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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 15/11/2012
cve: DSCD-10-PL-74
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 74
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 70
celebrada el jueves
15 de noviembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 17-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000017) ... (Página4)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 22-1, de 14 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000022) ... (Página15)

- Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 30-1, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente 121/000030) ... (Página30)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Votación de conjunto ... (Página59)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página59)

Avocación por el Pleno ... (Página59)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000001) ... (Página59)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página4)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia, lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ... (Página4)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página15)

Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama ... (Página15)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en nombre del Gobierno.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora Narbona Ruiz pide la palabra por alusiones, que le es concedida.

Contesta la señora De Lara Carbó.

Interviene el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Interviene de nuevo la señora Narbona Ruiz.

Cierra el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página30)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), en nombre del Gobierno.


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En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Contesta el señor ministro de Justicia.

Replican los señores Tardà i Coma, Llamazares Trigo y Muñoz González.

Cierra el debate el señor ministro de Justicia.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, así como el texto del dictamen.

Votación de conjunto ... (Página59)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 182 votos a favor, 120 en contra y 21 abstenciones.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página59)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, se rechazan por 115 votos a favor, 182 en contra y 24 abstenciones.

Avocación por el Pleno ... (Página59)

Solicitada su avocación por el Pleno, se rechaza por 133 votos a favor, 184 en contra y 5 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se rechazan por 124 a favor, 182 en contra y 16 abstenciones.

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página59)

Intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la elección de la señora diputada, no ha obtenido los votos necesarios para ser designada miembro de la Comisión de Secretos Oficiales.

Se levanta la sesión a las tres y veinticinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Como ven, en esta sesión plenaria se incluye el debate, votación y aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Por tanto, debe haber una votación final de ley orgánica y les anuncio que no será antes de las dos de la tarde. Votaremos todos los puntos, junto con este, pero la votación no será antes de las dos de la tarde.

Entramos en los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Para defender las enmiendas al proyecto, tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Intervengo exclusivamente para dar por defendidas las dos enmiendas que tenemos presentadas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, afrontamos una ley tan importante -dispense que a estas horas todavía algunos no estemos habituados, por el ciclo biológico, a intervenir-, tan relevante que conviene y es pertinente darle una oportunidad. La lucha contra el fraude fiscal objetivamente es un bien en sí mismo; la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social -pueden ser tipos delictivos o infracciones administrativas- es un bien en sí mismo, como lo es la lucha contra la perversión o la inadecuación en la percepción o la percepción irregular de las subvenciones de la Unión Europea. En mi grupo parlamentario hay algunas reservas, pero no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para realizar, señor ministro, una reflexión de naturaleza previa. Se me hace difícil comprender la actitud de un grupo proponente, de una enmienda muy concreta de UPyD, la enmienda número 61, que ustedes van a avalar. Este es un tema esencial desde la perspectiva de los requerimientos del principio democrático. Es un problema esencial desde los principios de la probidad democrática. Es un problema esencial desde la forma de comprender cómo concebimos los grupos aquí representados la democracia en sí misma. Mediante la utilización por el Grupo de UPyD y la aceptación por su parte de la enmienda 61 de dicho grupo se incurre en lo que podríamos calificar de una genuina atrofia democrática, señor ministro.

Mire, la extravagancia de la última reforma del Código Penal atribuyendo responsabilidad penal a las personas jurídicas -extravagancia que se les ocurrió a algunos y que causó gracia a algunos grupos parlamentarios, hasta el punto de que se incardinó en el Código Penal-, vulnerando ese principio clásico del derecho punitivo basado en el aforismo societas delinquere non potest, los delitos solo pueden ser cometidos por personas físicas, por los que incurren en un injusto penal concreto, esa gracia, señor ministro, señorías, se ha convertido al final en la posibilidad de la extensión a los partidos políticos y de la extensión a los sindicatos de las responsabilidades atinentes a los delitos cometidos por sus militantes o por sus asociados. Este es el problema, señor ministro, un problema que a usted incluso le debería preocupar desde una perspectiva muy particular, porque ustedes no carecen de imputados y procesados dentro de las filas de su propio partido. Pero no es esa la perspectiva que me preocupa, a mí me preocupa cómo velar por el principio, por el buen juego y la buena configuración del principio democrático en esta Cámara. La extensión al partido en su conjunto de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por alguno de sus militantes o a los sindicatos de la responsabilidad por los delitos cometidos por algunos de sus afiliados, señor ministro, constituye una atrofia democrática, populismo legislativo, populismo punitivo; peligroso populismo negativo, porque eso desapega de nuevo a la sociedad de los partidos políticos y del orden institucional en su conjunto.


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Cuando se incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador penal en aquel momento se refería a personas jurídicas configuradas para la comisión de delitos. Señor ministro, le voy a decir que mi partido no está configurado para la comisión de delitos y que yo me honro y me enorgullezco de pertenecer a un partido político con ciento diecisiete años de existencia que no nació para la comisión de delitos y al que por extensión no se le pueden atribuir responsabilidades jurídico-políticas de eventuales delitos cometidos por algunos de sus militantes, entre otras porque no las comete; mi partido ha demostrado históricamente una probidad manifiesta en este ámbito. Pero es que con estas cosas, con estos juegos populistas, logramos una perversión democrática más grave, señor ministro. Me da pena que una reflexión de esta naturaleza -no porque sea brillante lo que estoy diciendo, sino porque el discurso que estamos articulando es relevante- no sea objeto de atención o se ubique en esta Cámara en un momento del debate en el que la astenia de los diputados todavía no tiene la suficiente intensidad como para recoger lo que quiero denunciar mediante la aceptación por su grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Popular, de esta enmienda. Esto provoca desapego a los partidos políticos, a las instituciones; este populismo es indigno de un partido serio y coherente como el suyo. Esta proposición provoca, en el ámbito de la filosofía, nihilismo, y el nihilismo es peligroso porque usted sabe, señor ministro, que el nihilismo puede ser de derechas, que son aquellos que en el ámbito de los desahucios dicen, por ejemplo, que no hay dinero para los desahuciados pero sí hay dinero para los extranjeros, sí hay dinero para determinadas etnias o sí hay dinero para las familias conflictivas; o el nihilismo puede ser de izquierdas, que son aquellos que afirman que los políticos y los partidos políticos no servimos para resolver ningún problema. Si a usted le gusta esta fórmula, me parece muy bien, pero me sorprende que otros partidos la puedan compartir, porque eso es la negación del sistema democrático que la propia Constitución española ha configurado, y se entra en un derrotero de populismo o de negacionismo de las fórmulas de concebir la democracia representativa sobre cuyos resultados el tiempo nos ilustrará. Y ya lo creo que nos va a ilustrar, señor ministro, cada día nos va ilustrando más, y dentro de poco nos va a ilustrar mucho y nos va a ilustrar bien, y algún día ustedes se arrepentirán de haber incurrido en el populismo que otros partidos políticos -ocasional, esporádicamente o con mucha recurrencia- practican en esta Cámara. Yo pensaba mucho mejor de ustedes desde esa perspectiva.

Dicho esto, en cuanto a las enmiendas que mi grupo todavía mantiene vivas en relación con este proyecto de ley, quiero decirle que la no configuración de los delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y el fraude en las subvenciones de la Unión Europea como excusa absolutoria provoca que en el artículo 305 hayan tenido que incorporar al injusto penal, a la tipificación del tipo penal, la regularización como fórmula de exoneración. Si, como nosotros les sugerimos, esto se hubiera configurado como una excusa absolutoria, no hubiera hecho falta incorporar la regulación al injusto penal como elemento de exoneración de responsabilidad.

En segundo lugar, con relación a los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, usted sabe que hay un informe crítico del Consejo General del Poder Judicial donde nos advierte de la posibilidad de incurrir en un problema de prejudicialidad penal con respecto a la posibilidad del cobro que se articula en el proyecto de ley, al margen del fin o de lo que ocurra con la sentencia que finaliza el proceso penal en curso. No me parece mal ni creo que se incurra en un problema de prejudicialidad o se contradiga la prejudicialidad penal porque el cobro es un acto administrativo anterior incluso a la actuación administrativa que la prejudicialidad evitaría cuando se incoa un procedimiento de naturaleza penal. Me parece bien que el cobro y la lucha contra el defraudador mediante el cobro no sea algo contradictorio con la prejudicialidad sobre la que nos advierte el Código Penal, y en este caso, por tanto, le tengo que felicitar por la incorporación de esta posibilidad al 305.

Con respecto al hecho de que presentar documentos de cotización no impida la consideración del impago como fraudulento, es algo que mejora el tipo penal notablemente. Es una propuesta que nosotros le hicimos, porque entre otras cosas posibilita una de las deficiencias técnico-jurídicas más relevantes de esta ley, que es el inicio del plazo de prescripción de los delitos, que es muy confuso. Elementos de esta naturaleza incorporan elementos de objetividad suficiente como para determinar mejor el inicio de la fecha o del plazo de prescripción de los delitos. Lo mismo que para determinar el volumen de la defraudación la parcelación por ejercicios naturales es un inconveniente también para la determinación del inicio del plazo de prescripción. Le sugerimos, y es una enmienda fácil de entender y de asumir, señor ministro, que sea el importe del total de lo defraudado no prescrito lo que sirva de elemento para la configuración y determinación del plazo del inicio de prescripción de los delitos.


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No podemos comprender -no sé si usted va a intervenir; espero que lo haga el señor portavoz del Partido Popular- por qué no se admite que el delito consistente en la contratación de trabajadores sin comunicar el alta a la Seguridad Social se tenga que cometer solo simultáneamente. Pero si este delito se realiza de forma sucesiva, ¿no se incurre en un injusto penal de la misma naturaleza? ¿No han reflexionado sobre esto? Le pregunto si no han reflexionado porque me prometieron que iban a reflexionar. Me gustaría que debatan y reparen en el contenido de la enmienda relativa al 311, la enmienda 19, de mi grupo parlamentario.

Por último, señor ministro, ustedes presentan aquí un precepto que no hay quien lo entienda -pero que no lo entienda yo no quiere decir nada, es que no lo entiende nadie, y así ha sido indicado por el informe del Consejo General del Poder Judicial- relativo a la tipificación de un nuevo delito cometido por la autoridad o funcionarios públicos con la finalidad de lograr la estabilidad presupuestaria -nada menos- y erradicar la mala gestión de los recursos públicos. Esto no puede ser un injusto penal o un tipo penal -acabo ya, señor presidente- incorporado al Código Penal. La ineficiencia, primero, es un concepto subjetivo, un concepto metajurídico, y hay otros instrumentos para evaluar la ineficiencia, entre otras cosas, el cese o expedientes administrativos, pero incorporar un delito de esta naturaleza nos parece un verdadero abuso del principio de mínima intervención y última ratio que la norma penal suprema, el Código Penal, debe poseer.

Estas son las enmiendas que mantenemos, señor ministro, pero le pediría que repare y medite con más detenimiento la aceptación de la enmienda que antes hemos glosado, la enmienda de UPyD, relativa a la extensión de la responsabilidad por los delitos cometidos por sus militantes a los partidos políticos y los sindicatos. Personal y humildemente y con todo el respeto al Grupo de UPyD, esta concepción del derecho penal, esta extensión de responsabilidad mediante la desnaturalización absoluta de ese aforismo del societas delinquere non potest, mediante la perversión y trastoque, mediante la mutilación absoluta o prostitución del concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es una frivolidad sobre la cual ya advertimos que algún día nos tendríamos que terminar arrepintiendo. Sobre este tema, señor ministro, señores miembros de grupo parlamentario, solo le pido seriedad, por favor; solo les pido seriedad aunque sea por razones pragmáticas, a ver si algún grupo de esta Cámara va a ser disuelto por esta razón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, salgo a la tribuna a defender las dos enmiendas que mantiene vivas el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Haré una referencia a una tercera enmienda que fue admitida en el trámite de Comisión y a la que el señor Olabarría le ha prestado particular atención en su intervención, pero quiero anunciar también en esta intervención que muchas de las enmiendas que sostienen los distintos grupos parlamentarios, desde el Grupo Socialista, pasando por La Izquierda Plural hasta el Grupo Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, que fueron debatidas y votadas en Comisión, tendrán también el soporte de los votos de Unión Progreso y Democracia porque, aunque esos artículos no han sido enmendados por parte de nuestro grupo, muchas de las enmiendas nos parecen muy razonables, y hoy escucharemos los argumentos aquí como ya tuvimos oportunidad también de escucharlos en el debate parlamentario en Comisión. No sé si algunas de ellas habrán sufrido algún tipo de modificación, habrán sido aceptadas total o parcialmente, pero me gustaría, en todo caso, que el trámite final de esta ley contara con más apoyos que los que tuvo en la Comisión y espero que si no es posible aquí, lo sea en el Senado.

El Grupo Unión Progreso y Democracia había presentado a este proyecto de ley tres enmiendas. La enmienda número 21 -no la 61, señor Olabarría- fue admitida en Comisión y es una enmienda que incluye a los partidos políticos y sindicatos en el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas porque a nuestro juicio, y a juicio de la mayoría, la exención actual es un privilegio injustificado que no contribuye en absoluto a la regeneración democrática. Realmente no entiendo la precaución, la prevención y la alarma del señor Olabarría, creo que lo que hemos hecho es un avance desde la perspectiva de la regeneración democrática, desde la perspectiva de la transparencia. Ningún partido político tiene que tener miedo a que esto se incluya en el Código Penal, ningún partido político, porque la inmensa mayoría, por no decir todos, somos democráticos; ninguno tiene que tener ningún tipo de temor, lo mismo que no lo tienen las ONG que también están sometidas a este régimen, que no han sido


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creadas ni fundadas -como decía el señor Olabarría- para cometer ningún tipo de delito. En fin, creo que lo que proponemos, lo que ha salido adelante en Comisión, es que partidos políticos y sindicatos estemos sometidos a las mismas normas, señor Olabarría, que hemos considerado convenientes para el resto de la ciudadanía y de las distintas empresas u organizaciones de la sociedad civil. A esas mismas normas que hemos considerado conveniente que se sometan esas organizaciones tenemos que estar sometidos nosotros mismos, con idénticas obligaciones y con idénticas atenuantes, lógicamente.

Quiero dedicar unos minutos de mi tiempo a defender las dos enmiendas que mantenemos vivas y que pretenden que se recupere el delito por la convocatoria de referéndums o por colaboración para la convocatoria de referéndums para aquellas autoridades o funcionarios públicos que, sin tener competencia, lo hagan. Ya sé que en la reflexión que nos hacemos cotidianamente en este Congreso cuando se proponen determinadas reformas legales es muy común la apelación a que no es conveniente legislar en caliente, y cada vez que se plantea aquí un debate sobre una cuestión de interés y de importancia, y por eso se plantea, se hace esa reflexión: no es conveniente que legislemos en caliente, hay que en enfriar las cosas, no podemos correr el riesgo de tomar una decisión incorrecta porque el tema está muy candente o no debiéramos de correr el riesgo, en este caso en el tema del referéndum, de que el debate que debe de ser político y que queremos que sea político se convierta en un debate penal. Una primera consideración sobre esta cuestión. Reformar el Código Penal es un debate político, no es más que eso, por eso lo estamos planteando aquí, en el sitio donde se legisla; es un debate político que tiene naturalmente consecuencias políticas porque estamos hablando de una ley. Por tanto, no acepto a priori esa reflexión que se me ha hecho en Comisión de que no hay que desviar la atención sobre la cuestión de la convocatoria de los referéndums y no tenemos que poner el énfasis en lo penal, sino en lo político. Insisto, la reforma del Código Penal es una decisión de carácter político y son medidas políticas que tienen, además de un efecto punitivo, un efecto preventivo. Las normas penales tienen un efecto preventivo disuasorio que es importantísimo, como muchas de las leyes que tienen consecuencias punitivas posteriormente. Por tanto, no es tan extraño que el Código Penal recupere un delito que ya estaba en el Código Penal y que fue suprimido de un plumazo en el año 2005 en una reforma legislativa que no tenía ni exposición de motivos, creo recordar. El legislador ya lo incluyó en su momento. Es verdad que también lo incluyó a través del debate de presupuestos, no con un gran debate, sino en una de esas puertas falsas en las que se incluyen determinadas normas, muy importantes, por cierto. Pero fue suprimido de la misma manera en una ley de dos artículos sin ni siquiera exposición de motivos. Por cierto, fue suprimido al calor del debate de aquellos momentos. Al calor del debate se introdujo, al calor del debate se suprimió. Creo que no debió de suprimirse y lo que pido ahora es que se recupere. Se me dirá: usted lo plantea porque en este momento hay un gobernante que dice que está por encima de la ley y por encima de la Constitución, incluso por encima de los tratados europeos, le he oído decir al presidente de la Generalitat de Catalunya. Pues sí, es verdad que se nos ha planteado un problema, es verdad que hay un gobernante en España que dice que está por encima de la ley y de la Constitución. ¿Y ante esto no hay que reaccionar políticamente? Porque, insisto, la reforma del Código Penal es una decisión política, y lo que les planteo es una reacción política, no penal. La penal la toman los jueces en su momento, son decisiones que no le corresponden a esta Cámara. Pero ante una afrenta, que lo es, de un gobernante que dice que está por encima de las leyes y que va a vulnerar la ley, un gobernante que tiene, no solo la obligación de cumplirla, sino de hacerla cumplir, quienes tenemos la responsabilidad de proteger a las instituciones a través de la acción política, de proteger la democracia y de proteger a los ciudadanos de aquellos gobernantes que estén dispuestos a vulnerar las leyes, tenemos que reaccionar, y hemos de hacerlo a tiempo para que tenga ese efecto preventivo y para que el gobernante que dice que se va a saltar las leyes sepa que tiene consecuencias de todo tipo, que no es gratis saltarse las leyes, que va a haber una reprobación penal. A cualquiera que se le explique que en España tiene más castigo penal asistir a una concentración delante del Congreso de los Diputados que no esté autorizada que convocar un referéndum al margen de la ley, te diría: no es posible que en ese país el reproche penal para alguien que se concentra delante del Congreso de los Diputados sea mayor que para un gobernante que incumple las leyes y que, además, avisa que las va a incumplir, o sea, que lo hace con conocimiento de causa. No es que se despiste, sino que dice: yo estoy por encima de la Constitución. A cualquiera que se le explique que eso existe en un país dirá que es un país un poco raro si al ciudadano que se concentra delante del Congreso tiene una penalización superior a quien convoca un referéndum vulnerando las leyes, por encima de la Constitución, y lleva a los ciudadanos a un fraude de ley, a cometerlo. Creo que hay que recuperarlo, señores diputados del grupo


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mayoritario y señor ministro, ya que está usted aquí, y hay que hacerlo a tiempo para que tenga ese efecto preventivo. ¿O vamos a hacer con esta cuestión como con el tema de los desahucios? ¿Vamos a esperar a que estén las urnas en la calle para reformar entonces el Código Penal? ¿Vamos a esperar a que se produzca el drama, a que la situación sea inencauzable por la vía de la política? Lo que les planteo es que lo encaucemos por la vía de la política ahora, reformando la ley, que no esperemos a que la urna esté en la calle. Insisto, ¿vamos a hacer como con los desahucios, esperar a que el drama sea de tal magnitud que nos pongamos a todo correr -y, por cierto, con oscurantismo- a ver cómo lo resolvemos? ¡No, hombre, no! Utilicemos la política a tiempo para ir por delante de los acontecimientos, para evitar que se produzcan hechos a todas luces incompatibles con el Estado de derecho, con la democracia y con un país serio. Prevengamos, utilicemos la política, introduzcamos estas dos enmiendas en esta reforma del Código Penal y actuemos en defensa de la democracia.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, esta es una cámara parlamentaria, no es una cámara cerrada y por tanto lo que ocurre en la sociedad también tiene que tener su reflejo en el Parlamento. Ayer hubo en este país una huelga general que, en mi opinión y en opinión de mi grupo, ha cumplido con sus objetivos. En primer lugar, porque ha denunciado una situación insostenible, la de los ciudadanos ante las políticas de austeridad. En segundo lugar, porque ha denunciado la mentira, porque tras la austeridad está la ley del embudo: lo ancho para unos pocos y lo estrecho, lo difícil y lo trágico para la inmensa mayoría de los ciudadanos. En tercer lugar, porque ha demostrado que no les tenemos miedo; ha demostrado que a pesar de la represión indiscriminada, a pesar de la actitud de no oír, de no ver, de no escuchar los ciudadanos no tienen miedo al Gobierno, no tienen miedo a la troika y por tanto están dispuestos a seguir movilizándose. Pero, por último, ha demostrado, señorías, en el aniversario del Prestige, que ustedes pierden credibilidad a chorros (Un señor diputado: ¡Pues anda que tú!); no la pierden como hilillos, la pierden a borbotones. Cuanto antes lo sepan, mejor. Pierden credibilidad y pierden legitimidad democrática a borbotones.

Señorías, la iniciativa que hoy discutimos se podría denominar la ley Falciani o la ley Baxevanis; podría ser lo mismo. Es la ley por la cual se habla de transparencia, de lucha contra el fraude pero luego los únicos que acaban en la cárcel son aquellos que denuncian el fraude y la falta de transparencia. Es decir, esta ley es un esperpento; un esperpento en los términos de Valle-Inclán de la realidad deformada en los espejos cóncavos y convexos de la calle del Gato. Señorías, nada de transparencia en esta ley; nada de información a los ciudadanos, como dice su título; nada tampoco, o muy poco, de lucha contra el fraude. ¿Qué es en definitiva esta ley? Esta ley fundamentalmente es su disposición adicional única; la disposición adicional única de la inmunidad, de la impunidad del defraudador. La materia fundamental de esta ley no es la lucha contra el fraude, sino la legitimación del fraude con la amnistía fiscal del Gobierno y las políticas de indultos del Gobierno a aquellos que vulneran la ley en materia de fraude fiscal. Esa es la cuestión fundamental de la ley. Y luego, como en las películas que todos conocemos, hay lo que se denomina en alguno de esos autores el macguffin. ¿Cuál es el macguffin? En las películas británicas decían que era la escopeta de cazar leones en las Highlands. Todos ustedes saben que en las Highlands de Escocia no hay leones. Pues el macguffin de esta ley es la enmienda que se ha incorporado, que pretende la criminalización de los partidos y de los sindicatos. No sé, señorías, si además de la deriva policial y penal ahora también la deriva va a ser ilegalizar partidos y sindicatos que convoquen huelgas generales. En todo caso, creo que es un macguffin y por tanto no le voy a dedicar una parte importante de mi intervención.

La intervención de mi grupo tiene que ver fundamentalmente con la lucha contra el fraude, con la lucha contra una de las lacras más importantes de la sociedad española, una lacra que también ha contaminado directamente a la legitimidad de la política. Pues bien, señorías, ustedes en vez de abordar una política seria contra la corrupción y contra el fraude, pactada con las organizaciones políticas y las organizaciones sociales como una política de saneamiento de la vida pública, hacen únicamente una ley de publicidad engañosa, una ley de propaganda, porque, señorías, es que ni siquiera llegan ustedes a los estándares europeos. En Europa se considera penal el fraude a las haciendas europeas a partir de 50.000 euros y ustedes consideran que esta es una cantidad muy pequeña, que es necesario para que haya realmente reproche penal que la cantidad se multiplique por dos y medio y si no, por tres. Es decir, ustedes en su ley


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consideran fraude con reproche penal a partir de 120.000 euros, y eso que el resto de los grupos parlamentarios les hemos alertado sobre esa contradicción: intentan incorporar una directiva europea, la incorporan para lo que tiene que ver con las haciendas europeas, no lo hacen para lo que tiene que ver con otro tipo de fraudes. Resulta, por tanto, una medida en nuestra opinión inequitativa, una medida que no persigue realmente el fraude fiscal o que considera un fraude a las instituciones europeas con más reproche penal que un fraude fiscal en la sociedad española. Y, sin embargo, el fraude fiscal en la sociedad española es lo que provoca mayor alarma social y mayor quebranto a las haciendas públicas: en estos momentos, 80.000 millones de euros anuales de fraude fiscal en nuestro país, uno de los países con más fraude de la Unión Europea; en estos momentos en nuestro país una economía sumergida que duplica a la economía sumergida de nuestro entorno; en estos momentos también una persecución del fraude que a partir sobre todo de la política de este Gobierno se va diluyendo, por ejemplo, mediante la amnistía fiscal, como he dicho antes, o mediante indultos, que rebajan el reproche penal en el fraude fiscal.

Señorías, este es un tema de la mayor importancia en nuestro país y nosotros creemos que se pierde la oportunidad de abordarlo en una ley que se denomina de lucha contra el fraude fiscal, que se denomina ley de transparencia, pero que no tiene nada que ver con eso, es una ley de opacidad y es una ley de amnistía del fraude fiscal. Pero además de esta manga ancha con el fraude fiscal en nuestro país en relación, por ejemplo, con la persecución del fraude a las haciendas públicas de la Unión Europea, el Gobierno muestra una actitud clasista y criminalizadora del fraude a las prestaciones de la Seguridad Social. Si el reproche al fraude fiscal, como he dicho antes, es un reproche de manga ancha, el reproche al fraude a las prestaciones de la Seguridad Social, cuya cantidad no será ni el 1 % del conjunto del fraude fiscal, el reproche penal a ese fraude que en todo caso es reprochable, en nuestra opinión es una desproporción de enormes consecuencias; una desproporción porque donde ya hay un reproche administrativo muy importante introduce un reproche penal desproporcionado y además porque en otras materias donde hay dolo y donde debe haber una cantidad mínima, en el caso del fraude a las prestaciones de la Seguridad Social ni dolo ni cantidad mínima. Si alguien hace una chapuza percibiendo los 400 euros, a partir de esta ley puede acabar entre rejas. Esa es la verdad de esta ley. No acaba entre rejas el que defrauda 118.000 euros a la Hacienda española y, sin embargo, acaba entre rejas quien compatibiliza una prestación social con una chapuza en todo caso reprochable, reprochable en términos administrativos, pero el Código Penal, señorías, está para otras cosas. El Código Penal es una última ratio de la democracia; el Código Penal no está para hacer publicidad, ni para hacer propaganda del ministerio; el Código Penal no es populismo penal. El Código Penal, en nuestra opinión, es una cosa muy seria y el Gobierno en esta iniciativa no se lo ha tomado en serio. Por tanto, es natural que cada uno de los grupos parlamentarios que ha intervenido y que va a intervenir en este debate haga menos referencia a la materia del fraude porque, realmente, en la lucha contra el fraude no hay ni siquiera un punto y seguido en esta medida, y sí haga referencia a otras medidas creativas del Gobierno en esta ley, que se convierte -como he dicho antes- en un cajón de sastre, donde entra la penalización a los partidos políticos y también entra, en una disposición adicional, la impunidad de los defraudadores ante la amnistía fiscal. Por esta razón nuestro grupo parlamentario mantiene todas y cada una de sus enmiendas y por esta razón nuestro grupo parlamentario está en profundo desacuerdo con este proyecto de ley, una nueva reforma del Código Penal que va a introducir más inseguridad jurídica en este país y que va a dificultar a los operadores la utilización del Código Penal y que es una nueva medida que va a favorecer el fraude fiscal en vez de luchar contra él.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera comenzar hablando de la tramitación de este proyecto de ley. Hace pocos días tuve la ocasión de expresar desde la tribuna, con motivo del debate de las enmiendas a la totalidad que se presentaron al proyecto que estamos viendo, que podíamos estar de acuerdo con los objetivos del mismo pero que la posición de mi grupo parlamentario no iba a ser un cheque en blanco ni adelantaba nuestra posición final. Esperábamos que la votación que vamos a realizar hoy no fuera el resultado del rodillo parlamentario de la mayoría del Partido Popular -como así ha sido-, sino que respondiera a lo que es en definitiva una tramitación parlamentaria, que es mejorar y enriquecer el texto final con las aportaciones de los grupos, de manera que, tal y como solíamos decir, el proyecto que entra en la Cámara es del Gobierno y el proyecto que sale de la Cámara es de todos los grupos parlamentarios. Estas cautelas


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recordarán que no fueron expresadas únicamente por mi grupo, porque todos los grupos teníamos demasiado reciente la tramitación de la Ley de Tasas; apenas un par de semanas para la aprobación en Comisión -porque se impidió incluso que se viera en el Pleno- de una ley que ha concitado unanimidad en su rechazo por parte de todos los operadores jurídicos, absolutamente todos. Una ley que, en palabras de los colegios de abogados, consagrará definitivamente una justicia de ricos y otra de pobres, obstaculizando el acceso a la tutela judicial efectiva de la amplia capa de clase media de la población.

Pues bien, señorías, las expectativas de que la tramitación del proyecto de ley que estamos viendo fuera diferente se han visto, a nuestro juicio, completamente defraudadas. Ha sido una tramitación completamente veloz, acelerada. Las enmiendas a la totalidad se vieron en el Pleno del 30 de octubre y hoy, solo quince días más tarde, estamos ya acabando el trámite legislativo de esta Cámara. Aunque formalmente se ha respetado el procedimiento -como no podía ser de otra manera-, la materialización del mismo, a pesar de la buena disposición de los portavoces del Grupo Popular y de la propia Mesa de la Comisión, ha sido tan apresurada que ha imposibilitado el debate sereno y fructífero de un proyecto de ley que no podemos olvidar que afecta a derechos fundamentales. No es una manifestación retórica, señorías, piensen que se ha tenido incluso que modificar el título del proyecto porque el mismo estaba pensado para ser una ley orgánica de acompañamiento, el broche de cierre del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se tramita en la Comisión Constitucional. Pero, tal y como se advirtió en el informe de las letradas, dado que el proyecto de reforma del Código Penal que estamos viendo iba mucho más adelantado que el otro proyecto de la Comisión Constitucional, no podíamos hacer referencia en el título a un contenido todavía inexistente. Además, ha sido una tramitación estéril. A pesar de que podía haberse colegido en un principio que la tramitación de este proyecto iba a ser distinta de la tan criticada tramitación de la Ley de Tasas, lo cierto es que, nuevamente, ni se negocian ni se admiten enmiendas, con la salvedad de la enmienda de UPyD a la que otros portavoces ya se han referido y yo también voy a comentar.

Por definición, señorías, entendemos desde Convergència i Unió que los proyectos son y han de poder ser mejorables. En esto consiste la tramitación parlamentaria. Lo contrario, lo que está sucediendo, es la desnaturalización del trabajo del Parlamento y no nos parece que este sea un tema menor. El que a juicio del Gobierno nadie pueda aportar ni una sola modificación, ni tan solo técnica, ni tan solo las sugeridas desde los organismos que elaboraron los informes preceptivos y que están sugeridos también en el informe de las propias letradas, como por ejemplo la necesidad de introducir una más clara delimitación del tipo penal contemplado en el segundo párrafo del artículo 307 ter.1, porque está redactado en términos demasiado abiertos, ni siquiera esto se ha podido aceptar. Ha sido también, a juicio de Convergència i Unió, una tramitación muy poco pulcra. En la ponencia se suprimió la disposición final primera al igual que parte del título porque, como ya he dicho, aludían a una ley que, como ya he explicado, está todavía tramitándose en la Comisión Constitucional. Pues bien, por razones que se nos escapan, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha reintroducido la disposición final primera, que ahora alude a una ley que llaman XX/2012. Una ley, como digo, inexistente, lo cual es sorprendente tratándose de la reforma de una ley como el Código Penal, que afecta a derechos fundamentales.

Mención especial entendemos que merece la aceptación por parte del Grupo Parlamentario Popular de la enmienda de UPyD consistente en atribuir la responsabilidad penal de las personas jurídicas prevista en el artículo 31 bis a partidos políticos y sindicatos. Y no quiero poner el acento tanto en la presentación de la enmienda como en la aceptación de la misma por parte del Grupo Parlamentario Popular. Dejando aparte lo acertado o no de considerar a las personas jurídicas criminalmente responsables, quebrando, como ha señalado el señor Olabarría, el clásico aforismo de societas delinquere non potest, porque en definitiva las sociedades son una ficción gobernada por hombres y mujeres que sí son responsables penalmente, lo cierto es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se plasmó en el vigente artículo 31 bis del Código Penal para hacer frente, tal como entonces se justificó, a las nuevas formas de criminalidad en la que se constituían sociedades precisamente con el objeto de eludir la responsabilidad penal: lavado de capitales, tráfico de drogas, delitos contra ciudadanos extranjeros, etcétera. El sistema español excluyó de dicha responsabilidad penal -civil por supuesto la tienen-, entre otros, a las administraciones públicas, a los organismos reguladores, a las agencias y entidades públicas empresariales, y también a partidos políticos y sindicatos. ¿Por qué se excluyeron? Pues porque encarnan una institución esencial en el Estado democrático de derecho y por ello, precisamente por ello, no están situados en cualquier lugar de la Constitución sino que están situados en su título preliminar. Hago mías al respecto las palabras del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Josep Queralt,


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cuando, alarmado por esta reforma, dice: No es que los partidos sean relevantes, es que son consustanciales al sistema democrático como cauce de participación política ciudadana. Señorías, sin partidos políticos no hay democracia. Por eso, partidos políticos, al igual que todas las administraciones, no están sometidos a la responsabilidad prevista en el artículo 31 bis del Código Penal, a no ser que hayan sido creados con el objetivo y propósito de eludir una responsabilidad penal.

El Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Pues ha dicho y dice al respecto que partidos políticos y sindicatos, atendida la finalidad que constitucionalmente se les atribuye, no son entidades privadas, son entidades esenciales con carácter parapúblico y por esto hay analogía con el resto de entidades públicas excluidas en la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal. ¿Quiere decirse con ello que no debe poder exigírseles responsabilidad? ¡Claro que no! La deben tener y la tienen, civil y penal; pero en cuanto a ésta, además de la responsabilidad penal de la persona física que comete el delito, la tienen por lo dispuesto en su propia ley especial, la Ley Orgánica de Partidos Políticos. ¿Qué supone esta enmienda aprobada en Comisión? Pues nada más y nada menos que la ampliación de supuestos en los que se puede suspender o disolver un partido político. Una reforma hecha además por la puerta de atrás, sin pasar el informe del Consejo de Estado ni de fiscalía ni del Consejo General del Poder Judicial, aprobando simplemente una enmienda que pasaba por ahí en un tema que no había sido materia del proyecto de ley. No se modifica además la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo importante porque ahora lo que se ha aprobado quiere decir que cualquier juez penal de España puede ilegalizar para toda España un partido político.

El Grupo Popular argumenta para justificar su aprobación que en su día -se refiere a la tramitación de la reforma el Código Penal del año 2010- presentó ya esta propuesta y fue rechazada. Me he tomado la molestia, señorías, de ir a buscar la enmienda que se presentó y en esta enmienda -que era la 337-, donde efectivamente sacaba de la redacción a partidos políticos y sindicatos, lo justificaba diciendo que no es adecuado incluir en este bloque a los partidos políticos que ya tienen en la Ley de Partidos Políticos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos directamente, ni tampoco a los sindicatos por la misma razón. Es confusa la justificación pero, a mi entender, justamente lo que dicen en esa justificación es lo contrario precisamente de lo que mantienen ahora.

Señorías, voy a finalizar. Creo que la aceptación de la enmienda por parte del Grupo Popular es populismo -se ha dicho hoy aquí-. Quiero finalizar respondiendo a las palabras que en esta tribuna ha pronunciado la portavoz de UPyD. Señora Díez, desde Cataluña no propugnamos en modo alguno saltarnos la legalidad. Desde Cataluña lo único que propugnamos es iniciar un proceso en donde se respete la voluntad de la ciudadanía legítimamente manifestada en las urnas, porque lo que nos parece muy poco democrático es adoptar instrumentos para, precisamente, cercenar la expresión de la ciudadanía. Esto sí nos parece la expresión máxima de la antidemocracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, el pasado 30 de octubre defendí en esta tribuna la enmienda a la totalidad de devolución que el Grupo Socialista presentó a esta reforma. Ello indica la precipitada tramitación de un proyecto de ley relevante que afecta al Código Penal. El proyecto de ley mereció una enmienda de devolución al Gobierno por la vulneración flagrante, una vez más, de principios esenciales del derecho penal que afectan a derechos constitucionales, como el de igualdad, y a principios como la seguridad jurídica. En la tramitación de este proyecto de ley, de las diecisiete enmiendas presentadas por mi grupo tan solo ha sido incorporada una y precisamente se refiere al título pomposo y engañoso. El proyecto de ley añade hoy a lo ya denunciado dos enmiendas: una, que asegura la impunidad a los que se acojan a la amnistía fiscal aprobada mediante Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que reforma el artículo 180.2 de la Ley General Tributaria -enmienda 26, del Grupo Popular-; y otra enmienda, que incorpora a los partidos políticos y sindicatos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, practicando un populismo y una demagogia incompatible con nuestros principios y valores democráticos. Un auténtico despropósito que lo aprueban a la vez que establecen la impunidad para los delincuentes de cuello blanco y los grandes defraudadores, a la vez que rebajan la pena en uno o dos grados para aquel que tenga dinero para pagar lo que ya se le reclama cuando ha sido pillado, y a la vez crean un tipo nuevo para incluir a trabajadores, desempleados y pensionistas en el Código Penal. Esto vulnera de forma clara el principio de igualdad, porque no se respeta el principio de igualdad equiparando la conducta del gran defraudador con la de quien percibe indebidamente, sí, una prestación,


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criminalizando a este último y exonerando de responsabilidad a quien regulariza su situación haciendo desaparecer incluso el desvalor de su conducta defraudadora sin control judicial, señorías. El Grupo Socialista se opone frontalmente a la tipificación de una conducta que si bien merece el reproche social, no es merecedora de ser criminalizada gravemente y que ya está además sancionada en el ámbito del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social.

Con la nueva regulación de las defraudaciones -escuchen, señores del PP- en materia de prestaciones de la Seguridad Social, ya no se exige cantidad mínima alguna para que se incurra en conducta delictiva, siendo suficiente un euro, teóricamente, mientras que para el defraudador fiscal se exigen más de 120.000 euros. En definitiva, es evidente que esta reforma del Código Penal destila una depurada ideologización cuyo exponente es el trato que dan a los débiles frente a los poderosos. Por esa razón, el Grupo Socialista no les va a acompañar en esta reforma, ya que estamos frontalmente en contra de cualquier criminalización de los trabajadores, desempleados y pensionistas. Presentamos la enmienda número 38 para suprimir este artículo 307 ter, que tipifica esta injusta e inmoral criminalización. Si no rectifica el Grupo Popular en el Senado, se aprobará una reforma que conculca principios esenciales del derecho penal. Señorías, la regularización hará desaparecer el hecho delictivo y no será, como hasta ahora, excusa absolutoria. La consecuencia directa es que bastará poder pagar y regularizar para no ser delincuente. Pero es que, además, se regula la rebaja en uno o dos grados de la pena una vez descubierto el defraudador, una vez pillado: que me pillan, pago; que no, me lo quedo. Este es un ejemplo magnífico del denominado derecho penal de los millonarios -es así, lo saben, señorías-. La alteración del sistema de prejudicialidad penal, sin un soporte legal que lo permita, eliminando el control judicial sobre la función recaudatoria; así está en el proyecto. La consecuencia directa es que pueden existir discordancias de difícil solución entre el proceso penal y el administrativo, dejando ya legalmente la efectividad de la respuesta penal en manos de la Inspección de Hacienda, sin posibilidad de control judicial efectivo. El capricho no explicado de eliminar del Código Penal el libro III, de las faltas, nos lleva a que se penalicen con penas privativas de libertad conductas que antes solo estaban castigadas con multa y que se privilegie, además, la defensa de la Hacienda europea frente a la española. La seguridad jurídica queda gravemente afectada en lo que se refiere a la prescripción. La necesidad de un elemento cierto, como el inicio del plazo de prescripción, desaparece con este proyecto, ya que el momento a partir del cual debe computarse no queda determinado.

Merecen especial comentario, señorías, los vericuetos que ha seguido la enmienda 46 de mi grupo, que postulaba la supresión de la disposición final primera, que pretende modificar el artículo 62 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para incluir -qué barbaridad- las causas de inelegibilidad a los sancionados por una ley inexistente que, si bien es un proyecto de ley, aún no ha sido aprobado. Dicha enmienda de supresión fue aceptada, como saben, en ponencia -en consecuencia, incorporada al informe- y, posteriormente, en trámite de Comisión, fue nuevamente incorporada esta disposición final, constituyendo una auténtica aberración jurídica, al ser votada en Comisión la vuelta al texto del proyecto de ley original por el PP; auténtico filibusterismo parlamentario, señorías. En todo caso, mi grupo considera inaceptable el principio de que una sanción administrativa, no un delito, sea causa de inelegibilidad -van a tener que dejar demasiada gente en el camino en sus candidaturas, señores del PP, como se aplique la ley-, junto a las causas tasadas en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley orgánica del Régimen Electoral General.

En definitiva, este proyecto que van a aprobar hoy -y saben que es así- recoge lo siguiente: Consolida la impunidad para los grandes defraudadores y los delincuentes de cuello blanco; es una vergüenza y ustedes saben que es así, está en la letra de la ley. Da cobertura legal a la amnistía fiscal del Partido Popular que no respetaba la reserva de ley orgánica del Código Penal; es así, su enmienda número 26. Rebaja la pena a los que tienen dinero para pagar lo que se les reclama y a los autores de las conductas más graves al rebajar también la pena mínima en las graves. La regularización hace desaparecer el hecho delictivo y deja de ser excusa absolutoria para los ricos -derecho penal de los millonarios-, y ustedes lo saben. Criminaliza a los trabajadores, desempleados y pensionistas al considerar delito con penas de seis meses a tres años infracciones que pueden cometer, aunque sea por unos pocos euros, ustedes lo saben. La demagogia y el populismo punitivo hacen que incluyan en la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos y sindicatos, lo que constituye una aberración y un ataque a los principios de nuestro sistema democrático, y ustedes lo deberían saber.

Señorías, de nuevo estamos ante otra reforma ideológica y ante una chapuza jurídica y una desvergüenza política y social. (Aplausos). Lo que van a aprobar es probablemente inconstitucional, pero


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les aseguro -y ustedes lo saben- que en todo caso es injusta e inmoral la impunidad de los delincuentes y los grandes defraudadores de cuello blanco y la criminalización, por primera vez en la historia de este digno país, de los trabajadores, los desempleados y los pensionistas. Aún están a tiempo de corregir este atropello y a ello, ingenuamente, les insto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venía, señor presidente.

Señorías, me van a permitir comenzar expresando mi consideración a aquellos grupos que, sin plantear una enmienda a la totalidad, de manera constructiva han considerado conveniente presentar enmiendas al articulado, pues al margen de las mayores o menores coincidencias o discrepancias que hayamos podido mantener durante su tramitación, resulta indudable que al menos compartimos la misma idea, ya que estamos ante una reforma importante y de todo punto necesaria; importante por cuanto en el contexto de grave crisis económica por la que atraviesa España el fraude estimado a la Administración pública se encuentra en torno a los 70.000 millones de euros, lo que supone un 23 % de nuestro producto interior bruto. Precisamente por ello, aunque la defraudación siempre es un acto grave, cuando se realiza en una situación tan delicada como aquella en la que nos encontramos, el hecho delictivo reviste aun mayor trascendencia, pues el daño provoca el peor perjuicio al conjunto de la sociedad, además de comprometer la competitividad y la credibilidad de nuestro país. Precisamente por ello, además de importante, también es una reforma necesaria, porque la norma que hoy debatimos tiene como objetivo tratar de hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece dar efectividad a los mecanismos de cobro e impedir que, ante la impunidad, pueda extenderse una cultura del engaño. En definitiva, se trata de articular mecanismos de respuesta adecuados y firmes frente a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente del sistema, encontrando en estas prácticas una particular y lucrativa especialidad delictiva en perjuicio de quienes sí cumplen lealmente con sus obligaciones.

Si he comenzado expresando mi consideración a aquellos grupos de la oposición que, con las lógicas discrepancias o divergencias, han mostrado su acuerdo en lo sustancial, ahora voy a referirme especialmente a la posición de quienes declarando su compromiso en la lucha contra el fraude y el esfuerzo en los instrumentos para combatirlo, sin embargo han mostrado su rechazo frontal y una oposición radical, en el amplio sentido de la palabra, a este proyecto de ley. Parece evidente -sus enmiendas son buena prueba de ello, señores socialistas y de La Izquierda Plural- que cualquier oportunidad de oponerse al Gobierno, de discrepar con cualquier propuesta legislativa, no siempre resulta acertada. Y, en mi modesta opinión, con esta actitud me da la impresión de que van a quedar en una situación realmente complicada, pues castigar a quien defrauda no solo es razonable y justo para hacer efectiva la solidaridad que la Constitución fija como norma de convivencia, sino que además responde al clamor ciudadano, y a esa ciudadanía tendrán que darle explicaciones, otras distintas de las que nos han ofrecido esta mañana, para convencerles de los motivos por los que se oponen radicalmente a que el fraude fiscal y laboral sea perseguido con la contundencia que se merece. Conste que por mi parte entiendo que sus portavoces se han visto obligados a hacer un difícil papel -un papelón, diría yo-, que les honra como políticos, pero yo les aprecio lo suficiente como para decirles que no me los creo, que con los mimbres que les han dado a ustedes, no pueden hacer un cesto, aunque sean unos virtuosos; que ese cesto que han querido vendernos esta mañana con las enmiendas de su grupo presenta grandes agujeros, unos agujeros por los que entran los defraudadores y se escapa el dinero de todos. Y no es que les haya tocado bailar con la más fea, no, es que han decidido apostar por lo más feo, porque apostar por lo más feo es oponerse a una reforma que dota de una protección real y más efectiva a los derechos de los trabajadores y que persigue su contratación irregular. Ustedes saben, que lo saben, que con la actual configuración del delito contra los derechos de los trabajadores resulta muy difícil exigir responsabilidades a quienes de forma masiva o colectiva los contratan ilegalmente. Así que tendrán que afinar en sus explicaciones a la ciudadanía para justificar su oposición frontal a que se mejore la tipificación y castigo de estos comportamientos, pues sinceramente no creo que sea esa la postura más coherente para ningún partido político que se precie de defender a los trabajadores.

Además, vienen a proclamar con tanta vehemencia como poco convencimiento que con esta reforma se criminaliza a trabajadores y pensionistas. ¿Pero de qué trabajadores y pensionistas están ustedes hablando? La reforma no castiga a los que perciben indebidamente una prestación, sino que sanciona a


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quienes engañan para obtener una prestación indebida. En nuestro derecho la obtención de un beneficio económico a costa de otro mediante engaño se denomina estafa. Y en este caso, que quede muy claro, la conducta que se pretende castigar en el fraude de prestaciones se trata, en definitiva, de llevarse con engaño de la caja de todos algo a lo que no se tiene derecho. ¿De veras quieren que no se castigue a quienes estafan, cuando los recursos que se roban son recursos públicos? ¿Acaso la impunidad debe venir justificada por el hecho de que quien comete ese delito sea un trabajador o un pensionista? ¿Ese es el concepto que tienen ustedes de los trabajadores y pensionistas de este país, que son unos estafadores? (Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados: No.-El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Me parece que ustedes parten de un grave error y tendrán que aclararse. Son ustedes los que con su absurda generalización criminalizan injustamente a quienes trabajan cumpliendo con sus obligaciones, metiéndoles en el mismo saco que quienes defraudan, y eso es radicalmente injusto. Y no se confundan, que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país sí cumplen lealmente con sus obligaciones y es a esos ciudadanos, y no a los otros, a los que tenemos la obligación de proteger y ofrecer respuestas. En este sentido, les recuerdo que la defraudación a la Seguridad Social ocasiona un evidente perjuicio a los presupuestos públicos, pero también lesiona los derechos de los trabajadores en cuanto que los presupuestos de la Seguridad Social defraudados están directamente destinados a sufragar sus prestaciones. Por ello, si de verdad queremos proteger a nuestros trabajadores, es imprescindible disponer de un sistema de respuesta firme frene a esas estafas. Y no se preocupen, señores Villarrubia y Llamazares, que ese trabajador que hace tantas chapuzas mientras cobra la prestación por desempleo no va a ir a la cárcel. Para esos casos de carácter leve, como bien saben, la normativa excluye la imposición de una pena de prisión y estima suficiente una multa proporcional al importe de la defraudación. ¿O tampoco les parece bien que se multe y que devuelva lo cobrado indebidamente? En todo caso, le daría un consejo a ese profesional de la chapuza no declarada y es que pague y que contribuya, que es lo que hacemos el resto de los españoles.

Cuando les digo que han decidido apostar por lo más feo también me refiero a que les va a resultar muy difícil explicar a la ciudadanía el motivo por el que se oponen a que partidos y sindicatos tengan responsabilidad penal como sí tienen el resto de las personas jurídicas. No es de recibo que partidos políticos y sindicatos estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen el resto de las personas jurídicas de derecho privado en este país; esto es un privilegio y tenemos la firme determinación de acabar con él. Por ello, hemos aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. La hemos aceptado porque nos gusta, y nos gusta tanto que lo cierto es que esta enmienda ya fue presentada en la anterior legislatura por el Grupo Parlamentario Popular en el mismo sentido que esta, señora Pigem, así que somos nosotros los padres biológicos de esta propuesta, si me permite la expresión, que ahora la señora Díez ha adoptado, y nosotros, que nos alegramos. Tan solo les quiero recordar que en el debate parlamentario de la Ley orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal, nuestra enmienda fue rechazada por el resto de los grupos parlamentarios, con la abstención precisamente de Unión Progreso y Democracia, que conste.

Señor Olabarría, refiriéndome al brocardo latino sociatas delinquere non potest esgrimido por usted -diputado culto donde los haya-, le diré que en la actualidad, tras la citada reforma del Código Penal, de la que precisamente usted fue ponente, sociatas delinquere potest, así que potest, y si tiene alguna duda consulte el artículo 31 bis del Código Penal. (Aplausos). Por cierto, señor Olabarría, sí que hemos reflexionado sobre sus enmiendas y, fruto de esa reflexión, son esos argumentos que le fueron expuestos con suficiente detenimiento, demasiado incluso diría yo, en la Comisión de Justicia, y como no me gusta repetirme a ellos me remito. Encontrará por parte del Grupo Parlamentario Popular respuesta a todas y cada una de las cuestiones que tanto le preocupan. Además, parece que a los señores socialistas tampoco les gusta la disposición final primera que pretende reformar la Ley Electoral para que no puedan ser elegidos aquellos que sean sancionados por la comisión de infracciones graves, así que dejando a un lado la posible deficiencia técnica que ustedes nos han impedido subsanar en Comisión -que no duden que sí solventaremos durante su tramitación ante el Senado-, les indico que vienen a oponerse nuevamente a un clamor popular, a una petición justificada para que quienes nos dedicamos a la política seamos los primeros en dar ejemplo. En ello nos va la confianza de los ciudadanos hacia la política y hacia los políticos. Entendemos que desde el Grupo Parlamentario Popular este es un paso muy importante, por eso no vamos a renunciar a él aunque ustedes se opongan.

Termino, señor presidente, no tengo tiempo para más. Señorías, creo haber justificado las razones que llevan a mi grupo a no aceptar las enmiendas que aún permanecen vivas, pero sobre todo he


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pretendido poner en valor la relevancia de las reformas que queremos introducir en el Código Penal, pues sin duda van a lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, y con ello que nuestro sistema funcione de forma más justa y solidaria. Por ello, y por la especial responsabilidad que los partidos tenemos ante la sociedad, les pediría que, dejando a un lado las apariencias y centrándose en la realidad, hoy nos acompañen en nuestro propósito.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LAS CUMBRES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. (Número de expediente 121/000022).

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama.

Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Comparezco ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Los parques nacionales son espacios naturales de alto valor ecológico, cultural, estético, educativo y científico que conforman un sistema representativo de la diversidad y del paisaje de España, así como de nuestra forma de entender la relación del hombre con el territorio; por ello, su conservación merece una atención preferente. Los parques nacionales en España conforman un conjunto integrado destinado a la protección de las mejores muestras de la naturaleza de nuestro país. Nuestra Red de Parques Nacionales cuenta con el aval del conjunto de la sociedad y es a través de ella donde se aseguran unos niveles básicos de preservación, al existir un exigente régimen jurídico que asegura su protección, con el objetivo declarado de garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural. En casi un siglo de existencia, los parques nacionales se han consolidado y son reconocidos como la figura de protección más prestigiosa de nuestro país. Constituyen un referente en las políticas de conservación del medio natural y el uso sostenible de nuestro territorio. Además, los parques nacionales constituyen un insumo para nuestra marca España. Contamos con un patrimonio natural y medioambiental altamente reconocido y valorado por la Unión Europea por su gran diversidad y extensión, que constituye un acicate para nuestra oferta turística, tanto nacional como internacional; luego además de contar con un altísimo valor medioambiental contribuyen, sin duda, al desarrollo económico y social de nuestro país. En este sentido, la Red de Parques Nacionales tiene como objetivo conservar los parques nacionales, haciendo posible su uso público, mejorando el conocimiento científico de los valores naturales y culturales que atesoran y fomentando la conciencia social de conservación, el intercambio de conocimientos y la formación y cualificación de los profesionales que trabajan en ellos.

Debo señalar que la red española tiene presencia y reconocimiento en todos los foros internacionales, al mismo nivel de las grandes redes mundiales, y que dentro de la misma está lo mejor de lo mejor de la naturaleza española. Actualmente, los catorce parques nacionales, las moles calizas de los Picos de Europa, el Monte Perdido, el humedal de Daimiel, los bosques mediterráneos de Cabañeros y Monfragüe, las valiosas aguas del lago de San Mauricio, las cumbres de Sierra Nevada, el monte en movimiento de Doñana, las nieves del Teide, las lavas de Timanfaya, el bosque de Garajonay, Taburiente, Cabrera y las islas atlánticas ocupan una superficie de 343.000 hectáreas, que representa un 0,69 % de la superficie terrestre de nuestro país. Los parques nacionales son, por otro lado, un ejemplo de colaboración, coordinación y cooperación interadministrativa, al configurarse como escenarios complejos en donde las diferentes administraciones, desde el respeto a sus competencias y singularidades, se organizan para asegurar la preservación de sus valores. Los parques nacionales brindan una oportunidad ejemplar para poner en marcha políticas medioambientales que, sin perder de vista los conceptos tradicionales, entienden la conservación desde una perspectiva mucho más abierta, plenamente integrada, con un espíritu altamente participativo.


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Con el ánimo de ampliar nuestra red, por todas las ventajas y beneficios que comporta para la conservación de nuestro medio ambiente y para el legado natural a las futuras generaciones, presento hoy ante sus señorías el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. Se trata de una ley aparentemente sencilla, de solo quince artículos, pero tremendamente importante, que incluye aspectos novedosos y multitud de singularidades. Lo que pretende el Gobierno con la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es proteger, bajo la figura de parque nacional, un total de 33.664 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid, con una superficie de 21.740 hectáreas, y de Castilla y León, con otra superficie de 11.924 hectáreas, de acuerdo con el proyecto de ley remitido a esta Cámara. Como ustedes conocen, la idea de declarar un parque nacional en la sierra de Guadarrama es ya muy antigua. Para fundamentar sus precedentes es preciso remontarse a los años veinte del siglo pasado, cuando la sierra de Guadarrama fue descubierta, tanto paisajística como geográficamente, y fueron los pedagogos de la Institución Libre de Enseñanza los que primero se preocuparon por su conservación. No obstante, este primer precedente histórico fue desbordado por el impulso de don Pedro Pidal con la creación del primer Parque Nacional, el de la Montaña de Covadonga en 1918, al cual siguió un mes más tarde el de Ordesa y Monte Perdido. En cualquier caso, la idea de la declaración de parque nacional de Guadarrama continuó estando presente en la opinión pública en las primeras décadas del siglo pasado. Durante los años veinte tuvo lugar una amplia discusión sobre la conveniencia de declarar la sierra de Guadarrama parque nacional. La iniciativa no prosperó entonces y la cuestión se saldó años más tarde con una sencilla y simplemente testimonial declaración de tres singulares paisajes serranos como sitio natural de interés nacional. Estos sitios eran el Pinar de la Acebeda, la Pedriza del Manzanares y las Cumbres y Circo de Peñalara. Curiosamente, casi noventa años más tarde, estos lugares continúan existiendo y desde luego deben ser piezas fundamentales en el territorio que abarca el proyecto de ley de parque nacional. Desde aquellos lejanos años veinte hasta finales de siglo, la propuesta estuvo siempre presente en la mente de conservacionistas y gestores de espacios naturales, hasta que en el 1999 la entonces ministra de Medio Ambiente del Gobierno popular, doña Isabel Tocino, le dio un impulso definitivo al encargar un primer estudio técnico de esta posible declaración, que fue trasladado a las comunidades autónomas afectadas: Castilla y León y Madrid. Desde entonces, estas administraciones, que suscribieron los oportunos documentos e instrumentos de colaboración, han desarrollado un intenso trabajo que comenzó con la elaboración de los respectivos planes de ordenación de recursos naturales a partir de los cuales se confeccionaron las propuestas autonómicas, que fueron enriquecidas en los procesos de información pública. Posteriormente, las Cortes de Castilla y León y la Asamblea de Madrid, cada una de ellas en su respectivo ámbito territorial, aprobaron la propuesta de declaración en marzo de 2011. Esta propuesta fue trasladada al Consejo de la Red de Parques Nacionales el pasado 6 de junio, en el que están representados miembros de la Administración General del Estado, de todas las comunidades autónomas, los presidentes de los patronatos, las asociaciones ecologistas, representantes de asociaciones profesionales, de asociaciones sindicales, de propietarios y del comité científico de Parques Nacionales. En esa sesión se aprobó favorablemente, con la conformidad de 37 votos y solamente uno en contra, el del representante de la organización Ecologistas en Acción y, como digo, fue aprobado el informe del Organismo Autónomo Parques Nacionales sobre la propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama, confirmando así la adecuación a los requisitos de la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales. Por último, el Gobierno elaboró este proyecto de ley, de acuerdo con la propuesta recibida de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León.

Señorías, cuando el Tribunal Constitucional se tuvo que pronunciar en el año 1995 sobre la posibilidad de que la Administración General del Estado estuviera o no presente en los parques nacionales, lo hizo analizando qué tienen de diferente los parques nacionales del resto de espacios naturales protegidos, porque si los parques nacionales son un espacio protegido más, y dado que la gestión de espacios naturales protegidos corresponde de forma genérica a las comunidades autónomas, la intervención del Estado no estaría justificada. Sin embargo, el alto tribunal justificó esta excepcionalidad al apreciar en los parques nacionales algunas circunstancias que los alejaban del genérico del resto de los espacios, conformando sobre la base de esta especificidad una categoría aparte, con un modelo de gestión y organización distinto del general. En definitiva, los parques nacionales son espacios naturales protegidos, pero no son solo espacios naturales protegidos, son algo más. Aportan un alto valor añadido a nuestro patrimonio natural. Son algo que va más allá de lo natural y que tiene que ver con lo cultural, con lo histórico, con lo simbólico e inmaterial, con lo que nos identifica como país. Por eso, debemos hacer entre


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todos un gran esfuerzo de divulgación y campañas institucionales en todos los ámbitos posibles, desde el núcleo familiar a los centros docentes o entornos laborales y de relación para fomentar su conocimiento y utilización.

La sierra de Guadarrama posee unas características naturales y culturales que, sin duda, la hacen merecedora de una protección específica al más alto nivel. Gran parte del espacio que conforma el parque nacional que se pretende declarar con esta ley ha sido objeto de protección mediante las figuras de Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. Además, parte de su ámbito son espacios de la Red Natura 2000 y la Cuenca Alta del Manzanares está dentro de la Reserva de Biosfera declarada por la Unesco, y los humedales del Macizo de Peñalara están incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar. El espacio presenta continuidad suficiente y coherencia ambiental como para mantener los procesos naturales y permitir la libre evolución con poca intervención. No existen elementos de desnaturalización y la singularidad de su paisaje, historia y trayectoria encuentran fácil acomodo en el modelo de organización que las administraciones han configurado. De los veintisiete grandes sistemas naturales españoles que figuran en el anejo de la Ley de la Red de Parques Nacionales, en la zona propuesta como parte nacional se han identificado nueve de ellos, que ocupan aproximadamente un total de 30.500 hectáreas, lo que supone el 91 % de la superficie del futuro parque. Entre ellos, los pinares de pinus sylvestris, de reconocido valor ambiental, naturalidad y excelente estado de conservación sobre suelos silíceos que aportan representatividad a la red. Los sistemas naturales de origen glaciar y periglaciar, los humedales y lagunas de alta montaña, la excepcionalidad de sus sistemas de formaciones y relieves de montaña y alta montaña, los sistemas naturales de quejigares y melojares, los matorrales supra forestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, pinares, sabinares y enebrales. Igualmente, se han cartografiado veinticinco hábitats de interés comunitario, de los cuales cuatro son hábitats prioritarios. Eso significa que el futuro parque nacional ocuparía el segundo lugar en cuanto al número de hábitats, junto con el Parque Nacional de Doñana y por detrás del Parque Nacional de Picos de Europa, y el tercer puesto en cuanto a hábitats prioritarios junto al Parque Nacional de Cabrera. También se reconoce en este espacio la proporción y singularidad relevante de especies. Sus especiales condiciones climáticas y su localización en zona de transición entre la región eurosiberiana y mediterránea, lo han convertido en un auténtico refugio de especies vegetales que tuvieron una amplia distribución en el pasado y que ahora han desaparecido en los territorios circundantes. Destaca la presencia significativa de flora y fauna única ligadas al espacio natural, entre las que se encuentran las emblemáticas águila imperial ibérica y la cigüeña negra, y destaca también el elevado porcentaje de especies censadas en España, con un total del 40 % de los anfibios y reptiles, 39 % de las aves y 49 % de los mamíferos.

El proyecto de ley otorga a este espacio un estricto régimen jurídico de protección con carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio nacional. Se incluye la prohibición de la tala con fines comerciales, la caza deportiva y comercial y la pesca deportiva y recreativa, si bien excluye de esta prohibición todas aquellas actividades que la administración gestora del parque, de acuerdo con el plan rector de uso y gestión, programe en materia de control de poblaciones, ordenación de masas forestales o erradicación de especies invasoras. La declaración de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama permitirá la ordenación de todo su territorio en un único instrumento de protección habitual, con un único régimen jurídico y gestionado por las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León pero en base al principio de gestión integrada de dicho territorio para garantizar la coherencia técnica. Al mismo tiempo, se garantizará la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos que se encuentran en su área de influencia socioeconómica. Con ello se hace efectivo el mandato del artículo 28.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificado por el Real Decreto de 4 de mayo de 2012, de Medidas urgentes en materia de medio ambiente, que dispone que en el caso de que se solapen en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente. No obstante, la ley delimita una zona periférica de protección cuyo régimen jurídico estará compuesto por la normativa reguladora establecida en los instrumentos de planificación y en los espacios naturales protegidos declarados con anterioridad por las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León. Las figuras de protección autonómicas han contribuido a mantener en buen estado de


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conservación el territorio que ahora se destina a parque nacional, por lo que parece razonable que este régimen jurídico continúe vigente en la zona periférica de protección. Por otro lado, se incluye como novedad la clasificación de los usos presentes en el interior del parque en el momento de la declaración en tres categorías bien definidas, que son: usos compatibles con su conservación, necesarios para la gestión o incompatibles. Los primeros seguirán practicándose como hasta ahora, los incompatibles deberán prohibirse y, por último, los que resulten necesarios para la gestión serán protegidos y apoyados por la propia Administración, pues en definitiva estos usos han actuado como verdaderos elementos modeladores de la configuración del territorio que pretendemos conservar.

Debo decir que, aunque los parques nacionales nacen con una voluntad clara y contundente de conservación, son espacios naturales que se encuentran al servicio del conocimiento y el disfrute de los ciudadanos; son lugares abiertos para ser visitados y uno de los principios básicos de su gestión radica en hacer compatible la conservación con el uso público de los mismos. Pero las demandas actuales de la sociedad y de su entorno van más allá. Los parques nacionales deben ser capaces de ofrecer ciertas formas de aprovechamiento y de permitir una gestión más abierta a la sociedad. Tenemos que admitir y regular sus usos de maneras diferentes sin poner en peligro la conservación de sus recursos naturales. Tenemos que integrar en su gestión tanto a los habitantes más próximos como a ciertos colectivos y asociaciones cuya aportación supone además un valor añadido a nuestra actuación. La gestión de estos territorios no debe ser exclusiva de las administraciones; es preciso alcanzar una gestión mucho más participativa y compartida con la sociedad civil. Por ello, la ley dedica uno de sus artículos a la participación en la conservación del parque nacional, lo que supone una novedad respecto a las leyes declarativas promulgadas hasta la fecha. La gestión ordinaria y habitual corresponde en sus respectivos ámbitos territoriales a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, reservándose el Estado las potestades de coordinación correspondientes. Dicha gestión ordinaria y habitual se encuadra y debe basarse en la aplicación de la legislación básica del Estado en esta materia, que conforma la Ley de la Red de Parques Nacionales como normativa básica general, el Real Decreto por el que se aprueba el plan director de la red como instrumento de planificación de mayor rango y las leyes declarativas, como legislación básica específica de cada parque nacional. Pero el Estado no puede desentenderse en absoluto de la ejecución autonómica de la legislación estatal. De ahí la importancia de esta función coordinadora de la Administración General del Estado, que se materializa en la creación de una comisión de coordinación adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la que forman parte, junto con representantes del Estado, los de ambas comunidades autónomas. Asimismo, el Estado se reserva también la posibilidad de intervenir con carácter excepcional cuando disponga de datos fundados de que el parque nacional se encuentra en un estado de conservación desfavorable y los mecanismos de coordinación no resulten eficaces para garantizar su conservación. Se trata, en definitiva, señorías, de garantizar la salud de unos espacios tan apreciados, evitando que se produzcan daños que pudieran resultar irreversibles.

La planificación del parque se encomienda al Plan rector de uso y gestión, que será elaborado y aprobado por ambas comunidades autónomas y deberá ajustarse a lo que disponga el Plan director de la Red de Parques Nacionales. Los gastos derivados de la gestión ordinaria y habitual corresponderán a las comunidades de Madrid y de Castilla y León en el ámbito territorial que les es propio, y también el Estado se reserva aquí la posibilidad de intervenir, bien sea estableciendo de común acuerdo instrumentos de cooperación financiera para el cumplimiento de los objetivos de la propia ley o bien asumiendo la financiación de actuaciones singulares y extraordinarias previa declaración de utilidad pública e interés social. La ley abre una tercera vía de financiación estatal al facultar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del organismo autónomo Parques Nacionales a suscribir y poner en marcha acuerdos, convenios y consorcios con las administraciones competentes con objeto de que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama alcance un nivel de gestión similar al resto de los parques nacionales. En lo que se refiere a la participación de la sociedad, la ley crea el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, de composición paritaria, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, entre representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León, y también estarán representadas las administraciones locales, los agentes sociales, los propietarios públicos y las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos en el parque, así como aquellas otras instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los objetivos de la ley.


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Este parque nacional nace con una clara vocación de aumentar su superficie. Somos conscientes del altísimo valor medioambiental de algunas fincas limítrofes que antes o después podrían llegar a formar parte del espacio protegido. Por ello, la ley recoge en sus disposiciones adicionales esta posibilidad, habilitando a las administraciones para adoptar medidas tendentes al aumento progresivo de la propiedad pública en el interior del parque y en su zona periférica de protección. Igualmente, el texto contempla la facultad de las administraciones competentes para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre actos o negocios jurídicos de carácter oneroso que afecten a fincas rústicas situadas no solo en el interior del parque, como ocurre en el resto de los parques nacionales, sino también a las que sean colindantes con el mismo.

Quisiera referirme también, señorías, a la modificación de la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, que figura en este proyecto de ley de la Sierra de Guadarrama. Me refiero a la declaración de estado de emergencia en parques nacionales. El actual marco normativo adolece de una regulación que permita la actuación en red en caso de una catástrofe medioambiental, y este vacío se ha hecho patente, y créanme que lo hemos sufrido enormemente, el pasado verano cuando cuatro de nuestros parques nacionales ardían prácticamente al mismo tiempo. Las disposiciones incluidas en la ley pretenden simplemente ayudar mediante la movilización de medios humanos y materiales a evitar más daños y restaurar en su caso los que ya se hubieren producido, todo ello con el más absoluto respeto a la distribución de competencias en esta materia de parques nacionales entre el Estado y las comunidades autónomas, cuya gestión ordinaria y habitual no se verá alterada en ningún momento. Esta norma introduce otro nuevo artículo en la Ley de la Red de Parques Nacionales, referido al deber de aportar información al organismo autónomo Parques Nacionales. Sé que algunas de sus señorías podrán pensar que este nuevo artículo resultaría innecesario en un régimen de normal colaboración con las administraciones gestoras de los parques, pero lo cierto es que esta inclusión ha sido fruto de la experiencia de trabajo de estos años con la gestión de los parques transferidos.

En definitiva, con la presente ley se trata de declarar el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama e integrarlo en la Red de Parques Nacionales, por entender este como un espacio singular, único, irrepetible y representativo, cuya conservación se considera de interés general del Estado. Es una incorporación que tendrá un impacto medioambiental positivo al declararse una figura de protección mayor que la existente en el espacio natural afectado y que redundará en la conservación del patrimonio natural; un impacto normativo positivo en la medida en que se establece claramente el régimen jurídico de protección del parque, y un impacto social positivo puesto que responde a los intereses de la sociedad y garantiza el más alto grado de protección a un espacio natural de incalculable valor ecológico. Finalmente, tendrá un impacto económico positivo puesto que la gestión del parque promoverá la prestación de nuevos servicios, la generación de empleo y propiciará el desarrollo social y económico de las zonas afectadas.

Por todo ello, solicito a la Cámara el apoyo para continuar la tramitación de este proyecto de ley y el rechazo de las enmiendas de totalidad presentadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad. La primera es de La Izquierda Plural y, para su defensa, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, el lema utilizado por Izquierda Unida, en coincidencia con las diferentes organizaciones ecologistas y plataformas como Salvemos la sierra, durante todo el proceso -largo- de tramitación de los planes de ordenación de los recursos naturales y del parque nacional ha sido: Sierra de Guadarrama, parque sí pero no así. Eso es lo que hoy le trasladamos aquí, señor ministro, para pedirle que retire este proyecto de ley, porque es necesario un parque nacional de la Sierra de Guadarrama y no solo de las cumbres si queremos conseguir una verdadera y eficaz protección del entorno natural de mayor valor ecológico y paisajístico de las Comunidades de Madrid y Castilla y León. Defendemos la creación de un parque nacional de la Sierra de Guadarrama y no el que se presenta, señor ministro, que no es más que un pseudoparque de las cumbres. Esta propuesta no cumple siquiera con las exigencias que define la Ley 5/2007, de Parques Nacionales, en lo que se refiere a la fragmentación de la superficie. La delimitación del espacio protegido ha seguido claramente criterios que responden a intereses económicos y empresariales de carácter privado, excluyendo todo el suelo privado e incluyendo exclusivamente el suelo público. Esto hace que el espacio definitivamente protegido quede delimitado de forma irregular, existiendo


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un elevado efecto borde, con estrangulamientos que suponen un grave riesgo para la conservación de los ecosistemas, la fauna y la flora. Por tanto, nos encontramos con que se incluyen dentro del parque zonas de escaso valor natural, como los pinares de Navarredonda, y se excluyen, por ende, otras como el monte Cabeza de Hierro o el Pinar de los Belgas, en la cuenca alta del Lozoya, que alberga la mayor colonia de buitre negro de la Comunidad de Madrid.

Este Parque Nacional de las Cumbres no asegura una protección suficiente para el ecosistema de la Sierra de Guadarrama y abre la puerta a la urbanización de amplias zonas. Así, se excluyen zonas de ladera y pie de monte, facilitando la construcción de más de 40.000 viviendas proyectadas en los planes generales de ordenación urbana de los pueblos serranos, apostando de esta manera tozuda por un modelo económico basado en el ladrillo que ya está más que demostrado que es nefasto y perverso. Desprotege más que protege porque la zona protegida propuesta ya lo está por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y por el Parque de Peñalara; incluso el nivel de protección planteado puede considerarse menor que el actual porque ha desaparecido de un plumazo la alta protección con la que contaban ya los humedales de Peñalara. Permite también la proliferación de infraestructuras tales como el desdoblamiento de la carretera del puerto, que atraviesa claramente el territorio protegido. Creemos en La Izquierda Plural que, como mínimo, para que sea un parque nacional y no de las cumbres, debería ampliarse en 14.000 hectáreas más de las 33.600 hectáreas propuestas, tanto en su vertiente madrileña como en la castellano-leonesa, incluyendo Valdesquí, contemplando la prohibición expresa de toda posibilidad de unificar las estaciones de esquí alpino de Navacerrada y Valdesquí y dotándolo de un preparque que actúe de verdadera zona de protección.

Otro aspecto que justifica sobradamente la petición de la retirada de esta ley es el incumplimiento del artículo 10.5 de la Ley 5/2007, dificultando la participación ciudadana y dejando bien claro que ni el procedimiento de aprobación del Plan de ordenación de recursos naturales, donde se presentaron 18.500 alegaciones en la Comunidad de Madrid, ni en la aprobación del parque nacional, con más de 1.000 alegaciones, se han contestado o tenido en cuenta ni una sola enmienda. Por tanto, es un parque de las cumbres, aprobado, señor ministro, a espaldas de la ciudadanía. Se han priorizado los intereses privados frente a los ambientales y ecológicos; un parque nacional de bajo nivel que afectará muy negativamente a la Red de Parques Nacionales en su conjunto al abrir la puerta a futuras declaraciones de parques nacionales con bajo nivel de protección. Creo que son suficientes motivos para pedirle su retirada.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidenta.

Señorías, ministro, estamos hoy convocados a un debate en el que debería prevalecer el acuerdo entre todos los grupos políticos, porque en un tiempo de destrucción de riqueza en nuestro país, en un tiempo de destrucción de puestos de trabajo la declaración de un nuevo parque nacional significa precisamente la posibilidad de consolidar la riqueza de nuestro país, la riqueza económica a partir de la riqueza ecológica y desde luego la creación de puestos de trabajo. Y resulta singular que después de mucho tiempo se presenten en esta Cámara enmiendas a la totalidad, precisamente a una legislación en materia de parques nacionales. Quiero recordarle, ministro, que la Ley 5/2007, que usted ha citado profusamente en su exposición, fue una ley que no tuvo que enfrentarse a ninguna enmienda a la totalidad en esta Cámara. Tampoco el Partido Popular, que en aquella legislatura presentaba enmiendas a la totalidad prácticamente a toda legislación ambiental que se presentara, lo hizo. Pero tampoco hubo enmienda a la totalidad a la declaración del Parque Nacional de Monfragüe ni a la declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.¿Por qué, señor ministro, hoy se encuentra usted con un debate de totalidad? Yo he seguido muy atentamente su explicación y he echado en falta que cuente usted toda la verdad, toda la historia de la tramitación que trae hasta aquí este proyecto de ley. Porque lo que usted ha dejado fuera, déjeme que le diga que es el lado oscuro de la historia. Usted ha hablado de la tramitación de esta norma como si hubiera sido una tramitación pacífica, y sabe muy bien que no es así. Y además, si le falta alguna información, tiene como secretario de Estado de Medio Ambiente a quien fue director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que le puede dar todavía más información de la que yo ahora voy a compartir con esta Cámara. Se ha hecho referencia también por parte de la representante de La Izquierda Plural a que durante la tramitación hubo un claro intento en el caso concreto de la Comunidad de Madrid de aprovechar la elaboración de un plan de ordenación de los recursos


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naturales para rebajar los niveles de protección ambiental ya existentes, lo que motivó un recurso contencioso-administrativo de la organización Ecologistas en Acción, recurso que en gran medida ha sido estimado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De hecho, una parte de esa corrección del PORN ha quedado en el ámbito del proyecto de ley, pero no de forma completa porque, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí considera la nulidad de las disposiciones que permitirían con este proyecto de ley la unificación de las dos estaciones de esquí, Valdesquí y Navacerrada. Valdesquí, señor ministro, y no Valdecotos como hemos oído hace poco definir a ese espacio, con una clara reminiscencia de épocas en las que se pensaba sobre todo en más urbanización y en más construcción aprovechando el atractivo de la estación de Valdesquí. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha evacuado una sentencia que no se ha tenido suficientemente en cuenta en el texto que traen ustedes hoy aquí. Es más, la Comunidad de Madrid lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo y la organización Ecologistas en Acción ha presentado también al Tribunal Supremo un recurso pidiendo la nulidad íntegra del Plan de ordenación de recursos naturales que se hizo en su momento por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay una situación desde luego de inseguridad jurídica, porque están vivos recursos que podrían en el futuro significar cambios relevantes, cambios en la protección ambiental de la zona que queda dentro de este proyecto de ley.

Señor ministro, si no fuera suficiente esto para plantear por nuestro grupo que no queremos ser cómplices de un proyecto de ley que no cumple con sentencias que ya se han producido, quiero recordarle que este proyecto de ley incumple los artículos 10 y 21 de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales e incumple también la Ley de información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental. Porque, efectivamente, como se ha recordado antes, en todo el procedimiento no se ha tenido en cuenta la obligación legal de que en el expediente figuren las contestaciones a las alegaciones que se han presentado durante la tramitación primero del Plan de ordenación de recursos naturales -en el caso de la vertiente madrileña de este proyecto de ley- y después de cara a la propia reunión del Consejo de la Red de Parques Nacionales, que usted ha descrito como una reunión normal donde solamente hubo un voto en contra. Ministro, usted sabe perfectamente que no fue una reunión normal, fue la reunión más conflictiva de la historia del Consejo de la Red de Parques Nacionales y usted se comprometió ante el consejo a una serie de cuestiones que no le he oído mencionar durante su intervención. Usted se comprometió a la ampliación durante el trámite parlamentario del territorio cubierto por el parque nacional, concretamente en el caso del Monte de Valsaín, en el caso del Pinar de los Belgas y corrigiendo también esa posibilidad de que haya una unificación entre Valdesquí y Navacerrada. Todo eso fue objeto de un compromiso que todos los que estaban en la reunión del consejo de la red pudieron escuchar de sus labios, compromiso que por otro lado sé que ha repetido usted en público en algún momento.

Por lo tanto, señor ministro, quiero decirle que la enmienda de totalidad que presenta nuestro grupo parlamentario es una enmienda que tiene sobre todo que ver con cómo se ha tramitado. ¿Defectos en la forma? No, porque cuando se incumplen leyes es algo más que la forma; cuando se incumplen leyes, ministro, eso tiene mucho que ver con una voluntad política de fondo que ustedes están demostrando desde el principio de la legislatura en materia de política ambiental desde ese rancio enfoque según el cual la política ambiental tiene que quedar supeditada a la viabilidad económica. Ministro, todas las organizaciones internacionales -Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea- están diciendo que la viabilidad económica de cualquier actividad tiene que obtenerse gracias precisamente al equilibrio ecológico, a la preservación de los recursos que permiten una actividad económica duradera y sin incidencia negativa sobre la salud y el bienestar humano. No es lo contrario; la viabilidad ecológica es un prerrequisito para la viabilidad económica. La existencia de suficiente biodiversidad, ministro, es condición inexcusable para la producción de alimentos. Lo dice la FAO. La preservación frente al cambio climático es una condición inexcusable para el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Lo saben muy bien las compañías aseguradoras y lo saben muy bien los expertos, que definen a España como uno de los países más vulnerables en materia de cambio climático. Por tanto, cuando ustedes contraponen protección ambiental a viabilidad económica están, insisto, haciéndolo desde un enfoque rancio, antiguo, que nada tiene que ver con la sostenibilidad, que debe ser un enfoque integrado donde la actividad económica se plantee dentro de lo que son límites biofísicos que tenemos que saber respetar. A ustedes no les preocupa incumplir leyes que lo que hacen es proteger el propio proceso de elaboración, en este caso de una declaración de un parque nacional.

Ministro, esta es una ley muy importante, desde luego para la Comunidad de Madrid y desde luego para Segovia, en la Comunidad de Castilla y León, y usted hablaba de la participación del Estado desde


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el punto de vista de la coordinación y también desde el punto de vista de la financiación, pero es que su grupo parlamentario, señor ministro, ha rechazado todas las enmiendas que hubieran permitido que el naciente Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama tuviera un solo euro en el presupuesto del año 2013. No parece que la voluntad política, expresada precisamente durante el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, tenga mucho que ver con el planteamiento de la importancia de esta declaración que usted ha hecho en su intervención.

Quiero concluir diciéndole que, aunque hemos presentado una enmienda a la totalidad, mi grupo estaría dispuesto a retirarla si usted sube a esta tribuna y se compromete a corregir todo ese procedimiento, que no ha sido el correcto; si usted sube a esta tribuna y nos dice aquí, señor ministro, que le va a pedir a la Comunidad Autónoma de Madrid que retire el recurso ante el Tribunal Supremo, precisamente para garantizar que se va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; si usted sube aquí y se compromete a que habrá una respuesta a todas las alegaciones que se han presentado a lo largo de la tramitación, cumpliendo así con la Ley 5/2007 y con la Ley de información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental. Es verdad que ustedes han traído una ley de transparencia y buen gobierno que ni siquiera cumple con esa necesidad de dar contestación y hacer visibles las contestaciones a las alegaciones de los ciudadanos. Cumplan la legislación vigente en materia ambiental, que ya establece esa obligación dentro de este ámbito concreto. Suba aquí, a esta tribuna, señor ministro, y díganos cómo va a cumplir, con qué consenso territorial va usted a cumplir y hacer cumplir al Grupo Parlamentario Popular su compromiso en el Consejo de la Red de Parques Nacionales en relación con Valsaín, en relación con el Pinar de los Belgas, en relación con la posibilidad de que se unan las dos estaciones de esquí. Si usted sube aquí y se corrige a sí mismo después de una explicación que solo ha presentado el lado positivo de esta declaración de parque nacional, si usted supera con ello el lado oscuro que ha dejado al margen de su intervención, señor ministro, nuestro grupo retiraría la enmienda a la totalidad, y lo haría con mucho gusto porque efectivamente se corregirían los vicios que ha traído este proyecto de ley a esta Cámara sin el suficiente consenso y cumplimiento previo de las leyes existentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Narbona.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el señor Cantó, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, no vamos a ser nosotros quienes nos neguemos a la creación de un espacio protegido como el que se pretende crear en la sierra de Madrid. Nuestras dudas van por otra dirección. Quienes conocemos bien esa zona sabemos la riqueza natural que encierra, pero también hemos sido testigos de cuál ha sido el crecimiento urbanístico aceleradísimo e intensísimo que ha sufrido toda esa zona en la última década. De ahí parte una de nuestras mayores dudas, porque creemos que esta propuesta del Grupo Popular tiene, si se me permite, un alto componente cosmético, porque la figura de parque nacional si bien es la de más alta protección y puede acarrear además mayor llamada de turismo, e incluso un lavado de imagen medioambiental más profundo, también trae consigo obligaciones mucho más intensas que nosotros no vemos que se acaben de cumplir. Por poner un par de claros ejemplos, en un parque nacional no se puede dar cabida a la caza, actividad que además se pretende que se siga sosteniendo allí, ni tampoco la explotación forestal, actividad que no solamente se practica sino que además, gracias a su práctica de una forma sostenible, ha contribuido a que se mantengan y a que se creen espacios como el Pinar de los Belgas, zona que, por cierto, nosotros animaríamos a la Comunidad de Madrid, o a quien fuere, a adquirir.

Hay otro problema que hace que ciertas dudas nos asalten también, y es esa pléyade de recursos legales pendientes de resolver sobre el parque. Esto nos lleva a dos cosas. A recordar la indefensión que produce la lentitud, la proverbial lentitud judicial en resolver casos pendientes y a esa propensión a veces del Partido Popular a ignorar y gobernar ignorando cortapisas legales con políticas de hechos consumados que luego tienen una difícil reversión. Creemos que sería además necesario crear también una figura de preparque, de protección menos estricta que la del parque, que lo proteja además de la proliferación de infraestructuras y construcciones en su borde, suponiendo así, tal y como sucede ahora, una agresión a ese parque nacional. Además queremos insistir en que la compaginación del desarrollo económico de este parque nacional con la conservación natural del mismo es difícil, y creemos que hay que imponer unos límites un poquito más estrictos de los que ustedes proponen. Por ejemplo, nosotros creemos que


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crear un hotel-spa de lujo en el puerto de Navacerrada, como se pretende, no es de recibo. Proponemos que todo ese tipo de instalaciones se queden en las poblaciones limítrofes del parque. Por cierto, pretender también -creemos nosotros-, como se dice desde algún sitio, cerrar la estación de Valdesquí sería un error, entre otras cosas porque nos tememos que las condiciones medioambientales cambiantes, la climatología cambiante va a ser quien tenga la última palabra sobre la viabilidad de estas instalaciones. En proteger una zona tan importante como la sierra de Madrid por supuesto siempre estaremos a favor, y en contra, quizá, de la dudosa elección de la figura para protegerla, que además supone que estemos creando una zona con unas fronteras absolutamente irregulares; si se me permite, son casi a la cisjordana. Nosotros creemos que quizá la imagen de un parque natural y no de un parque nacional sería un poquito más adecuada. Nos vamos a abstener, señor ministro, en esta ocasión a estas enmiendas a la totalidad, pero esperamos poder enriquecer el proyecto con nuestras enmiendas parciales.

Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, paso a motivar nuestra posición ante estas enmiendas de devolución a un proyecto de ley que es consecuencia de un procedimiento iniciado por dos comunidades autónomas que han tramitado previamente sus planes de ordenación de recursos nacionales. El largo proceso administrativo seguido para esta declaración que afecta al territorio de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla y León se inició con la firma de un protocolo de colaboración. Son estas comunidades las que impulsan esta ley. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solo puede respetar los acuerdos del convenio de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado y felicitarnos por disponer de un nuevo espacio que recoge muestras del patrimonio natural, espacios ricos en diversidad, paisaje y reflejo de la relación del ser humano con el territorio, pero de una forma especial y peculiar en cada uno de los catorce actuales que conforman la Red de Parques Nacionales. Tenemos que ser críticos, señor ministro, con el Gobierno. Destaco para estos artículos a que hago referencia la única responsabilidad del Ejecutivo ante el intento de laminar nuevamente competencias de las comunidades autónomas. Hago referencia explícitamente a la modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, introducida al final del texto de esta ley con dos nuevos artículos: uno en referencia a la declaración del estado de emergencia en parques nacionales y el otro al sistema de colaboración, cooperación y obligaciones en relación con la información de la Red de Parques Nacionales. Esta discrepancia la desarrollaremos al final. Antes analizaré las dos enmiendas a la totalidad.

La enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista se basa en anunciar que el proceso administrativo viene precedido de muchas carencias. Según parece afirman que su contenido dista de responder a la Ley 5/2007, como a las expectativas existentes que había suscitado este espacio emblemático. Lo clasifican de dudosa legalidad y sitúan toda la culpa en la relación del Plan de ordenación de recursos naturales de la Comunidad de Madrid, según parece con una tramitación complicada, como su portavoz ahora nos ha explicado. También pone en duda la eventual unión de las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí, entre otras; remarca el incumplimiento de los requisitos de transparencia y participación pública en la parte de tramitación de la vertiente madrileña y pone dudas en la elaboración del informe del Consejo de la red para completar el proceso previo. Acusan a esta ley de falta de consistencia y critican la escasa ambición del proyecto en cuanto a limitaciones de superficie, aspecto este -quisiera destacarlo- que es secundado por organizaciones no oficiales del territorio, que proponen ampliar el ámbito en unas 14 hectáreas; ampliación que cambiaría el nombre, eliminando la palabra cumbres y dejando solamente Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Algunas iniciativas de colegios profesionales relacionados con el ámbito de la conservación de la biodiversidad solo secundan este aspecto. Creen también necesaria la ampliación de la extensión para la mejora del proyecto de ley. Coinciden en este apartado con la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista. Otras organizaciones quieren además de completar la superficie pedir una participación activa en el patronato, ampliar la reducción de los 500 metros para la prohibición general del sobrevuelo para los vuelos comerciales. Por eso queremos destacar en este caso que la enmienda a la totalidad incorpora esta vez la crítica a los dos artículos dictados por el Gobierno con un objetivo recentralizador de competencias cedidas. El Grupo Parlamentario Socialista esta vez es consecuente y destaca innecesario añadir a esta declaración de un nuevo parque nacional la modificación por adición de los artículos a la Ley de Red de Parques Nacionales,


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que provocarán conflictos competenciales absolutamente evitables. En este apartado de invasión competencial sí coincidimos. En el resto vemos criterios dispares entre gran parte de las organizaciones especializadas, que desde hace años también trabajan para conservar este territorio, y algunos argumentos del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a la enmienda a la totalidad de La Izquierda Plural, la motivan ante las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid por haber evitado una verdadera y real participación pública. Nuestras informaciones no han confirmado tal extremo. Han dejado constancia de que se ha realizado un proceso de participación, aunque del grado de calidad se pueda discrepar. 18.500 alegaciones no demuestran una falta de participación pública en el proceso, que tal vez sea muy mejorable. Existe el miedo a la urbanización de amplias zonas, la reducción del nivel de protección y la zonificación confusa y enrevesada que no se sustenta en valores naturales y permite actuaciones agresivas. Proponen también ampliar límites, cosa que une, como hemos dicho, a diferentes sectores activos de la sociedad interesados en su protección, en este caso a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad.

Señor ministro, creemos que el Gobierno y las comunidades autónomas implicadas tendrán que revisar forzosamente durante la tramitación del proyecto de ley estas propuestas para ampliar la extensión del parque nacional, pues parece que es una causa común. Hablan de prohibición de caza cuando en el artículo 15, referente al régimen sancionador, queda claro que está prohibido salvo por razones de gestión o control poblacional. Por tanto, esta propuesta de enmienda a la totalidad parece que no se corresponde con la realidad o hay al menos algunos aspectos confusos y contradictorios. En el texto de la enmienda nuevamente, de una forma ya repetitiva, desde La Izquierda Plural no se denuncian los intentos de laminación de las competencias de las comunidades autónomas por parte del Gobierno. Constatamos que la participación de Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa no es suficiente para incidir en La Izquierda Plural, y como partido catalán les pedimos que intenten hacer pedagogía para ser estrictos en la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya entre sus compañeros de grupo parlamentario. Esperamos que se incorporen al objetivo en las enmiendas parciales y que conjuntamente podamos entre todos declarar un nuevo parque nacional sin aprovechar para invadir competencias. Cataluña, señorías, es un territorio con un patrimonio natural excepcional y una elevada biodiversidad. Disponemos actualmente de trece parques naturales y un parque nacional, además de otros espacios naturales que se rigen por diferentes figuras de conservación. Sabemos que este patrimonio rico y diverso en especies y paisajes merece ser protegido, al igual que el Parque Nacional de La Sierra de Guadarrama, para ser ordenado, conservado y gestionado correctamente para los que lo habitan, los que lo visitan y para las futuras generaciones. Creemos que la conservación del patrimonio natural es compatible con las actividades propias de los espacios donde se encuentran: la agricultura, la ganadería, la gestión de las masas boscosas, el turismo sostenible y otras muchas. Estaremos al lado de quien promueva que estas actividades se puedan continuar desarrollando, pues contribuyen a la propia conservación de los espacios, a una buena gestión del territorio, permiten conservar el paisaje que los hace atractivos, la riqueza natural que los hace valiosos, mantener así la ocupación y trabajar para crear de nuevo, siempre defendiendo nuestro ámbito competencial propio en aquellos aspectos en los que, como siempre, se intenta recuperar competencias; en este proyecto, por ejemplo, como le anunciaba al principio, en cuanto a la posibilidad de declarar el estado de emergencia en parques nacionales. La valoración de esta cuestión, señor ministro, la hacemos teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la gestión de los parques nacionales, atribuida exclusivamente a las comunidades autónomas y las competencias que el Estatut de Catalunya atribuye a la Generalitat en materia de parques nacionales, de protección civil y de extinción de incendios. El resultado: invasión clara del ámbito competencial de la Generalitat. Por tanto creemos que hay que suprimir el punto del proyecto de ley. No vemos que alguna de las consecuencias que prevé la ley o las exposiciones del señor ministro sea de calado suficiente como para declarar el estado de emergencia en un parque nacional con esas condiciones; creemos que se pueden alcanzar con los mecanismos ordinarios propios de la colaboración entre administraciones públicas que ya existen. Si hay que mejorarlas, mejoremos estas, pero no cambiemos el marco de juego. Creemos innecesario introducir esta previsión en la ley. La misma exposición de motivos no aclara cuál es el fundamento para introducir esta disposición.

En referencia al sistema de colaboración, cooperación y obligaciones en la elaboración de los informes de la Red de Parques Naturales, se trata de una cuestión puramente operativa para instrumentar la colaboración de los parques nacionales aportando información para realizar las memorias de la red, las


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reuniones del Consejo de la red, etcétera. Parece razonable que se implanten estos mecanismos esenciales de información, pero creemos impropio de una ley regular una cuestión de esta naturaleza.

Queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo frontal ante una autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular que vacía partidas presupuestarias previstas inicialmente en los presupuestos para 2013 de muchos parques nacionales, entre ellos el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, concretamente 280.000 euros. Ya se lo dijimos, señor ministro. Su secretario de medio ambiente se planteó objetivos que en la transcripción presupuestaria ha vuelto a olvidar; ahora prioriza otras zonas por criterios estrictamente de interés político, dejando otra vez a Cataluña, y a Lleida en este caso particular, sin recursos básicos para su mantenimiento. Señor ministro, nuestro grupo parlamentario, ante esta situación, votará abstención a las enmiendas a la devolución, respetando así las decisiones de las comunidades autónomas implicadas territorialmente, como no podía ser de otra forma, pero a la espera de la posición del Gobierno en referencia a los artículos que modifican la Ley de la Red de Parques Nacionales y que afectan a las competencias de Cataluña y del resto de territorios y a la evolución de las enmiendas en el Senado en cuanto a la aportación de partidas presupuestarias a los parques nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Popular, señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, permítanme que inicie mi intervención como hice ayer en la de presupuestos señalando la vergüenza que supone que el partido que arruinó a España, el Partido Socialista, miembros del anterior Gobierno y miembros del partido se situaran ayer tras las pancartas contra las medidas del Gobierno para conseguir la recuperación económica y crear empleo, para salir del pozo en que ellos nos han dejado; una auténtica vergüenza, señorías. (Aplausos).

Estamos hoy debatiendo, señorías, el proyecto de ley del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. La primera Ley de Parques Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916, consiguió con sus únicos tres artículos que España fuera uno de los países pioneros en Europa en la apuesta por la protección de la naturaleza, junto a Suecia, y tras la experiencia de países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. Permítanme, señorías, que hoy traiga a colación unos bellos párrafos del discurso pronunciado en el Senado por don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, autor de la proposición de ley para la creación de parques nacionales en España el 14 de junio de 1916. Decía don Pedro Pidal: Sería el mayor homenaje que pudiera rendir a vuestra cultura, que no ha menester ciertamente de que la aliente en el amor a las bellezas naturales ni que yo la ilustre en cuanto a los medios más conducentes y seguros para conservarlas y acrecerlas. Cómo voy a pretender convenceros, si lo estáis más que yo, de que así como para proteger el arte tiene el Estado la declaración de monumento nacional, para proteger la naturaleza debiera tener la declaración de parque nacional. Un castillo, una torre, una muralla, un templo, un edificio se declara monumento nacional para salvarlo de la destrucción ¿Por qué un monte excepcionalmente pintoresco, con sus tocas de nieve, sus bosques seculares, su fauna nacional y sus valles paradisíacos no ha de declararse parque nacional? ¿No hay santuarios para el arte? ¿Por qué no va a haber santuarios para la naturaleza, para la madre naturaleza?

¿Quién podía imaginarse, señorías, que casi cien años más tarde los partidos políticos que se atribuyen en exclusiva la defensa del medio ambiente y la protección de la naturaleza iban a presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de creación de un nuevo parque nacional? ¿Quién podía imaginarse entonces, señorías, que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Plural tratarían de impedir, con su enmienda a la totalidad, que la Sierra de Guadarrama quedara integrada en la red de parques nacionales? ¿Quién podía imaginarse, señorías, que el Grupo Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural, con su enmienda a la totalidad, querrían privar a un espacio con características naturales y culturales únicas de la figura de protección más destacada de nuestro territorio? Porque de esto es de lo que se trata, señorías, al presentar ambos grupos parlamentarios enmiendas a la totalidad de devolución del parque nacional sin un proyecto alternativo y con pobres y poco consistentes argumentos que la sustentan, y que, como luego explicaré, no se mantienen. Aprovecho este momento para dar las gracias al portavoz de Convergència i Unió, que ya ha rebatido muchos de los puntos que vienen en las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley. Ya en aquella época se hablaba, señorías, de la protección de Guadarrama, y se declaraban algunos de los primeros espacios protegidos de la sierra. Casi un siglo después de la propuesta inicial de creación del parque nacional, hoy el ministro Arias Cañete ha presentado ante la Cámara para su aprobación el proyecto de ley del Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama.


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Señorías, señor ministro, como diputada por Madrid el Grupo Parlamentario Popular quiero manifestar el orgullo de mi grupo parlamentario porque ha sido con el acuerdo de dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, y con un Gobierno de España también del Partido Popular, que hoy, un siglo después de la propuesta inicial de su creación, debatamos en esta Cámara el proyecto de ley que va a crear un nuevo parque nacional, el décimo quinto de la Red española de Parques Nacionales, el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. El futuro parque nacional tendrá, señorías, una extensión -lo ha dicho el ministro- de 33.664 hectáreas, de las cuales 21.740 se sitúan en la vertiente madrileña y 11.924 en la vertiente segoviana. Será el quinto más extenso de la red, tras los de Sierra Nevada, Picos de Europa, Doñana y Cabañeros. El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama será el primero que se declare en aplicación de la Ley 5/2007, Ley básica de Parques Nacionales, sobre el territorio de comunidades diferentes, no existiendo por ello precedentes similares en el proceso de declaración de otros parques. Quiero destacar en este punto la coordinación y la colaboración que ha existido entre ambas comunidades a lo largo de todo el proceso, iniciado en el año 2002 y finalizado con la elaboración y aprobación de una propuesta conjunta de parque nacional. Manifiesto que gracias a ambas comunidades hoy estamos debatiendo este proyecto de ley. Gracias -repito- a la Comunidad de Madrid, gracias a la Comunidad de Castilla y León que lo han hecho posible, y especialmente a la que fue su consejera y lo hizo posible en la Comunidad de Castilla y León, la hoy senadora María Jesús Ruiz, que está sentada con nosotros.

No voy a describir las características del futuro parque nacional -lo ha hecho ya el ministro-. Solamente quiero indicar que del parque nacional se han excluido, como no debía ser de otra manera, las estaciones de esquí del puerto de Navacerrada y de Valdesquí, y los territorios de cotas más bajas en valles y pie de sierra en las que la pérdida de condiciones de naturalidad imposibilitaría la declaración. Fue lo mismo que se hizo con el Parque Nacional de Sierra Nevada, exactamente lo mismo. Quiero también agradecer a los municipios de las zonas que conforman el futuro parque nacional; gracias a sus habitantes, muchas gracias, porque han sido ellos los que a lo largo de estos años han mantenido el territorio en un estado de conservación tal que hoy merece ser parque nacional, que sepan todos ellos que cuentan con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para el mantenimiento de sus actividades tradicionales; actividades tradicionales que -repito- han hecho merecedor al territorio de la figura de parque nacional. Será un parque nacional en el que existirá el control de población. No queremos las obsesiones que tienen el Partido Socialista e Izquierda Unida, contra la caza. Existirá el control de población, como no puede ser de otra manera, claro que sí; lo que hay que mirar -si del Grupo Parlamentario Popular depende- es que el control de población no tiene por qué hacerlo la guardería del parque. Yo creo que el control de población debe darse a los cazadores de la zona o de los municipios. Creo que ellos tienen derechos a efectuar este control de población. (Aplausos).

Señor Cantó, no se ha estudiado bien usted la lección para venir hoy aquí. No es la sierra de Madrid lo que se protege; es la sierra de Guadarrama, con su vertiente madrileña y su vertiente segoviana. No ha escuchado usted al señor ministro, pese a que hoy ha hablado muchísimo más despacio que otras veces, pero usted ha estado con el teléfono, porque yo le he estado observando todo el tiempo. (Aplausos).

Hemos escuchado a la señora Narbona y la hemos oído hablar de sus obsesiones de siempre. Ha hablado de las estaciones de esquí, de sentencias y aves sueltas; se ha convertido en la portavoz de Ecologistas en Acción, que está muy bien, y en la juez que reclama al ministro que cumpla la palabra que dio en una reunión en la que, ciertamente, la señora Narbona no estaba. Nos ha hablado también de las enmiendas a los presupuestos que se debatieron ayer. No entiendo, señora Narbona, cómo se atreve usted a hablar de las enmiendas a los presupuestos que ustedes presentaron cuando sabe que las enmiendas suponen una desvergüenza, ya que son enmiendas a la sección 31 que tiene 30 millones de euros, y ustedes hicieron varias enmiendas por valor de 248 millones de euros. Por consiguiente, son enmiendas que caen por sí mismas. Señora Narbona, no reclame cumplimiento de palabras, porque todos tenemos que recordar que usted fue la ministra que nada más llegar al ministerio, y tras derogar el trasvase del Ebro, prometió a España más agua, más barata y en menos tiempo. Ahora, transcurridos más de ocho años de aquella fecha, ni hay más agua, ni es más barata y ha transcurrido ya mucho tiempo. (Aplausos). Señora Narbona, usted no tiene autoridad moral para reclamar nada; nada en absoluto.

De las enmiendas a la totalidad presentadas que coinciden en la mayoría de los puntos, voy a destacar solamente cuatro aspectos. Primero, dice la enmienda socialista que el proyecto de ley no debería haber llegado a esta Cámara por hallarse pendiente de varios recursos judiciales cuyas correspondientes


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sentencias podrían modificar parte de su contenido. Señorías, varios recursos judiciales no, unos pocos, muy pocos. No tiene sentido proponer la suspensión de la tramitación a la espera de resoluciones judiciales pues esta manera de proceder supondría, de facto, la paralización o retraso de gran parte de la actividad legisladora. La afirmación que hace el texto de la enmienda socialista es inaceptable, dado que tanto el artículo 2 del presente proyecto de ley, que hoy debatimos, como el artículo 14 de la Ley básica de parques nacionales prevén los mecanismos necesarios para realizar las adaptaciones que, en su caso, fueran aconsejables o necesarias en virtud de la resolución de la sentencia. De otro lado, señorías socialistas, señora Narbona, supongo que usted conocerá que el día 1 de octubre del año 2012, hace un mes escaso, la sala primera del Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el recurso de amparo presentado por miembros del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid contra una resolución de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Usted seguramente conocerá que la sentencia decía que se inadmite el recurso de amparo presentado por los miembros del Grupo Socialista. Luego, no nos hable de recursos que están resueltos, señoría; háblenos de la realidad. La realidad es que usted hoy aquí con su enmienda a la totalidad está votando en contra del proyecto de ley de creación de un nuevo parque nacional. Segundo punto de sus enmiendas. Coinciden ambos enmendantes en destacar la falta de transparencia y participación pública en lo relativo a la tramitación del Plan de ordenación de los recursos naturales en la Comunidad de Madrid, ya que las alegaciones no fueron contestadas. Al respecto, conviene señalar, señorías socialistas y de Izquierda Unida, que el resultado de la información pública en la Comunidad de Madrid, y que consta en el expediente de tramitación, se presenta como informe desglosado por tipo de alegantes, de alegaciones y el porcentaje de resoluciones, siendo un 33 % las alegaciones diferentes estimadas y estimadas parcialmente. La respuesta a las alegaciones presentadas por el organismo autónomo Parques Nacionales consta asimismo en el expediente de tramitación, y el documento recoge la resolución de cada alegación y su justificación.

Señorías socialistas y de Izquierda Unida, la propuesta definitiva de declaración del parque nacional tras la información pública fue aprobada en la respectiva asamblea legislativa en 2011 y ya recoge las modificaciones pertinentes según las alegaciones estimadas. Señorías, ustedes que han presentado la enmienda a la totalidad, lo conocían y lo sabían, y hoy han tratado de engañar a esta Cámara, como siempre suelen hacer. (Aplausos). De otro lado, señorías, la conclusión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el proceso de información señala, y leo textualmente: Si examinamos el tomo relativo a las contestaciones a las alegaciones al Plan de ordenación de recursos naturales de la Comunidad de Madrid, se observará cómo la comunidad ha examinado todas y cada una de las alegaciones efectuadas no solo por la asociación recurrente, Ecologistas en Acción, sino en relación con todos aquellos que formularon sus pretensiones en fase de información pública y se dan razones tanto para la estimación como para la desestimación, lo que indudablemente supone que dicho derecho ha sido atendido. En tercer lugar afirman, señorías enmendantes, que el Consejo de la Red de Parques Nacionales informó, en su reunión del pasado 6 de junio, sobre el trámite de información pública careciendo de información suficiente para valorar adecuadamente la misma.

Señorías, o bien ustedes desconocen la legislación o bien la conocen y pretenden engañarnos. Ambos supuestos son especialmente graves para miembros del Poder Legislativo pero ninguno de los dos supuestos me asombra viniendo de quien viene. El artículo 10.7 de la Ley de la Red de Parques Nacionales indica: El informe del consejo de la red se pronunciará sobre el resultado del trámite de información pública. Sobre el resultado del trámite, señorías, y se informó cumplidamente.

En cuarto lugar y respecto a la escasa ambición del proyecto que señala la enmienda socialista cabría preguntarse: Señoría, ¿usted ve falta de ambición en el futuro parque nacional de 33.364 hectáreas, el quinto en extensión de toda la red de parques nacionales, que dispone de una zona periférica de protección de casi 63.000 hectáreas y todo ello a menos de una hora de un núcleo urbano como Madrid? Si usted lo ve así es que su ambición no tiene límites, señora Narbona, es una ambición desmedida; pero es una ambición que se ha incrementado exponencialmente desde el año 2006, año en que era usted ministra de Medio Ambiente y el ministerio editó un informe denominado Identificación de las áreas compatibles con la figura de parque nacional en España Sierra de Guadarrama. El informe, señora exministra -usted lo conoce-, proponía la protección por encima de los 1.800 metros de altura y una superficie de 13.000 hectáreas, casi la tercera parte de lo que se propone actualmente. Por tanto, señora Narbona, su ambición se ha incrementado al pasar del ministerio al grupo de la oposición. (Aplausos).

Señorías, voy a ir terminando. La sierra de Guadarrama al fin será parque nacional. Finalizará su proceso de declaración casi cien años después de su propuesta inicial y en el "Diario de Sesiones" del


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Congreso de los Diputados de 15 de noviembre de 2012 quedará constancia de la oposición del Grupo Socialista y del Grupo de La Izquierda Plural al proyecto de ley; de la oposición al proyecto de ley de aquellos partidos que se arrogan el monopolio de la política medioambiental y del desarrollo sostenible y que hoy se oponen al proyecto de ley sin haber presentado ningún texto alternativo que nos indique qué es lo que quieren para la sierra de Guadarrama. Un parque nacional, señorías, que constituye la mejor expresión de la montaña del interior peninsular ubicado en un territorio con la densidad de población más alta de España, lo que sin duda implicará la puesta en práctica de nuevos retos y modelos de gestión y ofrecerá a los madrileños y segovianos elementos tan vitales como su agua, su aire y su horizonte. Un parque nacional, señorías, que en pleno siglo XXI no solo debe perseguir asegurar su conservación sino también posibilitar su uso público, educar y fomentar una conciencia social conservacionista, mejorar el conocimiento científico de sus valores, el interés, el intercambio de conocimientos y experiencias a la vez que permita el desarrollo sostenible de las zonas donde se ubica. Un parque nacional donde se mantengan todas y cada una de las actividades tradicionales. Y diré más, señorías, estoy convencida...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De Lara, vaya finalizando.

La señora DE LARA CARBÓ: Voy terminando, presidenta.

Estoy convencida de que el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama se va a convertir en un motor de desarrollo de los municipios en los que se ubica, como ha ocurrido con el resto de los parques nacionales. Nuestros parques nacionales son, señorías, un emblema de España, son una parte importante de la marca España que el Gobierno está promocionando.

Termino ya, señorías, las tierras del Guadarrama han sido glosadas por infinidad de escritores, desde Antonio Machado a Carlos Fernández Shaw o José Hierro. Es uno de nuestros paisajes más literarios, y quiero cerrar mi intervención con una hermosa definición descriptiva de estos parajes singulares de Guadarrama, escrita por Pedro Laín Entralgo en una carta al poeta Luis Rosales, los dos académicos, los dos pensadores, los dos hombres sensibles, los dos hombres subyugados por el Guadarrama. Dice así la definición: Cimas rocosas que se visten de nieve o que la añoran, laderas en las que el verde grave del pino y el verde alegre de la grama se combinan a ras de tierra con el áspero ocre de la gleba castellana y, si la rotación es propicia, con el tímido morado del cantueso y el espliego. Esta belleza cromática vivísima es la que desde ahora será un parque nacional para disfrute de todos; parque nacional, señorías, al que -repito- se oponen el Grupo de La Izquierda Plural y el Grupo Socialista, precisamente los grupos que creen tener el monopolio de la protección ambiental.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De Lara. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra).

Sí, señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Por alusiones directas, le pido, presidenta, poder intervenir unos minutos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene un minuto, señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias.

Como la señora De Lara una y otra vez, para intentar descalificar los argumentos que trae mi grupo en el caso de la política ambiental, lo que intenta es descalificarme a mí personalmente (Varios señores diputados: ¡No, no!), solo quiero decirle que por supuesto España tiene hoy mucha más disponibilidad de agua que hace ocho años, tiene exactamente cuatro veces más capacidad de obtención agua a partir de plantas de desalinización, a pesar del esfuerzo que hizo el Partido Popular para que esas plantas no se construyeran. Por lo tanto, señora De Lara, no quiera descalificar la posición del grupo parlamentario descalificándome a mí, porque simplemente lo que ha dicho en ese caso es mentira. Y léase el artículo 10 entero, léaselo entero, porque el punto 5 del artículo 10 de la Ley 5/2007 lo que dice exactamente es que el expediente tiene que contener las alegaciones y las respuestas, no una respuesta global, no una estimación sobre las alegaciones, las respuestas, señoría. Por lo tanto, léase la ley entera antes de llamarnos a los demás mentirosos.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora De Lara Carbó pide la palabra).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.

Señora Narbona, yo no la desacredito a usted, la desacredito a usted porque ha sido la portavoz del proyecto de ley, pero podría desacreditarla largamente, la historia de las desacreditaciones no acabaría, señoría, y no entiendo cómo a estas alturas usted viene a hablar aquí de lo que se hizo en política de aguas. Lo que se ha encontrado el Gobierno son muy pocas desaladoras funcionando, la mayoría no funcionan o por falta de corriente eléctrica o por el excesivo coste energético o porque el precio no es asumible, señora Narbona. Su política fue nefasta y no es contra su persona, es contra su política. (Un señor diputado: Díselo a Camps). Estamos acostumbrados, señoría, a que usted nos haya mentido muchas veces. Me reitero en ello. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De Lara. (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pide la palabra).

Señor ministro de Agricultura. (Rumores). Guarden silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias.

No, no voy a hablar de la política del agua, habría que hacer un monográfico, voy a hablar de lo que la señora Narbona ha dicho respecto de las condiciones que su grupo pondría para retirar la enmienda a la totalidad.

Señora Narbona, yo soy una persona que tiene palabra y en el Consejo de la Red de Parques Nacionales dije lo que dije, pero no dije lo que usted dice que yo dije, porque exclusivamente -como sabe usted perfectamente- en el ánimo de buscar el consenso, que es lo que caracteriza a este Gobierno (Risas.-Rumores) y a este ministro, en una reunión que a mí no me pareció absolutamente nada tumultuosa -a mí el contraste de pareceres y la libertad de expresión me gustan-, en la búsqueda de ese consenso en materia de medio ambiente, aunque usted nos ha dicho que somos los menos medioambientalistas, conseguir un resultado 37 a 1 da la sensación de que había un cierto acuerdo. En la búsqueda de ese acuerdo sí que dije que si había que completar el parque para que no fuera solamente en la zona de cumbres y trasladarlo a cotas más bajas podríamos hacer un esfuerzo -y lo dije exactamente- aportando una superficie de unas 2.700 hectáreas de los montes de Valsaín, propiedad del Gobierno. Hay otras 3.000 que ya estaban incluidas a priori y hay unas 2.700 que dije que se podrían incluir en sede parlamentaria.

Del Pinar de los Belgas, que era un tema de propiedad privada que hay que adquirir con fondos públicos -y ya saben ustedes la situación en que han dejado las finanzas públicas-, no me comprometí absolutamente a nada, porque era plenamente consciente de mis limitaciones presupuestarias. Y de la unión de las estaciones no podía decir absolutamente nada porque ya hubo una resolución del Tribunal de Madrid y ahora están, en primer lugar, separadas y, en segundo lugar, está en una zona de servidumbre o en zona de protección del parque. Por lo tanto, no me comprometí más que a una sola cosa y, además, dije que no lo podíamos hacer en ese momento porque el proyecto de ley de declaración del parque tenía que hacerlo de acuerdo con la propuesta de las comunidades autónomas y, por eso, en el proyecto de ley que he presentado viene el parque con la superficie de las comunidades autónomas. El grupo parlamentario podrá hacer honor y cumplir la promesa que el ministro puso encima de la mesa en aquel momento, buscando también usos compatibles que permitan que los territorios puedan participar en los parques. Eso fue lo que yo dije.

Respecto a que yo di instrucciones a una comunidad autónoma para que retirase un recurso, le diré que ni quiero dar instrucciones -nunca las daré- a una comunidad para que retire un recurso ni espero que una comunidad me pida a mí que retire los recursos de inconstitucionalidad cuando los ponga. Por tanto, a lo que me comprometí fue a eso.

Si a pesar de todo esto ustedes mantienen su enmienda a la totalidad, ustedes sabrán cuáles son sus finalidades medioambientales. Yo, desde luego, he dado cumplimiento a una aspiración de dos comunidades autónomas, he cumplido escrupulosamente el procedimiento legislativo que le corresponde al Estado, he buscado el máximo consenso y he traído el proyecto de ley a esta Cámara. A partir de aquí, sus señorías son libres de apoyar el proyecto o de rechazarlo. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Narbona.


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La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, ministro, por tomarse el esfuerzo de contestarme, aunque sea para decir que lo que yo he dicho no se corresponde con la realidad. En el consejo de la red, además de usted, había muchas otras personas, había representantes de organizaciones sociales que no están en absoluto de acuerdo con lo que se trae a esta Cámara y, por lo tanto, hay una versión que sale del consejo de la red respecto de lo que usted dijo y de cómo lo dijo. Además, usted, con posterioridad, ha hecho afirmaciones concretamente en Segovia diciendo que usted hará con los montes de Valsaín lo que considere oportuno, porque para eso son propiedad del Gobierno de España a través del organismo Parques Nacionales. Señor ministro, esa no es la vía, nunca puede ser la vía invocar la propiedad pública para hacer lo que uno quiera hacer, sino un proceso que usted estaría en condiciones de promover. (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, pide la palabra). Tiene la capacidad de hablar con las dos comunidades autónomas, también con la Comunidad de Madrid -por supuesto que tiene esa capacidad-, y tiene la capacidad de hablar con los alcaldes, es decir, no rehúya el ejercicio político de su responsabilidad. Porque ustedes no han tenido ningún empacho en ir más allá de las competencias que tiene el Gobierno de España respecto de la gestión de los parques nacionales al incluir en la ley dos artículos de muy dudosa legalidad desde el punto de vista constitucional. Para eso no hay problemas y, en cambio, me dice que no tiene capacidad de interlocución con las comunidades autónomas para cumplir en particular un compromiso que usted asumió ante el consejo de la red. Por lo tanto, entiendo, señor ministro, que usted mantiene el texto y la defensa del texto en las condiciones que ha expuesto -es, lógicamente, su derecho- y nuestro derecho es mantener la enmienda a la totalidad, no porque no queramos un Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama -claro que lo queremos-, lo que pasa es que queremos que tenga toda la legalidad que le corresponde y que no haya ninguna inseguridad jurídica.

Respecto a esperar a que se sustancien los recursos, la portavoz ha dicho que no se puede esperar cuando, ¡caramba!, el parque ha esperado bastante. Sería bueno que naciera con esos dos recursos de Ecologistas en Acción y de la Comunidad Autónoma de Madrid resueltos, porque esos son los que están vivos todavía. Y sería bueno desde luego que hubiera por parte del ministro un recorrido posterior al compromiso que asumió ante el consejo de la red.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Narbona.

Señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señoría, en esa reunión habría muchísima gente, pero lo que se dijo, se dijo. Está en las actas, está recogido perfectamente y usted lo sabe. No intente tergiversarlo. Yo asumí el compromiso de que en sede parlamentaria lo aportaría. ¿Y por qué lo podría asumir? Primero, porque pertenecían al Gobierno y podía ponerlos encima de la mesa. Si se me pedía que cogiera un pinar privado y lo aportara al parque era mucho más complicado, muchísimo más complicado. Estaba en plenas condiciones de hacerlo, son terrenos que tienen una gestión, que tienen unos usos sostenibles y que son perfectamente trasladables al parque con una gestión razonable. Ustedes se apuntan a todas, ¡pues apúntese usted a todas! Pero desde luego yo he cumplido mi compromiso, lo voy a cumplir y si ustedes no quieren apoyar este proyecto de ley... Yo comprendo que es muy difícil que ustedes apoyen nada del Partido Popular aunque sea positivo, del Gobierno del Partido Popular. Pero este es un proyecto de ley que responde a las expectativas de las comunidades; que tal como estamos discutiendo hoy en este momento no tiene problemas del nuevo pinar de Valsaín o no pinar de Valsaín. Es, en estos términos, si es positivo o no es positivo. Y ustedes están en condiciones de votar favorablemente. Si ustedes votan en contra es porque a veces sus finalidades probablemente no sean medioambientales sino que tengan otras finalidades mucho más distintas. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Agricultura.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000030).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señora presidenta, señorías, terminaba mi colega de gabinete el ministro de Agricultura su intervención diciendo que es muy difícil que la oposición apoye propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar esta mañana y quiero hacerlo comenzando -desde luego les anuncio que nada más lejos de mi intención que desviar el debate que vamos a mantener hacia un terreno académico, que voy a entrar en el detalle de la reforma que nos convoca, que no quiero perderme en generalidades- por algo que sí me parece pertinente traer a esta Cámara: la contribución de un autor que reflexionó mucho sobre la política moderna y que todavía hoy creo que no ha sido superado en sus aportaciones; me refiero a Max Weber.

Max Weber, como saben sus señorías, dedicó su tiempo a pensar en las implicaciones que se desprenden del pulso entre lo teórico y lo posible. Citaba antes la diputada María Teresa de Lara a Luis Rosales; yo puedo citar a Luis Cernuda diciendo que lo podríamos -en términos de su lenguaje- lo teórico y lo posible hacerlo referencia a la realidad y al deseo. Sostenía Weber que toda actividad orientada según la ética puede ser subordinada a dos máximas diferentes. Puede orientarse según la ética de la responsabilidad o según la ética de la convicción. Y aclaraba que esto no quiere decir que la ética de la convicción sea idéntica a la ausencia de responsabilidad ni la ética de la responsabilidad a la ausencia de convicción. Bien. Creo, señorías, que aquí está resumida la dinámica de toda la acción política: una acción que siempre es vacilante entre lo real, lo ideal y lo que es viable. Lo normal es que quienes representamos a los ciudadanos y tenemos responsabilidades de Gobierno hagamos una apuesta por lo ideal, hagamos una apuesta por el deseo, hagamos una apuesta por lo posible, pero creo que una vez que se asumen esas responsabilidades, tenemos obligación de negociar nuestras propias aspiraciones. De negociarlas en razón de esa ética de la responsabilidad. De negociarlas en razón de la realidad social sobre la que tenemos que operar y los recursos que efectivamente nosotros tenemos.

Estoy haciendo un exordio que pueden calificar de posibilismo o de pragmatismo, y no lo niego. Sí quiero decirles que los gobernantes tenemos que asumir decisiones que a veces nos parecen difíciles o las sabemos difíciles pero que, como añade Weber, quien atiende la ética de la responsabilidad lo que demuestra es que está pensando en los demás y en las consecuencias que para la sociedad tengan sus actos.

Señorías, de lo que se trata hoy no es de debatir si las medidas que el Gobierno trae a la Cámara gustan más o menos a determinados colectivos sino de saber si estamos de verdad a la altura de esa ética de la responsabilidad. Una ética que tiene que mirar necesariamente al interés general antes que al absolutamente legítimo interés individual de una persona o incluso de un colectivo. Y si en consecuencia tenemos la madurez política suficiente para afrontar un periodo como el que nos está tocando vivir, porque en eso -entre otras cosas- es en lo que tenemos que diferenciar la buena y la mala política, consagrarla necesariamente a la resolución de los problemas de los ciudadanos.

Señora presidenta, señorías, en la actual coyuntura creo que resulta muy difícil negar la necesidad de una racionalización del gasto público y su control riguroso. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos que tenemos; tenemos que primar aquellas soluciones que siendo igualmente satisfactorias para el contribuyente y, por supuesto, sin comprometer nunca la cartera de servicios que ofrecen las administraciones públicas resulten más eficientes, que puedan ser mejor asumidas en términos económicos por la Administración -y cuando estamos hablando de la Administración lógicamente estamos hablando de todos los contribuyentes, es decir de todos los ciudadanos que son quienes en definitiva la sufragan-. Naturalmente, esto tiene una consecuencia y es que requiere un mayor esfuerzo persona. Empiezo por decirles que eso es lo que el Gobierno viene a pedir hoy aquí a esta Cámara, un mayor esfuerzo personal de muchos profesionales, de muchos trabajadores a los que el Gobierno quiere empezar haciendo un reconocimiento, haciendo una valoración y diciendo que por supuesto le gustaría poder suavizar, atemperar en la medida de lo posible, lo que en estos momentos es una exigencia de más dedicación y más esfuerzo como consecuencia de la crisis que en estos momentos está atravesando España. Sin embargo, vuelvo a la ética de la responsabilidad, venimos a solicitarlo y lo hacemos conscientes de que son las medidas necesarias y -también lo digo- desde la legitimidad moral que nos da que nada de lo que se solicita a otros servidores públicos nos lo hemos dejado de aplicar a nosotros mismos; cuando hablo de nosotros hablo de esta Cámara, es decir de los titulares del Poder Legislativo y hablo también de los titulares del Poder Ejecutivo, de los miembros del Gobierno de la nación.

Les aseguro a sus señorías que ni a mí ni a ningún miembro del Gobierno nos gusta limitar los días de permiso, que a ninguno nos gusta suprimir una paga extra. No imagino, de hecho, a quién pueda agradar tales sacrificios. Por tanto -y quiero decirlo antes de entrar en cualquier debate-, entiendo perfectamente las expresiones de disgusto que puedan producirse, pero este ministro no estaría a la


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altura de los mandatos que nos han dado los ciudadanos ni estaría a la altura de la confianza depositada en el gabinete por el presidente del Gobierno si no asumiésemos el compromiso de detener la crisis, de empezar a crear empleo, para lo que es absolutamente necesaria la adopción de las medidas cuyo objetivo final es exactamente ese: reactivar la economía, generar empleo y sacar adelante las reformas estructurales en el Estado y en la Administración que pueden y van a hacer posibles estos objetivos.

Señorías, estas son las razones que explican este proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial. Una modificación que tiene dos objetivos. En primer lugar, adecuar la mencionada norma a los principios y requerimientos del Real Decreto 20/2012, de 13 julio. Ese decreto, cuyo enunciado era -recordarán ustedes- de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, introducía los mecanismos de reacción a la necesidad de contención del déficit que como consecuencia de una falta de políticas que lo atajasen durante los últimos años tenemos en estos momentos en España. En segundo lugar, pretende articular una serie de fórmulas que no solo contribuyen a la eficiencia presupuestaria de la Administración de Justicia, sino que además avanza en la reducción de su elemento interino. Es decir, que progresan necesariamente en su profesionalización, aspecto este segundo en el que ya adelanto a sus señorías que estamos ante uno de esos casos, escasos casos, en los que la ética de la responsabilidad viene felizmente en política a coincidir con la ética de la convicción, toda vez que vamos a ser capaces de dar respuesta a una necesidad largamente demandada por la comunidad jurídica. Como verán, no voy a eludir de ninguna de las formas el lado más incómodo de la reforma por lo que dejaremos este segundo asunto para después.

Quiero comenzar mi exposición por todo lo referido a la adecuación de la Ley orgánica del Poder Judicial al Real Decreto 20/2012. De lo que se trata, señorías, lisa y llanamente, es de armonizar el Estatuto jurídico de jueces, magistrados, secretarios judiciales y todo el personal de la Administración de Justicia y, por homologación fijada por ley, del ministerio fiscal, con las medidas establecidas para el conjunto de los empleados públicos. Esto no significa, en modo alguno, desconocer la trascendencia y relevancia constitucional del servicio público que prestan quienes son, como lo son sus señorías, titulares de un poder del Estado, del Poder Judicial. Pero, al igual que sus señorías, parlamentarios o, al igual que los titulares del Poder Ejecutivo, no están exentos de las medidas adoptadas para el conjunto de la Función pública, entendemos que aquellos que prestan el servicio público dentro del Poder Judicial deben estar regulados por las mismas normas y sometidos a los mismos esfuerzos a los que lo estamos el resto de los miembros de los distintos poderes del Estado o aquellos que se dedican a la Función pública.

Se introducen para ello, señorías, cinco medidas: la primera, la modificación del régimen de vacaciones para equipararlo al régimen establecido en la Función pública, de forma que se suprimen los días adicionales por antigüedad y se mantienen los veintidós días hábiles anuales. La finalidad es la misma, lógicamente, que la prevista en el real decreto-ley, es decir, mejorar la eficiencia y la productividad de la Administración, reducir los gastos de personal y homologar el régimen jurídico de todos los empleados públicos. La segunda medida consiste en la homogeneización del régimen de permisos. Se limita el número de días para asuntos particulares a tres días naturales, exactamente igual que en el resto de la Función pública. No se establece, por tanto, en lo que es estrictamente el régimen de asuntos particulares, diferenciación alguna entre aquellos que prestan su servicio público dentro del Poder Judicial o los que lo hacen dentro del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el caso concreto de jueces y magistrados esta homologación se ve acompañada por una exigencia de establecer un régimen específico como consecuencia de las específicas necesidades que ellos tienen en el ejercicio de la Función pública. Se introduce también la exigencia, como es lógico, de obtener una autorización previa de sus superiores, que podrán denegarla cuando el permiso coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones o cuando no queden cubiertas las necesidades del servicio.

No obstante, la relevancia del proyecto que el Gobierno presenta ante sus señorías -y esta es la tercera medida- es el matiz relevante en el régimen anterior que sí diferencia a jueces y magistrados del resto de servidores públicos, y es que se crea para ellos -y solo para ellos- un permiso específico que no es, señorías, un permiso para asuntos propios sino que es un permiso para ausentarse de la sede del órgano judicial hasta un máximo de tres días al mes y no más de nueve al año, pero no para asuntos propios sino para el estudio y resolución de causas de especial complejidad, hacer frente a situaciones de acumulación de asuntos, cuando ello no fuera atribuible al rendimiento del solicitante, o cuando otras circunstancias así lo aconsejaren, debiendo comunicarse, en todo caso, con tres días de antelación. De este modo se pretenden, señorías, tres cosas: la primera, reconocer una situación real y frecuente en la


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carrera judicial. Es habitual que los jueces empleen sus permisos de tres días para dedicar más tiempo a determinadas causas judiciales; esto ha sido reconocido así en el propio informe del Consejo General del Poder Judicial. Y permítanme que les diga que era injusto que hubiese una legislación que les amparase esos días como asuntos propios cuando la realidad era que no lo solicitaban para asuntos propios sino que los solicitaban para poner al día sus juzgados. Esa es la razón por la que nosotros sí homologamos en lo que son asuntos propios no vinculados con las necesidades del servicio y, sin embargo, establecemos una situación singular, diferenciada del resto de los servidores públicos, como consecuencia de esa realidad distinta que la llevanza de un juzgado -muy especialmente, estoy pensando, en los órganos unipersonales pero también, como se ha dado en algunos casos, en los órganos colegiados- significa para jueces y magistrados. El segundo de los propósitos es lograr una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque este permiso está directamente asociado a la función jurisdiccional. Es decir, lo que se le autoriza al juez es a ausentarse del órgano jurisdiccional, pero en esa misma autorización va implícito el mandato de que esa ausencia no signifique desvincularse de la obligación del cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, sino trasladar estas fuera de la sede para un mejor fin de las mismas. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). En tercer lugar, lo que se crea es un marco específico que permita la concesión de este tipo de permiso por parte de la autoridad competente, es decir, el presidente del que se dependa cuando circunstancias de distinta índole así lo aconsejen.

Soy plenamente consciente de que este régimen de nueve diez más tres, doce, es inferior a los dieciocho días que para asuntos propios tenían con antelación los jueces y magistrados, pero tengo que decir que esos dieciocho días no eran por asuntos propios sino para asuntos de juzgado, que se mantienen los tres homologados con el resto de la Función pública y que se establece un régimen al que se suman nueve a estos tres para asuntos relacionados directamente con su función jurisdiccional. Sus señorías podrán discrepar, pero les puedo asegurar que hemos pensado y meditado mucho sobre esta realidad y creemos que la propuesta que hace el Gobierno es absolutamente razonable. La cuarta medida afecta a la modificación del régimen de licencias por enfermedad y situaciones de incapacidad temporal. Aquí se establece la obligación legal de comunicar inmediatamente las bajas que se produzcan y se modulan las retribuciones en caso de incapacidad temporal; homologación con el resto de los servidores públicos. En quinto lugar, también por exigencia del Real Decreto-ley 20/2012, se suspende temporalmente la paga extraordinaria del mes de diciembre, en este caso a los secretarios judiciales y al resto del personal de la Administración de Justicia, puesto que secretarios y resto de personal la tenían reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, paradójicamente, a diferencia de lo que ocurría con jueces y magistrados, necesitamos una modificación de ley orgánica para establecer esta homologación.

No voy a insistir más en lo profundamente doloroso que para el Gobierno significa establecer una medida que a los servidores públicos les priva, como les ha privado a sus señorías, como les ha privado a los miembros del Poder Ejecutivo, de una paga extraordinaria. Es un debate que aquí se ha producido, pero entenderán ustedes conmigo que si esto se lo pedimos a todos los titulares de un poder del Estado, si se lo pedimos a todos los servidores públicos, carecería completamente de sentido que dejásemos fuera de esta petición de sacrificio, en función de la crisis que vivimos, a los titulares del Poder Judicial.

Una ética de la responsabilidad, y les aseguro que ninguna otra razón, ha llevado al Gobierno a adoptar estas medidas. Como les decía antes, hay también otras reformas en las que aquella viene a sumarse a una ética de la convicción, toda vez que responde no solo a las exigencias de una circunstancia temporal concreta -pues en efecto se van a traducir en una mayor eficiencia presupuestaria-, sino que además contribuyen a crear un modelo distinto y duradero que ustedes históricamente han reclamado estando en el Gobierno y estando en la oposición, aquél, me atrevo a decir, que hace mucho tiempo deberíamos haber impuesto en España. No es solamente una convicción nuestra, lo es también -o por lo menos hasta el debate de hoy lo ha sido- de los distintos grupos que van a intervenir en esta Cámara, hasta el punto de que, a poca coherencia que demuestren, creo que ninguno de ustedes podrá decir que no ha defendido en esta tribuna lo que hoy el Gobierno propone al Congreso de los Diputados. Estoy hablando, señorías, de la justicia profesional; estoy hablando de los mecanismos creados para asegurar la cobertura adecuada de las ausencias y vacantes judiciales mediante jueces y magistrados titulares e integrantes de la carrera judicial; estoy hablando, señorías, de que la actuación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes sea excepcional en España solo en casos de acreditada y motivada necesidad; estoy hablando, señorías, de que en estos momentos un 28 % de nuestros jueces y magistrados que están ejerciendo jurisdicción no han sido acreditados conforme a las pruebas de evaluación e ingreso en la carrera judicial que los poderes públicos establecen como necesarias para el ejercicio de la función


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jurisdiccional; estoy hablando de que aquello que se consideró inicialmente como una solución temporal para resolver un problema, se ha convertido en una realidad estructurada en nuestro sistema de Administración de Justicia que tengo muchas dudas que case, no ya solamente con el mandato constitucional, sino incluso con los compromisos firmados por España con la Unión Europea a los efectos de la cualificación necesaria de los jueces y magistrados, titulares de un poder del Estado que ejercen la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Como decía, no porque aquí lo crea positivo el Gobierno, que también, sino porque hay precedentes más que elocuentes y de distinto signo en la legislatura anterior es por lo que, a diferencia de la actitud un poco más escéptica de mi compañero Miguel Arias, yo sí creo que después de una reflexión los grupos de la oposición van a acabar apoyando este proyecto.

En la legislatura anterior se habló mucho de esto. Se pretendía entonces -cito textualmente un documento del Gobierno socialista- conseguir un sistema judicial integrado por profesionales titulares para -vuelvo a citar- alcanzar una justicia profesional y altamente cualificada. Se proponía para ello una medida muy específica -vuelvo a abrir comillas, señorías-, que era incentivar las sustituciones naturales de los miembros de la carrera judicial estableciendo un régimen de sustitución interna, aprovechando la capacidad, competencia y experiencia de los miembros de la carrera judicial y de forma colateral promover la reducción de la justicia interina. Fin de la cita.

Este ministro podría esta mañana desgranar las razones que han conducido a la reforma que ahora analizamos. Por ejemplo, los excesivos niveles de interinidad en la carrera judicial, que en el año 2011 alcanzaron las 1.442 sustituciones. Podría hablar también del coste que eso comporta, que ese año fue de 66,7 millones de euros, o el hecho, como les decía antes, de que en la práctica no se respete el carácter excepcional que según el régimen actual debe tener el llamamiento de jueces sustitutos y magistrados suplentes, ya sea por una mala previsión en la cobertura de las vacantes, por solapamiento de los señalamientos o por insuficiencia retributiva de la sustitución cuando esta es profesional. Pero la verdad es que nada de eso sería tan expresivo como el documento que les he leído, porque el documento que les he leído, señorías, no es otro que el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012, en sus páginas 47 y 50.

El problema, señorías, es que no se sustanció, pero como ya anuncié en mis primeras comparecencias en la Comisión del Congreso y del Senado, la diferencia fundamental de este Ejecutivo y los anteriores no va a consistir tanto en el diagnóstico mil veces realizado y como pueden ver muchísimas veces compartido, la diferencia va a consistir en el carácter decididamente resolutivo del actual Gobierno. De manera que lo que ahora materializamos es un sistema de refuerzos y sustituciones realizados por miembros de la carrera judicial a cambio de una retribución naturalmente actualizada, que por añadidura racionaliza el gasto público dentro del ajuste presupuestario que las finanzas del reino de España precisan en este momento, puesto que en lugar de afrontar la totalidad de las retribuciones, se compensará al juez, e insisto que donde digo juez siempre digo fiscal, por el incremento temporal de su carga de trabajo con una cantidad en torno al 80 % del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que sustituya. Serán, señorías, los propios jueces y magistrados quienes mediante sus órganos de gobierno organicen los sistemas precisos para garantizar la cobertura de ausencias y vacantes. En el caso de los órganos judiciales colegiados -dejo a salvo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional- se elaborarán listas de miembros de la carrera judicial que bien voluntariamente, bien por hacer frente a una menor carga de trabajo, puedan ser llamados a lo largo del año, lo que comporta también para ellos una posibilidad de promoción profesional.

Por lo que se refiere a los órganos judiciales unipersonales, se crearán planes anuales de sustitución que tendrán un orden reglado y objetivo, conforme a turnos rotatorios y mecanismos que coordinen los señalamientos y las funciones de guardia. Por último, se revisarán los refuerzos judiciales intensificando la coordinación con el Consejo General del Poder Judicial para determinar las necesidades y para racionalizar el gasto, otorgando preferencia a los jueces y magistrados titulares mediante comisiones de servicio, pudiendo acordar el nombramiento como jueces de apoyo a los jueces de adscripción territorial, a los jueces en expectativa de destino y a los jueces en prácticas. Solo excepcionalmente, siempre de manera motivada y siempre que exista dotación presupuestaria, podrá acudirse a jueces sustitutos no profesionales.

Señor presidente, señorías, además de las reformas encaminadas a la profesionalización de la justicia, hay también otras que integran esta iniciativa legislativa, alguna de ellas ya apuntada y relacionada con lo anterior. Una importante es la flexibilización de la composición de las audiencias provinciales. ¿Qué se va a hacer? Permitir la existencia de más de cuatro magistrados en una sola sección. ¿Esto por qué o -me


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atrevo a decir- para qué? Porque nos permite crear nuevas plazas judiciales prácticamente sin coste y además va a facilitar la unificación de criterios en las distintas audiencias.

Otra reforma concierne a la escuela judicial. Aquí vamos a revisar los periodos de formación, añadiendo a los que ya existen en estos momentos, es decir, teoría y prácticas tuteladas, un tercero en el que los aspirantes a jueces harán funciones de sustituciones y funciones de refuerzo; de esta forma lo que se va a asegurar es una integración paulatina y adecuada a la función jurisdiccional. Hay otra reforma que afecta a los jueces en expectativa de destino a los que, a nuestro juicio, actualmente se les denomina de forma errónea jueces adjuntos en la Ley orgánica del Poder Judicial. Además de corregir ese error de denominación, van a tener la posibilidad de cubrir ausencias y vacantes y van a tener preferencia en los planes de refuerzo de los juzgados.

En este repertorio de medidas hay una que he dejado para el final, y precisamente lo he hecho porque evidencia ese carácter eminentemente práctico al que antes aludía, ya que da respuesta no a una demanda del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular en exclusiva, sino del conjunto de la Cámara, como se vio en la legislatura anterior. Durante la tramitación de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial -me remonto, señorías, al mes de junio del año 2009- y también durante la tramitación de la ley orgánica complementaria que hubo que desarrollar para modificar la Ley orgánica del Poder Judicial, los grupos aprobaron una enmienda -la 675- que introducía la figura de los jueces a adscripción territorial con el explícito propósito de -leo- mejorar el servicio público de la Administración de Justicia aumentando el número de plazas que son cubiertas por jueces de carrera. Esta enmienda la firmaban el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Catalán, el Grupo Vasco, Esquerra Republicana, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Mixto. Pues bien, el Gobierno, que valora extraordinariamente la creación de este nuevo recurso, en coherencia con ese primer paso, cuyo mérito insisto no es exclusivo del Gobierno sino que es compartido por todos los grupos a los que he hecho referencia, potencia ahora esta figura, y lo hace dotándola de más eficacia al modificar las limitaciones temporales actuales y permitiendo que cobre mayor flexibilidad para cubrir vacantes o para prestar labores de apoyo. Insisto en que en este punto no solamente actuamos por necesidad y por convicción, sino también por sensibilidad a lo que fue una contribución de muchas de sus señorías con independencia del grupo al que pertenecieran. Tanto es así que no me duelen prendas en recordar las palabras de quien he criticado en otras ocasiones en esta Cámara y que sigue este debate con extraordinaria atención, que era entonces ponente del Grupo Socialista y actualmente portavoz del mismo en la Comisión de Justicia, don Julio Villarrubia, quien elogió repetidamente la iniciativa. Si el 25 de junio de 2009 dijo que con esta figura se pretende evitar en lo posible la interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y potenciar su desempeño por miembros de la carrera judicial, el 18 se había mostrado aún más entusiasta, pues expresó su convicción de que ese avance -vuelvo a citar- redundará en una ostensible mejora de la calidad del servicio público. Pues esto y no otra cosa, señor Villarrubia, es lo que hoy el Gobierno, felicitándole por su anticipación, asume, hace suyo y, más allá del plan declarativo, lo convierte en una realidad.

Señorías, señor presidente, termino, y lo quiero hacer regresando al punto de partida de mi exposición, en un tono -insisto- algo más optimista, puesto que junto a este imperativo ético que nos emplaza a todos a ser responsables para decidir en un momento de dificultad qué medidas incómodas tenemos que adoptar, vemos que podemos también mantenernos fieles a esa ética de la convicción que a todos nos impulsa -estoy seguro de ello- y que, de hecho, a poco que se atienda a la línea mantenida en los últimos años por los grupos, nos sitúa ante una serie de puntos de coincidencia de los que no deberían distraernos ahora unas enmiendas que, les confieso, he encontrado bastante sucintas por más que se presenten a la totalidad del proyecto. Es cierto que podríamos buscar, y quizá deberíamos encontrar el porqué de esta contradicción, lo que nos podría llevar a un debate acerca de la proporcionalidad entre los fines y los medios o, en otras palabras, al debate que abría mi compañero Miguel Arias al final de su intervención sobre la finura política, sobre la capacidad de calibrar con eficacia y la potencia y el alcance de las herramientas parlamentarias con las que trabajamos. No quiero profundizar más en ello. Confieso que no sé si Max Weber dijo algo al respecto, pero como no quiero pensar que, pese a los textos presentados, los grupos enmendantes hayan cambiado de posición en asuntos de tanto calado, porque eso -insisto- nos llevaría a otras hipótesis en las que yo no quiero entrar, me niego a pensar tal cosa, y permítame que termine proponiéndoles que dejemos a un lado esa discusión del fondo y las formas -vamos a tener mucho tiempo en esta legislatura para ir afinando en ello- y entremos en los puntos de coincidencia que están recogidos en el "Diario de Sesiones"; puntos


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de coincidencia que les puedo asegurar que este Gobierno ha tenido muy presentes a la hora de presentar su proyecto de ley; puntos de coincidencia cuyo resumen del resumen es que España no puede seguir teniendo cerca de un 30 % de su justicia en manos de interinos y de suplentes; puntos de coincidencia que pasan necesariamente por la apuesta por la justicia profesional. Hoy, haciendo coincidir la ética de la responsabilidad y la ética de nuestras propias intenciones, termino como empecé, con Cernuda, haciendo coincidir la realidad y el deseo. Es lo que el Gobierno les propone a sus señorías.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución a este proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, para justificar las decisiones que ha tomado y que se plasman en este proyecto de ley, ha recurrido a Max Weber y a la ética de la responsabilidad. Yo le digo, señor ministro, que si la ética de la responsabilidad va en la línea del finalismo, las medidas que usted toma en este proyecto de ley y en otros proyectos que hemos debatido recientemente no corresponden a las decisiones correctas, porque si el fin es lo que usted nos acaba de decir, que es mejorar la calidad del servicio público de la justicia, las decisiones que se toman y se plasman en este proyecto de ley no son así. Por eso, desde el BNG hemos presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley porque, como decía, no da soluciones a los verdaderos problemas de la justicia, sino que incluso los agrava, ya que la actual situación de colapso de la justicia se debe a la ausencia de medios materiales y humanos. No lo dice el Bloque Nacionalista Galego analizando la situación, sino que el propio Consejo de Europa, en su último informe oficial, manifiesta que los órganos judiciales del Estado español se encuentran, junto con Turquía, en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que se dispone y el número de jueces y fiscales por habitante, lo que en ocasiones -dice también este informe- hace que la carga de trabajo sea de las más altas de Europa, al existir un ratio de jueces y fiscales por habitante muy inferior a la media europea. Ya digo que no es una opinión del BNG, sino que nos remitimos a un informe del Consejo Europeo.

Esta reforma, señor ministro, en lugar de abordar soluciones para esta situación, la empeora, al aumentar la carga de trabajo de los jueces con las reformas operadas en su estatuto, con la pretendida justificación de evitar las supuesta saturación litigiosa de los juzgados cuando la realidad -como ya se ha dicho- es que la saturación de los juzgados se debe a la inaceptable falta de medios de los juzgados y tribunales del Estado español. Esta reforma ocasionará una grave merma de la calidad de la justicia, y valga de ejemplo que el régimen de sustituciones que se pretende implantar, reduciendo la intervención de jueces sustitutos a supuestos verdaderamente excepcionales, ocasionará que en la mayoría de los casos no se puedan producir las mismas, afectando al normal funcionamiento de los órganos judiciales, e incluso al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señor ministro, la saturación de la justicia se debe solucionar con una modernización y adecuada dotación de medios, impulsando una justicia ágil y eficaz. Este es el camino a seguir, y no lo que usted nos plantea, más aun cuando los datos revelan que el Estado español dedica a la justicia la mitad de lo que se dedica en la media de los Estados de la Unión Europea, de forma que se consolide un pilar fundamental del Estado democrático. Desde nuestro grupo compartimos que es fundamental para el sistema democrático el empeño por mejorar el sistema de la justicia, y lo que sorprende es que el Gobierno, en lugar de dedicar recursos a este cometido, lo que hace es avanzar en la dirección contraria, detrayendo recursos, ya de por sí escasos, para conseguir la implantación de una justicia organizada y tecnológicamente avanzada que tutele con eficacia los derechos de los ciudadanos. Por eso, señor ministro, nuestro grupo ha presentado una enmienda de devolución a este proyecto, como a otros que anteriormente ya se han resuelto por votación en Comisión. Pero queremos decirle, señor ministro, no solamente en este proyecto de ley que estamos tramitando, sino en alguno que en este momento se encuentra en el Senado, como en otros que usted ha anunciado que va a traer a esta Cámara en el futuro, que tenga en cuenta las voces que tienen opinión en relación con esto, que son voces autorizadas, porque son las voces que forman el propio sistema judicial, desde abogados, jueces, fiscales, procuradores, etcétera. Ustedes no los tienen en cuenta ni cuando están haciendo el proyecto ni después de presentado el mismo, a pesar de las muchas movilizaciones que estos sectores están haciendo. Ya no estamos hablando solo de los grupos políticos, que defienden el interés general, señor ministro, el interés general al que usted ha apelado al


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inicio de su intervención, ya no solo es eso, sino que a estos profesionales del sector de la justicia ni siquiera ustedes están dispuestos a oírlos. Señor ministro, no pueden seguir sordos y ciegos a la realidad, tienen que tomar medidas a tiempo, si no vamos a continuar con la situación en la que nos encontramos en este momento, con una reforma de la Ley Hipotecaria que tuvo que pasar por delante del Gobierno no solamente los jueces, no solamente las plataformas de apoyo a los desahuciados, sino la propia Comisión Europea, que emite un informe relativo a la Ley Hipotecaria del Estado español que el Gobierno se negó en todo momento a analizar.

Señor ministro, estamos a tiempo de que el Gobierno presente a esta Cámara unos proyectos de ley que realmente vayan en consonancia con las necesidades que nuestro sistema judicial tiene. Yo no digo que ustedes no tengan la capacidad de analizar la situación, pero analícenla teniendo en cuenta la opinión de aquellos que, día a día, están trabajando en el asunto, que, día a día, están comprobando las deficiencias, que saben perfectamente donde están las carencias y donde estarían las soluciones, y no sigan sordos y ciegos a esa realidad social que se les plantea. De nada vale, señor ministro, que el Gobierno diga que ayer fue una jornada normal, de nada vale que afirme que donde hay un millón diga que hay 35.000 personas. La realidad se impone y el Gobierno no puede mantenerse al margen de esa realidad, y en el caso concreto de lo usted nos trae hoy, exactamente lo mismo. Por eso defendemos nuestra enmienda de devolución.

Señor ministro, este Gobierno no puede seguir tramitando las leyes relacionadas con su departamento con la soberbia que lo está haciendo. La soberbia de contar con una mayoría parlamentaria que le va a permitir su aprobación sin tener en cuenta las enmiendas de los grupos parlamentarios y sin tener en cuenta esa opinión social que existe en estos momentos. No pueden seguir con esta actitud tan soberbia porque usted sabe que la soberbia, como dirían personas de edad que conocen lo que es la vida y la historia, se paga. En política, también, que es donde quizá mejor se conoce y donde mejor se sabe los pagos que hay que hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Tardà para defender su enmienda a la totalidad.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, este proyecto de ley que enmendamos a la totalidad confirma y da continuidad a la ofensiva del ministro Gallardón para acabar y finiquitar el sistema público de la Administración de Justicia. Hace pocas semanas se trataba de acabar con el colapso de la justicia y para ello no había mejor resolución que la Ley de tasas. Dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Quien quiera acceder a ella, que pague. Esta es la filosofía del ministro Gallardón. En definitiva, una justicia para ricos y otra para pobres, una justicia para los que puedan pagarla. Y sigue girando la ruleta del ministro Gallardón. Ahora toca legislar para ir cuadrando el círculo y aplicar la misma solución a todos los ámbitos de las estructuras públicas. Si en la enseñanza se sobrecarga a los profesionales de carrera con recortes en las plantillas de interinos y sustitutos, aumentándoles las horas lectivas, pronto se les va a ofrecer hacer incluso horas extraordinarias, pagando el precio de la devaluación de la calidad de la enseñanza y dinamitando la equidad; si en el ámbito de la sanidad, cuando no se privatizan los hospitales públicos se estimula el uso de las dependencias e instalaciones para hacer posible el trabajo de los profesionales en régimen de concertación, a riesgo de ir abriendo el surco de la diferenciación entre enfermos de primera y enfermos de segunda, ¿cómo podía quedar excluida la justicia de este proceso?

El ministro Gallardón solo es capaz de imaginar la solución que postula, solo se le ocurre un proyecto de ley que acelerará el deterioro del sistema porque actúa en detrimento de los jueces sustitutos y, en consecuencia, castigará la calidad del servicio público. La profesionalización en el servicio de la jurisdicción se verá afectada con la sobrecarga de trabajo, lo cual llevará a rebajar o a cuestionar la calidad del servicio. Se darán más retrasos en los plazos de señalización y en la resolución de asuntos. Si el objetivo perseguido es ofrecer un servicio eficaz y de calidad, sus medidas no van en ese sentido puesto que solo buscan el ahorro económico mediante la precarización y el recorte.

Uno puede entender que mediante pago sea necesario cubrir bajas temporales de unos días por parte de otro magistrado, pero no tiene ningún sentido que se finiquite a los jueces sustitutos pretendiendo fomentar el estajanovismo, la picaresca, la penalización de quienes más trabajan, etcétera. A la vez, se desea disponer de jueces que hayan superado las oposiciones sin comprometer su convocatoria en


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función de las necesidades y dejar abierto el agujero del déficit al no garantizarse la cobertura y la calidad del servicio. Reducir el llamamiento a un magistrado suplente no profesional en situaciones excepcionales, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, pero no fijar en qué casos, no asumiendo, por ende, vacantes, bajas, licencias, etcétera, superiores a un año. Todo ello supone un cúmulo de sinsentidos. A uno se le ocurre pensar en la cantidad de deberes y trabajos que se le acumularían a un ministro que tuviera la firme voluntad de trabajar en pro de una justicia propia de una sociedad del siglo XXI. Desde la democratización de la carrera judicial -al ministro Bermejo, ustedes lo recordarán, que hizo bandera de este objetivo, se lo cargaron a la mínima- para que deje de ser un coto cerrado de los sectores ideológicos más conservadores de la sociedad, hasta el mismo cuestionamiento del Consejo General del Poder Judicial, verdadero búnker por su falta de transparencia, como recientemente se visualizó a raíz del escándalo consentido -consentido, repito- protagonizado por el señor Dívar.

Sin cuestionar todo ello, posiblemente a los juzgados, en lo que atañe a su funcionalidad y a la calidad del servicio, finalmente no llegarán los tan necesarios vientos de renovación. Continuar concibiendo al juez como el señor feudal de la oficina judicial suena a muy poco moderno. Su proyecto, señor Gallardón, acabará consolidando un funcionamiento que estoy convencido de que muchos magistrados no desean y que no es otro que reducir la socialización del trabajo, condenando a los jueces a ser unos reyezuelos. Esto, de moderno, señor Gallardón, no tiene nada; esto es muy, muy casposo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, la verdad es que ha realizado un ejercicio de prestidigitación parlamentaria digno de usted. Ha despachado casi el trámite de enmiendas invocando -un poco petulante me parece- su finura política y la del señor Arias Cañete. La reconozco, no estoy dispuesto a refutarla porque es bien conocida su facundia parlamentaria -la suya y la del señor Arias Cañete también-, el carácter sofisticado y glamuroso de sus argumentaciones, contra lo que no vamos a competir. Ese tipo de activos parlamentarios yo se los dejo a usted y se los reconozco; no tenemos ninguna aspiración de estar a su altura. Pero si el contenido material de las enmiendas que se presentan es sucinto no es nada más que porque esa pulcritud en la argumentación de las enmiendas de totalidad constituye un antiguo uso parlamentario que usted conoce perfectamente. En las enmiendas no se trata de dar demasiadas pistas al Gobierno sino las justas en relación con las reservas o las opiniones contrarias que los grupos parlamentarios poseen con respecto a este proyecto de ley.

A este proyecto de ley hemos presentado una enmienda de totalidad con petición de devolución, y de la misma manera que esta mañana hemos pensado que en relación con el fraude fiscal era conveniente y pertinente darle una oportunidad a esa ley -y, por tanto, se la vamos a dar- en esta no, señor ministro, en esta no. Y me alegro de que haya empezado su argumentario citando a Max Weber. Max Weber escribió sobre muchas cosas, señor ministro, entre otras escribió con mucha lucidez sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos y sobre el derecho a decidir. Como esta mañana se ha comentado también la posibilidad de convertir en un ilícito penal la convocatoria de referéndums o las consultas que se someten a la ciudadanía, me gustaría saber si también es más weberiano usted en este ámbito del pensamiento de este importante sabio. También Max Weber escribió -y es otro de los ámbitos en los que Max Weber escribió y especuló con gran autoridad- sobre la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, de la Administración en general. Usted conoce los ensayos de Max Weber en donde, parafraseando a Hobbes y al gran Leviatán, el gran Leviatán que es la Administración ineficiente, desmesurada en su dimensión, nos dio aportaciones importantes en cuanto a cómo mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, y no sé cuál es, de las escritas por Max Weber, la que usted ha utilizado como elemento de legitimación de este proyecto de ley que aquí nos presenta. Me gustaría saber, ya no se le puede preguntar, pero me gustaría saber qué opinaría Max Weber sobre la supresión de la paga de Navidad a los secretarios judiciales, entre otros muchas cuestiones que me gustaría poderle preguntar a Max Weber para saber si compartiría las opiniones del Gobierno que usted representa o no. Pero es más, a Max Weber le podríamos preguntar muchas cosas más, por ejemplo, si considera razonable el propio rótulo o título de la ley. Es que no es eficiencia del servicio público de la justicia o Poder Judicial, que ambas identidades comparten este poder del Estado, sino que lo que ustedes regulan son medidas de eficiencia presupuestaria, que no funcional -no lo leo en ningún sitio en el título de la ley- de la Administración de la Justicia, del servicio público de la justicia o del Poder Judicial, que


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es uno de los requerimientos que le corresponde a usted de forma muy directa y particular como ministro de Justicia, pero que corresponde a la Administración que usted representa puesto que nuestro servicio público de la justicia es de los peores de Europa desde cualquiera de las ratios analíticas que se puedan utilizar. Y la obsesión por la racionalización presupuestaria, por el recorte, por el ahorro, por la lucha contra el déficit, le lleva a una deriva que no es la pertinente para mejorar el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, de los jueces y magistrados, y no lo es particularmente en este caso por tres razones que le voy a comentar a continuación. La primera, porque con este proyecto de ley no se aumentan las ratios que pueden evitar lo que puede constituir un verdadero desamparo ciudadano, en lo que se ha convertido ya en el último bastión, en la última ratio, en la casi última solución para evitar la erosión de los problemas en múltiples ámbitos que afectan a los ciudadanos del Estado español. En un momento en que estamos conviviendo con un sistema que entre su afán o vocación privatizadora de los servicios públicos, por una parte, su vocación de desprivatizar o desapoderar en algunos casos a la Administración de competencias que siempre ha venido asumiendo, como la reforma laboral, en donde al final la última frontera en la que un ciudadano puede hacer valer sus derechos o reparar la vulneración de sus derechos es la Administración de Justicia, en este proyecto de ley no hay ni una sola medida que la mejore funcionalmente. Ustedes podrán conseguir presupuestariamente ahorrar 20 millones de euros -¡oh, maravilla!, ¡qué gran ahorro!- para converger hacia los requerimientos de déficit público que nos inquieren la troika y las instituciones europeas, 20 millones de euros, pero no hay ni una sola medida para mejorar la funcionalidad del servicio público de la justicia, ni bajo el mantra ni con esa invocación que realiza a la pretendida profesionalización, como si fueran peores profesionales algunos jueces sustitutos o magistrados suplentes que llevan ejerciendo sus funciones diez, quince, veinte, treinta años y tuvieran menor cualificación y menor derecho para el ejercicio de la función jurisdiccional -cuando están nombrados, legalmente nombrados- que los jueces que en este momento van a cubrir o van a sustituirles en el ejercicio de la cobertura de vacantes o de refuerzo; que son jueces de adscripción territorial, que son jueces en prácticas. ¿Cómo puede usted considerar o intentar convencernos de que un juez en prácticas puede tener mayor cualificación que un juez sustituto o un magistrado suplente que lleva veinte años ejerciendo funciones jurisdiccionales? O jueces adjuntos, locución inadecuada que comparto que conviene corregir efectivamente. No son estos los jueces que van a cubrir lo que hasta este momento era objeto de cobertura por jueces sustitutos y magistrados suplentes en número de 1.600 aproximadamente, personas de mayor cualificación para el ejercicio noble de la función jurisdiccional, en un momento, además, que no es un momento coyunturalmente neutro, donde la litigiosidad se está incrementando. ¿Por qué? Por las privatizaciones, por los recortes, por las relativizaciones de derechos consagrados en la propia Constitución muchas veces, por leyes atropelladas que en forma de aluvión nos mandan aquí para que intentemos digerirlas mediante tramitaciones que rayan en la perversión del trámite parlamentario o procedimiento legislativo previsto en el artículo 81 y siguientes de la Constitución, al que no llegamos materialmente, algunos no llegamos porque somos pocos pero es que ni los que son muchos dicen llegar. Yo no sé cómo llegan ustedes, quiénes les redactan tantas leyes en tan corto espacio de tiempo y tan mal, sobre todo.

Desde esta perspectiva, de lo que se trata, en definitiva, es de mejorar el funcionamiento del servicio público de la justicia para evitar ¿qué?, para conseguir ¿qué? Una justicia rápida y eficaz. Porque esto es lo que puede evitar el cierre de empresas, esto es lo que puede evitar la pérdida de empleos, esto es lo que puede evitar la erosión de la Seguridad Social, esto es lo que puede evitar la caída de ingresos del Estado, esto es lo que puede evitar el retraimiento de la inversión, esto es lo que, en definitiva, puede evitar el empobrecimiento general de la sociedad. El Poder Judicial está llamado a cumplir en este momento estas funciones desde una perspectiva casi de emergencia social, porque los demás no lo hacen; la Administración no lo hace y la institución parlamentaria está vinculada y es tributaria de la Administración y tampoco lo podemos hacer. Los desahucios se van a arreglar al margen de los calendarios legislativos de los partidos mayoritarios y en función de hechos dramáticos y luctuosos. Se van a arreglar suponiendo que se arreglen, porque lo que sabemos hasta ahora es que se va a conseguir una moratoria menos generosa que lo que ya están ofertando las entidades bancarias, particularmente las cajas vascas, ni siquiera una moratoria de carácter universal. Usted sabe que la resolución de los problemas de los desahucios y de los lanzamientos no es un problema del señor De Guindos, es un problema de usted, de su ministerio, y no puede seguir existiendo un procedimiento sumario en el que la posición de la entidad bancaria es privilegiada en relación con el que va a ser desahuciado, un procedimiento sumario en el que no se pueden realizar argumentaciones sobre el fondo del asunto por el que va a ser desahuciado, o en el que a los que van a ser desahuciados se les imputa la apreciación de las viviendas por una burbuja


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inmobiliaria que ellos no han provocado. La han provocado quienes sucesiva y alternativamente han estado gobernando los últimos años en el Estado español. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a las siguientes reflexiones.

Primera reflexión. Tenemos la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes prácticamente mas baja de Europa, solo están en peor situación Turquía y Estonia, 10 jueces por cada 100.0000 habitantes. El Estado francés posee 20 jueces por cada 100.000 habitantes y la mitad de litigios pendientes, la mitad de pendencia que el Estado español. Eso es así, con más habitantes. Es un tema relevante. El incremento de la litigiosidad desde el inicio de la crisis económica ha sido del 55 %, que tienen que absorber los jueces profesionales, pero ¿por qué no también los jueces sustitutos y los magistrados suplentes si lo han venido haciendo bien y desde siempre? Algunos incluso lo han venido haciendo donde los jueces profesionales no querían porque había problemas de violencia o de amenaza. Desde esta perspectiva, tengo que decirle que no se puede descalificar la función de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, pero sobre todo porque usted no va a aumentar tampoco las plazas judiciales, es más, las va a disminuir. La nueva Ley de Demarcación y Planta va a provocar una disminución brutal de plazas judiciales, pero tampoco va a aumentar el número de jueces y magistrados. (El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, hace gestos afirmativos). No, no lo va a aumentar. Se ha realizado una nueva convocatoria para el ingreso de nuevos jueces en la escuela judicial que reduce el 86 % las convocatorias anteriores, una convocatoria del Ministerio de Justicia, por cierto, nula de pleno de derecho porque se ha hecho sin atender a los requerimientos y sin convocar a la Comisión Nacional de Selección prevista desde el año 1994. Va a ingresar en la escuela judicial un 86 % de futuros jueces menos que antes. Luego, ¿cómo se puede afirmar desde una perspectiva de eficiencia, de buen funcionamiento del servicio público de la justicia, que ustedes están haciendo algo por incrementar la planta judicial, por mejorar o configurar mejor la demarcación judicial, por crear nuevas figuras de especializaciones, que sí se están haciendo pero de forma insuficiente; pero sobre todo de no incrementar y no posibilitar que muchos jóvenes que están dedicando grandes esfuerzos de estudio y de desembolsos económicos no puedan ni siquiera presentarse a las oposiciones?

En relación con la escuela judicial se provoca otro problema, señor ministro, que usted tampoco ha glosado en su exposición, ni citando a Max Weber ni a nadie. Es el siguiente. En este momento, según consta en la última memoria presentada por el Consejo General del Poder Judicial, la edad media de los jueces de la planta judicial española es de cuarenta y siete años. La capacidad de generación de jueces nuevos de la escuela judicial radicada en la ciudad de Barcelona es de 102 jueces al año o 204 cada dos años, que es el tiempo que dura la estancia de los jueces que superen a su vez las pruebas -que no son todos- en la escuela judicial. ¿Esto qué está provocando? Está provocando que haya una especie de envejecimiento natural, espontáneo, de la carrera y donde se va a incrementar el número de jubilaciones de jueces y magistrados, aunque se les mantenga como eméritos hasta los setenta y dos años. Ya parece una suerte de crueldad mantener a un juez o a un magistrado como emérito trabajando hasta los setenta y dos años, aunque todos antes o después terminemos trabajando hasta esa edad, también los que no somos jueces, pero parece una crueldad. El proceso es que va a ir declinando el número de componentes de la carrera judicial porque la capacidad de generación de nuevos jueces de la escuela, 204 jueces cada dos años, es inferior al número de jueces por la edad media de la planta judicial que se van a ir jubilando. Y sobre esa cuestión, en una materia de eficiencia y de mejora de la ratio de la Administración de Justicia, usted tampoco ha hecho ningún comentario.

En relación con los procedimientos de sustitución, sin perjuicio de lo que hemos comentado sobre la desaparición de la paga extra, no hay ninguna ley en donde no se prive de la paga extraordinaria de diciembre a algún colectivo. En todas las que han presentado últimamente nos encontramos -y sobre todo se encuentran los destinatarios de la medida- con la privación de la paga extraordinaria. Yo no sé si queda alguno, me da la impresión de que a todo colectivo que pertenezca al ámbito público, en cualquiera de sus ámbitos de actividad, ya se le ha privado de ella. Este sería el último, los últimos mohicanos que resistían eran los secretarios judiciales, pero ya se les ha privado también, en esta ley, de la paga extraordinaria de diciembre. Pero la pretendida profesionalización de la justicia no se hace con las medidas que usted articula en esta ley. La incorporación a órganos judiciales de magistrados suplentes y de jueces sustitutos es excepcional, así lo prevén los artículos 200 a 216 de la Ley orgánica del Poder Judicial, de cuyo contenido le hago o presumo conocedor, y en este caso es una presunción, se lo aseguro, iuris et de iure. Pero esta voluntariedad que ustedes pretenden como gran innovación del proyecto de ley, en virtud de la cual hay un máximo de llamamientos de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, sigue


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manteniendo un régimen rígido de incompatibilidades y prohibiciones. No solo se les aplican criterios de excepcionalidad en el acceso al ejercicio de funciones sino que se les mantiene la posibilidad de recibir percepciones económicas solo cuando acuden a vistas, cuando son llamados a vistas. Pero a eso hay que añadir otra perversión: que solo cuando acuden a vistas y reciben retribuciones económicas pueden cotizar a la Seguridad Social. Y el régimen de incompatibilidades es idéntico al de los miembros de la carrera judicial, con la única excepción que afecta también a los miembros de la carrera judicial que es dedicarse a actividades docentes, a la docencia. Desde esa perspectiva, es un error esta excepcionalidad, este gravamen económico a muchos jueces sustitutos y magistrados suplentes que llevan desempeñando sus funciones jurisdiccionales durante muchos años, veinticinco y hasta treinta en algunos casos, y que los propios presidentes de los tribunales superiores de Justicia nos están implorando -y se lo habrán dicho a usted- que por favor se les mantenga porque son muy buenos, desde luego son mejores que los que han salido de la escuela judicial en prácticas, que los de adscripción territorial y que los adjuntos, seguro que son mejores porque tienen mucha más experiencia sobre asuntos muy complejos, sobre asuntos muy complicados. Mire, llegó a haber momentos históricos en Euskadi en los que el 80 % de los jueces y magistrados eran o jueces sustitutos o magistrados suplentes, por las razones que antes le he contextualizado, y a los que, solo por esta razón, se les debería reconocer el esfuerzo y su aportación al buen funcionamiento del servicio público de la justicia.

¿Sabe qué oportunidad hemos perdido, señor ministro, en este proyecto de ley? Y en esto vamos a coincidir seguramente también de nuevo con el Grupo de Convergència i Unió. Hemos perdido la gran oportunidad de cumplir con los requerimientos de algunos estatutos de autonomía de los denominados de última generación que preconizan la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial. Sé que el Grupo de Convergència i Unió -la señora Pigem se lo glosará mejor que yo- y nosotros mismos hemos presentado una serie de enmiendas solicitando la suspensión de las competencias del Consejo General del Poder Judicial por los consejos superiores de Justicia del Poder Judicial autonómico allá donde existan porque están previstos estatutariamente. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la existencia de estos consejos superiores del Poder Judicial? La existencia de los consejos superiores del Poder Judicial, según la doctrina del Tribunal Constitucional y utilizando su propia nomenclatura -algunos también somos sofisticados hablando algunas veces- es anfibológica. Es decir, no ha dicho que son inconstitucionales pero tampoco ha dicho que son constitucionales. Qué oportunidad perdida, señor ministro, en este proyecto de ley para sustituir la locución "autorizaciones que se invocan o dirigen al Consejo General del Poder Judicial o algunas a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia" por "autorizaciones a las que puedan proveer los consejos superiores de Justicia de las comunidades autónomas". ¡Qué oportunidad!

Ya sé que no se puede comparar al señor Belloch con Max Weber desde una perspectiva de autoridad científica, no seré yo quien lo haga, ni usted -veo que se ríe y obviamente los dos sabemos de qué estamos hablando-, pero una vez le escuché al señor Belloch una cosa interesante -esporádicamente, de esas que a veces comentaba- cuando dijo que uno de los déficits que existe en este momento en la conformación de los poderes del Estado es que el Poder Judicial no se constituyó con los requerimientos atinentes a la conformación de un Estado compuesto, era el único poder. Había un Poder Ejecutivo que sí se ajustaba a la existencia o requerimientos de un Estado compuesto a través de la existencia de gobiernos autonómicos; había un Poder Legislativo que sí se ajustaba a los requerimientos de un Estado compuesto a través de la existencia de parlamentos autonómicos y, sin embargo, el Poder Judicial seguía manteniendo sus rígidas estructuras centralizadoras y jerarquizadas. Qué gran oportunidad, señor ministro, hemos perdido no atribuyendo al Consejo General del Poder Judicial todas las competencias en materia de autorizaciones, de previsiones y de configuración de los planes de refuerzo y en todas las materias que aquí se le atribuyen. Y no hacía falta modificar la Ley orgánica del Poder Judicial, sencillamente se podía mantener lo que ya prevé la Ley orgánica del Poder Judicial. Qué oportunidad perdida en esta ley.

Cuanto más le conozco -y creo que usted y yo seguimos siendo amigos personales a pesar de las críticas, no tan glamurosas como las del señor Arias Cañete ni tan sofisticadas, sino como las puedo hacer yo, un hombre sencillo, del pueblo- y oyendo sus reflexiones, tengo que decirle que tienen una impronta no sé por qué olfateo cada vez más jacobinas. Va a ser difícil que bajo su mandato veamos aflorar esto que anfibológicamente denomina el Tribunal Constitucional consejos superiores del Poder Judicial autonómicos.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Para la defensa de su enmienda a la totalidad, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Justicia, presenta usted ante esta Cámara, en nombre del Gobierno, una nueva iniciativa legal en materia de justicia por la cual -estoy seguro- usted no pasará a la historia. No pasará a la historia política ni tampoco pasará a la historia de la justicia de este país porque, lejos de ser, como dice su título, una ley de eficiencia presupuestaria y de profesionalidad en la justicia, nos encontramos ante una ley de recortes, de despidos y de destajos. Esa es la ley: recortes, despidos y destajos en la justicia española, no hay otra materia que contenga esta ley. Ahora bien, señorías, si nos atenemos a la concepción -no weberiana, porque Max Weber decía otra cosa- más práctica o pedestre, podemos decir, de la ética de la responsabilidad, entendida esta como la ética o la política del cinismo, es verdad que esta ley es un dechado de política cínica, un dechado de política del cinismo que hace precisamente lo contrario de lo que dice. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Voy a intentar explicarme. Señorías, esta ley no es una parte de la política de estabilidad del Gobierno, porque el Gobierno no tiene política de estabilidad, el Gobierno tiene política de depresión económica de nuestro país y tiene política de desestabilización social; no tiene política de estabilidad, digámoslo claro. Esta iniciativa legal tampoco es una iniciativa que pretenda la eficiencia presupuestaria; ni la eficiencia ni la eficacia ni la efectividad, porque, si nos atenemos a unos resultados con unos menores costes, podemos decir que precisamente el ámbito de la justicia no es el ámbito de la eficiencia, al menos para buena parte de los españoles. No es el ámbito de la eficacia -no hay buenos resultados- y no es el ámbito de la eficiencia -no se utilizan bien los recursos para buenos resultados-. En esta ley el Gobierno no avanza ni en eficacia ni en eficiencia. Por otra parte, señorías, nada que ver con la profesionalidad, nada que ver. El término profesional, en este caso, encubre el término de funcionario de la Administración de Justicia, y es verdad que los funcionarios de la Administración de Justicia son profesionales, y buenos profesionales, pero lo que quiere decir el Gobierno con el término profesionalidad no es que vaya a aumentar el número de profesionales de la justicia ni que vaya a mejorar la organización de la justicia; no, ni mucho menos, lo que dice el Gobierno es que se va a cargar mil empleos en la justicia. Digámoslo claramente, seamos sinceros con los ciudadanos: mil empleos interinos se van a caer en la justicia por mor de los modelos de peonadas y de destajos que pone en marcha el Gobierno con esta ley; peonadas y destajos en el ámbito de la justicia que sustituyen el empleo interino. Podría decirse que se profesionaliza cuando se aumenta el número de profesionales, pero nada de eso está en la iniciativa del Gobierno. Seguimos teniendo el mismo número de jueces, de secretarios, de trabajadores en el ámbito de la justicia que los que teníamos y el mismo número de fiscales y el Gobierno, por ejemplo, para el próximo año no logra -como se ha dicho antes por parte de otros intervinientes- mejorar esa situación en cuanto a los profesionales de la justicia. Digamos que igual, la misma situación de penuria en profesionales de la justicia, pero peor en cuanto a interinos en la justicia, sustituidos por peonadas, por sustituciones de los propios profesionales de la justicia. ¿Qué significa eso, señorías? ¿Qué significado tiene el recorte y qué significado tienen también los destajos? El recorte -es lo que ha dicho el ministro de Justicia- tiene que ver con los recortes que ha habido en la Función pública y es el recurso fácil para cumplir con los criterios de déficit en término nominal, pero para no cumplir ni el déficit ni la deuda en términos reales, porque, por ahí vamos: deprimir la economía, desmantelar el Estado social y crear más desazón, más desconsuelo y desesperación, podemos decir, entre la ciudadanía. Por tanto, nada en relación con la estabilidad. Pero en relación con la propia Administración de Justicia, el Gobierno ha encadenado distintas iniciativas legales: La Ley de Tasas, esta ley de repagos y destajos, el presupuesto del próximo año, también la Ley de Lucha contra el Fraude. ¿Qué significa todo ese conjunto de medidas? En nuestra opinión, ese conjunto de medidas no combinan precisamente la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Si la ética de la convicción en política es la verdad, podemos decir que el Gobierno ha sustituido la ética de la convicción por la propaganda. La propaganda no es la verdad, es el cinismo de la ética de la convicción. Si la ética de la responsabilidad es la eficiencia, son los resultados, podemos decir que el Gobierno apuesta en esta ley y en el conjunto de las leyes por un deterioro de los resultados. Hay un deterioro de la justicia y de la capacidad de tutela judicial efectiva, un deterioro gravísimo; un deterioro de la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y un deterioro también del servicio público de la justicia. Hoy también estamos en este tipo de iniciativas que, arropadas con la ética de la responsabilidad, en realidad significan


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propaganda y deterioro del sistema, deterioro del servicio de justicia en nuestro país. Esa es la realidad, señorías, esa es su realidad, señor ministro; por eso le decía que no pasará usted a la historia de la justicia española.

Si hubiera que sacar citas literarias, yo no me iría a Cernuda, es demasiado buen poeta para utilizarlo para estos menesteres; yo me iría, de nuevo, como empecé, a Valle Inclán para plantear que la política de su ministerio cada vez es un mayor esperpento que combina a la perfección dos cosas: Primero, que la realidad no es la que es, sino la imagen deformada de la realidad, su propaganda, y por otra parte, que el trasfondo de la realidad es el trasfondo más conservador, que es el que pone en marcha el Gobierno del Partido Popular. Porque -y termino- este conjunto de iniciativas es verdad que tienen que ver fundamentalmente con objetivos de recorte, con objetivos de destajo, con objetivos de recaudación, pero aprovechando la crisis económica de manera oportunista, el Gobierno está cambiando nuestro modelo democrático, está cambiando nuestro modelo social. Y eso es aún menos presentable, eso tiene mucho que ver con la ética de la responsabilidad, pero sobre todo tiene mucho que ver con la ética de la convicción. El Gobierno, que no presentó estas medidas en campaña electoral, el Gobierno que no defendió un cambio de nuestro sistema judicial, el Gobierno que no presentó la dualización de la justicia, el Gobierno que no defendió la degradación de la justicia y el fin de la tutela judicial efectiva, en realidad por la llamada ética de la responsabilidad, se está cargando las convicciones democráticas de los ciudadanos y las convicciones democráticas de esta Cámara. Y esta Cámara, señorías, es muy importante, pero flaco favor le hacen ustedes a esta Cámara, flaco favor con la legislación exprés, flaco favor con la convocatoria de ponencias de emergencia, flaco favor con medidas en materia de justicia, que cambian el modelo sin la participación democrática de los parlamentarios, que son burlados continuamente por el Ministerio de Justicia. Por tanto, esta iniciativa es un fraude electoral, pero sobre todo es un fraude parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Socialista, señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda de totalidad que presenta nuestro grupo a este proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, sobre medidas de eficiencia. Empezaré dando una explicación porque detrás de tan ampuloso título parece que no sería lógica la presentación de una enmienda de totalidad. Pero el problema, señor ministro, es que la praxis legislativa debería llevar a que el título describa el proyecto y no es el caso. Pero es verdad que no es el caso en relación con este proyecto ni es el caso en relación con el resto de los proyectos que nos ha traído su ministerio a esta Cámara. En definitiva, señor Gallardón, en los proyecto el título, en su caso, no suele coincidir, y es pura retórica decirlo, pero la verdad es que cualquier parecido entre el título y la realidad es pura coincidencia. Citaba usted -no me entretendré mucho en ello- a Max Weber y yo simplemente le recuerdo aquella frase suya que decía que en política lo que no es posible, es falso. Ese es el problema, que las cosas que dice este proyecto, como no son posibles..., saque usted la conclusión.

En todo caso, le tendría que decir que es verdad que en el desiderátum de hablar de la profesionalización de la justicia nos vamos a encontrar, en aquellas iniciativas de las que usted ha dado cuenta y de las que ha leído extractos nos vamos a encontrar, pero es que este proyecto no va de eso. Este proyecto, señor Gallardón, va de recortes, va de despido de jueces suplentes y de magistrados sustitutos y, lo que nos parece más grave, va de un posible colapso de la Administración de Justicia, que queremos dejar aquí dicho, y además -y eso es todavía más grave, siendo lo otro grave- con vulneración en algún caso -y no es retórica- a ese principio que engloba el de la tutela judicial efectiva cuando se declina en un proceso sin dilaciones indebidas y, muy grave, creemos que puede haber vulneración, tal y como está el texto del proyecto, en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que recoge el artículo 24 de la Constitución. Habría otra forma de haber hecho esto, es la forma que llevaban los Gobiernos socialistas, aumentando el número de plazas de magistrados, de jueces y también de fiscales. Ahí sí tenía sentido la creación de los jueces de adscripción territorial. Habría otra forma, como es el aumento de la dotación presupuestaria, simplemente con haber aprobado ayer las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Mire, la justicia no se arregla ni a golpe de a ocurrencias, ni machacando con titulares de prensa más o menos efectivos. En definitiva, desde que usted ha llegado al ministerio ha hecho dos cosas. Desde el lado del ingreso de los asuntos, ayer fue un día triste para la justicia, porque se aprobó en el Senado una Ley de Tasas que consagra una dualidad, una justicia para aquellos que más tienen y una justicia sobre la que usted me dirá


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que no se cierra la puerta de los juzgados, pero se pone a una gran parte de los ciudadanos una valla infranqueable, que es aquella que se le pone a aquel que no puede pagar las tasas exorbitantes. Hoy tiene usted que saber que hay compañías aseguradoras que han parado ya las indemnizaciones que se estaban ofreciendo, porque saben que cuando entre en vigor la ley que usted ha impulsado, va a tener más capacidad para negociar con víctimas, por ejemplo, de accidentes. Esa es una consecuencia que ya está ahí, tan pronto como ha sido aprobada por el Senado esta ley.

Eso en cuanto al ingreso, pero en cuanto a la otra parte de la cuestión, en cuanto a la Administración, con lo único que usted viene aquí es con una drástica reducción de los efectivos humanos de los juzgados y tribunales y además castigando a aquellos que son los cumplidores, a aquellos que llevan los juzgados al día. Reformas de este tipo no son positivas para la Administración de Justicia. Señor Gallardón, nosotros entendemos que es necesario dar fin a una situación donde todos los jueces no son profesionales, pero lo que no se puede hacer es prescindir de un número importante de ellos, lo ha situado usted en el 28 %. No se puede hacer porque, como digo, eso significará un colapso en la Administración de Justicia, porque no es verosímil la hipótesis de creer que aquello que se venía ejerciendo por aquellos que estaban ejerciendo como sustitutos y suplentes, va a poder ser ejercido, simplemente por la aprobación de esta ley, por aquellos que son titulares de los órganos judiciales después de haber aprobado una oposición o superado un concurso. A ello ya se dedica el proyecto de presupuestos que ayer aprobó esta Cámara, donde hay una relación mucho más menguada en la previsión de los jueces sustitutos para el año 2013. Están, por tanto, anticipando en la mecánica presupuestaria aquello que todavía no está ni tan siquiera aprobado. Además nos parece, y esto es muy importante -y de ahí que crea que podemos estar hablando de una posible vulneración de un derecho fundamental-, que por el afán de intervenir del Gobierno en el funcionamiento cotidiano de juzgados y tribunales hay a veces, y se puede entender del proyecto que nos plantean, la posibilidad de imponer forzosamente a determinados jueces comisiones de servicio o prórrogas de jurisdicción contra su voluntad, sin ningún límite o criterio, a voluntad de los órganos de gobierno, apartados 10 y 14 del proyecto. Esto es un cambio radical del estatuto existente, puesto que no cabe hacer eso si no hay la solicitud o el consentimiento del interesado. A nosotros, señor Gallardón, nos parece que esto choca con el artículo 117.1 de nuestra Constitución, que dice que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes e inamovibles. Y lo que es más grave, señor Gallardón, creemos que choca con el artículo 24.2 en cuanto al juez predeterminado por la ley que garantiza nuestra Constitución, porque no es eso lo que dice el proyecto, ya que permite que los órganos de Gobierno puedan designar en determinados casos sin que haya esa voluntariedad y, por lo tanto, creando situaciones que por ser alambicadas no dejan de ser muy preocupantes.

Señor Gallardón, esta reforma que usted pretende es imposible, porque no cabe hacer los señalamientos concertados entre más de tres juzgados, porque va a abrir la espita de las innumerables reclamaciones a aquellos acuerdos de las juntas y a aquellos acuerdos de los órganos del Poder Judicial. Esto va a crear problemas y todos esos acuerdos van a acabar provocando situaciones imprevisibles que nosotros ya aventurábamos y por eso hemos presentado esta enmienda de devolución. Nosotros entendemos que los criterios que se fijan no son objetivos, son arbitrarios. Señor Gallardón, nosotros entendemos que la falta de personal tiene que cubrirse por otras vías. Nosotros entendemos que lo primero que hemos de hacer cuando subimos a esta tribuna es tener un reconocimiento hacia aquellos que están impartiendo la justicia bien como jueces sustitutos y como magistrados suplentes, porque ellos son en gran parte, junto con los titulares que han aprobado oposiciones o superado concursos, los que están soportando el peso de la acción jurisdiccional, y eso no se va a resolver porque por una ley digamos que todos ellos, como dice la previsión presupuestaria, van a quedar disminuidos y solo para casos muy excepcionales que, por cierto, no quedan fijados con criterios objetivos. Señor Gallardón, permítame que le diga que este es un proyecto que demuestra que es usted un político de altura, pero de altura en cuanto a que empieza la casa por el tejado, y eso no es lo que tiene que hacer un político; lo primero que debe hacer un político que está en la Administración cuando tiene responsabilidades en relación con un poder del Estado es empezar por los cimientos, debe dotar de medios a la Administración de justicia, y eso es lo que no hace este proyecto de ley. Eso crea condiciones que a veces son arbitrarias y por eso son peligrosas, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional en relación con la asignación de los juzgados. Nosotros, señor Gallardón, aparte de esta enmienda, le vamos a proponer un conjunto de enmiendas que intenten resolver y paliar esta situación, algo que a nosotros nos parece muy difícil, pero si hay voluntad nosotros haremos el esfuerzo de que no se colapse la justicia o al menos que por el grupo mayoritario de la oposición que no quede que aquello que aventuramos se produzca. La disposición transitoria segunda del proyecto dice que antes


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del 15 de marzo de 2013 tendrán que ser aprobados los planes anuales del reformado artículo 200 de la Ley orgánica del Poder Judicial y usted sabe que eso es de imposible cumplimiento, porque se están basando en conceptos jurídicos indeterminados y que por tanto deben determinarse previamente. Ustedes no tienen en este caso el más mínimo rigor de hablar de menor carga de trabajo, artículo 199, o de escasa carga de trabajo. ¿Pero quién decide cuál es esa carga de trabajo? ¿Cuál es el órgano que fija ese criterio? Por tanto, esta situación debe corregirse.

En este sentido, nosotros hemos planteado un conjunto de enmiendas junto con la de totalidad, ya que lo mejor sería devolver este proyecto y que trajeran un proyecto que merezca la consideración de aquello en que se basa el título. Si no se atiende a nuestra enmienda, nosotros creemos que es mucho mejor establecer un sistema en el cual, en primer lugar, el consejo acuerde cuáles son los criterios que han de servir en relación con esta medida; por eso le propondremos modificar una de las disposiciones adicionales. Tan solo cuando demos un tiempo al consejo para que apruebe esto y haya un rigor, un criterio técnico y una objetivación, solo en ese caso se podrá desencadenar el procedimiento que establece el artículo 200 en relación con las listas. Señor Gallardón, hay vicios que ya le he dicho antes que hay que corregir en este proyecto, porque para nosotros tiene visos de inconstitucionalidad, especialmente en relación con el reformado artículo 212 y con el reformado artículo 216 bis.2, en relación con los órganos colegiados y unipersonales respectivamente. Señor Gallardón, nosotros creemos que la justicia es un servicio público, ostenta un poder del Estado, pero también creemos que tiene y requiere formación. Por ello, paso a referirme a otra de las cuestiones que contempla este proyecto.

Proponen, señor ministro, una reforma en relación con la figura de los jueces y su formación. Nosotros no estamos de acuerdo. Nos parece que este es un régimen que no es correcto. No nos parece correcta esa adscripción no ya a los tribunales superiores de justicia, sino a los presidentes, a los cuales, por cierto, les confiere la capacidad de otorgar notas a los que están en prácticas. Quedan, dice el artículo 307.4 reformado, a disposición del presidente del TSJ correspondiente, nunca mejor dicha la expresión. Nos parece que la creación de un cuerpo intermedio, que es lo que proponen ustedes, en la tercera fase de la formación es profundamente desafortunada, porque les da una inseguridad en relación con su formación, que a su vez lo es porque no han terminado con la calificación. Le diría, como resumen, en relación con este tema, que nosotros, por principio, entendemos que si no se ha alcanzado la formación no se debe de ejercer la jurisdicción.

Señor Gallardón, le referiré ahora que no nos va a encontrar en las medidas de implementación en el ámbito de la Administración de Justicia -ni en relación con los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y el resto de personal de la Administración de Justicia- que contiene el Real Decreto-ley 20/2012, porque estuvimos radicalmente en contra y fue el presidente de nuestro grupo parlamentario el que defendió la postura en contra de aquel decreto. Por tanto, en coherencia con ello y también por convicción, no vamos a estar de acuerdo con esas medidas que lo que hacen es implementar aquel decreto en relación con el ámbito de la Administración de Justicia, como consecuencia de la reserva en cuanto al rango legal que tiene que hacerse por virtud de esta ley orgánica. Señor Gallardón, rechazamos ese recurso de eliminar la paga extraordinaria. Dice usted: Con carácter extraordinario. Claro, es que 2012 no va a volver para los funcionarios y la paga extraordinaria tampoco, en relación con ese carácter extraordinario. Tampoco entendemos que es afortunado extender ese manto de sospecha que han establecido ustedes con la nueva reglamentación de la situación de incapacidad temporal en relación con los funcionarios y en relación con ese colectivo. Creemos que no hay ninguna excusa que permita que demos cobertura a algo que ayer la calle decía, que no estaban de acuerdo con esa política de recortes, que especialmente en relación con los empleados públicos se verificó en el Real Decreto-ley 20/2012 y que ahora lo es en relación con aquellos de la Administración de Justicia.

Señor Gallardón, termino ya. Nos parece que su reforma compromete la tutela judicial efectiva. Podríamos decir aquello de que había un derecho a los procesos sin dilaciones indebidas; a lo mejor tendremos que empezar a decir que a partir de ahora puede haber procesos con dilaciones debidas a usted, señor Gallardón. Tendríamos que decir que todos teníamos derecho a un juez predeterminado por la ley, hasta que una reforma suya, señor Gallardón, puede llevar a que haya formas alambicadas, pero desde luego no neutrales, de interferir en quiénes son aquellos que han de ejercer la jurisdicción en determinados casos. Solo tenemos una esperanza, y es que ayer su grupo presentó un escrito de solicitud de ampliación del plazo de enmiendas. Eso quiere decir que no debió usted convencer a su grupo con el proyecto que somete a esta Cámara o bien que su grupo no tenía coordinación cuando presentó ese escrito. Sí le digo una cosa, eso sí nos abre una esperanza, porque si ni su grupo cree en este proyecto y


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anuncia que le va a enmendar por el escrito que nos presentó ayer, ahí nos podrá encontrar, en intentar buscar soluciones, no en implementar medidas en relación con un decreto que no creemos que sea justo, como demostró ayer esa participación masiva de los ciudadanos en la huelga general y en las concentraciones y manifestaciones que hubo por la tarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Muñoz.

Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo de UPyD, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Unión Progreso y Democracia no ha presentado una enmienda a la totalidad confiando que en el trámite de debate de la ley se produzca algo que no se está produciendo en iniciativas que vienen de su departamento, señor ministro. Inicialmente no presentamos la enmienda a la totalidad porque compartimos parcialmente el diagnóstico que hace el ministerio. Es verdad que hay que superar excesivas rigideces, pero no compartimos la solución. Las soluciones que ustedes nos proponen llevan a sobrecargar más aún a los jueces en su trabajo, su tarea, en el desarrollo de su responsabilidad, y ello va a repercutir, como ya se le han advertido distintos portavoces, muy negativamente en la calidad de la justicia.

Lamentamos también, y eso esperamos resolverlo en el trámite de enmiendas, que no hayan aprovechado ustedes esta iniciativa para abordar alguna de las cuestiones más urgentes y que no están resueltas, a pesar de haber sido advertidas desde hace más de quince años. Me refiero a la oficina judicial. A pesar de muchas iniciativas y mucho discurso al respecto, seguimos, quince años después, con experiencias piloto, y usted lo sabe bien. Creo que sería el momento de abordar la solución de este problema, y nosotros lo haremos por la vía de las enmiendas, impulsando y armonizando la oficina judicial y planteando algo que es constitucional y que, por tanto, es una reforma que no requiere de otras reformas legislativas, que es la recuperación de la competencia sobre el diseño e implantación de la oficina judicial para que esa competencia esté enteramente en el Ministerio de Justicia. Creo que es positivo para la administración de la justicia y para los administrados, es decir, para el conjunto de los ciudadanos.

Para finalizar, volviendo a la reflexión que usted nos ha hecho para defender este proyecto de ley, usted ha insistido mucho en la ética de la responsabilidad frente a la ética de las convicciones. Es verdad que en algún momento ha planteado que no tendrían por qué contraponerse las dos éticas. Ciertamente que no tienen por qué contraponerse, pero es verdad también que en la defensa de la ética de la responsabilidad, insistiendo en la cita de Max Weber -que, como sabe usted muy bien, tiene citas para todos los gustos y yo recomiendo la lectura íntegra de ese librito que debiera ser de cabecera para todos los que nos dedicamos a la cosa pública, que es El político y el científico-, usted al citar estas contraposiciones de ética venía a decirnos: Hay que ser posibilistas, hay que utilizar la política para hacer lo que es posible. Yo le digo que la política -como usted muy bien sabe- para algunos es el arte de lo posible, pero para otros, creo que para la mayoría de los que nos dedicamos a esto, debiera ser hacer posible lo que es necesario desde la política, porque para eso estamos. Por eso, permítame que le diga que frente a su cita de Weber quiero citarle -que vendría muy bien para todas las leyes que aquí discutimos, pero desde luego vendría muy bien particularmente para aquellas que llegan desde su ministerio- a un coetáneo de Weber, que es español, era español, un ilustre hombre de leyes que sabía mucho de leyes, un leonés, Gumersindo de Azcárate. Gumersindo de Azcárate dejó dicho que las leyes han de ser libremente discutidas y ciegamente obedecidas. A mí me parece que en los últimos tiempos en nuestro país está ocurriendo justamente lo contrario: que ni son libremente discutidas ni son ciegamente obedecidas. Vamos a ver si con este proyecto de ley, bien sea por la vía de que acepten ustedes su devolución, bien sea por la vía de que lo debatamos posteriormente -debatir de verdad, abriendo el debate-, tengamos una ley que se haya debatido libremente y que después se pueda aplicar, defender y obedecer ciegamente.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, desde Convergència i Unió no hemos formulado enmienda a la totalidad, si bien compartimos muchas de las razones que se acaban de esgrimir por parte de los grupos parlamentarios que sí lo han hecho.


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Señor ministro, con usted nos pasa una cosa que nos pasaba también con el ministro Gabilondo, que usted tiene tal brillantez en la exposición de sus argumentos que nos predispone de manera natural a intentar pensar que tiene razón. De hecho, hoy hemos acabado hablando más de Weber que del Poder Judicial. Lo que pasa es que cuando pasamos de la brillante oratoria a la triste realidad de la letra del proyecto, entonces comprendemos por qué estos argumentos que usted nos plantea como argumentos tan razonables no consiguen convencer de su razonabilidad a ninguno de los sectores afectados por la norma. Esta es la situación. De manera especial queremos también, desde Convergència i Unió, hacernos eco de algo: el malestar y descontento -usted lo sabe- que existe en los operadores jurídicos: jueces, jueces sustitutos, letrados, procuradores, secretarios y fiscales. En todos ellos ha conseguido el ministerio suscitar la triste unanimidad de descontento y malestar por los proyectos de ley que envía a esta Cámara, que tratan asuntos de gran trascendencia sin tener apenas en cuenta las opiniones y planteamientos de los mismos, y a los que se impone además una tramitación a uña de caballo en la que no se modifican más que las correcciones técnicas imprescindibles en leyes que afectan incluso a derechos fundamentales de las personas. Malestar muy reciente por una Ley de Tasas que, por su desmesurada cuantía, limita gravemente el derecho al acceso a la justicia como derecho constitucionalmente reconocido que es. Malestar también por las reformas de la Ley orgánica del Poder Judicial que hoy estamos viendo. Malestar también por la anunciada reforma de la Ley orgánica de Poder Judicial más global y que, a juicio de las asociaciones de jueces y fiscales, manifestado por unas de forma abierta, por otras, también, aunque con boca más pequeña, pero en la coincidencia de que la austeridad presupuestaria, de un lado, y las iniciativas legislativas anunciadas y en trámite, de otro, suponen una amenaza para la independencia y el autogobierno de los jueces y del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional. No nos gusta, señor ministro, que el mensaje o la justificación que se desprende de las reformas que hasta ahora se han ido llevando a cabo sea abonar, dar pábulo a la falta de credibilidad de las instituciones y de los profesionales. Nos parece manifiestamente injusto que se impongan unas tasas abusivas con el pretexto de tener que pagar los gastos del turno de oficio, haciendo recaer de esta manera la causa última de la reforma en el pago de los profesionales del derecho. Y nos parece también manifiestamente injusto que se ampare la actual reforma, dando un mensaje subliminal de que se pone fin a ciertos privilegios, entre comillas, de un colectivo como el judicial, que viene, no desde ahora con la crisis sino desde hace mucho tiempo, trabajando, ejerciendo un poder del Estado y prestando un servicio al que la ciudadanía tiene un derecho amparado constitucionalmente en condiciones de inversión presupuestaria más que precarias.

Dicho esto, señor ministro, desde Convergència i Unió somos conscientes de la dificultad de gobernar en el actual contexto económico, en una situación de grave crisis y con una gestión heredada de Gobiernos de otro signo que es evidente que no aplicaron o no lo hicieron de manera eficiente medidas necesarias y suficientes para no tener que vernos ahora en la tesitura de tener que aplicar medidas más drásticas, de manera que todos los colectivos ven forzosamente reducidos sus derechos y especialmente sus justos emolumentos individuales. Somos conscientes, señor ministro, porque esta es también la situación en la que nos hemos encontrado en Cataluña. Compartimos también la necesidad de adoptar medidas de eficiencia presupuestaria, eso que se dice de hacer más con menos, en todos los ámbitos de la Administración, también en la Administración de Justicia, porque lo contrario a estas alturas se vería como un agravio comparativo. Además, desde el punto de vista competencial, aunque las competencias que tenemos en Cataluña en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia consideramos que no son suficientes, las que se regulan en el presente proyecto afectan a los llamados cuerpos nacionales, y por ello en principio no discutimos la competencia del Estado para hacerlo.

Por todo ello, no hemos formulado enmienda a la totalidad, aunque lo hemos valorado porque razones, señor ministro, no nos faltan para hacerlo. Vamos a presentar numerosas enmiendas al articulado porque el texto, a nuestro juicio, es manifiestamente mejorable. Enmiendas, en primer lugar, sobre el tratamiento de los jueces sustitutos y magistrados suplentes porque aunque compartimos la necesidad de que la actuación de los mismos pueda llegar a ser excepcional, como de hecho ya lo es en la letra de la ley actual, entendemos que no se puede acabar de un plumazo, como hace el proyecto, con la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, hombres y mujeres cuyo trabajo ha sido y es fundamental para la estabilidad de la prestación de un servicio público, especialmente en aquellos lugares en donde la movilidad de titulares es y ha sido más alta como, por ejemplo, en Cataluña. No es de justicia negar la profesionalidad de quien ha estado desempeñando la labor jurisdiccional durante años y ha superado no solo los criterios de selección, que los tienen, bastante duros en Cataluña, por ejemplo, sino también el control que se realiza del trabajo de los mismos por el Consejo General del Poder Judicial. Enmiendas


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también porque a pesar de que el proyecto en la exposición de motivos diga que lo que se propone es que la cobertura de ausencias, vacancias y medidas de refuerzo pueda desempeñarse por miembros de la carrera judicial de manera voluntaria y retribuida, algo con lo que podemos estar de acuerdo, lo cierto es que en el texto del proyecto se contempla que dichas sustituciones se hagan, en determinados casos, de manera obligatoria, en función, además, de un concepto jurídico indeterminado, porque no está actualmente definido a pesar de la demanda de jueces al respecto, como es el concepto de carga de trabajo. Lo que va a suponer, de un lado, un detrimento de la calidad y agilidad en la prestación del servicio por sobrecarga de trabajo y, de otro, la consecución de un ahorro económico, que entendemos que a esto es a lo que va el proyecto de ley. Y lo va a conseguir por la infrarremuneración, puesto que estas sustituciones se van a pagar -según usted nos ha expuesto y según obra en la memoria económica- a un coste que va a ser desde aproximadamente la mitad de retribución de lo que actualmente se paga a un juez sustituto a nada, porque se prevé no pagar cuando la carga de trabajo -de nuevo este concepto jurídico indeterminado- asumida por el llamado a hacer la sustitución, junto con la carga del órgano de procedencia, no llegue a determinados mínimos.

Hay otras enmiendas contrarias a la modificación que se prevé en el proyecto de ley para que los futuros jueces, tal como se denominan en el proyecto -los jueces en prácticas-, hagan estas sustituciones y refuerzos generalizados. No compartimos la decisión de atribuir responsabilidades a personas que aún no han alcanzado la formación necesaria, dejándoles solos al frente de un órgano unipersonal cuando no tienen todavía plenamente desarrolladas las habilidades, capacidades y técnicas adecuadas para ello, puesto que no han culminado todavía la formación inicial y están todavía en la escuela judicial, no siendo por tanto ni jueces titulares ni personas con experiencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señor ministro, vamos a presentar también -se me ha adelantado en el planteamiento el señor Olabarría, al que le agradezco la mención- un grupo de enmiendas relacionadas con la gestión de la Administración de Justicia, en este caso en Cataluña. Es posible incluso que le hayan sido directamente comentadas por la Consellera de Justicia de la Generalitat, la señora Fernández Bozal, y que además han sido ya motivo de planteamiento y exposición por parte de la portavoz que le habla del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en las comparecencias que su señoría ha realizado ante la Cámara y que, si bien en principio no había expuesto por su parte una radical objeción a los mismos, se habían remitido siempre a ser propuestos en el cauce legislativo oportuno. Pues bien, señor ministro, entendemos que el cauce legislativo oportuno es precisamente una modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial como la que estamos viendo. Dichas enmiendas versan sobre el reconocimiento legal de la validez a efectos procesales de los documentos y actuaciones hechos en la lengua oficial de las comunidades autónomas con lengua propia ante órganos jurisdiccionales de ámbito estatal. Versan también sobre la posibilidad de creación de los consejos autonómicos de justicia como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial y también sobre la vital importancia del traspaso a las comunidades autónomas del personal de la Administración de Justicia respetando, eso sí, su carácter de cuerpo nacional. Dichas propuestas, señor ministro, no tienen más objetivo que propiciar la agilidad y elevar la calidad del servicio prestado, acercando el centro de decisión del gobierno de los jueces al entorno del ciudadano y usuario de la justicia y otorgando mayores facultades de control del personal de la Administración de Justicia a la Administración pública responsable de su gestión. Todo esto, señor ministro, legalmente amparado y ampliamente debatido. La ampliación de los traspasos de competencias en materia de gestión del personal obedece a los acuerdos a los que llegaron en el año 2011 las comunidades autónomas con competencias en la Administración de Justicia. Unos acuerdos considerados de mínimos para poder gestionar con un poco más de racionalidad los recursos humanos al servicio de la actividad jurisdiccional que, si no se remedia, quedarán como hasta ahora en tierra de nadie. Por otra parte, la regulación de los consejos de justicia autonómicos previstos en ocho estatutos de autonomía de la manera en la que se plantean, como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, evitan absolutamente las tachas de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional apreció en el Estatut d'Autonomia de Cataluña del año 2006.

Señor ministro, lo que le planteamos además de necesario es plena y legalmente asumible, como no puede ser de otra manera. Se hace además en el instrumento adecuado, en el que se señaló por el Tribunal Constitucional, en una ley orgánica, que además se plantea en una modificación que ni siquiera ha sido instada por mi grupo parlamentario. Esperamos y confiamos en que esta vez sí, señor ministro, cumpliendo todos los requisitos, la respuesta no pueda ser otra más que una respuesta afirmativa.

Finalizo. Al terminar este Pleno tenemos convocada Mesa y portavoces para fijar el calendario de tramitación de este proyecto de ley.


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El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que vaya terminando.

La señora PIGEM I PALMÉS: Acabo.

Le pido que desde el ministerio no se imponga una premura innecesaria para la tramitación. Hagámoslo sosegadamente, no solo porque nos gustaría que en esta ocasión, al igual que se hizo con motivo de las elecciones vascas y gallegas, se respetara la regla no escrita conforme la cual la semana anterior a unas elecciones se procura que los diputados podamos hacer una campaña territorial, sino porque me gustaría, señor ministro -y con la expresión de este deseo voy a finalizar mi intervención- que pudiéramos retomar el auténtico trabajo legislativo. La negación por la mayoría absoluta de la función primordial de la Cámara, de la función legislativa, creemos que en nada puede ayudar al necesario acercamiento a la ciudadanía, que es algo que reiteradamente se nos demanda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.

El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señorías, señor presidente, tomo la palabra para fijar la posición en nombre de mi grupo y, como pueden imaginar, voy a apoyar este proyecto y a explicar brevemente por qué rechazamos las cinco enmiendas presentadas. No me voy a detener en rebatir una serie de argumentos de algunas de estas enmiendas, son las que en los ordenadores deben figurar, señorías, como enmiendas de totalidad para lo que sea, para Justicia o para Agricultura, argumentos como que el Gobierno quiere destruir el Estado del bienestar, asaltar los servicios públicos o derogar derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva u otras enormidades, como las que hoy van a constar en el "Diario de Sesiones", que he ido apuntando: finiquitar sistema justicia, buscar una política de depresión económica y desestabilización social, cargarse el modelo democrático y las convicciones democráticas. Eso se ha oído aquí esta mañana. Y se achaca también al PP con formidable desparpajo por representantes de partidos que han gobernado la Administración de Justicia hasta hace cinco minutos o en diversas comunidades autónomas -y algunos siguen haciéndolo-, que faltan los medios que ellos no pusieron, pero los españoles saben bien en qué situación han dejado la justicia. Así que sobre todas esas simplezas y falsedades me van a permitir que me limite a pedir un poco más de seriedad en debates sobre proyectos tan exigentes como el que nos ocupa.

Estamos, como ha explicado con detalle el señor ministro y muy bien, ante una ley compleja, muy técnica, con numerosos apartados, que se inscribe dentro del complejo paquete de reformas anunciadas al inicio de la legislatura y que va a retomar el Plan de fortalecimiento y modernización de la justicia, que ha estado lamentablemente parado durante los últimos siete años (Aplausos), plan que incluye otras inmediatas reformas de esta misma ley orgánica que hoy están en negociación o en fase final de estudio por las numerosas comisiones creadas sobre temas como la organización del Consejo General del Poder Judicial o la Ley de Planta. Lo que toca hoy de todo ese vasto programa son una serie de medidas cuya finalidad podemos resumir en una serie de capítulos: uno, profesionalizar al máximo el ejercicio de la función jurisdiccional; dos, mejorar la organización judicial; tres, conseguir una mayor eficacia en la gestión, optimizando recursos e incrementando la productividad; y cuatro, porque el proyecto es muy sincero y lo ha sido el señor ministro al presentarlo, ante la situación económica que vivimos, aplicar en justicia el Decreto-ley 20/2012, del pasado julio, que establece reformas estructurales en nuestro sistema de empleo público comunes para todos, procurando que no suponga merma en el servicio. No puedo detenerme en los detalles, señorías, pero el listado de asuntos comprende cuestiones tan vitales como la ordenación de efectivos, profesionalización de las sustituciones, el incremento de competencias y organización de los presidentes de TSJ o audiencias y de los jueces decanos, el refuerzo de las audiencias provinciales, las funciones de los jueces de adscripción territorial, la modificación del régimen de los llamados jueces adjuntos, la formación de nuevos jueces y su actividad en prácticas, los planes de refuerzo, etcétera. Como verán, poca cosa, como para frivolizar sobre este proyecto de ley.

Ciñéndome a lo que han querido resaltar sus señorías, las enmiendas se reducen fundamentalmente a dos temas. El primero, especialmente en el caso de Izquierda Unida, es la aplicación a la justicia de lo previsto en el mencionado decreto-ley para todos los funcionarios. Esas enmiendas recuerdan que ahora se oponen porque ya se opusieron al decreto-ley; bien, pero no dicen que dejen de aplicarse solo para el mundo de la justicia. Y no lo dicen, primero, porque en tiempo de esfuerzos a todos toca esforzarse y en el mundo judicial son conscientes de esta exigencia de solidaridad aunque, obviamente, todo el mundo


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prefiere que las reformas se hagan pero que se las hagan a los demás. Segundo, porque el proyecto realiza adaptaciones -a las que ya se ha referido el señor ministro- que se han entendido lógicas por la especialidad de la función, como los doce días que se han mencionado de permisos que se prevén para los jueces allí donde otros funcionarios disponen solo de tres.

En cuanto a la otra gran cuestión, la de los sustitutos, se han pronunciado todos los grupos, aunque en los textos han incidido especialmente el PNV y el Grupo Socialista. A todos quiero decirles que lo que ahora se hace -atiendan bien- es una vieja aspiración unánime -hoy hemos descubierto que unánime menos el señor Olabarría y el señor Tardà-, una vieja aspiración unánime y que se trata de articularla de manera razonable. Las sustituciones las harán los jueces profesionales, los que quieran voluntariamente y, en su defecto, los de una lista elaborada por los órganos rectores en atención a las cargas de trabajo, lo que, por cierto, ya está en la ley vigente, aunque alguno no lo lea; y si esto no basta, se recurrirá excepcionalmente a sustitutos y suplentes. Todo ello bien retribuido, a pesar del ahorro presupuestario, procurando no generar ninguna sobrecarga obligada porque se trata de hacer una mejor distribución de las cargas y sin perder calidad porque, como ya dijo un portavoz socialista, una de las razones básicas de la profesionalización ha de ser, precisamente, la mejora de la calidad.

Al PNV en particular quiero decirle dos cosas. La primera, que se equivoca cuando equipara a profesionales y sustitutos. Hay sustitutos muy valiosos y muy expertos y, en general, es obligado que agradezca aquí la labor que realizan para que la justicia funcione, pero España se merece una justicia con jueces profesionales e independientes, formados y preparados para serlo. Esa es la justicia a la que aspiramos. En mi segundo comentario espero que el señor Olabarría coincida. En el País Vasco cubrir las plazas con jueces profesionales ha sido más complejo que en otros sitios porque, entre otras cosas, unos pistoleros los han matado. Ojalá llegue pronto el día en que ser juez en el País Vasco sea igual que ser juez en cualquier otro lugar de España. No olvido, por cierto, que a otros jueces y fiscales ETA los ha matado en otras regiones, y a todos rindo mi homenaje. (Aplausos).

En cuanto al Grupo Socialista, son ustedes una pura contradicción. Dicen que son partidarios del juez profesional y no del sustituto. De hecho, se puede empapelar este hemiciclo con sus declaraciones sobre ello, pero siempre encuentran motivo para no hacer lo que dicen, siempre. Ahora se inventan excusas como las de esta enmienda, en la que llegan a decir que no se puede usar el criterio de la carga de trabajo para decidir a quién se llama a la sustitución porque ese concepto es desconocido (sic). No es verdad, fíjese si es conocido, señor Muñoz, que el Consejo General del Poder Judicial lo usa todos los días, hasta el punto de que en su informe sobre este proyecto ha precisado que incluso prefiere que en lugar de la carga de trabajo del órgano se utilice como criterio de medición la dedicación o volumen de trabajo de cada juez o magistrado. Dicen también ustedes que antes hay que convocar más plazas de jueces. Pero resulta que mientras se pasan el día alardeando de lo que han invertido mientras estaban en el Gobierno, ni una sola de esas nuevas plazas han servido para eliminar ni un solo sustituto. Ustedes firmaron en 2001 un pacto para la modernización de la justicia cuyo punto quinto les comprometía a hacer lo que ahora estamos haciendo nosotros, y ustedes lo único que han hecho ha sido doblar el presupuesto para sustitutos, que hoy ronda los 66 millones de euros -fíjense- para más de 1.400 sustitutos. Esa es la historia del Partido Socialista con los sustitutos. Como esto del número de plazas es un argumento recurrente, añado que la experiencia demuestra que dinero y más plazas de jueces son condición necesaria pero no suficiente. De hecho, ya saben que hemos convocado, que ha convocado el Gobierno, 50 nuevas plazas más, pero se requiere además una profunda revisión organizativa, y eso es lo que vamos a acometer con estas y otras reformas que, como la puesta en funcionamiento de la oficina judicial, el expediente electrónico, la reforma de la planta o los medios de resolución de conflictos, ya deberían haberse hecho, señor Muñoz, hace muchos años.

Termino, señor presidente, con dos consideraciones. Cuando uno recuerda, señores del Grupo Socialista, que además de su actitud sobre los sustitutos, la de hoy, el inefable exministro señor Bermejo propuso procesos de selección de jueces más que esotéricos y que ustedes llegaron a proponer, para estupor de todo el mundo, jueces de proximidad seleccionados por los alcaldes -¡que ya tiene la cosa!, ¡que ya tiene la cosa!-, comprenderán que pueda pensarse que hay en toda su contradicción sobre los sustitutos algo más que desidia. Ahora tienen una muy buena ocasión para demostrar lo contrario. Y acabo. Para nosotros conseguir la justicia totalmente profesional es, como dice el informe del Consejo General del Poder Judicial, con el que coincidimos, un desiderátum irrenunciable. Con ello y con otras medidas a las que el contexto económico obliga, se trazan ahora reformas importantes. Espero que pronto


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podamos ver completado el proceso de modernización de la justicia española que tanto se necesita, y espero, señorías, que eso se haga con la contribución y con la implicación de todos.

Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos.-El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Astarloa.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar agradeciendo a todos los diputados intervinientes su aportación a lo que creo que sin duda ninguna convertirán en elementos enriquecedores de este debate. Pero no quiero en esta intervención, en principio última mía, dejar de hacer referencia a algunas de las manifestaciones que aquí se han hecho, ya que creo que estoy obligado a hacerlo, no sin antes decir que la duda que inicialmente teníamos del porqué se planteaban enmiendas a la totalidad sobre aspectos tan sustanciales, pues se ha visto -digo muy entre comillas la palabra- enriquecida como consecuencia de que hemos acabado hablando de las tasas, de la burbuja inmobiliaria o de la huelga de ayer. Todo ello significa que había que traer a colación temas diferentes porque aquellos que directamente nos convocaban quizá no diesen en materia bastante para poder sacarlos adelante. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor ministro.

Ruego silencio y muy especialmente al Grupo Parlamentario Popular. (Risas.-Rumores).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

En lo que se refiere a la intervención de la señora Fernández, solamente quiero dejar clara una cosa. Ha hecho referencia a cuáles son los presupuestos que tienen otros países de la Unión Europea, y esto lo enlazo con un debate que ustedes han traído a colación, que es el debate de las tasas. Decía que nosotros tenemos una media de presupuesto que es la mitad de lo que tienen los países de la Unión Europea, pero tengo que decir, señorías, que esto no es exacto. Esto sería válido si hiciésemos referencia a aquella parte del coste de la Administración de Justicia que cargamos a los Presupuestos Generales del Estado, entonces la cita es exacta. ¿Pero, qué es lo que ocurre? Pues ocurre, señorías, que en el resto de los países de la Unión Europea un 30 % del coste de la justicia se financia vía tasas; un 45 % nuestros vecinos franceses y hasta un 105 % los austríacos. No se extrañen con el 105 %, los usuarios del sistema de justicia lo que hacen es financiar otros servicios públicos como pueden ser la sanidad y la educación. La propuesta que tanto ha molestado a algunos de los aquí intervinientes y volveré después a ello, es que España financie un 10 %, un 10 % -20 puntos menos que la media de la Unión Europea- por sus usuarios el coste de la Administración de Justicia. Quizá esto es lo que explique claramente cuál es la realidad sobre la que nosotros estamos operando.

Me decía también la señora Fernández algo que después han repetido otros intervinientes y muy concretamente la portavoz de Convergència i Unió. Cuando hacía referencia a las voces autorizadas, a aquellos profesionales del mundo jurídico que han manifestado posturas contrarias a esta reforma que nosotros hemos planteado, señorías, yo lo decía al principio y lo reitero ahora, es obvio que cuando el Gobierno propone medidas como reducir de dieciocho a doce los días de libre disposición, convirtiendo además de esos doce solo tres de libre disposición porque los otros nueve se vinculan aunque sean en ausencia del juzgado con actividades jurisdiccionales, no puede concitar el aplauso de las personas que lo reciben. Es obvio que cuando el Gobierno, en aras de la solidaridad nacional, lo que hace es proponer la supresión de una de las catorce pagas, una paga extraordinaria, no va a suscitar ningún tipo de aplauso. Es obvio que cuando con esas medidas lo que estamos buscando es aumentar la productividad, evidentemente aquellas personas que tendrán que dar generosamente más no van de ninguna de las maneras a aplaudir esta medida. Pero quiero dejarles una cosa muy clara a todos los grupos parlamentarios, este Gobierno, desde el respeto absoluto que tiene por todos los operadores jurídicos -por todos aquellos que ejercen la jurisdicción, desde la función del ministerio fiscal, desde los abogados y procuradores, registradores y notarios, secretarios judiciales, todos los funcionarios de la Administración de Justicia-, con el respeto a todos ellos, no gobierna para ellos, gobierna para los ciudadanos, gobierna para aquellos que son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva y a ellos nos dirigimos, señorías. (Aplausos). Por lo tanto, no vamos a restar ninguna medida en razón de que aquellos que tienen que implementarla con


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justicia tengan una voz discrepante con una disminución de su estatus anterior. Sería iluso este ministro si después de reducir de dieciocho días de permiso al año a tres más nueve para acciones relacionadas con la jurisdicción, pretendiese un aplauso por parte directamente de sus titulares. Pero, sería irresponsable este ministro si no hiciera exactamente aquello que tiene que hacer.

Señor Tardà, solamente quiero hacer una referencia a que no puedo de ninguna de las formas aceptar -no la identificación que usted no ha querido hacer pero que hubiese podido quedar encima de la mesa- que ninguna medida adoptada por este Gobierno ni por ningún otro identifique -y la expresión es literal suya- a los jueces con lo que usted ha llamado reyezuelos. De ninguna de las maneras, lo lamento muchísimo. Por dos razones, porque este Gobierno no lo hará nunca, igual que digo que estoy convencido de que el Gobierno socialista tampoco lo hizo ni lo hará cuando algún día retome responsabilidades de Gobierno. Pero, aunque algún gobierno cometiese esa locura, tenga usted por seguro que la profesionalidad de los jueces y magistrados en España estaría muy por encima de los errores legislativos y serían siempre respetuosos con la ley y jamás se convertirían en reyezuelos. Dentro de que estoy aplicando medidas muy exigentes para ellos, tengo un enorme respeto por la función jurisdiccional. Jueces, reyezuelos, lo siento, señor Tardà, no le admito esa expresión, de ninguna de la maneras.

Señor Olabarría, me ha hecho usted algunas críticas muy razonables y otras de las que lamentablemente tengo que decir que discrepo. Cuando me habla de la sobrecarga de trabajo por quienes van a desempeñar las suplencias quiero decirle que no hay tal. Como el señor Astarloa ha explicado con su habitual brillantez, salvo en supuestos muy excepcionales lo que rige es el principio de voluntariedad. Serán los propios jueces y magistrados quienes se organicen entre sí valorando sus propias posibilidades y estas labores de sustitución debidamente retribuidas -nada más inexacto, por tanto, que esa desafortunada expresión de mano de obra barata- solo serán obligadas cuando la carga de trabajo de los juzgados no alcance los criterios técnicos que estén fijados. ¿Por quién? Esto es algo que ha preocupado mucho a sus señorías; no por el Gobierno, no va a ser el Gobierno, no va a ser el Ministerio de Justicia lógicamente quien establezca la carga de trabajo. Van a ser los criterios técnicos -y así se dice expresamente en la propuesta de reforma- que establezca el Consejo General del Poder Judicial. Es al órgano de gobierno de los jueces a quien corresponde hacerlo y, por tanto, creo que estamos perfectamente en la línea de lo que tiene que ser asumir la responsabilidad de este gobierno que tiene el consejo.

Me critica el señor Olabarría -otros diputados lo han hecho también- la celeridad. Con toda sinceridad, creo que no, señorías. Estamos en una situación de urgencia, me atrevo a decirles que estamos ante una situación de emergencia nacional, me atrevo a decirles que estamos ante una situación en la que ningún diputado debe poder protestar por el hecho de tener que venir una tarde más al Congreso, a una Comisión, a aprobar un proyecto de ley. Lo lamento, pero es así. Me atrevo a decir que estamos en esa situación. El Partido Socialista, que en un momento determinado nos llamó y nos convocó a nosotros, en pleno verano, para decir que en poco más de una semana había que reformar la Constitución porque interesaba a España, no puede decir ahora que aquello, que es nuestra máxima ley, se podía reformar en una semana, pero que sin embargo dos meses es muy poco tiempo para reformar el Código Penal o la Ley orgánica del Poder Judicial. Lo lamento, pero no. (Aplausos).

Señor Olabarría -y en esto me dirijo también a la portavoz de Convergència i Unió-, se me invocaba, como el personaje machadiano, un alma jacobina en relación con la concepción que nosotros tenemos de la justicia en España, pero le quiero decir una cosa: esta Cámara no puede legislar sobre todo, porque constitucionalmente hay materias que están reservadas a los parlamentos de las comunidades autónomas. Esa es la realidad. De la misma forma que, en su lógica contrapartida, tampoco los parlamentos de las comunidades autónomas pueden legislar sobre aquello que está reservado a esta Cámara, cosa que históricamente se ha visto aquí ante algunas proposiciones planteadas por el Parlamento vasco. El Gobierno de España, del cual tengo el honor de formar parte, no puede gobernar sobre todo, porque hay determinadas materias del Poder Ejecutivo que están reservadas directamente a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y son competencias exclusivas de ellos, de la misma forma que algunas otras -y de alguna hemos hablado hoy aquí- son competencias exclusivas del Gobierno de España. Esa es la realidad del Estado autonómico. Pero, señorías, no es un alma jacobina, es un alma constitucional. La justicia, el Poder Judicial, es un poder único para toda España. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Lo dice en su artículo 117, apartado 5, cuando nos recuerda que el principio de unidad jurisdiccional es la base de organización y funcionamiento de los tribunales. Nos lo dice el artículo 123 cuando establece que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Y lo establece, a efectos prácticos


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de gobierno, en el 122.2, cuando dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Esta es la realidad constitucional. No quiso el constituyente que el Poder Judicial tuviese un carácter autonómico, como si lo tienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sino que estableció un poder único para todo el territorio nacional. Y esa es la razón por la que, en discusiones que abordaremos cuando la Ley orgánica del Poder Judicial entre en esta Cámara, tenemos que tener muy presente que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial único.

Señora Pigem, me protesta usted por las tasas, cosa que, tengo que decirle, me sorprende sobremanera, ¿por qué? Porque las tasas las puso, en primer lugar, el Gobierno de España, no este ni el anterior a este, sino el anterior al anterior a este, en el año 2002, y después, diez años después, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya impuso unas nuevas tasas distintas, diferentes y complementarias de aquellas que había impuesto el Gobierno de España. ¿Sabe usted cuál es el hecho imponible de las tasas jurisdiccionales? La potestad jurisdiccional. ¿Y sabe usted quién tiene en exclusiva la potestad jurisdiccional? El Estado. Luego por tanto, si usted dice que la modificación de tasas que nosotros hemos hecho de alguna forma puede ser abusiva, entiendo que me está anunciando que el Gobierno de la Generalitat, en el próximo presupuesto, indudablemente va a llevar la supresión de las tasas autonómicas que ha impuesto, porque, si no, no se entiende su razonamiento. (Aplausos). No sé si darlo como noticia o dejarlo única y exclusivamente como especulación.

Señor Olabarría, no puedo terminar sin dejar de decirle algo que ciertamente me ha preocupado, porque que invocaba ni más ni menos que a Max Weber para defender lo que usted llamaba el derecho de decidir o el derecho de autodeterminación. Señorías, habría que recordar por supuesto cuál es la teoría del Estado de Max Weber, habría que recordar cómo él utilizó el concepto del uso exclusivo y excluyente de la fuerza legítima, cosa que hoy podríamos calificar como autoridad judicial, como modelo- definición directamente del propio Estado. Pero habría que recordar, por tanto, todo lo que significa oponerse a esa legítima autoridad que nace del Estado. Señorías, naturalmente que nosotros creemos en el derecho de decisión de los pueblos, solamente faltaría. Lo que hay que hacer es definir quién es el sujeto de esa soberanía, y eso está perfectamente definido en nuestra Constitución, en su artículo 1.2, que dice: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Por eso es el pueblo español el que, en uso de su derecho de autodeterminación, se constituyó en un Estado social y democrático de derecho cuando aprobó la Constitución de 1978. (Aplausos). Por eso no cabe, señorías, de ninguna forma, ninguna autodeterminación de ninguna parte del pueblo español en relación a sí mismo, como tampoco cabría la autodeterminación de Guipuzcoa con relación al País Vasco, ni de Donosti con relación a Guipuzcoa, ni de la parte vieja con relación a Donosti, porque el único titular de la soberanía que existe en nuestra Constitución es el pueblo español en su conjunto. A ese es al que se refería Max Weber y ese es el que este Gobierno va a respetar en toda circunstancia. (Aplausos).

Termino, señor presidente. Solamente dos referencias. Una, que me llama la atención. Se dice que son algo excepcional los sustitutos y suplentes en España. Señorías, si el 30 % de los que están en estos momentos ejerciendo jurisdicción en órganos unipersonales o en órganos colegiales son sustitutos o suplentes, un 30 % no puede ser excepcional. Ustedes en los últimos años lo excepcional, como muy bien ha dicho el señor Astarloa, lo han convertido en estructural. Por lo tanto, tenemos obligación de ir a la justicia profesional. Segundo, se me critica que los jueces en prácticas que han superado los dos periodos en la Escuela Judicial puedan asumir funciones jurisdiccionales diciendo que tienen insuficiente formación. ¿De quién estamos hablando? De licenciados en derecho que han superado una prueba teórica, que han superado más de un año de formación, que han superado los cursos. Y de esos ustedes dicen que no están suficientemente preparados. ¿Ustedes han leído cuáles son los requisitos para ser juez sustituto? Ustedes les están dando una potestad a personas que, con todo mi respeto y admiración, les puedo asegurar que no tienen los requisitos y preparación que sí tienen todos aquellos que, superando la oposición teórica y superando un año en la escuela de Barcelona, están en condiciones de desempeñar esas funciones.

Señor presidente, señorías, termino. Reitero mi agradecimiento por todas y cada una de las intervenciones. Estoy convencido de que el debate será enriquecido como consecuencia de las aportaciones que hagan sus señorías. Pero voy a terminar reconociendo que algo que aquí se me ha criticado es cierto. ¿Qué es cierto? Es cierto que con este proyecto de ley les hemos pedido a jueces, a magistrados, a secretarios judiciales, a fiscales y a todo el personal de la Administración de Justicia los mismos sacrificios que ya están haciendo médicos, profesores, ingenieros, arquitectos, administrativos, economistas o cualesquiera profesionales que forman parte de la Administración. Les estamos pidiendo


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el mismo sacrificio que el discurso liderado por el ministro de Hacienda nos ha dicho que es absolutamente necesario para contribuir a la superación de la crisis que en estos momentos atraviesan las finanzas del Estado. Señorías, yo reconozco que lo hago, pero explíquenme ustedes, con todo el respeto que significa el ejercicio del poder jurisdiccional, con mi admiración porque forma parte de mi vocación profesional, de lo que supone resolver un conflicto entre dos particulares o entre un particular y la Administración de Justicia, explíquenme por qué hay grupos en esta Cámara que me dicen que no puedo pedirles a los jueces y magistrados lo que les hemos pedido a los cirujanos, lo que les hemos pedido a los docentes. ¿Merece menos admiración lo que un docente hace para formar a la próxima generación? ¿Merece menos admiración lo que un cirujano hace para salvar la vida de un ser humano? ¿Tenemos que darles a los profesionales del derecho un trato diferenciado y mejor que aquel que exigimos al resto de los servidores públicos? Este ministro, que además es fiscal y por lo tanto se considera con autoridad para hablar no solamente como conocedor, sino como miembro de una de las carreras, les dice que valoro mucho mi profesión y la de mis compañeros jueces, pero que la valoro al mismo nivel que la del resto de los servidores del Estado que están asumiendo los sacrificios que necesitamos para superar esta crisis económica. No les pediré nunca más, pero tampoco les pediré menos solidaridad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.

Tras la intervención del ministro de Justicia, detallada, pregunto a los que han intervenido en este debate si quieren intervenir. (Pausa).

Por favor, les ruego que no excedan los cinco minutos. Tiene la palabra, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Solo quiero hacer una aclaración. Este diputado, que no es juez ni fiscal, quiere aun así hacer una aclaración respecto a las palabras que ha dicho el ministro en referencia a Esquerra Republicana. Precisamente lo que le hemos recriminado al ministro es que sus reformas no alcancen los verdaderos problemas que tiene el sistema judicial, y yo le he dicho que, entre ellos, uno es la necesaria democratización de la misma carrera judicial y además mejorar la funcionalidad del sistema. Entendemos que sus reformas no permiten ni facilitan la socialización del trabajo. Hablar de la socialización del trabajo no es un término demasiado antiguo, razón por la que le he dicho que sus medidas pueden terminar convirtiendo a los jueces en reyezuelos. Además he dicho desde la tribuna que no creo que la mayoría de los magistrados tengan como objetivo, como aspiración convertirse en reyezuelos del juzgado. No sé si ha habido mala voluntad por su parte, lo dudo, pero quería aclarar los términos de mi crítica y el uso de este término.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Como el ministro ha hecho una intervención y ha cambiado lo del principio de responsabilidad y de realidad, que ahora es como fiscal y como político, yo voy a intervenir hacer como profesional y como político. En primer lugar, señor ministro, como profesional de otro ámbito en la Administración pública, que no el suyo, nuestro cuestionamiento no era que no haya igualdad entre los jueces y los médicos, lo que pasa es que nosotros somos partidarios de otra igualdad. Nuestra propuesta es que la igualdad no sea en el recorte a los jueces y a los médicos. En ningún caso queremos la política de recortes que usted plantea para jueces, médicos, enfermeros, para todo tipo de personal de la Administración pública, y mucho menos el estigma que ustedes intentan lanzar sobre los funcionarios públicos con este tipo de medidas, que son recaudatorias, pero también son medidas de criminalización y de estigma de la Función pública.

En segundo lugar, en relación con la medida concreta en la que ustedes avanzan, que hemos denominado destajos, peonadas o como las quiera usted llamar, establece usted un debate sobre si el 30 % de interinidades es estructural o coyuntural. Mire, a mí me da igual. Lo que usted hace es suprimir las interinidades; es decir, echa usted a la calle a mil personas, a mil profesionales que sustituían a los jueces y obliga a los jueces a realizar horas extraordinarias, a realizar peonadas, a realizar destajos. Con eso hace usted dos cosas: en primer lugar, degrada la vida laboral de este país -los últimos datos de desempleo demuestran que una parte importante del desempleo es ya desempleo público- y, en segundo


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lugar, degrada usted la justicia, porque hace que la justicia, una de las instituciones criticadas por los ciudadanos, se convierta en una institución menos eficiente y, por tanto, más criticable.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Muñoz González pide la palabra).

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Intentaré intervenir con brevedad. Le iba a pedir la palabra en relación con la intervención del señor Astarloa por haber utilizado la contradicción en relación con mis argumentos, pero no me resisto a hacerlo también en relación con la apertura que ha hecho el señor ministro, porque en definitiva ya estamos un poco cansados de que se suba a la tribuna a utilizar la demagogia. Nosotros no preguntamos por qué a los jueces no y a los cirujanos sí o qué cuerpo de la Administración si y cuál no. A ninguno, señor ministro. No hagan en ninguno recortes como los que han hecho en el Real Decreto de 2012 y, por lo tanto, tampoco los hagan en la Ley orgánica del Poder Judicial.

En relación con lo que ha dicho el señor Astarloa, le tengo que recordar, porque ya es viejo conocido en el ámbito de la justicia, que nosotros les hemos dejado el doble de plazas que ustedes dejaron y crearon; el doble, ni más ni menos. La inversión total de la época en la que nosotros gobernamos fue de 13.500 millones frente a 550 millones; esos son los datos, datos absolutamente objetivos. Y señor Astarloa, y en este caso también señor ministro, sí se prevé el forzamiento de las sustituciones mediante mecanismos como las comisiones de servicio y las adscripciones obligatorias y encima no retribuidas, con lo cual lo que ustedes están haciendo es premiar a aquellos que no trabajan. Les leo lo que dice el apartado 4 de la modificación que hacen en el 199: Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto serán retribuidos. Pero luego dice: En ningún caso lo serán cuando la carga de trabajo asumida por el llamado, computada junto con la del órgano, no esté en los módulos que se establecerán por el Consejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a aquel juez que lleva el juzgado al día le ponemos otro juzgado y encima no le damos la retribución que sí se establece cuando puede haber otro juez que ha sido menos diligente en el cumplimiento de su labor. Un despropósito absoluto, señor ministro. Y ustedes se preguntan: ¿quién va a establecer si no el Consejo? Claro, ese es el problema. Es que ustedes dicen en el 199.4 que los criterios los establecerá el Consejo pero no le dan ustedes tiempo para que los establezca. Por tanto, le digo que eso solo cabe dejando un tiempo suficiente para que primero se establezcan los criterios y luego se desencadene el procedimiento que establece el artículo 200 en relación con el planteamiento de las sustituciones.

Me deja preocupado porque no ha entrado usted en algo que a nosotros nos parece importante. El actual régimen de comisiones de servicio, de adscripciones, parte del principio de voluntariedad y este proyecto de ley no reforma lo que se establece en el artículo 350.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial ni reforma el 216 bis 3, que establecen el principio de voluntariedad. Frente a eso, meten ustedes dentro del proyecto otros que sí establecen esa posibilidad de creación de comisiones de forma forzosa y adscripción forzosa, sin que haya esa voluntariedad. Eso creará problemas, y esos problemas tienen visos de inconstitucionalidad. Yo le digo una cosa con relación a la formación de las comisiones de servicio y la forma en que no tienen que hacerse, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, y le citaré dos autos, el 46.96 y el 419.90. Y como tanto usted como algún otro interviniente han metido el tema de los consejos, le diré que nuestro grupo votó el Estatuto y respeta la sentencia del Tribunal Constitucional, y frente a la interpretación que usted ha hecho, señor ministro, ahí se dice que sí cabe que esos consejos se puedan buscar mediante la fórmula de la ley que regula esta materia de justicia, que es la Ley orgánica del Poder Judicial.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pide la palabra.-El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.

Señor Astarloa, le he dado la palabra al señor Muñoz porque ha intervenido el ministro. Ahora el ministro cierra el debate. No ha habido alusiones de carácter personal sino de carácter global.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Muñoz, detrás de lo que usted establece en relación con los tribunales superiores de justicia y sus presidentes hay un concepto en el que ciertamente no coincidimos. Nosotros queremos dar autoridad


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a los presidentes de los TSJ, se lo digo desde ahora, y le puedo asegurar que ese va a ser uno de los principios en la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial.

Consejos autonómicos. Si usted está conmigo en que lo que he leído, el artículo 122 de la Constitución, establece como competencia exclusiva y excluyente del Consejo General del Poder Judicial las que la Constitución le da, me va a decir que cabe la creación de consejos, pero yo le pregunto ¿para qué? Esa es la pregunta que queda encima de la mesa, porque estará usted de acuerdo conmigo en que esas competencias no son delegables por parte del Consejo General del Poder Judicial. Ni nombramientos, ni facultades disciplinarias podrán ser ejercidas por órgano distinto que el propio consejo.

En cuanto a las plazas, creo que el señor Astarloa se lo ha dejado muy claro. Serán más de 300 los jueces que en muy poco tiempo estén ejerciendo jurisdicción, y le recuerdo que nosotros hemos introducido en presupuestos la convocatoria de cincuenta plazas, haciendo una interpretación que nos ha autorizado el Ministerio de Hacienda de que la tasa de reposición del ministerio la podíamos calcular sobre el cómputo total de los funcionarios para concentrarla después en la convocatoria de plazas de jueces y fiscales. Esto le puedo asegurar que es verdaderamente excepcional y que obedece al criterio que tiene este Gobierno de conseguir el objetivo de que aumente el número de plazas de jueces y fiscales.

Señor Llamazares, poco le puedo decir. Usted me dice que habla como profesional de la medicina y yo no solo se lo respeto, es que yo no hablo de medicina porque no soy profesional de la medicina. Es verdad que usted también habla de derecho porque, además de ser profesional de la medicina, debe de tener unos conocimientos que se lo le permiten, no se lo voy a discutir, lo único que le deseo es que esos buenos profesionales de la medicina que tiene España y que desde luego están prestando un servicio extraordinario con su generosidad le curen a usted su afonía, que sin duda es motivada por actividades extraparlamentarias que debió de tener en el día de ayer. Se lo digo con todo el cariño. (Risas y aplausos).

Señor Tardà, si usted dice que con la expresión reyezuelos no quería expresar un concepto peyorativo de los jueces, usted lo ha dicho y yo lo doy por bueno, pero quiero terminar este debate respondiéndole a una propuesta que usted ha hecho cuando ha dicho que nosotros teníamos que democratizar la carrera judicial. Señor Tardà, ¿qué es un juez democrático? Pregúnteselo alguna vez. En un Estado de derecho, como el nuestro, ¿qué es un juez democrático? ¿Un juez democrático es aquel que es elegido directamente por los ciudadanos, como lo ha sido usted, como lo he sido yo? No. Un juez puede entrar en el ejercicio de la vía jurisdiccional perfectamente a través de un sistema reglado, objetivo, como es el sistema de oposiciones, y es un juez democrático. ¿Un juez democrático es aquel que tiene que estar permanentemente haciendo profesión de su fe democrática? Tampoco. Puede, en su silencio, cumplir perfectamente las condiciones. Señor Tardà, división de poderes. En un Estado democrático, un juez democrático no es el elegido, no es el que levanta más la voz para hacer fe de democracia, un juez democrático es el que a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no aplica norma distinta que aquella que haya sido aprobada por esta Cámara, que es quien democráticamente representa al pueblo español. (Aplausos). Eso es un juez democrático, y no importa cómo haya accedido a la carrera judicial y, me atrevo a decirle, no importa ni siquiera cuáles son sus ideas, porque un juez tiene obligación de aparcar sus ideas propias y, a la hora de juzgar y de resolver un conflicto, no mirarse a sí mismo, sino mirar a quien representa el pueblo español, a usted, señor Tardà, y con usted al resto de los diputados y senadores, que somos los titulares de la soberanía. Ese es el concepto de juez democrático y ese concepto es el que usted va a ver en las leyes que promueva el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Dentro de dos minutos procedemos a votar. (Pausa).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las votaciones de estos tres puntos que hemos debatido, dictámenes sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.


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Comenzamos con las enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, enmienda 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 185; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 123; en contra, 182; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del PNV. Enmiendas 14 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 37; en contra, 186; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 19 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 137; en contra, 186; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 41; en contra, 281; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de UPyD, que votamos en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 5; en contra, 317; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, las enmiendas 4 y 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 121; en contra, 185; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 5 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 186; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 137; en contra, 184.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 24; en contra, 281; abstenciones 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas 27 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 30; en contra, 282; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de CiU.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 123; en contra, 181; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 140; en contra, 180; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 122; en contra, 182; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión. Se han pedido algunas votaciones separadas. Vamos a votar en primer lugar, el apartado 1 pre del artículo único.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 191; en contra, 130; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Disposición final primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 185; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 184; en contra, 123; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer una votación de conjunto del proyecto de ley por tener el mismo carácter de orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 182; en contra, 120; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Supera los 176 establecidos. Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LAS CUMBRES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. (Número de expediente 12/000022).

El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. Se votan conjuntamente las enmiendas de devolución presentadas por La Izquierda Plural y el Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 115; en contra, 182; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Hay una solicitud del Grupo Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 133; en contra, 184; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: El proyecto de ley no será avocado por el Pleno.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JUNIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000030).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de medidas de eficiencias presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Vamos a votar conjuntamente todas las enmiendas presentadas por los grupos Mixto, PNV, Izquierda Plural y Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 124; en contra, 182; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000001).

El señor PRESIDENTE: Recuerdo a sus señorías que nos queda el punto IV: Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los


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Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto es doña Teresa Jordà i Roura. Ha pedido la palabra y la tiene para manifestar sus propósitos. (Rumores).

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, el 23 de febrero de este año, en la efeméride del intento de golpe de Estado, Tejero volvió a este Parlamento (Protestas), y volvió, sí señorías, volvió para dar otro golpe a la democracia (Continúan las protestas) y vetar a mi compañero (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Alfred Bosch...

El señor PRESIDENTE: ¡Ruego silencio! Está la señora Jordà en el uso de la palabra.

La señora JORDÀ I ROURA: Decía que volvió a vetar a mi compañero Alfred Bosch como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales. El 12 de abril de este año, en la efeméride en este caso del día en que la población votó la República, hubo un nuevo alzamiento contra la democracia republicana, expresada legítimamente en las urnas, para vetar en esta ocasión a mi compañero Joan Tardà como miembro de esta Comisión. Hoy 15 de noviembre, efeméride del día en que Felipe V inauguró la monarquía borbónica española, ustedes nos recuerdan que el Decreto de Nueva Planta que él promulgó sigue teniendo vigencia incluso hoy en pleno siglo XXI. Señorías, esta es su España, esta su democracia. No nos vetan solo a nosotros, vetan también a las miles de catalanas y catalanes a quienes representamos. Con cada veto no solo dan la razón a los independentistas, sino que crean nuevo independentistas; cada veto y cada voto de su España centralista y antidemocrática alimenta nuestro independentismo y debilita su democracia. La cuestión es cómo va a reaccionar el resto de partidos de la democracia española. ¿Van a constituir la Comisión de Secretos Oficiales y a legitimar el veto del Grupo Popular a Esquerra Republicana de Catalunya o van a boicotear su constitución en nombre -esta vez sí- de la democracia? Nosotros creemos que los partidos democráticos españoles deberían negarse a legitimar una Comisión que veta la presencia de un partido democrático solo y exclusivamente por las diferencias ideológicas. Las diputadas y diputados españoles que se consideren demócratas verán qué democracia legitiman. No se engañen, su democracia no se demuestra votando hoy contra el veto; se demuestra también en si van a constituir o no la Comisión. ¿Cuántos de ustedes van a vetar la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales en nombre de la democracia? Dicho esto -voy acabando- sinceramente, señoras y señores diputados, la verdad es que no me preocupa el hecho de no estar en la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Saben por qué no me preocupa? No me preocupa porque en esta Comisión ustedes no van a explicar los verdaderos secretos oficiales, aquellos que me preocupan, aquellos que preocupan a muchos de nosotros y a mucha otra gente también. A lo mejor me equivoco, porque pregunto: ¿Van ustedes a explicar en esta Comisión qué connivencia tiene el Gobierno español con el poder financiero? ¿Van a explicar ustedes las razones por las que han optado por la represión de los movimientos sociales en vez de asumir su fracaso? (Rumores). ¿Van ustedes a explicar en esta Comisión cuáles son las verdaderas balanzas fiscales, o por qué gastamos más de 50 millones de euros en gasto militar, o en qué gasta la familia real los casi 8 millones de euros que cobra? ¿O explicarán ustedes en esta Comisión las razones por las que se ha condenado a la desesperación a tantos y tantos ciudadanos por dejar que los bancos les echen, les desahucien de sus casas? Estos son los verdaderos secretos oficiales, de los que ustedes no van a informar ni en esta ni en ninguna Comisión. Por eso tampoco creo que a ustedes les preocupe que alguien de este partido, el partido que represento, Esquerra Republicana de Catalunya, pueda estar en la Comisión de Secretos Oficiales. Su interés, señorías, es simplemente excluir a la Cataluña rebelde (Protestas), excluir a esa Cataluña que no acepta una Constitución impuesta e inmutable que no reconoce los derechos de la nación catalana. Hoy no voy a apelar a la democracia ni voy a pedirles que voten mi candidatura. Nuestro interés, nuestra lucha no es estar -como ya he dicho- en la Comisión de Secretos Oficiales; con su pan se la coman. (Rumores y protestas). Nuestra lucha es por la libertad de nuestro pueblo, nuestra lucha es por decidir nuestro futuro, nuestra lucha es por construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar, nuestra lucha es por la independencia de una Cataluña justa, libre y solidaria.

Muchas gracias. (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Me han pedido intervenir. En primer lugar, por La Izquierda Plural, el señor Nuet. (Protestas). ¡Ruego silencio! Está en el uso de la palabra el señor Nuet con todo derecho.


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El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

La señora Jordà le merece toda la confianza a este grupo parlamentario (Rumores), como anteriormente nos la merecían también el señor Bosch y el señor Tardà en dos votaciones fallidas que esta Cámara ha celebrado. Nos merecen confianza, en primer lugar, por respeto a la fuerza política que representan y, en segundo lugar, porque hay dieciocho diputados y diputadas del Grupo Mixto que han acordado que esta persona sea la que le represente en la Comisión de Secretos Oficiales, igual que lo hace el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista y el conjunto de grupos de la Cámara. Por tanto, no creemos que pueda haber ninguna discriminación por ninguna idea política de las personas que están presentes en esta Cámara de representación de la soberanía popular de nuestro país.

Creemos que el Grupo Parlamentario Popular haría muy bien levantando el veto a unas ideas políticas y a una persona propuesta de nuevo hoy. Haría un bien a su propio grupo, haría un bien a esta Cámara y haría un bien a la democracia española. No estamos de acuerdo, como afirmó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el mes de febrero, con que teníamos que proteger al Estado, y que por tanto proteger al Estado significaba vetar a algunos diputados o diputadas presentes en esta Cámara. Les quiero preguntar: ¿A qué Estado quieren ustedes proteger, a su Estado o a nuestro Estado? O ¿el conjunto de diputados y diputadas de esta Cámara no formamos parte del Estado? Les invito a que no organicen un Estado dentro del Estado, a que escuchen al conjunto de la Cámara, a que levanten vetos y que la democracia hable en esta Cámara y en nuestro país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Madina.

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Escuchando a la señora Jordà en la tribuna he recordado que Cataluña está en campaña. Ha hecho usted un mal discurso electoral. Le quiero decir que, por todos los esfuerzos que usted haga para que mi grupo vote en contra, tampoco lo va a conseguir. (Rumores). Vamos a votar a favor. Vamos a hacerlo por una razón principal, porque aunque usted pueda dedicar su tiempo y, si quiere -recordando a Voltaire-, la mitad de su vida en la defensa de sus ideas, yo no voy a dedicar la otra mitad de mi vida a defender que usted no las cumpla. Voy a poner hoy mi voto en la urna para que usted pueda formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales, a pesar de los esfuerzos que ha hecho usted hoy para no formar parte de ella.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Hernando. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra). Perdón, señor Hernando. Habíamos preguntado y parece que no habían contestado. Si el señor Xuclà quiere intervenir, que intervenga. Antes del señor Xuclá, ¿algún otro grupo que no me ha comunicado que quisiera intervenir quiere hacerlo? (Denegaciones). Si no es así, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero recordar simplemente, ateniéndome a la norma, que esta Cámara se dotó en su momento del acuerdo de que cada grupo parlamentario tendría un representante en la Comisión de Secretos Oficiales. En el pasado la representación de los grupos parlamentarios en la Comisión de Secretos Oficiales era más restringida a un número más limitado de grupos parlamentarios. Fue una reforma de hace dos legislaturas, con el anterior Gobierno, cuando se amplió, creo que acertadamente, a la representación de todos los grupos parlamentarios. Es por esto que evidentemente el Grupo Parlamentario Mixto tiene todo el derecho a la representación y a la propuesta de un nombre concreto para ser sometido a votación por esta Cámara.

Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a la propuesta de nombre de la diputada Teresa Jordà que propone el Grupo Parlamentario Mixto. Además queremos destacar un aspecto. Estamos en el mes de noviembre, estamos a muy pocos días de celebrar el primer aniversario de las elecciones del 20 de noviembre del año pasado que dieron lugar a estas Cortes Generales de la X Legislatura. Señorías, siempre, pero especialmente en momentos como los actuales en los que el ataque a algunos de los elementos de la institucionalidad se han redoblado, ahora más que nunca nos debemos preguntar si es normal que habiendo consumido una cuarta parte de la legislatura un grupo parlamentario de esta Cámara, que tiene todo el derecho, como todos los otros grupos parlamentarios, vea limitado su derecho de representación y su derecho de presencia en una Comisión prevista en la


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norma como es la Comisión de Secretos Oficiales. Señor presidente, señorías, ahora más que nunca debemos defender las instituciones y debemos defender el cumplimiento de todas las previsiones legislativas. (Rumores). Es por esto, señorías, que respetando el derecho de propuesta del Grupo Mixto, vamos a votar afirmativamente, como habíamos votado en el pasado el nombre propuesto por este grupo parlamentario, por el Grupo Mixto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.

Discutimos por tercera vez, con reiteración por tanto, la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales, en la que, como se ha explicado aquí, todos los grupos parlamentarios tienen derecho a tener un representante, pero un representante que tiene que ser juzgado por la Cámara, por lo tanto tiene que cumplir un requisito formal y legal, que es obtener los tres quintos de los votos de los diputados de esta Cámara. Ya sé que para ustedes esto de la legalidad y la formalidad es algo que les interesa según va, a conveniencia, pero la democracia se ejerce hoy aquí y la ejercen todos los diputados votando, los de su grupo y también los del mío. (Aplausos). Por cierto, señora Jordà, me ha llamado la atención que el tronante señor Tardà no esté hoy aquí para votar su candidatura y haya decidido y preferido salir por la Cámara. Entra dentro de eso que algunos incumplen de forma reiterada -lo hicieron en el día de ayer-, las obligaciones de lo que implica ser diputado, que es precisamente asistir a las sesiones parlamentarias. (Rumores.-Aplausos). Usted ha confundido esto con un mitin de campaña. No voy a entrar en el fondo del asunto, no voy a entrar en la campaña electoral. Creo que los ciudadanos de Cataluña saben quién ha colocado a Cataluña en la situación que padecen actualmente. Los ciudadanos catalanes saben perfectamente quién les ha dejado una deuda de 48.000 millones, quién ha jugado con sus recursos hasta arruinar una comunidad autónoma tan floreciente como esa (Protestas), y tienen ustedes sin duda alguna una gran parte de la responsabilidad. Como aquellos que rememorando el viejo pacto de San Gervasi formaron un Gobierno de coalición con ustedes durante dos legislaturas. Quizá por eso después de su discurso, a pesar de introducir insultos como los que usted ha formulado de golpismo contra esta Cámara, contra este Parlamento y este grupo parlamentario, se atrevan todavía a votarles; seguramente son los viejos resquemores, los viejos acuerdos y las viejas obligaciones contraídas con ustedes en el pasado. Nosotros no lo vamos a hacer.

Permítame que para acabar le diga una cosa. No se puede estar en misa y repicando, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede pedir estar en una Comisión de Secretos Oficiales que tiene que garantizar -¿verdad?- la seguridad del Estado, el cumplimiento de nuestras leyes, nuestras normas, nuestra Constitución, nuestros acuerdos internacionales y nuestros intereses en defensa y, a la vez, estar proclamando cada día -incluso también en esta Cámara- que lo que ustedes buscan es destruir esa seguridad, eso que nos une y que nos ha hecho ser grandes durante tanto tiempo, señoría. (Aplausos). Le digo más, usted no sé a qué ha venido hoy, porque después de su discurso no sé si usted quería que se produjera esta votación o no lo quería, no lo sé; no he entendido muy bien ese farragoso discurso en el que ha dicho: no me van a votar, pues no me voten, no lo sé. Le manifiesto que nuestro grupo va a ejercer sus obligaciones, sus legítimos derechos, va a juzgar su idoneidad y va a votar en conciencia. Si usted no saca tantos votos como el señor Bosch o el señor Tardà, porque algunos de los diputados del Grupo Mixto han tomado la decisión de no estar hoy aquí, será un problema de ellos y no nuestro grupo.

Por último, señor Nuet, mire la democracia la expresan las urnas. Se lo dije en la primera intervención. No intente manipular ni tergiversar lo que dije aquel 23 de febrero. La democracia se expresa en las urnas. Ya sé que ustedes cuando las urnas no les son favorables empiezan a tener la tendencia de ganar en la calle lo que no ganan en las urnas, pero ese es un problema de ustedes, no nuestro.

Muchas gracias. (Protestas.-Prolongados aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Vamos a proceder a la elección mediante votación por el sistema de papeletas. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o el nombre de un diputado que no pertenezca al Grupo Parlamentario Mixto. El elegido ha de alcanzar una mayoría de tres quintos, es decir 210 votos.

Señor secretario, proceda al llamamiento.


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(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).

Terminada la votación, comienza el escrutinio. (Pausa).

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación por urna llevada a cabo ha sido el siguiente: votos emitidos, 260; votos a favor de la señora Jordà, 91; votos a favor del señor Baldoví, 3; votos en blanco, 163; votos nulos, 3.

La señora Jordà no ha obtenido los 210 votos necesarios. Por lo tanto, no cubre la plaza en la Comisión de Secretos Oficiales.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

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