrizaje se han concedido para varias bases aéreas militares, como son Morón, Rota o Albacete. Hasta el momento han solicitado permiso de paso aeronaves francesas, alemanas, danesas y estadounidenses, por poner algunos ejemplos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Por lo que respecta al segundo punto, este que consiste en el despliegue de un avión Hércules 130, ya desde el sábado pasado se encuentra en Dakar, donde tendrá su base, y Francia ha establecido allí su cuartel general operacional, desde donde nos proveerá ciertos elementos logísticos y de seguridad a la unidad destacada allí. El destacamento en Dakar está compuesto en principio por un número máximo de 54 militares del Ejército del Aire encargado de las labores directas y derivadas de la operación de la aeronave, así como de un oficial de enlace con el cuartel general del mando de las operaciones aéreas que se ha establecido en Yamena, Chad, desde donde se dirigen todas las operaciones de la región. El avión español se utilizará en el transporte de tropas, incluidas las francesas, y en capacidades entre los países de la Cedeao y Bamako, en beneficio de Afisma, que es la fuerza que se va a crear en Mali. Se excluye el empleo como evacuación médica de heridos, ya que no dispone de los medios médicos necesarios. El coste de este despliegue variará notablemente en función del esfuerzo operativo que finalmente se nos solicite, por lo que se podrá concretar mejor según avance la misión. Podría solicitarse desde un vuelo semanal hasta un vuelo diario, lo cual es una carga importante de trabajo.

El último apartado del acuerdo del Consejo de Ministros que les señalé es la introducción en la participación española en la misión EUTM Mali, que consistirá en el despliegue de hasta 50 militares integrados en un contingente europeo comandado por el general de brigada, el señor François Lacant, que tendrá los objetivos de apoyar a la formación y al asesoramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, tanto en lo elemental del fortalecimiento de su estructura y composición, como en materia de mando y control, cadena logística y recursos humanos, así como formación en el derecho internacional humanitario, protección de los civiles y de los derechos humanos.


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El objetivo, sin duda, como ha manifestado el pasado lunes el presidente de la República francesa, el señor Hollande, y otros aliados en las sucesivas reuniones que hemos mantenido, así como hice yo mismo anteayer a las autoridades argelinas, no es otro que contribuir al restablecimiento de las capacidades militares de Mali para que sean las Fuerzas Armadas malienses, apoyadas por las unidades de Afisma, las que terminen de restituir la integridad territorial de Mali según el mandato de las Naciones Unidos que ha descrito anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La misión EUTM no implica despliegues en el área de operaciones de combate ya que sus efectivos formadores no estarán involucrados en las acciones que se están llevando a cabo o se desarrollarán en el norte del país. Por el contrario, la idea inicial de la misión es la creación de un mando de coordinación en Bamako y unas instalaciones de entrenamiento en algún punto cercano a la capital que todavía no se ha decidido precisamente por razones de seguridad. Flecos importantes entre los que destacan la localización definitiva de la operativa que les he citado, el dispositivo de protección de la fuerza y la cobertura sanitaria están pendientes de cerrarse en los comités militares y de seguridad de la Unión Europea convocados para los próximos días, ya que hay varias posibilidades y se están sopesando ventajas e inconvenientes. El coste estimado de esta operación EUTM Mali de los 50 adiestradores es de unos 3,8 millones de euros para una duración de aproximadamente quince meses, que es la duración estimada en estos momentos.

Por último, el acuerdo del Consejo de Ministros contiene dos puntos adicionales ya habituales en este tipo de resoluciones: por un lado, la lógica habilitación ejecutiva al ministro de Defensa para realizar los ajustes operativos oportunos dentro del marco establecido y, por otro, la cláusula de financiación de las operaciones que, como saben, será con cargo a la rúbrica presupuestaria: participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz, créditos ampliables del Ministerio de Defensa.

Voy concluyendo, señorías. No es la primera vez que el ministro de Asuntos Exteriores o yo mismo les hablamos de la importancia que para la seguridad de España tiene el Sahel y dentro del Sahel, a menos de dos horas de vuelo de nuestras costas y amenazando la práctica totalidad de los factores de seguridad de España, nos encontramos precisamente la crisis de Mali. Sería negligente permanecer impertérritos ante un problema que puede causar la desestabilización de nuestros socios y vecinos de la orilla sur del Mediterráneo, que puede empeorar y mucho la situación de territorios anteriormente en conflicto o países de nuestra vecindad con institucionalización débil y que ya está causando una emergencia humanitaria de primera magnitud, siempre susceptible de agravarse y traducirse en un movimiento masivo de refugiados sin infraestructuras para entenderlos como foco precisamente también de acciones yihadistas. Señorías, la aportación que les he detallado es la que consideramos más adecuada a nuestras capacidades y a la situación actual, respondiendo a lo que expresamente nos han solicitado nuestros aliados. Esperamos que este gran esfuerzo que realizamos contribuya a una rápida estabilización de la zona por parte de las fuerzas africanas y malienses, con el especial apoyo en este momento de las fuerzas francesas que han hecho posible precisamente que luego se pueda desarrollar la operación que estaba prevista antes del ataque yihadista hacia el sur.

Me gustaría también, si me permiten, hacer una reflexión sobre la necesidad de atender de manera razonable a la seguridad y a la defensa en España, en Europa y en el mundo, cuidando los recursos que dedicamos a la tarea y los riesgos que afrontamos como democracia occidental responsable de la seguridad de sus ciudadanos, activa y cumplidora de sus compromisos con sus socios y aliados en los objetivos del mantenimiento de la paz o en su caso imposición de la Carta de las Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, como ha hecho mi compañero de Gobierno el ministro de Asuntos Exteriores, solicito en nombre del Gobierno de la nación la ratificación por parte de este Pleno del Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza el despliegue y la participación de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Mali.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por le Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Valenciano.

La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidenta.

En nombre del Grupo Socialista agradezco a los señores ministros sus intervenciones y la información que nos han aportado con relación a un asunto de enorme relevancia para la política exterior y para la seguridad de nuestro país. Les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a esta petición, tal y como solicita el Gobierno y tal y como se recoge en el acuerdo del Consejo de


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Ministros del pasado día 18, pero también les adelanto que tenemos algunas discrepancias y algunas objeciones que hacer al modo en que el Gobierno ha manejado esta situación y también a la política que el Gobierno está desarrollando en la región.

Es curioso que esta crisis que es tan grave y que está tan cerca esté pasando casi desapercibida en nuestro país y eso es debido a que en España también la crisis está siendo muy dura y la gente está atendiendo a su propia situación. Sin embargo, la situación en Mali y en el conjunto del Sahel requiere de la máxima atención de la comunidad internacional y muy especialmente de la Unión Europea y más especialmente aún de España. Los antecedentes que nos han llevado hasta aquí son bien conocidos y ya han sido expuestos por los señores ministros en sus intervenciones. Mali sufre una continuada y gravísima crisis con todos los elementos, la peor crisis de su existencia. Una superficie igual a dos veces España se convirtió en refugio para actividades terroristas y en una amenaza directa a la seguridad y al propio futuro de Mali, pero sobre todo en una amenaza directa a sus países vecinos y entre ellos, señorías, al sur de Europa y en el sur de Europa, los primeros, nosotros. Esta grave situación de inestabilidad, en la que campan a sus anchas redes de crimen organizado, de narcotráfico y de trata de personas -como por cierto las responsables de los secuestros de cooperantes españoles en Tinduf-, se ha ido prolongando durante meses ante la notable pasividad de la comunidad internacional, muy preocupada, sí, pero no lo suficiente como para ponerse manos a la obra en su remedio.

A partir del 8 de enero, como ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, es cuando todo cambia, cuando los grupos yihadistas que ya dominaban el norte de Mali deciden iniciar una ofensiva hacia el sur y cuando realmente empezamos a verle las orejas al lobo ante la posibilidad real de que estos grupos se hagan con la capital y con el resto del país. De no haber sido por la urgente intervención francesa que se produjo, debemos recordar, a petición expresa del Gobierno de Mali, muy probablemente estaríamos ahora en un escenario de mayor gravedad y la amenaza de seguridad sobre nuestro país y el conjunto de la Unión Europea se habría incrementado de manera exponencial. Ahora, se está acelerando el despliegue de la misión internacional de apoyo a Mali; ahora también la Unión Europea va a acelerar el despliegue de la misión europea de capacitación del ejército de Mali, pero hay que destacar y lamentar que una vez más la Unión Europea no haya estado al nivel que se espera de un actor político de su relevancia y que de momento podamos hablar de una actuación francesa mucho más que de una actuación europea, pues Francia es quien en franca soledad nos ha sacado a todos las castañas del fuego.

Señorías, España -muy particularmente España como han señalado los ministros- tiene un interés estratégico en la solución de esta gravísima crisis y en general con la situación de inestabilidad en el Sahel. Así que España no puede escatimar esfuerzos en el actual contexto de crisis en esa región; no estoy hablando solo de esfuerzos militares. Por solidaridad con el pueblo de Mali, por lo inaceptable de la situación, por la amenaza para la estabilidad y seguridad de los países vecinos y porque contamos con una petición expresa del país con el respaldo de Naciones Unidas, etcétera, España debe apoyar los esfuerzos africanos y los de Francia y la Unión Europea para hacer frente a la amenaza yihadista y por supuesto a la crisis democrática de Mali. El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar consecuentemente la decisión del Gobierno de autorizar el sobrevuelo de aeronaves, el envío del avión Hércules y el envío de instructores para la misión de formación militar. Sin embargo, creemos tener motivos para no mostrarnos tan favorables al modo en el que el Gobierno ha tomado sus decisiones en esta crisis y para creer que nuestro país debe jugar un papel distinto, con una aportación también distinta a la actual, acorde con la especial importancia que la situación de Mali tiene para España. Este Gobierno ha calificado durante mucho tiempo, y con toda la razón, la región del Sahel y el norte de Mali en particular como una amenaza muy importante para la seguridad de España y de la Unión Europea. Así lo dicen en la directiva de seguridad nacional que ustedes aprobaron, lo han declarado en todos los foros multilaterales y lo refrendó el propio presidente del Gobierno en la Cumbre del Sahel que se celebró en Nueva York bajo el auspicio de Naciones Unidas, donde volvió a subrayar que esta región era vital para España y para su seguridad. Pero cuando los hechos en Mali les pusieron frente a la necesidad de dar una respuesta real a su compromiso las contradicciones en las declaraciones de los distintos departamentos y la lentitud en su redacción han generado cierta sorpresa, cuando no un poco de irritación, entre nuestros principales aliados y especialmente con Francia. Francia es nuestro país vecino, uno de nuestros más importantes socios y, no lo olvidemos, un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo yihadista y contra el terrorismo de ETA. Así que Francia necesitaba de una reacción inmediata, solidaria y próxima de España. Sin embargo, España ha sido el país que de momento menos apoyo material y logístico ha ofrecido a la operación Serval, solo un avión Hércules. Hemos ofrecido, señor ministro de Defensa, menos apoyo que Bélgica, lo mismo que Dinamarca, cuando lo que nos jugamos en el Sahel es infinitamente mayor de lo que se juegan ellos.


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Tampoco han ayudado a clarificar nuestro papel algunas contradicciones en las declaraciones de los distintos ministros y el absoluto y total silencio del presidente del Gobierno. Es sintomático y por eso un periódico de referencia, como Le Monde, ha escrito en su edición del 23 de enero que España exaspera a Francia por la lentitud, por ejemplo, en autorizar los sobrevuelos que Francia necesita urgentemente y que había solicitado. Además estamos sin embajador en Mali desde el 23 de noviembre. Si Mali y la región eran tan importantes, es inexplicable que en este momento sigamos sin embajador. También España ha sido el último país en anunciar su contribución, a pesar de que, como estamos todos de acuerdo, es uno de los países más concernidos por el conflicto. Tanto Reino Unido como Alemania, Béglica, Dinamarca o Estados Unidos decidieron en menos de setenta y dos horas y anunciaron sus contribuciones y España tardó casi una semana.

En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar su petición porque creemos que es determinante para la seguridad de nuestro país solucionar este conflicto, conflicto que evoluciona rápidamente, y la operación Serval, con la ayuda de las tropas africanas ya desplegadas, ha recuperado el control de los principales y escasos núcleos urbanos del país. Tombuctú y Gao están ya bajo control y se van descubriendo los estragos en la población y en el patrimonio del país durante el dominio de los extremistas. Los yihadistas y sus socios se repliegan hacia las zonas del norte, desde donde intentarán continuar sus actividades y donde será mucho más difícil y más compleja la actuación contra ellos. Creemos que es importantísimo destacar el recibimiento positivo que han tenido las tropas por parte de la población maliense. Ahora se abre una nueva fase en la que no se trata de recuperar ciudades, sino de someter al control de Bamako regiones inmensas del territorio, y en este punto llegamos a la cuestión que mi grupo sitúa como más importante, crucial en esta crisis. No podemos olvidar que el verdadero fin último de la actuación de España y de la comunidad internacional debe ser imperativamente la contribución a restaurar un Estado democrático, laico y soberano sobre todo el territorio de Mali. La acción militar debe complementarse, mejor dicho, debe enmarcarse en una estrategia política humanitaria y de seguridad para Mali y para toda la región del Sahel. El uso de la fuerza puede ser necesario, sí, pero no será suficiente, se requiere un enfoque político que sitúe la consolidación de la democracia como eje principal de su acción.

Esta es, resumidamente, la proposición no de ley que el Grupo Socialista ha presentado y que no ha podido todavía debatir al no haberse iniciado aún el siguiente periodo de sesiones. España debe jugar un papel protagonista para conseguir centrar la acción de la comunidad internacional en esa dirección. Debe liderar claramente esta línea de acción, tanto en el seno de la Unión Europea como en los foros multilaterales y en sus privilegiadas relaciones bilaterales con actores clave en la región. Tienen ustedes a su disposición, por cierto, una intensa agenda de contactos y de interlocución, de cooperación, con toda la subregión del África occidental. Eso también es herencia recibida y pueden ustedes aprovecharla. No podemos olvidar, en estos momentos en los que el foco se centra en la recuperación del norte del país, que los golpistas, dirigidos por Amadou Sanogo, siguen teniendo un poder y una influencia inaceptable en el Gobierno de Bamako y que son constantes las graves injerencias de los militares en el ámbito de la política. No podemos olvidar que la intervención amparada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene como fin restaurar la integridad territorial de Mali, pero también la democracia. Sin un Gobierno fuerte, es decir, democrático y legitimado por elecciones limpias y libres, no habrá solución en Mali. Ayer pudimos saber que el actual Gobierno de Bamako pretende celebrar elecciones en el mes de julio y es imprescindible que la comunidad internacional se vuelque y le dé toda la cobertura necesaria a ese proceso electoral. La integridad de Mali pasa seguramente también por establecer puentes de diálogo con aquellos grupos tuaregs con los que se puede o se pueda hablar, con los que se pueda acordar una hoja de ruta para la estabilización del país basada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos. Señorías, es fundamental por tanto que la comunidad internacional se centre en la recuperación del Estado de derecho en Mali y en asegurar que aquellos responsables de las graves violaciones sufridas por la población en este tiempo sean perseguidos y llevados ante la justicia. La comunidad internacional no debe, no puede repetir en Mali los mismos errores del pasado reproduciendo escenarios como las ya conocidos en Afganistán o en Irak.

Para concluir, hablaré de la dimensión humanitaria. La población del norte del país está sufriendo claramente las consecuencias del conflicto, la imposición por parte de las organizaciones yihadistas de secuestros, mutilaciones, violaciones y torturas. Cerca de 400.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares, ya sea dentro de Mali o como refugiados en países vecinos y de los casi 11.000.000 de personas en riesgo alimentario en la región más de 4.000.0000 están en Mali. Además de que Mali es


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el Estado con mayor mortalidad infantil del mundo, solo por detrás de Somalia. Así que queremos saber también cuál es nuestra contribución a la ayuda humanitaria en Mali, queremos saber, en esta última reunión de donantes, cuál es el compromiso de España con respecto a la política humanitaria y de ayuda directa a la población. Miles de personas están huyendo del país, huyen de una triple amenaza: huyen de la Sharia, huyen del hambre y huyen del conflicto. El Gobierno tiene el deber de actuar con responsabilidad y sensibilidad, también en lo relativo a la población maliense que está en nuestro país. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar pasar esta oportunidad para solicitar al Gobierno que paralice cualquier proceso de expulsión de ciudadanos de Mali que puedan estar en una situación irregular en España. Concluyo ya reiterando una vez más nuestro acuerdo con que España dé apoyo y participe en la intervención multilateral y de Francia bajo mandato de Naciones Unidas para atajar con urgencia el desarrollo y el desafío yihadista, pero no olviden que será finalmente el futuro gobierno democrático de Mali y su ejército quienes deberán garantizar el Estado de derecho y el desarrollo y la estabilidad en su propio país. Empiecen, por tanto, señores ministros, a planificar en esa dirección, demuestren con hechos su discurso y sean consecuentes en sus decisiones con aquello que proclaman porque en política exterior esa coherencia es vital.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Valenciano.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señores ministro, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para fijar la posición sobre esta petición de autorización, en este caso argumentada a posteriori por parte del Gobierno. Permítanme que en el capítulo previo de carácter procedimental quiera destacar que la posición del grupo de la mayoría, que la posición del grupo del Gobierno respecto a la reglamentación del procedimiento parlamentario para la autorización de misiones en el exterior ha cambiado desde su época de grupo de la oposición a su actual condición de grupo de la mayoría. El día 29 de septiembre del año 2009 el Grupo Popular presentaba ante esta Cámara para su toma en consideración -y se tomó en consideración porque todos los grupos votamos favorablemente- una proposición de ley para la modificación del reglamento del Congreso de los Diputados que diera unas pautas claras sobre la forma de autorización y sobre lo más relevante, la forma de control parlamentario del gasto presupuestario en lo referido a las misiones en el exterior. El ministro de Defensa nos acaba de comunicar que el gasto inicial previsto para esta misión de apoyo y de colaboración de la misión liderada por Francia es de 3,8 millones de euros. Señorías, es absolutamente insuficiente el debate general anual sobre los presupuestos de Defensa para discutir, para tener un seguimiento por parte de este Parlamento en materia de las misiones en el extranjero. Es por esto que, en estricta coherencia entre aquello que votamos la anterior legislatura y que planteó el grupo de la mayoría, en los próximos días vamos a registrar, ligeramente modificada y si puede ser mejorada, la misma proposición de ley esperando que reciba también el apoyo del grupo de la mayoría para perfeccionar este trámite parlamentario.

Habiendo hecho esta consideración previa, entro ya en el fondo de la cuestión expresando también por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nuestra coincidencia en la preocupación por la situación de inestabilidad, por la posible radicalización, por la posible infiltración de un terrorismo de manifestación de base religiosa islamista radical en la zona del Sahel. Hoy estamos hablando de Mali; pero estamos hablando del Sahel, de esa amplia franja que va por el norte desde Mauritania hasta Somalia y que ha producido en el pasado y puede producir en el futuro elementos y episodios de contagio. De hecho, este contagio regional se produjo con el desplazamiento de efectivos, de armamentos, de mercenarios desde Libia, con la caída del régimen de Gadafi, hasta el norte de Mali, lo que explica en parte la situación que estamos viviendo en este momento y la que se está viviendo en el propio norte de Mali, donde está también en discusión y en tensión una interpretación rigorista del islamismo para sofocar la variante sufí, el Taarof, la variante más tolerante ante al wahabismo que se está imponiendo por parte de estos grupos terroristas de base religiosa radical. Zona bien conocida, por otra parte, por los servicios secretos españoles, en tanto en cuanto han operado en esta zona y en Malí con el objetivo de la liberación de los españoles secuestrados en un pasado reciente pero que tuvieron un largo secuestro.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar esta intervención claramente liderada por Francia y con un déficit de liderazgo evidente por parte de la política exterior de la Unión Europea. Nuestro grupo va a apoyar esta contribución a la intervención por cuatro motivos. En primer lugar, porque es


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una contribución a una intervención solicitada por el propio Gobierno de Mali. Un Gobierno que cabe recordar que es fruto de un golpe de Estado, de un golpe militar, tres meses antes de la celebración de las que tenían que ser elecciones democráticas en Mali. Después volveré a hacer referencia a la necesidad de tener en breve un nuevo Gobierno con legitimidad democrática en Mali. Pero como sea, en estos momentos hay una petición expresa de ayuda por parte del Gobierno de Mali. En segundo lugar, porque comprendemos perfectamente las motivaciones del Gobierno francés, que tiene nueve ciudadanos franceses secuestrados en Mali, cuestión que nosotros podemos comprender por la situación también de aquellos ciudadanos que fueron secuestrados. En tercer lugar, porque no es solo una solicitud de Mali, sino que es también fruto de una antigua presencia regional de Francia, es una solicitud del conjunto de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Cedeao, en estos momentos bajo el impulso y una acertada dirección del presidente de Costa de Marfil, del presidente Outtara. Cedeao, más Chad están pidiendo también esta contribución. Y, en cuarto lugar, y no por ello menos importante sino de gran relevancia, porque el día 20 de diciembre del año 2012 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2085, que da cobertura legal, en el marco de la legalidad internacional del multilateralismo, a esta misión internacional, que también tiene el apoyo de la Unión Africana y el apoyo, desgraciadamente insuficientemente articulado, de la Unión Europea. También vamos a apoyar esta misión por motivos de interés geoestratégico, porque, como hemos dichos algunas veces, los países del sur de Europa son el vientre de la ballena de la zona geográfica de Europa, porque somos la zona más vulnerable frente a los episodios de terrorismo que se están produciendo en la otra ribera del Mediterráneo, a algunos miles de kilómetros, pero con los recientes episodios de Argelia hemos visto que tampoco tan lejos.

Es, por tanto, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de una política de la Unión Europea insuficiente, no será en este caso la responsabilidad ni el liderazgo de Estados Unidos, seremos nosotros ante el espejo de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones. Y lo que está demostrando la operación, la coalición en Mali, lo que está demostrando la reciente operación en Libia es que bajo el mandato de Naciones Unidas hay una atrofia y una reacción de una gran lentitud en dar respuesta a algunas situaciones de extrema gravedad. Señorías, señores ministros, ustedes saben perfectamente que Naciones Unidas, después del acuerdo del 20 de diciembre, abrió un periodo de consultas de cuarenta y cinco días y estaba trabajando con la idea de apoyar una intervención a partir del mes de septiembre del año 2013. Por fortuna, ha sido Francia la que ha tomado la iniciativa de avanzar, de articular la misión que en estos momentos ha sumado con gran rapidez, en tres semanas, lo que hoy mismo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Costa de Marfil en nombre de la Cedeao ha anunciado como la articulación de 8.000 efectivos. Deberemos reflexionar, pues, sobre las deficiencias de la política exterior de Seguridad y Defensa, de la PESD de la Unión Europea y sobre la repetición de estas formas de alianzas, de coaliciones ad hoc de distintos países: en el pasado en Libia, lideradas por Gran Bretaña y por Francia; en el caso de Mali claramente lideradas por Francia con la participación de otros países con mayor o menor intensidad, después haré referencia a ello.

Nos llegan algunas noticias favorables sobre el avance de esta misión. Se ha producido finalmente el cierre de las fronteras de Argelia y de otros países colindantes con Mali, un cierre absolutamente indispensable para evitar el contagio, pero un cierre que tenemos que ser conscientes de que es muy difícil que se lleve a la práctica en todos sus extremos y que quizás en el futuro no evitará que de la misma forma que se produjeron desplazamientos del sur de Libia a Mali, se produzcan desplazamientos en otros países de la zona: Níger, Chad, Nigeria, Burkina Faso, etcétera. Pero también tenemos noticias muy relevantes esta semana sobre la caída de las ciudades de Gao, de Tombuctú, hoy mismo de Kidal, siendo muy conscientes de que quedan restos de componentes yihadistas en estos territorios recuperados por parte de la coalición liderada por Francia. Se está produciendo un avance rápido, un avance tan rápido que ha producido el anuncio ayer mismo del deseo por parte del Gobierno de Bamako de la celebración de elecciones el próximo mes de julio. Estas elecciones son posibles, deben ser posibles de forma muy prioritaria para el restablecimiento de un Gobierno legítimo como interlocutor ante la comunidad internacional, para dar apoyo a un Gobierno democrático a diferencia del actual Gobierno, para dar apoyo a un Gobierno al que la comunidad internacional tiene que enviar el mensaje nítido de que deseamos que sea un Gobierno que tenga claro el principio de separación entre Estado y religión frente a los episodios de contagio del terrorismo de base religiosa radical en el norte de Mali en estos momentos. Y debe ser un Gobierno -también es bueno destacarlo- que en su momento afronte la reconciliación con sectores tuaregs que hoy están en el combate pero que pueden y deben ser integrados en un proceso de reconciliación en Mali después de este episodio que en parte es de guerra civil.


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La aportación española es modesta, a ello ha hecho referencia quien me ha precedido en el uso de la palabra, y es posible que en el futuro se produzca una petición de incremento de los efectivos españoles en esta misión. En aquel momento -y hoy- será la ocasión de hacer una reflexión sobre la distribución de los efectivos del Ejército español en el exterior, sobre la necesidad de la reducción de algunos efectivos y de algunas misiones. Señorías, el día 27 de septiembre del año pasado el ministro de Defensa compareció ante la Comisión de Defensa para hacer balance de la presencia en el exterior del Ejército español durante el año 2012. Ni una palabra hubo respecto a la retirada de el Líbano; es evidente que tendremos que hablar del el Líbano en los próximos días, pero también tendremos que hablar en esta contribución modesta, en este marco de restricciones presupuestaria, como han hecho otros países europeos, de la probabilidad de un adelanto de la retirada de los efectivos desplegados en Afganistán hacia el año 2013 y no en el horizonte del año 2014. Igualmente tendremos que hablar de la necesaria reducción de los compromisos presupuestarios adquiridos en la compra de armamento, en algunos casos absolutamente innecesario, por la cual el Gobierno español tiene aún pendiente una factura de 27.000 millones de euros que año a año se van afrontando con un real decreto, con un crédito extraordinario, por la falta de una planificación plurianual en el horizonte incumplible del año 2025 y de una redistribución de este amplio déficit que venía de 31.000 millones de euros, lo que en su momento supuso hasta el 3 % del PIB español en forma de una adquisición desmesurada de armamento para nuestro Ejército.

Señorías, señora presidenta, señor ministro de Asuntos Exteriores, vamos a votar a favor por los argumentos expuestos que nos parecen de sentido común, pero esta semana también hemos sido conocedores a través de los medios de comunicación de un anteproyecto de ley de servicio exterior que en algunos de sus extremos supone ahogar absolutamente la capacidad de la acción exterior de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Señor ministro, como esta es nuestra primera ocasión para poder hablar y dialogar en sede parlamentaria sobre este extremo, quiero manifestarle que si las informaciones aparecidas en los medios de comunicación se reflejan en este anteproyecto, le manifiesto nuestra más radical oposición, nuestra actitud más frontalmente opositora a esta idea de coaccionar y limitar la autonomía en la acción exterior de las comunidades autónomas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà, vaya finalizando.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, nuestro voto va a ser favorable. Creemos que es muy bueno -voy finalizando, señora presidenta- continuar con aquello que fue ley en la anterior legislatura, que es parlamentarizar el debate sobre las misiones en el exterior, pero quiero terminar tal y como he empezado, hay un compromiso del Grupo Popular para que el control presupuestario sea mucho más estricto, y así espero que se produzca a partir de la adopción de esta modificación del reglamento en los próximos meses.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Centella tiene la palabra.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señores ministros, señorías, estamos ante un tema complejo, por lo que he escuchado atentamente sus intervenciones. Nadie puede quedar impasible ante lo que está ocurriendo en Mali, pero también les tengo que decir, con esa misma sinceridad, que he echado en falta una palabra que para nosotros también forma parte del conflicto, y es la palabra uranio. ¿Ustedes creen, sinceramente, que estaríamos hoy aquí discutiendo de este tema si Mali no estuviese en la zona de influencia del uranio? Nosotros no lo creemos. Nos encontramos ante un debate que para nosotros también tiene otra significación, y es que estamos en una fase en la que una guerra nos lleva a otra guerra y así hasta el infinito. Ustedes nos prometieron que con la guerra de Afganistán se acabaría el terrorismo y que el mundo sería más seguro. Algo parecido nos dijeron después y también nos lo dijeron hace poco tiempo en relación con Libia, pero la verdad es que era evidente -y ustedes no podían pensar lo contrario- que la integridad territorial de Mali y la seguridad de toda la región se verían afectadas por la guerra de Libia, una guerra que activaba en la región una cadena de reacciones imprevisibles. Y no lo decimos nosotros, ya se lo dijo a ustedes también la propia Unión Africana que se reunía en Mauritania en marzo de 2011, al día siguiente del inicio de la guerra en Libia, y advertía que con esa forma de actuar, con la guerra en Libia, solamente se iba a conseguir desestabilizar la situación en toda la zona, alertando expresamente de que los arsenales libios iban a


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alimentar otra guerra en la región. Eso es precisamente lo que ha pasado, y los pirómanos de ayer, los que ayer incendiaban la región, hoy nos quieren convencer de que son los mejores bomberos. Pero también hay más elementos para nuestra confusión, porque mientras en Mauritania, en Níger y en otros países se cerraban las fronteras a ese arsenal -que incluye misiles tierra-aire y otros elementos-, en Mali se permitió su ingreso sin despertar recelos en occidente, porque todo valía en ese momento. Además, nos encontramos con otra contradicción más, y es que los mismos a cuyas manos llegaron las armas que los occidentales lanzaban sobre Libia en paracaídas, hoy son amigos de nuestros amigos del golfo Pérsico, los que han asegurado los intereses de occidente en esa zona del planeta. La realidad -y usted lo sabe mucho mejor que yo- es que nuestros amigos del golfo son grandes instigadores y financian el integrismo militante en todo el mundo y ahora se persigue en Mali lo mismo que se apoya -o por lo menos se permite- en otras zonas del planeta. Esto nos lleva a advertirles de que las consecuencias de la guerra de Libia se repetirán con creces en otras zonas del planeta si ustedes siguen en la máxima de que los enemigos de sus enemigos son sus aliados. Pase lo que pase en el futuro, lo de Mali puede ser muy poco comparado con lo que se está propiciando en otras zonas del planeta y cuando esos incendios estallen, cuando esas guerras se contagien, ustedes volverán a decirnos que no queda otro remedio que el recurso a la intervención militar para frenar a los grupos radicales que hoy tienen las armas que circulan -ustedes lo saben mejor que yo, repito- por muchos países árabes sin ningún tipo de control. Esta realidad nos lleva a pensar que posiblemente lo que se pretenda, entre otras cosas, sea ni más ni menos que provocar incendios para luego justificar nuevas guerras que sigan moviendo la maquinaria industrial militar y, de paso, colateralmente, permitir el control directo de los recursos naturales del planeta, que estos pasen directamente al control de las multinacionales, como ya ocurrió en Irak o en Libia. Por eso les señalamos que la gestión que se hace de un conflicto, la forma en que se afronta el mismo, nos lleva irremediablemente a provocar otro conflicto mayor. Una vez más les repito que la paz no se construye desde la guerra. Todo esto resultaría contradictorio o incluso sarcástico si no hablásemos de miles de vidas destruidas y del futuro de todo el planeta que puede estar en peligro.

Ustedes plantean aquí otra nueva contradicción: han hecho referencia a la intervención francesa, a nuestra ayuda, a que acuden a petición del Gobierno de Mali, pero ¿de qué Gobierno estamos hablando? Porque la realidad es que ha habido un golpe de Estado que derrocó a un presidente, que los golpistas es verdad que no fueron reconocidos, pero a pesar de ese aislamiento fueron poco molestados y el jefe de los golpistas es un oficial que ustedes saben que se formó militarmente durante tres años en Estados Unidos y que hoy sigue mandando -y mandando mucho- y nadie en occidente -ni nosotros tampoco, por supuesto- planteó una intervención militar para asegurar la democracia en Mali en aquel momento. Eso sí, estaban bien seguros los intereses occidentales con el nuevo Gobierno. Un Gobierno nada popular, como algo más que una anécdota, les recuerdo que el propio presidente tuvo que ser llevado a Francia porque sufrió una paliza en la que resultó herido y su primer ministro -también ustedes lo han dicho- fue obligado a dimitir. Ha sido instaurado un nuevo Gobierno en el que -si mi información no es errónea- el puesto de primer ministro lo ocupa un funcionario del Fondo Monetario Internacional para que todo quede en casa, como se ve. Así, pues, está el Gobierno de Mali que ha solicitado la intervención francesa, ahora descubrimos que se han vuelto demócratas de toda la vida, pero es el Gobierno el que ha solicitado la intervención, el que ha pedido la ayuda.

El Gobierno de Mali lo que ha hecho no es ni más ni menos, en este caso, que dar una gran satisfacción al consorcio nuclear francés que extrae su uranio en la región, algo que ustedes han obviado en su explicación y algo que es importante para Francia y parece ser que para todo occidente. La verdad es que hay una casualidad que ustedes a lo mejor podrían explicarme, y es que ustedes encuentran siempre a los terroristas y los atacan en territorios que son ricos, que tienen riquezas naturales. Es algo que a nosotros nos sigue sorprendiendo porque creemos que de lo que se trata es de obtener el control de la riqueza de toda la región. Son territorios ricos pero con habitantes muy pobres, por tanto es evidente que algo aquí está fallando. Ese es el debate que nosotros queremos traer hoy aquí porque, efectivamente, algo hay que hacer. Nadie puede seguir consintiendo toda la serie de aberraciones que ustedes han relatado aquí -y que nosotros evidentemente también censuramos- que se están cometiendo en las ciudades dominadas por los insurgentes. También habría que censurar las actuaciones de algunos elementos del Ejército de Mali y que han aparecido como hechos censurables. Estamos de acuerdo en que no se puede dejar que Al Qaeda extienda su dominio por el norte de África, ni otros grupos terroristas, claro que hay que hacer algo; pero, señorías, señores ministros, las formas son importantes. No se puede echar gasolina al fuego por muy peligroso que sea el incendio. De una vez por todas hay que empezar a


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apagar los fuegos y no seguir echando gasolina como se sigue echando conflicto tras conflicto. Porque vemos cómo con los métodos que se vienen empleando desde la guerra de Afganistán lo que se ha conseguido es hacer más fuerte a Al Qaeda. Hoy Al Qaeda no es más débil que cuando se empezó la guerra de Afganistán. La realidad es que hoy Al Qaeda tiene más seguidores y ustedes lo han venido diciendo. Cuando salen de un país se van a otro y por algo será. No se están haciendo las cosas bien cuando hoy solamente no es más débil sino que incluso avanza en su estimación entre gente que en principio no tiene por qué ver en el integrismo ni en esta violencia la resolución de sus problemas. Por tanto, quiero plantearle que hay que buscar otros métodos para resolver los conflictos y que admitan al menos que algo está fallando, cuando se nos dijo que era necesaria la invasión de Afganistán, que era fundamental la guerra de Irak, después se nos habló de Libia y hoy se nos habla de Mali, y que cada vez el mundo no solamente no es más seguro sino que los conflictos se extienden y se multiplican. Sucede también que en cada intervención ustedes venían repitiendo que era siempre mayor el peligro que corría occidente que la propia actuación militar, pero la verdad es que los problemas no se resuelven. Ni siquiera en los países que ustedes dicen defender consiguen instaurar la democracia ni mucho menos resolver sus problemas internos.

No he querido hablar mucho de Libia porque el apagón informativo en estos momentos nos hace que tampoco sepamos realmente lo que está ocurriendo en esa zona. Eso sí, lo que podemos decir es que la actuación en Libia está provocando gran parte de las consecuencias del capítulo de Mali. Por eso, planteamos que hay que llegar a otra forma de resolver los conflictos. Para ello, en primer lugar, la política europea en el mundo -que para empezar debería ser independiente como bien sabe que defiende nuestro grupo- no debería contribuir a incrementar los conflictos y las guerras en sus intervenciones militares, sino practicar la diplomacia preventiva y el compromiso preventivo. Su principio rector debe ser el principio de aportar soluciones que no sean causa de más conflicto. Recordamos con nostalgia ese artículo de la Constitución de la II República española que señalaba la obligación de no utilizar la guerra como instrumento de política internacional, nostalgia que evidentemente no se contempla en esta Constitución actual.

A la vista de lo que está ocurriendo, lo que provoca cada incendio no es un apagón, sino otro incendio todavía mayor. Por eso, planteamos la urgencia de reformar Naciones Unidas para que cumplan realmente su papel. En segundo lugar, para propiciar que las riquezas naturales -y ahí está lo fundamental- de estas zonas conflictivas sirvan realmente para asegurar el desarrollo de su población, para que dejen de ser zonas de pobreza y miseria donde encuentra fácil eco el discurso integrista radical, porque, que nadie se engañe, Francia va a Mali a defender sus intereses. En tercer lugar, también planteamos que las alianzas y los apoyos de esta política deben venir determinados por la salvaguardia de la estabilidad y de la paz, no por otro tipo de intereses energéticos, empresariales o de servidumbre del complejo industrial militar. En cuarto lugar, también le planteamos que no hay que tener una doble vara de medir, que no hay que tener una vara de medir que considere luchadores por la libertad a quienes son amigos nuestros y terroristas a los de la misma ideología pero cuando se enfrenten a los intereses de occidente. No se puede considerar luchador por la libertad a quien actúa de forma terrorista en un lugar del mundo y ese mismo, cuando actúa de esa misma manera en otro lugar, llamarle de otra manera. Esa doble vara de medir lo que está haciendo ni más ni menos es consolidar Al Qaeda, consolidar el terrorismo.

Nuestro voto en contra a la participación española en la guerra de Mali no es un no por el no. No es un no que deja aislada a la población, al contrario, lo que planteamos es que realmente se lleve a cabo una conferencia sobre la paz en el norte de África que busque realmente la solución del problema de una forma definitiva, que incluya desde la autodeterminación del Sáhara hasta la forma de utilizar las riquezas naturales de la zona en beneficio de los habitantes de estos territorios, pasando por una actuación en la sanidad, en la educación y en otros sectores. Señor ministro, probemos a mandar médicos y educadores en lugar de soldados. Quizá el efecto pueda ser contrario en toda la zona. Por cierto, también es verdad que algo tiene que ver en parte del conflicto -aunque lo digo de pasada pero no es baladí- aquel diseño de fronteras neocoloniales, y, repito, no es baladí. Por tanto, le planteamos que de una vez por todas vayamos a frenar la guerra, aunque fastidiemos el negocio de la venta de armas. Por eso, queremos plantear claramente que hay que buscar una solución a lo que ocurre en Mali, a lo que ocurre en otras muchas zonas del planeta y hacerlo desde la paz, no alimentando más el conflicto. Por eso, le tenemos que decir que hoy ustedes aquí votarán implicar a España en una nueva guerra, pero no lo harán con nuestro voto.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías y señores ministros, a estas alturas creo que nadie puede engañarse respecto a la naturaleza de los grupos armados que forman parte de esa alianza que ha ocupado el norte de Mali y que desde allí estaba en camino de ocupar el país entero si no hubiera sido detenido por el ataque de las tropas francesas. El ministro los ha mencionado, se trata de Al Qaeda del Magreb Islámico, Ansar Dine y Mujao. Pese a las diferencias que hay entre ellos, que usted ha señalado, creo que es un hecho que han impuesto de facto un régimen de terror islamista sobre la visión más fanática del islam, sobre la aplicación más rigorista de la Sharia y que, por tanto, no cabe duda de que hablamos de grupos armados que son enemigos de la democracia, enemigos de la libertad y enemigos de las mujeres, enemigos de mujeres a las que consideran ciudadanas de segunda cuando no bestias de carga y a las que les resultaría o les resulta muy difícil negociar con ellos, aunque esta idea de la negociación siempre es un mantra que actúa con un poder sedante sobre ciertas mentalidades. Creo que nadie ignora esta realidad y, por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos ante esta situación es si vamos a permitir el establecimiento de un estado terrorista, de un emirato salafista de estas características a 1.000 kilómetros de Europa, que sirva además como base para cometer atentados terroristas en todo el mundo, tal como lo fue Afganistán en el pasado. Creemos que esta es la pregunta esencial y que tiene una respuesta clara y directa, a pesar de que la respuesta real, la respuesta de la acción no haya sido tan clara y directa en muchos casos, y es lo que paso a explicar para a continuación manifestar nuestra postura respecto a esta autorización.

Aparentemente la Unión Europea lleva cuatro años preocupada por la evolución de los acontecimientos en Mali. Desde el año 2008 las distintas instituciones de la Unión Europea han hecho numerosos análisis, documentos conjuntos e incluso misiones sobre el terreno en Mauritania, en Níger, en Mali. Desde hace ya meses la Unión Europea debate el envío de una misión de entrenamiento pero, a pesar de haber podido prever y de haber podido anticipar todos los acontecimientos, una vez más los hechos han desbordado a quienes tenían que tomar las decisiones en la Unión Europea. No falta ni un solo comunicado de las instituciones europeas con los consabidos formalismos respecto a que el Consejo expresa su preocupación, reitera su petición de un alto al fuego, condena firmemente... Es una retórica que nosotros no despreciamos, pero creemos que cuando llega el momento de actuar se tiene que plasmar en decisiones concretas. El problema en la política exterior y de seguridad europea es que ese momento de tomar decisiones muchas veces se retrasa hasta incluso parecer que no llega. Se diría que la Unión Europea ha adoptado la máxima de Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, que contestaba siempre preferiría no hacerlo cuando tenía que hacer algo. Mientras aquí, en Europa, nos perdíamos en estos comunicados y en estos debates, esa alianza yihadista avanzaba, se pertrechaba, hasta el punto de llegar a amenazar con la toma de la capital de Mali, Bamako, y haber convertido la situación en muchísimo más grave de lo que es en este momento. Así que cuando estaban a punto de conseguir ya este avance sobre la capital, el 11 de enero, tal como ha explicado el ministro de

Asuntos Exteriores, Francia pasa a la acción y toma la decisión de desplegar allí sus tropas y atacar a esos grupos yihadistas. Toma esa decisión porque a la pregunta de si vamos a consentir un estado yihadista y terrorista a 1.000 kilómetros de Europa, Francia, con toda claridad, responde: No, no lo vamos a permitir. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? A esas alturas ya solo quedaba esa solución, mandar tropas para obligar a los terroristas a retirarse hacia el norte y evitar que conquistaran la capital, el aeropuerto y llegaran a la zona sur, la más rica. Por lo tanto, creo que hay que agradecer a Francia su claridad de ideas, su decisión, pero lo cierto es que es un agradecimiento que en boca del Gobierno, como se ha pronunciado, tiene su punto de hipocresía, pues en el fondo muchos países de la Unión Europea, de la Unión Europea como ente, parece que han dejado en manos de Francia el trabajo más difícil con la esperanza de que no solo resuelva el problema, sino de que al hacerlo contribuya a disimular la nulidad europea. El Reino Unido, por su parte, aun cuando ha advertido que no se comprometerá en acciones de combate, sí ha reafirmado su compromiso con Francia y ha anunciado que enviará cerca de 250 hombres; es obvio que el ataque a la planta gasística de In Amenas, en Argelia, le ha inclinado hacia esta mayor implicación. Incluso Estados Unidos, con la instalación de una base de drones en el cercano Níger, tiene también un alto grado de compromiso en el asunto de Mali, en la crisis del Sahel.

En cuanto a España, que es lo que nos interesa, ¿cómo hemos respondido a esa pregunta? Es lamentable decirlo pero a nosotros nos parece que la respuesta hasta el momento ha sido decir que


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vamos a cubrir el expediente: nos sumamos a la misión y ayudamos un poco, ayudamos lo justo, lo que se nos pide, ni más ni menos; es decir, nos situamos en la indefinición. Creemos que no se corresponde con nuestro papel ni con el riesgo que corre nuestro país el aportar un avión Hércules y 50 hombres para la misión de entrenamiento de la Unión Europea. Creemos que España debería haber ido de la mano de Francia y nos da la impresión de que España carece de una estrategia a largo plazo para la zona de África Occidental y para el norte de África, no solo para enfrentarnos al terrorismo yihadista en Mali, no solo para hacer frente a la situación en el Sahel sino también en relación a todos esos países amigos que tan directamente están afectados por esta crisis: Argelia, Mauritania, Marruecos, el Sáhara.

Las reticencias de la Unión Europea se comprenden; no se justifican desde nuestro punto de vista pero se comprenden por la nefasta inercia de la política de seguridad común de los últimos años y por la divergencia de los intereses nacionales que con tanta frecuencia paraliza la acción europea. La acción francesa también tiene una lógica perfectamente comprensible. Pero la postura que nosotros no terminamos de entender precisamente, señores ministros, es la de España porque de facto estamos mucho más implicados de lo que se podría deducir por nuestra colaboración. Tal vez querríamos no estarlo, pero lo estamos. Desde un punto de vista geopolítico, nos marca la cercanía geográfica y nuestra estrecha relación con todos los países limítrofes con la zona de guerra. Esa cercanía geográfica precisamente es la que no resiste el análisis de la coherencia. Si fuimos a Afganistán a defendernos del terrorismo global allí, cuando surge un nuevo frente de guerra de este terrorismo global muchísimo más cerca no se comprende que no participemos al menos en la misma proporción. Tampoco se entiende desde el punto de vista del riesgo que esta situación significa para España. A nadie se le oculta que, después de Francia, España es el país que con más frecuencia es mencionado en los comunicados de Al Qaeda del Magreb islámico y en los delirios yihadistas ya es recurrente que se aluda a la recuperación de Ceuta y Melilla y a ese paraíso mítico de Al-Andalus, mítico para ese Islam radical. También nos afecta por la vía de la migración, porque todo el desplazamiento de población interna y externa nos va a afectar directamente, de hecho ya lo está haciendo, ya está aumentando la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y lo hará también sobre Canarias. Y aún hay otra razón para habernos implicado más en este conflicto, que es el Sáhara Occidental: España sigue siendo la potencia administradora de iure y por lo tanto seguimos teniendo una responsabilidad con los saharauis. Es sabido por todas las cancillerías europeas -tampoco hace falta ser un genio- que la frustración de los jóvenes saharauis respecto a su futuro como país y a su progreso personal, económico y social crea el caldo de cultivo idóneo para que estos jóvenes sin futuro puedan ser captados por los fanáticos que con sus verdades absolutas les ofrecen un objetivo vital; por triste que sea, consiguen darles un destino a esas vidas. Y por desgracia, si un Estado débil como Mali no ha sido capaz de afrontar esta amenaza terrorista, no es difícil imaginarse, si se extendiera el conflicto, las dificultades a las que se enfrentaría el Polisario, y prefiero obviar, señor ministro, para que no nos tache de catastrofistas, lo que significaría que salpicara en cualquier forma este conflicto al territorio del Sáhara Occidental.

Pues bien, pese a todos estos condicionantes que pesan sobre nuestro país, nos hemos implicado menos que el Reino Unido, cuyo primer ministro, para darle al asunto el fuste y el empaque que tiene, ha comparecido él personalmente, el primer ministro. Por cierto, quiero recordar que en la última autorización semejante a esta también fue el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, el que compareció aquí, el presidente del Gobierno en persona. Siendo su comparecencia en absoluto despreciable, señores ministros, creo que nosotros merecíamos también ese trato y que sobre todo la ciudadanía merece esa explicación por parte del presidente del Gobierno. Sabemos que el momento económico no facilita las decisiones que implican un gasto económico en este aspecto, pero también creemos que cuando hay claridad en la visión política se buscan las fórmulas para solucionar los problemas. La cuestión, señores ministros, es que finalmente cuando nosotros nos preguntamos si nuestro Gobierno va a tolerar ese Estado terrorista a 1.000 kilómetros de Europa, parece que estamos contestando como la Unión Europea que no, que preferiríamos no hacerlo, pero que también preferiríamos no involucrarnos demasiado. Hay ocasiones en que las circunstancias, los hechos, llaman a nuestra puerta con virulencia y no se puede, es negligente, hacer oídos sordos a esa llamada. España no puede eludir su geografía, no puede eludir su historia; en suma, no podemos eludir la realidad. Esa postura europea de inhibición es la que España está secundando. Si ustedes me dicen que no tiene sentido hacer seguidismo de Francia, que a su vez responde a sus propios intereses en la zona, lo acepto y aceptaríamos como razonable el negociar contrapartidas de carácter político a un mayor apoyo a la postura de Francia; aceptaríamos que buscáramos dentro de esa colaboración mayor una voz propia, por supuesto actuando en coordinación con ellos. Lo


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que no nos parece razonable es hacer un discurso en el que se enfatizan la amenaza y el riesgo que suponen estos grupos armados radicales y después no estar a la altura de esa retórica cuando se trata de tomar decisiones. Si comparamos, por ejemplo, la contribución que ha hecho un país como Bélgica, un país diminuto, con la contribución que ha hecho España, veremos que ha contribuido más que España. O un país como Dinamarca, también un país pequeño, resulta que ha contribuido casi lo mismo que España. Por tanto, a nosotros nos parece que nos estamos quedando cortos en este asunto.

Nuestro análisis sosegado de lo que puede ocurrir en los próximos meses no es halagüeño, como no lo es el que hacen la mayoría de los expertos. Es verdad -usted lo ha señalado y otros portavoces también- que las tropas francesas están llevando a cabo con rapidez y eficacia la toma del territorio y están obligando al repliegue, a la huída de los terroristas. Sin embargo, el objetivo del Estado Mayor francés es garantizar la integridad territorial de Mali y esto es justo lo más duro; lo más duro es lo que queda por hacer porque los terroristas están en sus santuarios del norte y de ahí será tan difícil echarlos como lo era expulsarlos de las cuevas de Afganistán. Y Francia todavía está dudando si esto lo tendrá que hacer sola, si solo contará con unas tropas africanas. En una reunión -contaba Le Monde- celebrada hace dos días en el Eliseo, los propios gobernantes franceses, los propios miembros del Gobierno se preguntaban si contarían con suficiente apoyo no solo de tropas africanas -que una parte de ellas, las malienses, aún tienen que ser formadas- sino hasta qué punto contaría con el apoyo de sus socios europeos. Nosotros creemos que en los próximos meses tenemos que estar preparados para una mayor implicación en este conflicto. Nuestra posición hoy es favorable a prestar esa autorización que el Gobierno solicita para esta misión, pero no nos engañamos con respecto al futuro. Se nos pide autorización para una misión exclusivamente de adiestramiento, que muy probablemente se complique y se modifique. Entonces, en un futuro no muy lejano habrá que cambiar la naturaleza de esa misión, porque habrá probablemente que llevar hombres para realizar otro tipo de tareas. Por tanto, el Grupo de Unión Progreso y Democracia presta su apoyo a esta misión en la confianza de que ustedes comparecerán de nuevo ante el Pleno de esta Cámara -no ante una Comisión sino ante el Pleno- para pedir una nueva autorización si las circunstancias lo requieren y si se produce ese cambio sustancial. No creemos que las palabras recogidas en el cuarto punto del acuerdo del Consejo de Ministros, que facultan al Ministro de Defensa a realizar -cito- los ajustes operativos necesarios en nuestra participación, le faculten para cambiar la naturaleza de la misión sin una nueva autorización de esta Cámara. Queremos dejar constancia de esta precisión para el futuro y nos gustaría que quedara también constancia de su compromiso en este sentido.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, señores ministros de Exteriores y de Defensa, señorías, es curioso que se cumpla precisamente este año 2013 un aniversario en unas circunstancias, no voy a decir iguales pero parecidas en esa zona geográfica del mundo. En 1893 se produjo la toma de Tombuctú por las tropas francesas, precisamente durante la colonización de esa parte de África; unas tropas francesas que iban acompañadas no por tropas de la Cedeao, evidentemente, sino por los famosos tiradores senegaleses para la conquista de la Curva del Níger. Hoy, con otras circunstancias, vemos a actores similares. Otras circunstancias evidentemente porque ha habido varias resoluciones de la ONU, la 2085 y su declaración, pero también la 2056 y la 2071, sobre la que volveré posteriormente porque aporta algunos elementos clave a la hora de enfrentar esta situación crítica. Y otras circunstancias porque se ha producido un avance islamista hacia el sur, pasando aquella frontera que en principio parece que no iban a rebasar. Pero Ansar Dine ha atacado hacia el sur y Francia toma una decisión. Lo ideal habría sido que Europa hubiera tomado la decisión y que hubiera sido algo coordinado desde el principio y no tener que coordinarlo a posteriori. Es algo que sucede evidentemente en la puerta de Europa, muy cerca del continente europeo, y es algo -la situación que se ha dado en el norte de Mali- que nos afecta: una base segura para movimientos terroristas, una zona en la que se producen movimientos de narcotráfico evidentes, una zona que se ha convertido en una base para secuestros y para acciones violentas.

Eso es así, pero tampoco nos confundamos, esto no se produce desde hace dos días, ni siquiera desde el comienzo del alzamiento en el norte de Mali, en Azawad, hace un año, esto está ocurriendo y está in crescendo desde hace dos décadas a la vista de todos, Gobiernos locales y Gobiernos de otros continentes, y en una zona en la que Europa ha invertido cantidades importantes. No estoy hablando ya de cada uno de los países, sino de la propia Unión Europea. Más de 1.200 millones de euros han sido


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destinados por la Unión Europea al Sahel en diferentes aspectos, algunos puros de cooperación, pero otros en el ámbito militar. Parece que formar ahora al ejército de Mali viene un poco tarde. Supongo que es necesario, y a eso se va a destinar la acción que nos está proponiendo el Gobierno. Sugeriría que esa formación al ejército de Mali no se limitase -y explicaré ahora mismo por qué- únicamente a la acción militar, los ejercicios tácticos, etcétera, sino que fuera también en derechos humanos y en los límites que un ejército debe mostrar. De las barbaridades de los grupos terroristas en todos los ámbitos tenemos noticias y yo también las afirmo aquí, pero de que se están produciendo situaciones preocupantes en estos momentos en el avance de las tropas malienses junto a las francesas también tenemos noticias. De hecho, incluso el ministro de Exteriores maliense ha aceptado que se han podido producir algunas ejecuciones sumarias no solo en la zona de Azawad, incluso en Mopti, en la zona sur, una etnia como la peul, los fulani, denuncia que se están produciendo continuamente detenciones de gente que no lleva documentación o de gente que simplemente tiene los rasgos físicos de esa etnia como posibles colaboradores de terroristas, y a partir de ahí no se sabe más de esa gente que es detenida. Hemos visto también en la entrada a Tombuctú cómo ha habido disturbios en la calle y cómo se han asaltado los comercios de árabes, de tuaregs, de personas que no tenían por qué estar involucradas con los terroristas pero que, sabiendo lo que podía suceder, simplemente han huido de la ciudad. No puede ser que el avance de las tropas siga dándose en esas circunstancias, y creo que lo ha reconocido hasta el mismo primer ministro Django, diciendo que hay que enviar observadores a la zona. Entiendo que en ese esfuerzo España debería contribuir en el envío de observadores y sobre todo en indicar a esa coalición tan amplia que se ha formado de Estados africanos, europeos y americanos, y con aportaciones incluso económicas de algunos asiáticos, que los derechos humanos son importantes.

Parece que la intervención responde a una lógica que no vamos a discutir, pero ¿qué hemos de hacer para que esa intervención sea realmente efectiva, para que lo que consiga sea erradicar las fuerzas radicales islamistas -AQMI, Mujao, incluso Ansar Dine, con las contradicciones que ya sabemos que tiene ese grupo-, erradicar la amenaza terrorista y volver a hacer del Sahel una zona más tranquila? Es cierto que los islamistas se están retirando, pero básicamente lo que están haciendo es eso, es retirarse. Ha habido combates, pero muchas de estas tropas, muchas de las unidades del AQMI y de Ansar Dine se están retirando a zonas remotas del propio Azawad. El norte de Mali tiene una extensión de 820.000 kilómetros cuadrados, más que España y media. Ahí van a seguir estando, y eso me va a llevar después a otro asunto. Además, tenemos un país sin Estado, porque convendrán que en Mali verdaderamente su estructura política institucional está más que tocada; un país que sufre un golpe de Estado -aparte de este ataque de la insurrección del norte- en marzo de 2012, en el que se pone un nuevo presidente, en vez de Touré a Traoré, con un primer ministro que es detenido por los militares y obligado a dimitir y Traoré obligado a nombrar a un miembro que había estado en el Fondo Monetario Internacional, a Sissoko, nuevo primer ministro. Cuando hablamos de elecciones el próximo junio tenemos que hablar también evidentemente de reforzar las estructuras del Estado, pero sabiendo que en estos momentos en Mali las estructuras del Estado se puede decir que no son nada. Si queremos verdaderamente ser efectivos en la desaparición de las organizaciones terroristas hay que ganar los corazones de la población. He dicho antes que se trata de un territorio de 820.000 kilómetros cuadrados, pero eso no quiere decir que esté deshabitado porque sea básicamente un territorio desértico. No es un territorio vacío, hay poblaciones, poblaciones que han estado en continuos enfrentamientos desde principios del siglo XX, con la colonización francesa en su momento y con el Mali independiente posteriormente, con cuatro rebeliones tuareg desde 1916, nada menos. Ayer el presidente de Burkina Faso, Compaoré, decía algo con lo que personalmente estoy absolutamente de acuerdo -traduzco del francés-: La operación franco-africana es un éxito, pero esto no es suficiente para una paz duradera en Mali, hace falta que los malienses continúen en el proceso de establecer un diálogo intermaliense a fin de tratar de esta crisis, que es fundamentalmente política; es así, en el terreno político, donde las batallas deben ser ganadas hoy en día. Estoy absolutamente de acuerdo, pero es que además la Resolución 2071 de Naciones Unidas habla de entablar negociaciones, de entablar el diálogo político con las fuerzas que representan a diversos intereses en el norte de Mali. Ahí tenemos, y hablé de ello también en Comisión, al MNLA, enfrentado y expulsado de Gao en su momento por el Mujao, pero enfrentado también a Ansar Dine, enfrentado al AQMI, con unos orígenes absolutamente laicos y que siempre ha hecho una llamada a la comunidad occidental para intentar abrir un diálogo y lazos de entendimiento. Ha señalado que no se va a enfrentar ni a las tropas francesas ni a las otras. El ministro de Exteriores ha dado una noticia que ha aparecido recientemente: la toma del aeropuerto de Kidal por


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las tropas francesas. Kidal en estos momentos, una vez que Ansar Dine ha salido, ha sido tomado precisamente por el MNLA y por un grupo escindido de Ansar Dine, por el MIA. Sabemos que Ansar Dine es un grupo complejo dentro de los conflictos intraétnicos tuaregs y por el liderazgo, y tanto el MIA como el MNLA han hecho la misma declaración de intentar abrir un diálogo con la coalición. Sabiendo que el ejército de Mali tiene cierto historial de agresión y de combate contra los árabes (contra los songhais, contra los tuaregs, los peul...), sería un error que esta ciudad, básicamente tuareg, fuera tomada por el ejército de Mali; no sé lo que sucederá en las próximas horas, pero sería un error que fuera tomada por el ejército de Mali, que fuera el ejército de Mali quien patrullara sus calles. Creo que hay una oportunidad para empezar a ganar esos bastiones en el norte del territorio. Sabemos lo que dice la resolución de la ONU, sabemos lo que dice acerca de la unidad territorial de Mali. Pero también tenemos una resolución que habla de la necesidad del diálogo y quizá sea este el momento de tender puentes a las fuerzas políticas del norte de Mali. Porque esperemos que la agenda francesa -espero que no- no sea la de la liquidación del MNLA con el pretexto de restablecer la integridad de Mali. Nos interesa un Sáhara estable. El señor ministro también ha anunciado que ayer el Parlamento maliense y el Gobierno trazaron una especie de agenda, una hoja de ruta para la reconciliación. Lamentablemente no se hace mención expresa al conflicto secular del norte. Yo espero que esto sea simplemente un detalle. Sí hace un llamamiento al diálogo. Si hay elecciones en junio es fundamental, es básico que las fuerzas políticas del norte también estén representadas. Quiero decir que si va a haber elecciones lo que no puede haber es restricciones en esas elecciones y creo que la coalición occidental y los países de la Cedeao -y ahora es el momento de ir trazando ese camino- deben crear las condiciones necesarias para que también las opciones políticas del norte de Mali estén presentes libremente en esas elecciones. Ese es el matiz que ponemos a nuestro apoyo -de otra manera incondicional-, el tema de cuidar derechos humanos y abrir el diálogo y que las opciones del norte puedan estar representadas en esa próxima, esperemos, disputa en términos electorales.

Dicho esto, señores ministros, yo quisiera también que no nos olvidáramos de algunos actores que también hay que aclarar, y voy terminando, señora presidenta. Uno es el papel que han jugado durante todos estos años algunos países, un papel de doble juego en el ámbito del Sahel. Hay algunos países que fomentan, subsidian actos culturales, patrocinan equipos de fútbol, se fotografían ampliamente con líderes de los gobiernos occidentales y sin embargo sospechosamente, al menos hay más que rumores sobre ello, han intervenido también en el rearme de algunos grupos yihadistas en esta área. No es normal que de pronto, no digo ya AQMI, sino Ansar Dine, tenga una cantidad de armamento tremendo y una cantidad de dinero tremenda que otras fuerzas no obtienen. Sí, ya sabemos que las armas vinieron de Libia, etcétera, pero hay un momento, una vez producida la independencia del norte, en el que determinados grupos reciben una cantidad de dinero y de apoyo logístico militar importantísima. Y eso tiene que salir de algún sitio. Y sabemos que hay algunos países implicados. Desde luego no vamos a solucionar el problema si no enfrentamos esta situación. Y espero que también impliquemos en la solución a Argelia, una Argelia que durante unos cuantos años ha tenido unas fronteras porosas para algunos y menos porosas para otros grupos políticos del norte de Mali, todos opuestos al Gobierno de Bamako. Pero más porosas para unos que para otros. Creo que eso también habrá que irlo clarificando.

Me alegro de que haya señalado que se va a apoyar el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para el Sahel. Porque claramente la política europea está demasiado atomizada: la que ponen los Estados miembros, la que pone...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban, tiene que ir finalizando.

El señor ESTEBAN BRAVO: Voy terminando, señora presidenta.

... acción exterior, la Dirección General de Desarrollo de la Comisión, la Dirección General de Ayuda al Desarrollo, delegaciones de la UE en el Sahel, los instrumentos, el Fondo de desarrollo europeo, instrumentos de estabilidad, las actividades de la política común de Seguridad y Defensa, todo eso tiene que ser coordinado.

Acabo, señora presidenta. Ahora comienza una época, unos meses en los que va a haber un riesgo serio de atentados y de secuestros probablemente, en los que las fuerzas yihadistas intentarán responder de esa manera. Debemos extremar la seguridad y creo que el Gobierno estará en ello. En resumen, nuestra posición es de apoyo, porque hay resoluciones de la ONU, porque efectivamente hay un peligro terrorista y desestabilizador, de narcotráfico y de secuestro claro en esa zona. Entendemos que la contribución es la que es; Dinamarca efectivamente aporta lo mismo, pero Dinamarca está en una situación


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infinitamente mejor. Quizá deberíamos empezar a replantearnos la situación de nuestras tropas en Líbano y la situación de nuestras tropas en Afganistán, redistribuir recursos y ver el gasto militar que se está haciendo. Pero se puede hacer lo que se puede hacer, y nuestro apoyo es condicionado, condicionado a que verdaderamente las acciones se hagan desde el punto de vista de los derechos humanos, y sobre todo a que se comience desde ya a tejer un diálogo con las fuerzas políticas del norte de Mali, porque entonces de verdad podremos establecer una estabilidad en la zona.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, nosotros no vamos a legitimar ni a apoyar esta operación militar española. ¿Por qué? En primer lugar, porque se nos está contando en términos de una operación de apoyo a los buenos y ataque a los malos que no corresponde con la realidad; la situación es mucho más compleja. Si bien es cierto que existe y ha existido una acción ofensiva por parte de Al Qaeda en el Magreb islámico, de yihadistas, que nosotros condenamos, sin duda, de gente que lapida, que corta manos, que asesina, y que quema bibliotecas con manuscritos medievales como la de Ahmed Baba en Tombuctú, nosotros no podemos dar apoyo a gente como esa, eso es evidente; pero también se aprovecha esta operación militar para meter en el mismo saco a otros pueblos como los peul, los songhai o los tuaregs de la zona. Después resulta que se da apoyo a un Estado en el cual gobiernan militares golpistas, militares que accedieron al poder con un golpe de Estado contra el parlamentarismo democrático, y que además se han dedicado durante unos cuantos meses -anteriormente también lo hacían pero ahora con más ahínco- a dar caza al diferente. Queremos destacar los sufrimientos que ha comportado para la población amazigh o tuareg sobre todo del norte de Mali, de la zona del desierto, que tuvieron incluso que proclamar el Estado de L'Azawad para protegerse contra las ofensivas del Ejército de Mali. Nos tememos que ahora esta operación con el empuje del Ejército francés, a la cual el Ejército español ahora quiere sumarse, produzca más sufrimiento entre esas gentes, gentes que han sido víctimas durante los últimos meses de todo tipo de violaciones, agresiones, torturas, muertes, etcétera. Nosotros estamos con el pueblo amazigh, entendemos que han sufrido bastante, y la operación militar nos ofrece muchas sombras de duda. No cuestionamos el mandato de Naciones Unidas, no cuestionamos el mandato de Naciones Unidas y es por eso que pedimos que se dé prioridad a la parte de ese mandato que pide que se produzca un diálogo con todos los pueblos y grupos contenidos en el Estado o la República de Mali; mientras eso no se haga, la función de los militares españoles allí no es clara.

En segundo lugar, hay otra cuestión que creo que debemos afrontar claramente, y es, como decía mi paisano Josep Pla, ¿esto quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Qué costará esta aventura? El ministro se ha referido a unos modestos 3,8 millones de euros. Para mí no son modestos, para otros quizá sí. Es el doble de lo que cuestan las legaciones y delegaciones catalanas en el extranjero. Y si este gasto del Ejército español es modesto, ¿por qué lo otro no lo es? ¿Por qué el Gobierno español ahora quiere hacer decretos para prohibir, censurar e incluso suprimir las representaciones catalanas en el extranjero, que cuestan la mitad de lo que supone este modesto gasto y que por lo tanto sería la mitad de modesto, modestísimo? Si una cosa es modesta, ¿por qué la otra no lo es? ¿Por qué una es excesiva y la otra no lo es? No lo vemos tan modesto, pero además es que no nos resulta creíble. Lo sentimos, pero no podemos dar crédito a lo que asegura el ministro cuando dice que estos 3,8 millones de euros salen de unas partidas que suman 14 millones de euros de mantenimiento de la paz en todo el mundo. ¿Eso incluye Afganistán, los costes en Líbano? ¿Incluye todo esto? No vemos cómo se va a pagar. Por otro lado, el ministro nos dice que es una función de apoyo logístico. ¿Se van a gastar 3,8 millones de euros en queroseno para los aviones Hércules? Desglósenoslo un poco porque no lo entendemos. No entendemos esa partida.

Después dicen que no mandarán tropas, que solo es apoyo logístico, pero también nos comenta que van a ser 50 instructores y 54 militares del Ejército del Aire. Si 104 militares sobre el terreno no son tropa, ¿qué son? El problema es que no le damos crédito, no nos lo creemos. Acabarán cargando todo eso al Fondo de contingencias, que ha de servir para otras cosas. Ya lo hicieron el año pasado con 753.085.624 euros cargados a dicho fondo, porque no bastaba con lo que estaba presupuestado para mantenimiento de la paz. Para el mantenimiento de la paz, para esas operaciones militares lo que hacen es cargar...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, tiene que finalizar. Ha terminado ya su tiempo.

El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ya.

Lo cargan al Fondo de contingencias, que es para otras cosas como terremotos, más un crédito de 1.700 millones de euros. No les podemos dar más crédito. No está claro a quiénes ayudan, contra quién luchan, para qué van sobre el terreno, con qué dinero, cómo se pagará y quién lo pagará. Lo único que vemos claro es su propensión a la guerra, a las hazañas bélicas y a hacer de Beau Geste en las dunas del desierto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señores ministros, señorías, las intervenciones e invasiones militares en terceros países producidas en los últimos años por parte sobre todo de Estados occidentales nos han demostrado a día de hoy su absoluta inutilidad; inutilidad para propiciar, en primer lugar, el camino hacia la democracia en los países intervenidos; inutilidad para erradicar el terrorismo -supuesto motivo principal de las intervenciones-; inutilidad a la hora de resolver los conflictos sociales, y lo que es más grave, inutilidad para mejorar la situación de la población civil en esos países.

El BNG no es partidario de la participación militar del Estado español en la ocupación de otros países, y creemos que este tipo de operaciones como la que ahora se desarrolla en Mali no se producen en función del establecimiento de un régimen democrático respetuoso y dialogante con todas las partes en conflicto, y desde luego no se basan en reconocer la soberanía de cada país, sino en otros objetivos muchas veces más cercanos a los intereses económicos y geoestratégicos de los países que llevan a cabo las actuaciones militares. En el caso de Mali, a pesar de la Resolución 2085 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de que esa resolución era específica al autorizar el envío de una fuerza internacional dirigida por la Unidad Africana, Francia, con importantes intereses estratégicos y vitales intereses económicos en la zona, tomó la iniciativa en solitario, provocando las críticas en Europa y también en África en contra de lo que califican de una nueva empresa neocolonial. El Estado español, igual que el resto de la Unión Europea, a pesar de haber acatado la resolución de Naciones Unidas, aplaudió la actuación de Francia e incluso ha ido más allá al tomar también la iniciativa unilateralmente -y antes de que este Congreso lo ratifique hoy- de enviar el avión que habían comprometido.

Señores ministros, Irak, Afganistán, Libia y otros muchos son ejemplos claros de que las intervenciones militares no trajeron la paz ni resolvieron tampoco las carencias democráticas existentes previamente que -sobra decirlo- el BNG reconoce y rechaza una vez más. La ciudadanía del Estado español fue muy clara en otras ocasiones respecto a las operaciones militares emprendidas por los distintos Gobiernos, y nunca respaldó las injerencias externas en otros países. También mostró su preocupación y su desacuerdo con el coste económico de esas operaciones. En este momento, más que nunca, resulta difícil seguir justificando recortes brutales en los servicios más básicos del llamado Estado del bienestar al tiempo que se destinan recursos a otra operación militar, que desde luego no nos saldrá gratis. El BNG nunca tuvo -ahora tampoco- vocación de gendarme internacional ni acredita supuestos órdenes impuestos y establecidos casi siempre por los más poderosos. Somos congruentes con la posición pacifista y antiimperialista tomada en otros momentos, con la posición mantenida otras veces en defensa de la democracia, de la soberanía de los pueblos, y sobre todo de los derechos humanos. Por estos motivos no vamos a legitimar ni a apoyar esta nueva intervención militar por parte del Estado español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores ministros, señorías, nos enfrentamos a un conflicto con más sombras que certezas, un conflicto que se ha ido fraguando ante la manifiesta pasividad de la comunidad internacional. Hoy lamentablemente las heridas están profundamente abiertas en un territorio, el Magreb islámico, en el que Al Qaeda ha ido ganando terreno aprovechándose de la extrema debilidad de países como Mali y del silencio de las principales potencias y de las organizaciones internacionales que deben velar por la paz en


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el mundo. Es cierto que tanto España como Francia trataron de alertar hace tres años a la comunidad internacional sobre lo que hoy es ya una evidencia, pero su intento en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea no encontró eco. Pese a las amenazas y chantajes que comenzaban a producirse en el Sahel, la diplomacia europea optó entonces por seguir dando la espalda a África. Ello ha provocado que la amenaza terrorista haya extendido sus tentáculos hasta la costa atlántica africana, y que represente un desafío sin precedentes en una zona que vive una profunda desestabilización. Una inestabilidad que requiere y exige una respuesta medida para evitar el sufrimiento de la población directamente afectada y que la inseguridad siga avanzando en el continente. Llegamos tarde una vez más a un conflicto en una zona subdesarrollada, pese a la relativa cercanía al continente europeo y en especial a Canarias.

Nos preocupa profundamente en Canarias cuál va a ser el desarrollo de un conflicto camaleónico del que apenas tenemos información, excepto aquella que conocemos a través de las crónicas de los medios de comunicación, medios que además han expresado sus quejas por la pasividad y por las barreras que se están estableciendo sobre el terreno para impedir que haya transparencia. El Gobierno de Canarias sigue con inquietud la evolución de los acontecimientos, y por ello remitió recientemente un escrito a la Presidencia del Gobierno de España solicitando al presidente que se abriera una línea de comunicación permanente en torno a la crisis de Mali, por las implicaciones que pudiera tener para las islas como territorio más cercano al conflicto. Canarias como recordarán votó en su momento en contra de la adhesión de España a la OTAN y existe un fuerte movimiento social e institucional para que siga siendo una plataforma internacional de paz. Además, como todos ustedes saben, se trata de uno de los principales destinos turísticos del planeta y uno de sus principales valores es la seguridad y la estabilidad. Por ello nos inquieta el avance de un conflicto que se ha ido extendiendo ante la falta de solidaridad mostrada por la inmensa mayoría de los países europeos, y por otra parte por el papel que pueda otorgarse a Canarias como plataforma en las operaciones militares. Nos tranquiliza que Europa haya despertado de su letargo y haya entendido que lo que sucede en el Sahel nos puede afectar directamente. África es nuestro continente vecino y tenemos que estrechar lazos que contribuyan a que exista una estabilidad común y que haya una mayor sinergia comercial, económica y de cooperación que fortalezca ambas partes y permita una prosperidad común.

El Sahel, como señalaban recientemente los exministros de Exteriores de España y Francia, no puede convertirse en el refugio del islamismo radical y de la violencia, porque de su estabilidad depende la seguridad europea y el progreso de los países de la región que no han contado con el respaldo de la Unión Europea cuando su situación era, más que una realidad previsible, una crónica anunciada. Esta crónica anunciada de la crisis del Sahel tiene su origen en gran parte en la falta de estabilidad y de cooperación en el norte de África y por la ausencia de un acuerdo argelino-marroquí para consolidar el Magreb unido. Hay que saludar que ante este conflicto por primera vez argelinos y marroquíes se encuentren en el mismo bando y apoyen la legítima intervención francesa.

Termino diciéndole a los señores ministros que nosotros somos un partido de Gobierno, tenemos sentido de Estado, y sabemos la importancia de las actuaciones de este operativo. Pero desde luego lo que no parece de recibo es que a día de hoy, veinte días después de que el presidente del Gobierno de Canarias haya solicitado a la Presidencia del Gobierno de España por escrito información directa, bien del presidente, bien de la vicepresidenta, bien de los ministros respectivos, por temas que ustedes saben que no son para hablar en público y dentro del sentido de relación institucional y de respeto que tiene que tener el Gobierno de España con una institución, en este caso como es el presidente del Gobierno de Canarias, que tiene interés en saber determinados aspectos, no haya obtenido respuesta. En ese sentido, ante la falta de información al Gobierno de Canarias y también a esta portavoz parlamentaria, en el mismo ámbito que ha habido en otras épocas cuando se avisaba y se daba información a los portavoces parlamentarios, nosotros hoy, los nacionalistas canarios nos vamos a abstener en el sentido de la responsabilidad de la intervención y esperando tener la información que corresponde tener al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por razones que ustedes entienden perfectamente.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular se congratula del amplio respaldo, del amplio consenso que el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero en relación con la crisis en Mali tiene en esta Cámara. No deja de llamar la atención y resultar


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paradójico que sea precisamente el Partido Socialista el que se haya manifestado en un sentido de mayor protagonismo y de mayor envío de unidades militares con mayor ardor guerrero. El Gobierno ha tomado la decisión que en estos momentos estimaba conveniente y que responde también a las posibilidades presupuestarias, pero como bien dice el acuerdo adoptado en el Consejo dependerá de los ajustes operativos necesarios.

Señorías, la crisis de Mali constituye una severa amenaza a la seguridad española y europea. El norte de Mali es a día de hoy el espacio más grande del mundo controlado por un grupo asociado a Al Qaeda, un área algo más grande que Francia y aproximadamente una vez y media España, 820.000 kilómetros cuadrados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sus declaraciones de 10 y 14 de enero señaló que los últimos acontecimientos y las actuaciones de los grupos yihadistas constituyen una directa amenaza contra la paz y la seguridad internacional.

También se incluyó entre las conclusiones a las que se llegó en el Consejo de Asuntos Extraordinarios de 17 de enero lo que significa esta amenaza para la paz en la región y para la paz también en otras regiones del mundo. El propio ministro García-Margallo en sus declaraciones a la salida el 17 de enero afirmaba que constituye una amenaza no solo para Mali y su región, sino también para Europa. Si los terroristas lograsen su objetivo de apoderarse de un Estado como Mali, el contagio y la destrucción en los países de las primaveras árabes serían de incalculables consecuencias. Nos situaría a los europeos, y en particular a los españoles, haciendo frontera con Al Qaeda. Por tanto es necesario contener el potencial contagio regional. Para ello el enfoque se está comenzando a plantear en la comunidad internacional como algo más amplio, incluyendo África occidental y el Magreb. El problema de Mali podría llegar a ser el de todo el Sahel y África central.

La onda expansiva provocada por el cambio de régimen en Libia y la implosión en Mali han contribuido a fortalecer estos grupos que están cada vez menos fragmentados, organizados en torno a una ideología, muy motivados y bien equipados con guerreros y armas provenientes especialmente de Libia, pero también de otros países. Además cuentan con importante financiación. Desde que en 2003 el Grupo Salafista de Predicación y Combate secuestró a treinta y dos turistas hasta ahora, extranjeros de diversas nacionalidades han sido secuestrados en Mauritania, Argelia, Túnez, Mali, Níger y Nigeria, contribuyendo a la financiación de grupos como AQMI o Mujao. La intervención militar no supone en absoluto agravar la nueva amenaza terrorista, ya que esta estaba latente muy previamente. La amenaza de atentados en Europa occidental de AQMI data de hecho de varios años atrás. Osama bin Laden ya había preparado la apertura de un frente africano desde el que planificar nuevos atentados, y para ello había ordenado al jefe de operaciones externas de Al Qaeda su traslado al norte de África. Este nuevo frente ha sido proclamado en diversas ocasiones como prioritario por su sucesor en Al Qaeda, Aymán al-Zawahirí. A pesar de que el objetivo principal de estas organizaciones, especialmente Mujao y Ansar Dine, está centrado en consolidar la yihad del norte de Mali, permanece latente la idea de AQMI: acción y yihadismo global dirigido desde África.

Es esencial que la intervención en la región tenga un enfoque interregional y sea liderado por las tropas africanas en un concepto como ha señalado en varias ocasiones la Unión Europea -y forma parte de la estrategia de la Unión Europea y también de Naciones Unidas- de apropiación regional. Es importante transmitir un mensaje claro de apoyo a los intereses africanos y un enfoque coherente para evitar la desconfianza de los países de la región o la asociación de ideas neocolonialistas. Es fundamental que Nigeria y Argelia, los dos principales actores en la región, formen parte activa en la acción militar.

La escalada de la crisis ha menguado la limitada capacidad de respuesta militar regional y nacional. Se calcula que el ejército maliense cuenta tan solo con apenas 8.000 efectivos. Para la Cedeao, para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, su capacidad militar tanto regional como nacional resulta insuficiente, y es por ello por lo que busca el apoyo internacional. Se ha hecho evidente que para que un enfoque regional sea viable es necesario que se involucren y coordinen todos los actores en torno a objetivos compartidos. Ese es el objetivo en estos momentos perseguido por la Unión Europea, por Naciones Unidas y en el que participa España.

¿Cuál es la posición de España, señorías? España debe cumplir con sus compromisos y las obligaciones de la comunidad internacional, y muy especialmente de la Unión Europea, defendiendo los valores que representa para la gobernanza democrática el Estado de derecho y la integridad territorial la amenaza que supone el debilitamiento del Estado, la presencia del Estado en Mali. Por ello España debe perseguir un debilitamiento de las fuerzas extremistas y el refuerzo de las capacidades de los Estados. Es muestra de la implicación de España la política de seguridad común de la Unión Europea. (El señor


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presidente ocupa la Presidencia). Estas obligaciones de nuestro país se sustentan fundamentalmente en las Resoluciones 2071 y 2085, aprobadas por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de las cuales se identifican las amenazas y se establece el marco de actuación que seguirá la comunidad internacional. Se aprueban, como es bien sabido, bajo la legalidad internacional, bajo el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas, la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión que regula el uso de la fuerza.

Hay que enfatizar que se trata de una región prioritaria para la política exterior española, con la que hemos consolidado en los últimos años una relación estratégica basada en la confianza mutua, la igualdad y el respeto a la soberanía, que se ha plasmado en el ámbito de la cooperación en países como Senegal, el Sahel y los países del Golfo de Guinea. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha sido para nuestro país una organización de referencia y con la que mantenemos una estrecha cooperación con el fin de promover la integración regional, la estabilidad democrática y el desarrollo económico y social de todos sus países miembros. Teniendo en cuenta que la estrategia de 2011 de la Unión Europea para el Sahel no ha tenido todo el éxito previsto a causa de otros motivos, de los acontecimientos sobrevenidos, y quizá por un excesivo énfasis en las estrategias de seguridad y desarrollo, es importante reforzar nuestro compromiso para una adaptación de esta estrategia de la Unión Europea a las realidades sobrevenidas en la región. Ha quedado demostrado que es necesario algo más que una capacidad blanda por parte de la Unión Europea, es necesaria una dimensión militar y de seguridad liderada con despliegue de Cedeao.

En cuanto a la legitimidad del Gobierno de Mali, criticada por algunos grupos de la Cámara, y en el marco de la estrategia de la Unión Europea y de Naciones Unidas, no cabe duda de que las autoridades de la transición de Mali deberán trabajar en la hoja de ruta con la participación de todos los actores implicados, incluyendo a aquellos grupos que acepten la unidad territorial del país y rechacen el terrorismo y la violencia. La frágil democracia de Mali con la que se recibió el golpe de Estado de marzo de 2012 era una democracia joven, con veinte años de antigüedad. La debilidad de las instituciones, la falta de experiencia del ejército, la fragmentación del país, y la situación económica y de pobreza han sido factores clave que han hecho posible el estallido de esta crisis, y sin duda habrá que atajar también esas razones de raíz.

¿Por qué España participa por tanto en esta acción militar? Además de los motivos que hacen necesario una acción rápida y decidida sobre este problema a nivel global las características de España hacen que nuestra cooperación estratégica sea esencial. Dados los lazos históricos y estratégicos con la región del Sahel nuestro compromiso tiene que ser sólido, sopesando nuestro alineamiento y nuestra respuesta adaptada a las circunstancias. Varias son las razones fundamentales que se deben tener en cuenta en la valoración de nuestra implicación exterior. Por un lado, la proximidad geográfica; somos el país de la Unión Europea que está más próximo a la zona y a Argelia, base originaria de AQMI; Tombuctú está a 2.200 kilómetros de la costa de Málaga y a 1.800 de las islas Canarias. Es además una región sin fronteras al uso y mantiene unas líneas divisorias entre países permeables y difusas que permiten los flujos de armas y combatientes entre ellos, que pueden moverse desde el Golfo de Guinea o Mauritania hasta Somalia, sin atravesar una frontera física. Como ha ocurrido con el fenómeno de las primaveras árabes, los países limítrofes pueden verse fuertemente afectados, fundamentalmente Mauritania y Níger, pero también Marruecos y Argelia, aunque especialmente preocupante para nosotros es el caso de Mauritania. Los yihadistas salafistas no tienen ningún sentimiento nacional ni reconocen fronteras, su único valor común y lo que les une es la profesión de una fe común radical. Prueba de ello han sido los ataques a la planta gasista en Argel o la adscripción a la causa de grupos provenientes de otros países, como es el caso de Boko Haram, en Nigeria. Por otro lado, como ya se ha señalado por otros grupos, hay que tener en cuenta el discurso hostil y violento que mantiene hacia España desde hace varios años. España es el segundo país de la Unión Europea que recibe mayores críticas de AQMI, solo por detrás de Francia; se hace referencia a recuperar Al-Andalus como parte de un nuevo califato panislámico o la ocupación de Ceuta y Melilla. La presencia que estas organizaciones yihadistas han mantenido en territorio español desde hace casi dos décadas añade todavía más a la situación de grave peligro para la seguridad nacional.

El problema de los secuestros y las amenazas viene asimismo también de lejos y constituye para estos grupos terroristas una importante fuente de financiación; en los últimos años se han beneficiado de más de 100 millones de dólares de los secuestros. La consolidación de una región estable contribuirá a mejorar el control de los flujos migratorios con el norte de África. Los intereses de España y de la Unión Europea en el Sahel, además de los comentados anteriormente, pasan por la seguridad energética de sus proveedores de energía, los gasoductos del Sáhara y proyectos comerciales asociados, el control de la emigración ilegal ya citado y de las amenazas que puedan surgir de los países vecinos.


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El Gobierno solicita la autorización a través de un Pleno extraordinario. Con la mayor celeridad posible ha comunicado en Pleno y no en Comisión el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y solicita autorización para este acuerdo, conforme al artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. El Gobierno se ajusta al mandato de Naciones Unidas, que exige preparar y apoyar a las fuerzas y a las autoridades africanas, pero no a intervenir directamente, y lo hace con el más estricto respeto y en el marco de la legalidad internacional y de sus obligaciones con respecto a la Unión Europea. La solución del problema de Mali pasa por la restauración de la integridad territorial, de la unidad nacional, de la soberanía de este país y del orden constitucional, y además de la estrategia militar, es sin duda fundamental que esta solución debe basarse también en los pilares humanitarios y de pleno respeto a los derechos humanos. La Unión Europea plantea una estrategia global que incluye un llamamiento a las autoridades de Mali a diseñar esa hoja de ruta y ponerla en marcha. El proceso de transición es fundamental, la implicación en este proyecto de los tuaregs malienses es esencial para el éxito de la estrategia y el futuro del país; se debe contar con todos aquellos que rechacen la violencia y reconozcan la soberanía nacional.

Por todo ello, por los motivos de seguridad estratégicos y humanitarios apuntados, este grupo parlamentario apoya plenamente la decisión del Gobierno de contribuir a la estabilización por parte de las fuerzas regionales malienses y francesas y, por tanto, a contribuir con las tropas y el avión de transporte que ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros. El Grupo Parlamentario Popular agradece el apoyo de los otros grupos, de acuerdo con lo que se ha apuntado en el debate parlamentario de esta mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Antes de continuar con el orden del día, quisiera aprovechar este momento para saludar a la presidenta de la Asamblea de la República de Portugal, doña Maria da Assunção Estéves, y a la delegación que le acompaña con el señor embajador de Portugal. Es un honor para nosotros tenerla de visita en esta Cámara. (Aplausos). Muchas gracias, señora presidenta.

¿Los ministros del Gobierno me piden la palabra? (Asentimiento). Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, señorías, puedo prometer y prometo que no tengo la menor intención de reabrir el debate, simplemente quiero contestar a las preguntas que me han sido formuladas por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, aunque solo sea por cortesía parlamentaria.

La portavoz del Grupo Socialista pregunta si la crisis pasó o no desapercibida para el Gobierno de España y para la Unión Europea. Ha leído el portavoz del Grupo Popular una de mis primeras intervenciones en enero, en la que alertaba de lo que estaba a punto de ocurrir en Mali. El presidente del Gobierno -ha sido aquí también citado- tuvo una intervención personal en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el grupo de contacto con Mali, en que alertó a la comunidad internacional de cuál era la percepción española sobre ese peligro. Como ministro de Asuntos Exteriores he estado en Mali, he visitado todos y cada uno de los países de la región y el día 10 de enero, el día anterior a que se produjese la intervención militar, el Gobierno, encabezado por su presidente, discutía la situación de Mali con nuestros homólogos argelinos, empezando por el presidente de la República, señor Bouteflika, que como usted sabe en la guerra de la independencia tenía su base en el propio Mali, por tanto, conocía bien el problema. El secretario de Acción Exterior acaba de regresar de Addis Abeba y ha estado en la región y en los órganos donde se ha discutido el tema de Mali prácticamente todos los meses.

Dice la portavoz socialista que es una operación francesa. Era una operación francesa hasta que el día 17 el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión respaldó la intervención de Francia, hizo suya la intervención francesa y estamos discutiendo cuáles son los medios que tenemos que aportar a ese tema. Dice que el Grupo Socialista hubiese tenido una actuación distinta, que hubiese hecho una aportación diferente. Me gustaría saber cuál. ¿Aportación de grupos de combate? ¿Suministro aéreo a los aviones en el aire? Es algo que podemos discutir puesto que esta operación está abierta, nuestra intervención no ha sido todavía fijada, dependerá de las necesidades que fije la alta representante y todos los países que vamos a participar para saber cuáles son las necesidades y cuáles son las aportaciones que se requiere de todos y cada uno de nosotros, pero eso tendremos ocasión de discutirlo a medida que vayan avanzando los acontecimientos. Sí tengo que despejarle una inquietud que como española le preocupa, y es que hayamos despertado algún recelo en nuestros aliados por nuestra lentitud. El ministro de Defensa tiene


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las cartas que han sido remitidas por todos nuestros colegas; yo tengo las que me han remitido a mí y hay una carta del presidente Hollande en la que felicita al presidente del Gobierno por la celeridad con que España respaldó política y diplomáticamente esta situación y por la celeridad, ya que después de que hubo un Consejo de Asuntos Exteriores en el que se nos fijó la estrategia y los medios, los aliados respondimos en términos de sobrevuelo, apoyo logístico, apoyo humanitario y cooperación.

Los objetivos son claros y creo que compartidos por su señoría. Se trata, en primer lugar, de restablecer la normalidad constitucional en el Gobierno de Bamako. Respecto a algunas observaciones que se han hecho -no por usted, pero sí por otros portavoces-, el presidente actual es un presidente legítimo, es un presidente transitorio y es un presidente que ha llamado a unas elecciones que se celebrarán antes de julio. Por tanto, el primer objetivo es la restauración del orden constitucional; en segundo lugar, la negociación con los grupos tuaregs que no sean violentos, que no sean yihdistas, que estén dispuestos a reconocer la integridad territorial de Mali y el carácter laico de la república, y en tercer lugar, como acertadamente ha señalado, la ayuda humanitaria a los desaparecidos internos y a los desplazados fuera.

Hace una alusión al tema del embajador. La embajadora fue cesada, fue relevada a petición propia. Tenemos ya embajador desde el día 11 y además el último Consejo de Ministros nombró un embajador en misión especial para hacerse cargo de la crisis del Sahel, que encabezará una célula de emergencia en la que estarán presentes todos los departamentos. Por tanto, no ha habido nunca un vacío; el encargado de negocios lo hizo muy bien mientras se produjo el relevo, pero tranquilícese, tenemos un magnífico embajador -lo he nombrado yo- y tenemos un embajador especial en materia del Sahel.

La ayuda humanitaria -es la última pregunta- no se ha interrumpido nunca y una vez que se haya aprobado la hoja de ruta discutiremos con nuestros socios europeos, aunque le anticipo ya mi posición, que es que inmediatamente se levante el bloqueo que se había dado, entendido que se dan las condiciones de orden legal para que eso se restablezca.

El señor Xuclà hace referencia a la situación en el Sahel. Comparto su análisis. El tema de Mali no se puede considerar aisladamente. No se puede olvidar que en Somalia hay otro grupo, Al Sabah, que conocemos muy bien, y otro grupo en Nigeria, Boko Haram, que podrían formar una constelación yihadista que pondría en riesgo todo África. Insisto, el presidente actual es un presidente legítimo. El primer ministro Sissoko es un hombre que destacó por su oposición a los golpistas militares. En todo caso, hemos abierto una hoja de ruta.

Coincido también sobre las amenazas que se ciernen sobre los países del sur del Mediterráneo. Lo hemos comprobado en Argelia; los terroristas que atacan en Argelia venían de Libia. Hay grupos extremistas infiltrados en prácticamente todos los países de la zona y la desestabilización de Túnez, Libia, Egipto, etcétera, podría crear un enorme vacío. Coincido asimismo en que el objetivo prioritario ahora es cerrar las fronteras, y preocupa especialmente a nuestros socios de la Unión Europea la frontera con Mauritania, porque es un país más frágil que los otros.

Respecto a la reconciliación, lo he dicho en mi primera intervención y lo repito ahora. Si no queremos que el conflicto se convierta en un conflicto étnico en el interior de Mali, hay que incorporar a los grupos tuaregs que renuncian a la violencia. No cabe duda de que el Movimiento Nacional de Liberación de L´Azawad es perfectamente incorporable a este objetivo. Es verdad que tuvo la tentación de reclamar en abril la independencia del Movimiento Nacional de Liberación de L´Azawad, pero se les ha recordado que en el derecho internacional el principio de la integridad territorial es el principio que prevalece. No ha habido ninguna duda en Naciones Unidas ni en la Unión Africana ni en la Cedeao ni en la Unión Europea. Ese movimiento secesionista se puede reconducir a una mayor participación en el Gobierno central y a una autonomía en L´Azawad, pero, eso sí, manteniendo la integridad territorial, que, como usted sabe, es un principio sacrosanto del derecho internacional, que solo tiene las excepciones que usted conoce: pueblos coloniales, pueblos ocupados militarmente y pueblos en los que los derechos de los ciudadanos sean ignorados. La segunda condición es que sería asumible -lo mismo vale para Ansar Dine- que la sharia fuese una de las fuentes del derecho, pero no la fuente del derecho. Eso ocurre en países tan laicos como Argelia, que vienen de una guerra de la independencia y de una guerra civil contra los movimientos islamistas.

Le preocupa a usted y al señor Bosch el anteproyecto de ley de acción exterior. La ley de acción exterior parte de una concepción, la distinción entre lo que es política internacional -relaciones entre Estados soberanos, que corresponde, de acuerdo con el artículo 149.1, al Estado y cuya conducción corresponde al Gobierno por el artículo 97- y lo que es acción exterior, que son actuaciones de muchos sujetos públicos y privados con competencias tasadas o sin competencias en el exterior, actuaciones que cada vez abarcan a


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más ámbitos -económico, educativo, cultural, deportivo, sanitario, etcétera- y cada vez utilizan más instrumentos. Ante esta proliferación, de lo que se trata es de coordinar y planificar para que la actuación sea ordenada. Créame, si la ley de acción exterior hace un esfuerzo es el de unir intereses, de unir sujetos, de respetar lo que a usted le preocupa, el tema de las comunidades autónomas. Hace tres cosas. En primer lugar, dice que las visitas de cualquier agente de acción exterior, desde el presidente de las Cortes al presidente del Poder Judicial, de los departamentos, comunidades autónomas y corporaciones locales, tengan la bondad de informar al Ministerio de Asuntos Exteriores, no para controlar ni tutelar, sino para ayudar. Como usted sabe -si no lo sabe, se lo digo yo-, cada vez que el presidente de la Generalitat ha hecho un viaje fuera ha tenido al embajador de España a pie de pista, que le había concertado las entrevistas y le ha acompañado para que su visita fuese útil y fructífera. El presidente de la Generalitat tuvo la bondad, cuando fue a Marruecos, de hablar conmigo para preguntarme qué era lo que estaba ocurriendo en la zona, cuál era la posición del Gobierno español respecto a los temas candentes, en concreto el Sahara occidental, y he de decir que tuvo una misión ejemplar. Se trata, por tanto, de conocer las visitas para mejor preparar, mejor ayudar y que los esfuerzos de todas las personas, de todos los entes que hagan acción exterior, incluidas las comunidades autónomas, sean mejores.

En materia de acción exterior, el anteproyecto reconoce dos cosas: el artículo 3 de la Constitución y el artículo 149.2. El artículo 3 habla del castellano y de las demás lenguas oficiales en España. En la acción educativa decimos que, previo convenio o protocolo con las comunidades autónomas, queremos poner todo el aparato del Estado, y las comunidades autónomas lo son, al servicio y difusión de las lenguas españolas -el castellano y las que no sean el castellano- de acuerdo con sus estatutos. Decimos también que ese mismo aparato deberá estar al servicio de la difusión, defensa y, en definitiva, conocimiento de lo que son las culturas de las distintas nacionalidades y regiones que integran España. En materia de oficinas de representaciones exteriores, la Ley de Acción Exterior parte, como no podría ser de otra manera, de la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de la Constitución y de los estatutos y reconoce el derecho de cualquier comunidad autónoma de poner en marcha las representaciones en el exterior que tenga a bien.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, como miembro del Ejecutivo usted puede hablar el tiempo que quiera y obviamente de los temas que quiera, pero este tema que está usted desarrollando no es exactamente la guerra en Mali (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bien!), con lo cual quiero decir a todos los grupos que este tema es muy interesante y que en la réplica los grupos podrán hablar también de este tema. Quiero que lo sepa usted.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, entre mis virtudes más acreditadas no está la contención verbal, pero yo respondo a lo que ha presentado el señor representante de Convergència i Unió y el señor Bosch.

Termino. Se trata de una invitación, que podrán aceptar o no, y no estamos pidiendo a las comunidades autónomas algo que España no esté dispuesta a hacer. España está dispuesta a integrar a sus funcionarios en las delegaciones de la Unión Europea y en las embajadas de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, donde no se justifique por razones de coste que tengamos una embajada, una representación, un consulado o una oficina técnica, entre otras cosas porque preferimos pagar ambulatorios que pagar representaciones en el exterior que estarían mejor en la Unión Europea.

El señor Centella ha hecho un discurso muy difícil de contestar. Yo no sé si dice que no debíamos haber intervenido y debíamos haber dejado que Gadafi siguiera ametrallando a la gente en Bengasi; no he entendido muy bien si de lo que se trata es de haber dejado a los que aplican la sharia que siguiesen cortando las manos o decapitando a la gente cuyos gustos no coincidiesen con los suyos. Ha dicho a continuación que el señor Sanogo sigue mandando; le acabo de decir que el presidente es un presidente legítimo y que el primer ministro Sissoko se caracterizó precisamente por su oposición al golpe. Su preocupación democrática yo la comparto desde hace mucho tiempo; no se preocupe, le he dicho anteriormente que va a haber unas elecciones vigiladas por la comunidad internacional que terminarán en un Estado de derecho. Lo de la renuncia a la guerra de la Constitución republicana de 1931 es una anhelo que todos compartiríamos, pero le quiero recordar que ese afán pacifista llevó en 1938 a que Hitler ocupase Checoslovaquia y a que en 1939 Ribbentrop y su amigo Molotov firmasen un pacto que permitió el desencadenamiento de la Guerra Mundial. Por tanto, yo no quiero la guerra, pero paz la justa cuando enfrente tienes a alguien que está dispuesto a la guerra. La estrategia del Sahel, no tengo que recordarlo, la conoce muy bien y sabe que agrupa todos los aspectos que usted dice.


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La señora Lozano me plantea temas muy interesantes como negociar con quién. Es obvio que el Movimiento Nacional de Liberación de L´Azawad es el candidato idóneo. Ansar Dine tendrá que decidir si quiere actuar con violencia o decide actuar pacíficamente, reconocer la integridad territorial de Mali y renunciar a la imposición de la sharia como única fuente del derecho, en cuyo caso sería bienvenida a la negociación.

Francia ha tomado la iniciativa en este tema, es un reparto de funciones normal en la Unión Europea. Francia tiene tropas en los alrededores de Malí. Tiene bases en Chad, tiene bases en Senegal, tiene bases en Burkina Faso, tiene bases en Níger y es obvio que Francia estaba mejor preparada por razones de proximidad para tomar la iniciativa inicial. Iniciativa inicial que entiendo, como he dicho anteriormente, que pasa a ser una intervención europea. No le gustan los medios que vamos a poner. Eso los pondrá el señor ministro de Defensa. Vamos a poner los medios que se necesiten, los medios que sean coherentes con nuestra situación y los medios que nos permita nuestra posición financiera.

Seguidismo. No se trata de seguidismo. En la Unión Europea es un vocabulario que ya no existe. Hay países que están más especializados en una zona que otros y los otros hacen bien en escuchar a los que más saben. Yo acabo de venir ahora de la reunión Celac-Unión Europea y le aseguro que el protagonismo de España ha sido mucho mayor que el protagonismo de Estonia o de Lituania por razones evidentes. Francia, insisto, conoce el tema y por tanto parece lógico que escuchemos con especial atención lo que tenga que decir la autoridad francesa.

El señor Esteban hace una reflexión interesante; 1893 era inmediatamente después del Congreso de Berlín, era el periodo de la hegemonía europea, y precisamente en Berlín los Estados europeos se reparten África. Eso acaba en 1945 con el mundo bipolar. Eso termina cuando a algunos se les cae encima el muro de Berlín y pasamos a un mundo multipolar en el que hay una distribución del trabajo y en eso es en lo que estamos en estos momentos. Refiriéndome ya a la segunda de las preocupaciones del señor Esteban, ha dicho que la operación estaba prevista para septiembre. Esas fueron las declaraciones de Prodi, es verdad, pero se precipitan los acontecimientos cuando Ansar Dine encabeza una ofensiva hacia el sur que podía haber acabado con Malí como Estado, o mejor dicho, que hubiese podido convertir a Malí en un Estado terrorista.

Al señor Bosch le responderá el señor ministro de Defensa respecto a cuál es el coste de la operación. Le he dicho anteriormente que ayer mismo, en la conferencia de Addis Abeba, se estimó que la ayuda a las fuerzas africanas de combate sería de 450 millones de dólares; es una estimación profesional. Habrá que ver qué es lo que nos toca a nosotros.

La señora Pérez habla de mantener la soberanía de los Estados. Si no se hubiese intervenido en Malí, la soberanía de Malí como Estado hubiese desaparecido. No la soberanía del Estado, hubiese desaparecido el Estado, que se hubiese convertido en un Estado terrorista.

Lamento que la señora Oramas anuncie su abstención en un caso que afecta a España pero que afecta singularmente a Canarias. Tomo nota de que Canarias votó en contra de la OTAN, no sé si como sujeto político único o que hubo más canarios en contra de la OTAN que a favor de la OTAN, no lo he entendido muy bien; en todo caso, las decisiones de la entrada, permanencia o salida de la OTAN pertenecen al único sujeto político soberano que en España existe: España y el pueblo español.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Defensa, ¿quiere intervenir?

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor presidente, solamente para dar algunos datos clarificatorios. La resolución 285 habla de solución africana, de Gobierno legítimo en Malí, de unidad territorial y de respeto a los derechos humanos. En cuanto a los tránsitos, antes del 16 de enero -el 18 se aprueba por el Consejo de Ministros lo que traemos aquí, las acciones que vamos a tomar- había habido ya dieciséis tránsitos franceses en España. Quiero decir que habían sido autorizados con la normativa anterior antes de que se aprobaran estas medidas. A partir del día 28 los vuelos diarios son cinco. El avión se puso a disposición del Gobierno francés en cuanto el ministro de Defensa francés, que me llamó personalmente, me lo pidió. Quiero decir que la reacción fue absolutamente inmediata. La cantidad -creo que es bueno aclararlo- de 3,8 millones de euros corresponde a quince meses de participación en la operación de formación, es decir, en lo que es EUTM en Mali sin contar el avión.

La frontera argelina, que se ha dicho aquí que afortunadamente estaba cerrada, es especialmente difícil de cerrar teniendo en cuenta su longitud. Hace unos días el ministro de Defensa argelino me decía que para cerrar normalmente esa frontera tendría que tener dos millones de hombres en el Ejército.


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Quiero clarificar este punto para que no se piense que es una frontera completamente estanca. EUTM Mali una de las misiones que tiene es formar a las Fuerzas Armadas de Mali en el derecho internacional comunitario, en la protección de los civiles y en los derechos humanos, que creo que era la preocupación de alguien que ha intervenido aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Dada la importancia de este debate, a los portavoces que me lo pidan les daré un turno de hasta cinco minutos. Les ruego, por favor, que no se superen.

Señora Valenciano.

La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Solo tres cosas al ministro de Asuntos Exteriores. Yo lo único que digo, en nombre de mi grupo, es que sus discursos, su preocupación completamente razonable y acertada sobre Mali y el Sahel no se corresponde con la política que ustedes desarrollan en el norte de África y también en el contexto de esta crisis. No se corresponde quiere decir que ustedes están haciendo menos política hacia África de la que se hacía anteriormente, en un momento en el que el norte de África es mucho más importante y nuestra seguridad está mucho más en riesgo. Fíjese si lo consideran importante que el portavoz del Partido Popular ha hablado -yo creo que con mucha razón- de que Al-Andalus, y así lo ha dicho un par de veces en la tribuna, es uno de los objetivos del terrorismo yihadista, que ha sido conocido por todos desde hace ya algunos años. Por tanto, la amenaza de la que estamos hablamos es una grandísima y lo que nosotros hemos dicho es que ustedes deberían volver a pensarse su política hacia África y que en esta crisis han estado lentos, nada más, pero vamos a apoyarles a ustedes en la petición que hacen a este Parlamento.

En segundo lugar, hemos insistido al presidente que no nos parecía adecuado que presentara usted aquí el anteproyecto de ley de acción exterior, que ninguno conocemos, salvo su artículo 3, que nos lo ha presentado esta mañana en la tribuna; artículo 3 del anteproyecto de ley, ha dicho usted, o 3.3, el que sea. No conocemos ni un solo papel de esta ley y no era oportuno presentarlo en esta tribuna.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valenciano.

Señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

También brevemente y desde el escaño haré dos consideraciones; una referida a la misión y a la eventualidad de un posible incremento de efectivos que se ha reclamado por parte de la coalición internacional. El debate no se agota hoy, creo que en su momento -algunos portavoces lo han planteado-, en el ámbito de la Comisión de Defensa, tendremos que afrontar no el informe de final de año sobre la presencia de las misiones del Ejército español en el exterior, sino también sobre algunos elementos relevantes que se han producido en las últimas semanas y en los últimos días como, por ejemplo, el anuncio del ministro de Defensa de la retirada de los efectivos de la misión Finul en el Líbano, que evidentemente requiere una evaluación y un debate en sede parlamentaria, y seguramente también una redistribución de esfuerzos, un análisis sobre si aquello que hizo Francia, que es avanzar un año la retirada de sus efectivos de la misión en Afganistán también lo debe evaluar el Ejecutivo español y también una eventual participación mayor en las misiones en esta zona, en la que creo que todos hemos coincidido sobre la importancia estratégica de la participación de España, de la participación del conjunto de los países de la Unión Europea, en eso que ya Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial definió como el vientre de la ballena, la zona más débil en Europa en cuanto a la posibilidad de desestabilización por parte de algunos grupos terroristas de base religiosa islamista radical que están germinando en el norte de África y en el Sahel de forma muy bien conectada.

Señor ministro de Asuntos Exteriores, sobre este anteproyecto de reforma del Servicio de Acción Exterior tenemos dos pequeñas entregas: una información periodística y una primera referencia, que le agradezco porque como mínimo ayuda a abrir el debate parlamentario y en algunos puntos quizá la discrepancia parlamentaria. Usted nos ha apuntado algunos elementos, una voluntad de coordinación y planificación, de unir sujetos en la acción exterior. No quiero prejuzgar pero conozco la tradición del Partido Popular durante este año y dos meses de Gobierno en materia de política autonómica, con lo cual permítame que, como mínimo, le presente algunas reservas a la espera del texto articulado y también a


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la espera no de una sensibilidad sino de la constatación de una realidad, señor ministro; tan cierto como el marco constitucional lo es el hecho de la mutación constitucional durante estos casi 35 años de régimen democrático. Es absolutamente cierto lo que usted ha dicho desde la tribuna, la Constitución española define que la política exterior es una competencia exclusiva del Gobierno. Afortunadamente durante los últimos años hemos parlamentarizado la acción exterior y hemos hecho compatible aquello que mandata la Constitución con lo que es lógico en 35 años de vida constitucional, que es la mutación y la adaptación del marco constitucional a la realidad. En esta mutación constitucional, señor ministro, hay una realidad muy viva y muy activa, que es la presencia de las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, en el exterior, en aras del servicio de las competencias propias de estas comunidades autónomas, entre las cuales hay una evidente dimensión de proyección económica, y en el caso de las comunidades con lengua propia también de fomento y proyección de la lengua y la cultura propias.

Señor ministro, en la información periodística que ha dado objeto al arranque de este pequeño subdebate -como diría el presidente de la Cámara, ya que este no era el objeto principal- había una referencia a la posible condicionalidad de las transferencias de fondos a las comunidades autónomas para el cumplimiento de los objetivos de nuestras políticas al cumplimiento de los criterios de la ley. Sería muy clarificador que usted confirmara o desmintiera esta información porque para nosotros es altamente inquietante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

También intervendré brevemente. Señor ministro, sobre Gadafi, lecciones de su grupo las justitas. Fue su partido y concretamente su compañero de Gobierno, el señor Ruiz-Gallardón, quien le dio la Medalla de oro, por cierto, con la ausencia del Grupo de Izquierda Unida; por tanto lecciones ninguna, porque la relación de Europa con Gadafi es la prueba más evidente de que son los intereses económicos los que priman en su política exterior. O usted no me ha escuchado bien o yo no me he expresado bien -será más fácil esto último ya que usted entiende bastante bien-, porque yo no he planteado que haya que dejar a su suerte a los seres humanos que sufren en Mali. Al contrario, lo que le he dicho es que de una vez por todas hay que acabar con el sufrimiento que provocan las guerras, una tras otra. Le he planteado claramente que desde el conflicto de Afganistán para acá se ha demostrado que con este método no se acaba con Al Qaeda sino que se le fortalece. Ustedes se empeñan. Le he dicho además que ustedes tienen una doble vara de medir para considerar terroristas en un sitio a quienes se oponen a sus intereses y luchador por la libertad a quien en otro sitio ríe las gracias a sus intereses, y no hablo de usted, hablo de occidente, para que no se sienta aludido directamente. También le he dicho que así no se acaba con Al Qaeda, y ese es el problema. Por eso le hemos planteado que si desde occidente mandásemos maestros y médicos a esos países seguramente hace tiempo que no existirían ni el problema de Libia ni mucho menos el problema de Mali. Ese es el problema de fondo que occidente no quiere resolver, evidentemente porque lo que priman son los intereses económicos y ese es el debate que nos mueve a nosotros. Por eso, entendemos que con esta guerra no se pretende ni más ni menos que seguir defendiendo unos intereses políticos, estratégicos y económicos de dominio del norte de África. De esta manera ustedes seguirán cambiando de aliado pero no resolviendo el problema real, que es acabar de verdad con el sufrimiento de millones de personas, desde el Sahara, que sigue ocupado, hasta Egipto, que sigue reclamando su verdadera liberación democrática. Efectivamente, hay que actuar en todo el norte de África, pero con esta guerra -vuelvo a repetir- no solamente no van a acabar con el sufrimiento sino que seguramente más pronto que tarde volveremos a reunirnos para que ustedes nos vuelvan a pedir intervenir en otra guerra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, quiero realizar una precisión que creo que sería objeto de un debate mucho más profundo sobre las limitaciones de las instituciones europeas pero que creo que es necesario hacer. Ha dicho usted, al mencionar la iniciativa que toma Francia unilateralmente el día 11 de enero y cómo después


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es la Unión Europea la que aprueba esa misión de adiestramiento en Mali, que es el reparto habitual de funciones en la Unión Europea. Ese es el problema, porque que sea habitual no quiere decir que esté bien hecho. El problema es que la Unión Europea tiene competencias en política de seguridad, tiene presupuesto, tiene una alta representante y parece que se especializa en estos comunicados que no pasan de la retórica, mientras que deja a las capitales nacionales el momento de la acción; por decirlo coloquialmente, es como si siguiéramos moviéndonos en términos del poli bueno, que quiere ser la Comisión o el Consejo a veces, y el poli malo, que es el papel que hacen las capitales europeas. Ese reparto de funciones entre los distintos países del que habla usted presume que tenemos que aceptar que Francia es el país que tiene preponderancia cuando se habla de asuntos de África y particularmente del norte de África, siendo como es España el único país que tiene una parte de su propio territorio en el continente africano y que hay ciudadanos de ese continente africano, como los saharauis, que han sido considerados ciudadanos españoles por el Tribunal Supremo. No entendemos que se tenga que hacer esta presunción de que cuando se habla de asuntos del Magreb, o en este caso del África Occidental, del Sahel, haya que admitir por defecto la hegemonía francesa.

En fin, al margen de estos comentarios, me interesa centrarme en la pregunta que ninguno de los dos ha contestado, a pesar de que en su segunda intervención usted mismo ha admitido que iríamos viendo cómo evoluciona la situación y, en función de eso, examinando cómo aplicar nuestras capacidades, cómo equilibrarlo con nuestra situación financiera, en suma de qué manera seguir participando en esa misión europea. Precisamente por eso le preguntaba en mi primera intervención si cuando se produzca ese cambio en la naturaleza de la misión vendrán al Pleno de la Cámara a pedir una nueva autorización, porque habrá un cambio de naturaleza, por tanto una nueva misión, y no lo harán en Comisión y quitándole al asunto el empaque que tiene. Esa era la pregunta más concreta que les he formulado y que me gustaría que contestaran.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Señor Bosch, tiene tres minutos.

El señor BOSCH I PASCUAL: Sí, muy brevemente.

No me quedan claros los detalles económicos. Al contrario, cada vez que habla el ministro me preocupa más. Parece ser que la operación en su conjunto es de más de 400 millones de euros, pero no sabemos qué asume el Gobierno español. Usted cita la cifra de 3,8 millones de euros pero después dice que eso solo atañe a la formación de las tropas y no incluye el flete aéreo del Hércules. Ya tienen planificados los vuelos que harán a diario; si lo saben ¿por qué no lo incluyen? ¿Por qué no nos explican exactamente qué es lo que se prevé en esta operación? Además -insisto-, eso ofrece un contraste grave con la acción exterior que antes comentábamos: a los catalanes, para hacer el amor en el mundo -el amor político- ni un céntimo, se nos niega todo, en cambio ustedes para hacer la guerra disponen de un pozo sin fondo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, creo que no entendió mi intervención; a lo mejor en un momento dado cuando tuvo que atender una llamada no la comprendió. La abstención que hacemos los nacionalistas canarios no tiene nada que ver con el tema de la OTAN. Le he dicho -estoy segura de que usted lo corregirá a partir de ahora- que la decisión es porque el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido, en el momento en que el Gobierno de España toma la decisión de la actuación de Mali, a la Presidencia del Gobierno información directa como presidente de Canarias de determinados aspectos del operativo de seguridad -este no es sitio para plantearlo-, y hasta la fecha ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ninguno de los ministros han dado respuesta a esa carta -repito- que ha enviado Paulino Rivero a la Presidencia del Gobierno. Tampoco parlamentariamente ni como portavoz del Grupo Mixto en el mes de enero he recibido llamada de nadie del Gobierno para hablar en su momento del dispositivo o de cualquier cuestión, como era normal y costumbre parlamentaria en este Congreso. Lo de la OTAN es, sencillamente, que en Canarias hay una sensibilidad especial y se votó de forma mayoritaria, pero ni lo voté ni tiene nada que ver con la abstención de mi grupo, Coalición Canaria.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Intervendré muy brevemente, señor presidente, únicamente quiero reiterar el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular a todos aquellos grupos que van a votar a favor de esta propuesta. También deseo realizar un muy obligado reconocimiento a las Fuerzas Armadas, en particular a las tropas que van a participar en esta misión, de nuevo arriesgando sus vidas -creo que es de absoluto merecimiento-, en el apoyo que van a prestar a esas familias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beneyto.

Señor ministro de Asuntos Exteriores.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señor presidente.

Señora Valenciano, la política respecto al norte de África, como por cierto la política respecto a América Latina, en general la política exterior es mucho más activa en este Gobierno que en el anterior. Hemos reanudado las reuniones de alto nivel con Marruecos y Argelia que, como usted sabe, tenían que ser anuales y no se habían celebrado. Fui el primer ministro de Exteriores occidental que visitó Egipto después de la revolución egipcia, el primero que visitó Libia después de establecido el nuevo Gobierno y he estado en Túnez. Créame que las relaciones con todos los países del norte de África son absolutamente ejemplares. No he propuesto en ningún momento la ley de acción exterior, la han planteado el señor Xuclà y el señor Bosch y me ha parecido de obligada corrección contestar a sus preguntas. Ya que estamos en este tema, vamos por el borrador número 25 del anteproyecto de ley exterior y los que te rondaré morena; sus noticias son atrasadas. En cuanto a la pregunta concreta que usted me hace es no. No se condiciona al cumplimiento de los objetivos de déficit. Es una idea que efectivamente se barajó, y me parece razonable que una comunidad autónoma que incumple sus objetivos de déficit empiece por limitar determinadas actuaciones que pueden parecer superfluas a otras. Como creo en la autonomía y será el Gobierno autónomo el que decida si sus prioridades son cerrar ambulatorios, cerrar televisiones o representaciones en el exterior, el Gobierno autónomo decidirá. Lo único que hacemos es reiterarle la invitación para que pueda desarrollar sus funciones de representación en términos más económicos y singularmente más eficaces, puesto que tendrá todo el aparato de expertos a su servicio. Se trata de servir a las comunidades autónomas, de coordinar y de planificar.

Señor Centella, todos tenemos errores. Acabo de enterarme de que mi compañero Alberto Ruiz-Gallardón en su reencarnación anterior -entiendo- concedió una medalla a Gadafi, pero su partido no hace tanto tiempo consideraba al camarada Stalin como el padre de todas las patrias. Los dos nos hemos arrepentido de esas cosas. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Qué malo!-Rumores). Señora Lozano, es evidente que el reparto de funciones responde a un reparto de conocimientos. Parece lógico que mis compañeros del norte de Europa me pregunten sobre lo que opino de la posición común respecto a Paraguay o respecto a Cuba y que yo le pregunte a Francia respecto a Mali. Como he dicho, ellos tienen las tropas más cercanas y parece que la primera intervención solo por razones operativas y circunstancias de hecho le correspondía a Francia. Nosotros no tenemos bases en Chad, no tenemos bases en Burkina, etcétera. Eso es un hecho. Como decía el camarada Lenin -ya que estamos en la historia-, solo los necios discuten los hechos. Eso se ha producido así, ahora intervendremos en lo que nos toque. No quiero ser un necio y discutirle a Francia que está más cerca que yo, mejor dicho que el ministro de Defensa, que es el que se ocupa de estos menesteres militares en Mali.

El señor Bosch no ha añadido nada nuevo. Insisto, no se trata de limitar, no se trata de controlar, no se trata de tutelar, sino de planificar, coordinar y potenciar esfuerzos. Quiero hacer una puntualización: todas las representaciones en el exterior de España están al servicio de toda España, incluida Cataluña. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores.

Señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Intervengo muy brevemente para decir que yo he informado ya en Comisión sobre la situación de la operación Finul en el Líbano en dos ocasiones. He dicho lo que se iba a hacer en el año 2012, que se ha hecho, la salida de prácticamente 600 militares de


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allí, así como el proceso que queremos seguir en el futuro. Por tanto, ya lo he explicado y además dos veces durante el año pasado y en la comparecencia del día 27 de diciembre. La hegemonía francesa en la zona africana del África del Oeste es un hecho, como decía el ministro de Asuntos Exteriores, con el que tenemos que convivir. Francia ha actuado allí directamente porque ha sido solicitada para hacerlo por el Gobierno de Mali, y ha pedido ayuda en el camino y se le ha prestado. Es decir, la iniciativa solo podía ser de Francia. El coste del Hércules dependerá de la utilización de los vuelos que hagan del avión. Lo que le puedo decir ahora es lo que le he dicho. Lo que sabemos que es EUTM Mali son los 3,2 millones de euros, que es la fase de formación por quince meses. Lo que cueste el avión dependerá del uso que se haga en cada momento del mismo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.

- REAL DECRETO-LEY 29/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEJORA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL. (Número de expediente 130/000030).

El señor PRESIDENTE: Vamos a examinar el siguiente punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Para presentar este real decreto-ley tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, presento hoy ante la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Como sus señorías conocen, cuando concluyó el proceso de integración del sistema especial de empleados de hogar en el régimen general que tuvo lugar el año pasado, realizamos una evaluación de la que informamos ya a sus señoría con el correspondiente informe en el Pacto de Toledo. Este documento evidenció que, tras el proceso de integración de regímenes, se produjo un incremento del número de empleados de hogar afiliados, concretamente en un 28,3 % respecto a enero-julio de 2011, sin embargo no supuso una mayor recaudación para el sistema. De hecho, la recaudación descendió un 3,95 % respecto al periodo enero-julio de 2011. En cifras reales, señorías, en 2012, una vez llevada a cabo esa integración del régimen especial de empleados de hogar, se han obtenido 501 millones de euros, 1,8 millones de euros menos que el año 2011, y esto a pesar de haberse incorporado 118.807 afiliados más en dicho periodo y contando también con la recaudación por contingencias profesionales de la que se carecía en años anteriores. Esos, señoría, son los datos, pero la deficiencias detectadas no afectan únicamente a la evolución de los ingresos. No es solo una cuestión de números o de cuentas, sino que lo que de verdad muestra este balance es un deterioro de las bases de cotización. En concreto, la reducción media por persona es de un 30 %. Señorías, lo saben ustedes muy bien, porque miramos a las personas que están detrás de las cifras, hacemos también hoy este análisis y presentamos este real decreto, ya que, como sus señorías saben, a menor contribución a la Seguridad Social, menor cobertura social y menores prestaciones para el futuro. Estos resultados, como digo, fueron objeto de estudio en el Pacto de Toledo, y las propuestas para mejorar ese traspaso de los trabajadores domésticos al régimen general cosecharon un alto nivel de acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Señorías, de verdad, agradezco sinceramente el debate constructivo y las propuestas y aportaciones que realizaron todos los grupos.

La reforma mejorada que hoy se convalida recoge gran parte de esas preocupaciones de sus señorías, porque en una cosa estamos todos de acuerdo, hay que incrementar el número de afiliados -cuanto más, mejor- pero nunca en detrimento de la calidad, de sus prestaciones, ni del sistema. Siempre que se reforma un sistema se espera, lógicamente, que este funcione mejor desde un punto de vista de gestión. El análisis de la evaluación del proceso de integración puso de manifiesto que la nueva regulación había empeorado el sistema desde el punto de vista de la gestión. Por ello decidimos simplificar la gestión y equilibrar las bases de cotización en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, estableciendo una


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nueva escala de cotización con un número menor de tramos que la inicialmente fijada. Entre las novedades incorporadas en este real decreto destaca especialmente la consideración de sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, de altas y bajas, variaciones de datos, así como de cotización y recaudación, a aquellas personas que presten sus servicios durante un tiempo inferior a sesenta horas mensuales por hogar familiar y lo acuerden además con sus respectivos empleadores. Entendemos que es razonable hacerlo, que esta acción favorecerá un mejor funcionamiento del sistema, mejorará la gestión de la que hablábamos antes y evitará que las fallas de operatividad que suponen los modelos de gestión excesivamente rígidos perjudiquen el mantenimiento y la creación de empleo en el sector. En el mismo sentido y bajo los mismos supuestos, los empleados de hogar pasarán a ser los responsables de la liquidación e ingreso de la totalidad de la cotización correspondiente a los mismos, tanto de las aportaciones propias como de las relativas a los empleadores a los que presten sus servicios. Creemos sinceramente que estas modificaciones van a servir para dar un impulso a la afiliación y para agilizar, facilitar la realización de tales actuaciones cuando las tareas domésticas se realicen durante un escaso número de horas por semana. Asimismo, se incorporan a través de este real decreto los nuevos límites para la percepción de los complementos por mínimos en sus distintas modalidades, según quedaron tras el incremento de pensiones contemplado en el Real Decreto de 30 de noviembre de 2011. Como recordarán sus señorías, dicho decreto establecía para el próximo año, para este año, un incremento del 2 % de las pensiones que no superen los 1.000 euros y un incremento del 1 % para el resto. Señorías, mediante este decreto hemos querido evitar el denominado técnicamente efecto escalón, que se podría haber producido en relación con las pensiones de cuantías próximas a los 1.000 euros mensuales, por ello incluimos normas específicas para el incremento de estas cuantías por tramos. Se trata, por tanto, de una subida que supone un incremento para 2013 del 1 % de carácter general y que será de un 2 % para todas aquellas pensiones que bien no superen los 1.000 euros mensuales, bien no superen 14.000 euros en cómputo anual.

Señorías, estamos hablando de cuestiones de índole técnica pero que tienen que ver con el pacto entre generaciones más relevante de nuestro país, un pacto entre quienes ya están jubilados y tantos millones de personas que se incorporarán en el futuro al sistema. Ello supone llevar a cabo continuos ajustes y reflexiones que nos permitan dar solidez y sostenibilidad al sistema, así como garantizar la legítima expectativa de quienes aún no se han incorporado al mismo. Ello implica además que nos tomemos en serio las presiones demográficas y financieras que soporta el sistema de pensiones y no posponer irresponsablemente el debate público sobre la sostenibilidad del sistema. Por el contrario, si queremos tomarnos en serio la viabilidad futura del sistema, es importante abordar tanto la desincentivación de las jubilaciones anticipadas como la permanencia de los trabajadores de mayor edad en la actividad laboral o profesional por voluntad propia. Esa es la razón por la que en este momento se están debatiendo en el Pacto de Toledo diferentes propuestas de mejora para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y por la que entendemos que era conveniente proceder a la suspensión de la entrada en vigor de lo previsto en la Ley 27/2011 respecto a esta materia.

Señorías, en otro orden de cosas también era preciso aclarar el sentido de la norma en relación con los límites de edad aplicables a las pensiones de orfandad de personas con discapacidad. Por ello el real decreto-ley que sometemos a debate posibilita que los casos de huérfanos con discapacidad superior al 33 % se sigan considerando y equiparando a situaciones de orfandad absoluta. Esto significará que el límite para acceder a pensiones de orfandad en estos casos se alargará hasta los 25 años, con independencia de que le sobreviva o no alguno de sus progenitores, porque es nuestra obligación y también el deseo por todos compartido de mejorar la legislación para mejorar la protección de personas que tienen alguna discapacidad, que sean jóvenes y que además hayan perdido a alguno de sus progenitores o a los dos a la vez.

Otra de las modificaciones que hoy sometemos a convalidación se refiere a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el RETA. El real decreto establece mejoras en la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general con objeto de facilitar la permanencia en el régimen especial agrario de aquellas personas que tienen importantes periodos de inactividad, así como flexibilizar los criterios de acceso al mismo. Finalmente, por lo que respecta a las medidas del ámbito de empleo y Seguridad Social, el real decreto mantiene la posibilidad que establecimos ya en 2012 de que las comunidades autónomas financien parte de las acciones de fomento de empleo con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo. Así, en el ejercicio presente, en 2013, con carácter excepcional y previo informe del Servicio Público de Empleo


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Estatal se podrá aplicar hasta un máximo del 20 % de los fondos que inicialmente se vayan a destinar a financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados y los programas públicos de empleo y formación a la realización de acciones de fomento del empleo. Dichas acciones se podrán financiar siempre que estén incluidas en el Plan anual de políticas de empleo y que en las mismas participen personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Tomamos esta medida por el compromiso de este Gobierno de hacer todo lo que esté en nuestra mano por mejorar las políticas y las herramientas destinadas al mantenimiento y a la creación de empleo.

Señorías, estas son las medidas que se someten hoy a convalidación en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Junto a estas hay otras medidas en el real decreto que, como sus señorías conocen por el Boletín Oficial del Estado, corresponden al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En definitiva, señorías, nuestra obligación es lograr que funcionen mejor las cosas, las pequeñas pero también las grandes. Se trata de seguir adelante con un proceso normativo que se sitúa en paralelo, tomando diversas decisiones que pretenden realizar mejoras o ajustes de las normas en vigor, pero también otras que se hacen para llevar a cabo un proceso de reflexión que considero fundamental para garantizar cuestiones tan importantes en nuestro país en este momento como es la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Quiero decir además, señorías, que el consenso que podamos lograr en estos puntos será muy valioso, y estoy segura de que sobre todo servirá, y es lo más importante, para dar tranquilidad a muchos españoles. Son tiempos de hacer las cosas bien, con la máxima celeridad y capacidad resolutiva, alejados de protagonismos y con toda la humildad y eficiencia que los ciudadanos esperan de nosotros. Les llamo al consenso, al debate y a la reflexión; todo ello sin duda beneficiará a miles de españoles que esperan lo mejor de nosotros. Por eso, señorías, presento este real decreto a convalidación de la Cámara y espero que cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos esta mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentarios Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo va a votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley. Este real decreto modifica la regulación relativa a la integración de empleadas de hogar en el régimen general, que empezó el 1 de julio del año pasado. Por lo tanto, estamos hoy cuestionando aquí un proceso que es calificado de éxito por el propio informe que mencionaba la ministra, porque había 100.000 trabajadoras más en este sector. Señorías, tenemos un dato de afiliación en 2012 en el régimen general según el cual hay 787.240 cotizantes menos, el peor dato de los últimos cuatro años, pero los datos de empleadas de hogar evidentemente han tenido una subida espectacular. Es verdad que había problemas, sin ninguna duda. Nosotros no veíamos el tema de los tramos por una sencilla razón, porque la justificación era que 18 tramos son muchos. Pues en el régimen general hay más de 10 millones de tramos, porque cada uno de nosotros cotiza exactamente con la cantidad que gana a final de mes, y no hay ningún problema. Al coger y alterar los tramos se genera un problema que es el siguiente. Según los tramos de horas, por ejemplo, para el que tenía la base de cotización que contemplaba la ley en hasta 172 euros al mes, el que contrataba tenía que pagar 86 euros, y a partir de esta reforma, señora ministra, son 147,86. Es decir, que lo hemos encarecido para la persona que contrata y tenemos que tener en cuenta que aquí quienes contratan son familias. Otra cuestión era que hubieran quedado trabajadoras descolgadas del sistema porque no consiguieron que su empleador les diera de alta. Pero repito, señorías, la integración fue un éxito y 100.000 cotizantes más creo que así lo demuestran. En este sector también hay que tener en cuenta que el Gobierno haya dado de baja a las cuidadoras de la dependencia que tenía dadas de alta en la Seguridad Social, porque también se tiene que notar. En resumen, creemos que ha sido una reforma precipitada y aunque podíamos haber alcanzado un consenso total, solo tuvimos un consenso parcial y nunca entendimos las prisas para llevar adelante estas modificaciones.

Este real decreto suspende el derecho a la revalorización de las pensiones porque usted habla de subir un 1 % a las de más de 1.000 euros y un 2 % a las de menos de 2.000 euros, pero lo que no dice es que eso anula el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social que le garantiza como derecho al pensionista la subida en función del IPC. Lo que hacen ustedes aquí es aplicar graciosamente un 1 % o un 2 %, pero le quitan automáticamente la revalorización porque si el IPC ha superado el 2 % a 30 de noviembre estas


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pensiones de nuevo se quedarán sin ninguna actualización; es más, tampoco se incrementará la pensión hacia el año 2014, por lo que estamos hablando de pérdidas importantes para los pensionistas.

Pero este decreto también rompe el acuerdo económico y social al suspender algunos artículos y traer propuestas para modificar la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Yo le recuerdo que este decreto acaba con una ley fruto de un consenso, y uno de los objetivos del acuerdo con los agentes sociales era garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, a través de las reformas que garanticen su papel fundamental en el Estado del bienestar. La Ley 27 ya es garantía de sostenibilidad del sistema hacia el futuro, ya estaban en ella las medidas para garantizar ese futuro. La situación a la que nos ha llevado la reforma laboral ha generado un problema en los ingresos, y tendremos que hablar de ingresos, pero no de disminuir los gastos, que es lo que están haciendo ustedes con este decreto, disminuir los gastos y poner encima de la mesa medidas para ello.

El capítulo III constituye la prueba notarial del fracaso político del ministro de Industria, señor Soria, que de la lucha contra el déficit tarifario hizo norma de conducta gubernamental única y que después de cuatro reales decretos-leyes y una ley ha imposibilitado que el déficit tarifario que preveía la ley para 2012 estuviera por debajo de 1.500 millones. Al final se ha ido a 5.000 millones. Esto quiere decir que por esa medida han tenido que meter este capítulo III en este real decreto que habla sobre todo de Seguridad Social y empleo.

Yendo a las pensiones tendríamos que decir que este decreto-ley consagra lo que ya empezó el anterior decreto de 30 de noviembre. Acaba liquidando a los pensionistas su derecho a la revalorización y la actualización. Ustedes de nuevo han anulado a los pensionistas el derecho a la actualización no solo para el año 2012, sino para 2013 y para 2014. Todas estas medidas están empobreciendo a nuestros pensionistas en un momento en que el 45 % de los pensionistas están aguantando la familia, están dando soporte a los hijos y a los nietos, y en un momento de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, si no fuera por el sostén que son las pensiones, no estaríamos aguantando la crisis como lo estamos haciendo y como la están aguantando las familias. Por eso no podemos estar a favor de este decreto, que va mermando los ingresos a los pensionistas.

Además ustedes están justificando todo con arreglo a la pérdida de las cotizaciones sociales. Pues bien, señorías, es su reforma. Deroguen la reforma. Siéntense con los agentes sociales, deroguen la reforma y verán que las cotizaciones empezarán a tener otro nivel. Se está despidiendo masivamente a la gente, se les está rebajando el salario hasta un 25 % en distintos niveles, y todo eso tiene efecto en las cotizaciones a la Seguridad Social: 850.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2012, 200.000 más de los que preveía el Gobierno. Creo que es como para sentarse y derogar la reforma laboral y empezar a negociar con los agentes sociales un acuerdo por el empleo, también en la línea que le proponía el secretario general de mi grupo parlamentario.

Además, ustedes nos tienen acostumbrados a meternos cuñitas en los decretos que generan una gran pérdida para los trabajadores. Por ejemplo, hasta ahora cuando una pensión quedaba por debajo de la pensión mínima era la misma Seguridad Social la que le mandaba al trabajador, al jubilado, su pensión más su complemento para que llegara a la mínima. Ahora ustedes lo eliminan, es el jubilado el que tiene que reclamar la diferencia que le pueda corresponder de complemento a mínimo. ¿Se imaginan cuántas viudas que tienen pensión del sector del campo cuando reciban su pensión de 300 euros sin el complemento se van a enterar que lo tienen que reclamar? (Aplausos). ¿Cuántas se van a quedar sin ese complemento? Estamos hablando, señorías, de que en la pensión de viudedad la mayoría es el prototipo mayor de 73 años, mujer y que no tiene pensión propia. Pues bien, a todas esas viudas que les pueda tocar una pensión mínima con complemento a mínimos, ustedes, de un golpe, les han quitado la posibilidad. El que no se entere, no cobrará el complemento a mínimos. ¡Qué le vamos a hacer! Repito, creo que es una barbaridad, lo hacen en la misma línea que hicieron lo de cubrir las lagunas, que también fue una rebaja de pensión por la puerta de atrás.

Por lo que se refiere a la prórroga de 2013 de financiación de las acciones de fomento del empleo de las comunidades autónomas, lo que estamos haciendo aquí es que el Gobierno ha dejado su obligación de financiar las políticas activas de empleo. La partida destinada a las políticas activas de empleo ha bajado un 50 % con respecto al año 2011 y el Estado no realiza ninguna aportación a la formación profesional, nutriéndose toda exclusivamente de la partida de las cotizaciones de los trabajadores. Eso, señorías, en un momento en el que estamos peor que nunca en el dato de parados de este país, estamos hablando de 6 millones de parados y estamos hablando de que el Gobierno no hace aportación a la formación profesional.


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Yendo al otro apartado, el de las eléctricas, la actuación del señor ministro de Industria en esta materia a lo largo del primer año de responsabilidad constituye una cadena de despropósitos que van a hacer historia, tal como ha manifestado el secretario de Estado de Energía, don Alberto Nadal, que ha calificado 2012 como año perdido para esta materia. Se ha hecho perder a los españoles y a toda la industria española estas oportunidades. Pero la reforma laboral rebaja los salarios y he de decirle que en el coste de las empresas es mucho más importante el tema energético que los costes salariales. El sector del automóvil tiene unos costes salariales del 7 %, fíjese el resto de costes, y en el sector de la siderurgia los tienen del 10 %. Por lo tanto, la energía es mucho más importante para las industrias incluso que los costes salariales. El señor ministro se ha dedicado a hacer un recorrido que evidentemente se ha demostrado que no ha servido absolutamente para nada. Un real-decreto ley el 1 de 2012, otro Real decreto-ley el 13 de 2012, un real decreto-ley el 20 de 2012, una ley el 15 de 2012, sin mencionar el coste que ha supuesto todo esto a los ciudadanos en el incremento de su factura de luz. Resulta incomprensible que en un país como el nuestro, reconocido mundialmente -mundialmente, no solo a nivel europeo- por el desarrollo de las energías renovables, tengamos un Gobierno dedicado a crear incertidumbre regulatoria vulnerando la seguridad jurídica y frenando dentro y fuera de nuestras fronteras el desarrollo de las energías renovables.

Para terminar, señorías, solo me resta decirles que desde que han llegado al Gobierno no han dejado títere con cabeza, ¡es que lo han puesto todo patas arriba! Han cambiado el modelo de relaciones laborales convirtiendo al empresario en amo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López, tiene que ir finalizando.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta.

Han facilitado y abaratado el despido, han atacado frontalmente el sistema público de salud, el de sanidad. Nunca en nuestro país se había hecho negocio ni con la sanidad ni con la protección social, y ustedes están introduciendo reformas para que la sanidad y las pensiones sustituyan al negocio del ladrillo que ha fracasado en nuestro país. Miren, señores del PP, lamento decirles que su Gobierno es la termita del Estado del bienestar de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López.

En el turno a favor, pedido por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Flores.

El señor FLORES LANUZA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, en primer lugar quería darle las gracias y felicitarle por su exposición en la Cámara de este Real decreto-ley de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. En su intervención, señora ministra, ha dejado bien claro el porqué de este real-decreto ley, su urgencia, su importancia y su necesidad, aunque la señora López i Chamosa parece que ha intentado de alguna manera tergiversar y entiendo desde luego que malinterpretar el contenido del mismo.

Yo voy a incidir en los puntos a mi entender más importantes que ya ha explicado ampliamente la señora ministra y también dedicaré un tiempo importante al capítulo 3 y a la disposición final cuarta que a la señora López i Chamosa le interesaba para que se justificara el interés social del mismo. Y quiero decirle, señora Chamosa, que ambos hacen alusión al enunciado, que dice claramente, entre otras cosas, "otras medidas de carácter económico y social", que voy a demostrarle que son medidas necesarias orientadas en la misma dirección: la recuperación económica de España protegiendo a los más débiles y adoptando medidas que puedan garantizar el modelo económico establecido.

En cuanto al capítulo 1 al que ha hecho referencia, quería comentarle que en el seno del Pacto de Toledo ya hubo conversaciones y manifestaciones claras sobre la necesidad de reformar la norma para mejorarla. Por eso, de alguna manera, se ha dado una mayor facilidad de contratación; diga lo que diga, ahora la posibilidad de que se contrate por parte de la empleada, aparte del empleador, es una facilidad adicional. Se simplifican y equilibran las bases de cotización del sistema especial, que es lo que ha dicho la señora ministra, se reducen los tramos, además usted misma ha reconocido que había demasiados tramos, se agiliza y se facilita ese tema y hay una mejora en las futuras prestaciones.

En lo que se refiere al capítulo 2, cuando se incorporan los nuevos límites para la percepción de complementos por mínimos en sus distintas modalidades, lo que se pretende es ni más ni menos que


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eliminar ese escalón que había en las anteriores tablas con las subidas del 1 % y el 2 %, subidas que, por cierto, quiero dejar aquí bien claro que este partido y este Gobierno ha subido en el 2012 un 1 % y en el 2013 un 1 % y un 2 % para los que tengan remuneraciones de menos de 1.000 euros, y quiero recordar que el anterior partido que estaba en el Gobierno congeló en 2011 esas pensiones.

En lo que se refiere a la disposición adicional 1ª, que es una suspensión de tres meses de la entrada en vigor de la modificación en materia de jubilación anticipada y parcial, esa suspensión es para su debate en la Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En este sentido es fundamental estudiar detenidamente los interesantes y a su vez preocupantes informes sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ya que la jubilación anticipada como fórmula de regulación de empleo puede desequilibrar el sistema. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que lo más razonable es cumplir las recomendaciones de los informes y evitar nuevas regulaciones de la misma materia a cortísimo plazo. En lo que se refiere a la disposición adicional tercera, recoge una prórroga para el año 2013 de acciones de fomento de empleo por parte de las comunidades autónomas. Con respecto a las políticas activas de empleo, este Gobierno está dando flexibilidad y autonomía a las comunidades autónomas para que ellas prioricen las políticas de empleo que consideren oportunas. La industria del automóvil, que también ha citado en su intervención, quiero recordarle que en gran parte ha tenido una gran contratación laboral gracias a esa reforma laboral que tanto parece que les molesta. En cualquier caso, esa disposición adicional recoge una prórroga e iguala la aportación máxima del 20 %. En lo referente a las disposiciones primera y segunda, hablan de las medidas tendentes a garantizar la cobertura de la Seguridad Social y las prestaciones de colectivos desprotegidos con los que hay que tener una sensibilidad especial en estos momentos, algo a lo que usted no ha hecho ninguna referencia porque supongo que estará de acuerdo con estas medidas para huérfanos, y el sector agrario, que estamos acoplando a la realidad actual porque en estos momentos hay menos horas de contratación debido a la crisis.

Ahora le voy a explicar el porqué de haber introducido el capítulo III y la disposición final cuarta. En la exposición de motivos de este real decreto-ley se deja muy claro que en el conjunto de medidas del sector eléctrico y de hidrocarburos que se aprueban concurren las exigencias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución española y todo ello por las razones siguientes, razones con las que seguro que estamos de acuerdo: proteger a los consumidores en un contexto de gravísima crisis económica y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y gasista, cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende. Si estamos de acuerdo en la necesidad de reactivar la economía española y en la necesidad de garantizar unas condiciones básicas que lo hagan viable, hemos de reconocer la urgencia de incluir en este real decreto-ley estas tres medidas energéticas. Comenzando por la disposición final cuarta, que es la que hace referencia a la titulación del déficit tarifario, hemos de reconocer, señorías, que no se ha podido cumplir el déficit de 1.500 millones de euros establecido en el Real Decreto-ley 14/2010 para 2012. Es cierto, pero también lo es que ese desequilibrio está justificado y sus señorías saben muy bien por qué ha habido ese desequilibrio. En primer lugar, porque ha habido un sobrecoste del régimen especial. Ha habido muchas empresas que han puesto nuevas centrales en funcionamiento anticipadamente y ya estaban inscritas en unos registros de preasignación con el compromiso de subvencionarlas. A su vez, también ha habido muchas más horas de funcionamiento de todas estas centrales. Se ve que ha habido mucho más sol y mucho más viento en este país. En segundo lugar, se ha dado una reducción de la demanda, con lo que se han pagado menos peajes de acceso a las redes. Y por último, se produjo un desajuste en el año 2011 de 1.106 millones de euros correspondiente a la liquidación de 2011, a lo que hay que añadir el extracoste de generación de los sistemas insulares y peninsulares. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran tomado medidas como las que a su señoría le han parecido muy mal, llegando a decir incluso que esas medidas nos han costado dinero? Me gustaría que hiciera una reflexión. Y no solamente voy a decir el decreto, sino lo que ha hecho cada medida. El Decreto-ley 1/2012 fue el de suspensión de preasignación y retribución a todas las tecnologías de régimen especial. El Decreto-ley 13/2012, la corrección de desviaciones y ajustes del sector eléctrico y gasista. También hubo una orden en abril para la revisión de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y la Ley 20 de 2012, de julio, de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; medidas todas de reducción de costes, o sea que no entiendo cómo usted puede decir que son medidas que nos han costado dinero.

Señoría, si se han hecho esta pregunta de qué es lo que hubiera pasado si no se hubieran aprobado todas estas normativas es obvio que la respuesta es que el déficit hubiera sido muchísimo mayor. La siguiente cuestión sería preguntarnos quién nos metió en esta espiral del déficit tarifario imparable. Me


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temo que también saben la respuesta, el déficit se ha producido con el anterior Gobierno, especialmente por los incentivos descontrolados de las tecnologías especiales que vamos a tener que pagar durante muchos años subvencionando lo que hoy en día no es necesario subvencionar. Tenemos un sistema con sobrecapacidad y las energías primadas tienen preferencia en el sistema. Aquí hay concesiones con precios y primas a veinticinco años que hoy se instalan sin subvención. Hay energías que se pagan a siete o nueve veces lo que vale esa misma energía producida por un sistema convencional o por la tarifa media del sistema. Las energías convencionales suponen un 65 % del total del consumo y las primadas solo el 35 % restante, pero el coste de las primadas es el 60 %, justo al revés. Al final, ¿cuál es la consecuencia de todos estos desatinos? Que las tarifas las pagamos todos, incluidos los empleados de hogar, los pensionistas y, por supuesto, las empresas, que siguen perdiendo competitividad como consecuencia de los elevados gastos que tienen que asumir, entre ellos la factura de la luz. Tendremos que buscar una solución entre todos para tener un sistema eléctrico coherente y con urgencia. ¿Qué hacemos? ¿Paga el consumidor el déficit tarifario que se ha generado en 2012 por las causas que he dicho antes, lo que supondría un incremento de tarifa en altísimos porcentajes que habría que acumular a las anteriores subidas o titulizamos ese déficit para que sean las eléctricas las que cedan sus derechos de cobro al Fondo de titulación del déficit del sistema eléctrico? La respuesta parece nuevamente una obviedad y por eso, señorías, es tan importante haber incluido la disposición final cuarta en este real decreto-ley, que a su vez también incluye la supresión del déficit para el año 2013 de cara a no permitir que los consumidores sean quienes paguen el déficit si se generara este año. Para eso ya hemos puesto en funcionamiento otra ley, la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que, sin duda, va a paliar muchísimo el déficit sanitario. En el capítulo III está el artículo 8 que legisla la inaplicación del régimen económico primado para instalaciones que no cumplen, que podría afectar más si cabe al gran compromiso tarifario de pago de primas y de una manera inmerecida. El sistema de primas es generoso, señorías, y por eso debe ser exigente. Por último, el artículo 9 contiene una medida de suspensión de la subida de la bombona de butano por tres meses para que se negocie con el operador en esos tres meses un precio porque había una sentencia que no permitía aplicar la orden actual, había que aplicar la anterior, y la subida iba a ser de más de 3 euros la botella. Ahora, con esta suspensión, solamente subirá 23 céntimos la botella, afectando ahí los 15 euros de impuestos especiales por tonelada.

En definitiva, señorías, y ya para terminar, quiero dejar constancia de que esta convalidación es necesaria. Consideramos que todos los puntos que se aprueban aquí adoptan una serie de medidas de carácter social que son necesarias y urgentes para proteger a determinados colectivos como puedan ser los empleados del hogar, huérfanos con discapacidad, jubilados y desempleados; unas medidas sociales que se ven reforzadas por otra serie de medidas de carácter económico, centradas en la sostenibilidad del sistema eléctrico y gasista nacional, que no dejan de tener, igualmente, quieran o no quieran...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Flores, tiene que finalizar.

El señor FLORES LANUZA: Sí, termino, señora presidenta.

No dejan de tener igualmente un carácter social, ya que pretenden evitar nuevas subidas tarifarias que sufrirían más directamente los colectivos más necesitados.

Señorías, saben sobradamente de la importancia de estas medidas y su trascendencia para el futuro. Por ello apelo al consenso de todos y que mediten esa postura en contra. Estoy convencido de que a partir del segundo semestre de este año, y gracias al gran número de reformas estructurales que se han llevado a cabo por parte de este Gobierno, incluida y principalmente la reforma laboral, se empezará a generar una confianza que redundará en un incremento industrial que en parte ayudará a resolver los problemas económicos, incluido el grave problema del déficit tarifario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Flores.

Señora López.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, con este decreto han pretendido meter una serie de temas para desviar lo que de verdad es o tiene que ser el debate del mismo. Ustedes hablan de que suben las pensiones, pero hay que tener un poco más de vergüenza ajena, como diría yo, porque nosotros, con siete meses, suspendimos la revalorización de un año y la subida de las pensiones, pero es que ustedes han aplicado el 1 % el año pasado y cuando, a 30 de noviembre, les correspondía un 1,9 % más les han dicho


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que no se lo dan y encima les dicen que tampoco incrementan las pensiones. Además, para este año se cargan el artículo que le da derecho al pensionista a tener su revalorización y, a final de año, si el IPC se va al 3 %, ni los que les han subido el 1 % ni los que les han subido el 2 % tendrán ninguna diferencia porque la han anulado. Ustedes lo que pretenden es engañar a los pensionistas, pero los pensionistas saben que a muchos les han subido cinco euros y luego por otros descuentos al final cobran cinco euros menos este año.

Cuando hablamos del debate de la Ley 27 lo que les decía es que la ley tiene todos los elementos y las medidas necesarias para garantizar el futuro del sistema pero hay que dejar que se ponga en práctica. Y es más, para que vean nuestra colaboración, les decimos: La ley 27 es fruto de un amplio consenso social entre los agentes sociales. Si quieren cambiar algo antes de ponerlo en práctica intenten negociar con los agentes sociales, intenten mejorar con ellos aquello que se pueda. Pero no unilateralmente sin convocar a los agentes sociales traigan al Pacto de Toledo una propuesta de modificación de la jubilación anticipada y parcial antes de que entre en vigor la Ley 27. No he hablado del régimen agrario ni de la orfandad porque estamos de acuerdo en las modificaciones. Y porque además en el régimen agrario lo que contiene la modificación fue pactado con los agentes sociales, por lo tanto, ¿cómo voy a estar en contra?

Señorías, llamemos a las cosas por su nombre. Estamos viviendo una situación difícil, con una crisis brutal que la sociedad está aguantando por las pensiones, por los pensionistas y ustedes lo que hace es subirles impuestos por un lado y bajarles la actualización por otro. Y así no vamos a ninguna parte. Ya sabemos los puestos que ha creado la reforma laboral, ni uno. Lo que ha provocado es pérdida de puestos de trabajo. (El señor Merino López: No, no, no). Sí.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora López.

Por favor, guarden silencio.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Para terminar, vamos a votar en contra de este decreto porque perjudica a los pensionistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.

Señor Flores.

El señor FLORES LANUZA: Gracias, presidenta.

Señorías, señora López i Chamosa, ha hecho referencia entre otras cosas a la reforma laboral, dice que no ha generado puestos de trabajo. Es verdad que tenemos un paro con unos números muy preocupantes pero le puedo asegurar que esa reforma laboral sí ha generado puestos de trabajo y sobre todo ha ayudado a no destruir muchos más que se habrían destruido si no se hubiera hecho esa reforma laboral. Ha dado viabilidad a muchas empresas, a mantener sus estructuras o continuar con el negocio que en otro caso no hubiera sido posible. Ya le he puesto un ejemplo antes, como es que las grandes firmas internacionales de coches en gran parte y en el caso de Valencia -lo sé a ciencia cierta- hayan hecho una inversión de una nueva línea muy importante que va a generar más de 1.500 puestos de trabajo gracias a esa reforma laboral. Lo que se ha hecho en este real decreto es ajustar ese escalón, era un tema técnico para ajustarlo. No sé qué números hace usted, porque precisamente lo que se ha hecho es ajustar ese escalón. Lo que no se puede decir es que hemos subido solamente el 1 %. Aquí se ha subido el 2 % a todas las personas que cobran salarios inferiores a los 1.000 euros y a todos los que cobran más de 1.000 euros un 1 %, cosa que ustedes no fueron capaces de hacer. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para llegar a ese 1 % y a ese 2 % ajustándonos a la realidad económica actual. Hemos hecho lo que nos permite la realidad económica actual.

Ha dicho que está a favor del tema agrario y por supuesto con el de orfandad porque se ha consensuado. No le quepa la menor duda, señoría, de que siempre se está dialogando y negociando con los agentes sociales, aunque ustedes a veces no se enteren.

Para terminar, le quiero decir que este real decreto tiene un componente claramente social, arregla unos temas muy importantes tanto en lo que se refiere a empleados de hogar como a la orfandad como a las pensiones. Sí que le quería aclarar, señoría, que no ha debido entender bien la disposición adicional primera porque aquí no se trata de imponer una cosa al Pacto de Toledo. Este artículo lo único que hace es suspender durante tres meses la entrada en vigor de lo que es la jubilación anticipada y parcial porque en ese Pacto de Toledo se pidieron unos informes muy importantes que se van a tener en cuenta y de sentido común es esperar a que se negocie en ese Pacto de Toledo porque yo creo que es el foro para


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que se vean esos informes sobre la sostenibilidad de las pensiones. Hay unos informes que ya he comentado antes que pueden ser preocupantes porque vemos que la gente se está jubilando a los 63,5 de media en vez de a los 65 y hay que ver cómo funciona esto. Son unos informes muy serios y la recomendación y lo natural es esperar a que en esa Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo se analicen los informes. Si hubiéramos aprobado esto aquí ahora, se habría vuelto a regular esa materia en un cortísimo plazo.

En definitiva, lo único que está haciendo este Gobierno aquí, señorías, es intentar arreglar ese desaguisado, especialmente el déficit tarifario y muchos más problemas que nos ha dejado el anterior Gobierno porque, quieran o no, nos dejaron en una ruina en tiempos de crisis.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Flores.

Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Oyendo esta mañana al señor Rajoy y a usted, señora ministra, que la reforma laboral está funcionando muy bien y que todas las medidas y reformas que han aprobado están dando sus frutos, casi se me saltan las lágrimas, pero no de emoción sino de indignación, de pura indignación, como la que tengo con este real decreto variopinto y multicolor, por ponerle dos adjetivos amables. Mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. ¿Mejora, protección, medidas sociales y tranquilidad? No para los ciudadanos, no para los pensionistas, no para los trabajadores, sino puro maquillaje barato para encubrir: uno, una bajada ilegal de las pensiones; dos, un retroceso para las empleadas de hogar y, tres, un castigo para los ciudadanos y para las energías renovables, para así salvaguardar, como siempre, los beneficios de las empresas eléctricas y repercutir todos los costes fijos o extraordinarios como los del laudo con Argelia sobre el consumidor.

Sobre lo que ustedes llaman otras medidas en materia de Seguridad Social y nosotros apostillamos aprobadas al margen del diálogo social y la Comisión del Pacto de Toledo, resulta evidente que la abrupta suspensión de la entrada en vigor de las nuevas modalidades y requisitos de las formas de jubilación anticipada a los 61 o 63 años deja en una situación de inseguridad jurídica a miles de trabajadores despedidos en el último año con un despido barato gracias a su inefable reforma laboral. ¿Medidas sociales bajar las pensiones? Porque no revalorizar es bajar, y si el IPC ha sido del 2,9 % y ustedes suben el 1 %, ustedes están bajando las pensiones, y además de manera retroactiva, en contra de lo que dice el artículo 9.3 de la Constitución, esa que solo invocan cuando les conviene.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que finalizar.

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.

En definitiva, con mis dos minutitos escasos solo puedo decir que este Gobierno no cree en las personas, en los ciudadanos ni en las renovables. Por tanto para dar pasos atrás en materia de derechos sociales no cuenten con el voto a favor de Compromís-Equo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, finalizó la presentación del real decreto-ley diciendo que estábamos en tiempos que requerían hacer las cosas bien. Desde el Bloque Nacionalista Galego le sugerimos que el Gobierno empiece a hacer las cosas bien y deje de gobernar a golpe de real decreto-ley, porque eso no es hacer las cosas bien. Hoy nos trae aquí un real decreto que es un totum revolutum de una serie de cuestiones que tanto tienen que ver con la energía como con la Seguridad Social. Por lo tanto, señora ministra, acepte esta nuestra recomendación.

Quiero hacer mención a dos cuestiones, ya que no tengo tiempo para más. En primer lugar en relación con las modificaciones que hacen del sistema especial de los empleados de hogar. Realmente, señora ministra, este Gobierno no hace más que dar pasos atrás en aquellas cosas que hemos mejorado en el transcurso del tiempo. Algo tan complicado como era hacer una legislación lo más acorde posible con los intereses de las personas trabajadoras del hogar, la mayoría mujeres, con estas modificaciones ustedes


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lo han echado por tierra. Se empeñaron en hacer una valoración negativa de la implantación de esta ley solamente en los once primeros meses de su implantación y han hecho una reforma que evidentemente lo va a empeorar, porque lo que no se puede hacer es eliminar algo que se había conseguido, que los empleadores sean realmente los responsables de garantizar el aseguramiento de la persona contratada. Con estas medidas y con el incremento del baremo de cotización, ustedes están haciendo que volvamos al tiempo anterior, a que la mayoría de las personas que están trabajando en este sector no estén dadas de alta en la Seguridad Social. En once meses casi 200.000 personas se dieron de alta en este sistema.

Por otra parte no podemos entender la paralización, la suspensión que hacen ustedes de la jubilación parcial y anticipada...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, tiene que finalizar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... en relación con la Ley 27/2011, y no podemos entenderlo incluso después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya hablado aquí del Pacto de Toledo y de lo que se está debatiendo en el mismo. Si estamos hablando de esto, ¿por qué no esperan ustedes a hacer las cosas bien a través de la ley correspondiente después de esos acuerdos del Pacto de Toledo y no a través de un real decreto-ley como el que estamos hoy debatiendo?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila, tiene usted que finalizar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Evidentemente el Bloque Nacionalista Galego -finalizo, señora ministra-, va a votar en contra de este real decreto-ley.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, un nuevo real decreto, ya van treinta, y vamos laminando derechos laborales y derechos sociales. El último, el 29, hace pocas semanas, permitió vulnerar el derecho a la revalorización de las pensiones; de hecho todavía estamos instalados en el rebufo político de aquel debate. Les recuerdo y les afeo a ustedes, socialistas, que vetaron la presencia de grupos parlamentarios, de partidos políticos de esta Cámara en el necesario recurso de inconstitucionalidad que deberíamos presentar ante el Tribunal Constitucional. De manera que vaya par los unos y los otros.

En todo caso, yendo al real decreto, tres razones claras que justifican el no: primero, no es de recibo trasladar a las empleadas de hogar el proceso de cotización, aunque sea por acuerdo de las partes, porque las sitúa en escenarios de indefensión, no va a ayudar a rebajar este 85 % de personas que no se han regularizado y además es injusto que las bonificaciones no sean de aplicación cuando las cuotas las abonen los trabajadores. Dos, inaceptable que se suspenda lo legislado recientemente en todo aquello que afecta a la jubilación anticipada y parcial; inaceptable en un contexto de crisis económica durísima que afecta a miles de personas, muchas de ellas incluso no tendrán ninguna posibilidad de redirigir sus carreras profesionales. ¿Qué es lo que pretenden? Cargarse la jubilación anticipada y la jubilación parcial, cargársela, esta es la expresión popular. Yendo bien, yendo bien, yendo bien, en una primera instancia endurecer las condiciones y retrasar a 65 y 63 años respectivamente. Y tres, no hay derecho a que cuando el Servei de Comissió de Catalunya y otros servicios de empleo autonómicos están huérfanos de mediadores y de técnicos porque han recortado los presupuestos, no hay derecho a que ustedes se queden con el 20 % de los recursos presupuestados sin garantizar su territorialización; es una artimaña para recentralizar un poco más y además, si ya es difícil de entender que los ingresos y la distribución de los fondos de formación no estén gestionados desde las comunidades autónomas, ¿cómo se puede aceptar que ustedes aparten una parte del pastel sin garantizar su territorialización?

Lo dicho, no vamos a votar favorablemente a este real decreto y, señora ministra,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, debe finalizar.

El señor TARDÀ I COMA: ... dicho con todo respeto, ya nos veremos en el próximo real decreto que, como una apisonadora, irá desguazando los derechos que hemos conquistado con tantas dificultades y tanta lucha de muchos años.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor Tardà.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras señores, nuevo récord Guinness del Gobierno: en tan solo un año llevamos ya, como se ha dicho, treinta decretos-leyes, treinta auténticos morlacos protagonistas de todo tipo de atropellos y embistes contra trabajadores, pensionistas, jubilados, jóvenes, mujeres, etcétera. Con esta forma de legislar -hay que decirlo- el Gobierno está convirtiendo al Congreso en una especie de registro de entrada y salida de todas sus decisiones, aquí únicamente la mayoría absoluta del PP se limita a ponerle el sello de entrada y salida y punto. Esta es la democracia que se está cociendo en esta Cámara, una democracia que, cada vez más, es de tramoya y bambalina, una democracia cada vez más hueca en la que se desprecia el diálogo, la negociación y la integración de posturas que no sean las del propio PP.

Me voy a centrar en el tema de las trabajadoras del hogar. Este decreto recorta una vez más los derechos de las mujeres y da continuidad así a otras medidas como la no puesta en práctica de la Ley de Dependencia, el incumplimiento de la Ley de Igualdad, los recortes presupuestarios y sociales en relación con las trabajadoras familiares. También lo que estamos viendo es el incremento importante, importantísimo, del paro en sectores esencialmente femeninos como pueden ser el sector servicios, la Administración, la educación, la sanidad, etcétera, que se suma a este cúmulo de agresiones. No es de extrañar por esta razón que este decreto se autollame a sí mismo de empleados de hogar en un sector en el que más del 92 % de las personas que en él trabajan son mujeres. Y sorprende muchísimo que en la disposición equis relativa al impacto de género se nos diga que no atenta contra la igualdad de hombres y mujeres cuando ¿cabe mayor atentado contra esta igualdad que la invisibilización al cien por cien de estos cientos de miles de trabajadoras a quienes se les llama empleados?

Por otro lado, este decreto-ley es un auténtico -ya se ha señalado también- despropósito jurídico-legislativo en el que, al igual que en el camarote de los hermanos Marx, el Gobierno nos ha metido todas las obras navideñas que tenía creando un auténtico despropósito. Aquí se mete a las trabajadoras del hogar con las tarifas eléctricas, con las tarifas del gas, con las pensiones de orfandad, con las jubilaciones, es igual, la mayoría absoluta del PP hace bueno todo lo que se nos eche. El decreto-ley en concreto empeora la normativa anterior -y bastante- al pasar a la trabajadora la obligación del alta y las cotizaciones en contratos que sean inferiores a las 60 horas al mes, y no olvidemos que el 72 % de ellas son las que se encuentran en esta situación. Se podrá decir que esto solo se da cuando exista acuerdo previo entre el contratador y la contratada, pero es que la tremenda desigualdad existente entre estas dos partes va a hacer que esta alta y estas cotizaciones se den en muy pocos casos. En esta misma dirección la subida brutal que se hace en relación con la base de cotización mínima, que en muchos casos se va a poner por encima de la de muchas trabajadoras que realizan una jornada pequeña, va a desincentivar, y mucho, que esta alta y estas cotizaciones se den. Son pasos atrás con respecto a la normativa anterior, como también es un paso atrás que la fijación de la cotización máxima sea en una cuantía inferior al supuesto en el que estas trabajadoras hacen una jornada completa. Es decir, son nuevos retrocesos en un camino que tendría siquiera de una forma mínima o mediana que equiparar estos salarios con lo realmente cotizado.

En resumen, y término, es un nuevo decreto que consolida un funcionamiento chapucero y parlamentariamente poco democrático; un decreto-ley que nuevamente atenta contra los derechos de las mujeres, especialmente contra uno de sus sectores más desfavorecidos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señora Báñez, la verdad es que nunca he visto una cosa igual. Podríamos aprovechar este real decreto-ley para derogar el artículo 81 de la Constitución, como ya ni la jerarquía normativa ni las fuentes del derecho parecen ser resultar de aplicación en estas Cámaras -ya un ministro glosó en privado, no voy a decir su nombre, que la única fuente de derecho que ustedes reconocen es el ahorro-, desde esa perspectiva podemos hacer lo que queramos. Yo llevo aquí desde 1986, empecé muy joven, formé parte de la Mesa de edad con el señor Zapatero, luego presidente del Gobierno, aunque yo no tuve una carrera posterior tan brillante, pero éramos los dos más jóvenes. Desde 1986 no he visto una especie de degradación del procedimiento legislativo ordinario como a la que estamos asistiendo, un real decreto tras decreto-ley y cada cual produce efectos más


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calamitosos, a pesar de las glosas del portavoz del Grupo Popular sobre las bondades de la reforma laboral en materia de empleo. Imagino que lo habrá dicho desde una perspectiva irónica o satírica porque lo que se está comprobando es que cada real decreto-ley que aprueban ustedes provoca nuevas calamidades, nuevas privatizaciones, nuevos recortes de derechos, nuevas relativizaciones de derechos constitucionales, y lo que ustedes manifiestan como posible o eventual alternativa son expectativas. Pero lo que se puede valorar y evaluar solo es lo que es comprobable empírica y experimentalmente, las expectativas están en el futuro, las expectativas pro futuro, veremos a ver lo que ocurre.

Señora ministra, aquí estamos regulando simultáneamente cuestiones atinentes al régimen de los empleados de hogar de la Seguridad Social junto con la pensión de orfandad; la compatibilidad o no compatibilidad de la pensión de viudedad con el SOVI; la compatibilidad del SOVI con los incrementos a mínimos; la naturaleza de los incrementos a mínimos y su carácter consolidable o no consolidable; las pensiones relativas a las víctimas del terrorismo; las pensiones relativas a aquellos que compatibilizan una pensión con unos ingresos diferentes a esa pensión que se tabula en 7.000 y pico euros; los máximos de las pensiones compatibles de una persona receptora de una pensión con las que recibe su cónyuge, cualquiera que sea la naturaleza de sus prestaciones; políticas activas de empleo y ya señora ministra le quiero advertir que las políticas activas de empleo espero que ustedes las negocien con las comunidades autónomas en lo atinente a la formación profesional, porque sabe que se desagregan en tres materias fundamentales: subvenciones gestionadas, bonificaciones de cuotas y formación profesional. En la mención que se realiza a las políticas activas de empleo consta o están atribuidas a las comunidades autónomas y lo que aquí usted preconiza tendría que ser fruto de un pacto o de un acuerdo, no sé si en la conferencia sectorial o donde fuera, pero en todo caso respetando las competencias autonómicas. Por si fuera poco todo lo anterior -se me han olvidado muchas cosas, es que dicen muchas cosas más-, las pensiones relativas al cuerpo de carabineros de la República, las pensiones y el tope de pensiones relativas al cuerpo de militares de la República de carrera y no de carrera, a los mutilados, o el incremento de las pensiones del 1 % y del 2 % en algunos casos, con relación a las cuales sabe que puede pender un recurso de inconstitucionalidad y que es muy previsible que al final esta cuestión delicada, puesto que supone una expoliación contraria a la jurisprudencia constitucional y al contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, sea objeto de resolución por el Tribunal Constitucional. Es muy probable que esto termine pasando. Y más cosas. Ni en el tiempo que tengo ni siquiera por mis capacidades intelectuales limitadas soy capaz de hacer una glosa de tantas cosas como solo en materia de pensiones ustedes incluyen aquí.

Pero nos regalan además un adorno, que son los problemas atinentes al régimen energético y al gasístico. Se regulan una serie de menciones relativas a un llamado registro de preasignación, respecto al cual le agradezco mucho las explicaciones -porque desconocía estas materias, me considero un lego en materia energética- al portavoz del Grupo Popular, al que le veo mucho más ducho en materia energética que en materia laboral, en tanto en cuanto ha hecho una invocación a las bondades en materia de creación de empleo de la reforma laboral cuando lo único que sabemos es que ha destruido 800.000 empleos por lo pronto, a pesar de que en Valencia haya pasado lo que usted ha dicho que ha pasado, que no digo que sea o no verdad, pero 1.500 contra 800.000 es mala ratio para evaluar las bondades de la reforma laboral. Aquí estamos vendiendo expectativas de nuevo. En materia del régimen energético y el régimen gasístico hablamos de un registro de preasignación de aquellas empresas energéticas que no terminen las instalaciones por las cuales van a proceder a la provisión de energía, a las cuales se les anula la inscripción registral, que es de naturaleza preventiva o cautelar, en este denominado -creo que estoy utilizando bien las expresiones; si no, usted me corregirá- régimen de inscripción de preasignación del ejercicio de industrias energéticas. Los peajes gasísticos son una cuestión que hace referencia, parece ser, al mecanismo de transporte del gas y las tarifas o los problemas que en relación con el transporte se produzcan desde una naturaleza técnica, para la cual hay una fórmula de un autor inglés que ahora mismo no le podría reproducir pero que sirve de referencia para las consignaciones que usted hace. Hay algo que sí me parece razonable desde una perspectiva energética, y es que si llevamos aprobados en materia energética cinco reales decretos-leyes -el 1/2012, el 13/2012, el 20/2012...- y la Ley de medidas fiscales, la última ley de acompañamiento que se aprobó, para reducir el déficit energético y los 1.500 millones de euros que ustedes preveían de déficit energético se han convertido en 5.000, sí me parece razonable -le doy la razón en esto- que no se pueda endosar a los ciudadanos este déficit energético sobredimensionado ex post sobre las previsiones del Gobierno mediante el incremento de las cuotas o de las tarifas eléctricas o energéticas con carácter general.


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Ni yo ni seguramente cualquier Premio Nobel del mundo es capaz de glosar todas estas materias en el corto espacio de tiempo que poseemos. Solo le voy a decir dos cosas, señora ministra. Me parece bien la suspensión de tres meses que usted consigna en este real decreto-ley con relación a la configuración de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada -¿por qué? Porque tiene muchos registros y muchos problemas, es un problema particularmente poliédrico- y que nos demos los legisladores, todos los grupos, un tiempo razonable para articular los mecanismos atinentes a los periodos de cotización, a la edad a la que se puede adelantar la prejubilación, la unificación del régimen de la prejubilación con el régimen de la jubilación parcial, los coeficientes correctores o los coeficientes reductores de las pensiones cuando el adelantamiento hace referencia -por lo que parece que se está consensuando- a una diferencia de cuatro años entre la edad a la que uno se va a prejubilar o va a acceder a los beneficios de la jubilación parcial y la edad legal que le va a ir correspondiendo mediante este régimen de tracto sucesivo en el que consiste la aplicación de la Ley 27/2011. Esto nos parece razonable. Otras cosas nos parecen razonables: todo lo relativo a las viudas; la compatibilización de la viudedad con el SOVI; el incremento de la pensión de orfandad identificando la orfandad simple con la orfandad compuesta cuando han muerto los dos progenitores, en los supuestos que se consignan en la norma; el régimen y las tarifas que ustedes establecen en relación con las empleadas del hogar que es, por cierto, lo único que sirve de rótulo a este real decreto-ley, cuando es lo menos relevante de lo que se regula; la identificación de quién es el empleador en relación con las empleadas del hogar. ¿Qué ocurre con los empleados? Se utiliza esa expresión, cosa que a mí, como al señor Cuadra, me ha llamado poderosamente la atención, la utilización del masculino, cuando son empleadas en la generalidad de los casos; las personas que trabajan menos de sesenta horas a la semana y el sistema de obligaciones en cuanto a alta, en cuanto a cotizaciones, etcétera, etcétera. Nos parece que en términos generales se pude aceptar, se puede aceptar mediante la capacidad analítica de tantas materias conjuntamente reguladas en una misma norma, que es un real decreto-ley para variar, y que ya nos lleva a la conclusión de que no sé si en los memorándums de entendimiento, en los MOU, no les indican alguna recomendación relativa al decoro legislativo o al decoro en el uso y en la utilización de los procedimientos legislativos. Yo lo haría si perteneciera a las instituciones que pueden dictar MOU o recomendaciones en esta materia. Me extraña y me sorprende que las instituciones comunitarias estén satisfechas con la forma de legislar que se ha consolidado en esta legislatura, treinta reales decretos-leyes que afectan la mayoría de ellos a derechos fundamentales, a derechos que están entre los consagrados entre los artículos 14 a 29 de la Constitución y que todos han sido o en su generalidad, regresivos. Todos han recortado o relativizado derechos, incluso en relación con el incremento del 1 % de las pensiones, derechos constitucionales, vulnerando el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional. No lo voy a reproducir porque ya tuvimos este debate usted y yo, señora ministra, la sentencia del año 1988 y cómo se atribuye al derecho que corresponde a todo ciudadano una cuantía predeterminada de pensión vinculada a su carrera de contribución, a su carrera de aportaciones a las contingencias, en este caso a la contingencia de jubilación, es una específica manifestación del derecho de propiedad privada consagrado por el artículo 33. El derecho de propiedad privada solo puede ser objeto de vulneración mediante la identificación de una causa de interés público, mediante un expediente de expropiación y con la correspondiente indemnización.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pero le voy a ser honesto, como es imposible saber si lo que estamos defendiendo aquí es bueno, malo o regular, yo no soy capaz de aprehenderlo. Algunas cosas suenan bien, ya hay que recurrir a la melomanía, a la música, algunas cosas suenan regular y algunas cosas suenan francamente mal, mi grupo parlamentario se va a abstener, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, me veo obligado a comenzar mi intervención como otros portavoces, lamentando el real decreto que nos traen hoy como una falta de respeto a la Cámara, mezclan ustedes en una única pieza legislativa -como ha comentado el señor Olabarría- cuestiones energéticas, cuestiones de orfandad, todo tipo de cuestiones. Por un lado, esto devalúa el debate parlamentario, es imposible abordar


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todas las cuestiones en pocos minutos, ni hay por qué tener la misma postura en cuestiones tan divergentes, y también dificulta a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes. Seguramente, un empresario no espera encontrar en un real decreto sobre empleados de hogar regulaciones energéticas.

Dicho esto, y entrando en la cuestión principal del real decreto, que se supone son los empleados de hogar, como dice el título, mi grupo valora más positivamente que el Gobierno las reformas últimamente emprendidas en este campo. Compartimos los objetivos de esa reforma, que era aflorar esa enorme bolsa de empleo sumergido y aumentar la protección social de estos trabajadores en cuestiones como los accidentes laborales o la incapacidad temporal, creemos que eran objetivos loables y que en gran medida se han conseguido. Creemos que los resultados no han sido espectaculares, pero han sido respetables, han sido dignos: en octubre, en menos de un año después de esos cambios, había aumentado el número de afiliados en unas 100.000 personas, es decir, había aumentado la afiliación en un 34 %. Desearíamos que hubiese sido más porque la bolsa de empleo sumergido era enorme, pero tampoco nos parece un resultado despreciable. Sin embargo, el Gobierno centra toda su valoración en una única cuestión, que es la recaudación. Nos dice, bueno, hay más afiliados, pero han caído las bases de cotización y se han perdido en términos anuales 63 millones de euros. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). En primer lugar, la recaudación no es el único punto importante; pero en segundo lugar, este análisis que se hace de los 63 millones de euros es muy discutible, porque olvida cuestiones importantes. En primer lugar, que esa caída de la recaudación era temporal. Hay unas cotizaciones que se bonifican en el 20 % durante un tiempo, hasta el año 2014, para incentivar el afloramiento, pero eso iba a terminar en el 2014; y hay una subida de tipos prevista de forma que en el 2019 los tipos se van a igualar con los del régimen general, los tipos van a ir subiendo progresivamente. Es decir, que esa pérdida de recaudación era como mucho temporal a medida que los tipos subiesen y las bonificaciones terminasen. Además, se basa en supuestos muy discutibles, porque no se incluyen en la cifra de ingresos la recaudación por contingencias profesionales, que son 20 millones de euros -frente a esos 60 serían la tercera parte-, ni se tiene en cuenta que las afiliaciones y las bases, aunque lentamente, seguían aumentando. En nuestra opinión, la pérdida de recaudación es más bien la mitad -30 millones- de lo que dice el Gobierno y temporal. Con esa base tan endeble se toma lo que es para nosotros la medida principal de este real-decreto, que es una medida recaudatoria que se basa en las empleadas que tienen menos horas de trabajo y menos ingresos. Porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos dice: lo que se ha hecho es simplificar los tramos de cotización, había dieciséis y se han reducido a ocho. Parece razonable, eran muchos tramos y había que reducirlos. Lo que no ha explicado con la misma claridad es que en esa reducción se suprimen los dos tramos inferiores y las personas que cotizaban en esos dos tramos inferiores se ven obligadas a cotizar en el tercero; es decir, aumenta la recaudación sobre los empleados con menos horas y con menos ingresos de manera antisocial y regresiva. Esta es la principal medida que se toma en este real-decreto y que no ha quedado muy clara ni en la intervención del portavoz Popular ni en la de la señora ministra. Se eliminan los tramos más bajos de cotización y se busca una mayor recaudación haciéndola recaer sobre los empleados de hogar con menos ingresos. Eso es socialmente injusto y además puede tener efectos indeseados: por ejemplo, que el afloramiento de ese empleo irregular se ralentice o incluso que haya destrucción de empleo, que en esta situación de crisis que atraviesan las familias haya algunas que piensen que en estas nuevas circunstancias prefieren no seguir contando con su empleado o su empleada de hogar. En opinión de mi grupo, en un sector tan disperso como es el del empleo en el hogar y en el que es tan difícil la inspección porque es en el domicilio, de difícil acceso, el enfoque adecuado sería el contrario, incentivar la afloración, incentivar la regularización aún más. Ha habido comunidades autónomas como Extremadura, el País Vasco, que han dado ayudas públicas a las cotizaciones de los empleadores y curiosamente ahí el afloramiento de empleo ha sido mayor. En opinión de Unión Progreso y Democracia no es un ámbito adecuado para la actuación de las comunidades autónomas, sino para el Estado. El Estado debería promover un incentivo fiscal en la cuota del IRPF de forma que los empleadores se pudiesen deducir parte de esas cotizaciones sociales, y los resultados serían, seguramente igual que en estas comunidades, mayor afloramiento de empleo irregular, mayores afiliaciones con una deducción parcial de las cotizaciones sociales del empleador en el IRPF.

Como le dije en intervenciones anteriores, aquí hay otro tema conexo, que es el de los empleados de hogar, sobre todo mujeres, que no tienen papeles. Por muchas medidas que tomemos en el ámbito laboral, si no se toman medidas en el ámbito relacionado con la migración, tampoco este afloramiento va a llegar a los niveles que debería. El otro cambio relevante que introduce el real decreto-ley en el tema de los empleadores de hogar es facilitar los trámites a las familias de forma que pueda ser el empleado el


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responsable del alta, de la baja, de ingresar la cotización o de alterar los datos cuando sea necesario. Esto va destinado sobre todo a familias con personas de edad avanzada que tienen dificultades con los trámites. Nosotros, al contrario que otros grupos, no vemos tan mal esta medida porque creemos que se toman numerosas cautelas: tiene que ser por acuerdo entre las partes y el empleador sigue siendo responsable subsidiario si el empleado no se da de alta. Nuestra crítica sería más bien que no estamos seguros de que esto vaya a ser muy eficaz, que la simplificación sea tan grande y que además no se aborda lo que los ciudadanos han señalado al Defensor del Pueblo como un problema importante, que es que hay empleados que trabajan un número de horas diferente cada mes y cada mes tendrían que dar unos datos distintos, lo que resulta difícil de gestionar. Esto que es la principal queja, sin embargo, no se aborda.

Entro, para finalizar en la medida de mis capacidades, en la mezcolanza de temas varios que se une al tema principal de empleados de hogar en este real decreto. Como ya criticamos en su momento, el Gobierno no revalorizó las pensiones con el IPC, como tenía obligación de hacer según la ley, y optó por subir unas pensiones el 1 % y otras el 2 %, con tal descuido que no se dio cuenta de que cambiaba el orden de algunas pensiones: algunas que subían el 2 % adelantaban a las del 1 % que estaban cerca. Nos parece una muestra de gran descuido en un tema tan importante como el de las pensiones. Otra medida consiste en suspender durante tres meses la entrada en vigor de las disposiciones sobre jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011. Valoramos esto positivamente como una ventana de oportunidad a la negociación entre los grupos. Nosotros partimos de una situación de disposición al diálogo porque creemos importante aumentar la edad real de jubilación, acercarla a la edad legal. Sin embargo, adelantamos ya el principal escollo que encontramos para el acuerdo, que es que hay jubilados anticipados involuntariamente, personas de edad avanzada que están en paro, es decir, que no están voluntariamente en esa situación y que deben ser tratados de manera distinta a la del jubilado anticipadamente de forma voluntaria; es más, la Unión Europea pide que se desarrolle por nuestro Gobierno una estrategia de apoyo a los desempleados de edad avanzada. Creemos que sería bueno unir a las reformas en curso la puesta en marcha de esta estrategia y no dejarla para más adelante. En cualquier caso, quiero reconocer públicamente que haya acuerdo o desacuerdo en los temas que lleva su ministerio, por lo menos siempre hay una información muy detallada a los grupos de sus propuestas, que deseo agradecer desde la tribuna.

En el tema de la electricidad, tal vez contagiados de que era el día de los Santos Inocentes decidieron incluir esto en el real decreto, que no tiene nada que ver con todo lo demás. Nos parece el reconocimiento de un fracaso del Gobierno, porque ha habido una fuerte subida de la electricidad que ha hecho perder renta disponible a las familias, que ha hecho perder competitividad a las empresas y la única justificación de todo esto era que se iba a terminar con el déficit de tarifa, y ahora se nos dice que no, que va a superar los 1.500 millones previstos y además que no se sabe en cuanto va a superarlos, pero da igual porque se va a titulizar, como siempre se ha venido haciendo, por supuesto a la espera de subidas posteriores en el coste de la electricidad, lo que nos parece un fracaso negro sobre blanco de la estrategia que hasta ahora ha seguido el Ministerio de Industria. Y todavía tendría que valorar las pensiones de orfandad para discapacitados, las cuotas de formación para el empleo, el sistema especial agrario, supera realmente el tiempo y mis capacidades intelectuales, pero sí me queda tiempo para aclarar que en el no que vamos a dar a este real decreto hay tanto cuestiones de fondo, que he explicado, encarecimiento de las cotizaciones de los empleados con menores ingresos, como cuestiones de forma y de respeto al Congreso, que en democracia no tienen menos importancia que el fondo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Joan Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el Gobierno terminó el 2012 como lo había comenzado, reduciendo derechos, plegándose al interés de los lobbies y abusando de la figura del decreto-ley, treinta decretos leyes en doce meses son uno cada diez días, y en paralelo y desgraciadamente para esta Cámara, el Congreso comienza el 2013 como terminó el 2012, ninguneado, arrinconado en su función legislativa, haciendo de notario, qué digo de notario, eso sería mucho, de convidado de piedra, de observador, de anotador de la actuación del Gobierno. Pero esta vez, señora ministra, ustedes se han pasado, han sobrepasado todos los límites con este Real Decreto-ley 29/2012. Han puesto en marcha una nueva figura, la figura del decreto-ley portaaviones, del que despegan todo tipo de armas lesivas de derechos sociales y sobre todo de la


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democracia, un decreto que contiene errores importantes a nuestro juicio, que consuma algún desmán como la congelación parcial y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de 2013, pero que sobre todo, sobre todo, es un ataque al Estado de derecho, a la función de esta Cámara porque comete la barbaridad jurídica y política de utilizar el decreto-ley ya no solo de manera abusiva, sino de manera absolutamente desaforada contra cualquier lógica, incluso contra la lógica de su propio Gobierno. Mucho me temo que este decreto-ley va a pasar a la historia, va a dejar huella, y no por lo que regula, sino porque posiblemente sea utilizado en las facultades de Derecho como ejemplo de la desviación de poder de un Gobierno, del abuso de la figura del decreto-ley. Pero como ustedes saben que cuando los tribunales digan eso, si es que lo llegan a decir, ustedes estarán por otras cosas, eso no les preocupa. No les preocupa que por el camino se estén cargando este Parlamento y su función, se estén cargando la dignidad de esta Cámara haciendo lo que hacen con este decreto-ley. Aprovechar un decreto-ley dedicado al sistema de Seguridad Social para regular de nuevo de manera contradictoria in extremis cosas como el déficit de tarifa eléctrico, dejando además en suspenso la regulación de los peajes de retribución del acceso a las redes de transporte y distribución cerrando de nuevo en falso el presupuesto de 2012, supera cualquier frontera de lo racional.

Señora ministra, su Gobierno nos debe a nosotros y a los ciudadanos una explicación. Si querían regular aspectos importantes del sector eléctrico por la urgencia que nos acaba de explicar el portavoz del Grupo Popular -hubiera sido de agradecer que nos la explicara el Gobierno- lo podían haber hecho con otro decreto-ley. Quien hace veintinueve en un año hace treinta, y como no nos consta que ustedes sean supersticiosos con el número treinta, esa no debe ser la explicación. No debe ser la explicación que les daba miedo llegar a treinta; posiblemente sea otra explicación, a lo mejor son dos, que de esta manera ustedes no discuten a fondo lo que está sucediendo en el sector eléctrico y lo camuflan debajo de las alfombras del sistema de Seguridad Social y del régimen de empleadas de hogar o, lo que sería peor, porque este decreto-ley en la parte concreta del sector eléctrico no estaba previsto en la orden del Consejo de Ministros, no se dio información sobre ello en la rueda subsiguiente. ¿No será que esta parte del decreto-ley se fraguó fuera de cualquier tipo de control de legalidad entre el 28 de diciembre -Consejo de Ministros- y el día 31 de diciembre, lunes, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado? ¿Es esa una hipótesis? Me temo que desgraciadamente es esta porque ustedes en materia de respeto a la democracia han superado todos los límites. Se trata de un paso, sin duda, que consigue, con la técnica del totum revolutum que hoy no pueda haber un mínimo debate de calidad, como han dicho prácticamente todos los portavoces. Vamos a intentar de todas maneras situar las razones por las cuales nuestro grupo va a votar en contra de este decreto-ley. Algunas, casi las más importantes, tienen que ver con el deterioro democrático que comporta.

En relación con las empleadas de hogar se han dicho muchas cosas, señora ministra, pero sobre todo se le ha dicho una, si lo ha escuchado usted, y es que prácticamente todo el mundo está en contra. No sé de dónde ha sacado usted que eso contaba con el consenso de los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo. Usted consigue que cinco noes se conviertan en un sí tumultuoso. Llega un momento en que se llega usted a creer sus propias transformaciones de la realidad, para no decirlo con el eufemismo de las mentiras. La verdad, señora ministra, es que están sobrepasando todos los límites. Usted sabe que no solo nosotros sino todos los comparecientes en la Comisión del Pacto de Toledo, sindicatos, organizaciones empresariales, han valorado de manera positiva el proceso de implantación de la Ley 27/2011. Se lo han dicho, se lo han dicho además con documentos. Saben que han valorado el incremento positivo que supone la mejora de las nuevas altas. Saben que hemos conseguido un proceso de emersión de nuevos cotizantes que usted situaba en el mes de julio pero que en octubre ya estaba situado en el 36 %. ¿Alguien puede decir en qué sector y qué medida consigue hacer emerger el 36 % de trabajo sumergido como el que había? Ninguno, y a pesar de esto ustedes deciden modificar la regulación sin ninguna necesidad, de manera urgente e incomprensible. Es vedad, se ha producido una caída en las bases medias de cotización, y es verdad, la regulación y la gestión es farragosa, pero ustedes podían haber ido a esos aspectos y no haber abierto en canal la regulación, que es lo que ha hecho. Se lo ha explicado ya el señor Anchuelo, portavoz de Unión Progreso y Democracia, se lo ha explicado y tiene razón. Cambiar a ocho tramos no es cualquier cosa, es penalizar a aquella gente que tiene ingresos más bajos, que se ve obligada a cotizar en algunas ocasiones incluso por encima de la retribución que van a percibir. Y, sobre todo, lo más grave, a nuestro entender, situar un cambio en la responsabilidad de las altas, bajas y afiliación, trasladando esa responsabilidad de los cabezas de familia hacia las empleadas del hogar, no es resolver el sistema farragoso, es sencillamente trasladar


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la responsabilidad a quienes en estos momentos trabajan por menos de sesenta horas. Y, la verdad, la coletilla: si se ponen de acuerdo..., si hay alguna relación laboral -esta no es laboral estrictamente-, si hay alguna relación profesional donde las partes no están en condiciones de igualdad, mucho me temo que ese es el caso de las empleadas del hogar con quienes les contratan; desgraciadamente, es así. Eso lo va a decidir una parte, la familia, en detrimento además de las empleadas del hogar, pero lo peor es que tampoco beneficia a las familias, porque su sistema es de una confusión que va a provocar -está provocando ya- incertidumbre jurídica; los cabezas de familia no van a saber si están cumpliendo o no sus obligaciones porque ustedes han hecho una verdadera chapuza también en este aspecto.

Señora ministra, usted, además, desgraciadamente, no ha hecho caso a aquellas cosas que le hemos sugerido en el Pacto de Toledo. Les hemos planteado la necesidad de incentivar fiscalmente una parte de los costes de cotización de las familias hasta determinado nivel -se lo ha dicho el señor Anchuelo también-, porque se ha puesto de manifiesto que hay determinadas comunidades autónomas que cuando lo han hecho han conseguido hacer emerger mucha más cotización; se le ha planteado la necesidad de que ustedes incentiven la firma de convenios especiales para todas aquellas empleadas del hogar que han quedado descolgadas, especialmente las trabajadoras inmigrantes que están sometidas a una situación tremendamente difícil, y usted, en vez de escuchar esos aspectos en clave positiva, el día 31 de diciembre nos coloca este decreto-ley.

En materia de jubilación anticipada y parcial, señora ministra, solo le puedo decir lo mismo que le hemos venido diciendo desde La Izquierda Plural: su reforma es absolutamente innecesaria en estos momentos. No tiene ningún sentido pretender reformar una legislación que aún no ha entrado en vigor con el único argumento de que debe reformarse sí o sí. Han cambiado ustedes de argumentos muchas veces, pero no han sido capaces de dar un argumento sólido, salvo uno que lo dan en los pasillos pero no en las reuniones formales: están ustedes comprometidos con la troika comunitaria a hacer estas reformas como contrapartida al rescate a los bancos. Eso, de verdad, de verdad, lejos de ser un argumento no llega ni a coartada. Es gravísimo además que eso pueda suceder y encima ustedes discutan sobre soberanía nacional. Endurecer el acceso a la jubilación anticipada forzosa, cuando más de la mitad de las personas que acceden a esa modalidad de jubilación son personas paradas, sin empleo, sin posibilidad de tenerlo y, en el mejor de los casos, cobrando subsidio asistencial, va a ser una barbaridad si ustedes lo perpetran y, en función de la intensidad de esa barbaridad, puede llegar a ser una salvajada social. Piénsenselo ustedes muy bien. Van a ir de nuevo contra los más débiles de la sociedad, contra aquellos que no tienen quien les proteja incluso ni quien les organice. Piénsenlo ustedes muy bien antes de tocar la jubilación anticipada forzosa de la gente que está parada porque pueden hacer un verdadero desmán.

Al mismo tiempo, señora ministra, le tengo que decir que, por mucho que usted lo quiera vender, por mucho que ustedes nos repitan una verdad, afortunadamente Goebbels no se va a salir con la suya, al menos en esta Cámara y en este país. Por mucho que ustedes repitan que están mejorando y regularizando las pensiones, la realidad es que ustedes en este decreto-ley consuman la barbaridad iniciada con un decreto-ley anterior. Si en el anterior se cargaron con efecto retroactivo la revalorización de las pensiones a final de año, en este lo que hacen ustedes es dejar en suspenso un mandato legal, y lo hacen, sin duda, vulnerando el criterio que prohíbe la arbitrariedad según el artículo 9 de nuestra Constitución. En este sentido, solo le puedo decir una cosa: demasiado han sufrido los pensionistas de este país en su poder adquisitivo como para que ustedes el único argumento que tengan, una vez detrás de otra, es que los de antes lo hicieron más y peor. Por favor, por respeto a esas personas, utilicen ustedes un argumento con un poco más de dignidad, porque eso ya no solo es bajarles el poder adquisitivo a los pensionistas sino, encima, tratarlos de una manera que no se merecen.

Por último, señora ministra, lo que es el colmo del abuso de derecho, de haberse cargado ya la propia institución del Estado de derecho -supongo que saben ustedes que una de sus claves es la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo- es lo que hacen ustedes en este decreto-ley que ha alcanzado el cénit de la chapuza; y eso, sinceramente, era difícil en el esperpento eléctrico montado por el ministro Soria durante este año, un esperpento de despropósitos, uno detrás de otro, que ha conseguido tener a todo el mundo en contra. Ante el descontrol del déficit de tarifa, que se lo reconoce todo el mundo, ante el revolcón a la orden de tarifa que le da el informe de la Comisión Nacional de la Energía, al ministro Soria, al Gobierno, no se le ocurre otra cosa que continuar con su frenética carrera de producción normativa. Se confirma con ustedes la máxima de que cuando un Gobierno no tiene políticas hace muchas normas, precisamente porque no tiene políticas. Desgraciadamente, señora ministra, ustedes han tenido que hacer esta chapuza no por las razones que nos ha dado el portavoz


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del Partido Popular. Todos los argumentos que usted nos ha dado: el marco regulador, las previsiones de caída del consumo eléctrico, las centrales autorizadas; todas ellas estaban ya en este país y eran previsibles cuando ustedes diseñaron el déficit de tarifa.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Señor Coscubiela, le ruego que concluya.

El señor COSCUBIELA CONESA: La verdad es otra, la verdad es que no se ha cumplido el déficit de tarifa por una cosa que les venimos diciendo desde hace mucho tiempo y es que sus previsiones no son previsiones sino afirmaciones teológicas, como los presupuestos generales, que no se cumplen uno detrás de otro. Ese déficit de tarifa era incumplible y ustedes dijeron que tendrían unos cuantos millones que saldrían de allí y si no los cubrirían con los presupuestos y en los presupuestos no aparecen por ningún lado. Ustedes hacen como en las ramblas de Barcelona con los cubiletes. ¿Sabe usted lo que es eso, no? Intentar ver de dónde salen los billetes. Pues no salen de ningún lado y no han salido de ningún lado. Y al final tienen ustedes que hacer esto el día 28 de diciembre y el día 31 de diciembre.

Las razones del déficit de tarifa son dos. Primero, desde el principio se está haciendo un sistema de cálculo de las tarifas que es perverso y ustedes lo saben. El hecho de retribuir a la energía de fabricación hidroeléctrica o a la nuclear con el precio del nivel más alto es una barbaridad, pero al mismo tiempo ustedes saben también que eso no lo tocan porque no pueden, porque están atrapados por los lobbies del sector eléctrico, cinco grandes empresas monopolísticas que hacen de su discurso de la liberalización papel mojado. Esa es la realidad que les lleva a ustedes a un fracaso detrás de otro. Nos parece una barbaridad. Lo que está sucediendo en estos momentos es que el señor Soria y su Gobierno en vez de abordar los problemas de fondo, ese sistema endemoniado de fijación de precios, en vez de abordarlo de una vez por todas y plantar cara a esas cinco empresas oligopolísticas que tiene este país en el sector eléctrico lo que hacen es cambio legislativo detrás de cambio legislativo, aplicación retroactiva de algunas leyes...

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Señor Coscubiela, debe concluir.

El señor COSCUBIELA CONESA: Les están pegando revolcones en los tribunales por todos los lados y han provocado ustedes lo peor que le puede pasar a un país, un nivel de inseguridad jurídica que si yo tuviera que actuar en el sistema eléctrico de este país no actuaría de ninguna manera salvo que fuera monopolio, claro. Todas esas son las razones que llevan a nuestro grupo a votar en contra de este decreto-ley.

Señor presidente, termino diciendo que ha llegado el momento de que la Cámara en su conjunto y todos los grupos nos paremos un momento a pensar si podemos continuar permitiendo, tolerando lo que se está haciendo desde el Gobierno con el abuso de los decretos leyes. Si lo seguimos tolerando seremos cómplices de que este Parlamento, este Congreso sea ninguneado de aquí hasta el final de la legislatura. Que cada uno piense en conciencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos los portavoces coincidimos en una idea muy evidente: no es serio que en este debate se pretenda que los portavoces nos pronunciemos sobre la política de pensiones del Gobierno y sobre la política energética del Gobierno. Incluso se ha producido la situación un punto absurda de que en función del mayor o menor conocimiento que cada uno de nosotros tenemos sobre la materia pongamos el acento en uno de los aspectos concretos de la cuestión que estamos aquí debatiendo para su convalidación, si eso es necesario. Señorías, el debate parlamentario -y lo decía el señor Olabarría en su intervención- se degrada en esta Cámara con este tipo de trámites. Por tanto, quiero reclamar al Gobierno y al Grupo Popular un esfuerzo para que en este abuso del real decreto-ley que se está produciendo en esta legislatura seamos capaces, al menos en el trámite parlamentario que permite la discusión política sobre las medidas que el Gobierno adopta, de profundizar en ellas. Las dos cuestiones que hoy estamos debatiendo merecen debates específicos, no esa mezcla.

En relación con la cuestión que lamentablemente menos conozco -la conoce nuestro portavoz el señor Sánchez i Llibre-, la reforma energética, quiero decir que a nuestro entender lo que hoy se vota


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expresa un fracaso de la política del Gobierno en esta materia; reconoce ese fracaso y es un nuevo parche a los muchos parches que llevamos en esta materia durante este primer año largo de legislatura. Eso solo ya justifica nuestro rechazo a este real decreto.

En relación con las cuestiones que le tocan al portavoz de Convergència i Unió en la Comisión del Pacto de Toledo y en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, voy a intentar decir algunas cosas en el tiempo que tenemos. En primer lugar y en relación con las modificaciones que se introducen en el régimen especial para empleados del hogar es evidente que las reformas que el Gobierno introduce en este real decreto no suponen una revolución respecto a aquello que aprobamos en la pasada legislatura. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene la aplicación de la nueva normativa. Vamos a ver si eso permite que más personas estén afiliadas a la Seguridad Social o si la reforma que se introduce provoca un retorno a la economía sumergida. En cualquier caso, Convergència i Unió viene insistiendo desde hace tiempo en que en este tipo de servicios que se desarrollan en el seno de las casas de las familias y que están vinculados a las necesidades de las familias -servicios de apoyo al mantenimiento y la limpieza del hogar, servicios de apoyo y cuidado de personas mayores, servicios de apoyo y cuidado de niños pequeños, servicios de reparación de informática, servicios de jardinería, etcétera-, en este enorme campo que son los servicios de atención a las personas existe un potencial de creación de empleo inmenso. Hemos puesto en diversas ocasiones encima de la mesa el desarrollo en España de los modelos que en países vecinos han tenido impacto positivo en la emergencia de economía informal y en la generación de un tejido empresarial que ofrece esos servicios a las familias. Hemos hablado de la necesidad de incentivos fiscales -otros portavoces también han hablado de ello- en la compra de estos servicios a las familias, tratamiento fiscal del IVA que se aplica a este tipo de servicios, reducido o superreducido, y apoyo a las familias mediante reducciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Necesitamos en esta materia no una aproximación parcial como la que se hizo en la pasada legislatura y el Gobierno continúa haciendo, sino una aproximación global para crear en uno de los pocos sectores que a corto plazo puede que dé empleo nuevas oportunidades.

Por tanto, vamos a ver las consecuencias de esa reforma. Es cierto -lo decía señor Coscubiela y no es algo menor- que si uno relee las comparecencias que se produjeron en el Pacto de Toledo verá que hay unas cuantas ideas interesantes para desarrollar en esta dirección.

Segunda cuestión: suspensión de los artículos de la Ley 27/2011 que regulan el nuevo régimen de jubilación anticipada y jubilación parcial. En su momento valoramos positivamente el gesto político que el Gobierno tuvo de no aprobar el 28 de diciembre un real decreto modificando estas cuestiones -lo dijimos en público- porque ha permitido que en el seno del Pacto de Toledo podamos continuar discutiendo estas cuestiones. Nos acompaña la ministra y le agradecemos el gesto, así como al secretario de Estado, pero la señora ministra, el secretario de Estado y la portavoz del Grupo Popular, la señora España, saben que Convergència i Unió hoy no ve la necesidad de abordar una reforma de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial. Estamos hablando de una reforma que tenía que haber entrado en vigor este 1 de enero y cuyas consecuencias prácticas no sabemos cuáles hubiesen sido, de una reforma acordada en el marco del diálogo social por parte del entonces ministro Valeriano Gómez, que fue apoyada por Convergència i Unió durante la tramitación parlamentaria correspondiente y que alcanzó un equilibrio positivo. Por tanto, intentar modificar una reforma no aplicada, cuyas consecuencias no conocemos, antes de que entre en vigor, nos parece un planteamiento equivocado.

Además, señorías, hay una cuestión que la Unión Europea nos viene exigiendo al menos durante un año y que está directamente vinculada a estas cuestiones, que necesitamos desarrollar una política pública de acompañamiento a los trabajadores de más edad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Porque cualquier modificación que intente hacer malo que los trabajadores abandonen prematuramente el mercado de trabajo por la vía de endurecer las condiciones de la jubilación anticipada y la jubilación parcial, el único efecto que va a provocar en la actual situación económica es que los trabajadores de más edad, con menor nivel de formación y en sectores obsoletos -sectores en los que difícilmente cuando se produzca la recuperación económica van a poder encontrar empleo-, a pesar de tener largas carreras de cotización, reciban pensiones todavía más bajas. Y lo que la Unión Europea nos solicita es que desarrollemos el instrumento que se aprobó en la pasada legislatura, que es la estrategia de trabajadores de mayor edad. En lo que llevamos de año no solo no hemos desarrollado esa estrategia, sino que algunos instrumentos históricos que existían de apoyo al mantenimiento de trabajadores de más de sesenta años han desaparecido de nuestra legislación. Por tanto -y lo sabe la señora ministra-, nos


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parece que el enfoque en esta materia va a ser injusto para esos trabajadores de mayor edad, de más de cincuenta años, de más de cincuenta y cinco años, que cuando pierden su empleo no tienen oportunidad de volver a encontrar trabajo. Estos días estamos recibiendo algunos correos electrónicos de parados de larga duración de esas edades que nos dicen que cuando se ve en su currículum que tienen cincuenta y tres o cincuenta y cuatro años, ni siquiera les entrevistan para poder ser contratados. En este sentido, valorando el gesto que el real decreto contiene, no compartimos el enfoque del Gobierno en esta materia.

En tercer lugar, el real decreto prorroga la flexibilización de las políticas activas de empleo, la gestión de los recursos de esas políticas de empleo. Valoramos el gesto, pero eso no es óbice para volver a denunciar el sustancial recorte que se ha producido en las políticas activas de empleo en lo que llevamos de legislatura, algo inaudito con las tasas de desempleo que padece la sociedad en su conjunto. El principal instrumento de reciclaje profesional, de reinserción en el mercado de trabajo, de formación para las personas desempleadas ha perdido su capacidad de incidir en la realidad.

Valoramos de manera positiva la modificación que se produce en materia de pensión de orfandad. Eso, en un trámite específico, quizá hubiese contado con el apoyo de Convergència i Unió. Y, lógicamente, la parte del real decreto que desarrolla la suspensión y el dejar sin efecto los mecanismos que contempla nuestra legislación en materia de Seguridad Social en relación con la regularización de las pensiones, lo que hoy se desarrolla, no deja de ser aquello que rechazamos a finales de diciembre en la Cámara y que, por tanto, también justifica hoy nuestro voto contrario a la convalidación de este real decreto-ley. Sobre eso vamos a discutir en los próximos días, cuando planteemos ante el Tribunal Constitucional el correspondiente recurso.

Voy a terminar donde lo ha hecho la señora ministra. Necesitamos políticas pensadas en el medio y largo plazo, orientadas a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, claro que sí, por eso en la pasada legislatura alcanzamos un acuerdo en el Pacto de Toledo y produjimos la Ley 27/2011. ¿Hay que continuar avanzando, desarrollando esa ley? Claro que sí, pero buscando los consensos en el marco del diálogo social, con patronos y con trabajadores que hicieron posible que esa fuera una reforma acordada y esforzándonos en el trámite parlamentario para alcanzar acuerdos. En materia de pensiones y pensando en el largo y medio plazo Convergència i Unió ha estado siempre por el acuerdo. El señor Aparicio está en la Cámara, fue ministro en su momento y alcanzamos acuerdos con él en esta materia. Estamos dispuestos, pero buscando esa necesidad de que el acuerdo se produzca con los representantes y esforzándonos por que de verdad el acuerdo se pueda producir en la Cámara. Me temo mucho que en materia de jubilación anticipada y parcial eso no va a ser posible, pero lógicamente en el futuro habrá que continuar trabajando en esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE) (Número de expediente 121/000031).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que procede del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para defender el proyecto de ley de medida surgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Como saben sus señorías, la norma que debatimos hoy procede del real decreto-ley que esta Cámara convalidó el pasado mes de noviembre y que acordamos tramitar como proyecto de ley para contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios; un real decreto-ley que daba una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas que viven muchas familias españolas y que actuaba en dos direcciones: por un lado, introducía la suspensión inmediata durante dos años de lo que jurídicamente se conoce como


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lanzamiento, la fase final del desahucio, y por otro lado, la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a precios razonables para aquellas personas que hubieran perdido su casa. En ese sentido, puedo anunciar ya que la próxima semana la comisión de seguimiento de este fondo social encargada de velar por su gestión estará en funcionamiento. La intención del Gobierno al tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley era y es poder contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Queremos la mejor ley posible porque la dramática situación que están atravesando muchas familias españolas merece el mayor esfuerzo y entendimiento por parte de todos. Señorías, el Gobierno es plenamente consciente de que una de las consecuencias más graves de esta crisis económica es la situación de aquellas familias que no pueden hacer frente a su hipoteca por circunstancias económicas sobrevenidas. Este Gobierno ha tomado medidas para hacer frente a la crisis económica desde el primer día; nuestro principal objetivo es devolver nuestra economía a la senda de crecimiento y de empleo que nunca debió dejar.

Pero mientras estas medidas dan sus frutos, el Gobierno es consciente de que tiene que adoptar acciones y políticas de naturaleza fundamentalmente social que mitiguen las consecuencias de la crisis para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Ese es el objetivo de esta ley: proteger a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad porque, señorías, también tengo que decir que los casos de insolvencia o morosidad son una clara minoría en nuestro país, la inmensa mayoría de los españoles hace frente mes a mes al pago de su hipoteca a pesar de la difícil coyuntura económica que vivimos. Por eso tenemos que proteger a los ciudadanos más afectados por la crisis, pero también ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general de nuestro sistema normativo, basado en principios que hemos construido entre todos y que todos tenemos la obligación de respetar.

Señorías, este real decreto-ley que hemos decidido tramitar como proyecto de ley lleva en su definición el calificativo de urgente porque lo es. Diferentes grupos en la Cámara han presentado enmiendas a la totalidad de esta ley que, si se aceptan, provocarían un retraso en nuestra opinión inasumible por parte de la sociedad española. Por tanto, esta tramitación parlamentaria nos brinda la oportunidad de introducir importantes mejoras. Los grupos parlamentarios tienen la ocasión de presentar sus propuestas, de debatir con el resto de la Cámara las iniciativas que consideren más oportunas para enriquecer el texto. Confiamos en la capacidad negociadora de los grupos parlamentarios, en su criterio para anteponer el interés general a los intereses particulares y en su disposición al diálogo para que esta futura ley sea un reflejo lo más fiel posible de las sensibilidades sociales.

El Grupo Parlamentario Popular ha estado trabajando intensamente manteniendo diferentes reuniones con todos los grupos de la Cámara y les puedo adelantar que existen múltiples puntos de encuentro entre las propuestas de los textos presentados por los diferentes grupos hoy. Estoy convencido de que también se podrán acercar posturas con las enmiendas al articulado que se presenten los próximos días. En ese sentido, creo que serán muy provechosas las intervenciones que tendrán lugar los próximos días 5 y 6 de febrero en la Comisión de Economía y Competitividad. Como saben sus señorías, a petición del Grupo Parlamentario Socialista se van a celebrar una serie de comparecencias para clarificar y debatir los diversos puntos de vista en un asunto tan complejo como el que estamos tratando hoy. Será también en la Comisión de Economía y Competividad de mediados del próximo mes, tras la ponencia, cuando sus señorías busquen alcanzar el mayor consenso posible. Por ahora, y a la espera de esas negociaciones, me gustaría adelantarles las líneas generales de las enmiendas en las que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han estado trabajando y sobre las que considero deberían establecerse las líneas principales de negociación futura. Confío en que las medidas que les voy a mencionar a continuación serán aprobadas por la mayoría de la Cámara, ya que recogen las principales reivindicaciones tanto de los grupos parlamentarios de la oposición como de los principales colectivos sociales afectados por desahucios. Estas medidas se pueden agrupar en cuatro grupos principales: en primer lugar, la reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de regulación del mercado hipotecario para equilibrar la posición de las partes respecto a la existencia de determinadas cláusulas, de las tasaciones de los inmuebles y de los intereses de demora, así como para introducir la regulación sustancial del procedimiento de venta extrajudicial. En segundo lugar, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir mejoras procesales con las que lograr una ejecución hipotecaria más ágil y evitar que las viviendas se vendan o adjudiquen por un valor sensiblemente inferior a aquel por el que fueron tasadas en su momento. En tercer lugar, la introducción de determinadas medidas adicionales de prudencia financiera. Y por último, plantear fórmulas encaminadas a perfeccionar el código de buenas prácticas que puso en marcha el Gobierno en marzo de 2012 que, aunque ha tenido como demostraré posteriormente resultados aceptables, después de casi un año desde su puesta en marcha hemos identificado algunos aspectos susceptibles de mejora.


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Empezaré, como he indicado, refiriéndome a las modificaciones en la legislación hipotecaria con las que se propone una mejora en la posición del deudor hipotecario. En primer lugar, y a partir del momento de entrada en vigor de la ley, tanto para las hipotecas en vigor como para las nuevas y en los supuestos de vivienda habitual se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Se lograría así evitar un crecimiento exorbitado del volumen de la deuda y facilitar que los deudores hipotecarios, y en concreto aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, puedan afrontar sus pagos con mayor solvencia. Por otro lado, señorías, es primordial reforzar la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito. Debemos limitar la relación de las sociedades de tasación con aquellas entidades de crédito que tengan en circulación títulos hipotecarios, así como endurecer los supuestos de infracción en el ejercicio de la actividad de tasación. Por ello, en primer lugar las entidades de crédito están obligadas a aceptar cualquier tasación homologada de un bien aportada por el cliente. El incumplimiento de esta obligación se convertiría en materia sancionable, lo que redundaría en mayor competencia en el mercado y supone además un incentivo a la realización de tasaciones más objetivas. En segundo lugar, pretendemos que se limite la presencia de las entidades de crédito en el accionariado de las sociedades de tasación mediante la reducción del 25 % al 10 % del porcentaje que otorga el carácter de participación significativa según la Ley del Mercado Hipotecario. En tercer lugar, que el Consejo de Consumidores y Usuarios esté facultado -además de otras autoridades administrativas- para requerir al Banco de España a que inicie un procedimiento sancionador contra una tasadora.

Como les indicaba al inicio de mi intervención, es voluntad del Gobierno que se incluyan en la Ley Hipotecaria las formalidades del procedimiento de venta extrajudicial, unas condiciones que antes se recogían en el reglamento hipotecario, lo cual había suscitado algunos problemas de legalidad, y que ahora pretendemos equiparar a lo previsto para el procedimiento judicial en la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta manera se clarifica la regulación de este procedimiento. Además se introduce como novedad relevante la posibilidad de realizar subastas extrajudiciales on line.

Señorías, nos encontraríamos en definitiva ante un procedimiento mucho más garantista, que agilizaría la resolución de las ejecuciones hipotecarias y permitiría aliviar la carga de los juzgados. De esta forma pretendemos reducir la demora habitual en los procedimientos de ejecución judicial, en los cuales se van acumulando los intereses en perjuicio del deudor. También con la finalidad de introducir un mayor principio de prudencia financiera, lo cual debería redundar en beneficio del deudor hipotecario, proponemos limitar a treinta años el plazo máximo al que se puedan conceder préstamos hipotecarios para vivienda habitual que pueda ser objeto de cobertura por las emisiones de cédulas hipotecarias.

En cuanto al segundo apartado de modificaciones, las que hacen referencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queremos establecer la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual restara deuda por pagar para un deudor de buena fe, el juez correspondiente tenga la potestad de condonar el pago de la deuda remanente si el deudor paga el 65 % del total en el quinto año desde la adjudicación del bien tras el proceso de subasta o el 80 % en el décimo año o, en segundo lugar, en el caso de que la entidad se quede con la casa y obtenga una plusvalía con la venta del bien en esos diez años, el juez podrá exigir que el 50 % de este incremento de valor, de esta plusvalía, reduzca la deuda. Esta medida tendría claros beneficios sociales sobre la realidad de personas cuyo sobreendeudamiento está ligado a su situación actual de desempleo. Se trata de un modelo de efectos similares a los existentes en otros países vecinos y que no afectaría a la cultura de pago tan relevante en nuestro país.

Por otro lado, los procesos de subasta serán objeto de mejoras procesales para lograr una mayor transparencia. Con las propuestas que planteamos lograremos más agilidad consiguiendo en definitiva mecanismos de subasta más efectivos. En primer lugar, proponemos facilitar el acceso de postores a las subastas y se propone rebajar los requisitos impuestos a los licitadores como, por ejemplo, disminuir el aval necesario para pujar del 20 al 5 % del valor de tasación de los bienes. En segundo lugar, ampliar el plazo de veinte a cuarenta días para que la persona que se adjudique la casa pueda encontrar la financiación necesaria para pagar. En tercer lugar, impedir que la tasación que se utiliza para la subasta sea inferior al 75 % del valor en que se tasó el inmueble en el momento de la escritura. De esta manera se garantizaría un equilibrio entre el valor de la garantía y el futuro de apertura de la subasta. En caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se incrementarán los porcentajes de adjudicación del bien; en concreto, se elevaría del 60 % al 70 % el valor de tasación por el cual el banco se adjudica la vivienda. Por último, pretendemos modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para limitar la capacidad de la entidad de


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crédito de reclamar las cuotas del deudor hasta que no se hayan producido tres impagos. Anteriormente con un solo impago la entidad podía iniciar el procedimiento. En resumidas cuentas, otorgamos con todas estas medidas una mayor protección al deudor.

En cuarto lugar, tenemos medidas adicionales desde el punto de vista de la prudencia financiera. Al respecto proponemos una renovación específica de determinadas cláusulas especialmente complejas, tales como las cláusulas suelo, las referentes a hipotecas multidivisa, los swaps de intereses y otras que puedan requerir de especiales conocimientos financieros por parte de los deudores. Como saben sus señorías, en la escritura de constitución debe constar que el notario ha informado expresamente a la parte deudora de la existencia de tales cláusulas. Estas obligaciones de información se reforzarán exigiéndose la expresión manuscrita de la aceptación de este tipo de cláusulas. Por otro lado, se avanzará en un mayor equilibrio de estas cláusulas, de tal forma que puedan jugar proporcionalmente en perjuicio y beneficio de una y otra parte y no de forma desequilibrada, como ocurre en ocasiones en los momentos actuales.

Por último, me referiré a las modificaciones dirigidas a mejorar el código de buenas prácticas. Como saben sus señorías, a través de este código se establecían diversos mecanismos dirigidos a permitir y facilitar la reestructuración de la deuda de aquellos que se encontrasen en situación de especial vulnerabilidad, preservando al mismo tiempo los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria. En caso de que esa reestructuración de la deuda no fuera suficiente, las entidades de crédito tenían la posibilidad de ofrecer a los deudores una quita sobre el total de la deuda, y si aun así no se consiguiese reducir el esfuerzo financiero del deudor a límites asumibles, este podría proponer a la entidad financiera la dación en pago, que la entidad quedaba obligada a aceptar. Permítanme que les exponga el balance de este código desde su puesta en marcha el mes de marzo del año pasado y hasta diciembre del ejercicio último. En total se han presentado más de 1.500 solicitudes, de las que se han resuelto casi 800. De estos expedientes, 317 casos consiguieron reestructurar de forma viable su deuda y en 78 casos se consiguió la dación en pago y la extinción de la deuda. Lo realmente significativo de estos datos es que cada vez son más las personas que hacen uso de este código de buenas prácticas para resolver sus litigios con las entidades de crédito, como muestran los datos del último trimestre. Mientras que en el primer trimestre de aplicación del código se produjeron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago, en el último trimestre del año se han superado las 140 reestructuraciones de deuda y las daciones en pago se han dado en 36 ocasiones. Como recordarán, para determinar qué personas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad se creó el denominado umbral de exclusión. Se establecieron una serie de circunstancias que debían concurrir para que esa inclusión se hiciera efectiva. Como ya dije en sede parlamentaria, estábamos dispuestos a estudiar nuevos umbrales bajo los que se pueda aplicar este código de buenas prácticas, cumpliendo siempre con los criterios de responsabilidad patrimonial. En este sentido hemos propuesto modificar los umbrales para que se incorporen más personas a la fase de reestructuración de la deuda. Por tanto, el umbral debería elevarse para ser más inclusivo y modificarse en función de las cargas y circunstancias familiares. Por eso, el Gobierno quiere ampliar y mejorar este código, elevando en primer lugar los límites de los préstamos hipotecarios a los que se podrá aplicar; en segundo lugar, permitiendo que el deudor pueda proponer un plan de refinanciación a la entidad, quien, en caso de rechazo, debería justificar los motivos de denegación y, en tercer lugar, flexibilizando la posibilidad de carencia y la definición de plan de refinanciación inviable. Adicionalmente se propone moderar el interés de demora en caso de impago de alquiler tras la dación en pago, concretamente del 20 % al 10 %. También la comisión de seguimiento del código de buenas prácticas debería modificarse, ampliando el número de miembros para dar cabida a otras instituciones, procurando así una comisión más plural y representativa.

Señorías, queda claro por la relación de medidas que les acabo de relatar que ha sido y es voluntad del Gobierno en este proyecto de ley de medidas urgentes destinado a los deudores hipotecarios recoger el grueso de las reivindicaciones planteadas por los grupos de esta Cámara, así como de los colectivos sociales afectados por los desahucios.

Antes de finalizar, señorías, quisiera aprovechar esta intervención para informar de que el pasado 17 de enero se firmó el convenio para la constitución del Fondo social de viviendas destinado al alquiler, un convenio en el que han participado tres ministerios: Fomento, Economía y Sanidad, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector que integra las principales ONG de este país y que representa a casi a nueve millones de personas, las patronales bancarias, y 33 entidades de crédito que aportan las casi 6.000 viviendas con las que nace el fondo. Las viviendas están a


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disposición de aquellas familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo. De esta manera estas familias tienen a su disposición una alternativa real, un hogar al que pueden acogerse hasta que sus circunstancias económicas mejoren. Se beneficiarán de unas rentas muy razonables que oscilarán entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 % de sus ingresos netos totales por unidad familiar.

Señorías, quisiera anunciarles que el Gobierno planteará una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar cobertura legal a los arrendamientos derivados del Fondo social de viviendas. Entre otros aspectos se verá afectada la duración de los alquileres, que será de dos años, prorrogables hasta un máximo de tres. En esta misma línea incluiremos una disposición que exija a los servicios de atención al cliente de las entidades de crédito que atiendan las reclamaciones relacionadas con el compromiso suscrito por las entidades en el marco del Fondo social de viviendas.

Señorías, concluyo ya, pero quiero recordarles que este ha sido el primer año de este Gobierno y que durante este plazo tan corto de tiempo el Gobierno ha dado una respuesta al drama de los desahucios, perfeccionando y reforzando el marco de protección a los deudores desde el primer día y quisiera seguir haciéndolo, como demuestra el proyecto de ley que debatimos hoy aquí. Estoy convencido de que dentro de las enmiendas que presenten todos los grupos parlamentarios podremos encontrar importantes puntos de encuentro para paliar el drama de aquellos que han perdido o están a punto de perder su vivienda debido a circunstancias económicas sobrevenidas y negativas. Esta es la voluntad del Gobierno, y estoy seguro de que es también la de todos los grupos de esta Cámara porque una situación como esta no requiere menos por nuestra parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas de texto alternativo. En primer lugar, la defensa de la primera de ellas la va a hacer por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila, y a continuación intervendrán los miembros del Grupo Mixto en fijación de posiciones. Luego pasaremos a la enmienda a la totalidad de La Izquierda Plural.

La señora Fernández Davila tiene la palabra.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, presentamos esta enmienda a la totalidad como texto alternativo al proyecto de ley que hoy se tramita procedente del Real Decreto-ley 27/2012, que se definía como de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Ante la grave situación social existente en los últimos meses del año pasado como consecuencia de las miles de familias desahuciadas de sus viviendas y de dramáticos desalojos el Gobierno aprobó estas medidas urgentes para, según se indica en el título, reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Como primera apreciación, señoría, señor ministro, cabe preguntarse a qué protección se referían cuando los propios jueces lo definieron como injusto, insuficiente y limitado. En algún momento el Gobierno nos dirá cuántas familias han podido resolver sus problemas asumiendo este tipo de medidas que aquí se planteaban. Nos preguntamos también, señor ministro, dónde están las modificaciones. Hoy nos acaba de decir usted algunas de ellas, yo diría bastantes de ellas de las que hemos hablado durante muchísimo tiempo y que ha indicado que las van a tramitar en este proceso legislativo como enmiendas para incluirlas en este proyecto de ley. Y lo decimos, señorías, porque necesitamos una ley hipotecaria que no se pueda definir como una ley que vulnera la normativa europea, porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores, como así ha dicho la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE. Y no tenemos que irnos a la Unión Europea para este tipo de posicionamientos en relación con la ley. Asociaciones de jueces y de abogados del Estado español comparten estas visiones y han ofrecido soluciones no solo con propuestas para modificar la norma, sino con actuaciones que han permitido calmar un poco la dramática situación. Abogados y jueces se están esforzando en buscar todo tipo de resquicios que les permitan aplicar justicia a un problema tan injustamente tratado por la ley. Como se ha dicho en sede parlamentaria recientemente, durante la comparecencia del representante del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2012 se han incrementado en un 134 % las ejecuciones por desahucios, cifra que incluye locales comerciales y otros. Aun así, señorías, en el pasado 2012 han aumentado los desalojos de familias en más de un 18 % en comparación al mismo periodo de 2011.

Con estos antecedentes -ahora ya no lo decimos porque usted acaba de hacer propuestas- nos preguntamos, a la vista de este real decreto-ley, si ustedes siguen creyendo que no es necesario modificar la


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Ley Hipotecaria. Salimos, señorías y señor ministro, de un mal año, pero mucho nos tememos que nos encontremos en un año peor con casi un millón de parados más. La gravísima pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de las brutales reducciones salariales, y con previsiones de paro y recesión económica que por mucho que el Gobierno invente discursos optimistas está claro que todavía no hay luz al final del túnel.

Señorías, quienes formamos parte de esta Cámara estamos aquí como representantes de los ciudadanos que nos han dado su voto. Por tanto hay cuestiones que no debemos olvidar. Los pocos avances que se han producido en este tema y logros como la paralización de dramáticos desalojos por parte de los bancos se deben al grandísimo esfuerzo de los ciudadanos, que se han unido para frenar lo que es una auténtica barbarie. Han sido los ciudadanos y las plataformas antidesahucio quienes han hecho posible que no se silenciara el drama de muchísimas familias. Con sus actuaciones incluso han logrado parar muchos de estos desalojos.

Frente a esa fuerza social, frente a la dignidad ciudadana, solo nos queda decirle al Gobierno que tiene que estar a la altura de las circunstancias porque hasta este real-decreto, señorías, nos preguntábamos qué había hecho el Gobierno. El señor ministro acaba de decir que actuaron desde el primer momento. Pero estas medidas, señorías, vinieron un año después de estar en el Gobierno y cuando la situación ya estaba en ese momento álgido del drama, que incluso se caracterizaba por las noticias dramáticas de pérdida de vidas humanas. Por tanto, señorías, el texto alternativo que presentamos sigue la senda del presentado como proposición de ley al inicio de esta legislatura -¡hace un año ya!-, y que va además en la misma línea de iniciativas que el Bloque Nacionalista Galego presentó en la legislatura actual. Siempre nos hemos preguntado que si muchas de las propuestas que nosotros hemos presentado en esta Cámara se hubieran aprobado a tiempo cuántos dramas nos hubiéramos ahorrado.

Señorías, el incremento vertiginoso de las ejecuciones hipotecarias en el Estado español, que se ha ido elevando especialmente durante los años que han transcurrido desde el estallido de la crisis financiera, alerta del negativo panorama actual que es consecuencia inmediata de la errónea política inmobiliaria y crediticia. A esta han contribuido las entidades financieras de forma relevante y exige la intervención pública a través de la adopción de medidas con carácter inminente en materia de ejecución hipotecaria, pues afecta a un derecho social reconocido constitucionalmente como es el acceso a una vivienda digna. La legislación procesal hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que le sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a la vivienda digna. Y estamos hablando, señorías, de personas que incumplen sus obligaciones de pago de la hipoteca por causas ajenas a su voluntad, personas que de repente se ven inmersas en una crisis económica que ha provocado la pérdida de empleo y el deterioro de su poder adquisitivo, una situación de declive económico en la que ha tenido una influencia decisiva la estrategia del sector financiero que ha impulsado la expansión de la concesión de los créditos hipotecarios de manera paralela al crecimiento exponencial del precio de la vivienda, relajando al mismo tiempo las facilidades en el acceso al crédito, siendo todo ello decisivo en la conformación de la burbuja inmobiliaria. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). La resultante es por lo tanto un enorme crecimiento del endeudamiento familiar cuyo principal factor ha sido el crédito hipotecario. La rigidez del marco procesal, aun conociendo la ardua realidad económica de muchas familias, no admite siquiera un proceso contradictorio donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda.

Señorías, la propuesta que presentamos va hacia una reforma de la normativa procesal hipotecaria y civil que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de una ejecución hipotecaria; creemos que es justo que así sea, cuando el deudor ha actuado de buena fe y el inmueble sobre el que se ha constituido la garantía hipotecaria constituye la vivienda habitual, de forma que existan causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los juzgados y los tribunales, valoración que debe tener en cuenta la situación económica y social del deudor, no solo en relación con la posición de privilegio del acreedor, para evitar con ello, señorías, que a la profunda falta de ingresos de muchas economías domésticas, que les impide llegar a un nivel de vida digno, se sume también la pérdida de la vivienda habitual. El artículo 1º. modifica en diversos aspectos la legislación procesal para establecer por un lado la admisión de la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, en el caso de deudores de buena fe, de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad financiera que la tasó con un valor artificialmente alto. Por otra parte, se introduce un tiempo de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzca a una moratoria en el pago de los plazos pactados, acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación en un contrato


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de arrendamiento con opción a compra, o la condonación parcial de la deuda. El artículo 2º. modifica el artículo 1911 del Código Civil permitiendo que normas legales o pactos voluntarios alteren el principio de responsabilidad limitada del deudor con el fin de que exista un mayor equilibrio entre la posición jurídica de las partes obligadas por un contrato hipotecario. El artículo 3º. completa la regulación legal, reformando parcialmente la Ley Hipotecaria en conexión con la antedicha modificación operada en el Código Civil de la regla de responsabilidad del deudor.

Finalmente, señorías, se introducen las disposiciones transitorias, derogatorias y final necesarias para garantizar la plena aplicabilidad de la presente ley, extendiéndola expresamente también a los préstamos hipotecarios que se encuentran en trámite de ejecución y cuya ejecución se haya instado desde la aprobación de la ley. Además, señorías -y finalizo-, se incorpora una disposición final para abordar una regulación específica sobre procesos concursales aplicables a personas consumidoras. En la actualidad el proceso concursal está dirigido al ámbito empresarial, lo que impide que muchas personas en situación de insolvencia personal se acojan al mismo, al abocarlas a una delicada y penosa situación que puede acabar en la liquidación total de su patrimonio y absoluta ruina.

Señor ministro, usted nos acaba de anunciar aquí -como dije anteriormente- una serie de medidas que -ha dicho- quiere que formen parte de esta ley que hoy entra en trámite en el Parlamento. Nosotros le decimos que aproveche el Gobierno estas comparecencias que se inician el día 5 para tener en cuenta lo que ahí se va a plantear, porque se ha trabajado mucho, desde los propios afectados hasta las asociaciones de abogados y hasta los jueces, señor ministro. Creemos que el Gobierno se encuentra con un trabajo hecho, incluido el presentado por los grupos parlamentarios, como este que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego, y que realmente tiene la gran oportunidad de hacer una ley que sea lo contrario de la actual, que sea una ley justa. Esperemos que atienda a todas estas posiciones que le planteamos, y de manera especial le pedimos que esté atento a lo que van a exponer los comparecientes en la Comisión de Economía.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Fernández Davila.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señor ministro, nos trae hoy el Gobierno el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Solo con ver el enunciado del texto del documento que nos trae hoy el Ejecutivo podemos afirmar desde Geroa Bai que partimos de una base equivocada. Lo que urge -y quizá no es un requerimiento a hacer a su departamento, pero evidentemente sí al conjunto del Gobierno- es una ley integral de vivienda. Este es el problema que tiene en estos momentos la sociedad, no tiene un problema de impago de hipotecas, que en cualquier caso es una circunstancia colateral bien menor con respecto a los dramas a nivel social que está viviendo el conjunto de la sociedad. Por lo tanto lo que hoy está presentando el Gobierno no es sino un parche, y no otra cosa que un parche que no ataca al mal, al cáncer social que supone que decenas y decenas de personas, que decenas y decenas de familias sean desalojadas y despojadas de lo que es su bien personal y material más necesario, más importante e íntimo, que son sus paredes, su techo, en definitiva su casa. De eso debiéramos estar hablando hoy, no de un conflicto entre pagadores e impagadores. Pero es que además esta desprotección del conjunto de la ciudadanía lo es doblemente, señor ministro, cuando el esfuerzo del Gobierno, obligado a velar -obligado por supuesto, esto no lo vamos a discutir desde Geroa Bai- por los intereses generales y por lo tanto los de las partes en un conflicto de estas características, dirige la báscula hacia el Goliat de esta historia, hacia el fuerte de esta historia, lo que es realmente nuestro problema.

Quiero recordar que el partido del Gobierno ya desaprovechó una oportunidad magnífica como fue haber aceptado iniciar el proceso legislativo que proponía la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para haber acometido el proceso. Lo hubiéramos hecho con otra información, con otra perspectiva, seguramente con otras posibilidades. Repito, ministro, que no es a usted a quien quisiera dirigirme en el seno de su Gobierno, pero no solo es porque lo haya presentado hoy usted, es que es el único miembro del Gobierno presente esta tarde en este salón de plenos, y por lo tanto pocas oportunidades más me quedan. En consecuencia han desaprovechado ustedes la oportunidad de comprometerse ante la sociedad -y esto me parece importante-, de priorizar la necesidad de las personas sobre los conflictos de negocio, que no nos parecen menores pero desde luego no los prioritarios. En definitiva nos han presentado cuestiones interesantes. Nos habla de reconocer la necesidad de


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reformar la circunstancia que en estos momentos regula los intereses de demora, estamos de acuerdo. Nos ha planteado que han de establecerse nuevas condiciones de las hipotecas, estamos de acuerdo. Nos propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estamos absolutamente de acuerdo, pero, ministro, nos ha traído tan solo y exclusivamente una enumeración de casos que en nada acometen, atacan ni establecen -voy terminando, señor presidente- reformas ni soluciones al problema real. Es por esto que Geroa Bai va a votar a favor de la devolución del texto que hoy nos propone. Lo haremos además apoyando todas y cada una de las tres propuestas de texto alternativo que se nos han presentando, estando más o menos de acuerdo con cada una de ellas, y lamentando profundamente, ministro, que la mayoría absoluta que la ciudadanía les otorgó legítimamente en su día sirva para llevar a cabo parches como el que hoy nos han dejado aquí.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Barkos.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, de todos los dramas que están asociados a la situación de crisis que vive el Estado español, el entorno de la Unión Europea y buena parte del planeta en los últimos años, hay uno que ejemplifica perfectamente el inmenso sufrimiento humano, la pérdida de dignidad y de futuro que ha afectado a una enorme cantidad de personas en el Estado español y que lo continuará haciendo en el futuro, y este es ni más ni menos que la cuestión de los desahucios. Que alguien pierda su vivienda cuando ha hecho un esfuerzo gigantesco de naturaleza económica -seguro que también de naturaleza familiar- para tener una vivienda digna, y que se vea ante la eventualidad de perder el objeto de ese enorme sacrificio significa que estamos ante un drama social de primer orden. El abuso es la fuente de este conflicto; el abuso, señor ministro. El abuso de aquellos que han estimulado los créditos, se han confabulado con las inmobiliarias para incrementar el valor de las viviendas, y como consecuencia han generado una enorme burbuja inmobiliaria de la que han obtenido importantísimos beneficios sin riesgos, porque cuando las cosas han ido mal el riesgo lo sufre la parte débil, aquellas personas que de buena fe creyeron que eran capaces de tener su propia vivienda y afrontar los pagos. Estamos hablando aquí de proteger a las personas que realmente pierden la vivienda porque no la pueden pagar por circunstancias sobrevenidas, no por voluntad propia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Vamos a apoyar naturalmente el texto alternativo planteado por la compañera del Bloque Nacionalista Galego en la misma medida que los otros dos textos que se presentarán próximamente. Les decimos que el Partido Popular ha actuado mal, ha actuado tarde, y ha actuado de una forma incompleta. Se lo dijimos en la otra ocasión, señor ministro. Y hay otra cuestión esencial que es la necesidad de escuchar a los afectados. Las instituciones no podemos seguir alejadas de la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos están organizados, han formulado una propuesta de iniciativa legislativa popular que apoyaremos los nacionalistas canarios si no prosperan, como nos tememos, los textos alternativos que se han planteado hoy con tres ejes fundamentales: paralizar inmediatamente los desahucios de la vivienda cuando se trata de una vivienda única; plantear la cuestión de la dación en pago para que los bancos asuman la parte de responsabilidad que no asumen y recargan en la parte más débil; y plantear la cuestión del alquiler social por ser una cuestión de justicia y para impedir que la gente, además de perder su vivienda, pierda el futuro y pierda su dignidad.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señor ministro, señoras y señoras diputados, de hecho ya lo dijimos en el debate en que nos opusimos al real decreto, y hoy -sin sorprender a nadie me temo- lo volveremos a decir: no queremos parches para lavar caras y mucho menos para lavar conciencias, queremos simplemente justicia y por ello, en la línea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a quienes reconocemos y felicitamos por su gran labor, exigimos dación en pago retroactiva y moratoria de todos los desahucios, porque entendemos que los desahuciados de su vivienda no son culpables absolutamente de nada, al contrario, son las víctimas, las víctimas de una burbuja inmobiliaria que se ha mantenido durante una década porque el Gobierno ha incentivado la especulación, una


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especulación que ha hecho que la vivienda estuviera a un precio irreal y a la vez a un precio inmoral, y que los capitalistas invirtieran en ladrillo y en Bolsa en lugar de invertir en empresa y en desarrollo. La mayoría de la gente no ha vivido por encima de sus posibilidades, al contrario. Eran justamente las viviendas las que estaban por encima de las posibilidades de la mayoría de la gente.

Las catalanas y los catalanes estamos ya hartos -déjenme que lo diga así- de que ante cualquier reivindicación nos tiren ustedes a la cara su sacrosanta Constitución. Y estamos especialmente hartos de su manipulación hipócrita -también déjenmelo decir así- y falsa a la vez-. ¿O acaso no hay ningún artículo constitucional que establezca el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada? ¿Dónde están entonces los tertulianos, los columnistas políticos de diferentes partidos -básicamente bipartidistas- e incluso dónde está el jefe del Estado que se llenan la boca con la Constitución cuando se refieren al derecho a la vivienda que establece el artículo 47? Es más, el artículo 47 mandata que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo justamente este derecho, regulando así la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Acabo, señor presidente. Ustedes no son capaces de garantizar el derecho al trabajo del que habla la Constitución y permitir que la gente pueda pagar su hipoteca. Y lejos, muy lejos de hacer efectivo el derecho a la vivienda legitiman los desahucios, y aún más lejos de utilizar el suelo de acuerdo con el interés general impidiendo la especulación fueron ustedes los que estimularon la especulación y los que permiten a la vez que haya miles y miles de viviendas vacías especulando mientras se roba la vivienda a pobres familias que no pueden pagar su hipoteca. Ustedes son pues los culpables; ellas, estas familias son las víctimas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, todos ustedes saben que desde esta tribuna en reiteradas ocasiones he señalado que a la hora de desarrollar el punto tercero de la Declaración de Aiete, que es el que se refiere a la reparación de todas las víctimas de la violencia del terrorismo, nadie nos iba a ganar a ninguno de los miembros del Grupo Parlamentario de Amaiur. Desgraciadamente hoy tengo que venir aquí a corregir una doble injusticia que se ha producido esta mañana por parte del ministro de Justicia. En primer lugar, porque ha exigido a nuestro grupo algo que no ha exigido a otros grupos. No ha exigido ni al presidente de su Gobierno ni a otros grupos que hiciesen una alusión al asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril. Pero además ha cometido otra injusticia que me parece mucho más grave, ha omitido a otra víctima del terrorismo a la que también le fue arrebatada la vida un año antes que a Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García. Me estoy refiriendo a Eugenio Olaciregui Borda, que fue asesinado también en una fecha como hoy en el año 1997. Precisamente quiero reparar esa injusticia que se ha producido por parte del ministro de Justicia...

El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene usted que centrarse en el tema.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Voy a la cuestión expresando que compartimos el dolor, compartimos el recuerdo y compartimos la necesidad de reparar todas las injusticias que se han producido en relación con la violencia; pero voy a ir a la cuestión no como ha hecho el señor ministro de Justicia esta mañana, no voy a seguir su ejemplo.

Voy a referirme a nuestra posición, al rechazo a este proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios tal y como está concebido en el texto que hemos recibido hoy. Precisamente la intervención del señor ministro nos ha dado la razón en muchos de nuestros argumentos. La protección que se contempla en esta ley es una protección reducida, simbólica, que quiere lavar la cara de un Gobierno que es muy condescendiente con los grandes, con los fuertes, con la banca, con la gran banca especialmente, mientras que se muestra indiferente con los problemas reales de la gente de a pie, mientras que da la espalda a las vitales urgencias y necesidades de los débiles. La ley en su actual formulación establece un umbral de exclusión que excluye a la mayoría de las personas afectadas, como ha señalado también el señor ministro. Es una ley que no aborda el problema en su integridad. Es una ley que perpetúa la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras, pues


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no da respuestas reales y eficaces a las situaciones de familias consecuencia de insolvencia sobrevenida no dolosa. Es una ley en la que hay grandes ausencias, ausencias clamorosas diría yo. No aborda, por ejemplo, la dación en pago ni con carácter actual ni con carácter retroactivo y tampoco se aborda algo que es fundamental, que es una moratoria real que ponga límite, que ponga fin a la usura que suponen los intereses de demora. Es una ley que solo paraliza el desahucio en su fase final, es decir, paraliza lo que se denomina el lanzamiento, en vez de actuar previamente para evitar la pérdida de la propiedad por parte de las familias afectadas. Es una ley que no propone medidas para evitar en el futuro el sobreendeudamiento ni establece compromisos ni medidas para promover parques de vivienda pública que con un alquiler social pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Su ineficacia a la hora de dar respuesta a un problema dramático para tantas familias nos reafirma en la necesidad de ejercer cuanto antes nuestra soberanía plena para dar respuesta en clave social a la situación de tantas familias y personas individuales que se ven indefensas ante el poder de la banca y a quienes no se les permite ejercer el derecho a una vivienda digna. Por eso esta ley en su actual formulación solo puede obtener nuestro rechazo y tiene que contar con el rechazo generalizado porque no aborda la grave situación por la que atraviesan miles y miles de personas en el conjunto del Estado español.

Con respecto al resto de las enmiendas de totalidad con texto alternativo, sí quiero hacer una puntualización en la que se refiere a la de Izquierda Unida. Izquierda Unida plantea la necesidad de un fondo social de vivienda y estamos totalmente de acuerdo, pero hace una acotación con la que no podemos estarlo. Dice que ese fondo social de viviendas tiene que ser de titularidad estatal. Nosotros defendemos la soberanía de nuestra nación y pensamos que la titularidad de ese fondo social de viviendas debe corresponder a cada nación con total claridad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

La siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo es la presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, entenderán ustedes que mi intervención se refiera hoy a lo único a lo que se puede referir, al objeto del debate de hoy, que es la presentación de las enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley que se deriva del Decreto-ley 27/2012, y entienda el señor ministro que no es descortesía si no hago referencia a la rueda de prensa que nos ha dado desde esta tribuna porque, en definitiva, hoy se trataba de discutir las enmiendas que hemos presentado. Si usted quiere ser el portavoz del Grupo Popular presentando las enmiendas, nosotros no tenemos nada que ver y no podemos entrometernos en esa cuestión, pero el momento procesal es otro. Me permito preguntarle, señor ministro, que si hay tanta claridad en lo que hoy usted nos ha explicado en su rueda de prensa desde la tribuna sobre que eso es lo que había que hacer y además con urgencia, nos ha dicho, lo que quiere decir que va a haber poco debate con los grupos, ¿por qué no lo hicieron hace escasamente unas semanas cuando nos presentaron el Decreto-ley 27/2012? Hay algo que no cuadra aquí. Salvo, claro, que usted nos diga que la emergencia de aquel momento provocada por los medios de comunicación era salir del paso de cualquier manera y que la emergencia de ahora es otra. No quiero pensar que ustedes gobiernen así, pero en algún momento sus actos nos llevan a pensar que esa es la desgraciada realidad.

Volviendo al tema que merece el debate de hoy, que es la presentación de nuestra enmienda, creo que este Congreso tiene de nuevo una oportunidad para encarar el drama de las familias hipotecadas y desahuciadas y ofrecer una solución real. No digo que algunas de las cosas que usted ha dicho no puedan formar parte de esa solución real, pueden, y cuando lo veamos escrito en forma de enmiendas le diremos qué nos parece. Ahora hemos escuchado una música muy agradable en algunos aspectos, en otros no, pero, en cualquier caso, nosotros nos vamos a pronunciar sobre cosas escritas. Esperemos que esta vez el grupo mayoritario de la Cámara, que tiene la puerta para prácticamente todo teniendo mayoría absoluta, no desaproveche esa posibilidad y piense por una vez en este tema más en los intereses de las familias que en los de los bancos y el mercado hipotecario, los titulares de cédulas hipotecarias, que parece que en el fondo son el verdadero obstáculo para que ustedes aborden algunas reformas en profundidad. Espero que esta vez el Gobierno y el Partido Popular sean más receptivos a las propuestas que les están llegando desde la sociedad, que les llegan desde la plataforma de afectados por las hipotecas, que les llegan de entidades sociales como Cáritas, que les están llegando desde los colegios de abogados y desde los propios jueces a través de informes que han hecho públicos. Insisto, esperemos que esta vez y


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por una vez el Partido Popular, en el tema de la vivienda y de los desahucios, se ponga al lado de las familias más vulnerables y no de los poderosos titulares de cédulas hipotecarias. Desgraciadamente les tenemos que decir que el Real Decreto-ley 27/2012, convertido hoy en proyecto de ley, a nuestro entender no reúne esos mínimos requisitos para ser la solución que les estamos reclamando desde hace mucho tiempo; por eso nuestro grupo, La Izquierda Plural, ha presentado esta enmienda a la totalidad. Sinceramente, en la fase que ahora discutimos el proyecto de ley, no en lo que dice el señor ministro que nos va a presentar el Partido Popular, sino en la fase que ahora discutimos, que es la única que podemos debatir porque es la única que conocemos, vuelve a aparecer un nuevo placebo con el que se intenta convencer a la Cámara y a la ciudadanía de que se están haciendo cosas cuando en realidad no se está entrando en profundidad en los problemas de fondo.

Señor ministro, hace dos meses, cuando discutíamos el decreto-ley, usted nos dijo que la morosidad afecta a una pequeña minoría de los deudores hipotecarios, que la mayoría paga las hipotecas. Eso es cierto, sin duda, por eso es aún más incomprensible que no se quiera abordar en profundidad esa realidad de una minoría de personas que son las que no pagan pero que en cambio son una mayoría, porque cada familia es una mayoría con relación a sí misma, sobre todo por la situación que viven estas personas. Si eso es cierto, señor ministro, si las personas y las familias cumplen con sus obligaciones, lo es entre otras cosas -y creo que es algo que ustedes olvidan en alguna ocasión- porque a nadie le gusta quedarse sin casa, sin la vivienda habitual y con una deuda para toda la vida. A pesar de eso, a pesar de que los impagos son mínimos y su impacto muy pequeño comparado con el provocado por la morosidad de los inversores inmobiliarios, ustedes continúan dando un trato absolutamente diferenciado y discriminatorio, ustedes continúan permitiendo que los deudores, si son inmobiliarias, si son especuladores, se puedan beneficiar de la quita, de la mora, de la reestructuración de la deuda o que incluso dejen de pagar decenas de millones de euros, que hayan provocado un inmenso agujero en los balances de las entidades financieras y que eso vaya a cargo de todos nosotros con ayudas europeas pagadas y avaladas con nuestros impuestos. Mientras hacen eso en relación con los grandes deudores, con los que de verdad han abierto el agujero y han abierto un boquete en nuestro sistema financiero, continúan negándoles ese mismo derecho en términos de igualdad a las familias más necesitadas, a las familias más vulnerables.

Señor ministro, ustedes -no soy el primero en decirlo- practican una política por la que socializan las pérdidas de especuladores y banqueros mientras que continúan negándose a dar soluciones justas a una pequeña parte de esas familias que se ven obligadas a no poder pagar sus hipotecas. El mundo al revés; ustedes han instaurado el socialismo para banqueros y el capitalismo ultraliberal para el resto de la población. En su intervención del día 29 de noviembre usted nos dio algunas claves de por qué se comportan así; entre otras cosas nos dijo que no podía afectar al principio de responsabilidad patrimonial universal, y yo ahora le pregunto: ¿mantiene usted ese criterio hoy aquí? ¿Mantiene hoy el criterio de que lo que nos va a traer el Partido Popular no puede afectar al principio de responsabilidad patrimonial universal cuando eso se refiere a las familias que no pueden pagar la hipotecas de sus pisos y en cambio sí que puede quedar afectado el principio de responsabilidad patrimonial cuando eso afecta a los especuladores y a las empresas mercantiles, que solo responden con los bienes presentes, nunca con los futuros, y por supuesto jamás con los bienes personales de sus accionistas porque para ellos sí que hay protección? Si mantiene usted ese principio va a ser difícil llegar a un acuerdo; en todo caso, dejemos que hablen ustedes con las enmiendas del Partido Popular, porque la rueda de prensa que ha dado usted hoy desde esta tribuna hay que verla escrita después de las enmiendas, cuando corresponde. Insisto, ustedes niegan a las familias lo que en estos momentos están aceptando de manera generalizada para inmobiliarias y especuladores y eso les quita autoridad para negarse como se están negando, para resistirse como se están resistiendo a abordar a fondo esta situación.

Queremos señalar de manera bien clara que nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad que creemos sinceramente que aborda los problemas de fondo, aunque sin duda estamos dispuestos a escuchar otras opiniones en relación con este tema. Ustedes olvidan algunas cosas importantes, sobre todo olvidan que una familia que entrega su vivienda habitual en pago de la deuda se queda sin hogar en el que vivir; por tanto, ese miedo que ustedes le tienen a la dación en pago es un miedo irracional; no es verdad que todo el mundo, si se abre la posibilidad de la dación en pago, se vaya a acoger a esa posibilidad porque ustedes se olvidan de que la dación en pago es, entre otras cosas, ofrecer la vivienda y quedarse en la calle sin posibilidad de tener un hogar familiar que pueda acoger a esa persona y a su familia. Lo saben ustedes o lo deberían saber porque, a pesar del fracaso del código de buenas prácticas, hoy nos ha dado usted unas cifras distintas pero personalmente creo, señor ministro, que eso no modifica el


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concepto de fracaso por el volumen de personas supuestamente afectadas. En su momento usted habló de muchos centenares, de miles de personas afectadas que se podían acoger al código de buenas prácticas, y después de tantos meses que nos diga ahora que el código de buenas prácticas ha servido para 78 daciones en pago y 317 reestructuraciones de la deuda, sinceramente no es precisamente un éxito. Lo ha sido para esas familias, sin duda, ha sido positivo para esas familias, sin duda también, pero esa no es la solución para los que están en estos momentos esperando que se dé alguna cosa más que soluciones placebo.

Ustedes se niegan a aceptar nuestras propuestas y las de la sociedad, insisto, porque ponen por delante los intereses del mercado hipotecario, del mercado de las cédulas hipotecarias. Lo han dicho directa o indirectamente, lo han dicho con eufemismos pero lo han dicho; tienen miedo de desestabilizar el mercado de las cédulas hipotecarias, se le ha escapado a usted hoy incluso en su intervención, perdón, en la rueda de prensa que ha dado hoy desde esta tribuna. Sinceramente, siendo importante ese mercado, sin duda un mercado construido sobre la más carroñera de las concepciones del capitalismo financiero, no puede imponerse, no puede primar sobre la realidad de esas familias hipotecadas. Por eso, señor ministro, nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad que está articulada alrededor de cuatro grandes bloques. En el título primero planteamos una moratoria universal indefinida mientras no se produzca un cambio legislativo en profundidad en relación no con las fases de lanzamiento sino con los procesos de ejecución hipotecaria. Sé que eso a ustedes les suena muy fuerte, sé que plantear una moratoria universal e indefinida les suena muy fuerte, pero es la única manera de que de verdad se den ustedes prisa para abordar en profundidad cambios legislativos, que son los que se merece este país y las familias afectadas. Una moratoria universal e indefinida que sin duda no solo incentivaría al Ejecutivo y al Legislativo a tomar medidas sino que, al mismo tiempo, incentivaría a buscar soluciones por parte de las entidades financieras, que en estos momentos están muy poco incentivadas para encontrar mecanismos alternativos. Por eso también en ese apartado de nuestra propuesta planteamos que una forma en que se podría plantear la suspensión de esa moratoria universal indefinida serían los supuestos en los que las partes llegaran a un acuerdo de mediación y arbitraje voluntario que diera solución a la dinámica de la ejecución hipotecaria. Por supuesto, señor ministro, que eso, desde su punto de vista, posiblemente sobrepase los límites de lo que alguien que está más pendiente de las cédulas hipotecarias que de las familias hipotecadas piense que puede ser, pero para nosotros es una cuestión clave la dación en pago previa a la suspensión, insisto, de esos procedimientos de ejecución. Lo hacemos además con la conciencia clara de que hay que ampliar claramente el universo de los beneficiarios. Usted hoy, si se ha dado cuenta, no se ha atrevido a concretar en qué va a cambiar el Partido Popular el universo subjetivo de las personas beneficiarias por sus nuevas propuestas. Y no lo puede hacer por una cuestión, porque es tremendamente difícil -yo diría que prácticamente imposible- establecer unos criterios o baremos objetivos que determinen qué familias quedan dentro y cuáles quedan fuera, cuando los parámetros no solo pueden ser objetivos, no solo debe tenerse en cuenta la renta sino que deben atender a la situación de aquellas familias que varía sin duda en función de muchos otros parámetros, algunos de ellos difíciles de objetivar, y que deben dejarse a la discrecionalidad y a la apreciación de los tribunales de justicia para que ellos puedan aplicar en cada caso la condición de beneficiarios o no de esa suspensión de la ejecución.

En el segundo bloque planteamos toda una serie de temas vinculados al cambio significativo en el Fondo social de viviendas, para que su impacto sea real y no solo de fachada. Señor ministro, usted sabe perfectamente que esas cerca de 6.000 viviendas que ustedes dicen que ponen a disposición de ese fondo ni de largo van a ser la solución para las decenas de miles de familias que en estos momentos se encuentran en esa situación. Además, el contenido del proyecto de ley presentado y de los convenios firmados por las entidades financieras demuestra hasta qué punto se trata de una medida absolutamente insuficiente. No lo decimos nosotros, lo están diciendo en estos momentos ya una buena parte de las entidades sociales dedicadas a la atención de las personas en situación de exclusión como consecuencia de la falta de viviendas. Por eso, proponemos incluir las viviendas transferidas al Sareb, las que han quedado en poder de las entidades financieras y las desocupadas por falta de responsabilidad de las administraciones públicas.

Quisiera tranquilizar al Grupo Mixto y a los representantes de Amaiur porque creo que solo han leído una parte de nuestro artículo 4. Es verdad que hablamos de un fondo estatal en sentido del conjunto del Estado, pero hablamos claramente de las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para intervenir en el gobierno y gestión de ese fondo, concretamente en el artículo 4, apartado 4. Se nos podía haber escapado a los representantes de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa


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ese tema, sin duda se nos podía escapar, pero les puedo asegurar que está muy claro en nuestra conciencia que quien más y mejor puede gestionar ese fondo es quien está cercano a las necesidades, y esas son comunidades autónomas y administraciones locales, aunque sugerimos que las normas sean del conjunto del Estado para garantizar la igualdad de acceso a esa situación.

En tercer lugar, planteamos una reforma en profundidad del mal llamado código de buenas prácticas para garantizar que de una vez por todas las entidades financieras estén obligadas a su sometimiento. Los resultados que usted hoy nos ha planteado es una prueba más que evidente de que eso no está funcionando ya que las entidades financieras no tienen suficientes incentivos para hacerlo, porque su código de buenas prácticas se quedó absolutamente corto, y se lo dijimos en su momento. En ese sentido, planteamos cambios sustanciales en ese código de buenas prácticas y sobre todo una cuestión muy clara, que sean las familias afectadas y no la entidad financiera las que puedan escoger qué modalidad de solución se somete a mediación y arbitraje, que no tengan que ir abocadas a un trámite que vaya siguiendo necesariamente y que deje al final la solución en manos de las entidades financieras.

Por último, señor ministro, en el título cuarto planteamos algunas medidas dirigidas a situaciones provocadas por los desahucios por impago en el contrato de alquiler. Ya sé que hoy vamos a abordar fundamentalmente aquellas motivadas en el desahucio como consecuencia del impago de las obligaciones hipotecarias, pero se está produciendo un problema muy grave en nuestro país que no podemos perder de vista y se están empezando a generalizar también desahucios como consecuencia del mercado de alquiler. Sus reformas legislativas están incentivando ese fenómeno y queremos estudiar muy bien la propuesta que usted ha vertido en su rueda de prensa de hoy, que es esa idea de que los contratos de alquiler que haga el Sareb van a ser solo de dos años. Queremos estudiarlo en profundidad porque eso sin duda supone dejar a esas personas en una situación de más precariedad, dar incentivos a las entidades financieras, al Sareb, pero podía ser a cambio del detrimento de los derechos de esas personas en el contrato de alquiler. Si eso se condiciona a que al cabo de esos dos años...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

Si eso se condiciona a que al cabo de dos o tres años la persona ha podido acceder de otra manera a una vivienda digna, podemos discutir, si no, sin duda no va a contar con nuestro apoyo tampoco en ese apartado, entre otras cosas porque no olviden que estamos hablando del derecho a la vivienda que la Constitución, si no la han cambiado en un trámite de urgencia, dice claramente que es un derecho que debe garantizarse por parte de los poderes públicos a todos los ciudadanos.

Acabo, señor presidente, pidiendo una cosa al ministro, al Gobierno y al Partido Popular. Por favor, esta vez no vayan de sobrados, escuchen a los grupos parlamentarios, a las entidades, a la plataforma de afectados por la hipoteca. Han presentado una iniciativa legislativa popular que, si sigue los trámites previstos en el Reglamento de esta Cámara, he calculado que puede ser vista por la Cámara de aquí a quince meses. Eso no sería de recibo. Le sugiero que se planteen incorporar todas y cada una de las enmiendas presentadas en la iniciativa legislativa popular de la plataforma de afectados por la hipoteca en el trámite parlamentario. Ellos se lo van a pedir cuando comparezcan en esta Cámara...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que acabar inmediatamente porque se ha pasado su tiempo.

El señor COSCUBIELA CONESA: Inmediatamente.

Yo creo que harían ustedes bien en incorporar ese planteamiento al texto de ley que salga de esta Cámara y no cerrarse a esa posibilidad. Esa sin duda sería una buena manera de cambiar su actitud, que hasta ahora no ha sido precisamente muy favorable al acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Para presentar su enmienda a la totalidad con texto alternativo, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que aquí se trae, lo que vamos a debatir y aprobar hoy sin duda no es lo anunciado por el ministro, es lo que contempla el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores


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hipotecarios. Lo que en realidad nos trae el Gobierno hoy a esta Cámara no es más que un parche, una excusa que, una vez más, busca más titulares que soluciones reales y eficaces. Se comprometieron ya hace mucho tiempo, no hoy, y nos anunciaron una serie de medidas para aplicar una moratoria de los desahucios hipotecarios que sirviera para evitar la pérdida de las viviendas en un plazo breve de tiempo mientras en esta Cámara acordábamos las reformas legislativas necesarias. Nosotros nos comprometimos a trabajar en eso, pero ustedes no lo han hecho en absoluto.

El Gobierno, con este proyecto de ley, se limita a no tramitar los desalojos, pero eso no evita la pérdida de la vivienda ni permite que, si una familia mejora su situación económica, pueda quedarse en su casa, ni afronta que la vivienda se subaste en condiciones injustas. Es más, al no aplicar siquiera una paralización de los intereses de demora claramente abusivos, es posible incluso que la deuda crezca y pueda superar el crédito inicial. Flaco favor está haciendo el Gobierno a las familias que participen en este proyecto de ley. Se limitan con el mejor estilo del Gobierno a aplazar el problema, a ponerle fecha al momento de finalización del desahucio de las familias, a condenarlas el próximo 16 de noviembre del año 2014, cuando finalice el periodo de esta supuesta moratoria, al desalojo definitivo de sus viviendas sin ninguna oportunidad y con una deuda pendiente mayor que en el momento de aplicación de la medida del Gobierno.

Además, han establecido en este proyecto de ley unas limitaciones tales para poderse acoger a las medidas planteadas que están rozando el absurdo. Si se presupone que el objetivo es la protección del deudor no doloso y sobrevenido, si lo que se pretende es dar respuesta a las víctimas de una regulación hipotecaria desequilibrada, a quienes por las circunstancias derivadas de la crisis económica no pueden hacer frente a las deudas contraídas con el único objetivo de acceder a la vivienda, ¿por qué pedirles más requisitos que el del umbral de renta y por qué pedirles más requisitos que el empeoramiento... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señora diputada.

Por favor, ruego silencio y que no hagan grupos en los pasillos para que podamos oír a la interviniente.

Continúe, por favor.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: ¿Por qué pedir a las familias más requisitos que el empeoramiento de sus condiciones socioeconómicas? Es tan incomprensible, tan absurdo lo que han traído en este proyecto de ley que excluyen por ejemplo a un padre o una madre soltera con un hijo a cargo a partir de que su hijo cumpla los cuatro años, o incluso a una familia que reúna prácticamente la totalidad de los requisitos -ser familia numerosa, haber perdido uno de sus miembros el empleo, cobrar otro muy por debajo de tres veces el Iprem, por ejemplo 900 euros, y tener incluso un dependiente a cargo-, ya que si su hipoteca no llega al 50 %, si es de 400 euros, están fuera, no pueden beneficiarse en ningún caso de las medidas contempladas en este proyecto de ley. Es más, incluso reuniendo el cien por cien de los requisitos, estos restrictivos requisitos, si el deudor tiene la mala suerte de que en el procedimiento de subasta la adjudicación de la casa -recuerdo que no paraliza los intereses de demora esta suspensión, absolutamente nada, ni el proceso de pérdida de la vivienda- se la queda un tercero y no una entidad financiera, de nada sirve reunir los requisitos, están automáticamente excluidos. Simplemente se han limitado a cumplir con un expediente sin voluntad política real -no nos lo han demostrado a nosotros, no se lo han demostrado a la ciudadanía- de querer proteger a las familias y también lo están haciendo, señor ministro, con ese anunciado fondo de viviendas sociales, estableciendo exactamente las mismas limitaciones. Repetimos que la vivienda no es caridad, la vivienda es un derecho, la vivienda no es algo que se tenga que solicitar a una ONG o a una entidad financiera como si estas fueran las que tuviesen la obligación de ayudar a las familias, en vez de ser en realidad las que están recibiendo ayuda. La vivienda es un derecho, y como tal han de ser las administraciones, los poderes públicos, las instituciones ante quienes tenemos que reclamar el acceso a la misma. Nuestra responsabilidad no es la de rogar casi con lágrimas en los ojos, como hacía el otro día la vicepresidenta del Gobierno, ante los bancos, esos mismos bancos que llaman activo tóxico a algo por lo que otros están dando la vida, que facilite alguna cosa más. (Aplausos). No, esa no es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es garantizar el acceso a la vivienda, eso es lo que tiene que regular este Parlamento. Por cierto, señor ministro, ha dicho que la semana que viene se constituirá esa comisión. Desde ya pida en esa comisión que informe a este Parlamento de cuáles son las características de las viviendas para que no hayan sido queridas ni por su banco malo, dónde están, cómo son, y díganos también si han tenido en cuenta lo que le supone a una familia perderse de su entorno social, tener que perder realmente su casa, perder a sus vecinos, su protección, perder el entorno vital para poder tener derecho al techo. Lo que proponemos en nuestra enmienda a la totalidad es la regulación justamente de esos derechos frente a la demagogia del Gobierno.


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Mediante la enmienda a la totalidad que hemos presentado le damos hoy la posibilidad de no esperar más, de aprobar esas medidas que usted ha reconocido hoy aquí como necesarias, esas medidas que sirvan para equilibrar la regulación hipotecaria, para acabar con las injusticias, para proteger a las familias, para impedir por encima de todo la pérdida de la vivienda, principal objeto de nuestras reiteradas propuestas. En la enmienda a la totalidad que les presentamos se garantiza una suspensión real durante tres años de los procedimientos de ejecución hipotecaria en cualquier situación de insolvencia sobrevenida y no dolosa, por supuesto con la consiguiente paralización de los intereses de demora y del procedimiento de ejecución. Pero no nos hemos limitado a corregirles la supuesta moratoria. Las medidas que le planteamos en nuestra enmienda a la totalidad contemplan además esas medidas suficientes, esas reformas estructurales, esas reformas necesarias que permitan que la gente se quede en su casa. No estamos hablando de parches, estamos hablando de soluciones. Se eliminan ya las cláusulas abusivas, incluyendo las limitaciones de los intereses de demora, controlando las subastas, eliminando la cláusula suelo, permitiendo a los jueces que actúen de oficio, que se creen la cláusulas abusivas como causa de oposición. Establecemos un procedimiento extrajudicial de segunda oportunidad que permita la renegociación de la deuda con intermediación y con garantías, no a la buena fe de las entidades financieras. Incorporamos, por cierto, la protección de los fiadores de la vivienda y algo que se le ha olvidado en todo momento al Ministerio de Economía: la protección de los trabajadores autónomos. Tenemos en cuenta además como beneficiarios de estas garantías a aquellas personas que ya han perdido su vivienda, que ya han sido víctimas de un desahucio y que también tienen que tener la protección por parte de este Parlamento.

Modificamos efectivamente el código de buenas prácticas haciéndolo obligatorio y facilitando su acceso a él a las familias y regulamos el parque público de viviendas y de alquiler social, no solo con esas viviendas de que puedan disponer en algún momento como obra de caridad las entidades financieras sino de todas las procedentes del stock de vivienda nueva, sin vender o desocupadas; de la rehabilitación de viviendas desocupadas, las que hayan pasado como consecuencia de un desahucio a las entidades que reciban ayudas públicas; también de las que gestione el Sareb, el llamado banco malo, contemplando además el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a reclamar a la Administración su acceso a la vivienda. Por cierto, durante la tramitación entre esta enmienda a la totalidad y el proyecto de ley que presentamos al final del periodo de sesiones anterior hemos tenido que incorporar nuevas medidas para proteger a los deudores no ya de la acción de los contratos hipotecarios desregulados sino de la acción directa del Gobierno. Hemos tenido que contemplar, por ejemplo, medidas para evitar las abusivas tasas judiciales que también está contemplando el Gobierno (Aplausos) y que hasta ahora no existían en nuestra legislación. Se garantiza también esa protección.

Señor ministro, hoy tienen de nuevo la oportunidad de demostrar que están dispuestos a abordar estas cuestiones, que no querían titulares sino soluciones. Nos hablan de puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro, en la mayor parte de las cosas que ha anunciado, están ya contemplados en la enmienda a la totalidad que le hemos presentado: la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la del procedimiento ejecutorio, la modificación de la ley hipotecaria y del mercado hipotecario, el control de las cláusulas abusivas, de la cláusula suelo, de todos los abusos del sistema. Sus anuncios tienen algunas trampas; vamos a ver cuando se plasmen en enmiendas en qué se convierten. Ya tienen algunas trampas. ¿Están dispuestos, señor ministro, a modificar por ejemplo todas estas insuficiencias en la moratoria que les acabamos de especificar? Porque si lo están ¿para qué traen este proyecto de ley aquí directamente? ¿Cómo se garantiza con algunas de sus propuestas la permanencia en la vivienda si solo están regulando el procedimiento de ejecución? ¿Lo quieren garantizar de verdad? ¿Cómo van a controlar ese fondo de viviendas de calidad del que les hemos hablado? Cuando habla de ejecución o de no adjudicar la vivienda hasta un 75 % del valor de tasación, ¿a qué tasación se refiere? ¿A la tasación de la concesión del préstamo? ¿A la tasación abusiva de ejecución que no van a tocar o a la nueva tasación que tenga que aportar el deudor, sabiendo todos como sabemos que el valor de la vivienda hoy va a estar siempre muy por debajo del que sirvió para la concesión del préstamo? ¿Qué intermediación, que garantías en la reestructuración están dispuestos a hacer? ¿Van a hacerlo otra vez a través solo y exclusivamente de la buena fe de las entidades financieras o les van a permitir, como está pasando hoy, que apliquen también nuevos intereses en los periodos de carencia claramente abusivos? ¿Va a haber una segunda oportunidad que permita a las familias quedarse o solo alivios en la ejecución? ¿Los fiadores, los autónomos, las personas que ya han perdido su vivienda también van a estar contemplados en esas medidas que nos ha anunciado hoy desde el escaño como mera propaganda? ¿La regulación va a ser para todos o como hasta ahora, exclusivamente para muy pocos? Ni siquiera ha sido acertado usted con las enmiendas que


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nos ha anunciado desde esta tribuna. Nos generan muchas, muchas dudas, por eso le digo, les decimos desde ya que una vez más nosotros vamos a estar dispuestos a no parar. No vamos a parar de ninguna manera hasta que se acabe con los abusos y con los desahucios, hasta que garanticemos en este país que no se eche a nadie de su casa en condiciones injustas y que mientras haya viviendas vacías no haya gente sin hogar.

Señor ministro, los problemas de máximos como este -este es un problema de máxima preocupación social y de máxima preocupación para el Grupo Parlamentario Socialista- no se pueden despachar con respuestas de mínimos. Cada día que pasa es un día que llegamos tarde para mucha gente, y si hoy tampoco están dispuestos a aprobar las necesarias medidas desde ahora asuman un compromiso. Yo le planteo un reto, señor ministro. Usted aquí ha anunciado una serie de medidas a acordar en el futuro. Garantícenos al menos que entre el día de hoy, que no van a votarlas a favor, y el día que se aprueben, todas las familias que pierdan su vivienda se van a poder beneficiar de la acción que definitivamente se apruebe por este Parlamento. (Aplausos). Garantícenos al menos eso: que no perdamos el tiempo. No haga aquí anuncios que ya veremos cuándo se ponen en marcha. ¿Y en medio qué? ¿Qué pasa con las familias que en medio pierden su hogar? ¿Está dispuesto a hacerlo, señor ministro? ¿Qué explicaciones le vamos a dar a la gente si no lo hacemos así? La insolvencia sobrevenida le puede afectar hoy al conjunto de la sociedad española. Frente a eso hay dos opciones: ponerse sentimental, como si no tuviera que ver con el Gobierno, o actuar con determinación.

Los afectados por la hipotecas nos lo han recordado, nos lo exigen, no dejemos de tener presente su situación. Sus medidas pueden haber bajado en algún momento y sus anuncios pueden haber rebajado la tensión mediática, pero no la presión de este grupo parlamentario, no la presión de los dramas personales que se viven cada día en nuestro país. Si rechazan las medidas una vez más no diga que fue el Congreso el que lo hizo, fue el Grupo Parlamentario Popular el que no quiso tomar las decisiones. (Aplausos). El Grupo Popular hoy puede seguir con su sobreactuación, puede seguir con un drama sentimental, puede llorar o puede votar, puede decidir tener la voluntad política suficiente para cambiar la situación. Ustedes, señores del Partido Popular, señorías del Partido Popular, deciden lo que quieren hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, hace apenas dos meses debatimos sobre la misma cuestión, con motivo entonces de la convalidación del real decreto-ley del que se deriva el actual proyecto de ley, al que algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la totalidad con texto alternativo. Manifestamos entonces y queremos manifestar hoy también nuestra máxima preocupación y solidaridad con todos aquellos afectados que por las sacudidas de la crisis han perdido en primer lugar su empleo y después la vivienda habitual por la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales de su hipoteca. A la pérdida de vivienda, en muchos casos su único bien, se le suma la marginación y la exclusión social que de ello se deriva. Somos, pues, desde el Grupo Vasco conscientes de que tenemos que buscar una solución satisfactoria para todos aquellos que de verdad, de verdad están afectados por los desahucios y la pérdida de su vivienda habitual.

El proyecto de ley que nos ha enviado el Gobierno no solo llega tarde -como decíamos también hace dos meses-, sino que además, tal como coincidimos con la mayoría de los grupos, lo hace de una forma excesivamente parcial y limitada, resolviendo o afectando exclusivamente a un número pequeño de casos. No podemos, señor ministro, legislar solo cara a la galería para decir que se ha apoyado un proyecto que afecta a los deudores hipotecarios, sino que debemos hacerlo para resolver los auténticos problemas de multitud de ciudadanos y familias que se encuentran en grave riesgo de perder una vivienda y un hogar. Desde hace dos meses, señor ministro, han pasado muchas cosas: muchas familias desgraciadamente han sido desahuciadas, muchísimos deudores hipotecarios siguen desprotegidos, los debates al respecto en todos los ámbitos se multiplican, al igual que las iniciativas legislativas de otras instituciones. Es cada día más difícil eludir el problema y mirar para otro lado. Desde el Grupo Vasco no lo vamos a hacer, no vamos a eludir nuestra responsabilidad política. Queremos ofrecer una respuesta solidaria, equitativa y suficiente. Para ello me van a permitir que por coherencia asuma y defienda en esta Cámara lo aprobado apenas hace una semana en el Parlamento vasco.


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Quisiera transmitirle al Gobierno lo más fielmente posible el contenido de la enmienda transaccional planteada por el Grupo Nacionalista Vasco, por el Grupo Popular en el País Vasco y por UPyD a una proposición no de ley de EH Bildu sobre la paralización de los desahucios, transaccional que finalmente fue aprobada precisamente con los votos del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular y de UPyD. En dicha iniciativa se insta al Gobierno a, en primer lugar, decretar una moratoria hipotecaria transitoria, que tenga por objeto evitar que deban abandonar su vivienda habitual quienes como consecuencia de la pérdida de empleo no puedan hacer frente al pago del préstamo hipotecario, hasta que se apruebe la modificación legislativa correspondiente que proponen que sea antes de que finalice el primer trimestre de este año. En segundo lugar, se insta al Gobierno a que precisamente en la tramitación de este proyecto de ley se modifiquen los supuestos para su aplicación en relación con el límite económico y con las circunstancias. En tercer lugar, el Parlamento vasco insta al Gobierno de España a que continúen las modificaciones legales presentando ante las Cortes Generales las propuestas de reformas legales necesarias para poner fin a situaciones de indefensión y desprotección de las personas afectadas por los desahucios. Se insta en concreto a la modificación de la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de regulación del mercado hipotecario, la Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito, así como toda la normativa relacionada, con el fin de asegurar -dice la iniciativa-, entre otras cuestiones, la modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria que permita una suspensión con objeto de detener la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de la cláusula contractual. También se habla de articular un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas incorporando, en función de la situación del deudor, alternativas que garanticen la permanencia en la vivienda; restringir el principio de responsabilidad patrimonial universal de las personas físicas, de modo que en casos concretos e individualizados, una vez ejecutado el patrimonio embargable de la persona deudora de buena fe, el pasivo restante quede exonerado mediante un procedimiento concursal. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). También proponen que el valor de tasación del bien a efectos de ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo, cuestión esta muy importante. Asimismo se plantea establecer un límite legal razonable a los intereses de demora que no pueda ser modificado ni por pacto expreso. De la misma manera hablan de elevar el porcentaje mínimo de adjudicación cuando la subasta quede desierta y establecer medidas para evitar el sobreendeudamiento en la concesión futura de créditos hipotecarios. El resto de los contenidos de la iniciativa referida invita a otras instituciones (al Gobierno vasco, a las instituciones, a los ayuntamientos o a las propias entidades financieras) a adoptar medidas en el ámbito de sus competencias para resolver o paliar el efecto de los desahucios.

Desde el Grupo Vasco, señor ministro, pensamos que las medidas contempladas suponen si no la resolución total del problema un paso adelante considerable, y además es un paso que en el Parlamento vasco lo da el Grupo Nacionalista Vasco -el Partido Nacionalista Vasco, para entendernos- junto a los populares vascos y a UPyD. Es por ello que apelo a los mayores firmantes en Euskadi, es decir al Grupo Popular en esta Cámara y a UPyD, para que apoyen las enmiendas que se derivan de lo que les acabo de plantear. Señores del Grupo Popular y señores de UPyD, la coherencia de lo defendido en Euskadi les obliga a modificar sustancialmente el contenido de este proyecto de ley que tenemos entre manos. Me imagino que el Grupo Popular no defenderá en la oposición en Euskadi lo contrario de lo que defienden aquí en esta Cámara. Me imagino que mantendrán la coherencia y las ideas tanto allí como aquí, y que no querrán engañar a los ciudadanos en un tema tan sensible para ellos diciendo una cosa y haciendo la contraria, diciendo que lo quieren resolver e instando para ello desde Euskadi al Gobierno del señor Rajoy para después, desde su Gobierno, no darle satisfacción y no solucionar el problema.

Hoy, señor ministro, nos ha avanzado algunos de los cambios que van a proponer a este proyecto de ley. A pesar de que se me pueda tachar de ingenuo, no me han sonado mal muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Es verdad que algunas me han parecido insuficientes, pero supongo que todo será posible debatirlo y pactarlo en el trámite parlamentario. Sería muy importante que fuéramos valientes y capaces de alcanzar un amplio acuerdo en esta Cámara sobre esta cuestión. Lanzaríamos una señal muy positiva a los ciudadanos, especialmente importante en un momento como el actual de desprestigio de la política y de los políticos. Nuestro grupo, el Grupo Vasco, está dispuesto a hacerlo y les propongo, por ello, señores del Grupo Popular, y al resto de grupos de la Cámara, que traslademos a enmiendas los deseos o la voluntad del Parlamento vasco, que son también nuestros deseos, y que lo hagamos, si quieren, presentándolas incluso conjuntamente entre los grupos parlamentarios que quieran tomarlas en


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consideración. Seamos valientes, incorporemos al proyecto cuantas enmiendas mejoren sustancialmente este proyecto de ley, vengan de otros grupos parlamentarios, de los expertos o de los propios afectados. Si se comprometen a ello tendrán, desde luego nuestro apoyo, pero el compromiso debería ser, por parte del Grupo Popular, nítido, claro -para que incluso nos pudiéramos cuestionar la votación de hoy- en el sentido de que efectivamente van a mojarse de verdad. De lo contrario, votaremos a favor -nos veremos obligados a ello- de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos porque entendemos que el punto de partida del que comenzaríamos a andar desde estas iniciativas presentadas de manera alternativa sería un punto más avanzado que el que nos trae el Gobierno hoy aquí con su iniciativa. Así lo haremos porque -insisto- consideramos que dicha propuesta supone un paso importante en la adecuada dirección. Seamos, por tanto, sensatos, asumamos de verdad el problema y busquemos el máximo consenso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por parte del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Me van a permitir que comience esta intervención leyendo un par de párrafos muy breves de una carta que un ciudadano, casualmente afectado por la problemática que estamos debatiendo, ha hecho llegar a nuestro grupo parlamentario. No es una carta para nuestro grupo parlamentario sino que implica, sin duda alguna, a todos los parlamentarios que estamos aquí que, como conviene recordar, no representamos a nuestro partido ni a un territorio sino que representamos a todos. Este ciudadano, que es alguien de treinta y ocho años de edad, que vive en Zaragoza y es arquitecto superior, nos cuenta lo siguiente. Le escribo con urgencia, la misma que tenemos muchos españoles. Estoy a punto de convertirme en un impagador hipotecario y de no poder tener siquiera una cuenta bancaria por miedo a que me quiten el poco dinero que me queda. Sé lo que le digo, no es nada que no haya oído repetidas veces pero, por favor, haga algo por nosotros, los marginados por la crisis, pues somos muchos. Sé que si inicio este camino en unos meses estaré en la calle sin un techo y, encima, debiendo la diferencia entre el valor de subasta de mi casa y la deuda hipotecaria. ¿En verdad no se puede modificar la Ley Hipotecaria? ¿En verdad no podemos detener esta presión bancaria? No le voy a decir que me voy a tirar por la ventana, como tantos españoles que ya lo han hecho por no soportar la presión del desahucio. Respeto la vida y además, si lo hiciera, el banco iría a por mis padres y les quitaría la casa por ser avalistas. ¿No sería mejor que el sistema no continuase creando excluidos sociales y exiliados por razones económicas a diario? Digo exiliados, que no emigrantes, pues esta crisis nos expulsa directamente. Si me quedo sin nada, lo acepto, pero lo que no acepto es que no pueda tener una segunda oportunidad verdadera. La verdad es que este ciudadano, que lo que nos está pidiendo no que resolvamos su problema sino una situación dramática que afecta a cientos de miles de familias en España, es sencillamente que cumplamos con nuestra obligación como parlamentarios y resolvamos de una vez esta cuestión. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sobre eso creo que no es ocioso recordar que se ha perdido un año, que ahora por fin estamos en la tramitación de un real decreto-ley en forma de ley. Nosotros, Unión Progreso y Democracia, votamos a favor del mismo sabiendo y reconociendo aquí que realmente iba a tener un recorrido y un radio de acción muy corto, pero que incluso esa mínima mejora era por lo menos mejor que nada y que ahora teníamos la oportunidad -es la que tenemos ahora- de tramitar una ley que realmente resuelva de un modo razonable la problemática que hay en torno a los préstamos hipotecarios de las ejecuciones hipotecarias.

Lamento decirle al Grupo Popular y al Gobierno que estamos bastante decepcionados porque nosotros les ofrecimos llegar a acuerdos sobre qué tipo de enmiendas de las que nosotros les presentábamos y que ustedes ya conocían -porque las presentamos en diciembre del año 2011 como proposición de ley- podrían entrar en la proposición de ley que el Grupo Popular iba a traernos aquí. La verdad es que hasta hoy no hemos sabido nada de cuáles son las enmiendas, las adiciones o los cambios de este decreto-ley que podrían pasar a la ley. Tampoco hemos sabido dónde estaban los límites o dónde estaba su perspectiva sobre cuáles son las líneas estratégicas de solución. Señor ministro, en lo que usted ha expuesto no deja de haber algunas declaraciones verdaderamente paradójicas, por ejemplo, que ustedes sigan empeñados en mantener el código de buenas prácticas e incluso hagan una valoración positiva cuando los datos que usted mismo ha aportado indican un resultado francamente birrioso -y perdone la expresión-. Cuando el año pasado hubo -según las fuentes judiciales- 167.000 desahucios en España, con un incremento del 134 %


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respecto a los del año 2011 que solo se hayan presentado 1.500 solicitudes y poco más de 300 hayan encontrado solución dentro de ese código de buenas prácticas indica, sencillamente, que es absolutamente insuficiente y completamente marginal. La ampliación de situaciones o casos en las que los afectados puedan acogerse a este código no evitaría incluso -quiero llamar la atención sobre esto al Gobierno- una posible complicación jurídica. Podría darse el caso de que los bancos prefieran atenerse al código de buenas prácticas para rechazar solicitudes que se le presentan en vez de atenerse a las modificaciones legales que la ley disponga sobre negociación de créditos hipotecarios y ejecuciones hipotecarias.

En este sentido, le quiero recordar también algo que tiene su importancia. Por supuesto que hay que preservar el sistema financiero pero no a costa de los objetivos del sistema financiero, que son permitir una vida económica saneada y sobre todo permitir a los ciudadanos disfrutar de autonomía económica. Lo que no podemos hacer es poner el carro por delante de los bueyes y decir que es prioritario preservar las reglas del sistema financiero, que en muchos casos -como en de la Ley Hipotecaria- vienen directamente del siglo XIX, de aquellas innovaciones que el propio cambio de la sociedad y la actividad económica exige. Nosotros, como ustedes ya saben y se lo reitero, estamos dispuestos a entrar en acuerdos con ustedes, a aprobar las enmiendas que mejoren este proyecto de ley, incluyendo por supuesto -como antes decía el señor Azpiazu- aquellas que acaban de ser aprobadas en el Parlamento vasco y que están mucho más cerca de lo que nosotros también creemos que sería el cambio de la ley que necesitamos. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de las enmiendas a la totalidad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un proyecto de ley que quede claro que sale de una reflexión colectiva del conjunto de los representantes políticos que estamos aquí. A nosotros como representantes políticos lo que nos importa es encontrar una solución duradera, justa, equitativa y razonable desde el punto de vista financiero al problema enorme que ha causado no la irresponsabilidad de las personas sino la enorme burbuja financiera e inmobiliaria en torno a los créditos inmobiliarios que creó -hablemos con claridad- la irresponsabilidad de las instituciones políticas y de las instituciones bancarias.

Unión Progreso y Democracia para apoyar cualquier propuesta que al final se traiga a votación vamos a pedir una serie de puntos irrenunciables: en primer lugar, que esa ley resuelva de un modo positivo la segunda oportunidad. Plantéenlo ustedes que tienen la mayoría absoluta como quieran; plantéenlo de una manera o de otra, mediante la fórmula del fresh start con tutela judicial, que nosotros proponíamos, u otra alternativa que consideran jurídicamente mejor. Lo que tiene que quedar claro es que una ejecución hipotecaria no sea la ejecución de la autonomía civil de las personas y exista por lo tanto la segunda oportunidad, de tal modo que la deuda hipotecaria no aplaste las posibilidades de recuperarse y rehacer la vida económica y doméstica de las personas afectadas. Acabemos con los intereses abusivos de demora y con los abusos de tasación. Usted ya ha adelantado cosas que van en la buena dirección pero hay que profundizar en eso, porque tiene que llegar a haber una mínima simetría de situación entre el deudor y el banco que le ha prestado. Lo que no puede ser y es irrazonable es que las acciones de un banco puedan subir y bajar, y eso cae a la cuenta de resultados del comprador de las acciones; en cambio un banco solo pueda ganar cuando haya un cambio en el mercado inmobiliario. Está completamente fuera de lugar. Por lo tanto, hay que buscar la manera de liquidar las deudas hipotecarias no razonables, ya sea mediante fórmulas de dación en pago, que tendrá que recoger la propia ley por defecto para los nuevos créditos hipotecarios, o en algunos casos por decisión judicial para liquidar la deuda en casos retroactivos. No creo que pidamos cosas irrazonables. En nuestra opinión esto exige -como aprobó también el Parlamento vasco y su partido también participó en esta votación- un cambio de la Ley Concursal, que ustedes al parecer no contemplan. Consideramos que es esencial incentivar la negociación entre el banco y el deudor, porque cualquier incentivación de abuso o de posición dominante del banco respecto al deudor va a hacer que no cambie la situación y que no consigamos resolver el problema de las deudas hipotecarias, convertidas en esa pesada losa que acaba destruyendo la autonomía personal de los ciudadanos, es decir su libertad y su igualdad. Si ustedes aceptan algunas de las enmiendas que nosotros y otros grupos proponemos y conseguimos llegar a esa síntesis, desde luego tendrán nuestro voto, pero también les quiero adelantar que nuestro voto no va a apoyar ningún tipo de ley cuyo objetivo prioritario sea mantener con unos mínimos cambios un sistema que hasta ahora es injusto para los consumidores sino además muy dañino para la economía del país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.


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La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, antes de empezar desearía poner de manifiesto que le suena a nuestro grupo que vamos a debatir un texto que nada tiene que ver con la proposición que ha anunciado hoy el ministro desde la tribuna. En cualquier caso, como el texto que tenemos es el que está a día de hoy, sobre este es el que nuestro grupo ha trabajado y sobre el que nos vamos a pronunciar en relación con las enmiendas a la totalidad y la proposición de Convergència i Unió. (Rumores).

Señor ministro, en el año 2007 fueron más de 26.000 ejecuciones aproximadamente las que terminaron con lanzamiento en el Estado español. A partir de 2009 son más de 90.000 las ejecuciones que terminan con lanzamiento, hecho que evidencia un crecimiento exponencial de estos lanzamientos. Este crecimiento exponencial sin duda viene motivado por la situación de crisis económica y por la excepcionalidad de las circunstancias que estamos atravesando, pero que además han evidenciado las injusticias del sistema hipotecario español; unas injusticias reflejadas en los elevados intereses de demora que pagamos por los retrasos en el pago de las cuotas, por las adjudicaciones al acreedor por un porcentaje muy por debajo del valor de la tasación que sirvió para valorar la vivienda... (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Ciuró.

Por favor, estamos terminando el punto. Ruego silencio y que no haya nadie en los pasillos, por favor.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Como decía, la diferencia excesiva entre el valor de adjudicación a los acreedores del valor que sirvió para aportar la garantía inmobiliaria en su día; la subsistencia de esta deuda entre la diferencia del valor de tasación y finalmente el importe por el que se adjudica el banco y la deuda que sigue pendiente, garantizada por el préstamo hipotecario, o el incremento del saldo con intereses moratorios excesivos. Ha evidenciado también, señor ministro, el desequilibrio existente entre las dos partes de la relación contractual, entre el acreedor y el deudor. Es obvio, y lo estamos constatando, que el acreedor tiene ventajas que el deudor no tiene. Además, ha supuesto un ciclo perverso de enormes costes sociales y económicos. Vemos cada día cómo familias pierden las viviendas, cómo quedan los pisos vacíos que pasan a formar parte y titularidad de las entidades financieras y cómo simultáneamente estas familias acuden a los servicios sociales competentes en reclamo y en ejercicio de su derecho constitucional a una vivienda digna. Con todo este panorama, desde Convergència i Unió entendemos que debemos conjugar un par de fórmulas, una primera para permitir salir al paso de las cuestiones temporales que estamos viviendo actualmente conjugada con otra que, sin poner en riesgo el mercado hipotecario presente y futuro, permita modificar la regulación estructural de las condiciones hipotecarias y todas sus leyes adyacentes y colaterales.

La ley es poderosa, señor ministro, pero más poderosa es la necesidad. Por eso desde Convergència i Unió lo que pretendemos es, vía enmiendas al texto que se nos presenta a debate, intentar hacer útil el real decreto y que la moratoria no sea un parón sino una solución. Simultáneamente en este tiempo se debería trabajar en las reformas estructurales que requiere nuestro ordenamiento jurídico, dirigido a proteger a los deudores hipotecarios y a evitar el futuro sobreendeudamiento de las familias. Como le digo, vía enmienda, señor ministro, nuestro grupo parlamentario está muy interesado en focalizar en tres grandes grupos. El primero sería minorar el número de desahuciados, y para ello proponemos ampliar evidentemente los criterios objetivos y subjetivos que informan actualmente este real decreto; ampliar la moratoria no solo a los lanzamientos sino a los procesos de ejecución que se presenten; incluir como protegidos a los avalistas, como algún otro grupo ha manifestado en esta Cámara, y limitar el interés moratorio para que no se añada más saldo pendiente una vez acabe este periodo de moratoria.

Llegados a este punto, señor ministro, querría hacer un paréntesis para decir que durante demasiado tiempo ha habido una alegría crediticia y no podemos olvidar que las familias que acudieron al préstamo hipotecario con el reclamo de sea usted propietario por el precio de un alquiler conseguían en este país financiación más rápida, más barata y más fácil mediante un préstamo hipotecario para comprar una vivienda que para comprar una nevera con un préstamos al consumo. Esto que parece irracional sucedía en este país y, por tanto, desde este punto de vista entendemos que este real decreto que se somete a consideración debería afrontar unas medidas específicas para estas personas, unas medidas de las que nos corresponsabilizásemos todos los agentes, puesto que tanto las familias, como las entidades de crédito y el propio Estado tenían unos mecanismos de control, creo recordar que a través de un Ministerio de Vivienda que tenía una ministra al frente, que no alertó sobre la posibilidad de que esto estuviese sucediendo y que perjudicase a las familias afectadas. Por tanto, desde esta corresponsabilidad de los agentes implicados, debemos intentar que la moratoria sirva para algo, darle utilidad; de ahí el sentido de las enmiendas.


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El segundo punto en el que decíamos poner énfasis en el texto de las enmiendas sería desjudicializar procesos mediante la mediación para transformar el conflicto en una oportunidad. Como hemos dicho, hay diferencia en las dos partes de la relación contractual y el parón que ofrece la moratoria, si no se acompaña de buscar vías de solución para estas circunstancias, no va bien para nadie: el deudor acumula deuda con los intereses moratorios y la entidad de crédito tiene la garantía y el crédito inmovilizados durante dos años. Con lo cual, un parón que no soluciona la vida a nadie. Por eso solicitamos que la mediación tienda a buscar soluciones para estas personas víctimas de una coyuntura económica específica bajo la rúbrica de la fiesta crediticia que vivió este país.

Finalmente, el tercer grupo de medidas sería articular mecanismos de segunda oportunidad específicos para estas personas. Aquí me gustaría, señor ministro, hacer hincapié en el contrato de segunda oportunidad o de leasing social. Entendemos que es muy positivo dar una segunda oportunidad a las personas. Por ello pretendemos que las personas que han sido víctimas de un lanzamiento y que, por tanto, han sido privados de la titularidad de su vivienda, puedan pactar con el banco permanecer en ella a cambio de pagar cuotas mensuales hasta la total liquidación de la deuda y, cuando esto se produjese, que necesariamente tuvieran la posibilidad de recuperar la titularidad de esa vivienda. Lógicamente, todo esto acompañado por unas medidas fiscales que diesen sentido a esta operación y, como le digo, ad hoc para estas familias afectadas por el real decreto-ley que se convertirá en ley.

Finalmente quiero anunciar que hay que actuar en dos grandes fórmulas. La primera sería la moratoria para tener una solución a los problemas, y la segunda sería el anuncio que quiero hacerle desde Convergència i Unió de que vamos a presentar próximamente una proposición de ley en el sentido de que hay que abordar las reformas estructurales que el mercado hipotecario requiere para proteger a los deudores hipotecarios en el futuro y para conseguir evitar sobreendeudamiento futuro de las familias; todo esto articulando medidas de reestructuración de la deuda mediante la constitución de comisiones de sobreendeudamiento, abordando la reforma de la Ley concursal que ustedes llevaban en su programa electoral pero que parece que no se han atrevido a abordar para adecuarla a la necesidad de las familias, limitando los intereses de demora para además adecuarlos a la normativa europea, que nos estaba apercibiendo constantemente de que en este país se están produciendo unas cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y que deben necesariamente acomodarse a la legislación europea. También hay que permitir unas causas de oposición a la propia ejecución que permita a la parte o bien a ser apreciadas de oficio por el juzgador o ponerse un motivo de oposición a la ejecución hipotecaria basándose en estas cláusulas abusivas de los contratos. En definitiva, una batería de propuestas en forma de proposición de ley que se pretenderían tratar y aprobar en esta Cámara para que diesen solución en el futuro a las familias y a las necesidades hipotecarias que sin duda se seguirán devengando. También apuntamos en este proyecto de ley la protección a las comunidades de propietarios que ven cómo después de las adjudicaciones bancarias de las viviendas éstas no atienden puntualmente el pago de las cuotas hipotecarias a las que se ven obligados en tanto que propietarios.

Finalmente, señorías, para terminar esta exposición en nombre de Convergència i Unió he de decirles que debemos mostrar a la sociedad la capacidad de esta Cámara para llegar a amplios consensos en un tema tan delicado como este, debemos ser capaces de empatizar y de trasladar que la política sigue siendo el noble arte de trabar acuerdos en beneficio del bien común.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, señorías, señora Iglesias, portavoz del Grupo Socialista, efectivamente, el Gobierno trae un proyecto de ley en el que trata dos puntos clarísimos que son la suspensión por un plazo de dos años de los desalojos de vivienda habitual producidos en virtud de ejecuciones hipotecarias y la creación de un fondo social de viviendas para albergar a las familias que fueron desalojadas desde el 1 de enero de 2008 en adelante en virtud de esos procesos de ejecución hipotecaria. Y eso es lo que usted llama parque, demagogia y requisitos tan duros que son incomprensibles. Pues mire, yo he visto la enmienda a la totalidad que ustedes presentan y en los requisitos que nosotros ponemos en este proyecto de ley, que se dice que es destinado a familias que hayan agotado la percepción por desempleo o que tengan ingresos inferiores a 19.164 euros con cargas familiares, ustedes en el capítulo I de su enmienda a la totalidad ponen como límite precisamente las tres veces el Iprem, es decir, los 19.164, ahora bien, sin cargas familiares, porque luego define usted que es el deudor, su cónyuge no


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separado legalmente o pareja de hecho y los hijos con independencia de la edad. Por lo tanto, cuando la diferencia es simplemente que ustedes ponen con diferencia de la edad y nosotros no, ¿cree que es normal hacer una intervención como la que ha hecho esta tarde? ¿Cree de verdad que lo puede hacer? (La señora Iglesias Santiago hace gestos afirmativos). Además hace una referencia: solamente se limita a no tramitar los desalojos. ¿Y le parece poco? ¿De verdad le parece poco? (La señora Iglesias Santiago hace gestos afirmativos).

Ustedes han gobernado hasta hace muy poco. Esta es la primera vez en la historia reciente de España que una ley obliga a las entidades financieras a aceptar en determinadas condiciones la reestructuración de la deuda hipotecaria y una quita del 25 %; es la primera vez en la historia reciente de España que una ley le permite al deudor hipotecario -en determinadas condiciones- solicitar y obtener de la entidad financiera la dación en pago con cancelación total de la deuda y la posibilidad de seguir en la vivienda mediante el arrendamiento; es la primera vez que una ley prohíbe el desalojo de la vivienda que constituye su hogar familiar como consecuencia de un proceso hipotecario de ciudadanos con dificultades económicas, con menos de 19.164 euros, y es la primera vez en la historia reciente de España que un Gobierno de la nación constituye un fondo social de viviendas para alojar a las familias que hayan sido desalojadas desde el 1 de enero de 2008, a las familias que fueron desalojadas por las políticas llevadas a cabo por el Gobierno socialista. El Gobierno ha adoptado medidas excepcionales en circunstancias excepcionales y yo quiero ponerlo en valor aquí, y así debería ser reconocido por todos los grupos parlamentarios pero principalmente por el Grupo Socialista, porque en esos años ustedes ostentaban las responsabilidades de gobierno.

En el texto propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista -y les voy a dar un disgusto- hay cuestiones en las que realmente podemos tener un acercamiento, lo he leído. La actitud que usted ha tenido en esta intervención no se corresponde con la enmienda a la totalidad que usted ha defendido. El ministro se ha leído la enmienda a la totalidad y ha dicho que hay margen para el entendimiento; yo me la he leído y de verdad creo que hay margen y espacio para el acercamiento y el consenso. Y se lo voy a decir: Hay espacio para el encuentro en la modificación del Real Decreto-ley 6/2012 que ustedes proponen, que es ampliar el ámbito de aplicación del código de buenas prácticas. Hay posibilidades de acuerdo en la modificación de la Ley Hipotecaria, con relación a la necesidad de limitar los intereses de demora, a la restricción del cálculo de los intereses cubiertos por la hipoteca y a la regulación de la venta extrajudicial. Hay también margen para el consenso en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que se refiere a incrementar el número de cuotas impagadas para que el acreedor pueda instar la ejecución, en la necesidad de limitar la aplicación de los intereses de demora mientras se tramita el procedimiento hipotecario, de limitar las costas procesales, en la necesidad de incrementar los porcentajes sobre el valor de tasación en los que se pueda aprobar el remate, haya postor o no. Hay margen también en la modificación de la regulación del mercado hipotecario, con el fin de limitar el importe máximo de un préstamo hipotecario con relación al valor de tasación, así como en los plazos máximos de amortización. Hay margen para el consenso en reducir el porcentaje máximo de la relación de negocios de las tasadoras con las entidades financieras con el fin de alcanzar una mayor independencia de esas entidades de tasación.

Las únicas discrepancias que manifestamos frente a las propuestas tanto del Grupo Socialista como de La Izquierda Plural y del BNG son las que se refieren a la aplicación de la dación en pago de forma generalizada, independientemente del nivel adquisitivo, independiente del precio de la vivienda y aquellos aspectos que a nuestro juicio puedan provocar incertidumbre sobre nuestro mercado hipotecario o inseguridad jurídica con respecto a nuestras normas. Hablo de aquellas que se refieren a la retroactividad de algunas medidas, y en este caso estaría incluido también ahí la moratoria universal indefinida que se plantee.

Señoría, la dación en pago pura y dura, la dación en paro universal, para todos y en todos los casos solo existe en catorce de los cincuenta Estados de los Estados Unidos. No la contempla ninguna de la legislaciones de los países de nuestro entorno, y si bien esto es cierto, también es absolutamente cierto que todas las legislaciones de los países de nuestro entorno contemplan medidas de protección de segunda oportunidad para los casos de deudores de buena fe, de insolvencia sobrevenida y en los que la vivienda hipotecada constituye el hogar familiar. Para decirlo de una manera clara, en los países de nuestro entorno no hay ningún país que permita que un deudor hipotecario que no pague alguna de sus cuotas de amortización porque se haya quedado en paro, se declare vencida la totalidad de la deuda, el banco se quede con la vivienda por el 60 % de su valor y el deudor se queda debiendo el resto de la deuda para el resto de su vida. Esto tampoco existe en nuestro entorno y es lo que tenemos que resolver a través de este proyecto de ley.

Señorías, con la presentación de este proyecto de ley el Gobierno ya ha hecho su trabajo y creo que con nota. Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro y la tarea que tenemos por delante realmente es de


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una extraordinaria complejidad. Tenemos dos retos, el primero, establecer para el futuro un sistema hipotecario más justo y proporcionado en la relación entre el deudor y la entidad financiera acreedora, y ese reto es más fácil, es más asequible, pero también estamos obligados a dar respuesta al drama que sufren miles de familias, familias que no son víctimas de su mala suerte personal sino que son víctimas de una crisis iniciada en 2008 y que el Gobierno de la nación anterior no supo resolver. Y eso tenemos que hacerlo sin crear incertidumbres presentes o futuras sobre nuestro mercado hipotecario, sin dañar la seguridad jurídica y la confianza de nuestro país y sin comprometer la estabilidad débil recientemente alcanzada y el equilibrio de nuestro sistema financiero, y eso realmente entraña mucha complejidad. Señorías, nuestro sistema financiero no era el mejor sistema financiero del mundo. En las medidas que finalmente aprobemos existen líneas rojas que no debemos traspasar, pero a las que inevitablemente nos tendremos que aproximar, porque nos obliga a ello solucionar el drama de muchísimas familias españolas. Estoy seguro de que nuestra banca es plenamente consciente del papel que ha jugado en esta crisis económica, y en estos tiempos en los que tanto se ha hablado de la responsabilidad social corporativa o empresarial como la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes y sobre la sociedad en general, estoy completamente convencido de que nuestra banca es plenamente consciente del papel que en el futuro inmediato está obligada a desempeñar.

Termino. En debates anteriores valoramos positivamente una buena parte de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, como se puso de manifiesto en el debate de convalidación del Real Decreto-Ley 27/2012. También lo hicimos con respecto a las propuestas de Convergència i Unió, especialmente en lo que se refiere a la mediación, y hoy vemos espacio para el consenso, para el acuerdo con el principal partido de la oposición, partido que sabe perfectamente los límites a los que se puede llegar, pues ha ostentado hasta hace muy poco la responsabilidad del Gobierno de la nación. Ese esfuerzo de consenso para el acuerdo es el que nos reclama la sociedad a la que representamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.

En tres minutos procederemos a votar. (Pausa).

Señorías, en la primera sesión plenaria que celebramos tras su fallecimiento, quiero dedicar un cariñoso y emocionado recuerdo al diputado y buen amigo Ceferino Díaz, que nos dejó el pasado 23 de diciembre. Sin duda alguna, Galicia tiene una particular deuda de gratitud con quien fue uno de los principales artífices de su Estatuto de Autonomía, pero somos muchos de los que hoy nos encontramos aquí los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él durante las tres últimas legislaturas en las que fue diputado de esta Cámara. Le recordamos por su profesionalidad, por su talante conciliador y dialogante y por su heroica fortaleza, que se puso también de manifiesto en su lucha contra la enfermedad que venía padeciendo desde hace muchos años. Descanse en paz. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

DEBATE RELATIVO A LA RATIFICACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.3 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN).

- SOLICITUD DE RATIFICACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 18 DE ENERO DE 2013, POR EL QUE SE AUTORIZA EL DESPLIEGUE DE UNIDADES MILITARES EN EL MARCO DE LA CRISIS DE MALI. (Número de expediente 095/000001).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, solicitud de ratificación por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de unidades militares en el marco de la crisis de Mali.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 302; en contra, 18; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).

- REAL DECRETO-LEY 29/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEJORA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL. (Número de expediente 130/000030).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 174; en contra, 146; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el decreto-ley.

Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto del que acabamos de hacer referencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 174; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE). (Número de expediente 121/000031).

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. A él se han presentado tres enmiendas de texto alternativo y vamos a votarlas por separado.

En primer lugar, la votación de la enmienda de texto alternativo presentada por La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 137; en contra, 175; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 137; en contra, 174; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Y como última votación, solicitud de los Grupos Parlamentarios UPyD y Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 153; en contra, 174.

El señor PRESIDENTE: No queda avocado el proyecto de ley.

Se levanta la sesión.

Eran las seis de la tarde.

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