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Congreso de los Diputados

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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 63, de 09/10/2012
cve: DSCD-10-PL-63
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 63
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 59
celebrada el martes,
9 de octubre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página5)

Exclusión en el orden del día:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- De les Corts Valencianes, de reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 19-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 125/000003) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de modificación de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 43-1, de 13 de enero de 2012. (Número de expediente 122/000031) ... (Página7)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 148, de 21 de septiembre de 2012. (Número de expediente 162/000428) ... (Página21)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan de empleo para jóvenes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 61, de 23 de marzo de 2012. (Número de expediente 162/000245) ... (Página30)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar. (Número de expediente 173/000044) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura. (Número de expediente 173/000045) ... (Página47)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 13-1, de 22 de junio de 2012, y "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 13-2, de 25 de junio de 2012. (Número de expediente 121/000013) ... (Página53)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Exclusión del orden del día:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

De les Corts Valencianes, de reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. (Orgánica) ... (Página5)

La Presidencia informa a la Cámara del escrito recibido de les Corts Valencianes solicitando el aplazamiento de la toma en consideración de referencia.

Intervienen los señores Sixto Iglesias y Campos Arteseros.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de modificación de la Ley órgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales ... (Página7)

Defiende la toma en consideración el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En turno en contra interviene el señor Sánchez Amor, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor Salvador Armendáriz y duplica el señor Sánchez Amor.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página21)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum ... (Página21)

Defienden la proposición de ley los señores Bosch i Pascual e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan de empleo para jóvenes ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley el señor Uriarte Ayala, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Fernández Davila y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene al señor Uriarte Ayala.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar ... (Página38)

Defiende la moción el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II, a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura ... (Página47)

Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Veray Cama, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página53)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, la Presidencia informa de que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia, lo que se aprueba por asentimiento. Su debate y votación se producirá en la sesión plenaria del jueves 11 de octubre.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica, de modificación de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales, se rechaza por 1 voto a favor, 293 en contra y 18 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Bosch, sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, se rechaza por 42 votos a favor y 276 en contra.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan de empleo para jóvenes, se aprueba por 196 votos a favor, 119 en contra y 3 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar, con la inclusión de enmiendas de los grupos Unión Progreso y Democracia y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 126 votos a favor, 172 en contra y 20 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura, se rechaza por 124 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Roberto Soravilla Fernández, pregunto a doña María del Carmen Rodríguez Flores si jura o promete acatar la Constitución.

La señora RODRÍGUEZ FLORES: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Francisco Xesús Jorquera Caselas, pregunto a doña Rosana Pérez Fernández si jura o promete acatar la Constitución.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Doña María del Carmen Rodríguez Flores y doña Rosana Pérez Fernández han adquirido la condición plena de diputadas. Enhorabuena. (Aplausos).

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DE LES CORTS VALENCIANES, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000003).

El señor PRESIDENTE: Como asunto previo, esta Presidencia debe informar al Pleno de que se ha recibido un escrito del presidente de les Corts Valencianes solicitando el aplazamiento del debate de la proposición de ley de reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, orgánica, debiendo por ello excluirse el primer punto del orden del día. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra.-El señor Campos Arteseros pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, esto no da lugar a debate porque es una decisión que toma la Presidencia, de acuerdo con la carta que me dirige el presidente de les Corts Valencianes.


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El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, no es para entrar en debate, sino para pedir amparo según dispone el Reglamento -no recuerdo el artículo-, que dice que cualquier diputado puede pedir en cualquier momento que se lean los antecedentes que dan lugar a una propuesta de acuerdo. La propuesta de acuerdo es del presidente de las Cortes Valencianas. Pido que se lea el escrito del presidente de las Cortes Valencianas para saber el título del acuerdo de las Cortes Valencianas por el cual no se debate este tema hoy aquí. Si ha sido por un acuerdo del Pleno de las Cortes o ha sido motivado únicamente por el presidente de las Cortes Valencianas. Por lo tanto, pido que se lea el escrito del presidente de las Cortes Valencianas.

Gracias.

El señor CAMPOS ARTESEROS: En los mismos términos me sumo a la petición. Nos parece irresponsable que se retire...

El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra. Por lo tanto, no tiene usted que hablar. Señor Sixto, su petición me parece adecuada (El señor Campos Arteseros: Presidente, pido la palabra). A usted no le he dado la palabra, por lo tanto, no tiene la palabra y no tiene por qué hablar. Voy primero a resolver el asunto que ha propuesto el señor Sixto. Considero razonable la petición del señor diputado y se va a proceder a leer ese escrito. ¿Señor Campos, me pide la palabra en la misma dirección? (Asentimiento). Si es así, basta con que se sume a la petición.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Nos sumamos a la petición que era lo que quería trasladar al presidente, además de parecernos irresponsable esa decisión.

El señor PRESIDENTE: Ese comentario no viene a cuento.

Señor secretario, proceda a la lectura.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venía, señor presidente.

Excelentísimo señor don Jesús Posada Moreno, presidente del Congreso de los Diputados. Valencia, 3 de octubre de 2012. Querido presidente, con fecha 2 de octubre de 2012, a las 18,56, he recibido fax remitido por el gabinete telegráfico del Congreso de los Diputados mediante el que me pone en conocimiento que el debate de toma en consideración de la proposición de ley de les Corts Valencianes de reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, orgánica, número de expediente 125/000003, ha sido incluido en el orden del día de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que comenzará el 9 de octubre de 2012. La deliberación acerca de la expresada iniciativa legislativa tendrá lugar en la sesión del día 9 de octubre de 2012 a las 16 horas. En el fax remitido por el Congreso, gabinete telegráfico, se nos indica que la deliberación acerca de la expresada iniciativa legislativa tendrá lugar en la sesión del día 9 de octubre de 2012 a las 16 horas, fecha en la que precisamente se celebra el día de la Comunidad Valenciana conmemorativo de la fundación del Reino de Valencia por Jaume I, en 1238, celebración integrada por diversos actos institucionales y de arraigada tradición a los que asisten, además de otras autoridades de la Comunitat Valenciana y del Estado, los diputados y diputados de les Corts. Por ello, se solicita el aplazamiento de este debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley de les Corts Valencianes de reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. La carta la dirige el presidente de les Corts Valencianes, Juan Cotino Ferrer.

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, lo hemos leído, como usted ha pedido, y puede sacar las consecuencias que le parezca.

El señor SIXTO IGLESIAS: En el escrito del presidente de las Cortes Valencianas no se argumenta por qué título no se continúa la tramitación de la ley. Es un acuerdo del Pleno de las Cortes y no se cita ningún acuerdo del Pleno de las Cortes Valencianas para que no se siga adelante la tramitación.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, usted puede sacar las consecuencias que le parezcan y derivar de ello las actuaciones políticas que le parezcan oportunas, pero para el presidente del Congreso la carta del presidente de les Corts Valencianes es motivo suficiente para eliminar este punto del orden del día. La discusión queda zanjada.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA REDUCIR EL TIEMPO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. (Número de expediente 122/000031).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a sustanciar el punto II del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. En concreto, la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley orgánica 571985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 11 de enero de este año registramos la iniciativa legislativa que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, quisiera poner hoy para su debate en este Pleno, aunque en realidad fue en julio del año 2010 cuando registramos por primera vez esta misma propuesta legislativa con este mismo formato, una proposición de ley, que con motivo de la modificación de la Loreg de la última legislatura transformamos en una enmienda parcial al articulado, que entonces no tuvo buena acogida y que nuevamente queremos debatir. Proponemos, señorías, en ella algo muy sencillo de exponer, muy sencillo de comprender, muy oportuno de debatir, así nos los parece y, por qué no decirlo, muy necesario o muy justificado de aprobar. Proponemos, como reza el título de esta iniciativa en el orden del día de hoy, reducir las campañas electorales a una semana, es decir, que estas pasen de quince días, como hasta ahora recoge la normativa electoral, a una semana. Para ello pedimos la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 51 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, adaptando su texto a este nuevo plazo.

Señor presidente, señorías, tal vez debería comenzar recordando cuáles eran los limitadísimos medios y los mecanismos de información, propaganda y comunicación que utilizaban los partidos políticos hace treinta y siete años, allá por 1975, en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, que permitían a los ciudadanos conocer que existían unos partidos políticos, qué defendían estos y quiénes integraban cada una de las miles de candidaturas que entonces se presentaban en esas primeras convocatorias electorales. Carteles, folletos y pegatinas constituían prácticamente toda la munición propagandística y de publicidad con la que los partidos políticos podían darse a conocer en el gran mercado electoral. Desde entonces hasta nuestros días muchos son los cambios políticos que nuestra sociedad ha afrontado, algunos que ha padecido, otros que hemos conseguido surfear entre todos, otros, es verdad, los hemos liderado y otros los hemos asumido con más o con menos fatalismo o naturalidad. Entre ellos, desde luego, la consolidación de la propia democracia como el mejor sistema político, que garantiza nuestra convivencia y que tiene la responsabilidad de gestionar nuestra diversidad como pueblo, nuestras contradicciones y nuestras tradicionales pulsiones centrífugas. Y junto a ello, obviamente, también el ejercicio pleno del pluralismo político, considerado en nuestra Constitución en su artículo 1 como un valor superior de nuestro ordenamiento, cuya protección y garantía, salvo las excepciones vasca y navarra, tierras en las que ha sido y es hoy imposible hacer política con normalidad, se mantienen perfectamente inalterables con la propuesta que hoy quisiéramos debatir.

Es obvio, señorías, que aquellos rudimentarios instrumentos de comunicación, publicidad y propaganda, en un mundo de televisión única, de radio única y soporte papel exclusivo, han dado paso a un inmenso caudal de instrumentos, mecanismos, modos y plataformas de información de lo más variado. Hemos pasado de aquel entonces y hoy se habla precisamente de exceso de información, incluso se acuña una nueva palabra para explicar este fenómeno un tanto enfermizo, infoxicación. A los tradicionales canales de información escrita, postal, medios de comunicación de masas, se une hoy una auténtica revolución telemática, informática, de todo tipo, que nos permite conocer al instante y de forma permanente, minuto a minuto, segundo a segundo, la realidad, las vicisitudes, los proyectos, la biografías, incluido el patrimonio personal, la actividad, el pensamiento político de los líderes de todos los partidos políticos, incluidos sus cambios de opinión en cada caso, las ponencias programáticas, los programas electorales, los compromisos, los posicionamientos políticos, sin más límite que el que los propios partidos políticos se quieran marcar. En este entorno abierto, ilimitado en medios, dinámico e interactivo es obvio que se hace menos necesario el tiempo hasta hoy recogido en las leyes para llevar a cabo las campañas electorales. Señorías, en menos de un año habremos encadenado no menos de cuarenta y cinco días, mes y medio, de campaña electoral stricto sensu. Es verdad que todos conocemos aquella verdad que repiten los


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fontaneros de los partidos que dice que el recuento electoral de una elección supone el pistoletazo de salida de la próxima campaña electoral, y estarán conmigo que a veces tienen algo de razón. Nosotros decíamos en nuestra exposición de motivos: Vivimos en la actualidad la peor crisis económica y social que hayamos podido conocer y padecer las generaciones presentes. La transcendencia del momento económico, social y político que estamos viviendo en estos momentos escapa a la comprensión y al análisis tradicional sobre el funcionamiento de las comunidades, las sociedades, los mercados, los Estados. En la actual situación económica estamos obligados a ser austeros y desde luego a ser sensibles a una ciudadanía que quiere que también los políticos y los partidos políticos se apliquen buscando soluciones imaginativas, que adapten sus conductas, su acción a una realidad que impone sacrificios a todos. Si me lo permiten, como decía, efectivamente hoy estamos convocados a ser más imaginativos, de la misma manera que los empresarios, los autónomos o las familias están teniendo que afrontar esta situación buscando fórmulas para salir de la crisis gastando menos y optimizando los recursos. Por ello, la limitación del tiempo de las campañas electorales a una semana debe provocar, provoca una reducción relevante de los gastos que conllevan las mismas y constituye uno de los principales objetivos de esta iniciativa. Esta iniciativa, señorías, se enmarca dentro de un marco más amplio de propuestas sobre la actividad, la financiación y el control de las cuentas de los partidos políticos y también de las administraciones e instituciones públicas en general que Unión del Pueblo Navarro lleva planteando desde hace tiempo tanto en las Cortes Generales, como pretende hacer en el Parlamento foral. A estas propuestas se une la petición de impedir, de eliminar la condonación de deudas de los partidos políticos que defendimos hace unas semanas durante la tramitación de la ley de financiación de partidos políticos, que, dicho sea de paso, está todavía viva en el Senado y se votará esta semana. También en esa misma tramitación parlamentaria se someterá a votación durante esta semana una enmienda que presentamos para eliminar de esta misma ley la posibilidad de que los partidos puedan aceptar donaciones privadas, que también esperamos que pueda ser aprobada.

En esta misma línea de iniciativas de control al gasto referido a la Administración pública, como saben, presentamos aquí en esta Cámara y también en la legislatura anterior la puesta en marcha de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales que llevamos, como les digo, mucho tiempo solicitando y que hasta ahora ninguno de los partidos mayoritarios ha apoyado cuando mandaba, aunque sea este un mandato que nosotros mismos nos hemos puesto y que no requiere sino el impulso político y el acuerdo entre los partidos mayoritarios, que son los que debieran asumir que la transparencia no es ya una opción y que para que esa transparencia constituya un dique contra la corrupción debemos aprobar nuevos instrumentos de control, de autocontrol, con normalidad. Sobre la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, ayer era el PSOE el que se oponía y hoy la apoya y hoy es el PP el que se opone y antes la apoyaba. En todo caso y en el entorno de una necesaria racionalización de la gestión pública, en un momento económicamente muy complicado, desde luego, somos los primeros en aceptar un debate sosegado y constructivo que está en la calle sobre el modo más eficiente y solidario de administrar lo público. En esa dirección van todas estas propuestas y también aquellas que hacen referencia al papel y a la naturaleza del Senado o sobre la racionalización del Parlamento foral de Navarra. Como les decía, señorías, defendemos la utilidad de esta medida y creemos que se adecua a estos tiempos duros. Desde luego, no creemos que suponga una merma de los derechos de los ciudadanos que, como les decía anteriormente, tienen hoy más que sobrados mecanismos de todo tipo para conocer ampliamente todas las ofertas electorales que pudieran presentarse en cada elección.

Quisiera añadir un último argumento para defender la bondad de nuestra propuesta. Para ello permítanme que agradezca a los servicios de documentación de esta Cámara el que nos hayan facilitado a varios de los ponentes que intervendremos en este debate legislación comprada sobre la duración de las campañas electorales en numerosos países de nuestro entorno. Una de las conclusiones que puede obtenerse de su estudio es que en algunas legislaciones el plazo no está prefijado de antemano, por tanto queda abierto al acuerdo, a la coyuntura, si me lo permiten, incluso aquel podría variar dependiendo de la Administración pública territorial cuyos cargos se someten a votación en cada caso. Me parece relevante poner el acento y este dato sobre la mesa y ponerlo de manifiesto porque defender hoy la reducción del tiempo de campaña adaptándolo a una situación como la que vivimos, se acerca más al hecho de que en cada momento y dependiendo de la situación el plazo de duración de las campañas se pueda adecuar a las distintas necesidades. De todas formas, señorías, es obvio que lo que hoy votamos, sin perjuicio del contenido concreto de nuestra propuesta, no es que nuestra fórmula sea aprobada en sus concretos términos, sino el poder abrir el trámite parlamentario precisamente para poder debatir sobre ella. Créanme


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si les digo que a mi partido le gustaría que llegáramos a un acuerdo sobre este tema que planteamos; es más, creemos que es bueno que en esta normativa, que es una normativa troncal de nuestro sistema, las modificaciones se lleven a cabo con el máximo consenso posible. Por tanto, no estamos desde luego cerrados a escuchar a todos los grupos y a buscar cualquier tipo de fórmula entre todos que a todos nos satisfaga y que cubra todos sus objetivos: austeridad, modernidad y actualidad. Y para eso, señorías, pedimos su apoyo a esta toma en consideración, y lo pedimos por encima de ideologías o de asuntos que normalmente nos separan con naturalidad. Les pedimos que no cierren un debate que nos parece razonable y sensato y, si me apuran, obligado en la línea de racionalización y austeridad bien entendida que nos hemos propuesto llevar a cabo entre todos. En todo caso, sí les digo que mi partido va a seguir proponiendo aquí y también donde más responsabilidades tiene, en Navarra, iniciativas que sirvan para mejorar la imagen de la política y de los políticos y que ayuden a adecuar el servicio público que prestan los partidos políticos y sus gestores a lo que los ciudadanos exigen de todos ellos y, desde luego, para hacer más eficiente, más eficaz, más controlado, el uso del dinero público que finalmente los ciudadanos ponen en nuestras manos.

Por último, también les anuncio que si hoy el debate no está del todo maduro o algunos grupos consideran que no merece la pena iniciar una reforma de la Loreg por esta propuesta en exclusiva, yo les anuncio que cuando llegue la reforma de Ley orgánica del Régimen General que ha anunciado el Gobierno para incluir la posibilidad de que los exiliados vascos y navarros puedan ejercer con libertad el derecho de voto en su tierra, nosotros la volveremos a plantear.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

A esta proposición de ley ha solicitado la autorización del turno en contra el Grupo Socialista. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

Me gustaría comenzar por el marco -eso que se lleva ahora tanto en la discusión política-, me gustaría comenzar por el síndrome del que es un síntoma más esta proposición, porque parece que se está convirtiendo ya en habitual que en cada Pleno tengamos que volver a reiterar uno de estos síntomas dispersos cada vez más frecuentes de incomodidad con el sistema político.

Agradezco mucho al señor Salvador su tono suave y reflexivo -él ha dicho que sosegado y constructivo-, porque yo creo que su tono afortunadamente se aleja mucho del tono que podría ser habitual cuando se tratan estos temas y se trata de citar el populismo. Pero, objetivamente, señor Salvador, con independencia de ese tono, que valoro, yo creo que esta proposición viene a sumarse a otras que insisten en una reducción de la política, en la jibarización de la política, en su desaparición de la escena, en su camuflaje, en su raquitismo: reducción de diputados, reducción de debates legislativos en esta Cámara por el abuso de los decretos-leyes, reducción de concejales, reducción de comparecencias para control, reducción de la dedicación de los representantes políticos, reducción de la financiación, reducción de la exposición de los responsables públicos a la prensa y, ahora, reducción de las campañas. A veces tiene uno la sensación de que solo se parará esta escalada si nos hiciéramos todos una especie de lobotomía colectiva que nos convirtiera en esa caricatura que algunos medios tienen de los miembros de esta Cámara. Quiero reiterarlo, por tanto, como marco de reflexión del Grupo Socialista sobre estos asuntos, y lo hago con otras palabras: El PSOE está dispuesto a revisar a fondo la política, pero para hacerla mejor, no para hacerla más pequeña. Por tanto, reformas del sistema político, todas las que sean necesarias, pero nunca las que le debiliten frente al poder del dinero, frente a los poderes económicos, que ahora mismo la tienen completamente condicionada hasta la asfixia. Porque a veces se disfrazan de reformas simples rendiciones a un estado de opinión por una especie de mala conciencia, y yo quiero decirle que los socialistas podemos reconocer muchos errores en el periplo de treinta años de democracia que tenemos, y somos conscientes de las disfunciones que hay en el sistema político, pero no podemos tirar el agua y el niño al mismo tiempo. Somos conscientes de los errores, pero sabemos que este sistema político de treinta años, con todos sus errores, ha conducido a este país a los mejores treinta años de su historia contemporánea. Decía usted, y estoy de acuerdo: reformas reflexivas. Porque a veces se acumulan en la opinión pública todo tipo de demandas parciales que tocan un aspecto, tocan una pieza del mecano sin tener en cuenta que a veces tocar una pieza del mecano significa que ese engranaje, que es el sistema político, no funcione acompasadamente. Todos tenemos que ser conscientes de que tocar una sola pieza puede conducir precisamente a ese mal funcionamiento. Vemos cómo se acumulan demandas que son


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absolutamente contradictorias, y no me refiero ahora a la que usted dice. Por ejemplo, hoy se ha convertido en un tótem omnipresente la reclamación de listas abiertas, y al mismo tiempo que los medios nos piden listas abiertas nos piden reducción de las campañas, lo cual es completamente contradictorio, porque las listas abiertas implican una contradicción dentro de los componentes de la propia candidatura, lo que obliga a que esos candidatos se desplacen por toda su circunscripción, y eso es perfectamente incompatible con una campaña más corta. Por eso, señor Salvador, agradeciéndole su tono, debo decir que dejemos todos -al menos desde esta casa- el arbitrismo y la ocurrencia, dejemos el guiño cómplice a aquellos jueces que necesiten o que tengan mono de primera página.

Hablaba de reformas reflexivas y con sentido del sistema, pero también -y usted ha insistido mucho en ello y se lo agradezco- reformas consensuadas; reformas como la de la Ley orgánica del Régimen Electoral de la pasada legislatura, en la que ustedes ya propusieron esta reducción de las campañas. Usted pide un acuerdo y yo quiero insistir en esa perspectiva. En este punto yo creo que los grandes partidos -y cuando digo los grandes partidos no digo solo el PP y el PSOE- pese a quien le pese han sido los pilares básicos de la construcción de la democracia en España, y esos mismos partidos -reitero, no solo el PP y el PSOE, pero partidos con la veteranía de haber participado en el diseño de este sistema político- son los arquitectos más adecuados para retocar un edificio en el que ellos saben dónde están las líneas maestras y dónde están los pilares básicos. Meter albañiles bien intencionados -para seguir con el símil- a reformar este sistema político lo va a conducir seguramente a la ruina, por no decirle lo que sería dejar que este sistema político fuera rehabilitado directamente por la empresa de derribos, que sería suicida. Por eso hay que volver a los planos originales, señor Salvador, y deben volver a los planos originales los partidos que diseñaron este sistema político porque, lo reitero, ellos son los que conocen dónde están los pilares fundamentales de este sistema. Si prefiere puedo hacerle otro símil. Yo también creo que a la democracia española le ha llegado la hora de la revisión de los 100.000 kilómetros, como los coches que tienen que pasar la ITV. Pero de esa ITV tiene que salir un coche más seguro, un coche más fiable, un coche más sostenible, pero debe salir un coche. Lo que no puede salir de una ITV de nuestro sistema política, entrando un coche, es un scooter o un tractor. Por tanto, le reitero, mejor pero no más pequeña es la política que queremos los socialistas, y no desde luego parches arbitristas, inconexos y contradictorios.

Vamos a la campaña, señor Salvador, con ánimo de convencerle y con el mismo tono que usted ha utilizado. La campaña no es toda la participación política y, de hecho, una de las quejas habituales sobre nuestro sistema política es que hay poca participación política entre campaña, pero hay que reconocer que la campaña es un momento esencial, central, del derecho fundamental a la participación política. De hecho el objetivo político central de cualquier campaña es garantizar que el derecho al voto se ejerza en las mejores condiciones por parte de los electores, y por parte de los competidores, de los partidos y candidatos lo que la campaña persigue es crear un ámbito, un espacio en el que la competencia esté regulada y protegida, de modo que al menos en ese tramo final se atenúen las diferencias entre los pequeños partidos, las pequeñas candidaturas, modestas e independientes, y los grandes aparatos partidarios, que tienen una mejor dotación económica. La campaña, por tanto, establece un periodo que limita las capacidades de los más poderosos y ofrece garantías de equidad a los nuevos o menos dotados. Cuanto más limitemos la campaña, señor Salvador, más desregulación habrá durante más tiempo y más desigualdad y peor calidad en la competición política. Por eso, don Carlos, reducir la campaña electoral no es reducir la campaña electoral -permítame la boutade-, es reducir la campaña equitativa para unos y ampliar la precampaña desigualitaria para otros; es prescindir una semana más de las mejores garantías de equidad y de competencia abierta pero reglada. Por ejemplo, y es solo un ejemplo, reducir la campaña es ampliar el margen de discrecionalidad de los medios de comunicación privados, que no tendrían que someterse, como ahora sí lo hacen en campaña, a los razonables equilibrios de dar voz a todos los contendientes, de tal manera que sería lógico que los medios privados, como no tienen esa sujeción legal, pudieran dedicar una semana más sencillamente a hacer publicidad de su partido favorito. Lo que le quiero llevar a su ánimo, don Carlos, es que la campaña no es el tiempo de la matraca, no es solo el tiempo del ruido político, sino el tiempo de las garantías, de la supervisión en beneficio de los más débiles en esta competición.

Se suele pensar también que las campañas cambian poco el voto. La verdad es que hay casos bastante distintos. Ahí están las elecciones generales españolas de 1993 o 2004. Pero, en cualquier caso, es aquí donde cristaliza la decisión de voto de ese enorme porcentaje de indecisos que aparecen en las encuestas. Hay mucha gente que, seguramente desde el punto de vista de una mala política hecha por


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los partidos, desconecta de la política durante cuatro años y resintoniza con la política cuando llegan las campañas y ese elector tiene derecho a tener el nivel de información suficiente para tomar una decisión. Por eso yo creo que ese argumento de que las campañas varían poco el voto ni es tan nítido como a veces se plantea, ni debería llevarnos directamente a esa reducción de campaña.

Usted utiliza dos principales argumentos, señor Salvador, la economía y el hecho de que ya existe información suficiente para los electores. Sobre la economía no ha insistido usted mucho, yo le digo algo muy sencillo. Reducir el tiempo de campaña no garantiza reducir los gastos. Al contrario, podría conducir a una ruidosa concentración de gasto en una sola semana: duplicar cuñas, duplicar spots, duplicar actos, duplicar carteles o duplicar vallas. Reducir gastos es reducir gastos y reducir tiempo es reducir tiempo. No son vasos comunicantes y por lo tanto no me parece que reducir la campaña conduzca directamente a una reducción de gastos.

En relación con el modelo de campaña, tenemos un análisis divergente del suyo. Es verdad que hay muchos medios de información, pero, en primer lugar, parece que usted las campañas las dedica solo a los contendientes habituales, a los que ya están en el juego político, a los que ya están en las instituciones, y hay muchas elecciones en las que hay nuevos partidos o en las que hay listas electorales. Piense lo que significa para una candidatura independiente local el hecho de contar solo con una semana de campaña. No hagamos una reflexión solo pensando en los grandes partidos o en las elecciones nacionales. Hagamos una reflexión pensando en todas las campañas y pensando en todos los competidores, porque para muchos competidores nuevos o muchos competidores débiles reducir el tiempo de campaña es un factor importante de desigualdad.

En segundo lugar, tiene usted un concepto de campaña un poco antiguo, si me permite. Es una campaña en la que los políticos mandan mensajes y los ciudadanos los reciben pasivamente. Si se parte de esa concepción, la verdad es que este tipo de campaña corta consagraría un modelo que los electores rechazan. Lo que ahora se nos pide, señor Salvador, es precisamente lo contrario: campañas con respuesta, campañas interactivas, campañas en las que el político se ponga a tiro de la pregunta y del acceso a los ciudadanos. Además, este tipo de campaña favorecería siempre al partido en el Gobierno. No insistiré mucho. El partido en el Gobierno tiene mucha más presencia mediática a lo largo del periodo anterior a la campaña y además puede intentar ejercer las llamadas campañas de logros para reforzar sus posiciones. Por lo tanto la campaña supone una garantía para los competidores nuevos y supone también una garantía para los partidos de la oposición, pero, sobre todo -y este es el argumento esencial al que quiero llegar, señor Salvador-, es que los ciudadanos nos piden cercanía e interacción. Una campaña de una semana es una campaña solo para la televisión, y la gente quiere vernos, quiere tocarnos, quiere poder preguntarnos y quiere que le respondamos, y una campaña corta dificultaría ese contacto personal, esa disponibilidad, esa accesibilidad que se nos pide más allá de los carteles y más allá de las pantallas de televisión.

Este tipo de campaña corta ¿sabe lo que podría producir también, señor Salvador? La aparición de partidos sin ningún arraigo territorial, sin ninguna organización, partidos basados en un nombre y en el dinero y a los que les interesa absolutamente, puesto que no tienen ninguna implantación, una campaña que se haga solo desde televisión desde una capital para todo el país. Por ello, este tipo de campañas sería la excusa perfecta para que muchos partidos no aparecieran por las plazas de los pueblos. En resumen, señor Salvador, una campaña corta nos expone menos a los ciudadanos y nos expone a menos ciudadanos. Por ello nuestra opinión -como usted va pudiendo ver- se va cerrando para llegar a la conclusión de que no podemos apoyarle en esta ocasión.

Como le decía, las campañas siguen estando todavía en la televisión demasiado vinculadas a ese minuto de desconexión del telediario, pero le aseguro que eso pasará, y cuando eso pase hay que empezar a pensar no solo en las campañas del minuto para el señor Rajoy o para el señor Rubalcaba, hay que pensar en la campaña para el candidato al que no sigue ninguna cámara de televisión, porque está yendo en su coche a un pequeño pueblo para dar un mitin o tener un acto público, y ese candidato tiene el derecho a expresarse, del mismo modo que lo tiene el candidato a la Presidencia de Gobierno, y sus electores tienen derecho a conocerle del mismo modo.

Finalmente hay un asunto muy menor, pero que yo le señalo, es la escala. Las campañas electorales nacen cuando hay un gran número de electores. Claro, UPN se presenta a las elecciones en una circunscripción en la que tiene solo 650.000 electores, 272 municipios y 10.400 kilómetros cuadrados. El PSOE, el PP, UPyD e Izquierda Unida se presentan para 35 millones de electores, en 8.100 municipios y en un territorio cuarenta y ocho veces mayor que Navarra. No quiero decir con esto que usted no tenga


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derecho a plantear aquí lo que plantea, pero sí quiero decirle que es obvio que no son las peculiaridades de Navarra las que pueden llevarnos a una convicción sobre la necesidad de este recorte en la campaña. Por otra parte, campañas de siete días en las que haya al menos dos debates televisados impedirían a los candidatos, por ejemplo a presidente del Gobierno, ir nada más que a cinco, seis o siete circunscripciones autonómicas, lo cual tampoco sería muy clarificador para gente.

En relación con el derecho comparado al que usted ser refería, yo no he encontrado ningún precedente en la información que nos han mandado los servicios de la Cámara de una campaña de siete días. Todas las campañas que están reguladas tienen como mínimo quince días y muchas tienen más. En Francia tienen treinta días, en Italia cuarenta y cinco, en Grecia veinticinco y en Gran Bretaña diecisiete días laborables, y en las que no tienen regulación, señor Salvador, la campaña comienza cuando se convocan las elecciones, de tal manera que las que no están reguladas van a campañas mucho más largas.

Termino, señor Salvador, agradeciéndole el tono reflexivo llamando al consenso de su intervención. Creemos que su propuesta solo conduce a un resultado paradójico. Creemos que reducir las garantías inherentes a la campaña solo sirve para aumentar una semana más la precampaña, solo que con menos garantías. Una semana menos de campaña es una semana más de precampaña y, por tanto, una semana de menos garantías y menos control. Por todas estas razones y reiterando el agradecimiento por su tono, le anuncio nuestro voto en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señoría, yo también quisiera agradecerle en mi réplica su tono, desde luego, porque este es un tema que no es de derechas o de izquierdas o que hubiera que enfocar desde un punto de vista ideológico, sino que creo que hay una sensación en la ciudadanía de que los partidos políticos deberíamos también dar ejemplo. En este caso a nosotros nos parece sensato que parte de ese ejemplo pueda ser esta limitación en el tiempo y nos parece sensato ponerlo encima de la mesa. Hoy lo que estamos debatiendo no es exclusivamente aceptar esta fórmula, sino entrar a debatir si efectivamente nosotros también queremos ser parte de esa sociedad que se está sacrificando y está actuando adaptándose a una situación determinada. Me ratifico en que ojalá consiguiéramos con este tema y en otros el consenso de los dos grupos mayoritarios. Siempre que he subido a la tribuna desde hace treinta años lo he pedido. Si tenemos hoy la imagen de los políticos que tenemos, seguramente pasa porque ante los problemas de los ciudadanos no hemos sido capaces de formular soluciones entre todos y hemos estado más peleados entre quién formulaba una cosa y quién tenía que oponerse porque efectivamente la formulaba el otro, y no de una manera más constructiva. Nosotros queremos plantear así esta iniciativa, de manera constructiva. No quisiéramos que este rico debate que se inicia en este momento se cerrara hoy, porque los partidos mayoritarios cierran o vetan la posibilidad de que podamos debatir sobre ello. Nosotros sí creemos que se reducirían los gastos y no creemos que se reduzcan las posibilidades de información de los ciudadanos, porque, como le digo, hace cuarenta años existían limitadísimos medios y no había un sistema tan consolidado de participación como el actual y hoy podemos saber segundo a segundo incluso lo que está pasando en este mismo momento en esta Cámara y los ciudadanos pueden conocernos, conocer nuestras propuestas y conocer nuestras alternativas.

Agradezco que usted alabe mi tono -creo que es el que tiene que ser- y les pediría que en la medida de lo posible consensúen, pero no para cerrar alternativas ni para cerrar debates que están en la calle y que nos piden los ciudadanos. Esa sería nuestra principal petición en este caso. Son ustedes los que muchas veces critican al Partido Popular la imposibilidad de generar debates y ahora al final actúan de manera incoherente cuando entre los dos, cuando no les interesa modificar un tema, cierran el debate a los grupos.

De todas formas, si no es en este momento por no estar madura esta situación, volveremos a plantear esta misma problemática cuando el Partido Popular, como ha anunciado, traiga una reforma de la Ley Electoral General a esta Cámara para que los ciudadanos que han tenido que salir de la Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra puedan votar. Y yo, como hoy, aunque no ocurra, espero que en ese caso y ante esa circunstancia tan grave, puedan ponerse de acuerdo por el bien de todos ellos y de toda España.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente porque no hay elementos nuevos encima de la mesa. Valoro su aportación pero creo sinceramente que es un tiro errado porque no va a conducir a mayor gasto. Señoría, el problema de las campañas no es la duración; el problema de nuestras campañas electorales es la exigibilidad del programa que se ha planteado en las elecciones, y reducir el tiempo no es la fórmula con la que podamos solucionarlo. En cualquier caso, reitero lo que me parecía esencial del debate que hemos tenido hasta ahora. Podemos continuar semana a semana discutiendo una pieza del damero, una pieza de la construcción, o podemos intentar acometer esa revisión de los 100.000 kilómetros a la que me refería. Creo que es más útil para todos, para nuestro sistema y para la satisfacción y para la sensibilidad de las personas que sienten esa desafección por el sistema político, que finalmente nos arremangáramos todos e hiciéramos esa revisión que necesita nuestro sistema después de treinta años de buen funcionamiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Hablaré desde el escaño, señor presidente, porque lo voy a hacer brevemente.

No comparto muchas de las afirmaciones realizadas por el proponente ni tampoco la primera parte de la exposición de motivos de la proposición de ley. Creo que el plazo de las campañas electorales no tiene nada que ver con la imagen de la política y que ha hecho un flaco favor a la propuesta presentándolo de esta manera en la exposición de motivos. También tengo que señalar que en el momento de debate en ponencia de la Loreg mi grupo político propuso una reflexión sobre el acortamiento de las campañas electorales en unos días. No sé si siete sería la fórmula o si quedaría demasiado corto y debería ser otro plazo de siete, diez o doce días, pero sí creo que las campañas electorales hoy por hoy -ahora explicaré por qué- resultan un tanto largas. Es cierto que aquella ley salió en bloque con un acuerdo mayoritario por parte de todos los partidos, pero como mi grupo en su momento lo propuso en ponencia, hoy en consecuencia votaré a favor de esta propuesta.

Es cierta la consolidación de la sociedad de la información que mencionaba antes el señor Salvador. Estamos hablando de campaña electoral como si fuera el único momento en el que los partidos políticos tenemos que estar en contacto con la ciudadanía o en el que parece que podemos estar en contacto con la ciudadanía, lo cual viene sucediendo así cada vez menos. A nadie se nos oculta que existe, querámoslo o no, una precampaña, una precampaña más o menos larga por parte de unos partidos o de otros, según qué medios. Tan es así que hasta lo reconoce la propia Loreg poniendo límites a los actos que no pueden realizarse en esa precampaña. No se trata tanto de estar presente por toda la geografía. Evidentemente el contacto con el ciudadano es necesario, pero seamos sinceros también, porque sabemos que las campañas electorales en realidad van más dirigidas a los medios. Es decir, llega mucho más el mensaje que determinado partido político quiere emitir una mañana de campaña electoral a través de los medios, a través de más gente, que un mensaje a las personas que se hayan concentrado a oír a ese líder político, por ejemplo, en Almendralejo o en Durango. Por lo tanto, sabemos que el contacto es importante pero el contacto en las campañas electorales está orientado a los medios, porque el contacto es importante en las nuevas tecnologías, pero la respuesta, ese no tanto hablar hacia sino escuchar que planteaba el portavoz socialista con muy buen criterio, sí se debe hacer, pero se debe hacer durante todo el tiempo, y de hecho se hace, no solo en campaña electoral, también en precampaña, y el que no lo hace -la realidad le va empujando- lo tiene que estar haciendo ya durante todo el tiempo de la legislatura correspondiente porque, si no, se va rompiendo ese lazo con la ciudadanía que cada vez demanda más esa interacción y esa respuesta de los políticos.

¿Impediría algo el que en vez de quince días fueran doce o diez, porque estos quince sí son verdaderamente machacones para la ciudadanía? Está bien informarse, pero estos quince días pueden resultar hasta machacones, porque ya llevamos un buen tiempo antes de precampaña. ¿Impediría esto la exposición suficiente del programa electoral de cada partido? Yo creo que no. Con tres o cuatro días menos es perfectamente factible dar a conocer qué es lo que se pretende, qué es lo que se defiende y cuáles son las diferencias con otros partidos. ¿Se le niega algún derecho a la ciudadanía con esto?


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Insisto, creo que no, porque además no estamos como hace veinte años -ni siquiera digo treinta años-. Ahora contamos con unos medios para llegar a la ciudadanía mucho más eficaces que antes. ¿Debilitaría a la política -y esto sí que me preocuparía, estaría absolutamente de acuerdo con el portavoz socialista, si esto sucediera- frente al poder o al dinero? Yo creo que ni más ni menos ya sean quince días o sean doce, sinceramente creo que en esto no influye nada.

Otro argumento que se podría esgrimir es que los medios privados en este caso estarían limitados en campaña electoral para jugar con las mismas normas de juego que los medios públicos. Desgraciadamente no es así y lo intentamos en ponencia, pero el artículo 66 al final se quedó en un quiero y no puedo. Se habla de pluralismo y de participación pero en términos muy genéricos, nada que ver con la regulación que se hace en el sector público. Por lo tanto tampoco creo que eso aportara más a partidos que fueran menos conocidos.

En resumen, sinceramente, si las cosas se hacen con cabeza por parte de cada uno de los gestores de los partidos políticos, podrían reducirse los gastos electorales y creo que eso sería positivo para todos, empezando por los propios partidos políticos que a veces se ven agobiados en las campañas, con la tensión que supone que te estés jugando -porque haya encuestas que lo dicen así- determinados escaños por muy pocos votos. Es una tensión y un surplus de medios que quizá con una campaña un poquito más corta en algo se podría abaratar. Por lo tanto, en principio, votaremos a favor para que, al menos, se pueda tomar en consideración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, señor Salvador, me uniré al coro de agradecimientos. Nuestro partido votará en contra de la propuesta que trae usted aquí hoy, pero nos parece que es interesante y es bueno debatir acerca de la Ley Electoral. Siempre que se debate en esta Cámara algo que tiene que ver con la Ley Electoral, personalmente creo que mi grupo en particular siente en primer lugar un soplo de esperanza, pero este soplo de esperanza dura poco. La experiencia desgraciadamente nos dice -la experiencia obliga- que dura poco y enseguida llega cierta frustración. Verán: un 27 % de los españoles dice en las encuestas últimamente que cree que la clase política es uno de los mayores problemas que tiene hoy en día España y lo dice porque cree que hay dos razones fundamentales que explican esa desafección de nuestros ciudadanos respecto a la clase política. La primera, señorías, es que hay cierta certeza de que no estamos haciendo lo necesario para combatir corrupción y derroche de dinero público. Desde aquí se ve. Los grandes partidos no hacen más que echarse los trastos a la cabeza, pero lamentablemente no legislan al respecto, y dentro de poco veremos una ley de transparencia en nuestra opinión bastante descafeinada que lamentablemente no va a terminar con ese problema.

La segunda razón que los ciudadanos tienen para demostrar, para expresar esa desafección tiene que ver con la representatividad, y una de las razones que, según nosotros, según Unión Progreso y Democracia, explica ese problema de representatividad es la Ley Electoral. Hoy UPN nos trae aquí otro de esos cambios que, según nosotros, según UPyD, es un cambio meramente cosmético que parece que se debate, con todos mis respetos, señorías, en esta Cámara no sabemos si para tranquilizar nuestras conciencias o para intentar hacer ver a los ciudadanos que estamos haciendo algo al respecto, porque lo cierto es que en la pasada legislatura solamente fuimos capaces de cambiar el tamaño de las papeletas, además de poner obstáculos en forma de recogida de firmas para los grupos pequeños, y en esta legislatura lo único que hacemos es debatir sobre si acortar la campaña electoral. Nosotros creemos que debatir sobre el tamaño de las papeletas y la duración de la campaña es algo estéril, es algo superficial y que limitar o complicar el acceso de los grupos pequeños ataca a esa representatividad que ya de hecho está mermada. No se soluciona de esta forma ningún problema y no nos ocupamos realmente de lo que preocupa a aquellas personas que nos han elegido para trabajar aquí y, lo que también creo que es importante, no nos ocupamos de aquellas personas que están ya casi fuera del sistema porque se abstienen y no votan, y no nos olvidemos que esas personas también son unas personas para las cuales debemos trabajar.

Como decía, lo que más nos preocupa en este caso es todo lo que tiene ver con que se empeore la representatividad. Casualmente, señores del Partido Socialista y señores del PP, desde que el CIS y todo tipo de encuestas auguran una caída del bipartidismo de hasta un 30 % en solamente un año, estamos


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viendo cómo se suceden propuestas como la de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, como la de la reducción de concejales o como esta misma propuesta de UPN, que no hacen sino facilitar las cosas a los dos grandes, al Partido Popular y al Partido Socialista. Nosotros creemos que se está intentando blindar de hecho al bipartidismo y además se hace bajo propuestas que no solo no son reales, sino que además venden, si se me permite decirlo, de una forma fácil a la ciudadanía un ahorro que no solo no es tal, sino que además nos da pan para hoy y hambre para mañana, ya que nos deja de nuevo en manos de aquellos partidos que son los que nos han traído a la situación dramática que nosotros creemos estamos viviendo hoy en día.

Hoy, concretamente, se nos propone reducir la duración de la campaña electoral, pero me gustaría discutir para qué, señorías, qué sentido tiene. ¿Esto se va a convertir en un ahorro real? En una época en la que la frontera entre la precampaña eterna que vivimos y las campañas es cada vez más tenue, a nosotros nos parece que esto que se trae hoy carece de importancia. Es más, creemos que esto que se trae hoy vuelve a dar ventajas a los grandes partidos, que tienen muchos más medios para poder moverse y organizar sus actos por todo el territorio nacional. Partido Popular y Partido Socialista podrán moverse, como de hecho ya hacen hoy en día, frenéticamente con los jets privados o como sea para cubrir en una semana lo que antes se hacía en dos, mientras que otros partidos más pequeños y con menos medios deberemos limitar nuestra presencia y, por lo tanto, limitar los datos que podrán tener los ciudadanos para tomar con conciencia una decisión acerca de su voto.

El señor Esteban hablaba de la diferencia entre época electoral y preelectoral. Es una diferencia importante porque para nosotros, por ejemplo, señor Esteban, en época electoral los medios públicos están obligados a tasar y respetar las apariciones en las televisiones públicas. Eso para nosotros, que estamos acostumbrados al eterno ninguneo de las televisiones públicas, es una garantía que como mínimo se verá mermada, señor Salvador, a la mitad si se aprobara esta propuesta. Son dos ejemplos solamente para tratar de explicar lo que para nosotros es una dudosa utilidad de la propuesta que se nos trae aquí.

Quisiera aprovechar además esta intervención para exponer otras propuestas, otras cosas que a nosotros nos hubiera gustado ver en el debate de hoy. Hemos hablado a menudo de la necesidad de cambiar una Ley Electoral que nosotros creemos atenta contra la igualdad de los ciudadanos. No voy a poner de nuevo el acento en este tema porque ya lo hemos traído nosotros especialmente a debate a esta Cámara a menudo. Lo tenemos muy claro. Está claro que sus señorías, Partido Popular y Partido Socialista sobre todo, prefieren conservar un statu quo que les beneficia en vez de trabajar por el bien de todos. Es decir, creemos que a ustedes les importan más los votos que los ciudadanos, así que vamos a centrarnos exclusivamente en las campañas. No perdamos de vista en primer lugar lo esencial, nos parece importante.

Quisiera hacer un inciso respecto a la intervención que ha hecho el Partido Socialista. Nos dice en su intervención anterior que los partidos jóvenes no debiéramos ocuparnos de estas cosas. El Partido Socialista lo dice en un tono que me recuerda un poco aquella frase franquista de: no te metas en política. (Rumores). Yo quisiera decirle una cosa al Partido Socialista. Los jóvenes no solo tenemos derecho a ocuparnos de estas cosas -hablo de los partidos jóvenes-, sino que -lamento decírselo- nos vamos a ocupar de estas cosas. Vamos a hacerlo, entre otras cosas, para poder solucionar lo que algunos constructores, como decía usted, algo chapuceros han realizado con nuestro país en las últimas legislaturas.

Vamos a hablar, como decía, de campañas electorales y no perdamos de vista lo esencial. Las campañas electorales, señorías, deberían servir para que el ciudadano se informe de las propuestas del partido. Las campañas electorales no solamente son un mero hecho de propaganda. Conforman una serie de herramientas con cuyo uso el ciudadano podrá elegir mejor su voto. Nosotros creemos que todo lo que sea facilitar esa labor ha de ser potenciado, pero ¿qué es lo que nos encontramos ahora? El pasado jueves el Tribunal de Cuentas presenta un informe en el que se resaltan muchos de los vicios de los grandes partidos y además de ese informe hemos de decir que hay gastos que están fuera de todo sentido común. Nos encontramos con viajes como los del señor Rajoy o el señor Rubalcaba, en campaña de 2011, en un jet privado a 10.000 euros la hora. Nos encontramos con al abuso de poder que significa el uso de privilegios propios de vuelos de Estado en campaña electoral. Nos encontramos con una escandalosa falta de transparencia de estos partidos respecto a sus gastos en campaña. Nos encontramos con que el Partido Popular excede ni más ni menos que en 130.000 euros el gasto que se puede realizar en cuanto a publicidad. Nos encontramos con irregularidades de gasto del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida.


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Señorías, es muy complicado enterarse de cuál es el coste de algunos de los grandes mítines que ustedes organizan. Esto ya de por sí habla de algo que nos parece fundamental, la falta de transparencia. Hay megaeventos de los grandes partidos que superan los centenares de miles de euros, pero ¿para qué se gastan? ¿Se gastan en cientos de autobuses que traen a un público cautivo al que luego se le da un bocadillo cuyo gasto se pasa irregularmente como gasto de campaña, según el Tribunal de Cuentas? ¿Se gastan en escenarios e iluminaciones espectaculares? ¿Se gastan en billetes de avión y jets privados para trasladar a los dirigentes? Y lo que es más importante, ¿para qué? ¿Para entregar luego a las televisiones unos cortes prefabricados por los propios partidos que ellas deberán emitir obedientemente? ¿Es de sentido común este gasto? ¿No sería más útil para el ciudadano, por ejemplo, la retransmisión de debates plurales en las televisiones públicas, en los que todos los partidos confrontaran sus ideas, en los que esos partidos políticos pudieran debatir acerca de ellas y por tanto el ciudadano se viera informado? ¿Por qué en cada campaña electoral debemos seguir esperando a saber si se va a realizar o no el debate de turno? ¿No debería estar eso legislado? ¿No es de sentido común? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se vulnera continuamente la pluralidad de esos debates y su mera existencia?

Quien les habla no pudo debatir durante la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Valencia porque se dijo que mi partido no tenía arraigo allí. Que yo esté aquí hoy hablándoles a todos ustedes demuestra que esto es mentira. En cada campaña electoral se elige una manera de explicar o de justificar que solo ciertos partidos puedan debatir en las televisiones públicas. Si los partidos quieren usar las televisiones públicas, por favor, que se paguen ese tipo de propaganda, que dejen de utilizarlas como un medio privado. Hace falta sentido común, señorías, hace falta acompasar además los gastos que están realizando los partidos a la realidad actual. En 2008, el Partido Popular y el Partido Socialista se gastaron alrededor de 20 millones de euros. ¿Esto está acorde con la realidad social que está viviendo nuestro país en este momento? Señorías, nosotros no damos bocadillos, esos bocadillos que el Tribunal de Cuentas ha dicho que ustedes pasan como gastos irregularmente. Nosotros damos un micro para que la gente pregunte, se informe, confronte la información con nosotros. Creemos que es de ese tipo de cosas de las que deberíamos estar hablando. Para finalizar, señorías, el informe del pasado jueves del Tribunal de Cuentas no detectó gastos irregulares en Unión Progreso y Democracia. Yo espero, ojalá, que todos los que se suben a esta tribuna puedan decir lo mismo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente.

Señor Salvador, la verdad es que tengo la duda de si debatir sobre lo que ustedes presentan o sobre lo que usted ha tratado de explicar en esta tribuna, porque no es exactamente lo mismo. Usted abre un debate aquí en el que podemos entrar pero que no se corresponde para nada con la propuesta que ustedes plantean de acortar las campañas electorales, y eso es lo que debatimos hoy aquí. Eso es a lo que nuestro grupo va a votar hoy que no. Lo va a hacer por el fondo, pero también por la forma en la que se ha presentado. Por la forma, porque dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades; serán las de algunos, no de las nuestras. Nuestras campañas si algo tienen no es precisamente que estén por encima de nada; nuestras campañas son campañas que en su mayor parte son sufragadas por las aportaciones de los militantes y no podemos admitir que hayan estado por encima de ninguna posibilidad. También porque se habla de transparencia, algo que todo el mundo reclama, pero que precisamente no tiene nada que ver con acortar la campaña electoral. Por lo tanto, en la forma creemos que está mal planteada, pero también por el fondo, porque el fondo lo que viene a decir es que la democracia tiene que ser cara, que la democracia es algo que les cuesta demasiado a los ciudadanos y ahí nosotros confrontamos radicalmente. La democracia, la campaña electoral, es cara cuando se convierte en espectáculo, cuando se convierte en un mercadeo que tiene como objetivo vender un producto. Si la campaña electoral de lo que trata es de incentivar la participación, no tiene por qué ser cara. Señor Salvador, nosotros confrontamos radicalmente con ese fondo que intenta situar que en época de crisis, cuando los ciudadanos miran una campaña electoral lo que ven sea simplemente lo superfluo y no entren en el fondo, que es realmente la confrontación de ideas, porque de eso es de lo que se trata, de confrontar ideas en una campaña electoral.

Efectivamente, nuestro grupo quiere modificar la Ley Electoral. Si alguien tiene pedigrí en esa propuesta es nuestro grupo porque efectivamente hemos sido -y seguimos siendo- un grupo que sufre una Ley Electoral injusta y cicatera, una Ley Electoral tramposa que permite que el Partido Popular tenga


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mayoría absoluta sin tener mayoría absoluta en las urnas. Claro que queremos abrir ese debate, pero abrámoslo bien; claro que queremos que se reduzca el gasto en la campaña electoral, pero hagámoslo bien. Por ejemplo, si en lugar del mailing de cada partido hubiese un mailing único por el que a una persona le llegase un sobre con todas las papeletas, evidentemente sería mucho más barato. Además, sería mucho más justo y sería hasta más pedagógico. Por lo tanto, hay posibilidades de abaratar las campañas electorales, no de acortarlas. Habría posibilidades de abaratar las campañas electorales si hubiese debates públicos, si hubiese posibilidad de que llegase una información realmente asequible al ciudadano que permitiese ese contraste de pareceres, y no ese fomento del bipartidismo, que es lo que la mayoría de las campañas electorales pretenden.

Por eso vamos a afrontar el debate de cómo modificar la Ley Electoral pero, evidentemente, acortar la campaña electoral lo único que va a hacer es ampliar la precampaña, y ampliar la precampaña -ya se ha dicho- supone más gasto, supone menos control y supone sobre todo menos transparencia. Por lo tanto, nosotros creemos claramente que hay que hablar de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, que hay que dignificar la política y para eso es importante que haya campañas electorales que busquen la participación. Y no me voy a quedar sin decir que uno se siente orgulloso cuando el domingo en Venezuela participó el 85 % de la población, a pesar de que se había dicho durante semanas y durante meses que era un sistema que iba, poco menos, que a implantar una dictadura. Los ciudadanos participaron porque se había incentivado la participación en el proceso más democrático que han podido ver muchos países en mucho tiempo.

De lo que se trata no es de acortar las campañas, es de hacerlas más democráticas y más transparentes. De lo que se trata es de más democracia y no menos democracia. De lo que se trata, en definitiva, es de que seamos capaces de que haya debate de ideas, no mercadeo. Que no se venda un producto que lo puede vender cualquiera subiéndose a esta tribuna y repitiendo algo que le pasen por escrito, sino que haya debate de ideas y confrontación de propuestas. Eso es lo que queremos que sean las campañas electorales. Para eso hay que reglamentarlas, para eso hay que abrir la televisión pública y también controlar a las privadas. Porque la televisión privada no deja de ser un servicio público, y así lo contempla también la ley. De lo que se trata es de más democracia. Nosotros creemos que hay que hacer cambios profundos en este país, creemos que hay que cambiar elementos importantes incluso en la Constitución, porque se está haciendo un proceso constituyente a la inversa y queremos que ese proceso constituyente sea en positivo. Hay que abordar la reforma de la Ley Electoral. ¿Para qué? Para que haya más transparencia, no menos política. Por eso, nuestro grupo va a votar en contra. Nuestro grupo va a presentar propuestas para que, de una vez por todas, se aborde una reforma electoral que no imponga un bipartidismo imperfecto que no está hoy en la sociedad, sino, todo lo contrario, para que se abra la transparencia, para que salga la democracia y para que la gente se implique en la política. Ese es el objetivo, que la gente participe y que la gente viva la campaña electoral como algo suyo, no como una pasarela de dirigentes donde uno puede votar como compra un refresco o como compra un champú, sino que se decida por una idea, sabiendo, además, que esa idea se puede controlar. Porque tan importante como la campaña es la precampaña y la post campaña, para que nadie pueda ir a una campaña para prometer lo que quiera y, luego, si te he visto no me acuerdo, y al final todo es papel mojado. Por eso queremos regular la post campaña para que se puedan pedir cuentas a aquellos políticos que prometan cosas y al día siguiente digan que la realidad les ha hecho cambiar su programa electoral.

Desde esta tribuna queremos reclamar más democracia, queremos reclamar una democracia más participativa y, sobre todo, queremos situar la política al servicio de la gente. Es posible hacer la democracia más barata pero de más calidad. Es posible hacer que la gente participe y viva la política como algo propio y no como un mercadeo, que es lo que muchas veces se ve. Nuestro grupo va a votar que no a esta propuesta, si alguien me ha seguido en mi intervención, y vamos a seguir trabajando por cambiar la Ley Electoral. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Salvador, como muy bien sabe usted y como muy bien saben sus señorías, en la anterior legislatura este Congreso de los Diputados trabajó intensamente y de forma muy fructífera en una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional para afrontar reformas de la Ley Electoral. Aquella subcomisión fue importante por aquello que se aprobó, pero también por aquello que por mayoría, muchas


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veces por amplia mayoría de distintos grupos, se descartó. En el catálogo de propuestas como mínimo de dos grupos parlamentarios, de usted mismo en el Grupo Parlamentario Mixto y también del Grupo Parlamentario Vasco, se planteó una reducción del período de las campañas electorales. En aquel momento fue posición de mi grupo pensar que la cuestión de las campañas electorales no es de diez o de quince días, estamos a favor de campañas electorales de quince días. De tal forma que podríamos decir que esta es cosa ya vista y cosa ya votada en sede parlamentaria, aunque ha cambiado la legislatura y usted tiene la toda la legitimidad y capacidad de propuesta para plantear esta nueva modificación de la Ley Electoral.

Nosotros somos partidarios de la democracia participativa, deliberativa, de estos quince días de campaña, recordando algunas modificaciones muy importantes que ya afrontamos en la anterior legislatura. Durante la anterior legislatura afrontamos claramente un deslinde entre lo que es campaña electoral y lo que es precampaña electoral, con una prohibición absoluta de actividad partidista o partidaria durante la precampaña electoral, con la prohibición incluso de la inauguración de obras desde el día de la convocatoria de las elecciones hasta el primer día de la campaña electoral. Señor Salvador, esto sí que son elementos efectivos de reducción y de combate contra el populismo que usted apuntaba. Y, puestos a hablar de austeridad, es curioso que hasta el momento nadie haya recordado que en la anterior reforma de la Ley Electoral se acordó por unanimidad de los distintos grupos parlamentarios una reducción del 20 % de la financiación de la publicidad de las campañas electorales. Señor Salvador, si tenemos que hablar de austeridad, tenemos que recordar que en esta legislatura mediante dos reales decretos, propuestos evidentemente por el Gobierno, así es un real decreto, se ha reducido hasta un 40 % la financiación de partidos políticos. Señorías, déjenme hacer un ejercicio de antidemagogia: no se trata de reducir de quince a diez días las campañas electorales, se trata de reflexionar si con una reducción de un 40 % de la financiación de los partidos políticos, los partidos políticos son viables o si bien tenemos que caminar, que creo que no es modelo, hacia un modelo americano de financiación privada de los partidos políticos.

Nosotros estamos a favor de estas campañas electorales, de este modelo de los quince días. Veníamos de aquella Ley Electoral que permitía campañas electorales incluso de tres semanas y habíamos vivido en los primeros años de democracia campañas electorales de tres semanas. Vivimos campañas distintas, vivimos campañas en las cuales los medios de comunicación, los debates públicos, los debates televisivos, no a dos, porque este no es un sistema bipartidista es un sistema con ocho grupo parlamentarios, eran muy importantes. Para desarrollar en profundidad este debate nos parece absolutamente apropiado quince días, que además quiero destacar que son solo quince días. Porque, como bien le ha apuntado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en algunas democracias la campaña electoral empieza el mismo día de la convocatoria de las elecciones, y aquí existe claramente un periodo de decalaje, un periodo de descompresión entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña electoral. Y por otra parte, como también se ha apuntado, en modelos comparados pueden existir campañas electorales de diecisiete días o de quince días, pero es difícil encontrar campañas electorales de menos de quince días. Insisto, separando claramente lo que es campaña de lo que es precampaña electoral, hicimos ya en parte lo que usted propone con esta proposición, que es acotar lo que es una campaña electoral.

Puestos a hablar de propuestas de futuro, señorías, el grupo de la mayoría, el Gobierno, nos anunció una reforma de la Ley Electoral, por primera vez, sea dicho de paso, una reforma electoral no consensuada por parte de todos los grupos de la Cámara sino unilateralmente propuesta por el grupo de la mayoría, con una reducción de un 30 % del número de concejales de los ayuntamientos. Señorías, de la misma forma que reducir de quince a diez días la campaña electoral no va a cambiar substancialmente el proceso democrático, esta reducción de un 30 % de los concejales no va a producir una modificación substancial en las medidas de austeridad. Como sea, ya les quiero avanzar que en el momento de la modificación de esta ley, que por primera vez será una reforma de la Ley Electoral no planteada por consenso de todos los grupos parlamentarios, de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a plantear dos reflexiones.

Cabe una reflexión sobre los actuales plazos desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña electoral, en parte basada en los argumentos del señor Salvador, que se podrían reducir, y aquí sí que en el modelo comparado europeo con países desarrollados de la Unión Europea el plazo desde la convocatoria hasta la celebración de elecciones es un plazo más corto, y hoy la Administración electoral, la Junta Electoral y la dirección general competente del Ministerio del Interior están capacitados para afrontar un proceso electoral con periodos más cortos. Esta es una reflexión.


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Una segunda reflexión que también plantearemos en el momento oportuno es la sobre la constitución de la Cámara y el debate de investidura desde el día de la celebración de las elecciones. Cada país tiene su tradición, es demasiado fácil recordar que en Gran Bretaña si hay una mayoría absoluta clara de un partido, al día siguiente por la mañana el nuevo primer ministro ya entra por la puerta de Downing Street. Esto es demasiado fácil porque en el sistema parlamentario español es necesaria la investidura, es necesaria la constitución del Parlamento y la investidura. Sin embargo, sea el color político que sea, creo que al actual Gobierno del Partido Popular y al anterior Gobierno del Partido Socialista les habría ido bien para luchar contra la crisis, para adoptar las primeras medidas, unos plazos más cortos desde la celebración de las elecciones hasta la constitución y el debate de investidura, siempre y en todo caso, evidentemente, garantizando los principios básicos que amparan a cualquier electo y en cualquier proceso electoral al derecho a la revisión del proceso y al derecho a la revisión del escrutinio.

Señoría, usted ha planteado una iniciativa ante la cual nosotros vamos a votar abstención porque creemos que esto no se puede resolver en una tarde de martes tomando en consideración una modificación de la Loreg, aunque deberíamos repetir la buena experiencia de la anterior legislatura cuando hicimos un trabajo de año y medio o dos años a puerta cerrada, intenso, presidido por el diputado Alfonso Guerra, que llegó a la conclusión de aquello que reformamos pero para mí y para mi grupo parlamentario también tiene mucho valor aquello que acordamos entre todos no reformar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular no va a respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos presenta a debate Unión del Pueblo Navarro y no lo va a hacer por no estar de acuerdo ni en el objetivo que persigue ni tampoco en la justificación del presunto ahorro de gasto público que la sostiene.

Usted, señor Salvador, justifica en su iniciativa que es conveniente limitar la campaña electoral a siete días por considerar que el actual periodo de quince es demasiado amplio e innecesario por no estar adecuado a los tiempos modernos y porque traería como consecuencia inmediata una importante reducción de gastos. Pues bien, a nuestro juicio el actual periodo de quince días es razonable y está plenamente justificado para conformar la voluntad popular; no olvide que la conformación de la voluntad popular es el objeto de toda campaña electoral, está además adecuado a los tiempos modernos de acuerdo con el derecho comparado y su reducción no supone automáticamente, como usted pretende, ningún ahorro de gasto en la supuesta consecuencia sobre la que justifica su iniciativa.

Señorías, nuestro Ley Electoral define la campaña como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos y partidos en orden a la captación de sufragios, tiene por tanto por objeto la conformación de la voluntad popular, que es el elemento básico y el fundamento de toda campaña electoral y más en una democracia representativa como la nuestra, y eso, señorías, requiere su tiempo. Ni se puede privar a los partidos de que dispongan de un periodo razonable para dar a conocer a sus candidatos, para trasladar sus propuestas, sus programas o su proyecto a los electores en un plazo que garantice el ejercicio de la libertad de comunicación política ni tampoco se debe privar a los ciudadanos del derecho a disponer de una información suficiente para decidir y elegir con su voto a los que van a ser sus representantes. Esto, señorías, es demasiado importante como para tomar a la ligera la decisión sin más de reducir a la mitad el periodo de campaña sin conocer las consecuencias que se derivarían de la limitación de estos derechos, como bien ha recordado desde esta tribuna, y acertadamente, el señor Sánchez Amor.

De hecho, estas consideraciones, esos derechos que emanan de las campañas electorales ya las tuvo en cuenta el legislador en el año 1994, cuando tomó la decisión de reducir de tres a dos semanas las campañas electorales en España. Pero, fíjese, ha hablado del derecho comparado, señor Salvador. No conozco ningún país del mundo que tenga un periodo tan corto de campaña, de tan solo siete días. Es más, a la vista del derecho comparado, el vigente en España parece bastante ajustado, y le pondré algunos ejemplos. En Reino Unido, la campaña dura varias semanas en función de la fecha de convocatoria; en Francia, dos periodos de quince días; en Italia, treinta días; en Alemania, desde la disolución del Parlamento y en los países de América Latina, un periodo muy superior, llegando incluso a los noventa días, como en el caso de México. Parece, señorías, que el actual periodo de quince días en España es bastante ajustado y parece bastante razonable. Tampoco es una propuesta de reforma tan sencilla como


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pretende hacernos creer en su proposición, señor Salvador, porque, de aceptarla, obligaría a revisar y a modificar a su vez muchos otros plazos de la Ley Electoral porque todas las actuaciones de los actores intervinientes en campaña se ajustan perfectamente a un calendario de cincuenta y cuatro días, desde la convocatoria de elecciones hasta la jornada electoral; plazos todos ellos que se verían alterados si aceptásemos su propuesta.

Si esos plazos y esas razones no fueran suficientes, hay otra que por sí misma justificaría la conveniencia de mantener los plazos vigentes. Y es que, de acuerdo con nuestra Ley Electoral, y precisamente para garantizar la plena imparcialidad de los poderes públicos, no corresponde a estos poderes públicos realizar campañas institucionales para fomentar la participación de los electores en un proceso electoral. Esa función, esa misión de llamamiento a la participación ciudadana, queda reservada en exclusiva a los partidos políticos y ese proceso, señorías, también requiere su tiempo. No parece, por tanto, a la vista de estas consideraciones, que tenga mucho sentido ni se pueda invocar la necesidad de reducir el actual periodo de campaña, máxime, y lo ha recordado el señor Xuclà, cuando en la pasada legislatura hemos eliminado lo que comúnmente se denominaba como precampaña electoral, circunscribiendo la contratación de todos los soportes de publicidad y propaganda exterior exclusivamente a los quince días de campaña, por lo que ahora ese plazo limitado es real, ese plazo de quince días ahora es efectivo.

Y si no consideramos necesario reducir el periodo de campaña, tampoco, señor Salvador, encontramos esa relación directa de causa-efecto entre su medida y el ahorro de gasto que se derivaría de la misma. De hecho, no hay ninguno o, al menos, ninguno relevante. Para ello debería haber formulado, junto con su propuesta, alguna medida de limitación de gastos financieros en campaña y no ha querido incorporarla, y usted y yo, señor Salvador, sabemos por qué; de hecho, lo conocen todos los grupos de esta Cámara.¿Sabe cuál es la razón? La razón, señor Salvador, es que ese esfuerzo de ahorro de gasto público en campaña ya lo hemos realizado. Usted sabe que en la pasada legislatura se constituyó una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional donde se alcanzaron importantes acuerdos de limitación y reducción de gasto en campañas electorales, tanto para las distintas administraciones como también para los partidos políticos. Usted sabe que se prohibieron las campañas institucionales que, en realidad, eran campañas promocionales de logros y realizaciones de Gobierno, de colocación de primeras piedras o inauguración de obras que suponían un gasto importante para el contribuyente. Usted sabe que acordamos reducir del 25 al 20 % el límite en publicidad exterior, que redujimos un 15 % el techo de gasto, es decir, la cantidad máxima que los partidos pueden gastarse en campaña electoral o que congelamos las subvenciones por voto, escaño y mailing. Y usted sabe también que acabamos de aprobar una nueva ley de financiación de partidos que reduce en un 20 % la subvención a los partidos, que se verá minorada en un porcentaje similar cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Es un esfuerzo muy importante, un ajuste severo -diría yo- en un ejercicio de responsabilidad, de transparencia, de austeridad y de ejemplaridad, conscientes de las dificultades que está atravesando la sociedad española, conscientes de que la dureza de la crisis económica está teniendo un fuerte impacto negativo en las familias españolas y conscientes de que los partidos debíamos ser los primeros en compartir los costes de la crisis y los primeros en apretarnos el cinturón y en dar ejemplo. Por tanto, ese esfuerzo de reducción de gasto en campaña y de reducción de subvenciones a los partidos ya lo hemos hecho; por cierto, con el apoyo de la mayoría de esta Cámara -también del suyo, señor Salvador-, y creo que merecemos poner en valor ese esfuerzo que hemos realizado entre todos los grupos de esta Cámara. (Aplausos).

En definitiva, nosotros entendemos que no es necesario reducir la campaña una semana ni reducir de manera sustancial los gastos electorales, salvo que en un futuro podamos encontrar alguna fórmula en una actuación concreta que goce también del respaldo y el consenso de esta Cámara. Yo comparto con algunos portavoces que el inmovilismo es la peor receta para responder al actual clima de descontento social, y a la invitación que me ha hecho el señor Sánchez Amor desde esta tribuna y algún otro grupo yo le respondo que el Grupo Parlamentario Popular siempre estará dispuesto a reflexionar sobre nuevas medidas para la regeneración de la vida pública y política y para mejorar nuestro sistema; eso sí, desde la seriedad, no desde la demagogia fácil ni cortoplacista y siempre pensando en el interés general y buscando el consenso necesario para ello.

Termino, señorías. Vivimos una etapa muy difícil, inmersos en una crisis económica aguda, profunda, prolongada e intensa que este Gobierno está intentando superar para evitar que se convierta en crónica. Pero la crisis no es culpa de la democracia, y creo que haríamos un flaco favor a nuestro sistema si


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aprobáramos una medida que no se justifica para mejorar el derecho a la información de los ciudadanos en campaña, ni para reducir el gasto, ni para fomentar la participación política en los procesos electorales. Por ello, señor Salvador, esta iniciativa no podrá contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOSCH), SOBRE LA TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LAS FACULTADES DE EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS POPULARES POR VÍA DE REFERÉNDUM. (Número de expediente 162/000428).

El señor PRESIDENTE: El II punto del orden del día es el relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Bosch, sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Tiene en primer lugar la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo que nosotros queremos es votar. Queremos votar; una expresión tan simple pero tan poderosa como esa es la que nos trae hoy aquí a someter a debate esta proposición no de ley para que el Gobierno catalán pueda convocar referéndums sobre cualquier tema, no solo sobre cómo se cambian las farolas en las calles sino ante todo sobre nuestro futuro colectivo, sobre qué quiere ser y qué quiere hacer la nación catalana.

Ustedes dirán que la crisis impide que ahora planteemos cosas como esta. Vamos a ver, que la crisis se coma los presupuestos, de acuerdo, lo entendemos, pero que la crisis se coma las urnas no hay quién lo entienda, es una contradicción. Las dos cosas no son incompatibles. Nosotros decimos que queremos votar, y ustedes, señorías del PP y señorías del PSOE, dicen que una cosa es el ruido en la calle, las manifestaciones, las expresiones populares, millones de personas pidiendo cosas, y otra muy distinta lo que permite la Constitución y lo que se debate en este hemiciclo. Permítannos que apelemos a uno de los padres del espíritu democrático de la transición española, el presidente Adolfo Suárez, cuando dijo que debemos elevar a la categoría política de lo normal lo que en la calle es normal. Y lo que traemos aquí, en la calle es normal, se debate, se pide a voces. Por eso lo traemos aquí, porque es el sitio donde tenemos que traerlo. Nosotros decimos que queremos votar y, a veces, nos dicen que eso es ilegal. Pero ¿cómo puede ser ilegal votar? Alguna manera, dentro de la legalidad, habrá para articular una petición como esta, y para hacer que encaje en la legalidad. ¿Cómo va a ser legal en el Reino Unido e ilegal en el Reino de España? ¿Cuál es la gran diferencia? El referéndum de Escocia, por cierto, se convocará con una disposición muy similar a la que proponemos hoy aquí. ¿Ustedes quieren ser británicos o quieren ser soviéticos, acaso, que se les derrumbe el sistema? Vamos a ser británicos.

Nosotros decimos: queremos votar. Y ustedes nos dicen que usarán toda la fuerza que permite la Constitución contra la libre determinación. Incluso amenazan. Ustedes sabrán, pero eso es un signo y un síntoma de debilidad. ¿O acaso están tan débiles que solo les queda el recurso de la fuerza? ¿Que solo pretenden vencer y no convencer? Nosotros decimos que queremos votar y ustedes dicen que no permitirán que se vote que sí a la independencia de Cataluña, seguramente porque no están de acuerdo. Pero es que es más grave que eso; es que tampoco permitirán -no sé si se dan cuenta- que se vote que no a la independencia de Cataluña. Aquellos que no quieren la independencia de Cataluña impedirán que se expresen y que voten según sus convicciones.

Nosotros queremos votar, queremos votar todos, los del sí y los del no; todos queremos decidir. Ahora, ustedes usarán su mayoría absoluta obtenida en las urnas para impedir que la gente vote. Triste contradicción. Y hoy, en este hemiciclo, ganarán, vencerán, pero no convencerán. Seguro que perderán ante la historia, porque nadie puede derrotar a un pueblo que cree en la libertad y que cree en la democracia. Nosotros queremos votar y votaremos, porque la democracia siempre gana. ¿O cómo piensan ganar este debate, este gran debate histórico? ¿Lo piensan ganar con prohibiciones, censuras, formalidades, amenazas, negaciones, violencia? ¿Lo piensan ganar así? ¿De verdad ustedes creen que se puede ganar así un debate, cuando en el otro lado les estamos proponiendo libertades, democracia, voto,


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sufragio, urnas, participación, mayoría de edad de un pueblo, responsabilidad de un pueblo que quiere decidir su futuro? ¿De verdad creen que ganarán este debate en negativo, cuando delante tienen a todo un pueblo en positivo? Aborden ya esta asignatura pendiente de la democracia española, abórdenla ya. ¿Qué les asusta? ¿Les asusta retocar un mapa, enfrentarse a la realidad, saber qué piensa la gente, enfrentarse a la decisión de la gente, que sea la gente quien decide? Ustedes están aquí porque la gente lo quiso, porque la gente les votó. Ustedes salieron de las urnas y eso les da representatividad y honorabilidad; nos la da a todos. Son las urnas las que nos han traído hasta aquí. Pues por respeto a los electores, los que quieren votar sobre la independencia de Cataluña, pero también los que les votaron a ustedes, demuéstrenles que los respetan y que respetan su gesto libre acudiendo a las urnas. Nosotros amamos las urnas. ¿Y ustedes, se acuerdan de las urnas? Caja transparente, voto, papeleta.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo que comparte su tiempo. Tiene que acabar.

El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo, señor presidente.

Nosotros no renunciaremos a la vía bilateral, dialogante, pacífica, democrática, participativa. Abriremos todas las puertas. Si acaso que sean ustedes los que vayan cerrando una a una todas las puertas que les abrimos. Nosotros queremos votar. No es tan difícil de entender. Nosotros votaremos y ante la historia ganaremos. Veni, vidi, vota.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente, señorías ¿qué miedo existe a que la ciudadanía vasca y catalana expresen su voluntad libremente? Desde Amaiur defendemos que la sociedad de cada territorio tiene derecho a expresarse libremente, que las naciones tienen el derecho inherente a elegir democráticamente su futuro. El de hoy no es un debate nuevo, ya antes el "Diario de Sesiones" de esta Cámara da fe de la negación sistemática al derecho a decidir. El Partido Socialista y el Partido Popular han impugnado leyes de Euskal Herria y de Cataluña sobre consultas. Es más, se llegó a modificar el Código Penal para encarcelar a un lehendakari si se atrevía a convocar un referéndum ilegal, que ya me dirán ustedes qué hay de ilegal en preguntar a la sociedad.

Señorías, presten atención a la foto que se va a dar hoy en esta Cámara. Los representantes mayoritarios tanto de Cataluña como de Euskal Herria votarán a favor, el resto en contra. Señorías, somos sociedades diferentes, con opiniones diferentes y en este caso nuestras naciones lo tienen claro. Debemos poder elegir, es democrático y por lo tanto debe ser posible y debe ser legal. Si ciertas interpretaciones utilizan el derecho para impedir la democracia, busquemos los instrumentos jurídicos que permitan hacerla real y efectiva, que permitan en definitiva la participación política y la libertad de expresión de la ciudadanía.

Señores del Partido Popular y del Partido Socialista, apuesten por el principio democrático, que es la base de la Unión Europea, y como ha dicho el compañero de Esquerra Republicana de Catalunya copien a Estados democráticos como Canadá y Reino Unido, que han considerado que el principio democrático supone permitir consultas de autodeterminación aunque no estén previstas en la Constitución, ya que en el caso de que sean favorables a la secesión se comprometen a negociar para cumplir con el mandato democrático.

Voy acabando, presidente. No confundamos, señorías, democracia con legalidad. La legalidad debe estar al servicio del principio democrático. En definitiva, en nombre de la democracia y de la libertad, apoyaremos esta propuesta lógica y oportuna presentada por Esquerra Republicana de Catalunya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.

No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, por lo cual pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Como conocen bien todos los proponentes y toda la Cámara, este asunto no nos resulta nuevo a los vascos. No voy a decir que es un dejà vu porque espero que tenga un final diferente al que ha habido hasta ahora, pero esta cuestión ya se ha planteado en esta Cámara. Desde nuestro grupo parlamentario nos parece absolutamente lógico lo que se reclama. Es absolutamente lógico que un Gobierno pueda


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consultar a su pueblo, pueda saber lo que opina la ciudadanía. ¿A quién puede extrañar que un país, que un pueblo, que la ciudadanía sea consultada? ¿A quién debería extrañar? Al revés, desde el año 1980 -yo diría que desde la propia Constitución-, cuando se aprobó la ley de diferentes modalidades de referéndum, hay un concepto restrictivo de la democracia directa y del conocimiento, un cierto miedo a conocer directamente qué es lo que quiere expresar la ciudadanía, inaceptable si lo comparamos con los países del entorno, con los países a los que España debería homologarse. Sin embargo, en ese ámbito de la democracia directa no se ha avanzado en absoluto desde ese año 1980. Si algo es posible en países en los que ni siquiera tienen regulado ni previsto esto, ¿por qué no es posible hacer una consulta en una parte del Estado español donde hay una nación que se identifica como tal? El siglo XXI no es o no debería ser el siglo de las imposiciones, de la fuerza y del trágala.

Yo hablaba de un precedente. Saben que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que seguramente algún grupo posteriormente sacará; yo me voy a adelantar a ello. La Ley de Consultas del Parlamento vasco fue recurrida y ustedes conocen cómo el Tribunal Constitucional lo paralizó y decidió que era inconstitucional. Decían que no se ajustaba al orden normativo constitucional, que el 149.1.32.ª es al Estado a quien da la potestad para convocar los referéndum; que incluso la Ley 2/1980, relativa a las distintas modalidades de referéndum, deja bien claro que en el caso concreto de los referéndum, aunque también cualquier otra consulta, incluso a nivel municipal, tienen que pasar por el Consejo de Ministros para que la ciudadanía sea consultada. La ha denegado incluso en casos, por ejemplo, de enclaves municipales en una provincia que ha querido cambiar de provincia y el Gobierno se ha negado a que la ciudadanía se expresara. Por tanto, no ya en grandes casos sino también en casos más pequeños se ha negado. Pues bien, que no digan que es por problema de no ajuste al ordenamiento jurídico constitucional, porque el artículo 149 del Título VIII de la Constitución no es un artículo que establezca mayorías reforzadas, y les recuerdo que hace muy poquito tiempo se reformó la Constitución, iniciando un procedimiento que duró una semana y media y santas pascuas; después ni consulta a la ciudadanía, ni recursos ante el Constitucional, ni nada de nada. Así que, si es por voluntad política, se puede cambiar el artículo 149.1.32.ª y en una semana y media sin ningún problema se podría dar cumplimiento -la propuesta da seis meses- a la resolución que está proponiendo el Grupo de Esquerra.

¿Que hay una inconstitucionalidad material, que era el otro problema que planteaba el Tribunal Constitucional? Pues, de la parte dispositiva de la proposición no de ley... Luego, cuando el caso se produzca -este caso u otro-, no sé, pero aquí lo único que dice es:...las decisiones políticas de trascendencia especial al referéndum de la ciudadanía de Catalunya. Decisiones políticas de trascendencia especial. Ya veremos de qué se trata. No sé si habrá una inconstitucionalidad material, pero de este texto no se puede derivar que inmediatamente vaya a haberla. Probablemente digan que no; no sé qué es lo que va a pasar, aunque me temo que algo semejante -voy acabando, señor presidente- cuando venga una propuesta semejante -si es que viene- de parte de todas las instituciones y del pueblo de Cataluña. Espero que no, porque eso lo único que significaría sería cerrar puertas a las soluciones. También espero otra cosa, y es que nadie intente volver a suscitar, a poner en vigor el delito en el ámbito del Código Penal por la convocatoria de referéndum; espero sinceramente -la señora Díez parece que sí tiene intenciones; me hace gestos desde el escaño- que algunas de las fuerzas políticas de esta Cámara hayan sacado conclusiones de todo lo que supuso aquello, que fue una auténtica merma de la democracia y una auténtica vergüenza en el derecho comparado.

Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, votaremos a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, Unión Progreso y Democracia va a votar en contra de la iniciativa planteada por Esquerra Republicana, no por un principio de legalidad sino por un principio democrático que voy a tratar de explicar, empezando por contestar la intervención del señor Bosch y por aclararle lo que, desde mi punto de vista, es la democracia.

Señor Bosch, la democracia es mucho más que votar, es votar y más que votar, la democracia es también decidir qué cosas no se votan; por ejemplo, no se vota la abolición de derechos fundamentales, se renuncia a votar sobre la pena de muerte, se renuncia a votar sobre la segregación de las mujeres, se renuncia a votar sobre la expulsión de las minorías o sobre la evasión fiscal. La democracia también elige


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no votar sobre determinadas cuestiones. Usted ha dicho que quiere votar sobre todo, y yo le digo que la democracia también regula sobre qué cosas no se puede votar porque, insisto, son derechos fundamentales.

Tampoco es un debate sobre la competencia constitucional ni lo quiero plantear desde esa perspectiva, al hilo de lo que decía el señor Esteban, pero déjeme que le diga una cosa. Usted dice aquí: si nos dan la competencia, bien, y si no nos la dan, también; lo vamos a hacer de acuerdo con la ley o sin la ley, o sea que lo vamos a hacer de todas, todas. Dice: Hagan lo que les dé la gana, que nosotros no vamos a respetar la ley. Un principio democrático -se lo digo al otro portavoz de su grupo que ha intervenido- también es respetar las leyes. Es un principio básico, fundamental, el respeto de la ley; si no hay respeto de la ley, no hay democracia. Eso es de preescolar de democracia y es una cuestión que no es menor.

Por otra parte está esa especie de trampa de la competencia. Dicen que les transfieran la competencia. Derecho a convocar ya tienen en la Constitución tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, lo que el Estado se reserva es la autorización o no para que el referéndum se produzca. La convocatoria la pueden hacer, lo que está reservado en el artículo 149.1 es la autorización. No es una competencia transferible o delegable, no, no es posible; el Estado se reserva esa competencia, que no es un hecho material y por tanto no es transferible ni delegable, precisamente para garantizar que no se utiliza contra los derechos fundamentales y contra la propia democracia. No nos hagamos trampas. Eso que usted plantea no es posible. La Constitución ya lo creo que se puede cambiar, no es una ley sagrada, pero lo que usted trae aquí es sencillamente una trampa, además de advertirnos que le da igual porque, aunque no sea legal, lo van a hacer, con lo cual no sé a qué principio de respeto apela usted.

Señor Bosch, señores de Esquerra Republicana, mi grupo, Unión Progreso y Democracia, y yo estamos en contra de la secesión porque es la ruptura de la unidad en el sentido de los derechos de los ciudadanos, de la unión, del corpus, de la ciudadanía española; estoy en contra de eso, porque me parece un principio democrático básico. Estamos en contra de que una parte del todo, o sea una parte de los españoles decidan por todos los españoles en esta materia. Yo no quiero que se rompa la unidad de España porque creo que es mejor una España unida y una España fuerte para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como apelo a una Europa cada vez más fuerte políticamente. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de todos los europeos; apelo a una Europa social y una Europa que garantice derechos. Lo mismo quiero para España. Pero déjeme que le diga, si llegara a una conclusión distinta, a una conclusión diferente y creyera que era mejor para los ciudadanos españoles una España más débil, más desunida, más limitada, lo que no consentiría nunca es que por el todo decida una parte. Yo quiero decidir sobre la unidad de España, sobre la unión o sobre la ruptura -yo, como el resto de los españoles-, porque lo que ocurra en Cataluña y lo que les ocurra a los catalanes, a mí me afecta porque Cataluña es parte de mi país, como lo es Extremadura, Andalucía, Galicia o el País Vasco, tan parte de mi país como el resto de España. Por tanto a mí me afecta eso, y no lo puedo aceptar, porque no es democrático que una parte decida sobre lo de todos, me parece que es menos democrático, es inaceptable democráticamente. Además, me parece que es menos democrática cualquier propuesta que nos obliga a excluir a una parte, que nos obliga a decidir qué no queremos ser o qué queremos que deje de ser lo que es en este momento. La democracia es incluyente, acoge a todos. La secesión, lo que ustedes nos proponen, excluye, nos obliga a dejar una parte, a dejar de ser una parte de lo que somos. Por eso estamos en contra de esa propuesta secesionista que hace, aunque lo que venga a decirnos es que la ley le da igual y que ustedes van a hacer lo que les dé la gana, además de pronunciarse en nombre de toda una nación. Un partido nunca es una nación, se lo digo a usted y a quien ha hablado también en nombre del Grupo Mixto. Un partido nunca es una nación. Eso es totalitarismo y sabemos adónde nos lleva.

Le diré más. Han apelado a Europa. Señor Bosch, Europa se construyó -la Europa que se construyó a partir del año 1945- contra el nacionalismo, el de los Estados, que es igual de rupturista que el nacionalismo que se llama en España periférico. Se construyó contra el nacionalismo: más democracia, menos nacionalismo; más democracia, más unión; más unidad, más democracia. A eso es a lo que aspiramos, por eso es por lo que trabajamos y por eso es por lo que nos oponemos a esa propuesta que nos hace hoy en esta Cámara. Nos la hace de una forma...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Termino ahora mismo.

Nos la hace de una forma, sin plantear en la intervención de hoy el fondo de la cuestión. Usted no nos dice hoy: queremos esta competencia para romper la unión del país y, por tanto, para disgregar al conjunto de los españoles. Nos habla de la transferencia como si fuera un tema menor, pero lo que está planteando,


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en definitiva, es más nacionalismo y menos democracia, y yo le digo, desde Unión Progreso y Democracia, que lo que necesita España -toda España, Cataluña incluida- es más unidad, más unión, más democracia y menos nacionalismo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la proposición no de ley presentada por el diputado Alfred Bosch tiene sin duda algunas dificultades de anclaje constitucional, pero a nadie en esta Cámara se le escapa que hoy el debate no es jurídico sino político y que el epicentro de este debate no es otro sino la posibilidad de que Cataluña pueda convocar una consulta para conocer la opinión de su ciudadanía sobre cómo quiere que se produzca su relación con España. Esta propuesta, no se nos olvide, ha sido presentada tres días después de la manifestación del 11 de septiembre en Barcelona, veinticuatro horas antes de la manifestación del 15 de septiembre en Madrid convocada por la cumbre social exigiendo la convocatoria de un referéndum en relación con las políticas de ajuste económico, y también unos días después del 25 de septiembre, de una manifestación que denunciaba muy cerca de aquí una forma de entender la política distanciada de la ciudadanía que impide la participación directa de los ciudadanos. Un elemento común a tres manifestaciones producidas en tan corto espacio de tiempo es la exigencia de la ciudadanía del derecho a decidir.

La Constitución española de 1978 ha jugado un papel importante, sin duda, pero tiene a los ojos, a la mirada de 2012, algunas limitaciones inconcebibles para una democracia avanzada. La Constitución es en algunos aspectos clave hija de los temores, de los miedos y de los tabúes de su tiempo; unos miedos que llevaron a cerrar el paso al derecho a decidir sobre aspectos clave de la convivencia social en una sociedad como la forma de Estado, la relación con la Iglesia católica, el modelo socioeconómico o la estructura política del Estado. El propio concepto de soberanía nacional, el carácter absoluto y excluyente que se recoge en los artículos 1 y 2 de la Constitución, es obsoleto para la realidad del siglo XXI; un concepto de soberanía que no sirve frente a los procesos de globalización económica, un concepto de soberanía que ha quedado desfasado ante el proceso de construcción europea, un concepto de soberanía, por cierto, que cuando interesa a la mayoría de esta Cámara, a los dos grandes partidos, y sobre todo cuando interesa a los poderes económicos, se pone al servicio de los mercados, como sucedió en la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española. Los conflictos democrático-sociales que hoy plantea la sociedad y que se vieron en esas tres manifestaciones no tienen otro tratamiento posible que la profundización en la democracia. Y de la misma manera que no es soportable que se estén adoptando medidas económicas que no han sido votadas por la ciudadanía porque no estaban en ningún programa electoral, no es de recibo tampoco que hoy se continúe negando el derecho de la ciudadanía de Cataluña a decidir cómo quiere articularse políticamente. Ello es especialmente sangrante desde una perspectiva generacional. Han pasado treinta y cuatro años desde una Constitución que acordó una forma de Estado basada en la descentralización política en las comunidades autónomas. Lo que no tiene ningún sentido desde una perspectiva democrática es que treinta y cuatro años después eso se vea como una cosa inmutable y que las generaciones posteriores a la de 1978 tengan prohibido, per saecula saeculorum, poder decidir sobre cómo quieren organizarse políticamente. Lo lógico es que esta Cámara aborde ya una profunda reforma constitucional, que entre otras cosas debería incluir una reforma de los artículos 1 y 2 de la Constitución española para incorporar un concepto de soberanía menos absoluto, más excluyente, necesario en unos momentos en que toda las soberanías son compartidas, porque la verdad es que en términos de soberanías no sirve aquello de que quien puede lo más puede lo menos. Es una frase muy sencilla, pero de tan simple es absurda.

Que Cataluña pueda convocar consultas para conocer la opinión de su ciudadanía debería ser algo más que una cosa discutible, debería ser algo que nadie pudiera discutir en términos democráticos en esta Cámara. Además es una cosa que interesa a todos, salvo, claro, a aquellos que prefieren mantener enquistado el conflicto para así continuar tapando las connivencias en su política de recortes de derechos, como la connivencia que mantienen Partido Popular y Convergència i Unió en España o Convergència i Unió y el Partido Popular en Cataluña. Además de que no se puede discutir en términos democráticos y nos interesa a todos, creo que es muy útil para todo el mundo conocer la opinión democrática de la ciudadanía de Cataluña en relación con las diferentes formas de relación que quiere mantener con España y que existen hoy en la sociedad catalana, que pueda decidir entre el mantenimiento de un Estado autonómico o la configuración de un Estado propio que establezca relaciones federales o la de un


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Estado propio que prefiera ejercer la independencia política. Abrir la puerta a que la ciudadanía opine y decida nunca puede ser negativo desde una perspectiva democrática, y eso es lo único que en estos momentos se está planteando, no el resultado final, sino el proceso democrático y el derecho a decidir.

Otra cosa es que legítimamente se plantee que este derecho a decidir no sea exclusivo ni excluyente de los ciudadanos de Cataluña y que determinadas decisiones requieren de un proceso consensuado desde el primer momento y muy probablemente reformas legales y constitucionales. Esta Cámara debiera escuchar las sabias recomendaciones publicadas ayer por Francisco Rubio Llorente, el que fuera durante muchos años vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado. Este prestigioso constitucionalista nos aconseja lo siguiente: si Cataluña desea cambiar su relación con España no se pueden poner obstáculos formales; lo que hay que hacer es averiguar la existencia, amplitud y solidez de esa voluntad popular. Coincido plenamente con esa apreciación sabia, y para ello creo que la única posibilidad en democracia de saber qué piensa una ciudadanía, en este caso la ciudadanía de Cataluña, sin duda es permitirle autorizar y sobre todo entender que debe ejercer su derecho a decidir.

Esta es, creo, la reflexión que tiene que hacer hoy esta Cámara. Es sin duda la reflexión que más pronto o más tarde deberá hacer esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Una frase. Es la reflexión que deberá hacerse el 26 de noviembre, sea cual sea el resultado de las elecciones del día 25 en Cataluña. Señoras y señores diputados, cuanto antes lo entendamos, cuanto antes entendamos que esa reflexión es posiblemente la única salida racional y civilizada, que es el derecho democrático a decidir, mucho mejor para todos, mucho mejor para el conjunto de la sociedad de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, este es un debate que en una sociedad democrática madura se debería desarrollar con toda normalidad. Renan dejó dicho que la democracia también es el plebiscito cotidiano. Y en este plebiscito cotidiano, señorías, desde hace treinta y cinco años, en dos naciones del Estado español, en dos territorios del Estado español, en Cataluña y en el País Vasco, hay un sistema de partidos políticos claramente diferenciado de aquel que es mayoritario en estas Cortes Generales. Y los ciudadanos de Cataluña hemos sido convocados otra vez el 25 de noviembre para configurar el Parlamento de Cataluña de la X legislatura. Señorías, en este Parlamento de la X legislatura catalana más de uno, más de dos y más de tres partidos, muy probablemente, vamos a llevar en nuestro programa electoral el derecho a decidir, el derecho a que el pueblo de Cataluña decida libremente su futuro como nación. Y no hay nada que pueda parar la democracia, no hay nada que pueda parar la voluntad del pueblo y, en este caso, la manifestación de pueblo de Cataluña a través de una manifestación tan democrática como son las elecciones, también las próximas elecciones del 25 de noviembre.

Cataluña ha expresado su camino de futuro, lo expresó el año 1979 con el referéndum del Estatut; lo expresó el año 2006 con el referéndum del Estatut, que después fue amputado por el Tribunal Constitucional fuera de plazo, y de ahí vienen algunas de las explicaciones del momento político actual de Cataluña.

Señora Díez, usted dice: la democracia decide sobre lo que no se puede votar. Es cierto, y la democracia decide, los demócratas decidimos básicamente que no se puede votar sobre posiciones antidemocráticas y no se pueden mantener posiciones que no respetan el derecho a decidir de una colectividad. Y, sobre el derecho a decidir de una colectividad, resulta que usted es mucho más esencialista que lo que usted considera las formaciones nacionalistas. Usted es esencialista en su planteamiento del futuro de Cataluña y del futuro de España. Señora Díez, si el próximo 25 de noviembre una mayoría clara y contundente del pueblo de Cataluña opta por partidos políticos que incorporan en su programa electoral el derecho a decidir, le pido que tenga una actitud de respeto democrático a la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña, que también, quizá, expresará, reafirmará a través de esas elecciones aquello que durante treinta y cinco años hemos reafirmado democráticamente, que Cataluña es una nación con un sistema de partidos políticos nacionales y con una vocación de autogobierno. Con una vocación de autogobierno que durante muchos, muchísimos años deseamos desarrollar en el marco del Estado


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español, y durante muchos, muchísimos años propusimos y construimos un Estado que tenía que ser un Estado compartido, un Estado que acogiera el carácter pluricultural, plurinacional y plurilingüístico del Estado español. Pero han sido algunos excluyentes y han sido discursos como algunos que hemos escuchado esta tarde los que han llevado a expresar esta vocación, no a los partidos políticos, sino a una inmensa mayoría del pueblo de Cataluña, de forma cívica, de forma constructiva, de forma pacífica, proyectándose y comunicándose con el resto de España, pero comunicándose con el resto del mundo.

Señora Díez, no tenga una posición esencialista, permita el ejercicio de los derechos colectivos. Y no me venga a decir que el derecho a la autodeterminación es un derecho de los pueblos en vías de descolonización. Porque, señorías, en el año 1991, en el corazón de Europa, el pueblo alemán ejerció el derecho a la autodeterminación para ejercer su reunificación. Vamos a ver qué nos depara democráticamente el futuro. Tengamos hoy en esta Cámara, tengamos los próximos días y semanas en el ámbito de las elecciones de Cataluña un debate democrático, y en aras de la democracia y, en consecuencia, a la luz de la democracia, respetemos el camino colectivo, respetemos el camino de los pueblos y de las naciones.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, presidente.

Señorías, esta proposición no la presenta el Parlamento de Cataluña, no, la presenta Esquerra Republicana; y tengo que preguntarles, en primer lugar, a quién representa esta petición con el Parlamento de Cataluña disuelto. En segundo lugar, por qué se presenta esta proposición hoy, en vísperas de las elecciones de Cataluña. Señorías, déjenme que les diga con toda sinceridad que, en nuestra opinión, esta no es la forma de abordar este problema delicado. No nos parece que se trate más que de un puro oportunismo y de una acción cargada de frivolidad sobre un tema cargado de seriedad y de trascendencia.

Señorías, nuestro grupo entiende, en primer lugar, que el debate de esta cuestión, además de estar fuera del tiempo, está fuera de nuestra Constitución. Lo digo sin ningún tipo de matiz. Y lo está porque la Constitución otorga al Gobierno de España y a las Cortes Generales la capacidad de autorizar los referendos, consultas que son de especial transcendencia, como todo el mundo sabe, y mucho más la que subyace en el fondo de esta proposición; le otorga a las Cortes Generales una capacidad que solo ella puede ejercitar por el bien del interés general, por la representación de la soberanía popular que solo esta Cámara tiene. Una extensísima doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado que esta es una competencia exclusiva que no se puede delegar porque justamente es a quien corresponde esta autorización, al Parlamento.

Por otra parte, señorías, una consulta como la que se plantea y que el proponente ha explicitado en relación con la posible consulta al pueblo de Cataluña sobre un eventual derecho de autodeterminación infringe, en nuestra opinión, los artículos 1 y 2 de la Constitución, porque atribuye la soberanía nacional no al pueblo español sino a una parte de él. Hay que decirlo así de claro. Pero, fíjese, señor Bosch, también voy a serles franco en una argumentación política, porque yo comparto que hay un debate político y porque tenemos que hacerle frente. Ahora, déjenme que les explique cuál es la manera que tenemos nosotros de ver este asunto, alejados de cualquier temor a votar. Porque, por cierto, votamos desde hace treinta y cinco años, señorías, no hay ningún temor a nada, no hay ni mucho menos temor a votar. A quienes luchamos por votar, ¿cómo nos lo pueden ustedes decir? Nosotros creemos que el derecho a votar cada cosa en cada sitio y a decidir lo que corresponde en cada momento es un derecho inalienable. Pero, fíjense, nosotros pensamos que los problemas territoriales basados siempre en la existencia de sentimientos de pertenencia diversos, siempre plurales, muchas veces encontrados en la raíz de nuestras comunidades, catalana, vasca o de otros territorios, no se resuelven, déjenme que se lo diga con toda franqueza, con una consulta que obliga a los ciudadanos a elegir entre dos posiciones extremas, cuando curiosamente la sociología política, las encuestas y los resultados electorales que llevamos viendo treinta y cinco años demuestran que la mayoría de esas poblaciones, la suya, la mía y la de otras comunidades autónomas, tiene sentimientos de pertenencia compartidos. Más del 65 % de los ciudadanos catalanes se manifiestan compartiendo una identidad catalana y española. ¿Por qué tenemos que obligarles a decidir entre dos extremos, entre dos posiciones que no son las que reflejan esa pluralidad, esa complejidad identitaria?

Señorías, cuando digo esto no estoy negando de que los ciudadanos puedan votar, que el pueblo pueda expresarse y que incluso el conjunto de una comunidad pueda expresar una voluntad política determinada, una voluntad política que, aprovecho para decirlo con claridad, claro que tiene el derecho a


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conformar realidades jurídicas concretas. Claro, la voluntad democrática yo no la cuestiono, pero esa voluntad democrática que puede alterar el statu quo jurídico-político que nos hemos dado tiene que ser siempre: a) En condiciones de exquisito respeto democrático, y b) Con mayorías estables, mayorías muy cualificadas que configuren una aspiración muy clara y, al mismo tiempo, que se expresen de manera estable, de manera permanente en el tiempo y que configuren una mayoría vertebrada social y territorialmente. Mi pregunta es, señorías, si el camino para construir esa voluntad democrática tiene que hacerse a través de una supuesta consulta un día, en determinadas coyunturas como las que estamos viviendo, para que digan sí o no a dos posiciones extremas. Créanme que es puramente la democracia la que me lleva a decirles que no es ese el camino.

Señorías, en mi opinión, con todo respeto, la llamada consulta decisoria sobre la independencia o no no es el camino; en mi opinión, no es la solución de nada, es el problema de todo y de todos. No, señorías, la política democrática no es preguntar al pueblo qué quiere ser, sino recoger la problemática que un pueblo expresa, que una voluntad democrática expresa, con las complejidades que tenga en lo identitario, en las relaciones políticas, en las relaciones económicas entre Cataluña y España, y resolverlas, dialogar y pactar, negociar. Y después, sí, después al pueblo se le consulta y se le dice que el pueblo ratifique, pero hay que dejarle a la política democrática representativa que ejerza su responsabilidad. Hay que establecer que la política resuelva esos problemas, y luego, sí, ¿que el pueblo vote? Claro. ¿Que el pueblo decida? Claro. ¿Que vote en referéndum? Sí, como el que convocó Pasqual Maragall hace unos pocos años, para consultar al pueblo si estaba de acuerdo con la reforma estatutaria, que convocó él, sin permiso de nadie, porque era la facultad legal que tenía, bajo la Constitución, para poder hacerlo.

Señorías, parece como que España está condenada o que alguien nos quiere llevar a dos extremos: a una ruptura de lo que llamaríamos nuestra configuración territorial, a la ruptura independentista; y hay también, desgraciadamente, demasiadas voces que nos llevan a una recentralización antiautonomista. Quiero decirles, señorías, en nombre del Grupo Socialista, que nuestra apuesta es el avance autonómico en una perspectiva federal. Lo quiero decir con claridad, para nosotros la reforma federal de nuestro modelo territorial ofrece significativos y notables avances en el autogobierno y en la organización eficaz del Estado.

Y termino, señor presidente. Hay dos palabras que resumen mejor que nada lo que he querido transmitirles con mayor o menor torpeza: ley y pacto; ley y pacto. Ley porque la democracia son reglas, porque la democracia en gran parte es precisamente el respeto y el cumplimiento de las normas. Miren ustedes alrededor, vean los países más serios del mundo, desde Estados Unidos hasta Francia o Inglaterra o Alemania, y el sentido y la cultura del respeto a la ley y a la Constitución invade cualquier debate político. Esto es imprescindible que lo mantengamos. Y digo pacto porque el pacto es la consecuencia del diálogo, porque solo el pacto resuelve los problemas complejos, porque fuera del pacto hay división, hay conflicto, hay inestabilidad, y en tiempos como los que vivimos, señor presidente, en tiempos de crisis territorial -cómo negarlo-, de crisis económica brutal, de crisis política -cómo negarla-, de crisis social, en tiempos como estos, qué bueno es recordar que justamente bajo el consenso y bajo el pacto hemos construido lo mejor de nuestra historia. Dialogar y pactar, siempre en el marco de nuestras leyes, ese es nuestro camino, señorías.

Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García-Tizón.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará no a esta proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, y lo hará por respeto a los que nos votaron y a la Constitución que todos nosotros hemos jurado o prometido acatar. Esta iniciativa adolece de un escaso, por no decir nulo, rigor técnico-jurídico, representa una amalgama de conceptos jurídicos constitucionales contrapuestos, es de imposible cumplimiento y es incompatible con la Constitución.

Esta proposición no de ley contiene un mandato al Gobierno para que transfiera una competencia de titularidad estatal a la Generalitat de Catalunya. Dicha competencia consistiría en las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de referendos consultivos, su ámbito de aplicación sería la ciudadanía de Cataluña y la transferencia tendría como título habilitante el artículo 150.2 de la Constitución. La iniciativa cuenta además con una exposición de motivos en la que se hacen una serie de consideraciones sobre el papel del referéndum en la democracia representativa y el alcance del


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artículo 150.2 de la Constitución ciertamente muy discutibles. Así, y contrariamente a lo que se señala en esta exposición de motivos, no puede decirse que en el modelo de democracia representativa el principal instrumento de participación ciudadana sea el referéndum, toda vez que, como su propio nombre indica, la participación de los ciudadanos en esta forma de democracia es indirecta y se ejercita precisamente por medio de representantes. En la democracia representativa el instrumento del referéndum es un complemento excepcional de la democracia por representantes, y contrariamente a lo que también pretende esta proposición no de ley, el mecanismo normal de toma de decisiones no es el referéndum sino las decisiones que se adoptan en cámaras o parlamentos como el actual, que dan acogida a los representantes de la ciudadanía.

Tampoco puede decirse, señor Bosch, que con el artículo 150.2 de la Constitución cabe la transferencia de facultades de ejecución de la legislación estatal en esta materia, toda vez que la competencia de que se trata, recogida en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución, es la competencia exclusiva del Estado para autorizar convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y no permite, por su propia naturaleza, la transferencia o delegación de facultades para su ejecución, conforme se solicita en la proposición no de ley.

Es igualmente imposible que el Gobierno transfiera la competencia solicitada ni que la Generalitat de Catalunya sea quien la reciba, ya que, de ser posible la transferencia, esta sería en todo caso del Estado a la comunidad autónoma y no del Gobierno de la nación a la Generalitat de Catalunya.

En lo que sí tiene razón esta iniciativa es en la referencia que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye en su artículo 122 a la comunidad autónoma respecto de consultas populares, con la excepción de las contenidas en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución, que son precisamente las consultas de decisión política a las que se refiere precisamente el artículo 22 de nuestra Constitución. Es decir, lo que ustedes proponen y pretenden se refiere a los referendos nacionales consultivos, respecto de los cuales hay una reserva de competencia exclusiva a favor del Estado, tal como se reconoce por distintas sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas, una que conocerán bien, la 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Nuestra Constitución reconoce tres tipos de referendos: el de reforma constitucional, el consultivo para decisiones políticas de especial trascendencia del artículo 92 y, según la propuesta del representante en su día del Partido Comunista de España, el señor Solé Tura, los referendos territoriales que se refieren a comunidades autónomas por razón de estatutos de autonomía y a los entes locales. Estos últimos referendos son los que tienen un ámbito de aplicación determinado, el territorio al que afectan, pero los dos primeros, el de reforma constitucional y el referéndum consultivo, tienen un ámbito nacional, por cuanto afectan al conjunto de toda la soberanía nacional en cuanto que es un referéndum consultivo que ha de ser sometido y decidido por toda la ciudadanía.

En nuestra Constitución no hay una soberanía distinta a la nacional, esta es única, no divisible y reside en el pueblo español, no hay una soberanía catalana ni una soberanía vasca ni una soberanía andaluza ni una soberanía gallega ni cualquier otra soberanía propia de las distintas comunidades autónomas; es el pueblo español en su conjunto el titular de la soberanía nacional y no cabe, por ello, la celebración de referendos de naturaleza consultiva para ámbitos distintos del nacional. Lo anterior se explica fácilmente si se atiende al objeto de estos referendos consultivos, que no son otra cosa que las decisiones políticas de especial trascendencia, lo que requiere un pronunciamiento al respecto de todos los ciudadanos. Dicho de otra forma, la Constitución no permite que decisiones de esta naturaleza y que van a afectar a todos los ciudadanos solamente tengan el pronunciamiento de una parte del pueblo español.

Por tanto, es claro que lo pretendido por Esquerra Republicana de Catalunya con esta iniciativa no es otra cosa que una modificación constitucional encubierta, y para que su propuesta pudiera salir adelante requeriría necesariamente de una modificación constitucional. A estos efectos no está de más señalar que la Constitución de 1978 supone un lugar de encuentro, un principio de equilibrio entre posiciones muy distintas. Su gran acierto consistió en encontrar fórmulas en lo político, en lo social, en lo económico y en lo territorial que pudieran ser compartidas por la mayoría del pueblo español. De ahí su éxito en los más de treinta años de vigencia, la más larga de todo el constitucionalismo español.

Con esta Constitución se acababa la práctica histórica consistente en que cada grupo al llegar al poder hacía la Constitución que mejor se adaptaba a su particular modelo de configuración constitucional, lo que traía como consecuencia un devenir de textos constitucionales en general contrapuestos. Era la Constitución de unos contra la de otros, de ahí su inestabilidad y su falta de permanencia. Nunca han faltado grupos políticos que pretendan volver a esa mala práctica de pretender imponer su propia Constitución a los demás, y seguramente no faltarán en el futuro. Pero nuestros constituyentes ya tuvieron


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en cuenta esta mala práctica histórica y dotaron a la Constitución de los mecanismos necesarios para evitarla, articulando un proceso de reforma constitucional que requiere de una amplísima mayoría para llevarla a cabo. A nuestros constituyentes les debemos una Constitución que ha servido de garantía de derechos y libertades a todo el pueblo español, y también les debemos la prevención que incorporaron al propio texto constitucional de evitar que esta situación se modifique si no es con igual respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, los mismos que aprobaron nuestra vigente Constitución.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe ir usted acabando.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Acabo ya, presidente.

Los principios que sustentan nuestra Constitución en orden a constituir España en un Estado social y democrático de derecho, residenciar la soberanía nacional en el pueblo español, la monarquía parlamentaria como forma política del Estado, la indisoluble unidad de la nación española y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran solamente se modificarán si la inmensa mayoría del pueblo español así lo decidiera, y por lo que respecta al Grupo Parlamentario y al Partido Popular, esta modificación no está planteada, al estar los hombres y mujeres que pertenecemos a esta formación política plenamente identificados y comprometidos con estos principios constitucionales.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APROBACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA JÓVENES. (Número de expediente 162/000245).

El señor PRESIDENTE: La siguiente proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular y trata de la aprobación de un plan de empleo para jóvenes. Para su defensa, tiene la palabra el señor Uriarte.

El señor URIARTE AYALA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la presentación de esta proposición no de ley responde al firme compromiso de un partido político y de un Gobierno encabezado por Mariano Rajoy con los dramáticos problemas que viven millones de jóvenes en nuestro país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). España es un caso único dentro de la Unión Europea. Mientras en Europa la tasa media de desempleo en los menores de veinticinco años es del 21,4 %, en España encabezamos el ranquin con un 46,6 % de paro juvenil, más del doble de la media de la Unión Europea. Este es un dato sangrante en sí mismo, pero es aún más dramático cuando nos comparamos con los países con los que hemos querido ser potencia competitiva en un futuro y vemos que países como Alemania y Holanda tienen un paro juvenil por debajo del 9 %. Tenemos 46,6 % de jóvenes en el paro, y eso sin sumar a los que tienen hoy entre veinticinco y treinta años, que son también susceptibles de estar queriendo conformar un proyecto personal que se ve truncado por la falta de expectativas para conseguir un trabajo. Un 46,6 %, casi 900.000 jóvenes con nombres y apellidos, hace recordar a este diputado cómo ya en mayo de 2008 le preguntaba sobre medidas concretas al señor ministro de Trabajo, el señor Corbacho, y él contestaba con la escalofriante cifra del 20,5 % de paro juvenil; menos de la mitad de paro juvenil hace cuatro años, señorías. Desde esas escalofriantes cifras del 20,5 % hasta las que hemos alcanzado en estos momentos han pasado cuatro años, tres años con un Gobierno socialista y diez meses con el Gobierno del Partido Popular. No es mi intención remontarme hoy a cómo hemos llegado a esta situación y el grado de responsabilidad que tiene el Gobierno anterior, aunque considero que también tiene nombres y apellidos. Lo que creo ahora, señorías, y es lo que vengo a proponerles aquí esta tarde, es que es hora de afrontar el problema y atajarlo.

El presidente del Gobierno se comprometió en esta Cámara en el debate de investidura a elaborar un plan de empleo juvenil. Desde hace diez meses y desde distintas áreas ministeriales se está trabajando en elaborar las propuestas que conformen una estrategia transversal en áreas como la inserción laboral de emprendedores, educación, vivienda, para lograr generar oportunidades a la juventud española. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya anunció en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de esta Cámara que la estrategia contará con programas impulsados desde la Administración General del Estado y estará cofinanciada por el Fondo social europeo con el objetivo de aunar esfuerzos, en colaboración con la iniciativa privada, con las comunidades autónomas, las entidades locales y otros agentes sociales que quieren sumarse también a este necesario reto de ofrecer un futuro a nuestros jóvenes. Acciones, señorías,


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todas ellas, con una única finalidad, dotar de capacidades y oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan encauzar su propio desarrollo personal y con ello avanzar en los planes de futuro que quieran en sus vidas.

En esta Cámara muchos de los grupos parlamentarios no han querido ser ajenos a seguir fomentando propuestas y acciones dirigidas a la juventud española. Al compromiso del presidente del Gobierno y a los anuncios de la ministra de Trabajo se han sumado otro tipo de iniciativas parlamentarias, como la aprobada hace menos de tres meses por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Izquierda Unida y una parte del Grupo Mixto, donde se exigía también la adopción de un plan de emergencia. La iniciativa de hoy ante esta Cámara es la comprobación de un compromiso firme de nuestro grupo parlamentario y de otros de seguir impulsando un plan de empleo joven, completo, eficaz y eficiente.

Hoy sus señorías han presentado algunas enmiendas a la proposición no de ley. Como he comunicado al resto de grupos parlamentarios, se sigue trabajando en ese esfuerzo de intentar que salga una iniciativa de toda la Cámara para poder presentarles a lo largo de esta tarde una redacción que pueda sumar las inquietudes que han presentado todos los grupos parlamentarios. Les pido que hoy sea un día para llegar a un acuerdo por la juventud española. Creo que es un reto de todos poder atajar el problema. Desde luego es la intención de este Gobierno y, como tal, el Grupo Parlamentario Popular ha querido presentar esta iniciativa.

Muchas gracias a todos. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría para plantear sus enmiendas.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.

En relación con esta proposición no de ley -me dirijo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular- tenemos que empezar a utilizar un adjetivo calificativo, y es la de extemporánea, extemporánea desde una doble perspectiva analítica. Primero usted ha utilizado referencias legales que pertenecen a la anterior legislatura y no se han fijado en lo aprobado normativa o legislativamente por estas Cortes Generales en la legislatura en que ustedes están gobernando, ustedes como grupo parlamentario apoyando al Gobierno. Además están utilizando también -y este es el segundo elemento de extemporaneidad de esta proposición no de ley- datos estadísticos de la anterior legislatura. Su propuesta es de esas con un contenido un tanto diabólico, porque es difícil decir que no al pedimento, al contenido. ¿Cómo no vamos a estar todos de acuerdo en elaborar un plan de formación profesional que se ajuste a los requerimientos del mercado de trabajo? Dicho así es difícil decirle que no, pero se puede refutar y contradecir la práctica totalidad de su argumentario, y se lo digo con todo el respeto que sabe usted que le profeso. ¿Por qué? Por varias razones.

En materia de empleo, en primer lugar, ustedes no están haciendo nada que merezca la calificación de razonable. Es decir, están haciendo lo contrario a lo que en materia de empleo se debería hacer, como ha sido comentado por premios Nobel de Economía tan prestigiosos como Krugman, Stiglitz y otros, y lo que dictamina el sentido común. En una situación de recesión, que se puede convertir en una situación de depresión económica, están realizando reformas laborales, que por cierto usted paradójicamente no cita en esta proposición de ley, no sé si por la fecha de su presentación o de su redacción, como la que ustedes han aprobado que es procíclica a la destrucción del empleo. Es procíclica a la destrucción del empleo por dos razones: en primer lugar, porque descausaliza las causas de remoción o de exclusión del mercado de trabajo; en segundo, porque abarata el despido; pero, en tercero, porque precariza las fórmulas contractuales destinadas a los jóvenes, no en el ámbito de la formación profesional sino en el contractual, en el puramente contractual, que es el más relevante desde la perspectiva de análisis del ordenamiento jurídico. Cuando ustedes elevan los contratos en prácticas y en formación de setenta y cinco horas de trabajo efectivo en la empresa a ochenta y cinco están posibilitando, cuando menos, un fraude de naturaleza colectiva, porque los empresarios van a utilizar esta fórmula, el contrato en prácticas, en sustitución del contrato laboral ordinario. Cuando ustedes elaboran un contrato nuevo, llamado de emprendedores, que eleva a un año el periodo de prueba, están realizando una actividad procíclica a la destrucción del empleo juvenil, que es la posibilidad del fraude colectivo también, que no sé si se va a realizar o no se va a realizar, si se va a ejecutar o no, probablemente sí, y el día trescientos sesenta y cuatro de este periodo de prueba tan amplio, tan desmesurado, se van a resolver estas relaciones contractuales liberalizando el despido, el despido libre. Es una especie de consagración del despido libre en el ámbito del empleo juvenil.


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Las cifras que usted ha citado tampoco son verdad. En relación con los menores de veinticinco años el desempleo ya alcanza al 53 % de los jóvenes. Se está utilizando como elemento referencial, para definir quién es un desempleado joven que busca su primer empleo, un desempleado que tiene menos de treinta años, y si siguen las cosas como están acabaremos considerando a un desempleado joven que busca su primer empleo a un desempleado con menos de cuarenta años, y así sucesivamente. ¿Por qué? Por las situaciones o por las propuestas procíclicas a la destrucción del empleo, particularmente el juvenil, que ustedes están propiciando. Estamos sustituyendo o creando una suerte de segunda emigración colectiva. Los que ahora se marchan a trabajar a Alemania, a Estados Unidos, a Australia y a otros países, con títulos de másteres y doctorados debajo del brazo, son los nietos o los biznietos de los que acometieron la primera gran emigración española, no con másteres sino con maletas de cartón. Desde luego, la formación profesional es un instrumento absolutamente imprescindible para remover los obstáculos que están provocando unas cifras de desempleo juvenil tan abultadas, que están deshilvanando un elemento de cohesión social, que es la hilatura del empleo en relación con los jóvenes, que están desesperados. Usted es un hombre joven y lo conoce perfectamente, porque no hay ninguna posibilidad de encontrar empleo, ni siquiera con las fórmulas que usted propone.

Además -con esto acabo, señora presidenta- están vulnerando títulos competenciales de las comunidades autónomas que nosotros no estamos en predisposición de habilitar; en concreto dos. Son los títulos competenciales relativos a educación y formación -me gustaría un posicionamiento por su parte en la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado- y el título competencial que configura, que es una competencia autonómica también, las políticas activas de empleo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí acabo ya con estas palabras.

En tanto en cuanto podamos ponernos de acuerdo sobre esta cuestión y sobre las enmiendas presentadas por mi grupo -acabo ya con estas palabras- podremos pensar que es razonable solicitar una gota de agua en el cataclismo que es el desempleo juvenil que es lo que ustedes proponen. En tanto en cuanto esto no sea así, tendremos que seguir discutiendo qué hacer con unos jóvenes que van a constituir una generación sociológicamente perdida en nuestro país.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, finalice.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, si nuestra enmienda es aceptada probablemente podamos votar que sí a la proposición no de ley, y si no es aceptada, en términos contrarios, no podremos aceptarla.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de UPyD, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Permítanme, señorías, que comience mi intervención constatando una obviedad, y es que el Grupo Popular tiene una situación totalmente distinta al resto de grupos de la Cámara. Es un grupo que tiene mayoría absoluta y que está sustentando al Gobierno. Por tanto, sus prioridades, sus intenciones, no tienen por qué manifestarse en las PNL; se manifiestan en el BOE, se manifiestan en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, nos podemos preguntar a la luz de las medidas que han tomado hasta ahora, a la luz de los presupuestos que han salido en el BOE, ¿qué podemos ofrecer a los parados jóvenes en la línea de la proposición que están aquí presentando? ¿Qué les podemos ofrecer? Podemos ofrecerles por ejemplo formación; los jóvenes parados tienen una necesidad especial de formación. Podría ser un componente de su plan de empleo juvenil. El problema es que la partida de los presupuestos dedicada a la formación de los parados son las políticas activas de empleo, y se han reducido un 20 % en los presupuestos pasados y un 34 % en los actuales; se han reducido a la mitad en dos años, 3.500 millones de reducción. No parece que en el plan de empleo juvenil vaya a haber un componente de formación, a la luz de los presupuestos. Les podríamos ofrecer, ya que no formación, protección mientras están parados. Aquí también hay problema. Hace poco endurecieron el Plan Prepara, especialmente para los jóvenes, al computar la renta de los padres; hace poco redujeron las prestaciones a partir del séptimo mes; hace poco endurecieron los accesos, tanto al subsidio como a la renta activa de inserción. No parece


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que tenga sentido ahora que en su plan de empleo juvenil vayan a hablar de mayor protección a los parados jóvenes, porque en los presupuestos del Estado se incluye un decremento del 6,3 % en el gasto en desempleo. Difícil va a ser protegerlos mejor con menos dinero, parece.

Ustedes pueden decir con su típica frase que la mejor política social es el empleo; no les vamos a formar mientras están parados, no les vamos a proteger mientras están parados, pero ahora van a encontrar un empleo gracias a nuestra reforma laboral. Ya han ido saliendo datos desde su reforma laboral, y hoy en día el 94 % de los nuevos empleos siguen siendo temporales, además de que el empleo continúa cayendo. El paro juvenil es el doble del paro del país; la precariedad y la dualidad que existía, y que les dijimos que iban a seguir existiendo, ahí están. Con su reforma laboral cuando se pierda el empleo los jóvenes serán los primeros en perderlo. Por eso el 53 % de ellos están parados, el doble de la media, y cuando salgan del paro, si lo logran, tendrán un empleo de corta duración con la perspectiva seguramente de volver a caer en el desempleo sin protección. No parece que en el plan de empleo juvenil se den las perspectivas de empleo muy buenas para estos jóvenes parados.

Por último podrían decir que no los van a formar mientras están parados, no los van a proteger mientras están parados, no van a tener acceso a un empleo digno, pero se va a ir a la raíz del problema, se va a crear un magnífico sistema educativo para que a partir de ahora no pasen estas cosas. Bien, en los presupuestos de los dos últimos años ha caído el gasto en educación en un 31 %, las becas Erasmus se reducen un 60 % y las becas Séneca un 35 %. No parece que un componente de su plan de empleo juvenil vaya a ser un mejor sistema educativo. ¿Qué va a tener este plan de empleo juvenil? Tal vez, como algunos portavoces de su grupo han dicho, ofrecerles que enriquezcan sus horizontes viajando al extranjero, emigrando al extranjero, para que así conozcan otros países. Desde luego parece ya el colmo presumir de esto, de que las personas jóvenes que no encuentran una oportunidad en su propio país tengan que buscarla fuera porque aquí no encuentran salida.

Nosotros intentamos ser coherentes en nuestra votación, hemos apoyado este tipo de iniciativas en el pasado y lo que hemos incorporado a la suya es un mínimo de concreción. Por lo menos introduzcan un plazo para que esto se ponga en práctica, por lo menos comprométanse a que tiene algún tipo de dotación presupuestaria. Esperamos ver su respuesta a esas enmiendas que hemos planteado. Sin embargo, señor Uriarte -si me lo permite-, con quien va a tener usted un problema es con su propio grupo, porque otros grupos en el pasado han planteado iniciativas muy similares a esta y su grupo ha votado en contra. Me imagino que ahora, por coherencia, volverá a votar en contra porque, si no, no entendemos por qué si lo presenta el partido A es muy malo y si presentan ustedes lo mismo es maravilloso. Nosotros intentaremos mantener la coherencia; creemos que ustedes van a tenerlo más difícil.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Desde el cariño y la estima que le tengo, señor Uriarte, he de decirle que la cuestión de fondo, el desempleo juvenil, quizás uno de los problemas más graves a los que está haciendo frente nuestra sociedad, hubiese exigido, siendo usted diputado de la mayoría, una proposición no de ley con un nivel de concreción más sustancial que el que nos propone. Le han recordado otros portavoces que llevamos ya unos cuantos meses de legislatura, que hemos podido discutir en distintas ocasiones esta cuestión, que la propia Cámara aprobó una moción de Convergència i Unió pactada con su grupo en la que mandatábamos al Gobierno la elaboración de un plan de choque contra el desempleo, y fruto precisamente de las enmiendas que ustedes formularon se hace una referencia específica al desempleo juvenil. Hoy ustedes nos presentan esta proposición no de ley -se lo decía el señor Olabarría-, y difícilmente nadie puede oponerse a que el Gobierno dé cumplimiento a los propios mandatos que el Congreso ya le ha remarcado ante este problema social, pero es evidente que al menos estamos perdiendo una oportunidad para poder discutir sobre qué medidas piensa impulsar el Gobierno para desarrollar esa política. Eso se produce además cuando en las Cortes, en el Congreso, hemos empezado la tramitación de los presupuestos para 2013 e igual que sucedió en 2012 el principal instrumento de política pública de empleo, las denominadas políticas activas de empleo, de nuevo -insisto en el de nuevo- ven reducida sustancialmente su aportación en estos presupuestos. El portavoz de UPyD le recordaba que en los presupuestos que estamos discutiendo en la Cámara tenemos un 34 % menos de recursos para destinar entre otras cosas


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a la lucha contra el desempleo juvenil. Por tanto, en el contexto de la discusión presupuestaria su propuesta nos parece de entrada poco creíble y el debate una oportunidad perdida.

Seguramente en el diagnóstico del problema coincidiríamos la mayoría. Hoy para buena parte de los jóvenes el reto está en tener una primera oportunidad de empleo, y todos los estudios apuntan a que aquello que castiga más a los jóvenes a la hora de acceder al empleo o de mantenerse en el propio empleo es su propia experiencia laboral. Eso debería llevar al Gobierno, tal como han hecho otros Gobiernos europeos de distinto signo político en contextos similares de alto desempleo juvenil, a poner en marcha medidas radicales orientadas a generar esas primeras oportunidades de empleo para esos jóvenes. De ahí que una de las ideas que plantea la enmienda de Convergència i Unió sea que el instrumento ideal para muchos jóvenes a la hora de incorporarse al mercado de trabajo -especialmente para aquellos que no son universitarios-, que es el contrato de formación y aprendizaje, sea un contrato subvencionado, no solamente en lo referente a sus cotizaciones sociales -eso ya se viene haciendo- sino en parte de la masa salarial; medida radical de choque encaminada a generar creación de empleo en el corto plazo. Hay otro instrumento que fue regulado en la pasada legislatura por el anterior Gobierno, que son las prácticas no laborales en el seno de las empresas, pero que en la práctica pueden convertirse en una primera experiencia laboral para muchos de estos jóvenes, junto con una revisión de la propia normativa que se elaboró en la pasada legislatura y que en la práctica está demostrando que no termina de funcionar -de nuevo también subvención sobre aquella parte que las empresas deben satisfacer como pago a esos trabajadores-. La primera experiencia laboral para cualquier joven hoy en el desempleo va a ser fundamental y la insistencia en los aspectos de la formación y de los emprendedores.

Todo ello, señorías, nos lleva a reclamar que hoy lo que tendría sentido es que la Cámara -se apelaba al consenso- aprobase una hoja de ruta que en esta materia pudiésemos compartir en sus elementos concretos, no simplemente un petitum tan amplio, tan genérico como el que usted plantea, que no aporta demasiado nuevo a aquello que la Cámara ya ha discutido y aprobado. Espero que esa transacción que el señor Uriarte ha anunciado desde la tribuna se pueda concretar y, en función de su contenido, podamos decidir nuestro voto. Si finalmente la transacción no nos pareciese razonable o no se llegase a plantear, Convergència i Unió optaría por la abstención ante el texto que usted nos plantea.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hernández Gutiérrez.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta.

Cuando la economía crece el empleo aumenta, pero los jóvenes y las jóvenes son los últimos en incorporarse a la tasa de empleo, y esto no crece en la misma proporción que el resto. En época de crisis, sin embargo -y en esta tan dura con más razón-, los jóvenes son los primeros en perder el empleo. En la época de crecimiento económico muchísimos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados y alentados por la burbuja inmobiliaria. Frente a esta realidad, otra, la de tantos y tantas jóvenes formados, formadísimos, que después de concluir sus estudios no encuentran su primer empleo. Esta es la primera crítica que tengo que hacerle a la PNL presentada por el Grupo Popular, que parece que quiere dar una respuesta muy simple, muy sencilla a un problema muy complejo: un plan de empleo -dice-. Es como si los jóvenes estuvieran todos en la misma situación, como si todos necesitaran las mismas respuestas, como si no fuera una realidad heterogénea y asimétrica a la que dar soluciones diversas. Estamos hablando de diferentes problemáticas, sin duda. No es la misma la realidad de los jóvenes que abandonaron sus estudios empujados por un espejismo, el de la burbuja inmobiliaria -muchos otros y muchas otras pensaron que era para siempre-, que el desencanto y la frustración que sufren muchos jóvenes que han hecho todo lo que les dijeron que hicieran -estudiar, estudiar, formarse, formarse y formarse-, y que, a pesar de eso, no encuentran un empleo en un mercado laboral incapaz de absorberles. Los primeros necesitan una segunda oportunidad y los segundos una primera. De verdad, no hagan operaciones de márquetin, no traigan aquí una cosa que dice llamarse plan de empleo y que ni siquiera está presupuestado, como bien han dicho. No llamen contrato indefinido -y aquí también se ha dicho- al contrato de emprendedores, que es un contrato sin garantías, con despido libre, sin indemnización, sin causa. Los jóvenes no necesitan operaciones de márquetin, necesitan respuestas, necesitan soluciones.

Hemos intentado dárselas en esta propuesta que tiene doce puntos y en otras anteriores que hemos debatido y votado en Comisión -no han salido adelante por el voto en contra de su grupo parlamentario,


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que tiene mayoría absoluta- y en el Pleno hace muy poco tiempo. Una generación entera vive una realidad marcada por el desempleo, la temporalidad, la precariedad, el paro, la inseguridad laboral, la incertidumbre; una generación entera vive una realidad no de precariedad laboral sino de precariedad de vida. Hay jóvenes que no pueden planificarse un futuro, que no pueden tener su propio hogar, que no pueden tener su independencia personal; jóvenes en incertidumbre continua sobre su presente y su futuro. Este es el problema del país. ¿Se acuerdan? El empleo, el desempleo ¿Se acuerdan? Aquello que vinieron a solucionar. Están aquí, están en esos bancos por eso, para solucionar el desempleo. Pues, fíjense, el 75 % del empleo destruido en estos cinco años tiene rostro de joven, porque esos jóvenes tenían contratos precarios, contratos con alta rotación y alta temporalidad. Esa fragilidad en el empleo es la que ha hecho que el drama del paro se cebe más con los más jóvenes. Es verdad que en un porcentaje muy elevado, como decía la OCDE, ni estudian ni trabajan. Si no estudian ni trabajan no es porque no quieran, es porque no pueden. Mientras, pasa el tiempo; y no es que no se solucione nada, es que se dificulta. El Gobierno no para de poner obstáculos en el camino de los jóvenes, en el camino del cambio de modelo productivo, en el camino de los nuevos yacimientos de empleo, en el camino de la formación y la educación, en el camino de la emancipación, en el camino de la independencia y el empleo de los jóvenes. No es que ya no den soluciones a los jóvenes, es que solo les traen problemas. Lo primero que hicieron fue cargarse las ayudas a la emancipación, a partir de ahí recortes en formación, recortes en políticas activas de empleo, menos becas, subida de tasas universitarias, menos investigación más desarrollo más innovación; los dejan fuera del Plan Prepara, y, por si no fuera suficiente, llevan casi un año -usted lo ha dicho- hablando de un plan de empleo juvenil que nunca llega. Mientras tanto, votan en contra de lo que se debate y se vota en esta casa. Fíjense solo en la última medida del Gobierno. Dejan fuera a los jóvenes del Plan Prepara; incluso, como bien dijo mi compañero Juan Moscoso, la causa por la que se les deja fuera del Plan Prepara es porque esos 400 euros los dedicaban a la formación. Les quitan los 400 euros porque los dedican a la formación. Lo más asombroso de todo es que no se pusieron ni colorados al decirlo. Uno de los puntos de nuestra enmienda es que los contratos de formación y aprendizaje...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, tiene que ir terminando.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Termino ya.

... dejen de ser una excusa y un medio para justificar el encadenamiento de contratos.

Fíjese, señor Uriarte, en algo que ayer le dije en nuestra conversación telefónica. Nos traen una propuesta que, siendo generosa, es bastante vaga. Tenemos aquí los Presupuestos Generales del Estado, cuyas partidas destinadas a la búsqueda de empleo ustedes han disminuido en un 50 %. Vamos a olvidar que no es nada concreta. Dótenla presupuestariamente. Ustedes están haciendo exactamente lo contrario de lo que dicen.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, acabe.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Ya termino, señora presidenta.

A otros diputados les puedo decir que es un tema de gente más lejana, pero a usted no. Usted conoce a esta gente de la que estamos hablando, usted conoce a estos jóvenes: es su hermana, es el que se sentaba a su lado en la guagua cuando iba al instituto, son esos con los que ha ido al cine, son esos que están en la plaza. Es esta gente la que se está yendo del país, es esta gente la que sopesa entre un trabajo de tres meses, estar en el paro un año o irse fuera. Hagamos algo, pero hagámoslo en serio. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hernández.

En turno de fijación de posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: (Comienza su intervención en catalán). Lamentamos una vez más que por tercera vez el Grupo Popular haya hurtado a la Cámara la posibilidad de discutir seriamente sobre la financiación de las comunidades autónomas, y especialmente sobre la desastrosa financiación de los valencianos, que nos está dejando a la cola en todos los indicadores. Hoy estamos hablando de la proposición no de ley de un plan de empleo juvenil. Yo creo que esta proposición demuestra bien a las claras el cinismo infinito del Grupo Popular, porque la gente espera de nosotros soluciones. Ustedes presentan esta proposición no de ley; la presentaron el 12 de marzo y siete meses después aún no han


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hecho nada por el empleo juvenil. Creo que es tener mucha desfachatez, muchísima, porque en los meses que llevan gobernando no han hecho otra cosa que aprobar decretos-leyes para incentivar el desempleo, para abaratarlo, para robar derechos a los jóvenes y a los mayores. ¿O ahora no se acuerdan de su reforma laboral, que nos ha llevado a altas cotas de desempleo, un 24 % de paro y un 52 % de paro juvenil? ¿O no se acuerdan del plan Prepara, que excluye a los jóvenes que viven con sus padres? Ustedes solo se preocupan del maldito déficit o de rescatar a los bancos; ustedes han olvidado a los jóvenes y a las personas; ustedes están preparando un futuro para ellos basado en el turismo barato, en los casinos o en el subempleo o, por el contrario, en un futuro lejos de su país.

He visto un ejemplo y quiero terminar con un testimonio de un joven valenciano al que usted posiblemente represente, señor Uriarte. Dice: Tristeza es lo que sentí cuando llegué el pasado domingo de nuevo a Berlín -vivo aquí desde julio de 2010- después de dos semanas de vacaciones en mi tierra, Valencia; tristeza porque no me queda más remedio que vivir aquí, al igual que cuatro de mis amigos, que viven en distintos lugares de Europa; tristeza por la tristeza de la gente en Valencia, porque otra vez nos toca irnos a los mismos. ¿De qué nos sirven ahora el aeropuerto para las personas de Castellón, el negocio de Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Calatrava? Aunque la rabia es la emoción adecuada...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que acabar.

El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan tres segundos.

Aunque la rabia es la emoción adecuada para encontrar la fuerza que impulse un cambio, lo que sentimos es tristeza.

Señores del Grupo Popular, no pierdan el tiempo con estos ejercicios inútiles de retórica. Si quieren hacer algo con los jóvenes, háganlo ya, aprueben este viernes uno de sus decretos-leyes exprés que de verdad ayude a los jóvenes.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, lo siento, se le ha acabado el tiempo.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición no de ley. Hemos de decir, en primer lugar, que no la podremos votar favorablemente. Si el Grupo Popular nos presentara una proposición no de ley con un detallado plan de empleo juvenil no sé si la podríamos apoyar o no, pero está claro que una propuesta como esta parece un cheque en blanco al Gobierno para que haga la política que está haciendo, a la que nos tiene acostumbrados. El Bloque Nacionalista Galego no va a votar a favor de esta propuesta.

No entendemos, siendo presentada esta proposición en el mes de marzo, que ustedes hoy no plantearan mucho más detalladamente lo que quieren hacer. Con relación a la propuesta que usted hace en marzo, hay dos temas que el Gobierno resolvió de acuerdo a criterios del Gobierno y del Partido Popular, en concreto incorporación de incentivos para la inserción laboral. Ya están incorporados en la reforma laboral con una serie de medidas que lo que hicieron fue precarizar el trabajo de los jóvenes e incluso hacer que los jóvenes sean eternos aprendices -lo dijimos en su momento-. En segundo lugar está la reforma del sistema de formación profesional. El Gobierno acaba de aprobar una reforma educativa en la que la reforma de la formación profesional está incorporada, por cierto encaminada a limitar las posibilidades de nuestros jóvenes a poder acceder a estudios superiores. ¿Cómo vamos a votar una propuesta como esta si lo que ustedes han hecho después del mes de marzo ha ido en detrimento de los derechos de nuestros jóvenes? Usted habló aquí de que el paro juvenil se redujera en estos últimos meses con relación al Gobierno anterior. ¿Ustedes han tomado nota de que en los seis primeros meses del año 2012 emigró un 44 % más que en el año 2011? ¿Han tomado nota de que la mayoría de esas personas que emigraron son jóvenes de la generación mejor formada y que lo que usted quiere es hacer una propuesta de plan juvenil...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... que, por lo que dice su exposición de motivos y por su intervención en esta tribuna, está dirigida a aquellos jóvenes con menos cualificación? Evidentemente, la reforma o cualquier política en relación con el paro juvenil tiene que englobar a todos los jóvenes: los formados y los menos formados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pero no podemos considerar un empleo para nuestros jóvenes el hecho de que puedan emigrar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.

Por el mismo grupo, señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la última reforma laboral permite que cualquier joven que acabe su carrera a los veintidós años esté con un contrato de prácticas hasta los treinta años, es decir, durante ocho años trabajará igual que cualquier otro empleado, pero no tendrá las mismas condiciones. Ahora, quienes apoyaron dicha reforma laboral pretenden crear un plan de empleo para los jóvenes. Bien. ¿Qué tal si empezamos abdicando la reforma laboral? Muchos decimos que los jóvenes y las jóvenes son el futuro, pero apenas invertimos en su educación, es más, recortamos ahí para invertir en gasto militar o en aeropuertos en los que nunca ha aterrizado ningún avión. Invertimos en un tren para llegar de Bilbao a San Sebastián en veinte minutos, pero la oferta de formación profesional en euskera deja mucho que desear. Ustedes, que ahora proponen un plan de empleo para los jóvenes, han desmantelado la educación pública, apuestan por una educación elitista, sin pensar en el futuro de todos y de todas. Gracias a su reforma laboral los contratos son precarios, los despidos gratuitos, hay sectores en los que el sexo marca el salario, las empresas se cierran y apenas hay oferta pública de empleo. Los jóvenes y las jóvenes no necesitan un plan, no; lo que necesitan es que el sistema que ustedes están diseñando cambie de arriba abajo, necesitan que Alemania no decida sobre su salario ni sobre la cotización a la Seguridad Social, y ustedes no están haciendo nada para que la situación general mejore. El Gobierno tiende la mano una y otra vez a los que más dinero tienen, a los que más controlan el mercado, a los que han creado esta situación. Mientras tanto, los datos de desempleo entre los jóvenes y las jóvenes claman al cielo y ni un plan, ni dos, ni siquiera tres parece que cambiarán esta situación. En Euskal Herria los jóvenes y las jóvenes se han sumado ya a cinco huelgas generales, cinco. Y ya lo dijimos en su día: presten atención, presten atención a la foto que hace un año salió de las elecciones municipales en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. Los jóvenes y las jóvenes también apostaron por el cambio, y tomen nota, porque el próximo 21 de octubre volverán a hacerlo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que nos enfrentamos a una proposición no de ley bastante particular. A lo que han dicho otros grupos nos sumamos nosotros también, y es que el Gobierno tiene la oportunidad de hacer este plan de empleo, en la fórmula que quiera plantear, sin tener que pasar ocupando un espacio en este Parlamento. De hecho, al final es tan abierto, tan ambiguo el proyecto que presenta, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que da la sensación, si uno pensara maliciosamente, de que el Grupo Parlamentario Popular lo único que está haciendo es ocupar un espacio en este Congreso, en este Parlamento, para que no se puedan debatir otros temas propuestos por otros grupos. En cualquier caso, y sumándome a muchas de las reflexiones y argumentos que se han planteado hoy aquí por otros grupos y que, insisto, compartimos en lo que se refiere a la ambigüedad que, por lo tanto, nos impide votar en contra, porque nadie puede estar en contra de simplemente, sencillamente proponer un plan de empleo al Gobierno, cuestión que nosotros también proponemos, exigimos al Gobierno que haga un plan de empleo, pero, de la misma forma, esa ambigüedad nos lleva a no poder votar que sí, porque no sabemos realmente de qué estamos hablando, en qué plazos, con qué dinero, qué se persigue, qué tipo de empleo, qué condiciones, es decir, estamos ante unos buenos deseos, un desiderátum que no parece que vaya a llevar a ningún punto concreto, y ante esas circunstancias nosotros solo podemos abstenernos. No obstante, me gustaría aprovechar para decir algo que otros grupos no han señalado, y es que el fundamento


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con el que el Grupo Popular parece, de lo que se deduce por la intervención de su portavoz, querer crear empleo juvenil, no tiene ningún fundamento económico. Porque por mucho que el Gobierno lo intente, el contexto actual de recesión, de falta de demanda agregada impide que dentro de la estrategia económica del Gobierno de austeridad y recesión anunciado por el Fondo Monetario Internacional, por economistas prestigiosos y premios Nóbel de Economía, incluidos, y no solo economistas nítidamente de izquierdas, plantean que en ese contexto el Gobierno lo único que va a conseguir es seguir destruyendo empleo. En esta situación actual, con esta falta de demanda tan importante es imposible que la iniciativa privada pueda generar el empleo que el Gobierno pretende, por la sencilla razón de que aunque este Gobierno le diera líneas muy baratas de crédito a los llamados emprendedores, por muy jóvenes que sean, qué tipo de productos van a vender en un mercado profundamente destruido como es el mercado español, más aún, en un contexto de incremento de la recesión.

Lo más importante es que el portavoz del Grupo Popular nos ha planteado que no quería hablar de por qué la situación de los jóvenes es la que es y no distinta, que no quería hablar del pasado, de las causas de la situación. Sin embargo, yo considero que es fundamental hacerlo. Si olvidamos por qué tenemos estas condiciones estructurales, nos olvidamos de cómo lo podemos solucionar, lo ignoramos. Aquí lo que no se ha mencionado, o no me ha parecido escuchar, es el concepto de modelo productivo. Por qué tenemos una tasa de paro tan elevada en comparación con otros países, incluido, me ha parecido escuchar, que el deseo del portavoz era competir contra países como Alemania, lo cual si uno observa los datos económicos es bastante poco creíble, porque Alemania tiene una estructura productiva profundamente diferente a la que tiene España. España tiene una estructura productiva resultado de una decisión política impuesta por el Partido Popular y el Partido Socialista en la alternancia en el Gobierno, que configuraba un modelo donde la construcción y el turismo eran el motor de la economía española. Y si ese es tu motor, al final la mano de obra que se necesita para poder darle gasolina a ese motor, es una mano de obra adscrita y cualificada en la medida que lo sea esa estructura productiva. Es decir, si teníamos empresas de la construcción, necesitábamos gente poco cualificada para poder trabajar ahí, y las que fueran cualificadas, vinculados a ese sector -arquitectos, ingenieros, etcétera-. Por eso, en la medida en que se nos ha caído ese modelo productivo, si el Gobierno no presenta un modelo alternativo productivo, todos los esfuerzos serán absolutamente en vano, porque si el modelo productivo de este Gobierno, cuya estrategia económica nos hace pensar que es un modelo productivo basado en bajos salarios, un modelo productivo orientado a las exportaciones de productos de baja intensidad tecnológica -no hay más que ver los recortes en ciencia-, si ese es el modelo que nos impone el Gobierno, lo que el Gobierno nos está diciendo es que necesita trabajadores poco cualificados, y entonces estará obligando a los jóvenes españoles muy cualificados a tener que exiliarse como hacían sus abuelos. Por lo tanto, nos abstenemos en esta proposición no de ley por considerarla muy ambigua y también insistimos en que cuando hablemos y debatamos sobre cuestiones tan importantes como esta, hay que traer argumentos, datos y condiciones técnicas que podamos debatir con seriedad, porque si nos quedamos en esa ambigüedad, no vamos a ningún sitio.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Señor Uriarte, con relación a la aceptación o rechazo de las enmiendas.

El señor URIARTE AYALA: Hemos propuesto transaccionar a los grupos. Por tanto, lo debatiremos ahora y lo haremos llegar a la Mesa.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Que llegue antes de las votaciones.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA REFORMA EN EL SECTOR ENERGÉTICO QUE PRETENDE APROBAR. (Número de expediente 173/000044).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar. Por este grupo tiene la palabra el señor Segura.


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El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, en la interpelación que mi grupo parlamentario le hizo al ministro de Industria, Energía y Turismo, hace ya un par de semanas, pusimos de manifiesto que desde el Grupo Parlamentario Socialista creíamos que, en esta etapa de crisis, en la nueva etapa económica y social en la que nos encontramos, con la necesidad de relanzamiento económico de nuestro país, de integrarnos cada vez más en estructuras productivas capaces de generar trabajo, era necesario que una de las columnas que pudiese impulsar y en la que se pudiese apoyar esa nueva generación de empleo era el mercado energético español. Entendíamos que era necesaria una nueva reestructuración, dado que las leyes procedentes del año 1995 y 1997, con las que se pretendía ordenar el sistema energético español y fundamentalmente el sistema eléctrico, a lo largo del tiempo han ido quedando desfasadas y se hace perentoria y necesaria una nueva ley, una nueva reforma del sistema energético español.

El ministro de Industria en la parte correspondiente, y podrán leerlo ustedes en el "Diario de Sesiones" de esa jornada parlamentaria plenaria en la que le hicimos la interpelación, anunció en efecto que coincidía con el Grupo Parlamentario Socialista en esa preocupación. Por ello es por lo que nosotros hemos presentado esta moción consecuencia de interpelación, en la que fundamos desde el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados que es necesaria, y lo reiteramos, una reforma en profundidad del sector energético español, con la intencionalidad de establecer medidas que contribuyan a mejorar su competitividad y garantizar la seguridad del suministro del mismo, y con la idea de que implique el menor impacto posible, tanto económico como ambiental, para los consumidores, distribuidores y productores. Entendemos, señorías, que es preciso disponer de un conjunto integrado y armónico de propuestas y medidas regulatorias con las que mejorar la estructura y funcionamiento de los mercados energéticos, para que contribuyan de forma más eficaz a la consecución de los objetivos básicos de la política energética, que deben ser: seguridad de suministro, competitividad de los precios finales a los consumidores y sostenibilidad medioambiental.

Señorías, hemos dicho en reiteradas ocasiones, tanto en Comisión como en sesión plenaria, que las actuaciones desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular desde finales del año pasado no pueden considerarse un conjunto armónico e integrado de medidas y que no contribuyen en modo alguno a la consecución de los objetivos básicos de la política energética, sino que más bien configuran un conjunto deslavazado e incompleto que no resuelve los problemas del llamado déficit tarifario del sector eléctrico, que actualmente distribuye de manera desigual la carga de los ajustes en perjuicio de los consumidores domésticos y de la competitividad de la economía española, dado que no aborda los problemas estructurales del sistema energético español. Dijimos en aquella interpelación que no queríamos debatir sobre el proyecto de ley de fiscalidad del sector energético, se verá dentro de un par de semanas en el Pleno de esta Cámara, y ahí se abrirá un debate parlamentario, dado que se trata de un proyecto de ley que tendrá que ser sometido a discusión en la correspondiente Comisión.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista estimamos que la reforma a la que hacemos referencia es inaplazable, que ha de tener como proyecto y como objetivo la desaparición de soluciones parciales como las que ha habido desgraciadamente en el pasado, imputables a distintos Gobiernos de distintos colores, sin duda alguna también imputables a los Gobierno socialistas. Quien gestiona, quien gobierna, toma decisiones y esas decisiones implementadas en la sociedad en ocasiones alcanzan una dimensión de éxito y en otras ocasiones una menor dimensión de éxito o de fracaso. Las distorsiones sobre el funcionamiento de los mercados eléctrico y gasístico, sobre la formación de los precios finales, las cambiantes políticas de apoyo a las energías renovables, el discutible exceso de capacidad instalada han llegado a configurar un laberinto regulatorio, del que tenemos necesariamente que salir en la actual etapa de crisis, con la intencionalidad de colaborar y conseguir el relanzamiento de la producción de nuestro país. Por ello, señorías, y así está contenido en la parte expositiva de la moción que ahora se somete a la consideración de la Cámara, nosotros hacemos una serie de propuestas, una serie de propuestas que están fundamentadas en la parte expositiva y que se recogen en seis puntos consecutivos. En el primero planteamos la retirada del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética por su arbitrariedad, su ausencia de lógica energética, económica y ambiental y por su impacto negativo en la factura eléctrica de las familias y la competitividad de nuestras industrias, así como también pedimos la retirada, la derogación de los contenidos del Real Decreto-ley 1/2012, aquel que hemos dicho en muchas ocasiones que ha constituido un hachazo tremendo al desarrollo de las energías renovables.

En el punto segundo proponemos la necesidad de la elaboración en España de una estrategia energética 2012-2050, porque entendemos que las inversiones tienen que tener una perspectiva de


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desarrollo a largo plazo, los sectores energéticos requieren tener un horizonte, luz larga, los inversores, tanto de la pequeña y mediana empresa como los grandes grupos y los grupos económicos de otros países, tienen que tener garantía de estabilidad, que hoy en día no la da la normativa. Pero esto lo planteamos de acuerdo con los objetivos y medidas contempladas en la hoja de ruta de la Unión Europea para la consecución de un objetivo básico e irrenunciable de nuestro país, para la consecución de una economía baja en carbono en ese horizonte 2050, tal como ha dicho la propia Comisión Europea, con escenarios y objetivos intermedios a 2030 orientados a fomentar el ahorro y la eficiencia energética, reducir la dependencia energética, conseguir un suministro energético libre de CO2, en particular fomentando la innovación y la reducción de costes en el sector de las energías renovables, y así sucesivamente, tal y como se recoge en las propuestas de resolución.

Se han presentado enmiendas por parte de algunos grupos parlamentarios. Concretamente el Grupo Parlamentario de UPyD ha presentado la enmienda número 7 planteando la necesidad de auditar el coste de la producción de la energía eléctrica mediante la Comisión Nacional de la Energía, lo cual nosotros lo consideramos positivo y consiguientemente lo incorporamos a las propuesta de resolución, si así lo mantiene el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta todo un conjunto de enmiendas de las que lamentablemente -lo digo de corazón- no podemos aceptar más que una, por cuanto nos plantea dos enmiendas de supresión de dos de las nuestras. La que queremos aceptar, que además irá coherentemente engarzadas con la de UPyD, es la número 3, que dice: Plantear la elaboración de una auditoría pública y de forma transparente sobre el conjunto de los costes económicos, sociales y ambientales del sistema eléctrico, teniendo en cuenta la producción, transporte y mantenimiento de la red, el sistema de generación de precios y haciendo especial hincapié en la imputación de costes generales efectuada por las empresas eléctricas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, por favor.

El señor SEGURA CLAVELL: Esta auditoría debería llevar la liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia. Esta es la enmienda que nosotros les aceptamos a ambos grupos, si así lo estiman oportuno, se incorporarán como propuestas de resolución en el supuesto de que -reitero- lo acepten y, desde luego, también hacemos una invocación a la colaboración al grupo mayoritario, dado que una propuesta de resolución de estas características...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: ... está hecha en positivo para avanzar, no para boicotear y sí, desde luego, para cooperar en el desarrollo de nuestro país.

Muchas gracias, y reitero lo que le dije a la señora presidenta la pasada sesión, que le agradezco su generosidad. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Segura.

Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Como se puede deducir también de la intervención del portavoz socialista, efectivamente mantenemos la enmienda que le hemos propuesto a su moción y nuestra voluntad es apoyar la moción que ha presentado el Grupo Socialista porque también compartimos la idea de fondo, que creo que es lo importante en este caso, de que las reformas energéticas que ha emprendido el Gobierno no pueden ser más desafortunadas y más contradictorias con los objetivos que la propia reforma parece perseguir. Desde luego, la sostenibilidad del modelo es en sí misma un objetivo que nos parece completamente equivocado porque es un modelo que ha fracasado. Una vez más nos enfrentamos a la paradoja de que en vez de revisar a fondo aprovechando precisamente la oportunidad, por otra parte tan incomoda, que proporciona una crisis sistémica para poder reformar ese modelo a fondo y acabar con los graves problemas de fondo que tiene la política energética española o, mejor dicho, la ausencia de una política energética digna de tal nombre, como digo, en vez de reformarse ese sector lo que se hace es confirmar el modelo, mantenerlo congelado y además empeorarlo con nuevas cargas fiscales que tienen más que ver con el objetivo de acabar con el déficit público que acabar con los problemas, por ejemplo, del déficit tarifario.


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Por lo tanto, nos parece que no hay más remedio que pedirle al Gobierno que retire esta reforma, que no lo es -como ya muchos analistas independientes han dicho-, que es una reforma que en realidad lo que hace es empeorar la competitividad de la economía española en un momento crítico. Algunos de los datos que se han dado, creo que no refutados por nadie del Gobierno, son verdaderamente llamativos, por no decir escandalosos. Por ejemplo, el hecho de que para las empresas industriales, que son uno de los pocos sectores de la economía que siguen manteniendo una actividad económica pujante a pesar de las dificultades que tienen con el crédito y otras cuestiones, podía haber un nuevo aumento de los precios de la energía de entre un 10 y un 15 %, el diferencial de precios energéticos con Alemania se incrementaría en un 13,4 %, etcétera. Además de que, por supuesto, esto significa dificultades adicionales para las empresas industriales, el resto de los sobrecostes va a recaer sobre los consumidores. Es decir, seguimos con la misma técnica o la misma estrategia de otras políticas económicas del Gobierno: trasladar finalmente a los consumidores, a los ciudadanos, el coste total de la crisis, sea la crisis bancaria, sea la crisis energética, y no entrar para nada a fondo en el problema de los orígenes de estas crisis y la manera progresiva de solucionarlos, por supuesto de una manera equitativa, redistributiva con acierto y sobre todo que permita reanimar la actividad económica y salir de esta crisis. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Además, añadamos que esta reforma tiene otras dos cosas que en nuestra opinión la hacen verdaderamente imposible de apoyar, y es que todavía castiga más al sector de las renovables en energía, y particularmente al fotoeléctrico y al termosolar, dos sectores en los que se han hecho grandes inversiones que una vez más se ven desincentivadas, cuando no convertidas en ruinosas. Es un hecho que con la nueva fiscalidad muchas inversiones en el sector fotoeléctrico y fotovoltaico se convierten sencillamente en ruinosas para los que las hicieron. Con la retroactividad, además de la retirada de las primas, etcétera, lo que se está haciendo es desincentivar futuras inversiones o futuros programas que intenten atraer inversión de fuera del país en programas de este estilo, todo lo cual nos parece sencillamente desastroso.

Para resumir, lamentablemente -y así se lo decimos al Gobierno-, nos parece imposible aprobar esta no reforma del sector energético, esta congelación del modelo, que empeora su continuidad y además castiga a los consumidores, a las empresas -de las que más dependemos ahora para salir de la crisis-, y a sectores emergentes de la tecnología nacional, como el fotovoltaico. Finalmente, agradeciendo al Grupo Socialista que también comparta la enorme importancia que tiene hacer una auditoría del sector para conocer de una vez cuál es el verdadero coste de la producción eléctrica, apoyaremos y votaremos favorablemente esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Desde nuestro grupo parlamentario compartimos con el Grupo Socialista el fondo de la moción, que al final es hacer una enmienda a la totalidad a la política energética del Gobierno, plantear una revisión a fondo del modelo energético en España y, evidentemente, cuestionar las decisiones que están tomando de manera atropellada y que están siendo una auténtica bomba de relojería en nuestro sistema energético. A nuestro entender, es un Gobierno irresponsable, negacionista de la realidad y prisionero también de los intereses de las grandes eléctricas. Pero también quiero decirle, y por eso las múltiples enmiendas que hemos planteado, que nuestro grupo parlamentario no comparte el modelo energético del Partido Socialista. Y por eso, ante una moción que hablaba de todo, pero también de nada y que era confusa, nos hemos visto en la necesidad de plantear cuál es nuestro modelo con esa actitud constructiva. A nuestro entender, el cambio de modelo energético es urgente. Tenemos el debate sobre el déficit tarifario, la dependencia energética, la opacidad, la posición de dominio y oligopolio de un modelo energético centralizado. Y todo eso es el legado de una ley, la de 1997, que no reformaron tampoco ustedes cuando estuvieron en el Gobierno, pero también de toda una lista de decretos, de leyes aplicadas tanto por el PSOE como ahora por el PP, que solo han generado incertidumbre y empeoramiento de la situación. Las víctimas de todo este embrollo han sido precisamente los ciudadanos, con una de las tarifas de la luz más caras del mundo, y las renovables, y los grandes beneficiados han sido las compañías eléctricas. Supongo que por eso la exposición de motivos de esta moción da tantos rodeos y no aborda el fondo de la cuestión.


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¿Cuáles son nuestras enmiendas? Pues bien, en nuestra primera enmienda compartimos su primer punto, la necesidad de derogar el decreto del parón a las renovales. Asimismo estamos de acuerdo en la retirada del proyecto de ley que establece tasas a las energías indiscriminadamente, sin tener en cuenta sus beneficios económicos, sociales y ambientales, pero también añadimos la retirada del Real Decreto 14/2010, porque si hablan de inseguridad jurídica, ese decreto -precisamente de la época socialista- creó gran inseguridad jurídica, y no descartemos que hoy el Gobierno tenga que afrontar multas por un decreto que generó y ha generado recursos en ese sentido. Estamos de acuerdo en revisar las primas, esto no quiere decir que no estemos de acuerdo en revisarlas, pero hagámoslo en un contexto de dar estabilidad al sector. Por eso, nuestra enmienda número 2 es una ley de renovables, que sea la trasposición concreta y completa de la Directiva 2009 y que establezca un marco regulatorio estable a todo el sector de renovables; que elimine las trabas, las normas y que favorezca precisamente las energías limpias. Nuestra enmienda número 3 es precisamente de la que hablaba el ponente de la moción. De aquí nos hemos hecho eco de las exigencias de organizaciones sociales, ciudadanas y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que lo que exigen precisamente es transparencia y hacer un debate público sobre cuál es la situación de nuestro sistema eléctrico y, por tanto, una auditoría pública que de forma transparente permita conocer el conjunto de los costes económicos, sociales y ambientales del sistema eléctrico, teniendo en cuenta todos esos costes: la producción, el transporte, el mantenimiento de la red, el sistema de generación de precios y haciendo especial hincapié en la imputación de los costes generales efectuada por las grandes eléctricas. Queremos reformar el sistema eléctrico, por eso necesitamos transparencia y que el debate sea en torno al interés público, eso es lo fundamental del debate que tenemos que abordar.

Nuestra enmienda número 4 precisamente lo que reconoce es el planteamiento que hace en la moción de la necesidad de planificar y establecer una estrategia a largo plazo. En eso coincidimos, pero nuestro grupo quiere ir más allá de los objetivos que plantea, porque habla de establecer una estrategia 2050 pero luego establece puntos que son generalidades, como ahorro y eficiencia. Vayamos más allá de lo que nos exige la Unión Europea, como mínimo es el planteamiento que hace nuestro grupo. Por eso, planteamos que España tiene que hacer una transformación energética, porque a nuestro entender la transformación del sistema energético provocaría también la catalización de un cambio del propio modelo productivo. Lo que planteamos es una estrategia que incremente los objetivos europeos, el 30-30-30 -es decir, ir más allá de lo que nos exigen para el año 2020-, que internalice los costes para todas las fuentes de energía y con un modelo de generación distribuida complementando con las interconexiones y las redes inteligentes necesarias para un modelo energético. Para nosotros hay dos cosas, más ambición, más energía limpia, pero también democratización del modelo; transitar de un modelo centralizado y monopolístico a un modelo más democrático. Le proponemos también un cambio en el punto 3. No hablamos de hacer un balance de la ley en manos del Gobierno, un Gobierno que se ha estado peleando entre el señor Montoro y el señor Soria en función de los intereses que defiendes; hagamos un debate público sobre el cambio de modelo energético en este Congreso.

Finalmente, creemos que si abordamos el cambio del modelo energético debemos hablar de las nucleares. Teníamos precisamente la semana pasada a la Comisión alertando de la inseguridad de nuestras centrales. Pues elaboremos con más razón un calendario de cierre de las centrales nucleares de acuerdo con su vida de diseño y no vayamos más allá favoreciendo unos intereses. En definitiva, enmiendas propositivas, pero evidentemente ante el modelo socialista nuestro grupo tiene su propio modelo. Si podemos llegar a acuerdos, fantástico, y si no, nos abstendremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Ortiz.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias, vamos a apoyar esta moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español. Consideramos que es una moción oportuna y además una moción que genera una oportunidad. Oportuna porque qué buen momento para discutir sobre cuál es la política energética a seguir en este país cuando precisamente hay un proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que probablemente lo que va a hacer es profundizar en el error. No es posible tratar igual, 6 % de recargo a la producción energética, sea cual sea la fuente o el procedimiento de generación de energía. Este es un asunto que entendemos que sencillamente atenta


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contra el futuro, contra la sostenibilidad energética y en el caso canario desde luego no ayuda nada a disminuir la dependencia exterior que tenemos en esta materia como en muchas otras. Es una oportunidad porque nos puede permitir discutir sobre algo muy importante. Por más que uno intente analizar en qué consiste el sistema energético español, ni con dosis altísimas de estimulantes cerebrales es fácil entender esto. Desde luego no ha sido fácil para el que les habla ni para muchos de los que tratan de explicármelo. Es un momento en el que no se puede continuar afirmando que tenemos más potencia instalada de la que realmente necesitamos y que existe un déficit tarifario multimillonario que al final pagan los ciudadanos. Esta es una regla de tres difícil de encajar y más aún con la que está cayendo.

Aunque solo fuese por el primer punto de la moción formulada por el Partido Socialista, estamos completamente de acuerdo. En primer lugar, retirar este proyecto de ley si no se produce el consenso adecuado entre las distintas fuerzas políticas para hablar de un tema estratégico como este. La segunda cuestión hace referencia -y también estamos muy de acuerdo- a la retirada del Real Decreto 1/2012, por el cual se suspendió la bonificación a la producción de energía eólica en el conjunto del Estado y también en Canarias. Podríamos entender que haya una gradación de acuerdo con la penetración de las energías renovables en cada territorio. Lo que no es razonable es que en un territorio que tiene el 6,8 de penetración de la producción de energía a través de energías renovables, cuando la media del Estado está en el 20, se vea obligado a suspender la bonificación a la producción de esta fuente de energía -que es de las pocas cosas que nos sobran, como saben ustedes, viento y sol-, porque sencillamente es tratar una vez más de forma igual a los que somos desiguales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Quevedo.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor ministro Soria, aparque toda tentación y certifique ya el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Cuarenta y dos años contaminando y de conflicto social, más otros cuarenta para su desmantelamiento, toda una vida, cientos de miles de personas bajo la espada de Damocles de una bomba atómica. En Álava y en Euskal Herria bien lo sabemos. No vuelvan a caer en los errores del pasado con el fracking. (Muestra un cartel que dice: stop fracking). El tiempo nos vuelve a dejar en el mismo sitio y Fukushima nos ha mostrado la cruda realidad de las centrales nucleares, esos infalibles Titanics de la energía. Japón y Alemania han virado 180 grados y apuestan por las renovables, y es que el modelo actual, preso del petróleo, del gas y de las nucleares, no sirve.

Ante la radiografía negra que se ve en la energía, la izquierda soberanista vasca considera que hay salida y la salida está en el futuro y el futuro está en las renovables y el futuro está en la inversión en la investigación. Para ello es preciso una estrategia que garantice la transición hacia un nuevo sistema energético descentralizado de energías renovables, que son las que producen más puestos de trabajo, en el respeto al bienestar de las personas y en la garantía del agua, el aire y la tierra: Gure Ama Lurra. Estos son los parámetros del nuevo modelo y las infraestructuras que no los cumplen no pueden estar ahí. Por tanto, emplazamos al Gobierno a que impulse una estrategia de medidas eficaces y rápidas para garantizar el cierre de las centrales nucleares, térmicas e incineradoras tóxicas como Garoña, Boroa, Castejón y Pasaia, descartar el superpuerto de Pasaia, el tren de alta velocidad y las autopistas eléctricas y descartar la técnica de fracking.

Voy acabando, señorías. La cultura del miedo no sirve. Por tanto, sean valientes, señores del Gobierno, y giren su política 180 grados. Deroguen la ley perversamente llamada de sostenibilidad energética y los reales decretos antirrenovables. Por otro lado, señor Segura, no podemos apoyar esta moción por cuanto que evidencia la contradicción del doble discurso del Partido Socialista y la contradicción entre lo escrito y sus prácticas. Garoña, las térmicas y el apoyo incondicional a la incineración y al fracking son un claro ejemplo de ello.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, durante cinco minutos también, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, es indiscutible que la energía constituye un eje central de la economía, ya que de la energía depende la competitividad de nuestro sistema productivo, de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del


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medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos y en definitiva el desarrollo económico y social. El Grupo Vasco es consciente de que el sector energético español tiene que afrontar importantes retos de futuro que requieren una política energética a largo plazo, y en su visión de futuro, como no podía ser de otra manera, está claramente comprometido y ha impulsado el cumplimiento del famoso Plan 20-20-20. Nuestro grupo no solo tiene una visión a medio y largo plazo para el desarrollo del sector energético, sino que también en sus análisis considera la situación del sector en el corto plazo, pues esta puede condicionar el futuro si no se toman hoy las medidas adecuadas y las decisiones para facilitar ese tránsito del medio al largo plazo. Claramente me estoy refiriendo al déficit de tarifa del sector eléctrico que el Gobierno entiendo trata de paliar con el proyecto de ley de medidas fiscales y energéticas y que está iniciando su trámite parlamentario y a la que se refiere en algunos aspectos la presente moción.

Como ustedes saben, el déficit de tarifa sigue creciendo por encima de los límites legales establecidos, que en 2012 se cifran en 1.500 millones de euros, pues la realidad nos lleva a cifras cercanas a los 5.000 para este año, debido básicamente a la incorporación como coste del sistema eléctrico de los costes extrapeninsulares hasta ahora incorporados en los Presupuestos Generales del Estado, a la reducción de la demanda de aproximadamente un 2 % y a desviaciones de otras partidas de coste regulados y a más de 6.000 millones de euros para el año 2013 si no se adoptan las medias necesarias. Por ello, y siendo muy importante la solución del déficit tarifario, también lo es establecer el modelo energético que se quiere y requiere para afrontar los retos de futuro que antes señalaba, no vaya a ser que las medidas que se adopten para solventar el déficit tarifario ahora vayan en contra del futuro modelo energético que queramos establecer.

Lo que intento señalar es si no sería más coherente haber tratado de definir y consensuar con los grupos parlamentarios este nuevo modelo energético que queremos para afrontar los retos de futuro del sector de la energía y las necesidades de los consumidores con el adecuado respeto al medio ambiente con anterioridad a la resolución del déficit de tarifa, de forma que dicha resolución hubiera sido coherente con el futuro modelo. A ello le añadimos que la solución al déficit tarifario que se pretende con el proyecto de ley de medidas fiscales actualmente en tramitación no solo no ha sido consensuada con los grupos parlamentarios, sino que incluso se desconoce la solución a implementar y además, por lo que sabemos, ni siquiera ha sido tratado con los sectores correspondientes.

He de decir que también nos sorprende este planteamiento del Partido Socialista expuesto en la propia exposición de motivos o la justificación en la presente moción al señalar necesaria una reforma en profundidad del sector energético español cuando durante años hemos venido reclamando la misma. Creemos que -como señalaba- tiene sentido establecer previamente un modelo energético que necesitamos para afrontar los retos del medio y largo plazo del sector, con carácter previo a la solución del déficit de tarifa que se plantea en el proyecto de ley, y no estamos en ese sentido -porque creemos que debe ser con carácter previo- de acuerdo con la propuesta de la moción en lo que respecta a la derogación del Real Decreto-ley 1/2012.

No es posible seguir una senda de instalación de mayor potencia en el sistema eléctrico, que dispone de una clara sobrecapacidad instalada, en un escenario de reducción de la demanda cuando no se dispone de los fondos correspondientes para hacer frente a los incrementos de costes que ello supone, salvo que pensemos en seguir aumentando el déficit. Sería más coherente conocer y establecer qué mix energético se quiere en el Estado español, sus costes y cómo vamos a financiarlos -no olvidemos que al final la financiación de esos costes recae en el consumidor-, y con esto no se nos diga que estamos en contra de las energías renovables, sino que, al contrario, no queremos que ocurra en el futuro lo que está ocurriendo ahora, donde la inseguridad jurídica y la estabilidad regulatoria parece que brillan por su ausencia.

En cuanto a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la moción, que reflejan las necesidades de establecimiento de una estrategia energética a 2050 que presente un balance de funcionamiento de la Ley 54/1997, la priorización de las interconexiones internacionales, el análisis del funcionamiento del mercado mayorista de electricidad para su mejora y una política energética que se configure de acuerdo a los compromisos fijados en la Unión Europea, entran dentro de los retos de futuro y, por tanto, creemos coherente apoyarlos. A este respecto y por último, quiero señalar que las medidas que se propongan y que tienen que dar solución al déficit tarifario de una vez por todas tienen que cumplir con algunos de los requisitos entre los que entendemos deben estar la liberalización del suministro conjugada con la protección a los consumidores más desprotegidos y desfavorecidos y la competitividad de las empresas. Para concluir, simplemente quisiera pues pedir la votación separada del punto 1 del resto con el fin de poder abstenernos en el primero y votar favorablemente los demás.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, hemos escuchado atentamente la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Socialista don José Segura, también hemos leído atentamente la moción que ha defendido -por cierto, brillantemente- en esta Cámara y quisiéramos hacerle al respecto algunas consideraciones. Desde la perspectiva global de todo el planteamiento que ha hecho el señor Segura en esta Cámara, estamos de acuerdo en la mayoría de las consideraciones que ha planteado, pero al mismo tiempo también le diría al señor Segura que uno tiene la sensación -si no le conociera desde hace bastantes legislaturas- de que lo que está planteando aquí es una novedad y una modernización del sistema energético que el Partido Socialista quisiera implementar en un futuro inmediato o en esta legislatura. No hay que olvidar que en la pasada legislatura y en la anterior usted formaba parte del grupo parlamentario que daba soporte a un Gobierno del Partido Socialista que hacía justamente todo lo contrario de lo que usted hoy está defendiendo en esta Cámara. Por lo tanto, aunque estemos de acuerdo con los planteamientos globales de su moción, son totalmente contradictorios con las actuaciones que en su momento hizo el Gobierno socialista y su grupo parlamentario, que daba soporte al mismo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Usted sabe, señor Segura, que somos un grupo parlamentario que intenta ser objetivo y mantener siempre la misma posición y no hacemos lo que hace el Partido Socialista, que cuando está en la oposición se opone a todo lo que plantea el Partido Popular, o lo que hacía el Partido Popular en la anterior legislatura, que como era oposición se oponía a todas las cuestiones positivas que pudiera plantear el Gobierno del Partido Socialista. Usted sabe perfectamente que no somos un grupo parlamentario que vaya siempre en la dirección de decir que cuanto peor, mejor. No, señor Segura, nosotros vamos en la dirección de intentar buscar la máxima objetividad en todos los planteamientos o razonamientos que traemos a esta Cámara. Por este motivo, vamos a votar favorablemente la globalidad de la moción que usted ha presentado.

Entendemos que valdría la pena, señor Segura y señores del Partido Popular, que cogieran las conclusiones de la subcomisión de estudio que el Grupo Popular y Convergència i Unió trajeron a esta Cámara y que se aprobaron mayoritariamente por todos los grupos políticos. (Rumores). Entiendo que algunas de aquellas conclusiones hoy están reflejadas perfectamente en esta moción y valdría la pena que el Partido Popular, que hoy está gobernando, tomara nota de algunas de estas iniciativas para poder llevarlas a la práctica rápidamente. Estamos de acuerdo en que es necesario traer a esta Cámara rápidamente una ley de eficiencia y de ahorro energético, es indispensable. Era una de las conclusiones de la pasada legislatura y usted lo plantea perfectamente en esta moción.

Finalmente, señores, hay una cuestión que es fundamental y que todos los grupos de esta Cámara tendríamos que tener presente. Para abordar un planteamiento energético a medio y largo plazo entendemos -y lo hemos mantenido durante bastantes legislaturas- que es indispensable un pacto de Estado de todas las formaciones políticas... (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sánchez i LLibre.

Por favor, ruego silencio y que no se hagan corros hablando. Siga.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... básicamente para lograr la máxima eficiencia del sector energético y al mismo tiempo para poder evitar que los costes energéticos, no de producción, señor Segura, sino de precios aplicados a los consumidores tanto domésticos como industriales, no tengan unas diferencias de precio tan abismales con respecto a los precios de la Unión Europea. Usted sabe, señor Segura, que hoy los precios energéticos industriales son un 15 % más caros que los precios energéticos de la media de la Unión Europa y que los precios domésticos son un 30 % más caros que los precios domésticos de la media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, mientras haya estas diferencias abismales, no vamos a ser competitivos, y algunas de las medidas que usted propone van en la dirección de buscar esta eficiencia y esta competitividad.

Muchísimas gracias, presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Erias.


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El señor ERIAS REY: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar.

Señorías, antes de explicitar muy brevemente las razones por las que rechazamos la moción que nos presenta el Grupo Socialista, quiero dejar constancia de la perplejidad que para nuestro grupo y para este portavoz en particular supone la citada moción. Leyendo el texto que pretende justificarla, la verdad es que parece redactado por un partido que no ha estado en el Gobierno durante dos legislaturas. Si tenían tan claro que la reforma energética era vital para el desarrollo económico del país, si eran conscientes de la insostenibilidad económica del mecanismo de primas, si entendían que resultaba prioritario reformar el mercado eléctrico o que la seguridad regulatoria era un objetivo irrenunciable, no acertamos a comprender por qué ustedes no pusieron en marcha dichas reformas.

Señorías, si algo ha caracterizado la errónea, a mi juicio, política energética del Gobierno anterior, ha sido su manifiesta falta de objetividad, de transparencia y de no discriminación, lo que ha provocado el deterioro de la calidad regulatoria en España, con lo que ello significa para el coste de capital y para la atracción de inversiones que necesariamente han de realizarse. Recuperar la credibilidad y la confianza, por tanto, se constituyen en el objetivo estratégico de la reforma energética que está emprendiendo el Gobierno, a la vez que se trabaja en definir las medidas necesarias para que en España disfrutemos de un sistema energético que sea sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como desde las perspectivas económica y financiera, en contra de lo que el Grupo Parlamentario Socialista afirma en la moción que estamos debatiendo; una reforma que, dada su enorme complejidad y en la que nos jugamos tanto, hay que plantear transversalmente, de una manera sistemática, previo acuerdo de las restricciones de carácter político que queremos imponer al nuevo sistema.

El Gobierno, señorías, es plenamente consciente de que reformar el sistema energético español pasa por aspectos tan diferenciados como por ejemplo la búsqueda de soluciones de mercado o rediseñar el sistema de tarifas, sin olvidar el establecimiento de un mecanismo -subvenciones, primas, etcétera- que permita el desarrollo tecnológico de las nuevas fuentes de generación, sin que ello hipoteque al Estado. Consecuentemente, el punto de partida de este proceso sistemático ha de ser sin la menor duda resolver el problema del déficit de tarifa. Para corregir esa diferencia entre costes e ingresos, tratando de evitar además que vuelva a producirse, el Gobierno de España está actuando en dos frentes: por un lado, reduciendo los gastos del sistema eléctrico a través de los reales decretos 1/2012, 13/2012 y 20/2012, con el fin de reducir el déficit de tarifa a 1.500 millones de euros en 2012, y, por otro lado, mediante el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, aumentando los ingresos, así como tratando de que en 2013 el déficit de tarifa sea cero, en ambos casos, por cierto, objetivos definidos por el Gobierno anterior del Partido Socialista. Convendrán conmigo entonces que no parece lógico pedir ahora a esta Cámara que aprobemos la retirada de este paquete legislativo.

Otro de los argumentos que se esgrimen para justificar la moción es el referido a las distorsiones del mercado eléctrico y gasístico y como medida inmediata piden al Gobierno que retire el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Con relación al citado proyecto de ley, a pesar de que tendremos tiempo suficiente para debatirlo en sede parlamentaria, tan solo recuerdo que incluye medidas tales como el céntimo verde o los impuestos nucleares, que además de estar alineadas con algunas de las principales preocupaciones de sus señorías -me estoy refiriendo a la descarbonización de la electricidad, un objetivo que por supuesto nosotros también perseguimos-, permiten aumentar los ingresos y de esta manera evitar que sean los consumidores quienes acaben pagando las consecuencias derivadas de la inoperancia del anterior Gobierno.

Respecto del argumento legislativo a las distorsiones de mercado, tan solo recuerdo a los diputados del Grupo Socialista que en la actualidad -y no lo digo yo, sino la propia CNE- en el sector del gas natural disponemos de un marco estable para las actividades reguladas, así como de un modelo retributivo que ha dado transparencia y estabilidad al sistema. Señorías, el Gobierno, cualquiera que sea su signo político, tiene las llaves regulatorias, y es su obligación utilizarlas para abrir las puertas adecuadas que nos lleven a definir primero la planificación energética adecuada, a buscar unos sistemas retributivos acordes para las actividades reguladas que proporcionen una rentabilidad razonable para atraer la inversión y eviten la formación de nuevas burbujas, que tengan en cuenta la curva de aprendizaje de las diferentes tecnologías y finalmente que nos lleven a definir una política tarifaria en la que los precios reflejen adecuadamente los costes.


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Esto es, según anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, lo que está diseñando en paralelo a la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética con diferentes medidas que se dirigen, en primer lugar, a la reforma del marco que regula el sector eléctrico, es decir, la revisión de la Ley 54/1997, y como se trata de un trabajo concienzudo, sistemático y muy profesional, no puede realizarse a impulsos, como ha sido una constante desafortunadamente del Gobierno anterior. Por eso y en aras de evitar caer en los errores del pasado, no podemos apoyar las medidas que no aporten valor alguno a la acción del Gobierno y en consecuencia votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.

Señor Segura, a efectos de las enmiendas.

El señor SEGURA CLAVELL: Aceptamos la enmienda que presentó el Grupo de UPyD y la número 3 del Grupo de La Izquierda Plural.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS Y COMPROMISOS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO AL DESDOBLAMIENTO DE LA N-II A SU PASO POR LAS COMARCAS DE GIRONA, DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. (Número de expediente 173/000045).

El señor PRESIDENTE: Última moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona durante la presente legislatura. Tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hace dos semanas, a través de la interpelación con la ministra de Fomento, tuvimos noticias sobre las decisiones del Gobierno y del Ministerio de Fomento de retirarse. El Estado se retira de las comarcas de Girona, el Estado se retira de la demarcación de Girona. Lo conocimos con una caída del 58 % de la inversión del conjunto de los ministerios en la demarcación de Girona, que se pone en el marco de una caída del 10,8 % en el conjunto de Cataluña. Lo conocimos también con la decisión, que se nos comunicó a través del Pitvi en la Comisión de Fomento, de la no demolición del viaducto y del no soterramiento de la línea convencional a su paso por Girona. Lo vimos a través de unas inversiones culturales depauperadas y absolutamente irrelevantes.

Señorías, el 8 de noviembre del año 2011, en nombre del Partido Popular, aquel partido que estaba a las puertas de ganar unas elecciones por mayoría absoluta, el actual ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, y el cabeza de lista del Partido Popular por Girona firmaron solemnemente en la Cámara de Comercio de Girona un compromiso para el desdoblamiento completo de la N-II a su paso por la demarcación de Girona. Señorías, les quiero recordar una vez más -sabiendo que me reitero- que la demarcación de Girona es la demarcación con menos kilómetros de autovía del Estado y que este es un récord, un desgraciado récord, que se mantiene en los anuarios del Ministerio de Fomento año tras año. Lo que hace un año era el compromiso del Gobierno del desdoblamiento completo de la N-II desde La Junquera, en la frontera con Francia, hasta Tordera, la frontera con la demarcación de Barcelona, en estos momentos, y de acuerdo con los documentos oficiales del Plan de infraestructuras del Ministerio, del Pitvi, los 100 kilómetros comprometidos por el Gobierno se han convertido en 8 kilómetros. Señorías, el Estado se retira de la demarcación de Girona. Este mismo documento nos da otros datos relevantes.

En nuestra moción, en el punto número 2 y en el punto número 3 pedimos un ejercicio de transparencia, pedimos que el Gobierno, pedimos que el Ministerio de Fomento traslade a esta Cámara, traslade a la Comisión de Fomento datos objetivos, criterios objetivos por los cuales se opta por desdoblar algunas autovías y se opta por discriminar, se opta por abandonar algunas otras carreteras de titularidad estatal.

Señorías, por la N-II a su paso por la demarcación de Girona transitan diariamente 22.000 vehículos, con puntas de hasta 35.000 vehículos por día. Nosotros observamos cómo el Gobierno decide el desdoblamiento de la nacional entre Burgos y Aguilar de Campoo, con 2.659 vehículos/día; de la N-601 entre León y Valladolid, con 2.039 vehículos/día; de la N-435 entre Huelva y Zafra, con 2.036 vehículos/día; entre Zafra y Córdoba, con 5.000 vehículos/día; Albacete-Linares, algunos tramos menos de 1.000 vehículos/día; Cuenca-Teruel, N-420, 1.399 vehículos/día; N-401, Ciudad Real-Madridejos, 2.846 vehículos/día. Así, señorías, podría ir describiendo otras previsiones de construcción de autovías por el conjunto de la geografía española en


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carreteras nacionales que, como las numeradas, como las relacionadas hace un momento, crean claramente una discriminación entre la N-II a su paso por la demarcación de Girona, que quiere decir la N-II en su entrada a la península ibérica del mayor flujo del corredor mediterráneo, del mayor flujo de tránsito de toda la península ibérica.

Hace tres semanas, señorías, el Gobierno del Partido Popular nos comunicó que el Estado se retiraba en materia de carreteras, en materia ferroviaria, en materia de inversiones culturales; a la vez, la ministra de Fomento nos decía, se atrevía a decirnos, que no se podía plantear el desdoblamiento de esta carretera por la cual circulan 22.000 vehículos diarios cuando, señorías, la Unión Europea recomienda el desdoblamiento de carreteras a partir de 10.000 vehículos diarios, y evidentemente en todo caso a partir de 15.000 vehículos diarios. El Gobierno y el Ministerio de Fomento nos presentaban a la vez un Plan de red de alta velocidad que no quiero describir hasta qué último recoveco de la península ibérica llega este Plan de alta velocidad para el conjunto del Estado español. No quiero menospreciar a nadie, no quiero menospreciar a ninguna capital de provincia, pero es absolutamente inconcebible que se plantee menospreciar esta infraestructura básica para la articulación del territorio y que, a la vez, se nos presente un plan -este sí- faraónico, de alta velocidad en una economía delicada como es en estos momentos la economía española.

Señorías, sometemos a votación esta moción, que es una moción de reproche, sí; de reprobación política a la actitud del actual Gobierno, que en diez meses ha tenido un tránsito de los 100 kilómetros comprometidos a los 8 kilómetros. También podemos mirar por el retrovisor de los siete años de inacción del Partido Socialista. Señorías, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que plantea la liberación parcial de la autopista AP-7 hasta que se afronte el desdoblamiento de la N-II. En ningún caso, y hemos querido incorporar esta transaccional, este abaratamiento del precio de la autopista puede suponer un alargamiento de una concesión, la concesión de la AP-7 que se termina el año 2021 y que por ningún motivo podemos alargar más allá del año 2021. Nuestra opción no es circular por la autopista con peaje. Nuestra opción es ser tratados de forma equitativa como plantea el Pitvi para otras partes del conjunto de la geografía española. Reproche a los compromisos no cumplidos por parte del Gobierno y constatación de que el Estado ha decidido retirarse en materia de infraestructuras de la demarcación de Girona.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclá.

A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, interviene por el por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Señorías, este es un debate que viene de lejos, que arrastra agotamiento de la población en Cataluña, especialmente en las comarcas de Girona desde los años noventa, y acumula, sobre todo, promesas e incumplimientos. La mala gestión y la degradación de las obras realizadas acumulan víctimas a sus espaldas y muchos puntos negros en nuestra carretera. Diecinueve personas mueren anualmente en el tramo de esta carretera. Por tanto, estamos hablando de una emergencia nacional que lo que exige es responsabilidad, agilidad, seriedad y honestidad política a la vez que inteligencia. Es verdad que podríamos hablar de reproches, de quién tiene la culpa de todo esto. Lo que hemos hecho es presentar enmiendas en coherencia con lo que Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida siempre ha defendido para ese tramo de carretera. ¿Y qué decimos? Que las infraestructuras son para garantizar el derecho a la movilidad. En eso estamos de acuerdo. Obras que destrozan el territorio y apuestan por invertir solo en carreteras, en eso no. Somos coherentes, como siempre hemos sido, con la priorización del ferrocarril y la austeridad bien entendida. Coherentes con la eficiencia y el aprovechamiento de las redes existentes, coherentes con priorizar la seguridad que tanto pregonan pero que tan poco aplican, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad.

Por eso presentamos enmiendas. Hace unos días Convergència i Unió nos presentaba una proposición de ley de evaluación de infraestructuras. Efectivamente, pero evaluar el impacto social, ambiental y económico. Nuestro criterio es aprovechar la máximo los tramos existentes. No dupliquemos infraestructuras y destinemos bien los recursos. Existen soluciones más baratas y más eficientes. Lo que debemos es ponernos desde el minuto uno a coser las heridas que las comarcas de Girona arrastran por los despropósitos en la N-II. Estos son nuestros criterios y en esa línea las enmiendas que planteamos. Lo que les pediría al Partido Popular y a Convergència i Unió es una voluntad de construir, de no hacer electoralismo en una cosa que ya es un drama en las comarcas gironinas. Viendo la redacción tanto de la


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moción como de las enmiendas, preveo el resultado: que no va a llegar a buen puerto. Este debate tiene que ver con abandonar la idea de que yo quiero cuantos más carriles mejor, sin importarme el costo o el destrozo ocasionado, pero también con abandonar el centralismo, la protección de intereses de las concesionarias y el incumplimiento reiterado de la disposición adicional tercera del Estatut.

¿Qué quiere la gente de Girona? Solucionar el problema en el menor tiempo posible. Les ofrecemos soluciones razonables a los señores del Partido Popular y Convergència i Unió, pero no intenten manipular y dividir a la sociedad, por eso tenemos nuestras reticencias en alguna redacción. Porque detrás de algunos cambios de cromos, aparece aquí el cuarto cinturón, y no tendría que ver con esta moción. Lo decimos exactamente por el redactado que aparece en el BOE del día 25, en el que rechazan el desdoblamiento, pero luego hablan de hacer una vía de gran capacidad que conecte con el centro, y eso es un destrozo absoluto que tampoco soluciona las necesidades de movilidad de las zonas. Por tanto, nuestras enmiendas, no desarrollan lo que plantea el BOE del día 25, que es aplazar el desdoblamiento y apostar por el cuarto cinturón como solución, algo que no compartimos.

Por otro lado, el punto 5 de Convergència i Unió. Estamos de acuerdo en la necesidad de conectar el Maresme con Tordera y Maçanet; pero por la necesidad de conectar la AP-7 con la C-32, y con el redactado que aparece en la moción parece que estén por ese cambio de cromos con el Partido Popular. Añadimos una enmienda que insta a ejecutar urgentemente el desdoblamiento del tramo Maçanet-La Selva-Girona y descartamos el tramo de Girona a la frontera. ¿Por qué? Por sentido común y no como la enmienda socialista que dice: mientras no se desdoble, rescatemos. No, rescatemos la AP-7. Tenemos seis carriles que van a la frontera francesa. Eso es más barato, también lo que exigía la ministra, y solucionaría el problema, aportaría seguridad. Porque sinceramente cómo podemos explicar que queremos el transporte por mercancías, queremos el corredor ferroviario, pero además desdoblen una autopista, que queremos doce carriles que vayan hacia el mismo sitio, hacia Francia, y además el corredor ferroviario. Si apostamos por el ferrocarril, apostemos por el ferrocarril. Por tanto, lo que les pedimos es el rescate de la AP-7, y no un rescate para compensar a Abertis, no, un rescate de la AP-7 que asegure la gratuidad de la circulación allí como pasa en el resto del Estado. El problema es que el modelo que tenemos de peajes es herencia de Convergència i Unió, que ha querido instarnos a ese modelo, que ha apostado por el sector privado en la movilidad, y por la desinversión y el centralismo del Estado español. Son prisioneros de los propios intereses.

Quiero acabar con una cita con la que el señor Catalá, número dos de Fomento, respondía el otro día a mi compañero Chesús Yuste, de la CHA, cuando le preguntaba por el desdoblamiento de la N-II. Le decía que desdoblar carreteras hace competencia desleal a las concesionarias de autopistas. Ese no es el criterio para decidir las inversiones. El criterio para un Estado es responsabilidad, derecho a la movilidad, la seguridad. Eso es lo que debería llevar, el interés general, a decidir sobre las infraestructuras. Necesitamos ya el desdoblamiento entre Tordera y Girona, necesitamos ya acabar con esto, pero sobre todo apostemos por la agilidad y por la responsabilidad y en la AP-7 rescatemos y que las concesionarias de las autopistas también pongan su granito de arena porque ya que todo el mundo se ajusta el cinturón también se lo ajusten ellas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no es el primer debate que se substancia en esta Cámara sobre el desdoblamiento de la N-II en autovía en las comarcas de Girona, ni va a ser probablemente el último. Sepan ustedes que en Girona posiblemente este sea el debate seguido con mayor interés de los que tendrán lugar en el presente periodo de sesiones. Sería deseable que la moción de hoy contara con el consenso de los grupos parlamentarios. Hoy es un día para cumplir las palabras dadas en campaña electoral, unánimes a favor de la imperiosa necesidad de desdoblamiento de la N-II en autovía, de hacerlo completamente desde la Junquera hasta Tordera, de hacer de ello causa común. De ello hemos hablado mucho y es hora de ponerlo en práctica, no debe existir ningún desmarque de los partidos con representación parlamentaria en Girona, y no se comprendería. Tampoco pensábamos que en este tema pudiéramos retroceder, pero hemos retrocedido, y mucho, desde el cambio de Gobierno. Si el debate en la legislatura pasada exigía con urgencia que se agilizara el desdoblamiento, hoy nos vemos obligados a solicitar del Ministerio de Fomento una rectificación, ya que ha anunciado desestimar el desdoblamiento de uno de los tramos, Tordera-Maçanet, por el coste de ejecución y únicamente va a afrontar la ejecución de uno de los tramos


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Sils-Caldes, licitado por segunda vez por el Gobierno socialista, de tan solo 6,6 kilómetros, sin noticias del desdoblamiento al norte de Girona, que la ministra lo fía a una incierta colaboración público-privada.

La conversión en autovía de la A-2 en Girona supone una alternativa libre de peaje a la AP-7 entre Barcelona, Girona y la frontera francesa. Resulta una inversión imprescindible que facilitaría el tráfico interno y debería completar una de las teóricas seis autovías radiales que además comunican Madrid con la frontera francesa, pasando por Zaragoza, Lérida, Barcelona y Girona. De importancia para el tráfico de viajeros que llegan y salen de España, para el transporte de mercancías y para la vertebración territorial de nuestra provincia, muy especialmente para la Costa Brava sur. No existe en nuestra circunscripción una infraestructura pendiente que sea tan necesaria, urgente y unánimemente reclamada por los ciudadanos, por sus instituciones públicas y también por quienes les representamos en esta Cámara. Pese a su urgencia y al impulso político de gobiernos populares y socialistas, únicamente se encuentra desdoblado el tramo Caldes de Malavella-Fornells de la Selva, que se puso en funcionamiento en la lejana fecha de diciembre de 2007, de solo 8,36 kilómetros y con una inversión de 63,8 millones de euros.

Girona siempre ha estado lamentablemente a la cola de las inversiones del Gobierno de España, a excepción de los últimos años de Gobierno socialista cuando con el reconocimiento de déficit de inversión en infraestructuras reconocido en el Estatut de Autonomía de Cataluña, disposición adicional tercera, que el Partido Popular sigue incumpliendo en sus presupuestos y la ejecución del proyecto de la alta velocidad que conecta Barcelona con la frontera francesa pudo invertirse esta tendencia y se corrigió parcialmente la sensación que sentimos en Girona de abandono. Dos presupuestos del Partido Popular han colocado nuevamente a Girona en la cola de las inversiones por provincias. Más del 81 % menos que el último de los presupuestos socialistas en el presente ejercicio presupuestario. Sin embargo, en la falta de desdoblamiento de la N-II debemos reconocer responsabilidades colegiadas de todos lo responsables políticos y sobre todo ha contribuido a la desafección política. El ejercicio de autocrítica no impide recordar que en los años de Gobierno socialista se licitaron y adjudicaron los tramos Maçanet-Sils y Sils-Caldes, que posteriormente no fueron ejecutados por problemas solo imputables a las adjudicatarias, dejando los tramos a medio finalizar e incrementando con ello la sensación de abandono y de falta de seguridad. También debemos reconocerlo, fue licitado y adjudicado un tramo al norte de Girona, Medinyà-Orriols, que fue rescindido por los ajustes presupuestarios.

Como les decía, si hasta la fecha el desdoblamiento de la N-II había sido una prioridad, pese a la lentitud exasperante en su ejecución, el anuncio de la ministra Ana Pastor de abandonar definitivamente el desdoblamiento de la N-II en el tramo Tordera-Maçanet argumentado en el coste excesivo y en un nuevo estudio de conexión de Maçanet por el interior con Granollers resulta totalmente inaceptable; es la condena definitiva al desdoblamiento, del que solo se indulta parcialmente uno de los tramos.

Por este motivo vamos a votar favorablemente la moción de CiU de rechazo a la decisión anunciada por el Gobierno de cancelar la conversión en autovía. También nos parece oportuno conocer los criterios objetivos de densidad de tráfico en la Red de Carreteras del Estado para subrayar la necesidad de desdoblamiento de esta carretera. Tampoco vamos a objetar la posibilidad de traspaso...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.

El señor SÁEZ JUBERO: Finalizo para explicar nuestra enmienda que, como ha anunciado el portavoz de Convergència i Unió, hemos transaccionado. Queríamos incluir claramente un punto 5 que va a ser aceptado por el grupo proponente para que en este supuesto en el que estamos, en que no vamos a tener en esta legislatura esta autovía desdoblada, tengamos la alternativa libre de peajes desde la Junquera hasta Tordera. Esta es la necesidad que planteamos, es el momento de esta alternativa; el momento de pasar también de la campaña de desobediencia civil de No vull pagar a una negociación con la concesionaria...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor SÁEZ JUBERO: ... para evitar que los ciudadanos de Girona sean doblemente condenados al pago del peaje y a la inexistencia de la infraestructura.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Veray. (Rumores).

Por favor, ruego silencio y que no se formen grupos en los pasillo. Quien quiera hablar que vaya al bar.


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La señora VERAY CAMA: Gracias, presidente.

Señorías, señor Xuclà, el Gobierno no tan solo ha puesto Girona en el mapa de España otra vez, sino que lo está haciendo con convicción, con compromiso y por responsabilidad. (Aplausos). Usted no puede decir que se han olvidado de Girona cuando llevamos ocho años en los que sí que se olvidó de que en Cataluña había una cuarta provincia, y esta era la nuestra, Girona. Usted hoy no puede decir que quien se olvida de Girona es el Partido Popular, cuando quien se olvidó fue el Partido Socialista, y usted lo sabe.

Señor Xuclà, he seguido atentamente sus intervenciones, la de la interpelación y la de hoy, y le tengo que decir que he echado de menos que usted hiciera referencia a la situación económica que tenemos y al déficit público al que tiene que hacer frente el Gobierno del Partido Popular por una herencia del Partido Socialista. Le digo esto porque usted sabe que esta es la causa por la que el Gobierno ha tenido que tomar ciertas decisiones en relación con la carretera N-II. En estos momentos, lo más urgente de esta carretera es la mejora de la seguridad vial de la misma. Por lo tanto, los esfuerzos, los recursos, se tienen que destinar a mejorar esta seguridad vial que tanto nos preocupa a todos los ciudadanos, a los de Girona y a los del resto de España. Ante esta situación, la de tener que actuar urgentemente para mejorar la seguridad vial, el Gobierno tenía dos opciones: No hacer nada, como el Partido Socialista, o hacer algo, actuar. Por responsabilidad y por convicción hemos escogido actuar. Y de aquí, la enmienda que hoy presentamos a su moción en el sentido de mejorar la situación de la N-II. Antes de explicar mi enmienda quería comentarle algo. Creo que usted estará conmigo y compartirá que si en los últimos ocho años el Partido Socialista hubiera hecho las cosas bien, hubiera hecho los deberes, este debate hoy aquí, en este hemiciclo, no sería el mismo. Yo he estado revisando los "Diarios de Sesiones" de la legislatura pasada. Usted, señor Xuclà, habló de la N-II unas cuantas veces, en Pleno y en Comisión. Usted, señor Xuclà, pactó cosas con el Partido Socialista sobre la mejora de la N-II, incluso llegó a decir que usted estaría pendiente de que los socialistas cumplieran, pero los socialistas no hicieron nada y usted lo sabe. Nada, de nada, de nada, señor Xuclà. (Aplausos). ¿Qué hizo usted? Dar el apoyo para que Zapatero no cayera y hubiera elecciones generales en el año 2010 y no en 2011. Esto es lo que hizo Convergència i Unió y no tuvo en cuenta que se estaba marginando a las comarcas gironinas, que se estaba marginando a Cataluña, tanto que defiende usted a Cataluña y a Girona.

En otro sentido, el título de su moción es sobre las medidas a las que va optar el Gobierno para toda la legislatura. Pero para usted todo lo que se tiene que hacer en la N-II para toda la legislatura -porque es el título de la moción que usted presenta- es rechazar lo que está haciendo el Gobierno, esto es lo único importante para usted, y lo segundo importante es, eso sí, que le traspasen a la Generalitat de Cataluña un tramo de carretera. No, señor Xuclà, lo importante de esta legislatura es lo que dice la enmienda del Partido Popular. Que se ejecuten las obras del tramo Caldes-Sils, que se ejecuten las obras del Sils-Maçanet, que se hagan urgentemente las obras de mejora de la parte norte para mejorar la seguridad vial, que se siga analizando el proyecto para dar una solución definida al desdoblamiento global de esta carretera, al que ya dijo la ministra que no renunciábamos. Además, como dice nuestra enmienda, aparte de hablar con la Generalitat -que estamos de acuerdo y lo vamos a hacer de una manera cordial- hay que hacerlo con rigor, y antes de traspasar otro tramo vamos a analizar qué han hecho ustedes con el tramo que se traspasó con casi 100 millones de euros al lado y que no se ha invertido ni uno.

Señor Xuclà, yo creo que tiene que ser un poco riguroso. Yo sé que los titulares le encantan, pero usted no puede decir que el Gobierno ha asesinado a la N-II, como dijo hace pocos días en Girona, ni que hoy aquí el Grupo Parlamentario Popular ha olvidado a las tierras de Girona. Señor Xuclà, hoy usted tiene una gran oportunidad de demostrar a los ciudadanos que le importa la N-II aceptando nuestra enmienda. Si no lo hace va a demostrar que lo único que quiere de la N-II es utilizarla como arma electoral para el 25 de noviembre.

Gracias, señor presidente, señorías. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.

Tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

La discusión que nos ocupa podría ser una discusión más sobre rotondas, podría ser una discusión más sobre si la carretera debe pasar por aquí o debe pasar por allá, y todo esto porque la N-II a su paso por Girona hace diecisiete años que pide a gritos que se desdoble y sigue sin desdoblarse. Esta dejadez, esta vergüenza en mayúsculas ya ha causado catorce muertos solamente este año 2012. Catorce


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muertos, señorías, catorce familias destruidas, y hoy ustedes apretarán un botón y puede que sentencien a la víctima número dieciséis o también a la diecisiete. ¿Cuántos muertos -pregunto- son necesarios para que el Gobierno reaccione?

Podríamos explicarles, por si no lo saben, que la A-2 en Girona es una de las vías más congestionadas del Estado español, que el Plan estratégico de infraestructuras y transporte de 2004 justamente así lo indicaba, porque es una vía por donde pasan más de 25.000 vehículos de media diarios, porque es una vía por donde pasan más de mil camiones cada día. De hecho podríamos sacar mapas de intensidad de tránsito del año 2011 o recordar que solo está desdoblada, como ya se ha dicho, en un ridículo 8 % de sus más de 100 kilómetros entre Tordera y la frontera francesa, mientras que de los 780 kilómetros totales de esta autovía los tramos desdoblados entre Madrid y Cataluña suponen poco más del 75 %; un auténtico agravio comparativo incuestionable.

Podríamos explicarles también que la gran densidad de tráfico, el extremado peligro de su trazado y el carácter estratégico de la autovía nos lleva directamente a hablar de excepcionalidad, una excepcionalidad que por lo que se ve no importa a ningún ejecutivo de esta Cámara, ni de un color ni de otro. Sabemos también que la A-2 cruza en paralelo a la autopista AP-7, un argumento que tampoco importó a ninguno para hacer las radiales de Madrid; unas autopistas donde siguen tirando dinero para evitar que se hunda alguna empresa. Pero vuelvo a preguntar otra vez: ¿no tienen problema en dejar que muera gente? Podríamos hablar de dinero, de cómo han predispuesto todo durante años y años tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista Obrero Español, para que una obra, para que una inversión, para que la ampliación de una carretera se haya convertido en un capítulo de la historia general de la infamia donde todos, absolutamente todos los ministros de Fomento posteriores al año 1995, del siglo pasado, deberían figurar en sus páginas de honor.

Hoy ya no hablamos de carreteras; hablamos de sanidad y hablamos de que el Estado no es que no vele por sus ciudadanos, es que es responsable de muertos. Podemos decir que es culpable por omisión o que es culpable, señorías, por inacción. Si la política quiere ganarse la respetabilidad de los ciudadanos, esta pasa por desencallar temas como este, por dar respuesta a un problema que sería fácilmente solucionable. Hoy deberíamos salir de aquí con un acuerdo. Eso sería lo justo, eso sería lo normal, sin reproches hacia quién ha sido más culpable o menos, pero sobre todo para evitar que nadie nunca más vuelva a morir, que nadie más sufra un accidente por el lamentable estado de la N-II. Han muerto 65 personas en cuatro años. El Gobierno no tiene en ningún momento problemas en pedir cambios en el Código Penal cuando se produce cualquier muerte que crea alguna alarma social, no tiene problemas tampoco en pedir reformas para imponer penas más altas, ¿pero son capaces de permitir unas veinte muertes anuales sin tan siquiera inmutarse?

Acabo. ¿Saben que es lo peor, lo más lamentable? Que ustedes no se inmutan cuando dan dinero a una concesionaria de autopistas, pero es que tampoco se inmutan cuando la gente muere de manera masiva. En definitiva, un agravio de primer orden, una vergüenza y un atentado sin precedentes en las comarcas gironinas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Jordà.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muy brevemente, señor presidente, solo para decir que a nuestro grupo esta moción, como otras parecidas que ya ha presentado anteriormente el Grupo de CiU y el Grupo Mixto de Esquerra Republicana de Catalunya, nos provoca un gran desconcierto, porque estamos completamente de acuerdo en que Cataluña tiene todo el derecho -como cualquier otro territorio- a que sus carreteras y sus redes de transportes sean de la máxima calidad que podamos todos sufragar. Por supuesto, no deja de ser curiosa esa historia de que la N-II sea una de las pocas vías de su importancia, si no la única, que tiene esas dificultades de transitabilidad, y que en todos estos años no parezca que haya sido posible con ningún Gobierno hacer nada. Dicho esto y aceptando, por supuesto, que las carreteras son sumamente importantes, y diciendo también que tienen todo el derecho del mundo los afectados por su mal estado a pedir su reparación, no deja de ser cierto que cuando a uno le importan más los ciudadanos y la ciudadanía que las carreteras es lo que nos conduce a la perplejidad. Francamente, no entendemos que estando en marcha un proceso de deconstrucción por una parte del Estado, se le siga pidiendo al Estado que se haga cargo del mantenimiento de una parte del territorio que, según los alcaldes de muchas poblaciones que va a conectar esa carretera o que de hecho ya la conecta, dicen que ya no


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forman parte del mismo. La ciudadanía significa derechos pero también obligaciones, y hay una obligación elemental unida a la ciudadanía que es la de compartir las cargas comunes del Estado. Pretender, por una parte, que los demás compartan tus cargas pero no compartir la de los otros, que es a lo que nos enfrentamos en todo proceso secesionista, no deja de ser, desde nuestro punto de vista, un imposible, se mire por donde se mire, y algo que carece de sentido.

Francamente, nos parece una actitud -no lo digo, por supuesto, en un tono personal y espero que nadie se moleste- esquizofrénica. Es decir, mantener dos discursos completamente incongruentes entre sí. Por eso, nuestro grupo, en esta petición, y por supuesto dando el apoyo a los vecinos perjudicados para que consigan algún día de alguna Administración que solucione su problema de carretera, se abstendrá.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Señor Xuclà, ¿qué ocurre con las enmiendas?

El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, hemos llegado a una transaccional con el Grupo Socialista que hemos hecho llegar a la Mesa y que, de hecho, creo que ya está en posesión de los portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En tres minutos empezaremos a votar. (Pausa).

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA. (Número de expediente 121/000013).

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Entonces, al haber sido adoptado el acuerdo de tramitación en lectura única, el debate y votación del proyecto de ley orgánica se producirá en la sesión plenaria del jueves 11 de octubre.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA REDUCIR EL TIEMPO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. (Número de expediente 122/000031).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con la votación correspondiente a la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Mixto de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir el tiempo de las campañas electorales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 1; en contra, 293; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. BOSCH), SOBRE LA TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LAS FACULTADES DE EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS POPULARES POR VÍA DE REFERÉNDUM. (Número de expediente 162/000428).


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El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Bosch, sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 42; en contra, 276.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APROBACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA JÓVENES. (Número de expediente 162/000245).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aprobación de un plan de empleo para jóvenes. Con las enmiendas presentadas hay una transaccional que conocen los grupos. ¿Algún grupo se opone a su votación? (Denegaciones). En esas condiciones se vota la transaccional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 196; en contra, 119; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA REFORMA EN EL SECTOR ENERGÉTICO QUE PRETENDE APROBAR. (Número de expediente 173/000044).

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar. Se ha aceptado la enmienda de UPyD y la número 3 de La Izquierda Plural. En esas condiciones se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 126; en contra, 172; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS Y COMPROMISOS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO AL DESDOBLAMIENTO DE LA N-II A SU PASO POR LAS COMARCAS DE GIRONA, DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. (Número de expediente 173/000045)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa a adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura. Hay una transaccional que conocen los grupos, ¿algún grupo se opone a que se vote? (Denegaciones). En esas condiciones se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 124; en contra, 173; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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