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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 77, de 29/11/2012
cve: DSCD-10-PL-77
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 77
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 73
celebrada el jueves
29 de noviembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. ("BOE" núm. 276, de 16 de noviembre de 2012). (Número de expediente 130/000028) ... (Página4)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 11-1, de 25 de mayo de 2012. (Número de expediente 121/000011) ... (Página30)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 35, de 12 de abril de 2012. (Número de expediente 260/000002) ... (Página36)

Acuerdos relativos a subcomisiones:

- Prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones. (Número de expediente 154/000002) ... (Página56)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página57)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página57)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios ... (Página57)

El señor ministro de Economía y Competividad (De Guindos Jurado), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene la señora Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor ministro de Economía y Competitividad y duplica la señora Rodríguez Ramos.

Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo; los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor Coscubiela Conesa pide la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que le es concedida. Contesta el señor Matos Mascareño.

Enmiendas del Senado ... (Página30)

Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo) ... (Página30)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto y Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista y Collarte Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011 ... (Página36)

La señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante) expone a la Cámara el informe correspondiente a la institución que preside, correspondiente al año 2011.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; García Álvarez, del Grupo Parlamentario


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de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Bertomeu Bertomeu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Acuerdos relativos a subcomisiones ... (Página56)

Prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones ... (Página56)

La Presidencia informa del acuerdo relativo a la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones, lo que se aprueba por asentimiento.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía, con la incorporación de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 322 votos a favor y 10 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus cargos en el caso de ser formalmente acusados y derogando los privilegios de los partidos políticos en el Código Penal, se aprueba por 303 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones.

Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, todos ellos son rechazados.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, se aprueba por 185 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 332 votos a favor y 1 en contra.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página57)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedentes del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo).

Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. (Número de expediente 130/000028).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señorías, se reanuda la sesión.

En primer lugar, procedemos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Para presentar dicho real decreto tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender y solicitar su apoyo para la convalidación, y posterior tramitación como proyecto de ley, del Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aprobado el pasado 15 de noviembre por el Consejo de Ministros. Este real decreto-ley supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas que viven muchas familias españolas. Como todos ustedes saben muchos ciudadanos que contrataron un préstamo hipotecario para adquirir su vivienda habitual no pueden hoy hacerle frente, debido a las circunstancias económicas que les han sobrevenido. Estas familias representan la cara más amarga de la crisis; son personas a las que todos representamos, que han perdido no solo su empleo, sino también su hogar.

Como saben uno de los principales objetivos de este Gobierno desde que tomó posesión es que nuestra economía vuelva al crecimiento y al empleo. Para ello hemos puesto en marcha un programa de reformas económicas que persiguen la vuelta al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, un programa que abarca un amplio paquete de reformas financieras y estructurales como la del mercado laboral, la del mercado de bienes y servicios, la de la vivienda o la Ley del Mercado Único, entre otras medidas de calado, pero también somos muy conscientes de que mientras estas reformas dan sus frutos plenamente tenemos que adoptar medidas urgentes y de naturaleza exclusivamente social que logren atenuar la difícil situación por la que están pasando estas familias.

Señorías, el objetivo de este real decreto-ley es proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad. No podemos olvidar que los casos de insolvencia o morosidad son una clara minoría en nuestro país; la inmensa mayoría de los españoles, a pesar del difícil contexto económico, hacen frente al pago de su hipoteca, y esto solo es mérito de la sociedad española. Sirva de ejemplo que la morosidad hipotecaria de las familias en España es de un 3,38 %, cuando el negocio hipotecario representa el 40 % del total del sector financiero. Tenemos que proteger a los colectivos más afectados por la crisis, pero también tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general de nuestro sistema normativo, un sistema basado en el principio de responsabilidad patrimonial universal que hemos construido entre todos y que todos tenemos la obligación de cumplir. Este es el principio que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda y ha conducido a las bajas tasas de morosidad a las que antes aludía. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder.

Señorías, este Gobierno es el primero que en menos de un año ha demostrado su preocupación ante el problema de los desahucios y que ha tomado medidas al respecto, como demuestra este real decreto-ley que hoy traigo a esta Cámara. Este real decreto-ley actúa en dos direcciones. En primer lugar, introduce la suspensión inmediata durante dos años de lo que jurídicamente se conoce como lanzamiento, la fase final del desahucio; una moratoria que afectará a todos los procesos de ejecución hipotecaria de los colectivos de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, el impulso de manera urgente para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios muy razonables para personas que han perdido su vivienda.

Para determinar cuáles son las familias que pueden acogerse a estas medidas hemos tenido en cuenta dos variables: las condiciones económicas, en primer lugar, y la situación familiar de los colectivos, en segundo lugar. Respecto de las condiciones económicas la suspensión de los lanzamientos afectará a los siguientes colectivos y circunstancias. En primer lugar, a aquellos cuyos ingresos no superen el límite


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de tres veces el Iprem, el indicador público de renta de efectos múltiples. Como ustedes conocen este indicador está situado en 512,5 euros al mes en el año 2012, por lo que la renta de la unidad familiar no debe superar los 1.597 euros al mes o los 19.170 euros anuales. La elección del Iprem como criterio de referencia ha sido tomada de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales porque es el indicador que aplica el Gobierno en materia de asistencia social. En segundo lugar, que la cuota hipotecaria supere el 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar. En tercer lugar, las unidades familiares tienen que haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en los cuatro años anteriores. Esto se produce cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,5 en los últimos cuatro años; por ejemplo si suponía un 40 % de la renta, que ahora haya pasado al 60 %. Y en cuarto lugar, que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor.

Por lo que se refiere a las circunstancias familiares el tipo de colectivos a los que afectará la suspensión de los lanzamientos serán los siguientes: uno, familias numerosas; dos, familias monoparentales con dos hijos a cargo; tres, las que tengan un menor de tres años a su cargo o algún miembro con una discapacidad superior al 33 % en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para realizar una actividad laboral; cuatro, las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentra en situación de desempleo y haya agotado la prestación; cinco, las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas con parentesco de hasta tercer grado respecto del titular de la hipoteca o su cónyuge y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral; seis, las víctimas de violencia de género. Señorías, en definitiva se trata de que las personas más desprotegidas y especialmente afectadas por la crisis económica queden amparadas por este real decreto-ley.

Según los datos del INE, de los más de 17 millones de hogares que existen en España, un 45 % estaría por debajo de la media de ingresos requerida. De ellos se ha calculado que aproximadamente 445.000 familias cumplen las otras dos condiciones económicas necesarias de forma simultánea, es decir, que pagan una hipoteca que supone más del 50 % de sus ingresos totales, y que en los cuatro años anteriores han sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. A partir de aquí aproximadamente un 25 % de estas 445.000 familias cumple con alguna de las circunstancias familiares anteriormente mencionadas. Esto quiere decir que a alrededor de 120.000 familias se les podrá aplicar la moratoria de dos años una vez hayan perdido su vivienda. No obstante lógicamente calculamos que la cifra final de familias beneficiadas estará por debajo de estas 120.000, ya que no se dan ni muchísimo menos 120.000 desahucios por vivienda habitual en un año, lo que da idea del esfuerzo que muchas familias españolas están haciendo para afrontar sus obligaciones en estas difíciles circunstancias. En cualquier caso es una cifra muy significativa que da cuenta de la trascendencia de este real decreto-ley. Estos colectivos tendrán una moratoria de dos años en el desalojo de su vivienda. El Gobierno confía en que este periodo de tiempo sea lo suficientemente prudencial para que estos deudores hipotecarios puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan en los momentos actuales.

Señorías, me referiré ahora al segundo eje de este real decreto-ley: la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler social. He señalado en ocasiones anteriores que parece una paradoja que muchas familias se queden sin sus casas mientras existen miles de viviendas vacías. Por eso el Gobierno está impulsando la creación de una bolsa de viviendas de alquiler a precios asumibles para estos colectivos, con la única finalidad de que aquellas personas que hayan perdido su hogar puedan acceder a una vivienda. El Ministerio de Economía está liderando un diálogo con entidades financieras al que se incorporarán colectivos sociales para ultimar los detalles de este fondo social. Entre las cuestiones que se están debatiendo se encuentra el ámbito de aplicación del mismo, la oferta de viviendas, las condiciones del alquiler y la estructura de gestión del fondo. Señorías, les puedo anunciar que a día de hoy ya tenemos el compromiso de bancos, cajas y cooperativas de constituir un fondo de aproximadamente 6.000 viviendas. Al igual que sucedió con el código de buenas prácticas, este fondo de viviendas será de adhesión voluntaria, pero tengo el convencimiento de que la mayoría de las entidades se unirán, y una vez que lo suscriban tendrá carácter obligatorio.

Señorías, estas medidas son las más urgentes, las que necesitan ponerse en marcha a la mayor brevedad posible. Sin embargo este Gobierno está convencido de que tiene que ir más allá y abordar una serie de mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario. Consideramos que estas mejoras deben formar parte de esta ley y deben contar con las aportaciones y el amplio respaldo de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Uno de los primeros puntos que debe mejorar esta ley es el funcionamiento


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del código de buenas prácticas aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno. Como recordarán este código era de adhesión voluntaria para las entidades de crédito, pero prácticamente la totalidad de entidades financieras se han adherido a esta norma, que ha supuesto un gran avance.

Hace unos días conocíamos el primer informe de evaluación de la Comisión de control del código de buenas prácticas, cuyos resultados en sus tres primeros meses de aplicación han sido los siguientes. De las 101 entidades que suscribieron el código solo 28 declararon haber recibido solicitudes de deudores que querían aliviar su situación de dificultad. Las 28 entidades resolvieron un total de 278 solicitudes. En 44 casos se produjo una reestructuración de la deuda pendiente de pago y en 8 la dación en pago, y la extinción consecuentemente de la deuda. El resto de solicitudes fueron rechazadas por las entidades porque el deudor no cumplía con las condiciones requeridas. Hay que tener en cuenta que se refieren solo a un trimestre de aplicación del código de buenas prácticas. Se trata incluso de un intervalo temporal inferior a los tres meses, ya que las entidades dispusieron hasta finales de julio para adherirse al código.

Señorías, nos encontramos ante una medida pionera en España que necesita de un periodo mayor de tiempo para demostrar su eficacia. Sin embargo les puedo avanzar que los datos de funcionamiento de este código en el segundo trimestre de su aplicación de julio a septiembre muestran un claro aumento en el número de casos tratados. En este trimestre al que me refiero se han presentado 722 solicitudes nuevas, de las que se han resuelto ya 604. De estos expedientes, 127 casos consiguieron reestructurar de forma viable su deuda, y en 34 se consiguió la dación en pago y la extinción de la deuda. Señorías, se trata por lo tanto de un notable incremento en el funcionamiento de este reglamento. Sin embargo este Gobierno está dispuesto a estudiar nuevos umbrales bajo los que se pueda aplicar este código de buenas prácticas para que se beneficie al mayor número posible de personas en circunstancias de vulnerabilidad, cumpliendo siempre con los criterios de responsabilidad patrimonial. También es nuestra voluntad que el informe de la Comisión de seguimiento del código de buenas prácticas tenga carácter trimestral en lugar de semestral, tal y como solicitaron en su momento algunos grupos parlamentarios.

Además confiamos en mejorar durante la tramitación parlamentaria algunos aspectos importantes que rodean a los desahucios. En primer lugar, revisar los intereses de demora para que las personas situadas en el umbral de exclusión puedan afrontar con mayor solvencia el coste de su deuda. En segundo lugar, dar más independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias. En tercer lugar, evitar en el futuro el sobreendeudamiento fomentando conductas más prudentes, especialmente en las compras de vivienda habitual. En cuarto lugar, evitar cláusulas abusivas en las contrataciones hipotecarias. Por último, clarificar la comercialización de hipotecas extremadamente complejas, por ejemplo las contratadas en moneda extranjera. Quiero recordarles que este Gobierno ha aprobado un real decreto-ley para proteger a los deudores hipotecarios de especial vulnerabilidad de manera urgente porque así lo requería la situación. Sin embargo continuamos abiertos al diálogo y a la negociación política en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. El empeño de este Gobierno es contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Estamos absolutamente abiertos a la toma de nuevas actuaciones y queremos llegar al máximo consenso posible. Una situación de una naturaleza como esta no exige menos por nuestra parte.

Concluyo ya, señorías. Les reitero la consecuencia inmediata del real decreto-ley que este Gobierno ha traído hoy a la Cámara: que los colectivos más desfavorecidos en riesgo de desahucio van a permanecer en sus viviendas durante dos años. Por eso y por todos los motivos anteriores expuestos les pido y confío que me den su apoyo para su convalidación y posterior tramitación como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidenta.

Señorías, subo a la tribuna en nombre de mi grupo parlamentario para utilizar el turno en contra de la convalidación de este decreto-ley que hoy el Gobierno nos trae a la Cámara. En primer lugar, quisiera señalar que esperábamos que este debate pudiéramos hacerlo de una forma más amplia, y no única y exclusivamente desde la perspectiva del Ministerio de Economía que usted dirige. Como muy bien ha señalado estamos en presencia de un verdadero drama social, cuyas consecuencias se han ido agravando de forma manifiesta a lo largo de la evolución de la crisis económica. Quiero señalar también en esta tribuna hoy que, gracias a la movilización social, al trabajo continuo y constante de las plataformas de


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apoyo a las personas afectadas por los desahucios y por los embargos de sus hipotecas, hoy esta cuestión es una prioridad de primer orden y es una prioridad política para todos los grupos de la Cámara. Como les decía esta situación no ha hecho más que empeorar, y todas las perspectivas que tenemos por delante nos indican que seguirá haciéndolo. Un solo dato: hoy el número de ejecuciones hipotecarias que se realizan es cinco veces mayor que el que se realizaba al inicio de la crisis.

Señorías, hemos intentado negociar un acuerdo de medidas urgentes y extraordinarias para paliar esta situación mientras éramos capaces de legislar en la Cámara medidas estructurales definitivas, y un cambio de la legislación normativa que regula las ejecuciones hipotecarias y la regulación hipotecaria en nuestro país. Intentamos negociar con el Gobierno -y usted lo sabe, señor ministro- un acuerdo de medidas urgentes y extraordinarias, pero lo que ustedes traen hoy aquí no llega ni tan siquiera a la calificación de urgente y extraordinaria necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de las personas que pueden beneficiarse de estas medidas que realmente las dejan sin contenido. Además le quiero señalar también, señor ministro, que el decreto que hoy nos trae no supone lo que creo que todos los grupos de esta Cámara estábamos pidiendo, que era una moratoria de las ejecuciones hipotecarias mientras nos sentábamos todos los grupos de la Cámara a modificar la legislación que afecta a los embargos, a los desahucios y a los lanzamientos hipotecarios en nuestro país. Y le digo por qué no es una moratoria real -usted lo ha dicho también en esta tribuna-: esto no paraliza ningún procedimiento de desahucio, afecta única y exclusivamente una vez finalizado el procedimiento, por tanto cuando ya se ha desposeído de la cualidad del título de propiedad al deudor, a la persona afectada, solamente se le aplaza durante un proceso de dos años lo que judicialmente se llama el lanzamiento, es decir, la desposesión real de su vivienda.

Esto trae enormes problemas porque el objetivo fundamental de una moratoria de estas características es que la persona afectada, el deudor de buena fe, que lo es -prácticamente todas aquellas personas que hoy no pagan su hipoteca es porque no pueden hacer frente a ese pago, no porque no quieran-, pueda retener la propiedad y pueda afrontar un proceso de renegociación equilibrado con la entidad bancaria para poderla pagar de forma acorde a su capacidad de renta en este momento, y desde luego mantener el uso y la propiedad de su vivienda. Si no suspendemos el procedimiento y únicamente suspendemos los lanzamientos no estamos hablando de una moratoria.

En segundo lugar, señor ministro, si no suspendemos los procedimientos efectivamente no estamos suspendiendo los intereses de demora, que como usted muy bien sabe es uno de los objetivos fundamentales sobre los que tenemos que acordar y reformar en profundidad la legislación hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señorías, desde que comienza la primera denuncia en un juzgado por la entidad bancaria para comenzar el proceso de embargo, desahucio y lanzamiento, los intereses del principal de la hipoteca pueden incrementarse un 50 %, con las costas hipotecarias y con los intereses de demora. Los intereses de demora son abusivos, lo sabemos, todos somos corresponsables de ello, pero en ninguna caso, en ninguna legislación de los países comparados de nuestro entorno pueden llegar a suponer el 20 y hasta el 30 % del total de la deuda hipotecaria. También era de extraordinaria y urgente necesidad cesarlos, pararlos con una moratoria que era la que esperábamos que trajeran hoy en este decreto.

Por último -y muy importante- han delimitado de tal forma el colectivo al que afecta este decreto-ley que es prácticamente imposible su campo de ampliación. Usted ha señalado muy bien las características, las diré muy brevemente. Piden unos requisitos muy importantes por la parte de los ingresos: que la unidad familiar no supere las tres veces el Iprem, pero además es necesario que se dedique el 50 % de estos ingresos al pago de la hipoteca. Por si no fuera esto suficiente, han introducido un elemento que hace que en la mayoría de los casos este porcentaje del 50 % de los ingresos de destino al pago de la hipoteca sea irreal, porque además exigen que las condiciones económicas de la familia hayan empeorado en 1,5 veces en los últimos cuatro años. Señor ministro, usted sabe lo que esto significa: que si una familia en estas condiciones hace cuatro años destinaba el 60 % de sus ingresos a la hipoteca -que era una cosa bastante normal-, al introducir este requisito añadido de empeoramiento de sus circunstancias económicas, si no dedica el 60 % no estaría tampoco bajo este umbral definido de forma restrictiva -y un tanto mezquina, si me permite decirlo- para ser beneficiario del decreto-ley.

Por si no fueran suficientes estas condiciones económicas establecemos estos requisitos de excepcional vulnerabilidad o excepcional riesgo de exclusión. Usted los ha definido: familia numerosa, monoparental, con un hijo, unidad familiar con un hijo de tres años, persona incapaz o en situación de dependencia, ser víctima de malos tratos o que el deudor hipotecario esté en una situación de desempleo


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sin prestación. Señoría, ustedes han establecido estas condiciones de vulnerabilidad de forma arbitraria, y han incluido estas condiciones de vulnerabilidad al igual que han excluido otras en la misma situación de vulnerabilidad. ¿Por qué una familia monoparental con un hijo? ¿Por qué no una familia que tenga un hijo de cuatro o cinco años teniendo todas estas circunstancias económicas anteriores? Incluyen circunstancias de vulnerabilidad con el mismo criterio arbitrario con el que excluyen a otras en la misma situación.

Finalmente, señor ministro, ni tan siquiera dentro del umbral y de las características que usted señala se aplicaría este decreto si el sujeto deudor ha tenido la mala suerte de que en el proceso de ejecución hipotecaria la subasta no haya acabado con la adjudicación a la entidad hipotecaria, único caso en el que se aplicaría este decreto-ley, porque si se ha vendido a un tercero no se aplicaría este decreto, ya que no le sería exigible la moratoria de dos años. Por tanto es insuficiente, escaso, injusto, arbitrario y no responde a lo que le hemos solicitado. Queremos una moratoria real del procedimiento, que suspenda el procedimiento y que alcance a todos aquellos deudores de buena fe, a los que no pagan no porque no quieren, sino porque no pueden, porque su capacidad de renta -que es la que posibilita el pago- ha sido afectada por el paro.

Como usted muy bien ha señalado la situación real es de una morosidad muy baja; hay que recordarlo. Aquí no estamos -si legislamos como debemos, con justicia y en profundidad para equilibrar la situación real- ante un problema de impago masivo de hipotecas, porque sabe usted, señor ministro, que la tasa de morosidad del deudor hipotecario, del que paga su vivienda es bajísima. Estamos en un 3,09 % y estamos ahí por las condiciones económicas, por la crisis y por el paro que afecta a todas las personas que han dejado de pagar. Sin embargo la tasa de morosidad de los promotores y de las constructoras en este país sabe usted muy bien que es mucho más alta, un 22 % según los datos que nos ha ofrecido el Ministerio de Hacienda. No hay que tener miedo a ninguna medida, señor ministro, porque no nos estamos jugando aquí el futuro ni el saneamiento de la banca. Los españoles particulares pagan su vivienda y van a seguir pagándola aunque tomemos medidas que impidan que, aun siendo desposeídos y habiendo perdido el título de propiedad de su vivienda, sigan cargando con una deuda hipotecaria que no van a poder pagar.

Señor ministro, hay muchas medidas y las hemos puesto encima de la mesa cuando nos hemos sentado con ustedes. Todos los grupos parlamentarios -no se trata aquí de sacar pecho o de decir que somos los mejores-, todo el mundo quiere una solución a este problema y hay muchas medidas encima de la mesa. Algunas son importantísimas y no son difíciles de aplicar. Cuando no queremos realmente o cuando no hay una verdadera voluntad política a veces decimos que el tema es extremadamente complejo, pero le voy a decir que no es tan complejo. Podemos abordar medidas en un plazo breve de un mes o dos meses, como le solicitábamos cuando le pedíamos una verdadera moratoria para sentarnos y para presentar una reforma legislativa en profundidad. Le voy a señalar alguna, aunque no es el momento de que defienda aquí nuestra proposición de ley o la enmienda a la totalidad que presentaremos a este decreto al que hoy votaremos en contra. Algunas medidas pasan de forma necesaria por modificaciones en relación con el proceso de ejecución. Los jueces dicen que una ejecución hipotecaria, que un título hipotecario tiene más fuerza que una sentencia. ¿Por qué lo dicen, señor ministro? Porque el deudor tiene menos capacidad de oponerse a un título ejecutivo hipotecario, a una escritura hipotecaria que a una sentencia. Solamente con que cambiáramos el proceso de ejecución hipotecaria y le aplicáramos las normas de una ejecución ordinaria el deudor ya podría oponerse. Podría oponer la nulidad del título, podría oponer la prescripción y podría oponer el pago. Pero es absolutamente necesario que abordemos la modificación de normas de ese proceso como la tasación. Señorías, no puede haber dos tasaciones diferentes: la tasación del banco y de las agencias de tasación para la compra -lo que vale el piso para vivienda habitual cuando firmamos la hipoteca-, y una segunda tasación por un valor muy inferior cuando la entidad bancaria quiere ejecutarla. Solo con que establezcamos que hay una sola tasación y que para conceder la hipoteca, para comprar la vivienda, ese valor será el mismo que para ejecutarla e incrementando el porcentaje por el que la entidad bancaria no puede adjudicarse esa vivienda, estaríamos ya en el equivalente a la dación en pago.

¿Por qué la gente se queda con deuda hipotecaria cuando pierde la propiedad de su vivienda? Porque se le ha tasado por encima del valor de compra por el que le dieron el crédito y porque, además, la entidad bancaria se queda con el piso por el 60 % de ese valor, hasta hace poco por el 50 %, hasta que nosotros elevamos el umbral de adquisición en la subasta por parte de la entidad bancaria. Por lo tanto, claro que se queda con una deuda del principal. Si modificamos las tasaciones, si elevamos el umbral por el que


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una entidad bancaria no puede quedarse con esa vivienda, estaríamos, en el caso de que finalmente se perdiera la propiedad, ante una liquidación de la deuda del principal. Señoría, podemos y debemos mejorar de forma clara y necesaria los intereses de demora. Como he dicho al principio, no es de recibo, no es posible, tenemos la reciente ley de consumidores en la que se aplica un porcentaje razonable. Acudamos a él. Y quiero decirles una cosa. Tenemos que hacerlo, señorías, señor ministro, porque tenemos un informe del Tribunal Europeo que nos dice que nuestra legislación es claramente leonina, desequilibrada y no es acorde con la directiva de 1993. Dentro de poco tendremos una sentencia. Señor ministro, esperemos que no nos sorprenda.

Todos tenemos una responsabilidad política, una gran responsabilidad moral, también, y tenemos que responder ante la sociedad en un momento en el que las entidades bancarias están siendo claramente ayudadas por todos de forma bastante injusta. No es el momento de hablar de ello, pero a cambio de importantes créditos que vamos a pagar los españoles a la banca, tenemos que decir a los ciudadanos que una parte de ese esfuerzo servirá para poder renegociar sus hipotecas. Las renegociaciones de las hipotecas son posibles, son necesarias y son buenas para a todos. Hay que renegociar elevando al máximo el tiempo de amortización del crédito, bajando al mínimo los intereses de ese crédito de hipoteca, aplicando la quita, señor ministro. Recientemente Estados Unidos ha puesto en marcha una ley en la que, elevando el nivel en el que una deuda hipotecaria puede ser sostenible para una familia, es decir, el 35 % de sus ingresos, en estos momentos se están renegociando las hipotecas que se han contraído en el bum inmobiliario, también en esa fiebre y en esa orgía inmobiliaria, para que adecuándolo a las rentas actuales del 35 % entre la deuda sostenible y la deuda real hipotecaria que se asumió hace tres, cuatro o cinco años, se establezca una quita que se reparte por mitad entre el Estado y la entidad bancaria. Es una ley Obama que está en aplicación en estos momentos. Claro que es necesario, posible y justo renegociar las hipotecas. Lo es porque, además, con ello estaríamos lanzando un mensaje claro de que se reparten los costes de esta crisis de forma equitativa, una necesidad, un clamor en la sociedad, y que aquellos bancos a los que los españoles les estamos ayudando a afrontar el pago de sus deudas, no van a desposeer, a colocar en la calle a ninguna familia española por no poder pagar sus deudas por haber perdido su puesto de trabajo. (Aplausos).

Finalmente, señorías -y concluyo-, hoy le decimos que no, porque este real decreto no es urgente, no soluciona la necesidad que le hemos pedido todas las fuerzas políticas de que legisle urgentemente. Le tendemos la mano para seguir trabajando con el Gobierno y con todos los grupos de la Cámara, no le quepa la menor duda. Por último, le quiero decir que esta moratoria que usted nos presenta hoy parece más una moratoria para este Gobierno, que ha querido evitar en los telediarios tener durante dos años situaciones verdaderamente dramáticas de expulsión de este colectivo, que una moratoria pensando en la situación terrible, dramática e injusta que viven hoy muchas familias españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, yo quiero empezar este turno de réplica recordando al 97 % de las familias españolas que pagan mes a mes su hipoteca (Aplausos), así como que gracias al sistema que tenemos, que también ustedes mantuvieron mientras gobernaban, ha habido millones de familias españolas que han accedido a la vivienda; eso es algo que no podemos olvidar. Yo le recordaría una cuestión, señoría, en economía de vez en cuando el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Le voy a decir por qué; fundamentalmente, porque en lo que tenemos que pensar es en las consecuencias a veces no consideradas a priori que tienen las medidas que tomamos. Hay que pensar que efectivamente este Gobierno, y supongo que ustedes también, quiere que en el futuro continúe habiendo crédito para la adquisición de vivienda. Yo le puedo aceptar perfectamente la situación -aquello que comentaba usted anteriormente- de que estamos dedicando miles de millones de euros -ayer lo vimos- al saneamiento de la banca española; tendremos tiempo de comentarlo, es la séptima vez que voy a ir a la Comisión de Economía. Lo que le puedo decir -y usted lo indicaba- es que eso no es consecuencia de la existencia de fallidos, de la existencia de impagos en el tema de las hipotecas residenciales; en absoluto. Vuelvo a repetirlo, el 97 % de las hipotecas en España se pagan puntualmente, y eso es algo que tenemos que mantener, es algo positivo para nosotros porque, vuelvo a repetirlo, es la principal garantía de que haya crédito en el futuro.


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Lo que tenemos que hacer es buscar un sistema que de algún modo permita hacer frente a aquellas familias que por una serie de cuestiones sobrevenidas han sido las más golpeadas por la crisis; eso es lo que ha hecho el Gobierno.

Uno de los problemas en el tema hipotecario -si me lo permiten ustedes, señorías- son los datos estadísticos. Se han dado muchísimas cifras. Lo que yo les puedo decir son los datos con los que cuenta el Banco de España: las ejecuciones hipotecarias de primera vivienda a lo largo de este año, si lo extrapolamos a lo que llevamos de año y hasta final del mismo, serán aproximadamente unas 16.000. ¿Saben ustedes cuántas son las ejecuciones hipotecarias con viviendas vacías de este colectivo? Más del 80 %. Por lo tanto -en eso también estará de acuerdo conmigo y es una de las cuestiones sobre las que estamos absolutamente dispuestos a hablar-, tenemos que mejorar el aparato estadístico para evitar lo que para mí es el principal inconveniente para solucionar los problemas de las familias españolas golpeadas por la crisis, señoría, la demagogia. Estoy absolutamente convencido de que necesitamos un sistema que ayude a las familias necesitadas, pero también le digo que no necesitamos demagogia, estará de acuerdo conmigo, porque eso es lo peor que podemos hacer. Por lo tanto, la primera medida que tenemos que tomar es mejorar las estadísticas de desahucios, lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. Se han dado muchas cifras, se han dado cifras hinchadas, y yo creo que en algunas ocasiones sesgadas. De vez en cuando las estadísticas son una forma de mentir, como decía Churchill. Lo que le estoy diciendo es que debemos tener unas estadísticas reales, y ahí el Gobierno está dispuesto a incluir en el Plan estadístico nacional mucha más información sobre todo el tema de los desahucios, porque sabemos que es una necesidad y que es una reclamación de la sociedad española. Lo vamos a hacer, porque a partir de ahí podremos delimitar el problema y actuar correctamente sobre quien tiene necesidad de que se actúe al respecto.

Usted dice que es una moratoria marginal -no sé cómo la ha calificado- y yo le diría que son 120.000 familias las que hemos identificado como el colectivo potencial al que se le puede aplicar esta normativa; 120.000 familias, señoría, no es nada despreciable, desde nuestro punto de vista. Es un primer paso para intentar evitar que 120.000 familias potencialmente puedan llegar a perder el techo. El Gobierno lo que ha hecho con este real decreto-ley es, sabiendo que partíamos de una situación de negociación y de que no se había llegado a un acuerdo definitivo, por una serie de razones -no voy a echar la culpa a nadie-, pero seguramente porque no nos habíamos dado el tiempo suficiente, abordar los casos más urgentes, más perentorios, en los cuales existe una necesidad absoluta de actuar inmediatamente, y que esas 120.000 potenciales familias beneficiarias no pierdan el techo. De eso se trata, señoría. Y, además -se lo vuelvo a repetir-, hay una segunda parte, que es el fondo de vivienda social en alquiler. Se van a poner a disposición -ya se ha acordado, y definiremos en los próximos días cuáles son las condiciones- seis mil viviendas para que estos colectivos, estas familias especialmente afectadas, no se queden sin techo.

No quiero entrar en razonamientos y en elucubraciones jurídicas entre el lanzamiento-desahucio, lo único que sé es que a los más necesitados no se les debe echar y no deben perder el techo, señoría, y eso es lo que ha hecho este Gobierno, lo que hace este Gobierno con este decreto-ley. (Aplausos). A partir de ahí, señoría, si me permite, estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo. Estamos dispuestos a hablar de intereses de demora. Le recuerdo que en el Real Decreto-ley de buenas prácticas los intereses de demora se limitaron a 2,5 puntos máximo, pero estamos dispuestos a hablar. Estamos dispuestos a hablar de tasadoras. Por supuesto que se han cometido errores, por supuesto que la ligazón entre tasadoras y entidades financieras ha llevado a situaciones desagradables, por supuesto que había cláusulas abusivas en determinados contratos; estamos dispuestos a hablar de ello. Estamos dispuestos a hablar, además, de que hubo hipotecas complejas, en yenes, cuyos tomadores no conocían las implicaciones reales y, por supuesto, igual que en otros productos, este Gobierno está introduciendo transparencia en la comercialización de los mismos, que es lo que tenía que haber ocurrido, porque en muchas ocasiones el problema, como ocurrió en el tema de las preferentes, fue la comercialización, señoría. Es decir, hubo muchos deudores de buena fe que no conocieron todas las implicaciones de lo que estaban firmando, y eso es lo que se tiene que evitar en el futuro, y ahí es donde está el Gobierno.

En definitiva, señorías, lo que les diría es que para tratar un problema que es de urgente necesidad, un problema que sabemos que está golpeando a las familias más vulnerables, es necesario, en primer lugar, tener información e información veraz, si me permite usted, saber cuál es el problema e identificarlo; después, actuar sobre este colectivo, que son los más desfavorecidos y los que necesitan la ayuda del Gobierno, siempre pensando que hay un 97 % de las familias españolas que pagan puntual y mensualmente


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sus hipotecas y pensando también en las generaciones futuras, porque este Gobierno lo que no va a hacer es, por demagogia, que en el futuro se limite el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles, de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.

Ha utilizado en exceso la palabra demagogia en su turno de réplica -no creo que me estuviera acusando de ello; no he intentado serlo-, igual que la economía es el camino al infierno -lo he apuntado por aquí-. Pues será la mala economía, señor ministro, no las medidas inteligentes, las buenas medidas económicas aplicadas.

Señor ministro, cuando trajeron el decreto-ley para convalidar en el que establecían ustedes el código de buenas prácticas les dijimos que el umbral era tan restrictivo que estaba excluyendo a las personas que necesitaban un proceso de renegociación de su hipoteca. Hoy las cifras que avalan el cumplimiento del código de buenas prácticas nos dan toda la razón. Por tanto, algo de razón tendremos también cuando decimos que la restricción que establecen en el ámbito de este decreto-ley que nos traen hoy aquí lo hará ineficaz. Usted ha señalado el cumplimiento del código de buenas prácticas, es una vergüenza, señor ministro: 278 peticiones en tres meses (Aplausos), y 226 peticiones se han rechazado. Pero además, de las que se han admitido, solo 44 se han renegociado, en una renegociación de la deuda hipotecaria que ustedes también restringían, porque establecían un periodo de carencia de intereses solo de cuatro años y la posibilidad de ampliación del plazo de amortización. Pero es que había también más posibilidades en este código de buenas prácticas como la quita, ¿saben ustedes a cuántos casos se ha aplicado la quita? Cero casos. Y la dación en pago, finalmente, se ha aplicado única y exclusivamente a ocho familias de las que lo han solicitado, un 2,22 %. Por tanto, señor ministro, algo de razón teníamos cuando le decíamos que esto no sería una solución, y no lo ha sido para las 226 familias a las que se les ha rechazado su solicitud, y no lo será tampoco el decreto-ley que hoy nos trae aquí.

Usted nos dice que el 97 % de las familias pagan sus hipotecas, claro que sí, lo he dicho en esta tribuna. El problema de la banca, el problema de la situación bancaria, de la situación financiera de nuestro país no tiene nada que ver con el impago de las hipotecas de los particulares, de los ciudadanos españoles; tiene mucho que ver, efectivamente, con el impago y con la dación en pago que han hecho los promotores y las inmobiliarias en este país, con una tasa de morosidad mucho más alta, y que han entregado al banco, porque, si no, se declaraban en concurso de acreedores, cosa que no pueden hacer los particulares, sus promociones inmobiliarias, su suelo, que no vale nada y sus viviendas acabadas. Por eso, señor ministro, ustedes, incumpliendo su mandato electoral de: no haré un banco malo, han hecho el banco malo, para recoger todo lo que los bancos han recibido en dación en pago de las promotoras y de las constructoras de este país. (Aplausos). Eso no es demagogia, señor ministro, eso es una realidad, una gran realidad.

Teniendo en cuenta que se paga y que el particular, el deudor que no paga es porque no puede, necesitamos dar efectivamente una solución al insolvente, a la persona que cae en la insolvencia de buena fe. Y yo le digo, señor ministro, que ese no es un problema hoy de marginalidad, de sectores extremadamente vulnerables o con riesgo de exclusión muy claro, ese es un problema de la clase media trabajadora de este país, porque con unas perspectivas de tasa de incremento del paro de más de un 26 % para 2013, desgraciadamente seguirán los problemas de impago de las hipotecas, porque el procedimiento de desahucio realmente, señorías, comienza el día que los trabajadores o las trabajadoras de este país son despedidos. Ese día no dejan de pagar, y usted lo sabe muy bien, lo saben las entidades bancarias, comienzan a dejar de pagar después de un año, cuando se les ha acabado la prestación por desempleo; y después de dos años, una vez iniciado el proceso de embargo, viene el lanzamiento.

Señoría, usted dice que lo importante es que la gente no se quede sin techo, por supuesto, claro que estoy de acuerdo con usted, la gente no puede quedarse en la calle. Pero lo verdaderamente importante es que esta clase media trabajadora que ha caído en una insolvencia sobrevenida de buena fe no pierda la propiedad de su vivienda. Por eso hay que paralizar los procesos, porque hay que forzar a una renegociación de los créditos, porque la solución no es que el banco se quede con la casa y que durante dos años, mientras siguen incrementando los intereses de demora, la deuda que les queda pendiente después de haber perdido la propiedad, tengan la tranquilidad de que durante dos años no se les echa,


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no, hay que paralizar los procedimientos, señor ministro. Hay que intentar que las personas que están en la calle, que han sido desposeídas de su propiedad puedan reencontrarse con todas esas viviendas con las que se han quedado los bancos en esos procesos de desahucio, que están vacías y que no van a encontrar posiblemente un comprador en el mercado inmobiliario y que usted no ha querido coger en el banco malo porque están por debajo del valor que tienen que tener los inmuebles para estar en ese banco malo público que vamos a pagar todos los españoles. Por lo tanto, esa es la solución.

Usted me dice: señora Rodríguez, tenemos que buscar esta solución inminente. Y ha dado dos datos: 120.000 familias y 16.000 viviendas; no lo entiendo muy bien. Pero yo le preguntaría: ¿por qué no ha incluido aquí a los fiadores? Estos padres que firmaron, que pusieron una firma para la compra del piso de su hijo, que tenía una perspectiva de trabajo, de empleo, por ejemplo en el sector de la construcción hace cuatro años, y hoy no puede pagar y no va a encontrar empleo, estando incluso en esas condiciones que usted dice, cobrar menos de tres veces el Iprem, el 1,5, haber empeorado su situación, estar en una situación de incapacidad, etcétera, ¿por qué esas familias no están en ese decreto, señor ministro? ¿Por qué han excluido a unos y a otros en igual situación de marginalidad, si ustedes lo que querían es dar una solución no a la clase media trabajadora, sino a la población en riesgo de exclusión. ¿Por qué unos y no otros? ¿Por qué han estado durante todo el tiempo que estuvimos negociando una medida de este calado de urgente y extraordinaria necesidad, que no pasaba por otra cosa que no fuera una moratoria de los procesos de ejecución general para los deudores afectados de buena fe hasta que legisláramos, diciéndonos que había que tener mucho cuidado? Ustedes son los que han dicho que había que tener mucho cuidado porque esto podía generar inseguridad en el sector financiero y una amenaza sobre el pago de las cédulas hipotecarias que tenía nuestro sector financiero.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Usted sabe perfectamente, señor ministro -y eso no es demagogia-, que no es verdad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que finalizar.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora presidenta, finalizo.

Las cédulas hipotecarias están respaldadas por la totalidad de los créditos hipotecarios de una entidad bancaria. Son los primeros que se cobran, son el instrumento crediticio en España con más seguridad y garantía de cobro. Por lo tanto, en nada afecta esto. Explíqueme, aunque solo sean estas dos cosas: ¿Por qué, señor ministro, no están aquí los fiadores? ¿Por qué no han aceptado ustedes que al menos todos aquellos que se encontraran en esa situación, con la situación actual que vivimos, y que cobraran menos de tres veces el Iprem, ya hubiera sido condición suficiente, necesaria y clara para encontrarse ante un proceso de impago de una hipoteca que superara el 50 % de este ingreso menor a tres veces el Iprem, de 1.600 euros? ¿Por qué, al menos, si tienen voluntad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ... de seguir avanzando o de cambiar la legislación, no han sido más generosos en una moratoria del procedimiento de ejecución, no del lanzamiento, no de la expulsión, y que afectara, como mínimo, a este umbral económico?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando se está en el Gobierno se tiene que tener en consideración, lógicamente, todas las consecuencias de las medidas que se toman porque se tiene la responsabilidad de gobernar; y la responsabilidad de gobernar va más allá de lo que son los objetivos a corto plazo. Hay que tener en cuenta cómo puede afectar esto de una forma insospechada en un primer momento -o inadvertida en un primer momento- a lo que pueden ser otros aspectos importantes. Ahí es donde yo decía la expresión


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de que muchas veces en economía: de vez en cuando el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahí es donde el Gobierno tiene que tener en consideración una situación de urgente necesidad que, evidentemente, se da -que nadie dice que no se da- junto a lo que pueden ser estas consecuencias insospechadas en el futuro.

Por eso mismo, el Gobierno, desde esa responsabilidad, desde ese planteamiento que mira más lo que pueden ser las implicaciones a dos, tres o cuatro meses, lo que hace en última instancia, señoría, es intentar evitar el problema de ese colectivo específico simultáneamente sin generar problemas adicionales para la economía española. Tiene usted toda la razón -¡qué me va a decir a mí!- sobre cuáles han sido las causas que han llevado a 37.000 millones de euros a una serie de entidades de créditos que veíamos ayer. ¡Qué me va a decir a mí! Por supuesto que es el suelo; por supuesto que es el crédito promotor.

Le digo una cosa para que lo piense un poco. No es solamente el problema de la crisis -que sí lo es, tiene un impacto desde el punto de vista de las posibilidades de devolver una hipoteca-, lo que tenemos que pensar es que en muchas ocasiones la semilla del impago se está poniendo en el momento en el cual se concede la hipoteca. Se tenían que haber evitado situaciones en las cuales de una forma absolutamente irracional, desde el punto de vista de lo que eran los planteamientos económicos, se concedían créditos a personas que sabíamos perfectamente que no lo iban a poder devolver y dentro de una burbuja irracional inmobiliaria, en la cual muchas entidades se metieron. Pero estos no son los culpables, estoy completamente de acuerdo con usted. El problema no es el crédito a las familias para la adquisición de vivienda; el problema de la banca española fue el crédito que se concedió a los promotores inmobiliarios y que pasó del año 2003 de estar en algo más de 70.000 millones de euros, a estar en el año 2008 por encima de 320.000 millones de euros. Esa es la causa fundamental por la cual hemos tenido que inyectar la cantidad de dinero que tenemos que inyectar para sanear la banca española y para, lógicamente, llevar a cabo un proceso de reestructuración y de solvencia.

A partir de ahí, lo que yo le diría es que piense un poco en el contenido. Estamos tomando una medida o dos, si me lo permiten, específicas. Primero, evitar que un colectivo potencial de 120.000 familias pierda su vivienda, pierda su techo, y además porque durante el periodo de esos dos años estoy absolutamente convencido de que la renegociación de la propiedad se puede producir. (La señora Rodríguez Ramos hace gestos negativos.-Una señora diputada: No hay, hay alzamiento ya). Estoy absolutamente convencido porque si durante esos dos años la familia es capaz de rehacer su capacidad y hacer frente a las situaciones, podrá volver a renegociar seguro con el banco; seguro que podrá volver a renegociar, hágame caso usted. Porque los bancos no quieren quedarse con las viviendas, en absoluto. Y en segundo lugar, también, que piense usted que está votando en contra de la creación de un fondo en el cual vamos a tener 6.000 viviendas en alquiler social (La señora Rodríguez Ramos: No) y además está votando en contra de todo lo que usted me estaba diciendo. Estamos abiertos a analizar el tema de los intereses de demora, el tema de las tasadoras, el tema de las cláusulas abusivas. Estamos abiertos y se lo estoy diciendo yo aquí. Una cosa es el real decreto-ley y como posteriormente lo vamos a tramitar como proyecto de ley estamos abiertos a continuar con el dialogo. Eso, en última instancia, lo que pondría de manifiesto es si efectivamente ustedes tienen voluntad o no tienen voluntad, o si lo que tienen es meramente un planteamiento político a corto plazo. Yo lo que le puedo decir es que, más allá de los aspectos a corto plazo, el Gobierno, que sí tiene voluntad de diálogo, le tiende la mano para efectivamente modificar cuestiones que se tienen que modificar a futuro y permitir que, al menos en estos momentos y a futuro, tengamos un sistema hipotecario que en situaciones de crisis permita resolver los problemas de las familias afectadas por la crisis a corto plazo sin evitar a futuro que continúe habiendo un acceso con condiciones de crédito suficiente para nuestros hijos y para nuestros nietos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Mixto. Señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, ese infierno del que nos ha alertado ante el buenismo sin dirección ya existe. Es un infierno ciertamente no financiero, un infierno no de arquitectura económica, es un infierno de arquitectura social. Es el vértigo al que se enfrentan muchas personas cuando se enfrentan al vacío de ver a su familia sin techo; el buenismo, ministro, de quien no quiere acometer las reformas legislativas necesarias para hacerle frente. Ese es el infierno y ese es el buenismo que a ustedes les compete.


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Quiero empezar por recordar que no hace ni veinticuatro horas una persona más se ha suicidado por no poder, en este caso, pagar un alquiler. No estamos ante un problema en el terreno hipotecario, pero estamos enfrentándonos una vez más al problema, al infierno, de ver a su familia sin techo. Quiero en ese sentido trasladar el pésame de Geroa Bai, por supuesto, a la familia de este vecino de Doneztebe -se produjo en la localidad navarra de Doneztebe-, pero quiero también trasladar el pésame de todos nosotros porque no hemos sabido responder a este drama que solo cortaremos con un nuevo modelo, con un nuevo orden, con una nueva legislación. Y para ello, señor ministro, este real decreto no es una respuesta, no es una solución; es solo un remiendo. Es un remiendo que empieza por basarse en la morosidad como problema que pretende atacar y que pretende acometer. El problema no es la morosidad, el problema es la usura. El problema es la usura en los intereses de demora, el problema es la usura en las agencias de tasación, el problema es la usura en unas cláusulas abusivas en torno a los seguros hipotecarios que no están ustedes dispuestos a acometer, a revisar, a cambiar y, por tanto, tutelar a quienes deben tutelar, a los ciudadanos en su infierno.

Contemplan también en este real decreto medidas que ciertamente son urgentes pero que dejan para una posterior actuación y nos dicen que en este momento se requiere -se dice textualmente- una intervención pública inmediata. No, la intervención pública inmediata debe centrarse en la reforma de la Ley Hipotecaria, en la creación de agencias públicas de tasación, en sujetar los intereses de demora como mucho al IPC -creo que sería suficiente- y, por supuesto, en trabajar en torno a conceptos básicos como la dación en pago o la moratoria en el pago. Nos proponen -voy terminando, señora presidenta; la verdad es que tres minutos para estas cuestiones son bien poco-, señor ministro, un real decreto que, como digo, por escaso no es sino un ejercicio de ese buenismo que -usted nos dice- lleva al infierno. Estamos en el infierno y ustedes con su mayoría no se atreven a acometer el problema. En cualquier caso, ministro, quiero dejar nota de la iniciativa legislativa que el Parlamento de Navarra llevaba a cabo recientemente en la que se solicitan ya los trámites oportunos para modificar la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Regulación del Mercado Hipotecario, la de disciplina e intervención de las entidades de crédito...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Barkos, tiene que finalizar.

La señora BARKOS BERRUEZO: Termino, presidenta.

Y la de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. O acometemos, como digo, ya con enorme rapidez y con decisión, y no en el ejercicio del buenismo, estas reformas o, ministro, difícilmente vamos a salir de este infierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías.

Hoy en España, señor ministro, ninguna institución, ninguna actividad, ningún mercado, ninguna persona se libra de las consecuencias de nuestra particular crisis, una crisis que tiene como uno de sus pecados originales el exceso. La nuestra es una crisis de excesos, excesos entendidos como actuar sin conciencia de los límites; excesos en este caso en la falta de control de la solvencia de los deudores; exceso de avaricia de algunos en las elevadas tasas de los pisos, las tasas de cobertura de los préstamos, el abuso en la ingeniería financiera; excesos por creer a ciegas en el aumento imparable del valor de los inmuebles. Yo creo que podemos seguir lamentándonos o podemos buscar una solución urgente, una solución que haga compatible no romper los inestables equilibrios de nuestra maltrecha economía financiera pero que a la vez evite los riesgos de exclusión social y que socorra a los más débiles y garantice la justicia en las posiciones jurídicas de todos los operadores. ¿Por qué? Creo que nos llevaríamos a engaño si llevamos a cabo un movimiento pendular de sobreprotección del deudor que socave la confianza de nuestro sistema financiero. Nos estaríamos equivocando gravemente y generando, como usted ha dicho, señor ministro, un problema de incalculables efectos; es verdad.

Es verdad que la reforma urgente que debatimos hoy es muy parcial, pero como otras que vendrán transversales tendrán que respetar al menos los principios de prudencia, equilibrio, equidad, seguridad jurídica, solidaridad, condicionalidad, responsabilidad y desde luego tender al objetivo de la recuperación de la confianza. En todo caso, yo saludo y saludé la predisposición inicial al acuerdo de los partidos mayoritarios; sinceramente, me lo creí, porque creo que es una clave para aprobar una regulación adecuada a la gravedad de la situación que viven muchas familias españolas, y creía y creo que no


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podemos defraudarles, por eso le sigo pidiendo al Partido Socialista que haga un ejercicio y que no aplique la vieja doctrina de mantener esa dialéctica perpetua de confrontación entre la derecha y la izquierda y saltarse la dinámica tradicional en España para colaborar y cambiar su posición en este caso.

Como les digo, UPN presentará sus propuestas en esta tramitación abierta basadas en principios, en valores y en las experiencias que han dado su fruto con notable éxito sobre mediación hipotecaria. Qué duda cabe que tendremos que tratar sobre el alcance de los códigos de buenas prácticas, la modernización de algunas instituciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tratamiento de los intereses de demora, la independencia de las tasadoras respecto de los bancos, la participación de las oficinas múltiples y variadas que ya existen de intermediación hipotecaria, los límites de los precios de las subastas o de las cláusulas abusivas de las hipotecas.

Termino, señora presidenta, creo que son estos dramas -como la última muerte en una localidad Navarra, en Santesteban- los auténticos perversos e indeseables efectos de nuestra crisis, los que nos deben unir para encontrar soluciones realistas, imaginativas y creativas que humanicen este denostado sistema bancario nuestro. Y desde luego, afrontarlos y darles una solución es precisamente lo que da verdadero sentido a la política, nuestra capacidad de servir, de ayudar a los que más lo necesitan.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Salvador tiene que finalizar.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, nuestro partido está conjurado para generar progreso y bienestar, para revertir esta situación lo antes posible, para terminar cuanto antes con este drama intolerable.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, Foro va a votar críticamente este real decreto que con carácter de urgencia nos ha traído el Gobierno. En pocos asuntos como este, la opinión pública -no solo los afectados sino toda la sociedad española- ha estado más de acuerdo en la necesidad de una solución justa. Precisamente ha sido la presión social la que ha obligado al Gobierno a afrontar la sangría social que afecta a 350.000 familias y que previsiblemente en el año 2013 afectará a otras 75.000 familias más. Pero este Gobierno, señor ministro, ha perdido una magnífica oportunidad para solucionar los problemas derivados de unos desequilibrios existentes en la actual legislación hipotecaria que perjudica gravemente los intereses de los usuarios. Foro ya llevaba en su programa electoral en 2011 la modificación de la Ley Hipotecaria, limitando la responsabilidad del adeudo al importe de los bienes hipotecados y no al resto del patrimonio. Precisamente por ello, Foro presentó en el Parlamento del Principado hace poco tiempo una proposición de ley, relacionada con el artículo 87.2 de la Constitución, de modificación de la Ley Hipotecaria, instando desde Asturias al Gobierno de la nación a hacerlo. No prosperó la iniciativa por no considerarlo necesario el Gobierno socialista y la oposición del Partido Popular y de UPyD. Ahora escucharé con atención -alguno ya lo he escuchado- los argumentos que se presentan.

Haciendo un resumen por la brevedad de la intervención, le traslado mis críticas. Primero, se trata solo de una suspensión temporal por dos años de la medida ejecutiva del lanzamiento sin que se arbitre otro tipo de actuaciones. En segundo lugar, el real decreto tiene un aspecto bastante limitado, es decir, ha de ser ejecución de hipoteca sobre vivienda propiedad del deudor que sea su única vivienda en propiedad y que además el préstamo haya sido concedido para la adquisición de la misma. En tercer lugar, la suspensión del lanzamiento se produce solo si el adjudicatario es el acreedor. En cuarto lugar, el real decreto abre la puerta a una fuerte interpretación subjetiva por parte del juez. En definitiva, se puede calificar la regulación como deficiente, no da solución a los problemas reales por no regular una moratoria a embargos, ejecuciones y desahucios. En nuestra opinión, resulta necesaria la reforma de la vetusta Ley Hipotecaria, de la Ley de Enjuiciamiento y de la Ley Concursal para familias y autónomos, que no quedan modificadas por este real decreto. Como tampoco modifica el código de buena conducta bancaria regulado hace muy pocos meses y que, después de siete meses de vigencia, solo ha solucionado el problema a 140 familias.

Termino. Por la urgente necesidad de tomar decisiones en este campo tan sensible social y financieramente, vamos a abstenernos en este real decreto, pero también apoyamos, como es obvio, su tramitación como proyecto de ley para que todas las fuerzas políticas, y no solo el Partido Popular y el


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Partido Socialista, tengamos la posibilidad de aportar nuestras propuestas para un cambio en el marco jurídico que dé soluciones al problema de tantas familias angustiadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Decía Napoleón: Un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza. Y es evidente que ustedes no tienen el corazón en la cabeza, o peor: posiblemente ustedes no tienen corazón, porque, si tuvieran corazón, hubieran votado a favor, el 6 de marzo pasado, hace ya ocho meses, la propuesta de Joan Coscubiela, de Iniciativa, a favor de la dación en pago. Aquel día el resultado fue demoledor, descorazonador. A favor votamos 36 parlamentarios; en contra, 181, los del PP, y hubo 118 abstenciones del Partido Socialista. Aquel día una vez más volvió a demostrarse quién manda en este país: el dinero, los bancos. ¿Cuántos dramas se hubieran podido evitar si hubieran votado a favor? Piénsenlo. Si ustedes tuvieran corazón, no hubieran presentado aquel paripé del código de las buenas prácticas bancarias, que se ha demostrado tan inútil como un peine para calvos. Si ustedes tuvieran corazón en la cabeza, no nos hubieran presentado este real decreto, porque este real decreto sigue siendo tan inútil como un paraguas en un vendaval. Este real decreto es puro maquillaje, maquillaje barato y chillón para disimular su corazón duro como una piedra y negro como el color de la codicia. Ustedes y los bancos traen al Parlamento estas medidas forzados, sin ganas, porque, ahora sí, la voz de la gente sencilla, la voz de esos 10,5 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza ha conseguido saltar las vallas que rodean este Parlamento para decirles bien claro que este decreto, como su código de buenas prácticas bancarias, no sirve. O sí, sirve para que los banqueros no pierdan la sonrisa, la compostura. Con este decreto ustedes no solucionan nada; aplazan los desahucios dos años, y no para todos. Nuevamente hay una carrera de obstáculos insalvables para la mayoría. Se aplica a supuestos de especial vulnerabilidad, se aplica a familias numerosas. ¿Y las de dos hijos? ¿Y las de uno? Excluidas. Se aplica a familias monoparentales con dos hijos. ¿Y las de un hijo? Excluidas. Se aplica a la unidad familiar con un menor de tres años. ¿Y si tiene cuatro años? ¿Y si tiene cinco? ¿O doce? ¿Ya no son vulnerables? Excluidos. ¿Qué pasa con los que tienen un procedimiento iniciado? Excluidos. ¿Qué pasa con los intereses de demora? Incluidos. Hasta ahí podíamos llegar. Por último, el Gobierno de los bancos, su Gobierno, con su negativa a contemplar la dación en pago condena definitivamente a la exclusión social y económica a miles y miles de personas deudoras.

Acabo con una cita de la célebre novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El personaje Tancredi declara a su tío Fabrizio la conocida frase: (Pronuncia palabras en italiano). Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Ese es el resumen de su flamante decreto, ese es el resumen de su Gobierno: que todo siga como está.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Trae usted en nombre de su Gobierno un real decreto-ley que tiene dos características fundamentales: una es que llega tarde, porque lo que ha caracterizado la actuación hasta ahora de su Gobierno, y no solo del suyo, en relación con este asunto ha sido la complacencia con las entidades bancarias y el mirar para otro lado. Un buen ejemplo es el código de buenas prácticas, sobre el que le advertimos que no iba a servir absolutamente de nada porque lo de buenas prácticas en todo esto abunda por su inexistencia.

Segundo, lo trae usted con urgencia, con la urgencia provocada por cuatro lamentables muertes, porque los jueces les han señalado a ustedes lo que tenía que haber defendido el Gobierno -que están indefensos frente a los bancos, y los ciudadanos también-, porque el Tribunal de Luxemburgo les ha dicho que la Ley Hipotecaria española es absolutamente ofensiva desde el punto de vista de los intereses de la gente y porque los afectados se han organizado. Estas son las razones por las que ha venido usted aquí con urgencia. Por tanto, este es un real decreto-ley de un Gobierno en apuros, que se ha visto obligado a intervenir en contra -creo yo- de su criterio, y no ha sido capaz de traernos hoy aquí un compromiso claro para actuar sobre la auténtica profundidad del drama del que estamos tratando.


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No es aceptable la propaganda en esto. Me ha alegrado hoy no escucharle al menos insistir en que este real decreto pretende que nadie se vaya de su casa, como señaló en un medio de comunicación. Sí se va a ir mucha gente de su casa. Esta moratoria no resuelve el problema, no afecta a la totalidad de las personas en dificultades y supone una vez más este lema que desgraciadamente se ha instalado en el origen de esta crisis: debilidad con los fuertes y fortaleza con los débiles, extremada comprensión con los problemas de las entidades financieras y extremado rigor a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. No es defender la cultura del impago, es defender las necesidades de personas que se han visto en una situación crítica y no han podido atender a sus compromisos por una crisis sobrevenida. Debería ser en realidad la oportunidad para empezar a exigir a aquellos que han campado con su irresponsabilidad sobre los intereses de la gente y los de este Estado porque, como hoy se ha señalado aquí y ya parece que vamos entendiéndonos, la responsabilidad de la deuda del Estado español no está en las familias ni en el sector público, está donde está. Lo ha señalado usted bien y esto me ha alegrado.

Este real decreto es insuficiente, es restrictivo y deja encima de la mesa lo sustancial de este problema.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Quevedo, tiene que terminar.

El señor QUEVEDO ITURBE: Pues termino ya diciendo que vamos a plantear la supresión total de los procedimientos de ejecución hipotecaria en los tribunales hasta que se actúe sobre el origen del problema, que es la Ley Hipotecaria injusta que tiene el Estado español vigente desde 1909.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, vamos a manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con este real decreto, que ya decimos de antemano que va a ser negativa. Vamos a añadir algunas cuestiones más a las que ya se han comentado aquí y que la señora Barkos enumeró muy acertadamente.

Señor ministro, nosotros no podemos votar este real decreto porque el Gobierno, intentando calmar la presión social que existía en ese momento por la situación dramática generada por los desahucios, lo que demostró finalmente es que cedió a la presión de la banca, y el resultado es el real decreto que ustedes aprueban. Por tanto, desde el Bloque Nacionalista Galego no podemos valorar positivamente un real decreto-ley de medidas urgentes que trae el Gobierno después de que en esta Cámara se discutieran en muchas ocasiones en los últimos tres años iniciativas para afrontar ese problema, después de que se movilizara la sociedad para evitar que muchas familias durmieran en la calle y después de que los propios jueces presentaran alternativas que el Gobierno debería haber tenido en cuenta a la hora de hacer este real decreto. El real decreto, como incluso ya han calificado los propios jueces, es insuficiente, injusto y limitado. Es injusto, señor ministro, porque, además de no contar con las medidas adecuadas, deja fuera, como ya se ha comentado, a personas y familias que estando en la misma situación, como ustedes delimitan de tal manera las condiciones para tener acceso a lo que aquí se expone, es imposible que puedan acceder a ello. Por tanto, señor ministro, este real decreto-ley no es de medidas urgentes para resolver ningún problema. Supongo que el objetivo que ustedes pretendían, como dije antes, era calmar la presión pública. Ustedes han demostrado que solo están dispuestos a ceder a la presión bancaria. Estamos hablando además de un problema generado por la usura de esa institución bancaria, porque muchas de las familias están en una situación provocada incluso por la presión bancaria que existía con anterioridad a que ellos accedieran a ser dueños de una hipoteca. Por tanto, señor ministro, no podemos tildar este real decreto más que de tomadura de pelo, porque ni siquiera es un parche para resolver un problema, es una tomadura de pelo a las demandas sociales y de justicia incluso del mismo sector de jueces y abogados. Recuerdo, señor ministro, que la propia...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, tiene que finalizar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

Recuerdo que la propia Comisión Europea reconoce a la Ley Hipotecaria española como una ley injusta. No vamos a votar este real decreto, porque lo que ha dicho usted en esta exposición y lo que dice el real decreto pone de manifiesto que el Gobierno no tiene voluntad de modificar la Ley Hipotecaria, y lo fundamental en esta cuestión es modificar una Ley Hipotecaria...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... de manera que pueda existir una Ley Hipotecaria que permita a los deudores de una hipoteca poder defenderse.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, señorías, ya en mayo del año 2009 nuestro grupo parlamentario presentó una propuesta en la que se reclamaba la dación en pago y la ampliación de los casos en los que no procedía el embargo de la vivienda. Entonces el Partido Socialista votó en contra. De hecho, los compañeros de Izquierda Unida, de Iniciativa, del Bloque Nacionalista Galego y los republicanos la hemos reclamado en múltiples ocasiones y el resultado fue siempre su rechazo, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, y lamentablemente quienes se opusieron siguen detentando el poder, ahora a través del Partido Popular. Provoca hartazgo, pero es la realidad. Por eso, no aceptamos que se nos acuse a los partidos de izquierda de legitimar sus políticas, quienes las legitiman son, en todo caso, nuestros vecinos, los familiares, los conocidos que les votan a ustedes, no a nosotros. No hay duda de que en un Parlamento pueden tomarse medidas que nos deshumanizan. Desde aquí, por supuesto, no se viven las situaciones de sufrimiento de los desahuciados. No se nos reflejan las caras de los ciudadanos afectados en el momento de apretar el botón que colocará la soga al cuello a una familia incapaz de encarar el pago de la hipoteca. Por ello, que cada cual cargue con su responsabilidad política, que cada cual cargue con su mochuelo.

Lo cierto es que la sociedad debe tomar las medidas que no toma este Parlamento y dejar de ser cómplices retirando el dinero de aquellos bancos que desahucian a las personas y las condenan a la miseria y a la expulsión, porque este real decreto dictado por el poder financiero, causante de una buena parte de la crisis y beneficiario de la inyección de recursos públicos, no es más que un intento de lavarse la cara ante la presión ciudadana. No resuelve el problema, ni mucho menos. Es muy insuficiente, porque ni tan solo generaliza la moratoria. Por eso, no vamos a legitimarlo con nuestro voto, porque sería tanto como normalizar políticas de terrorismo social. El derecho al techo es innegociable. La plataforma Afectados por la Hipoteca, a quienes reconocemos su labor y cuyas demandas han sido avaladas por 600.000 firmas, afirma respecto a este real decreto que no valen medidas publicitarias ni pequeñas modificaciones que no aborden el problema de raíz y que no acepte rebajas ni medidas trampa. Por ello, exigimos, primero, dación en pago; segundo, paralizar los procesos de desahucio; y tercero, alquiler social ya. Nos veremos las caras en el trámite parlamentario, señor ministro.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, dice el artículo 47 de nuestra sacrosanta Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Diría yo, palabras vacías de una Constitución mentirosa. Según Cáritas en el Estado español existen 3 millones de personas que carecen de vivienda o viven en condiciones indignas. Prosigue el artículo: Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Segunda tomadura de pelo. El precio de la vivienda en el Estado en el decenio 1997-2007 se incrementó en un 288 % y quienes se forraron con esta especulación galopante llevaron sus dineros a paraísos fiscales, y todo ello con el beneplácito, el mirar para otro lado o el consentimiento expreso de los Gobiernos del PSOE y del PP que existieron durante esos años. Finaliza el artículo: La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Pues bien, la comunidad -es decir, la sociedad-, lejos de beneficiarse de nada de toda esta especulación, lo que ha hecho es pagar los platos rotos cuando esto ha estallado; estallido que propició en buena medida el engrase que desde las instituciones, desde concejalías y consejerías autonómicas, se hizo en relación con todo esto. Repetimos que según Cáritas, 3 millones de personas carecen de vivienda o viven en condiciones indignas, y a su vez el Ministerio de Fomento afirma que a finales de 2010 existían en el Estado Español 3.400.000 viviendas vacías. Así pues, no es que la gente carezca de vivienda porque esta no exista. Existen, pero las sagradas leyes del mercado y


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de la propiedad están por encima del derecho elemental, humano y básico a la vivienda por parte de la gente. No faltan pisos, lo que falta es vergüenza legal e institucional en este país. Desde nuestro punto de vista, es preciso implantar un impuesto progresivo sobre las viviendas vacías, que llegue hasta la expropiación en los casos de un desuso continuado y permanente, y crear así un banco público de viviendas que las entregue en alquiler a las personas que lo necesiten.

Días antes de que el Gobierno aprobara el proyecto de decreto-ley que se nos presenta, la banca ya fijó las condiciones del mismo. Dijo: Suspensión como mucho de dos años, no tocar la legislación existente y que sirva únicamente para los casos más extremos. Estos son los tres pilares sobre los que se asienta este decreto-ley. La banca habló y el Gobierno dijo amén, palabra de Dios. En Burlada este lunes 300 personas paralizaron el desalojo de una vivienda. Pilar era ella, trabajadora de empleo social en Burlada barriendo calles. Marino era él, enfermo de cáncer, grave, cobrando 400 euros. Tres hijos de quince, doce y cinco años de edad. A pesar de todo fueron desalojados y la gente lo impidió. A esta gente, a las 300 personas que acudieron allí y a todas las entidades sociales que en el conjunto del Estado están impidiendo estos casos, Amaiur dedica su más cálido aplauso. Hay que continuar por esta vía para evitar que estas tremendas injusticias se produzcan.

Señor ministro, ayer utilizaron estas mismas palabras ustedes: transmítaselo usted a sus mandantes, es decir, a los banqueros, porque ellos son los responsables de que en Granada José Miguel y en Barakaldo Amaia se suicidaran por no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas. Este Gobierno, con la política social que lleva, creadora de desempleo, de pobreza y de desamparo, es también responsable de que ayer mismo en Doneztebe -en Nafarroa, en mi tierra- una persona, Manuel Reguera, se suicidara por no poder hacer frente a los alquileres que tenía. La política de este Gobierno es la responsable de esto. Hacen falta soluciones de fondo y no meros parches, que es lo que es este decreto-ley, soluciones que afecten a la Ley Hipotecaria de arriba abajo, a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ustedes también modificaron de forma reaccionaria, y a la Ley del Suelo para evitar que los intereses de las personas estén por debajo de los intereses de la propiedad y de la banca. Por eso Amaiur reclama la paralización inmediata de todos los desahucios y desalojos que se están dando, porque entre otras cosas estos están siendo contrarios a la normativa existente, tal y como lo ha dicho el Tribunal Europeo. Igual que en Euskal Herria Bildu defiende la creación de un ente público de vivienda que se haga cargo de todas estas viviendas objeto de desalojos, de desahucios, con unas quitas de un 50 % y un 60 % para ponerlas luego en alquiler social a la gente necesitada, un alquiler social que no sobrepase el 15 % de los salarios.

Termino ya, señora presidenta. Ya lo dije aquí, durante la crisis del 29 en Estados Unidos los banqueros arruinados se suicidaban tirándose de las ventanas de los rascacielos neoyorquinos, y aquí quienes han esquilmado cajas de ahorros y bancos no solo no hacen nada de esto, sino que se van por la puerta grande con indemnizaciones millonarias producto de contratos blindados vergonzosos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que finalizar.

El señor CUADRA LASARTE: Diez segundos ya.

Aquí solo se suicidan personas como José Miguel, Amaia y Manuel. Pues bien, termino. Como dice la canción: ¿cuándo llegará el momento en que la tortilla dé vuelta? Por esto trabaja Amaiur.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor ministro de Economía, existe un número creciente de ciudadanos y familias que no pueden hacer frente al pago mensual de la hipoteca por la que adquirieron su vivienda habitual. La intensificación de la crisis económica, el abandono obligatorio del mercado de trabajo y el desempleo derivado de dicha situación dificultan y en muchos casos impiden hacer frente al pago de dicha hipoteca. Los ciudadanos y las familias no dejan, señor ministro, de cumplir con sus compromisos por capricho, lo hacen porque no pueden pagar. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Está ampliamente contrastado que lo último que un ciudadano deja de pagar es la hipoteca de su vivienda habitual, le va en ello su vivienda, su hogar, su inversión de toda la vida y su proyecto de vida. Estamos pues hablando de cosas muy serias, de cosas tan serias que incluso a algunas personas les ha llevado hasta la situación extrema de suicidarse al verse sin su bien más preciado, sin su vivienda. Por lo tanto, esta cuestión, la de los desahucios, la de los desalojos de sus viviendas de aquellas


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personas y sus familias que no han podido pagar su hipoteca ha de constituir una auténtica prioridad en el debate político y su resolución no puede experimentar retraso alguno.

Es lógico resolver en primera instancia aquellos casos más sangrantes en los que la situación de exclusión social es más evidente y proceder posteriormente a avanzar en los demás casos. Sin embargo, desde el Grupo Vasco consideramos que el alcance de este real decreto-ley es excesivamente limitado. El número de restricciones que ya se han comentado aquí y que se imponen a los afectados para evitar los desalojos de sus viviendas es excesivo; las condiciones a las que la ley obliga son tales que hacen que este real decreto-ley sea prácticamente inaplicable o aplicable a un número excesivamente reducido de casos. No solo es que el real decreto-ley llegue tarde, sino que además lo hace de forma parcial y limitada resolviendo un número excesivamente pequeño de casos. No podemos ni debemos caer en la demagogia ni en lo políticamente correcto al abordar esta cuestión. No podemos ni debemos crear un coladero legislativo que permita que la gente abandone sus compromisos de hacer frente a la hipoteca y que nada pase, pero no podemos, por el contrario, dejar de asistir y ayudar a aquellas personas y familias que lo necesitan. Y, sinceramente, pensamos que este real decreto-ley no alcanza a todos los que están en una situación real de urgencia y necesitados de ayuda.

La etapa de expansión económica basada en el crecimiento desmedido del sector inmobiliario y amparado en unos tipos bajos de interés y en una voracidad desmedida de las entidades financieras, de hacer negocio fácil y jugoso, llevó a mucha gente a endeudarse hasta límites que superaban lo razonable. Era difícil pensar para los ciudadanos que la situación económica iba a cambiar de forma tan brusca que les iba a dejar en el paro y que, además, su vivienda iba a valer mucho menos de lo que ellos pagaron por la misma. Pero las entidades financieras sí sabían lo que estaba ocurriendo en el mercado de crédito, que su ritmo de aumento era excesivo, que el riesgo se estaba concentrando peligrosamente en el sector inmobiliario y que había un peligro real de que la burbuja explotara. Seguramente no pensaban que lo iba a hacer con la intensidad y virulencia con que lo ha hecho, pero sí que el riesgo estaba ahí. Además, las entidades, aprovechándose del mercado, concedían préstamos hipotecarios con mucha letra pequeña que el ciudadano normal desconocía y que para ellas suponía un gran negocio. Estoy pensando en el sistema de tasación, controlado por las entidades, las exigencias de domiciliación de nómina o de contratar seguros de vida e invalidez, de cláusulas suelo, de primas de cobertura de riesgo, etcétera, que lo único que suponían, tal y como acertadamente lo recoge el Defensor del Pueblo en un buen informe elaborado a tal fin, era mejorar la cuenta de resultados de estas entidades. Por cierto, muchas de las recomendaciones de dicho informe deberían ser tenidas en cuenta por el Gobierno en la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley.

Si como consecuencia de que en la crisis se va a utilizar dinero público, es decir, el dinero de todos, para sanear las entidades financieras, reordenarlas y reestructurarlas para que vuelvan a ejercer su función de financiar la actividad económica, ¿cómo no se van a resolver los problemas más acuciantes de aquellas familias y personas que por la crisis pueden perder su única vivienda y encontrarse en una clara situación de exclusión social? Es preciso también que las entidades financieras colaboren en este asunto; revisar las condiciones contractuales para hacer que el pago de la hipoteca sea más digerible es uno de los caminos. Alguna entidad, como la propia BBK, emplea recursos de su obra social para atender los casos más urgentes, ayudándoles a su vez a que accedan al mercado de trabajo y se reintegren así al mundo económico y social. Habrá que abordar, sin duda, desde cambios legislativos de gran envergadura hasta recomendaciones para que la transparencia e información clara y veraz sean lo habitual a la hora de firmar un préstamo hipotecario. Se tendrá que abordar la posibilidad de que la dación en pago permita saldar la cuenta con la entidad financiera, y tantas otras cuestiones que avancen en la defensa de los más débiles, en este caso de los ciudadanos que por motivo de la crisis estén en riesgo evidente de perder su vivienda habitual.

Hasta ahora, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, se ha visto excluido de las conversaciones y reuniones, no de los acuerdos, porque no los ha habido, entre el Gobierno y los partidos políticos o entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. Por los medios de comunicación sabemos que el Gobierno ha intentado avanzar en este tema con el Grupo Socialista. Nuestro grupo, me imagino que al igual que el resto, desea participar en el debate y ayudar a las soluciones que a este respecto se pueden proponer. Nos ofrecemos para ello y esperamos que el Gobierno trate de buscar consensos o acuerdos amplios en un tema como el de los desahucios y desalojos de tanta implicación social.

Por todo lo anterior, por la exclusión y por lo limitado del alcance del real decreto-ley, vamos a votar en contra de la convalidación del mismo; no obstante, señor ministro, esperamos y deseamos tener la


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oportunidad de presentar y defender nuestras enmiendas en el posterior trámite como proyecto de ley para mejorar sustancialmente este real decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, lo primero que tengo que decirle es que bienvenidos a la realidad, aunque haya sido un poco tarde, porque cuando nuestro grupo presentó en marzo pasado una propuesta para modificar varias leyes que tenían que ver directamente con la situación creada por la crisis económica en lo referente a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, su grupo votó en contra, el Gobierno no mostró el menor interés y en general no es la única vez que ha pasado, sino que llevamos ya una larga sucesión de ocasiones en que ha habido la oportunidad parlamentaria de hacer frente al problema de la legislación de los desahucios y sencillamente se ha ignorado por completo. Supongo que porque ustedes consideraban que esto no era ningún tipo de problema, y hasta que no ha empezado a haber historias trágicas y una alarma social y política al respecto, no se ha hecho nada. Pero más vale tarde que nunca y por eso mismo precisamente y porque más vale tarde que nunca nuestro grupo sí va a apoyar la validación de este real decreto-ley, porque aunque consideramos que es un decreto muy insuficiente en bastantes aspectos del problema que aborda, sin embargo, cualquier cosa que se haga que aporte soluciones a los afectados nos parece que es urgente tomarla en consideración. No entendemos la actitud de decir que es insuficiente y por tanto votamos en contra, porque lo que es radicalmente insuficiente es no hacer absolutamente nada y esperar a que el problema se agrave para tratar de extraer alguna ventaja de la situación política creada.

Dicho esto, algunos grupos ya le han dicho bastantes cosas. Voy a añadir algunas más que quizás no se han dicho y nos parecen importantes, sobre todo porque esperamos que en la tramitación de la ley haya ocasión para abordar en profundidad, con seriedad y con verdadera voluntad de llegar a acuerdos los problemas pendientes que ha creado la crisis económica, pero que no olvidemos -nos parece importante subrayar esto- que es una crisis económica creada en buena parte por el estallido de una burbuja inmobiliaria que a su vez ha sido alimentada por unas prácticas hipotecarias francamente condenables. Por lo tanto, no está de más abordar no solamente los casos particulares, que desde luego exigen soluciones y respuestas, sino abordar el tipo de sistema financiero, el tipo de política económica y el tipo de mentalidad que nos ha llevado a una situación que era perfectamente evitable, porque en otros países la han podido prevenir a tiempo. No estamos hablando de una pizarra en blanco donde nadie en países de nuestro entorno haya hecho nada, sino que existen ejemplos abundantes de qué cosas se pueden hacer para tratar de abordar, como digo, no solamente las situaciones individuales dramáticas que crean las ejecuciones hipotecarias, sino que esto no se vuelva a repetir, es decir, que no volvamos otra vez a una situación en la que ponemos el contador a cero pero para comenzar otra vez esta carrera irracional de una economía y de un sistema financiero volcados en el crédito a la adquisición de viviendas como su máxima prioridad.

Usted mismo ya ha dado los datos del código de buenas prácticas que recomendaron a la banca; es evidente que ese código ha sido un fracaso puesto que las cifras que usted mismo ha dado son expresivas por lo insuficiente de sus resultados. En nuestra opinión hubiera sido importante en su momento hacer una evaluación y un seguimiento detallado de esto, en fin, no se ha hecho, pero, como les digo, nos importa más hoy buscar soluciones que reprocharles a ustedes las que no han querido adoptar cuando se podían haber adoptado a tiempo. ¿Insuficiencias del decreto que nos traen hoy? No solamente está el tipo de familias que quedan excluidas de los beneficios de este decreto, sino que nos preocupa mucho la situación de aquellos autónomos y profesionales que no son empleados por cuenta ajena pero que también se han visto atrapados en la situación de insolvencia sobrevenida y a los que nos parece que no se les dan soluciones. Es verdad que el 93 % de las familias siguen pagando sus hipotecas, pero, ¿en qué condiciones? Es decir, ¿qué esfuerzos están teniendo que hacer muchas familias para pagar hipotecas precisamente para no perder su vivienda, que les lleva a tener que pedir préstamos personales, individuales, a amigos, a conocidos, a parientes, etcétera? Cáritas ha hablado de la clase media que se ha tenido que refugiar en los comedores sociales para comer precisamente para poder pagar la hipoteca. Tengamos en cuenta que los datos a este respecto no deben ser ignorados. Cuando también se ha dado el dato de que hay un 25 % de menores en España en situaciones de pobreza, de lo que se está hablando es de que hay un 25 % de familias jóvenes con niños que son precisamente el sector más productivo de la sociedad y del


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que depende la actividad económica, el dinamismo económico, que es el que está atrapado en situaciones de pobreza y que seguramente tienen mucho que ver también con el problema creado por las hipotecas pendientes de pago.

Una cosa que preocupa mucho a nuestro grupo -usted también ha hablado de eso- es que precisamente sabemos muy poco de todo esto; es decir, usted ha hablado del insuficiente conocimiento estadístico. Esto es consecuencia de una actitud política negacionista que no es de su Gobierno, viene de los anteriores. No sabemos cuál es la verdadera dimensión de la situación del problema de la vivienda en España. No sabemos cuantas viviendas vacías hay de verdad. No sabemos si son medio millón, un millón, ni donde están exactamente. -Eso, por cierto, también va a generar problemas para crear un parque de viviendas sociales adecuado-. Sabemos, sin embargo, porque es de sentido común, que muchos de los afectados por el peligro de pérdida de su vivienda no viven allí donde hay gran cantidad de viviendas vacías. ¿Qué se va a hacer al respecto? Es fundamental para tomar decisiones políticas adecuadas el que haya conocimientos. Para actuar con eficacia hay que conocer la realidad. Y nos encontramos con una realidad, la del problema de la vivienda, que sencillamente desconocemos. Lo que les pedimos a ustedes, al Gobierno, es que usen los medios que el Gobierno sí tiene para conseguir un verdadero conocimiento, una información detallada y coherente de toda esta cuestión, tanto de los aspectos financieros que son los únicos que han merecido la atención del Gobierno, como los sociales y los urbanísticos. Es decir, qué parque de viviendas tenemos, dónde están, qué necesidades hay, cuántos hay afectados por la actual crisis hipotecaria, etcétera. Esta es la cuestión que nos parece fundamental. Usted mismo ha dado datos de que podría haber 120.000 familias que se beneficiaran de este real decreto-ley, algo que por nuestra parte ya justifica el apoyo de este real decreto. No se puede pretender que beneficiar a 120.000 familias potenciales es una cosa que haya que ignorar o despreciar, pero nos preocupan otras cosas. ¿Cuántas otras familias no se pueden beneficiar?, ¿cuántas otras siguen en situación de riesgo y, sin embargo, no van a poder ser amparadas por este real decreto? Ya que ha hablado usted del fondo social de viviendas de alquiler, ha hablado de 6.000 viviendas, se ha dado usted cuenta, es una cifra muy inferior a la aceptable. Estamos hablando solo de 120.000 familias que se podrían acoger a este real decreto. Si tuviéramos que alojar a muchas de ellas en viviendas de alquiler social, nos saldría a 20 familias por vivienda. Obviamente, muy lejos, no ya de lo óptimo, sino de lo razonable.

Cuando se tramite la ley, nuestro grupo va a volver a proponer al Gobierno que volvamos a estudiar con seriedad la posibilidad de poner en marcha sistemas de segunda oportunidad o fresh start, acabar con los intereses de demora usurarios que existen en España con la Ley Hipotecaria, acabar con la práctica de tasaciones abusivas del valor del bien hipotecado, de la dación en pago vía fresh start, como he dicho antes, del comodato, del alquiler social y de todo lo demás. En lo que se refiere a este real decreto-ley hay cosas que creemos y esperamos que ustedes mismos mejoren. Por ejemplo, el trámite. Nos parece abusiva una tramitación que puede pedir hasta diez papeles, diez certificados distintos a los afectados. Tengamos en cuenta que estas personas, las que se van a ver sometidas a este estrés de tramitar esta situación, no se les puede pedir que vayan de oficina en oficina buscando papeles para que acrediten su situación. Esto no puede ser. Parece que está concebido por una de estas cabezas burocráticas con avidez de acumular papeleo. Hagan ustedes algo para simplificarlo porque, además, se puede. No es tan complicado.

Otra cuestión que nos parece importante. Todo el foco ha sido puesto en la situación de los deudores y en su responsabilidad. En eso tiene una gran parte de razón, pero falta otra, porque ha habido muchas prácticas de crédito irresponsable. Hay muchas situaciones de insolvencia sobrevenida, pero también ha habido, creado por el sistema financiero español, situaciones de crédito abusivo a personas insolventes con créditos del 110 % y de más del valor de la vivienda tasada. La banca también tendrá que hacer algo al respecto. No se puede pretender hacer caso a los mensajes que han llegado desde ciertas instancias bancarias de que la Ley Hipotecaria es perfecta y que lo que pasa es que la situación es mala y que cuando se pase esta coyuntura crítica volvamos a las prácticas habituales. Lo que les pedimos es que, además, aprovechemos esta situación para hacer que la banca, que el sistema financiero asuma legalmente prácticas de crédito responsable y para que no volvamos a entrar en una burbuja inmobiliaria que precisamente es la que ha llevado en gran parte a esta situación. Por lo demás, esperamos que la voluntad anunciada por el Grupo Parlamentario Popular de llegar a acuerdos sea sincera y real. Esperamos que esta vez podamos asumir la función de este Parlamento que es solucionar los problemas de la gente y no ignorarlos o esperar a que el deterioro sea ya tan grave que cualquier medida que se pueda adoptar


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sea muy onerosa para el Estado y además insuficiente, cosa que es un riesgo en el que sin duda estamos ahora incursos.

Finalmente, que esto sea una ocasión no solo para solucionar -cosa que hay que hacer- situaciones trágicas y dramáticas personales de determinadas personas -para lo cual habrá que adoptar toda una batería de medidas mucho más flexibles y mucho más elásticas de las que este real decreto prevé-, sino para que comencemos un cambio incluso de la mentalidad en este país. No es propio de una economía desarrollada, de una sociedad abierta que el principal negocio bancario en España haya sido el préstamo hipotecario, mientras, por otra parte, había tantos problemas y tantas dificultades para acceder al crédito para poner en marcha una nueva empresa, un nuevo negocio y cosas similares. Precisamente eso también ha tenido efectos sociales, como impedir la movilidad social en España, un arraigo fuera de comparación con otro país de nuestro entorno al lugar de procedencia, ¿por qué? Pues porque la gente en España se había casado con su banco para acceder a la propiedad de una vivienda; y la propiedad, que es una cosa instrumental, se había convertido en un fin en sí mismo. Consecuencia de eso tenemos una situación que es la que estamos hablando ahora: un número desconocido de ciudadanos con situaciones personales variadísimas que están en una situación de exclusión social y de pobreza sumamente grave.

Concluyo. Por eso vamos a apoyar este real decreto-ley, porque es un pequeño paso, pero les esperamos en el resto del viaje y esperemos que quieran llegar ustedes hasta el final.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidenta.

Quiero comenzar mi intervención saludando y agradeciendo a la plataforma Afectados por las Hipotecas de toda España su lucha, una lucha sin la cual hoy posiblemente ni tan siquiera tendríamos la posibilidad de estar aquí discutiendo. Una lucha la de la plataforma que ha sido una lección para todos aquellos que creen que la democracia solo se ejerce en las instituciones. En ocasiones, la democracia real, que es justa o no es, se defiende más en la calle que en algunas de las instituciones. Gracias, por lo tanto, a la gente de la PAH que nos ha permitido poder estar aquí.

Señor De Guindos, el decreto-ley que se presenta a convalidación continúa sin dar respuesta a las familias amenazadas de desahucio o a las ya desahuciadas. Es una situación que se hace cada vez más insostenible y es una situación y un comportamiento, el de su Gobierno, que cada vez resulta más incomprensible. Este Congreso lleva ya dos legislaturas, la anterior y lo que llevamos de esta, demostrando insensibilidad social e inutilidad política ante el drama de las familias desahuciadas. Pero, señorías, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Ya en la anterior legislatura se rechazaron propuestas que podrían haber minimizado el impacto social de los desahucios. En cambio, se optó por la miopía, la miopía de no querer ver la dimensión social que adquiría el drama de las familias desahuciadas; la miopía de poner los intereses del sistema financiero por delante del derecho de las familias a disponer de una vivienda digna. De nuevo, durante esta legislatura, el Gobierno ha continuado negando la gravedad social del problema y poniendo el sistema financiero y el mercado hipotecario por delante de las familias. Ahí está el problema de fondo. Demasiada gente en esta Cámara cree que la vivienda no es un derecho social, sino una mercancía más sometida a las leyes del mercado. Lo expresó ayer gráficamente el señor presidente del Gobierno, en respuesta a nuestro compañero Cayo Lara, cuando minimizó el alcance de los desahucios y puso como excusa a la actuación del Gobierno la necesidad de estabilidad del mercado hipotecario. Y la necesidad de estabilidad de las familias y sus vidas, ¿dónde está? Solo así se comprende que ustedes continúen actuando de la manera que lo están haciendo. En esta legislatura, señor ministro, no solo no se ha abordado el problema sino que se ha hecho otra cosa peor: intentar engañar a las personas afectadas con falsas soluciones, intentar engañarlas con lavadas de cara como la que hoy nos trae usted aquí en esta mañana. Lo decimos con la autoridad que nos permite haberle dicho en el mes de febrero, señor De Guindos, que el código de buenas prácticas que usted nos presentaba no solo no era una solución sino que sería un fracaso. Nos lo negó e incluso nos lo ridiculizó, y hoy se presenta usted aquí con un balance que es el siguiente: 568 solicitudes presentadas; el 50 % pendientes de contestar; el 81 % de las que se han contestado han sido rechazadas por los bancos; resultado: 8 familias han podido acceder a la dación en pago y 44 a la reestructuración de la deuda en el océano de las familias afectadas en estos momentos por las hipotecas y los desahucios. Este es el bochornoso resultado de su falsa


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solución. Por eso, señor ministro, no tiene usted ninguna autoridad hoy cuando nos intenta explicar que esto va a afectar a 120.000 familias. ¿Las 120.000 que nos ha dicho hoy o las 600.000 que declaró la semana pasada? ¿Cuál de las dos cifras es la verdadera? Ninguna, y usted lo sabe, señor ministro. Por eso, no es digno que usted venga hoy pretendiendo explicar que esta es la solución. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Afortunadamente la plataforma Afectados por las Hipotecas ha continuado con sus movilizaciones, cada vez con más respaldo social. Y afortunadamente los jueces se han plantado ante una normativa hipotecaria, herencia del siglo XIX y que cuando se ha modificado se ha hecho para mantenerla en sus propios términos, herencia también de un franquismo financiero que es legal, pero es profundamente injusto. Porque deja en situación de indefensión al deudor hipotecario frente al prestamista. No están en condiciones de igualdad y este es otro de los dramas de nuestro sistema legal. Demasiada gente en esta Cámara no acepta la dación en pago, pero esta es la única medida justa para resolver un desequilibrio profundo. ¿Por qué nuestra legislación permite que las inmobiliarias respondan sólo con el capital invertido y no con el de los inversores, los capitalistas que lo han hecho obteniendo muchas veces altos beneficios y cuando el que ofrece una garantía es una familia tenga que garantizarlo con todo su patrimonio y con su vida futura? Esa es la desigualdad profunda, a la cual sólo una fórmula de dación en pago va a dar solución.

Señor ministro, usted se ha visto obligado a venir aquí ante la presión social, en coste de vidas humanas, de las que se pierden y las que se destruyen y no aparecen en los medios de comunicación, pero están destruidas. Nos traen un decreto-ley que además de ser inútil es profundamente injusto. Excluye a la mayor parte de las familias afectadas, comenzando por las que han sido desahuciadas; excluye a los desahuciados por el impago del alquiler, por cierto un impago del alquiler y más desahucios que se van a ver incrementados como consecuencia de sus cambios legislativos y del desahucio exprés que ustedes van a agravar con sus políticas; excluye a todas aquellas familias cuyas viviendas han sido adjudicadas a terceros, distintos de los bancos acreedores y sus representes, es decir, aquellas viviendas que han sido adjudicadas a los buitres de los subasteros que están haciendo negocio a costa de la vida de las familias y de sus políticas; a esos también los excluye (Aplausos); excluye a los avalistas de deudores hipotecarios.

Entiendo que usted prefiera hablar en estos momentos con el portavoz de su grupo, del Partido Popular, porque intuyo que lo que le estoy diciendo no le gusta absolutamente nada; y lo entiendo, lo entiendo perfectamente, señor ministro y señor Pujalte.

Excluye también a los avalistas de deudores hipotecarios, muchos de ellos familias inmigrantes a las que se estafó con el timo de las garantías cruzadas. Excluye a los que pidieron la hipoteca como garantía para una inversión, siguiendo sus consejos. Por cierto, castiga también a los autónomos cuando se les exige incomprensiblemente que no solo estén parados sino que hayan agotado sus prestaciones de desempleo, cuando ustedes saben que carecen de este derecho. Los criterios utilizados para su decreto-ley, señor ministro, no han sido redactados por ustedes, más bien parecen haber sido redactados por el mismísimo Kafka; sí, por Kafka. Porque solo así se puede entender la profunda arbitrariedad con la que ustedes han establecido las líneas divisorias entre estar o no estar dentro de los beneficiarios. Una familia con ingresos de menos de 1.600 euros y una hipoteca de 800 euros que tenga un niño de menos de tres años queda incluida, pero otra familia en la misma situación económica, pero donde los niños hayan cumplido los tres años y puedan tener cuatro y cinco, esa familia no es afectada. ¿Nos puede usted explicar por qué ese criterio?, ¿por qué una familia de cuatro miembros, con ingresos de 1.600 y una hipoteca de 750 euros va a quedar excluida?, ¿cree usted que esa familia puede vivir con ingresos de 200 euros por persona?, ¿lo cree usted así?, ¿por qué una familia con las mismas necesidades sociales con un familiar dependiente tiene derecho, pero si el familiar dependiente fallece deja de tener derecho?, ¿por qué el umbral de 1.600 euros por unidad familiar se aplica igual a una familia de tres miembros que a otra de siete? Lo dicho, Kafka ha redactado este decreto-ley. Pero no, no lo ha redactado Kafka, lo ha redactado la patronal bancaria; la patronal bancaria que comete la obscenidad a través de su portavoz de declarar que la solución a los desahucios es construir más pisos y conceder más hipotecas. Vergüenza les debería dar a estos señores poder estar haciendo eso y a ustedes tolerar esa situación. Porque esas declaraciones solo se explican porque los banqueros están ricamente protegidos del tsunami de la crisis, porque no han pagado ningún coste personal por la crisis, de la cual ellos son profundamente responsables, y porque demasiados Gobiernos durante la crisis no han actuado frente a ellos y cuando lo han hecho, lo han hecho con debilidad política. Ustedes han redactado esto, como otras medidas del Gobierno, señores del


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Gobierno, porque los bancos los tienen pi-lla-dos, en el sentido literal y gráfico del término y no tienen ustedes ninguna soberanía frente a los bancos, frente al poder financiero. Por eso, desgraciadamente nos encontramos con una falsa solución. Señor ministro, nuestro voto va en contra de su decreto-ley y con alternativas, y usted lo sabe; tenemos autoridad para eso. Así que, por favor, no nos diga que los que votamos en contra del decreto-ley estamos votando en contra de las soluciones para esas familias porque eso sí sería demagogia. Nosotros votamos en contra de falsas soluciones; nosotros votamos en contra de que usted cierre en falso la herida social y deje la infección dentro, porque eso es lo que sucedería si hoy se aprobara y se cerrara aquí este decreto-ley. Le proponemos lo siguiente. Primero, que acordemos ya, urgente, un acuerdo para una moratoria universal de desahucios mientras no se apruebe otra norma que tenga sentido común y que sea una solución real; sí, moratoria universal. Tiene impacto en el mercado financiero, sin duda, pero así se van a dar ustedes la prisa que hasta ahora no se han dado. Segunda fase, negociación con los agentes sociales y los representantes de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que conocen perfectamente las necesidades de los ciudadanos porque los han acompañado durante muchos años. Escúchenles, llámenles, negocien con la plataforma Afectados por la Hipoteca; eso no es contradictorio con estar aquí negociando con nosotros. Negocien con los interlocutores sociales; eso también es democracia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que terminar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señora presidenta.

Por último, elaboremos de una vez por todas un proyecto de ley que termine con la barbaridad de la legislación actual, que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y que sin duda establezca un verdadero equilibrio entre deudores y acreedores.

Acabo, señor ministro. Ustedes hoy deben escoger entre si optan de nuevo por cerrar en falso el problema, aumentando el drama de las familias afectadas, o aceptan construir un consenso social y político para llegar a una solución. En el mes de febrero terminé mi intervención diciéndole que el código de buenas prácticas sería un fracaso y un fiasco, y desgraciadamente se ha confirmado. En el mes de junio terminé mi intervención...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que terminar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino ya.

En el mes de junio terminé mi intervención diciéndole que si ustedes no daban el paso de abordar la solución lo darían en otoño bajo la presión social, y afortunadamente así ha sido. Ahora le vuelvo a decir, señor ministro, que o aprueban ustedes una norma para paralizar de manera universal los desahucios mientras se aprueban cambios normativos o lo que ustedes no quieren hacer en el Parlamento lo harán los jueces en los tribunales y lo hará la ciudadanía en la calle. Tienen ustedes de nuevo una oportunidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, lo siento.

El señor COSCUBIELA CONESA: Si no lo hacen en el Congreso, lo harán, lo haremos la gente, la Plataforma Afectados por la Hipoteca en la sociedad y en la calle...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, ha finalizado su tiempo.

El señor COSCUBIELA CONESA: ... como así se ha demostrado.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, quiero empezar esta intervención expresando la profunda decepción que ha supuesto para mi grupo parlamentario que en ningún momento nos haya llamado al diálogo, a aportar propuestas constructivas para conseguir un real decreto que fuese más justo, un real decreto que se acercase más a la voluntad del principal partido de la oposición después del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, nos sentimos excluidos de esta negociación y además entendemos que teníamos todo el derecho a ello, como muchos miembros de la Cámara, puesto que fuimos los primeros en traer a esta institución una propuesta, en traer la problemática de los desahucios. Fue en noviembre de 2010 -si me permiten


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recordarlo- a través de una interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para combatir las consecuencias sociales de los desahucios. Además, fue mi grupo el que solicitó en 2011 la creación de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, que interrumpió sus trabajos por causa del adelanto electoral. Por tanto, señorías, no nos gusta el íter que se ha seguido para la aprobación de este real decreto. Además, es un real decreto que supone una moratoria; por tanto, por definición no es una solución, no busca ni ofrece una solución; estamos ante un parón. Reconocemos la necesidad de la adopción de esta moratoria porque por supuesto hay que dar salida al acuciante drama que está afectando a muchísimas familias del Estado español. Esta moratoria tiene que servir para que en el plazo otorgado, con rigor, con justicia, con equidad, con consenso de los agentes, de instituciones, de ONG afectadas, de los implicados, se llegue a una solución que permita dar respuesta y salida digna a estas familias afectadas. Lo que pasa es que este real decreto, señor ministro, no está exento de muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con su efecto? ¿Cuándo termina? ¿Son dos años justos desde la entrada en vigor y por tanto las familias que se vean afectadas por una sentencia de lanzamiento dentro del mes doce van a tener solo doce meses más de moratoria antes de que termine la misma? Nos queda esa duda; el real decreto no lo soluciona. Otra duda mayor y a nuestro entender muy importante porque creemos que puede ser un problema es qué pasa con los intereses de demora. El real decreto no dice nada de qué sucede con los intereses de demora que se devenguen una vez se ha dictado una sentencia de lanzamiento. Si no se suspenden, podemos encontrarnos con que la cantidad debida se incremente con los intereses de demora de dos años, más los propios intereses de las costas de la ejecución, más los costes de la ejecución en sí misma que ya, sin aplicación de las tasas, son mucho más caros. Con lo cual lo que puede ocurrir es que el saldo final de la deuda cuando deje de estar en vigor la moratoria grave enormemente a familias y por tanto nuestro grupo no se puede hacer corresponsable de ese riesgo extremo.

Entrando en el articulado, este real decreto tiene algunos artículos inauditos, lo ha comentado aquí algún miembro de algún grupo parlamentario. Habla de la necesidad de que la persona acredite su situación de insolvencia o de que ha ido a peor fortuna los últimos cuatro años, cuando hace cuatro años había algunos que aún negaban la crisis. Como mínimo, nos parece algo inaudito que se requieran cuatro años de acreditación. Además está la declaración responsable; es decir, además de todo el periplo de documentación que hay que añadir y además de las circunstancias económicas que constarán acreditadas mediante los documentos oficiales preceptivos, se requiere una declaración responsable del afectado. Y no dice ante quién, ¿ante el juez?, ¿ante el notario?, ¿ante el párroco del pueblo? No sabemos quién va a ser el receptor de esa declaración responsable y dudamos muchísimo de su necesidad. Como le digo, no nos gusta el contenido de este real decreto, entendemos que es harto restrictivo con las condiciones. Si sumamos las condiciones subjetivas que tienen que reunir la persona y la familia afectadas con las condiciones objetivas económicas para encontrar el supuesto que les permita beneficiarse de la aplicación de este real decreto, entendemos que muchas de las familias quedan excluidas y por tanto no conseguiremos el fin que se propone: reducir el drama de los desahucios o de los lanzamientos inmediatos.

Otra cuestión que regula el real decreto es la promoción del fondo social de viviendas. Esa figura nos podría gustar perfectamente, además es una figura que presentó el alcalde de Barcelona, el señor Trías, y veo que se ha recogido el guante por parte del Gobierno. Nos parece bien, nos gusta, es una buena propuesta la promoción de un fondo social de viviendas. Pero se queda aquí, no desarrolla cómo va a tirar para adelante este fondo social de viviendas, quién lo va a gestionar. ¿Va a trasladarse a instituciones, a ONG, a entidades como por ejemplo Cáritas, que trabajan incansablemente y en el día a día en paliar las situaciones de muchas familias? Tal y como está formulado, nos parece un mero brindis al sol. Hay que ver cómo queda después de la tramitación; eso es lo bueno que le vemos al real decreto, la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley. Desde CiU haremos aportaciones, y me gustaría destacar dos por razón de tiempo. Una solución ex ante del lanzamiento y una solución ex post del lanzamiento, sin perjuicio de que presentemos muchas más. La solución ex ante al lanzamiento sería introducir como requisito procedimental preceptivo la mediación, una mediación articulada alrededor de profesionales habilitados a tal efecto, concurriendo las partes afectadas -las partes contratantes- y en cuya tramitación se pueda aportar información subjetiva de la persona afectada, como son sus circunstancias personales, familiares, laborales, y además que se permita traer las condiciones con las cuales se negoció el préstamo hipotecario que en su día firmó con la entidad de crédito. Con el conjunto de estas circunstancias el mediador conocedor de la causa puede formular una resolución a medida para esa persona. Estamos proponiendo trajes a medida en el momento de la mediación y además si esa mediación no da los frutos queridos, los


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frutos buscados, este legajo de documentos tendría que informar al juez que conociese de la causa de la ejecución. Por tanto estaríamos ante un juez que tendría una información con todas las causas posibles de oposición que el deudor habría manifestado y además elementos de raciocinio suficientes como para garantizar la tutela judicial efectiva en un proceso tan delicado. Con lo cual entendemos que la mediación puede ser óptima en estos en casos y como solución ex ante. Y como solución ex post que le manifestaba, mi grupo parlamentario defiende el posible contrato de segunda oportunidad. ¿Qué significa este contrato de segunda oportunidad? Es un contrato para las familias ejecutadas, permitiéndoles seguir en la vivienda a cambio de una renta que además les servirá para ir pagando su deuda de forma que, una vez pagada la totalidad de esta deuda, la familia tendrá la opción de recuperar su titularidad. ¿Con ello qué evitamos? Evitamos los graves perjuicios que para la familia supone la propia dación en pago, que no olvidemos que es dejar a las familias en la calle y sin techo y, por lo tanto, un proceso traumático para los miembros de esta familia, por no hablar de si la misma tiene además menores a su cargo. Así paliaríamos este problema y además estimularíamos, daríamos una segunda oportunidad al deudor, puesto que al final su esfuerzo no habría sido en vano ya que le permitiría recuperar la titularidad de su vivienda. Por tanto, sería importante y necesario que se tuviese en cuenta esta aportación de mi grupo parlamentario.

Para terminar, señorías, como nos dice Cáritas, tenemos la obligación de articular una verdadera solución a los problemas y los problemas más acuciantes que tienen hoy las familias de nuestro país son la desocupación y la pérdida de la vivienda habitual y familiar. Aquí se ha dicho: Lo último que deja de pagar una familia es su vivienda; antes deja de comer. Por tanto, con estos inputs y con esta necesidad acuciante tenemos que dar una solución razonada, responsable, desde el consenso y escuchando. No lo hagan solos porque no tienen la verdad absoluta, aunque tengan la mayoría absoluta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, señor Matos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para anunciar nuestro voto favorable, para respaldar y defender el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, presentado por el ministro Luis de Guindos.

Pero antes de entrar en el contenido del real decreto, permítanme expresar mi absoluta perplejidad ante la utilización del turno en contra por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el rechazo de algunos grupos parlamentarios, en particular los grupos de izquierda. A los que permanecieron absolutamente indiferentes ante los 58.686 procedimientos de ejecución hipotecaria incoados en 2008, a los que mostraron una pasividad indignante ante las 93.319 ejecuciones hipotecarias de 2009, a los que exteriorizaron una alarmante desidia ante las 98.393 ejecuciones hipotecarias de 2010, a los que exhibieron una insultante insensibilidad ante los 77.854 procedimientos de ejecución hipotecaria incoados en 2011, les parece ahora poco que el Gobierno suspenda durante dos años cualquier lanzamiento de sus viviendas de personas con ingresos inferiores a 19.000 euros y dependientes a su cargo y que se constituya un fondo social de viviendas destinado a las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual. Esto tiene que ser, señorías, una auténtica broma. De verdad no es posible que a quienes durante los últimos cuatro años gobernaron o apoyaron al Gobierno desde la izquierda y no hicieron nada de nada de nada les parezca poco que el Gobierno suspenda durante dos años los lanzamientos y constituya un fondo social de viviendas. (Aplausos). Y el argumento para el voto en contra es que podíamos habernos dado un plazo de uno o dos meses más para negociar una reforma del sistema hipotecario. Pues no, señorías. El Gobierno encontró conveniente no perder ni un solo día en evitar cualquier lanzamiento de personas que se hubieran incorporado al paro, que hubieran visto reducidos sus ingresos y no pudieran hacer frente a sus obligaciones hipotecarias. El Gobierno no quería volver a ver ningún lanzamiento más de estas personas. Y lo que hace este real decreto es eso: prohibir durante dos años esos lanzamientos. Además hace otra cosa, que es tramitarlo como proyecto de ley para que sus señorías puedan aportar algunas modificaciones más.

Señorías, que el contenido del real decreto les parezca poco o insuficiente no es el motivo del rechazo. Si fuera así, lo aprobarían y presentarían las enmiendas que estimaran oportunas. El motivo del rechazo -y yo creo que es el único motivo- es que la izquierda no soporta que quien haya planteado la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria, la posibilidad de hacer una quita del capital pendiente, la posibilidad


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de la dación en pago en el Real Decreto-ley 6/2012 y ahora en este la suspensión de los lanzamientos y la constitución de un fondo social de la vivienda haya sido un Gobierno del Partido Popular.

En el Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre el Gobierno tomó tres decisiones de una enorme trascendencia social: la primera, aprobar el presente real decreto-ley; la segunda, remitir a la tramitación parlamentaria como proyecto de ley este real decreto de establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del código de buenas prácticas para acceder a los procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria, a la quita y, en su caso, a la dación en pago, y la tercera, remitir a este mismo trámite parlamentario -la tramitación como proyecto de ley- la mejora de nuestro sistema hipotecario, es decir, la posibilidad de establecer medidas para evitar el sobreendeudamiento -ha hecho referencia el señor ministro-, la mayor independencia de las sociedades de tasación, la incorporación de mecanismos que eviten cláusulas abusivas o intereses de demora desproporcionados y los aspectos relacionados con los procesos de subasta.

La medida que establece el artículo 1 de este real decreto es contundente. Cuando en un proceso de ejecución hipotecaria la entidad financiera se adjudique la vivienda hipotecada, se suspende por un plazo de dos años desde la entrada en vigor -es decir, hasta el 16 de noviembre de 2014- cualquier lanzamiento de su vivienda habitual de personas consideradas especialmente vulnerables. A continuación el real decreto-ley las define: personas con ingresos inferiores a tres veces el Iprem -19.664 euros-. La señora Rodríguez decía que el problema empieza cuando se pierde el empleo y se deja de pagar. Pues estas personas, todas las que pierden el empleo, están acogidas a este real decreto cuando se tienen menos de 19.000 euros. En segundo lugar, personas para las que por cambio de sus circunstancias económicas, es decir, por reducción de ingresos -pérdida del empleo o reducción de sus ingresos en casos de autónomos- o incremento de su cuota hipotecaria, el pago suponga más del 50 % de sus ingresos. Por último, personas que o bien hayan agotado la prestación de desempleo en todos los casos, o bien, percibiéndola o teniendo otros ingresos, tengan cargas familiares como las que se han descrito aquí. Y en todos los casos, se tengan o no ingresos, se tengan o no cargas familiares, en aquellas viviendas objeto de lanzamiento cuando sean el domicilio habitual de una víctima de la violencia de género. Además, en la disposición adicional única se mandata al Gobierno la constitución del fondo social de viviendas para que puedan incorporarse a estas viviendas por contrato de arrendamiento las personas que hayan sido desalojadas de la suya propia. Ambas son medidas excepcionales para circunstancias excepcionales.

El Gobierno es consciente de que una gran parte de los impagos que han provocado este dramático número de procedimientos de ejecución hipotecaria no se deben a un mal cálculo del deudor, ni siquiera a la mala suerte personal. El Gobierno es consciente de que se deben sobre todo a la brutal crisis económica que vivimos, causada por una crisis financiera internacional y la desastrosa gestión de la misma, responsabilidad del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno con estas medidas quería evitar de forma inmediata un nuevo lanzamiento de su vivienda habitual, de su hogar familiar, de personas que por pérdida de su empleo o por reducción de sus ingresos se hayan visto abocadas a incumplir con sus obligaciones de pago. Para eso, repito, no podíamos esperar ni un solo día más. En el trámite de enmiendas se pueden proponer matices o corregir deficiencias respecto al límite económico o respecto a tener o no en cuenta determinadas circunstancias familiares.

El Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, al que también ha hecho referencia el ministro, aprobó un código de buenas prácticas en el que para el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad desde el punto de vista económico se estableció, por primera vez en nuestro país, un procedimiento de reestructuración de la deuda hipotecaria, carencia en la amortización, ampliación del plazo de amortización y reducción de los tipos de interés; se estableció la posibilidad de aplicar una quita en el capital pendiente y, en su caso, solicitar la dación en pago, quedando cancelada la deuda y con la posibilidad de permanecer en la vivienda en concepto de arrendamiento. Con relación a este procedimiento, que supone un trascendental punto de inflexión en nuestro sistema de ejecuciones hipotecarias, el Gobierno ya ha anunciado su predisposición a revisar los umbrales para su aplicación.

Señorías, nuestro sistema hipotecario ha permitido acceder a una vivienda en propiedad a millones de ciudadanos, pero la crisis económica ha puesto en evidencia algunos aspectos que hay que mejorar. Es necesario analizar la posibilidad de establecer criterios que eviten el sobreendeudamiento de nuestras familias. Este debate ya existe hoy en el seno de la Unión Europea y se está concluyendo una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial que deberá ser incorporada a nuestra legislación. Es necesario alcanzar una total independencia de las sociedades de tasación; aquí se han puesto en evidencia algunos de sus problemas. Y es necesario


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incorporar mecanismos que eviten cláusulas abusivas o intereses de demora absolutamente desproporcionados. Y ya saben sus señorías lo que pienso de los intereses de demora del 29 %, a los que pueden llegar. Es necesario también revisar determinados aspectos relacionados con los procesos de subasta, como son las medidas de protección de los deudores de buena fe y de los colectivos más vulnerables, en el camino ya iniciado por el Real Decreto-ley 6/2012 y también por el decreto-ley que hoy debatimos.

Señorías, a nosotros nos han parecido muy interesantes las referencias que ha hecho la portavoz de CiU sobre la mediación y las posibles medidas de segunda oportunidad, y por tanto estamos dispuestos a analizarlas y escucharlas, y por supuesto comparto completamente con usted lo que ha dicho con relación a los intereses de demora. El Gobierno y el grupo parlamentario que represento estamos abiertos de verdad a analizar esto en el trámite que hoy se abre, al igual que las propuestas que tengan a bien hacer el resto de los grupos políticos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).

Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: En uso del derecho que creo que me confiere el artículo 71 del Reglamento de la Cámara, le pido el uso de la palabra para contestar a inexactitudes y algo más que inexactitudes que se han vertido sobre mi persona y sobre el grupo al que represento. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¿Pero qué dice?-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Gracias, por llamarme joven, pero a los cincuenta y ocho años...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, este es un debate abierto. Yo no he estado -ha estado la vicepresidenta primera- y por tanto no puedo juzgar, pero quiero decirle que lo que es argumentación a favor o en contra del decreto-ley está reglado. Por supuesto que habrán contradicho muchas de las cosas que usted ha manifestado y no estarán de acuerdo con usted; entonces, si lo que ha habido es, e insisto en esto, alguna inexactitud grave (El señor Hernando Fraile: Es que no la ha habido) o alguna alusión personal que usted considere, para eso tiene usted tres minutos, pero para que fije exactamente ahí su posición, no en cuanto a la argumentación sobre los desahucios. (Rumores).

Tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

A eso me refería. Todo el mundo tiene derecho a defender la posición que considere oportuno, pero no a verter inexactitudes y menos mentiras que afectan a la dignidad de los diputados o del grupo, en este caso del que yo represento, y eso es lo que ha hecho literalmente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha dicho que nosotros durante la anterior legislatura estuvimos inactivos con relación a esa situación. Le recuerdo al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que desde el año 2007 hemos presentado reiteradamente en esta Cámara propuestas. Lo hizo el diputado señor Herrera, lo hizo la diputada señora Buenaventura, y no fueron admitidas pero curiosamente contaron con la abstención del Partido Popular. O sea, que quien ha estado inactivo en la oposición y está inactivo en el Gobierno es el Partido Popular. Tiene derecho a contestarnos pero no a hacerlo con mentiras que afecten a la dignidad de nuestro grupo. Tenemos más autoridad de la que él ha reflejado hoy.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, yo recojo que ha habido una inexactitud y usted ha establecido un dato.

Señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.

He dicho claramente que la pasividad, la desidia y la inactividad han sido del Gobierno de izquierda, del Gobierno socialista de don José Luis Rodríguez Zapatero. (Protestas). Déjeme terminar. Y ustedes lo que hicieron fue mantener a ese Gobierno. (Aplausos.-Protestas.-El señor Coscubiela Conesa: ¡Mientes y lo sabes! ¡Mientes y lo sabes!).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.

Señor Coscubiela, le he autorizado a que interviniera adecuadamente. Si hace empleo de otro tipo de argumentos, no tiene la palabra.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO). (Número de expediente 121/000011).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor presidente, señorías, dijimos en los dos debates anteriores sobre estas medidas -y hoy lo decimos con más razón que nunca, porque definitivamente el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente va para adelante- que estamos ante otra ocasión perdida, ante otra oportunidad tirada por la borda. Un debate fundamental y absolutamente necesario, como es el de las urgentes medidas medioambientales, necesarias para avanzar hacia otro paradigma, hacia otro modelo realmente sostenible, no se aborda en lo más mínimo. Está claro que el medio ambiente tampoco es la prioridad de este Gobierno. Nuevamente nos encontramos con que en la exposición de motivos los objetivos planteados -que a primera vista pueden ser interesantes- no concuerdan en absoluto con las normas concretas que se proponen. Es más, no hay ningún avance y van en sentido contrario: para atrás. Pero con la mayoría aplastante aquí reinante se aprobará. Que no hay ningún avance y que no se ha recogido ninguna aportación ni crítica del resto de los grupos, muestra claramente cómo entienden gobernar para todos y todas.

Habla de que los poderes públicos deben establecer mecanismos eficaces para proteger y conservar el medio ambiente. Evidentemente. Está todo por hacer en materia de medio ambiente. El Estado español está a años luz de otros países en Europa y así se la viene amonestando continuamente. Sin embargo, esta ley lo deja aún más desprotegido y a merced de los intereses de unos pocos. Habla también este proyecto de las necesarias reformas estructurales que permitan la reactivación económica y la generación de empleo, procurando compatibilizar la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Claro que sí, eso es lo que queremos. Pero mientras el modelo económico de las últimas décadas se encuentra cada vez más cuestionado porque no garantiza la sostenibilidad, la eficiencia ni el bienestar y nos ha condenado además a esta crisis brutal, hemos sido testigos durante todo este año de decenas de decisiones contrarias a un desarrollo bueno para las personas y para el medio ambiente, para la naturaleza, y ahora estamos ante la chapuza de este totum revolutum falto de técnica jurídica, con recortes muy importantes en la gestión de las áreas protegidas, en la protección de acuíferos, en los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la gestión de los residuos, es decir, en todo lo que toca, y siempre, cómo no, atacando la soberanía que nos corresponde para ir recentralizando todavía más. En lugar de reactivar una economía lógica en cuanto al uso de la tierra, el agua, las fuentes de energía, se está echando por la borda un potencial de creación de empleo que, a todas luces, es importantísimo.

Red Natura 2000. Sabemos que los beneficios económicos y sociales de su implantación están basados en la protección de la biodiversidad. Esta red debería ser el motor del desarrollo sostenible de la economía local contribuyendo al mantenimiento de la población en zonas rurales, eso es lo que dice, pero eso implica, señorías, dar pasos reales en la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, que atendiendo al clamor de decenas de movimientos sociales y sindicales se revocaran con urgencia las autorizaciones tanto de cultivos comerciales como de ensayos con variedades transgénicas, acabando con la vergüenza de que el 85 % de los transgénicos europeos procedan del Estado español. Somos la vergüenza de Europa porque, a pesar de las nuevas evidencias científicas que alertan no solo sobre sus consecuencias para la salud sino también sobre la gravedad de su amenaza para la biodiversidad y los cultivos, se sigue sin tomar ninguna medida. Estamos hablando de un problema de contaminación inmenso; el problema de la contaminación genética en España es terrible y quizás irreparable. Y, a pesar de ello, es el único país europeo que continúa autorizando, por ejemplo, la siembra comercial de maíz transgénico, ciego ante numerosos casos de contaminación y su impacto en la economía agraria y sabiendo que la autorización de transgénicos es totalmente incompatible con un cultivo convencional, y no digamos ecológico. Otro aspecto a tener en cuenta porque, no lo olvidemos, la sostenibilidad va unida a la población rural, muy


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especialmente a la agricultura y la ganadería, que gestiona el 80 % del territorio. Llevamos décadas de políticas erróneas no basadas en la sostenibilidad sino precisamente en lo contrario, en la intensificación. Amaiur se pregunta: ¿cuánto va a tardar este Gobierno en responder a la gravedad de la situación, por ejemplo, del sector lácteo, en tomar medidas de fondo para afrontar el futuro, medidas de apoyo basadas en la sostenibilidad? Hoy mismo acaba la huelga del sector lácteo en Galicia, se ha llegado a un punto de acuerdo con la consejería. La situación es gravísima y, por descontado, nos solidarizamos con su lucha porque es un problema que afecta a todo el Estado y también a Euskal Herria. El ministro se niega a celebrar una reunión urgente entre organizaciones agrarias, industrias y cadenas de distribución. ¿Hasta cuándo va a ser imposible tener unos precios dignos? Desaparece este sector.

Vemos que ese ir al fondo del problema podría servir también para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, porque aquí tampoco se recoge nada que responda al cambio climático. Al contrario, hay todavía más laxitud en permisos de emisión. Se continúa con el mercantilismo de los derechos de emisión intentando maquillar ese cielo negro por las emisiones comprando derechos cada vez más baratos. Preguntamos al Gobierno, aunque hoy no está aquí el ministro: ¿cuándo van a entrar en el fondo de la crisis climática? Deben ser valientes de una vez. La situación exige medidas ambiciosas como las que estamos adoptando en Gipuzkoa, por ejemplo, para la gestión de residuos -algo que también trata este proyecto de ley tirando para atrás-, por la salud de las personas y del medio ambiente y siempre en la dinámica de cero residuos. Hay que volver al ciclo natural, circular. Mediante las tres erres -reutilizar, reducir, reciclar- los residuos tratados vuelven a la cadena productiva. Es posible, por eso lo decimos. Tenemos pueblos que recogen selectivamente el 90 % y hay solución sin incineradora para el 10 % restante, porque además es más económico y generador de empleo. Lo dijo el señor ministro: solo si la política medioambiental es viable económicamente puede mantenerse a largo plazo, lo contrario es engañarse. Y yo les diría a ustedes, señorías, que solo una política medioambientalmente sostenible es viable económicamente, lo contrario sí que es engañarse.

Precisamente hoy nos llega por la prensa una noticia como un jarro de agua fría. Cuando en nuestro pueblo y en los aledaños celebrábamos el inminente cierre de Garoña este próximo 6 de julio, un cierre tantos años pedido por la ciudadanía y todas las instituciones vascas, leemos escandalizados un pacto con el Gobierno para revocar la orden del cierre y prorrogar su vida útil hasta 2019. Hoy quisiéramos que estuviera aquí el señor ministro para preguntarle si es esto cierto, que nos confirmara si esta información es veraz y en qué consiste exactamente. Nos preocuparían especialmente las contrapartidas que podrían existir. No olvidemos que esta central lleva diez años totalmente amortizada y necesitaría ingentes cantidades de dinero para adaptarla a normas de seguridad internacionales. Miedo nos da, pero vista la deriva de este Gobierno y su apuesta visceral por la energía nuclear, desgraciadamente no nos extrañaría. Su ansia en contra de todas las recomendaciones internacionales, de las prácticas de países tan poco sospechosos como Alemania, que va cerrando sus centrales, su indiferencia ante los peligros reales de una central totalmente obsoleta, sin la mínima seguridad, es realmente insultante, y su absoluta dependencia y sumisión a los intereses económicos, realmente de vergüenza. La salud de las personas, su seguridad, su opinión, la del medioambiente, son palabras huecas para ustedes, les importan un bledo. Por eso, hoy más que nunca decimos que no a Garoña y a las centrales nucleares y sí a las energías renovables. Apostamos por un modelo socioeconómico basado en el respeto a la madre tierra, a la tierra, al aire que respiramos, por una nueva cultura del agua y por la conservación de los recursos naturales tan cercados, tan esquilmados tras décadas de mercantilización de la vida, de aprovechamiento intensivo y sin reparos. Por eso, desde Amaiur seguimos reivindicando lo que nos corresponde, soberanía también en todos estos aspectos y que Euskal Herria cuente con las herramientas necesarias para responder a la crisis climática y medioambiental con medidas eficaces y profundas. Votaremos en contra de este proyecto de ley, por supuesto, porque no soluciona nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Voy a intervenir brevemente desde el escaño porque este proyecto de ley lo debatimos ampliamente cuando entró en esta Cámara y con la enmienda a la totalidad.

El proceso de este decreto-ley expresa exactamente lo que ha hecho el Gobierno con medio ambiente, es decir, prestar oídos sordos a las necesidades medioambientales de este país. No tenemos ni ministro


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de Medio Ambiente porque se dedica a otras cosas. Este decreto-ley, que se llama de medidas urgentes en materia de medio ambiente, debería llamarse de medidas urgentes contra el medio ambiente, porque de urgente no tenía nada el contenido de este decreto y lo único que hace es reducir la protección sobre el medio ambiente.

Además, han hecho oídos sordos a este Congreso. No se recogió prácticamente ninguno de los debates que hicimos en esta Cámara y ahora nos viene del Senado con tres autoenmiendas del Partido Popular, que son enmiendas de autocorrección, porque seguramente después de escuchar a los únicos que escuchan, a los lobbies del sector de residuos, entonces sí, para mantener su negocio, incluyen unas enmiendas, empeorando claramente este decreto; las enmiendas sobre agua, donde debilitan todavía más la situación del Guadiana, y las enmiendas sobre los residuos, donde el sistema de depósito queda relegado en una disposición adicional y sin ninguna capacidad de implantar un sistema que está generando empleo y consiguiendo reducir los residuos. Entendemos que expresa eso, un Gobierno que no dialoga, un Gobierno que actúa contra el medio ambiente y un Gobierno que hace el ridículo internacionalmente, en las cumbres internacionales de medio ambiente, cuando la Comisión Europea lo tiene que amonestar por lo que está haciendo con las renovables o lo que está haciendo con la política de agua. Esto es exactamente lo que expresa este decreto. Pero es la política medioambiental del Gobierno, lo hemos visto con lo que ha pasado con energía, con lo que hoy hemos conocido con respecto al tema de Garoña, un Gobierno que no escucha a la ciudadanía, que no escucha las necesidades medioambientales de este país y que está secuestrado claramente por los lobbies. En el decreto anterior lo hemos visto con la banca, lo hemos visto en la Ley de tasas energéticas con las grandes eléctricas y hoy volvemos a ver que el ministro Soria, si se confirma que está negociando con las eléctricas para ampliar la vida útil de Garoña cuando ya se le ha pasado el plazo, estará incluso incumpliendo la ley solo para favorecer unos intereses, los kilovatios/hora de una central que son completamente innecesarios y que están poniendo en riesgo la seguridad de nuestro país. Un Gobierno que solo escucha a los grandes lobbies de este país y está abandonando a la gente, y en este caso, al medio ambiente.

Nosotros votaremos en contra de estas enmiendas excepto de la cuarta, que entendemos que es una corrección técnica que puede mejorar el texto, y sinceramente lamentamos la deriva medioambiental de este Gobierno que está poniendo en riesgo la seguridad de nuestro territorio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera empezar recordando que el Gobierno aprobó este real decreto-ley de medidas urgentes, que lo ratificó y aceptó la tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. Confiábamos en ese momento que podríamos participar y mejorar el texto básicamente en referencia a apartados de concreción técnica, en invasiones claras de competencias, en temas de residuos y patrimonio natural y biodiversidad, y también para analizar detenidamente el retroceso que supone en la mejora de sistemas de depósito, devolución y residuos. Pero no ha sido así. Después de presentar treinta enmiendas y dialogar con el Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión tuvimos una posición constructiva, confiando en el trámite del Senado para poder concretar el debate profundo que tuvimos en esa Comisión y poder corregir aspectos básicos y competenciales. El Grupo Parlamentario Popular no ha mejorado nada que no sea el texto de sus propias enmiendas. Esta es la actitud que hemos podido constatar y esta es la actitud que criticamos nuevamente.

En su artículo 4 se ha incorporado, por necesidad lógica y técnica, una nueva ley a modificar por este proyecto, y ya son cuatro, aspecto que indica la poca coherencia entre los objetivos anhelados con la redacción de este texto legislativo. Aquí, después de repetir e insistir desde Convergència i Unió en la necesidad de distribuir los recursos conseguidos con estas subastas, no se acepta la propuesta de trabajar para distribuir territorialmente estos recursos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para actuar definitivamente contra los sectores difusos para la disminución más a corto plazo en este caso de la contaminación atmosférica en las zonas más pobladas de las grandes ciudades. Consideramos que es un problema muy grave, con directrices europeas claras, pero nuevamente, ahora el Gobierno del Partido Popular, antes el Gobierno socialista, no lo afronta seriamente y no aporta los recursos necesarios para solucionarlo.


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Señorías, estas subastas son una clara oportunidad para atajar este problema que afecta a la salud de los ciudadanos; nosotros continuaremos defendiendo que con el necesario control, eficacia y eficiencia, los objetivos marcados a cada territorio deben disponer de los recursos necesarios para cumplir los planes que quieren aminorar la contaminación atmosférica. Son las comunidades autónomas las que deben de ejecutar las medidas aprobadas y gestionar los recursos necesarios. Señorías del Partido Popular, volvemos a perder una gran oportunidad para iniciar este proceso de mejora medioambiental a corto y a largo plazo.

En lo referente al artículo 2, donde no se ha incorporado ninguna enmienda en el trámite del Senado, ya en las comisiones y fuera de ellas hemos intentado corregir la modificación del texto en esta ley. Su real decreto-ley vulnera, y la ley continúa haciéndolo, las competencias autonómicas. La competencia es exclusiva en materia de espacios naturales. Corresponde a la Generalitat la regulación y la declaración de las figuras de protección, delimitación, planificación y gestión de espacios naturales y hábitats protegidos en Cataluña. El Estado ya tiene la función de coordinación de los mecanismos de planificación de las diferentes figuras de protección que confluyen sobre un mismo espacio. Defendemos, y esa era nuestra enmienda, disponer de un único documento integrado. Por tanto, no aceptamos una nueva invasión de competencias y sí defendemos una regulación conjunta a través de la planificación coordinada de dichos espacios. El Grupo Parlamentario Popular no ha querido ceder en este aspecto, aunque en las diferentes intervenciones le piden no invadir competencias, pero el texto no refleja la voluntad que expresa. Creemos que ha faltado voluntad en este apartado.

En lo referente a la ley de residuos y suelos contaminados, quisiera centrarme hoy en dos aspectos, los más significativos de esta parte del proyecto de ley. El primero es el relacionado con las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en las que el mismo párrafo lo mueven de un artículo a una disposición. Estas enmiendas pertenecen al apartado del proyecto de ley que modifica clara y negativamente la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, aprobada después de un intenso trabajo por parte de los grupos parlamentarios, con una única intención: la de fomentar la prevención y promover la reutilización y el reciclado de alta calidad, y en concreto adoptar medidas para realizar de una forma objetiva los estudios de viabilidad técnica y económica del sistema de depósito, devolución y retorno. El texto aprobado en 2011 era racional y su aplicación garantizaba tener unos estudios contrastados y realistas para no poner dificultades al sistema de recogida selectiva actual, pero sí para mejorar los índices que se consiguen actualmente, que ya son muy elevados pero que necesitamos continuar mejorando. El segundo, que no ha sido enmendado, vuelve a resaltar una nueva invasión de competencias para las comunidades autónomas. Hasta ahora cada comunidad autónoma tenía la potestad de autorizar los sistemas colectivos para operar en su territorio. La propuesta pretende, con la excusa de facilitar la tramitación administrativa, que cualquier autorización expedida será útil para todo el territorio nacional. Ante nuestras argumentaciones se han comprometido a que la exigencia sea igual a la máxima de las diferentes comunidades autónomas, pero finalmente no se ha reflejado en el texto que llega del Senado. Por lo tanto, continuaremos denunciando esta invasión de competencias que solo provocará una desigualdad y una competencia injusta entre los agentes que actúan en el territorio nacional y que perjudica a aquellos que técnicamente cumplen las máximas exigencias medioambientales requeridas.

En cuanto al texto refundido de la Ley de Aguas, nos hemos limitado a transcribir en las enmiendas mejoras técnicas que no han aceptado incorporar, pues la mayoría, según ustedes entendían, ya estaban explicitadas en otros apartados. Creemos que es lógico incorporar cualquier aportación que mejora la interpretación del proyecto de ley. Ustedes han creído que no era necesario y en este aspecto no tenemos nada que objetar.

Quería terminar con un aspecto importante que hemos incorporado aquí y defendido también en una proposición no de ley en Comisión sin obtener, hasta el momento, ninguna solución. Desde nuestro grupo parlamentario intentaremos pedagógicamente incorporar a nuestra petición a diferentes diputados que ya han expresado su interés en conocer en profundidad la situación legal que viven los alcaldes de pequeños municipios cuando, sin ser culpables del incumplimiento legal que supone, tienen que afrontar las consecuencias de no tener las infraestructuras de saneamiento construidas. No se trata de minimizar o simplificar las exigencias que la directiva europea marca, ni tan siquiera de modificar el calendario de ejecución. Les hablo, señorías, de evitar que nuestros alcaldes de municipios pequeños tengan que comparecer por este motivo a instancias del fiscal de medio ambiente. Sabemos de las dudas que esta propuesta ha suscitado en los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, pero esperamos poder colaborar para alcanzar una solución legal, coherente con las obligaciones y que no cargue sobre nuestros alcaldes de poblaciones pequeñas responsabilidades que no están a su alcance.


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Señorías, para terminar, hemos perdido una oportunidad de mejora en la tramitación de este real decreto-ley. Por eso, manifestamos nuestra disconformidad al no haber aceptado enmiendas claras y que creemos que hubieran podido incorporarse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre y representación del Grupo Socialista para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en torno a las enmiendas que el Senado ha aprobado en relación con el proyecto de ley de medidas urgentes para el medio ambiente. Ya se ha hecho memoria de la génesis de este proyecto de ley, que empezó siendo un decreto que vino a esta Cámara y cuya tramitación como proyecto de ley se aprobó en el mismo momento de su convalidación, por lo que podría pensarse que esta iba a ser una labor que enriquecería el decreto y que permitiría también la intervención de los distintos grupos de la Cámara. Pero vista toda la trayectoria, hasta este momento, el resultado es decepcionante. Decepcionante porque en el trámite del Congreso, de las ciento veintiuna enmiendas que se presentaron, solamente una superó la aprobación en la ponencia -una enmienda de Convergència i Unió- y después, en la Comisión, solo se transaccionaron dos enmiendas y nuevamente de este grupo; el resto fue un trabajo baldío y, por supuesto, con esa actitud de descalificación que el grupo mayoritario viene practicando.

En el Senado ha ocurrido lo mismo. Ha habido más enmiendas, ciento cincuenta y una enmiendas, y vienen cuatro; cuatro de las ciento cincuenta y una, pero las cuatro son del Grupo Popular. Al final, esto ha sido todo un circo para el Partido Popular. Ha sido la posibilidad de auto- enmendarse, de terminar de completar sus procesos de negociación de conflictos de intereses, pero todos ajenos al Parlamento y a la representación popular. Con quien ha negociado el Partido Popular ha sido con los lobbies, con los grupos de interés, con todo el ámbito lucrativo pero, desde luego, no con la representación de esta Cámara. Así que lo que traemos a este gran debate son cuatro autoenmiendas del Grupo Popular, con una ley que, para mayor inri en esto del circo que les comentaba, se llama de medidas urgentes para el medio ambiente. Esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión; al Partido Popular le gusta poner títulos, a ser posible, o que no digan nada o que se puedan interpretar en el sentido contrario. Ni las medidas que aquí se plantean objetivamente revisten ningún carácter de urgencia ni favorecen al medio ambiente, aunque por el título se podría pensar que es para eso. Medidas urgentes sería hablar de empleo, de fiscalidad verde, de acercarnos a los requerimientos europeos. Esa es la urgencia del medio ambiente, pero no lo que están planteando aquí, que no son sino intereses de clara mercantilización del medio ambiente y, como siempre, la supeditación de los recursos naturales a otros intereses; intereses claramente lucrativos.

El proyecto, cabe recordar, aborda las modificaciones -todas regresivas- en cuatro grandes áreas medioambientales: aguas, patrimonio natural, biodiversidad, residuos y las subastas de derechos de emisión. El nuevo régimen jurídico del agua que establece este proyecto de ley supone la privatización y mercantilización de los derechos del agua. La creación de este mercado libre de derechos de agua va a permitir también, a través de un uso fraudulento del mismo, la posibilidad de amnistiar muchas explotaciones ilegales que en estos momentos existen. Con este proyecto de ley que culmina el Partido Popular, con las medidas introducidas también en la Ley de Presupuestos, disuelve el Plan especial del alto Guadiana cuya aplicación ha permitido mejorar las condiciones ambientales de los espacios naturales de las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y del resto de los espacios húmedos de La Mancha oriental, así como la legalización de múltiples situaciones de explotaciones de agricultores profesionales en esa zona. El Partido Popular, con esta iniciativa, deja en manos privadas en exclusiva la capacidad de intercambio de los derechos de agua, sin posibilidad de que actúe la Administración. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

En materia de residuos sólidos, el proyecto de ley que salió de esta Cámara, antes de pasar al Senado, ya convirtió el sistema de depósito, devolución y retorno que estableció la recientemente Ley de Residuos de 2011 en un sistema subsidiario y voluntario. Ahora viene del Senado con una vuelta más de tuerca y prácticamente ya ha quedado finiquitado este sistema. Del Senado viene también una enmienda por la que se introduce un nuevo artículo que reforma la Ley 1/2005, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adecuarla a las normas más recientes del ámbito europeo. De las cuatro enmiendas, esta es la única enmienda que vamos a votar a favor y a las otras tres enmiendas votaremos negativamente. Sin embargo, en esta enmienda votaremos


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que sí porque es una enmienda de carácter técnico que se ajusta a los requerimientos europeos, que exige que las subastas de derecho de emisión deban de iniciarse en 2013. Nosotros planteamos en el trámite del Congreso una enmienda para intentar que lo obtenido en esta subasta se dedicara a la financiación de políticas del cambio climático destinándolo a un fondo de carbono. No triunfamos, obviamente. Pero nos llama la atención que hayan presentado esta enmienda, cuando en la Ley de Presupuestos recientemente discutida también en esta Cámara este grupo parlamentario presentó un enmienda para que lo obtenido en estas subastas figurara en el capítulo de ingresos y también nos fue rechazada. Esta presentada ahora nos parece bien y la votaremos a favor.

Señorías, voy terminando. Con este proyecto de ley sin duda damos un gran paso hacia atrás en la protección de nuestro medio ambiente y en una legislación que con muchas dificultades y mucho esfuerzo venía siendo bien valorada por los grupos medioambientalistas. Certificamos además que estamos en un camino de divergencia con la política que ha venido estableciendo Europa. Y, por último, señala y deja bien claro que para el Partido Popular el interés especulativo prevalece sobre la protección medioambiental. Han dejado bien claro que vienen a representar intereses de grandes lobbies, intereses de lobbies e intereses clientelares en algunas zonas. A costa de los intereses de una gran mayoría, han hecho prevalecer los intereses unos pocos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Collarte.

El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora presidenta, señoras y señores diputados, nunca he terminado de entender muy bien las ventajas de intervenir el último, porque normalmente uno se prepara con la mejor intención y cuando le toca intervenir a él ya han dicho la mitad de lo que pensaba decir. Permítanme para empezar disculpar y aclararle a la compañera de Amaiur la ausencia del señor ministro. El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está en el Consejo de Ministros desde ayer en Bruselas defendiendo -supongo que con la mejor intención, aunque ustedes no se lo reconocen- los intereses de los agricultores de este país.

En cuanto a la segunda afirmación que ha hecho de que le preocupa muchísimo el tema de la posible reapertura de la central de Garoña, a uno le queda todavía el ramalazo de que es un técnico y yo tengo serias dudas de que los técnicos de la Junta de Seguridad Nuclear puedan autorizar una reapertura de una central si no estuvieran convencidos de que eso es perfectamente factible desde el punto de vista técnico y de la seguridad de este país. No tengo ninguna duda sobre eso, así que puede estar usted absolutamente tranquila, señora diputada. (Aplausos).

No sé bien cómo empezar a explicarles este proyecto de ley después de haberles escuchado que no hemos hecho más que hacerlo mal, retroceder y no hacerles ni caso. Voy a empezar por agradecer a todos los grupos parlamentarios las enmiendas que han presentado en el Congreso y en el Senado. He tenido relación con algún compañero durante el trámite en Comisión y me consta su interés y su trabajo por que esto fuese adelante. Me van a permitir que les recuerde de qué va este proyecto de ley. Se trata fundamentalmente de implementar una serie de medidas que había que abordar con carácter inaplazable; había que despejar lagunas jurídicas como consecuencia de dos sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, relativas fundamentalmente a la unidad de cuenca y a la gestión de recursos hídricos en lo que tiene que ver con las sanciones, algo que había que hacer de manera inmediata. Se trata de volver al principio de recuperación de costes y en su caso simplificar cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de las normas y en la armonización jurídica exigida en la trasposición de directivas comunitarias.

He escuchado al portavoz del Grupo Socialista decir que nos alejábamos más de Europa. Uno de los objetivos de este proyecto de ley es ajustar la legislación española a las directivas comunitarias; no entiendo muy bien por qué se produce en su criterio esa separación. Ya lo han indicado ustedes, este decreto tiene cuatro grandes áreas: agua, residuos, protección en materia de medio ambiente y los derechos de emisión. Por ir rápido, porque tenemos una mañana pesada y compleja, me quiero referir a uno de los aspectos que se regulan en el texto refundido de la Ley de Aguas, que es el relativo al alto Guadiana.

Les he escuchado decir que lo que hacemos es abrir un proceso de mercantilización en los derechos del agua. Estoy absolutamente convencido de que lo que pretende esta ley es resolver una situación que


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es muy compleja, que en periodos de dificultades económicas como este se hace todavía mucho más complicada y que de alguna manera intenta solucionar un problema que por razones de anteriores responsabilidades de trabajo conozco bien, y no creo que el espíritu de esta modificación y de la enmienda que se aprueba en el Senado tenga exactamente ese objetivo sino todo lo contrario. No quiero entrar en la guerra de lo que sucede en ese tema porque creo que entre todos deberíamos ser capaces de buscar una solución a un problema muy complicado como es ese, que tiene una importancia medioambiental enorme. No solamente se trata de regularizar el tema del agua, de las situaciones irregulares que existen, de permitir de alguna manera ordenar un conflicto latente, que está ahí, y que tiene una incidencia muy importante en espacios como las Tablas de Daimiel o los ojos de las lagunas de Ruidera y que de otra manera no se van a resolver. Despachan esto diciendo que lo único que persigue el Partido Popular es venderse a intereses privados, pero tengo la seguridad de que esa no es en absoluto la intención de este proyecto de ley ni del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a los residuos, estamos prácticamente en lo mismo. Lo único que hace el Partido Popular es dar libertad para que se tome un camino o se tome otro; no creo que esto sea o debiera ser un tema grave. Lo único que sucede es que a nosotros nos parece que este sistema de depósito y devolución de retorno se puede implantar con carácter voluntario y no con carácter obligatorio. Puestos a hablar de lobbies, digo yo que el Partido Popular también tiene todo el derecho del mundo a pensar que el lobbie de las maquinitas estas que recogen y pagas un dinero tiene mucho interés en que se implanten sus máquinas. Si hablamos de los lobbies, digo yo que es igual de lícita una cosa que otra; va a dar la sensación de que nos manejamos todos aquí por los lobbies. Mi buen amigo Martí Barberà y yo hemos discutido dos cosas seriamente: la invasión de competencias autonómicas y el tema de igualar en mínimos. En cuanto a la modificación de la Ley de medio natural y biodiversidad, creo que no invadimos para nada competencias de carácter autonómico. Y en el tema de los mínimos, creo que tenemos que seguir avanzando. Lo mismo que en el tema que nos unía, el de la seguridad jurídica de los alcaldes.

En cuanto al mercado de valores, lo único que se hace es adaptar la ley nacional, la Ley del Mercado de Valores, a nivel comunitario, que tiene una trascendencia que no es pequeña porque puede suponer unos ingresos de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. No sé si es mejor o peor que tenga un destino específico o que sea un ingreso de carácter general, pero es la única discusión y creo que no tiene marcha atrás. La enmienda que se apruebe en el Senado pretende simplemente regularizar los plazos cuando una entidad determinada termina su plazo de funcionamiento; la normativa nacional lo limitaba a doce meses y con la normativa comunitaria se puede ir a un plazo superior entre los seis y los dieciocho meses.

Permítanme para terminar que me cite a mí mismo -aunque sea una pequeña petulancia- y cuente una pequeña anécdota, en una mañana que ha sido dura, sobre lo que sucedió en la Comisión. El presidente, mi buen amigo Llorens, me da la palabra y me dice: señor Collarte, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de tres minutos. Yo tenía que responder a setenta y una enmiendas. No tenía fácil responder en tres minutos a setenta y una enmiendas. El presidente, en mi condición de novato, me dijo: señor Collarte, le ruego que al igual que los demás grupos las defienda en bloque, salvo que quiera detenerse en alguna especialmente. Centre su intervención ahí porque, si no, no vamos a cumplir el horario. A mí, para aquellas, ya solo me quedaban dos minutos y entonces le dije lo que pensaba, que es lo que suelo hacer habitualmente y alguna vez algún problema me ha traído. En medio ambiente hay dos criterios que no debemos olvidar: uno, que sea fácil de entender, clarito de tramitar y exigible de manera rigurosa. Creo que esta es la mejor receta para mantener una buena política en materia medioambiental. Y un segundo criterio es que tratemos de que haya uniformidad en materia medioambiental en todas las comunidades y que no haya diecisiete regulaciones en todo el territorio español.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Collarte.

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2011:

- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2011. (Número de expediente 260/000002).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al último punto del orden del día, relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011.


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Como saben sus señorías, después de la exposición de su informe por parte de la Defensora del Pueblo, dice el Reglamento que tras su ausencia comenzarán las deliberaciones. Por tanto, para la exposición del informe tiene la palabra la Defensora del Pueblo, a la que damos la bienvenida. (Aplausos).

La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Señora presidenta, señorías, es para mí un honor presentarme ante el Pleno del Congreso de los Diputados por primera vez tras mi toma de posesión como Defensora del Pueblo el pasado mes de julio, y me presento ante sus señorías después de haberlo hecho recientemente ante la Comisión oportuna, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado mes de noviembre.

Aquí está el resumen del informe presentado a las Cortes correspondiente al año 2011. Seguramente debido al trabajo parlamentario, vamos todos con un poco de retraso porque, como decía, es el del año 2011. El documento que contiene de manera detallada todo lo que aquí se resume también consta desde hace ya bastantes meses en el Congreso de los Diputados. Este informe corresponde a la institución del Defensor del Pueblo del año 2011 cuando tenía un presupuesto de 15.175.000 euros, un presupuesto que supuso con respecto al del año 2010, el año anterior, un 4,7 % menos. Para el año 2012 ya en su momento, hace unos meses, redujimos otra vez el presupuesto, de manera que el del año 2011 es aproximadamente 14 millones de euros y ha supuesto otra reducción importante con respecto al que ahora presentamos.

En la Comisión mixta escuché con mucha atención a todos los diputados, diputadas y senadores que intervinieron; se nos hicieron algunos comentarios interesantes y se nos pidió -y a mí me pareció muy correcto; también creo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y de la Administración General del Estado- que actuáramos con unos criterios de clara transparencia, que hiciéramos bueno el código de buenas prácticas -valga la redundancia- en materia de transparencia. Así lo vamos a hacer, para que el próximo presupuesto que pongamos en la página web tenga una amplia divulgación o para que haya un acceso fácil a esa página web, y vamos a presentar todas las partidas del presupuesto. Por supuesto, vamos a presentar las retribuciones, vamos a presentar los viajes de trabajo, el importe de los viajes, vamos a presentar los bienes que tiene el Defensor. Es una institución que no tiene muchos porque está alojada en un edificio catalogado como bien de interés cultural, que pertenece al patrimonio del Estado, pero las cosas menores o el número de ordenadores o mobiliario, absolutamente todo va a ser incluido en la próxima página web, que espero que esté preparada para el próximo 1 de enero. Fue una de las recomendaciones que se nos hizo y a mí me pareció que tenía mucho interés.

Este resumen del año 2011, señora presidenta, va a ser superado en número de quejas y en número de investigaciones que se van a hacer a lo largo del año 2012, pero ahora me voy a limitar al año 2011. Las cifras totales de los expedientes con los que nosotros hemos trabajado -incluyen investigaciones de oficio y las quejas- ascienden a algo más de 24.000. En el año anterior fueron superiores, pero fueron superiores porque se presentaron iniciativas en contra de decretos y de leyes de comunidades autónomas y también en parte por la reforma laboral, y por eso en el año 2010 hubo un gran crecimiento y un relativo descenso en el año 2011, que es el que presentamos ahora.

Las quejas admitidas -porque saben sus señorías, como expliqué en la Comisión, que hay un porcentaje importante que no se admite porque no procede, pues bien se trata de asuntos que están ya sometidos a un procedimiento judicial y por lo tanto el Defensor no puede entrar, o bien no tienen una relación con las administraciones públicas, sino que tratan de asuntos de carácter privado o particular- fueron un 41 % de las que se recibieron.

Hay un aspecto de todos los informes que son las resoluciones y sugerencias, y yo les doy la máxima importancia, porque creo que nosotros no solo debemos tramitar las quejas y exigir de las administraciones que respondan y enmienden aquellos errores que hayan cometido, sino que tenemos que ser una institución atenta a lo que pasa, que investiga lo que pasa, que está en la calle. Desde que yo he llegado a esta institución, a finales del mes de julio, he visitado ya muchos centros de menores y centros de acogida, me he reunido con asociaciones, con entidades, etcétera. Acabo de visitar la cárcel de mujeres de Alcalá Meco de Madrid hace muy pocos días, la semana pasada visité la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira. Es norma -yo quiero proseguir con esa actitud e incrementarla si fuera posible- estar visitando constantemente organismos, instituciones, dependencias o centros. La próxima semana, con el adjunto primero, visitaré Melilla para constatar cuáles son los problemas más importantes. Por eso decía que tenemos que ser capaces de transmitir a las administraciones, y hacerlo en este informe y desde esta tribuna, parte -o todas si fuera posible- de las inquietudes y problemas que detectamos o diagnosticamos, no permanecer meramente pasivos esperando las quejas, sino traer aquí los asuntos que nos parece que


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hay que resolver o que van a tener que ser resueltos, porque los estamos ya diagnosticando, en los próximos meses.

Las resoluciones del año 2010 han sido 385 a todas las administraciones públicas. Hay unas cuantas pendientes en las que no se sabe qué van a decir las administraciones, pero de las tramitadas un 70 % han sido aceptadas. Las administraciones nos dicen que las aceptan. Luego, para ver si las ponen en vigor total y plenamente, hay que volver a estar atentos para ver si se cumple. En principio creo que puedo decir como Defensora que se ve una actitud receptiva y de comprensión de las recomendaciones que se hacen desde el Defensor. A mí esto me parece muy bien.

A lo largo del año 2010 se presentaron unos cuantos recursos de inconstitucionalidad sobre diferentes leyes. No se aceptaron, eran leyes relativas al tabaquismo, a la custodia compartida de alguna comunidad autónoma, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio y otros más. Pero no hubo ninguna acción ante el Constitucional por parte del Defensor.

Es verdad -lo anuncié en la Comisión- que yo me propuse a los pocos días analizar cuáles eran las administraciones que no respondían, que podemos denominar entorpecedoras y hacerles una llamada de atención. A aquellas administraciones que no respondían se les escribió una nota diciéndoles: de acuerdo con la ley orgánica y con el reglamento usted tiene la obligación de contestarnos a este requerimiento, a esta pregunta, a esta formulación que le hacemos por esta denuncia de un ciudadano. Como transcurría el tiempo y vi que no había la inmediatez o la respuesta, le comuniqué al fiscal general del Estado que había un caso de desobediencia a la autoridad, y el fiscal y yo misma, de acuerdo con la ley orgánica, decidimos poner esto formalmente en manos de la fiscalía. Anuncié -el presidente de la Comisión y los diputados que estuvieron en la misma lo recuerdan- que eran cincuenta y cuatro las administraciones. Cundió el pánico terror, y en este momento, a día de hoy, han contestado todas menos ocho, cuya documentación está puesta en manos de la fiscalía para proceder. Vamos a seguir así, porque es un deber que nosotros cumplimos, pero también tenemos que hacer cumplir a los demás las obligaciones para con nosotros, por tanto vamos a continuar.

Antes de hacer un breve resumen por las distintas áreas, me he olvidado de decirles, y no querría, que la Defensoría tiene dos adjuntos, el señor Fernández Marugán, cuya aprobación como adjunto también se debió al Congreso de los Diputados y que está en este momento en un interesante viaje oficial de esta institución, y la señora Ferrer que es adjunta segunda y que también nos acompaña. A los dos les quiero hacer extensiva mi gratitud porque su trabajo es imprescindible. Colaboramos de manera magnífica, ordenada y con criterios muy similares, por lo que quiero agradecerles el trabajo que hacen. También quiero agradecer a anteriores defensores el trabajo que han realizado, entre otros, a la señora Cava de Llano, que fue la autora, inspiradora o promotora de este informe que yo presento, porque fue bajo su mandato cuando se empezó a redactar. Le agradezco a la señora Cava de Llano el trabajo.

El área que tiene más denuncias y quejas es la de justicia, ya imaginan ustedes muy bien por qué. Los ciudadanos se quejan de los retrasos en los procedimientos judiciales. Estoy segura de que toman buena nota sus señorías. Ese es un lamento muy generalizado. También hay una demanda de abogados de oficio. Los colegios de abogados y la Administración judicial se lamentan también de la insuficiencia de abogados de oficio y del retraso en el pago de los honorarios a dichas personas. Esta es también una queja muy generalizada.

En cuanto a la violencia de género, no les puedo dar a ustedes ninguna información que ya no sepan, ni llamarles más la atención sobre ello, porque sé que se trata mucho en esta institución, pero es muy sorprendente cómo aumenta y sobre todo cómo lo hace a manos de gente joven. Son muchachos, fundamentalmente chicos, los que cometen delitos de violencia de género a edades muy tempranas. Los datos son verdaderamente llamativos, ver lo que ha subido el número desde el año 2007 al año 2011.

En lo que conocemos en términos generales como seguridad ha habido algunas preguntas sobre manifestaciones en las ciudades de Barcelona y Madrid. Una cuestión que pusimos en conocimiento del Ministerio del Interior, solicitada por distintas personas y que nosotros habíamos pensado que era interesante, era hacer que la policía tenga una mayor y más fácil identificación. Ya lo ha hecho la policía del País Vasco y el ministro nos ha dicho que ya están en ello y que de aquí a poco tiempo la identificación de la Policía Nacional va a ser mayor y más visible. Ha sido una recomendación nuestra y nos alegramos de su aceptación.

Las prisiones son instalaciones que estamos visitando constantemente, porque es nuestra obligación dentro del área de justicia y también porque somos depositarios del denominado mecanismo de prevención de la tortura a partir del año 2009 por un convenio internacional. Por esos dos motivos visitamos con


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frecuencia las cárceles y otras dependencias. He visitado varias en los últimos tiempos y hay un equipo de personas dedicadas casi en exclusiva a estas visitas. Son visitas que en este momento se hacen a cualquier hora del día y de la noche sin ningún aviso previo y a las que en determinadas prisiones para hacer el informe que se debe realizar anualmente de prevención de tortura se han incorporado especialistas -psicólogos, psiquiatras, forenses- para tener una percepción mejor y más concreta de la instalación o del emplazamiento penitenciario. Por las cárceles que he visto anteriormente -en otros cargos visité también determinadas instalaciones penitenciarias-, quiero decir que las cárceles de mujeres en España están bien atendidas, tienen buenas instalaciones y los funcionarios y funcionarias son magníficos profesionales. Cuando salimos al exterior y se comparan con determinados países, hay un abismo a favor de España. Hay un abismo en el trato hacia las mujeres, hacia las mujeres que tienen niños, en la enseñanza que se imparte y en el rigor con que actúan los funcionarios. Esa es mi impresión y espero corroborársela dentro de un año con mayor firmeza si cabe y con mayor conocimiento desarrollado a lo largo de los próximos meses.

Si les hablo a ustedes de economía y hacienda no les voy a decir muchas cosas nuevas, porque esta misma mañana han estado ustedes hablando de estos asuntos y yo les he escuchado con mucho interés, pero hay una cuestión que sus señorías -si lo tienen a bien- podrían trasladar a las distintas administraciones y al ministerio, aunque nosotros ya lo hacemos. Los ciudadanos no entienden el lenguaje con el que Hacienda les contesta. Sencillamente no lo entienden y preguntan qué significa y qué les quiere decir Hacienda. Es una sencilla recomendación. Por otra parte, naturalmente se quejan de la subida del impuesto sobre bienes inmuebles. Pues sí, pues claro que se quejan, porque ha habido unas subidas muy, muy importantes. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

En el área de las telecomunicaciones, sus señorías también se imaginan lo que nos dicen los ciudadanos. Dicen que darse de alta o de baja en una compañía telefónica es toda una historia, sobre todo darse de baja. Tienen que acudir a alguna persona de la familia para que haga ese trámite; si tienen más de cuarenta y cinco o de cincuenta años -ya no les digo si tienen setenta- es absolutamente imposible, porque casi no les dejan darse de baja o cambiarse de compañía. Esta es una queja básica. ¿Cómo en un país con tanta capacidad y tan desarrollado, con una democracia tan consolidada, con unos presupuestos tan generosos, los ciudadanos no entienden lo que les dice Hacienda y, además, no pueden cambiarse de compañía telefónica? He escuchado al ministro decir cosas interesantes sobre esta materia. Si hablamos de los recibos de la luz, también le dijimos al ministerio que las compañías pusieran claramente qué es lo que pagan los vecinos, cuál es el consumo eléctrico, cuál es la moratoria que estamos pagando a las nucleares, cuánto costó la famosa bombilla que se daba gratis y otros conceptos más. Queremos que nos lo digan para que sepamos exactamente cuánto paga cada uno de consumo eléctrico. He escuchado al ministro decir que se va a hacer algo así y que vamos a pagar -acuérdense sus señorías de lo que les digo- la energía, la explotación, el transporte y la distribución. Si eso es así, los recibos se van a aclarar y esa es una cosa bastante sana.

Llegamos a una materia de gran interés para todos, que son los temas financieros. Para terminar les diré una de nuestras últimas recomendaciones en esta materia. Como decía, yo les he escuchado a ustedes esta mañana con mucho interés, y en este informe del año 2011 se empieza ya la elaboración de un gran documento sobre la crisis económica y los deudores hipotecarios, que se presenta a principios del año 2012, por eso todavía no está aquí del todo contemplado, pero luego haré una referencia breve a ello. En este documento sí está el problema de las preferentes, y yo me he permitido -porque hemos escuchado hablar también de las preferentes- traerles a ustedes en relación con las participaciones preferentes dos quejas escritas a mano, de no fácil interpretación o lectura, de dos ciudadanos de distintos lugares. Vienen a decir esto: a mis padres, de setenta y cinco y ochenta y cinco años, el empleado de la caja les dijo que pusieran su dinero en este producto, del que podrían disponer en cualquier momento sin ningún tipo de riesgo. En ningún caso han recibido esos intereses y ahora pedimos copia de la documentación que firmaron y no nos la dan. Otra persona dice: recibí la herencia de mi madre, y junto con lo que tenía ahorrado, fui al banco para colocarlo todo junto y poderlo tener a disposición en cualquier momento. Nos aconsejaron este tipo de ahorro y ahora no podemos disponer de una parte de nuestro dinero hasta dentro de diez años, y otra tendría que ser vendida -eso dice, pero supongo que será cambiada o permutada por acciones-. Una tercera dice lo mismo: la caja nos dice que no lo recuperaremos hasta el año 2020. Si quieren ustedes más ejemplos -nosotros damos los nombres, los DNI, etcétera- les podemos traer un montón de quejas de situaciones verdaderamente lamentables y que demuestran


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que no tenían información, no tenían conocimiento de la dificultad de ese producto, y ahí están sus ahorros metidos.

Debo decir que esta recomendación que a raíz de esto hemos elevado al Banco de España, al gobernador y al Ministerio de Hacienda, sí ha sido aceptada en dos líneas: una para instar a las cajas, a las entidades bancarias a una renegociación en unas condiciones aceptables, y otra para evitar que esto vuelva a suceder, de manera que las entidades financieras tengan la obligatoriedad de señalar claramente -nosotros les hemos dicho que con colores, como un semáforo- cuáles son los productos de riesgo, cuáles son los que tienen menos riesgo, y cuáles son los de riesgo habitual, el que supongo que todo producto financiero tiene. La respuesta del Banco de España ha sido afirmativa, se va a hacer así, y yo creo que esto es satisfactorio para todos; desde luego para el defensor, que empezó este trabajo en 2011 y lo ha culminado en el año 2012, es una satisfacción. Estas son algunas de las cosas más importantes que se han realizado.

En materia de sanidad y políticas sociales hay dos asuntos más importantes que otros. Uno es que los ciudadanos detectan falta de coordinación en la asistencia sanitaria, porque si cambian de residencia o están en su lugar de veraneo los llamados desplazados tienen dificultad hasta que entran a formar parte o a ser atendidos en ese servicio sanitario. En materia de descoordinación por actuaciones diversificadas de las comunidades autónomas hay muchas, y en materia de sanidad sí las hay. En materia de sanidad hay lamentos por retrasos en las evaluaciones de las personas con discapacidad. Se les comunica a las familias que van a ser visitadas, se les dice que irán las personas expertas en la materia, pero tardan mucho y para entrar en la relación de personas perceptoras o no perceptoras de esas asistencias tardan muchísimo más. Este es un lamento muy general.

En materia de educación se sigue echando en falta algo que hemos visto en otras administraciones, faltan plazas de educación infantil de 0 a 3 años. No está cubierto todo el territorio nacional ni muchísimo menos. Esta es una materia fundamental para la formación infantil, para las familias, y de manera muy especial para las madres de familia. Hay un gran déficit todavía en esta materia. Y hablando de asuntos ya universitarios, el Plan Bolonia todavía trae su cola. Se exigen másteres para impartir enseñanza secundaria, lo cual hace que muchas personas todavía se quejen. No sé si esto es revisable por parte de las autoridades europeas, o si las universidades van a tener ahí un periodo transitorio o si el ministerio tiene un periodo de transición hasta la plena adaptación del plan y a todas sus exigencias, pero me parece también un asunto de importancia.

Voy terminando este resumen del resumen. Es preocupación de la institución la situación en que se hallan los menores que vienen del extranjero en situación no regular, y los menores que estando ya en España reciben o deben recibir algún tratamiento adecuado y especial. La situación de los menores ha dado objeto a un informe del año 2011, que se llama Menores o adultos. El procedimiento de determinación de la edad es fundamental. Hay también una descoordinación entre administraciones autonómicas, y le hemos pedido a la fiscalía que procure ordenar los criterios para la determinación de si un menor realmente lo es o no, porque como saben sus señorías las actuaciones luego difieren mucho en función de la edad de esa persona. Esta es una cuestión verdaderamente delicada. Creemos que debe haber un registro central que debe tener la fiscalía de todos los menores para poder hacer el seguimiento, y que esos menores no estén en un centro una temporada, muy poco tiempo, unos meses, y luego ya no se sepa más de ellos, en qué situación están, dónde están, qué están haciendo, con quién viven, cómo viven o qué sustento tienen. Esta materia es algo que verdaderamente ha preocupado históricamente a esta institución y que nos sigue preocupando. Como les decía, hay dos informes para ser presentados en la Comisión. Conozco bien el trabajo que tienen sus señorías y comprendo que no es fácil tener mucho tiempo para ello, pero hay dos informes correspondientes al año 2011, uno sobre la prevención de la tortura, el informe del año 2010 y el informe de prevención de la tortura del año 2011, y este mismo de menores o adultos al que me acabo de referir.

He avanzado ya asuntos del año 2012 y no me quiero reiterar. Nada más quiero plantear tres cuestiones: una, nuestra intención de hacer una institución verdaderamente transparente, modelo en transparencia; preocuparnos por las víctimas del terrorismo; constantemente, permanentemente seguir haciendo al Ministerio de Justicia reclamaciones y reivindicaciones para que las víctimas y sus familias tengan el apoyo total del Ministerio de Justicia y de todas las administraciones, para que tengan el apoyo del Estado, para que las víctimas sean informadas de en qué situación están los procedimientos que a ellos les afectan, en qué situación penitenciaria están las personas que han cometido delitos que les han afectado de manera terrible a ellas o a sus familiares; y algunas cuestiones de carácter económico, para


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no extenderme, como la parte proporcional de la paga extra de los funcionarios; hemos recomendado que se atendiera a esa parte devengada de la paga extra, aunque me temo que esa recomendación no va a tener mucho éxito, dada la hora y el día. Y sí creo que vamos a tener más éxito -entre comillas esto de los éxitos en esta materia, porque nada es para vanagloriarse-, mayor receptividad en materia de recomendaciones sobre actuaciones de entidades financieras. La última de todas ellas, la que acabamos de hacer es sobre lo que ustedes han intervenido esta mañana largo y tendido, y se han escuchado cosas muy interesantes que se han dicho en esta Cámara; nosotros hemos hecho una segunda recomendación, la primera se hizo a primeros de enero del año 2012, ahora se vuelve a hacer una segunda recomendación tras un informe detallado de la situación, y ahí recomendamos que se regule un procedimiento de insolvencia personal, que haya una nueva regulación, que se determine quiénes son los deudores de buena fe, que haya una limitación -nos parece muy importante- a los desmedidos intereses de demora; se ha hablado aquí que pueden alcanzar un 29 o un 30 %, es así, pero en muy poco tiempo, en tres o cuatro meses llegan a un 40 %, con lo cual la familia se queda absolutamente aterrada y hundida, ya no por el capital que debe, sino por lo que se le ha acumulado. Y que se contemple, entre otros posibles aspectos, la dación en pago en determinadas circunstancias. Son cuestiones clave; hay otras muchas pero no entraré a considerarlas, sino más bien les daré al presidente de la Comisión y al presidente de la Cámara el informe correspondiente, en el que se detallan todas estas posibles actuaciones, unas para paliar y otras para remediar.

Termino, señor presidente, diciendo que en estos días se está haciendo un informe que podrá ser de interés para sus señorías sobre el número de viviendas vacías que hay en España de protección pública, viviendas públicas que están vacías. Lo primero que ya hemos diagnosticado -lo hemos hecho solicitando a distintas administraciones y a todas las comunidades autónomas los datos- es que los datos son dispares en el concepto de vivienda pública vacía, no hay un concepto ya no digo unitario, sino ni siquiera aproximado. Son muchas las comunidades que nos responden diciendo: no podemos darle los datos certeros porque esto no está claro; esa es la realidad. En segundo lugar, queremos hacer esto porque cuando dispongamos de los datos con la mayor certeza posible podremos hacerles la recomendación de: en primer lugar, dígase qué es una vivienda pública o con qué carácter de protección es denominada vivienda pública, y díganos cuántas hay. No hemos entrado en los ayuntamientos porque, si entráramos en los ayuntamientos, necesitaríamos el MIT para hacer la información, y nosotros no tenemos ese grado de perfección ni de técnica ni de presupuestos; hemos ido a las comunidades autónomas, y cuando tengamos esos datos a nuestra disposición, los traeremos a esta casa porque creo que se podrá estudiar mediante convenios y diversas fórmulas -yo no soy quién para apuntar cuáles- cómo poner parte de esas viviendas públicas vacías a disposición de familias que hoy están sin techo.

Señor presidente, gracias. Ha sido, como dije al principio, un resumen del resumen, pero estamos en condiciones en cualquier momento de ampliarles, aclararles o recibirles y atenderles, como espero que hagamos pronto con la Comisión, en la institución Defensor del Pueblo.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo.

Turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto. Por quince minutos tiene la palabra el señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, es cierto que el informe que nos ha presentado la Defensora del Pueblo es extenso y aborda muchas cuestiones. También es cierto que muchas de ellas, de una u otra manera, ya han llegado a esta Cámara planteadas por los diferentes grupos parlamentarios, y no son novedosas. Sin embargo existe un cuestión que sí suscita dudas a Amaiur, y es la eficacia real de este informe y del trabajo de la Defensora del Pueblo, todo lo que rodea a este trabajo, sobre todo con aquellos temas relacionados fundamentalmente con la Administración del Estado. No pretendo ni mucho menos -y no se entienda así- menospreciar el trabajo que sé que se realiza y que supone recoger estas quejas, aunque veamos que existen algunas carencias. Sé el trabajo que supone, lo conozco en la Comunidad Autónoma Vasca, por eso no es mi intención menospreciar este trabajo, pero sí quiero incidir en la duda de la verdadera eficacia práctica a este nivel. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos los diferentes informes que se han ido presentando año a año, y las diferentes comparecencias que se han realizado nos encontramos con que hay quejas que se repiten una y otra vez, año tras año, con lo cual la labor que realiza por medio del informe, fundamentalmente en aquellos aspectos que afectan a la Administración del Estado, de informar a ésta sobre las quejas que se están


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interponiendo no tiene un efecto directo práctico, no existe un mecanismo eficaz que obligue a estas administraciones a corregir esas deficiencias y en muchos casos vulneraciones, porque como decía son muchos los temas que se recogen en ese informe, pero también es cierto que la gravedad de unos y otros es constatable. En última instancia, muchos de esos temas, más allá del conocimiento que proporciona la Defensora del Pueblo al Gobierno o a la Administración central, que se cumplan, que se corrijan o no depende de la voluntad del Gobierno. Es más, en algunos casos vamos más allá, y es que hay una decisión política previa consciente, que es la que origina esas posteriores quejas.

Me explico. Por ejemplo hacía referencia en su exposición la Defensora del Pueblo -y sin lugar a dudas lo va a tener que seguir haciendo en los próximos años- al tema de desahucios, que es un tema que va a ver recogido seguramente en sus próximos informes porque aumentarán las quejas sobre él. Pero no es una cuestión de la que sea ajeno el Gobierno, no. Es una cuestión que además aquí los diferentes grupos hemos puesto en su conocimiento que vulnera derechos, que supone vulneración de derechos para las personas. Por lo tanto que a través del informe de la Defensora del Pueblo se ponga en conocimiento del Gobierno esta circunstancia no va a modificar esa situación, porque la decisión se ha tomado conscientemente. Lo mismo ocurre con las quejas de extranjería e inmigración. Son quejas que se reiteran año a año y son consecuencia de determinadas decisiones políticas, de las políticas que se abordan en relación con estas cuestiones.

Pero existe una cuestión que, por su gravedad, me parece un ejemplo inigualable para visualizar esto que estoy manifestando, y es una cuestión a la que además la defensora se ha referido por encima. Es el tema de los malos tratos y de las torturas a las personas privadas de libertad y en general; 853 personas denunciaron haber sufrido malos tratos en todo el Estado en el año 2011, según informe de la Coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura. Es una cifra que más o menos, año a año -es cierto que el año 2011 lo sitúa como un pico- se ha movido en cifras superiores a los quinientas denuncias al año. De todas ellas hay unas que tienen -por el porcentaje de casos- una especial significación, y es que de 21 personas detenidas bajo el régimen de incomunicación 19 han denunciado haber sido sometidas a malos tratos. Ya hace diez años, en el año 2002, se publicó este libro (mostrando una publicación) en el que, además de recoger relatos de tortura se recogía también la preocupación que desde instancias internacionales existía con el problema de las denuncias en el Estado español producidas en régimen de incomunicación.

El sistema de detención practicado en el Estado español permite casos de tortura y malos tratos, en particular de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas. Esto es lo que manifestó el relator de la ONU sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, en su informe de 6 de febrero de 2004 tras haber hecho una visita al Estado español y haberse entrevistado con diferentes personas implicadas en el tema de la tortura. Lo significativo del informe -que también lo es lo que dice- es que da una serie de consejos al Estado español para precisamente evitar que se pudiesen producir situaciones de tortura. Voy a referirme especialmente a cuatro de las cuestiones que planteó, que creo que son significativas: eliminar el periodo de incomunicación de los detenidos; que se grabasen en vídeo los interrogatorios y su estancia en dependencias de detención; que tuviese acceso al mismo un médico de confianza que estuviese presente en la exploración que el médico forense realiza a los detenidos; y finalmente dijo: que se investiguen las denuncias con prontitud y eficacia. Esto lo reiteró nueve meses después y lo ratificó su sucesor, Martin Scheinin, cuatro años después expresamente con los mismos consejos. Hizo una reflexión que creo que es muy interesante, o por lo menos que es significativa, y es que planteaba, aconsejaba tomar al Estado español estas medidas precisamente para prevenir los malos tratos. Y decía: para que quede libre de sospecha cualquier agente de las fuerzas del orden que pudiera verse acusado injustificadamente de esta conducta impropia. Evidentemente esta segunda parte venía a colación de lo que el Estado español respondía respecto de las denuncias de torturas. Sobre esta reflexión ese mismo año el entonces ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, seguía la misma línea argumental y planteaba, en primer lugar, que se investigaran todos los casos, y en segundo lugar, que los primeros interesados en realizar esas investigaciones eran el Gobierno y la Guardia Civil. En primer lugar, el primer interesado será el afectado, pero a lo que vamos, es una reflexión interesante para las dos partes, para quien denuncia y a quien se denuncia.

Aproximadamente, y según Euskal Memoria, son alrededor de 10.000 las personas que han denunciado en Euskal Herria haber sido torturadas y sometidas a malos tratos. Pues bien, ocho años después de que el relator de la ONU hiciera esas recomendaciones el régimen de incomunicación sigue en vigor; no se realizan las grabaciones tal y como establecieron -y aquí añado yo-, no se realiza una grabación real,


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lo que se realiza es una parodia de grabación; y lo que es más importante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado en tres ocasiones, y la última de ellas hace apenas un mes en el caso de Martxcelo Otamendi, al Estado español por no investigar debidamente las denuncias de tortura. ¿Dónde está el interés del Gobierno por investigar los casos de tortura? Lo pueden ver ustedes o no lo pueden ver, yo creo que es una cuestión de voluntad, la lógica para mí en esta cuestión es aplastante. La realidad de la tortura en general, y en particular cuando se da en la denominada lucha antiterrorista, es incómoda para el Gobierno, pero es una realidad que tiene que reconocer, y tiene que realizar una investigación profunda para esclarecer y depurar todas las responsabilidades, reparar y rehabilitar a sus víctimas, y lo que es más importante, poner los medios para que no se repitan. Y aquí entra la parte de las recomendaciones que realizan desde instancias internacionales. Esta es una labor que supondría que año a año no tendrían que aparecer en los informes de la Defensora del Pueblo casos de denuncias de tortura.

Como decía, eran muchos los temas que trataba la Defensora en su informe. Quiero hacer referencia a un segundo tema, que toca también aquello que se puede denominar cuestión de Estado, aquello que está relacionado con la lucha antiterrorista, pero que es una cuestión muy concreta relacionada con los presos vascos. Vamos a trabajar cuanto esté en nuestra mano para evitar que se produzcan estas excarcelaciones y si es posible construir una nueva imputación. Estas fueron las palabras del ministro de Justicia en el año 2005, López Aguilar, en referencia por supuesto a presos de ETA, y más en concreto cuando estaba en boga la excarcelación de Iñaki de Juana, algo que para quien es docto en derecho penal -y sé que aquí hay bastantes que lo son- resulta una absoluta aberración y una barbaridad una afirmación en estos términos. Cualquier hecho que siguiese a esa afirmación por parte de un ministro de Justicia y que avalase en esa misma dirección los hechos que había anunciado está viciado de raíz. Pues bien, la reacción no se hizo esperar. Por supuesto, a Iñaki de Juana se le imputa un nuevo delito y, lo que es más grave y a lo que voy en este caso, pocos días después el Tribunal Supremo en Sentencia 197/2006, de 28 de febrero, establece lo que se denomina la doctrina Parot, esto es, la reinterpretación y reformulación de la naturaleza de las redenciones recogidas en el Código Penal de 1973 y la reformulación de cómo se tiene que ejecutar una condena. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando llevaba treinta años de aplicación absolutamente pacífica, cuando afectaba a un número absolutamente mínimo de reclusos, la mayoría de los cuales por supuesto pertenecía a ETA.

El 10 de julio de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en uno de esos casos, en el caso de Inés del Río Prada, determina que con esa resolución el Estado español vulneraba, entre otras cuestiones, el derecho a la libertad de Inés del Río Prada. Quien conoce la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sabe que no suele ser muy habitual un pronunciamiento tan categórico en cuestiones de este tipo, porque entre otras cosas planteaba que incumbe al Estado demandado, España, asegurar la puesta en libertad de la demandante Inés del Río Prada lo más rápidamente posible. Pero la respuesta tampoco se hizo esperar, el Gobierno no va a poner en libertad a Inés del Río Prada. Por supuesto, Inés del Río Prada sigue en prisión, la Audiencia Nacional ha ratificado su situación en prisión e, independientemente de que el Gobierno haya recurrido la sentencia, resulta absolutamente inconcebible que responda de esa manera...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Urbina, debe concluir.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Finalizo ahora mismo.

... a quien es responsable -el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- de velar por los derechos humanos. Ante un pronunciamiento de ese tipo es absolutamente esperpéntico que un tribunal la mantenga en esa situación. Por tanto, creemos que es una situación que no se recoge en el informe, que afecta a más presos que a Inés del Río Prada y consideramos que hay que finalizar con esa práctica.

Acabo respondiendo a una reflexión que hacía ayer el ministro del Interior. ETA no es quien mantiene dispersados a los presos; ETA no es quien ha modificado el derecho de redención para los presos ni es tampoco quien ha reinventado la ley para mantenerles en prisión cuando han cumplido su condena. Por tanto, a cada cual lo que le corresponde, y al Estado, al Gobierno, le corresponde reconocer las vulneraciones cometidas y acabar con la vulneración de derechos al amparo de la lucha antiterrorista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Urbina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señora Becerril, quiero darle la bienvenida a esta casa, que es la suya. Usted ha sido diputada muchos años aquí y en este momento acude en otra condición procesal de distinta naturaleza aunque no contradictoria, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha sido considerada una institución de contrapoder. Tengo la impresión de que es una institución o debería serlo más colaboradora o complementadora de los déficits democráticos que posee todo sistema político, y que instituciones como la que usted representa en estos momentos pueden cubrir las lagunas en la regulación de algunas leyes y sobre todo facilitar el acceso a la ciudadanía de forma tan directa, de forma mucho más fluida y más fácil de la que acceden a instituciones como estas, un tanto lejanas, que es uno de los problemas en relación con la calidad democrática del parlamentarismo que estamos recurrente y particularmente debatiendo esta semana. Le deseo suerte porque este es un trámite, señor presidente, particularmente singular y extraño.

Usted ha glosado un informe elaborado por su predecesora. No le voy a imputar a usted ningún reproche porque no ha sido autora de las actuaciones de su predecesora, y tampoco ninguna reflexión apologética en relación con lo hecho por su predecesora. Lo único que podría hacer es desearle suerte a partir de ahora en sus aconteceres y en el ejercicio de sus responsabilidades. Pero no sé hasta qué punto usted acoge las recomendaciones y el trabajo de su predecesora a beneficio de inventario -espero que sea así- o en sus propios términos -espero que no sea así, sinceramente, por alguna de las cuestiones que le voy a comentar sucintamente a continuación-.

En relación con el perfil de la figura del Defensor del Pueblo, nosotros siempre hemos preconizado la necesidad de que el perfil no sea muy político, pero no político en el sentido aristotélico del término, muy partidista sería la expresión. Este tracto de sucesiones en los últimos tiempos en la Defensoría del Pueblo española acredita la circunstancia que estoy criticando en este momento: el perfil demasiado político o la vinculación demasiado visible a determinadas organizaciones políticas, que ya plantea reservas en relación con la neutralidad que es exigible en el funcionamiento de una institución de estas características. No le estoy realizando ningún reproche, ni le estoy presumiendo -presunción que tendría ya que ser iuris tantum, en todo caso- que va a carecer de neutralidad su actuación; lo único que le pido es que haga valer la neutralidad porque el hecho de haber pertenecido a una organización política y haber ostentado cargos de representación muy relevantes en la misma puede llevarnos a la presunción contraria, a la presunción de que usted puede, desde las convicciones ideológicas de las que se tendría que desproveer para un buen ejercicio de su función, realizar informes que no tengan demasiados juicios de intenciones o valoraciones personales y no estén cargados de ideología. Era alguna de las perversiones que en la época del mandato del señor Múgica nosotros recurrimos por las características y el carácter un tanto atrabiliario de este Defensor del Pueblo que, perteneciendo al Partido Socialista Obrero Español, fue votado sin embargo por los miembros del Partido Popular para ocupar esta función. Son paradojas que no son sorprendentes en los tiempos que corren de confusión y de caos o, como diría Giulio Andreotti, de gestión de la política a través de la figura del caos creativo.

Respecto de lo que ha dicho, y sin perjuicio de desearle suerte -usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo personalmente y sé de su profunda cualificación profesional para afrontar bien el mandato que le encomendamos los parlamentarios, es una comisionada del Parlamento-, hay varias cuestiones que me gustaría comentarle y que son también recurrentes. En este momento no existe un solo defensor del Pueblo en el Estado español, existen defensores del Pueblo en todas las comunidades autónomas, existe el Síndic de Greuges -espero haberlo pronunciado semi bien-, existe el Ararteko en Euskadi, el Justicia de Aragón y otros defensores del Pueblo cuya coordinación no es mala, según comentan tanto el Defensor del Pueblo del Estado como ellos. Pero habría que buscar algún tipo de elemento de articulación del ejercicio de sus competencias desde la dimensión territorial. No sé si es pertinente que acudan ciudadanos vascos, catalanes o gallegos al Defensor del Pueblo español, a usted, y no acudan a los defensores del Pueblo de sus propias comunidades autónomas y suceda lo contrario, porque también nos encontramos con la aparente paradoja de que ciudadanos que no son de Euskadi o de Galicia acuden a los defensores del Pueblo de estas comunidades autónomas. El Ararteko en concreto no son pocas las denuncias que recibe de ciudadanos que no están empadronados en Euskadi. Desde esa perspectiva, tendríamos un tema recurrente, y es que la Ley Orgánica reguladora de la institución del Defensor del Pueblo nunca reguló bien mecanismos no solo de coordinación funcional, sino incluso de articulación de la gestión de sus funciones desde una perspectiva de una articulación territorial coherente con el carácter plurinacional y compuesto del Estado español. No sé si es una boutade lo que voy a sugerirle, pero me gustaría que los ciudadanos vascos acudieran al Ararteko, que los ciudadanos catalanes acudieran al


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Síndic, que los ciudadanos de Aragón acudieran a El Justicia de Aragón y así sucesivamente, y en aquellas cuestiones que por su propia naturaleza sean supracomunitarias o excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma acudieran a usted, a la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo, a la Defensora del Pueblo en este caso, que es usted misma. Esta es una de las cuestiones recurrentes siempre.

En cuanto a otras cuestiones, usted ha comentado algunas relativas a lo que considera más destacado su predecesora -no usted misma- y las ha glosado como ha podido -no corresponden al ejercicio de funciones propias-. Usted ha defendido la gestión de su antecesora en el cargo. Ha pormenorizado por orden de prioridad o de interés las que usted considera más importantes y se ha referido a la pendencia, a la demora en el acceso a los tribunales, a la justicia; al funcionamiento, al mal funcionamiento de la Administración de Justicia o del servicio público de la justicia. En este ámbito le voy a hacer una pregunta. Ya usted está recibiendo peticiones de todos los agentes jurídicos, de todos los operadores jurídicos para que recurra al Tribunal Constitucional la Ley de Tasas. Cuando usted comparezca en la Comisión, es la primera pregunta que le voy a hacer. Ya sé que no hay un trámite de réplica o de respuesta por su parte, pero me gustaría saber si usted está en la tesitura o considera pertinente recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Tasas. Es una pena que se haya ausentado -espero que no sea por esta invocación- el ministro de Justicia, que estaba sentado hasta este momento aquí mismo. El ministro de Justicia sabe por qué la Ley de Tasas debe ser recurrida. No lo argumenta; argumenta lo contrario, argumenta la pertinencia de la regulación ahí contenida. Pero usted sabe que la Ley de Tasas tiene muchos problemas y pervierte el propio concepto de la tasa, que tiene una vinculación a la contraprestación a una persona de un servicio concreto y que no puede ser utilizada para la financiación en este caso del servicio de justicia gratuita, que es una derivación que la propia tasa, el propio concepto de tasa impide, prohíbe. La tasa es la compensación que un ciudadano hace por la prestación, por parte de las administraciones públicas, de un servicio que le afecta o que le beneficia directamente; hay una bilateralidad entre el beneficiario de la tasa y el abono o la exacción de la tasa. Entre otras cosas, le comento esto, y luego tenemos la brutalidad que representa el incremento de las tasas. Un 167 % se han incrementado algunas tasas judiciales. Piénseselo bien. No solo aquí podría demostrar fehacientemente su desvinculación, su independencia del Partido Popular y del partido gobernante, sino que haría una gran aportación al buen funcionamiento, al mejor funcionamiento del servicio público de la justicia.

Estamos hablando de un derecho fundamental, cuyo contenido esencial usted conoce perfectamente. El artículo 24 de la Constitución prevé el derecho a la tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos, derecho a la tutela judicial efectiva que se ve limitado -y afortunadamente ha vuelto el señor ministro a tiempo para escuchar la parte final de mi intervención- por la exigencia de contraprestaciones económicas que pueden impedir el ejercicio o el acceso para recabar el amparo de los órganos judiciales por parte de muchos ciudadanos solo por razones económicas. Piense si esto merita una reflexión por su parte y la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional esta ley. Esta es la primera cuestión.

La segunda que usted ha citado es la de violencia de género. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa en este Congreso de los Diputados. Hubo dos debates el martes pasado sobre esta materia. La directora general de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud ha manifestado algo que es verdaderamente dramático y dimensiona el carácter lacerante, brutal del fenómeno de la violencia de género. Ha comentado la señora Marlene Temmerman, la directora de Salud Reproductiva de la OMS, como le digo, que de cada tres mujeres que mueren una es asesinada por su pareja. Este es un problema, una cuestión no baladí y de una dimensión brutal, dramática. Le pido énfasis y actuaciones contundentes en esta materia por la vía de las recomendaciones, por la vía de los informes, por la vía de propuestas de reformas legislativas que nos podría enviar y donde podríamos intentar mejorar un ordenamiento jurídico que al ser tan de aluvión, tan desordenado, en donde hay que interaccionar, interpretar conjuntamente normas de naturaleza jurídico-penal con normas asistenciales, con normas reparadoras, con normas sanitarias, es muy difícil encontrar el punto de eficacia, el punto virtuoso donde la represión de esta patología se puede realizar eficientemente.

La tortura, un tema en el que se ha detenido el señor Urbina con prolijidad, es una cuestión también recurrente. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Usted se ha convertido en este momento en la titular del mecanismo de prevención sobre la tortura. Se ha detenido muy poco en la reflexión de esta patología, que es una atrofia democrática y constituye un delito el ejercicio de actos de tortura o de tratos degradantes, que está muy vinculada a la legislación terrorista todavía vigente en el Estado español, según la cual un detenido puede ser incomunicado durante cinco días, configurando espacios de verdadera opacidad que posibilitan torturas y tratos degradantes.


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Los dos últimos relatores de las Naciones Unidas que han visitado el Estado español le han denunciado por no hacer lo suficiente, tanto desde una perspectiva normativa como de tutela y vigilancia de la situaciones de detención en los casos de aplicación de la legislación antiterrorista, pero también en otros ámbitos, en las propias prisiones o en los centros de internamiento de extranjeros, en la prevención de los malos tratos, torturas y tratos degradantes. Le agradecería que se tomara en serio este tema. No puede ser que no se consigne prácticamente nada en el informe de su predecesora en el cargo cuando los relatores de las Naciones Unidas, que hay que presumir que emiten dictámenes neutros, están denunciando un volumen no irrelevante de prácticas de torturas muy vinculadas a esta legislación antiterrorista, en la que los periodos de incomunicación de cinco días constituyen un espacio de opacidad donde cualquier práctica de esta naturaleza se puede realizar. Desde la Audiencia Nacional se han hecho recomendaciones sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros de internamiento y de detención y solo en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han instalado. No sería mala una recomendación de estas características por su parte.

Señor presidente, se me va acabando el tiempo y además nos estamos demorando quizás en exceso para ser su presentación prácticamente. Tendría que ser casi una relación de carácter preambular, de salutación o de deseo de suerte lo que tendríamos que realizar, y estamos ya profundizando más de lo razonable en materias con relación a la coherencia con el trámite.

Usted ha hablado mucho de las víctimas. Con relación a las víctimas, yo le pediría que acepte la herencia y las recomendaciones de su antecesora a beneficio de inventario absolutamente, porque ella fue mucho más allá de lo que en materia de protección, reparación, indemnización, justicia, no olvido, consideración y respeto a las víctimas del terrorismo prevé la propia Ley 29/2011, que usted ha citado. Ha ido más allá, porque reconoce cuestiones terriblemente polémicas que la propia ley y las leyes procesales existentes y vigentes en la actualidad, particularmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria, no prevén. Su predecesora en el cargo recomienda la incorporación como parte, en los procedimientos en los que se esté juzgando a un terrorista, de las víctimas de los delitos cometidos contra ellos por ese terrorista. Esto es una extravagancia que no está prevista en ninguna ley procesal de ningún país del mundo. Por favor, no convalide recomendaciones de esta naturaleza. Coloca en una posición privilegiada a las víctimas en materia de aplicación de los mecanismos que prevé la Ley General Penitenciaria para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios, desapoderando de alguna forma a las juntas de tratamiento, las que evalúan si un preso, una persona privada de libertad, debe progresar en el ámbito de su grado penitenciario, si debe obtener beneficios penitenciarios o no. Invoca la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, cuando el derecho internacional público vincula esa imprescriptibilidad exclusivamente a los delitos de lesa humanidad, a los delitos contra la humanidad, y aunque son graves...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que acabe, porque quince minutos me parecen suficientes.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con estas palabras, que iban a ser originariamente de salutación a la nueva Defensora del Pueblo.

La imprescriptibilidad ya se incorporó en la última reforma del Código Penal convirtiendo delitos ordinarios, tipificados como muy graves pero ordinarios al fin y al cabo, en delitos contra la humanidad.

Con relación a las víctimas -y de verdad que con esto acabo-, la posibilidad de que víctimas que se hayan tenido que exiliar -entrecomillada la expresión- puedan votar en elecciones en su lugar de origen tiene mucho que ver, porque es una propuesta que formuló el Partido Popular, que luego fue acogida por asociaciones de víctimas, para desfigurar la voluntad popular que se manifestó en las últimas elecciones vascas. Eso tiene que ver porque es una recomendación -y perdone que me dirija a usted personalmente- que está en el informe. Esta es una pretensión del Partido Popular en Euskadi para desfigurar la voluntad en los comicios electorales vascos en las últimas elecciones. Afortunadamente, el propio partido...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, hay quince minutos por grupo, y me parece muchísimo. Usted ya ha consumido los quince minutos. Le ruego que acabe.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con este trámite de salutación y le deseo mucha suerte a la nueva Defensora del Pueblo.

Muy amable, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, señora Defensora del Pueblo, a pesar de este procedimiento ciertamente extravagante y un poco pintoresco y de la molestia cervical que conlleva, voy a tratar de entablar un diálogo con usted, porque ese es el sentido que tiene que usted, como ha hecho, nos presente este informe y que nosotros demos nuestra valoración y opinión sobre el mismo y sobre su intervención. Celebramos las promesas de transparencia que ha hecho respecto a la web y a la institución. Confiamos en que esa transparencia se aplique también al precio que cueste actualizar la propia web y que sea al menos algo más barata de lo que lo ha sido la web del Senado.

En este trámite singular nos presenta casi en el mes de diciembre el informe del año pasado, lo cual ya habla de una anomalía que se debería corregir, y es acelerar la presentación del informe, agilizarlo, para garantizar así una mayor eficacia, puesto que en los tiempos que vivimos las cosas cambian muy rápidamente -por desgracia, suelen empeorar muy rápidamente-, por lo que la rapidez a la hora de realizar este tipo de trámites parlamentarios mejoraría mucho todos los procedimientos.

Consideramos que la institución que usted dirige es de vital importancia. Lo es en cuanto a los informes que realiza, como el que hoy nos ha presentado y otros específicos sobre determinados asuntos. Son informes de gran calidad jurídica y técnica, que nos son muy útiles para muchos asuntos. También son informes que revelan una calidad humana y una sensibilidad que se pueden encontrar en esa institución y que también hemos encontrado en su intervención. Además de estos informes, sugerencias, recomendaciones y resoluciones que contiene el informe, además de exponer todo eso con la cordialidad que usted lo ha hecho, echamos en falta algo más de energía. Usted es la Defensora del Pueblo y sobre todo quien defiende eso tan importante y gigantesco que es el pueblo, y creemos que requiere algo más de beligerancia. Según dice el artículo 54 de la Constitución española, usted es comisionada por estas Cortes Generales para defender los derechos fundamentales. Por tanto, lo que esperamos de usted es que venga a contarnos las quejas, como ha hecho, que exponga las recomendaciones que considere oportunas, que están en el informe, pero hubiera agradecido una mayor prolijidad a la hora de explicarlas aquí e incluso que nos tire de las solapas en aquellas recomendaciones que año tras año incumplimos en esta institución. Y cuando acuda usted a otras instituciones, debe agarrar de las solapas a los representantes de esas instituciones que no lo cumplen. Usted misma ha hablado de la dificultad que tiene en su institución para garantizar su cumplimiento una vez que se aceptan sus recomendaciones. Pero si no se garantiza su cumplimiento, todo el trabajo previo queda desarmado y desarbolado y, al final, puede acabar por ser poco eficaz.

Ha dicho usted una frase que me ha parecido particularmente relevante y una muestra de esa sensibilidad de la que le hablaba. Ha dicho usted que es una persona atenta a lo que pasa. Nos ha explicado sus visitas a las cárceles, cosa que celebro. Dice el filósofo Fernando Savater que la calidad de una democracia se ve en sus cárceles y en sus escuelas. Le invito también a que visite escuelas y que lo haga a la hora de comer, cuando muchos escolares van con el táper porque no pueden ni siquiera pagar el comedor. En esas escuelas se están empezando a dar casos de desnutrición infantil y lo han denunciado algunas organizaciones como Cruz Roja. Así, el año que viene tendremos su informe sobre cómo las políticas y los recortes del Gobierno están dañando seriamente nuestra educación y, por tanto, nuestra democracia de acuerdo con la lógica de Fernando Savater.

Señora Defensora, me quiero centrar sobre todo en un aspecto, porque sabemos que estos momentos son muy difíciles para el cumplimiento del déficit, pero sobre todo son momentos críticos para mucha de la gente a la que usted tiene que defender. Vemos a diario actuar a muchas instituciones en defensa de la austeridad y, sin embargo -y por desgracia-, no vemos una dedicación semejante a la hora de defender a los ciudadanos. Los ciudadanos lo perciben así. Los ciudadanos desconfían del Gobierno, rodean el Congreso y, por último, no podrán acceder a la justicia. Considerando los tres poderes del Estado, del uno desconfían, contra el otro protestan y directamente no van a poder acceder al tercero debido al brutal incremento que se produce en la última Ley de Tasas Judiciales. Ha mencionado usted que la mayor parte de las quejas que recibe son del ámbito de la justicia y no resulta muy difícil vaticinar que el año próximo esas quejas se multiplicarán en relación con las tasas judiciales. Estamos muy preocupados por estas medidas y también por el desapego de los ciudadanos hacia sus instituciones que se refleja en todos los


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estudios, encuestas y protestas en la calle. Nos esforzamos diariamente por acortar esa brecha, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer y usted sí, señora Becerril.

La ley le otorga legitimidad a usted para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Hoy le pido con toda la energía y toda la solemnidad de que soy capaz -y creo no equivocarme si digo que recojo el sentir de todos los grupos de esta Cámara, menos uno- que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Tasas. Ha hablado usted de las cartas y de las quejas que recibe en relación con el asunto de las preferentes. (La señora Lozano Domingo muestra una hoja de papel). Hoy mismo hemos recibido la última, que es esta que ha recibido nuestra portavoz. En ella, un matrimonio de jubilados nos dice literalmente: Si nos buscamos abogados, todo el dinero será para gastarlo en ellos, por lo que nos quedaremos sin nada. Esto se refiere a su defensa jurídica ante el asunto de las preferentes. Si a esos gastos ahora le sumamos lo que supone el incremento de las tasas judiciales, la indefensión será aún mayor. Esta ley priva de la protección de los tribunales a la clase media depauperada y que cada vez se va depauperando más por la crisis y que no va a poder ejercer derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. Provoca indefensión y tenemos razones jurídicas para pensar que ese recurso tiene sentido; por eso le pedimos que lo presente. La última sentencia -muy reciente- del 29 de octubre de este año del Tribunal Constitucional no en relación con esta Ley de Tasas, sino con otra anterior que afectaba solamente a empresas -pues las restantes personas jurídicas hasta ahora estaban exentas-, decía literalmente: Si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables, sí cabría considerarla como incompatible con el artículo 24.1 de la Constitución; es decir, el derecho a una tutela judicial efectiva.

Además de razones jurídicas hay razones políticas, fundamentalmente las que le he explicado. Todos los grupos de esta Cámara, y además de una manera bastante sonora -salvo el que sustenta al Gobierno-, manifestamos nuestra oposición a este incremento de las tasas. Hay razones de carácter profesional. No es casual que todos los colegios y asociaciones de abogados, jueces y fiscales hayan criticado duramente esta ley y se movilicen contra ella y creo que es particularmente digno de subrayarse que se movilizan no por lo suyo, no por una pérdida de sueldo o por la pérdida de un día de vacaciones, sino por lo de los demás, por algo tan elemental como el derecho a la justicia, el derecho a la tutela de los tribunales, que es un derecho fundamental de los ciudadanos. Hay razones sociales, puesto que se encuentran en plena indefensión quienes no puedan acceder por motivos económicos a los tribunales. Por último, hay razones democráticas, porque una democracia sin una justicia accesible no será digna de tal nombre.

Desde ningún punto de vista por lo tanto creemos que se puede pasar por alto el considerar este recurso al Constitucional. Yo le pido que, en consonancia con esa movilización de toda la sociedad contra estas tasas, se movilice usted también para que el año que viene cuando nos presente su informe no tenga que contarnos con resignación, con solo resignación, que ha recibido miles de quejas respecto a la subida de las tasas judiciales.

Muchas gracias, señora Becerril, por su intervención. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.

Señora Becerril, me va a permitir usted que no mire mucho hacia arriba porque, como decía la anterior portavoz, mis cervicales no están tan bien como las suyas y me va a ser un poquito más difícil.

Señorías, el informe que hoy nos ha traído la señora Becerril y que desde mi grupo agradecemos es un ligero -entre comillas- reflejo de la situación que la sociedad española sufre en este momento. Digo ligero porque los cambios que se han producido en nuestro país han sido de tal envergadura que estamos convencidos de que las reclamaciones o quejas dirigidas al organismo que usted preside han debido superar con creces las cifras que hoy se traen a nuestro conocimiento. Le voy a hacer aquí un pequeño inciso, señora Defensora. Ha hablado usted -además ha incidido bastante en ello- sobre una recomendación dirigida al Ministerio del Interior en cuanto a la identificación de la policía. Si usted me lo permite, nosotros le vamos a pedir también que haga una recomendación, que lo que tiene que hacer el ministerio es cumplir con la ley que ya lo especifica y que deje de incumplir la misma. Eso es lo que tiene que hacer el ministerio. Asimismo le pedimos que recomiende al ministerio que se tenga respeto hacia la


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libertad de expresión y que las represiones que sufren los ciudadanos y ciudadanas por manifestarse en la calle dejen de producirse, porque eso, señora Becerril, también es tortura.

En cualquier caso, lo que sí refleja este informe es que nos encontramos en un momento de tremenda debilidad social, donde las desigualdades se hacen cada vez más profundas y la ciudadanía se siente cada vez más indefensa. Señorías, cada vez son más las voces internas y externas que reconocen que las políticas de recortes que se están llevando a cabo inciden negativamente en la recuperación económica y en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. El informe que se nos presenta también, como no puede ser de otra manera, aunque, insisto, ligeramente, lo reconoce, porque, según se refleja en el informe, la mayoría de las peticiones y quejas que se han recibido han estado relacionadas con el área de economía y hacienda e incide especialmente en el tema de vivienda; usted lo ha manifestado aquí largamente, como no podía ser de otro modo. Son cada días más las familias que ven en peligro su vivienda al no poder pagar la hipoteca. Sobre este tema vamos a hacer la mayor parte de nuestra intervención, si bien no dejamos de constatar que los ciudadanos y las ciudadanas sufren cada día más -y se quejan cada día más- los recortes que se están produciendo en educación, en sanidad y en dependencia.

Permítame también aquí un inciso, señora Defensora. En violencia de género, recomendaciones, todas las que usted quiera, cuantas más mejor, pero, por favor, una muy importante al Gobierno: que deje de recortar en violencia de género porque, si no, por muchas recomendaciones que usted traiga, no haremos nada por combatir esta lacra que a todos, como se ha dicho anteriormente, nos preocupa y nos ocupa; y no solo en el tema del maltrato, sino también en el tema del acoso y en el de las condiciones laborales que sufren las mujeres.

En sanidad le pedimos exactamente lo mismo. Usted ha dicho que ha estado hablando con las comunidades autónomas y supongo que una de las comunidades autónomas con las que ha hablado es la Comunidad Autónoma de Madrid, donde las manifestaciones, la marea blanca de los sanitarios ante la posible privatización del sistema público es hoy día verdaderamente importante y alarmante. Lo mismo le decimos con dependencia, señora Defensora. De nuevo, recomendaciones ante la desprotección que numerosas familias en todas las comunidades autónomas están sintiendo al respecto. Y en educación, donde la brecha social cada día es mucho más importante. Y, por supuesto, en justicia, donde no me voy a extender porque ya han hablado largo y tendido los intervinientes anteriores.

Señoría, me ha llamado mucho la atención que en su comparecencia en la Comisión mixta dijera que muchas de las resoluciones emitidas por la anterior Defensora se hayan visto parcialmente reflejadas en algunas manifestaciones de colectivos, de entidades y de asociaciones. Me estoy refiriendo, como le decía anteriormente, a los temas de vivienda. Me va a permitir que le diga que no creo que los colectivos a los que usted se refiere hayan tenido oportunidad de conocer el mencionado informe. Más bien creo que la anterior Defensora conocía cuáles eran las preocupaciones de los ciudadanos y la necesidad de buscar soluciones a estos problemas, entre ellos, por supuesto, la dación en pago, cuestión, señora Becerril, que desde mi organización política y desde el Grupo de La Izquierda Plural se lleva demandando desde hace tiempo con escaso éxito. Precisamente hace unos instantes se ha hablado de esto -luego se llevará a votación- y lo que se recoge en ese real decreto poco o nada tiene que ver con el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas que sufren estos problemas. Precisamente hace unos instantes una persona de la PAH, la plataforma de ayuda contra los desahucios, está detenida en la Comisaría de Moratalaz. ¿Por qué? Por defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que van a ser desahuciados de sus viviendas. Ese es el problema con el que contamos hoy. Desgraciadamente, señora Defensora, han tenido que ocurrir lamentables sucesos, que ya todos conocemos, para que el Gobierno tomara esa débil decisión, esa débil propuesta que hoy nos ha traído aquí. Todo lo que ha traído el Gobierno hasta ahora es esa proposición terriblemente coja. Recomiéndeles usted que avancen y que vayan más allá. Debemos tener en cuenta que desde 2008 hasta la fecha se han producido en España más de 350.000 desahucios y en la mayoría de los casos hemos asistido, usted lo ha dicho, a situaciones verdaderamente escandalosas.

Mi compañero ha dicho, y lo reitero, que es urgente establecer medidas para paralizar en forma de moratoria los procedimientos de lanzamiento de la vivienda habitual, pero también lo es y con igual urgencia regular una serie de medidas que ayuden a desarrollar y a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda. Sé que usted lo va a hacer, señora Becerril, porque como esto supone una vulneración, una más, del artículo 47 de la Constitución y usted está por cumplir con la Constitución, seguramente hará todas las recomendaciones pertinentes para que se cumpla. Pero es que además es una vulneración de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y, además, es otra


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vulneración del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, suscrito por el Estado en 1947. Es decir, tiene usted argumentación suficiente para recomendar al Gobierno que tome las medidas que de verdad solucionen los problemas de las personas que están a punto de ser desahuciadas de sus viviendas.

Además, le digo -lo hago para que haga usted recomendación al respecto- que ahora mismo se va a aprobar también -ya está por aquí circulando- el proyecto de ley relacionado con alquileres, y ahí también los desahucios exprés se van a producir. Usted, señora Defensora, tiene que tener la valentía -sé que la va a tener- de recomendar al Gobierno que retire ese proyecto de ley, porque atenta directamente contra el derecho a la vivienda que se recoge en el artículo 47. Nosotros creemos que usted va a hacer todo ese tipo de cosas, que cuando usted presente su informe ahí lo podremos ver, porque desde luego presentar el informe de otro es mucho más complicado, mucho más complejo y a lo mejor por eso no ha tenido usted esa fuerza que se le ha exigido por parte de algún portavoz, que también nosotros le exigimos, pero que sobre todo, más allá de que se la exijamos los portavoces que estamos aquí, se la exige el pueblo al que usted tiene la obligación de defender. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señor presidente.

Señorías, Defensora, adjunto, creo que la primera consideración la ha hecho muy bien el diputado Olabarría. En este caso el informe, ya que viene de la Defensora anterior, no se presta a especial crítica o a un especial elogio ad hominem, en este caso ad feminam, ya que se corresponde a un periodo donde la Defensora era distinta, de manera que tanto críticas como elogios van destinados a la anterior Defensora.

En primer lugar, queríamos hablar de las actuaciones de oficio. Estas actuaciones han crecido bastante, en el caso de Cataluña el aumento es del 8,58 %. Nosotros no criticamos las actuaciones de oficio de la Defensora, ya que en muchos casos, el caso de las cárceles, el caso de los centros de internamiento, estas han tenido sin duda un resultado más que eficiente. Nos preocupa en cambio el fuerte crecimiento de las actuaciones de oficio -repito, casi el 9 % en Cataluña- cuando la Defensora manifiesta su voluntad clara de que no piensa establecer ningún tipo de convenio con el Síndic de Greuges de Cataluña. Por decirlo de alguna manera, suena alarmante que se actúe de oficio un 9 % más en Cataluña y en cambio no se considere necesario de ninguna manera que haya un convenio con nuestro Síndic. Nosotros pedimos que esto exista, que haya un protocolo que regule este tipo de actuaciones en el territorio, siempre de acuerdo con el Síndic y a partir del sentido común y una buena relación que, por otra parte, nos consta que existe.

Tema lingüístico. El propio informe dice que solo ha habido veinte casos -más de la mitad en Cataluña, señala, de lo cual deducimos que deben ser once, ya que no hay mayor concreción- y después de esto dice que la mayoría no están documentados, la mayoría no están justificados y que por tanto no parece que este sea un problema importante a subrayar. A continuación de la línea y media en que se hace esta consideración, se dedican ocho hojas íntegras, ocho hojas, repito, casi tantas como quejas, a reflexionar sobre el tema. No parece demasiado razonable que se reflexione sobre un tema que se dice que no es un problema empleando ocho hojas, caso por caso. No entendemos que si de verdad la primera línea es la que afecta y donde de verdad se considera que no es un problema en Cataluña, esto no deje de ser declarado, como ha sido en otros momentos de la anterior Defensora, casi como un problema nacional. Cinco, cuatro casos -los que pueden estar documentados- son perfectamente asumibles y muchos más también lo serían por el sistema de ensenyament de Cataluña para que sean tratados de forma individual. Ya lo hemos arreglado incluso con el tema del personal pasavolante y en muchos casos del personal militar. Por tanto, se trata de un problema más del que hizo bandera la anterior Defensora y que nosotros creemos que tendría que caer de la agenda de la actual.

En el tema de las banderas, ídem que el anterior. Se dice en media línea que no es competencia de la Defensora y, a continuación, se dedican diez hojas a comentar el tema. En la intervención en Comisión la Defensora me dijo que este era un tema claro. Discrepo. No es en absoluto un tema claro. Es más, hay una ley de nivel estatal que dice que todos los edificios oficiales civiles están obligados a tener la bandera de las comunidades autónomas. Hay un informe de los juristas del Estado que dice que en cuanto a la bandera española se podría tener una interpretación más relajada de la ley, la que indica el sentido común y la que tiene tradición en Cataluña. Además, y a eso quiero referirme muy en concreto, lo que hay son dos leyes orgánicas, los dos estatutos de autonomía de Cataluña, que lo dicen de una manera muy clara,


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tanto el primero como el segundo, después de ser, según expresión de un insigne diputado, debidamente cepillado, y según declaración de una insigne periodista, castrado químicamente. Aun así nuestro Estatuto actual de Autonomía dice bien claro que todos los edificios oficiales, en este caso no se dice civiles, oficiales, deben de tener la bandera catalana. Señora Defensora, le puedo garantizar que ni hoy, ni el año pasado, ni hace cinco años, ni hace diez, ni hace veinte, la Capitanía General de Barcelona ha tenido nunca en su fachada la bandera catalana, como tampoco la ha tenido ninguno de los edificios militares en Cataluña.

Uno tiende a pensar que la ley tendría que ser igual para todos y estamos hablando de una ley orgánica. Luego nos encontramos con que un alcalde recibe una citación o recibe una amable carta indicándole cómo tiene que poner la bandera en su ayuntamiento. Imagínese a ese mismo alcalde que sale con la familia a dar una vuelta por Barcelona y ve el edificio de Capitanía General donde, a pesar de la ley, no está la bandera catalana. Imagínese su actitud cuando ve que la ley se aplica -según expresión de alguien mucho más importante que yo-, sean galgos o podencos. Puede usted comprender que por su indignación quizás el alcalde tenga una reacción que usted pueda considerar impropia, como es la de no volver a colocar la bandera.

Esto empieza a ser normal. Las leyes se aplican según el interés de quien las aplique. Hace poco, el diputado Carles Campuzano hizo leer por parte de los juristas de esta Cámara una sentencia que era clarísima en relación al 0,7 % del IRPF que tenía que ir a las comunidades autónomas, una sentencia, repito, clarísima que se leyó aquí. Y luego entre risitas, al cabo de apenas dos minutos, el grupo de la mayoría aplastó literalmente con sus votos la interpretación del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica la Constitución cuando interesa. Cuando no interesa, no se aplica. Que se aplican las leyes cuando interesa y cuando no interesa no se aplican. Que a veces parece que la Constitución no se ha leído más allá de su artículo 2. Es un problema que tendría que solucionar la ley, porque la ley, Defensora, es igual para todos. Imagínese un grupo de personas que están jugando al póquer y, de repente, uno de los jugadores ve que con la mano que tiene no va a ganar, y le dice a los otros: juguemos al mus, y los otros aceptan. Viene la otra mano y ve que la partida de mus con aquella mano no la va a ganar, y dice: pues juguemos al póquer, y los otros aceptan. Y la siguiente mano le viene otra vez bien para el póquer, y dice: volvemos a jugar al póquer. Lo que puede pasar, obviamente, en una situación como esta es que alguno de los jugadores se enfade, se levante y se vaya de la mesa, y en eso estamos en Cataluña, señora Defensora.

Muy brevemente quiero explicar una anécdota que considero sintomática y que ya salió en la Comisión. Es una anécdota, pero es fuertemente sintomática, repito. Estos son los carnés de vacunación de mi hija. (Muestra dos carnés). Usted dice en su informe -o en el informe de la anterior Defensora- que es un gran problema que haya diecisiete carnés de vacunaciones para las comunidades autónomas y que es un problema importante a solucionar. Pongo este ejemplo, pero hay seis o siete que podrían servir igual que los carnés de vacunaciones. Es un problema a solucionar, terrible. Pues bien, nosotros recibimos de China este carné de vacunación y nos dieron en Cataluña este otro. No sé si ese problema es tan terrible, porque si se coge el carné chino, es verdad que ellos escriben en vertical, pero te das cuenta al cabo de un minuto, es verdad que está subtitulado en inglés, pero como las vacunas suelen tener nombres griegos en todos los idiomas, se entiende perfectamente. Cuando cogemos el otro, más o menos dedicamos unos cinco minutos para dar coherencia del primero al segundo. Repito, alguien, supongo que con un elevado fervor patriótico, considera que tener diecisiete carnés de vacunación es un problema nacional grave que ofende su patriotismo. Es indicativo, porque ¿cómo va a entender la sociedad española un Estado plurinacional cuando es incapaz de aceptar que se hagan diecisiete carnés de vacunaciones distintas? ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo se va a entender la pluralidad del Estado?

Voy acabando. Está el tema de la tortura. No voy a hablar de él porque, de hecho, corresponde -como usted muy bien ha dicho- a un debate monográfico, pero sí quiero subrayar nuestra preocupación sobre el tema. Las denuncias en Cataluña -en contra de lo que podría esperarse- son el doble de las que hay en el País Vasco o de las que hay en Madrid. De eso tenemos que hablar en profundidad para saber exactamente qué significa, quizá nada grave necesariamente, pero seguro que es algo sobre lo que se debe intervenir.

Señoras y señores, señora Defensora, señor presidente, muchísimas gracias por su paciencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.


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La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, un año más estamos ante la presentación del informe del Defensor del Pueblo referido al año 2011, en este caso presentado por la señora Defensora, señora Becerril, presentación que le agradecemos y que realiza en esta Cámara por primera vez. Este informe -lo decíamos en la Comisión el otro día- es un instrumento, un documento que nos da una idea de manera minuciosa y prolija del estado de la sociedad española a lo largo de un año. Por lo tanto, es una buena radiografía de lo que ha pasado, pero también nos avanza lo que puede llegar a pasar en el futuro, la tendencia de una serie de acontecimientos.

Lo primero que queremos destacar es que muchas de las demandas individuales y colectivas que se presentaron en 2011 ya reflejan los efectos de la crisis económica sobre la población, pero da la impresión de que seguirán creciendo de manera exponencial a lo largo de 2012, en la misma medida en que los problemas de la ciudadanía son cada vez mayores y la respuesta de la Administración es cada vez menor, como indican los presupuestos de estos dos años en los que el objetivo de austeridad y de reducción del déficit público se impone por encima de cualquier otra consideración.

¿Cuáles han sido esas grandes preocupaciones? La señora Becerril nos ha dado una serie de pautas, nos ha destacado algunas y coincido básicamente en la misma prioridad que ella ha dado aquí. El funcionamiento del sistema judicial, con las dilaciones, los aplazamientos, las garantías, afecta a un gran número de ciudadanos y sobre todo a nosotros nos preocupan aquellos casos que tienen que ver con la violencia de género o con la tutela efectiva a los menores de edad. Otra fuente de recursos es el sistema penitenciario, todos lo conocemos, la sobreocupación de las cárceles sobre todo, los centros de internamiento de extranjeros, el sistema educativo en cuanto a la calidad de las instalaciones y el mantenimiento de las mismas por parte de algunas comunidades autónomas, junto a la insuficiencia de plazas en los ciclos de formación profesional, o las quejas relativas a la evaluación del rendimiento académico.

En los temas que afectan al sistema público de salud se detecta una creciente demanda para que se lleve a efecto una mayor coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, y el desempleo y el riesgo de exclusión social, las demoras en el reconocimiento de las prestaciones sociales han sido también objeto de quejas que yo creo que hay que destacar. También hay un amplio capítulo dedicado a los recursos que demandan un mejor funcionamiento de la Ley de Dependencia, en cuanto a las demoras para la valoración de los interesados, también muy centrado en algunas comunidades autónomas.

Por último, queremos destacar tres quejas que nos parecen de máxima actualidad en estos momentos. La primera es aquella que se refiere al control sobre la gestión de los recursos públicos, y estamos muy de acuerdo con el informe que a estos efectos hizo la Defensoría. La segunda se refiere a un tema que ya ha salido aquí a colación en el debate, que tiene que ver con las manifestaciones y la forma de abordarlas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En tercer lugar está la queja sobre los desahucios que dio lugar al estudio monográfico que la Defensora nos ha explicado aquí -que ya conocemos- referente a la crisis económica y deudores hipotecarios. Estas son las demandas, a grandes rasgos, de la ciudadanía en el año 2011.

En cuanto a las recomendaciones de 2010, que se fueron aplicando en 2011, tenemos que decir que en muchos casos han sido atendidas, y así lo refleja el informe, con textos legislativos como la reforma de la Ley de Extranjería y su reglamento, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, o el Decreto-ley de Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y las políticas activas de empleo. Hasta aquí lo que nos muestra el informe.

A partir de aquí han ocurrido cosas en este país. Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y las reformas legislativas de este año, a través sobre todo de los peligrosos reales decretos-leyes, nos trasladan a una nueva situación: el incremento de las quejas, que tendremos oportunidad de debatir en el futuro, porque la mezcla explosiva de recortes presupuestarios con recortes de derechos y la puesta en venta de muchos servicios públicos con nuevas tasas, sin duda, hará que esta institución, la Defensoría del Pueblo, adquiera un protagonismo mayor, convirtiéndose las quejas de 2011 prácticamente en utopías.

Queremos decir desde mi grupo que la pérdida de derechos que se produce ya en el corazón mismo del sistema que tiene que garantizarlos, es decir, el sistema judicial, con la nueva Ley de Tasas ataca directamente el principio de tutela judicial y produce situaciones de desamparo para defender derechos en el propio sistema que ha de garantizarlos, como así han expresado todos los operadores jurídicos y


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todos los grupos de esta Cámara menos el Grupo Popular. Si vamos al sistema educativo vemos que con el recorte sin precedentes de más de 5.600 millones que ha llevado a cabo un adelgazamiento del sistema público educativo y las nuevas pretensiones legislativas, se termina con el derecho de igualdad en el acceso a la educación, por tanto, vamos a un sistema generador de desigualdad, exactamente en la dirección contraria a lo recogido en este informe.

En la sanidad en un año se ha dado un giro radical. En octubre de 2011 se sellaban las últimas grietas en el carácter universal de nuestro sistema de salud, hecho destacado positivamente en el informe que hoy valoramos. Pues bien, las medidas aprobadas de copago, de repago y de expulsión del sistema de determinados colectivos no solo atacan los principios fundamentales de nuestro sistema público sanitario sino la propia eficacia del mismo, así como su desmantelamiento con las ansias privatizadoras de algunas comunidades autónomas, como lo que estamos viviendo estos días en Madrid. En cuanto al desempleo, no solo hay 700.000 parados más que en diciembre de 2011; hay mucha menos cobertura social, más pobreza y una peor atención a los desempleados. Se han desmantelado las políticas activas de empleo, se han eliminado 3.000 profesionales de la atención pública al desempleo, que lo hacían de manera personalizada. Pero, lo que es peor, la nueva contrarreforma laboral que facilita el despido, abarata los salarios y deja en desventaja a los trabajadores frente a los empresarios en la negociación colectiva, está generando una clase trabajadora que se ve expropiada de los derechos que hasta ahora amparaban las leyes y respecto a los que ya han recurrido también a la Defensoría del Pueblo. En materia de dependencia, las demandas de 2011 hoy se convierten en quimeras. Sencillamente la ley ya no existe; está en vigor pero no funciona, y los recortes y el mal funcionamiento de muchas comunidades autónomas han expulsado a miles de ciudadanos de ese sistema. En cuanto al análisis de la situación del sistema hipotecario, desde la última Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo celebrada el pasado 6 de noviembre, donde hacíamos un llamamiento al entendimiento y al consenso en esta Cámara con el Gobierno, hemos visto esta misma mañana que es imposible porque la decisión del Gobierno ha sido convertir en papel mojado el informe del Defensor del Pueblo del año 2011.

Señor presidente, señorías, en una sociedad en la que como consecuencia de las medidas del Gobierno los ciudadanos ven dificultado su acceso a derechos y servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la atención a la dependencia y van a tener más difícil el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos, el Defensor del Pueblo será el único recurso que les quede a los ciudadanos para dirigir sus quejas y demandas hacia la Administración sin un coste adicional, es decir, la institución del Defensor del Pueblo será el único recurso gratuito que le quede a la ciudadanía para dirigir sus quejas y demandas hacia la Administración. Es fácil concluir de esta forma que se verán incrementadas las demandas al Defensor del Pueblo, y que no se entere el Gobierno, porque entonces nos pondrá una tasa por queja para recaudar o directamente pretenderá externalizar el servicio si ve negocio detrás. Esas son las preocupaciones que queremos trasladar desde el Grupo Parlamentario Socialista a raíz de este informe hoy en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Monteserín.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bertomeu.

El señor BERTOMEU BERTOMEU: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular a la Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril, y a sus adjuntos por el informe que nos presentan en el día de hoy y por su presencia por primera vez desde su toma de posesión en esta Cámara en la que siempre serán bien recibidos. Además, señora Becerril, tal y como usted nos indicó en la comparecencia para la presentación de su candidatura, se siente en su casa por haber formado parte de la Legislatura constituyente, otras cinco legislaturas en el Congreso y una en el Senado. No fueron momentos fáciles, tal como nos indicó, no fue fácil defender en aquellos tiempos las libertades y el pensamiento liberal, como tampoco fue fácil el momento en que usted era secretaria de la Mesa del Congreso y vivió la amenaza del 11-M que puso en peligro la democracia. Nos indicó en su comparecencia sus inquietudes, compromisos, lealtades y los problemas más graves que vivía la relación con la institución del Defensor del Pueblo, indicándonos desde aquel momento cómo creía que se debería trabajar, defendiendo y protegiendo al ciudadano ante las administraciones, clarificando el ante e indicando su negativa al adverbio frente. Como usted sabe, compartimos y valoramos que no exista una dialéctica de enfrentamiento sino que debe haber exigencia de cumplimiento por parte de las administraciones hacia quejas y demandas de los ciudadanos.


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Señora Defensora del Pueblo, nos presenta usted un informe correspondiente al ejercicio 2011, que no corresponde a su mandato sino al de su predecesora, doña María Luisa Cava de Llano, a la cual desde el Grupo Parlamentario Popular queremos agradecerle su gran labor a lo largo de los dos años que asumió la función como Defensora del Pueblo. En este informe, señora Becerril, nos presenta una visión muy real de parte de las grandes inquietudes y de las grandes preocupaciones reflejadas a través del contacto directo con los ciudadanos. El total de expedientes en 2011 de 24.381 entre individuales, colectivos y de oficio, demuestra el trabajo que se lleva a cabo desde esta institución en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la aceptación del 70,8 % de las resoluciones tramitadas y del 70 % de aceptación de las sugerencias avalan la efectividad de las gestiones y en general demuestran la disponibilidad a la colaboración por parte de las administraciones públicas.

Uno de los sentimientos a destacar en este informe es la concienciación que se percibe claramente en referencia a la crisis económica y financiera, indicando el alarmante aumento del año 2009 al 2010 del número de personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, cifra superior a los 11 millones de afectados, un dato preocupante y que en el ejercicio 2011 alcanza el 25 % de la población española en estas circunstancias. El informe refleja la realidad de las políticas llevadas a cabo en el pasado, que no se tomaron las medidas oportunas para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y que, por el contrario, en la mayoría de los casos esa realidad era negada. Si bien en las últimas horas y después de los años corre por las redes un vídeo de un grupo de militantes socialistas pidiendo perdón. Pero mientras hemos visto cómo se producía una brutal destrucción desempleo y de personas que caían en la pobreza y la exclusión social. Estas circunstancias se han visto agravadas con el paso del tiempo, generando un grave problema en las familias que se ven indefensas ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las hipotecas y ven cómo se producen desahucios de sus viviendas.

Somos conscientes de que la situación es complicada y de que no tiene un tratamiento fácil en el ordenamiento jurídico. No obstante, como usted ya conoce, el Gobierno a lo largo de 2012 ha adoptado una serie de medidas encaminadas a afrontar el daño social más urgente. Así, en marzo aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos, y recientemente ha aprobado el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, real decreto que en unos minutos procederemos a su convalidación en esta Cámara, cuyo objetivo es paralizar de forma urgente los desahucios de las familias más vulnerables, de las familias que están padeciendo las consecuencias de la crisis y que tendrían que entregar su vivienda, dando un respiro a las mismas. En principio, con estas medidas que deben preservar la seguridad jurídica, se da un primer paso para posteriormente tramitar un proyecto de ley en el que desde el Grupo Parlamentario Popular tendemos la mano al resto de grupos parlamentarios para que aporten las propuestas oportunas y entre todos podamos resolver ese problema que afecta a muchas familias españolas.

Por lo que se refiere a las quejas presentadas por las empresas por impago de las administraciones públicas, esperamos que las medidas tomadas por el Gobierno con las correspondientes transferencias a los ayuntamientos y comunidades autónomas, que solicitaron los fondos correspondientes con el fin de pagar a estos proveedores, subsanen esas quejas y queden reducidas o extinguidas en el presente ejercicio 2012. Tal como usted nos indica, los ayuntamientos lo están pasando muy mal, pero peor lo estaban pasando los ciudadanos que no cobraban.

En materia de seguridad y justicia nos hace una especial referencia a los juzgados de violencia de género, indicándonos la insuficiencia de casas de acogida para mujeres víctimas de esta violencia. El Gobierno está tomando medidas en materia de violencia de género. El pasado martes aprobamos una proposición no de ley sobre elaboración de una cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia social, con el fin de conseguir la máxima coordinación entre todas las administraciones y entre todos los agentes que tienen algo que decir en materia de violencia de género. El objetivo es que el Gobierno asuma en su tarea de coordinación esta cartera de servicios mínimos en que se exigen determinados tipos de servicios, y que también existiese una garantía de su calidad, y al mismo tiempo prestar esta atención a los menores que pertenezcan a la unidad familiar y que, por lo tanto, provienen de madre de víctima de violencia de género.

Usted, señora Becerril, nos indica que la protección a menores ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para esta institución, pero por mi parte y en el tema de los niños, señora Becerril, creo necesario reforzar el control y seguimiento de los hijos de las mujeres maltratadas. Como usted sabe, a estos niños se les considera meros testigos, pero la realidad es que la violencia también causa estragos en ellos, y actualmente solo alrededor de un 4 % de los hijos de mujeres maltratadas reciben atención. A la pregunta de: ¿Desde qué


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edad un niño es consciente de que en su casa hay malos tratos y desde cuándo le afectan? La respuesta es: siempre. La violencia tiene repercusiones desde el embarazo porque el estado anímico de la madre que no está protegida, que tiene miedo, afecta al feto. En resumen, que no son simples testigos, sino también son víctimas. Por tanto, el problema es que no hemos avanzado igual en materia y atención a las mujeres maltratadas que por lo que se refiere a sus hijos, y no se trata de un tema menor. Solo en Cataluña, por poner un ejemplo, se calcula que hay entre 25.000 y 30.000 niños que sufren esta situación de cada año.

Las consecuencias de esta violencia, que en muchos casos se prolonga durante años, son múltiples, tanto físicas como emocionales, afectando a su desarrollo, autoestima y produciéndoles depresión y dificultad para expresar sus emociones. Por ello, quiero manifestarle que desde el Grupo Popular tenemos la clara voluntad de continuar trabajando en la puesta en marcha de medidas encaminadas a ayudar a los hijos de las mujeres maltratadas. Así, en mayo de este mismo año presentamos en el seno de la Comisión de Igualdad una proposición no de ley que fue aprobada, la cual solicitaba que los menores expuestos a situaciones de violencia de género sean tenidos en cuenta en todas las iniciativas que lleva a cabo en este ámbito. En este sentido, la ministra de Sanidad, Servicio Social e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que los hijos e hijas de mujeres que hayan sufrido violencia de género sean considerados víctimas de la violencia, y que reciban un tratamiento individualizado que se incluirá en la cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia social.

En materia de víctimas del terrorismo compartimos plenamente su opinión sobre la importancia de continuar avanzando, desde la colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas en la puesta en práctica de medidas encaminadas a dar mayor protección a quienes han sido víctimas de las acciones terroristas. Por ello, queremos poner en valor el proyecto del Ministerio de Justicia de elaborar el estatuto de la víctima, cuyo objeto es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta jurídica y social con el fin de lograr una mejor atención e información a las víctimas. Y en consonancia con el desarrollo del estatuto de la víctima se ha elaborado también por parte del Ministerio de Justicia una oficina virtual que permitirá a la víctima de terrorismo obtener información telemática del Estado de sus procedimientos judiciales, sobre el cumplimiento de las penas impuestas, así como solicitar la asistencia que percibe; medida que valoramos positivamente porque dará respuesta a una de las recomendaciones planteadas por la institución a la que usted representa, como era la necesidad por parte de las víctimas de estar informadas de los procedimientos judiciales.

Señora Defensora del Pueblo, permítame felicitarle por sus gestiones llevadas a cabo desde la toma de posesión en referencia a la reducción del presupuesto en un 2,7 %, un presupuesto de 14 millones de euros que no permite grandes reducciones, pero sí es indicativo y muestra de la política a seguir en las diferentes administraciones. Usted ha reducido coches oficiales, ha acabado con las dietas, ha reducido los viajes al extranjero, ha acabado con los gastos de protocolo. En fin, es un gesto muy importante para indicar cómo se debe gestionar el dinero público. También le manifiesto nuestro apoyo a sus palabras cuando dice sentirse la Defensora de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, origen, circunstancias, etcétera. Es lógica su colaboración con los defensores del pueblo de cada comunidad autónoma, pero cada uno tiene su campo de competencia en estas materias, incluso en el caso de que no existan convenios de colaboración. Del mismo modo sería conveniente pedir austeridad en los presupuestos de cada comunidad autónoma. No es lógico que el coste de una queja en algunas comunidades sea prácticamente el doble de las que tramitan ustedes. Lo lógico es que las medidas de austeridad que han tomado ustedes se apliquen al resto de defensores autonómicos.

Con referencia a la acusación de dedicar ocho o diez hojas a hablar del tema de las banderas, le diría que lo que es perder el tiempo es que el conseller que tiene la obligación de hacer cumplir la ley y respetar la Constitución en vez de pedir la dimisión de la delegada del Gobierno debería exigir el cumplimiento de la ley a los ayuntamientos, algunos de ellos presididos por alcaldes de su mismo partido. En Cataluña somos muchos los ciudadanos que queremos ver en las instituciones la bandera española. Eso quedó demostrado el pasado domingo con el apoyo a las políticas del Partido Popular defendidas por nuestra presidenta, Alicia Sánchez Camacho, a la que aprovecho para felicitar por sus esfuerzos y aciertos en defensa de Cataluña. (Aplausos).

Señora Defensora del Pueblo, para finalizar le manifiesto que desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos el informe de 2011 y seguiremos apoyando el trabajo de la Defensora del Pueblo, que sin duda va a redundar en beneficio de todos los españoles.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertomeu.


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ACUERDOS RELATIVOS A SUBCOMISIONES:

- PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES. (Número de expediente 154/000002).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con un acuerdo relativo a las subcomisiones. Se prorroga el plazo otorgado a la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

Queda acordado.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL SOBRE ACTUACIONES EN DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA AVANZADA Y DE UN PARLAMENTO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. (Número de expediente 173/000050).

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.

Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural sobre actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un parlamento al servicio de la ciudadanía. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 322; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, ELIMINANDO IMPUTADOS DE LAS LISTAS ELECTORALES, EVITANDO QUE PUEDAN PERMANECER EN SUS CARGOS EN EL CASO DE SER FORMALMENTE ACUSADOS Y DEROGANDO LOS PRIVILEGIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 173/000051).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de UPyD sobre las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus cargos en el caso de ser formalmente acusados y derogando los privilegios de los partidos políticos en el Código Penal.

Se vota en los términos resultantes de una enmienda transaccional que tienen todos los grupos con la enmienda del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 303; en contra, 17; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2013. (Número de expediente 173/000052).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, para conocer la posición del ministro de Economía y Competitividad acerca de las previsiones de la economía española para 2013. Se vota en sus propios términos, pero tiene cuatro puntos y vamos a votar cada punto por separado.


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Punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 151; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 130; en contra, 184; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 108; en contra, 182; abstenciones, 42.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalmente, punto número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 141; en contra, 182; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. (Número de expediente 130/000028).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 185; en contra, 146; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO). (Número de expediente 121/000011).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo).

En primer lugar, votamos la enmienda al artículo primero.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 182; en contra, 123; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al apartado tres del artículo tercero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 183; en contra, 120; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda por la que se crea un apartado trece (nuevo) en el artículo tercero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 185; en contra, 120; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Antes de proceder a la siguiente votación, que será la última, quiero advertir a los señores diputados de que a continuación habrá otro Pleno. Antes de ese Pleno se reunirá la Mesa para resolver algunos temas procedimentales. Por tanto, no será inmediato, pero en cuanto la Mesa termine su deliberación comenzará el Pleno. Esto supone que va a ser muy pronto, pero no inmediato. Recomiendo a los que quieran estar en el Pleno que no se alejen de los pasillos.

Dicho esto vamos con la última votación. Enmienda por la que se crea un artículo quinto (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 319; en contra, 1; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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