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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 20/12/2012
cve: DSCD-10-PL-84
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 84
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 80
celebrada el jueves
20 de diciembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 27-1, de 1 de octubre de 2012. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 27-3, de 5 de octubre de 2012. (Corrección de errores en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A-27-4, de 17 de octubre de 2012 y "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A-27-5, de 19 de octubre de 2012) (Número de expediente 121/000027) ... (Página5)

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 17-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000017) ... (Página18)

- Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 25-1, de 28 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000025) ... (Página26)

- Proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 26-1, de 14 de octubre de 2012. (Número de expediente 121/000026) ... (Página37)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentisimos señores diputados. (Número de registro 38613) ... (Página46)


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 21-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000021) ... (Página46)

- Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 28-1, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente 121/000028) ... (Página65)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página89)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página98)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página98)

Elección de la Secretaría Cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página99)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Enmiendas del Senado ... (Página5)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 ... (Página5)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro, Jordà i Roura y el señor Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ... (Página18)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ... (Página26)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Quevedo Iturbe y la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo


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Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica ... (Página37)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página46)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados ... (Página46)

No se produce debate en este punto, por lo que pasa directamente a votación.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página46)

Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas ... (Página46)

Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Fomento (Pastor Julián), en nombre del Gobierno.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras Pérez Fernández, Barkos Berruezo y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene la señora ministra de Fomento.

Interviene la señora Pérez Fernández.

Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ... (Página65)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), en nombre del Gobierno.

En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, Jordà i Roura y Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del


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Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene el señor ministro de Economía y Competitividad.

Intervienen los señores Azpiazu Uriarte, Sánchez i Llibre y Coscubiela Conesa, la señora Narbona Ruiz y el señor Anchuelo Crego.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página89)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página98)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, se aprueba por 251 votos a favor, 1 en contra y 43 abstenciones.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página98)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, se rechazan por 120 votos a favor, 189 en contra y 16 abstenciones.

Avocación por el Pleno ... (Página98)

Solicitada la avocación por el Pleno del proyecto de ley de referencia, se rechaza por 139 votos a favor y 185 en contra.

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y de la competencia, todas ellas son rechazadas.

Avocación por el Pleno ... (Página99)


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Solicitada la avocación por el Pleno de la presente iniciativa, se rechaza por 133 votos a favor, 183 en contra y 5 abstenciones.

Elección de la Secretaría Cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados ... (Página99)

Sometida a votación la elección de la Secretaría Cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados, resulta elegido don Teófilo de Luis Rodríguez por 252 votos a favor, 1 en blanco y 2 nulos.

Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Con carácter previo, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Josu Erkoreka Gervasio, pregunto a doña Isabel Sánchez Robles si jura o promete acatar la Constitución.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Por imperativo legal, sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña Arantza Tapia Otaegi, pregunto a don Joseba Agirretxea Urresti si jura o promete acatar la Constitución.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Por imperativo legal, sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Ambos han adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate del orden del día. Antes de entrar en el punto primero, quiero señalar que hay una serie de materias en el orden del día que tienen carácter de ley orgánica. Cuando termine el punto IX, debates de totalidad de iniciativas legislativas, procederemos a votar todo lo que debatamos hoy. Esa votación no será antes de las cuatro de la tarde. A continuación, después de esa votación, procederemos a la elección del secretario cuarto de la Mesa, que será una votación con urna.

ENMIENDAS DEL SENADO.

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013. (Número de expediente 121/000027).

El señor PRESIDENTE: El punto primero del orden del día para hoy corresponde a enmiendas del Senado. En primer lugar, debatimos las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Comienzan las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto y, en primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente el texto de los presupuestos vuelve del Senado con una serie de enmiendas -bien raquítica, por cierto- incorporadas al texto que desde esta Cámara se envió. En cualquier caso, vuelve del Senado sin haber solventado en absoluto los motivos por los que Geroa Bai dio el no a aquellas cuentas y presentó la correspondiente enmienda de totalidad. En nuestra opinión permanecen fundamentalmente las dudas sobre la seriedad y la viabilidad de las previsiones económicas de ingresos que se nos presentan; permanece, se agrava y se ha agravado además en estos últimos días la convicción de que son los presupuestos más antisociales que se han conocido en esta Cámara. No vale la trampa que se utilizó aquí por parte del ministro de Economía de hablar del porcentaje en gasto social, porque es


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fácil cuando la inversión está en caída libre tener un alto porcentaje de inversión social. No es cierto que estas cuentas acometan, acojan y sobre todo cumplan con las cuestiones de derecho social. Son cuentas que no tienen ambición por reactivar la economía, no invierten en empleo, ni en políticas activas, ni en investigación, ni en educación, ni en sanidad; no invierten en las verdaderas infraestructuras sociales, aquellas que finalmente son las autopistas, la alta velocidad del futuro. Son cuentas que imponen un esfuerzo sin equilibrio; son cuentas que piden más a quien menos tiene. Nada de esto se ha resuelto en el Senado; tampoco, por cierto, el déficit que estas cuentas tienen con algunos territorios, muy especialmente con Navarra, que ha visto durante los dos últimos años cómo los compromisos en materia de infraestructuras que corresponden al Gobierno central han sido mermados en su inversión en un 80 %. Es un castigo especial y específico a la comunidad foral del que el ministro dio una explicación en esta tribuna, y francamente nos gustaría que hoy o cuando correspondiera nos lo terminara de aclarar. Leo textualmente las palabras del ministro Montoro aquella mañana: Claro que hemos apoyado a Navarra. Lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban sujetos a debate, a polémicas sobre la distribución del impuesto sobre el valor añadido, apoyando financieramente a esa comunidad autónoma.

Contamos en estos momentos con la presencia del ministro, por lo tanto, creo que nos podrá aclarar si el acuerdo para resolver el IVA en Navarra efectivamente contenía al menos de palabra castigo para la comunidad foral en materia presupuestaria y de inversiones. En cualquier caso a Geroa Bai le supone doblemente un no a las cuentas para afrontar la crisis.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, terminamos hoy una tramitación tan larga como compleja. Por el poco tiempo que tengo no voy a reproducir en mi intervención los argumentos en el debate de primera lectura de este proyecto, aunque reiteraré una pregunta que he formulado desde esta tribuna otras veces: si realmente es útil, si responde al momento histórico y si nos podemos seguir permitiendo este estado de satisfacción en el desencuentro político, en la incapacidad de ponernos de acuerdo en esta carrera para ver quién hace oposición al gobierno de turno con una hostilidad preocupantemente creciente cada día. En fin, tengo poco tiempo, pero analizaré al menos las enmiendas que han sido incorporadas a este texto de UPN.

Quiero poner en valor la participación de la Comunidad Foral de Navarra en el Ecofin cuando se traten allí temas que puedan afectar al Régimen Foral de Navarra. Para nosotros, para UPN, este es un acuerdo de primera magnitud. Basta comprobar el silencio atronador de los medios de comunicación y partidos políticos navarros que no quieren que Navarra tenga, mantenga su personalidad. En un tiempo en el que algunos creen que la división y la desunión constituyen una alternativa, esta es una buena ocasión para reivindicar la Constitución española y el Fuero de Navarra como instrumentos jurídico-políticos de primer nivel para aportar soluciones creativas y originales con las que gestionar con lealtad nuestras conocidas diferencias. No quiero olvidarme tampoco del llamamiento que hicimos, mediante la inclusión de una enmienda en el Congreso, a todas las administraciones públicas, y que pretendía, con nuestra enmienda relativa al respeto a la educación, el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos.

Finalmente, hoy votaremos la inclusión de una nueva disposición adicional, la número 87, que incorpora un listado de obras declaradas de interés general y con la que se podrá impulsar, entre otras, la ampliación de una infraestructura clave para el desarrollo y el bienestar de los navarros. Se trata del canal de Navarra, una obra financiada conjuntamente por el Estado y por Navarra, y que está siendo y será uno de los pilares necesarios para el desarrollo de la comunidad foral, por tanto, una obra que garantizará reserva de agua, una reserva muy importante para todo tipo de usos, y que constituye un apoyo decisivo para el futuro del agro navarro y una garantía de continuidad de todo el sector agroalimentario. Sé que para algunos grupos políticos, que no quieren que Navarra siga siendo una comunidad autónoma, no desean que sus niveles de bienestar se mantengan ni los niveles de reconocimiento político sean homologables a cualquier otra comunidad, estas y otras no son buenas noticias, pero esta, señorías, es la diferencia entre unos y otros. Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, trabajamos siempre para construir y otros, me temo, trabajan exclusivamente para destruir. Es fácil de entender.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, Foro afronta este último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 con idéntica sensación de frustración que hace un mes, cuando defendíamos nuestras enmiendas desde esta tribuna, y con la misma frustración de hace seis meses, cuando terminaba también el recorrido de los pasados presupuestos. Tanto en un caso como en otro el Gobierno ha ninguneado a Asturias, ha ignorado sus necesidades y no ha tenido ninguna consideración ante los dos problemas más importantes que tenemos en nuestra comunidad, el de la desaparición de la minería del carbón y nuestras graves deficiencias en infraestructuras, que nos condenan a parecer y ser el territorio peor comunicado de la Península. Los dos ejercicios presupuestarios del Gobierno han incurrido en el mismo pecado de los desequilibrios territoriales, en contra del mandato territorial, y en esos desequilibrios Asturias ha salido perdiendo. En los presupuestos que hoy se van a aprobar se han recortado las inversiones en Asturias en un 16 % respecto a las cuentas del anterior Estado.

Hablaba antes de frustración. No puede ser otro nuestro sentimiento ante el hecho de que el Grupo Popular no ha admitido ninguna de nuestras cuarenta y cinco enmiendas de los dos presupuestos, excepto una de carácter general y sin fondo económico. Si estuviese aquí el ministro, señor Montoro, le diría que no nos maree otro año con promesas de amor presupuestario -acabo de ver al ministro, pero está hablando de sus cosas- para "pasillear" y al mismo tiempo luego no quedar en nada. Eso le transforma en aquel personaje asturiano adornado por falta de veracidad, al que siempre le solemos decir al platu vendrás, arbeyu. El Grupo Popular, pues, ha vuelto a elegir el camino de la soledad, amparado en su mayoría de soledad absoluta. El PP y el Gobierno presidido por el señor Rajoy ven con triunfalismo el año y prácticamente nos amenazan con otra tanda de reformas, anunciando aquello que se dice generalmente en las tiendas: hoy no se fía, mañana sí. Sigan con su yoismo particular de austeridad y presión total a la ciudadanía, porque están en una eutanasia a corto plazo sin atreverse a tocar lo que prometieron, modificar la estructura del Estado, que es inexcusable para adelgazar el sector público costoso e ineficiente y liberar recursos para impulsar una política de acción económica que impulse a su vez el empleo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Cuando me planteaba qué discurso podía hacer hoy aquí me vino a la mente el título de una película, El día de la marmota. Esto que vamos a hacer hoy es un déjà vu; es el tópico tan manido que decían nuestros padres cuando salía el león de la Metro: Esta película ya la hemos visto. Efectivamente, hoy y todos los días desde que gobierna el Partido Popular sabemos el final de la película, que van a ganar los malos, porque estos presupuestos no van a favor de los buenos. Estos presupuestos insisten en la destrucción de empleo, en la desaceleración de la economía y en la injusticia. Por favor, no insistan con su mantra aburrido de que tenemos que pagar nuestras deudas y que tenemos que reducir nuestro déficit. Ustedes priorizan el pago de deudas ilegítimas que otros perpetraron, y ahora las tenemos que pagar entre todos; deudas de los bancos que ustedes han socializado para que las paguemos entre todos. Son 38.000 millones para pagar deuda pública mientras se recortan ministerios tan importantes para las personas como Agricultura y Medio Ambiente; Industria, Energía y Turismo; Educación, Cultura y Deporte. En cambio, los recortes son mucho menores en Defensa o en la Casa Real. Por eso, les insistimos en que para parar todos estos recortes tienen que negociar una moratoria de la deuda. No tiene sentido insistir en un camino que nos está llevando al precipicio, como estamos viendo a diario en Grecia o ahora más recientemente en Portugal, donde los recortes solo llevan a más recortes, y los sacrificios a más sacrificios y, hoy mismo, a la venta y liquidación a precio de saldo de las empresas del sector público.

Por último, estos presupuestos maltratan a los valencianos en inversión y en financiación. Nos financian como si fuéramos 4 millones; ignoran que somos un millón más. Somos 5 millones de valencianos; y Fabra, Camps, Olivas, Zaplana y tantos otros nunca dijeron nada; callaron y asintieron mansamente, como ustedes, señoras y señores del PP valenciano, que con su voto volverán a consumar una nueva bofetada a los ciudadanos de Castellón, Alicante y Valencia. Sí, ya hemos visto esta película, y ¿saben


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qué, señoras y señores del PP? Es mala de solemnidad. Por eso, desde Compromís-EQUO seguiremos luchando sin desánimo para que ustedes dejen de dirigirlas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, hoy viene un presupuesto, después de un año de Gobierno del Partido Popular, que no es un presupuesto; son las políticas del PP con los dos presupuestos que nos han presentado este año. Como tengo solamente tres minutos, voy a decir lo que ha significado en el caso de Canarias, que es alejar a Canarias. El PP -que se le llena la boca con decir que todos los españoles somos iguales- se ha cargado este año aquellas políticas que igualan a los canarios al resto de los españoles. No son privilegios de los canarios, así lo reconoce Europa. En un año de Gobierno del PP estos dos presupuestos se han cargado la subvención al transporte de mercancías, que los agricultores y los industriales canarios puedan competir en igualdad de condiciones que los empresarios del sector agrícola industrial de la Península, pero en parte porque no se compensa el 100 %. Se han cargado las ayudas Posei, aprobadas por la Comunidad Europea, que estaban en los presupuestos del Estado. Había un convenio de infraestructura turística para arreglar las zonas turísticas degradas y colaborar al empleo en Canarias, porque es el único motor de la economía canaria, pero ha pasado a cero euros. La partida presupuestaria de los convenios de empleo en Canarias que eran fundamentales porque estamos con el 34 % de paro, y que implicaban centros de formación profesional, emprendedores, además apoyados también por la Comunidad Europea en sus políticas de regiones ultraperiféricas, se la han cargado y está con cero euros. Así ha sucedido con todos los convenios de infraestructuras, que hacían que ese Régimen Económico y Fiscal y una política de convenios de infraestructura pudieran acercar Canarias un poquito más a la media de inversión del resto del Estado, del resto de las comunidades autónomas. ¿Saben lo que ha pasado en un año del PP? Que esa brecha se ha aumentado; estamos alejando a Canarias. Si eso lo unimos a que los canarios tienen una financiación menor de 690 euros por habitante en el sistema de financiación español, quiere decir que en este momento los ciudadanos canarios están siendo menos iguales que el resto de los españoles. Por eso, porque la ayuda a la depuración de aguas, ya que el 90 % del agua de nuestra tierra es desalada, se ha eliminado, no así en otros territorios; por eso, porque esto aleja a Canarias y hace que seamos diferentes, los nacionalistas canarios vamos a votar en contra de estos presupuestos que se suman a los anteriores que se aprobaron este mismo año.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señoras y señores diputados, exigimos la libertad inmediata de Alfonso Fernández, único joven en prisión preventiva desde hace 36 días por la huelga general del 14-N. Está en prisión precisamente por luchar contra la gran mentira que hoy ustedes legitiman definitivamente, la gran mentira de los recortes.

Hay que recortar; sí, es verdad. Hay que recortar y ustedes lo repiten y lo repiten mil y una veces. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que recortar, pero la cuestión es: ¿dónde hay que recortar? En esto nosotros decimos que habrá que recortar en donde sea, pero no en sanidad, no en educación y no I+D+i. Hay que recortar en coches oficiales, aquí sí que hay que recortar. Hay que recortar en viajes institucionales, en tarjetas de crédito de altos cargos, en subvenciones a las concesionarias de autopistas, en los AVE que no llevan pasajeros, en pagar la Fórmula 1, en las millonarias entrevistas a deportistas en Televisión Española y en miles de cosas más. Aquí sí que hay que recortar, pero sobre todo hay que recortar en gasto militar. La gran mentira es que hay que recortar en sanidad, en salvar vidas, mientras gastan más de 50 millones diarios -repito- en gasto militar. Señorías con estos 50 millones de euros diarios no solo podríamos mantener la sanidad, sino también los necesarios gastos sociales que hoy ustedes, sin ningún escrúpulo, recortan.

Los Presupuestos Generales del Estado son la plasmación de una ideología; es donde se ven cuáles son las prioridades de un Gobierno. Queda claro, clarísimo, que las prioridades de un gobierno neoliberal


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no son en ningún caso mantener la sanidad y una educación pública, una educación de calidad. Recortar servicios públicos es recortar derechos y empobrecer a la población, y estos son los presupuestos del empobrecimiento; del empobrecimiento de los parados, de los pensionistas, de las personas con discapacidad, de los que necesitan un tratamiento contra el sida, de los que necesitan políticas de integración. Estos presupuestos hacen que las víctimas paguen la crisis mientras que los banqueros acumulan beneficios y pisos robados. Para colmo, suponen para los catalanes y catalanas unos nuevos presupuestos de marginación que frenan nuestra competitividad productiva y nuestro potencial como locomotora económica. Lo hacen porque son unos presupuestos más nacionalistas que racionales, porque son tan centralistas, señorías, como neoliberales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, exigimos nosotros también la libertad de Alfonso Fernández, único joven en prisión preventiva desde hace 36 días por la huelga general del 14 de noviembre.

Altura de miras es lo que solicitó Amaiur en boca del señor Antigüedad hace un año en el debate de investidura al señor Rajoy, altura de miras para abordar esa otra crisis, la del modelo territorial. Señores del Gobierno, ustedes en este año han hecho un verdadero esfuerzo por profundizar en esa crisis, y lo demuestran no solo los hechos sino también los números de estos presupuestos que hoy se van a aprobar aquí. En estos doce meses lo único que se nos ha ofrecido a quienes reivindicamos soberanía económica -por cierto, la misma que tiene cualquier Estado- en Cataluña y en Euskal Herria es más España; esto es, más ruina y más imposición. Señores del Gobierno, hay más ruina por sus medidas y sus recortes económicos y sociales. Tenemos un ejemplo en estos presupuestos: vía cupo más de 1.400 millones de euros se destinan principalmente a pagar al rey, al ejército y las deudas de los banqueros, y esto no es lo que está reivindicando la sociedad vasca, que aplastantemente está en contra de sus recortes. Déjennos decidir en paz cómo gastamos y gestionamos nuestro dinero; necesitamos poder decidir cuáles son nuestras políticas, entre otras cosas para poder garantizar que todos los trabajadores -funcionarios o no- cobran sus sueldos, para poder garantizar unas políticas fiscales adecuadas, decidir qué IVA es el más adecuado para nuestros intereses y si aplicamos o no el copago farmacéutico. Queremos hacerlo sin injerencias ni del Tribunal Constitucional, ni de abogados del Estado, ni de nadie que vaya contra la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca; en este sentido hago especial mención a los delegados del Gobierno en Euskal Herria, que tienen un verdadero afán por anular cualquier mínimo ámbito de decisión propio, como han demostrado en estos últimos tiempos, por ejemplo, con la decisión adoptada por el Gobierno vasco con relación a la paga extra de los funcionarios.

Vuelvo al discurso de investidura. En respuesta al discurso del señor Antigüedad el señor Rajoy dijo: Nosotros no os debemos nada. Alguno de los ministros lo cogió al vuelo para repetirlo cada vez que podía. Pues bien, sí nos deben; no a Amaiur, sino a la sociedad vasca. Hace décadas que el Gobierno español le debe a la sociedad vasca respeto, respeto a la voluntad, a la palabra y a la decisión de los vascos. Por eso, en términos democráticos la cuestión sigue siendo: ¿van a respetar ustedes las decisiones que la ciudadanía vasca adopte respecto a la configuración política, institucional o económica? Esa sigue siendo la cuestión, señores del Gobierno, y a la espera de que respondan a esa pregunta tengan por seguro que el porcentaje de la sociedad vasca que solicita soberanía -soberanía económica también- irá en aumento sin lugar a dudas, porque es la única alternativa real que tiene Euskal Herria, nuestro pueblo, para poder ser dueño de su futuro. Estos presupuestos van en la dirección contraria de lo que demanda la sociedad vasca y, por eso, votaremos en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.

Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Efectivamente, los españoles, particularmente los españoles que venimos de la parte de España de donde viene quien me ha precedido en el uso de la palabra, llevamos toda la democracia luchando para poder no solamente gastar nuestro dinero, sino para vivir no en paz sino en libertad. Quiero recordar en la Cámara que la libertad es un principio democrático y que esa libertad la queremos ejercer no solamente


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para decidir, insisto, cómo y dónde gastamos nuestro dinero, sino cómo nos movemos por nuestro país, adónde vamos y dejamos de ir, qué cosas decimos y dónde las decimos, sin tener miedo y sin mirar para atrás para ver si alguien nos está escuchando. Es la libertad la que estamos construyendo, la que necesitamos construir y aquella que nos han quitado personas en cuyo nombre hablan algunos que desde esta tribuna hablan de la paz.

Aprobar unos presupuestos es aprobar una forma de gobernar, es aprobar la ley más importante, aunque por cómo está el hemiciclo en la mañana de hoy parece que es una cosa de trámite pero, insisto, es la ley más importante porque en ella se decide cómo se gobierna el país y qué políticas se hacen. Por tanto, no le sorprenderá al Grupo Popular y particularmente al ministro -porque son los presupuestos que nos ha remitido el Gobierno- que el Grupo de Unión Progreso y Democracia anuncie una vez más que votará en contra de estos presupuestos, como ya lo hicimos con la enmienda a la totalidad y en los trámites anteriores. Votaremos en contra porque son unos malos presupuestos; unos presupuestos que no son para la crisis, como ha definido en algunas ocasiones el Gobierno. Sí, son para la crisis pero no para combatir la crisis; son para la crisis, para consolidarla; son para la crisis para consolidar esas políticas que son las más injustas y las más insostenibles desde el punto vista del desarrollo de nuestro país. Son unos presupuestos tan falsos como las promesas del Partido Popular, como su programa y sus discursos, los que hicieron antes de llegar al Gobierno y los que siguen haciendo a día de hoy en esta Cámara y en el resto de las instituciones en las que están. Tan injustos como sus políticas, insisto, porque son las políticas que se derivan de estos presupuestos las que son injustas y las que, además, definen un modelo de país insostenible desde el punto de vista de la justicia. Algunos de los que han intervenido en esta tribuna lo han dicho ya y lo dijimos cuando hicimos los debates anteriores. Unos presupuestos que recortan casi un 15 % en educación; que recortan casi un 22 % en industria; que recortan un 6,3 % en protección de parados, no porque haya menos parados sino porque se ha decidido no protegerles y porque a veces es más difícil el acceso a una protección, que es su derecho y no una concesión del Gobierno; un presupuesto que recorta el 40 % en transferencias a los ayuntamientos para los servicios sociales, o más de un 25 % en investigación y desarrollo, es un presupuesto, insisto, para ahondar en la crisis y para hacer la salida de la crisis absolutamente imposible.

Tampoco es verdad -y lo diré una vez más- que es lo único que quepa hacer, como nos suelen decir con la resignación permanente del Gobierno, una resignación combinada con las verdades incompletas y, por tanto, las mentiras. Se puede hacer otra cosa, se puede gastar o invertir el dinero de otra manera. Gobernar -lo sabemos todos- es tomar decisiones, decidir a qué se destinan los recursos, en qué se incide, qué se deja pasar, que es lo que hacen ustedes mejor que nada, y ustedes han decidido esperar a que pase el chaparrón. El ministro Montoro sigue siendo un ministro que vive en la época de cuando Aznar ganó las elecciones, que piensa que esta crisis es como aquella, que piensa que con el mero hecho de aguantar, que no de resistir -que son palabras distintas y conllevan actuaciones diferentes-, las cosas se van a resolver y, por tanto, decide mantener este tipo de políticas y de actuaciones en vez de obtener recursos por otra vía. Insistiremos, aunque a veces les molesta, en que un presupuesto en el que no se incide apenas -o al contrario- en todas aquellas políticas que son estrictamente necesarias para perseguir el fraude fiscal, en el que no se dota a la Agencia Tributaria correctamente para hacer esa tarea, que incluso se les impide que hagan una tarea de persecución del fraude, es un presupuesto que no solamente elige mal, sino que elige injustamente. Ustedes podrían suprimir las diputaciones -una bagatela de 6.000 millones al año-, podrían promover la fusión de municipios -una bagatela de 15.000 millones al año, pero además año tras año, no solo en este ejercicio-, o podrían trabajar de verdad, porque se lo creyeran, en suprimir las duplicidades -35.000 millones, mínimo, al año; también todos los años, uno detrás de otro-, poniendo en marcha así, de verdad, las reformas estructurales y facilitando así, de verdad, un país sostenible, viable en términos políticos, en términos económicos. No, nada de eso; ninguna de esas cosas está entre sus prioridades. Prefieren recortar derechos a recortar lo que no sirve para nada, lo que es un lastre para el desarrollo del país. Recortar derechos es lo más fácil, porque eso va al boletín oficial; lo deciden ustedes en un despacho, no lo discuten con nadie y se aplica inmediatamente a personas, a ciudadanos, que son millones, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, pero que no tienen capacidad para evitar que ustedes cometan esta tropelía.

Y llega el presupuesto, que es sustancialmente el mismo que fue al Senado porque, en fin, este trámite, el de hoy, después de que el presupuesto pase por el Senado, es una demostración más -por si alguien tenía alguna duda- de para lo que sirve el Senado. El presupuesto se va, vuelve con cuatro o cinco enmiendas -poquitas enmiendas, no les diré el número exacto, pero poquísimas-, vuelve sustancialmente


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como fue. La segunda Cámara lo que hace es un repaso con su misma mayoría. No tiene ni interés ni capacidad para modificar sustancialmente todas las cuestiones que debieran de ser resueltas, modificadas para que el presupuesto atendiera a las necesidades del país; pero aprovechan la oportunidad de que llega por el Senado y de que tienen ustedes esa mayoría para hacer una cosa que, por ejemplo, en este caso a mí me gusta, que es introducir una enmienda -y es a modo de ejemplo, es como una excepción- que aquí nos rechazaron sobre los sueldos públicos, que nos la rechazaron por la vía de enmienda y por la vía de interpelación y de moción en consecuencia. Van y la meten ustedes en el Senado y dicen además que se comprometen -literalmente, además con el mismo texto con el que aquí fue rechazada- a presentar una iniciativa para un sistema general de régimen retributivo del conjunto de los funcionarios públicos. Está bien, han aprovechado el trámite; han debido de hacer un acto de contrición o quizá piensan que por esa vía van a obtener más recursos y no más igualdad y más seguridad jurídica, pero el caso es que lo han hecho.

También han utilizado el debate en el Senado para introducir una enmienda que a este grupo parlamentario le resulta preocupante por el fondo y por la forma, por las dos cosas. Ustedes han convertido el Fondo de liquidez autonómica, que era un fondo extraordinario, por la vía de una enmienda en el Senado que le dota de 23.000 millones más, en un fondo permanente. Lo que era extraordinario se convierte en ordinario, y se convierte en ordinario sin debate previo, sin que hayamos tenido la posibilidad -que, por otra parte, es nuestro derecho- de debatir en qué condiciones se amplía ese fondo, ni más ni menos que en 23.000 millones; tenía 18.000, o sea que no es una pequeña ampliación, un Fondo de liquidez autonómica de 23.000 millones. El ministro ha dicho que van a ser muy rigurosos y muy exigentes y nuestro Grupo de Unión Progreso y Democracia le pregunta a ver en qué condiciones, le pregunta cuál es ese rigor y cuál es esa exigencia, a ver en qué condiciones se le va a dar ese fondo a las comunidades autónomas, se va a distribuir ese fondo de 23.000 millones entre las comunidades autónomas. Señor Montoro, ¿para qué va a ser ese fondo? ¿Va a ser para financiar la independencia de Cataluña? Porque Cataluña es una de las comunidades autónomas que más uso ha hecho del primer fondo. ¿Qué nivel de exigencia va a tener a la hora de dar nuevos recursos a esas comunidades autónomas para las que está destinado el fondo? ¿Va a dar un euro más a una comunidad autónoma que ha manifestado públicamente que no cumplirá con el objetivo del déficit y que lo ha hecho formalmente, ante la Cámara, no en un pasillo, y que ha dicho públicamente que incumplirá las sentencias de los tribunales -además de que ya las está incumpliendo- y que se saltará la Constitución? ¿Va a seguir financiándola? Hoy hemos visto en los periódicos que ustedes están dispuestos a ir hasta no sé dónde; señor ministro, política preventiva. ¿Van a permitir que se destinen los recursos de todos los españoles a una comunidad autónoma no para los ciudadanos, sino para un Gobierno que rompe la convivencia y las reglas del juego? (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero: Con exigencias). ¿Dónde están las exigencias que dice usted? Espero que nos las explique. De hecho se les ha seguido dando el dinero, ¿o no? ¿Con qué exigencias? ¿Cumplimiento del déficit? No, en cada momento la exigencia que corresponda. Yo le pregunto si va a ser para eso. Yo le pregunto cuáles van a ser las exigencias, porque el fondo que era temporal, se ha convertido en definitivo por la vía de una enmienda en el Senado, sin un debate en la Cámara, por la vía de una enmienda con su mayoría absoluta. Para no centrarnos solamente en esa comunidad autónoma con estas características, que son muy graves...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir terminando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acabo, presidente.

Son muy graves, porque confrontan con la legalidad vigente, y un gobernante que no solamente no cumple la ley, sino que anuncia que no la cumplirá, es incompatible con el Estado de derecho y con la democracia. Pero hay otras comunidades autónomas que también piden recursos y a las que también se los dan y que no los destinan a fomentar la igualdad y la justicia dentro de la comunidad, sino al contrario, a mantener privilegios y duplicidades, a hacer recortes en servicios esenciales, en sanidad y en educación. A eso se están destinando los recursos en las comunidades autónomas que ya han sido salvadas con los 18.000 primeros millones. Las exigencias tienen que ser unas exigencias que combinen con estos principios básicos de igualdad entre los españoles, de justicia y de recursos para todos los españoles en condiciones de igualdad en los servicios básicos al margen de la parte de España en la que vivan. No hablen ustedes de exigencias y de rescate, no se dobleguen a todas las exigencias europeas para el rescate a España y sean incapaces de asumir esa misma responsabilidad y exigírsela a aquellas comunidades autónomas que reciben el dinero de todos los españoles.

Gracias, presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señor presidente.

Esta tarde, a las cuatro de la tarde, se sienta en el banquillo el señor don Rodrigo Rato, que de presupuestos sabe bastante y de gestión de la economía parece que, a tenor de la actuación de esta tarde, no tanto, no tanto de la gestión en Bankia y en el Fondo Monetario Internacional, cuya mala forma de hacer política económica también se le reprochó. En cualquier caso, esto es una buena noticia, pero contrasta con la realidad de hoy en día, y es que a causa de la crisis allí no ha pisado prácticamente ningún banquero, ningún responsable -aquí se han negado comisiones de investigación para saber quién eran las personas responsables de que hoy tengamos que presentarnos ante un cambio de modelo de sociedad tan radical como el que se está imponiendo-, y contrasta también con una realidad a la que ya algunos diputados han hecho referencia, y es que hoy se cumplen treinta y seis días que lleva una persona, Alfonso Fernández, en prisión preventiva, precisamente por estar en una huelga general, por luchar contra políticas económicas que son las que aparecen reflejadas con total nitidez en estos presupuestos. Nuestro grupo exige la libertad inmediata de todas estas personas, de Alfonso, que lo que hacían era luchar por un mundo distinto y contra unos presupuestos absolutamente antisociales.

Estos presupuestos que nos llegan hoy son en realidad los mismos que se fueron del Congreso, apenas hay unas cuantas enmiendas de carácter menor que no cambian la sustancia del producto, de los presupuestos generales, que nosotros acertamos a llamar mejor dicho presupuestos secuestrados por la troika, que en última instancia es la que está determinando estos presupuestos. Estos presupuestos que nos presenta el Gobierno del Partido Popular la máxima aspiración que pueden llegar a tener es crear empleo en el futuro basándose en la fe, en que las reformas estructurales puedan funcionar pero, en todo caso, un empleo de miseria y de pobreza, partiendo de una estrategia de empobrecimiento de toda la economía. Tenemos la reforma laboral destinada a bajar los costes unitarios laborales, destinada a atacar a los sindicatos, destinada, en definitiva, a reducir la capacidad de una economía para crecer en el margen de la demanda interna. Lo que estos presupuestos tienen como objetivo es un cambio de modelo de crecimiento -hemos tenido la oportunidad de debatir sobre todo esto en las numerosas ocasiones en las que hemos debatido la política económica del Partido Popular-, estos presupuestos no hacen más que intentar cambiar ese modelo de crecimiento, lo cual conlleva necesariamente un cambio de modelo de sociedad, porque al Gobierno del Partido Popular y a la troika que le dirige realmente les sobran los derechos laborales, les sobra la sanidad pública, les sobra la educación pública y les sobra todo aquello que pueda obstaculizar que España se parezca cada vez más a China, cada vez más a aquellos países que son competitivos solo por la vía de los bajos salarios. Ayer hubo manifestaciones y también antes de ayer, pero entre todas esas manifestaciones -que se cristalizan en las mareas blancas, verdes o de todos los colores de protesta frente a este cambio de modelo de sociedad- hubo una muy importante que también tiene que ver con estos presupuestos: los investigadores, los científicos, protestaban por los recortes en investigación y desarrollo, una de las palancas que hubiera podido hacer que nuestra economía se modernizase y no tomase el camino del empobrecimiento generalizado con la vacua esperanza de poder funcionar en el futuro a través de una competitividad mayor contra China. La inversión en desarrollo y la financiación que está haciendo el Partido Popular a estas partidas son de recortes. Por el contrario, sí se está destinando mucho dinero en estos presupuestos al rescate financiero, un rescate financiero que está haciendo que el Estado absorba los costes de la crisis, es decir, está haciendo que la ciudadanía absorba los costes de una crisis que no hemos generado. Esa es prácticamente la mayor partida de los presupuestos que se presentan aquí y que, desgraciadamente, se aprueban hoy. También desgraciadamente, hoy tenemos en los medios de comunicación una cortina de humo basada en un rumor para que no se debata sobre algo tan importante como las partidas presupuestarias que van a marcar la política económica del año 2013. Hemos de apuntar -como ya lo hemos hecho anteriormente- que estos presupuestos tienen una partida de ingresos bastante poco creíble, porque estiman un decrecimiento mucho menor del que realmente todos los organismos internacionales -y a la luz de la situación de la economía mundial- dicen que va a existir. Esta realidad de las previsiones nos hace pensar que, a lo largo del año 2013, el Gobierno intentará rectificar el cauce de los recortes aplicando nuevos y más recortes en sanidad y educación, haciendo que realmente poco a poco acabemos con el modelo de sociedad que tenemos hoy en día.

Estos son los presupuestos que se han presentado. Todos los diputados y diputadas de esta Cámara conocen perfectamente nuestro pensamiento, que no solo es un pensamiento compartido por la izquierda,


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es un pensamiento que los organismos internacionales, insisto, valoran positivamente porque dicen que esta política es absolutamente suicida. Nos sorprende que el Partido Popular, en este caso el Ministerio de Hacienda, no quiera salir al paso de esta realidad, sino que huya hacia delante e intente parar la frustración de la gente a través de la represión policial, como en el caso que hacíamos referencia y en tantos otros, como identificaciones arbitrarias, detenciones injustificadas y todo tipo de respuesta policial a un problema político, que es el de la reformulación del modelo de sociedad que están haciendo desde la troika y el Gobierno del Partido Popular. Señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, miren a Grecia y Portugal y díganme si realmente las políticas de austeridad funcionan; miren al resto del mundo que ha aplicado políticas de austeridad, miren a América Latina en los años ochenta y noventa, miren aquello que ahora llaman la década perdida; una década perdida que nosotros estamos intentando convertir -parece ser, a tenor de la política del Partido Popular- en más de cincuenta años perdidos, porque son a los que vamos de regresión social en materia de derechos laborales, sociales y económicos. Estamos caminando, transitando hacia un escenario muy peligroso de estallidos sociales, pero son los estallidos sociales que están provocando el Partido Popular y las instituciones supranacionales, que han considerado que el ser humano y el planeta tienen que estar subordinados a la economía y que vale todo para poder crecer económicamente. El camino que ha tomado el Partido Popular es el camino de convertir nuestro Estado, nuestra economía, en una economía competitiva por la vía de los bajos salarios, y eso conlleva regresar socialmente a condiciones prácticamente de semiesclavitud; es una tendencia que se va acentuando año a año. Cualquiera que mire a Grecia se da cuenta de los resultados prácticos, es decir, datos empíricos de los resultados de esta política, de las consecuencias, de los efectos. No nos vale para nada que el Gobierno nos prometa un cielo, un cielo de miseria laboral, por supuesto, pero un cielo de trabajo en determinados equis años en el largo plazo. No, realmente hay que basarse no en esa fe, sino en los datos, y los datos no hacen sino contrastar esta política. La política que aparece en estos presupuestos es una política desastrosa económica y socialmente y es la política contra la que nosotros vamos a luchar desde luego aquí, con toda la denuncia que estamos haciendo habitualmente, continuamente y de forma permanente, pero también seguiremos participando en las calles legítimamente, reivindicando y denunciando la situación actual.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, este es el último trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, señor ministro, comprenderá que nosotros no podemos desaprovechar este trámite para reiterar aquello que a lo largo de todo el proceso hemos ido anunciando y además, como el presupuesto no deja de ser un supuesto previo que va a irse desarrollando a lo largo de un año, nos gustaría que todo aquello que hoy una vez más, en nombre de mi grupo de Convergència i Unió pueda decir aquí y cuente con la atención de los señores diputados, señor ministro, pueda servir para el desarrollo eficiente de este presupuesto, aunque lógicamente nosotros no le hemos dado apoyo. Lo voy a hacer si me permite, señor ministro, de forma distinta a como le ha tratado a usted una portavoz anterior que, por cierto, da lecciones a Cataluña donde no ha sacado más votos que el Partido Pirata y, por tanto, me parece que a sus opiniones en relación con Cataluña, que deje usted de financiar un Gobierno que preste unos servicios sociales de interés, me parece que puede usted darles el mismo nivel de atención que el que pueda dar a un hipotético representante, repito, del Partido Pirata, dicho con todo respeto para los 20.000 votos que sacaron unos y otros en Cataluña.

Yo le voy a tratar mejor, señor Montoro, y si me lo permite le voy a tratar tan bien que voy a referirme a algo que usted seguramente conocerá, que es el "montorito". ¿Sabe qué es el "montorito"? Sabe que si yo algo conozco son las infraestructuras. Seguramente no se acordará que hace diez años, el 22 de julio de 2002, usted como ministro de Hacienda, como natural de Jaén, acudió a Jaén, junto con el ministro de Fomento de aquel momento a colocar la primera traviesa de la línea de alta velocidad que debería unir Madrid con Jaén, y sus compatriotas de Jaén, que son gente muy aviesa, despierta, bautizaron a este tren como el "montorito". Yo recojo lo que en aquel momento recogió, por cierto, la prensa de su provincia. ¿Por qué saco esto a colación, más allá de la simpatía, no se va a enfadar muchísimo porque yo hable del "montorito"? Porque usted en aquel momento les prometió -usted y el ministro de Fomento- que tendrían no sé en qué fecha, no voy a decirla porque no quiero herir a nadie, que tendrían un tren de alta


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velocidad y parece ser que en estos momentos como mínimo hasta el 2016 este "montorito" no va a circular entre Jaén y Madrid, 2016. Nosotros tenemos un objetivo y una senda de estabilidad que es una senda compleja, es una senda arriesgada y es una senda que su Gobierno ha logrado y me parece bien. Desde esta tribuna Duran le dijo a usted que el Gobierno había hecho una buena gestión para conseguir una mejora de las condiciones por las que España podía transcurrir en esta senda; es decir, que no fuera una senda tan empinada, porque en una senda muy empinada, señor Montoro, uno puede descarrilar fácilmente. Por tanto, desde este punto de vista, usted tenía la posibilidad de administrar esta mejora que consiguió el Gobierno español para el conjunto de las administraciones a través de estos presupuestos generales y de todos los mecanismos de estabilidad. Y lo que usted, su Gobierno consiguió de Europa, que es un escenario y una senda con menos riesgo de descarrile, a través de estos Presupuestos Generales del Estado no lo ha ofrecido a las comunidades autónomas.

El esfuerzo del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 en relación con 2012 es menor, usted lo sabe, porque usted aprovecha y dice, ya que he negociado bien en Europa este margen de más que me han dado lo juego a favor de quién, del Estado. Usted sabe perfectamente que nosotros consideramos que esto es un error. Si el Estado ha conseguido una buena negociación en este sentido, lo lógico, me parece, es que, con la misma generosidad con la cual Europa ha tratado al Estado español, usted hubiera tratado, señor ministro, a las comunidades autónomas. Porque además, señor ministro, usted es consciente de que las comunidades autónomas son muy diversas en cosas de régimen común, parten para hacer este camino de escenarios muy distintos, como los países europeos. Cuando usted fue a Europa y planteó unos escenarios, lo hizo en función de las necesidades de España que, por suerte, no son las de otros países que están mucho peor, pero tampoco son las de otros países que están mejor. Por tanto, Europa recicla la petición de España y de otros países y racionalmente dibuja un escenario con un objetivo: evitar el descarrile. Esto es lo que le pedimos, esto es lo que ha pedido el conseller Mascarell desde Cataluña, a lo mejor también desde otras comunidades, un escenario -2016, "montorito", "montorito"- de conseguir encajar plenamente que lo podamos hacer con garantías. ¿Es muy difícil comprender esto? Usted es una persona de un nivel intelectual alto, altísimo -si me permite-. ¿Es difícil entender esto? ¿Es difícil, señor Montoro, comprender esto? Le voy a decir más, ¿es difícil, en el actual contexto que usted sabe de complejidad en las relaciones entre Cataluña y España, en un elemento de esta importancia suministrar racionalidad, actuar con racionalidad y, por otra parte, con inteligencia, porque a usted le interesa más que a nadie -porque cuando va a Europa defiende al conjunto de las administraciones españolas- que todas cumplan? Por tanto, señor Montoro, yo le pido, y no desde la bronca que hace un rato le han dado a usted, desde el razonamiento y la simpatía, que recapacite. Se lo pido con el máximo compromiso que sabe que algunos hemos asumido en esta senda de ajustes, con todo el rigor, cargando con todo; por cierto, también cargando con impuestos. Usted lo sabe perfectamente, acaba de tomar la decisión de dejar al Govern de la Generalitat sin 140 millones de ingresos el año que viene. Usted sabrá, pero puede imaginarse fácilmente que esto va a hacer más compleja esta senda. Por tanto, señor Montoro, para evitar que esta senda se vea frustrada, le pedimos francamente y le aconsejamos con toda la humildad que podemos tener que le dé usted una vuelta. Dése cuenta de que tenemos que conseguir esta senda -nosotros estamos en ello-, pero para ello hay que buscar argumentos de racionalidad y eficiencia.

Le voy a pedir también otra cosa, que es contraria a la que le piden algunos. No haga concesiones a la galería. Usted es ministro de Administraciones Públicas también. Una de sus medidas es decir: Aquí hay muchos políticos, cuestan mucho dinero y nos vamos a cargar a muchos. ¿Sabe usted a quiénes se quieren cargar? A los que no cuestan un euro al erario público, a los miles de concejales de pequeños municipios -por cierto, muchos de su partido y del mío- que cada día se levantan y trabajan sin costar un euro, trabajan gratis para todos. ¿Es ejemplar que a usted en una reforma administrativa solo se le ocurra cargarse a estos concejales que cuando hay un incendio forestal están en primera línea? Como tenemos que dar la imagen de que mejoramos la Administración, van a sufrir nuestros ayuntamientos. En este momento tiene usted una gran responsabilidad, Hacienda y Administraciones Públicas. Le pido en nombre de mi grupo que la asuma. Nosotros hemos asumido la nuestra y esperamos contar con usted con la máxima lealtad y, sobre todo, haciendo las cosas con inteligencia. En materia ferroviaria hay que evitar siempre el descarrile. No me gustaría que descarrilara el "montorito" el día que circule.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.


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El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, hoy vamos a cumplir un trámite; simplemente a cumplir un trámite. Desgraciadamente, en eso han convertido el proceso de debate y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante del año. Es una ley que va a ser autoenmendada más pronto que tarde -como lo fue la vigente ley para 2012-, porque se basa en previsiones irreales para nuestra economía. Por tanto, nuestras discrepancias se refieren a las formas, a las actitudes y también al fondo. Las formas y las actitudes son muy importantes en democracia. Pueden propiciar el acuerdo y el pacto a partir del diálogo o pueden echar por la borda horas y horas de trabajo preparando enmiendas y defendiéndolas en Comisión y en Pleno sencillamente porque el grupo mayoritario y el Gobierno se mantienen cerrados en banda. Creo que han batido el récord: ni en el Congreso ni en el Senado han aprobado una sola enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Se han refugiado en su mayoría absoluta para imponer su particular receta.

Y a los problemas de forma les añaden los problemas de fondo. Señorías, su receta se llama recortes de los servicios esenciales. Se trata de una receta sustentada únicamente en la creencia de que el medio y el fin son la misma cosa, que es la reducción del déficit público a toda costa y a costa de todos; bueno, de casi todos. A la minoría privilegiada se la protege y se la amnistía; a la mayoría se la carga de tributos y de repagos de los servicios públicos. Mientras, se olvidan de que nuestro reto es, además de ajustar, y hacerlo con tino y mesura y a sabiendas de las prioridades y de los costes de cada uno de los ajustes, hacer crecer nuestra economía, pero teniendo claro que hay que hacerlo con un patrón de crecimiento que nos haga incrementar la competitividad por incorporación de conocimiento en el proceso productivo y no a costa de los salarios, en la línea de su reforma laboral, para que dispongamos de una economía que se sustente sobre fundamentos sostenibles y no sobre burbujas de ningún tipo, para que dispongamos de un sector industrial de alto valor añadido en lugar de convertirnos en la maquila de la Europa rica, como estamos corriendo el riesgo de convertirnos, a causa de sus políticas y de la falta prácticamente total de ellas en política industrial, energética o de investigación, desarrollo e innovación. Las protestas y manifestaciones de los investigadores de estos días lo ponen también en evidencia.

Las políticas que nos plantean en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, además de olvidar el impulso de nuestra economía, están acrecentando de forma acelerada la desigualdad en el seno de nuestra sociedad y, con ella, el progresivo desapego e incluso rechazo de la política y de sus instituciones, y eso nos parece gravísimo. Señorías, decía Mahatma Gandhi que la política sin ética es solo el mero ejercicio del poder, y carecer de ética es prometer una cosa y hacer todo lo contrario de lo prometido, que es precisamente lo que están haciendo ustedes. Han metido la tijera a los derechos de los trabajadores, a las prestaciones por desempleo, a la dependencia, a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a todo ello que prometieron no tocar, y además están gripando los motores que nos pueden permitir impulsar nuestra economía: la educación, las políticas activas de empleo, la I+D+i, el apoyo a la pymes, a los emprendedores. El resultado es bien patente: en un año de Gobierno no han dejado títere con cabeza. Lo que estaba mal, como la economía y el paro, ahora está muchísimo peor y lo que estaba bien o lo estropean o lo hacen de pago, como la sanidad, la educación o la justicia. Su receta, contemplada en este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, es más de lo mismo, lo he dicho ya en Comisión y lo repito hoy aquí. Más de lo mismo es mantener la orientación de una política fiscal basada exclusivamente en la reducción agresiva del déficit público sin contener ninguna estrategia de fomento del crecimiento potencial de nuestra economía. Más de lo mismo es continuar creyendo -y de verdad que se necesita mucha fe- que dicha política de ajuste duro y llevado a cabo en poco tiempo nos conducirá sin género de dudas al florecimiento económico, como ocurre en la naturaleza por la simple llegada de la primavera, pero lo más probable es que después del duro castigo al que se somete a la inmensa mayoría de la población pocas flores queden en el jardín. Más de lo mismo es no acometer reformas estructurales de las principales figuras tributarías, optándose por pequeños parches, como la mayor tributación de las plusvalías a corto plazo, o bien por recurrir a propuestas del PSOE, como el gravamen de los premios de las loterías o la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, sin abordar una imposición patrimonial más justa y eficiente, como el impuesto sobre las grandes fortunas. También aquí la falta de equidad y la injusta redistribución del esfuerzo generan desigualdad. Más de lo mismo es, en definitiva, que todo el esfuerzo del recorte del gasto en los diversos ministerios, lejos de aplicarse al impulso de nuestra economía, al cambio de patrón de crecimiento y a la provisión de los servicios públicos esenciales, va destinado en su integridad a pagar


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el incremento del coste de la deuda, una deuda que, por cierto, crece y se encarece por culpa de su mala gestión y por el traslado a pública de la deuda bancaria.

Voy acabando, señor presidente. Por todo ello, presentamos en su momento nuestras ochocientas noventa y tres enmiendas parciales en el Congreso y prácticamente otras tantas en el Senado, y ninguna ha sido aprobada. Suya y solo suya es la responsabilidad de los resultados de esta política económica que se ceba en los débiles y protege a los fuertes. Como siempre, privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Pero quiero dejarles claro que vamos a continuar trabajando, con más ahínco, si cabe, porque nuestra concepción de la política no se reduce a la mecánica de las instituciones ni al mal uso que hacen ustedes de algunas de ellas, sino que se dirige al corazón de nuestra sociedad; una manera de hacer política que hace del diálogo su método y elabora alternativas a partir de unos valores bien distintos de los que ustedes defienden y practican. Vamos a construir una alternativa clara y fuerte para dar respuesta a tanta gente que lo está pasando mal, que está dejando de creer en la política porque la considera sometida ineludiblemente solo al valor del dinero como símbolo del poder. Por todo ello, vamos a construir una alternativa para ofrecer desde la política un proyecto de futuro para todos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy finalizamos el trámite para la aprobación definitiva del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Algunos hemos afrontado este debate teniendo muy en cuenta la actual situación económica española y otros solo han tratado de erosionar al Gobierno de España sembrando más desconfianza en nuestra economía. Es cierto que vivimos momentos críticos, hay dudas sobre la reversibilidad del euro, tensiones financieras graves, dificultades para financiarnos, demasiado desempleo, falta de competitividad e importantes desequilibrios presupuestarios en el conjunto de las administraciones públicas españolas, pero no saldremos de esta situación negando la realidad, ni tampoco saldremos de esta situación desde el tancredismo, desde la insolidaridad, desde la demagogia, desde la desunión, con políticas de pancarta y con demagogia a gogó. Por eso, el Partido Popular ha afrontado este debate con rigor, con seriedad y con responsabilidad. El Grupo Popular no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta situación económica, que no se va a resolver con parches o con paños calientes. Las llaves maestras de la recuperación económica son la austeridad, el control presupuestario, más Europa y reformas estructurales. Esos son los elementos para recuperar la confianza que necesita nuestro país y para acabar con esta crisis económica.

La raíz de los problemas de la economía española está en la falta de capacidad para financiarnos. Tenemos que hacer que el precio para que nos podamos financiar sea más razonable, y eso no será posible si no podemos reducir el déficit público. La reducción del déficit público no es un objetivo caprichoso y nada tiene que ver con apriorismos ideológicos. Hay, al menos, cinco razones para defender la reducción del déficit público. En primer lugar, no es conveniente seguir incrementando la deuda pública de nuestro país. Tampoco es sostenible que sigamos destinando uno de cada cuatro euros a pagar intereses de la deuda; esa factura, desde luego, condiciona la actual política económica de este Gobierno. Tampoco podemos seguir limitando el acceso a la financiación de los particulares y de las empresas españolas, por tanto tenemos que reducir ese efecto expulsión que se está produciendo en términos de financiación. Buscar el equilibrio en las cuentas públicas es de obligado cumplimiento, según el artículo 135 de la Constitución española, según la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, y es un acuerdo que ha alcanzado el Reino de España con otros países que forman parte de la zona euro, que comparten con España una misma moneda, el euro. En definitiva, reducir el déficit público, señorías, es la mejor manera de garantizar el Estado del bienestar en nuestro país. Si no hay equilibrio en las cuentas públicas, todo ese Estado del bienestar saltaría por los aires. Por lo tanto, es una urgencia y una obligación nacional reducir ese déficit público.

Quiero hacer dos referencias: En primer lugar, al Grupo de Convergència i Unió, a cuyo portavoz he escuchado atentamente, y en segundo lugar, al PSOE. Convergència i Unió nos da lecciones de política económica, de cómo hacer un presupuesto del Estado. Convergència i Unió es el partido que gobierna en Cataluña desde hace dos años; acumula un tercio del conjunto de la deuda autonómica en España; Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España con mucha diferencia. Ahora, han creado nueve impuestos nuevos con Esquerra Republicana y su gran proyecto pasa por la independencia de


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Cataluña, por hacer un referéndum de independencia que genera una incertidumbre económica terrible. Por lo tanto, de Convergència i Unió -con los números y el balance de gestión que presenta su Gobierno- no queremos escuchar ni una sola lección.

Con respecto al PSOE, solamente quiero pedir un poquito de cordura, de sentido común y de reflexión; que recupere el sentido de Estado que alguna vez tuvo. El señor Zapatero dijo hace pocas semanas: España sufriría menos si hubiéramos ahorrado más en los últimos años. Pues eso; si Zapatero es capaz de reflexionar, no entiendo por qué su vicepresidente, el señor Rubalcaba, no es capaz. No entiendo por qué el Grupo Socialista no es capaz de reflexionar. Les he traído una copia de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, el último que aprobó el Grupo Socialista. En el libro amarillo aparecen las líneas maestras del último presupuesto del PSOE, el de 2011. En este presupuesto aparecían una serie de reflexiones y ahí explicaban cuáles eran las líneas maestras del presupuesto del Partido Socialista. He recopilado algunas de esas frases del libro amarillo: Para la reducción del déficit público la única vía posible es la austeridad -PSOE, Rubalcaba-. La política económica para salir de la crisis se articula sobre dos principios básicos, austeridad y reformas. Decían: Vamos a conseguir una reducción del déficit público sin precedentes en nuestra historia económica -PSOE, Rubalcaba-. La política fiscal tiene ahora como prioridad absoluta e inmediata la reducción del déficit y la contención de la deuda pública en niveles sostenibles. Si sigo leyendo, puedo sufrir un ataque de vergüenza ajena, porque si comparo lo que escucho de la actual bancada del Partido Socialista y lo que leo -no me lo invento, lo leo, y les dejo la copia-, su último presupuesto, de verdad, me da vergüenza ajena. Por lo tanto, no se conviertan en un club de agoreros, que es lo que están haciendo en las últimas semanas, y no hagan de la agitación callejera su única política. (Rumores).

Tampoco entiendo que critiquen los recortes que se hacen aquí, pero aplaudan los que hacen ustedes en Asturias. Hay una huelga hoy en Asturias, ¿no? Bien; y en Andalucía... Es decir, donde ustedes gobiernan los recortes son estupendos. Cuando los hace el Partido Popular los recortes son malvados, son demoniacos. Desde nuestro punto de vista, el derroche y el tirar de chequera no es la política. (Aplausos). Ahora han encontrado ustedes la fórmula para salir de la crisis. ¿Por qué no la plasmaron en 2011? ¿Ahora saben cómo reducir el déficit público? ¿Nos pueden explicar por qué nos han dejado el caramelo envenenado que nos han dejado? ¿Por qué no consiguieron un déficit público del 9 %, tal y como prometían aquí? Aquí lo prometieron ustedes. Decían que iban a conseguir un déficit público del 6 %, y lo dejaron en el 8,9. ¿Por qué no lo redujeron aquí? ¡Aquí está la madre del cordero! ¡Aquí! (Rumores.-Aplausos). Y hay algunos elementos que ya sé que a ustedes les molesta que se los recordemos, pero hay algunos elementos positivos en la economía española. Hay un partido en esta Cámara que dice: Yo no voy a ser el agorero oficial del reino, que es lo que hacen los portavoces de muchos grupos de esta Cámara; solo hablan de que se acaba el mundo, de que estos presupuestos acabarán con el mundo.

Hay algunas cosas que se están resolviendo: Se está saneando nuestro sistema financiero; se está frenando la fuga masiva de capitales; se está estabilizando la prima de riesgo de nuestro país; se está reduciendo el déficit público, ha caído un 3,5 en términos primarios; se está reduciendo la deuda externa neta de una manera muy notable, estamos ganando en competitividad. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que están bien en la evolución de la economía en el último año y eso cualquier persona, cualquier técnico se lo puede indicar. He empezado mi discurso poniendo de manifiesto que hay algunas cuestiones graves y preocupantes que hay que resolver, pero también pensamos que el enfermo está respondiendo bien a la medicina; que hay algunos elementos positivos que indican que a finales del año que viene la economía española puede cambiar de tendencia. No es una opinión mía; es la opinión manifestada el martes por el señor Almunia, que no es de mi grupo político. El señor Almunia dijo el martes: Tenemos la convicción de que España a finales de este año mejorará su posición; que mejorará, que cambiará, que abandonará la recesión. Eso dijo el señor Almunia el pasado martes y nosotros estamos de acuerdo con él.

Concluyo. El Grupo Popular apoyará las ochenta y nueve enmiendas incluidas en el Senado porque mejoran el texto que salió del Congreso. Nuestro grupo apoya sin fisuras estos presupuestos porque ponen la base de la reactivación económica nacional, van a ayudar a combatir la lacra del desempleo y van a permitir la superación de esta histórica crisis económica. Estos presupuestos sin duda habrán contribuido mucho a este cambio de ciclo y son los cimientos y los pilares de la recuperación económica en España. En cualquier caso, nosotros preferimos abrazar la esperanza que agitar el miedo. Solo la esperanza y el tesón nos van a ayudar a salir de la crisis y desde luego las políticas agoreras y de pancarta que practican otros grupos de la oposición no ayudan en absoluto a la recuperación económica nacional.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, vuelve del Senado una ley, la que comentamos en su debate en esta Cámara que resultaba pertinente darle una oportunidad. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). La verdad es que resulta poco refutable o una obviedad considerar naturalmente bueno la lucha contra el fraude fiscal, contra el fraude al sistema de pensiones y contra el fraude a las subvenciones de la Unión Europea. Lo que pasa es que también les dijimos, señores del Partido Popular, que esta ley no tenía buenas hechuras, que estaba muy mal construida, que estaba muy mal configurada y que además provocaba problemas que tenían una dimensión que sobrepasaba ampliamente el propio contenido de los objetivos perseguidos por esta ley. Les comentamos que nos parecía muy alto el umbral de punibilidad en 120.000 euros para los delitos contra la Hacienda pública; que para incrementar el plazo de prescripción de estos delitos se elevara a 600.000 euros -fíjense ustedes de qué defraudadores estamos hablando, personas que defrauden más de 600.000 euros-; que estábamos hablando en los delitos de Seguridad Social de un delito de contenido imposible, nada menos que defraudar más de 50.000 euros, porque la exigencia es que se proceda el injusto penal, el delito, de forma simultánea y no de forma sucesiva. La verdad es que haciendo cuentas es imposible configurar o concebir que haya una posible defraudación al sistema de pensiones que supere los 50.000 euros; es un precepto en blanco que carece de contenido material, carece de aplicabilidad. Por tanto tiene esta dificultad original, aunque también tiene otras dificultades. Ya hemos comentado la obligación de que la comisión de los delitos tenga que ser simultánea en la definición del injusto penal y no sucesiva, con lo cual nos procuraríamos un mayor reproche penal y más eficiente desde la Administración de Justicia ante conductas tan aberrantes como la defraudación a la Seguridad Social, la defraudación a la Hacienda pública, la defraudación a las subvenciones de la Unión Europea. No se ha hecho nada en el Senado o, mejor dicho, se ha hecho algo casi irrelevante, algo de naturaleza decorativa, de naturaleza estética, como es suprimir una disposición que se refería a una ley denominada: equis, equis, expresión que a todo el mundo le procura evocaciones que no es menester glosar; a una ley que no existía, una ley de transparencia que se está debatiendo y que por tanto no podía ser un elemento referencial para la configuración de este injusto penal.

Hecho lo cual -la gran aportación del Senado a la mejora técnico-jurídica de esta importante ley-, me gustaría decirles que aquí se mantiene todavía una extravagancia que preocupa a mi grupo, y no le preocupa porque haya tenido problemas en sus ciento veintisiete años de historia política de probidad en la lucha contra la corrupción. En ciento veintisiete años de historia no hemos tenido ninguna persona imputada ni condenada por delitos vinculados a la probidad política ni a la corrupción política. Jamás en ciento veintisiete años de historia -hay otros partidos aquí que no pueden decir lo mismo-, pero nos llamaba poderosamente la atención la aceptación de una enmienda del Grupo de UPyD -la enmienda 61 en el Congreso de los Diputados- en donde los delitos cometidos por un miembro de un partido político, un afiliado a un partido político o un afiliado a un sindicato, se extendían a la organización en su conjunto, cuestión paradójica, extravagante donde las haya. Extravagante, primero, porque vulnera ese viejo aforismo que consiste en afirmar que societas delinquere non potest, las sociedades o las personas jurídicas no pueden delinquir, solo las personas físicas pueden delinquir. Alguien me tendrá que explicar algún día cómo se puede imponer a una persona jurídica una pena de privación de libertad. ¿Quién ingresa en prisión? Personas físicas, sí; personas jurídicas, no. Esta es una extravagancia de la última reforma penal del año 2010, que ya criticaban el señor Villarrubia y otros diputados, que se les ocurrió; pero aquellas eran sociedades que eran objeto o que se posibilitaba que pudieran cometer delitos, sociedades que instrumentalmente estaban construidas precisamente para la comisión de delitos, no cualesquiera personas jurídicas. Lo que pasa es que extender a los partidos políticos esta posibilidad y concebir casi a los partidos políticos como estructuras que se crean ab initio para la


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comisión de delitos nos parece una perversión y una atrofia democrática que queremos denunciar, y se lo queremos denunciar a UPyD relativamente, porque puede formar parte de cierta metacultura de este partido, que es un partido joven todavía, pero nos llamó poderosamente la atención que el Partido Popular, un partido histórico, un partido con solvencia y que además gobierna -y esta no es una cuestión baladí- aceptara una proposición tan jurídicamente extravagante, tan jurídicamente aberrante como esta; como si tuviéramos que concebir el sistema de partidos políticos como una creación de organizaciones cuyo objetivo sea la comisión de delitos.

Estas posturas crean nihilismo, que puede ser un nihilismo de derechas, consistente en afirmar que no hay dinero para evitar los desahucios pero sí para que los extranjeros puedan acceder a viviendas de protección social, o un nihilismo de izquierdas, consistente en afirmar que los políticos no servimos sencillamente para nada o que el sistema de partidos está amortizado, que no sirve absolutamente para nada. Y con estas cosas no se puede jugar; si alguien quiere jugar al nihilismo y al populismo, que lo haga, pero un partido mayoritario no puede jugar a esto, entre otras cosas, porque se está contradiciendo la Ley de Partidos Políticos, que no es una ley santa de nuestra devoción, como ustedes saben, y sobre todo la sentencia que declaró su constitucionalidad, sentencia del año 2003 donde se establece que los partidos políticos son entidades parapúblicas que cumplen funciones constitucionales dada su privilegiada ubicación sistemática en el artículo 6, título preliminar, de la Constitución, en tanto en cuanto articulan e instrumentan la representación de la voluntad popular.

¿Alguien en su grupo -no sé a quién dirigirme del Partido Popular ni sé quién me va a responder-, doña Betina, cree que los partidos políticos no son entidades parapúblicas? ¿Que no están construidos y concebidos para instrumentar y representar la voluntad popular? ¿Que están concebidos o constituidos para la comisión de delitos, tal y como en la reforma del año 2010 del Código Penal se estableció la eventual responsabilidad penal punitiva de las personas jurídicas con una muy deficiente definición de los injustos penales en los que las personas jurídicas podían incurrir como un elemento puramente instrumental para la comisión de delitos por personas físicas? A esto no podemos jugar y nada de esto se ha corregido en el Senado, desafortunadamente, ni el umbral de punibilidad contra los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni la posibilidad de la comisión de este injusto penal de forma sucesiva y no necesariamente simultanea, lo cual reduce mucho el ámbito del reproche penal que se puede aplicar a estos delincuentes, delincuentes que cometen conductas verdaderamente aberrantes, particularmente agravadas en una situación de crisis económica. Esto es una extravagancia; es poco decir porque tendría que utilizar expresiones sobre las cuales seguramente el señor presidente me tendría que realizar algún tipo de admonición para pensar de verdad en lo que estamos haciendo, concibiendo a los partidos políticos nada menos que como organizaciones aparentemente construidas para la comisión de delitos, contradiciendo la Ley de Partidos Políticos, contradiciendo la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 que les confiere, dentro de la legitimidad de su ubicación sistemática en el texto constitucional en el artículo 6, la noble función de representar la voluntad ciudadana, de representar como mecanismo instrumental la soberanía popular y, en definitiva, de acometer lo que los partidos políticos habitualmente hacemos: representar a los ciudadanos y su voluntad y articularla o configurarla en forma de leyes. Si ustedes piensan lo contrario, deberían comentarlo en esta Cámara; si ustedes piensan que no es así, que nuestro ordenamiento jurídico no contempla que los partidos políticos están concebidos para esto, deberían explicar sus razones en esta Cámara.

No es una advertencia -parafraseando a Vito Corleone-, ni es una amenaza pero si esto lo mantenemos en sus propios términos, veremos cuál de los que están aquí representados es el primer grupo parlamentario que puede ser objeto de disolución.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Efectivamente nos encontramos ante una ley que viene con retoques mínimos del Senado, que mereció un voto negativo del grupo parlamentario en cuyo nombre les hablo cuando fue tramitada en el Congreso, que incorporó ciertamente como el señor Olabarría ha dicho -pero en sentido contrario a su posición- una enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia que tiene mucho que ver con la regeneración democrática y con la necesidad de que se aplique el régimen general penal a los


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partidos políticos y a los sindicatos. Eso no tiene que ver, desde nuestro punto de vista de vista y como ya he explicado en muchas ocasiones, con la decisión previa de que una organización haya sido creada para ilícitos penales, pero aquí tenemos una discrepancia. Estoy satisfecha de que se haya aprovechado el trámite de esta ley para incluir esa enmienda, la enmienda número 21, al contrario que otros grupos parlamentarios.

Decía al principio de esta intervención -que advierto que será brevísima- que viene con muy poquitos retoques del Senado, y que esta es una de esas oportunidades en las que el Grupo Popular podría haber hecho como en el caso de los presupuestos, podía haber introducido como propias en el Senado enmiendas de algunos grupos -que en el caso de Unión Progreso y Democracia fueron rechazadas en el trámite del Congreso-, cosa que hicieron con las retribuciones de los cargos públicos y que he citado en el debate anterior. Había dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a esta ley que son importantes, que tienen que ver con un principio democrático. La ley pretende perseguir el fraude fiscal pero hay que perseguir también el fraude político y podríamos haber utilizado el trámite para hacerlo. Me estoy refiriendo concretamente a dos enmiendas que pretendían algo tan obvio como que las autoridades o funcionarios públicos que, careciendo manifiestamente de competencias convoquen referéndums, sean sometidas al Código Penal, es decir, que se pueda incorporar en el Código Penal con la calificación de delito aquellas actuaciones que sean claramente delictivas porque conculcan la legalidad vigente y van contra el orden constitucional. Les planteamos este debate, les planteamos el debate en el trámite, les dijimos que era buen momento hacerlo porque se había retirado del Código Penal esta facultad, esta potestad, este reproche penal a las autoridades para que actuaran de esa manera. Nos argumentaron entonces que no era el momento, que estábamos en un proceso preelectoral, que se iban a celebrar elecciones en Cataluña. Otros grupos políticos, por ejemplo el Grupo Socialista, argumentaron lo mismo que habían argumentado para retirar este reproche penal en su momento de la ley, argumentaron el principio de intervención mínima del derecho penal. Frente a esa intervención mínima está el principio y la finalidad preventiva del derecho penal.

Quiero aprovechar este trámite para lamentar que el Grupo Popular no haya tenido en este caso el valor de hacer algo que antes o después terminaremos haciendo, eso es no permitir -por tanto, hacerles merecedores del reproche penal- que una autoridad pública conculque el orden constitucional a sabiendas, utilice la Constitución precisamente para conculcarla y convoque referéndums, obligando a intervenir al Estado porque no existe un mecanismo previo en el que se desactiva ese tipo de comportamientos. Ya sé que el temor a que se le aplique el Código Penal probablemente a estas alturas no va a detener a quienes han hecho un pacto contra la convivencia, contra el derecho y contra el Estado de derecho en Cataluña. Probablemente no les va a desactivar, pero sí creo en la capacidad preventiva de las normas y para muchos ciudadanos, para la inmensa mayoría de los ciudadanos -desde luego para los políticos también en tanto que ciudadanos y representantes políticos- saber que no son gratis determinadas actuaciones y que han de responder no solo ante los ciudadanos sino también ante la justicia ayuda a pensarse las cosas dos veces. Es una lástima que el Grupo Popular no haya tenido el valor que le corresponde y el valor que merece una situación tan dramática como esta en la que vivimos en este momento en España.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, presidenta.

Señorías, vuelve a esta Cámara la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude, y vuelve como se fue, prácticamente como se fue. Llegan dos enmiendas menores, seguramente del grupo parlamentario proponente, que no alteran el tenor del texto y que, por tanto, no van a modificar nuestra posición. Nuestra posición es contraria a una reforma del Código Penal que dice luchar contra el fraude fiscal y en realidad es la reforma del Código Penal para la amnistía a los defraudadores fiscales. Esa es la verdadera materia de esta reforma del Código Penal. De la misma manera que antes hemos discutido el Presupuesto General del Estado, que no es el presupuesto más social de la democracia y que no es el presupuesto de la estabilización; es el presupuesto antisocial y el presupuesto de la depresión económica. Estamos, señorías, en el terreno de la 'neolengua', en el terreno del eufemismo y a veces rozamos el terreno del cinismo político. Esa es la realidad de las iniciativas que se someten a nuestra valoración


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parlamentaria. Por tanto, señorías, una reforma del Código Penal que socapa luchar contra el fraude, en realidad lo que pretende es culminar una amnistía fiscal.

Aquí habría que preguntarle al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno qué han sacado de todo ello, es decir, qué ha sido de la amnistía fiscal. Una amnistía fiscal que pretendía recaudar 2.500 millones de euros y que se ha quedado en una amnistía pírrica con graves consecuencias para la cohesión social y la cohesión fiscal de los ciudadanos. Pero no solamente es una ley de amnistía, es una ley del embudo en materia de lucha contra el fraude fiscal. Fíjense ustedes en que en la lucha contra el fraude fiscal de las administraciones europeas el volumen mínimo defraudado para considerarse penal es de 50.000 euros. Pues bien, nosotros, que somos mucho más grandones, mucho más expansivos que la Unión Europea, les decimos a nuestros defraudadores que ellos pueden cometer un fraude de 50.000, de 100.000, incluso de hasta 119.000 euros de fraude sin llegar a ser delito en nuestro país. Por tanto, manga ancha para los defraudadores hasta 120.000 euros pero, eso sí, manga estrecha, puño de hierro para los trabajadores que defrauden un solo euro a la Seguridad Social. Un solo euro a la Seguridad Social te puede llevar a una condena penal y 119.000 euros a las administraciones o a la Hacienda pública pueden llevar a una sanción, pero en ningún caso a la cárcel. Señorías, la ley del embudo, eso es lo que pretenden ustedes que nosotros aprobemos en el día de hoy en esta Cámara después de otra ley del embudo, que es la política de austeridad de sus Presupuestos Generales del Estado. Pues nosotros no la vamos a votar, vamos a votar claramente en contra de esa medida.

Las dos enmiendas que vienen del Senado, como decía antes, son enmiendas menores. Una de ellas tiene que ver con el volumen de las empresas y otra con una disposición final digna de mejor redacción, porque decir que se atenderá a la legislación electoral en la materia tiene más que ver con la voluntad del Gobierno de vestir esta ley de amnistía fiscal que con una voluntad de lucha contra el fraude fiscal. Esas son las verdaderas motivaciones de mi grupo para rechazar las dos enmiendas, que nos parecen totalmente inocuas y que están en un texto general que rechazamos.

Quiero, como mi grupo parlamentario, recordar al joven detenido, que lleva treinta días en la cárcel, en nuestra opinión de manera injusta, y que está sometido en estos momentos a medidas excepcionales de aislamiento cuando creemos que debería estar en libertad. De la misma manera, con relación a la política de amnistía y de indultos, incluiría esta medida de populismo penal en materia fiscal en el resto de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia. Antes hablamos de la política presupuestaria del embudo como política de 'austericidio'. Diría que la política del ministro de Justicia es un 'justicidio' a todas luces, no solamente por este populismo penal que hoy vemos en materia fiscal y pasado mañana veremos en la reforma del Código Penal para la prisión permanente revisable y para las medidas de control posterior a la prisión, sino porque hoy están encima de la mesa con gran escándalo social y también con gran escándalo de la justicia las medidas que en nuestra opinión van en la dirección de una justicia clasista, que niega el derecho a la tutela judicial efectiva: la ley que hemos aprobado recientemente, que ha entrado en vigor hace unas horas, con respecto al tasazo, a las tasas en la justicia; por otra parte, lo que podríamos llamar la ley de peonadas en el ámbito de la justicia, sustituyendo empleo interino por horas de los jueces y de los fiscales y, ¡oh sorpresa!, todavía nos queda la ley de privatización de la justicia, por la cual determinados servicios que realizaba el ministerio, los funcionarios y los jueces, van a pasar a realizarlos los registradores de la propiedad. No sé si tendrá algo que ver con quien elabora las leyes y con quien preside el Gobierno en este país, pero nos vamos a encontrar con una privatización de servicios de la justicia a manos de los registradores de la propiedad y, por otra parte, con una barrera a la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia.

Ese es el "justicidio" del cual forma parte esta iniciativa de amnistía fiscal, como he dicho antes, que no de lucha contra el fraude fiscal, y frente a este 'justicidio' en estos momentos hay una movilización ciudadana en marcha, movilización de los ciudadanos, movilización de los operadores de la justicia y podría decir también que movilización de los propios diputados, que no vamos a aceptar con tranquilidad el 'justicidio' ni que le pongan un nombre eufemístico, como es la lucha contra el fraude fiscal como es la eficiencia presupuestaria, cuando es una peonada, o como son en materia de tasas las medidas que he comentado por parte del Gobierno.

Termino, señorías, diciéndoles que me acabo de enterar de que no voy a salir en la tele de esta Cámara en ningún caso porque la Mesa de la Cámara ha decidido que las pegatinas no salen. No sé dónde se ha decidido pero, en todo caso, no me gusta la censura en ningún sitio, tampoco en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero iniciar mi intervención leyendo textualmente las palabras del señor ministro cuando trajo a esta Cámara este proyecto de ley orgánica. El señor ministro inició su intervención apelando a la importancia del proyecto de la norma diciendo que -comillas-: pocas tienen la importancia y la repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos como la que hoy vamos a debatir -cerramos comillas-. Pues bien, a pesar de la notable importancia que tiene, y que Convergència i Unió reconoce a la norma y el espíritu que persigue, lo primero que tenemos que destacar, lamentablemente, es su deficiente tramitación en lo que a debate requiere un texto como el presentado, y la nula voluntad del Gobierno al diálogo para alcanzar el consenso con el resto de los grupos de la Cámara, tanto por el hecho de la no aceptación de enmienda alguna como por el hecho de la tramitación veloz y acelerada de este proyecto de ley. Fíjense, las enmiendas a la totalidad se vieron en esta Cámara en el Pleno del 30 de octubre, solo quince días más tarde acabó el trámite en el Congreso para ser remitido el texto a la Cámara Alta, donde llegaron las enmiendas el día D por la mañana y la celebración de la Comisión oportuna tenía lugar ese mismo día en el Senado a las 13 horas de su mediodía. Más de ciento cincuenta enmiendas que, obviamente, no pudieron ser trabajadas para obtener consensos y alcanzar acuerdos en beneficio del texto y en beneficio directo de los ciudadanos.

Hoy, un mes escaso después de la aprobación del texto en esta Cámara, nos vuelve para su aprobación definitiva casi en los mismos exactos términos que rezaban en la propuesta inicial del Gobierno, y digo casi porque los meros retoques realizados en todo el periplo parlamentario solo han servido para corregir algún que otro error técnico que ha contribuido, eso sí, al decoro legislativo de la Cámara, si me permiten la expresión. Me estoy refiriendo, como recordarán sus señorías, a la referencia inicial que se hacía en la disposición final primera al igual que en parte del título a una ley que estaba todavía en tramitación en la Comisión Constitucional, hecho que propició algo tan inaudito como la alusión a una ley llamada XX/2012, es decir, aludía a una ley inexistente y de ahí lo de XX. Algo, como digo, inaudito estando ante la reforma de una ley como el Código Penal ateniente a derechos fundamentales. Con ello quiero destacar que no solo estamos asistiendo a la tramitación por la vía del procedimiento de urgencia de muchas reformas sustanciales de la arquitectura jurídica del Estado, sino que además estamos tramitando urgentemente aquellos proyectos de ley que no van por el trámite de urgencia. Convergència i Unió no se cansará de denunciar esta praxis del Gobierno consistente en aniquilar la labor parlamentaria mediante el secuestro del debate democrático, confinándolo al dictado del grupo de la mayoría. Para nuestro grupo ello constituye un verdadero fraude al espíritu parlamentario.

Dicho esto, que entendemos muy necesario destacar, en nombre de Convergència i Unió quiero seguir mi exposición aludiendo al acuerdo y la conformidad de mi grupo en relación con el propósito de la ley, que no es otro que la noble aspiración a poner cerco al fraude fiscal y al fraude a la Seguridad Social, así como de dotar al sector público de mayor transparencia. No en vano, las encuestas del CIS reflejan que el 80 % de la población considera que en el Estado español los impuestos no se cobran en justicia o que el 85 % de la población percibe que existe bastante o mucho fraude fiscal. Percepciones que, a nuestro entender, tienen base y que, por tanto, es obligación de los poderes públicos, del Gobierno, de esta Cámara, dar con las soluciones necesarias para erradicar tanto la propia percepción como el fraude en sí mismo. No nos podemos permitir que el fraude en el Estado español ascienda al 23 % del PIB, es decir, unos 70.000 millones de euros, ni que su economía se siga manteniendo alineada con la de Grecia, Portugal o Italia, en lo que a nivel de economía irregular se refiere. Es, por lo tanto y desde este punto de vista, una norma necesaria, imprescindible e irrenunciable en cuanto a su aplicación. Por tanto, queda claro nuestro compromiso con los objetivos de la norma; ahora bien, no podemos votar a favor por los motivos expuestos referidos, tanto por las deficiencias exhibidas en su tramitación como por la nula integración de enmiendas, ni de nuestro grupo ni del resto de los grupos, que sin duda mejoraban el texto.

Finalmente, nos es imposible dar nuestro apoyo a estar norma por la inclusión en el texto de una enmienda que entendemos que va directa a la línea de flotación del propio sistema democrático, que pone en peligro la propia pervivencia de los partidos políticos y sindicatos, puesto que su fin último entendemos que es su disolución por la vía de la ilegalización, ya que persigue extender la responsabilidad por delitos de sus militantes o asociados al propio partido o asociación sindical. Una enmienda de este calado, impropia del texto que se sometía a consideración, colada por la puerta de atrás, sin pasar informe alguno


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del Consejo de Estado ni de la Fiscalía General del Estado ni del Consejo General del Poder Judicial y fruto del populismo recurrente del grupo proponente, ha sido aceptada por el grupo de la mayoría, que es el que da apoyo al Gobierno, haciéndole con ello incurrir incluso en contradicción con sus propios actos, ya que quiero recordar que el Grupo Popular se opuso a la inclusión de esta propuesta en la reforma del Código Penal de 2010 alegando que los partidos políticos y los sindicatos ya tenían su propio sistema sancionador derivado de la propia Ley de Partidos Políticos.

Señorías, deberíamos ser más cautos y preservarnos de demagogias y populismos legislativos como el que se nos trae hoy a aprobación. Entendemos que ello empaña la noble labor de esta Cámara en general, a la vez que empaña hasta el punto de no poder votar a favor el noble propósito inicial del proyecto de ley orgánica que se nos trae a aprobación, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en Seguridad Social.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.

Señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, el proyecto de ley que han tramitado con precipitación y que hoy someten a aprobación definitiva del Congreso, bajo el título de transparencia, lucha contra el fraude, etcétera, esconde realidades totalmente diferentes. Ustedes van a consolidar hoy con su mayoría absoluta un nuevo atropello a los derechos y libertades en nuestro país y una nueva devaluación de nuestra calidad democrática. Van a celebrar su primer año de Gobierno con una modificación del Código Penal probablemente inconstitucional, pero en todo caso injusta e inmoral. Por cierto, en tan solo unas semanas varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional les están diciendo que así no puede ser, que ustedes no se llevan nada bien con la Constitución. Miren, sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso del Partido Popular en lo que se refería al derecho a contraer matrimonio por las personas del mismo sexo; legalidad de las tarjetas a inmigrantes en el País Vasco, que al parecer ustedes no quieren aceptar; constitucionalidad del gravamen autonómico a los depósitos bancarios, ante lo que reaccionan creando un falso impuesto a tipo cero para impedir que los bancos paguen y que tengan que pagar los ciudadanos; avala la subasta de medicamentos en Andalucía. ¿Qué les pasa a ustedes con la Constitución, señores del PP? Por cierto, en menos de un año de Gobierno los socialistas hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional por la reforma laboral, por Radiotelevisión Española y por la amnistía fiscal, y ya hemos anunciado recursos por el tasazo copago en materia de justicia, que impedirá el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el recorte de las pensiones con efectos retroactivos y probablemente esta reforma del Código Penal y la próxima que han anunciado.

Esto es una constante en todo el periodo democrático: que el Partido Popular recurra al Tribunal Constitucional y se manifieste en la calle para luchar contra la ampliación de derechos de los Gobiernos socialistas, y que el PSOE recurra al Tribunal Constitucional y se manifieste contra los recortes de derechos y libertades de los Gobiernos del Partido Popular. Es evidente que no todos somos iguales ni parecidos. Tan solo vienen dos enmiendas del Senado que vamos a votar en contra. Una, respecto al artículo 311 del Código Penal. Desde el Grupo Parlamentario Socialista planteamos enmienda de supresión en su momento por razones de proporcionalidad de la pena y defectos en el contenido del tipo que en aras de la brevedad doy por reproducido. Y dos, la disposición final primera que pretende modificar el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg, para incluir entre las causas de inelegibilidad a los sancionados por una ley inexistente en el ámbito penal. Intentan ahora con la enmienda arreglar esa chapuza jurídica que denunciamos en esta tribuna pero solo consiguen maquillarla. Difieren a momento posterior una regulación presente del Código Penal, algo inaudito. En todo caso, mi grupo considera inaceptable el principio de que una sanción administrativa sea causa de inelegibilidad junto a las causas tasadas en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Señorías, en definitiva, este proyecto que van a aprobar hoy consolida la impunidad para los grandes defraudadores, para los delincuentes de cuello blanco. Miren, con devolver lo defraudado no habrán cometido delito, hacen que haya desvalor de la conducta y no mera excusa absolutoria. Si son pillados y acusados con pagar en el plazo de sesenta días podrán rebajar la pena en uno o dos grados. Además, todo ello teniendo en cuenta que solo cometerán delito fiscal si el fraude supera la cuantía de los 120.000 euros. Por el contrario, criminalizan ustedes a los trabajadores, a los desempleados y a los pensionistas


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al considerar delito con pena de seis meses a tres años infracciones que puedan cometer aunque sea por unos cuantos euros.

Esto es una auténtica barbaridad, intolerable que no puede pasar el filtro constitucional, ni el de la decencia democrática. Incluyen ustedes en la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos y sindicatos en su deriva de demagogia y populismo punitivo. Esto constituye otra aberración y un ataque a principios esenciales de nuestro sistema democrático. Dan cobertura legal a la amnistía fiscal ya que ni siquiera respetaba la reserva de ley orgánica del Código Penal, motivo este que es el que dio origen a su desastrosa reforma. Alteran el sistema de prejudicialidad penal al eliminar el control judicial sobre la función recaudatoria.

El deterioro del servicio público de la justicia en su año de Gobierno está siendo espectacular. Por un lado, el Partido Popular ha supuesto un frenazo al proceso de modernización y transformación de la justicia que se estaba llevando a cabo en los últimos años. Han recortado recursos económicos hasta límites insoportables que dificultan su normal funcionamiento, y además están diseñando una justicia para pobres y otra para ricos que tiene claros exponentes en el tasazo-copago en la justicia y en esta reforma del Código Penal que con su mayoría absoluta van a aprobar hoy, de contenido -insisto- probablemente inconstitucional pero en todo caso injusto e inmoral y que produce un grave deterioro de la calidad de nuestra democracia. Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista afirmamos que estas leyes tendrán vigencia tan solo hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional o el tiempo que dure el Partido Popular en el Gobierno de la nación, que creo que no va a ser mucho.

Señorías, que el año 2013 les traiga a ustedes y sobre todo a todos los españoles algo más de ilusión y de esperanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero). Gracias, señor Villarrubia.

Por el Grupo Popular, señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición que mi grupo tiene respecto a las enmiendas que se han incluido en el Senado en este proyecto de ley orgánica. Pero antes de entrar en esta materia, permítanme una reflexión para aclarar qué es lo que hoy vamos a aprobar no con esa mayoría absoluta dicha tan despectivamente, señor Olabarría, sino con la mayoría que nos ha dado el pueblo español. Esta escueta pero concisa exposición, que no me llevará más de dos minutos, tiene por objeto explicar el alcance de la reforma.

A lo largo del trámite parlamentario los diferentes grupos hemos fijado nuestra posición respecto al texto legislativo. Algunas propuestas han sido acogidas en el proyecto y otras no lo han sido por no ser acordes con la finalidad y el espíritu que esta reforma persigue, que por cierto, todo sea dicho, la ley se marca un objetivo nada sencillo. El principal objetivo del proyecto, como muy bien se recoge en su título, es la lucha contra el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Señorías, el fraude a la Administración pública que el año pasado hubo en España fue de cerca de 70.000 millones de euros, lo que supone un 23 % de nuestro producto interior bruto. Imagínense la cantidad de hospitales, escuelas, profesores y demás servicios que se podrían pagar con 70.000 millones de euros. Para que lo puedan comparar, el coste de toda la sanidad pública de España es de 75.000 millones de euros. Pero no se trata solamente de esos 70.000 millones que se dejan de ingresar, sino también de todas las oportunidades que España pierde por el daño que los defraudadores provocan al no abonar lo que deben a las diferentes administraciones públicas. ¿De verdad no quieren luchar contra esto? Por eso nos extrañaron las enmiendas a la totalidad que presentaron tanto el Grupo Parlamentario Socialista como La Izquierda Plural al inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto.

Para establecer el contenido de las aportaciones que hace el proyecto les voy a hacer un breve resumen. La reforma va dirigida a realizar una profunda modificación de los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social regulados en el título 14 del Código Penal. Estas reformas son la creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes a la Seguridad Social y a Hacienda de especial gravedad, y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años. Posibilita además la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal e incrementa las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada, evitando la paralización del procedimiento administrativo para el proceso. Eso es algo que, como muy bien les recordó ya mi compañero don José Miguel del Castillo, no es nada nuevo. El Gobierno socialista ya aprobó el reglamento de gestión e inspección tributaria mediante real decreto


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en 2007, que permite en su articulado que la Administración pueda practicar liquidaciones provisionales en aquellos supuestos en los que haya una reclamación judicial o un proceso penal que afecte a los hechos comprobados. Además se pretenden evitar denuncias innecesarias ante los juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado de forma completa y voluntaria su situación tributaria. También en los delitos contra la Seguridad Social se reduce la cuantía por la que una defraudación pasa a ser considerada como un delito, a la vez que se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del sistema a la Seguridad Social. En último lugar, señorías, se facilita y castiga más duramente a aquellos que cometen delitos contra los trabajadores. De esta forma el ordenamiento jurídico les proporciona una mayor protección frente a aquel al que se le ocurre abusar de la actual situación económica.

Como ustedes pueden observar en esta exposición muy por encima de la reforma del Código Penal, cae por su propio peso que esta es una norma necesaria y necesitada de la comprensión de todos los grupos parlamentarios. Pero no todos lo vemos igual, al menos eso parece cuando leo las declaraciones que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hizo durante el debate de totalidad del proyecto, y que ha vuelto a reiterar hoy mismo. Se las recuerdo porque la memoria es frágil. Dice usted: Esta reforma del Código Penal destila pura ideología, cuyo exponente es el trato que da a los débiles frente a los poderosos; y les aseguro, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que el Grupo Parlamentario Socialista no les va a acompañar en esta reforma. ¿Realmente se cree esto? ¿Acaso lo dice porque no quiere ser cómplice de que el Grupo Parlamentario Popular esté comprometido en la lucha contra el fraude? Si es así, bienvenida sea esta crítica. Usted se puede quedar al lado de la permisividad y de la relajación frente a los defraudadores, mientras el Grupo Parlamentario Popular trabaja seriamente por atajar ese mal que tantos estragos le produce a la Administración pública, y en definitiva a la sociedad española. Pero no se quedan ahí, sino que sus críticas van más allá; vean los "Diario de Sesiones" y comprobarán cómo tanto en el Congreso como en el Senado han repetido los mismos argumentos. Por eso, y para que quede claro, les voy a explicar el funcionamiento del artículo 303 ter por el que tanta fijación tienen. Este artículo, señorías, no impone en ningún momento una pena de cárcel a los pequeños defraudadores, sino que únicamente les impone multas acordes a la sanción cometida. Por el contrario, señorías, lo que sí que hace es penalizar a las organizaciones criminales que a cambio de una contraprestación económica dan de alta a trabajadores con la finalidad última de prometerles regularizar su situación en España. Esa es la finalidad de la modificación de este artículo y no otra. Deberían ser más rigurosos con el contenido de sus críticas y no buscar la noticia fácil. Demasiadas rimas, señor Villarrubia, demasiadas rimas hacen y pocas son ciertas. Parece que al Grupo Parlamentario Socialista le gusta esa forma de hacer discursos; el portavoz lo hizo en el Congreso con el verso favorece al defraudador y criminaliza al trabajador, y su compañero en el Senado intentando buscar la diferencia entre sacar y meter. Señorías, dejemos la rima fácil y hagamos el discurso con un fondo más riguroso, acorde a los tiempos que corren. Esto no lo pido yo, no lo pide mi grupo, sino la ciudadanía.

En definitiva, toda esta obsesión por atacar al Gobierno y al grupo parlamentario que lo respalda le lleva a veces al delirio. Es muestra de ello lo ocurrido en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 7 de noviembre, cuando impidieron que el texto mejorara su redacción con una enmienda in voce -hoy ha alardeado otra vez de esta deficiencia-, enmienda que no cambiaba nada la voluntad del texto, pero que ustedes impidieron que se presentara, y que en consecuencia el texto no fuese el adecuado. Este hecho produjo que el texto llevara una redacción al Senado que ha tenido que ser mejorada, y gracias a la mayoría absoluta que nos dio el pueblo de España hemos podido hacerlo. La enmienda introducida en el Senado y que modifica la disposición final primera permite la correcta adecuación de las causas de inelegibilidad previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Puesto que la ley de transparencia actualmente está en fase de enmienda en esta casa, lo correcto es que las causas de inelegibilidad para cargo público sean adecuadas a los casos que en esa ley se contemplan, y por lo tanto habrá de modificarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Señorías, me extraña, a mi grupo le extraña la alarma social que se genera prácticamente en la totalidad de las formaciones políticas o de los grupos políticos aquí presentes la responsabilidad penal de los sindicatos y de los partidos políticos. Señorías, todos, personas físicas, personas jurídicas, estamos sometidos al imperio de la ley, y por lo tanto la actuación de partidos políticos y la actuación de sindicatos conlleva la misma responsabilidad penal que la del resto de personas jurídicas, en los mismos términos. Expliquen ustedes a la ciudadanía por qué quieren que los partidos políticos y los sindicatos no tengan la responsabilidad penal que el resto de los ciudadanos y de las personas jurídicas (Aplausos); la tienen


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exactamente igual. Además, señorías, fue el Grupo Parlamentario Popular, en la reforma planteada en 2010 del Código Penal, quien presentó esta medida, quien presentó esta iniciativa, votando todas las formaciones en contra, a excepción de la abstención de UPyD. Por lo tanto no es algo que hayamos aceptado de UPyD -que en este caso sí-, pero la paternidad biológica, como ya dijo el portavoz de Justicia, corresponde al Grupo Parlamentario Popular.

Finalizo, señorías. La lucha contra el fraude fiscal a la Hacienda y a la Seguridad Social es imprescindible, es necesaria para salir de la situación actual de crisis económica. Les vuelvo a repetir la cuantía que se estima se defrauda anualmente en España, 70.000 millones de euros; imagínense la cantidad de acciones sociales y mejoras para nuestro país que se podrían realizar con ese dinero. El proyecto de ley que hoy aprobamos es una de las claves para acabar con el fraude. Señorías, debemos tener muy presente que el que defrauda no puede ir de listo, y que lo que está haciendo es robar al resto de los españoles. Con esta ley, como dijo ayer nuestro presidente, se pretende que las reglas del juego sean iguales para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Escudero.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, UPN cree que el presente y el futuro de la energía de España debería de ser considerado como un tema de Estado, por eso empezaré reiterando una vez más, como hice en la Comisión de Industria, la necesidad urgente de un gran pacto nacional sobre el futuro de la energía.

Les confesaré también mi frustración por que en esta Cámara en la pasada legislatura se aprobó la creación de una subcomisión, que trabajó mucho y elaboró un informe sobre prospectiva energética, que ha tenido nulo reflejo en las distintas políticas del Gobierno anterior y mucho menos de este. Es verdad, señorías, que tenemos un grave problema con el déficit de tarifa, que este Gobierno está intentando reducir o eliminar, y creo que todos debemos de saludar los esfuerzos para poder eliminarlo, pero aún no se han despejado las dudas sobre cómo debemos conseguirlo, y si los tiempos planteados por el Gobierno serían los más razonables. Sí les digo que la tramitación de este proyecto de ley deja una sensación un tanto amarga, porque a nuestro juicio se ha tramitado con mucha improvisación, con poco diálogo con los afectados -al menos es lo que todos ellos denuncian-, con demasiadas urgencias -no sé de qué ministerio-, y me temo que con ello estamos trasladando inseguridad jurídica y una más que preocupante falta de criterio y de coherencia en las medidas que se proponen, porque me temo que no acaba de verse claro cuál es el modelo energético que defiende este Gobierno. UPN cree que esta norma es importante, y por ello hemos presentado casi una veintena de enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, que hemos trabajado con sumo interés, pero -repito- terminamos su tramitación con una sensación muy grande de frustración, no solo por la negativa del Gobierno a aceptar alguna de ellas, sino como decía por la certeza de que no hemos sido capaces de saber qué modelo energético queremos y si sabremos finalmente ser justos a la hora de plantear sobreesfuerzos y sacrificios a los distintos productores de energía, en función de su verdadera realidad económica y de sus costes. Es más, incluso en el Senado se ha incorporado a última hora una disposición adicional nueva que afecta al núcleo más profundo de la foralidad, que no sabemos a qué responde ni entendemos cuál es su finalidad última, y que vulnera claramente desde nuestro punto de vista el principio de competencia, dando lugar a un auténtico conflicto entre administraciones.

En todo caso en UPN -termino- defendemos un modelo energético menos dependiente, más autónomo, y si me lo permiten más democrático. En Navarra desde hace mucho tiempo hemos hecho una auténtica apuesta por ello, por un modelo renovable, y lo vamos a seguir defendiendo y reivindicando. Nos equivocaríamos si no entendiéramos que los avances en la tecnología de generación, que nos pueden permitir hoy tener una energía más propia y menos agresiva con el medio ambiente, no son ya una opción, sino una auténtica obligación. Unión del Pueblo Navarro no se va a resignar a que esta materia termine


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siendo solo un campo de batalla, un juego de titanes en el que grandes empresas, con importantes intereses, lo condicionen todo. Seguiremos pidiendo un gran acuerdo de futuro sobre este tema.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Por el mismo grupo, señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.

Hoy venimos a debatir una cuestión que ya ha tratado esta Cámara y sobre la que los nacionalistas canarios habíamos manifestado nuestra posición. Habíamos dicho que sería muy importante que una ley de sostenibilidad energética tuviese al menos una correspondencia entre el título y su desarrollo, es decir, su articulado. No deja de ser una ley en la que se pierde una enorme oportunidad, la de regular, de transparentar un sistema energético de producción eléctrica en el Estado español, un mix energético absolutamente opaco, confuso, casi imposible de entender, y en el que se producen contradicciones del siguiente tipo: potencia instalada 106.000 megavatios, pico máximo de potencia que pudiera necesitarse en un momento determinado 40.000. Este tipo de contradicciones nos llevan a pensar cómo es posible que no aprovechemos esa suficiencia de capacidad de producciones del mix energético para precisamente establecer un sistema de prioridades, que no debería ser otro que apoyar y estimular la producción de energías renovables y gravemos la producción de energías sucias, contaminantes o de las que carbonizan.

Desde el punto de vista de Nueva Canarias, Coalición Canaria, hemos presentado tres enmiendas bien sencillas, en las que lo que tratamos de decir es que Canarias pertenece a un territorio aislado. Los sistemas insulares y extrapeninsulares son sistemas aislados, con problemas absolutamente específicos y concretos, donde la producción energética por los sistemas tradicionales es muchísimo más cara que otros modos de producción, como sería el caso de las renovables, y que la penetración de las energías renovables en Canarias en este momento es del 4,5 % aproximadamente, una cifra ridícula para un territorio que tiene las necesidades que tiene, que le cuesta producir la energía lo que le cuesta producirla, y que otra cosa no, pero viento y sol nos sobra, como ustedes pueden imaginar. Tenemos que llamar la atención sobre una de las disposiciones adicionales en la que planteamos, sobre los impuestos especiales y también sobre las renovables no consumibles, que no fuese de aplicación este sistema impositivo a las instalaciones ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Lo hemos demostrado con argumentos. Y, ¿saben con lo que nos hemos encontrado? Con que las enmiendas de adición que se han propuesto en realidad vienen a reconocer las singularidades de Euskadi y de los territorios forales, lo cual no nos parece mal, como saben muy bien los compañeros, nos parece excelente que sea así, ...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Quevedo, tiene que finalizar.

El señor QUEVEDO ITURBE: Finalizo.

... pero no deja de resultar dramático que cuando planteamos una excepción para un territorio evidentemente diferente nos encontremos con que la excepción acaba siendo otra.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Por el mismo grupo, señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero también exigir la libertad inmediata de Alfonso Fernández, preso por participar en la huelga del 14 de noviembre.

Entrando en este proyecto, hablemos claro y dejémonos de hipocresías. ¿Alguien piensa, de verdad, que vamos a resolver el problema de la crisis energética pensando y actuando del mismo modo que cuando lo creamos? Realmente, señorías, estamos en medio de una crisis económica sangrante que engloba una patente crisis energética. O cambiamos radicalmente de modelo hacia otro más eficiente y sustentable ambientalmente o seguiremos pagando demasiado cara la dependencia con respecto a fuentes fósiles, y no solo económicamente, también con nuestra salud y la del medio ambiente. Estamos ante una ley muy importante, aunque no lo parezca, que podría haber servido para sustituir el consumo de bienes y servicios de más impacto ambiental y emisiones de CO2 por otros menos impactantes y de más eficiencia energética; que se tuvieran en cuenta, además de los costes ambientales, los costes económicos y sociales que tiene el uso de algunos productos, modos de transporte y usos del suelo,


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porque la fiscalidad, señorías, tiene un gran potencial para fomentar un desarrollo sustentable que reduzca la dependencia exterior, que desarrolle la energía autóctona, los recursos cercanos; que aplique políticas integrales de ahorro energético; que descarbonice nuestra economía. Es decir, favorecer las energías renovables, la agroecología, la rehabilitación e inversiones medioambientales, y que los sectores más potentes y rentables aporten algo más a este esfuerzo colectivo. Esto es lo que Amaiur quiere y defiende, aquí y en Euskal Herría; justo lo contrario de lo que se aprobará aquí.

Realmente, señorías, señor ministro, ¿a quién quieren engañar con el abismo que se abre entre la exposición de motivos y las medidas reales propuestas? Son parches incoherentes con los objetivos, descaradamente recaudatorios y cortoplacistas, que no entran a fondo en el agujero económico, social y ecológico del sector eléctrico, dejándolo intacto, como estaba. Son impuestos que se alejan de los dictados de las directivas europeas, que recaerán sobre las personas y las energías renovables, que sufren aún mayor inseguridad jurídica y realmente son abatidas definitivamente, pues se impone una tasa igual para todos -he ahí el quid de la cuestión- y esta no puede repercutirse a diferencia de las eléctricas. Pero realmente, ¿qué se puede esperar de un Gobierno pronuclear a ultranza?

No quiero acabar sin mencionar Garoña. Estamos asistiendo a una campaña de despiste y adoctrinamiento ideológico pronuclear, que no nos gusta nada en Amaiur. Garoña -se lo digo, señor ministro- debería haber estado cerrada hace mucho tiempo, por vieja, por peligrosa, por innecesaria, por estar amortizada, y porque lo demanda la sociedad. Por eso no es suficiente con la parada; exigimos su cierre total, definitivo e irreversible.

En definitiva, ante este proyecto nos reafirmamos en la necesidad de nuestra soberanía para desarrollar la soberanía energética y nuestra política energética en Euskal Herria, que sobre la base de nuestros recursos de manera descentralizada vayamos hacia un modelo sustentable, que genere energía en el mismo punto donde se consume, o lo más cerca posible, reduciendo la dependencia exterior y desarrollando la energía autóctona, mediante una fiscalidad que apueste por la suficiencia, progresividad y equidad. Por eso Amaiur dará hoy un rotundo no a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, convendrá usted con el Grupo Vasco en que este proyecto de ley ha llegado a su fin y que ha sido un proyecto controvertido y con bastantes problemas a lo largo de su tramitación. Señorías, nadie puede discutir que la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. De la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos, y en definitiva el desarrollo económico y social. El sector energético necesita de un modelo energético claro para afrontar todos estos retos en el medio y largo plazo, de forma que los diferentes actores puedan contemplar el camino por el que avanzar y tomar sus decisiones estratégicas en un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. También creemos que el desequilibrio existente entre ingresos y costes en el sector eléctrico, es decir, el famoso déficit tarifario, es un problema no resuelto que comenzó hace una década, que no se ha abordado con seriedad su solución, y nos encontramos de cara al futuro con un déficit tarifario que a tenor de este proyecto de ley no tiene una solución satisfactoria. Los sucesivos Gobiernos no han asumido el reto de solucionar lo que estaba ocurriendo para no asumir los costes políticos derivados de ello, generándose un déficit de tarifa con carácter estructural de unos 5.000 millones anuales y más de 30.000 millones acumulados. Señor ministro, el proyecto de ley de medias fiscales para la sostenibilidad energética que hoy nos trae a esta Cámara para su aprobación definitiva se trata de vender como la solución precisamente a este déficit tarifario. Previo a la solución del futuro modelo energético le podemos asegurar con rotundidad -y usted lo sabe muy bien- que en lo que respecta al déficit tarifario no lo soluciona.

A pesar de haberle ofrecido al Gobierno nuestra ayuda permanente durante la tramitación de este proyecto de ley para lograr al menos que con la ley de fiscalidad energética pudiéramos acabar con el déficit tarifario, el Gobierno ha optado por el no consenso, el no acuerdo, y lo que es peor, por ni siquiera escuchar cuando señalábamos las cifras del déficit del año 2013 que antes señalaba y cuáles podrían ser las vías de solución. El Grupo Vasco siempre ha tendido la mano para un diálogo eficaz que permitiera dar una solución tan necesaria a estos problemas que se plantean en el sector energético. Se han propuesto medidas coherentes como traspasar a los Presupuestos Generales del Estado los extracostes de la


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extrapeninsularidad; o los costes de la amortización de la titulización del déficit; o el tratar de eliminar la exención de impuesto a las importaciones y gravámenes a las exportaciones de producción; o la modificación del límite máximo del déficit en el año 2012, para no verse obligado por ley a que toda la cantidad que supere dicho límite, y que ciframos en torno a unos 3.200 millones de euros, sea llevada a los peajes de acceso en el año 2013.

Pero al margen de estas cuestiones, señor ministro, a nuestro grupo le ha sorprendido en primer lugar y le ha preocupado enormemente lo que voy a calificar como desliz en el Senado. El Grupo Popular ha introducido en el Senado una enmienda, una disposición adicional tercera, que choca frontalmente contra el propio Concierto Económico. La disposición adicional tercera establece, según esta enmienda, que mientras no se concierten las nuevas figuras tributarias a las que se refiere el proyecto de ley previstas en la presente ley, se entiende que la exacción y aplicación de estas figuras corresponderá a la Hacienda del Estado. Pues bien, esta disposición va totalmente en contra de la disposición adicional segunda del propio Concierto Económico, que dice que estas cuestiones cuando haya reformas tributarias hay que pactarlas en el seno de la Comisión Mixta del Concierto de común acuerdo. Creemos que esta enmienda tiene un efecto directo en el Concierto Económico no deseado por el Gobierno; hemos hablado con el Gobierno y con el Grupo Popular; creemos que nos han entendido perfectamente y que no habrá ningún problema con esta cuestión. De lo contrario realmente sería una cuestión de principios para nosotros y muy grave.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

La tramitación de esta ley en el Senado ha venido a confirmar algo que se suele decir mucho en lenguaje coloquial, y es que las cosas pueden empeorar, porque efectivamente lo que ha hecho la tramitación del Senado ha sido empeorar una ley que ya nos parecía mala. En ese sentido indica dos cosas: una, que el Gobierno no ha querido aprender absolutamente nada del debate tan importante que hubo sobre esta ley, y dos, que no es de extrañar que el Senado como institución esté sometido a un desprestigio tan alto, porque se podría haber aprovechado la ocasión para confirmar que el Senado puede ser una Cámara de segunda lectura positiva, pero no ha sido así. Basta con ver simplemente el aumento del 6 o 7 % del tributo general para la producción eléctrica y para su consumo, etcétera.

Por tanto, ¿con qué nos encontramos? Con una ley que viene a confirmar dos cosas: que este Gobierno sigue sin tener una política energética digna de tal nombre, y que la ha sustituido -como ya dijimos durante su tramitación- por una estrategia puramente recaudatoria, que es aprovechar la producción y el consumo de energía como una ocasión para volver a exprimir a los sujetos que producen y que consumimos energía, y además en relación con esto tampoco existe una política industrial digna de tal nombre. No olvidemos que el precio de la energía es el segundo factor para formar la competitividad de una empresa industrial, y que justamente en una crisis económica como la que tenemos no solamente se ha desaprovechado el papel que está teniendo la industria para mantener la actividad económica a pesar de la crisis en general, así como la oportunidad que además se presentaba por la propia crisis para cambiar también de modelo económico con algunas medidas importantes en política energética, sino que en realidad se ha retrocedido porque se vuelve a hacer una política que, por una parte, penaliza la eficiencia -basta con ver el maltrato que le dan ustedes a la cogeneración mediante el uso de ciclos combinados en la industria, que precisamente es el sistema de producción de energía más eficiente de la actualidad-, y por otra, se penaliza a los consumidores, a los que se les pide una eficiencia que el Gobierno no está estimulando, sino que por el contrario penaliza con esta ley. Se penaliza la innovación por el trato dado también a todo el sector más pujante o más importante de las renovables, mientras se mantiene una absoluta confusión respecto al trato fiscal en este sector energético. Se favorece la dependencia, porque al final resulta que el consumo de hidrocarburos es lo que aparece favorecido por esta ley, como también el del carbón, lo cual indica a su vez que -como ya dijimos durante la primera parte de la tramitación de esta ley- las constantes citas e invocaciones a criterios medioambientales eran puramente oportunistas y cosméticos para revestir de cierta dignidad política una ley que solo busca una cosa, y nada más que una: recaudar, recaudar y recaudar; le cueste lo que le cueste al país, y al país le va a costar mucho, porque lo que estamos haciendo es empeorar la competitividad de la industria, favorecer el retroceso en la investigación de energías renovables; lo que estamos haciendo en resumidas cuentas es mantener lo peor de un modelo que ya ha fracasado. Tampoco nos creemos que el tratamiento


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que dan ustedes al déficit tarifario vaya a resolver un problema que por otra parte es la herencia de una decisión política. El déficit tarifario no es una decisión de los consumidores ni tampoco de las empresas, fue una decisión política, por cierto, de un Gobierno del Partido Popular. Lamentablemente, no han aprovechado la ocasión para acabar de una vez con esto que sí que es un hecho diferencial y exclusivo de España; el único país desarrollado del mundo que tiene un déficit tarifario por una decisión política arbitraria y populista tomada en su momento.

Ustedes han decidido no hacer caso a nadie, no aprender nada de lo que ha ocurrido, no quieren saber nada de lo que les dicen las empresas ni los partidos ni los observadores y analistas externos, absolutamente nada. Han actuado con una arrogancia absoluta y lo que han hecho, en nuestra opinión, es imponer una ley que va a tener consecuencias graves para la lucha contra la crisis, obstaculizando precisamente una salida de la crisis más equitativa, más justa y que además sirva para modificar un modelo económico, el de España, basado principalmente en empresas de poco valor añadido, en empleo barato y en el hiperdesarrollo de un par de sectores, como el turismo y la construcción.

Esta ley pone trabas al desarrollo futuro de nuevas modalidades de producción energética, por ejemplo el del consumo basado en renovables. En este tipo de cosas, que en otros países ya son parte fundamental de su política energética porque son el futuro inmediato, aquí lo que hacemos es poner trabas fiscales. Es una actitud casi tercermundista, pero, en fin... Evidentemente, no van a hacer el menor caso. La ley, como decía, ha empeorado a su paso por el Senado. ¡Felicidades, lo han conseguido! Pero realmente lo que hacen ustedes es dejar una pesada herencia al próximo Gobierno y a quienes están luchando por salir de la crisis; esas personas que siguen empeñadas en mantener empresas abiertas, que siguen empeñadas en investigar y en innovar. Contra todos ellos se dirige esta ley; una verdadera calamidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Señorías, quiero empezar también pidiendo la libertad de Alfonso. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a este Congreso a la plataforma por un nuevo modelo energético. Esta es la casa del pueblo, donde hoy debatimos un tema fundamental para el futuro de nuestro país y también para el presente de los ciudadanos y ciudadanas, y quiero agradecer el trabajo que está haciendo esa plataforma de pedagogía, de cuál es la situación de nuestro sistema energético, así como su trabajo para la transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible, más justo y más transparente. Están aquí presentes porque hoy vivimos un nuevo episodio del despropósito de un Gobierno autoritario que no dialoga. Hoy vuelve esta ley del Senado con unas enmiendas que mayoritariamente empeoran el texto, y miren que no era fácil empeorar el texto que entró en el Congreso. Aquí entró un proyecto de ley con el que todo el mundo estaba en contra, pero hoy todavía va a salir peor. Una ley bajo un título engañoso pero que no resuelve nada, que generará más problemas y que está muy lejos de cumplir con los objetivos de protección del medioambiente que predica. Todo lo contrario.

Les pido para las futuras leyes que entren que llamen a las cosas por su nombre, porque parece que ustedes toman el pelo a los ciudadanos o los toman por tontos. Tienen las calles levantadas de gente que está cuestionando sus políticas pero también de gente cada vez más concienciada, que intercambia información y puede plantar cara a su manipulación. Ustedes están inventando un nuevo lenguaje; hablan de regularización cuando amnistían a los defraudadores, de externalización cuando privatizan servicios públicos y de sostenibilidad cuando hunden al sector de las renovables. Lo mínimo que les pedimos es que no tomen el pelo a la gente.

En tercer lugar, quería hacer una reflexión. Hoy ponen el colofón a un año 2012 que ha sido negro para el horizonte energético de nuestro país, precisamente el año que Naciones Unidas ha declarado como año internacional de la energía sostenible para todos. Han convertido este año en el año de la insostenibilidad y la inseguridad energética para los españoles y hoy, en este último Pleno, nos traen esta ley que acaba de hundir el posible tránsito a un modelo energético. Hoy, en el último Pleno de este año, estaría bien hacer balance; un año que empezó con Garoña y lo primero que dijo el ministro fue que iban a ampliar la vida útil. Hoy ni las centrales lo quieren hacer. Ustedes abrieron la caja de los truenos y ahora tenemos ese debate público de unas centrales que encima les están haciendo chantaje ante las leyes que aprueban. Sencillamente un despropósito. Siguió el año con el parón a las renovables, luego con las políticas de eficiencia energética -con el voto de ustedes en contra de la directiva-, degradando la


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calidad en la independencia de la Comisión Nacional de la Energía, especulando con las petroleras, no poniendo freno o manipulando el IPC vía precios de la energía, y ahora acaban el año con un proyecto de ley que grava todas las energías. En solo un año han hecho muchísimo daño.

¿Por qué es una mala ley? Porque expresa la miopía del Gobierno, la incoherencia y la contradicción en sus términos. Antes de seguir tomando decisiones erráticas, por favor, escuchen, evalúen y dialoguemos porque tenemos un problema muy grave en el ámbito energético. Una ley que se denomina de la sostenibilidad energética y, llegados al final de la tramitación, lo único que sostienen es la mala regulación del sector eléctrico; sostienen la inequidad y su castigo a las renovables. Sostenibilidad es reducir la dependencia energética que tanto impacto negativo tiene en nuestra balanza comercial; sostenibilidad es promover la energía autóctona y es también mitigar el cambio climático; hablar de movilidad, de residuos. Eso es sostenibilidad. Sí, les vuelvo a hablar de cambio climático, y espero que hoy no me repitan eso de que son cosas de comunistas o de profecías mayas, porque finalmente lo único que hacen es degradar el debate parlamentario y sobre todo hacer el ridículo internacionalmente. Hoy no hay ningún Gobierno que se dedique a negar las consecuencias del cambio climático. Hoy, en el siglo XXI, negar el impacto que está teniendo es propio solo de fundamentalistas que niegan la realidad.

Hablan también de la necesaria sostenibilidad económica, y ayer el ministro, en una interpelación que le hacíamos sobre el fracking, precisamente hablaba del tema. Nosotros estamos comprometidos en hacer un sistema energético que sea sostenible, pero hablemos de todos los costes con transparencia, porque ayer volvió a hacer lo mismo el señor ministro. Dijo: los costes de producir energía eléctrica son 20.000 millones y la mitad es por culpa de las renovables. No es verdad. Los costes para el año que viene son mayores porque ustedes excluyen los costes sociales, los costes medioambientales y otros que van unidos a la generación de producción eléctrica. Además, de esos costes, la mitad no va a renovables, la mitad es régimen especial, y de ahí las renovables solo forman parte parcialmente, por tanto, de esos costes las renovables tienen la culpa solo un 25 %. Dejen de demonizarlas, porque creo que esos líos de números y de cifras acaban mermando la capacidad de resolver el problema y, efectivamente, tenemos un problema económico. El borrador de orden que está previsto habla de auténticas chapuzas en los números y este Gobierno no lo está resolviendo. Esos 5.717 millones para pagar vía presupuestos generales no se lo cree nadie, ni con los impuestos que se generan ni con la reducción de tarifas. Es imposible que esto se pueda abordar.

Para la sostenibilidad económica debemos abordar el auténtico problema. Queremos resolver el déficit tarifario. ¿Cómo? En primer lugar, revisemos cómo se ha generado, qué rentabilidad se ha ofrecido; revisemos los desequilibrios, hagamos una auditoría de ese déficit y replanteemos la cuestión. ¿Sería posible una quita parcial -aunque sea parcial- o una moratoria? ¿Qué costes van a la tarifa y cuáles no? Hablemos de todo, abramos el diálogo y pongamos luz a esta cuestión. ¿Y cómo resolvemos el futuro? La sostenibilidad económica no se revuelve con impuestos sino primando precisamente la eficiencia. El problema del déficit que tenemos está en la regulación y en un mercado oligopolístico. Hoy cada día más gente se suma a ese cambio de modelo y de regulación.

Fíjense si es absurdo, cada vez que ahorramos energía aumenta nuestro déficit tarifario, y el ministro como respuesta dice: lo que tenemos que hacer es consumir más energía. No, cambiemos la regulación porque es auténticamente surrealista que cuando ahorramos generemos más déficit. El déficit solo podrá resolverse si se acomete una reforma en profundidad de todo el sector y, si hay voluntad, existen alternativas. Para eso necesitamos planificación energética, dar seguridad al sector, anticiparnos al peak oil y a la crisis energética y climática, y vamos tarde. Ustedes están generando más hipotecas en el futuro.

Voy a hablar de las enmiendas del Senado. Me centraré en dos, porque muchas son de carácter técnico, otras de matices y otras fruto de algún diálogo con el sector. En primer lugar, el aumento del 6 % al 7 % en la producción energética. Es un poco aquello de ¿no querían caldo? Pues dos tazas. Pasa por el Senado y todavía aumentamos esa tasa. Una tasa que solo sirve para gestionar su tesorería pero para penalizar a todas las energías, generando además esa inequidad, porque hay energías que lo repercutirán en el precio -lo pagarán los consumidores y los ciudadanos- y otras energías que no lo pueden repercutir. Por tanto, gran parte del sector se va a hundir.

Aquí vuelve a salir su fobia a las energías renovables, un sector del que ustedes no quieren hablar pero que ya ha perdido más de 30.000 empleos. Ustedes rebajan el céntimo del gas, rebajan cualquier cosa, excepto las agresiones a las energías renovables, uno de los sectores con más potencialidad de continuar creando empleo en nuestro país, pero lo único que están haciendo con su política es destruirlo.


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Ese aumento de tarifa incrementa ese desequilibrio, no tiene en cuenta el problema de la pobreza energética y el impacto que esto va a tener en el futuro.

Sí han hecho concesiones a una parte de la industria, pero creo que debemos abordar la transición de la industria y apostar por la eficiencia energética. La industria de nuestro país no va a sobrevivir mientras exporta el coste energético a los ciudadanos pagado vía factura y nosotros vamos concediendo excepciones. Es verdad, hay que calendarizar, hacer una transición e invertir en eficiencia, pero hay que cambiarlo.

La segunda cuestión es muy grave; es pasar las primas de las renovables y los costes a los Presupuestos Generales del Estado. Esto genera inestabilidad y un engaño de nuevo al sistema. Por otro lado, cuestiona que las primas no son subvenciones, y ustedes pasan directamente a subvencionarlo vía impuestos generando esa inseguridad, incumpliendo incluso las directivas europeas sobre competencia, ofreciendo ayudas de Estado. Es un auténtico despropósito generar de nuevo esa inestabilidad en el sector, que ya no puede aguantar más esas medidas de castigo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Termino ya.

Su política energética se basa en el dogmatismo y en la miopía política. Les pedimos que recapaciten y que 2013 les traiga lucidez, porque nos jugamos mucho. Nuestro sistema eléctrico está quebrando, sus medidas económicas no resuelven nada y lo único que hacen es empeorar la vida de todo el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señoras y señores diputados, cuando planteábamos la enmienda a la totalidad en el debate que mantuvimos en esta Cámara respecto a la ley, cuyas enmiendas del Senado hoy estamos debatiendo, exigíamos al ministro en su tramitación en el Congreso y posteriormente en el Senado un cambio radical de la misma, porque entendíamos que con dicha ley no se podían conseguir todos aquellos objetivos que estaban perfectamente planteados y definidos en su exposición de motivos. Una vez finalizada la tramitación en el Congreso y en el Senado hemos de manifestar que estamos muy defraudados por el resultado de la misma; por la poca sensibilidad de su grupo parlamentario, que no ha atendido prácticamente ninguna de las enmiendas que habíamos planteado los diferentes grupos parlamentarios, concretamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; y defraudados también por esta falta de sensibilidad industrial, justamente en un ministro de Industria, que va a conllevar que nuestro tejido productivo sea cada vez menos competitivo y va a desembocar en una falta de sensibilidad social que va a perjudicar notablemente las economías domésticas y de las familias españolas. Probablemente, señor ministro -lo denunciamos en la tramitación de la enmienda a la totalidad-, los grandes beneficiados de este texto legislativo que se va a aprobar esta mañana, con al menos el voto en contra de Convergència i Unió, van a ser países muy industrializados como Francia, Alemania o Italia, que están aplaudiendo este texto legislativo que vamos a aprobar hoy porque ello va a conllevar que una parte importante de nuestro tejido industrial español se vaya a deslocalizar, porque aquí no van a ser competitivos con las medidas que estamos implementando en estos momentos. Además, dichos países, que son competitivos industrialmente con el tejido industrial español, van a poder tomar una cuota importante de mercado, ya que sus empresas van a ser más competitivas que las españolas. Con la aprobación de esta ley, usted, probablemente, va a ser el ministro de Industria más antiindustrial -si no lo remediamos en la votación posterior- de los últimos treinta o treinta y cinco años de democracia, porque este texto legislativo hiere mortalmente el tejido industrial español, como más adelante me refiere. Si esto no lo remediamos, vamos a tener un retroceso importante de cincuenta años en la competitividad y la política industrial española.

¿Quiénes van a ser finalmente los más perjudicados con la aprobación de este texto? Si me lo permite, señor ministro, los más perjudicados van a ser las familias españolas, las economías domésticas, que van a ver incrementado el recibo de la luz a partir del año 2013 en un 6 %, con todos los incrementos que se han venido sustanciando en las disposiciones que se han aprobado en este Parlamento; un 6 % más en el recibo de la luz a partir del 1 de enero del año 2013 para todas las familias españolas y hogares domésticos. También van a ver incrementada la presión fiscal y el recibo de la luz los pequeños y medianos


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empresarios y los autónomos, con un incremento del 10 % en su recibo de la luz, así como las empresas industriales ligadas a la industria de la cogeneración van a ver perjudicada su competitividad con un incremento del 15 % en el recibo de la luz. Por tanto, señor ministro, si usted me lo permite, el objetivo fundamental de esta ley va a ser perjudicar las economías domésticas, perjudicar a las familias más necesitadas y perjudicar al tejido industrial español. Si vamos a ser menos competitivos como resultado de la reforma estructural que pretenden plantear, esto querrá decir, señor ministro, que no seremos capaces de vencer la crisis y esto también, desgraciadamente, va a comportar más paro.

Otro aspecto importante que queremos resaltar es el que hace referencia a ese sector tan importante desde la perspectiva industrial como son las industrias de energía renovable. Esta ley incrementa la generación eléctrica de todas las energías renovables. Si a esto le añadimos las modificaciones de este Gobierno y del anterior, ya que fueron incapaces de no bloquear diferentes proyectos de ley basados en unas inversiones sobre la base de unas retribuciones de primas para que se llegara a este 20 % de energías renovables, con la aprobación de esta ley, uno de los grandes perjudicados desde la perspectiva industrial va a ser el sector de las energías renovables. Al mismo tiempo, como dijimos en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad, todos aquellos aspectos relacionados con la investigación, con la innovación, ligados a las energías renovables, también van a verse perjudicados, así como todos aquellos aspectos que hacen referencia al desarrollo de la política industrial ligados a la cogeneración. Finalmente, señor ministro, repito, más presión fiscal para las familias, más presión fiscal para los hogares domésticos, más presión fiscal para nuestro tejido productivo. Si hoy en España la media del coste energético de las economías domésticas, según los datos de Eurostat, es un 30 % más elevada que la media de los países comunitarios y que el precio de la energía industrial en España es un 15 % más caro que la media de los países europeos, y si a esto le añadimos estos incrementos impositivos, hagamos números y veremos que va a ser muy difícil en el año 2013 poder ser competitivos, y para muchísimas familias y muchísimos hogares será muy difícil llegar a final de mes con estos incrementos tan significativos desde la perspectiva social y desde la perspectiva industrial.

Hay otro aspecto que también querría añadir. Nuestro grupo siempre se ha definido como un grupo objetivo, nosotros siempre hemos planteado y defendido que dentro del mix energético, en cuanto a la generación de energía eléctrica y partiendo de la base de que España es una isla energética muy dependiente, prácticamente un 90 % de la misma, tendría, no que incrementarse, pero sí mantenerse el nivel de producción de energía nuclear. Lo hemos defendido y hemos presentado enmiendas en esta dirección, pero finalmente vemos que las compañías generadoras de energía nuclear también han chocado frontalmente con los planteamientos del Gobierno y no sé cómo vamos a sustituir la producción de energía nuclear dentro de este mix energético si se van cerrando todas las centrales nucleares que existen en nuestro país.

Nosotros confiábamos en el talante negociador de este ministro, confiábamos sinceramente que en el trámite del Senado seríamos capaces de poder conseguir más eficiencia en la generación de energía eléctrica, más ahorro en la misma y poder confluir en el año 2020 con este 20 % de energías renovables, 20 % de ahorro energético y 20 % de eficiencia energética, pero lamentablemente, con la aprobación de dicho real decreto, va ser totalmente imposible.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista no quiere alejarse del trámite en el que nos encontramos; no queremos hacerlo porque a lo largo de este año que está terminando hemos tenido la oportunidad, con la presencia del señor ministro en el hemiciclo, de manifestarle nuestra oposición a los contenidos del Real Decreto-ley 1/2012, que se convalidó en el mes de enero; nuestra oposición posterior a los contenidos del Real Decreto-ley 13/2012, del mes de abril, que se convalidó al mes siguiente, que era la transformación de todo un conjunto de normas de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, una transformación recogida en 97 páginas del Boletín Oficial del Estado. Con posterioridad nos opusimos también con nuestro voto en contra, argumentado los contenidos de otro real decreto-ley, en cuyo artículo 10 precisamente se producía un maltrato de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Posteriormente presentamos una interpelación en el Pleno, en la que le ofrecíamos la colaboración para transformar la Ley 54/1997 porque creíamos que habiendo transcurrido quince años de vigencia de dicha


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ley, con una proyección notable en muchísimos sectores, había llegado el momento de evaluar el impacto en la economía, en nuestro desarrollo industrial y sobre todo había que ir adaptando los contenidos de esa ley del sector eléctrico nacional a una realidad social nueva vinculada al crecimiento de la sensibilidad ciudadana con respecto al cambio climático y consiguientemente a la potenciación de aquellas energías que en su funcionamiento reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Todo ello en la coherencia de un trabajo realizado en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para estudios del Cambio Climático de la pasada legislatura, en la que hace muy pocos días hemos tenido la oportunidad de comprobar la presentación pública en un acto presidido por el presidente del Congreso de los Diputados de las líneas directrices que recomendaban al Gobierno un comportamiento en política energética. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señor ministro, ese es el pasado de este año. En nuestra línea de conducta política en función de nuestra convicción ideológica en materia de política energética, convicción tecnológica y convicción social, hemos expresado nuestra discrepancia con su comportamiento como ministro remitiendo a las Cortes Generales iniciativas en forma de real decreto o en forma de proyecto de ley con los que no nos identificamos. Señor ministro, escuchando la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, he llegado a la convicción de que es rigurosamente cierta una de las derivaciones del segundo principio de la termodinámica. Esa derivación dice que en todo sistema aislado tiende a crecer su entropía, tiende a crecer el caos.

Señor ministro, usted ha dado la imagen de un sistema aislado. Usted no ha prestado atención a una comunicación que ha ocupado páginas enteras en los medios de comunicación de dieciocho grandes asociaciones empresariales, que le critican su política energética. Usted no ha prestado atención a las asociaciones que engloban empresas que producen energía eléctrica mediante el aprovechamiento de otros recursos energéticos no fósiles. Usted no ha prestado atención, señor ministro, a los grupos parlamentarios. Pero, bueno, este es el pasado. Nosotros, una vez más, en este momento procesal le decimos que es muy conveniente el diálogo, que necesitamos dialogar para avanzar y le ofrecemos diálogo y cooperación en la próxima legislatura.

Nos encontramos, señor ministro, que usted se ha movido exclusivamente siguiendo una línea directriz: reducir el déficit tarifario. Una línea directriz marcada exclusivamente por planteamientos recaudatorios. Usted no está modernizando el sistema energético nacional. No quiero reiterarle lo que le han dicho anteriores portavoces pero nos identificamos con muchos de sus contenidos, sin duda alguna. Este es un año en el que está cayendo el sistema energético nacional, este es un año en el que nos estamos aproximando -no sé si es la terminología más adecuada para representarlo- a una gran burbuja, no inmobiliaria, energética. Usted no está impulsando en modo alguno un mix energético moderno, como corresponde al siglo en el que nos encontramos. Usted se ha negado a traer a esta Cámara un proyecto de ley fruto del consenso con todos los grupos parlamentarios que reemplace la amplia normativa, que tiene una serie de ramas que ya ni los expertos son capaces de desentrañar. Usted no trae una ley que sea sustituta de aquella de hace quince años.

Además, nos sentimos no escuchados, sorprendentemente, por el Grupo Parlamentario Popular, y me dirijo a los ponentes del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que es de lo que estamos hablando, que no nos pueden negar que presentamos una enmienda a la totalidad argumentada, sólida, rigurosa y metodológicamente vertebrada y presentamos cincuenta y pico enmiendas parciales al articulado y no nos fue aprobada ni una, y no nos pueden negar que, con generosidad, nosotros atendimos una demanda que nos hicieron para transaccionar una enmienda y sacarles de un lío en el que estaban metidos porque el Gobierno les obligó a presentar una serie de enmiendas caóticamente elaboradas -recuerden la del 38,5 % para las renovables en los presupuestos-. Hicimos una enmienda transaccional generosamente transaccionada por nosotros, esa enmienda va al Senado y allí es destrozada. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta catorce enmiendas, de las cuales doce son esencialmente técnicas y una destroza el acuerdo que alcanzamos en el Congreso, argumente lo que quiera argumentar, con el mayor de mis respetos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que seguirá en el turno de intervenciones a este diputado.

Con una de las enmiendas nos identificamos y la votaremos a favor. El descenso de tributación de 0,65 euros por megajulios al gas exclusivamente orientado al sector profesional industrial, a pesar de que ha dejado exenta lamentablemente la cogeneración, la producción de energía eléctrica, que hubiese sido lo razonable, lo votaremos a favor. Nos duele profundamente que, como consecuencia de unos cálculos con los que no nos identificamos, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado afirme que, al descender la


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recaudación prevista recogida en un capítulo de la memoria del proyecto de ley, hay que sacarlo de otro lado. Lo hemos estudiado, lo hemos cuantificado y, con calculadora en mano, estamos en condiciones de decirle al señor ministro que sus técnicos no le han dado una memoria rigurosamente vertebrada. Entonces, consecuencia de este descenso en la recaudación prevista -de 0,65 a 0,15 exclusivamente en materia tributaria del gas en el sector industrial-, argumentan que hay que sacarlo de otro lado. Y el otro lado es coger el impuesto sobre el valor a la producción de energía eléctrica y subirlo del 6 al 7 %. Si votamos en contra del 6 %, imagínense qué vamos a hacer ahora respecto a esta enmienda.

Así pues, señorías, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, no podrán negar que en la tramitación en Comisión -que desgraciadamente no pudimos elevar al Pleno por voluntad del Grupo Parlamentario Popular, que se negó a la avocación a Pleno disminuyendo la calidad democrática en la tramitación de un proyecto de ley- tuvimos generosidad aceptando aquella enmienda que con posterioridad ha sido destrozada en el Senado. Es sorprendente y pone de manifiesto el caos esperpéntico que ha tenido lugar en la tramitación de este proyecto de ley. Yo, que tengo veteranía parlamentaria -y no nos van a poder desmontar en modo alguno este argumento que les estoy exponiendo-, no había visto nunca una tramitación parlamentaria de estas características. Este es un proyecto de ley que procede de una elaboración de dos manos distintas, de dos manos que no se coordinan: Ministerio de Industria y Ministerio de Hacienda. Pero es que además, ¡qué vergüenza parlamentaria!, en el Senado se cierra el plazo de presentación de enmiendas un día determinado, presentan un conjunto de enmiendas -las catorce o quince a las que he hecho referencia-, y a continuación, cerrado el plazo de presentación de enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular del Senado vuelve a recibir instrucciones procedentes de alguno de los dos ministerios diciendo que modifiquen tal aspecto, tal otro y tal otro, y con la generosidad de los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Parlamentario Popular, se produce una transacción -que sin nuestra firma no hubiese avanzado- siguiendo con esa generosidad y como prueba de buena voluntad en la colaboración y se aprueba una enmienda que es contradictoria con otra de la misma materia recogida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que acabamos de debatir en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor SEGURA CLAVELL: Espero, señorías, que los servicios jurídicos deshagan este entuerto.

Finalizo, señor presidente, reiterando una vez más, como parlamentario de las Cortes Generales españolas en representación de mi grupo, la pena por la falta de rigor, de seriedad, de método, de calidad argumental, y lamentando desde luego el caos en una tramitación parlamentaria que, desde mi punto de vista, no tiene precedente alguno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Erias.

El señor ERIAS REY: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, voy a hacer un conjunto de consideraciones respecto a la valoración de los diferentes grupos respecto al acto que estamos desarrollando hoy, que es la convalidación del proyecto de ley que viene del Senado sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

En primer lugar quiero decir que no hay improvisación y menos inseguridad, lo que sí es cierto es que con el proyecto de ley este grupo da certeza al cumplimiento de la ley. Vamos a cumplir la ley para que no exista insostenibilidad, pero fundamentalmente insostenibilidad de tipo económico, no insostenibilidad de tipo ambiental, porque esta ley viene a completar otro conjunto de acciones que este Gobierno ha tenido que acometer a su pesar, porque ciertamente desarrollar política energética no consiste en intentar embridar el gasto y al mismo tiempo mejorar los ingresos; eso no es la política energética, pero esa es la responsabilidad en la cual nos vemos. Por eso le digo, señor Segura, que aunque no le guste la calidad argumental de lo que digo, sí le pido que teste lo que ha sido la política energética -entre comillas- del grupo que ha sustentado al Gobierno durante siete años y medio, porque el resultado de esas políticas es lo que tenemos hoy aquí, lo que estamos intentando solucionar hoy. (Aplausos). No se olvide de que han sido veintiún reales decretos, cada uno de ellos para resolver los problemas que el anterior generaba, lo que nos ha traído hoy aquí. Es más, dar cumplimiento a los reales decretos-leyes 6/2009 y 14/2010 es lo que nos hace responsablemente contribuir o intentar alcanzar que en el año 2012, que ya está muy


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avanzado, el déficit de tarifa sean 1.500 millones y el año que viene sea cero. Eso sí que es dar certeza, despejar incertidumbres en un sector sostenido de una manera, digamos, artificial por una política que no tuvo ningún tipo de resultado positivo para nuestro país.

Es verdad que tenemos un problema y que a ese problema tenemos que darle solución, y es verdad, señor Segura, que el Grupo Popular, en el trámite en el Congreso de este proyecto de ley, les presentó una transaccional, que se votó por unanimidad en el sentido de que todos entendíamos que eso servía para mejorar el proyecto de ley. Por tanto, no nos duelen prendas en agradecer a todos ustedes el apoyo que le ha dado y por eso les reclamaremos, yo les reclamaré hoy más responsabilidad para que apoyen este proyecto de ley en los términos en que viene del Senado.

La acción de gobierno exige tomar decisiones y esas decisiones a veces son, digamos, más reconfortantes porque permiten transmitir a la ciudadanía los resultados positivos de esa acción y otras veces los efectos están solapados dentro del proyecto y no se notan de manera directa y, claro está, eso cuesta mucho más trabajo. Pero, sobre todo, lo que no podemos hacer es generar, llenos de prejuicios, más incertidumbre a los ciudadanos hablando de asuntos que no son ciertos.

Quiero decirle al señor Sánchez i Llibre que no hay efectos tasados. Me gustaría haberle escuchado una propuesta alternativa a esto que estamos haciendo para dar solución a un problema que tiene una cuantificación en el año 2011, 24.000 millones de euros, y que está creciendo a un ritmo de 6.000 millones anualmente. A esto hay que darle una solución y dígame usted cuál es la mejor que hemos de tomar. Y, claro, a continuación me hace un efecto anuncio de que estamos empeorando nuestra ratio de presión fiscal. No sé si desde su grupo piensan lo mismo con nueve tributos que van a establecer para ese futuro inmediato a los ciudadanos de su tierra. (Aplausos). No sé si piensan lo mismo. En todo caso, me resultan un poco contradictorios este tipo de argumentos.

Señor Segura, no se trata con este proyecto de ley de sustituir la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, que ha cumplido a lo largo de estos quince años un importante papel y que ha servido para que desarrollemos este mix energético, en principio tan razonable, del que disponemos. Y no es verdad que el Partido Popular, como dicen otros grupos, sea un partido que está en contra de las renovables. Pero, ¿qué es eso? Si en la propia Ley del Sector Eléctrico y el Decreto 436/2004 es el Partido Popular quien intenta introducir en el mix energético las renovables. ¿Qué sucede? Que eso a ustedes, desafortunadamente, en una parte se les ha ido de la mano y aquellos 500 megavatios que pretendía el Decreto 436 se han convertido en 4.220 megavatios, solamente en fotovoltaica -imagínese usted lo que supone esto- y el Paner pasó de 500 megavatios experimentales en la termosolar de concentración a 2.100 megavatios. Esto hay que mirarlo con un poquito más de cuidado y, si no, no nos hable usted de la memoria económica. La memoria económica está bien elaborada y responde a una simulación. En una simulación siempre hay unos datos de partida, se aplican unos presupuestos y se llega a unos resultados. Si usted toma otros datos y aplica otros presupuestos, ciertamente va a tener otros resultados, pero no haga una crítica global, descalificadora, como si esto fuera una irresponsabilidad o algo que está mal elaborado. Esto está cumpliendo e intentando desarrollar dentro de la sociedad española algo que no puede convertirse en déficit público. En estos momentos, la llamada imposición verde está cumpliendo más fines recaudatorios que fines de desincentivar los comportamientos de los ciudadanos, por eso se está también anunciando que vamos a tener un compromiso con la Directiva de Eficiencia y Ahorro Energético. ¿Para qué? Para introducir en la factura, entre los términos energía y potencia, si vemos que aquellos que consumen menos van a tener un precio diferenciado, incentivos para ahorrar más. No se pueden -repito- hacer descalificaciones como las que he escuchado aquí sin dar otro tipo de argumentos. Estos, desde luego, no me sirven y como tengo el tiempo tasado -como todos los intervinientes- voy a hacer referencia únicamente ya a dos asuntos.

Es verdad, en el Senado se ha mejorado el texto. En el Senado el Grupo Popular ha presentado veintisiete enmiendas, algunas de carácter técnico y otras que pretendían resolver una dificultad. Es verdad que las empresas industriales están atravesando duros momentos, porque la crisis es persistente y la crisis no la ha inventado el Partido Popular, el Partido Popular y el Gobierno están padeciendo e intentando dar soluciones a esa crisis, y es verdad que las empresas industriales y aquellas que son más intensivas en la utilización de la energía buscan un input que sea competitivo, por ese motivo hemos intentado bajar el gas de 0,65 euros/gigajulio a 0,15 euros/gigajulio, tal y como dice la Directiva 2003/96, que todavía no está traspuesta al ordenamiento español -no olvide usted que ya viene de lejos- y que ciertamente era una recomendación que se hacía sobre cómo gravar el gas para ese tipo de usos. Nosotros, una vez que se produce esa merma de ingresos y como lo que se necesitan son los recursos


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para cumplir que el déficit de tarifa en 2013 sea cero, lógicamente tenemos que buscar recursos de otro lado. Esto es un juego de suma nula. Es decir, lo que sacas de un lado has de traerlo desde otra parte, porque si no no te da lo que estás persiguiendo, que es disponer de más de 2.500 millones de euros para hacer que se cumpla la ley, y para eso hubo que subir la tasa del 6 al 7 %. Repito, mi grupo político no defiende esa fiscalidad -diríamos- expropiatoria para las tecnologías, pero es una necesidad para cumplir la ley, para partir de esa estabilidad, de ese equilibrio y que el déficit tarifario no se convierta en un problema irresoluble, que ya no viene de ahora, no viene de las políticas del PP porque en el año 2004 el déficit tarifario estaba todo titulizado y acumulado eran escasamente 1.800 millones. Fíjese usted, desde el año 2004 al año 2011 -noviembre de 2011-, ha pasado de 1.800 millones acumulados y titulizados a 24.000 millones, de los que están titulizados 17.000 y algunos en el FADE que están pendientes de titulizar por todas las dificultades que ustedes conocen. Por eso les pido responsabilidad a la hora de votar; que apoyen esta medida del Gobierno, que no trata de anular la Ley 54, sino de darle más firmeza a la acción de la política energética. Señorías, les pido el voto favorable a este proyecto de ley porque creo que mejora las circunstancias que ahora tenemos, y cumplimos con la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 121/000026).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Comienza el Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Desde el escaño, señor presidente.

Queremos manifestar que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la enmienda de la disposición adicional tercera nueva, que es la derogación del artículo 49 y del 50.3 de la Ley del Impuesto de Sociedades, porque el anuncio del Gobierno en relación con esta modificación está relacionado con la puesta en marcha del nuevo modelo fiscal para el sector naval, de manera que se pueda impulsar la actividad de un sector tan importante para el Estado español, y de manera especial para Galicia y la ría de Vigo. El Bloque Nacionalista Galego apoya esta enmienda que se ha aprobado en el Senado, pero también queremos advertir que esperamos que con esta modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se resuelva el problema de las restricciones a la contratación del sector naval.

Señor presidente, no podemos votar favorablemente el resto de las enmiendas porque del Senado nos ha venido tal cantidad de enmiendas a este proyecto de ley que entendemos que el Gobierno, en la medida en que es quien propone las enmiendas aprobadas en el Senado, debería volver a presentar el mismo a este Congreso para poder tramitarlo de forma correcta y que los grupos parlamentarios lo podamos analizar y enmendar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar déjenme que les diga que nuestro grupo parlamentario y nuestra fuerza política exige la libertad inmediata del ciudadano Alfonso Fernández, el único joven en prisión preventiva desde hace 36 días, a raíz de la convocatoria de huelga general del pasado 14 de noviembre.

Señorías, no nos llevamos a engaño. Ustedes, señores del Partido Popular, han intensificado el asedio a Cataluña. De hecho... (Pronuncia palabras en catalán). Quieren que nos arrodillemos, que renunciemos a alcanzar la libertad plena, la soberanía de nuestros recursos. Vivimos entre la España y la pared; entre su voluntad de ahogarnos económicamente -nos deben 8.000 millones que amenazan y condenan el Estado de bienestar-, de hipotecar la viabilidad y la sostenibilidad económica de Cataluña con un expolio fiscal de 16.000 millones anuales y la de aquellos otros de su partido y de otros partidos políticos españoles nacionalistas que ya hablan de represión, de destitución, derogación, inhabilitación. ¡Venga pues,


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anímense! Les animo a que lo hagan, a que tengan el valor democrático de ejercer una actitud tan poco democrática como seguir repitiendo amenazas, una detrás de otra. Saldremos a la calle, no les quepa ninguna duda; a ver si tienen valor de derogar la democracia catalana. Nos ahogan económicamente, como hoy queda fijado en esta enmienda del Senado que pretende impedir que el Gobierno de Cataluña pueda implementar nuevos impuestos a fin y efecto de recaudar más para intentar no tener que hacer recortes de carácter ideológico provocados por su expolio fiscal. Esta es su respuesta. Sabemos que solamente han puesto la primera marcha pero que hay dos, tres, cuatro, cinco marchas, desde los servicios secretos españoles, que intentarán hacernos descarrilar, hasta los lobbies económicos al servicio del Partido Popular, al servicio de los poderes fácticos; toda la logística de la Administración española para desprestigiar la Primavera catalana. Cierto; lo harán todo, incluso lo harán de manera muy sucia, burda, amenazante. Pero que sepan todos los catalanes que no nos rendiremos, aun cuando ha empezado la guerra económica. Pretenden ahogarnos y hoy aquí tenemos una clara demostración de su voluntad. Es un trabajo estéril, absurdo. No van a ganar, nadie puede derrotar la democracia. Nos van a asediar, ciertamente; hoy aquí queda demostrado que intentarán no solo cortocircuitar los ingresos, ya el ministro Montoro ha anunciado que todas aquellas medidas propuestas por Esquerra Republicana e implementadas en el acuerdo tendrán delante la actitud amenazante del Gobierno español. Pues, muy bien; si quieren conflicto, lo tendrán, pero no les queda la menor duda de que ganará la democracia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de la intervención del señor Tardà lo que procede es pedir al señor presidente que me aclare en qué punto del orden del día estamos, porque creí que estábamos hablando del proyecto de ley de medidas tributarias, ¿no es así? Desde luego, es de lo que yo he subido a hablar a la tribuna.

Este proyecto de ley de medidas tributarias y de impulso de la actividad económica tiene un nombre equivocado, la segunda parte no aparece por ningún lado, no hay ningún impulso de la actividad económica. En el Senado se han introducido una serie de enmiendas y voy a valorar brevemente en nombre de mi grupo las más significativas. La más comentada por los portavoces del Partido Popular tiene que ver con el endurecimiento de la tributación de las indemnizaciones por despido y los seguros de jubilación de los altos directivos. Esto es algo que celebramos, sin embargo, nos gustaría poner de manifiesto una práctica repetida una y otra vez, una práctica nociva desde el punto de vista parlamentario, y es que sucede a menudo que Unión Progreso y Democracia -supongo que también otros grupos- introduce enmiendas que se rechazan en Comisión y reaparecen en forma muy similar en un momento posterior del trámite en el Senado como enmiendas del Partido Popular, lo que nos indica que a este partido le importa más ponerse las medallas que solucionar los problemas de los ciudadanos. Esa es la única explicación que se nos ocurre de esa práctica. Por ejemplo, en el caso del que hablaba, las indemnizaciones por despido a los directivos y los seguros de jubilación, Unión Progreso y Democracia presentó en la Comisión de Hacienda las enmiendas 51, 54 y 55, que trataban de estos mismos temas y que se rechazaron sin proponer ningún tipo de enmienda transaccional. Además, curiosamente, el tema de los seguros de jubilación era algo que ningún grupo había planteado antes en el debate político. Otra coincidencia curiosa -en este caso con nuestro grupo pero también con otros- tiene que ver con la amortización del inmovilizado de las empresas. Pedíamos que, si se difería, al menos se hiciese dentro de la vida útil del elemento inmovilizado, y esta es otra enmienda que se introduce en el Senado y que se rechazó en Comisión.

Otras enmiendas del Senado indican las prisas y la improvisación con que actúa el Gobierno en temas tributarios. Resulta curioso el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En la Comisión de Hacienda se pidió que no se pudiese registrar el inmueble si no se había pagado este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, olvidando un pequeño detalle: que este impuesto lo paga el vendedor y quien quiere registrar el inmueble es el comprador. Es decir, que el comprador no iba a poder registrar el inmueble porque otra persona, el vendedor, no había pagado el impuesto. En la enmienda del Senado se intenta arreglar esto con más o menos fortuna.

Una enmienda relevante del Senado introduce el impuesto estatal sobre los depósitos de las entidades de crédito con tipo cero. No me voy a extender sobre esto porque en la moción del PSOE de hace un par de días ya explicamos con detalle la postura de nuestro grupo, pero insisto en que no es posible corregir


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un error con un nuevo error. Es realmente atípico crear un impuesto con un tipo cero, que va a obligar al Gobierno a compensar a algunas comunidades, las que ya tenían este tributo, y a dejar sin embargo sin ingresos a las que no habían creado un impuesto similar en el pasado. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Por último, ha pasado relativamente desapercibida una enmienda introducida en el Senado según la cual el gravamen especial sobre bienes inmuebles de los no residentes ahora solo van a pagarlo los no residentes domiciliados en paraísos fiscales. Esta es una nueva medida del Gobierno para lograr vender inmuebles a los extranjeros a cualquier precio y de cualquier manera, en este caso a costa de la recaudación del impuesto al que me he referido.

Como puede verse, las enmiendas del Senado no alteran sustancialmente lo que había salido del Congreso, por tanto tampoco alteran sustancialmente la postura que Unión Progreso y Democracia defendió tanto en Pleno como en Comisión cuando tramitamos este proyecto de ley. Como dijimos entonces y recuerdo brevemente, básicamente lo que se está haciendo es incrementar fuertemente los impuestos a los ciudadanos. ¿Con qué fin? Con el de financiar el rescate universal de las cajas de ahorro. Recuerdo las recientes medidas: 40.000 millones del rescate europeo a las cajas de ahorro; otros 10.000 millones anteriores del FROB; decenas de miles de millones de avales del Estado y el rescate universal de las comunidades autónomas al que antes se refería nuestra portavoz, 18.000 millones del Fondo de liquidez autonómica y ahora otros 23.000. Entretanto, mientras se aumenta la presión sobre los ciudadanos ya cumplidores, se aplica una generosísima amnistía fiscal que ha permitido a los defraudadores regularizar una cantidad que realmente no se conoce, porque solo han tenido que tributar por las rentas generadas desde el año 2008; todo lo anterior estaba prescrito, las rentas anteriores y el propio valor de los activos. Esto hace que el tipo efectivo de esa amnistía fiscal no sea el 10 %, como se nos dice, sino que sea probablemente un tipo más cercano al 1 o al 2 %. Es decir, hacen una fuerte subida de impuestos a los que ya cumplían y se perdona a los defraudadores una cantidad que ni siquiera es posible cuantificar. Como también dijimos en Pleno y en Comisión, este proyecto de ley ratifica también el abandono por completo del programa electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones. La deducción por vivienda habitual, que allí se prometía y se reintrodujo, ahora se suprime a los pocos meses; el impuesto sobre el patrimonio, que tanto se criticó, se mantiene sin ningún tipo de reforma; y hay otras nuevas medidas improvisadas como permitir a los ayuntamientos que bonifiquen el 95 %, es decir prácticamente la totalidad del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre actividades económicas. Como dijimos y reitero, creemos que esto va a dar lugar a decisiones arbitrarias en los ayuntamientos, que pueden perdonar estos impuestos a empresas concretas con una justificación muy poco detallada, según los criterios del proyecto de ley.

No quiero terminar sin recordar que la última justificación de todo esto es que no existe alternativa, que ni siquiera es cierto. Por supuesto que existe alternativa. Consiste no en pedir más a los que ya cumplen sino en exigir que paguen los que ahora no tributan, los que deben, los defraudadores y también los que no evaden sino que eluden impuestos por el mal diseño de nuestro sistema fiscal. Algunas de las propuestas de Unión Progreso y Democracia que quiero recordar son el cambio en la tributación de las Sicav, la imposición de un impuesto sobre los automóviles de lujo, el recargo en el impuesto sobre sociedades que pagan las entidades financieras, aparte de aspectos que tienen que ver con la tributación autonómica, ya que en manos autonómicas están impuestos clave, como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, sin olvidar la necesidad de calcular de una manera correcta el cupo vasco o la aportación Navarra, dos comunidades autónomas con las rentas per capita más altas de España y que viven fiscalmente de espaldas al resto del país.

Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Lo que tenemos encima de la mesa no es sino el producto de modificaciones que empeoran la propia ley de medidas tributarias, y que realmente nosotros ya tuvimos oportunidad de valorar en su justo tiempo. Entendemos que es positivo que el Gobierno empiece a corregir toda la distorsión fiscal que se había generado en este país desde hace décadas, desde las décadas de los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, cuando estuvieron modificando el sistema fiscal para beneficio de las grandes fortunas, de las grandes empresas, de los grandes defraudadores, y en perjuicio


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evidentemente de la mayor parte de la sociedad, de los trabajadores, que veían cómo la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales empezaban a depender más de la existencia de una burbuja inmobiliaria y de lo que de ahí se derivaba, en cuestión de ingresos impositivos, que de una estructura fiscal justa y progresiva como, por cierto, recuerda la Constitución que ha de ser nuestro régimen fiscal. Sin embargo -recordemos- el Partido Popular y el Partido Socialista en los diferentes Gobiernos procedieron a bajar impuestos en aquellos espacios en los que además se perdía la progresividad y se volvían cada vez más regresivos los impuestos. Perdían peso los impuestos directos, ganaban peso los impuestos indirectos; perdían peso los impuestos al capital, al rendimiento del capital, ganaban peso los impuestos al rendimiento del trabajo. En cualquier caso, toda esa realidad nos ha conducido al final a tener un sistema fiscal absolutamente endeble, cuya situación se ve agravada por la existencia de agujeros negros que se llevan el dinero de todos -el inmenso fraude fiscal está entre el 20 % y el 25 % en cuanto a economía sumergida-, por todas las grandes cantidades de espacios, utilizando los paraísos fiscales, de los cuales recientemente hemos vuelto a ver que hacía uso la patronal, con el caso de Díaz Ferrán. Toda esa realidad -no nos podemos engañar- significa que los diferentes Gobiernos de este país no han sabido gestionar adecuadamente la estructura impositiva, no han sabido gestionar adecuadamente la estructura de ingresos de un Estado que necesita financiar los servicios públicos. También se privatizaron las empresas públicas y dejamos de ingresar por ese concepto; en definitiva, un verdadero desastre, una desastrosa política económica.

Ahora estamos viendo un proceso lento de reformas que intentan corregir esa situación en el preciso momento en que nuestros ingresos, como se derivaban de la burbuja inmobiliaria, se han caído, y hay que financiar unos gastos que mantengan un cierto nivel de vida digno, que es el que se corresponde con las necesidades de la sociedad. Sin embargo, lo que se hace es todo lo contrario, porque se está aumentando la regresividad del sistema fiscal, estamos aumentando el IVA, estamos intentando como Estado subir los impuestos y, a partir de la explotación de las clases trabajadoras, obtener dinero de los más desfavorecidos. Por el contrario, la retórica de lucha contra el fraude fiscal no se corresponde con los hechos; la retórica de lucha contra los paraísos fiscales, aún menos; la retórica en definitiva del Gobierno desaparece cuando vamos a los datos. Cuando vamos a los datos y miramos las enmiendas que se han planteado en este proyecto, realmente vemos que el Gobierno sigue al servicio del sistema financiero, por eso obedece de forma rauda y eficaz a imponer una tasa del cero por ciento a los bancos para impedir que las comunidades autónomas puedan obtener ingresos por la vía de los impuestos al sistema financiero español, que -recordemos- en última instancia sigue siendo el dueño, a partir de los hechos, de este Gobierno y el que dicta la política económica y desde luego también la política fiscal. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular al introducir estas enmiendas en el Senado: ha conseguido que las comunidades autónomas pierdan margen de maniobra para hacer recaer los costes de la crisis sobre las entidades financieras también y salirse de esa línea que ha marcado el Partido Popular y la propia troika. Hubiera sido mucho más razonable que el Partido Popular hubiera aprovechado la ocasión para imponer una tasa a los bancos que fuera bastante alta y que permitiera además un margen mayor para las comunidades autónomas que quisieran subir esa tasa allí donde tienen el margen adecuado dadas sus competencias; sin embargo, nada de eso hemos tenido. Hemos tenido una noticia deleznable, que es que el Partido Popular le pone un impuesto del cero por ciento a los bancos a los que está rescatando. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Están mostrando con claridad la filosofía y el sentido de la política económica de este Gobierno, que, como tantas veces hemos insistido, solo tiene como preocupación salvar al sistema financiero para salvar a los sistemas financieros alemán y francés, que son los principales beneficiarios de esta realidad, dado que son los principales acreedores del enorme endeudamiento del sistema financiero español. Si esa es la política, realmente el Gobierno no está sino poniendo palos en las ruedas del crecimiento económico en este país y sobre todo promoviendo un proceso de regresión social realmente desgraciado. Se puede ser mucho más contundente incluso en el marco de estos presupuestos que hemos debatido anteriormente, en el marco de estas leyes, de estos proyectos que nos trae el Gobierno, pero desgraciadamente asistimos atónitos a la sordera de un Gobierno que no escucha a la calle ni a los organismos internacionales y que se permite el lujo de mandar un mensaje a la ciudadanía como es el de la amnistía fiscal o el de la tasa de cero por ciento al sistema financiero.

Nos parece verdaderamente bochornoso ver un Gobierno que se ha cegado y que directamente camina hacia el precipicio sin escuchar a nadie más. Creemos que es un error no solo económico o político sino además social, que está generando un caldo de cultivo realmente peligroso para el consenso social, que ya


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directamente está roto por parte del Gobierno y de la troika; pero es el mensaje que está mandando. El mensaje que manda el Partido Popular es: si usted fue una gran fortuna o una gran empresa que defraudó a todos los ciudadanos impidiendo que se pudieran financiar adecuadamente la sanidad y la educación públicas, no se preocupe, porque a usted le vamos a perdonar porque es de los nuestros, usted es al que estamos ayudando. Esa es la realidad del mensaje de la amnistía fiscal, que, dado que encima está mal diseñada, ni siquiera da los frutos que el propio Gobierno espera. Parece absolutamente absurdo seguir insistiendo en esta línea de modificación del régimen fiscal. Hay un amplio margen de maniobra todavía en el sistema fiscal, incluso asumiendo las consignas de la troika. Lo que ocurre es que nuestro grupo entiende que no se pueden asumir las consignas de la troika en cuanto a consolidación fiscal se refiere.

Si ustedes han visto los informes del Fondo Monetario Internacional y algunos working papers, comprobarán que el Fondo Monetario Internacional, incluso siendo parte de la troika, empieza a poner en duda la efectividad y la eficacia de las medidas de consolidación fiscal solo basado en las políticas que está aplicando el Partido Popular, porque este régimen fiscal que se está aprobando aumenta la regresividad y la desigualdad en un país, genera momentos de estallidos sociales e impide que la demanda interna pueda desarrollarse para promover un crecimiento económico que sería generador de empleo. Todo esto no va a ocurrir porque el Partido Popular anuncia -por los hechos demuestra- que asume acríticamente la política de la troika, y los hechos nos van a demostrar que caminamos por el mismo camino que Portugal y Grecia, y allí nos vamos a encontrar igualmente. No somos una economía que funcione por reglas distintas a la de Portugal, a la de Grecia o a la de todos los países que a lo largo de la historia económica han demostrado que lo único que hace esta vía es empeorar las circunstancias. No nos vale de nada que nos digan que estas reformas fiscales pueden suponer un incremento de ingresos que impida hacer mayor recorte de gastos mientras vengan por el lado de estas injusticias, que van a dinamitar definitivamente el proceso de paz social, que ya está dinamitado parcialmente, pero todas estas políticas no hacen sino agravarlo. Además en 2013 nos encontraremos que debido a esta política el Gobierno tendrá que dar otro paso más e ir reaccionando ante los hechos. Parece más razonable que el Gobierno plantee una estrategia de crecimiento y de política económica que vaya más allá de la reacción ante los hechos coyunturales, así como una estrategia y un pensamiento de proyecto de país, de proyecto de Estado, que nos permita vislumbrar luz al final del túnel. Todas estas medidas de reacción son inútiles en sentido económico y social, pero dramáticas por lo que se inspira en ellas de la filosofía de: rescate al sistema financiero sí, impuestos cero por ciento al sistema financiero, pero a la ciudadanía no la rescatamos y la cosemos a impuestos injustos. Este es el mensaje que está mandando el Gobierno, que nuestro grupo evidentemente no puede compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.

El grupo al que represento formuló una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley que ahora nos ocupa, tanto por lo que contenía como sobre todo por lo que no contenía. Decíamos en el debate de totalidad, así como en Comisión y en el trámite en el Senado, que compartimos el compromiso de alcanzar la consolidación fiscal, lo cual requiere la austeridad de los presupuestos del Estado, acompañada de modificaciones fiscales abordadas desde la doble perspectiva de mejorar la equidad de la fiscalidad y de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo; no obstante, las medidas adoptadas en este proyecto de ley tienen un afán meramente recaudatorio. No sirven para reactivar la economía real y el empleo, con lo cual tampoco contribuyen a consolidar las finanzas públicas, ya que reducirán el consumo y el crecimiento. Bien podríamos eliminar del título del proyecto de ley la segunda parte, impulso de la actividad económica. La austeridad por sí sola no nos permitirá salir de esta crisis y la política fiscal no puede demostrarse imponiendo más gravámenes de manera generalizada al consumo, a la inversión, al ahorro, a la producción. Por ello es preciso que la política fiscal también tenga por objetivo la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Las enmiendas que formuló mi grupo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado perseguían este objetivo.

Lejos quedan los compromisos asumidos por el actual Gobierno, ya sean programáticos o declaraciones aprobadas por esta Cámara, como la Ley de apoyo a los emprendedores, de la que no vemos ningún rastro, o la articulación de un plan de choque para el empleo. El proyecto de ley no contempla ninguno de ellos. Convergència i Unió no comparte la voracidad fiscal que está demostrando el Gobierno, con el incremento de todos los impuestos, sean directos o indirectos. El proyecto de ley supone incrementar la


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presión fiscal, ya que elimina la deducción por compra de vivienda; se establece un gravamen especial sobre los premios de loterías y apuestas; se integra en la base imponible las ganancias y pérdidas derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en un periodo igual o inferior a un año en el patrimonio del contribuyente y, por ejemplo, se establecen límites a las amortizaciones y se mantiene el impuesto sobre el patrimonio para el año 2013. Es una voracidad que se agrava con algunas enmiendas aprobadas en el trámite del Senado. Por ejemplo, se deroga la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero o se incrementan los mínimos del impuesto sobre labores de tabaco, entre otros. La voracidad del Gobierno no alcanza solo a ingresar más, sino a no dejar que otras administraciones puedan crear impuestos en el ejercicio de sus competencias. La enmienda aprobada por el Senado crea un nuevo impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, con un tipo impositivo cero -por el momento, según nos anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas-, por una enmienda formulada en el trámite parlamentario del Senado. ¿Por qué se crea este impuesto ahora, cuando alguna comunidad autónoma ya lo había establecido hace unos años? Según la justificación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado se pretende garantizar que los depósitos de las entidades de crédito reciban un tratamiento tributario homogéneo para que de ese modo el sistema financiero no pierda en términos de eficiencia. Señorías, la respuesta que creemos más veraz es que se pretende impedir que se incorporen nuevos instrumentos tributarios que puedan utilizarse por las comunidades autónomas para financiarse. La creación del impuesto por parte de las comunidades autónomas es legítima, se corresponde al ejercicio de las competencias que les confiere la Constitución, sus respectivos Estatutos de Autonomía y la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Por tanto es una decisión conforme a derecho y en el ejercicio de sus competencias. Muchas veces se ha dicho a las comunidades autónomas que deben asumir su responsabilidad en la consolidación de los respectivos presupuestos, que deben actuar tanto vía reducción del gasto como vía incremento de ingresos para cumplir con el déficit que se les marca, y cuando la asumen el Gobierno del Estado niega los instrumentos que estas disponen para hacerlo; un Estado que parece preferir resolver -de vez en cuando, de forma graciosa pero con un coste- los problemas de liquidez de las comunidades autónomas a dejar que estas administraciones se corresponsabilicen en el esfuerzo de la consolidación fiscal, con todas las consecuencias que ello conlleva. Su elección es la recentralización y el ahogo financiero de las comunidades autónomas. La nuestra es el ejercicio responsable de las competencias, la soberanía financiera y la responsabilidad fiscal.

Quisiera centrarme en una de las enmiendas aprobadas por el Senado, la que corresponde a la nueva disposición adicional tercera del proyecto de ley. Esta enmienda persigue que las transmisiones que deban realizar entidades financieras que se encuentren en determinadas situaciones de déficit de capital después de las pruebas de estrés y que estén condicionadas en algunos casos a traspasar parte de sus activos y pasivos a otras entidades financieras, con el fin de ajustar su perímetro y redimensionarse de acuerdo con criterios dirigidos a mejorar su eficiencia y su productividad, gocen de un régimen fiscal de neutralidad similar a las transmisiones que estas mismas entidades puedan realizar a la Sociedad de Gestión de Activos.

Para finalizar, como decía al inicio de mi intervención, presentamos una enmienda de devolución de este proyecto de ley por lo que contempla, pero sobre todo por lo que no contempla, como son: medidas de impulso de actividad económica, medidas para la creación de empleo. La tramitación en el Senado ha profundizado mucho más esta voracidad fiscal del Gobierno, que impone más gravámenes de forma generalizada al consumo, a la inversión, al ahorro, a la producción y que no asume que la política fiscal debe y puede ser un instrumento para la recuperación del crecimiento económico y el impulso de la creación de empleo. Por ello la mayoría de las enmiendas del Senado no contarán con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Señorías, otra oportunidad perdida para poner las bases del nuevo crecimiento económico.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el debate económico, a mi juicio, hay dos temas centrales. Todas las medidas que se toman, todos los proyectos de ley, todas las órdenes ministeriales tienen que ver con dos ideas: primero, cómo salimos de la crisis y, segundo, cómo repartimos los costes de la salida de la crisis. Esos son los dos


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temas centrales. La política del Gobierno tiene dos objeciones por tanto: la primera, hay muchísimas dudas de que su política sirva para sacar a España de la crisis económica; pero no hay ninguna duda sobre el segundo gran debate, y que el coste de la crisis y el de la salida de la crisis recae básicamente en la clase media y en la clase más desfavorecida. Ese es el núcleo central de todos los debates que esta mañana estamos realizando aquí y de todas las medidas que el Gobierno lleva a cabo. Primera idea: ¿sirve para salir de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista económico? Segunda: ¿cómo se reparte el coste de la salida?

Yo les quiero demostrar aquí con un par de ejemplos que efectivamente lo que piensa la gente es real. ¿Qué piensa la gente? Piensa que efectivamente el problema es de crisis económica, ese es el verdadero problema, pero de manera complementaria cree que esto es un fraude, un engaño, porque al final hay mucha gente que está pagando los costes de la salida de la crisis. El Gobierno trata de decir lo contrario. Trata de decir: No, estamos subiendo los impuestos a las rentas más altas, estamos luchando contra el fraude fiscal, contra el gran fraude fiscal, el internacional. Son medidas e ideas para lavar la cara de lo que en realidad está haciendo el Gobierno, de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno. Lo que es ya una realidad incontestable y está también encima de la mesa es el alto coste que tiene para los ciudadanos el rescate del sistema bancario, del sistema financiero español. ¿Cuánto? Que es alto, sin ninguna duda. ¿Cuánto? No lo sabemos, va a depender de la evolución del banco malo y vamos a tardar muchos años en saberlo, probablemente quince años. Ya sabemos que es muy alto el coste del rescate del sistema financiero para las arcas públicas; ya sabemos que como consecuencia de ese rescate nuestra deuda pública va camino de situarse en el cien por cien del PIB, de la riqueza de este país; ya sabemos que este año el déficit va a crecer como mínimo 1 punto como consecuencia de ese rescate financiero y que nuestra prima de riesgo, cómo nos financiamos o el coste de nuestra financiación pública y privada es el que es, como consecuencia de que efectivamente el rescate bancario termina siendo deuda pública. Eso es una evidencia y lleva a subir los impuestos y a hacer recortes. Por tanto, primera idea: hay una decisión del Gobierno. El Gobierno ha pedido el rescate bancario. Podría haber hecho otra política financiera pero ha tomado un camino, y tiene unas consecuencias desde el punto de vista de los impuestos, de los recortes y de cómo repartir los costes de la crisis económica y de la salida de la crisis. Son evidencias incontestables. Les voy a poner un par de ejemplos para demostrar que, efectivamente, lo que dice el Gobierno en cuanto a que sube los impuestos a las rentas más altas o que está luchando contra el fraude son medidas para tratar de lavar la cara, diferentes de lo que en realidad está haciendo. En el año 2012 y 2013 la mayor subida de impuestos de la democracia -con números del Gobierno- va a consistir en 22.000 millones de euros. ¿Cómo se reparten estos 22.000 millones de euros entre 2012 y 2013? Solo 17.000 millones de euros tienen que ver con el IRPF y el IVA, y en relación con el impuesto de sociedades 3.500 millones de euros. Lo pongo aquí encima de la mesa para que sus señorías comprueben que, efectivamente, no hay un reparto justo de la carga de la salida de la crisis. El incremento de los impuestos: 22.000 millones de euros, de ellos 17.000 lo vamos a pagar los ciudadanos por el IVA y el IRPF.

No termina ahí la injusticia impositiva. Sabemos que se ha aprobado una amnistía fiscal. Señorías -retengan este porcentaje-, hablamos de un regalo importante porque solo se iba a cobrar un gravamen del 10 %, pero nos hemos enterado de que el gravamen no es del 10 % -que ya era regalado- sino que puede estar entre el 1 y 2 %. Recordemos los números: no el 10 sino el 1 % o el 2 %, el regalo es mayor. El Grupo Socialista ya ha registrado en la Cámara una iniciativa para que el Tribunal de Cuentas fiscalice la amnistía fiscal, porque lo recaudado no llega a la mitad de lo que se había presupuestado. Queremos saber en realidad cuál es el dinero realmente aflorado; queremos saber por qué finalmente no se ha cobrado -como decía la ley- el 10 % y se ha terminado cobrando o exigiendo entre el 1 % y el 2 %. Queremos saberlo y que el Tribunal de Cuentas fiscalice la amnistía fiscal desde el punto de vista presupuestario, de la eficiencia y de la economía; no solamente la amnistía nacional, también la repatriación de dividendos de paraísos fiscales. Se dice: Estamos luchando contra el fraude internacional, contra los paraísos fiscales. Se dice eso, pero se hace una amnistía, se reconoce y se aprueban esos paraísos fiscales para esos dividendos que se van a repatriar. Ya veremos cuántos de esos recursos se van a repatriar. Se dice: Estamos luchando contra el fraude internacional, una locura de lucha contra el fraude internacional. Se dice eso, aunque se modifican las leyes para que Eurovegas venga a España. Es decir, se modifica a hurtadillas el IBI y algún otro impuesto, como el impuesto sobre actividades económicas, con esta ley para que Eurovegas venga. Se dice: Estamos luchando contra el fraude. Se dice eso, pero ahora las pérdidas del juego son deducibles, señorías. Es decir, que el blanqueo de capitales se puede deducir


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de los impuestos españoles. Aunque el Gobierno dice que estamos luchando contra el fraude internacional y el español, lo que muestra la evidencia empírica es que después de una amnistía se recauda menos porque el fraude es mayor porque lo que se deteriora, se destruye es la conciencia fiscal del país. Por tanto, una cosa es lo que dicen -ahí está la doble moral, la doble vara de medir- y otra cosa es lo que hacen. En definitiva, dicen y hacen algunas cosas para lavar la cara por lo que realmente están haciendo, que el coste de la crisis no se reparte de manera igualitaria. Eso es una realidad impepinable. Señorías, los ciudadanos saben que hay que hacer recortes, saben que se tienen que ajustar, pero, piensan que hay otras maneras de ajustar y de recortar. Creen que estos recortes tienen que ver con decisiones propias del Gobierno y que el reparto del recorte tiene que ser más justo. Por no hablar del impuesto cero a los bancos, del que ya se ha hablado desde esta tribuna y en esta casa en muchas ocasiones. Señorías, solo por aportar algún elemento más, estamos hablando de un regalo de 1.000 millones de euros a la banca con este impuesto cero. No ha habido en la historia de los países de la OCDE ningún ministro que haya puesto un impuesto cero a los bancos, en ningún lugar. Esta es la realidad, 1.000 millones que se le regalan al sistema financiero, cuando los españoles tienen que sufrir ajustes y subidas de impuestos como consecuencia del rescate del sistema financiero. Señorías, los ciudadanos son conscientes de que hay que hacer recortes, pero también tienen muy claro que los ajustes y los recortes tienen que ser más justos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.

El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente.

Señorías, hoy culmina la incorporación a nuestro sistema tributario del conjunto de medidas incluidas en la ley de consolidación de las finanzas públicas y de impulso a la actividad económica. Esta ha sido una ley de una tramitación muy laboriosa. Han sido debatidas primero las enmiendas a la totalidad aquí en el Pleno del Congreso y después con competencia legislativa plena se han discutido técnicamente en Comisión cada una de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que han sido numerosísimas. Además, este grupo parlamentario ha hecho caso al pie de la letra de las recomendaciones y del deseo del ministro de incorporar el mayor número de enmiendas de los grupos parlamentarios cuando coincidieran con el ánimo teleológico de la ley que estamos tramitando. En ese sentido, el ofrecimiento que hizo el señor ministro de Hacienda en su día fue sincero y generoso. La incorporación a través de una ley especial de este conjunto de medidas tributarias a nuestro sistema tributario -que se incorporan ya definitivamente, no solo de forma coyuntural- rompe con aquella discusión sobre si debían incorporarse como una ley especial o dentro de la Ley General de Presupuestos. Esa era una discusión doctrinal a la que se ha puesto fin con este procedimiento y esto es importante.

¿Qué ha pasado en el Senado? En el Senado se han producido una serie de vetos que han sido derrotados por el Grupo Parlamentario Popular y se han presentado numerosas enmiendas de todos los grupos parlamentarios y también del Grupo Parlamentario Popular. Pese a lo que se ha dicho aquí, las enmiendas han tenido un claro carácter social en algunos casos y, en otros casos, tenían una clara finalidad de impulso a la actividad económica. Considerar como no deducibles en el impuesto sobre sociedades determinadas indemnizaciones por la extinción de los contratos laborales o de la relaciones mercantiles de los altos ejecutivos o eliminar la reducción del 40 % en aquellas indemnizaciones generadas con más de dos años o que se hayan obtenido de una forma notoriamente irregular en el tiempo, son medidas de importante carácter social. Al mismo tiempo, se han introducido algunas que han llamado la atención a los medios de comunicación, como la incorporación a tipo cero de una serie de medidas tributarias sobre los depósitos bancarios. A este respecto tengo que decir, primero, que es una obligación constitucional del Estado español ordenar el sistema financiero en su conjunto, y el que no entienda que no se puede fraccionar el sistema financiero y que es una obligación que no puede ser dejada por omisión por parte del Gobierno de España, es que no ha entendido ni se ha leído con frecuencia en los últimos tiempos nuestra Constitución. Por tanto, yo creo que es adecuado, porque además el coste de establecer un impuesto por parte de algunas administraciones territoriales sobre los depósitos bancarios lo único que iba a producir es el encarecimiento del coste del crédito, el encarecimiento para todas las personas que necesitan financiar, las empresas que crean empleo, o para aquellas personas que tienen que acceder a la vivienda, con lo cual iban a pagar mayores tipos de interés y un dinero mucho más caro que el que correspondería en este sentido. Por lo tanto, no entiendo algunas de las intervenciones que aquí se han producido esta mañana.


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Hay otras enmiendas que se han introducido en el Senado que tienen un carácter especial, como la nueva regulación de las Socimi en el sentido de impulsar la actividad económica del arrendamiento de viviendas. Creo que se han disminuido los requisitos formales para hacer viable un régimen que hasta ahora no había sido operativo, precisamente por las exigencias de carácter formal que lo hacían bastante inoperativo. Dicho esto, creo que en su conjunto las medidas que se han tomado son de carácter claramente progresivo, porque si gravar con un gravamen especial -dicha sea la palabra- la tenencia de bienes inmuebles, propiedades, sociedades residenciadas en paraísos fiscales no tiene un carácter marcadamente social, que venga Dios y lo vea; incluso aquello que critican algunas personas, la posibilidad de aplicar lo mismo que en el impuesto sobre construcciones y de obras de los ayuntamientos -impuesto de carácter local- al IBI y a otros impuestos de carácter local, a lo que todo el mundo le pone un adjetivo pensando en algún gran proyecto. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que si ese proyecto se lleva a cabo evidentemente se van a crear empleos con carácter permanente, y esa es una de las cuestiones que más preocupa a este grupo parlamentario.

Quiero hacer ahora una breve ronda para contestar a los que han intervenido. Evidentemente, estoy de acuerdo con la portavoz del Bloque Nacionalista Galego en que hay alguna enmienda que apoya claramente a un sector como el naval, que requiere de una aportación de capital intensiva importante y que en estos momentos, por la situación económica global no solo de España sino de todos los países, está pasando duras dificultades. Por lo que se refiere al portavoz de Esquerra Republicana -no le veo ahora- le diría que se ha confundido de escenario; este no es un escenario para reivindicar la discusión de un proyecto de ley de medidas tributarias para hablar o pedir la libertad de un preso en Cataluña. Por lo tanto, yo creo que se ha equivocado, pero sí le voy a decir que usted está confundiendo, señor Tardà, la democracia con sus intereses puramente nacionalistas o ultranacionalistas y personales. Debe usted leerse la ley de leyes, que es la Constitución, que lo establece de forma muy clara; usted debe respetar la Constitución, porque es la ley de leyes, y acatar lo que dice, que España tiene un carácter unitario e indisoluble; eso es lo que hay respetar. Por otra parte, coincido con UPyD, porque han tenido iniciativas que en muchos casos han sido oportunas. Lo importante es que se haya incorporado, con las matizaciones o modificaciones que hayan podido tener en su caso, ya que todo eso aporta ideas, que es lo que tienen que hacer los grupos parlamentarios, aportar ideas al debate, en este caso tributario. Por tanto, yo creo que es positiva su participación en todo este proceso. Al final, se ha derivado usted por una serie de medidas de carácter tributario futuras, como las Sicav, etcétera, que serían una locura, pero no es el momento de discutirlas, así que ya lo haremos, si ha lugar, en otro momento. Por lo que se refiere a Izquierda Unida, ha hablado de la regresividad del IVA, y tengo que decirle que por naturaleza el IVA no es un impuesto regresivo, es un impuesto que precisamente es neutro. Todos los sistemas fiscales modernos van siempre a un equilibrio entre la proporcionalidad de los impuestos directos y los indirectos, no a hacer predominar uno sobre otro. Cada vez más hay unos impuestos indirectos porque tienen un menor esfuerzo fiscal, tienen una ilusión fiscal de que no producen mayor esfuerzo.

En cuanto a lo que dice sobre que no se impulsa con este proyecto la actividad económica, les diré que este proyecto de ley es una medida más dentro del buen camino iniciado por este Gobierno. Es la primera vez en catorce años -lo tengo que decir así- que no requerimos financiación externa. En este sentido, el superávit por cuenta corriente de capital es de 2.880 millones de euros. Esto hay que reconocerlo. Vamos por el buen camino y poquito a poco, teniendo en cuenta que el punto de partida ha sido tan nefasto como el que nos dejó el Gobierno socialista, que ahora parece que tiene una especie de amnesia total sobre lo que ha sucedido. En el año 1996 nos dejaron el país con el 25 % de tasa de paro, con muchos millones de parados y el país arruinado. Volvieron a gobernar y nos dejaron otras vez el país arruinado, a punto de ser rescatado o intervenido y perdiendo todo el prestigio internacional, no solo desde el punto de vista político sino económico. Por favor, si quieren ser aspirantes a ser un partido de Gobierno, sean más prudentes en lo que dicen, porque en esos dos últimos años pasaron de un déficit público del 40 al 90 % del producto interior bruto. Por tanto, no hagan ustedes ejercicios académicos como si no tuviéramos memoria, como si no supiéramos lo que ustedes han hecho en el ejercicio del poder y, sobre todo, en la administración de la cosa pública, que permanentemente ha sido paro, inflación y déficit público. Todo lo apuntan a la deuda. (Aplausos). Por cierto, en cuanto al impuesto sobre las entidades de depósito, una Administración tributaria que lo está aplicando, como es la andaluza, en los dos últimos trimestres ha recaudado 300.000 euros. Son datos de la Agencia Tributaria andaluza. Si ustedes dicen que esto es lo que hay que mantener (Algunos señores diputados: ¡Es una barbaridad!), es una barbaridad, como dicen algunos compañeros de escaño.


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Voy a ir terminando, porque el tiempo se me agota, diciendo a CiU que han escogido, desgraciadamente, unos malos compañeros de viaje. Es verdad que han estado aquí muy prudentes, que han hablado de un impuesto, y quiero decir que sobre esa enmienda de la que usted ha hablado específicamente sobre la transmisión de activos y pasivos, el espíritu del legislador, si en algo vale, es que solamente se aplique a aquellas operaciones de reestructuración bancaria y que no se utilice para otros procesos, como pudieran ser los de fusiones, los de absorciones, etcétera. Ese es el espíritu del legislador y no otro, que no se puede interpretar la norma tributaria por analogía. Dicho eso, usted tiene que comprender perfectamente que las boutades, desde el punto de vista tributario, se pagan. Ustedes van a estar sufriendo de forma permanente hasta que disuelvan esa vinculación que tienen con Esquerra Republicana, y lo van a sufrir porque les van a echar en cara, el pueblo catalán el primero, que les hayan subido los impuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 38613).

El señor PRESIDENTE: El punto VIII del orden del día es el relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados. Ha sido distribuido a los grupos y a los diputados interesados y, en principio, se votará cuando efectuemos las votaciones.

DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, corresponde el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. Para la presentación del proyecto, tiene la palabra la señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

El Gobierno, en la línea que se ha marcado en esta legislatura, está impulsando una nueva política en materia de vivienda que aborde las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo que pretendemos es corregir las debilidades estructurales y hacer que las ayudas de Estado beneficien a quienes más lo necesitan y atender los problemas de sostenibilidad ambiental que afectan a nuestras ciudades y nuestras villas. Tenemos un parque de 26 millones de viviendas, de las que el 58 % tienen más de treinta años y, aproximadamente, 6 millones tienen más de cincuenta años, con un grado de ineficiencia energética cercano al 60 %. Por otro lado, los sucesivos planes de vivienda que se han aprobado por el Gobierno anterior fomentaron la construcción de nuevas viviendas en un parque inmobiliario que mostraba ya claros índices de saturación. Se dieron 1.720 millones de euros en ayudas a la adquisición de vivienda frente a los 337 millones que fueron destinados al alquiler. En el periodo 2004-2011, señorías, se construyeron en España 3.974.127 viviendas; 498.982 protegidas y 3.475.145 libres. La herramienta que se concibió como fundamental para fomentar el alquiler, la Sociedad Pública de Alquiler, nunca alcanzó ese objetivo, pues apenas gestionó 4.500 alquileres y dejó una deuda de más de 42 millones de euros.

Señorías, señor presidente, la política de vivienda que estamos impulsando tiene tres ejes fundamentales. En primer lugar, fomentar el mercado del alquiler de viviendas; en segundo lugar, concentrar las ayudas al alquiler entre los grupos sociales más vulnerables; y, en tercer lugar, impulsar la rehabilitación residencial, la regeneración y la renovación urbana. Estos tres ejes se van a desarrollar principalmente a través de tres actuaciones. En primer lugar, el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler que hoy nos ocupa; en segundo lugar, el nuevo Plan estatal de vivienda 2013-2016; y, en tercer lugar, la nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. En suma, vamos a desarrollar una política de vivienda más social, más respetuosa con el medio ambiente,


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que sirva para mejorar la calidad de vida y que contribuya a que este sector genere de nuevo actividad, empleo y riqueza.

Señorías, el fomento del alquiler contribuirá a la dinamización de este sector, que se caracteriza por una alta tasa de propiedad y un débil mercado del alquiler. España, señorías, se coloca a la cola de Europa en materia de alquiler. Solo el 17 % de la población reside en una vivienda en régimen de alquiler, frente al 83 % que lo hace en una vivienda en propiedad. Este dato nos sitúa en los últimos puestos en la Europa de los Veintisiete, ya que la media en la Unión Europea está próxima al 30 %. Esto pone de manifiesto dos debilidades estructurales de nuestro sistema: En primer lugar, el escaso peso que tiene el mercado del alquiler de vivienda; y, en segundo lugar y muy importante, la reducida proporción de familias que con bajos niveles de ingresos acceden a través del alquiler a la vivienda. En España, tan solo el 25,6 % de las personas con rentas bajas alquilan vivienda, frente al 52,9 % de media en Europa. Además, hay otros datos. Según Eurostat, somos el país con una mayor desproporción en la relación entre propietarios e inquilinos. Frente al 61 % de la media europea, la relación en ambas modalidades supera en España el 80 %. Tenemos más de 3 millones de viviendas vacías que podrían dedicarse al alquiler y, como he recordado anteriormente, hay un stock de vivienda nueva sin vender preocupante, de casi 700.000. Por todo ello, señorías, la apuesta del ministerio es que el mercado del alquiler en España sea una alternativa eficaz y real al de propiedad. Es preciso ampliar la oferta de viviendas en alquiler, lo que permitirá un nivel de precios más competitivos y en un mercado más profesionalizado. En esta línea se sitúa este proyecto de ley para lograr un mercado más profesional, más flexible, más eficiente y sin merma de la seguridad.

Como saben, el régimen jurídico de los alquileres de vivienda se encuentra en la actualidad regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1994. Los años transcurridos desde su aprobación han puesto de manifiesto su inadecuación para impulsar y dinamizar el mercado del alquiler y para favorecer el acceso a la vivienda de los ciudadanos, especialmente en momentos como los que vivimos en los que es imperativo impulsar la movilidad laboral y adoptar soluciones eficaces ante la pérdida de sus hogares por parte de muchas familias. Con este proyecto de ley, señorías, el Gobierno quiere corregir las insuficiencias de la legislación actual, introduciendo una serie de modificaciones en las ya citadas Ley de Arrendamientos Urbanos y Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con un objetivo, el de flexibilizar y dinamizar el marco actualmente vigente, marco que, desde luego, tiene que traer consecuencias positivas para todos y un buen número de viviendas actualmente vacías tendrían que salir a ese mercado de alquiler.

Señorías, va a haber, sin duda, una mayor oferta de viviendas, una mayor capacidad de elección de los futuros arrendatarios y una disminución del precio, que es muy necesario, por ese aumento de la oferta. Invertir la tendencia actual de la primacía de la vivienda en propiedad puede contribuir a mejorar la situación económica y social de muchas personas que en estos momentos lo están pasando muy mal y que no tienen acceso a la vivienda. En la medida en que con esta reforma se atraiga al mercado un mayor número de viviendas vacías, se facilite el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables, estaremos contribuyendo a dar más calidad de vida a quien no lo tiene y, si me permiten, a una mayor movilidad de los trabajadores, mediante un rápido acceso al alojamiento fuera de su residencia habitual. Estaremos contribuyendo también a la lucha contra la crisis económica y el desempleo que, como saben, es una prioridad de este Gobierno.

Como decía, señorías, el primer objetivo de la reforma es flexibilizar, pero flexibilizar con equilibrio, es fortalecer la libertad de pacto entre las partes para que puedan llegar a todos aquellos acuerdos que razonablemente no deban formar parte de un régimen impuesto directamente por la ley. Flexibilizar, señorías, no es malo; flexibilizar puede arreglar muchos de los problemas que tienen en este momento los inquilinos y también los propietarios. Hay que preservar en todo caso ese adecuado equilibrio. Flexibilizamos los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento. Por un lado, se reducen de cinco a tres los años de duración de la denominada prórroga obligatoria y se reduce de tres a uno la denominada prórroga tácita automática, para que una vez transcurrido el tiempo pactado por la duración del contrato y su prórroga forzosa, el contrato pueda verse prorrogado tácitamente por un año. Pero esto no impide, señorías, que arrendador y arrendatario lleguen a un pacto para que esa duración sea otra. Dar libertad, señorías, no es obligar, como saben, no es quitar libertad a la gente y no es dar un peor mercado del alquiler. Se regula la posibilidad de que el arrendador pueda recuperar el inmueble para destinarlo a vivienda permanente, para sí o para sus familiares en primer grado de consanguinidad, o por adopción, o para un cónyuge en supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que hubiera trascurrido al menos el primer año de duración del contrato y se comunique con dos meses de antelación. Se prevé que el arrendatario pueda desistir del contrato del arrendamiento una vez que


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hayan transcurrido al menos seis meses. Todos nosotros conocemos a alguna persona cercana que ha necesitado rescindir su contrato y no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer porque el contrato le obligaba y, sin embargo ahora, siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de un mes, se podrá ir de esa vivienda cuyo alquiler a lo mejor no puede pagar. Se fomenta la rehabilitación de la vivienda de modo que, siempre que las partes lo acuerden, ésta pueda ser sufragada total o parcialmente por el arrendatario a cambio de una parte del pago de la renta. Se establece la posibilidad de que las partes puedan pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente para que, una vez transcurrido el tiempo pactado para la duración del contrato y su posible prórroga forzosa, el contrato pueda entenderse prorrogado tácitamente por un año en la nueva regulación, si las partes no señalan lo contrario, que lo pueden señalar.

Señorías, la reforma también tiene como objetivo mejorar la seguridad del tráfico jurídico. En primer lugar, la inscripción en el registro del contrato de arrendamiento es absolutamente voluntaria. Cualquier comprador que adquiera una vivienda estará obligado a permitir que el arrendatario continúe con su contrato, siempre que dicho contrato esté inscrito en el registro. Si el contrato de arrendamiento no está inscrito, el comprador de buena fe no estará obligado a respetar el arrendamiento concertado por el anterior propietario y el arrendatario perderá ese derecho. Este criterio modifica la situación actual en la que los compradores de una vivienda arrendada permitían la continuidad del arrendamiento al menos hasta el periodo de cinco años. Esto no es quitar derechos, señorías, es simplemente que se recoja aquello a lo que tienes derecho en cada momento, porque si una parte no se obliga, la otra tampoco se obliga. Además, como todos ustedes saben, muchos de nosotros hemos sido inquilinos en una etapa de nuestras vidas o a lo mejor hemos arrendado en otra etapa. La sociedad no se divide exclusivamente en este momento de esa manera que algunos de forma torticera han querido hacer ver. Lo que tenemos que hacer es facilitar a una persona que quiera alquilar una vivienda que lo pueda hacer con la máxima transparencia y con las máximas garantías, y a la persona que la alquila que también pueda preservar sus derechos. El que alquila es una persona que quiere obtener una renta y el que accede a una vivienda en alquiler es una persona que no ha optado por la compra de la vivienda y quiere tener las mejores condiciones posibles. Además, señorías, una vez inscrito ese alquiler, la transmisión a un tercero de la vivienda arrendada no podrá afectar a sus derechos legales -prórroga forzosa o prórroga tácita- derivados del contrato de arrendamiento, pues el tercer adquiriente tendrá que respetar el contrato. En segundo lugar, se protegen los derechos del propietario frente al impago de las rentas mediante la agilización de los procedimientos judiciales para evitar situaciones injustas que con frecuencia se dan. El inquilino que no haya pagado tendrá un plazo de diez días para pagar, pero puede alegar las razones que justifiquen el impago y que lógicamente serán tenidas en cuenta por el juez. De esta forma, el inquilino podrá justificar esas causas que hayan provocado el impago para que sean tomadas en cuenta por el juez. Pensemos en el caso, por ejemplo, de enfermedades, o situaciones familiares excepcionales, o cuando el inquilino pida más tiempo para poder pagar. Lo puede hacer; claro que lo puede hacer. Se vincula el lanzamiento o la falta de oposición del demandado, de manera que si no atiende el requerimiento o no comparece el secretario judicial dicta el decreto dando por terminado el juicio y se produce el lanzamiento, obligando al demandado a abandonar la vivienda. Con esta reforma se evitan situaciones que se están produciendo en este momento y que son desagradables para todos, en las que los inquilinos pueden en cualquier momento abonar la renta hasta el último momento interrumpiendo el procedimiento, pero esto está dando lugar a tal inseguridad jurídica, que en este momento, como saben, es fácil que ustedes encuentren personas mayores -por ejemplo, viudas- que tienen una pequeña vivienda que suponía una renta aunque no muy alta que venía a añadirse a sus pequeños ingresos y que no ponen en alquiler porque no tienen esa seguridad; por eso, lo que prevé esta ley es intentar equilibrar. Señorías, en este trámite tenemos todavía mucho camino por recorrer y estoy segura de que las aportaciones de todos ustedes seguramente harán posible mejoras sustanciales en aquellas cosas en las que no hemos tenido suficiente instinto o conocimiento para hacerlas de otra manera.

Señorías, la ley también incluye medidas en el ámbito fiscal. El proyecto de ley contempla también una serie de medidas en el ámbito fiscal para incentivar el mercado del alquiler. Estas medidas, como saben, se han introducido vía enmienda en la ley de medidas tributarias actualmente en tramitación parlamentaria, con objeto de que entren en vigor el 1 de enero de 2013. Me estoy refiriendo a la modificación del impuesto sobre sociedades para flexibilizar los criterios que permitan aplicar el régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas o de locales. Se reduce el número de ellas a ocho, antes era de diez, y el periodo de tiempo, antes de siete y ahora de tres. La modificación del régimen fiscal de las Socimi flexibiliza


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los requisitos exigidos a estas sociedades. Señorías, la experiencia ha demostrado -ya existían- que los requisitos exigidos para la aplicación del régimen especial lo habían convertido en un régimen totalmente inoperativo; no habían llegado ni a cinco las Socimi que se habían creado. Se reduce el plazo exigido para que los bienes inmuebles que hubieran sido promovidos por la entidad se mantengan en arrendamiento de siete a tres años. Se eliminan los requisitos de diversificación. Se reducen las obligaciones de distribución de beneficios. Se flexibilizan los requisitos mínimos para acceder a la negociación en un mercado regulado y se reduce la cifra del capital social mínimo de 15 a 5 millones. Se elimina el requisito de que la financiación ajena de la entidad no supere el 70 % del activo y se simplifica el régimen fiscal especial. Finalmente, se modifica en el impuesto sobre la renta de los no residentes el gravamen especial sobre bienes inmuebles y se dejan sujetos a dicho gravamen exclusivamente los rendimientos obtenidos a través de países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal. O sea, se hace justamente para que nadie lo haga, porque es absolutamente ilegal, en paraísos fiscales.

Señorías, este proyecto de ley fue informado por el Consejo de Ministros en primera lectura el 11 mayo de este año y posteriormente se sometió al informe preceptivo de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo del Notariado, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, del Consejo de Consumidores y Usuarios, del Consejo General de la Abogacía del Estado y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También el informe potestativo de las comunidades autónomas, recibiendo informes de varias comunidades: Valencia, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. Además se sometió al preceptivo trámite de información pública en un plazo de veinte días, desde el 15 de junio al 9 de julio, ambos inclusive. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Se recibieron ciento cuarenta y dos observaciones. De ellas, me gustaría destacar las recibidas de entidades y asociaciones que representan intereses generales de los ciudadanos, como son la organización de consumidores Facua, la Asociación española de todos los propietarios, la Asociación de promotores y constructores, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales o el Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, por poner algunos ejemplos.

Señor presidente, señorías, concluyo ya. Creo que es evidente la necesidad de reorientar la política de vivienda para dar la vuelta a una situación consolidada por políticas inadecuadas en las que no se tomaron medidas eficaces para contrarrestar la crisis económica ni tampoco se adoptaron medidas para impedir la burbuja inmobiliaria. De los años 2004 a 2011 hemos asistido, señorías, a una no buena orientación de la política de vivienda; es más, hemos asistido al empeoramiento de la situación. Señor presidente, señorías, nos encontramos ante una buena oportunidad para cambiar el modelo tradicionalmente orientado a la vivienda en propiedad por uno en el que el mercado del alquiler sea realmente una alternativa eficaz. Y para ello tenemos que contar con todos; tenemos que contar con las aportaciones de sus señorías, de todos los grupos políticos, no podía ser de otra manera. También tenemos que contar con la participación de todas las administraciones públicas, la Administración local, la Administración autonómica y la Administración del Estado. También solicito a todos ustedes que en la tramitación de este proyecto de ley y en la presentación hoy de algunos grupos políticos de estas enmiendas a la totalidad, seamos capaces de transitar un camino juntos, basado en el diálogo con todas las fuerzas políticas para enriquecer esta ley, para mejorarla y para hacer posible ese derecho que contempla nuestra Constitución, que es el derecho al acceso a la vivienda. Sin duda, todos tenemos mucho que ganar, especialmente los ciudadanos que en este momento, como saben, se están viendo privados del acceso a ese derecho, el derecho a la vivienda.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

A este proyecto se han presentado tres enmiendas a la totalidad, de devolución, y para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el Partido Popular, además de imponer los mayores recortes de derechos a la ciudadanía que se recuerdan en los últimos cuarenta años, ha intentado también en este año de gobierno acostumbrarnos a un lenguaje eufemístico y que pervierte sistemáticamente el verdadero significado de las palabras. Como ejemplo, el título de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas a un proyecto de ley que lo que realmente hace es respaldar de nuevo a los de siempre. Estimula fiscalmente a las empresas de inversión inmobiliaria, amplía sus bonificaciones fiscales en un momento de subida indiscriminada de impuestos a la inmensa mayoría de la sociedad y debilita y desprotege a los inquilinos. Pero no hay


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eufemismo posible para disfrazar la realidad de un país en el que existen a día de hoy, y según datos oficiales, más de tres millones de viviendas vacías y cerca de un millón de viviendas nuevas sin vender. Paradójicamente, son cada vez más las personas, muchas de ellas personas jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda, y cada vez es mayor también el número de personas que son expulsadas de su vivienda. Los desahucios judiciales se han incrementado en un 60 % respecto del año 2011 y ya representan el doble que en el año 2009.

Con este panorama, el Gobierno nos trae una reforma que se centra, como dije, en defender y favorecer solo a una de las partes en la relación arrendaticia. En vez de tratar de favorecer la posición de aquellas personas que a duras penas pueden sostener una vivienda, su anteproyecto, señora ministra, consiste en seguir retrocediendo gravísima e inadmisiblemente en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas en el Estado español. Lo que ustedes llaman flexibilización es en realidad precarización para los inquilinos y favorecer los intereses de los grandes grupos inmobiliarios, propietarios o gestores de viviendas. Cito varios ejemplos: priorizan la voluntad de las partes como si arrendador y arrendatario fuesen dos partes iguales, cuando en la práctica un contrato de arrendamiento no es más que una adhesión de un inquilino a las condiciones fijadas ya previamente por el propietario; rebajan el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada de cinco a tres años; dan al propietario casi plena disponibilidad para disponer de la vivienda para sí mismo o sus familiares, independientemente de que esto se hubiera pactado en el contrato; en el caso de venta de la vivienda, el inquilino pierde el derecho de adquisición preferente, que se limita a que se haya inscrito esta opción en el Registro de la Propiedad. Y desde luego, la medida que nos parece especialmente gravosa para los arrendatarios en esto que ustedes insisten en denominar flexibilización es la desaparición de las garantías judiciales. Esto pondrá todavía más a los pies de los caballos a aquellas personas en situación económica vulnerable e impedirá definitivamente ofrecerles alternativas ante una situación de desahucio. En otras palabras, respaldan ustedes exclusivamente al arrendador, que podrá expulsar de una vivienda a personas que no pueden afrontar su pago sin tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas y/o personales. En definitiva, garantizan la legalidad de una nueva modalidad de desahucio, el desahucio fulminante, en un momento en el que la crítica situación económica general aboca a miles de personas a no poder atender sus compromisos de vivienda.

Mientras el proyecto permite esto, por otro lado concede un sinfín de ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades inmobiliarias, empezando por eximir de tributar a las sociedades de inversión inmobiliaria. Trasladan dicha obligación exclusivamente a los accionistas, pero, eso sí, a un tipo de gravamen muy favorable. En un momento en el que la mayoría de los ciudadanos tenemos que seguir sacrificándonos, en palabras del propio Gobierno, ustedes relajan la carga fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria y siguen todavía, como si no hubiese pasado nada, alimentando la espiral de la especulación inmobiliaria. Se favorece la apertura del mercado de viviendas vacías a personas y entidades residentes en paraísos fiscales, con la introducción de numerosas excepciones que les permitirán invertir capital desde cualquier lugar. En definitiva, este es un proyecto que no reflexiona sobre el conjunto de la situación de la vivienda en el Estado español, sobre la necesaria revisión a fondo de las políticas de vivienda para que el acceso en condiciones de igualdad y dignidad sea efectivo. Tampoco es un proyecto que regule y establezca mecanismos para que las entidades públicas se hagan con un patrimonio público de vivienda destinada al alquiler social entre las cada vez más numerosas personas necesitadas de ella. Es un proyecto que establece estímulos fiscales en una sola dirección, y no precisamente en la de las personas económicamente débiles, para que puedan aliviar el coste de la vivienda en momentos de gravísima crisis económica. Tampoco contempla alternativas a la pérdida de vivienda en situaciones de insolvencia familiar consumada. Al contrario, mediante un desahucio abusivo, a nuestro juicio, ni siquiera permitirá la continuidad en el disfrute de la misma en aquellos casos de verdadera emergencia social. Finalmente, tampoco contiene propuestas de actuación en el mercado de alquiler de la sociedad de activos procedentes del sector financiero, es decir, de lo que se dio en llamar banco malo. Ninguna propuesta para que el banco malo sea verdaderamente un agente que ofrezca vivienda a precios asequibles, sobre todo a familias y personas con dificultades; ninguna propuesta para que se comporte ese banco malo como verdadero operador para estimular el mercado de alquiler y la oferta de vivienda bajo una perspectiva social.

Ustedes, señora ministra, solo tienen propuestas y medidas a la hora de destinar ingentes recursos y ayudas públicas al sector financiero para sanear sus balances y como contraprestación nunca ofrecen alternativas a la falta de crédito, a los desahucios y a la ruina de miles de ciudadanos y ciudadanas. El


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Bloque Nacionalista Galego pide la devolución de este proyecto por todo lo que le acabamos de exponer y porque reafirma y continúa con las erróneas políticas sobre vivienda que nos llevaron a tener, por un lado, un escandaloso número de viviendas vacías y, al mismo tiempo, un escandaloso número de personas que cada vez tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez Fernández.

Por el mismo grupo, señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Intervendré brevemente desde el escaño para fijar la posición de Geroa Bai, que será favorable a las propuestas de devolución de este proyecto de ley. Quiero recordar que frente a la voluntad del enunciado, medidas para la flexibilización y fomento del alquiler, a nuestro entender la realidad del texto legislativo es otra y bien diferente. Desde luego no responde a la convicción de que el alquiler es una alternativa real al problema de la vivienda -quiero centrarme aquí-, que es un problema de modelo económico, eso sí, pero que en estos momentos es un urgente y grave problema social.

A nuestro entender, el texto tiene carencias sustanciales, como la falta de apuesta por una agencia pública que permita equilibrar los derechos que asisten a las dos partes en la misma medida, falta de apoyo a un parque social de vivienda en alquiler y otras modificaciones que creemos serían en estos momentos bien necesarias: seguro de cobro para propietarios cuando el inquilino finalice el cobro de la subvención por desempleo o mediadores públicos municipales -dejo el apunte hecho- de acuerdo con los servicios sociales de base para las relaciones contractuales, cuando así lo solicite una de las dos partes.

No me alargaré más. Como digo, son razones que nos llevan a apoyar las enmiendas de devolución que hoy se plantean y que en cualquier caso, dada la realidad de la aritmética parlamentaria, habida cuenta de que no saldrán adelante, son algunas de las reformas que a nuestro entender deberán acompañar al proyecto que hoy nos ha presentado el Gobierno.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Por el mismo grupo, señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a empezar mi intervención positivamente porque, sin que sirva de precedente, en una cosa estoy de acuerdo con la señora ministra. La señora ministra ha dicho que hay que remendar la política de vivienda y en eso estamos de acuerdo. Pero no creo que la ley que hoy se presenta ayude o favorezca ese remiendo. Mi grupo no cree que esta ley de alquiler o de flexibilización del alquiler facilite el acceso universal a una vivienda digna. Sabemos que aquí ha habido años en los que se ha edificado sin control y sabemos que hay millones de viviendas vacías. Con esta ley creemos que, en lugar de facilitar, dificultamos un tanto adquirir esas viviendas.

Estamos de acuerdo con las enmiendas a la totalidad que se han presentado en lo relativo a que las condiciones del contrato de alquiler no se deberían reducir, ni siquiera las prórrogas, o que no se debería negociar el derecho de adquisición preferente. Porque, señora ministra, los arrendamientos no se regirán por pactos porque, simplemente, el arrendador y el arrendatario nunca están en la misma posición. Está claro que al arrendador le sobra una casa que el arrendatario necesita, luego sabemos quién fijará las condiciones en estos casos. Por eso creemos que esta ley no fomenta ni flexibiliza. Los desahucios hacen que cada vez más familias se queden en la calle y el hecho de que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos esté en esos términos no posibilitará que esas familias que quedan en la calle tengan facilidad alguna para adquirir una vivienda en buenas condiciones. Nosotros, Bildu, en Euskal Herria hemos presentado una propuesta con la que pretendemos que esas viviendas desahuciadas que quedan vacías las gestionen las instituciones públicas para poder alquilarlas con unos precios más sociales y ofrecerlas en alquiler social para que esas familias no queden en la calle. Ustedes manejan el Gobierno y manejarán el banco malo, así que deberían atreverse con políticas más sociales que las que hoy nos presentan aquí.

Para concluir -y aunque sé que a muchos de ustedes no les interesa o mirarán a otro lado-, quisiera manifestar que el 12 de enero estaré en Bilbao y, por solidaridad, llevaremos en nuestro corazón a Alfon Fernández.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.

Señorías, con este proyecto de ley de fomento y flexibilización del mercado del alquiler el Partido Popular reduce la solución de los problemas de accesibilidad a la vivienda a la normalización del funcionamiento de los mercados y a los incentivos que puedan movilizarlos. Para ello pretende trasladar el negocio de la venta al negocio del alquiler.

Señora ministra, con esta ley su Gobierno, de manera desafortunada, comete un grave error de bulto. Se olvida de que los problemas de acceso a una vivienda digna para millones de personas en España tienen una dimensión social y, tal vez por ello, vulnera al menos tres principios legislativos básicos, como son el artículo 47 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, suscrito por el Estado español en 1977. El derecho a la vivienda no puede estar regido única y exclusivamente por las reglas de mercado, sin ninguna regulación, favoreciendo a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios y a costa de precarizar aún más los derechos que hasta ahora se reconocían a los inquilinos frente a los de los arrendadores. Es así como presentamos esta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Porque lo único que pretende, señora ministra, es fomentar el alquiler de viviendas bajo la premisa de que tenemos un mercado de vivienda en alquiler disfuncional e inflexible, que no ofrece seguridad jurídica al propietario. Pues bien, la solución a esa supuesta disfuncionalidad y bajo la falsa premisa de la libertad de pactos lo que hace es fomentar de manera escandalosa la precarización de las condiciones de alquiler para los inquilinos. Esta precarización ya quedó patente en las recientes contrarreformas aprobadas por el anterior Gobierno del Partido Socialista mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, y la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal; contrarreformas que se han demostrado inútiles como opción alternativa y eficaz al acceso a la vivienda en alquiler. Incidir y profundizar en agilizar los lanzamientos judiciales de alquiler mediante los desahucios supermegaexprés, liberalizará y desregularizará aún más el mercado de la vivienda, pero en ningún caso -se lo aseguro- podrá resolver los graves problemas residenciales que existen para las personas en España.

Entre otras medidas, el presente proyecto de ley reduce la duración mínima de los contratos de cinco a tres años y además las prórrogas de los mismos quedarán reducidas de tres a un solo año, lo que convierte al alquiler irremediablemente en una opción temporal y condena al inquilino ante la incertidumbre de tener que elegir entre abandonar la vivienda o verse sometido a pagar la subida exigida por el propietario, que ahora ya no estará fijada en la ley conforme al IPC. ¿Cuál será, señora ministra, cuál será, pregunto también a sus señorías del Partido Popular, la libertad y la capacidad negociadora del inquilino, cuando la consecuencia de no llegar a un acuerdo supondrá encontrarse en la calle? Desaparece el derecho de adquisición preferente por el inquilino, que pasa a ser una cuestión a negociar por las partes. De esta forma se podría dar el absurdo de que una familia no sea informada de la venta de la vivienda que habita y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso, pese a tener su contrato en vigor y estar al corriente de pago, salvo -y se ha dicho- que inscriba el contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad. ¿Qué hace? Obliga, por tanto, al inquilino a inscribir su contrato en el Registro de la Propiedad, si quiere tener seguridad jurídica, ya que esta es la única parte que está interesada, el inquilino, y además conllevará un nuevo gasto que añadir al alquiler. Y para colmo, lo que ustedes presentan como medida estrella con la que pretenden beneficiar al inquilino es la posibilidad de poder desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique con un mes de antelación y hayan pasado seis meses del contrato. Pero es que esto tiene también doble lectura, porque permite salvaguardar la posibilidad de incluir una cláusula de indemnización dentro del propio contrato de arrendamiento.

Se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendamientos con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. Así, ante el arrendador, en el momento de efectuar la denuncia, el secretario judicial fija la vista del caso y simultáneamente la fecha del desahucio. Tendríamos que repasar los sucesivos cambios normativos que a este respeto y desde los años noventa los diferentes Gobiernos han llevado a cabo con la fracasada intención de aumentar el acceso a la vivienda en alquiler. Si repasamos, nos daremos cuenta de que nos ha situado hoy muy por debajo de la media europea a la hora de cubrir la necesidad de vivienda mediante el alquiler. A pesar de esto, lejos de modificar con este proyecto de ley la dirección actual en la que persiste la enorme y trágica dificultad en el acceso a la


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vivienda para muchas familias, nos encontramos ante un grave retroceso que no solo no conseguirá fomentar el mercado del alquiler como solución al problema de acceso a la vivienda, sino que activará el mercado de las viviendas vacías hacia sectores especuladores, concediendo enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias.

Para ello, se elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles, el 3 % del valor catastral, de entidades no residentes. Y aunque el articulado del proyecto de ley en principio evita la posibilidad de la entrada de capital desde los paraísos fiscales, las excepciones que también se establecen permiten a cualquier persona física o entidad invertir capital desde cualquier territorio. Nos parece un grave error, señora ministra, sostener una cosa y la contraria, y nos vuelve a generar dudas, muchas dudas, sobre la constitucionalidad, ya que los poderes públicos, según dice el artículo 47 de la Constitución, están obligados a impedir la especulación del suelo. Por otro lado, se flexibilizan los criterios específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas en los impuestos sobre sociedades, fomentando a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario que por sus ventajas fiscales, con una tributación a tipo de gravamen del 0 %, se asimilan a las Sicav, en este caso dentro del terreno inmobiliario. Podemos afirmar que se fomenta la financiarización del sector de la vivienda en alquiler mediante el estímulo de estos instrumentos de inversión inmobiliaria. Y aquí quiero detenerme un minuto. Todos estos cambios normativos y alguno más que afectan a la Ley del impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre la renta de los no residentes y a la Ley por la que se regulan las Socimi, se han introducido en el Senado, vía enmiendas por parte del Partido Popular, en el proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Es decir, aquí estamos sometiendo a debate la totalidad del proyecto de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas cuando buena parte de su contenido va a ser aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular en el proyecto de ley, a través de enmienda en el Senado, que se ha debatido en el punto anterior.

Señorías, se ha visto ya en esta Cámara -no llevo mucho tiempo- alguna que otra chapuza legislativa por parte del grupo mayoritario, utilizando el Senado para tramitar los intereses del Gobierno o tramitaciones exprés de iniciativas legislativas sin justificación alguna. También estamos asistiendo, no sin estupor, al abuso por parte del Gobierno de la utilización de infinidad de reales decretos para hurtar al Parlamento el debate oportuno. Y ahora nos encontramos con esto: un proyecto de ley en tramitación parlamentaria en plazo para presentar enmiendas parciales, en el que buena parte de su contenido queda absolutamente fuera del debate y nos roba la posibilidad de que los distintos grupos parlamentarios podamos posicionarnos mediante ese debate respecto de las enmiendas.

Sin superar el estupor, quiero decir también que las políticas públicas de vivienda en nuestro país siempre han estado centradas principalmente en el fomento e impulso de la compra, dejando de lado las políticas activas que deben propiciar de manera regulada y estable el acceso a la vivienda mediante el alquiler, propiciando un fenómeno claro de 'residualización' de esta política y llevándonos a una situación que el secretario de Estado, el señor Catalá, calificó en su reciente comparecencia sobre la vivienda de exótico. Es exótico, lo compartimos. A diferencia de la inversión pública existente en materia de vivienda de forma generalizada entre los países más desarrollados, tenemos que decir que España tiene un reducido parque público de alquiler con menos del 1 % del total de viviendas frente al 30 % de media en los principales países europeos de nuestro entorno. Ningún país, señora ministra, ha conseguido nunca desarrollar el alquiler solo con mecanismos de mercado, sin contar con verdaderas políticas activas orientadas a la creación de un parque de alquiler con protección pública que permita el acceso a la vivienda a precios asequibles. Se ha dicho aquí y no lo voy a repetir que hay tres millones de viviendas según los últimos datos del INI -cuando estén actualizados contaremos posiblemente con seis millones- y un volumen abultado de viviendas con protección pública, que sabemos que existe pero que desconocemos -eso nos preocupa-, que están en buena parte en manos de las entidades financieras. Ya que ustedes han creado la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria conocida como el banco malo -lo han hecho con el dinero de todos y todas para salvar a la banca-, si de verdad quieren dar soluciones efectivas que garanticen el derecho a la vivienda, tienen ahora la oportunidad. Conformen un parque público destinado al alquiler a precio protegido en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nutriéndose de inmuebles y otros activos procedentes del sector financiero.

No podemos olvidar que ahora mismo la mayor inmobiliaria de este país está en manos del Estado y es su Gobierno quien tiene la capacidad de gestionarla. El derecho a la vivienda no puede estar regido


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única y exclusivamente por las reglas del mercado y estamos obligados a abordar políticas activas públicas que puedan propiciar de manera regulada ese acceso. Están a tiempo de rectificar. Prioricen sus políticas pensando y legislando no para la gente, porque gente hay de toda clase, sino para la gente común, para el común de los mortales y no para las élites dominantes. Bájense de una vez de la espiral de locura en la que se encuentran. Sí, les hace gracia, pero es verdad. Ustedes no gobiernan para el común de los mortales, gobiernan para los poderosos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, tiene que finalizar.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.

Bájense de una vez y póngase a trabajar. Sálganse de esa locura en la que se han instalado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, lo siento, pero ha finalizado su tiempo.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.

Retiren esta ley y escuchen a las diferentes asociaciones y al resto de los partidos políticos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, hay una cuestión previa que espero que alguien responda. ¿Qué estamos haciendo exactamente aquí, señora ministra? ¿Qué estamos haciendo exactamente en este punto del orden del día? Supuestamente debatimos las enmiendas a la totalidad de un proyecto de ley registrado por el Gobierno el pasado verano, pero hace pocos días el mismo Gobierno amputa tres de los cinco artículos de esta ley -insisto, tres de los cinco artículos de esta ley- y los aprueba en el Senado vía enmienda y por la puerta y de atrás. ¿Qué debate de totalidad es este? Será en todo caso un debate de las dos quintas partes de la totalidad, porque el Gobierno se ha encargado de que los representantes de los ciudadanos no podamos debatir, enmendar ni mejorar la mayor parte de los artículos de esta ley; no podemos mejorarlos, como usted ha invitado a hacer en su presentación, porque ustedes los están aprobando por la puerta de atrás. Como se ha dicho aquí, se trata de una chapuza jurídica y de una falta de respeto a esta Cámara y a quienes representamos, pero sobre todo se trata, señor ministra, de una representación muy fidedigna de la seriedad y del rigor, más bien de la poca seriedad y del poco rigor, con el que el Gobierno afronta la regulación del derecho a la vivienda en este país.

Señorías, el Grupo Socialista propone la devolución al Gobierno de este proyecto porque es un fraude desde el título hasta la última disposición. El título habla de fomentar el mercado del alquiler de viviendas, pero el propósito evidente de este proyecto es otro, otorgar nuevas ventajas fiscales al negocio de las empresas dedicadas al alquiler de viviendas y locales al por mayor. Tan es así que el proyecto original dedicaba tres de los cinco artículos a este menester, más de la mitad del proyecto; y tan es así, tanta prisa tenía el Gobierno por otorgar estos beneficios fiscales, que no ha podido esperar a la tramitación de la ley y se ha llevado su regulación a la ley de medidas tributarias que previsiblemente se aprobará hoy de manera definitiva. Estos tres artículos que otorgaban ventajas fiscales sí los ha aprobado el Gobierno por la puerta de atrás y con rapidez, pero ningún otro aspecto de la ley les ha merecido tanta prisa; ni los derechos de los propietarios ni los derechos de los arrendatarios ni la situación de los desahuciados; nada les ha merecido tanta prisa como las ventajas fiscales de las empresas que alquilan viviendas y locales al por mayor; esto último rápidamente por la puerta de atrás al Senado. Como siempre, donde hay una necesidad social ustedes son incapaces de ver mucho más allá del negocio, sea en la sanidad, sea en la vivienda.

Este proyecto es también un fraude porque dice fomentar el alquiler pero lo que en realidad fomenta, señora ministra, son los desahucios. Con esta ley en vigor habrá más desahucios en nuestro país, porque aplican ustedes aquí esa filosofía curiosa que ya les sirvió para la reforma laboral. Para combatir los despidos facilitan ustedes los despidos y, claro está, los despidos se disparan. Ahora nos dicen que para combatir los desahucios se han de facilitar los desahucios. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que dicta la lógica, que habrá más desahucios en este país, señora ministra. Agilizan ustedes en este proyecto aún más los procedimientos de desahucio de inquilinos en viviendas de alquiler por impago; diez días y a la calle, señora ministra, sin más trámite, sin pensar en que hay muchas familias que lo están pasando mal y que


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nuestra sensibilidad debe estar ahora con ellas antes que con los bancos y con las empresas que quieren maximizar beneficios. La prórroga obligatoria de los cinco años en los contratos de alquiler se reduce solo a tres años; antes, a la calle. Aún más, el propietario podrá echar a la calle al inquilino en cualquier momento aduciendo una necesidad familiar; antes era necesario un pacto previo en el contrato, pero ahora ya no lo es, ya no hace falta, a la calle aduciendo una necesidad familiar. Antes al menos la motivación familiar fraudulenta suponía el pago al inquilino de la renta que restaba hasta la finalización del contrato, pero ahora ya tampoco es así; el inquilino tampoco tiene esa ventaja, bastará con una indemnización de un mes por año de alquiler pendiente. Aún más, si un banco ejecuta una hipoteca sobre una vivienda con inquilino, con está ley podrá poner a este, al inquilino, inmediatamente de patitas en la calle si este no ha tenido la prevención de registrar el contrato. Hasta ahora este trámite -usted y yo lo sabemos- no se cumplía de manera habitual porque supone un desembolso importante para las familias. No, señorías del Gobierno, este no es un proyecto que facilite el alquiler, lo que facilita es poner en la calle a las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, que es una cosa bien distinta.

Este proyecto es un fraude también porque dice equilibrar los derechos y deberes de propietarios y de inquilinos, pero en realidad carga contra los derechos de la parte más débil de la cadena, el inquilino, que está ejerciendo además el derecho más fundamental, que es el derecho de intentar vivir dignamente bajo un techo. Cargar contra el inquilino, como hacen ustedes, señora ministra, no sólo es injusto, es ineficiente también, porque parten ustedes de un análisis, de un diagnóstico equivocado. El problema en el mercado de alquiler de viviendas en este país no está en estos momentos en la oferta. Oferta hay, señora ministra, usted misma ha citado algunas cifras. El problema está la debilidad de la demanda; el problema no está tanto en la disposición de quien tiene muchas viviendas o pocas viviendas vacías, el problema está en que quien quiere alquilar una vivienda no dispone de la renta suficiente para pagar el alquiler. Esa es la demanda a la que debemos de atender, esa es la demanda a la debemos de proteger, estimular y ayudar. Pero, ¿qué han hecho ustedes hasta ahora? Lo que han hecho ustedes ha sido eliminar la renta básica de emancipación para nuevos demandantes de alquiler de viviendas y ahora aplican una ley que reduce los derechos de los inquilinos. Este es un camino injusto y, además, equivocado, señora ministra. El problema está en las dificultades que tienen los jóvenes y las familias españolas para pagar la renta del alquiler, por eso cargar contra el inquilino es contraproducente.

Claro que hay que aportar seguridad jurídica al propietario, pero se ha avanzado mucho en este sentido, señora ministra. Ahora toca proteger al más débil, y ustedes no lo están haciendo, no lo hacen con este proyecto de ley. Antes, la revisión de la renta del alquiler tenía su referencia en el IPC, en el índice de precios al consumo. Ahora ya no. Dicen ustedes que ha de primar la libertad de pacto, es decir, o aceptas esta subida de la renta o te vas a la calle. ¿Eso es lo que supone la libertad de pacto entre un arrendador y un arrendatario, señora ministra? ¿Qué libertad de pacto es este? Antes había derecho de adquisición preferente para que el inquilino no se encontrara con que le vendían el piso a sus espaldas y le ponían en la calle. Ahora ya no existe ese derecho si no se registra el contrato. Si el inquilino quiere asegurar mínimamente sus derechos, tendrá que registrar necesariamente el contrato pasando por las ventanillas de los notarios y de los registradores de la propiedad que, junto a los consejos de administración y a los accionistas de las empresas del mercado inmobiliario cotizadas, son los grandes beneficiarios de esta ley. Esta ley no beneficia a quienes demandan una vivienda en alquiler, no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos, a quien beneficia de verdad es a los grandes empresarios del alquiler al por mayor de viviendas y también a notarios y a registradores de la propiedad. Esos son los beneficiarios de esta ley, señora ministra. Eso sí, ni rastro de nuevas garantías para evitar cláusulas abusivas en los contratos, para asegurar la habitabilidad de la vivienda o para asegurar que las reparaciones en la vivienda se llevan a cabo. Ni rastro de estas garantías, cuya inclusión en una ley sería razonable para equilibrar, para compensar derechos y deberes entre propietarios e inquilinos. Por cierto, tampoco hay ni rastro en este proyecto de ley, señora ministra, de aquello a lo que aludió antesdeayer el ministro De Guindos sobre el parque de vivienda social para desahuciados. Aquí no está, y tampoco está en el Plan Nacional de Vivienda que han manejado ustedes en estos días.

¿Donde está ese parque de vivienda, señora ministra? ¿No estará solo en su discurso? ¿No estará solo en la retórica de su Gobierno? Porque no vemos ese parque de viviendas sociales por ningún sitio, lo que sí vemos son muchos ciudadanos y ciudadanas, muchas familias con dificultades en el acceso a una vivienda digna y en las situaciones lamentables, pero harto frecuentes últimamente, del desahucio. Si quiere usted cuidar de la renta de las viudas de este país, incluidas aquellas viudas que tienen, como usted dice, un pequeño pisito, con cuyo alquiler complementan la renta, haga usted el favor de no tocar


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las pensiones a las viudas, y así no tendrán problemas. (Aplausos). En definitiva, señora ministra, esta es una ley fraudulenta, porque no persigue fomentar el alquiler de viviendas sino fomentar las ventajas fiscales para las grandes empresas del sector. De hecho, no fomenta el alquiler sino que facilita aún más los desahucios y reduce dramáticamente los derechos de los inquilinos en un contexto social de gran vulnerabilidad debido a la crisis económica y al paro. No, esta no es una ley para fomentar el alquiler y beneficiar a las familias. Esta es una ley para el beneficio de unos pocos; de los de siempre, señora ministra. No cuenten con nosotros para esto. Más que trabajar para mejorar este proyecto a lo que usted nos invitaba amablemente, vamos a trabajar, sí, pero para intentar darle la vuelta por completo, señora ministra.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.

Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas a la totalidad presentadas. El proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, presentado por el Gobierno, pretende -como su nombre indica- convertir el mercado del alquiler en alternativa eficaz de la vivienda en propiedad. Según el texto entregado por el Gobierno, actualmente el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler apenas llega al 17 %, frente al 30 % de la media europea. Para aumentar este porcentaje se plantean una serie de modificaciones que principalmente están dirigidas a dotar de seguridad jurídica al arrendador. Además, el Gobierno también propone medidas para agilizar el procedimiento de desahucio en caso de impago de la renta y diversas medidas de carácter fiscal y tributario.

Sin embargo, por lo que se desprende del articulado de la ley, el legislador se centra en favorecer al propietario olvidándose del arrendatario, y creemos que esto puede tener el efecto contrario al deseado, puede desincentivar la demanda. Las principales novedades que propone la ley dirigidas a dotar de seguridad jurídica al arrendador son: la modificación en la duración del arrendamiento, la prórroga obligatoria se reduce de cinco a tres años, y de tres a uno la duración de la prórroga tácita; favorecer también la recuperación del inmueble por el arrendador para destinarlo a vivienda permanente en determinados supuestos; y la necesidad de inscripción en el registro de la propiedad, tal y como ha señalado usted, señora ministra, de los contratos de arrendamiento para que produzcan efectos frente a terceros. No creemos que sean medidas suficientes para convertir el mercado de vivienda de alquiler en alternativa atractiva, desde el punto de vista de la demanda. Es más, con respecto a la inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad, le adelantamos que presentaremos una serie de enmiendas para eliminar del texto toda referencia a este supuesto por considerarlo desincentivador. Supone una carga jurídica y económica para el arrendatario; es el inquilino quien abona los gastos que ocasione la escritura del contrato así como los derechos arancelarios del registrador. Además, aunque la inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamiento se plantea con carácter potestativo, la realidad es que los efectos que se establecen en diferentes disposiciones del proyecto de ley acaban llevando a hacer conveniente, necesaria y hasta imprescindible dicha inscripción, por cuanto afecta seriamente a las garantías de duración del contrato y de su prórroga.

Si el Gobierno sigue adelante con esta medida debe estudiar la posibilidad de no encarecer en exceso los gastos para el arrendatario con aranceles reducidos o bonificaciones. En definitiva, la pretendida seguridad jurídica del arrendador contradice la realidad social que vivimos, dado que el alquiler está asociado sobre todo a los colectivos de menor solvencia, sobre todo a los colectivos que tienen más dificultades, que son precisamente los que están siendo más afectados con la crisis, consideramos que deberían proponerse medidas que incentiven el alquiler sin que, en ningún caso, se traduzca en un aumento del precio de los alquileres ni en una menor seguridad jurídica para los arrendatarios. A día de hoy, en un momento en el que la vivienda y los desahucios son noticia diaria, esa ley se queda, a todas luces y a nuestro juicio, señora ministra, corta y limitada tratando de solucionar parte del problema global y mucho mayor que el que se pretende abordar. Trataremos de mejorar el texto si el Gobierno lo permite en el trámite parlamentario que comienza ahora, para lo que esperamos contar con el apoyo del grupo parlamentario que apoya al Gobierno.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.

Señorías, señora ministra, en primer lugar, le agradezco que traiga un proyecto de ley que aborda o intenta buscar soluciones a un problema real en lugar de crearlo, lo cual viniendo de su Gobierno es verdaderamente digno de encomio.

El problema real es que existen en España cientos de miles -quizá incluso millones- de viviendas vacías que no prestan ningún rendimiento a nadie, ni a sus propietarios ni a la sociedad y al mismo tiempo hay gente que necesita ocupar esas casas y acceder a ellas en alquiler. El contexto con el que nos enfrentamos cuando queremos solucionar ese problema es el fuerte arraigo que tiene en España la cultura de la vivienda en propiedad. Su proyecto de ley trata de facilitar ese encuentro entre el propietario que busca rentabilidad y el inquilino que busca estabilidad. Sin embargo, mejora sustancialmente la posición del propietario, pero eso no ocurre en el caso de mejorar la estabilidad para el inquilino o al menos no en la misma medida. Por ejemplo, el aspecto que creemos bastante mejorable -así lo propondremos en el proceso de las enmiendas parciales- es el hecho de que se establezca la resolución del contrato automáticamente cuando en un procedimiento hipotecario el banco se adjudique la vivienda, puesto que perjudica al inquilino de una situación de la que él en ninguna medida es causante. Nos parece que este equilibrio habría que establecerlo mucho mejor, y así lo intentaremos hacer.

La asunción subyacente -que de hecho usted ha explicitado- en las medidas que se adoptan en esta ley es que al favorecer o beneficiar esa rentabilidad para el propietario y esa facilidad a la hora de desahuciar al inquilino, habrá más propietarios que se animen a poner su vivienda en alquiler, por tanto habrá más pisos en el mercado y estos pisos serán más baratos. Lo cierto es que esta presunción ya se ha hecho en otros viejos proyectos de ley, por ejemplo, en la Ley Boyer, de hace ya veintitantos años y no funcionó exactamente de la manera tan prometedora como se pensaba. Desde este punto de vista nos parece que la ley podría ser más imaginativa, podría buscar más fórmulas o incluso buscar facilidades que no necesariamente perjudiquen ni al propietario ni al inquilino. Por ejemplo, en lo relativo a los gastos del registro del contrato -ya lo ha mencionado algún portavoz- se podría buscar la manera de que la Administración facilite la reducción de esos gastos porque va a suponer en efecto un trámite adicional, no solamente engorroso sino además también caro. Sobre todo, este proyecto adopta una única perspectiva, que es la de considerar el asunto del alquiler de vivienda simplemente como un mercado. Es verdad que lo es; de hecho es un mercado en el que hay una oferta de vivienda y una demanda de vivienda. Pero nos parece que si se incluyeran otras ópticas que son fundamentales en el asunto de la cultura de la vivienda en España, se mejoraría sustancialmente y se conseguiría más fácilmente el objetivo que se pretende, que es el de fomentar el alquiler.

Desde esta perspectiva hay dos aspectos que quiero mencionar. En primer lugar, el punto de vista fiscal. No se puede tocar el alquiler sin tocar el asunto de la vivienda en propiedad, porque son dos aspectos que están relacionados y de hecho en los porcentajes que usted ha mencionado y que están recogidos en el proyecto de ley queda claro que cuando asciende el porcentaje de gente que tiene una vivienda en propiedad, desciende el que la tiene en alquiler, por lo tanto, son los dos aspectos los que hay que mencionar. La política del Gobierno en el tema de la desgravación de la compra de vivienda, ha sido como mínimo errática. Ustedes prometieron recuperar la desgravación por la compra de vivienda, que había eliminado el Gobierno anterior. Lo hicieron, en efecto, pero quizá por el temor a que quedara como solitaria promesa incumplida, ahora vuelven a eliminar esa desgravación. Nos parece bien que se elimine porque nos parece necesario fomentar una cultura del alquiler. ¿Por qué? Pues porque la cultura de la compra de vivienda -lo hemos visto claramente durante los años de bonanza y padecemos ahora sus consecuencias- fomenta la burbuja inmobiliaria, fomenta el sobreendeudamiento de las familias, fomenta la concentración del riesgo por parte de las entidades financieras, con las consecuencias que eso tiene después en sus balances como estamos viendo ahora y desincentiva la movilidad laboral, que es fundamental en un mundo que cada vez se vivienda en propiedad actúa como lastre que obliga a los ciudadanos, o al menos les desincentiva de moverse fuera de su lugar habitual de residencia a buscar trabajo. Por lo tanto, creemos que falta reflejar realmente el problema de la vivienda en toda su complejidad, y equilibrando este asunto lo que es mercado de alquiler y lo que es mercado de compra.

En segundo lugar, otro aspecto fundamental que tampoco se refleja es la consideración de que la compra de una vivienda forma parte de una tradición sociológica y cultural muy arraigada en España; tan


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arraigada que, por ejemplo, series como Aquí no hay quien viva son incomprensibles en cualquier otro país europeo. Es decir, las tribulaciones de una comunidad de propietarios llevadas a una serie televisiva, con el éxito de público que tuvo en su momento, sería impensable que ocurriera en cualquier otro país europeo. Está tan arraigada esta cultura de la vivienda en propiedad que es muy importante tomar medidas estructurales y medidas de largo aliento para cambiarla.

Sin embargo, lo que se ha venido haciendo con las distintas leyes es una especie de movimiento pendular. Nos gustaría que esta ley no fuera otro movimiento del péndulo sino el primer paso hacia una política larga y sostenida en el tiempo para cambiar esta cultura de la vivienda en propiedad por una cultura del alquiler, y le pondré un ejemplo que es muy necesario y que está muy vinculado con esto, la coherencia en las políticas. Si ustedes toman estas medidas para fomentar el alquiler pero al mismo tiempo, por ejemplo, respecto al proyecto de ley de desahucios que en estos momentos está redactando el Gobierno, hemos oído en alguna ocasión por parte de algún miembro del Gobierno cuando se habla de la dación en pago, que desde nuestro punto de vista necesariamente tendría que estar incluida en esa ley, que si a los bancos se les obliga a establecer la dación en pago como forma habitual de firmar las hipotecas esto va a encarecer el crédito. En nuestra opinión a esto no hay que temerle; precisamente una política coherente que quiera fomentar el alquiler y no seguir fomentando, como se ha hecho durante décadas la adquisición de vivienda, no debe temerle a que el crédito sea más caro. Será más caro, habrá menos gente que compre una vivienda en propiedad, pero estoy segura de que muchas de las personas que ahora mismo están siendo desahuciadas porque no pueden pagar su hipoteca preferiría haber firmado en su día un contrato de alquiler, que es mucho más fácilmente reversible cuando a uno se le complica la situación económica en el sentido de rescindirlo y mudarse a otro sitio donde el alquiler sea más barato. Por eso le digo lo de la coherencia en las políticas, como ocurre con el parque de vivienda social en alquiler, que también han mencionado otros portavoces, y que confiamos que aparezca en ese nuevo proyecto de ley.

Como le digo, si se logra esta coherencia y si esta ley es el primer paso para ese cambio sociológico y cultural que hay que llevar a cabo, creemos, aun con los fallos que le vemos y las enmiendas que presentaremos, que puede ser una buena ley. Si es simplemente otro movimiento más del péndulo, se quedará en poca cosa.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señora ministra, nuestro grupo no va a dar apoyo a las enmiendas a la totalidad; por el contrario, va a intentar contribuir con sus enmiendas a la mejora de la ley. ¿Cuál es nuestra posición? Todos los grupos, las señoras y señores diputados conocen perfectamente la posición de nuestro grupo en materia de fomento del mercado de alquiler de viviendas, porque saben perfectamente que hemos sustanciado a lo largo de los años múltiples iniciativas en este sentido dado que creemos en la necesidad de que exista un mercado de alquiler de viviendas. Para que exista un mercado debe existir oferta, debe existir demanda y debe existir una regulación jurídica adecuada. Por tanto una política de gobierno debe consistir en favorecer todos estos aspectos.

Es evidente que la demanda en España del mercado de viviendas en alquiler estaba muy debilitada hasta hace poco por una circunstancia, por la facilidad que tenían los ciudadanos para adquirir una vivienda propia. Todos sabemos a qué se debía y no hace falta darle más vueltas, pero en cualquier caso la forma normal de acceder al uso de una vivienda era adquirirla y consecuentemente endeudarse a través del mercado hipotecario. En estos momentos esto ya no es así, o lo es en mucha menor medida, y parece que iniciamos un camino parecido al de la mayoría de los Estados de la Unión Europea, lo cual a nosotros siempre nos parece sano. Ya sabe que tenemos la obsesión de que aquello que es normal en la mayoría de países normales de Europa puede ser normal y bueno para el Estado español. Desde este punto de vista creemos que respecto de la demanda vamos caminando hacia donde hay que caminar. Pero para que un mercado funcione tiene que haber oferta, y por tanto nuestra preocupación es que haya oferta. ¿Cómo? Con medidas de todo tipo. La primera es que físicamente exista oferta. ¿Existe? Hay un cierto porcentaje ya de viviendas dedicadas al régimen de alquiler, hay unos cuantos pisos vacíos que no se dedican al mercado del alquiler, porque no hay confianza en la regulación de este mercado por parte de los propietarios, y a mí se me ocurre que a lo mejor en determinados ámbitos donde hay demanda de


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vivienda inatendida -que existe- sería bueno que se pudiera invertir, lo cual además crearía puestos de trabajo, y contribuiríamos a tener parques de vivienda en régimen de alquiler.

Como saben perfectamente la señora ministra y los diputados, somos un partido de centro... Mi compañero y portavoz adjunto, Sánchez i Llibre, dice que sí, unos más de derechas, otros más de izquierdas, en fin de centro. Y como partido de centro que somos no nos repugna en absoluto el hecho de que parte de este parque sea aprovisionado por la iniciativa pública, nos gusta especialmente que parte de este parque sea aprovisionado por el tercer sector, y también nos parece lógico y europeo que parte de este parque sea aprovisionado por la iniciativa privada. Por tanto hay que hacer políticas de oferta en todos los sentidos. Nos parece inteligente que movilicemos capitales y más si estos capitales están en el exterior y vuelven aquí a generar riqueza y se invierten en la construcción de un parque de viviendas destinado al alquiler. Me parece algo inteligente que no salgan capitales, sino que entren, y si además son para invertir en algo que genera muchos puestos de trabajo, lo vemos doblemente inteligente. Por lo tanto ese es el esquema.

Cabe preguntarse en este marco de oferta, demanda y regulación jurídica, si esta ley va en el sentido positivo o si por el contrario introduce elementos negativos. Una cuestión previa, la vivienda es algo protegido constitucionalmente y es un bien social. Por tanto cuando nosotros enfocamos la cuestión de la vivienda debemos hacerlo siempre bajo este enfoque, lo cual no justifica que no comprendamos que en el común de los países europeos la vivienda es algo que puede, repito, ser suministrado por el sector público o por el sector privado. Por tanto a nosotros no nos va a escandalizar que seamos capaces de movilizar capitales para invertirlos y para crear puestos de trabajo, y cuanto antes se haga, señora ministra -aquí sí que hay trabajo suyo-, mejor. En consecuencia una parte de esta ley, que es la que hace referencia a las sociedades de vivienda en régimen de alquiler, las Socimi, que ha sido ya introducida vía enmienda en el Senado -no voy ahora a valorar las técnicas legislativas, etcétera, que deberían ser otras-, nos parecía inteligente -nos lo parece, porque hoy la vamos a aprobar definitivamente- porque contribuye a que haya oferta. Por cierto, cuando de un bien hay mucha oferta, ¿qué hace su precio? Baja. ¿Es bueno socialmente que baje? Sí. ¿Es inteligente que baje gracias a la oferta y a repatriar capitales? Sí. ¿Es más inteligente esto que no dedicarse a subsidiar, como se ha hecho en otras etapas, con dinero que no teníamos, lo cual tiene efecto inflacionista? Es mucho mejor. Por tanto parece ser que este es un camino normal europeo, de socialdemocracia europea, de socialcristianos europeos, de liberales europeos. Todos andan por este camino. Por ello con todo esto parece que vamos por el buen camino.

Finalmente, regulación jurídica. ¿Qué significa? Equilibrio de derechos y deberes, ser justos, ser equitativos, proteger a los más débiles. Y aquí, señora ministra, es donde nosotros vamos a intentar introducir en el trámite parlamentario una serie de enmiendas que vayan precisamente a restablecer el equilibrio, y si cabe, a ayudar un poco a los más débiles. Este va a ser el sentido de nuestras enmiendas. Pero nosotros, como usted se puede imaginar, esperamos que de esta tramitación surja una ley equilibrada, una ley que proteja especialmente a determinados colectivos. Vamos a presentar enmiendas, por ejemplo, para que determinados colectivos que tienen dificultades objetivas, como son las personas con familiares con discapacidad, las personas que han sido desahuciadas, etcétera, mejoren sus condiciones objetivas en un mercado que debemos fomentar, y en el cual debemos proteger a aquellos más débiles. Este va a ser el sentido de nuestras enmiendas, que ya estoy avanzando un poco, y además espero -usted lo ha anunciado- que tengamos la ocasión de perfeccionar la ley. En cualquier caso, creo que el sentido de nuestro voto no puede ser afirmativo a las enmiendas a la totalidad porque, repito, a nosotros nos parece sinceramente que esta ley enfoca el problema desde la base, que la ley sola -como todo- no lo va a solucionar, que hay que hacer un buen plan de vivienda, que hay que tomar otras medidas, pero ataca directamente la problemática, y a mí me gustaría que fruto de esta ley pudiéramos empezar a decir que en el Estado español también existe un mercado normalizado de las viviendas en régimen de alquiler.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.

Por el Grupo Popular, el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, señorías, desde el Grupo Popular compartimos la visión y el fondo que se extrae del discurso que ha realizado hoy la ministra. Creemos que los poderes públicos no deben dedicarse a imponer el alquiler o la compra, sino que deben ser los ciudadanos los que tomen la decisión de cómo


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desean vivir por ellos mismos, mientras que los poderes públicos garantizan que esa decisión se toma con libertad y una oferta suficiente.

Los grupos que han presentado enmienda a la totalidad han de saber que el actual marco normativo no ha permitido hasta la fecha alcanzar el objetivo de impulsar y dinamizar el mercado del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente en unos momentos de crisis económica como en el que nos encontramos de necesidad de garantizar la movilidad laboral, de pérdida importante y de bajada de ingresos por parte de muchas familias. Por estas y por otras razones, mi grupo cree que es importante apoyar este proyecto de ley que se ha expuesto hoy aquí.

Si esta ley viene hoy al Parlamento, tenemos que pensar que es porque durante los últimos años, especialmente durante los últimos siete años, no se ha hecho absolutamente nada para flexibilizar el mercado de la vivienda en alquiler. Creemos que el Gobierno va por el buen camino cuando aborda la política en materia de vivienda desde una perspectiva integral, no parcial: flexibilizar el mercado de alquiler, proteger a los deudores hipotecarios, creación de una bolsa de viviendas de alquiler social, y todo ello junto con un ambicioso y realista plan de vivienda. Hoy hemos perdido una magnífica oportunidad, sobre todo escuchando a los grupos que han presentado enmienda a la totalidad, para trasladar a los ciudadanos que los políticos podemos entendernos y sacar adelante reformas que mejoren la vida de la gente. No hay más que escuchar ese comentario sobre las pensiones, desde mi punto de vista fuera de lugar, en boca de un grupo que en el pasado las congeló cuando gobernó.

¿Por qué presentan ustedes enmienda a la totalidad? ¿Significa que no están de acuerdo con la conveniencia de esta ley? ¿De verdad no creen necesario mejorar el acceso de los ciudadanos al mercado de alquiler? El espíritu de esta ley queda claro en su planteamiento inicial: flexibilizar el mercado de alquiler, dar libertad a las partes y regular de una forma clara dicha relación a la vez que se impulsa la inversión en las Socimi.

Tras la lectura sosegada de las enmiendas a la totalidad, hay quien puede pensar que están ustedes realizando enmiendas a otro proyecto de ley, a un proyecto de ley distinto al que hoy se debate, por las conclusiones que ustedes mismos extraen de la lectura de la ley. El aumento de la seguridad jurídica, clarificar la relación entre la partes y dotarlas de mayor libertad ustedes lo traducen en debilitar la posición de los inquilinos respecto del propietario. Se llega incluso a afirmar que se avanza en un gravísimo retroceso en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con estos planteamientos del siglo pasado? Esta ley no trata de enfrentar al inquilino y al propietario, trata de dar seguridad jurídica para que uno y otro puedan entenderse mejor y conseguir los fines que persigue esta relación, como ha dicho hoy aquí la ministra: el alquiler de la vivienda por un lado y el abono de una renta determinada por otro. Plantean también los grupos de la oposición que esta ley introduce casi plena disponibilidad del propietario para disponer de la vivienda para sí mismo o sus familiares. En realidad son condiciones muy concretas -ustedes lo saben- las que contempla la ley en este sentido. Por eso les pediría que en un debate tan importante fuésemos más rigurosos.

Entrando en la motivación que sustenta sus enmiendas a la totalidad me sorprende muchísimo ver cómo los grupos plantean, por ejemplo, la constitución de un parque de vivienda pública de alquiler. Incluso se llega a afirmar que la política de vivienda debe pasar por establecer una política de vivienda pública fundamentalmente de alquiler. En mi grupo creemos que es necesario que los españoles dispongan de un parque de vivienda en alquiler. Por eso apoyamos decididamente la exposición que ha hecho aquí hoy la ministra, pero, ¿por qué pública? Si conseguimos flexibilizar el mercado, aumentar la oferta de pisos en alquiler, se mejora el acceso a la vivienda en alquiler y consecuencia de dicho aumento de oferta se bajan los precios, ¿creen que alguien va a preguntar si esa vivienda que se alquila es pública o privada, cuando han mejorado las condiciones de acceso a la misma? (Aplausos). Las cosas están cambiando y nuestra sociedad avanza hacia el futuro mientras ustedes todavía están en planteamientos del siglo pasado, enfrentando lo público con lo privado, al inquilino con el propietario. No se queden atrás y avancemos juntos.

Afirma el Partido Socialista en su enmienda que se rompe con algunas de las características históricas de nuestra legislación en materia de arrendamientos urbanos. Efectivamente eso es lo que apoya nuestro grupo, que el mercado de alquiler comience a ser una opción, pero no por la parte del desequilibrio, sino del aumento de libertad y del equilibrio entre las partes. Esta ley pretende dar libertad y equilibrar. Mayor seguridad jurídica para la operación y mayor libertad entre las partes se traduce, como también ha dicho aquí hoy la ministra, en más oferta, mayor número de inmuebles a la venta, y mayores posibilidades del


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inquilino para elegir. Basta de intervencionismo. Creemos unas pocas reglas y muy claras, y dejemos libertad a los ciudadanos para vivir como lo deseen, en alquiler o en compra.

Se permiten también de nuevo utilizar los desahucios como arma política en estas enmiendas, obviando totalmente esa política integral a la que yo hacía referencia en materia de vivienda que está impulsando el Gobierno, y que pasa por la protección de los deudores hipotecarios. Después de siete años sin hacer absolutamente nada y teniendo un Gobierno que ha puesto en marcha dos reales decretos con posibilidad de aportar mejoras en el proyecto de ley de protección de los deudores hipotecarios, es algo muy sorprendente. Se ha dicho aquí que no se consideran de ningún modo alternativas a la pérdida de vivienda; se han confundido de debate, y de nuevo llegan tarde. El Gobierno, como saben, ya está actuando en este sentido.

Sí estoy de acuerdo con alguna de las afirmaciones que se hacen en las enmiendas a la totalidad, porque es cierto que con la creación de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria se abre una gran oportunidad. Es una gran oportunidad sin duda, y espero que la oposición -como lo estará el Grupo Popular- esté junto al Gobierno caminando en esa dirección. Esta ley también fomenta la inversión y favorece la creación de empleo -ya se ha dicho aquí-, flexibilizando y mejorando el régimen de las Socimi, ya que no han cumplido las expectativas para las que fueron creadas, y ustedes lo saben. Se constituyeron con el objetivo de ser un instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas, sino de cualquier inmueble urbano, y no han dado los frutos esperados. Cargar contra esta reforma, que pretende hacer de las Socimi un instrumento de atracción de inversiones, hace un flaco favor a la recuperación económica. Como les dije al principio creo que se equivocan al plantear una enmienda a la totalidad de esta ley. Los ciudadanos esperan de nosotros que seamos parte de la solución y no parte del problema, y por eso creo que estas enmiendas a la totalidad son vistas más bien como un problema frente a la solución, y no como una solución frente al problema.

En definitiva, mi grupo felicita a la ministra de Fomento por ponerse al frente de un ministerio difícil en un momento de extremadas complicaciones y apostar por leyes como esta. Creemos que esta ley dará libertad a los españoles para que tengan oferta de alquiler y compra equilibrada y suficiente, y sean ellos mismos los que decidan cómo quieren vivir. Atrás quedaron planteamientos del siglo pasado que hoy hemos vuelto a escuchar aquí en esta tribuna, que son los que se desprenden de sus enmiendas a la totalidad: intervencionismo del Estado, menor libertad entre las partes y menor seguridad jurídica. Desde esta tribuna y tras escucharles, les pido que dejen de utilizar las políticas de vivienda como arma arrojadiza contra el Gobierno. Es importante que todos los grupos seamos parte de la solución, apoyando al Gobierno a la hora de abordar un tema crucial como es la vivienda. En menos de un año el Partido Popular ha propuesto soluciones concretas tras un trabajo riguroso. El Gobierno ha puesto en marcha medidas de calado que no fueron puestas en marcha por Gobiernos anteriores. El camino para recuperar la senda de crecimiento en nuestro país es este, reformas serias, rigurosas y sostenibles para estos grandes problemas que tiene la sociedad. Si la oposición está dispuesta, el Grupo Popular trabajará conjuntamente en propuestas para conquistar el futuro, apoyando al Ministerio de Fomento y a la ministra en este ambicioso proyecto que mejore el acceso a la vivienda a los ciudadanos. En este camino, señora ministra, cuente con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor García Egea.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señora presidenta, señorías, agradezco todas las intervenciones, tanto las de defensa de las enmiendas a la totalidad como las del resto de los grupos, pero he querido tomar la palabra en esta tribuna porque, en primer lugar, quiero que en ese "Diario de Sesiones" en el que quedan recogidas nuestras intervenciones quede constancia de algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho, y sobre todo de su contraargumentación.

Señora presidenta, señorías, soy consciente de que un solo proyecto de ley para resolver un problema muy grande es avanzar, pero no es resolverlo todo. Por eso, señorías, estamos trabajando en este momento en varios ámbitos. Queremos adoptar en los próximos meses medidas que en su conjunto resuelvan el problema, que es un problema real de muchas familias de nuestro país. Por eso vamos a presentar el plan estatal de vivienda 2013-2016 y también vamos a traer a esta Cámara, previa aprobación del Gobierno, como saben la ley de rehabilitación.


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Señorías, los portavoces que han intervenido han hablado del derecho a la vivienda, y de que este derecho no puede estar regido -decían algunos- por las reglas del mercado, y estoy de acuerdo, claro que no. Por eso precisamente se trae esta ley aquí, se trae porque hay que configurar un marco del derecho, de ese derecho; ese marco tiene que ser actualizado, y ese marco, aunque a algunos no les guste, lo que contempla es la libertad de las personas para poder alquilar o para que alquilen una vivienda. La flexibilidad, señorías, como aquí se ha dicho, no debe estar reñida con los derechos de las personas; la flexibilidad puede y debe proteger a las personas, y puede y debe proteger el derecho.

Señorías, he escuchado con toda atención las intervenciones y voy a comenzar contestando a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Me ha llamado especialmente la atención su intervención, que espero que sea porque o no tiene memoria o no ha leído lo que su propio grupo ha dicho en esta Cámara. También me referiré, cómo no, al Partido Socialista que ha intervenido y también debe ser o que no tiene memoria o que no recuerdan lo que se dijo en esta Cámara. Fíjense, al Bloque Nacionalista Galego -digo el Bloque Nacionalista Galego porque ha intervenido en primer término- le quiero recordar que las críticas están bien, pero hay que ser coherentes, porque el portavoz de su grupo, el señor Jorquera, cuando se presentó en esta Cámara una proposición de ley de Convergència i Unió -y leo textualmente- en el 2008, dijo que lo más importante era una mayor agilidad a los desahucios por falta de pago. Dijo: Intervengo brevemente para expresar la opinión del Bloque Nacionalista Galego favorable a la toma en consideración de esta proposición. La Ley de Enjuiciamiento Civil y su posterior reforma en materia de desahucios ha tenido, desde nuestro punto de vista, una clara finalidad facilitadora del remedio resolutorio ante los supuestos de impago. No obstante, y a pesar de las medidas contempladas en la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que resulta -decía el portavoz del Bloque- necesario mejorar y agilizar los procesos de desahucio a través de medidas de diversa índole, entre las que se encuentran, como propone esta proposición de ley, la reducción de plazos en el proceso y la flexibilización de determinados trámites en materia de notificaciones, que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del procedimiento. ¡Bendita coherencia, señorías!

Y asimismo, en esa misma coherencia, el Grupo Socialista ha subido aquí a dar lecciones de cómo hay que hacer la política de vivienda, y como solo ha pasado un año desde que el Grupo Socialista se fue del Gobierno, sería fácil recordar -no me va a dar tiempo a todo, señorías- unas cuantas cosas que hemos vivido de la política en materia de vivienda del Partido Socialista. ¿Ustedes recuerdan las soluciones habitacionales? Seguro que sí. Seguro que ustedes recuerdan que había, ahora que estamos en proceso de liquidación, eso que se llamaba el SPA, que no es precisamente para ir a tomar agua, sino que era la Sociedad Pública de Alquiler que se creó para alquilar más de 25.000 viviendas. No llegó a 5.000 y además nos ha dejado una deuda de 42 millones de euros. (Aplausos).

Señorías, pero no solo eso. Se dijo que se solucionaría el problema del alquiler porque se ponía en marcha la renta básica de emancipación. Se han gastado en renta básica, nos hemos gastado los españoles, más de 4.000 millones, y hoy los jóvenes tienen un problema de acceso a la vivienda. Señorías, se supone que cuando uno va a ayudar a los colectivos que más lo necesitan tendremos que poner un límite al alquiler. Fíjense, yo que me dedico a repasar los expedientes me he encontrado con que hay personas que su sueldo, su salario es más bajo que el total del alquiler, sobre todo porque había alquileres que financiábamos de 1.500 euros, pero el sueldo que se ponía en el expediente era de 750 euros. Toda una coherencia en política de alquiler. Pero es más, señorías, como aquí he oído hablar de los desahucios exprés en materia de alquiler, me gustaría recordar lo que decía el programa del Partido Socialista en las elecciones del 2008, porque han estado gobernando después de hacer ese programa. Decía: Impulsaremos las modificaciones legislativas para mejorar la seguridad y garantías del propietario y del inquilino, permitir al propietario reclamar el inmueble cuando sea para su uso y disfrute o de un familiar de primera sucesión, y se incorporará progresivamente la posibilidad de un pacto de rentas entre partes. Y suma y sigue. Y en coherencia con ello el Partido Socialista aprobó la Ley 19/2009, del 23 de noviembre, de medidas de fomento y de agilización procesal del alquiler y de la eficiencia de los edificios -por cierto, esa parte ha quedado bastante corta-. Por eso, señorías, le podría recordar las declaraciones de la señora Cabezón Arbat cuando dijo que se modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de agilizar y mejorar la resolución de los conflictos arrendaticios cuando, señorías, era el desahucio exprés del Partido Socialista. O la señora Fuentes Pacheco cuando dijo: Hemos modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Arrendamientos, y la Ley de Propiedad para hacer más flexible el mercado. Osea, hoy no les gusta la flexibilidad, pero ayer, señorías, les gustaba mucho la flexibilidad. (Aplausos). Y añadía: Por lo tanto tengo claro que esta norma va a dar más agilidad y eficacia a los procesos judiciales de desahucio. Para


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terminar ya, el señor ministro de Fomento del Partido Socialista que me antecedió en el cargo, el 1 de diciembre de 2010 dijo: Los desahucios por alquiler son la otra cara de la moneda, que hemos corregido -decía él-, me refiero a las medidas legislativas que hemos tomado para dar más seguridad jurídica a los arrendadores y así poder estimular el mercado del alquiler, estoy hablando de la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética. Con esta ley -decía el señor ministro que me antecedió- se pretende fomentar la oferta de alquiler proporcionando mayores garantías a los arrendadores. Les valía en el año 2010 pero en el 2012, señorías, ya no les vale. (Aplausos).

Señorías, esta es una ley que claro que permite la flexibilización del mercado del alquiler, y claro que permite que las partes lleguen a acuerdos, porque efectivamente hay que preocuparse de que todas las personas tengamos acceso a la vivienda. Y hay que preocuparse también de esas personas, de esos desahucios de viviendas en propiedad, y por eso ha sido este Gobierno el que ha puesto en marcha las medidas que se han adoptado en este país en esta materia. Porque algunos han hablado mucho, pero no han hecho nada. Y por eso se aprobó el Real Decreto-ley 6/2012 con esas primeras medidas para ayudar a colectivos especialmente necesitados: a familias con todos sus miembros en paro, a las que carezcan de rentas o en las que el pago de la hipoteca suponga más del 60 % de los ingresos. Y se estableció como medida pionera en España el código de buenas prácticas, y se avanzó porque hubo solicitudes y hubo resoluciones favorables. Señorías, después se trajo el Real Decreto-ley 27/2012, que todavía está -como saben- en tramitación y que se puede enriquecer. Ese real decreto prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de las ejecuciones hipotecarias de familias que se encuentran en una situación de especial riesgo de exclusión, y que no superen el nivel de renta previsto. Y a esas medidas se pueden acoger familias numerosas; familias monoparentales con dos hijos a cargo; familias que tengan a su cargo un menor de tres años o algún miembro discapacitado dependiente; unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo; víctimas de violencia de género y que cumplan unas condiciones económicas: que la renta de la unidad familiar no debe superar los 1.597 euros al mes, o que la cuota hipotecaria no supere el 50 %. También se crea un fondo social de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su hogar, y que a día de hoy ya cuenta con 6.000 viviendas disponibles. Señorías, las entidades de crédito van a poner a disposición del fondo viviendas que no entran en la Sociedad de gestión de activos y de reestructuración bancaria, el Sareb, y esas condiciones del alquiler -como ha dicho el ministro de Guindos- van a ser asequibles y van a estar entre 150 y 400 euros.

Señorías, son medidas de choque, van a ser eficaces, van a ser operativas, y al mismo tiempo van a mantener los principios del ordenamiento jurídico. Pretenden proteger a las personas especialmente débiles, porque parece que algunos tienen la patente de resolver los problemas de los débiles. Señoría, hay que tener valor para hablar de viudas en esta tribuna cuando ha habido un partido y un Gobierno que ha congelado las pensiones a todas las viudas de este país. (Aplausos).

También hay que aclarar algún otro extremo, como la inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta es una posibilidad, pero no una obligación. Todos conocemos que la inscripción en el Registro de la Propiedad de los arrendatarios ha sido y seguirá siendo voluntaria. En segundo lugar, pretende dar mayor seguridad jurídica a aquellos que opten por ello, para evitar precisamente que la mayor libertad de pactos redunde en perjuicio del arrendatario y que se vea perjudicado el mercado del alquiler. Asimismo, con la inscripción en el registro se pretende equiparar los arrendamientos de vivienda con los de los locales de negocio, que ya tienen en este momento idéntico tratamiento, pero de forma absolutamente voluntaria, señorías. La constancia registral de los arrendatarios va a fomentar la transparencia del mercado del alquiler. Vamos a saber a qué atenernos todos y la mayor seguridad del tráfico jurídico va a proporcionar una protección suficiente a las partes. El Consejo Económico y Social, donde están representados todos los agentes sociales, recomendó al Gobierno que debería ser obligatoria. El Consejo General del Poder Judicial decía también que el anteproyecto pretende normalizar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas para que la protección de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario, no se consiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico; no lo digo yo, lo decía el Consejo General del Poder Judicial.

Renuncia a la adquisición preferente. Señorías, el tema de la renuncia a la adquisición preferente obedece a la flexibilidad, no al contrario. Se está tergiversando lo que dice la ley. Son las partes las que deben decidir y no se puede imponer desde la ley la obligación de que el propietario del inmueble disponga de él a favor de una persona determinada. Eso es lo que dice la ley, no lo contrario, como he escuchado en esta tribuna. Son ambas partes en igualdad de condiciones las que deben pactar las cláusulas que


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deben regir el contrato. Es precisamente este el motivo por el que no se limita el derecho de adquisición preferente.

He escuchado alguna cosa que no voy a etiquetar porque seguro que muchas de sus señorías están de acuerdo conmigo. ¿Cómo se puede decir que la libertad de las partes para no poner el IPC perjudica a una de ellas? Si yo quiero pactar con uno de ustedes que me alquile una vivienda y que el año que viene y el siguiente no suba el IPC ¿es malo para mí? No, señorías, no es malo para mí, porque voy a conseguir tener una vivienda durante tres años al mismo precio al que la he alquilado hoy, a pesar de que suba el IPC. (Aplausos). ¿Y qué me dicen de la reducción de los plazos de duración del contrato? Parece que algunos acaban de aterrizar en este país. Tenemos que acomodarnos a la realidad de cómo somos y cómo vivimos los españoles en este momento. Habrá algunas personas que buscan estabilidad y que, sobre la base de la libertad de las partes, puedan pactar la duración que estimen conveniente. Por el contrario, habrá otras que por las características del mercado laboral necesitan mayor movilidad, y a esos les va mejor al alquiler con menor duración, señorías. Es que nos lo están pidiendo. Además, en ningún caso se impide que, si el arrendador y el arrendatario están de acuerdo, puedan establecer una duración superior del arrendamiento por un plazo que vaya más allá de los tres años, o incluso de los cinco que existen en la actualidad. Nadie impide que se haga un contrato de diez; no se impide. De esta forma, al dar prioridad a la voluntad de las partes, serán los propios ciudadanos los que determinen las condiciones de los arrendamientos. La libertad de pacto ya tuvo un avance importante en la reforma de la ley de 1994, pero ahora queremos dar prioridad a la libertad. Acceso a la vivienda más flexible y más ágil.

Señorías, quería también comentar con ustedes que la demagogia tienen las patas muy cortas. Se ha hablado aquí de paraísos fiscales. Hace falta tener valor. En esta ley se dice justamente lo contrario, que no puedan actuar en ningún caso; es justamente lo contrario. No se favorece la actividad de las empresas radicadas en paraísos fiscales, señorías. ¿Ustedes creen que yo tengo cara para venir a esta tribuna a decir que favorezco a los señores que tienen dinero en paraísos fiscales? ¿Ustedes se lo pueden imaginar? No se favorece la actividad de las empresas radicadas en paraísos fiscales porque se modifica la configuración del gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. ¡Si lo que hacemos es resolver el problema, señorías, dejando sujetas a dicho gravamen a las entidades de residentes, no a las que estaban en esa situación! Hasta ahora el GEBI se aplicaba con carácter general a todas las entidades no residentes que fueran propietarias o poseyeran en España por cualquier título bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre estos, estuvieran o no radicadas en países o territorios considerados como paraísos fiscales. O sea, es el Partido Popular y es este Gobierno el que va a resolver el problema de los paraísos fiscales que había hasta ahora, señorías. (Aplausos). En cambio las entidades residentes que no estén en paraísos fiscales sí estarán sometidas a este régimen y no sujetas al GEBI, como dice el sentido común, que es lo que debe imperar también, aunque parezca mentira, cuando se hace política. Esta medida va a coadyuvar a la consecución de la finalidad del proyecto de ley de atraer el mayor número posible de viviendas al mercado del alquiler, por el contrario, a las entidades no residentes que estén radicadas en países o territorios considerados como paraísos fiscales se les aplica el GEBI.

Señorías, agradezco todas las intervenciones, también las críticas, porque de ellas también se puede construir el futuro. No comparto algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho, como cuando se ha dicho que flexibilizar es quitar derechos, no lo puedo compartir. Tampoco comparto que se limiten derechos porque se determine una duración de los contratos aunque se pueda pactar mayor longitud de los mismos y, sobre todo, me parece injusto que en este momento se diga que parece que hay algún Gobierno o algún partido que no quiere arreglar o solucionar los problemas que se ha encontrado cuando ha llegado al Gobierno. Señorías, estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estamos trabajando con seriedad y con rigor.

Se ha hablado por parte de un portavoz de fraude no sé cuántas veces. Yo no sé si a alguien le traiciona el subconsciente; a mí no. Defrauda y hace fraude a los ciudadanos aquel que les está diciendo por un lado que les arregla las aceras y les pone y repara las fuentes y, por otro, está pidiendo dinero prestado para hacer carreteras y puentes que son necesarios; defrauda y hace fraude a los ciudadanos aquel que decía que el déficit era un 6 y sin embargo era un 9 (Aplausos); defrauda y hace fraude a los ciudadanos aquel que, como saben, se gasta 90.000 millones de euros más de lo que había ingresado; defrauda a los ciudadanos aquel al que ahora se le llena la boca hablando de los derechos de las viudas pero cuando gobernaba congeló sus derechos (Aplausos); defrauda aquel que no dice la verdad y aquel que cuando tuvo la oportunidad de mejorar el mercado del alquiler destinaba una pequeña parte a ello.


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Sin embargo, hoy, en España, tenemos que hacer frente entre todos a las necesidades urgentes de esos ciudadanos, de esas personas más desfavorecidas que en este momento están en situación de desempleo, muchas de las cuales no tienen todavía acceso a la vivienda. Agradezco especialmente el tono y contenido de los grupos que van a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad. He escuchado tanto al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, a la portavoz de UPyD y al portavoz de Convergència i Unió que tienen interés en mejorar esta ley y ya han apuntado aquí enmiendas a la misma, que serán muy bienvenidas, como las del resto de los grupos políticos que han venido con una enmienda a la totalidad. El Gobierno y el partido que lo sustenta están abiertos a la mejora de esta ley; ninguno somos infalibles, hay muchísimas cosas que mejorar. Para ese camino le agradezco especialmente a mi grupo, el Grupo Popular, el apoyo a este proyecto de ley, porque ahora empieza una tarea que yo también he ejercido y todavía sigo siendo diputada de esta Cámara. Les agradezco el trabajo que van a hacer de ahora en adelante y espero que esta ley salga enriquecida de la Cámara. Que la ley, junto con ese nuevo plan de vivienda 2013-2016 y la ley de rehabilitación y regeneración urbana, sirvan, señorías, seguro que no para solucionar todos los problemas que tenemos en nuestro país, que son muchos, que son de cada persona, pero sí vamos a intentar hacer ese camino. Todo el mundo podemos dar lecciones en alguna pequeña cosa, pero lo que no voy a permitir, por eso he subido a esta tribuna, es que alguien diga per se, y sobre todo delante de todos los ciudadanos, que hay quien se preocupa de las personas que tienen problemas y otros parece que nos preocupamos solo de los que no los tienen. Estamos hoy aquí, señorías, como está haciendo el Gobierno, para resolver los problemas de los ciudadanos, fundamentalmente para preservar sus derechos fundamentales y hacer posible que las personas que no tienen empleo puedan acceder al mismo, porque solo cuando uno tiene empleo y tiene independencia, como ustedes saben, es cuando uno puede acceder a una vivienda. Ninguno de nosotros, por lo menos no es mi caso, somos ricos y todos sabemos lo que es vivir de alquiler y ser capaces de ahorrar durante unos años, si hemos podido, para poder acceder a una vivienda.

Gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra. (La señora Pérez Fernández pide la palabra).

Señora Fernández, adelante. Tiene tres minutos.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

La señora ministra ha hecho una alusión directa a una intervención en el pasado del BNG y quiero hacer la siguiente aclaración. Cuando el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, el señor Jorquera, hizo aquella intervención, los procesos judiciales superaban el año para que hubiera una resolución judicial. Una cosa es acortar plazos, como después se fueron sucediendo en distintas modificaciones legales, y otra cosa muy distinta, señora ministra, es lo que ustedes hacen, que es en diez días permitir desahuciar, expulsar a una persona de su vivienda. Bendita la coherencia del Partido Popular, señora ministra.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez Fernández.

Señor Simancas, ¿va usted a intervenir? (Denegación).

- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000028).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al último punto del orden del día, que se refiere al proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia. Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno del Congreso para defender y solicitar su apoyo para la tramitación del proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia, la denominada CNMC. Uno de los principales pilares de la política económica de este Gobierno es la realización de reformas estructurales que contribuyan a la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo. Esta reforma supone mercados más eficientes y competitivos, lo que a su vez genera ganancias de productividad que beneficia tanto a las empresas como a los


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consumidores. La mejora en la competitividad de las empresas españolas se producirá a través del refuerzo de la competencia, la flexibilización de los mercados, la reducción de los trámites administrativos y la simplificación regulatoria, a lo que contribuye también la austeridad y profesionalidad del sector público, que es otro de los objetivos fundamentales de esta ley.

La reforma de los organismos supervisores se enmarca, por tanto, dentro de los objetivos del Gobierno de austeridad, profesionalidad del sector público y mejora de la intervención pública en los sectores afectados. La transformación y simplificación de los organismos supervisores que pretende llevar a cabo el Gobierno a través de este proyecto de ley trata de continuar en este proceso de reforma, mejorar y ahorrar en la gestión pública, evitar duplicidades y competencias que se solapan, reforzar la profesionalidad de estos organismos y contar con organismos más independientes. Son precisamente estos supuestos los que permitirán valorar la calidad de las funciones de los organismos supervisores y los que rigen también la reforma que se va a llevar a cabo en España. En definitiva, se busca mejorar la intervención pública en los sectores afectados, con el objetivo de tener mercados más competitivos. Por todo lo anterior, la reforma puede considerarse como una medida relevante de acompañamiento de las medidas de liberalización y apertura de los mercados.

Antes de entrar en el desarrollo de los objetivos y contenido de esta propuesta, es necesario tener en cuenta de partida dos cuestiones. En primer lugar, se trata de una reforma institucional que no afecta al marco sustantivo de la actual Ley de Defensa de la Competencia. Todas ellas continúan en vigor y se seguirán impulsando con la nueva institución. En segundo lugar, el proyecto de ley es la base de la nueva institución, que deberá completarse con el estatuto orgánico y el reglamento de funcionamiento interno. En estas normas de desarrollo habrá que determinar cuestiones importantes para asegurar un funcionamiento ágil y eficiente de la CNMT. Como ha indicado la Comisión Nacional de la Competencia en su informe del anteproyecto de ley, si se realiza de forma adecuada, estamos ante una oportunidad para mejorar el sistema de supervisión y regulación actual; esto es lo que se pretende. La situación actual de los organismos supervisores adolece de una serie de problemas. Existe una proliferación excesiva del número de organismos, una asunción de competencias que no guardan relación con las misiones y objetivos de estos organismos y, a su vez, existen ineficiencias por fallos de coordinación. Actualmente, el número de organismos que se dedican a supervisar los mercados de productos y servicios es excesivamente elevado, y esto sin contar con los de carácter financiero y otros, como el Consejo de Seguridad Nuclear. En los años noventa se crearon los supervisores de las industrias de red, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía. Posteriormente, sobre todo en los últimos años, ha habido una proliferación de organismos. La Ley 13/2011, de Regulación del Juego, ha creado un nuevo organismo, la Comisión Nacional del Juego; y el Real Decreto-ley 11/2011, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. La Ley General de Comunicación Audiovisual prevé igualmente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Junto a todos estos organismos reguladores sectoriales, cuya actividad se centra en la supervisión de la correcta aplicación respecto del marco regulatorio en las industrias de red, básicamente la Comisión Nacional de la Competencia ejerce una función horizontal de defensa del funcionamiento competitivo de los mercados y de aplicación de la normativa de competencia a todos los sectores nacionales. Actualmente, el número de supervisores es considerablemente elevado. Hay ocho organismos vinculados con la supervisión de productos y servicios. Esto, a todas luces, es excesivo desde un punto de vista de eficiencia y costes y debe corregirse en el proceso de reforma integral de la Administración pública para hacerla más eficiente. Cada uno de estos organismos tiene una sede, unos organismos de dirección, una estructura, que son excesivos para el tamaño de la economía española, sobre todo en las actuales circunstancias. Además, el proceso de liberalización y transición a la competencia, iniciado en los años ochenta y noventa, se encuentra ya en un estado más avanzado. Se han producido importantes cambios y desarrollos tecnológicos en muchos mercados y es razonable que después de este tiempo, teniendo en cuenta la evolución que han experimentado los mercados y el contexto económico general, haya un ejercicio de replanteamiento del modelo institucional. Estos procesos de evaluación periódica al sistema son, de hecho, obligatorios en muchos países de nuestro entorno y de la Unión Europea.

En definitiva, los problemas mencionados acarrean una serie de consecuencias para el conjunto de la economía; sobredimensionamiento del sector público, que provoca la absorción de recursos privados más allá de lo eficiente en forma de carga impositiva; fallos en la eficacia de la supervisión por falta de una adecuada coordinación; políticas sectoriales divergentes en sectores donde la filosofía de intervención


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debería ser la misma y, en última instancia, mayor riesgo de captura del regulador como consecuencia de la atomización de los organismos.

Señorías, el fin básico de la ley es doble. Primero, aumentar la eficiencia del sector público, eliminando los costes innecesarios y reduciendo su tamaño. Ello conducirá a la reducción de la carga impositiva soportada por las empresas y en última instancia por los consumidores y usuarios, lo que contribuirá a aumentar la competitividad del sector empresarial y tendrá un impacto positivo sobre la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Para ello se reducirá el número de organismos, agrupando aquellos que tengan funciones similares y un mismo objetivo y eliminando aquellos cuyas funciones puedan ser desempeñadas por la Administración. Al mismo tiempo, se simplifica su estructura y funcionamiento a través de una revisión pormenorizada de sus competencias y una racionalización de las mismas, de forma que estén ordenadas y sean coherentes con sus objetivos, devolviendo a la Administración las funciones que no se dirijan a la consecución de estos objetivos. En este aspecto es necesario destacar que las tareas que se asumirán por los departamentos ministeriales serán únicamente aquellas cuyo contenido sea puramente administrativo, donde además no es necesario aplicar un criterio de independencia frente a la Administración, como son por ejemplo la gestión de registros de operadores, la gestión y liquidación de determinadas tasas, las oficinas de información y consulta o la atención de determinadas quejas y reclamaciones.

Se considera necesario concentrar en la nueva CNMC aquellas competencias cuyo contenido técnico, ya sea de fomento de la competencia como de regulación sectorial, hace deseable que sean asumidas con las máximas garantías de imparcialidad y capacidad profesional por la comisión que se pretende crear a través de este proyecto de ley. La descarga de las tareas de índole administrativo en los departamentos ministeriales, que tienen a su vez la experiencia y recursos necesarios, permitirá a la futura CNMC centrarse en las actividades con más impacto en la mejora de la competitividad de los mercados.

El segundo fin, señorías, es aumentar la seguridad jurídica y la eficacia de la política de competencia y de protección al consumidor, en aras de promover mercados que ofrezcan bienes y servicios más competitivos en precio y en calidad, lo que repercutirá lógicamente en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Esta reforma permite clarificar las competencias, aplicar criterios homogéneos en ámbitos regulatorios con las mismas características económicas y garantizar una necesaria armonización entre la política sectorial y la de competencia. Para ello, se aumentará la profesionalidad, neutralidad e independencia de esos miembros a través de actuaciones en tres frentes principales. En primer lugar, mejorar el régimen de nombramiento y cese de los órganos rectores, estableciendo fuertes disposiciones sobre el prestigio o competencia profesional e independencia de consejeros, vicepresidente, presidente y directivos de la CNMC. En segundo lugar, garantizar la efectiva separación de las funciones de fiscalización y enjuiciamiento. Y por último, aprovechar mejor la complementariedad de los recursos humanos de perfil técnico y los de perfil económico.

Con este nuevo enfoque institucional el nuevo organismo seguirá teniendo como objetivo maximizar el excedente del consumidor, garantizando el correcto funcionamiento de los mercados en un entorno competitivo y en los sectores regulados el libre acceso a las redes y a las infraestructuras esenciales, sin discriminación entre operadores. Hay además un elemento importante en todo ello: la existencia de una competencia efectiva que siga siendo una premisa básica de la productividad y de la competitividad. Con esta reforma, este principio esencial será determinante no solo en el diseño y definición de las políticas regulatorias sino también en su aplicación.

Por último, he de destacar el reducido plazo de tiempo en el que se prevé la puesta en marcha efectiva de la CNMC, en el caso de que este proyecto de ley sea aprobado por las Cortes, estableciéndose un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley. En este periodo será necesario realizar diferentes tareas, desde la comparecencia en esta Cámara de las personas propuestas para consejeros, vicepresidente y presidente de la CNMC, hasta la aprobación del estatuto orgánico y el reglamento de funcionamiento interno. Si bien es un periodo de tiempo reducido, se están dedicando todos los esfuerzos necesarios para minimizar situaciones de interinidad y evitar dilaciones en la puesta en marcha efectiva de la nueva comisión. El calendario de tramitación parlamentaria se ha fijado con el objetivo de aprobar la ley la primera quincena de marzo, para que sea posible poner en marcha la nueva CNMC antes del próximo mes de agosto, teniendo en cuenta el mencionado plazo de cuatro meses para su puesta en funcionamiento.

Señorías, existen diferentes modelos institucionales para la supervisión reguladora de los sectores de red y de autoridades de la defensa de la competencia. En esta reforma, como ustedes conocen, se ha


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optado por un modelo que integra supervisión regulatoria y defensa de la competencia en una única institución, como será el caso de Países Bajos a partir de 2013. Esta reforma supone pasar del modelo actual de varios órganos a un modelo de supervisión multisectorial, más acorde con el tamaño y características de nuestra economía. Existen bastantes precedentes contrastados, tanto de supervisores regulatorios multisectoriales de industrias de red, como por ejemplo en Alemania con un único regulador sectorial para telecomunicaciones audiovisual, electricidad, gas, ferrocarril y postal y también de unificación de las funciones de supervisión regulatoria y de defensa de la competencia, como es el caso del Reino Unido, donde Ofcom, en telecomunicaciones, aplica la normativa regulatoria y de defensa de la competencia.

Por lo que respecta a este proyecto de ley se ha optado por este modelo porque es la opción que maximiza las economías de escala y sinergias y que más potencial tiene para mejorar el marco de supervisión de estos mercados. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por último, tal y como se establece en la normativa aplicable, este proyecto se ha comunicado a la Comisión Europea -en concreto el pasado mes de abril- a través de su inclusión en el Plan nacional de reformas que se envió a la Comisión y las observaciones que se han ido planteando al Ejecutivo por parte del Ejecutivo comunitario se han tenido en cuenta a la hora de redactar este texto normativo.

Señorías, se trata de una reforma institucional por medio de la cual se crea la comisión que será la encargada de aplicar la normativa de defensa de la competencia y de ejercer la función de supervisión de la aplicación de la regulación sectorial en las diferentes industrias de telecomunicaciones, postal, media, energía y transporte. La CNMC ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en todos los mercados y sectores. En concreto, el nuevo organismo agrupará las funciones de siete organismos independientes existentes actualmente: la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Asimismo, se suprime un organismo creado pero no constituido: la comisión nacional del juego.

El actual proyecto de ley se estructura básicamente en cinco bloques, en los que se regula, en primer lugar, su naturaleza y régimen jurídico. Se va a mantener la naturaleza jurídica de la CNC y de los organismos supervisores actuales dotándola de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia de las administraciones públicas y de cualquier entidad pública o privada. Se somete al control parlamentario y judicial, y de esta forma se cumplen las exigencias de las normas de la Unión Europea en materia de independencia de los organismos reguladores. El ministerio de adscripción orgánica para las relaciones con la CNMC, sin perjuicio de su independencia funcional, será el Ministerio de Economía y Competitividad de carácter horizontal.

Las funciones de la CNMC se agrupan en cuatro grandes ámbitos: funciones de supervisión y control, funciones de instrucción y resolución, funciones de arbitraje y resolución de conflictos y funciones consultivas. Las funciones de supervisión y control y las de arbitraje se especifican para cada uno de los sectores regulados. La regulación de las funciones del nuevo organismo se realiza bajo el principio de respeto y cumplimiento del contenido y las exigencias de las directivas comunitarias, que regulan los objetivos y competencias concretas de los organismos supervisores independientes en los sectores regulados. Bajo estos principios, con la presente reforma institucional se realiza simplemente una reordenación de competencias que permitirá a la comisión centrarse en su objetivo fundamental, asumiendo las funciones necesarias para lograrlo. Como se ha indicado anteriormente, los órganos competentes de los distintos ministerios pasan a asumir las tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores pero que no están estrictamente relacionadas con la misión de la nueva comisión y para las que las directivas comunitarias no requieren condición de independencia. Ello permitirá a la futura CNMC centrar su actuación en las funciones directamente relacionadas con lo que es su objeto.

Señorías, la comisión ejercerá sus funciones a través de un consejo compuesto por nueve miembros, entre ellos el presidente y el vicepresidente. Todos serán propuestos por el Gobierno para su nombramiento mediante real decreto pero, para reforzar su independencia, su nombramiento deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados. Es decir, el proyecto prevé que la comisión competente del Congreso pueda vetar estos nombramientos, que tendrán un mandato de seis años no renovable. La norma regula las funciones del consejo, de su presidente y vicepresidente, así como el nombramiento y mandato de los consejeros, el régimen de incompatibilidades, causas de cese, obligaciones de informar y garantías para


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la actuación imparcial. A modo de ejemplo de estas garantías se establece que los consejeros, vicepresidente y presidente no podrán ejercer actividad profesional privada relacionada con la actividad de la comisión durante los dos años posteriores a su cese. La cuestión de los nombramientos es esencial, señorías. Nombrar adecuadamente el consejo es lo que permite en la práctica que un órgano funcione de forma eficiente y un mal nombramiento anula los posibles beneficios de tener un modelo perfecto sobre el papel.

El proyecto de ley prevé una estructura orgánica con cuatro direcciones de instrucción: competencia, telecomunicaciones y audiovisual, energía, transporte y postal, a cuyo frente estarán los directores nombrados mediante real decreto-ley a propuesta del Gobierno y con la aprobación del consejo de la comisión nacional del mercado y la competencia. Mediante el sistema establecido en la norma se pretende encontrar el equilibrio entre la independencia de la Administración y la separación entre instrucción y resolución de los expedientes. También se incluye un mandato para la elaboración del estatuto de la CNMC donde se definirá con detalle su estructura orgánica interna. No obstante, la norma ya regula el régimen jurídico y de personal, el régimen de contratación y el económico-financiero y patrimonial de la CNMC, que fue una de las peticiones que realizaron los actuales organismos reguladores cuando informaron el anteproyecto de ley. Habrá menos sedes en el ámbito nacional porque de siete organismos supervisores pasamos a uno. No obstante, se crea un organismo mayor y el propio proyecto ha previsto -sin perjuicio de que la sede central de la CNMC esté en Madrid- la posibilidad de que existan subsedes o que se aprovechen como subsedes las dependencias que ya existen en otras comunidades autónomas.

La norma incluye disposiciones detalladas sobre la publicidad de las actuaciones de la CNMC y sobre el control parlamentario. También se prevé que este organismo pueda dictar, cuando se le habilite para ello, disposiciones de desarrollo y ejecución de leyes, reales decretos y órdenes ministeriales, que adoptarán la forma de circulares y que tendrán carácter vinculante para los agentes económicos a los que se dirijan. Esta capacidad permitirá a la comisión aumentar la transparencia y efectividad de su actuación. Igualmente se regula con detalle el proceso de transformación para que la transición en la puesta en marcha de la reforma no perjudique la aplicación de la normativa de defensa de la competencia y de la regulación sectorial, y la futura comisión empiece a funcionar de forma ordenada pero sin dilación. En resumen, de acuerdo con este contenido del proyecto de ley, se trata sobre todo de una reforma del modelo institucional, no del marco sustantivo, que crea un organismo con el que se busca ser más eficiente pero en todo caso respeta y refuerza los principios de independencia y profesionalidad y los marcos sectoriales de la Unión.

La creación de un organismo multisectorial que integre los anteriores ocho organismos supervisores, tendrá un impacto presupuestario positivo, vinculado a factores como la eliminación de altos cargos, la reducción de unidades de servicios comunes y el ahorro de gastos de funcionamiento. Un solo dato puede dar una idea del volumen de ahorro de recursos públicos que supondrá esta reforma. El número de altos cargos pasa de 50 a 9; el ahorro neto estimado solo de la partida correspondiente a remuneraciones de altos cargos supera los 4,2 millones de euros. El ahorro en gastos de funcionamiento deriva fundamentalmente de los ahorros por infraestructuras y servicios redundantes y, como consecuencia, el mejor aprovechamiento de los recursos y medios comunes. Con una estimación de mínimos muy conservadora el ahorro por gastos de funcionamiento sería de 6 millones de euros. Aunque es difícil cuantificar en este momento todos los ahorros que se generarán con la puesta en marcha de la comisión debido a que los detalles sobre su estructura organizativa y de personal se fijarán en el estatuto orgánico que se aprobará una vez entre en vigor la ley, sí se pueden comentar los resultados de unas primeras estimaciones conservadoras. Así, partiendo del supuesto de que el ahorro equivaldrá al 10 % de los gastos actuales, se considera que la creación de la comisión supondría unos ahorros brutos anuales de más de 28 millones de euros, de los cuales 18 millones serían el resultado de la no puesta en funcionamiento de varios organismos, y el resto, de la eliminación de altos cargos y el ahorro en gastos de funcionamiento a causa de la integración. Si consideramos como hipótesis de partida que el ahorro fuera del 20 % de los gastos actuales, se superarían entonces los 34 millones de euros. A modo de ejemplo, se puede aportar el caso de Alemania, donde la existencia de un único supervisor multisectorial de industrias de red supuso un ahorro del 25 % de los gastos, por lo que es de prever que el impacto sea incluso superior al que les he señalado.

La creación de la futura comisión tendrá otros importantes efectos económicos asociados a las mejoras de la intervención pública en los sectores afectados por la reforma y a los beneficios para la economía de una mayor competencia. En concreto, se reforzará la seguridad jurídica del marco regulatorio, eliminando


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el riesgo de que los organismos sectoriales y la autoridad de competencia adopten criterios divergentes garantizando una coherencia en el marco regulatorio ex ante y ex post. Además, la reestructuración de competencias permitirá que el nuevo organismo se concentre en su función de velar por la competencia de estos mercados de forma integral y clarificará sus funciones eliminando incertidumbre. En segundo lugar, se obtendrán sinergias reputacionales y asociadas al conocimiento técnico y a la experiencia acumulada de los diferentes organismos, lo que contribuirá a una mayor credibilidad en la calidad de la supervisión.

Se fortalecerá la independencia de la autoridad. Ello contribuirá a que sus medidas sean adoptadas con imparcialidad y con el solo interés de alcanzar mercados verdaderamente competitivos y sin condicionantes de naturaleza política o privada. La independencia de la autoridad se verá reforzada por el sistema de elección de consejeros, vicepresidente, presidente y directivos. Con la introducción de la nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso de dichos consejeros, vicepresidente y presidente se refuerza en última instancia la legitimidad democrática de la comisión. Los directores, por su parte, serán nombrados mediante real decreto previa aprobación por mayoría simple del consejo de la comisión por cuatro años renovables. Este sistema garantiza, como no puede ser de otra forma, su independencia, tanto del propio consejo como de la Administración.

Se reducirán los trámites y los procedimientos serán más ágiles, lo que tendrá un impacto positivo en términos de costes para las empresas.

Por tanto, como consecuencia de esta reforma se sientan las bases institucionales para alcanzar unos mercados más competitivos en estos sectores clave de la economía, lo cual en última instancia beneficiará a las empresas, a consumidores y a la sociedad en general. La mayor competencia, mayor productividad y mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados que esta reforma pretende impulsarán favorablemente la producción y la innovación y, por lo tanto, el crecimiento potencial de la economía.

Voy concluyendo, señorías. Es de esperar que un cambio de modelo, incluso cuando sea fundamentalmente un cambio de modelo meramente institucional como el del presente caso, produzca normalmente debate entre los expertos. Esto es bueno, pero es esencial no perder de vista que normalmente no hay un modelo único mejor. Cada alternativa tiene ventajas e inconvenientes, y así lo ven los expertos y profesionales de la competencia y la regulación, que se valoran de forma distinta en función del contexto. El contexto actual es muy especial y todas aquellas reformas que permitan mejoras de eficiencia y profesionalidad en la Administración pública deben realizarse porque contribuyen a los objetivos de política económica que requiere la situación. Todo esto no se hace obviamente para poner en cuestión los principios fundamentales que están en la base de la existencia de los organismos supervisores y de los marcos regulatorios sectoriales de la Unión Europea, ni tampoco se hace para rebajar los niveles de protección a la competencia y la supervisión regulatoria; todo lo contrario, señorías, de hecho, las actuaciones y procesos de reforma puestos en marcha por el Gobierno se fundamentan en estos principios y se va a continuar en esta línea. La nueva institución continuará impulsando y defendiendo la competencia y la aplicación de la supervisión sectorial; confiamos que con un elevado nivel de exigencia. De nuevo, señorías, esta es una oportunidad para mejorar el sistema de supervisión regulatoria y de defensa de la competencia y este es el objetivo principal que se pretende alcanzar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución y dos enmiendas de texto alternativo a este proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, cuyos representantes aunque no hayan presentado enmiendas en algún caso fijarán la posición, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de devolución porque cree que el objetivo del proyecto de ley, esto es, la unificación de todos los reguladores existentes a excepción de los financieros en un nuevo y único organismo supervisor, supondrá grandes pérdidas en la eficacia y en la independencia de las funciones que realizan actualmente estos organismos. Un ejemplo lo encontramos en la propia concepción de este nuevo organismo, puesto que si anteriormente eran considerados organismos reguladores, en este proyecto de ley pasan a transformarse en un mero supervisor. Por otra parte, no se verifica ninguno de los hipotéticos beneficios que el Gobierno anuncia con la creación de esta comisión y que además el ministro nos acaba de exponer. La exposición de motivos de este proyecto de


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ley señala que el nuevo modelo evitará duplicidades y decisiones contradictorias, aunque no se especifica cuáles se producirán; igual que la generación de ahorros, que también nos indica la exposición de motivos pero que no nos detalla cuáles serían.

En el actual contexto económico, caracterizado por una fuerte crisis y en el cual se están produciendo grandes concentraciones de capital y funcionamientos oligopolísticos en los mercados, es más necesaria que nunca la existencia de organismos reguladores fuertes, independientes y eficaces, justo lo contrario de lo que en este proyecto de ley se propone. Es necesario recordar que el anteproyecto fue sometido a un informe de los organismos reguladores afectados. En dicho informe se señalaron las contradicciones e imprecisiones del anteproyecto, cuestiones que no fueron resueltas en el actual proyecto que llega a la Cámara. Estos informes también mencionaron la premura en la elaboración, la falta de participación en los propios organismos o la inexistencia de un proceso de debate antes de decantarse por un modelo nuevo, sin precedentes contrastables en el Estado ni en Europa. El proyecto de ley diseña un organismo único de nueva creación en el que se integran tanto los reguladores sectoriales como el organismo encargado de velar por la competencia. A pesar de la dificultad que esto supone, el proyecto establece unos breves periodos transitorios que se inician con el cese de los consejeros de los distintos organismos reguladores tras la entrada en vigor de la norma. Para garantizar la independencia de los organismos reguladores las directivas europeas prevén que los Estados miembros han de garantizar que estos solo pueden ser destituidos durante su mandato cuando ya no cumplan las condiciones establecidas en la propia directiva o hayan sido declarados culpables de faltas con arreglo al derecho interno. Sin embargo, en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo se prevé su cese sin que medie ninguna de las causas anteriores y sin norma transitoria alguna, por lo que se contraviene la normativa europea, como acabamos de exponer.

Con este proyecto se materializa el anuncio efectuado en diciembre del año pasado durante el discurso de investidura del presidente del Gobierno de una reforma integral de los organismos reguladores. El mismo vino precedido exclusivamente de un breve informe en el cual se afirmaba que en la Unión Europea la tendencia es a unificar organismos reguladores sectoriales y, aún más, a unificar reguladores sectoriales con los organismos de supervisión de la competencia. Para el Bloque Nacionalista Galego no solamente esto no queda claro, sino que tal afirmación no responde a la realidad. El modelo elegido supone separarse del modelo mayoritario que existe en la Unión Europea y está plenamente contrastado, que es el de organismos reguladores unisectoriales y específicos en donde al menos hay un regulador energético, otro en materia de telecomunicaciones y una autoridad de competencia. Por tanto, la concentración en un solo organismo de tantas competencias, además de ser un caso prácticamente único en el contexto europeo, implicará pérdida de eficacia cuando no el incumplimiento de las mismas y la pérdida de la independencia y de la especificidad, que son elementos fundamentales sobre los que se han de asentar los organismos reguladores y supervisores.

Por estas razones, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta enmienda de devolución, y en la misma dirección presentaremos las enmiendas parciales correspondientes en caso de que las enmiendas de devolución presentadas hoy no prosperen.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, en el proceso de centralización nacionalista de Una, grande y libre están edificando ustedes una democracia orgánica. Con la excusa de la austeridad y los recortes, el presente proyecto de ley pretende reducir y limitar la independencia y la capacidad de control de los organismos reguladores, trasladando así las competencias al propio Gobierno. Es decir, que ustedes se arrogan a sí mismos la condición de independientes y la condición de árbitros, lo cual es tan coherente como poner a alguien proveniente de la industria armamentística como ministro de Defensa o a un antiguo asesor de Lehman Brothers como ministro de Economía. Con esta ley supeditan el control de supervisión de los órganos reguladores a la ideología, dificultando la fiscalización y la transparencia a la vez que se impulsa una doctrina neoliberal de desregularización que beneficia claramente la concentración oligopólica. Por otro lado y en línea con la práctica neoliberal a que nos tienen acostumbrados, las políticas de control y de regulación de los mercados de la competencia favorecen las llamadas puertas giratorias entre la política y las grandes empresas. De hecho, el sistema que implantan favorece -evidentemente, como siempre y como nos


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tienen acostumbrados- a los grandes lobbies con acceso directo al Gobierno. Por cierto, después de que Gallardón hiriera de muerte el derecho de los consumidores con la Ley de Tasas, van ustedes y con este proyecto de ley no solo matan a los consumidores, sino que los rematan. Asimismo, la ley rompe con la profesionalidad y especialización del personal de los órganos reguladores, de manera que se favorece la subjetividad y las visiones parciales, y también las visiones manipuladas. Para colmo, no se fija la necesidad de rendir cuentas ante el Parlamento sobre su actuación.

En definitiva, su neoliberalismo camina hacia una democracia orgánica, donde las grandes corporaciones y las familias del régimen están en connivencia con el poder para la creación de un sistema corporativista y oligopólico. Que tome nota -y con esto termino, señor presidente- la burguesía catalana. De momento, en este proceso la CNMT ya ha desaparecido de la Ciudad Condal, de Barcelona.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, presidente.

Señorías, nos sumamos a todas las enmiendas a la totalidad que se han presentado a este proyecto de ley, ya que todas ellas coinciden en lo fundamental: el modelo regulador integrado en esta iniciativa se sitúa en las antípodas del modelo de la Unión Europea. No tiene referencias internacionales ni ofrece mejoras de eficiencia ni reducciones de costes significativos y, lo que es peor, es contrario a la legislación comunitaria, señor ministro. No existen referencias internacionales que nos permitan conocer las bondades del modelo que se propone. Lo único cierto que sabemos de este modelo es que de los veintisiete países de la Unión Europea solo Estonia lo tiene operativo y que el Parlamento de Holanda lo ha rechazado recientemente. Como bien conoce el Gobierno, el modelo propuesto ha sido ampliamente rechazado por los agentes del sector, muchos coinciden en los daños y perjuicios que puede ocasionar a los sectores implicados y a los ciudadanos. Y, lo más grave, la Unión Europea tiene serias dudas sobre su legitimidad. Creo que todos hemos tenido conocimiento de la carta que recientemente ha sido dirigida al señor subsecretario de Economía y Competitividad firmada por cuatro direcciones generales de la Unión Europea en la que se traslada al ministerio que el modelo que el Gobierno propone no cumple con las condiciones mínimas de independencia funcional y económica que la Unión Europea exige para los organismos reguladores. De seguir adelante, muy posiblemente nos encontraremos con que la Unión Europea denuncie a España por falta de independencia de sus reguladores, como ya ha ocurrido en los casos de Hungría y Rumania. Seguramente más temprano que tarde habrá que dar marcha atrás, con los consiguientes inconvenientes y daños irreparables para unos sectores claves para la economía española y los ciudadanos. Más aún, que los directores generales sean nombrados por el Gobierno desde luego que no ayuda a garantizar la independencia de la futura comisión.

Nosotros apostamos por la reducción del número de reguladores a tres más uno, agrupando sectores convergentes o muy relacionados y manteniendo separada la Comisión Nacional de Competencia, dada su condición de regulador ex post horizontal, la separación entre instrucción y decisión y, por último, el nombramiento de los presidentes y consejeros por el Congreso. En definitiva, ningún invento, un modelo similar al de los países de nuestro entorno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro, señoras diputadas, señores diputados, pocas veces un proyecto de ley que llega a esta Cámara ha recibido un rechazo más unánime de los grupos políticos, de los medios de comunicación, al menos aparentemente y en primera instancia, de los expertos en la materia, etcétera, que este proyecto de ley. La regulación de los mercados ex ante y el control de los mismos ex post son materias que en principio deberían estar fuera del debate político, garantizándose una normativa con amplio consenso, en la que las bases estén compartidas en lo fundamental por todas las fuerzas políticas y ofrezcan a los mercados una situación de estable seguridad jurídica y que no esté sometida a cambios arbitrarios. Dicho de forma sencilla, que lo que uno construye no sea cambiado radicalmente por otro o al menos sea realizado con el máximo consenso posible. Así había ocurrido hasta ahora y no se puede negar que el modelo en su generalidad no era cuestionado por


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ninguna fuerza política y que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. Podía haber diferencias de matices, y así se vio en la pasada legislatura con la discusión de la Ley de Economía Sostenible, donde se debatió la visión que cada grupo tenía pero sin que existieran discrepancias de fondo sobre el esquema general, que se preveía estable a futuro, lo que ofrecía a los mercados una cierta estabilidad que es beneficiosa para ellos.

El actual modelo de reguladores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de Energía fue creado por el primer Gobierno del PP, primero con siete consejeros y más tarde con nueve. Es evidente que ese modelo fue en su momento consensuado y ha sido respetado por los diferentes Gobiernos. Por lo tanto, y vistos los antecedentes de estabilidad y cercanía al consenso, podemos preguntarnos cuándo se produjo esta quiebra a la estabilidad. En primer lugar, se produjo cuando por parte del Gobierno anterior se procedió al nombramiento, en mayo del año 2011, de consejeros para las Comisiones del Mercado de las Telecomunicaciones y de Energía. Se nombró para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a un presidente y dos consejeros y prácticamente al mismo tiempo se procedió a la renovación completa del consejo de la Comisión Nacional de Energía, lo que llevó entonces al Partido Popular a señalar que cuando llegara al Gobierno cambiarían la situación. Señor ministro, esta reforma en ese sentido no es un tema que nadie considere urgente ni mucho menos necesario, es simplemente forzada por la situación económica, que eso es en parte comprensible, no aporta tampoco un beneficio especial y es una forma de poner en práctica, si me permite, lo de quítate tú para ponerme yo mediante una fórmula de matar moscas a cañonazos. Un proceso como el que se pretende iniciar redundará necesariamente en un parón regulatorio derivado de la reestructuración y puesta en marcha del nuevo organismo. En un ámbito como el regulatorio, dichos parones abonan el terreno para que los operadores dominantes amplíen su dominio. Así, una reforma como la propuesta solo beneficia a los antiguos monopolios, que se verán liberados temporalmente del muro de contención que representa la regulación constante, permitiéndoles precisamente volver a recuperar sus antiguas situaciones de privilegio. En estos momentos este es un lujo que el país no se puede permitir.

Pasaremos a continuación a examinar los argumentos que se han venido utilizando para la reforma, así como los errores que entendemos que contiene y que colocarían al Estado español, de aprobarse este proyecto, en una situación de claro desprestigio internacional. En relación con la competencia frente a los derechos de regulación, se trata de dos derechos distintos. El primero tiene una larga tradición continental y se encarga de la supervisión puntual y ex post de las conductas contrarias a la competencia que puedan llevar a efecto las empresas que intervienen libremente en el mercado. Presupone que dicha supervisión se lleva a cabo en un mercado de competencia perfecta y trata de eliminar los desmanes que puedan llegar a producirse. El derecho regulatorio, a diferencia del anterior, proviene del derecho anglosajón y nace fundamentalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña y ha sido acogido dentro del acervo comunitario para crear, dicho sea en palabras de la propia Comisión, espacios europeos comunes en el área de las telecomunicaciones y de la energía, así como en otras áreas de la actividad económica donde pueda darse el peligro de trusts o tendencias monopolísticas o donde los grandes sujetos del mercado puedan impedir la entrada a nuevos competidores. Ambos derechos presentan características diferentes y la actividad de las autoridades de competencia y de regulación son distintas y ejercidas por organismos diferentes. No existe ningún modelo en el que ambas actividades se den de forma unificada con la única excepción de Estonia, país que por su tamaño y escasa población puede tener alguna justificación al respecto. Cuando nuestro grupo habló en esta Cámara de modelo estoniano contestó el presidente del Gobierno que nada más lejos de su intención que copiar el modelo estoniano, lo cual es lógico puesto que sus modelos eran el británico y el alemán. Pero para paliar esta ausencia de modelos y tendencias el Gobierno se acogió a un proyecto que existía en los Países Bajos y se habló entonces de modelo holandés. Pero nos hemos encontrado con que dicho proyecto ha sido rechazado por el Parlamento de Holanda debido a las fuertes críticas que ha recibido de los servicios jurídicos de la Comisión y -no menos importante- a que los grupos políticos de ese país han visto que era una propuesta no aceptable. Por lo tanto, señorías, les propongo que sigamos ese ejemplo y evitemos hacer el ridículo.

Hay también razones de ahorro. Se aduce que se quieren eliminar consejeros y se habla de casi sesenta consejeros existentes, pero no se dice que en dicho número se incluyen mayoritariamente consejeros de organismos que no han llegado a ser creados y que por tanto se está hablando de alguna manera, señor ministro, de una ficción eliminando cargos que, simplemente, no existen. Se oculta deliberadamente que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y de la Energía se autofinancian con sus tasas propias, que pagan los operadores afectados, y que sus presupuestos no se encuentran


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incluidos en los presupuestos del Gobierno, con lo que el ahorro presupuestario sería inexistente. La Comisión Nacional de la Competencia, por su distinta naturaleza, sí recibe una transferencia económica del Gobierno, pero también hay que resaltar que con su actividad sancionadora recauda más incluso de lo que gasta. El resultado, pues, sería en este caso un resultado en torno a cero. Por si fuera poco, nos encontramos con otro problema adicional y es el de que se prevé hacerse con una serie de edificios que legalmente no son patrimonio del Estado ya que el patrimonio propio de cada uno de los reguladores no está integrado en el patrimonio del Estado y en el caso de la desaparición de dichos reguladores ese patrimonio pasaría a ser propiedad de los operadores que lo han sufragado con tasas finalistas.

Existen también razones de tendencias internacionales. Contrariamente a lo que se ha venido señalando, la tendencia internacional es la de ir cediendo más competencias a los órganos reguladores, sustrayendo competencias a los órganos políticos para que estas sean administradas por autoridades independientes. Un informe elaborado por encargo de Telefónica demuestra que los organismos reguladores españoles tienen asumidas menos competencias que los demás organismos europeos. Y como botón de muestra de la necesidad de sustraer competencias a los órganos políticos a favor de las autoridades independientes, citaremos lo ocurrido recientemente con la subasta de espectro radioeléctrico, en la que se obtuvieron cerca de 2.000 millones de euros que, según la ley, habían de ser utilizados para pagar la reantenización del país sin que a los ciudadanos les costase ni un euro y, sin embargo, dicho importe recaudado ha sido gastado en objetivos distintos a los inicialmente previstos, tanto por el anterior Gobierno como por el actual. Esto no hubiera ocurrido si dicho proceso hubiera estado en manos de una autoridad independiente.

Cuando el Partido Popular hablaba en su programa de adelgazar la Administración, tenía una clara oportunidad de ceder competencias y servicios que pueden ser mejor ejercidos por las autoridades regulatorias. Sin embargo, creemos que el modelo hace lo contrario y esto no nos parece realmente adecuado. Señor ministro, creemos que el tema de la independencia y el tema del reparto competencial es suficientemente importante como para que en el proceso posterior lo podamos al menos considerar. Hemos dicho que el llamado modelo holandés ha desaparecido y ya no sirve de referencia, veamos pues qué pasa con los otros modelos a los que se refirió el presidente del Gobierno: el británico y el alemán. El modelo alemán solo existe en Alemania, existe un solo regulador de redes, la competencia está aparte y su ejemplo no ha sido seguido por ningún país, su plantilla consta de más de 2.400 personas y carece de consejo. Al no ser seguido, difícilmente puede ser considerado como un modelo. Por el contrario, el modelo anglosajón -de Estados Unidos y Gran Bretaña- es el modelo en el que se miran muchos países. La experiencia, longevidad y prestigio de sus órganos reguladores ha ido creando el derecho regulatorio. No nos engañemos, no existen más modelos que pueden calificarse como tales, este es el único modelo y es, precisamente, el que ha seguido la legislación comunitaria a través de sus directivas. Este es el modelo que se ha venido aplicando aquí con éxito, con el consenso de todos y que ha convertido al Estado español en un referente incluso en Latinoamérica.

Existen también razones claras de independencia. Tanto en el derecho regulatorio como en el derecho de la competencia la independencia en los organismos responsables es un requerimiento necesario e imprescindible, tanto la independencia funcional como la independencia autoorganizativa, la independencia financiera y patrimonial. En ausencia de cualquiera de esas tres premisas o independencias, estaremos ante una falta de independencia y, por tanto, ante un verdadero fraude al principio de regulación independiente. Y desgraciadamente, de momento, este proyecto adolece de ese grave problema. No es de recibo que el Gobierno, que cuando se encontraba en la oposición criticaba la falta de independencia, traiga este proyecto precisamente con esta carencia en este momento.

Estamos, señor ministro, a tiempo de plantear un nuevo modelo. Entendemos desde el Grupo Vasco ciertas razones que han movido al Partido Popular a tratar de solucionar algunos problemas que existen. Si se quiere evitar la proliferación de organismos reguladores, limitemos su número, separemos por un lado la Comisión Nacional de Competencia y establezcamos por otro dos o tres grupos de órganos reguladores. Transformemos la actual Comisión de la Competencia en un organismo más ágil y funcional que no tarde tres años en resolver cada cuestión. Creemos que un sistema de coordinación entre los organismos existentes puede evitar las duplicidades y las rivalidades entre ellos. Aumentemos la independencia y las competencias de los órganos reguladores caminando en la senda de los países más avanzados que nosotros y de las líneas estratégicas que marca también la Unión Europea. Dotémonos de un modelo que sea estable y consensuado. Flaco favor estaremos haciendo al país si se crea este nuevo modelo que tendrá su vida limitada al tiempo que el PP permanezca en el poder y que será cambiado


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cuando otro partido lo sustituya. Evitemos ser el hazmerreír de una Europa que no es partidaria de un modelo como el que aquí se plantea.

Si están de acuerdo con estas propuestas de consenso y eficacia, podrán contar, señor ministro, con nuestro apoyo y sinceramente les ayudaremos a salir del atolladero. No pretendemos que en esta materia haya vencedores ni vencidos. Pongámonos manos a la obra y establezcamos un sistema consensuado que sea permanente en el tiempo, dé estabilidad a los mercados y favorezca a los ciudadanos. Si esta es la voluntad del Gobierno, nuestro grupo parlamentario tendrá una consideración a la hora de realizar la votación de esta enmienda a la totalidad. En cambio, si persiste en la idea de mantener el proyecto en los términos actuales, nos veremos obligados a votar a favor de esta enmienda a la totalidad. Todo depende de los pasos que en este momento pueda dar el Grupo Parlamentario Popular al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO GRECO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, a menudo los gobiernos utilizan con excesiva alegría la expresión "reforma estructural", y cuando suben el tipo impositivo de un impuesto hablan de reforma fiscal, cuando es un mero retoque. Sin embargo, el proyecto de ley que hoy llega a la Cámara sí merece cumplidamente este nombre de auténtica reforma estructural. En primer lugar, por los sectores a los que afecta. Afecta a una serie de sectores estratégicos para nuestra economía, el sector de las telecomunicaciones, el sector de la energía, el sector audiovisual y el sector del transporte. Son sectores claves para nuestra economía los que se ven afectados por la reforma que hoy estamos considerando.

En segundo lugar, porque va a una de las raíces de la crisis que padecemos, que han sido los fallos regulatorios. Todo lo relacionado con la regulación nos ayuda a entender la crisis que padecemos. De ahí la necesidad de las reformas regulatorias.

En tercer lugar, es una verdadera reforma estructural porque supone un cambio radical del modelo de regulación que ha habido hasta ahora en España. Como saben sus señorías, se propone unir en una misma entidad todos los reguladores sectoriales hasta ahora separados además del organismo de defensa de la competencia, con los objetivos -se nos dice- de dar mayor seguridad jurídica a los sectores regulados, reducir el gasto público y aumentar la profesionalidad y la independencia. Mi grupo, Unión Progreso y Democracia, recibió con una buena predisposición esta norma pues realmente los objetivos van muy en la línea de los que nosotros queremos defender: reducir estructuras administrativas, evitar duplicidades, reducir el gasto público y garantizar la independencia de los reguladores. Por tanto, acogimos con buena disposición, incluso con ilusión, la llegada de este proyecto de ley.

Por otro lado, nuestra situación de partida no era tan distinta de la que aquí se propone porque nuestro modelo coincide con el modelo dual, el modelo que se practica en Alemania. Nosotros favorecemos unificar los reguladores sectoriales en un único organismo, pero no así unificarlos con el organismo que defiende la competencia, porque los reguladores sectoriales se dedican a un único sector, a sectores concretos, y realizan una actividad de regulación ex ante, mientras que el organismo de defensa de la competencia es transversal, se refiere a todos los sectores y no a unos concretos y realiza unas actividades fundamentalmente ex post. Por tanto, estamos hablando de objetivos y de procedimientos de funcionamiento totalmente distintos que, como ha señalado algún portavoz anterior, resultan muy difíciles de conjugar y en otros países no se hace. Si ustedes admiran tanto el modelo alemán, el modelo alemán es el que propone UPyD: unificar los reguladores sectoriales pero no unificarlos con el organismo de defensa de la competencia.

Sin embargo, esta posición de partida favorable y estas coincidencias iniciales les confieso que han dado lugar a una gran desilusión porque creemos que se está perdiendo una gran ocasión de reformar a mejor la regulación y la competencia en España. Creemos que este proyecto de ley constituye una gran oportunidad perdida. Al pasar de la música, que compartimos, a la letra, al pasar de las buenas intenciones a los detalles, el rechazo que nos provoca este proyecto de ley es muy claro, muy fuerte. En primer lugar, con respecto a las funciones que se atribuyen a esta nueva comisión. Hay una serie de funciones regulatorias que hasta ahora estaban en distintos departamentos ministeriales y, por tanto, era una buena ocasión para llevarlas ahora a la nueva comisión. Sin embargo, no se hace esto; lo que estaba en los departamentos ministeriales sigue ahí. La cosa es peor, incluso hay funciones que estaban en los organismos regulatorios que ahora se unifican y que se pasan a los departamentos ministeriales. El señor


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ministro ha dicho que son funciones administrativas, pero no siempre es así; por ejemplo, la cuestión de la portabilidad del número, que es algo muy importante en el sector de las telecomunicaciones, pasa a un ministerio en vez de quedar en manos de la nueva comisión. Por tanto, hay funciones que deberían ir a la comisión y no van y otras que estaban en los antiguos reguladores que ahora se pierden y van a los ministerios.

Por otro lado, quedan fuera de esta reforma las funciones de protección del consumidor. Digo esto porque es muy curioso, porque se da como precedente el caso holandés y la única justificación del caso holandés era unir la defensa del consumidor con las otras actividades; sin embargo, en este caso la defensa del consumidor queda fuera de la reforma. Tampoco se dice nada de los organismos autonómicos hoy en día existentes que tienen actividades relacionadas con la defensa de la competencia o con la defensa del consumidor, con lo que la coordinación y unificación, caso de producirse, será a nivel estatal, pero, desde luego, queda fuera de la reforma todo lo que tiene que ver con competencia y consumidor que hoy en día está en el ámbito autonómico. En ese sentido, la dispersión continuará.

El resultado de todo esto es un modelo no homologable en el ámbito europeo, como otros portavoces han puesto de manifiesto, y que incurre en el grave riesgo de incumplir las directivas comunitarias y tener problemas en la Unión Europea si sale adelante con el formato actual. Creemos que es un riesgo que no merece la pena correr, que es muy arriesgado poner en marcha un modelo que no coincide con el de ningún otro país, pues insisto en que el caso holandés incluye la defensa del consumidor, que aquí no aparece, y además es algo que todavía no se ha puesto en práctica ni siquiera en ese país. Estamos haciendo algo que nadie más hace, algo no homologable y algo que probablemente incumpla directivas comunitarias.

Con respecto a los supuestos ahorros, en gran medida se basan en que no se crean comisiones pendientes de creación, la relacionada con el juego, la aeroportuaria y la de medios audiovisuales. En ese sentido, como también se ha puesto de manifiesto, son ahorros de un gasto que todavía no se ha generado, pero no solo eso, estas actividades van a tener que regularse en la nueva comisión unificada. Por tanto, la nueva comisión tendrá que dedicar recursos materiales y humanos a estas actividades y no se puede calcular, por tanto, en el cien por cien del ahorro de las comisiones no creadas. Estas actividades van a tener que ser tratadas en la nueva comisión. Es cierto que hay un menor riesgo de captura del regulador que en la actualidad, pero también es cierto que, si esa captura se produce, será mucho más peligrosa porque será la captura de la única institución que se dedicará a estos asuntos en España.

Otra de las críticas que tenemos que realizar al proyecto de ley es la falta de independencia funcional de la nueva comisión. El Gobierno va a fijar la estructura organizativa de esta nueva comisión, el Gobierno va a nombrar a buena parte del personal que allí trabaje, en concreto a los directores de instrucción, personas claves en el funcionamiento de la nueva comisión, y el Gobierno va a aprobar el presupuesto de la nueva comisión. Si no puede decidir sobre su estructura, no puede decidir sobre su personal, no puede decidir sobre su presupuesto, la independencia funcional no existe y está a merced del Gobierno en estos asuntos. También existe un riesgo de pérdida de personal contratado muy cualificado que ha venido trabajando hasta ahora en los reguladores sectoriales.

Como antes les decía y han señalado otros portavoces, estas críticas no son ocurrencias nuestras, estas críticas están refrendadas por Europa. Cuando esta ley estaba en su fase de anteproyecto, el 30 de mayo del año actual, la Comisión evaluó el programa nacional de reformas de España, y en evaluación dice literalmente: El actual proyecto de ley que crea la comisión nacional de los mercados y la competencia no garantiza que esta comisión realizará su actividad reguladora de forma eficaz e independiente. Estos fallos no se han corregido en la versión que hoy llega a la Cámara y de ahí que más recientemente, el 29 de noviembre, cuatro direcciones generales de la Comisión Europea se dirigiesen por carta al Gobierno español señalando cuestiones similares a las que he señalado anteriormente, como el trasvase de funciones que hay de los reguladores a los ministerios, los nombramientos que el Gobierno realiza dentro de la comisión y que la comisión no tiene potestad de autoorganizarse ni una financiación propia. Los directores generales europeos señalan que esto pone en grave riesgo la independencia de la nueva comisión, como yo en nombre de mi grupo señalaba con anterioridad.

Sorprende también la falta de diálogo y las prisas con que todo esto se está poniendo en marcha, lo que supone un grave riesgo para el funcionamiento de estos sectores estratégicos a los que me refería al inicio de mi intervención. Todo indica, por desgracia, que el verdadero objetivo es el único que no se señala en el voluminoso proyecto de ley y es sustituir unos consejeros actuales de determinados colores políticos por unos nuevos consejeros más afines. Lamento tener que decirlo, pero cuando todas las demás


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hipótesis fallan, la única que resta es probable que sea la hipótesis cierta. Esta nueva legislación va a permitir que los consejeros que actualmente están en los organismos puedan ser cesados de sus funciones. Nosotros hemos sido muy críticos con la politización de esos organismos, pero nos tememos que se va a sustituir una politización por otra, unos colores por otros, pero, en ningún caso, profesionalizar y garantizar la independencia de la regulación en España, que debería ser lo que persiguiésemos con esta reforma.

Por eso les anticipo que si, como cabe esperar, este proyecto de ley es hoy aprobado, las enmiendas que Unión Progreso y Democracia planteará en Comisión van a coincidir con las propuestas que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición; es decir, que se exijan mayorías reforzadas en el Congreso para nombrar a los consejeros de la nueva comisión, que tengan que estar sujetos a unas comparecencias que no sean de mero trámite, que las convocatorias sean públicas, abiertas y con unos requisitos de formación y experiencia contrastables, de forma que algún día podamos ver en nuestro país lo que sucede en Inglaterra. Cuando se nombra a un nuevo gobernador del Banco de Inglaterra se hace una convocatoria pública por méritos y al final se elige a un ciudadano canadiense para que dirija el Banco de Inglaterra.

Mi grupo, Unión Progreso y Democracia (Un señor diputado: ¡Ya vale!), con permiso del señor diputado que tiene tanta prisa, va a pedir la devolución de este proyecto de ley porque, como digo, consideramos que constituye un grave error, no garantiza la independencia del nuevo organismo y pone en riesgo la escasa credibilidad que a nuestro país le queda todavía en Europa. Pensamos que no estamos tan sobrados de credibilidad como para permitirnos poner en riesgo la que aún nos queda. Lamentamos ver que la crisis haya enseñado tan poco a los grandes partidos tradicionales y que persistan en los hábitos tradicionales que han venido empleando antes de que esta se desencadenase. De ahí la enmienda a la totalidad que mi grupo ha presentado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy no es buen día para la democracia ni para la justicia en este país. Mientras los responsables de la estafa bancaria están en libertad, aunque declarando en la Audiencia Nacional, tenemos a un joven, Alfonso Fernández, en prisión preventiva después de treinta y seis días por la huelga general del día 14 de noviembre. Eso es lo que nos lleva de nuevo a exigir la libertad inmediata de Alfonso Fernández. Muchas gracias.

Vamos a discutir, señorías, una de las leyes más importantes de este periodo de sesiones, con un gran impacto económico, y lo hacemos en unas condiciones manifiestamente mejorables. Nuestro grupo, La Izquierda Plural, presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo a un proyecto de ley que, de aprobarse, supondrá el fin de la regulación independiente en nuestro país y el inicio de una etapa en la que España va a pasar de ser el paraíso de los especuladores a ser el paraíso de los oligopolios y de los cárteles económicos. Nuestro grupo no tiene una imagen idílica de la competencia ni de los llamados organismos independientes. Disponemos, desgraciadamente, de muchas experiencias -algunas recientes- de cómo en nombre de la competencia y del libre mercado se han cometido las mayores barbaridades en su contra. Con la competencia pasa como con la libertad, son palabras de las que se abusa para hacer exactamente todo lo contrario de lo que significan. En nombre de la competencia el Gobierno Aznar puso en marcha un proceso mal llamado de liberalización, que en la práctica supuso la privatización de sectores estratégicos de la economía. ¡Qué digo privatización!, verdadera apropiación patrimonial por parte de un reducido grupo de gestores de empresas clave de la economía española. (Rumores). Sin duda aquello fue el inicio de una nomenclatura económica aznariana que, aún hoy, estamos pagando de manera muy dura en forma de concentración en sectores estratégicos, en forma de escasa liberalización y, lo que es peor, en la pérdida del control español de empresas clave. (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio para que podamos oír al orador.

El señor COSCUBIELA CONESA: ¿Sí? ¿Le van a hacer caso, presidente? Es dudoso, pero bueno... Muchas gracias, señor presidente.


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Basta ver lo que ha sucedido con el sector eléctrico: gran concentración de empresas, déficit de tarifa fruto de incentivos perversos y de un oligopolio absolutamente bárbaro y Endesa en manos de una empresa italiana con mayoría de capital público. Algo parecido nos sucede con los organismos independientes, suelen ser independientes de la ciudadanía pero no siempre independientes de los mercados financieros y los poderes económicos. En nuestro grupo, no siendo crédulos en relación con la competencia y la plena independencia de los organismos reguladores, sí somos conscientes de que su proyecto de ley, señor ministro, va a dar un golpe de gracia a cualquier posibilidad de defensa de la competencia en nuestro país. Nos presentan un proyecto de ley que provoca, porque así se quiere, los efectos contrarios de los que ustedes dicen perseguir. La verdad es que usted ha sido muy hábil en su presentación, es verdad, usted no es de los ministros del Gobierno que mienten, usted solo utiliza el sofisma, es decir, un argumento aparente con el que se quiere defender una falsedad. Usted hoy lo ha hecho aquí con habilidad, pero espero que no haya conseguido convencer a nadie. Nos trae un proyecto de ley que atrae hacia el Gobierno competencias importantes que antes estaban en los reguladores autónomos. Reducen de siete a uno el organismo regulador al que van a convertir en un convidado de piedra, en una coartada para dar apariencia de competencia donde no quieren que haya ninguna competencia. Aumentan los riesgos de captura del regulador. La puerta giratoria que usted conoce muy bien, a través de la cual muy pocas personas pasan de la gestión privada a la pública y viceversa, va a pasar de puerta giratoria a convertirse en cuatro sillones dorados, los sillones dorados de los directores de instrucción. Ustedes nos presentan una reforma, que dicen que es para mejorar la regulación de los mercados y la competencia, que supone una ruptura institucional y un verdadero golpe de Estado económico. Hay aspectos de su proyecto de ley, señor ministro, que son una verdadera provocación. Configurar un consejo de nueve miembros que deberá conocer de todo lo referido a la energía, al transporte aéreo y ferroviario, a las telecomunicaciones, a lo audiovisual y a la competencia es una verdadera tomadura de pelo. Me gustaría que usted me dijera de dónde van a sacar a esa especie de nueve semidioses o semidiosas que van a saber de todo ello y van a ser capaces de controlar a los cárteles. Eso sí, ustedes lo justifican diciendo que los conocimientos técnicos los van a aportar cuatro directores de instrucción que, por supuesto, van a ser nombrados por el Gobierno, no sea que se les ocurriera ser independientes.

Nos presentan, señor ministro, un modelo que no tiene referencia alguna en ningún país de la Unión Europea, en ninguno país, señor ministro, en ninguno, y le reto a demostrar lo contrario. Usted hoy, señor ministro, nos ha hecho trampas. Son muchos los países que han optado por la convergencia en el sector de las telecomunicaciones y lo audiovisual, pero una cosa es la convergencia en la regulación de dos sectores que tienen mucho en común y otra es la convergencia en un único organismo regulador. Eso no sucede en ningún país, como no sucede en ningún país el proceso de regubernamentalización de las competencias que usted nos presenta hoy. Usted nos ha citado el caso de Holanda, de los Países Bajos, pero supongo que sabe que esa propuesta fue rechazada el día 3 de diciembre por el Parlamento holandés y, por lo tanto, no puede ni tan siquiera citar ese ejemplo. Por si fuera poco, ustedes, los reyes de la austeridad, nos presentan el gran argumento de la austeridad, de la reducción de costes. Señor ministro, este es uno de los casos típicos donde muchas veces lo barato sale caro. Si usted se sale con la suya, el precio que va a pagar este país va a ser durísimo durante muchos años, porque lo que se van a gastar ustedes en el Estado español con la reducción de estructuras administrativas lo vamos a pagar todos los ciudadanos como consecuencia de la imposición de las condiciones de muy pocos cárteles y oligopolios que se van a imponer fruto de la falta de organismos reguladores, fruto de la falta de competencia y de la absoluta inexistencia de todo tipo de control. Pero además es falso que ustedes nos presenten una propuesta de austeridad porque olvidan una cosa importante, ya sé que la saben: con su proyecto existe el riesgo de perder las actuales tasas que pagan los operadores en el sector de las telecomunicaciones y las energías. Recuerde, señor ministro, que la Directiva 20 del año 2002 obliga a que esas tasas vayan a financiar estrictamente el funcionamiento de los organismos que intervienen en la regulación de la energía y las telecomunicaciones, en nada más. Por tanto, creando usted un único organismo regulador corre el riesgo de que la Comisión Europea le niegue la utilización de esas tasas para financiar este organismo. Aunque a lo mejor no es un error; a lo mejor lo que usted pretende de rebote es conseguir condonar, perdonar esas tasas a los teleoperadores de telecos y del sector eléctrico.

Señor ministro, sería bastante interesante que no nos fuéramos de aquí sin que usted concretara esa idea que ha dicho de que puede haber subsedes de carácter descentralizado. Es bueno, el cambio de la sede de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones a Barcelona ha sido importante. Creo que usted


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debe garantizar hoy que eso va a continuar siendo así, termine como termine el debate de este proyecto de ley.

Señor ministro, que siete grupos de la Cámara nos hayamos puesto de acuerdo en presentar enmiendas a la totalidad no es usual, es importante, pero eso, de por sí, usted podría imputarlo al juego político. Usted ha conseguido el consenso de toda la sociedad española frente a este proyecto de ley y se lo quiero recordar: no hay ni un solo ámbito institucional, social o político... (Rumores.-Varios señores diputados piden silencio). No se preocupen los que me ayudan a hablar, tengo voz suficiente como para que se me entienda aunque algunos no me quieran escuchar. Gracias. Señor ministro, continúo. Usted ha concitado en estos momentos el rechazo del Consejo de Estado, que en sus aseveraciones coincide con gran parte de las cosas que le estamos diciendo. También de la doctrina: en un reciente artículo publicado bajo el paraguas de Fedea -Fedea, que no es sospechoso de formar parte del contubernio eco-comunista del que algunos formamos parte- se dice lo siguiente: De este proyecto de ley difícilmente se obtendrán las economías de escala y sinergias institucionales y muy probablemente impactará negativamente en las políticas de competencia en España. Su proyecto ha recibido las críticas del Berec, el organismo que agrupa a los reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas, que se lo ha hecho saber al Gobierno español. Y, por si fuera poco, como ha dicho todo el mundo hasta ahora, el Gobierno acaba de recibir una carta firmada por cuatro directores generales de la Comisión Europea donde le advierten de que su proyecto de ley no se adecua a los criterios y objetivos derivados del derecho europeo y le solicitan que lo reconsidere. Por si fuera poco, hace 48 horas la Comisión Europea acaba de contestar al eurodiputado Raúl Romeva diciéndole claramente que existe la posibilidad de que si ustedes no modifican el proyecto de ley se incoe a España un procedimiento de infracción de la normativa comunitaria. Señor ministro, este proyecto tiene a todo el mundo en contra, solo tiene a favor un sector, pero ese sector es muy poderoso y quiere serlo más, es el sector de los grandes monopolios, de los grandes cárteles, que quieren hacer de España un verdadero paraíso para continuar teniendo elevados beneficios. Cuando desde tantos sectores dispares, cuando desde tantas concepciones distintas se le dice eso, usted debería escucharnos.

Señor ministro, usted sabe que en estos momentos están pasando cosas graves en España, se está denunciando que en estos momentos las petroleras manipulan el precio de la gasolina y consiguen incidir en el IPC, usted sabe que en estos momentos es grave el nivel de cooptación de la economía por parte de algunos grandes grupos oligopólicos. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que usted nos trae en estos momentos. Es por eso que nuestro grupo, con la contundencia que creo que merece este proyecto de ley y al mismo tiempo con la autoridad de haber presentado una enmienda a la totalidad muy articulada, le propone empezar de nuevo, y hay la posibilidad de hacerlo. Le presentamos un texto alternativo que reúne tres características: más regulación, más competencia y menos costes de funcionamiento, es decir, austeridad y reducción del gasto. Le proponemos que en el ámbito de la regulación ex ante, en vez de los seis organismos actuales más el de la competencia, existan solo tres: la Comisión Nacional de la Energía, que continuaría con las competencias actuales; la Comisión Nacional del Transporte, que agruparía de manera diferenciada el transporte aéreo y el transporte ferroviario; la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, que agruparía la actual Comisión Nacional de Telecomunicaciones y los nonatos consejo estatal de medios audiovisuales y la comisión nacional del sector postal. En este organismo creemos además que se deberían establecer ámbitos sectoriales para diferenciar el elemento del transporte del elemento de las telecomunicaciones. Creemos que nuestra propuesta es mucho más racional y permitiría cumplir tres objetivos básicos: que las competencias reguladoras continúen en manos de organismos independientes, que estos organismos que le proponemos tuvieran consejos de siete miembros con capacidad real para desempeñar sus funciones con independencia y en relación con los cárteles y no que fueran meros testaferros de ellos y, al mismo tiempo, reducir de manera significativa los costes.

Ahora me dirijo a sus señorías. Señorías, si este proyecto de ley tira hacia delante se estarán sentando las bases para que los procesos de concentración del poder económico en este país se hagan sin ningún tipo de contrapeso político, y eso va a tener consecuencias de varias décadas para nuestro país, si no irreversibles. Ustedes, el Partido Popular, están aprovechando la crisis como una oportunidad para imponer una revolución ultraconservadora, ustedes son ultraintervencionistas de clase con el disfraz de liberales; en pocos meses vamos a comprobar cómo este país tiene un sistema financiero que queda reducido a siete entidades prácticamente, tres grandes grupos, cuatro medianos y tres más pivotando alrededor. La configuración de ese oligopolio financiero va a tener graves consecuencias para la


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ciudadanía, y además se nos presentan aquí con un proyecto de ley que puede suponer la desaparición de las políticas de competencia en nuestro país. No son fantasmas, son duras realidades. En estos momentos, señorías, hay dos expresidentes del Gobierno sentados en consejos de administración de empresas del sector de la energía y cincuenta personas que han tenido responsabilidades políticas de primer nivel sentadas en los consejos de administración de las empresas muy selectas del Ibex 35, el 10 % de los miembros de esos consejos. Con sus proyectos de ley estas grandes corporaciones lo van a tener mucho más fácil. Les bastará con tener capturado al organismo regulador, les bastará con tener capturados a los cuatro directores de instrucción, por supuesto nombrados por el Gobierno. Ustedes están a punto de conseguir, insisto, que la puerta giratoria que tan bien conocen algunos de ustedes, que les permite pasar del sector privado al sector público sin notar la diferencia ni de ingresos ni de responsabilidad, termine en cuatro grandes sillones dorados para esas personas.

Están ustedes sentando las bases para entregar la economía de este país en muy pocas manos. Si no lo evitamos, ustedes van a protagonizar el segundo capítulo de una historia que comenzó con Aznar en el año 1996 y que ha continuado hasta ahora. Ustedes están a punto de perpetrar un verdadero atentado a la democracia económica de este país. Están a punto de conseguir la consolidación de una nomenclatura peronista que va a gobernar la economía de este país al margen de las instituciones democráticas. Esperemos poderlo evitar, porque si este proyecto de ley se aprueba, va a facilitar que diez grandes corporaciones se hagan con el botín

Señor ministro, voluntad de negociar, toda, y la tiene en nuestro proyecto de ley alternativo. Si usted decide no negociar su proyecto de ley, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se rechace. Si ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, no lo evitan, si hace falta, iremos a la Comisión Europea para que la Comisión Europea defienda la dignidad de este país, que a lo mejor no se defiende suficientemente desde este Congreso.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Rumores). Por favor, aunque estemos llegando al final del Pleno, ruego silencio, porque los oradores tienen el mismo derecho que cualquier otro de otro momento del Pleno a hacerse oír.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia porque entendemos que, en caso de que no prosperaran estas enmiendas a la totalidad y este proyecto de ley no fuera modificado en profundidad en la tramitación parlamentaria que vamos a tener a principios del año 2013, lamentablemente desaparecería la competencia en los mercados de la economía española en detrimento, señor ministro, de la puesta en marcha de determinadas prácticas abusivas por las que van a verse perjudicados finalmente muchísimos consumidores españoles.

En segundo lugar, señor ministro, a través de la aplicación de este proyecto de ley también va a desaparecer la independencia de los diferentes organismos reguladores que están previstos en la legislación actual, en detrimento de que estas competencias van a ser asumidas por el único organismo regulador existente en este proyecto de ley. En definitiva, las competencias van a ser asumidas por el Gobierno, en este caso por el Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, uno de los grandes perjudicados, en caso de que no prosperaran estas enmiendas a la totalidad presentadas por nuestro grupo parlamentario y otras formaciones políticas, van a ser los usuarios, los consumidores finales los que se van a ver sometidos a las prácticas abusivas que puedan plantear en los mercados los diferentes oligopolios o monopolios en cuanto a las condiciones de precios, a las calidades de sus servicios o a las garantías a las que se pueden ver sometidos por las condiciones de mercado que, repito, van a desaparecer.

Señor ministro, en estos momentos y por estos motivos, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta enmienda a la totalidad. Consideramos que es un proyecto de ley muy desacertado -y más adelante me referiré a cuestiones básicas del mismo- y que ahora sería el momento, en el trámite parlamentario, en el que el Gobierno pudiera rectificar algunos de los aspectos troncales del mismo. En la intervención del señor ministro daba entender a los diferentes grupos parlamentarios que existía esta posibilidad de


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enmendar algunos de los aspectos sustanciales que nuestro grupo ha planteado y que son coincidentes con los de otras formaciones políticas para poder resolver esta situación en el trámite parlamentario.

El proyecto de ley que hoy debatimos, señor ministro, señoras y señores diputados, crea un único órgano -macroorganismo- con una doble función de regulación y supervisión, esquema que no tiene precedentes en el espacio comunitario. Es un planteamiento sorprendente que ignora los principios, tal como he dicho anteriormente, de independencia y autonomía y que instruye y predica la Unión Europea. El proyecto de ley antepone la obsesiva prioridad del Gobierno por la recentralización y el intervencionismo a la prioridad por la eficiencia y el funcionamiento de los mercados.

En segundo lugar, señor ministro, lo sorprendente es que, por una parte, se funcionariza una parte relevante de la actuación de los órganos sectoriales, es decir de los órganos reguladores especializados, que deberían ser independientes, lo que significa que estos órganos, señor ministro, a partir de este proyecto de ley, serán dependientes del Gobierno, e incluso, señor ministro, los directores serán nombrados y cesados directamente por el Gobierno si no lo remediamos en este trámite parlamentario. Señor ministro, ¿qué sentido tendrán aquellos dictámenes que pueden enfrentar posiciones diferentes del Gobierno y de los operadores del sector de la energía, de las telecomunicaciones o del sector postal? ¿Cómo se pueden resolver estas divergencias que han existido y que van a existir en un futuro si el superior de quien defiende la posición del Gobierno coincide con el superior de quien realiza el dictamen? Esto es un contrasentido tremendo que entendemos cabe resolver a través del trámite parlamentario. Además, señor ministro, ¿a corto plazo significa que los expertos que hoy trabajan en los diferentes órganos reguladores deberán ser sustituidos por una convocatoria de nuevos funcionarios no expertos? ¿Buscamos eficacia o buscamos rigidez? Este proyecto de ley, señor ministro, chirría y tiene una componente política demasiado dominante.

Por otra parte, la nueva comisión nacional de los mercados y la competencia va a estar formada por nueve miembros, que deberán decidir, señor ministro, sobre competencia, telecomunicaciones, energía, audiovisual, servicios postales, servicios ferroviarios y tarifas aeroportuarias. Todos estos sectores, señor ministro, requieren de una notable especialización, y aunque no dudamos de las capacidades de cada uno de los futuros miembros de la comisión, seguro que sus conocimientos y capacidades no abarcan cada uno de los campos sobre los que van a tener responsabilidades. Ante esta situación, serán los dictámenes, señor ministro, que eleven las cuatros direcciones de instrucción, los que sin duda determinarán los fallos y pronunciamientos de la comisión. Se trata de unas direcciones cuyo director también será nombrado por el Gobierno y cuya actividad depende en buena parte de los ministerios. ¿Esto es independencia, señor ministro? ¿Quién podrá confiar en la defensa de la competencia bajo este organigrama? Creemos sinceramente que absolutamente nadie.

Señor ministro, hay otras cuestiones que también preocupan a nuestro grupo parlamentario como es por ejemplo que, a pesar de las afirmaciones que usted ha hecho en su defensa, no hay en Europa una legislación que pueda asimilarse a la que pretende el Gobierno con este proyecto de ley. Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió consideramos que las distancias entre el planteamiento del proyecto de ley presentado por el Gobierno y sus homónimos en los diferentes Estados de la Unión Europea constituyen un indicador incontestable de desacierto del Ejecutivo en la propuesta.

Asimismo el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo también contradice la tendencia europea en organización de los organismos reguladores al recentralizar tareas hasta ahora ubicadas en los reguladores independientes o denegarles la competencia en materia de usuarios, lo que constituye una parte esencial del proyecto holandés que el Ejecutivo elige como referencia para la reforma, y usted sabe también, señor ministro, que recientemente el Parlamento holandés ha rechazado la iniciativa que inicial y previsiblemente quería sacar adelante el Ejecutivo holandés. En el modelo holandés en ningún caso existe una reducción de funciones del organismo regulador, sino que propicia la unión de las provenientes de los diferentes organismos integrados.

Voy a hacer dos comentarios adicionales que a nuestro entender son muy importantes. Señor ministro, resulta curioso que la ley fije que la sede del organismo deba estar en Madrid. En ningún caso dudamos nosotros del carácter de capitalidad que este Gobierno piensa dar a esta ciudad, pero hasta el momento ello no formaba parte de los textos legislativos. Otra cuestión importante, señor ministro, es la ubicación de las direcciones generales de instrucción. Sabe perfectamente el señor ministro, porque lo ha dicho en su intervención, que en estos momentos en Barcelona está ubicada la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y consideramos que la descentralización de dichos órganos es muy positiva para el conjunto de la economía y no debiera modificarse en el futuro, ya que además con la sede debería


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generarse una dinámica de inversiones y de actividad alrededor del órgano regulador capaz de generar dinamismo, aunque esta sede no se halle en Madrid. Usted ha dicho que estaría dispuesto a darle más atribuciones a la sede o subsede que correspondería a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona. Nosotros no solamente queremos que esta sede tenga más atribuciones.

Tenga en cuenta, ministro, dos aspectos importantes, en primer lugar que Barcelona ha sido elegida sede de la capital mundial del móvil. Entre otras cuestiones también ha participado en temas muy importantes desde la perspectiva de bonificaciones fiscales aún por resolver por parte de los diferentes Gobiernos anteriores y del actual. Entendemos que aprovechando las sinergias correspondientes a que Barcelona va a ser hasta los años 2017 y 2018 la capital mundial del móvil, tendríamos también que aprovechar que esta sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones de cara al futuro tuviera muchas más competencias sobre otros sectores importantes como pueden ser el de la energía, el audiovisual, el ferroviario. Igualmente, señor ministro, el Gobierno debería revisar en el trámite parlamentario muchas de las competencias que hoy han pasado de las comisiones actuales al Gobierno para que pudieran otra vez dirigirse a las diferentes comisiones, porque, si no es así, muchas comisiones u órganos reguladores como podría ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin estas competencias que hoy están excluidas de acuerdo con este proyecto de ley, quedarían con un cometido totalmente insuficiente y carecerían de materia gris importante para que estas subsedes o sedes de los diferentes órganos reguladores que se puedan delimitar en el futuro pudieran tener eficacia, pudieran tener eficiencia y pudieran ir orientadas al servicio de la economía productiva.

Otra cuestión que preocupa a nuestro grupo parlamentario es que al establecer solamente un organismo regulador que incorpore todas las cuestiones relacionadas con la supervisión, la competencia y la regulación, el resultado podría ser nefasto. ¿Por qué ustedes no pueden estudiar la posibilidad de que pueda existir una sala para la supervisión y la competencia y otra sala para la regulación y que estas salas de regulación pudieran incorporar aspectos muy importantes que hemos definido y que han dado un resultado muy positivo, como pueden ser el sector de la competencia, el de las telecomunicaciones, el de la energía o el de la caja postal? ¿Por qué no cambian ustedes de criterio y, en vez de un gran organismo regulador en el que todo va a depender única y exclusivamente del Gobierno, no plantean la posibilidad de abrir la puerta a que exista un organismo de regulación y otro organismo de supervisión? Abrirían la posibilidad de que en algunas de las enmiendas o de los planteamientos que hacemos diferentes grupos parlamentarios pudiéramos llegar a un acuerdo en esta dirección.

¿Por qué no se plantean también la posibilidad de que los directores de las diferentes salas de instrucción sean nombrados por la Comisión futura y no por el Gobierno? Si no es así, perderíamos toda independencia en cuestiones que son muy necesarias para la regulación de los mercados. A nuestro grupo le gustaría consensuar y acercar sensibilidades con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para que la independencia de los futuros órganos reguladores fuera una realidad.

Tengan en cuenta que el ministerio ha recibido diferentes misivas o cartas relacionadas con los planteamientos que hace nuestro grupo parlamentario. Hay diferentes comunicaciones firmadas por directores generales de la Comisión Europea poniendo de manifiesto que hay que resolver en la tramitación parlamentaria todas aquellas cuestiones relativas a la independencia de la nueva autoridad. Quisiéramos recalcar que la Comisión otorga una gran importancia a la independencia de las autoridades reguladoras nacionales. También otra misiva enviada por la Comisión Europea al ministerio va en la dirección de que sería muy importante que los requisitos de independencia en las competencias y funciones atribuidas por la legislación de la Unión Europea a las autoridades reguladoras nacionales independientes, en especial de los sectores de energía y telecomunicaciones, deberían ser plenamente respetados. Aquí tienen ustedes otra oportunidad para que, como plantea la Unión Europea, en telecomunicaciones y en el sector de la energía, esos requisitos de independencia quedaran plasmados en la tramitación parlamentaria.

Finalmente, señor ministro, usted ha dicho en su intervención que todos los aspectos que hacen referencia a la ubicación en Barcelona, en Cataluña, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se pueden aprovechar al máximo en el futuro. Ahora tienen ustedes una gran oportunidad, aprovechando que esta subsede está ubicada en Barcelona, que ha sido nombrada la capital del móvil mundial hasta el año 2016, para incorporar todo lo referido a la ampliación de competencias en telecomunicaciones y en el sector energético, ferroviario, postal, etcétera.

Vamos a estar atentos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular y también del ministro para ver si son capaces de recoger estas sensibilidades para poder llegar a un acuerdo en temas tan importantes que afectan a la competencia de los mercados. Lo que nosotros perseguimos es que los usuarios y los


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consumidores finales puedan tener servicios sin limitaciones de monopolios u oligopolios a los mejores precios posibles.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, señorías, desde el principio de esta legislatura hemos asistido en esta Cámara a las decisiones del Gobierno, que han resultado en recortes y en retrocesos en cuanto a las condiciones de vida de los españoles en numerosos ámbitos de las políticas públicas; retrocesos y recortes que una y otra vez el Gobierno ha justificado por la necesidad de reducir el déficit público, por la herencia recibida y, sobre todo, porque la Comisión Europea imponía condiciones a España que hacían imposible evitar esos recortes y esos retrocesos.

Pues bien, señor ministro, hoy precisamente debatimos una cuestión donde también el proyecto de ley del Gobierno significa un retroceso y un recorte, en este caso, de los derechos de los consumidores frente al poder y a la concentración del poder económico de las empresas en España. La gran diferencia es que en esta ocasión, además de todas las enmiendas de totalidad que ya han sido defendidas, tenemos también la enmienda de totalidad de la Comisión Europea, señor ministro (Aplausos), la enmienda de totalidad de la Comisión Europea.

En su intervención, señor ministro, ha minimizado los comentarios de la Comisión Europea, comentarios que han ido subiendo de tono desde una primera indicación -vamos a decirlo así- suave en la evaluación sobre el programa nacional de reformas del pasado mes de mayo. Estábamos todavía en la fase del anteproyecto de la ley de la comisión nacional de los mercados y la competencia y ya entonces en su evaluación la Comisión Europea decía que podía haber riesgos de que ese futuro proyecto de ley redujera la independencia y la eficiencia de los organismos reguladores y supervisores.

Escuchándole a usted mencionar esa llamada de atención de la Comisión Europea se podría deducir que la habían tenido en cuenta a la hora de pasar del anteproyecto de ley al proyecto de ley. En absoluto, señor ministro, en absoluto. Supongo que usted conoce en todos sus extremos la carta dirigida al subsecretario de su departamento, y lo que dice es que el proyecto de ley aprobado en septiembre presenta elementos que la Comisión considera que deben ser modificados, repito, deben ser modificados, porque atentan a la independencia y a la eficiencia en el funcionamiento de los organismos de regulación y de supervisión en España.

Usted decía que lo que propone el Gobierno es puramente un cambio de la forma de la institución en aras de un mayor ahorro y de una simplificación, de una mayor eficiencia para evitar solapamientos, etcétera. No. Lo que dice muy claramente la Comisión Europea es que se trata de una reforma sustancial, señor ministro, una reforma sustancial que por ejemplo se refleja en esa devolución de competencias desde los organismos reguladores al Gobierno. Usted ha dicho en esta tribuna que solamente se trata de devolver competencias o tareas de tipo administrativo. Yo le voy a preguntar por dos funciones para que usted me diga si son de carácter administrativo.

En primer lugar, ¿por qué el proyecto de ley del Gobierno elimina el informe preceptivo de la Comisión Nacional de la Competencia para normas que incidan en sectores no regulados, es decir para la defensa de la competencia en cualquier ámbito de la economía? ¿Esa es una tarea administrativa, señor ministro? Otra cuestión que es sorprendente. Entre la lista de competencias que se devuelven al Gobierno, en la disposición adicional novena, apartado número 2, del texto del proyecto de ley se devuelven las competencias sobre los hidrocarburos líquidos, que para quien tenga alguna duda de lo que estamos hablando son los carburantes, objeto creciente de atención de los ciudadanos y entendemos que del Gobierno, que en su momento pidió a la Comisión Nacional de Energía que aportara recomendaciones al respecto. Ahora resulta que le devolvemos otra vez al Gobierno, a través de la disposición adicional novena, señor ministro, las competencias en materia de hidrocarburos líquidos. ¿Por qué? Esa no es una tarea administrativa. Desde luego, lo que está claro es que hasta ahora -y hasta ahora quiere decir hasta hace muy pocos días- ustedes no han convencido en absoluto a la Comisión Europea de que ese proceso de devolución de competencias esté medianamente justificado.

No hablemos ya del sector de las telecomunicaciones, en el que, como alguno de los intervinientes que me han precedido ha señalado, España es el país donde menos competencias tiene el organismo regulador. Por lo tanto, si queremos defender la competencia y en consecuencia los derechos de los


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consumidores en el sector de las telecomunicaciones, en lugar de seguir devolviendo competencias al Gobierno, habrá que fortalecer al regulador, fortalecer las funciones de supervisión y de regulación.

Ministro, este proyecto de ley va absolutamente en el sentido contrario de lo que necesita nuestro país, en el contexto de lo que queda de este país después de la crisis económica que estamos viviendo. Se ha referido a ello con mucha fuerza el portavoz de La Izquierda Plural. Sí, este es un país que está en venta, ministro, este país está en venta para el mejor postor. (Aplausos). La ruina de tantas empresas -que por supuesto ustedes achacan a los años del Gobierno socialista- al cabo de un año de Gobierno del Partido Popular no puede resolverse a partir de un aumento en la concentración del poder de algunos y, por lo tanto, del reforzamiento de oligopolios que ya existen o de otros nuevos que puedan surgir. Por eso necesitamos organismos de supervisión y regulación mucho más fuertes, muchos más eficientes y mucho más independientes de las empresas y del Gobierno.

Otra de las cuestiones que señala la Comisión Europea en su enmienda a la totalidad, si me permite, es precisamente esta singularidad del nombramiento de los directores por parte del Gobierno. Solo nueve consejeros, según el proyecto de ley, tendrían que entender de un abanico de expedientes variadísimo, con una gran e incluso creciente complejidad tecnológica. Cuantos menos consejeros haya y más materias tenga que analizar cada consejero rápidamente antes de un consejo, más importante es la figura del director. Y si el director lo nombra el Gobierno, es la Comisión Europea -no solo todos los grupos, que se lo han recordado a usted cuando han subido a esta tribuna- la que entiende que eso merma la independencia en la dirección de los organismos reguladores.

Igualmente merma la independencia, señor ministro, el hecho de que la financiación del funcionamiento del organismo resultante sea a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado en estos últimos días cargan con todo, a pesar de ser cada vez más recortados. Ahora cargan también con las primas a las renovables y con cualquier otra cosa que no se sepa muy bien cómo articular y cargarían también con la financiación de estos organismos, en lugar de mantener la autonomía que significa en estos momentos para los organismos reguladores la gestión o recaudación de las correspondientes tasas. Fíjese, señor ministro, no solo desde el punto de vista de gestionar sus recursos a través de esos instrumentos, también porque las tasas pueden y deben ser una herramienta en la interlocución entre el organismo regulador y las empresas de los sectores regulados que permita orientar y mejorar el funcionamiento de esos mercados. Todo eso se elimina y se pasa a depender de una financiación desde los Presupuestos Generales del Estado, cada vez mas menguados. También hace referencia la Comisión Europea al régimen de funcionamiento del organismo resultante de la integración de todos los existentes. Un estatuto orgánico, que también va a ser aprobado por el Gobierno, en lugar de ser un estatuto del que se dote de manera autónoma el organismo o los organismos resultantes, reduce la independencia.

Señor ministro, no cabe que nos extrañemos de lo que ha venido con este proyecto de ley a la Cámara. Usted era secretario de Estado de Economía, señor De Guindos, cuando el Gobierno del señor Aznar modificó la legislación de defensa de la competencia precisamente para cargarse el informe preceptivo del Tribunal de Defensa de la Competencia. Estaba usted en aquel Gobierno y no es de extrañar que ahora, en esta nueva versión de la legislación sobre defensa de la competencia, una de las cosas que quieren cambiar es esa función que hoy tiene la Comisión Nacional de la Competencia para poder actuar en defensa de la competencia en cualquier sector de la economía y no solo en los denominados sectores regulados.

Señorías, en esta legislatura por primera vez un Gobierno ha desoído las indicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. No hay precedentes. Se ha desoído a la Comisión Nacional de la Competencia con motivo de una operación empresarial, de un grupo mediático afín al Gobierno. ¿Es así como entienden ustedes la independencia respecto de los sectores económicos? (Aplausos).

Señorías, hemos planteado un texto alternativo, donde por supuesto consideramos mejorable el marco normativo que está hoy en vigor, en términos de mayores sinergias entre los distintos organismos, que como muy bien ha señalado usted han proliferado en los últimos años. Por eso planteamos cuatro organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otros tres que reunirían las actuales funciones y competencias: por un lado, de la Comisión Nacional de Energía; por otro, una comisión nacional de las comunicaciones que integraría la Comisión Nacional del Servicio Postal e integraría también el comité de medios audiovisuales; una tercera estructura sería una comisión nacional del transporte que integraría dos comités, el de regulación ferroviaria y el de regulación económica aeroportuaria. No se trata solo, señor ministro, de que mejoremos la estructura. Tenemos que ir a una mejor gobernanza de los organismos


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de supervisión y de regulación porque esa es una de las lecciones que tenemos que ser capaces de extraer de la crisis. Ha fallado la regulación y ha fallado la supervisión en el sector privado y en el sector público. Por eso, en nuestro texto alternativo hay algunos cambios en el sentido, por ejemplo, de mejorar la transparencia del funcionamiento de estos órganos.

Señor ministro, planteamos que sean conocidos los contactos, los encuentros tanto de los consejeros como de los directores, de los organismos reguladores, porque entendemos que si se quiere de verdad...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora diputada.

Por favor, ruego silencio, ruego que se sienten porque estamos en el Pleno y está interviniendo una oradora. (Pausa).

La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, presidente.

Estaba diciendo que cabe, efectivamente, mejorar los mecanismos existentes, en particular en lo que se refiere a la transparencia, por supuesto a la profesionalidad, por supuesto al rigor, por supuesto a la rendición de cuentas, y este Parlamento tiene que tener un papel cada vez más importante. Y si queremos organismos reguladores y organismos de supervisión que cumplan con la función que se les atribuye, lo que no podemos es ir a un modelo como el que ustedes han diseñado, que es mucho más dependiente del Gobierno y, en su caso, mucho más dependiente de aquellas empresas que tengan sintonía con el Gobierno. Por eso no podemos aceptar el texto en las condiciones en que ha llegado a esta Cámara.

Señorías, creemos que el debate que va a tener lugar difícilmente irá más allá de que ustedes -como no les queda otro remedio- acepten algunas de las cuestiones que la Comisión Europea ha planteado ya en su carta y en las sucesivas conversaciones que han tenido con el Gobierno a lo largo de estos meses, aunque me temo que hay una discrepancia de fondo. Hay una discrepancia de fondo en cuanto a cuál debe ser la reorientación de la economía, señor ministro; o la economía está al servicio del bienestar de todos los ciudadanos, y no solo en beneficio de unos pocos, o ciertamente no tenemos nada que ver ni nada que consensuar con un Gobierno que acepta la existencia de oligopolios, no les pone coto y además reduce la independencia de los organismos reguladores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Floriano.

El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señores ministros, señoras y señores diputados, a pesar del tono de algunas intervenciones tenemos que decir, desde el Grupo Parlamentario Popular, que tenemos la grata impresión de que va a ser posible llegar a acuerdos, porque el Gobierno está dispuesto a hablar con todo el mundo, con todos los grupos parlamentarios y, además, porque las cuestiones que se han planteado son en la mayoría de los casos cuestiones de matices -y a ellas me referiré- sobre las que podremos hablar sin ningún género de dudas.

Nosotros tenemos la impresión de que ninguna de las enmiendas a la totalidad -ninguna- está plenamente justificada, porque ninguna de ellas plantea un modelo alternativo para resolver el problema de fondo que este tipo de regulaciones trata de afrontar. Ni aquellas enmiendas que presentan un texto articulado, ni mucho menos las que se limitan a pedir la devolución al Gobierno, plantean un modelo alternativo a esta cuestión. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la necesidad de la intervención pública para corregir fallos en el mercado; fallos en algunos mercados porque ya sea su estructura de costes, ya sea el valor estratégico del viejo servicio a intercambiar o por el propio carácter del viejo servicio se hace necesaria la intervención pública para evitar las posiciones dominantes.

Señorías -y para alguna de las intervenciones que se han planteado desde la izquierda-, la intervención se produce en algunos mercados para que haya más mercado, para que haya más intercambio a menor precio y a mayor cantidad; mercados donde existen fallos y por eso se exige la intervención del sector público a través de diversos instrumentos. Nadie en esta Cámara -yo lo esperaba desde la izquierda- ha planteado que el suministro de estos bienes públicos sea hecho por un planificador, por un gran gestor público. Allí en un mercado donde hay fallos, yo planificador determino la asignación de ese recurso. Ese es un modelo alternativo, pero nadie lo ha planteado, nadie busca esa solución y lo que se hace es matizar lo que el Gobierno ha propuesto. Es verdad que todos introducen matices en si el modelo planteado por el Gobierno permite ganar o no en independencia o en seguridad jurídica, en si hay más o


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menos referencias europeas. Al final, señorías, todo son cuestiones de matices que la doctrina describe y que ustedes hábilmente han sabido utilizar como argumentos para posicionarse con una enmienda a la totalidad frente a la posición del Gobierno, pero no hay un modelo alternativo. Yo creo que hay posiciones planteadas desde el Grupo Mixto hasta posiciones planteadas por la portavoz del Grupo Socialista y por el Grupo Vasco y por el Grupo de Convergència i Unió a las que nos podemos acercar.

Señorías, todo el arco parlamentario -todo- coincide en que lo que tiene que haber es más mercado en algunos sectores; que hay que evitar las restricciones de la competencia; que hay que evitar las posiciones dominantes y en eso, señorías, coincide todo el arco parlamentario. Ahora se trata de que seamos capaces de acertar con el mecanismo que permita evitar esas posiciones dominantes y de eso se puede hablar, señorías. De eso podemos hablar porque hay mucho que matizar. Se puede hablar, señores portavoces, de si a lo mejor sería bueno que hubiese más de una sala en la que estuviesen por un lado los reguladores y por otro la defensa de la competencia; se podría hablar de la descentralización, cómo no se va a poder hablar de la descentralización; se podría hablar también de las fórmulas de nombramiento y buscar la manera de garantizar sobre todo lo que va buscando el Gobierno, la mayor profesionalidad y la mayor independencia que a eso no queremos que nos gane absolutamente nadie; más independencia y más profesionalidad. Además, podemos hablar -y me dirijo también a la portavoz del Grupo Socialista y al portavoz de Unión Progreso y Democracia- de la distribución de competencias. ¿Dónde hay algún problema en la distribución de competencias para que aquellas verdaderamente administrativas estén en el Gobierno y aquellas que permitan una intervención y una regulación más eficaz puedan ser discutidas para que el acuerdo sea posible y tengamos los organismos reguladores más eficientes?

Creo que se ha hablado de independencia y que se han hecho algunas afirmaciones que sinceramente no compartimos. Es verdad que la doctrina dice algunas de las cosas que aquí se han sostenido, pero también es cierto que se dicen otras muy distintas por otro sector de la doctrina y asimismo la aplicación práctica nos ha dado importantes lecciones. Por ejemplo, podemos hablar de las fórmulas de elección de los consejeros, pero en este proyecto de ley se ha introducido por parte del Gobierno el derecho de veto de este Parlamento a su nombramiento, elemento que no existía hasta ahora; aquí se han introducido requisitos para hacerlo. La duración del mandato superior a la legislatura o la separación del órgano decisorio instructor son elementos que no hacen otra cosa sino reforzar la independencia. Algo ha dicho también al respecto el portavoz de Unión Progreso y Democracia.

Creo que es más difícil la captura y el condicionamiento de la voluntad del órgano regulador y del órgano defensor de la competencia si se lleva a cabo por más de un órgano que si existe solo uno. Creo que ganaremos en independencia si es un órgano el que atiende a todos que si son muchos órganos los que atienden a sectores muy específicos con complicidades que se pueden establecer de manera bastante inmediata, de manera bastante cercana. Creo que también se han introducido matices sobre la seguridad jurídica y que con este proyecto de ley se gana en seguridad jurídica, porque se acaba con un hecho comprobado a lo largo de estos años como ha sido la descoordinación entre las autoridades regulatorias y las de la competencia. De esta manera, operadores que obraban de una determinada manera porque así se lo permitía el regulador sectorial se encontraban después con que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia censuraba tal comportamiento que había sido autorizado previamente por el órgano regulador, y eso es algo que ya vamos a evitar. Se acaba, por tanto, con esta descoordinación.

Quiero hacer una referencia también a las cuestiones europeas brevemente, porque creo que se olvida que con este proyecto de ley nos ponemos a la vanguardia de una tendencia general, que es precisamente la que se marca en el mismo. No es del todo cierto que haya sido en la evaluación del programa nacional de reformas para 2012 en la que se hayan puesto pegas al anteproyecto de ley, porque en ese mismo documento de evaluación también se señala que una fórmula como la que propone el Gobierno es una fórmula acertada, y cuando se pasa de la evaluación a las recomendaciones lo que se dice respecto a este proyecto que presenta el Gobierno no es precisamente negativo sino todo lo contrario. Habrá que seguir hablando para ser capaces de resolverlo.

Más independencia, más seguridad jurídica, referencias europeas contrastadas y, señoras y señores diputados, en una estimación a la baja, 28 millones de razones; 28 millones de euros es lo que la fórmula que propone el Gobierno puede suponer para las arcas del Estado, es decir, para los bolsillos de todos los españoles. Son 28 millones de razones, casi 5.000 millones de las antiguas pesetas. Señorías, sin perder seguridad, sin perder independencia, sin perder eficacia y siendo más austeros nos ponemos a la vanguardia de una fórmula que está hecha solo a favor de introducir competencias en los mercados en los


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que existen fallos y en los que es necesaria la intervención para que los precios sean más bajos, las cantidades intercambiadas mayores y, por tanto, se gane en eficiencia.

Señoras y señores diputados, me consta que el Gobierno, y en su nombre del Grupo Parlamentario Popular, está dispuesto a dialogar con todos ustedes, y con muchos de ustedes, dadas sus intervenciones y el tono de sus enmiendas de totalidad, queda claro que el acuerdo no solamente es posible sino que además sería inteligente. He abierto cuatro grupos de elementos sobre los que podemos avanzar en el diálogo, en los que incluyo claramente la intervención que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista, desde luego la intervención que ha tenido Unión Progreso y Democracia, la del portavoz del Grupo Vasco y la del Grupo de Convergència i Unió. Con el Grupo Mixto también podemos hablar en la misma dirección que le apuntaba y desde luego con el resto de los grupos también si bien las diferencias son mayores. En esos cuatro aspectos creo que podremos avanzar para llegar a acuerdos.

Les pido una cosa porque creo que sería un buen ejercicio que en este trámite parlamentario retiráramos la enmienda a la totalidad, que no comenzase esto con una votación en la que se impusiera una mayoría sino que retiráramos esas enmiendas de totalidad y que a partir de ahí pudiéramos empezar a hablar para que en las enmiendas parciales encontremos los puntos que sería inteligente que salieran de este Parlamento con el acuerdo de todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, de forma muy breve y sin la más mínima intención de reabrir el debate, simplemente me gustaría resaltar los principios que de alguna forma inspiran a todos los que he oído aquí y que también son los del Gobierno al respecto a la hora de la elaboración de este proyecto de ley. En primer lugar, la independencia del organismo regulador y del organismo de competencia tanto del propio Ejecutivo -como no podría ser de otro modo- como de los propios sectores. Uno de los problemas fundamentales que nos encontramos, como todos sabemos, es la captura del regulador, que es algo que hay que evitar a toda costa. En segundo lugar, la profesionalidad a la hora de elegir a los vocales, al presidente, al vicepresidente y también a los directivos de la futura comisión nacional de mercados y competencia. En tercer lugar, si me permiten ustedes, quiero eliminar discrepancias. En los últimos años hemos vivido situaciones en las cuales había planteamientos completamente diferentes entre los reguladores sectoriales y las autoridades de competencia. Esto ha sido extremadamente negativo y ha dado lugar a confusión. Esto me lleva al cuarto principio fundamental que tiene que tener, que es el de la preponderancia absoluta del excedente del consumidor, del bienestar del consumidor y por tanto de las reglas de competencia sobre el comportamiento de los operadores de estos sectores de red, que en muchas ocasiones funcionan con carácter de oligopolio. Por último, creo que todos compartimos la simplificación y el ahorro administrativo como una de las reglas fundamentales en estos momentos que estamos viviendo.

Como comentaba anteriormente el portavoz del Grupo Popular, el Gobierno está absolutamente abierto a través del nuevo organismo a llevar a cabo una división del trabajo que implique, por ejemplo, que exista una sala de regulación que haga todas las funciones de ordenación ex ante y, después, una sala de competencia para llevar a cabo un control ex post contra conductas, concentraciones y comportamientos negativos de la competencia, pero teniendo absolutamente claro que tiene que haber un pleno de este organismo en el cual se diriman las divergencias que puedan surgir y también aquellos aspectos que se considere que son vitales. En relación con las funciones administrativas, hay una devolución de funciones administrativas en un intento de agilizar y hacer viable la nueva institución, pero también estamos dispuestos a realizarlas de una forma adecuada.

En cuanto a las subsedes, en estos momentos, como todos sabemos, la CMT está en Barcelona y por supuesto que estamos dispuestos a analizar no solamente las funciones de telecomunicaciones sino otras muchas más amplias tanto en el ámbito de competencia como de otras industrias de red.

Y por supuesto también el nombramiento de directores. La voluntad que impulsa la acción de Gobierno es la profesionalidad, como decía anteriormente, la independencia y la capacidad de los mismos.

También en todo lo que hace referencia a la organización interna de este organismo. A partir de ahí, a partir de esos principios, como comentaba anteriormente en la tramitación del proyecto de ley, creo que es perfectamente factible, perfectamente posible que con esta reforma, que es una reforma


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de calado, que tiene que ser el organismo que vigile la competencia, la eficiencia, la productividad de los sectores fundamentales, no solamente desde el punto de vista de sí mismos sino para el conjunto de la economía española, vayamos a una mejora clara con respecto a la situación que tenemos actualmente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Por supuesto siempre puede haber nuevo debate. Me gustaría que se me pidiera la palabra por si las palabras del ministro a algún grupo le han llevado a tomar alguna posición. (Rumores), pero evitemos entrar en confrontación. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra).

Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, intervengo simplemente para dar un margen de confianza a este Gobierno, que nos ha dicho que efectivamente vamos a tratar de mejorar el proyecto que ha traído a esta Cámara. Vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad y vamos a abstenernos en aquellas que permanezcan vivas.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Hemos escuchado atentamente las palabras del señor ministro. Vemos que ha recogido todas aquellas sensibilidades que había presentado nuestro grupo parlamentario y también, igual que el Grupo Vasco, vamos a retirar la enmienda a la totalidad y nos vamos a abstener en el resto. (Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa y la señora Narbona Ruiz piden la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores).

La verdad es que me voy más tranquilo a casa porque pensaba que a los únicos que el Partido Popular no dejaba hablar era a nosotros, pero veo que a usted tampoco, con lo cual mal de muchos consuelo de... (Rumores). Gracias. (Risas).

Intervengo sencillamente para agradecerle al ministro la vocación y la voluntad de negociar. Nos va a encontrar, aunque sin duda hay muchas diferencias no en lo que nos ha explicado en estos momentos, que es mantener un único organismo con salas diferenciadas, sino en abordar los temas de fondo. En todo caso, me permito sugerir al señor ministro y al resto de ministros que, posiblemente, si habláramos antes, no ex post, a lo mejor las cosas serían más fáciles, porque servir el plato cocinado y después preguntarle al que se lo tiene que comer si se le va a poner un poquito más de sal o un poquito más de pimienta no es lo que los ciudadanos esperan de este Congreso.

En todo caso, nosotros... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Silencio.

Prosiga.

El señor COSCUBIELA CONESA: En todo caso, nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra y nuestra enmienda a la totalidad y esperamos, si es posible, acercarnos, por el bien de los ciudadanos de este país y para evitar que los oligopolios se apoderen de España.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, presidente.

Nuestro grupo no va a retirar la enmienda a la totalidad. (Rumores). Entre otras cosas, el señor ministro no ha contestado a ninguna de las cuestiones concretas que le he preguntado. Hubiera sido una muestra sin ninguna duda de tener voluntad si hubiera explicado por qué se elige un determinado modelo y por qué se incurre en una discrepancia tan importante con la Comisión Europea. Estoy segura, presidente, de que a lo largo del trámite parlamentario el Grupo Parlamentario Popular va a introducir como enmiendas modificaciones que satisfagan a la Comisión Europea porque no le queda otro remedio, y desde luego


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desde nuestro grupo seguiremos trabajando para que en este país haya organismos de regulación y de supervisión que garanticen mucho mejor los derechos de los ciudadanos; por cierto, también en un ámbito que se me ha olvidado mencionar, que es el de la comunicación por los medios audiovisuales. Creemos que la libertad de expresión y el pluralismo en nuestro país deben estar protegidos también desde un organismo independiente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.

Le voy a dar la palabra al señor Anchuelo, pero conste que no me la ha pedido antes. Si no, se la habría dado. Señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muy brevemente, señor presidente, simplemente para decir que no podemos retirar nuestra enmienda a la totalidad porque no ha habido ningún compromiso concreto, solo referencias genéricas a los temas. No obstante, tomamos la palabra al señor ministro y esperamos que, como esto saldrá adelante sin duda con los votos del Partido Popular, en Comisión sea posible llegar a acuerdos que mejoren el proyecto de ley. No lo decimos por nosotros, sino por adaptar nuestro modelo al que usan los demás países de la Unión Europea dada la importancia de la medida que estamos tratando.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Terminado el debate, en unos minutos -muy pocos- empezamos la votación. (Pausa).

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013. (Número de expediente 121/000027).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones que sobre todo en el primer punto, que es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, son bastante numerosas. Hemos reducido a diez segundos. Pido a todos, por tanto, atención.

Comenzamos las votaciones. Enmiendas a los artículos 22, 23, 26, 47, 58, 60 y 79 bis (nuevo); a la disposición adicional séptima; a la disposición adicional décima cuarta; a la disposición adicional vigésima primera; a la disposición adicional quincuagésima primera; a la disposición adicional septuagésima; a la disposición final décima segunda; a la disposición final vigésima quinta; a la disposición final vigésima sexta; a la disposición final vigésima novena; a la sección 12 por la que se incorpora la enmienda 541 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica; a la sección 12 por la que se incorpora la enmienda 542 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al Centro Cultural de España Cultura Hispánica de Guatemala; a la sección 13 por la que se incorpora la enmienda 543 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a prestaciones económicas del mutualismo administrativo de la Mutualidad General Judicial; a la sección 18 por la que se incorpora la enmienda 560 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a los cánones por cesiones de espacio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y otras instituciones; a la sección 18 por la que se incorpora la enmienda 563 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la financiación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; a la sección 20 por la que se incorpora la enmienda 565 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al estado de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en relación con lo establecido en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; a la sección 23 por la que se incorpora la enmienda 569 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; a la sección 23 por la que se incorpora la enmienda 570 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a Planes Nacionales de Cultivos Marinos; a la sección 27 por la que se incorpora la enmienda 573 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la subvención a las cámaras de comercio en el extranjero y la enmienda al presupuesto de la Entidad Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 188; en contra, 114; abstenciones, 24.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 196; en contra, 113; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 181; en contra, 117; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional quinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 282; en contra, 40.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional novena; a la disposición adicional décima; a la sección 18 por la que se incorpora la enmienda 559 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; a la sección 23 por la que se incorpora la enmienda 567 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al fomento de la competitividad y la calidad de la producción en los mercados agrarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 185; en contra, 127; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional décima quinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 286; en contra, 12; abstenciones 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional vigésima sexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 288; en contra, 13; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional trigésima octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 119; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional sexagésima; a la disposición adicional sexagésima primera; a la disposición adicional sexagésima segunda; y a la disposición adicional nonagésima primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 282; en contra, 29; abstenciones, 13.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional septuagésima segunda por la que se incorpora la expresión; "y en aplicación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa".

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, a favor, 111; en contra, 195; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición adicional septuagésima segunda por la que se introducen las expresiones "en el último año de vigencia" y "durante el ejercicio siguiente" incluidas en el séptimo párrafo del apartado uno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 112; en contra, 194; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas a la disposición adicional septuagésima segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 307; en contra, 9; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional septuagésima tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 307; en contra, 8; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional octogésima séptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 283; en contra, 10; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 130; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 204; en contra, 111; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final vigésima primera.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 17; abstenciones, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al anexo II.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 282; en contra, 16; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al anexo VII.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 296; en contra, 9; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 14 por la que se incorpora la enmienda 544 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro del Ministerio de Defensa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 201; en contra, 114; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 15 por la que se incorpora la enmienda 545 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al reparto de la formación para el empleo en el presupuesto del INAP.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 199; en contra, 114; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 15 por la que se incorpora la enmienda 546 del Grupo Parlamentario Popular, con el objeto de reajustar las anualidades en el Programa de cooperación económica local del Estado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 198; en contra, 115; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 15 por la que se incorpora la enmienda 547 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a una redistribución de créditos en función de las prioridades del departamento; a la sección 15, por la que se incorpora la enmienda 667 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la dotación del Fondo de liquidez autonómico; a la sección 15, por la que se incorpora la enmienda 668 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la dotación para la financiación del contrato específico de la Administración periférica del Estado con la Agencia EFE; a la sección 17 por la que se incorporan las propuestas de modificación del Pleno del Senado relativas a la compensación a Autopistas Concesionaria Española S.A. por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 299; en contra, 12; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la sección 17 por la que se incorpora la enmienda 554 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías a Canarias (Tenerife) y a la


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sección 17 por la que se incorpora la enmienda 555 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías a Canarias (Gran Canaria).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 323; a favor, 201; en contra, 109; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 17 por la que se incorpora la enmienda 556 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la remodelación de barrios de L´Hospitalet.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 308; en contra, 9; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 17 por la que se incorpora la enmienda 669 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la conexión de la línea C-3 con la estación de Valencia, y de la línea de mercancías Madrid-Valencia con la estación Fuente de San Luis.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 299; en contra, 9; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 18 por la que se incorpora la enmienda 561 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a becas y ayudas para la formación del profesorado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 199; en contra, 110; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 23 por la que se incorpora la enmienda 568 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las subvenciones nominativas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 184; en contra, 112; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 26 por la que se incorpora la enmienda 571 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a los programas de servicios sociales en Ceuta y Melilla.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 299; en contra, 22; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 26 por la que se incorpora la enmienda 572 del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 288; en contra, 21; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 284; en contra, 11; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y de la Seguridad Social.

Votación en bloque de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 188; en contra, 114; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del conjunto del proyecto de ley por tener el mismo carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 142; abstención, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Empezamos votando enmiendas al preámbulo y al artículo 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 194; en contra, 114; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 196; en contra, 125; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 15; en contra, 306; abstenciones, 5.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al artículo 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 295; en contra, 25; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 28 apartado tres.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 282; en contra, 29; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Restantes enmiendas al artículo 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 194; en contra, 116; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 283; en contra, 22; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 133; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 106; en contra, 208; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición final primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; en contra, 125; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 204; en contra, 112; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 121/000026).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por el que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Comenzamos con la enmienda al artículo 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final primera en lo relativo a la incorporación de un nuevo apartado segundo, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2004.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 187; en contra, 121; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Restantes enmiendas a la disposición final primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 188; en contra, 121; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la exposición de motivos por las que se incorpora un nuevo párrafo al apartado III (el primero, relativo al régimen fiscal especial de arrendamiento de viviendas), un nuevo párrafo al apartado VI y nuevos apartados XII y XIII.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 121; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Restantes enmiendas a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 182; en contra, 115; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda por la que se incorpora la expresión "y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito" en el segundo párrafo de la disposición adicional tercera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 112; en contra, 194; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de la enmienda a la disposición adicional tercera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 298; en contra, 14; abstenciones, 12.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición derogatoria única.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 132; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 301; en contra, 6; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final séptima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 185; en contra, 124; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final octava (nueva) y a la disposición final novena (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 188; en contra, 8; abstenciones, 129.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición final décima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 195; en contra, 120; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final decimoprimera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 286; en contra, 5; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final decimosegunda (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 289; en contra, 4; abstenciones, 32.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 183; en contra, 108; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 38613).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Estatuto de los Diputados. Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre incompatibilidades.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 251; en contra, 1; abstenciones, 43.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).

El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Se votan de forma conjunta las enmiendas de devolución presentadas por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural, Mixto y Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 120; en contra, 189; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Petición del Grupo Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto cuyas enmiendas a la totalidad acabamos de votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 139; en contra, 185.

El señor PRESIDENTE: No queda avocado a Pleno.

- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000028).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia. Vamos a votar de forma conjunta las enmiendas de devolución del Grupo Mixto y de UPyD.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 126; en contra, 182; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 118; en contra, 184; abstenciones, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 121; en contra, 181; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 133; en contra, 183; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.

ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA CUARTA DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a la elección, mediante votación por el sistema de papeletas, del secretario cuarto de la Mesa del Congreso. Para esta elección, cada diputado escribirá solo un nombre en la papeleta, y resultará elegido el diputado que obtenga mayor número de votos. En cuanto tengamos preparada la urna empezarán los secretarios a dar lectura a la lista de diputados.

(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).

Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 275; votos a favor del señor De Luis, 252; votos a favor del señor Cantó, 1; votos en blanco, 20; votos nulos, 2. En consecuencia, don Teófilo de Luis ha resultado elegido secretario cuarto de la Cámara. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!). Como presidente del Congreso y como amigo le doy mi más cariñosa felicitación y enhorabuena.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y treinta minutos de la tarde.

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