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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 296, de 08/07/2015
cve: DSCD-10-PL-296
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 296
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 278 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
8 de julio de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página7)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 158-1, de 29 de mayo de 2015. (Número de expediente 121/000158) ... (Página28)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la policía nacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 123-1, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 121/000123) ... (Página54)

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 134-1, de 6 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000134) ... (Página62)

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 23 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000128) ... (Página71)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a los desalojos hipotecarios. (Número de expediente 173/000225) ... (Página80)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales. (Número de expediente 173/000226) ... (Página88)


Página 2




Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página94)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página95)

Avocación por el Pleno ... (Página95)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página95)

Votación de conjunto ... (Página95)

Votación de conjunto ... (Página99)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página99)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La Presidencia informa de que las votaciones no tendrán lugar antes de las cinco de la tarde.

Preguntas ... (Página7)

Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que la nueva política de comunicación del Ejecutivo ha mejorado las condiciones de vida de la ciudadanía? (Número de expediente 180/001375) ... (Página7)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera la vicepresidenta del Gobierno que ha ejercido satisfactoriamente sus funciones como ministra de la Presidencia? (Número de expediente 180/001379) ... (Página8)

Del diputado don Antoni Picó i Azanza, en sustitución de la diputada doña María Concepció Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Considera el Gobierno que se han adoptado las medidas adecuadas para luchar contra los altos índices de vulnerabilidad social, desigualdad y pobreza? (Número de expediente 180/001389) ... (Página10)

De la diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo piensa el Gobierno atender las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica? (Número de expediente 180/001388) ... (Página11)


Página 3




Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿En qué beneficia a nuestro país la firma del protocolo de enmienda del Convenio con los EE.UU. que afecta a la base de Morón? (Número de expediente 180/001380) ... (Página13)

De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cree el Gobierno que es viable la aprobación de la pena de prisión permanente revisable en contra del resto de los grupos parlamentarios? (Número de expediente 180/001381) ... (Página14)

Del diputado don Rafael Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno recuperar las aportaciones al régimen mutualista de los funcionarios para mejorar su sostenibilidad futura? (Número de expediente 180/001377) ... (Página16)

Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué intenciones tiene el Gobierno respecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2016? (Número de expediente 180/001382) ... (Página17)

De la diputada doña Susana Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno devolver a los empleados públicos los derechos que les ha quitado en esta legislatura? (Número de expediente 180/001383) ... (Página18)

Del diputado don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el ministro de su gestión al frente del Ministerio del Interior? (Número de expediente 180/001376) ... (Página20)

Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿En qué mejora la seguridad de los ciudadanos la entrada en vigor de la ley mordaza? (Número de expediente 180/001384) ... (Página21)

Del diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Tiene intención el ministro de abordar inmediatamente el diálogo con los gobiernos autonómicos, que en su mayor parte son contrarios a la implantación de la Lomce? (Número de expediente 180/001385) ... (Página23)


Página 4




Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cree que la mejor forma de fomentar la natalidad es aplicando un complemento a la pensión décadas después de haber sido madre? (Número de expediente 180/001378) ... (Página24)

De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora la ministra de Empleo y Seguridad Social las declaraciones del Gobernador del Banco de España sobre las pensiones? (Número de expediente 180/001386) ... (Página26)

Del diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo valora el Gobierno la situación económica de Grecia? (Número de expediente 180/001387) ... (Página27)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página28)

Proyecto de Ley de Seguridad Nacional ... (Página28)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Sáenz de Santamaría Antón) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.

Interviene de nuevo la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

En turno de réplica intervienen los señores Olabarría Muñoz, Tardà i Coma, Nuet Pujals y Xuclà i Costa.

Vuelve a hacer uso de la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a intervenir los señores Nuet Pujals y Serrano Martínez.

Enmiendas del Senado ... (Página54)

Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional ... (Página54)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cabello de Alba Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Hacen uso de la palabra los señores Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cabello de Alba Hernández.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página62)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; el señor Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes ... (Página71)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; la señora Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Torres Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página80)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a los desalojos hipotecarios ... (Página80)

Defiende la moción el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, e Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Sixto Iglesias.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales ... (Página88)

Defiende la moción el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Picó i Azanza y la señora Sayós i Motilla, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rangel Tarrés.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página94)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página95)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de Seguridad Nacional, se rechazan por 39 votos a favor; 281 en contra más 1 voto telemático, 282, y 1 abstención.

Avocación por el Pleno ... (Página95)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de Seguridad Nacional, se rechaza por 143 votos a favor y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.

Enmiendas del Senado. (Votación) .... (Página95)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, son aprobadas todas.

Votación de conjunto ... (Página95)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 178 votos a favor más 1 voto telemático, 179; 132 en contra y 4 abstenciones.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Votación de conjunto ... (Página99)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 178 votos a favor más 1 voto telemático, 179; 139 en contra y 5 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, son aprobadas todas.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página99)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada con los grupos parlamentarios Socialista y de Convergència i de Unió, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario


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de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a los desalojos hipotecarios, se rechaza por 144 votos a favor, 173 en contra y 3 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, se rechaza por 129 votos a favor, 177 en contra y 8 abstenciones.

Se levanta la sesión a las cinco y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA NUEVA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL EJECUTIVO HA MEJORADO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANÍA? (Número de expediente 180/001375).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

En la sesión plenaria prevista para hoy se ha incluido en el debate la aprobación de enmiendas del Senado que tienen carácter orgánico. Por ello, les adelanto que las votaciones no tendrán lugar antes de las cinco de la tarde.

Vamos a comenzar con las preguntas dirigidas al Gobierno. En primer lugar, preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Joan Coscubiela de La Izquierda Plural.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, durante cuatro años su Gobierno ha aprovechado de manera oportunista la crisis para imponer políticas que han provocado un aumento brutal de las desigualdades sociales y un incremento de la pobreza. ¿Considera que vistiendo de seda sus políticas mejora la vida de las personas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Coscubiela, la vida de la gente no mejora por lo que se diga, por lo que se prometa pero mucho menos por lo que se critica, que es lo que usted suele hacer habitualmente y con carácter exclusivo en esta Cámara. La vida de los ciudadanos mejora cuando se hacen políticas de recuperación como las que ha venido llevando a cabo este Gobierno, cuando se logra que la economía vuelva a crecer, que se vuelva a crear empleo y que los ciudadanos vuelvan a tener la esperanza de retornar a una calidad de vida como la que tenían antes.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señora vicepresidenta, ni con todas las armas de intoxicación mediática a su servicio conseguirán ustedes esconder el carácter antisocial, autoritario y centralista de sus políticas. Aunque lo llamen movilidad exterior, lo que han provocado es un exilio laboral de los jóvenes. Aunque lo llamen recuperación, su recuperación esconde más precariedad y un reparto insolidario del empleo, que castiga especialmente a las mujeres. Aunque lo llamen depreciación interior, lo que han forzado es una reducción de salarios -especialmente los más bajos- para aumentar los beneficios del capital. Aunque lo llamen segunda oportunidad, han abandonado a las familias desahuciadas para proteger al mercado hipotecario. Aunque lo llamen reforma eléctrica, lo que han hecho es aumentar tarifas, penalizar el autoconsumo y castigar las energías renovables. Aunque lo llamen regularización extraordinaria,


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lo que han hecho es aprobar una amnistía fiscal para proteger a sus defraudadores y sus delincuentes fiscales. Aunque ustedes continúen llamándolo transparencia, lo que han hecho es proteger durante toda la legislatura la corrupción y a sus corruptos. Aunque lo llamen racionalización de las administraciones públicas, lo que han hecho es impulsar la privatización de sectores públicos básicos y centralizar el Estado. Aunque lo llamen seguridad ciudadana, su ley pretende amordazar a los ciudadanos y a sus organizaciones sociales para hacerles callar. Aunque ustedes lo llamen transparencia, durante toda esta legislatura lo que han hecho es avalar y proteger la corrupción y sus corruptos. Aunque ustedes lo llamen patriotismo constitucional, lo que han hecho es someter este país al dictado de los mercados de capitales con un coste del que vamos a tardar muchos años en poder recuperarnos. Aunque se le llame democracia, no será democracia real y plena mientras la ciudadanía de Cataluña no podamos libremente decidir nuestro futuro en referéndum.

Por mucho miedo, por mucha intoxicación que ustedes practiquen no van a evitar que los ciudadanos de este país continúen luchando por sus derechos y por sus libertades y lo van a demostrar pronto en las urnas, señora vicepresidenta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Aunque usted lo repita su discurso en todas la sesiones de control, este país está mucho mejor que cuando gobernaba el partido que usted apoyaba, que era el Partido Socialista, señor Coscubiela. (Aplausos). Aunque haga usted todas las reiteraciones que quiera y aunque quiera hacer de esta Cámara un circo romano, que no lo es, al menos mientras este grupo siga aquí sentado, señor Coscubiela, ¡cuidado con sus gestos! (Rumores).

Señor Coscubiela no puede venir a esta Cámara a criticar una cosa y la contraria. Mire, usted apoyaba a un Gobierno que llevó al país a recesión y critica hoy a un Gobierno que lo coloca en crecimiento económico. Usted era mucho menos crítico cuando el paro crecía el 12 % que cuando el empleo crece a un ritmo del 3 %. Y a usted no se le oían tantas reiteraciones cuando en este país se congelaban las pensiones y ahora se pagan y actualizadas, señor Coscubiela. Usted critica todo, una cosa y la contraria, pero hay en usted algo que es de nota, lo cual demuestra que en eso por lo que usted pregunta, la comunicación, y que llama intoxicación hemos conseguido algo. El otro día usted criticaba la bajada de impuestos y decía que no había que bajarlos porque en este país todavía quedaba mucho para el equilibrio presupuestario. Señor Coscubiela, si usted defiende el equilibrio de las cuentas públicas es que en esa política de intoxicación y comunicación del Gobierno algo habremos hecho bien.

Por último, quiero recordarle que usted es aquí oposición, pero empieza a ser gobierno en algunos sitios y precisamente por su política de comunicación e intoxicación y por su política de empeoramiento del nivel de vida de los ciudadanos ya empiezan a conocerse los ayuntamientos donde ustedes gobiernan. Muchas gracias, señor Coscubiela. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO QUE HA EJERCIDO SATISFACTORIAMENTE SUS FUNCIONES COMO MINISTRA DE LA PRESIDENCIA? (Número de expediente 180/001379).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora vicepresidenta que formula don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, ¿cómo valora el ejercicio de sus responsabilidades en la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo del Gobierno y las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Este Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y todos los departamentos cumplen con sus funciones. Eso sí, nosotros no nos sentimos satisfechos. No nos sentiremos satisfechos hasta que logremos sacar de la crisis a todos esos españoles que perdieron su empleo cuando gobernaba el Partido Socialista, hasta que demos empleo a 3,5 millones de españoles y cuando logremos mejorar la calidad de vida de todos ellos. Para eso trabaja este Gobierno y el Ministerio de la Presidencia y procura cumplir con aquello que se hizo, un programa de recuperación para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señora Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar setenta y dos decretos-leyes. Es el Gobierno de la democracia que más ha utilizado esta figura. ¿Cómo se justifica que la haya utilizado en cuatro ejercicios consecutivos para los créditos extraordinarios del programa especial de armamento cuando son vencimientos que se conocen desde la época del señor Aznar? No tiene ninguna justificación, salvo que sea para cuadrar las cuentas del señor Montoro o sea una solemne chapuza, más propia de un mal estudiante de derecho que de una abogada del Estado. Si en lugar de utilizar sus superpoderes para frivolidades como leer en los labios, los hubiese utilizado para cumplir con su trabajo seriamente hoy no nos encontraríamos con cuarenta leyes que hay que tramitar en dos meses, porque eso no es trabajar hasta el último día, ese es el arreón del vago. (Risas.-Aplausos).

Los perdedores de esta crisis son los parados, los desahuciados, los estudiantes sin beca, pero también el procedimiento legislativo en esta Cámara, que ustedes han utilizado y pisoteado a su gusto. Han modificado proyectos enteros a través de las enmiendas de su grupo para saltarse los informes preceptivos; han reformado decenas de leyes mediante disposiciones adicionales de textos legales que nada tenían que ver con lo que se reformaba; han despreciado el Congreso de los Diputados. ¿Con lo que está pasando en Grecia no les da vergüenza que el señor Rajoy no comparezca en esta Cámara desde el pasado 15 de abril para hablar de ello y que no vaya a hacerlo hasta la semana que viene? (Aplausos). Pero lo peor de todo es que ustedes terminan la legislatura como la empezaron, señora Sáenz de Santamaría. Empezaron retrasando unos Presupuestos Generales del Estado por las elecciones andaluzas y terminan adelantando unos presupuestos por las elecciones generales. Aquel retraso perjudicó a España y no sirvió para sus propósitos electorales y el adelanto presupuestario no va a servir para la campaña del señor Rajoy porque a estas alturas todo el mundo sabe que las promesas del presidente del Gobierno no valen nada, y que el adelanto presupuestario vaya a perjudicar a España a ustedes les da igual porque han decidido poner los intereses de su partido, el Partido Popular, por encima de los intereses de la ciudadanía española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

¡Qué cuajo, señor Hernando! (Rumores). ¡Qué cuajo tiene al hablar de Presupuestos Generales del Estado, echándoselo en cara a este Gobierno, cuando en el año 2011 adelantaron elecciones al borde de un rescate para no presentar Presupuestos Generales del Estados! (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos). Señor Hernando, lo suyo es la amnesia política completa porque le recuerdo que, como consecuencia de esa medida, este Gobierno lo primero que tuvo que hacer, a tres días de tomar posesión, fue aprobar un decreto-ley para poder pagar las pensiones y el resto de pagas públicas a los ciudadanos españoles, a los que ustedes dejaron al borde de un rescate. (Rumores). Señor Hernando, este Gobierno va a tener que aprobar cinco Presupuestos Generales del Estado; eso es seriedad y responsabilidad. Lo que a usted le duele es que la responsabilidad de este Gobierno pone de manifiesto la irresponsabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ustedes están recuperando. (Protestas).


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Y si quiere que hablemos de las leyes que hemos traído a esta Cámara, de las muchas que hemos hecho, le digo por qué: porque tuvimos que presentar nuestras reformas y las que ustedes no hicieron; y los resultados están así. Nosotros no dejamos un país al borde del rescate, recogimos los bártulos y nos fuimos a la oposición; lo sacamos de él y hoy España está como está. Nosotros hemos llevado a España al crecimiento económico y a la creación de empleo, sacando del paro a los españoles que ustedes abandonaron allí. (Protestas). Hoy España es el país que más crece de la Unión Europea, gracias a las reformas que ha llevado a cabo este Gobierno, que ha logrado mantener el bienestar con muchísimo esfuerzo y sacrificio de muchos españoles pero también con el trabajo arduo de esta Cámara. No creo, señor Hernando, que a los diputados de mi bancada, de aquella y de esta, les importe trabajar mucho cuando se trata de buscar un empleo a los españoles. Usted se queja de que tiene que trabajar; bienvenido, porque tiene un empleo. Este Gobierno trabaja para que el resto de los españoles también lo tenga.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON ANTONI PICÓ I AZANZA, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN TARRUELLAS TOMÀS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE HAN ADOPTADO LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA LUCHAR CONTRA LOS ALTOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SOCIAL, DESIGUALDAD Y POBREZA? (Número de expediente 180/001389).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pregunta, en primer lugar, el diputado don Antoni Picó, del Grupo Catalán de Convergència i de Unió.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿considera el Gobierno que se han adoptado las medidas adecuadas para luchar contra los altos índices de vulnerabilidad social, desigualdad y pobreza?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Picó.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente, gracias, señoría.

Efectivamente, el Gobierno, desde el primer minuto, decidió que para combatir la desigualdad y los índices de pobreza, que habían sufrido el mayor aumento de la Unión Europea entre el año 2008 y el 2011 como consecuencia de la crisis económica, lo más importante era, en primer lugar, iniciar un proceso de reformas para volver a España al crecimiento y a la creación de empleo porque es lo que había castigado más especialmente a las rentas más bajas, a las ocupaciones de menor titulación, a las capas más vulnerables de la sociedad. Y, en segundo lugar, que tenía que realizar esa política de reformas y de reactivación económica garantizando los grandes servicios públicos, las grandes prestaciones sociales del Estado. Ese es el esfuerzo que se hizo y es lo que nos ha llevado a este momento, en el que podemos ver el futuro de una manera bien distinta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, los datos son indecentes. Intermón Oxfam ha asegurado que España es el segundo país más desigual de Europa, tan solo por detrás de Letonia. O Save the Children, la semana pasada, nos decía que más de uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. O la encuesta de condiciones de vida, publicada también el mes pasado por el INE, asegura que el 65 % de los hogares declara tener alguna dificultad para llegar a final de mes; de estos, los monoparentales y familias numerosas son los que tienen un mayor riesgo de pobreza. Ante estos datos, el Gobierno aprueba planes de inclusión social de familia que contienen medidas aprobadas con anterioridad y sin incrementos de dotaciones presupuestarias; o reduce o elimina transferencias a comunidades autónomas para servicios


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sociales: de dependencia, de apoyo a la discapacidad. No se toman medidas para paliar la pobreza energética y se oponen a que otros la tomen. Como el perro del hortelano, señor ministro, ni comen ni dejan comer. O se incrementan de forma generalizada impuestos como el IVA que es el impuesto más regresivo. Y la reforma fiscal, señor ministro, ha sido una oportunidad perdida para mejorar el trato fiscal a familias con rentas bajas y medias con hijos a cargo. Y así un largo etcétera.

Señor ministro, en épocas de bonanza económica los datos de pobreza, especialmente infantil, se situaban por encima de la media europea. El problema existía y se ha agudizado. Muchos países europeos han sufrido la crisis, pero sus datos de pobreza no se han incrementado como en España y ello es debido a que cuentan con políticas de apoyo a la familia, con políticas de justicia social y equidad y de potentes ayudas sociales, precisamente lo que no tenemos. Voy a hacerle una propuesta, señor ministro. Unió Democrática le propone que cree un fondo para combatir la pobreza y la exclusión social dotado con los ingresos por autoliquidaciones extemporáneas recaudadas por la Agencia Tributaria. Distribúyanlo entre las comunidades autónomas; háblelo con el señor Montoro. ¿Sabe a cuánto puede ascender este fondo, con datos de 2014? A más de 1.300 millones de euros y ustedes en los presupuestos dedicaron una partida específica a pobreza infantil de 32 millones de euros. Háganlo ya, señor ministro, 1.300 millones de euros. Los datos de pobreza, exclusión social y desigualdad son, como le digo, indecentes. O se toman medidas contundentes y cuanto antes o... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, 184.000 millones de euros, esos son los mecanismos de liquidez que ha trasladado el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, particularmente también a la suya, a la comunidad de la que procede usted. ¿Para qué? Para mantener en la Generalitat los servicios sociales, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales que corren a cargo de las comunidades autónomas. Eso es lo que ha mantenido también la política de bienestar que se hace desde el ámbito autonómico en España y esa era la responsabilidad del Gobierno, como no puede ser de otra manera.

Es tarde para pedirme la creación de un fondo de lucha contra la pobreza porque este Gobierno ya lo ha creado y lo ha venido dotando, trasladándolo también a las comunidades autónomas. Ya que habla de familia, piense usted en cuáles son las grandes redes de protección social en España. Primero, naturalmente, las administraciones públicas, que con las pensiones, las prestaciones por desempleo, los subsidios, los grandes servicios públicos que se ofrecen de manera gratuita a los ciudadanos ejerce ese papel de solidaridad y amparo. Luego están también las familias españolas. Hemos aprobado un Plan de familia y estamos apoyándolas con la reforma fiscal. Por último, está el tercer sector de acción, que ustedes quieren destruir a nivel nacional. Ustedes quieren evitar que puedan tener asistencia, que puedan recibir prestaciones para poder ejercer su labor de solidaridad entre españoles, vivan en la comunidad en la que vivan, a través de las subvenciones del 0,7 %, a través de un tercer sector vigoroso que tan bien ampara, protege y combate la situación de pobreza.

España ha hecho las reformas que tenía que hacer. Ya se sabe lo que ocurre cuando no se hacen reformas. Este país las ha hecho y por eso tiene derecho a ganarse el futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER EN LA LEGISLACIÓN Y EN LA PRÁCTICA? (Número de expediente 180/001388).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que formula la diputada doña Ángeles Álvarez del Grupo Socialista.


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La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Acabamos de conocer un informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas que recomienda corregir situaciones creadas por su Gobierno que ponen en riesgo los derechos de las españolas. ¿Piensa atenderlas o seguirá profundizando en el acoso a los derechos de las mujeres?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica comparte con este Gobierno un mismo objetivo que es mejorar la igualdad real entre mujeres y hombres. De su informe, si se lee atentamente -o leyéndolo someramente-, también se destaca que se han producido avances muy importantes en España a lo largo de los últimos años, avances que son referencia y modelo para otros países en el mundo, entre los que están las leyes que hemos consensuado y aprobado juntos en la Cámara. Muestran su satisfacción por el Plan estratégico de igualdad de oportunidades, por los planes que tenemos previsto aprobar en esta última etapa del Gobierno contra la brecha salarial, también destacan la estrategia dedicada a la violencia contra la mujer o el Plan nacional contra la exclusión social. Acogen muy positivamente -fíjese- la ampliación de la justicia gratuita a las víctimas de malos tratos con independencia de los recursos o que, por ejemplo, desde el año 2013 se publiquen los datos estadísticos sobre la infancia en este terreno. También destacan los programas que llevamos a cabo para apoyar y proteger a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Es verdad que llaman la atención sobre la crisis y la destrucción de puestos de trabajo que se inició en España en el año 2008, que ha tenido graves consecuencias para las mujeres. Este es el plano en el que el Gobierno ha trabajado más, es la gran prioridad del Gobierno. El empleo, junto con la corresponsabilidad, la conciliación y la erradicación de la violencia de género forma parte de una estrategia integral de protección y defensa de los derechos de las mujeres que nos ha permitido avanzar en estos últimos años.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor ministro, el informe señala literalmente impresionantes esfuerzos y progresos de España precisamente durante los Gobiernos socialistas; el problema es la manifiesta preocupación sobre los riesgos que corren esos logros con las medidas de su Gobierno. Este informe califica de regresiva la eliminación de Educación para la Ciudadanía y les recomienda reimplantarla como asignatura obligatoria.

La ONU les insta -y abro comillas- a suspender todos los intentos de restringir el actual acceso seguro y legal al aborto -cierro comillas-. Pero es que, además, les previene sobre la temeridad que supone una reforma que va a poner en riesgo a cientos de jóvenes españolas con embarazos no deseados que, además, por ejemplo, son víctimas de violencia intrafamiliar. Una de las cosas que hace el informe es afear su insensibilidad en el caso González, asimismo, alerta de la poca protección que se otorga en este país a los hijos de padres violentos y ustedes están votando de manera sistemática en contra de cada proposición socialista para reforzar la protección de los menores. Este informe también dice que la excesiva carga que soportan las mujeres españolas para atender a personas dependientes es culpa de sus recortes en protección social y que eso está expulsando a las mujeres del mercado laboral. El informe considera que su reforma del Instituto de la Mujer debilita aún más el objetivo de eliminar la discriminación y además nos está alertando -y le vuelvo a abrir comillas- porque la situación de los servicios de protección a víctimas se está deteriorando en todo el país. Le recomiendo que lea la letra pequeña porque de lo que habla en verdad es de las comunidades que hasta ahora ustedes estaban gobernando. Usted no puede marcar un perfil positivo en materia de igualdad porque las políticas de su Gobierno han sido un permanente atentado a la libertad de las mujeres en este país por tierra, mar y aire. La cuestión ahora sería si usted va a atender las veintinueve recomendaciones de Naciones Unidas o seguirá hostigando a las mujeres. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Se ha dado cumplida respuesta a cada una de las recomendaciones, que nosotros agradecemos porque nos gusta colaborar con organismos internacionales. Sobre otras cuestiones, diré también que las leyes que se hacen en España las decide este Parlamento, como no podría ser de otra manera porque ha de ser así. Pero ya que me habla usted de hijos de padres violentos y hoy se van a aprobar las leyes de protección a la infancia -que entiendo que es un gran avance, un avance importante que usted reconocerá-, ¿no ha sido este Gobierno el que permite que los jueces puedan poner garantías sobre la patria potestad, la custodia y el régimen de visitas? ¿O no ha sido una enmienda del Partido Popular la que hace que aquel que asesine a un familiar no pueda cobrar la pensión y que, por tanto, el asesino de una mujer no pueda cobrar la pensión de viudedad? (Aplausos). Con su Gobierno esa enmienda no se introdujo. Por tanto, estamos avanzando... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿EN QUÉ BENEFICIA A NUESTRO PAÍS LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO CON LOS ESTADOS UNIDOS QUE AFECTA A LA BASE DE MORÓN? (Número de expediente 180/001380).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación formulada por el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿en qué beneficia a nuestro país la firma del protocolo de enmienda del Convenio con los Estados Unidos respecto a la base de Morón?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, no quisiera yo adelantar acontecimientos porque la semana que viene tengo prevista una comparecencia para discutir en extenso esta cuestión, pero, a una pregunta directa, una respuesta directa. Podemos hablar de tres beneficios. En primer lugar, añade valor a la seguridad de España, a la seguridad de Europa y a la seguridad de los aliados. En segundo lugar, refuerza los dos anclajes en los que se basa la política exterior española: nuestro protagonismo en Europa y el vínculo con los Estados Unidos. En tercer lugar, aporta beneficios concretos para la zona porque el acuerdo firmado por Defensa supone la inversión de 29 millones de dólares que, sin duda, repercutirán en la creación de empleo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, hace pocos días se firmó este protocolo con Estados Unidos; un acuerdo que va a suponer el incremento del número de efectivos y también de medios materiales aéreos americanos en la base de Morón. Es fundamental para la seguridad internacional que Morón sea una base que contribuya a frenar el avance del yihadismo en el norte de África, y es bueno para España. Pero en este marco hay una cuestión que nos preocupa y son los trabajadores españoles en la base.

El convenio antes de la enmienda establecía la existencia de 75 civiles americanos y hasta otros 75 civiles españoles contratados directamente por el Ministerio de Defensa; hoy no hay ninguno. Son de Rota los trabajadores de Morón en comisión de servicio, el resto dependen de una contrata, una contrata que ha llevado a cabo tres ERE, dos de ellos en los últimos veinticuatro meses, 240 trabajadores a la calle en una comarca especialmente azotada por el paro. Esta es una cuestión que preocupa a los alcaldes de la zona, a la Junta de Andalucía, al comité de empresa y también a mi grupo parlamentario, que por eso incide en esta cuestión, porque un aumento del número de soldados americanos no puede llevar aparejado


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un aumento del paro, un aumento de la precariedad y que se sustituyan trabajadores españoles por soldados americanos.

Es cierto que en las últimas semanas ustedes nos han trasladado seguridades por varias vías pero nosotros queremos hoy aquí un compromiso en sede parlamentaria, y en ese marco les planteamos si el Gobierno tiene previsto en el convenio con Estados Unidos que por cada civil americano haya un trabajador español contratado directamente por el Ministerio de Defensa. Les preguntamos si van a exigir a los servicios de apoyo que los presten trabajadores y no soldados; si se va a mediar por parte del Gobierno para evitar nuevos ERE, y se va vigilar que esos 29 millones de euros en infraestructuras de la base representen contratos para españoles, porque parece una obviedad pero quiero insistir: esta va a ser una base española. En definitiva, señor ministro, ¿el Gobierno puede garantizar que este convenio va a suponer en primer lugar el mantenimiento y posteriormente el incremento de empleo para trabajadores de la zona? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): A las cuestiones concretas que usted plantea contestaremos la siguiente semana, pero yo le sugeriría que se dirigiese al departamento de Defensa. En todo caso, reitero que va a haber una inversión de 29 millones de dólares que necesariamente tienen que suponer un aumento de empleo. Pero el tema es muy importante desde el punto de vista de la seguridad.

Mire usted, en un dilema antiguo entre una Europa atlántica o una Europa de espaldas a los Estados Unidos, este Gobierno quiere una Europa fuerte con una alianza fuerte con los Estados Unidos. En segundo lugar, la relación bilateral en materia de seguridad más importante que tenemos es la que poseemos con los Estados Unidos, por eso esa relación ha sido siempre una política de Estado. El Convenio para la cooperación de la defensa fue firmado en época de Felipe González con los votos de este grupo parlamentario. Las dos enmiendas, la de 2002 en época de Aznar y la de 2012 en época de Rajoy, fueron aprobadas por este Gobierno con los votos de ese grupo parlamentario. Y aquí lo que se ha producido es un aumento de la amenaza en nuestra frontera sur. Empezó con un ataque al consulado de Bengasi que le costó la vida al embajador; Estados Unidos nos pidió un despliegue temporal de la fuerza en Morón, accedimos; pidieron una prórroga, accedimos; pidieron una segunda prórroga y volvimos a acceder. Gracias a las buenas relaciones y a la política de este Gobierno, lo que era temporal va a ser permanente; en vez de establecerse esa base en un país amigo pero no español, se establece en España, lo cual da mayor protagonismo a España en la defensa en Europa, en la Unión Europea, y mayor protagonismo en el seno de la alianza con nuestros aliados. Poder, podemos volver la espalda a nuestras alianzas, pero deber, debemos mantenerlas. Ustedes sabrán si podemos o debemos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CREE EL GOBIERNO QUE ES VIABLE LA APROBACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN CONTRA DEL RESTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS? (Número de expediente 180/001381).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Isabel Rodríguez del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la semana pasada, diputados de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, registramos este recurso ante el Tribunal Constitucional contra la cadena perpetua que ustedes nos han impuesto. ¿No cree que son inviables este tipo de reformas en contra de la mayoría política de este Parlamento? ¿Es usted capaz de explicarnos por qué lo hace? Si es cierto que nuestro país tiene las tasas más bajas de delincuencia de nuestro entorno, si es cierto que la criminalidad ha ido descendiendo día a día en nuestro país, si es cierto que somos uno de los países de la Unión Europea con más población reclusa, con más población en las cárceles, si es cierto que somos uno de los países de la Unión Europea con las penas más altas y de cumplimiento más íntegro, ¿a qué se debe esta


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reforma? ¿Por qué nos han hecho retroceder un siglo en nuestro derecho penal? ¿Y por qué lo han hecho contra todos? ¿De verdad cree que esto va ser viable en el futuro? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.

Señoría, permítame que empiece con un concepto que ha manejado usted de la mayoría política. Yo creo que es mayoría la que ha votado por mayoría absoluta la aprobación del Código Penal y, por tanto, la aprobación también de la prisión permanente revisable. Veo que su concepto de mayorías tiene un soporte democrático muy relativo, el que les interesa a ustedes. La mayoría del Congreso y del Senado han aprobado una ley con carácter orgánico y, por tanto, tenemos una reforma plenamente democrática. (Aplausos). Son doscientos cincuenta artículos dedicados a proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia de género, a los menores, a las minorías y ustedes, sin embargo, solamente han hecho causa de una de las cuestiones, causa paradójicamente de la que no han querido ni hablar, porque había que suprimir la prisión permanente revisable; no han dado la posibilidad de discutir ni negociar sobre la duración de los tiempos de la revisión, las condiciones y el tipo de delitos. Paradójicamente, una institución que existe en toda la Europa democrática, en todas las sociedades democráticas consolidadas hace siglos en Europa, en España no puede ser constitucional. Nosotros hemos hecho una tramitación rigurosa y ortodoxa del proyecto, tiene todos los informes que tiene que tener y todo el mundo avala que es plenamente constitucional. Por tanto, creo que son ustedes quienes deberían revisar a qué se debe ese frentismo contra la prisión permanente revisable como técnica de política criminal que existe en toda Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor ministro, frentismo de ustedes contra todos. Respeto su mayoría absoluta, pero ustedes han hecho un abuso de su mayoría que tiene como consecuencia un rechazo de una mayoría social y política. (Aplausos). ¿Argumentos jurídicos? Los tiene en el recurso y le animo a que los lea, pero le puedo enunciar algunos: es una pena inhumana; es una pena que vulnera claramente los principios de proporcionalidad y de culpabilidad que nos lleva también a incumplir el derecho a la libertad; es una pena contraria al principio de legalidad penal porque es una pena indeterminada; es una pena que rompe el claro mandato de nuestra Constitución de resocialización porque prácticamente impide la reinserción de los reos. No se entiende, señor ministro, su empeño en ir contra todos y en mantener esta reforma contra todos. Esta cadena perpetua no será perpetua, porque afortunadamente su Gobierno no es perpetuo. ¿En algún momento se creyeron no solo absolutos, sino también perpetuos? Afortunadamente, no será perpetua y sí será revisable, pero no para justificar su constitucionalidad. No será revisable por los juzgados dentro de veinticinco años, sino que será revisable por una mayoría social que les dará la espalda en las próximas elecciones generales y será revisable por un nuevo Gobierno que cambiará y derogará esta ley con el apoyo de una mayoría social y política en esta Cámara. Así será. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más vuelvo a cuestionarme esos conceptos de las mayorías sociales. Yo entiendo muy bien las mayorías, la democracia representativa, que es la que fortalece nuestra Constitución. (Aplausos). He oído hablar de las mayorías sociales, pero a personas que no están representadas en esta Cámara de momento. Me preocupa que el Partido Socialista se adapte cada vez más a ese tipo de lenguaje intentando encontrar su espacio en la sociedad española. (Aplausos). Señoría, mayoría social, el 70 % de los ciudadanos que, según las encuestas, que no hemos hecho nosotros, sino los medios de comunicación, apoya la prisión permanente revisable. ¿Y sabe a quién me interesa especialmente escuchar? A las asociaciones de víctimas, a las asociaciones que han sufrido especialmente el delito, el terrorismo y que han estado agradecidas al Gobierno y a este grupo parlamentario por aprobar la prisión permanente revisable. Más de dos mil enmiendas se han presentado al Código Penal y hemos aceptado


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más de cuatrocientas. ¡Si eso no es un sistema participativo, usted me dirá! La Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que no es una pena inhumana y no es contraria a los tratados. Por tanto, está muy bien que en su recurso aleguen eso, pero deberían mirar la doctrina internacional para saber que no es verdad lo que están diciendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CALDUCH CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO RECUPERAR LAS APORTACIONES AL RÉGIMEN MUTUALISTA DE LOS FUNCIONARIOS PARA MEJORAR SU SOSTENIBILIDAD FUTURA? (Número de expediente 180/001377).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta del diputado don Rafael Calduch, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor ministro, ¿piensa el Gobierno recuperar las aportaciones al régimen mutualista de los funcionarios para mejorar su sostenibilidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor diputado, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, tiene actualmente una situación económica saneada y no presenta ningún problema de falta de liquidez o tesorería. De hecho, paga puntualmente a sus proveedores en un plazo inferior a treinta días, especialmente a las entidades médicas concertadas y a los colegios oficiales de farmacia de España con los que tiene firmados los correspondientes convenios. Muface es un sistema solvente y sostenible que, además, como saben todos los funcionarios, está plenamente garantizado por el Estado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor ministro, en una reciente encuesta realizada a 26.000 mutualistas -le doy como referencia que las encuestas habituales para sondear los resultados de las elecciones se hacen en torno a 2.000 o 2.500 encuestados-, el 96 % creía que el régimen mutualista puede desaparecer y el 89 % que la aportación financiera del Estado es insuficiente. En una colectividad de funcionarios de más de 1.500.000 que están en las distintas mutualidades, de los que casi un millón son de Muface, se está teniendo la clara sensación de que el régimen mutualista está siendo socavado directamente por el Gobierno. Por cierto, también hay informes de la oposición, de la Fundación Alternativas, que hablan de la necesidad de acabar con el régimen mutualista. Está siendo socavado por dos razones básicas. En primer lugar, por la caída de la filiación debido a la tasa de no reposición; usted le llama tasa de reposición, pero es de no reposición. En segundo lugar, por la escasez de aportaciones de Hacienda. Entre 2010 y 2015 el acumulado de aportaciones de Hacienda al régimen mutualista en su conjunto ha sido de 52 millones, una ridiculez. ¿Saben por qué? Porque han agotado el remanente de tesorería, ya que durante el periodo 2009-2015 han utilizado 1.052 millones de euros de los remanentes de tesorería que tenían las mutualidades. ¡Claro que ha sido sostenible hasta ahora! La cuestión es si va a ser sostenible en el futuro. Surge una oportunidad maravillosa para que ustedes empiecen no ya a recurrir a la caja de tesorería -puesto que esta se ha agotado-, sino a meter en los próximos presupuestos que vamos a debatir y aprobar las cantidades que se necesitan para que se recupere la financiación de las mutualidades. Usted dijo la semana pasada que había que dignificar a los funcionarios porque habían hecho un esfuerzo solidario. Este es el momento de que lo haga y le invito, señor ministro, a que aquí públicamente se comprometa a incrementar las aportaciones, porque hasta ahora se han sostenido gracias a los recortes de prestaciones y a la caja acumulada en años anteriores.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, claro que me comprometo, como ya ha ocurrido en este ejercicio 2015, donde ya se ha incrementado la aportación del Estado a Muface. Es un incremento de un 1,58 % que va directamente a la mejora de la asistencia médica y farmacéutica del millón y medio de personas que se benefician de la protección de Muface; de hecho, más del 83 % de su presupuesto se destina a estas partidas. Concretamente, el dinero destinado a gasto farmacéutico se incrementa casi un 6 %, mientras que el de asistencia médica concertada con entidades privadas, que es el que dije, el 81 % de los funcionarios, sube un 0,9 % respecto a 2014. Estoy hablando del presupuesto de 2015. Además, las entidades de seguro médico privado concertadas con Muface han ampliado su catálogo de oferta sanitaria para dar una atención integral a todos los mutualistas y beneficiarios que hayan optado por recibir la asistencia a través de dichas entidades. Los funcionarios del Estado pueden tener la plena seguridad de que el presente y el futuro de Muface, sus prestaciones sanitarias y su financiación están legal y plenamente garantizados por el Estado. La evolución presupuestaria y el incremento de aportaciones del Estado en estos dos años son una prueba evidente y los Presupuestos Generales del Estado que está elaborando el Gobierno confirmarán esta clara apuesta por la seguridad y la fiabilidad de Muface.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ INTENCIONES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016? (Número de expediente 180/001382).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones públicas que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué intenciones tiene el Gobierno con relación a los presupuestos, los va a adelantar?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Saura, la intención del Gobierno es elaborar los Presupuestos Generales del Estado, como es su obligación, y lo hace desde el convencimiento de que es lo mejor para los españoles, es lo que garantiza la continuidad de la recuperación económica y de la creación de empleo para el año próximo. Al elaborar y presentar a la Cámara estos presupuestos no hacemos otra cosa más que cumplir con nuestra más elemental obligación.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, por hablar claro, Zapatero evitó un rescate en el que usted se empeño. (Rumores). Usted quería que España fuera Grecia, señor Montoro. (Rumores). Eso es lo que quería. Y el señor Zapatero y el resto de grupos de la Cámara evitaron un rescate. España fue rescatada con Rajoy. (Rumores). Y por retrasar el presupuesto del año 2012, por razones electorales, un rescate, señor Montoro... (Rumores).


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El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Saura. Ruego silencio para que se oiga al señor Saura. Continúe.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Un rescate que nos costó 60.000 millones de euros. Que quede claro, señor Montoro, usted se empeñó en un rescate, usted quería que España fuera Grecia. Cuando hubo rescate fue con Rajoy y nos costó 60.000 millones de Euros. Usted va a traer los presupuestos de 2016 no como ministro de Hacienda, sino como asesor y como miembro del comité electoral del Partido Popular, porque usted, señor Montoro piensa que puede comprar la voluntad de los españoles. Usted cree que prometiendo dinero va a comprar votos. Eso es lo que usted piensa. No han entendido nada, señor Montoro. (Rumores). El Grupo Socialista se va a oponer por tierra, mar y aire a esos presupuestos y a ese manejo interesado de los presupuestos por el Partido Popular. Y le digo más, señor Montoro. Ya veo el libro amarillo de los presupuestos del año 2016: presupuestos 2016, chapuzas Montoro S.L. Ese es el presupuesto para el año 2016, prometiendo dinero a cambio de votos. Eso es lo que quiere hacer el señor Montoro. Pero los españoles saben perfectamente que sus promesas se las lleva el viento y la dignidad de los españoles es muy alta, señor Montoro.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La dignidad no solo de los españoles, la capacidad intelectual de los españoles es, efectivamente, muy alta. Esa es exactamente la que rebaja su señoría con el lenguaje, ese lenguaje tan científico que lleva adelante en el debate de la política económica de los presupuestos. (Aplausos). Señor Saura, usted hace todo un acopio de descalificaciones, ahora chapuzas, pero ese es el lenguaje de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ha ocurrido en este país lo saben todos los españoles, por supuesto que lo saben todos los españoles. Aquí hubo un gobierno que negó la crisis económica que se nos venía encima y desde esa negación practicó la política económica y presupuestaria que alimentó esa crisis económica. Al final de su anterior mandato tiró la toalla, convocó elecciones generales con cuatro meses de anticipación para no hacer los presupuestos generales correspondientes al año 2012. Aquí hubo un gobierno que renunció a su responsabilidad -el Gobierno del presidente Zapatero, del que usted formaba parte y que estuvo apoyado por el señor Sánchez, sentado aquí- con esas medidas del año 2010, que lo que hicieron fue traer más paro a España, destruir cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y destruir la confianza en España de nuestros socios europeos y de los inversores internacionales. Ese es el balance de ustedes en esa legislatura, y ahora quiere recuperar esa legislatura diciendo lo bien que lo hizo el señor Zapatero, que salió -si me permite la expresión- por pies por esa puerta para no hacer los presupuestos del Estado. Ahora va a haber un gobierno en España que va a traer un presupuesto para los españoles, para garantizar que, con independencia de quién sea el próximo Gobierno de España, se aplique una política económica que promueva el crecimiento económico y... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO DEVOLVER A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LOS DERECHOS QUE LES HA QUITADO EN ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/001383).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula la diputada doña Susana Sumelzo, del Grupo Socialista.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, ¿piensa su Gobierno devolverles a los empleados públicos los derechos que les ha quitado durante esta legislatura?


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sumelzo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Los funcionarios públicos han tenido un ejemplar comportamiento en esta legislatura. Ha sido una legislatura muy difícil, donde el Gobierno les ha pedido un esfuerzo, un sacrificio y, ahora, ya estamos en condiciones -puesto que ya está mejorando la evolución económica de España y también las condiciones presupuestarias- de devolver a todos los ciudadanos, y también a todos los funcionarios públicos, ese esfuerzo y ese sacrificio de estos años. Por eso, hablo en esta Cámara no solo ya de recuperar el pasado, sino de dignificar la Función pública, apostando claramente por el reconocimiento de lo que significa ese servicio público que, por descontado, tiene que tener también una mejor retribución económica y tiene que estar acorde, en términos de la calidad de la prestación que realizan estos funcionarios, con la mejora de los servicios públicos para todos los españoles.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, llegamos a creer que ustedes habían hecho propósito de enmienda, pero lo cierto es que siguen exactamente igual. En esta legislatura hemos presenciado el mayor ataque a los derechos de los empleados públicos de toda la democracia, y ellos lo saben muy bien. Ustedes les birlaron la paga extra, les congelaron el salario, aumentaron su jornada y redujeron su formación. Les han quitado prestaciones sanitarias; han eliminado permisos; han limitado su carrera profesional. No se puede hacer más daño en menos tiempo, señor Montoro. Y no conformes con eso, les han desprestigiado. ¿Sabe por qué no tiene usted ningún crédito para rebatirme? Porque no cesó usted de inmediato al secretario de Estado cuando les llamó vagos. Señor Montoro, insinuar -como lo ha hecho usted hoy aquí- que con unas elecciones a la vista van a devolver a los empleados públicos una parte, desde luego bastante menor de los derechos que les han arrebatado, es faltar al respeto de la inteligencia de muchos millones de personas, y a estas alturas ya no cuela, señor ministro. Ustedes han perjudicado -y no en poco, sino en mucho- a los servicios públicos de este país y a quienes los prestan. Han destruido cada mes cuatro mil empleos de servicios esenciales. Todo un récord, señor Montoro. Hoy tenemos menos médicos, menos maestros, menos funcionarios destinados a controlar el fraude fiscal y laboral, y solamente se ha repuesto una de cada quince bajas. Señor ministro, los empleados públicos de este país solo esperan tres cosas de su Gobierno; una, que les pidan perdón por los derechos que les han arrebatado y por los insultos que les han proferido; dos, que dejen de burlarse de ellos con falsos reclamos electorales; y, tres, que abandonen el Gobierno. Eso significará que en España volverán a funcionar correctamente los servicios públicos y volverán a ser tratados como se merecen los empleados públicos que los prestan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sumelzo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Este Gobierno no bajó el sueldo de los funcionarios públicos, como sí hizo el Gobierno anterior. (Rumores.-Aplausos). Eso es bajar y perder base, calidad y condición de vida. Este Gobierno ha devuelto ya este año el 25 % de la paga. (Rumores). ¿No la ha devuelto este Gobierno? (La señora Sumelzo Jordán hace signos negativos). Esto es sensacional. A usted le ha devuelto la paga; lo que pasa es que debe tener una retribución tan sustanciosa que no se ha dado ni cuenta, señoría. (Rumores.-Aplausos). No se ha dado ni cuenta realmente de que se le ha devuelto el 25 % de la paga. ¡Que me diga eso a estas alturas! También se les ha devuelto dos de los días de libre disposición que se les retiraron y el propósito del Gobierno es, de acuerdo con las decisiones tomadas a comienzos de este año, proseguir en esa senda a medida que lo permitan las condiciones presupuestarias y hacerlo, además, dentro de la mesa de la Función pública, donde vamos a tratar con los representantes sindicales cómo deben evolucionar las condiciones laborales de los funcionarios y sus retribuciones para que en los próximos


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años puedan participar directamente de lo que ha sido su aportación a la mejora de los servicios públicos en nuestro país.

Señorías, ustedes, el Partido Socialista, que están echándose en manos de la izquierda radical, son precisamente una falta de garantía para que pueda prosperar... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JON IÑARRITU GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO DE SU GESTIÓN AL FRENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR? (Número de expediente 180/001376).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, pregunta el diputado don Jon Iñarritu, del Grupo Mixto.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué valoración hace el ministro de su gestión al frente de su ministerio?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

No creo que me corresponda valorar mi gestión. En todo caso, comparecí el 31 de enero de 2012 ante la Comisión de Interior de esta Cámara, estableciendo los compromisos y objetivos fundamentales de mi gestión mientras estuviera al frente del ministerio y las cifras y los hechos avalan esos compromisos, en la medida en que el objetivo fundamental era contribuir a que España fuera un país cada vez más seguro y en el que se garantizaran más y mejor los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a nuestros ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor ministro, no le preguntaré por el caso vasco, ya que lo hemos hecho anteriormente y hemos visto que es inútil, aparte de que creemos que en este caso usted hará bueno al señor Mayor Oreja, pero sí le preguntaré por las políticas migratorias, un caso en el que usted ha priorizado una respuesta policial a un asunto humanitario. Señor ministro, a Dios rogando y con el mazo dando. Usted será recordado por ser el ministro de Tarajal, allí donde murieron quince personas bajo una lluvia de pelotas de goma y de disparos. Después vino aquí, no dijo toda la verdad -dio varias versiones que fueron desmentidas- y ni una sola dimisión, ni por las muertes ni por las mentiras.

Por lo que se refiere a la valla de Melilla, un tanto de lo mismo: brutalidad policial y expulsiones en caliente, sin respetar el derecho de asilo. Así se lo han recordado varias organizaciones internacionales. Y por si fuera poco, desde su ministerio se han lanzado mensajes peligrosos de efectos llamada, invasiones, asaltos, estigmatizando con ello a potenciales solicitantes de asilo, mensajes propios de la extrema derecha. Mensaje de extrema derecha ha sido también el homenaje de su Gobierno a los voluntarios nazis de la División Azul en Barcelona, un hecho al que usted se refirió diciendo que se hizo en un ambiente de reconciliación histórica. ¿Qué reconciliación, señor Fernández? De igual forma ascendieron a coronel a un guardia civil que festejó en un cuartel el aniversario del 23-F. Por eso es de suponer que la veintena de agentes que recientemente se fotografiaron bajo la estatua de un dictador en Melilla lo hicieron para que usted les ascienda también, ¿verdad? Señor Fernández, aumento de la represión, medallas a figuras religiosas, mensajes mesiánicos, proclamas de estigmatización de extranjeros, control policial de la oposición e incluso de jueces. ¿Usted considera que su mandato puede ser recordado como el de un gobierno de la Europa del siglo XXI? Los hechos mencionados han sido motivo de apercibimiento tanto de la ONU como de la Unión Europea y del Consejo de Europa y usted ha hecho oídos sordos. ¿Cree que todos ellos están equivocados, señor ministro?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

No me extraña que usted no hable -como lo llaman ustedes- de la cuestión vasca, porque sería muy fácil replicarle, sobre todo si tenemos en cuenta que usted todavía no ha condenado a ETA ni le ha pedido que se disuelva. En todo caso, como usted habla de la política migratoria, le diré que con esas cuestiones es mejor no hacer demagogia. Ha hablado usted de la playa de El Tarajal y de los hechos que se produjeron el 6 de febrero del pasado año, que están sometidos a procedimiento judicial. Espero que usted respete cuando menos la separación de poderes y espere a que se pronuncie la autoridad judicial sobre esos hechos, respecto de los cuales de momento lo que ha quedado acreditado es que no se produjeron en aguas españolas sino en aguas marroquíes. El secretario de Estado y yo comparecimos en la Comisión de Interior, se hizo un ejercicio de transparencia sin precedentes publicando en la página web del ministerio todas las grabaciones que se habían efectuado del perímetro fronterizo de Ceuta para que se pudiera acreditar lo que allí realmente sucedió en aquel día. Pero, insisto, está sometido a la autoridad judicial y nosotros creemos en la separación de poderes, nos remitimos a ella desde el principio de la presunción de inocencia constitucional, a la que los guardias civiles evidentemente también tienen derecho a acogerse. Tengo que decirle que apoyo absolutamente a la Guardia Civil y creo en su inocencia y tengo la absoluta convicción de que actuó de forma proporcional y que en ningún momento el lanzamiento de pelotas de goma que se hizo tuvo como misión agredir de manera directa los cuerpos de esas personas que intentaban entrar irregularmente en nuestro país. De lo que se trató fue de disuadirlos, como quedó acreditado por las grabaciones y la instrucción judicial.

En cuanto al tema de Melilla, sencillamente... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿EN QUÉ MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY MORDAZA? (Número de expediente 180/001384).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro del Interior y que formula don Felipe Sicilia, del Grupo Socialista.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hace una semana entró en vigor la ley mordaza, su ley mordaza, una ley que empezó con el rechazo del Consejo General del Poder Judicial, continuó con las críticas de los relatores de Naciones Unidas, puso en alerta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y llenó las páginas de la prensa internacional, sobrecogida por el retraso que esta ley suponía en nuestros derechos y libertades. Una ley que rechazan centenares de organizaciones, desde Amnistía Internacional o Greenpeace hasta Cruz Roja o Cáritas, señor ministro. Una ley que cuenta con el rechazo de todo el arco parlamentario, a excepción del Partido Popular; salvo ustedes, señor Fernández, nadie quiere esta ley, una ley innecesaria. Porque, señor ministro, díganos ¿en qué va a mejorar la seguridad de los españoles su ley mordaza? (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Como cuestión previa le diré, señor Sicilia, que me preocupa que el pacto con fuerzas radicales de izquierda (Rumores), le haya llevado a que asuman ustedes su lenguaje como propio; eso me preocupa. Respecto a esa ley a la que usted califica en los términos que ha dicho, le voy a leer algunas de las cosas que usted debería conocer. Por ejemplo, en relación con los aspectos más controvertidos cabe destacar el uso no autorizado de imágenes de actuaciones policiales, que ha sido interpretado de manera torticera por quienes se oponen a esta ley. Se podrán seguir grabando actuaciones policiales, lo que impide la ley, eso sí, es difundir esas imágenes de forma que se ponga en peligro la integridad del funcionario o de su familia. Cabe recordar que ya ha sucedido en el pasado la difusión de imágenes de policías e incluso de su dirección postal, sufriendo acoso por parte de algunos ciudadanos, lo que supuso que tuvieran que trasladarse de domicilio. La grabación de imágenes a efectos informativos no está sancionada en esta ley -luego continuaré-. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los cuatro sindicatos


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policiales unánimemente, los cuatro sindicatos policiales respaldan esta ley y niegan lo que usted está diciendo. Me parece que usted, que es policía, debería tener más respeto por sus 70.000 compañeros que unánimemente consideran...(Varios señores diputados: ¡No! ¡Es diputado, es diputado!-Rumores).

El señor PRESIDENTE: ¡Ruego silencio, por favor! ¡No interrumpan!

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): ¿Puedo continuar?

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor ministro, que yo preveré para que se le escuche en toda la Cámara.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor diputado, usted profesionalmente es policía y por eso le digo que usted debería, por lo menos, respetar a sus compañeros. (Rumores). Los sindicatos de policía, unánimemente, han dicho lo que le acabo de decir y respaldan esta ley en la medida en que respalda a los policías y a sus familias que estaban siendo acosados. La ley no prohíbe grabaciones, prohíbe el uso no autorizado con finalidad de acosar físicamente a los policías y a sus familias. Espero que usted defienda eso y no lo que están diciendo otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, soy policía y me siento muy orgulloso pero a ver si de una vez por todas se entera usted de que aquí estoy como diputado para controlar y fiscalizar su trabajo, su labor. (Aplausos). Mire, señor ministro, en esa tarea de controlar al Gobierno, que es la tarea que ahora tengo y no la de policía, es por lo que le digo que ustedes no pueden pretender hacernos creer que un grupo de pensionistas estafados por las preferentes y que están protestando en la puerta de Bankia son un peligro para la seguridad de este país. Como tampoco es un peligro para la seguridad de este país un grupo de personas sentadas en una vivienda para evitar un desahucio. Como tampoco son un peligro para este país unos ecologistas que se cuelgan en una grúa para protestar contra su ley mordaza. No son un peligro para los españoles, son un peligro para su Gobierno, del que usted forma parte. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Por eso, señor ministro, es por lo que ustedes prevén sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros, para acallar estas protestas. Y lo peor no es la sanción, lo peor es que ustedes han quitado a los jueces la capacidad de tener un control previo antes de sancionar las conductas. Señor ministro, esta ley es solo reflejo de su miedo. Esta es la ley del miedo, del miedo que tienen, señor ministro, porque ya se sienten muertos. Son un Gobierno muerto. Así se sienten y así va a estar esta ley dentro de cinco meses. Una ley que va a estar muerta porque la derogaremos y volveremos a darles a los españoles los derechos y libertades que ustedes les han quitado. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Entiendo que la derogarán y volverán a la ley de la patada en la puerta, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. (Aplausos).

Señoría, una mentira aunque se repita mil veces no pasa a ser verdad. Le voy a poner un ejemplo. La ley vigente hasta el pasado 1 de julio, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionaba como infracción grave que se manifestaran sin haberlo comunicado a la Delegación del Gobierno ante el Congreso de los Diputados o el Senado. Eso la ley vigente hasta el pasado 1 de julio. En la vigente ley, esa infracción pasa a ser leve, por ejemplo. ¿Se da usted cuenta? Y las cuantías de las sanciones son las mismas que las que se establecieron en el año 1992. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿TIENE INTENCIÓN EL MINISTRO DE ABORDAR INMEDIATAMENTE EL DIÁLOGO CON LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS, QUE EN SU MAYOR PARTE SON CONTRARIOS A LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE? (Número de expediente 180/001385).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. La formula don Mario Bedera, del Grupo Socialista.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

Señor ministro, permítame en nombre del Grupo Socialista, felicitarle por su nombramiento como ministro de Educación. Usted trae a esta Cámara una fama de hombre cordial y dialogante, y de verdad que son virtudes que va a tener que exhibir y que va a necesitar frente a lo que llamaría una endiablada herencia recibida. Esta herencia le va a obligar a decidir desde el primer momento si usted quiere pasar como un simple epígono del señor Wert mientras languidece la legislatura o si, por el contrario, va a trabajar para corregir los desatinos anteriores. Tiene usted una ocasión muy buena para empezar a hacerlo convocando a la sectorial de educación y revisando el calendario de implantación de la Lomce porque hay un nuevo escenario autonómico, porque lo han solicitado las comunidades autónomas de todos los colores -la pasada semana, sin ir más lejos, mi presidenta, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el debate de investidura lo volvía a repetir- y porque la incertidumbre del inicio de curso en septiembre así lo aconseja. ¿Lo va usted a hacer?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Sí.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, no se precipite. Yo también le doy la bienvenida, pero no se precipite en contestar hasta que no tenga el micrófono preparado.

Ahora, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Pues lo diré otra vez: Sí.

El señor PRESIDENTE: Señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

Muy bien, señor ministro. No es casualidad que nueve de las diecisiete comunidades autónomas no hayan aprobado aún los currículos que se van a aplicar en el mes de septiembre, y varias eran del Partido Popular. No es casualidad que en algunas comunidades gobernadas por el PP también se hayan aprobado los currículos con rango de orden y no con rango de decreto para correr más, para saltarse algunos informes preceptivos de los consejos escolares y los consejos consultivos. No es casualidad que muchos centros a estas alturas no sepan qué asignaturas van a dar en septiembre o que haya comunidades autónomas con currículos Lomce y libros de texto y metodología LOE. Y no es casualidad porque se ha hecho una implantación muy precipitada. Se lo han comentado no solo las comunidades autónomas, sino también los sindicatos, la comunidad educativa, hasta el Consejo de Estado. Fíjese, la Logse tardó diez años en implantarse, la LOCE se planteaba a cinco años, con la Lomce han sido dos años, aunque luego se prorrogó un tercero. Usted va a poder corregir este desaguisado. Está absolutamente en sus manos; pero, eso sí, tiene que elegir entre buscar excusas legales para que todo siga igual, aunque haya jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como usted sabe, o utilizar sus habilidades diplomáticas, que las tiene, para hacer del consenso la guía de su mandato. Dicho de otra forma, señor ministro, usted tiene que elegir entre si quiere ser el príncipe de Salina, de El gatopardo, o el rey Arturo que siente en su mesa redonda a los consejeros de Educación. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señor presidente, ahora no me he precipitado.


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Permítame, señoría, antes de contestarle, manifestar mi emoción por hablar ante esta Cámara. Hace treinta y cinco años gané la oposición al Cuerpo de letrados de las Cortes, me he sentado aquí muchos años y estar hoy de este lado de la barrera supone una gran emoción.

Señoría, creo que todos compartimos en esta Cámara el mismo interés por garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la educación, por un sistema educativo que fomente el desarrollo personal y profesional de todas las personas en equidad, en igualdad, por un sistema del que nadie quede excluido. Y yo, en este periodo de tiempo que tengo por delante -lo afirmé en mi toma de posesión, lo dije ayer en el Senado y lo digo hoy ante esta Cámara-, pretendo buscar con ahínco el consenso necesario para lograr un sistema educativo estable y de calidad. Esto es lo que más me importa y estoy seguro de que esto lo compartimos todos. Y lo reafirmo también en esta Cámara. Para lograrlo voy a escuchar a todos los sectores implicados porque es mi deber como ministro y porque también es mi talante. Creo en eso y, por tanto, voy a empezar a hacerlo inmediatamente. También quiero decirle que la Lomce está en vigor, que el calendario está en vigor, que hay muchas comunidades que la están aplicando y que quiero escuchar a todos los sectores para ver de qué manera podemos lograr ese objetivo que yo creo que compartimos.

Le voy a pedir -usted ha sido secretario de Estado y conoce estos temas muy bien- que me ayude en ello. Estuve el domingo en Aragón, en la toma de posesión del presidente. El presidente de Aragón me habló de la lealtad bidireccional y me he encontrado con que lo primero que hace la consejera del Gobierno de Aragón es paralizar la Lomce. Dígale que espere a que hable conmigo, dígale, por favor, que me escuche. Ortega decía que el esfuerzo inútil produce melancolía y yo no quiero acabar siendo un ministro melancólico a base de esfuerzos inútiles. De todas maneras, le doy las gracias por su intervención. Ayer en el Senado uno de sus compañeros me comparó con André Malraux, hoy ya estoy entre el príncipe de Salina o el rey Arturo. Gracias por este recibimiento. Espero ser digno de él. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CREE QUE LA MEJOR FORMA DE FOMENTAR LA NATALIDAD ES APLICANDO UN COMPLEMENTO A LA PENSIÓN DÉCADAS DESPUÉS DE HABER SIDO MADRE? (Número de expediente 180/001378).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Emilio Olabarría, del Grupo Vasco, PNV.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿considera razonable el Gobierno ubicar las únicas políticas natalistas conocidas de su Gobierno en el segmento de edad configurado por las jubiladas con dos o más hijos y en las viudas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, esta es una de las doscientas propuestas y medidas que hemos presentado en el Plan integral de apoyo a la familia que le invito a que lea para que vea que es un plan importante para la familia, para la mujer y para el futuro de este país.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora ministra, por su respuesta y por su invitación a la lectura de ese interesante documento. Estamos en ello.

Quiero comentarle, en todo caso, que las políticas natalistas son políticas importantes para evitar una de las perversiones que afectan al futuro de nuestro sistema de pensiones, que es la inversión de la


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pirámide poblacional. En cualquier país conocido del mundo en donde no se practique lo que la doctrina italiana llamaría innovación creativa o uso alternativo del derecho, y en este caso también uso alternativo de la biología -si me permite la expresión-, las políticas natalistas se ubican y se focalizan sobre el segmento de edad de las mujeres y de las parejas que están en edad de procrear, entre los dieciséis y los treinta y seis años, y entre los dieciséis y cuarenta años en algunos países escandinavos. No parece razonable ni útil ubicar políticas natalistas mediante una expectativa de derecho que se va a producir treinta o treinta y cinco años después. ¿Por qué? Porque las personas que pueden procrear, por razones biológicas, no saben si treinta o treinta y cinco años después va a existir un sistema de pensiones público como el que conocemos, si esta contingencia va a estar protegida, si va a estar protegida de esta manera o de otra. Desde esa perspectiva, estas políticas, denominadas eufemísticamente por su Gobierno natalistas no tienen ninguna virtualidad. Pero, además, lo hacen mal, señora ministra, porque lo hacen mediante lo que ustedes denominan complemento contributivo para mujeres jubiladas con dos o más hijos. El complemento no puede ser de naturaleza contributiva porque falta el presupuesto de la contribución, de la contributividad, y no hay una prestación respecto a cuya financiación no se haya contribuido que tenga este carácter o esta naturaleza de prestación contributiva. Podría ser asistencial o no contributiva. En todo caso, señora ministra, a nosotros no nos parece mal que incremente las pensiones; las pensiones en el Estado español, en términos medios, son las segundas más bajas de la Europa comunitaria. Subir las pensiones está bien como concepto, como principio general; lo que en materia de pensiones deberíamos evitar todos es la extravagancia, este humus de extravagancia que tiene esta medida y, sobre todo, deberíamos evitar todos, señora ministra -y para eso se creó el Pacto de Toledo-, el electoralismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Olabarría, por el tono de su pregunta. Estamos haciendo una propuesta para el debate en el Pacto de Toledo y estoy segura de que usted y su grupo parlamentario lo van a enriquecer con importantes aportaciones. Lo que intentamos desde el Gobierno con esta propuesta es corregir una doble discriminación que se ha producido en la sociedad española, y es que las mujeres tengan carrera de cotización más cortas -la media está en treinta y un años frente a cuarenta y uno de los hombres- y que tengan pensiones más bajas -un 38 % de pensión menor en el caso de las mujeres frente a los hombres-. Lo que hacemos es incorporar un elemento que todo el mundo, dentro y fuera de este país, ha valorado como positivo, que es no solo la aportación económica en materia de pensiones futuras sino también la aportación demográfica.

Señor Olabarría, con esta iniciativa, que es una iniciativa en la que España se coloca a la vanguardia de otros países de la Unión Europea, estamos corrigiendo una importante discriminación con las mujeres. Por tanto, proponemos un complemento de las pensiones de hasta un 15 % para aquellas mujeres que tengan más de dos hijos. Estamos haciendo que las mujeres corrijan esa grave discriminación histórica. Pero no lo hacemos como una ocurrencia, como en algún momento de su intervención se ha podido vislumbrar, lo hacemos -y en esto somos modernos, señor Olabarría, y estoy segura de que usted también lo aceptará porque así lo considera- como indican las recomendaciones de la Unión Europea en el Libro Verde sobre pensiones de 2012, en el que se hace un reconocimiento a la natalidad como eje del futuro modelo de pensiones, cumpliendo una recomendación del Pacto de Toledo -en el que usted está- que propone incorporar la dimensión de género en materia de pensiones a la hora de tomar decisiones futuras, y como indica el Consejo Europeo de junio de este año en el que se pide igualdad real entre hombres y mujeres, también en el ámbito de las pensiones. Señor Olabarría, esto va a beneficiar de aquí a 2019 a más de 500.000 mujeres que van a corregir esa discriminación histórica que tenían en nuestro país, pensiones más bajas y menos carreras de cotización.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL LAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE LAS PENSIONES? (Número de expediente 180/001386).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social que formula la diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.

¿Comparte el Gobierno las declaraciones del gobernador del Banco de España que aconseja a los jóvenes hacer un plan de pensiones privado porque en el futuro sus pensiones serán más bajas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora López i Chamosa, el Gobierno comparte con el resto de la sociedad española el compromiso con ese sistema público de pensiones que nos hemos dado entre todos a lo largo de esta etapa democrática; un sistema público que, como Gobierno, contribuimos a reforzar con las reformas y con los compromisos, presupuesto a presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora ministra, ahora comprendo por qué nadie del Gobierno ha corregido al gobernador, porque en el fondo lo que está diciendo el gobernador es que con la Ley 23/2012, reguladora del factor de sostenibilidad, su ley favorita, su ley matriz, todas las pensiones en el futuro serán más bajas. También tendrá esto algo que ver con que el Gobierno haya retirado la carta de información que tenía que enviar a todos los trabajadores, especialmente a los de sesenta años, con el fin de informarles de cuál iba a ser su pensión en el futuro. ¿Por qué la han retirado? ¿Porque tendrían que admitir que sus pensiones van a ser más bajas? ¿Es por eso por lo que la han retirado?

Señora ministra, ahora están eufóricos porque dicen que han aumentado las cotizaciones, es decir, los cotizantes a la Seguridad Social. Hay los mismos cotizantes que en 2011 pero con una diferencia, que como ustedes para conseguir estas cotizaciones han dividido el empleo, han caído los ingresos de la Seguridad Social. La evidencia de ello es que han tenido que echar mano de nuevo a la caja de la Seguridad Social, a la hucha de las pensiones, señora ministra, a la hucha que les dejó el Gobierno socialista. (Rumores). Ahora usted me puede decir que los socialistas congelamos las pensiones, pero sabe que es mentira. Fue el Gobierno que más subió las pensiones. Además, señora ministra, usted desde la Ley 23/2012, su ley favorita, ha conseguido que los pensionistas no tengan ningún incremento en su pensión y también que ninguno de los futuros pensionistas tenga el cien por cien de su pensión. Les ha retirado la carta. Mándeles una carta a los trabajadores pidiéndoles disculpas por su recorte en sus... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, permítame que le diga, con todo el cariño, que para dar lecciones de pensiones el Partido Socialista debería hacer una reflexión porque cada vez que gobierna nos encontramos con el sistema de pensiones en números rojos (Rumores), con la desgracia y con el mayor ataque a la política social de la democracia, que es congelar las pensiones de nuestros mayores como hicieron en el año 2010. (Protestas). Sí, señora diputada, lo hizo el Gobierno de Zapatero con el apoyo del Grupo Socialista de la


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Cámara. Lo que pone en riesgo al sistema es que haya menos cotizantes, esos 3,5 millones de personas que llegaron al desempleo y que, por tanto, dejaron de cotizar al sistema.

Nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, una política económica a favor del crecimiento y, sobre todo, a favor de la creación de empleo, porque el empleo es el verdadero garante de la sostenibilidad presente y futura del sistema. Por eso podemos decir hoy, señora López i Chamosa, que pagamos más pensiones que nunca a más pensionistas que nunca -400.000 más-, un 4,8 % más que cuando llegamos al Gobierno. Gastamos hoy más en pensiones, un 15 % más, que cuando llegamos en diciembre de 2011. Asimismo, pagamos pensiones más altas y ya la media supera por primera vez en nuestro país los 1.000 euros; además, lo hacemos incrementando el poder adquisitivo de los pensionistas en un momento muy difícil de estabilidad presupuestaria. Los pensionistas han ganado en 2013 y 2014 más de 2.000 millones de euros gracias a una política económica de contención de la inflación y de subida de las pensiones cada año.

Señora López i Chamosa, el sistema está garantizado en el presente y en el futuro con un binomio: empleo y reformas. ¿Sabe el porqué de estas reformas? Para garantizar que siempre suban las pensiones en España, gobierne quien gobierne y nunca más se vuelvan a congelar, como ocurrió con el Gobierno socialista. Las pensiones subirán siempre en función de las necesidades del sistema para garantizar que haya pensiones hoy y también las tengan los jóvenes mañana.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE GRECIA? (Número de expediente 180/001387).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad que formula el diputado don Juan Moscoso del Prado, del Grupo Socialista.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, ¿cómo valora la situación en Grecia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moscoso del Prado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señoría, como sabe usted perfectamente, anoche hubo una cumbre de la zona euro en la que se decidió que antes del jueves, es decir, de mañana, Grecia debe presentar una petición formal y un programa del MEDE, del fondo de rescate. Asimismo, debe presentar una lista completa de reformas -la denominada condicionalidad-, que será analizada por las instituciones. El sábado volveremos a tener una reunión del Eurogrupo, que valorará dicha condicionalidad y observará si existen las bases suficientes para empezar la negociación de un programa del MEDE. El domingo, como también saben sus señorías, hay convocado un Consejo Europeo para decidir en última instancia. Se trata de una petición que se ajusta estrictamente a la normativa y a la regulación comunitaria, es decir, al Tratado del MEDE. Finalmente, en los próximos días solicitaré acudir a la Comisión de Economía por decimoquinta vez para hablar no solo de la economía española sino también de la situación de Grecia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Moscoso.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, gracias, pero lo que nos ha contado lo conocemos esta mañana a través de los medios de comunicación. Queremos saber cuál es la posición concreta del Gobierno español frente a la crisis de Grecia porque sabemos muy bien que no es, por ejemplo, ni la de Francia ni la de Italia, posiciones conciliadoras y que buscan alcanzar un acuerdo en interés de todos, un acuerdo que sea europeísta. Queremos que el Gobierno español se comprometa a un acuerdo justo y sostenible, y también que no se le dé la espalda al pueblo griego. En los últimos meses


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y últimas semanas creemos que la posición del Gobierno español ha sido en exceso insensible, irresponsable y también muy irrelevante. Hablando de sensibilidad, creemos que el pueblo griego ha tenido en las últimas semanas un comportamiento que ha demostrado entereza y civismo, por lo que exigimos respeto y más sensibilidad. No compartimos la posición del Partido Popular y de su Gobierno de que cuánto peor en Grecia, mejor para este Gobierno, por lo que creemos que se deben rectificar las palabras de ayer de un portavoz de su partido en las que hablaba de atentados, de atracos y de seguridad ciudadana en Grecia, cuando no es verdad.

Ayer también, señor ministro, como usted sabe, se reunieron en Bruselas los líderes del PES, y los líderes de mi grupo parlamentario, los líderes políticos de la socialdemocracia exigieron una serie de acuerdos. En primer lugar, descartar claramente que Grecia va a salir del euro. También exigimos profundas reformas en Grecia porque hay que reconocer, y no lo negamos, los errores cometidos en Grecia durante años; son necesarias una reforma fiscal y una reforma de la Administración y, por supuesto, hace falta que su superávit primario y fiscal sean compatibles con el crecimiento porque nadie duda de sus errores. Asimismo, pedimos una nueva manera de reestructurar la deuda griega para que sea compatible con el crecimiento, teniendo en cuenta que se ha acumulado durante mucho tiempo por la austeridad, por la deflación y las imposiciones de la troika. Señor ministro, se lo he dicho muchas veces: estaría muy bien que hubiera un español al frente del Eurogrupo, pero estaría mucho mejor que el Eurogrupo pusiera en marcha otras políticas que fueran compatibles con el crecimiento y la sostenibilidad, porque creemos que lo que ocurre en Grecia es moralmente inaceptable. Por eso, aprovechen la oportunidad, marquen posición, hagan como han hecho los cinco presidentes con su informe y digan de verdad qué quieren para Grecia y para el futuro de la gobernanza económica en Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, la posición del Gobierno español es la que ayer adoptó la cumbre, es decir: cumplimiento de las reglas; ayuda a Grecia, no ayuda incondicionada, sino sujeta a una condicionalidad, y evidentemente, hay que ajustarse a todos los condicionantes, a todos los requisitos que se establecen en el tratado. Esa ha sido siempre la posición española y, además, sabe usted perfectamente que esa ha sido la consideración. España defiende que lo mejor que puede ocurrir es que Grecia permanezca en el euro; el euro es un proyecto irreversible en el cual se defiende la integridad territorial de todos sus miembros, y por lo tanto, es lo que siempre hemos defendido. Pero hay una cuestión que es importante, señoría: hace un año -parece mentira- Grecia empezaba a crecer, a crear empleo, se hablaba incluso de una salida limpia, Grecia incluso volvió a emitir, señoría; y hoy, como consecuencia del deterioro de la economía en los últimos seis meses, Grecia ha vuelto a la recesión, lo verá usted en los datos que se van a ir produciendo, que indican que la recesión es profunda. Además, tenemos una situación dolorosísima -que habría que plantearse por qué hemos llegado a ella-; tenemos unas vacaciones bancarias y un corralito impuesto por un decreto-ley de las propias autoridades griegas. Lo fundamental es la implementación de reformas fiscales de pensiones, de reformas de mercados, que se estabilice la economía griega y devolverla al crecimiento. Ahí es donde todos estamos, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 121/000158).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora las enmiendas a la totalidad correspondientes al proyecto de ley de seguridad nacional. Para la presentación de este proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Con la venia, señor presidente. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


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Señorías, tomo la palabra en esta tribuna para la defensa del proyecto de ley de seguridad nacional. Una ley que no responde únicamente a la voluntad de un Gobierno sino que en el momento actual se está convirtiendo en una obligación ineludible para cualquier Estado que quiera garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Responde a una nueva realidad global que ha cambiado, que está cambiando y que seguirá haciéndolo. Este contexto en el concepto mismo de seguridad ha adquirido nuevas facetas y nuevas vertientes porque se ve sometido a nuevas amenazas y exige un nuevo planteamiento a la hora de enfrentarlas; de eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Porque, señorías, creo que con independencia de las diferencias que podamos tener, todos en esta Cámara compartiremos que la seguridad es de hecho un bien público, un derecho de los ciudadanos y, en consecuencia, un deber del Estado, si me apuran, el primero. Es la base sobre la que sustentamos el ejercicio de nuestras libertades y la efectividad de nuestros derechos. La seguridad nos permite generar confianza y construir certidumbres; es una condición indispensable para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida y las sociedades logren avanzar en su propio progreso, en suma, ejercer la libertad. Y por ello la seguridad es uno de los componentes esenciales del interés general de un país en que confluyen y se cimentan las expectativas colectivas y los derechos individuales. Por esta razón garantizar el mantenimiento de la seguridad nacional es una obligación y un objetivo que, por su propia definición, incumbe e implica a todo el Estado; una tarea en la que participan muchos y muy diferentes actores, públicos y privados, que nos exige trabajar desde todas las instancias y todos los días del año. Por eso mismo esta es una política que debería mantener unas claves esenciales ante cualquier contingencia y preservar estos principios más allá de las coyunturas políticas. Podemos congratularnos de que el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición lo estén viendo así. De esta manera aseguramos la constancia en lo necesario y la continuidad en lo fundamental, que es lo que caracteriza una verdadera política de Estado, como debe ser siempre la de seguridad, porque constituye la más esencial defensa de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestro bienestar y, en los tiempos que corren, del modelo de convivencia y de los valores de una democracia avanzada. Pero esto ha de ser compatible también con el inevitable dinamismo en el que estamos inmersos, porque desde finales del siglo XX la evolución de la sociedad ha hecho cambiar también el concepto y los condicionantes de la propia seguridad. El de hoy es un mundo en constante transformación y de creciente interactividad; un mundo globalizado, interdependiente y multipolar; un mundo en el que los cambios geopolíticos adquieren una nueva dimensión, una mayor celeridad y una amplia proyección en sus efectos; un mundo en el que las fronteras tienden a difuminarse por el desarrollo de la relación entre países y de las comunicaciones entre personas, y en el que la evolución de las tecnologías abre tantas oportunidades para el progreso de las naciones como posibilidades para quienes quieran actuar contra este avance. Por tanto, nos encontramos ante un escenario interconectado del que no es posible permanecer ajenos y menos aún en un país como España, en el que su apertura al exterior crece cada vez más y en el que el 32 % de nuestro producto interior bruto se sustenta en el comercio con otros Estados; un país que recibe más de 60 millones de turistas extranjeros al año y que ostenta además una posición privilegiada y estratégica en Europa, en el Mediterráneo y de cara al Atlántico.

De la misma manera nos encontramos con un escenario dinámico en el que el espacio y el tiempo adquieren nuevos sentidos y una relación que ya no parece lineal, que no es lineal. Los acontecimientos, consecuencias y reacciones se suceden a un ritmo vertiginoso y en ocasiones simultáneo. Los centros de poder se desplazan y también lo hacen los focos de inestabilidad. Las personas cuentan con cada vez mayores opciones y hábitos de movilidad para desarrollarse, pero también para desarrollar proyectos contra esa seguridad. En este escenario los riesgos proceden de nuevas esferas y toman distintas expresiones, las vulnerabilidades se diversifican y se acrecientan. Lo mismo, por tanto, ha de ocurrir con el concepto de seguridad. El concepto de seguridad ha dejado de tener el significado predominantemente político o militar al que estábamos habituados en el pasado, ligado casi en exclusiva al terreno de la defensa y articulado sobre la base de principios reactivos. Hoy la seguridad es un concepto mucho más amplio, dinámico y multidisciplinar en el que convergen todos los ámbitos a proteger, todos los que pueden acabar afectando a la libertad, al bienestar y al progreso de las sociedades. Esto es así porque a los aspectos más tradicionales de la defensa y seguridad pública se suman otros que hasta hace poco podían parecer distantes de esas consideraciones pero que progresivamente se han consolidado como una parte de una visión más amplia de la seguridad. Les hablo de ámbitos como son el desarrollo de las nuevas tecnologías, la producción o el suministro de la energía o incluso los efectos sobre las condiciones y catástrofes naturales del cambio climático. Todo ello nos sitúa, por tanto, ante un escenario mucho más complejo tanto por la variedad de actores que intervienen como por la rapidez con la que evolucionan y la


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incertidumbre que todo ello conlleva. En definitiva, la seguridad en un mundo interdependiente y globalizado ha de ser concebida como un modelo integral y, en un contexto marcado por el dinamismo y la inmediatez, ser capaz de ofrecer respuestas ágiles y casi automáticas.

A día de hoy, preservar la seguridad es prevenir riesgos y actuar es anticiparse. Por tanto, es necesario aplicar planteamientos innovadores alejados en muchos casos de inercias anteriores, nuevos enfoques que resultan imprescindibles si consideramos además que van dirigidos a gestionar situaciones cuyo origen y consecuencias transcienden del ámbito de un solo Estado y evolucionan al mismo ritmo que lo hace nuestro contexto e incluso nuestro conocimiento. Por eso hoy en día no es posible mantener una visión compartimentada de la seguridad. Por tanto, como decía, cuando hablamos de seguridad integral debemos tener en cuenta no solo los riesgos más obvios, como son los conflictos armados, el terrorismo o el crimen organizado, o sus vínculos más habituales con las redes terroristas e incluso las catástrofes naturales, hoy hay que tener en cuenta otros factores que o bien potencian la peligrosidad de esos riesgos o representan verdaderas amenazas en sí mismos. Pensemos, por ejemplo, en el uso nocivo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones o en la proliferación de armamentos de alta capacidad de destrucción. De la misma manera hay que abarcar ámbitos que exigen una protección reforzada frente a esas amenazas o frente a cualquiera de sus efectos. Les hablo, por poner algunos casos, de la necesidad de garantizar la seguridad de infraestructuras críticas esenciales para los servicios públicos o los suministros básicos o de las nuevas implicaciones de la seguridad en el ámbito económico, energético, medioambiental o sanitario. En el mismo sentido, es preciso valorar la vulnerabilidad de nuestros espacios aéreo y ultraterrestre o de los espacios marítimos, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen para actividades delictivas como la piratería y el tráfico de armas, de drogas o incluso de personas.

Nuestro país no es ajeno por desgracia a ninguna de estas amenazas y algunas las conoce muy de cerca. El terrorismo ha golpeado nuestro país durante más de cincuenta años de padecimiento y dolor, pero la unidad de acción de los demócratas y la madurez y la ejemplaridad de la sociedad española han logrado imponerse a la barbarie y han situado a España en el exterior como un referente en la lucha contra el terrorismo. Es una experiencia que lamentablemente es y sigue siendo una exigencia a día de hoy, también frente a la amenaza del terrorismo de corte yihadista, un riesgo que a todos los Estados democráticos nos afecta, que se encuentra en un momento especialmente crítico en la actualidad y que resulta necesario subrayar en todo caso por la barbarie y sinrazón que representan organizaciones cuyo nombre no pienso pronunciar porque no encontrarán en mí ningún eco de publicidad. Son organizaciones que desde el fanatismo ciego y exacerbado tratan de imponer por la fuerza una visión única y excluyente del islam, cometiendo todo tipo de acciones criminales cada vez más crueles y cada vez más execrables. Hace apenas unas semanas tuvimos una reciente y desgraciada prueba de ello, como fue la sucesión de atentados en Francia, Túnez y Kuwait; desde aquí quiero, una vez más, condenar estos hechos con total rotundidad. Por lo tanto, estamos ante un riesgo de primera magnitud contra el que debemos responder con todos nuestros esfuerzos, desde la colaboración internacional con otros Estados aliados hasta la concertación de voluntades en nuestro país. Por ello, quiero poner en valor el pacto alcanzado en febrero con el principal partido de la oposición para la persecución y el castigo al terrorismo, y también el apoyo que algunos portavoces prestaron a la reforma del Código Penal que aprobamos en marzo con este objetivo y que hoy está en vigor. En esa reforma se incorporan ya muchos de los aspectos que particularizan y potencian los riesgos del terrorismo yihadista y que merecen una atención prioritaria, cuestiones como el seguimiento de las estructuras radicadas en España de estos grupos terroristas, que se dedican a la captación, financiación o el envío de yihadistas a Siria e Irak, Afganistán o el Sahel, así como de sus conexiones con redes de facilitación asentadas en terceros países o los combatientes retornados a España o a países vecinos como Francia, Marruecos o Túnez. Hay que tener en cuenta que este terrorismo adquiere una dimensión transnacional precisamente porque aprovecha las características de la sociedad global, como son la facilidad de movimientos, las nuevas vías para obtener financiación o sumar adeptos y las nuevas formas de ejecutar atentados o de multiplicar el impacto de sus acciones. Piensen, por ejemplo, en la capacidad que las nuevas tecnologías han prestado para la captación de fieles o la difusión de los resultados de sus crímenes. Sobre esto creo que deberíamos todos reflexionar en nuestros objetivos.

Desde este punto de vista también la ciberseguridad representa un reto de primer orden. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones ha diluido las fronteras y ha instaurado la inmediatez en nuestras relaciones, permitiendo una globalización sin precedentes que, al mismo tiempo


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que propicia nuevas oportunidades, conlleva serios retos y amenazas. La cada vez mayor dependencia cibernética de la sociedad en su aspecto público y privado amplía la vulnerabilidad ante potenciales ataques, ya sea en sus modalidades de ciberterrorismo, ciberdelito o ciberespionaje, convirtiéndose en un potente instrumento de agresión. De la misma manera que el bajo coste y mínimo riesgo que suponen para el atacante y su fácil empleo, efectividad y accesibilidad son factores que explican la extensión de este fenómeno. Por eso, uno de los ámbitos de actuación prioritarios en materia de seguridad nacional es garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios informáticos y cibernéticos, muy en particular en aquellos casos en que soportan la prestación de servicios ampliamente utilizados, así como la gestión de infraestructuras críticas. Porque no cabe ignorar que las sociedades modernas como la nuestra son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios que garantizan no solo la seguridad, sino que sustentan las funciones sociales básicas -el bienestar, la salud-, el acceso a bienes y suministros, la actividad económica y comercial, la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas y también el funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. En este sentido, cualquier perturbación sobre las infraestructuras críticas, entendidas como aquellas instalaciones redes, sistemas y equipos cuyo funcionamiento es indispensable y no permiten soluciones alternativas, puede tener un grave impacto sobre la estabilidad de un país, el bienestar de sus ciudadanos y, por tanto, la seguridad nacional. En este ámbito confluyen otros de igual importancia, como la dependencia energética y la vulnerabilidad que conlleva, así como los efectos de las emergencias y catástrofes naturales o incluso aquellas que bajo las mismas manifestaciones puedan estar ocasionadas por la actividad humana, como las crisis nucleares. Son solo algunos ejemplos -pero suficientemente ilustrativos del nivel de peligrosidad alcanzado por alguna- de las amenazas globales, de la magnitud del desafío que encarnan y de las gravísimas consecuencias que acarrean cuando se materializan.

El marcado carácter transnacional de los riesgos y el hecho de que muchos de ellos carezcan de un centro de gravedad territorial único hace más difícil identificar su origen y convierte en imposible y casi inútil las reacciones aisladas, y pone de manifiesto la absoluta necesidad de que los Estados cooperen de forma muy estrecha frente a amenazas cambiantes, difusas, asimétricas y que en ocasiones interactúan entre sí y potencian de este modo su peligrosidad. Los nuevos desafíos a la seguridad nacional respecto a preocupaciones tradicionales, como las nuevas vulnerabilidades, desmontan los marcos de reacción y actuación sectoriales y solo se pueden afrontar, tratar y resolver con planteamientos abiertos, operativos y globales. Prueba de ello son los avances en los últimos años en el desarrollo de una nueva estrategia de política exterior y seguridad europeas, un camino no exento de dificultades, partiendo de que hasta el Tratado de Lisboa, en 2009, ni siquiera teníamos una arquitectura institucional que permitiera hacer factible una política de defensa común. En diciembre de 2013 se celebró por primera vez desde la entrada en vigor del tratado un consejo europeo centrado en la seguridad y la defensa. En ese consejo acordamos trabajar en el fortalecimiento de esa política común, pensando también en el modo de compartir capacidades y de poner en común medios de cara a un planteamiento estratégico para toda la Unión Europea. Precisamente, en el último Consejo Europeo, el pasado mes de junio, se acordó encomendar a la alta representante, a la italiana Federica Mogherini, proseguir el proceso de reflexión para preparar, en estrecha cooperación con los Estados miembros, una estrategia global de la Unión Europea sobre política exterior y de seguridad que habrá de presentarse al Consejo Europeo a más tardar en julio de 2016. De este empeño europeo se desprende que las actuaciones en materia de seguridad, tanto en el escenario internacional como nacional, deben estar presididas por la denominada regla de la triple C, cooperación, coordinación y complementariedad, en aras de garantizar una capacidad de reacción eficaz, ahora y en el futuro. Por esta razón, el Gobierno de España, al igual que todos los Estados democráticamente avanzados, debe ser capaz de proporcionar respuestas integrales a los desafíos globales, trabajando conjuntamente con nuestros socios y aliados al objeto de desarrollar acciones de complementariedad y sinérgicas en beneficio de intereses comunes y evitando duplicidad de esfuerzos. Si esto es así a nivel internacional, con más razón debería cumplirse dentro de nuestras fronteras. Debemos ser capaces de integrar nuestros esfuerzos con planteamientos proactivos y optimización de capacidades para adaptarnos a un escenario estratégico complejo y cambiante.

Este Gobierno, en consonancia con lo que han hecho otros países de nuestro entorno y de la línea iniciada a finales de la pasada legislatura, ha asumido la necesidad de un enfoque integral de la seguridad, un enfoque que implica coordinar actuaciones y ser capaz de movilizar recursos, desde la fuerza militar hasta la diplomacia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los servicios de inteligencia, para ampliar la cobertura de todos los ámbitos y garantizar la protección de nuestro país, de sus ciudadanos y


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principios, de nuestro Estado social y democrático de derecho. De esta manera, hemos dotado a España, por una parte, de un marco estratégico para la orientación de la acción del Estado sobre una concepción integral de nuestro entorno, sus riesgos y la protección en sí misma. Este marco es el que supone la estrategia de seguridad nacional aprobada en mayo de 2013 y elaborada sobre una revisión de la estrategia española de seguridad del año 2011, con acuerdo en ambos casos del principal partido de la oposición. Por otra parte, nos hemos dotado de una arquitectura orgánica de acción y respuesta, el Consejo de Seguridad Nacional, como órgano de gobierno que asiste al presidente en la dirección de esta política esencial constituida ahora hace dos años. España ha incorporado así desde 2013 nuevos instrumentos con los que ya cuentan países muy avanzados en materia de seguridad nacional, como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, países que desde hace años disponen de sus propios consejos para la dirección de esta política al más alto nivel y que incluso algunos, como el británico, cuentan con leyes específicas para regular su papel en la gestión de crisis. Este es precisamente el paso que quedaba por culminar en España para la incorporación plena de una visión integral de la seguridad nacional. La materialización práctica de este enfoque demanda una nueva organización y una adaptación normativa, que es la que se lleva a cabo en el proyecto de ley de seguridad nacional que hoy debatimos, cuya elaboración fue contemplada ya en la estrategia y fue mandatada expresamente por el Consejo de Seguridad Nacional desde su Constitución. La conveniencia de disponer de un texto legal de esta naturaleza estriba -tal y como ha señalado el Consejo de Estado en su dictamen- en la oportunidad de incorporar esta concepción integral, global, de la seguridad para amparar las regulaciones sectoriales que hasta la fecha han legislado las vertientes tradicionales de la seguridad, referidas a la defensa, la seguridad pública, la acción exterior o la inteligencia, e instaurar con ello un enfoque avanzado de la seguridad nacional que, lejos de una visión, entre comillas, conservadora, como refiere algún grupo en su enmienda a la totalidad, persiga la mejor organización de los instrumentos, competencias y recursos estatales, garantizando la unidad de acción, la racionalización de medios, la multiplicación de capacidades y sinergias, y la coherencia, eficacia e integración de esfuerzos. Todo ello demanda la mejora de la coordinación entre administraciones públicas y la implicación de la esfera privada y la sociedad civil a fin de posibilitar la prevención de riesgos y su neutralización, muy especialmente en aquellas situaciones de crisis, consideradas situaciones de interés para la seguridad nacional, en las que sin concurrir las circunstancias extraordinarias que dan lugar a los estados de alarma, excepción y sitio, y por tanto sin suponer suspensión o merma de los derechos constitucionalmente contemplados, sí revisten una especial gravedad efectiva o potencial en sus consecuencias o requieren de una mayor dimensión o transversalidad en su gestión, o requieren simplemente, señorías, un impulso político que los ciudadanos demandan y que todas las administraciones públicas y todos los Gobiernos tenemos que ser capaces de afrontar. Estas circunstancias requieren una actuación coordinada y cooperativa de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y eficaz de los medios y recursos disponibles; exigen también aunar visiones, como se hará a través de la Conferencia sectorial para asuntos de seguridad. Por tanto, lo que hacemos, frente a lo que pudiera parecer y que algunos grupos han señalado en sus enmiendas a la totalidad, es abrir nuevas vías y procedimientos de actuación conjunta que hasta ahora no existían para integrar situaciones de crisis a través de una concertación de capacidades estatales y públicas, con absoluto respeto a las competencias de cada Administración. Cuando se genera una situación de crisis, señorías, estamos obligados a entendernos y de hecho lo hemos venido haciendo en situaciones preocupantes para la protección civil de una manera informal. Señorías, trabajemos juntos a través de esa Conferencia sectorial para asuntos de seguridad, a través de los distintos elementos de concertación que tenemos. La primera obligación de un Estado moderno es garantizar la seguridad con los medios de que dispone, señorías. Se trata de trabajar juntos en el ejercicio de las competencias de cada uno, pero hay que ser capaces de ejercerlas en beneficio de un interés general: la seguridad de todos los ciudadanos. Se abre así el Consejo de Seguridad a la participación de las administraciones o entidades que puedan verse afectadas o interesadas en determinadas situaciones críticas para la seguridad y se crea por primera vez una Conferencia sectorial para asuntos de la seguridad nacional como órgano de cooperación para el tratamiento y resolución de cuestiones de interés común relacionadas con esta materia. Se utilizan por tanto mecanismos que ya existían para afrontar los nuevos retos propios del concepto actual de la seguridad. De la misma manera, abrimos esta nueva concepción de la seguridad a la participación del Parlamento, ya que sus líneas generales serán -lo han sido ya- debatidas en las Cortes Generales con motivo de la presentación de las sucesivas revisiones de la estrategia de seguridad nacional, así como los informes anuales, en los que


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se evalúan tanto los avances producidos como las ausencias detectadas en esta materia, cosa que ya hemos hecho en los años 2013 y 2014.

Señorías, no se trata de imponer ninguna visión, sino de compartir a efectos de administraciones o en esta Cámara los importantes retos que a todos nos competen. Además, con el fin de dotar de la máxima relevancia y de la más amplia dimensión a estas iniciativas la ley plantea a esta Cámara la creación de una comisión mixta Congreso-Senado de seguridad nacional. El objetivo es centralizar en este órgano el debate sobre los distintos posicionamientos estratégicos, así como la comparecencia, al menos anual, del Gobierno para informar sobre la situación y evolución de nuestra seguridad. En este mismo sentido, y persiguiendo la máxima implicación de todos los actores, se plantea la promoción de una cultura de seguridad nacional que permita involucrar la participación del sector privado y la sociedad civil en la formulación y ejecución de la política de seguridad nacional desde el convencimiento de que la colaboración de todos es la mejor manera para garantizar la seguridad de todos. De hecho -con esto termino ya-, la Ley de Seguridad Nacional supone un cambio de mentalidad con el objetivo de acomodar la gestión política de la seguridad a las condiciones reales y cambiantes de nuestro entorno, condiciones que exigen interrelación constante entre todos los organismos pertenecientes a los más diversos campos de actuación e implica sustituir los esquemas de cooperación que regían en el pasado por la integración de todos los medios disponibles que la adaptación al escenario geoestratégico nos impone. Llamo su atención sobre la gravedad de los riesgos que se dibujan en este contexto y la especial preocupación que generan cuestiones como la amenaza del terrorismo yihadista, una amenaza real y crítica, muy lejos de un mero contexto discursivo -como señala algún grupo en su enmienda a la totalidad- para buscar motivaciones totalmente ajenas a la misma y que verdaderamente se escapan a lo que debemos considerar sensato. Llamo su atención, en definitiva, sobre estas cuestiones para apelar en esta ley a una nueva oportunidad, un nuevo ámbito para el acuerdo, para el acuerdo frente a la barbarie, para el acuerdo frente a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades, nuestra democracia, para defender esos valores democráticos de respeto mutuo y de convivencia pacífica que tenemos la obligación ética de transmitir al resto del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.

A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. Por el Grupo Parlamentario Mixto, cuyos representantes van a defender las enmiendas presentadas y a fijar su posición, en primer lugar tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno español, para nosotros no hay duda de que uno de los principales objetivos de este proyecto de ley de seguridad nacional, a pocos meses, de hecho a pocas semanas, de que se convoquen elecciones en Catalunya y después de sus intentos fracasados de impedir la gran movilización del día 9 de noviembre, es suspender de facto poderes de la Generalitat y de los municipios catalanes. A pocas semanas de una posible victoria democrática soberanista que pueda conllevar un proceso constituyente para hacer realidad la república catalana, ustedes se inventan una situación de excepcionalidad para, a través de un Consejo de Seguridad Nacional, poder disponer bajo su mando de todos los recursos materiales y humanos, públicos o privados, para impedir el ejercicio del mandato democrático que pudiera salir de las urnas catalanas el día 27 de septiembre, ni más ni menos. Ustedes ya están instalados mentalmente en un posible estado de alarma y excepción y, como quiera que este escenario incluso a ustedes les provoca vértigo, por bestia -y perdonen la expresión-, por fascistón -y perdonen la expresión- y porque todavía internacionalizaría más el conflicto catalán, van ustedes y se inventan este instrumento, un instrumento que requiere una situación de interés para la seguridad nacional, un instrumento que no requiere en paralelo de tantas garantías ni de tanto control parlamentario como el que se exige en los estados de alarma y de excepción. De hecho, se trata de un instrumento que ni tan solo requiere concretar las intenciones ni las actuaciones, y me remito al contenido del proyecto de ley. Eso sí, les permitiría de facto disponer de inmediato del control de los Mossos d´Esquadra y de las policías locales. Todo ello con solo una mayoría simple en el Congreso, solo a través de un real decreto en el que figurasen exclusivamente los siguientes aspectos: la obligación de definir la crisis, la delimitación del ámbito geográfico, su duración, las posibles prórrogas, los recursos disponibles. Y atención al grado de inconcreción a la hora de definir la situación de interés para la seguridad nacional -y me remito al artículo 23-: Será una situación de interés para la seguridad nacional aquella que por la gravedad efectiva


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o potencial de sus efectos y la dimensión y transversalidad de las medidas para su resolución requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del sistema de seguridad nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles en los términos previstos en esta ley. Es decir, hacerlo cuando les salga de las narices. Luego yo les pregunto: ¿nos están diciendo que la voluntad de la ciudadanía catalana comportaría una situación de interés para la seguridad nacional? ¿El interés no debería recaer en saber el qué y el porqué de la voluntad de una gran parte de la ciudadanía catalana y respetarla? Esa es la manera de resolver los conflictos, y me remito -aquí se ha hablado de ello en múltiples ocasiones- al comportamiento profundamente democrático de los grandes partidos británicos, a diferencia del posicionamiento del Partido Socialista y del Partido Popular, en todo aquello que ha afectado a las reivindicaciones legítimas de Escocia. ¿Acaso creen -me pregunto, señora vicepresidenta- que retorciendo el Estado de derecho van a resolver los problemas que plantea la historia? La democracia es imbatible. De hecho, la democracia ha permitido resolver los problemas que plantea la historia, y si por un lado ustedes retuercen la legalidad, retuercen el Estado de derecho, por otro lado estamos convencidos también de que algunas veces se la saltan. Y lo digo desde la sorpresa de estos últimos días al conocer, por ejemplo, todo aquello que ha hecho público Xnet, organización activista por la democracia en red, la libre circulación de la cultura, el conocimiento de la información y contra la corrupción. Gracias a ellos hemos sabido -y hemos realizado una pregunta al Gobierno para saber si es cierto- que en el año 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista, se contrataron servicios por parte del Cuerpo Nacional de Policía y del Centro Nacional de Inteligencia con esta empresa que en otros Estados ha trabajado para sus gobiernos a fin y efecto de espiar a los movimientos sociales y a los políticos. Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno. Queremos pensar que no es verdad, porque si fuera verdad, entonces estaríamos hoy aquí todos muy pero que muy preocupados porque la historia que sabemos de esta empresa es que ha sido contratada en otros Estados para controlar los ordenadores, los teléfonos, los whatsapp de los políticos y de los dirigentes de los movimientos sociales. Y según esta información, hoy todavía sigue siendo válido el contrato que en su momento se estableció entre el Centro Nacional de Inteligencia y esta empresa. Estamos muy, muy alarmados, de hecho quedaríamos muy tranquilos si hoy la vicepresidenta nos dijera que no tenemos que sufrir para nada, que es imposible, que ningún diputado de esta Cámara, que ningún cargo electo ha sido espiado.

Sepan, señorías, que la victoria soberanista es posible. De hecho, este diputado, como centenares de miles de ciudadanos catalanes, intentará ganar democráticamente el día 27 de septiembre, con la misma legitimidad que otros centenares de miles de compatriotas catalanes optarán por otras soluciones. La dialéctica, pues, se establece entre opciones democráticas distintas, todas legítimas. Y punto. Y ustedes hoy, en el siglo XXI, nos salen con que la dialéctica se establece en el marco de la seguridad nacional. Pero, ¿no vivimos en el núcleo del mundo civilizado, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia? ¿Cómo puede establecerse una dialéctica tan perversa como esta? Deberían preguntarse, pues, hasta dónde quieren llegar para derrotar -entrecomillado, porque nunca se derrota la voluntad popular-, para vulnerar principios democráticos que todos compartimos, ustedes y nosotros, todos. No deberían entrar en una espiral perversa de negación de la misma democracia; esto hundiría a este Gobierno, hundiría el sistema democrático español y sería un atentado contra la sociedad española.

El 27 de septiembre en Cataluña habrá elecciones y tendrán carácter plebiscitario. ¿Por qué? ¿Porque lo dice Esquerra Republicana? No, porque es posible que así lo quiera la ciudadanía. Es más, ustedes, los que ahora niegan el carácter plebiscitario de estas elecciones, si los soberanistas no ganamos, serán los primeros -y lo entiendo perfectamente- que saldrán a decir: los partidos soberanistas no han ganado, hemos ganado los unionistas. De hecho, lo harán si ganan; nosotros haremos todo lo que podamos para ganar democráticamente. De manera que el carácter plebiscitario lo otorga el pueblo, ni usted ni yo.

Es preocupante que el PSOE no haya presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley; muy preocupante. No sé si están de acuerdo con el contenido, si ustedes formarán parte de la solución violenta -entrecomillado muy grueso- o si van a presentar enmiendas. No puedo avanzar lo que harán ustedes porque lo desconozco, pero nos preocupa mucho que no hayan presentado una enmienda a la totalidad. De hecho, como ya están compitiendo para ver quién tiene más grande la bandera, quizás nosotros, un tanto preocupados por ello, vemos esta no presentación de una enmienda a la totalidad como algo preocupante. Se nos hace difícil pensar que ustedes sean parte de la amenaza.

Advierto con respeto a todos los demócratas españoles que esta legislación también avala intervenciones excepcionales para situaciones de contestación social o quizá, por qué no, ante situaciones,


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ante escenarios constituyentes, de ruptura. Así que tomemos nota de que esta propuesta viene acuñada por el mismo Gobierno, de hecho ha sido engendrada por él, que ha aprobado legítimamente, porque tiene mayoría absoluta, la ley mordaza, y esto es preocupante. Por lo tanto, pedimos su voto favorable a nuestra enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de seguridad nacional que a nuestro entender es un traje a medida para poder actuar en los próximos meses en Cataluña, o al menos tener el instrumento para hacerlo. Si el arma con la que quieren ganar es el miedo, están ya absolutamente derrotados. En Cataluña lo haremos todo a la catalana: cívica, pacífica y democráticamente, porque todos los catalanes, todos, los que estamos a favor de la independencia y aquellos que están en contra de la independencia, sabemos que el valor más apreciado es el de la cohesión social y el del ejercicio democrático de nuestros derechos civiles. Por lo tanto, con miedo no se va a ninguna parte, y este proyecto de ley es su único instrumento. Nos vemos el 27 de septiembre y haremos todo lo posible para ganar. (Finaliza su intervención en catalán).

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, ya comentaba Madame Roland antes de ser ejecutada que cuántas fechorías se han cometido en nombre de la seguridad. La expresión cierta es que cuántas tropelías se habían cometido en nombre de la libertad, pero, a los efectos que nos atañen en relación con el debate de esta ley, son conceptos sinónimos prácticamente.

Señora vicepresidenta, no me ha sorprendido que la presentación la haya usted porque hay que hacer uso de una persona con facundia suficiente para vender lo que es difícil explicar y con conocimientos jurídicos también que expliquen lo que jurídicamente es inexplicable. Me sorprende, señora vicepresidenta, en primer lugar, con qué parsimonia y con qué tranquilidad ha hablado de seguridad nacional como si el concepto fuera un concepto constitucionalmente existente, cuando usted sabe, señora vicepresidenta, que este no es un concepto constitucionalmente existente, todavía. Pero me sorprende más en usted, que es una sutil y brillante jurista; me sorprende que ustedes pretendan introducir en la Constitución española un concepto de dimensión constitucional y que tiene efectos en algunos casos devastadores constitucionalmente, particularmente en la distribución de competencias en determinadas áreas y materias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Una ley orgánica, ni siquiera han utilizado una ley ordinaria; están vulnerando -y usted, que es una buena constitucionalista, lo sabe- el principio de jerarquía normativa que proclama el artículo 9 de la Constitución, en primer lugar. Pero no es el único precepto que es objeto de vulneración expresa en este proyecto de ley. La propia definición de seguridad nacional adolece de un problema de indefinición; es un concepto difuso, es un concepto que raya lo metajurídico cuando se define por seguridad nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Señora vicepresidenta, con esta definición tan difusa, tan insegura jurídicamente, tan omnicomprensiva, definición en la que están incluidos todas las conductas, todos los actos, todas las acciones que acontecen en la humanidad, en tanto en cuanto se erigen todos estos conceptos tan seguros y jurídicamente tan omnicomprensivos, tan difusos, en elementos que pueden crear situaciones de interés para la seguridad nacional y estos son todas las cosas que en el mundo acontecen y que en el Estado español acontecen también, estamos perturbando y poniendo en peligro el principio dispositivo que configura el Estado autonómico. En tanto en cuanto la posibilidad de actuación de la Administración General del Estado, del presidente del Gobierno y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional está habilitada por una definición tan onmicomprensiva que acoge todos los aconteceres de la vida, como le digo, el presidente del Gobierno podría asumir, podría absorber todas las competencias ejercidas por la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las administraciones locales, las administraciones institucionales, e incluso afectar a las propiedades de los particulares, mediante la invocación de situación afecta por el interés nacional, por la seguridad nacional. Desde esa perspectiva, no solo estamos vulnerando otro principio de la Constitución, señora vicepresidenta, que es el principio de seguridad jurídica también proclamado por el artículo 9 de la Constitución, una definición manifiestamente insegura que posibilita facultades exorbitantes y universales de actuación de la Administración del Estado absorbiendo y comprometiendo -expoliando, en definitiva, si me permite la


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expresión- competencias autonómicas y de cualquier otra institución; estamos también ante un problema de ruptura del principio dispositivo, que es un principio que configura el Estado autonómico. En definitiva, estamos poniendo en severo peligro la propia existencia de los principios ontológicos, de los principios inspiradores del Estado autonómico.

Fíjese hasta qué punto es cierto lo que le estoy diciendo, señora vicepresidenta, que para el cumplimiento de esta definición tan difusa por parte del Estado tenemos que recurrir al artículo 9.1 del proyecto de ley. Aquí nos encontramos con cuáles son los objetos y los componentes fundamentales del concepto de seguridad nacional que, por fin, se desagregan, proporcionando algo de seguridad jurídica a aquello que en la definición genérica no existía, un principio de definición un poco más estricta, un poco más concreta. Los componentes fundamentales de la seguridad nacional son la defensa nacional, en primer lugar, a pesar de que usted ha pretendido en su discurso trascender del concepto de defensa nacional; en segundo lugar, la seguridad pública, a pesar de que también usted ha pretendido trascender y, de hecho, el proyecto de ley trasciende del concepto de seguridad pública, y en tercer lugar, la acción exterior, que afirma el artículo 9.1 del proyecto de ley que se regulan todos ellos por su normativa específica. Si todos estos conceptos en los que se desagrega la seguridad nacional se regulan por su normativa específica, para qué hace falta, señora vicepresidenta, una ley que regule la seguridad nacional, si ya existen normativas específicas reguladoras de todas estas materias en todos los ámbitos y elementos de coordinación y elementos de actuación que han persistido y funcionado correctamente en determinadas crisis que se han producido en el Estado español. Este precepto ya deslegitima la propia existencia de esta ley, en tanto en cuanto invoca las normativas sectoriales reguladoras.

Pero hay más problemas. En este proyecto de ley se incorpora la defensa nacional a las funciones que hasta ahora eran las propias de la seguridad pública. La seguridad pública es un concepto que sí está previsto por la Constitución, es un concepto constitucionalizado; la seguridad nacional no es un concepto constitucionalizado. Y se desagrega en dos ámbitos de actuación, las relativas a las instituciones conformadas por las Fuerzas Armadas y las relativas a las instituciones a las que responden los Cuerpos de Seguridad del Estado. Las funciones de las Fuerzas Armadas están previstas en el artículo 8 de la Constitución: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial -este es un concepto discutido por militares democráticos y por demócratas no militares- y el ordenamiento constitucional. En relación con la otra materia en la que se desagrega la seguridad pública, que es el único concepto constitucional al que usted legítimamente se podría haber referido, porque el concepto seguridad nacional no existe constitucionalmente ni puede existir por esta ley porque esta ley tendría que provocar una reforma de la Constitución por sus efectos constitucionales, por su dimensión constitucional, el concepto de seguridad pública se desagrega en lo previsto en el artículo 104 de la Constitución, relativo a las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Con ambos preceptos, con el artículo 8 de la Constitución y con el 104, ya están cubiertos todos los objetivos de este proyecto de ley, porque todos los demás, el artículo 9.1 del proyecto de ley, ya se refiere a su normativa sectorial aplicable, el medioambiental, el económico, el de garantía de las libertades públicas, el de la seguridad ciudadana, etcétera.

Desde esa perspectiva, además de ser inútil y de ser superabundante y de ser una ley que no aporta nada a nuestro ordenamiento jurídico, es una ley que tiene severos problemas de inconstitucionalidad por otros problemas ubicados en otros preceptos. En materia de seguridad ciudadana, uno de los aspectos en los que se desagrega la seguridad nacional, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución atribuye la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma en que se establezca en los respectivos estatutos y en el marco que disponga una ley orgánica. Ya existen esas policías, señora vicepresidenta, existen policías integrales en el Estado español, los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Ertzainza en Euskadi, que tienen las mismas competencias que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su propio ámbito. Este concepto de seguridad pública se ve terriblemente perturbado en cuanto se produzcan elementos que afecten a la seguridad nacional tan difusamente, tan deletéreamente configurada y definida en el proyecto de ley. La dependencia orgánica y la dependencia funcional de estos cuerpos de seguridad, de estas policías integrales va a depender automáticamente del presidente del Gobierno, su funcionamiento va a depender de los reales decretos que se aprueben para atender a la situación de crisis que se produzca y de los requerimientos o de las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional, que tiene una impronta absolutamente estatal, sin ningún tipo de representación autonómica en su configuración. Desde esta perspectiva se produce la expoliación de una competencia. Me estoy refiriendo a la Ertzaintza, cuyo


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funcionamiento está previsto en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que establece que la Ertzaintza es una policía no solo integral, sino que su legitimidad constitucional dimana de la disposición adicional única, está legitimada por los derechos históricos constitucionalizados por la disposición adicional única de la propia Constitución. Es una policía no solo integral sino que sustituye a las preexistentes anteriormente, a los miñones y miqueletes, y que tiene todas las competencias en materia de seguridad pública, en materia de seguridad ciudadana, en materia de policía judicial y en materia de protección civil. Desde esa perspectiva, esta posibilidad de absorción por el presidente del Gobierno de policías autonómicas de carácter integral constituye una negación de lo previsto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución y, en el caso de la Ertzaintza, además, de la disposición adicional única dado el carácter de actualización del derecho histórico que supone la creación de esta policía, particularmente en el artículo 17.4 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Solo hay una excepción que no estoy muy seguro de que usted haya citado, que es la declaración de los estados de alarma y de sitio, donde existe la posibilidad de la dependencia de las policías autonómicas e incluso de las integrales de la Administración General, ya sea militar o civil; ambas circunstancias pueden concurrir. Este sistema de seguridad nacional que ustedes establecen obligará a que las policías autonómicas pasen a depender directamente de la Administración del Estado, y ello como consecuencia de las previsiones que se contemplan en el título V de la ley dedicado a la contribución de recursos a la seguridad nacional. Así, se recoge que la organización de esta contribución recaerá en el Consejo de Seguridad Nacional, órgano de composición estrictamente estatal, y que el Gobierno, mediante real decreto, aprobará la declaración de recursos para la seguridad nacional, que incluirá la relación de medios humanos y materiales, tanto públicos como privados, que se podrán emplear por la situación de interés para la seguridad nacional prevista en esta ley. ¿Qué situación de interés? Ustedes, como situaciones de interés, han previsto todas las actuaciones de naturaleza pública que se puedan producir mediante esa omnicomprensiva definición de seguridad nacional que han realizado en el artículo 1 de la propia ley que he leído anteriormente, todas. Es decir, en todos los casos existe el peligro latente, existe el peligro permanente de una absorción de las competencias y otros medios de la Comunidad Autónoma vasca y del resto de las comunidades, personales, materiales y, en el caso de la Ertzaintza, una dependencia sobrevenida de las autoridades de la Administración del Estado en virtud de los reales decretos y en virtud de las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional y en virtud de las decisiones discrecionales del propio presidente del Gobierno.

El Estatuto de Autonomía de Gernika, señora vicepresidenta, establece -y usted ha invocado mucho la coordinación y la cooperación, aunque es pura retórica- las relaciones entre la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y el departamento de Seguridad de Euskadi se realizan a través de la Junta de Seguridad, como usted sabe. Aquí, la Junta de Seguridad, cuando está concernido un interés vinculado a la seguridad nacional, desaparece, sus funciones desaparecen, al igual que desaparece la dependencia orgánica de la Ertzaintza del Gobierno vasco y del departamento de Seguridad. Desaparece, en definitiva, todo lo que está previsto en esta materia, pero lo hace en virtud de las competencias exorbitantes que se atribuyen a la Administración del Estado. Pueden desaparecer todos los actos y todas las competencias que corresponden a cualquier comunidad autónoma. Una definición, la de seguridad nacional, como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos -algo más genérico y más universal que esto no se puede definir, señora vicepresidenta-; a garantizar la defensa de España y sus principios y valores y constitucionales -algo más omnicomprensivo y universal no se puede definir, señora vicepresidenta-, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. En definitiva, el peligro latente en virtud de estas facultades exorbitantes que se atribuye al Gobierno, peligro latente y permanente porque una situación de crisis, primero, se define por parte de la Administración General del Estado, el presidente del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional, puede concurrir cuando se quiera, con carácter arbitrario o con carácter no arbitrario, de forma absolutamente discrecional, y esto permite la absorción de todos los medios materiales, de todos los medios personales de las comunidades autónomas y de todas las competencias de las comunidades autónomas, que podrán ser centralizados o absorbidos por la Administración General del Estado y particularmente por el presidente del Gobierno. Si eso no es vulnerar el principio dispositivo en el que se basa la propia construcción del Estado autonómico, explícamelo, por favor. Porque, ante la ausencia de definición clara de los supuestos de gestión de crisis y de la situación de interés para la seguridad nacional, podríamos encontrarnos con que de manera arbitraria se pretenda por la Administración del Estado perturbar el esquema constitucional


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de distribución de competencias invadiendo la autonomía de otras instituciones bajo una hipotética o difusa amenaza que parece tener un carácter permanente.

Usted no lo ha aclarado muy bien en su discurso -que, por otra parte, ha sido un discurso brillante, señora vicepresidenta-, usted ha hablado de todo tipo de materias: medioambientales, económicas, vinculadas a los derechos fundamentales de las personas, a los principios inspiradores de la política social y económica, a las garantías de todo tipo de derechos de los ciudadanos, una omnicomprensión absoluta en la propia definición de lo que eventualmente puede constituir seguridad nacional. Si la definición de lo que puede constituir interés de seguridad nacional es todo lo que ha dicho, que son todas las competencias que institucionalmente un Estado puede ejercer, las posibilidades de recuperar, de rescatar todas esas competencias cuando sean de naturaleza autonómica o exclusivamente de carácter autonómico son todas también. Desde esa perspectiva comprenda nuestra renuencia a poder aprobar una ley tan recentralizadora como la que usted nos presenta hoy aquí.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, concluya, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Concluyo, señor presidente.

Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra la aprobación de esta ley.

También nos sorprende, como decía el señor Tardà, que el Partido Socialista haya avalado algo que el señor Serrano seguramente sabrá que tiene deficiencias de constitucionalidad, que es constitucionalmente muy vulnerable por la contradicción de los requerimientos del artículo 9, el artículo más importante, por la contradicción del principio de jerarquía normativa, por la contradicción del principio de seguridad jurídica, por la contradicción del principio de legalidad y por el intento vano y digno de mejor causa de hacer penetrar en el ordenamiento jurídico principios o valores constitucionales a través de leyes ordinarias. Estamos acostumbrados en esta legislatura, que se caracteriza fundamentalmente por su intensa degradación legislativa, a ver muchas cosas, pero, señora vicepresidenta, lo que es imposible o no esperamos ver en las postrimerías de esta legislatura es modificar la Constitución a través de una ley ordinaria, o incumplir requerimientos de la Constitución tan importantes como los consignados en el artículo 9 por una ley ordinaria, o, con la parsimonia que usted ha realizado su discurso, hablar de la posibilidad de acabar con la configuración autonómica del Estado -y de eso estamos hablando, en definitiva- con un concepto que no existe constitucionalmente pero al que ya le ha dado pábulo de existencia, por eso ha hablado con tanta naturalidad del concepto de seguridad nacional...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, concluya, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo. Lo que existe es seguridad pública, señora vicepresidenta, y desde esa perspectiva qué razón tenía madame Roland cuando comentaba antes de ser ejecutada -espero que no nos pase en sentido político esto a los demás- que cuántas tropelías y cuántos crímenes se pueden cometer en nombre de la seguridad. Muchas tropelías y muchos crímenes de naturaleza jurídico-formal en este ámbito se están cometiendo con esta ley en nombre de la seguridad. Yo sé que hay una cierta paranoia por la seguridad en todos los países del mundo y que es el momento propicio para inocular y elaborar leyes de este tenor y de esta naturaleza. No utilicemos estos valores, estas sensaciones, estos temores colectivos de nuestra sociedad para vulnerar también el ordenamiento constitucional y el ordenamiento estatutario, el bloque de constitucionalidad, en definitiva.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Señora vicepresidenta, lo primero que quería hacer es agradecerle su exhaustiva exposición. Es cierto, en España es una evidencia la necesidad de repensar y actualizar el concepto de seguridad nacional, una parte del ordenamiento jurídico que soporta hoy ese concepto es de 1986, el año en que entramos en la OTAN y, evidentemente, el mundo y España han cambiado. Por tanto, sobre la base de esos cambios debemos actualizar una estrategia de seguridad nacional.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad porque esta ley y el Gobierno del Partido Popular que la sustenta y la mayoría parlamentaria del Partido Popular no cumplen con los objetivos que dice defender. Por un lado, proteger la libertad y proteger también el bienestar de los ciudadanos. Hoy es


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una evidencia internacional que la libertad en España está en peligro como demuestran las leyes que han endurecido el Código Penal y la ley mordaza que recientemente han aprobado las Cortes españolas. También el bienestar. No es que esté en peligro el bienestar de España, es que está por los suelos, porque a ello nos ha llevado la suicida política económica del Gobierno, esa política austericida sobre la cual hoy un importante y destacado grupo de famosos economistas dicen públicamente que o acabamos con ella o ella acabará con las libertades y con la democracia. Por tanto, en España hay un claro peligro para la seguridad nacional, pero este claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos.

Hoy es cierto que los riesgos internacionales de seguridad son evidentes, pero cuando hablamos de los nuevos riesgos de seguridad internacional debemos recordar, la memoria es imprescindible. En su momento enviar tropas a Irak significó la amenaza de seguridad más importante de la reciente historia de España, y lo pagamos muy caro. Es evidente que hoy participar en la organización de la OTAN, esa que aprueba el rearme de los distintos países del Este de Europa, es una amenaza creciente. Hablando de la OTAN, hay que recordar que el caso más grave de ciberespionaje que ha vivido la Unión Europea en los últimos años ha sido protagonizado por las agencias de seguridad de nuestro aliado, los Estados Unidos. Es evidente que nadie puede asegurar que las agendas y contactos de la presidenta de Alemania o del presidente francés han sido espiados por las agencias de seguridad norteamericanas y ni usted, señora vicepresidenta, puede hoy aquí afirmarnos con seguridad que los contactos que la agenda del presidente de España, el señor Rajoy, no han sido controlados por esas agencias de seguridad. Hoy pensamos que de ese SMS tan famoso de "Luis, sé fuerte" antes que el pueblo español se rieron en la Casa Blanca. Esa es la realidad que tenemos en este momento.

Hoy es una evidencia también que invadir Libia, decisión tomada por el Gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, ha conllevado un Estado fallido que es una de las amenazas de seguridad más importantes en este momento en el Mediterráneo. Es una verdadera fábrica de terrorismo y en este momento intentamos atajar el problema, pero nos lo teníamos que haber pensado antes, cuando lo creamos bombardeando ese país. Hoy es una evidencia también que es un peligro para la seguridad haber tenido ante el conflicto sirio y la oposición siria una situación absolutamente dudosa, equivocándonos entre los amigos de España y los terroristas. Hoy Siria es un lugar en el mundo fábrica de terroristas que son entrenados militar y políticamente y, señora vicepresidenta, algunos de ellos vuelven a las capitales europeas y sabemos perfectamente qué es lo que hacen. Por tanto, ese también ha sido un error estratégico importante de la política exterior española que nos ha reducido la seguridad. Señora vicepresidenta, reducir la cooperación internacional como la ha reducido su Gobierno en los últimos años es un peligro para la seguridad, porque hay que atajar algunos conflictos en su origen; conflictos basados en pobreza y corrupción que han generado el caldo de cultivo para el extremismo yihadista. Por tanto, cuando reducimos la cooperación de forma dramática, reducimos los elementos que pueden atajar la base del problema. Señora ministra, usted sabe que en las fronteras no es donde se resuelven los problemas de la inmigración, sino que se resuelven en origen. Evidentemente, en las fronteras hay que tener cuerpos de seguridad del Estado bien preparados para que no vuelva a ocurrir el desastre de Tarajal, pero antes de Tarajal hay que incidir en la pobreza y la corrupción de esos países. En eso su Gobierno está haciendo mucho menos que en los años anteriores, y eso también es estrategia de seguridad nacional. Hoy reducir y escatimar la presencia diplomática de España en embajadas y consulados es también un problema de seguridad. España debe robustecer su presencia internacional y, por tanto, los recortes nos hacen menos influyentes y menos fuertes en el ámbito de la diplomacia, que es donde están las soluciones y no enviando más y mejores tropas. Nos hace falta eficacia como lo demostró la crisis del ébola, que se llevó por delante a una ministra de este Gobierno, a una ministra del Gobierno de España, porque la incompetencia es terrible cuando suceden crisis de seguridad médica como la que vivimos en su día. Por tanto, la eficacia es imprescindible.

Fíjese si hay trabajo: no solo aprobar la ley, sino también rectificar buena parte de las políticas internacionales del Partido Popular, porque buena parte de sus políticas incrementan los riesgos de seguridad con la mano izquierda, aunque luego con esta ley crean ustedes que van a resolver problemas de seguridad con la mano derecha. No se puede sorber y soplar y ustedes soplan y sorben al mismo tiempo con este proyecto de ley y con sus políticas.

Señora ministra, hay que recordar que la libertad y la seguridad forman parte de un todo indivisible en una sociedad democrática; seguridad ciudadana para el disfrute y ejercicio de los derechos y libertades


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reconocidos en nuestra Constitución. Bienestar social y seguridad son conceptos complementarios. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se aborda la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social mediante políticas integrales de empleo y protección social. Para que una política de seguridad sea avanzada debe estar integrada en una política social que promueva la transformación de la comunidad. A nuestro juicio y modestamente, pensamos que la seguridad debería entenderse como un instrumento al servicio de la instauración y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales y en condiciones de igual dignidad y libertad. Por tanto, rechazamos el concepto ideológico de seguridad en manos del Partido Popular porque su seguridad, la seguridad que ustedes han integrado en esta ley, es inseguridad para la mayoría de la población española, aunque sea seguridad para una minoría de este pueblo.

Este proyecto es profundamente recentralizador y tiene tintes militaristas. Estamos hablando de algo que ya se discutió en esta Cámara cuando abordamos la Ley de Acción Exterior a la cual también nuestro grupo se opuso y también otros grupos de esta Cámara. La ley de acción exterior y la ley de seguridad nacional no pueden ser excusas para una visión recentralizadora, para una visión como si algunos debates políticos que hay en España fuesen problemas de seguridad interior. El debate en Cataluña y el debate en Euskadi no se solucionan con la Guardia Civil, señora vicepresidenta, ni con leyes de este tipo. Se solucionan con diálogo político. Y si no se solucionan con diálogo político, no se solucionan. Es algo muy sencillo. Esta ley va en la línea del endurecimiento del Código Penal y de la ley mordaza y, por tanto, es un problema para la libertad. El Estado de las autonomías es una realidad y aunque ustedes barnicen con la palabra coordinación su propuesta recentralizadora, señora vicepresidenta, no cuela, y el problema sigue estando ahí. Asimismo, tratar el sector privado de la seguridad en la misma línea que el sector de la cooperación internacional no es una buena idea. Creo que los dos conceptos son cosas bien distintas.

Acabo. En el informe sobre la seguridad nacional del año 2014 podíamos leer: Se nos decía que hay unos principios y valores que defiende España y que esos principios y valores están en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en la OTAN. Cito textualmente. Señora ministra, parece que en las Naciones Unidas nos podríamos poner de acuerdo, pero le puedo asegurar que para buena parte del pueblo español, y parece que también para buena parte del pueblo griego, los principios y valores que actualmente rigen el modelo de construcción europea y las decisiones que se están tomando en el marco de algunas instituciones europeas, no son ni principios ni valores compartidos. Pero, por supuesto, los principios y valores de una organización obsoleta en la historia como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte tampoco son principios y valores que podamos compartir. Por tanto, ¿de qué principios y valores estamos hablando, señora ministra? ¿Cree que estos principios y valores son objeto de consenso en la sociedad española? No son objeto de consenso. Son un modelo político ideológico, pero hay otros modelos, otros principios y otros valores. Por tanto, es un tema fundamental.

Hoy, la actual Unión Europea y la OTAN no nos representan, señora ministra. Hoy, la troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) no nos representa, señora ministra. Por tanto, no podemos articular nuestra seguridad alrededor de principios y valores que, tal vez, la representan a usted. Lo respetamos, pero puede estar segura de que no nos representan a nosotros y no representan a una buena parte de la sociedad española.

Acabo. Veremos, señora vicepresidenta, como quedan estos principios y estos valores que ustedes defienden en las próximas Cortes Generales.

Hasta luego. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió puede compartir y comparte los motivos que inspiran esta ley. A la hora de hablar de amenazas, a diferencia de algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, nosotros coincidimos en que hoy, en el siglo XXI, existen algunas amenazas en materia de ciberseguridad, bioterrorismo y en protección de infraestructuras críticas que no existían hace algunos años. Ese es un debate de totalidad que tenemos con la vicepresidenta del Gobierno como titular del Ministerio de la Presidencia, pero también como máxima responsable de los servicios secretos. Con lo cual, hay elementos que existen hoy y que no existían en el pasado. Lo que sucede es que se intenta construir política e intelectualmente, a través de este proyecto de ley y a través


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del informe anual de seguridad nacional, una política integrada en materia de defensa de seguridad pública, política de interior y de acción exterior que, hoy por hoy, no existe en nuestro sistema constitucional.

Se nos plantea, señorías, señora vicepresidenta, la instauración de esta nueva categoría de seguridad nacional a través de una ley ordinaria con capacidad legislativa plena en Comisión Constitucional y garantizándonos, a través del artículo 22.4 de este proyecto de ley que, en ningún caso, la aplicación de esta ley supondrá la suspensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Señorías, aquí es donde empieza nuestra discrepancia con el Gobierno y lo que motiva la presentación de esta enmienda a la totalidad. Señorías, en la lucha contra estas amenazas, ciberseguridad y bioterrorismo, que fue objeto de una interpelación que planteé hace poco y que avala lo que pensamos, que es que estas amenazas sobredimensionan, en estas materias, la potencial afectación de los derechos fundamentales es evidente. Para nosotros tiene un punto de incoherencia -buscada o no buscada- intentar plantear con total normalidad la instauración de una categoría, en estos momentos aconstitucional, como es la seguridad nacional a través de una ley ordinaria y a través de una competencia legislativa plena, pasando por delante de lo contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución española respecto a la seguridad jurídica y respecto a la jerarquía normativa.

Señorías, creo que si en las facultades de Derecho se tuviera que poner un ejemplo simple y claro de aquello que siempre se explica en la Teoría del Derecho de un concepto jurídico indeterminado, esta ley es una ley que está llena de conceptos jurídicos indeterminados que intentaré detallar durante mi argumentación. Señorías, señora vicepresidenta, nuestra discrepancia se basa en tres elementos. En primer lugar, en la falta de definición precisa y del ámbito material del objeto de esta ley de seguridad nacional y en la incorporación de artículos -haré referencia a algunos de ellos- y de apartados con un carácter claramente expansivo de este nuevo concepto de seguridad. En segundo lugar, en la falta de un rol del Parlamento, que quiere decir falta de elementos garantistas en tanto en cuanto la participación del Parlamento en la aplicación y el seguimiento de los preceptos previstos en esta ley. Y en tercer lugar, un enfoque que a todas luces nos parece desafortunado en cuanto a la colaboración -no es colaboración, sino asunción de competencias- de las comunidades autónomas por parte de la Presidencia del Gobierno y de la autoridad en la que se delegue de los recursos materiales y humanos. Y también se hace referencia a los poderes de las comunidades autónomas.

Empiezo por nuestro primer elemento de discrepancia: la definición. El artículo 3 del proyecto -cito textualmente- dice lo siguiente: "A los efectos de esta ley se entenderá por seguridad nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos". Señorías, ¿podemos estar seguros de que esta definición no entra en el ámbito del artículo 81.1 de la Constitución española, que reclama una ley orgánica para la regulación y protección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas? La lectura de este artículo nos plantea que no estamos ante una technicality, ante la articulación de instrumentos técnicos, sino ante la definición del corazón de aspectos que afectan a los derechos fundamentales. Artículo 1 de este proyecto de ley: "Esta ley tiene por objeto regular: a) la seguridad nacional..." En todo caso, sería regular aquellos instrumentos al servicio de la seguridad nacional, porque si ustedes directamente regulan la seguridad nacional a través de una ley ordinaria y no de una ley orgánica están creando una nueva categoría que no es inconstitucional, sino aconstitucional -es urgente y veremos muy pronto una reforma constitucional, aunque no es el debate de hoy ni me toca entrar en esta materia- y eso no se puede hacer. No se puede hacer en el tiempo de descuento de esta legislatura y a través de una ley ordinaria.

Discrepamos, señorías, de la atribución al presidente del Gobierno de facultades exorbitantes en relación con la declaración del estado de crisis, con la gestión, con la no necesidad de justificación, con la no necesidad de comunicación a las Cortes Generales. Señora vicepresidenta, decía usted en su presentación que estamos obligados a entendernos. ¿Cómo se va a entender el Parlamento con el Gobierno? ¿Cómo se van a entender las comunidades autónomas con el Gobierno? Estamos obligados a entendernos, pero esta es una ley que no contempla la comunicación ni al Gobierno ni al Parlamento ni a las comunidades autónomas. Señorías, el artículo 15 atribuye al presidente del Gobierno dos conceptos que, como les decía, hacen gala de la definición de concepto jurídico indeterminado. Primero, gestión de crisis, y segundo, situaciones de interés para la defensa nacional, y en esta ley no hay un desarrollo de lo que supone situaciones de interés para la seguridad nacional ni un númerus clausus ni siquiera un número aproximado de lo que supone la gestión de crisis. Sí que se habla de alteración de la normalidad, concepto


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jurídico ampliamente abierto e indeterminado. En el artículo 20 de este proyecto incluso se habla de supuestos de alteración de la normalidad no contemplados expresamente en esta ley. Llevamos tres décadas aprobando algunas leyes de seguridad que terminan con una cláusula, con una disposición final, que remite a futuras leyes la regulación de los casos de gestión de crisis, y al final esta ley también remite a un desarrollo legislativo reglamentario. Otro elemento de esta ley es que escribe las palabras gravedad potencial, que es una percepción absolutamente subjetiva, potencialmente subjetiva por parte del presidente del Gobierno.

El segundo elemento de discrepancia es el papel del Parlamento, el papel de las Cortes. Señorías, existen tres mecanismos contemplados en el artículo 116 de la Constitución española que, por analogía, como mínimo nos deberían invitar a reflexionar si no deberían tener también algún parangón en esta legislación. Me refiero a los estados de alarma, de excepción y de sitio, desarrollados por una ley orgánica del año 1981 y que contempla una declaración expresa y, en los tres casos, algún tipo de relación entre el Gobierno y las Cortes, entre el Gobierno y el Congreso. Esta ley dice que en ningún caso la gestión de crisis afectará a los derechos fundamentales, pero, señorías, señora vicepresidenta, el estado de alarma -regulado en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado en una ley del año 1981- también contempla un númerus clausus, un conocimiento por parte del Congreso de los Diputados y una limitación temporal. Además, en el artículo 55 de la ley de 1981, expresamente se prevé una no suspensión de derechos fundamentales. Y en el estado de alarma, en el que no se prevé la suspensión de derechos fundamentales, hay una comunicación a este Parlamento. El estado de excepción requiere la aprobación previa del Congreso y el estado de sitio, la declaración previa por parte de las Cortes.

El tercer elemento al que me quería referir es la forma en que esta ley termina. Creo que esta ley tiene que estar abocada al pacto, al diálogo, a la modificación y reescribirla. Ustedes tienen una mayoría absoluta legítima con lo cual pueden terminar la ley con la misma redacción, pero creo que esta es una ley que invita a una reescritura notable en algunos de sus preceptos a los que he hecho referencia, concretamente a aquellos sobre la definición, el ámbito material, la participación y el rol del Parlamento y también a la forma que tiene esta ley de aproximarse a las comunidades autónomas.

La semana pasada tuve la oportunidad de compartir una agradable conversación en una cena con un expresidente español del Parlamento Europeo, que me decía que los primeros ministros de la Unión Europea se reúnen como mínimo una vez al mes y a veces, cuando ocurren casos como el de este mes, dos veces al mes. En España, los presidentes de las comunidades autónomas se reunieron por última vez el año 2012 y las comunidades autónomas tendrán conocimiento de algo que afecta claramente a sus competencias en materia de seguridad y en materia de protección civil como mínimo a través de este proyecto de ley. Insisto, esta quizá es una reflexión política no vinculada a un artículo concreto de esta ley, pero creo que es relevante aquello que decía el expresidente del Parlamento Europeo la semana pasada, que en la Unión Europea los primeros ministros se reúnen una vez al mes y si es necesario dos veces al mes; en España los presidentes de comunidades autónomas no se reúnen desde el año 2012. En España las comunidades autónomas se enteran por el Boletín Oficial del Estado de un proyecto de ley que contempla que los recursos humanos, los recursos materiales y los poderes quedan a disposición de la autoridad competente que puede designar el presidente del Gobierno para la gestión de crisis. Se hace una clara asunción de competencias del artículo 28, en el cual se equipara -y esto es muy relevante, porque ayer, en el debate de otro proyecto de ley, vimos la misma filosofía- a comunidades autónomas y entes locales con el sector privado. Ayer en la Comisión de Fomento discutíamos la ley de carreteras y en la ley de carreteras figuran comunidades autónomas y entes locales como sociedad civil. Señorías, en este caso y en esta ley la asunción unilateral -la decisión por parte del presidente del Gobierno y del Consejo- de competencias en materia de seguridad y de protección civil no se puede hacer como está contemplado en el artículo 28 poniendo las comunidades autónomas y los entes locales en el mismo nivel que el sector privado. El artículo 27 se remite al desarrollo legislativo de algunos aspectos muy relevantes de esta ley que ustedes quieren hacer pasar como una ley ordinaria y, es una ley que potencialmente afecta a derechos fundamentales, y que en todo caso requiere de un desarrollo exhaustivo. Esta es una ley que afecta a la competencia autonómica y que en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña y afecta directamente al artículo 164 y 132 referidos a seguridad y a protección civil. Lo ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra: este es su modelo de relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Señorías, nosotros tenemos un modelo distinto y por esto hemos presentado una enmienda a la totalidad.


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Señor presidente, termino. Hemos hablado de artículos, hemos hablado de mecanismos, hemos hablado de garantías, pero lo más importante, señora vicepresidenta, a diferencia de otros grupos que han presentado enmiendas a la totalidad nosotros compartimos la preocupación del Gobierno sobre las nuevas amenazas; sin embargo, no queremos que a través de una ley ordinaria que dice que en ningún caso afecta a los derechos fundamentales, se pueda regular esta materia que es sensible y esta materia que el Gobierno nos plantea en tiempo de descuento legislativo de la legislatura parlamentaria.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Xuclà.

Señora vicepresidenta del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Con la venia del presidente, señorías, intervengo muy de forma breve para intentar abordar o clarificar alguna de las cuestiones que han planteado los defensores de las enmiendas a la totalidad. En primer lugar, quiero agradecer a todos cuantos han puesto de manifiesto la valoración de los nuevos riesgos y amenazas que justifican esa ley. A pesar de la discrepancia tan grande que puede suponer la presentación de una enmienda a la totalidad, doy por bienvenida la circunstancia de que algunos de los grupos -no todos- consideran que en este momento hay riesgos y amenazas para la población española que nos deben hacer reflexionar sobre la manera que lo abordamos. En segundo lugar, se han planteado aquí algunas cuestiones variadas que voy a tratar de ordenar, espero no olvidar ninguna y si la olvido no consideren que es una falta de cortesía sino más bien de incompetencia.

Se decía que el concepto de seguridad nacional no existe en nuestra Constitución. Señorías, hay muchos conceptos que no existen en nuestra Constitución porque nació en 1978 y algunos de los riesgos y amenazas de los que aquí abordamos han cambiado mucho y algunos ni siquiera existían. Por tanto, existen muchos márgenes para que en el ámbito de nuestra Constitución y respetando sus principios fundamentales podamos regular algunas cuestiones como esta. Pero si quieren ustedes por su tranquilidad de encaje constitucional le doy uno: nuestra Constitución nos obliga a tener muy presente de un lado los convenios internacionales que suscribe nuestro país -artículo 10- y estamos integrados en el conjunto de la Unión Europea en un ámbito de cesión de competencias. Si la Unión Europea está defendiendo estos conceptos más amplios de defensa y seguridad, es un elemento muy importante para poder actuar dentro de nuestro marco constitucional. Otro de los aspectos que planteaban sus señorías -como han insistido mucho quiero darles cumplida respuesta- es si debe ser esta una ley orgánica o una ley ordinaria. No habrá debate que me guste más, pero procuraré no extenderme. Cuando redactamos esta ley en Presidencia del Gobierno nosotros también tuvimos esa duda, se lo reconozco. También nos planteamos qué rango normativo tenía que tener la norma. Y cuando la presentamos al Consejo de Estado consideramos que la norma en sí era ordinaria, pero teníamos la duda de si determinados preceptos, algunos de los cuales han sido citados por sus señorías, debían contener el carácter de ley orgánica. Así lo elevamos al Consejo de Estado. ¿Qué nos dijo el Consejo de Estado, al que nosotros respetamos mucho? Lo dijo por unanimidad, y leo el nombre de los ponentes porque para algún grupo parlamentario puede ser interesante. El Consejo de Estado, con los votos del señor Romay Beccaría -presidente-; Lavilla Alsina; Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer; Herrero y Rodríguez de Miñón -señor Olabarría-; Ledesma Bartret; Aza Arias; Manzanares Samaniego; Fernández de la Vega Sanz; Alonso García; y Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos -secretaria-, dijo por unanimidad lo siguiente: La norma, cuyo anteproyecto se somete a dictamen, es por razón de su contenido una ley de naturaleza no orgánica, ya que regula la seguridad nacional desde una perspectiva marcadamente organizativa e integradora sin afectar a la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Puede ser que a ustedes -señor Olabarría y al señor Xuclà, que son los que más han insistido- no les sirva la ciencia jurídica de estos ponentes del Consejo de Estado, pero como nosotros teníamos esas dudas, se las elevamos. Se ha hablado de la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular. Este es un asunto del que hemos hablado con algunos grupos de esta Cámara y en el que hemos trabajado de común acuerdo con el Partido Socialista. Ustedes saben el número de diputados de esta Cámara y el apoyo que tiene nuestro grupo. ¿El problema es que se apruebe por ley orgánica? Para nosotros no es ningún problema, no lo es; pero queremos hacer las cosas bien y hacemos caso al Consejo de Estado.

Señor Olabarría, permítame que le diga que la relación entre una ley orgánica y una ley ordinaria no es de jerarquía, no se trata de que una ley sea más garantista o esté por encima de la otra. Lo ha dejado clarísimo el Tribunal Constitucional: es una cuestión de competencia, de que una norma, si regula algunos


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de los aspectos que señala nuestra Constitución que puedan afectar, entre otras cuestiones, a derechos fundamentales y libertades públicas o a la regulación de determinadas instituciones del Estado, por razón de competencia se haga por ley orgánica; y si no afecta a los puntos del artículo 81 de la Constitución o a otros que aparecen diseminados por el texto constitucional, la ley tiene que ser ordinaria. ¿Qué nos han dicho el Consejo de Estado y estos ponentes? Que, a pesar de nuestras dudas, de nuestras prevenciones, de que queríamos hacer las cosas de la mejor manera posible, no teníamos que aprobar una norma -ya no digo en su totalidad- con carácter orgánico, ni siquiera desgajar algunos de sus preceptos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Se ha insistido mucho en lo relativo a las competencias. Mirar a nuestro alrededor en estos temas siempre es bueno. En el ranking de Estados descentralizados en el mundo somos el segundo o el tercero. ¿Saben cuál es el primero? Canadá. Canadá tiene un consejo y una ley de seguridad de esta naturaleza y no creo que podamos echarnos en cara quiénes somos más o menos descentralizados porque cada vez vamos más a la par. Como dice el Consejo de Estado, es una ley integradora y de estructura organizativa, y fundamentalmente de estructura organizativa del Estado. Me he subido a esta tribuna porque esta ley afecta prácticamente a la totalidad de los ministerios que están sentados en los bancos azules de esta Cámara, aparte de mis competencias propias. ¿Por qué? Porque es una visión integral y nosotros nos imponemos la obligación de coordinarnos desde una instancia de carácter superior. Estén tranquilos. No va a haber ninguna afectación de sus competencias y, si la hubiera, tengo la completa seguridad de que ustedes la denunciarían inmediatamente y la llevarían al Tribunal Constitucional -por otro lado, como hacemos nosotros-. Así funciona un Estado autonómico tan descentralizado como el nuestro.

He tenido que gestionar a lo largo de mi carrera político-administrativa distintas crisis y siempre he echado en falta algo que esta ley regula y que me parece importante. No creo que sea afectación competencial, es un catálogo de los recursos humanos y materiales que tienen España y las comunidades autónomas para enfrentarse a una crisis, de cualquier tipo, y podemos hablar de un incendio, de una crisis marítima, medioambiental. ¿Para qué es bueno saber -luego le contaré un ejemplo- de qué elementos dispone el país para poder hacer frente a ello? Luego lo usará cada Administración que sea competente, pero al menos es bueno saberlo.

Seguí con interés su debate, que le planteó al Ministerio de Defensa, sobre determinadas vacunas en bioterrorismo, que a usted le interesa mucho. Permítame que utilice su propio argumento. Usted decía: Es necesario fomentar la adquisición de determinadas vacunas -dinero a poner por el propio Estado-, ¿para qué? Para que las comunidades autónomas puedan disponer de ese tipo de vacunas. Sería bueno saber qué disponibilidad tenemos en materia de vacunas, porque podemos tener una crisis de bioterrorismo -es el ejemplo que usted me ha dado, para no inventarme ninguno- y hay que responder a ella; para que un Estado bien organizado, que respete las competencias de todos -en esta Cámara tenemos debates de cómo el Estado tiene que hacer determinadas adquisiciones de recursos para responder a esas amenazas- sepa lo que tiene. Si no se trata ni de más ni de menos; se trata de que en una situación de crisis -usted ha hablado de bioterrorismo- podamos saber qué vacunas tiene el sistema sanitario español. Y yo tendré que contar aquí las que tiene el Ministerio de Defensa y las que tienen Ceuta y melilla, que son mis competencias, y ustedes, a lo mejor, lo único que tendrán que dar es el número de las que tienen ustedes. ¿Eso es afectar a la autonomía o es poner a disposición una información de todos, nosotros a nosotros mismos, a ustedes y ustedes a nosotros de lo que el país dispone para hacer frente a una crisis de esta naturaleza, señorías?

Cuando en este país ha habido crisis medioambientales no se disponía ni siquiera de un catálogo de los medios que tenían los sistemas de protección civil para evitar que la contaminación llegara a las costas: skimmers, barreras y similares. ¿Es afectar a las competencias de unos y de otros que usted diga y que yo diga y que las comunidades autónomas señalen a los ayuntamientos qué elementos tienen y qué pueden poner a disposición de todos cuando se trata de asegurar la vida, señoría, la vida, de los ciudadanos españoles con independencia de donde residan? Estamos hablando de un bien mucho más superior; estamos hablando de que los ciudadanos que se vean inmersos en medio de una crisis de cualquier naturaleza no tengan que pensar: A ver si tengo suerte, que quien sea competente tenga esos medios, porque como me pille mal localizado a lo mejor de estas no salgo como pensaba. De eso se trata, señorías, no tengan ustedes ninguna intranquilidad al respecto y, si la tienen y plantean enmiendas, trataremos de resolvérsela.

Se ha hablado aquí de muchas cuestiones de tintes militaristas, de la OTAN. Por cierto, señorías, a ustedes que tanto les gusta consultar, hubo un referéndum -yo creo, señoría- sobre ese tema; creo que


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lo hubo; la ciudadanía ha hablado democráticamente, como usted dice. Eso sí, puede usted volver a plantearlo cuando quiera. (Aplausos). Incluso le pondré de manifiesto otra incoherencia. Me viene a decir: tienen ustedes el servicio exterior... Estamos intentando reforzarlo con la convocatoria de nuevas plazas; a la vez me dice que no hacemos bien nuestra política de acción exterior, me dice que para qué hemos aprobado una ley de acción exterior. Pues para hacerla bien, señoría. Póngase de acuerdo, ¿tenemos o no que hacer política exterior?

Me ha señalado también un par de cuestiones que, como están ligadas con este asunto, me gustaría señalar. Ha hablado usted de inmigración y este es un tema del que también quiero hablar en esta Cámara. Estoy totalmente de acuerdo en que el enfoque del tratamiento de la política de inmigración -además me congratulo de que lo iniciara un Gobierno del Partido Popular en el año 2000 y se continuara y se reforzara en el año 2006 y se siga haciendo- es una política integral en materia de inmigración que favorece la cooperación con los países de origen y tránsito y las políticas de retorno. Tanto es así, señor Nuet, que la posición de España en los últimos Consejos Europeos y en los JAI previos a esas discusiones es que Europa tenga una política similar, que haya un programa especial de retorno, que hagamos desde la Unión Europea una política de cooperación al desarrollo y, a la vez, tratemos de ordenar ese retorno a los países de origen. ¿Por qué, señoría? Porque se trata de evitar el efecto llamada. ¿Por qué? Porque solo beneficia a las mafias, a los que trafican con seres humanos, a los que les importa muy poco su vida y mucho el dinero de los que cruzan el Mediterráneo, y antes el Atlántico -algunos lo sabemos bien-, para obtener una calidad de vida mejor.

Habla usted de políticas sociales y claro que la cohesión social es una política de seguridad y también el mantenimiento del Estado del bienestar, solo que algunos -ahí sí le voy a dar la razón- lo entendemos de diferente manera; procuramos que esos gastos se paguen, porque la única manera de garantizar el Estado del bienestar en el futuro es que se pague lo que se ha comprometido en el pasado, señoría. Hay que hacer una política económica que consiga que España crezca, entre otras cosas, con un cierto saneamiento de sus cuentas públicas, porque si no crecemos se destruye empleo; si se destruye empleo la gente no paga ni sus cotizaciones a la Seguridad Social ni sus impuestos; y si no se pagan impuestos ni cotizaciones, señoría, salvo que usted haga magia -que yo no sé hacer y ya me gustaría-, no es posible mantener ni la educación ni la sanidad ni las pensiones. Si hemos hecho esta política económica es porque hemos querido hacer la mejor política social que puede tener un país, que es que se crezca, que es que los ciudadanos tengan un empleo, que es que puedan pagar sus impuestos y sus cotizaciones porque es la única manera que se me ocurre para, además de tener una digna calidad de vida que a cualquier ciudadano le da el empleo, mantener esa calidad de vida y el Estado del bienestar que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. (Aplausos).

Señoría, es bueno poder afirmar hoy que España, respecto de lo que estamos viviendo con otros países de la Unión Europea, es un país en el que los ciudadanos empiezan a ver que se empieza a crecer, en el que la gente empieza a encontrar un empleo -todavía solo 600.000 y tendremos que trabajar para que sean 3 millones-, pero esos ciudadanos están en mejor situación. Esos ciudadanos pueden empezar a pensar en una esperanza de futuro, esos pensionistas pueden cobrar su pensión y gastársela íntegramente si quieren y no tener que hacer colas en los cajeros. Esto es lo que hemos conseguido en este país: evitar un rescate, sanear nuestro sistema, hacer reformas y ganar credibilidad en el mundo. (Aplausos).

Señor Tardà, hoy en esta Cámara se hablaba de otra cosa. Entiendo que, a lo mejor, a uno no le interesa o ver o hacer el debate más allá de su propio entorno, pero hoy hablábamos de muchos asuntos que también donde preocupan, y hay que estar especialmente ocupados, es en Cataluña, pese a su discurso. No le quepa la menor duda: este Gobierno tratará de proteger la seguridad de los ciudadanos cuando haya un riesgo. Podemos hablar de muchos de esos riesgos, no tenga usted ningún miedo. Pese a que todos los debates que hace usted en esta Cámara van de lo mismo, este no va de lo mismo. No creo que en el Reino Unido cuando aprobaron un sistema de seguridad nacional se estaban preocupando de lo que a usted le preocupaba cuando ha hablado en la Cámara; no lo creo, y si le sirve para una cosa, le sirve para otra. Esas son las reglas del debate. Estamos hablando de riesgos que tenemos las democracias occidentales y muchas otras en el mundo. Estamos hablando de que los ciudadanos, con independencia de dónde vivan y lo que voten -porque a diferencia de usted, considero todos los votos muy respetables- se puedan sentir protegidos en su vida y su libertad. No convierta debates grandes en debates más locales. El debate de hoy es un señor debate.


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Para su tranquilidad, el Centro Nacional de Inteligencia solo acuerda la interceptación de las comunicaciones con autorización judicial. Estado de derecho. (Aplausos). Eso se aprobó en una ley en este Parlamento y esto se cumple. No se preocupe, señor Tardà, de sus conversaciones privadas, yo me preocuparía más de lo que dice públicamente en la tribuna. (Aplausos).

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora vicepresidenta.

Grupos que quieran intervenir por un tiempo de cinco minutos. ¿Señor Tardà? (Pausa).

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.

No serán necesarios los cinco minutos, o quizá sí. Señora vicepresidenta, me cita al señor Herrero de Miñón como referencia de autoridad. El señor Herrero de Miñón no ha sido nunca de mi partido, ha sido del suyo; otra cosa es el reconocimiento que nosotros le profesemos en relación con sus reflexiones sobre los derechos históricos. Entre estas reflexiones figura una que debería tener en consideración; lea esto de la obra de Herrero de Miñón: su indisponibilidad arbitraria por parte de la Administración General del Estado. De esto es de lo que estamos hablando en este proyecto de ley, señora vicepresidenta.

Para ustedes, la concreción de un derecho histórico como es la existencia de la Ertzaintza, es objeto de disponibilidad de absorción de sus competencias, de expoliación de sus competencias de quien orgánicamente depende -el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco- por el presidente del Gobierno, en virtud de una opción o declaración gubernativa arbitraria hecha por este último y avalada por un consejo estatal -el Consejo de Seguridad Nacional-, que no requiere de fundamentación. ¿Me va a intentar convencer, señora vicepresidenta, de que una disposición, una atribución de facultades a la Administración del Estado sobre competencias exclusivas autonómicas no requiere no una ley orgánica sino una reforma constitucional? No le estamos solicitando ni siquiera una ley orgánica, nosotros le exigimos una declaración o una reforma constitucional. Con una declaración omnicomprensiva del concepto de seguridad nacional, respecto de la cual se pueden vincular intereses concernidos donde está todo incluido -la libertad, el bienestar de los ciudadanos, la defensa de España, los principios y valores constitucionales, todo sin ninguna excepción-, así como con la contribución, junto con nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos, está hablando de toda la capacidad de actuación de un Estado sin excepción de ninguna naturaleza. Todo esto, en tanto en cuanto existan intereses concernidos por la seguridad nacional, puede ser absorbido y expropiado a las comunidades autónomas mediante una decisión discrecional gubernativa del presidente del Gobierno avalada por un órgano estatal, como es el Consejo de Seguridad Nacional.

Nos habla después de coordinación y de colaboración y, claro que existen nuevas amenazas, pero estas amenazas nuevas, con las que estamos conviviendo, son mutantes, son volátiles, son fluctuantes y provocan ciertas paranoias colectivas legítimas, nos provocan temor, señora presidenta. Sin embargo, eso no le legitima a usted para incorporar conceptos constitucionales a través de leyes ordinarias, pero tampoco para incorporar ni a usted ni a esta institución, en la que todos estamos representando, incorporar conceptos constitucionales a través de leyes orgánicas, que prohíben el artículo 81 de la Constitución y el artículo 9, de principios de jerarquía normativa, principios de seguridad jurídica y principio de legalidad. Si lo que usted quiere acometer es la posibilidad de disponer por el Presidente del Gobierno, por su Gobierno, del principio dispositivo en el que se basa la configuración autonómica del Estado, tiene usted que modificar la Constitución. Atrévase y hágalo. Ahí nos veremos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Señor Nuet, tendrá que esperar porque el señor Tardà me acaba de decir que no me había entendido y que desea intervenir.

Adelante, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

De hecho, es cierto, creía que usted daba la palabra a otros grupos parlamentarios que no habían presentado enmienda a la totalidad; en todo caso, gracias por la atención que ha tenido. Quisiera agradecer a la vicepresidenta -de hecho, se lo agradezco de forma muy explícita- que desde la tribuna haya dicho que nadie tiene que padecer por nada, es decir, que ni el diputado con menos cargos


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políticos ni cualquier dirigente político de cualquier institución democrática tienen que sufrir ni sospechar que quizá hayan sido objeto de espionaje. Es evidente que hay que agradecer esto y, sobre todo, que lo haya dicho desde la tribuna y que lo haya dicho con esta rotundidad. Esto es muy importante porque es cierto que en otros Estados esto ha ocurrido. Aquí no ocurre porque ha dicho la vicepresidenta que solamente es posible hacerlo legalmente, es decir, a través de mandato judicial. Como en otros Estados democráticos, incluso algunos más avanzados que el nuestro, ha ocurrido, creo que es lógico que uno esté preocupado. -Hemos hecho preguntas también por escrito, ya nos las responderá el Gobierno.

En segundo lugar, entiendo que usted nos acuse -entre comillas- de que nos preocupamos solo de lo nuestro. Mire, es posible, somos un país pequeño y lo que estamos viviendo ahora quizá es lo más importante que hemos vivido en siglos. Después de trescientos años de voluntad asimilacionista española y de haber perdido las libertades nacionales, ahora estamos en un escenario en que quizás sea posible alcanzar la plena soberanía. Sé que para ustedes esto es nimio; para nosotros, que somos un país pequeño y somos pocos, es muy pero que muy importante. Entonces permítame pedirle disculpas por nuestra expansión, por ser tan expansionistas en los debates, pues nos jugamos el futuro de nuestro país después de siglos de resistencia. Con esta ley el 9 noviembre no hubiera sido posible, de manera que entenderá usted que suframos por este instrumento que ciertamente para usted no es amenazante pero para nosotros lo puede ser.

En todo caso, termino con las palabras con que he iniciado esta segunda intervención: gracias por decir desde la tribuna que en el Estado español nunca se ha cometido, y ahora todavía menos, espionaje a cargos electos o dirigentes sociales. Esto es muy tranquilizador.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Ahora sí -y disculpe-, señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, en primer lugar, le agradezco por supuesto sus respuestas. En segundo lugar, varias cosas: usted decía que estamos todos de acuerdo en que hay riesgos para España; cierto, pero eso es como decir que por el día sale el sol y por la noche la luna. Con lo que no estamos de acuerdo es con su concepción del discurso del miedo, señora vicepresidenta, porque para nosotros seguridad no significa solo riesgos y amenazas, es mucho más, que es lo que he intentado explicar en mi intervención. Me gusta que le haga caso al Consejo de Estado, sobre todo cuando los informes del Consejo de Estado sobre la Ley de Transparencia y la Ley de Acción Exterior los guardó en el último cajón de su mesa y no les hizo caso; por tanto, hay que estar a las duras y a las maduras, señora vicepresidenta, con el Consejo de Estado. Tercero, dice usted que no hay recentralización. Me gustaría creerlo, pero cuando escuchamos a su ministro de Interior no lo podemos hacer. Porque el ministro de Interior ha despreciado la colaboración en temas de seguridad nacional de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, que le recuerdo que son policías constitucionales. Cuarto, en cuanto al referéndum, sí pude votar en ese referéndum, pero ¿sabe qué es lo que ganó en el referéndum? ¿Se acuerda? Que no formáramos parte de la estructura militar de la OTAN, y hoy formamos parte hasta el cuello, señora vicepresidenta. Y que no habría armas nucleares en suelo español, y hoy Rota y Morón son objetivos del terrorismo internacional porque son bases nuclearizadas por los Estados Unidos. A eso también yo vote en el referéndum y ustedes no lo cumplen, por tanto, cumplan el referéndum hasta cuando ganen.

Acabo. Usted hablaba de economía, pero no tengo tiempo para hablar de economía. Sin embargo, en el mundo entero ustedes son conocidos por el Gobierno de la amnistía fiscal, de los 30.000 defraudadores a los cuales ustedes han perdonado y han permitido un puente de plata para su reintegración en la legalidad porque eran eso: defraudadores. Queda claro: su seguridad es una seguridad para unos pocos, a pesar de que repita machaconamente que su seguridad es la seguridad de todos, pero no cuela, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, unos breves comentarios a raíz de su respuesta -y respuesta detallada- a algunos de los planteamientos que le he formulado. Usted invoca el informe por unanimidad del Consejo


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de Estado que es absolutamente relevante en este debate, pero yo insisto en que hay una diferencia muy importante entre la primera parte de su intervención que hace descansar y justificar esta ley en amenazas a la seguridad internacional. Ha citado bioseguridad, ha citado bioterrorismo -gracias por seguir este debate-, ha citado infraestructuras críticas, estados de crisis, asunción de competencias de las comunidades autónomas, y que todo esto no tenga nada que ver en un punto determinado de la gestión de las crisis con una afectación de los derechos fundamentales cuando expresamente esta ley, sin que nadie se lo haya pedido, en el artículo 19.3 dice que en ningún caso -excusatio non petita, quizás- tendrá una afectación de los derechos fundamentales. Señora vicepresidenta, estamos en la discrepancia de la percepción, y nada más que en la percepción, pero me parece difícil. Estoy muy de acuerdo con el señor Olabarría en que esta nueva categoría no es inconstitucional ni aconstitucional y que la mutación constitucional, a través de la cual usted nos presenta el engarce constitucional, requeriría de una modificación constitucional, de una adaptación constitucional porque evidentemente el artículo 81 de la Constitución española tiene algo que ver con el objeto de esta ley.

Segundo aspecto. He hablado de conceptos jurídicos indeterminados y le he puesto algunos ejemplos. La ley contempla que el presidente del Gobierno tiene la potestad absoluta, conjuntamente con el consejo, de activar los mecanismos de esta ley en casos de gestión de crisis y, segundo, en situación de interés para la seguridad nacional. Es de manual de facultad de derecho como concepto jurídico indeterminado la apreciación de que son situaciones de interés para la seguridad nacional. Señora vicepresidenta, nosotros estamos de acuerdo en la definición de unos numerus clausus con un último apartado de 'y otros casos no previstos', pero no hay ni una aproximación categórica a las situaciones potenciales de interés.

Esta es una ley que tiene en su redactado expresiones como gravedad potencial y supuestos de alteración de la normalidad no contemplados expresamente en esta ley. Le he dicho que vamos a presentar enmiendas de mejora del redactado y espero que algunas de ellas puedan ser la base del acuerdo y de la modificación y de la perfección de este redactado.

Tercera consideración, sobre las competencias. Creo que ha sido muy gráfico -porque a veces el lenguaje verbal es muy gráfico. Señora vicepresidenta, usted que lleva el peso en buena medida de la coordinación del Gobierno- cuando usted desde la tribuna ha señalado el conjunto, ha dicho: tengo que coordinar esta ley que implica a todo este Gobierno. En nuestra visión de esta ley, esta ley implica a todo el Gobierno, pero también implica a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas no sentados en esta primera fila, a gente muy modesta, como son los directores generales de Protección Civil de las comunidades autónomas que no están sentados en semicírculo y a los cuales su forma de coordinarlos es comunicarles que quedan subsumidas sus competencias dentro de la autoridad del consejo, del presidente y de la autoridad en la cual delegue. Sí, una expropiación, no una cooperación, una expropiación de competencias sin diálogo ni órganos de integración de las comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, nosotros también vamos a plantear enmiendas en este sentido.

Usted ha hablado de la eficacia. Hace unas semanas hablé de la necesidad de coordinar las vacunas. De acuerdo, vamos a coordinar a los consejeros, la compra, el ministerio, sus competencias y las competencias de las comunidades, pero para coordinar situaciones de crisis, además de que usted coordine los bancos azules, debe tener presente el trabajo y la experiencia de tres décadas -treinta y cinco años- de autogobierno de las comunidades autónomas.

Termino, señora vicepresidenta, diciendo que entre los tres elementos de impugnación le he hablado también de la falta de implicación del Parlamento. He hecho la analogía con el artículo 166 de la Constitución española y los estados de alarma, excepción y sitio, y le he recordado expresamente que la ley de 1981 en su artículo 55 contempla que el estado de alarma en ningún caso va a afectar a derechos fundamentales y libertades públicas y, a pesar de eso, hay una comunicación al Parlamento. Le hago una pregunta muy directa en esta última intervención: ¿Usted cree que tenemos que enfocar la tramitación de esta ley sin contemplar ni considerar la implicación de este Parlamento más allá de la creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado para materias de seguridad?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias.


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Intervendré muy brevemente, señoría, para agradecer a todos los intervinientes sus observaciones y aportaciones. Simplemente quiero señalar que estamos abiertos al estudio de esas enmiendas, como lo hemos estado a lo largo del debate previo a esta Cámara. Igual que incluimos la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional a petición de la Generalitat de Catalunya, estamos dispuestos a analizar sus enmiendas para reforzar o aclarar los puntos que a ustedes les preocupan y a trabajar para buscar un acuerdo en un asunto que para nosotros y creo que para el conjunto de España es muy relevante.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora vicepresidenta.

En turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, hemos vivido esta mañana durante el debate de estas enmiendas a la totalidad una especie de ficción. Durante muchas de las intervenciones parecía que estábamos en un debate fundamentalmente jurídico. A mi grupo parlamentario le parece que el debate que suscita esta ley y que aquí se ha puesto de manifiesto es un debate sustancialmente político. Estamos hablando de política con mayúsculas y la cuestión de la seguridad nacional es una cuestión de política con mayúsculas. Naturalmente tiene derivaciones jurídicas, ¡faltaría más!, pero el debate es político y debe ser un debate político de importancia y de altura.

La segunda cuestión que ha sobrevolado también durante buena parte del debate y que a mi grupo y a mí particularmente nos ha preocupado es su derivación hacia las competencias. A mi juicio debatir sobre seguridad nacional es mucho más que debatir sobre las competencias. En un Estado como el nuestro, con una amplia descentralización política que nadie tiene que poner cuestión -si en algún aspecto la ley tiene algo que corregir desde el punto de vista de la vaguedad terminológica de los textos, se corregirá y alguna enmienda formularemos nosotros-, debatir sobre seguridad nacional no es una cuestión de competencias. Es una cuestión de competencia del Estado para responder al reto y a los problemas y para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Me llaman la atención algunas percepciones planteadas con suspicacia o miedo a que el Estado tenga instrumentos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Conocen ustedes alguna democracia seria en el mundo en la que el Estado no tenga instrumentos para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos? No hay un país serio que no tenga los instrumentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Naturalmente hay que adaptarse a problemas nuevos, a situaciones nuevas y a retos nuevos, pero desde la perspectiva de que no está en discusión que el Estado ha de tener instrumentos para garantizar la seguridad. El Estado somos todos; es el Gobierno central, son las comunidades autónomas y son los municipios. Cada uno tiene diferentes competencias, pero insisto en que la competencia es del Estado en su conjunto. ¿Puede comprender alguien que puede haber competencias en los ayuntamientos, que puede haber competencias en las comunidades autónomas, que las que tienen y que no las estamos revisando, desde luego no desde mi perspectiva, y se le niegue al Estado la capacidad para tenerlas y para ejercerlas sin salirnos del ámbito de la Constitución? ¿Se puede plantear este debate también desde una perspectiva excluyente: libertad o seguridad? A estas alturas, no se puede plantear un debate sobre libertad o seguridad. No son términos antagónicos, son complementarios, ambos son necesarios y tienen que convivir los dos. ¿Cómo no? Parece una obviedad, pero tal y como ha ido el debate merece la pena recordar que ejercer los derechos en democracia es ejercerlos con seguridad, porque solo si se ejercen con seguridad, sin miedo, se puede vivir en libertad. Libertad y seguridad van unidos. No hay ninguna manera de separarlos. Quien no lo quiera ver así y quien quiera plantear el debate en términos jurídicos, en términos competenciales, se está olvidando de lo sustancial: que estamos debatiendo aquí sobre la competencia del Estado para garantizar la seguridad de todos los españoles y sobre qué tenemos que hacer para garantizar la seguridad de todos los españoles, sin miedo. Para garantizar esos derechos y para ejercerlos en libertad, necesitamos tener la seguridad de que el Estado protege los derechos, y para eso hay que poner en marcha instrumentos nuevos ante circunstancias y situaciones nuevas. Es bastante elemental y bastante evidente, desde nuestro punto de vista.

Para eso hay que prevenir. La prevención es fundamental. Tener medios materiales y humanos es absolutamente fundamental. Saber con qué medios cuenta el conjunto de las instituciones y con qué instrumentos cuenta, también es fundamental. Es esencial. Recuerden ustedes la Unidad Preventiva de Emergencias, esa unidad militar súperimportante, importantísima, nadie lo discute, pero tiene un problema. ¿A que sí? Que como para actuar necesita que las comunidades autónomas pidan, a veces hay


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emergencias y no puede actuar. ¿Queremos que eso se produzca también ante otros problemas de seguridad nacional e internacional? No, ¿verdad? ¿A que nadie quiere eso, a que queremos tener la garantía de que por un problema competencial, político con minúsculas, terminológico, partidario, no deja de actuar con todos los instrumentos que se tiene cuando hay una verdadera emergencia? Claro que hay que definir mejor la emergencia. En la ley hay que definir muchas cuestiones de esas. No hay que dejarlo todo al reglamento y redactaremos enmiendas en ese sentido. Claro que el Congreso de los Diputados tiene que tener más capacidad de control de intervención y de conocimiento. Hay que garantizar una mayor capacidad de este Congreso y que el Gobierno se tiene que comprometer a dar cuenta al Congreso y a dar cuenta y a escuchar en setenta y dos horas, en un plazo breve. Claro que tenemos que organizarnos mejor en ese sentido. Pero discutir a estas alturas si ante los retos nuevos no se requieren actuaciones nuevas y si el Gobierno tiene que tener o no competencias, además de otras instituciones del Estado, para garantizar la seguridad de todos los españoles, es desviar la atención y tener miedo a actuar como un país serio, como un país riguroso y como un país preocupado por la seguridad de todos sus ciudadanos.

Por eso nuestro grupo parlamentario no ha presentado una enmienda de totalidad. Nos parece que el proyecto viene a cubrir unas necesidades específicas en materia de seguridad. Creemos que hay demasiada vaguedad terminológica, que hay algunos conceptos utilizados en el proyecto que pueden suponer una inseguridad jurídica. Creemos, como acabo de decir, que el Gobierno tiene que dar cuenta a las Cortes Generales de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional y que lo tiene que hacer en un plazo muy corto. Creemos que las Cortes tienen que tener una competencia y un control mayor, que todo esto se puede arreglar en el trámite de enmiendas parciales. Espero y deseo que el Gobierno sea sensible a algunas de las recomendaciones que se han hecho aquí, incluso por algunos de los miembros que han presentado enmiendas a la totalidad, y creo que tiene que salir una buena ley que responda a las necesidades que tiene el país, entendiendo como país las necesidades del conjunto de los ciudadanos.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Serrano.

El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, le voy a brindar señor Tardà mi intervención, simplemente porque me ha dirigido la pregunta de por qué el Grupo Socialista no ha presentado una enmienda de totalidad y trataré de explicarlo a partir de este momento.

Comienzo por anunciar el voto contrario de mi grupo a las enmiendas de totalidad que se han presentado al proyecto de ley objeto del debate. Lo hacemos así por coherencia, por sentido de la responsabilidad y también por no compartir la tesis de fondo que, a nuestro juicio, se encierra de un modo u otro en las enmiendas formuladas.

Empezaré por la coherencia. Mañana hará dos años que tuvo lugar en el seno de la Comisión Constitucional un largo debate sobre la estrategia de seguridad nacional 2013, que presentó aquel día el Gobierno por boca del señor Moragas. En aquella ocasión, el Grupo Socialista expresó abiertamente su criterio positivo sobre ella porque pensaba que ese era un instrumento útil para tratar de forma moderna la seguridad del país, la seguridad de los ciudadanos. Esa opinión se basaba no solo en el hecho -que también-, que para mí era importante, de que esa estrategia de 2013 se presentaba a sí misma como continuadora de la que el Gobierno, presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, había aprobado en el año 2011, sino también porque en el proceso último de su adaptación tuvimos un buen trabajo conjunto para pulir la redacción final, y creo que todos salimos satisfechos de aquel resultado. Pero tenía un interés más para nosotros y también para el partido del Gobierno, que es que entonces concluía un camino iniciado unos años antes que nos situaba en la línea de la modernidad en este ámbito. Era lo que habían hecho unos años antes que nosotros Estados Unidos, Francia, el Reino Unido o, por cierto, la propia Unión Europea, que de la mano de Javier Solana aprobó en 2003 la estrategia europea de seguridad; pequeña referencia a estos efectos.

En la estrategia, tanto en su versión non nata de 2011 como en la sí formalizada de 2013, figuraba el anuncio de una futura ley de seguridad nacional destinada a actualizar normas ya obsoletas -la ley que hay es de 1986- sobre la materia y adoptar estructuras administrativas en una nueva visión de la seguridad nacional, que debe tener carácter integral y que, en consecuencia, no solo yuxtapone sino que conjuga elementos clásicos de la seguridad: la defensa nacional, la seguridad pública, la acción exterior


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o, en nuestro país -merece la pena destacarlo porque es importante-, el sistema de protección civil frente a emergencias y catástrofes. Todos y cada uno de esos instrumentos tiene sus peculiaridades, su organización específica, sus procedimientos de actuación y de toma de decisiones, pero todos y cada uno, hoy, deben estar en condiciones de responder con carácter integrado y coordinado a crisis que exijan la conjunción de todos o de varios de ellos. Eso es lo que, a nuestro juicio, debe contener la ley de seguridad nacional; y, a nuestro juicio, lo tiene; con problemas, pero lo tiene. Por eso, estamos de acuerdo con ella. Estamos de acuerdo con que se elabore y se traiga a esta Cámara una ley de seguridad nacional. También responde, como he dicho, a un sentido de la responsabilidad.

Si algo se le puede reconocer al Partido Socialista -siempre con dificultades, porque esto parece que son las reglas del juego-, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, es que hemos defendido que hay asuntos de la organización de la vida colectiva que merecen el esfuerzo de acordarse entre todos o entre la mayoría de los agentes políticos, de eso que de vez en cuando a alguien que le gusta la grandilocuencia llama políticas de Estado. Así lo hemos hecho con materias de defensa, seguridad, lucha antiterrorista, acción exterior, etcétera. No siempre se ha alcanzado un acuerdo, pero siempre lo hemos intentado. Mencionaré algunas cosas recientes, y alguna ha recordado la señora Díez hace unos minutos. Hace años pusimos en marcha un instrumento que encaja bien con esta concepción moderna de la seguridad nacional, que fue la Unidad Militar de Emergencias, un invento que fue denostado en un primer momento por algunos, pero pregunten hoy a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que el Estado español -me corrijo, con que España- se haya dotado de un instrumento de estas características. Este sentido de la responsabilidad nos ha llevado también recientemente a proponer primero y suscribir después el Pacto contra el terrorismo yihadista. En fin, la actualidad de los últimos ataques de este tipo que han ocurrido en distintos países me evita tener que insistir en el sentido de esa iniciativa, pero no en la renuncia de invitar nuevamente al resto de los grupos a sumarse a ella. Es un sentido de la responsabilidad que con la misma intensidad, por cierto, por hablar de algunas cosas que han salido en el debate, nos lleva a criticar los excesos, que hemos denunciado, que a nuestro juicio tiene la Ley de Seguridad Ciudadana, como considerar que un país moderno digno de ese nombre debe contar con un sistema de seguridad lo suficientemente articulado como para provocar el automatismo necesario en la activación de los recursos del Estado cuando existe riesgo cierto de amenaza a su seguridad o ya se ha producido un ataque real al mismo.

En el proyecto de ley que se presenta, como digo, hay asuntos que se resuelven bien a nuestro juicio por mucho que -anuncio- vayamos a presentar enmiendas parciales, desde luego para resolver problemas de redacción. He hablado con algunos de los que han sido interlocutores conmigo en este proceso -incluso están en la tribuna- y resulta que en ocho páginas del Boletín del Congreso aparece 144 veces, salvo error porque no sé si son 145, la expresión seguridad nacional. Es agotador, produce reiteraciones infinitas y tautologías enervantes, pero se puede hablar de cosas más serias. Hay que despejar algunas incertidumbres que algunos tenemos sobre la salvaguarda obligada en la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. Hay que hacer un esfuerzo para definirlo bien e incorporar claramente un llamamiento a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos como objetivo específico y prioritario de la seguridad nacional. Hay que diseñar un simple esquema de organización del sistema y hacer alguna tarea importante para conjugar lo que en un precepto del proyecto se dice: que las situaciones de interés para la seguridad nacional se afrontan con los poderes ordinarios y los medios ordinarios de las administraciones y, a continuación y sin matiz, se prevé la posibilidad de recurrir a la reclamación de recursos humanos y materiales. Pero, insisto, en que este es el trabajo que queda por hacer a partir de ahora y para el cual anuncio que nos vamos a comprometer, como solemos hacer en estos casos.

Voy terminando, señora presidenta. No es mi papel ni tengo tiempo de aclarar algunas de las objeciones concretas que se han formulado. La vicepresidenta ha respondido a muchas de ellas y comparto muchos de sus análisis, pero me gustaría que ella compartiese el entusiasmo con el Consejo de Estado en todos los supuestos y no solamente en esta ley, porque algo de esto dije en esta misma tribuna hace una semana en relación con dos normas de extrema complejidad. Me gustaría repetir al señor Olabarría algo que ya ha dicho la vicepresidenta. Esto de que algo no es constitucional porque no está en el texto de la Constitución es un poco singular. ¿Cuántas cosas de la vida cotidiana de Estados Unidos no están en su Constitución? Diría que el 99 %. Y en la nuestra también, pero si algo hemos aprendido los juristas y el señor Olabarría, que presume con razón de serlo, es que la interpretación jurídica sirve entre otras cosas para completar los vacíos. Para eso existen reglas sistemáticas que permiten solventar fácilmente este


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dilema, sobre todo cuando hay un artículo en la Constitución que nadie ha mencionado y es que el artículo 97 encomienda al Gobierno, añado -para utilizar el leitmotiv- al Gobierno del Estado, la defensa del Estado. Pero defensa no con mayúscula, no, no, con minúscula; Estado sí aparece con mayúscula pero defensa, no. Y eso implica el conjunto de los medios, fórmulas, etcétera, a los que me he ido refiriendo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Termino. Perdón, señor Nuet, hoy hemos hablado del referéndum sobre la OTAN, donde por cierto alguno se abstuvo, otros votaron en contra. No me compare Irak con Libia porque yo -que tengo buena memoria- recuerdo que en Libia fuimos a reclamación del secretario general de Naciones Unidas, instancia que parece que tiene algún sentido en la comunidad internacional, y eso sirve de algo. No recuerdo en este momento -por una vez reconoceré un fallo de memoria- si fue el día antes, el día después o el día que se decidió la participación en Libia, pero en esos días, estuvo el señor Ban Ki-moon en La Moncloa con el presidente del Gobierno. Para preparar este debate me he enfrentado con las enmiendas y no sé si cuando en una lectura -sé que por mi parte extremada- niegan en sus enmiendas la competencia del Estado para articular su seguridad lo están diciendo en serio o es un mero artificio dialéctico, y no sé si me preocupa más una alternativa o la otra. He releído en estos días -un poco en diagonal pero lo he releído en estos días para preparar este debate- algunas teorías del Estado que se escribieron sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, al tiempo que se reflexionaba también sobre la teoría del derecho -desde Kelsen, a Lawrence, pasando por Héller o por Pashukanis o Poulantzas, por cubrir todo el espectro-, y en todas ellas hay un punto de coincidencia: La primera e indeclinable obligación del Estado es garantizar su propia seguridad para salvaguardar la de sus ciudadanos. Esta obligación es particularmente indeclinable en el Estado democrático porque si esa obligación desaparece o se incumple, el resultado es un Estado fallido en el que lo primero que ocurre es el fin de la libertad de sus ciudadanos y la aniquilación de sus derechos. No es desde luego el modelo de Estado que el Partido Socialista está dispuesto a compartir y menos aún a amparar; nuestro modelo es otro, el de un Estado que reconoce y protege en términos reales y efectivos las libertades y derechos de sus ciudadanos y sus posibilidades de bienestar, garantiza servicios públicos esenciales y que somete su acción, en su contenido y en su forma de llevarla a cabo, a los límites y a los procedimientos que establecen la Constitución, la ley y el derecho. En la medida en que la ley que debatimos regula la forma, el procedimiento y los límites con que el poder del Estado debe actuar para garantizar la seguridad colectiva, nos parece un paso adelante y por tanto mostraremos nuestro apoyo al proyecto, trabajaremos en enmiendas y votaremos en contra de las que, con carácter de totalidad, se han presentado.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Nuet Pujals pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.

Señor Nuet, vamos a terminar el debate y luego me pide usted la palabra si lo considera oportuno y, si yo lo considero oportuno, se la daré.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.

Yo había preparado una intervención apoyando una ley que tiene veintinueve artículos muy detallados y de la máxima importancia, y me he encontrado con un debate sencillamente menor. Claro que menor, ni siquiera mis competencias, las competencias de mis policías. ¿Cómo es posible que hablando de la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos -que es la primera obligación del Estado y de sus responsables- reduzcamos el tema a una hipotética invasión de competencias -que aseguro que no va a suceder y tendremos en cuenta las enmiendas que se presenten al respecto y se van a respetar, por supuesto no se van a invadir-, porque, si se fijan en las diferentes intervenciones, la cuestión casi básica ha sido cuestionar el artículo 3 de esta ley? ¿Creen que es el artículo invasor? ¿Saben lo que dice este artículo invasor, todos los que han presentado una enmienda de totalidad? Dice: A efectos de esta ley se entenderá por seguridad nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Punto. Insisto en que no voy a entrar en las enmiendas a la totalidad, la señora vicepresidenta las ha contestado creo que muy bien y, sobre todo, tendremos en cuenta todas las enmiendas que se deriven de ello, pero cómo se puede decir con qué derecho se arroga el Estado la facultad de defender mis libertades en mi territorio. ¿Mis libertades? ¿Mi seguridad? Esta ley que se llama de seguridad tiene un objeto, que es defender la libertad, el objeto es la libertad, las garantías


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constitucionales. Y ustedes dicen: niego al Estado la capacidad de intentar defender mis libertades, las de mis ciudadanos en mi territorio. ¿Pero cómo es posible que el artículo 3 haya sido el más mencionado cuando es un artículo absolutamente ejemplar que debía figurar como primer artículo de todas las leyes que hacemos en esta Cámara?

Otros se han quedado sencillamente cuarenta años atrás, y eso es muy sorprendente. Es decir, defienden el sistema tradicional, quiere decirse que la seguridad depende de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de las emergencias y Protección Civil. ¿Pero cómo va a ser hoy, cómo no va a haber un procedimiento intermedio como hay en todos los países? Aquí se ha citado a Estados Unidos, a Canadá -el más descentralizado de ellos-, al Reino Unido, y a Francia -que es centralizadora-, a todos. Entre estado de alarma, excepción y sitio, que por lo visto a todos les gusta que se acuda a esa excepcionalidad constitucional, y la tradición Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Protección Civil no hay nada, no hay amenazas. Señorías, las amenazas hoy debían haber sido el objeto de este debate y cómo defendernos de ellas. ¿Son distintas? Sí, son distintas a las de hace cuarenta años, desgraciadamente, lamentablemente. Son muy distintas a las que teníamos y vuelvo a decir desgraciadamente. Aquí en la Comisión de Defensa hemos oído decir al Jemad hace dos años que la mayor amenaza para España y para nuestra seguridad es la situación económica, el déficit y la fragilidad financiera. Eso lo ha dicho aquí el jefe de nuestras Fuerzas Armadas y ustedes dicen que no hay novedad y que no hay sectores que pongan en peligro la seguridad de todos nosotros. Pero hemos visto también hace dos años a Rusia invadir Ucrania y anexionarse -con la gravedad que supone este término- nada menos que Crimea, y todo ello lo hemos aceptado casi inermes por nuestra dependencia energética, porque Europa tiene una dependencia energética. Esto no es nuevo y tampoco lo es lo que la señora vicepresidenta ha dicho sobre Daesh apareciendo sobre Mosul hace también dos años. ¡Qué dos últimos años llevamos, señorías! Tampoco es nuevo lo que está pasando en ese cementerio que es el Mediterráneo, con gente huyendo de sus guerras, y nosotros no tenemos instrumentos. Sin embargo, me dicen ustedes que vale con el marco de hace cuarenta años. Pues será el único país del mundo al que esto le vale. Señorías, entre el estado de excepción y aquella tradicional normalidad sí se necesita este instrumento, y este instrumento reposa, primero, en defender nuestras libertades. En la enmienda a la totalidad de La Izquierda Plural se dice que no creen que la seguridad sea indispensable para la libertad, que sencillamente es recomendable y deseable. ¡Caray! Pues creemos que sí, que la seguridad es requisito indispensable para nuestra libertad. Primera cuestión: la libertad -he insistido en el artículo 3-; segunda cuestión: unidad de acción. Pero ¿cómo no va a haber unidad de acción? Lo ha dicho algún otro interviniente. ¿En qué cabeza cabe que digamos a los ciudadanos que, cuando pasemos por situaciones como los incendios, el ébola o las vacunas, no va a haber una unidad de acción? ¿Cómo no va a haber unidad de acción? Por último: capacidad de anticipación. Todo esto lo vamos a hacer juntos. ¿Y dicen ustedes que invadimos competencias cuando se crea una conferencia sectorial? Desarrollemos todos los procedimientos necesarios para que no haya esa alarmante invasión de competencias; ustedes reducen a esto el problema gigantesco que constituyen las nuevas amenazas. Hay una conferencia sectorial y también -no le dan ninguna importancia- dice la ley que se cree una Comisión ad hoc sobre seguridad en el Congreso. Sin embargo, dicen: ¿Y la participación de las Cortes Generales? Pero ¿no han leído el articulado? ¿No es importante lo que estamos diciendo? ¿De qué se trata entonces?

Señorías, algunos de ustedes, los que han presentado una enmienda a la totalidad, han hecho un debate -con perdón- menor, un debate de hace cuarenta años sobre un texto que respeta, como dice el Consejo de Estado, la Constitución, porque, si no, se pronunciaría sobre su inconstitucionalidad y su carácter orgánico, pero ha dicho lo contrario, que lo respeta absolutamente. Agradezco una vez más al Grupo Socialista su apoyo, pues igual que ellos ahora, nosotros les apoyamos -faltaría más- en 2008, cuando el señor Zapatero puso en marcha esta cuestión y la elaboración del informe Solana; ahora nosotros agradecemos su apoyo para desarrollar la estrategia de seguridad y todo este sistema, que está en marcha desde hace dos años, pero así se le da forma jurídicamente de regulación, algo que estaba pendiente, porque creemos que es una cuestión de Estado. Decía el señor Serrano que los grandilocuentes lo llamarán cuestión de Estado y yo con grandilocuencia así lo llamo, cuestión de Estado. Por último, instamos a los que han presentado enmiendas a la totalidad a que las transformen en enmiendas parciales porque estamos seguros de que podremos llegar al máximo acuerdo posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.

Señor Nuet, me ha pedido la palabra. Tiene un minuto.


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El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

El señor Serrano ha hecho una alusión a mi alusión y me gustaría clarificar este tema. El señor Serrano sabe perfectamente que lo que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no fue otra cosa que un bloqueo al espacio aéreo libio; el Consejo de Seguridad no aprobó ni el bombardeo ni la ocupación de Libia. Evidentemente, España no bombardeó, pero estuvo en el operativo que bombardeó y que ocupó. Además, el señor Serrano también sabe que algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto no usaron ese veto, convencidos de que se iba a bloquear el espacio aéreo y después dijeron que habían sido engañados. Por tanto, es bueno clarificar eso porque el Consejo de Seguridad aprobó una cosa y luego se hizo otra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Señor Serrano.

El señor SERRANO MARTÍNEZ: Quince segundos.

Hubo resolución de Naciones Unidas y España lo que hizo fue controlar el espacio aéreo para buscar el bloqueo. No participó en otro tipo de operaciones. Nada más que eso.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas aprobadas por el Senado. En primer lugar, al proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Vistas las enmiendas que se han aprobado en el Senado, lo primero que se puede decir sobre este importante proyecto de ley orgánica es que, como ocurre tantísimas veces, el proyecto en el Senado no ha sufrido apenas variaciones. De hecho, una gran parte de las enmiendas que se han introducido tienen que ver con correcciones gramaticales. Esto nos debiera hacer llegar nuevamente a una reflexión: ¿para qué sirve el Senado? ¿Para corregir gramaticalmente las leyes? ¿Para ocupar excedentes? No entraré en esa deriva porque vale con dejarlo situado; ustedes me entienden, saben de lo que estamos hablando. Es una pena que sirva exclusivamente para hacer una segunda lectura que incorpora, en la mayor parte de las ocasiones, meramente reformas gramaticales.

Como dijimos cuando se debatió en el Congreso, tanto en Pleno como en Comisión -nuestro grupo no presentó enmienda a la totalidad-, esta ley era manifiestamente mejorable, y cuando terminó de tramitarse siguió siendo manifiestamente mejorable; como acabo de decir, viene del Senado siendo también manifiestamente mejorable. Se introdujeron una serie de enmiendas en el trámite del Congreso que fueron insuficientes. Desapareció la pasarela con carácter general, pero no desapareció la pasarela entre Policía autonómica y Policía Nacional, lo que nos parece absolutamente inexplicable e injustificable. Si hay pasarela tiene que haberla en la doble dirección y si no es una cosa absolutamente injusta, absolutamente impropia, que viene a agravar la diferencia de trato que ya sufre la Policía Nacional -también la Guardia Civil, eso se produjo en otro debate- en relación con otros policías que tienen también unas competencias muy importantes, pero no mayores que las que tiene la Policía Nacional. Por tanto, es un nuevo elemento de injusticia social para con los policías y de falta de reconocimiento de lo que es su labor.

Nos hubiera gustado, además, que se introdujeran una serie de reformas en el trámite parlamentario, Congreso o Senado, respecto de cuestiones importantes como ligar el Cuerpo de Policía a la Ley de buen gobierno y transparencia, cosa que no se hizo, a pesar de que había varias enmiendas en ese sentido; que los agentes conozcan previamente sus objetivos, siendo estos claros, concretos, objetivamente medibles, alcanzables, con medios disponibles y, además, que se les den por escrito. Hubo algunas enmiendas en ese sentido que tampoco fueron admitidas. Planteamos también la necesidad de la creación


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de una especialidad de desactivación de explosivos y amenazas. Fíjense, acabamos de tener ahora mismo un debate sobre algo importante y relacionado con esta cuestión, porque hay que defender la seguridad nacional pero luego hay que tener instrumentos para llevarlo a la práctica. En esta ley existía la posibilidad de un instrumento que se rechazó, y no sé si ahora lo pueden ustedes reconsiderar, pero, francamente, me parece que perdimos una oportunidad importante. Como decía al principio, en materia de derechos de los agentes consideramos que era necesario garantizar una jornada laboral establecida y que pueda ser modificada únicamente -insisto en lo de únicamente- por exigencias excepcionales del servicio, debiendo ser compensado -en esto tampoco se nos hizo caso, tampoco se ha introducido-, y unas retribuciones y condiciones laborales adecuadas y acordes con la competencia y los riesgos de los policías. Este es un viejo debate, señorías, lo hemos debatido con el Grupo Socialista, lo hemos debatido con el Grupo Popular, en Comisión, en Pleno. Es verdad que según estuviera uno de los dos grupos mayoritarios en el Gobierno o en la oposición teníamos acuerdo con uno o con el otro. Esta discriminación general, social, económica, de derechos sociales y derechos laborales entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de policías, ya sean autonómicos o municipales, es algo inaceptable, desde todo punto de vista es injusto. Hemos pedido en multitud de ocasiones -en algunas ocasiones con ustedes, señores del Grupo Socialista, y en otras con ustedes, señores del Grupo Popular- la homologación de condiciones económicas, laborales y sociales de todos los policías. Nunca se ha producido, siempre se ha encontrado una disculpa, casi siempre una disculpa economicista, que no económica. Estamos hablando de reconocimiento de derechos, de justicia, de terminar con una injusticia histórica, de aprobar algo que es una exigencia democrática y que es una asignatura pendiente de la democracia. Tampoco en esta ley se ha acometido esa reforma, como no se hizo con una ley similar, como ya he comentado, referida a la Guardia Civil.

Es una pena que en una ley tan importante, para un colectivo tan importante -para ese colectivo sobre el que siempre nos ponemos de acuerdo para enorgullecernos de ellos y de su trabajo pero no a la hora de dotarles de los instrumentos para hacer mejor su trabajo y del reconocimiento de cómo desarrollan su tarea-, hayamos dejado que pase esta oportunidad y que la hayamos vuelto a perder. Por otra parte, es una humillación para la Policía Nacional. Estoy casi segura de que en el Grupo Popular, el grupo que apoya al Gobierno y a esta ley, puedo encontrar a muchas personas que estén de acuerdo con esto que estoy diciendo, que, de hecho, lo han defendido conmigo o yo con ellos en el pasado. En vez de preguntarle al ministro Montoro quizás deberían haber preguntado solo al ministro del Interior o a la vicepresidenta del Gobierno para resolver esta injusticia histórica y para dotar a la Policía Nacional de los instrumentos y del reconocimiento que se merecen. No son medallas cuando ya han sido nuestros escudos, sino instrumentos para hacer bien su tarea y reconocimiento profesional, y eso significa recursos económicos y reconocimientos sociales. Esta ley no lo hace y, en ese sentido, es una ley insuficiente, fracasada y es una oportunidad perdida; perdida para la Policía pero también para esta Cámara y para este país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Corroboraré una parte de lo que ha dicho la señora Díez en su intervención. La verdad es que las enmiendas que nos trae el Senado son, en su inmensa mayoría, correcciones sintácticas, gramaticales y ni aún así se hacen todas las correcciones; vuelve la ley del Senado con algún error de más; o sea, ni siquiera para corregir todos los errores sirve la Cámara Alta. No obstante, el Grupo Popular, el grupo mayoritario, ha introducido una enmienda en la tramitación en el Senado que a mi grupo le ha llamado poderosamente la atención. Es la modificación no de la Ley de régimen de personal de la Policía Nacional, sino de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, añadiendo una disposición final quinta nueva, a la que se le quita el carácter de ley orgánica. Es el único texto nuevo que incorpora el Senado. Es un texto para conferir al Gobierno la posibilidad de regular mediante reglamento específico y cuasi secreto -con especiales características de confidencialidad y seguridad para la información, dice el texto remitido por el Senado- al personal de las unidades que dependan de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto a nosotros nos parece especialmente grave. Era una ley que, desde nuestro punto de vista, salió del Congreso con importantes fallos, por lo que presentamos un importantísimo número de enmiendas -prácticamente la mitad de las enmiendas que se presentaron por parte de los diversos grupos de la Cámara a este texto de ley venían de este grupo parlamentario-, y ahora nos viene con otra


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cuestión añadida, que es esta nueva enmienda del Senado que plantea la capacidad del Gobierno para contratar con mayor oscurantismo, con menos transparencia, al personal que va a depender de la Secretaría de Estado de Seguridad. No nos parece adecuado, nos parece un motivo más para oponernos al texto final de la ley tal y como va a quedar. Es una ley que ya dijimos que no compartíamos en principio y que no compartimos en su final. No se han aceptado muchísimas de las enmiendas planteadas por nuestro grupo parlamentario; enmiendas trazadas sobre todo en base a las reivindicaciones de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo del SUP, que compartíamos en su inmensa mayoría y que creemos que inciden en un modelo policial que mi grupo parlamentario desde luego no comparte, como ya hemos explicitado en numerosos debates de esta Cámara, como tampoco comparte el modelo policial que mantienen el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista.

No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer alguna referencia a la situación de la Guardia Civil, que también sale en el texto legal. Se modifica la cobertura sobre la defensa de los derechos de los guardias civiles en determinados casos judiciales cuando lo hacen en acto de servicio. No quiero dejar de comentarlo por la situación que se está viviendo ahora mismo en el seno de la Guardia Civil por los numerosos expedientes que está abriendo contra la Asociación Unificada de Guardias Civiles el Ministerio del Interior. Han sido doce expedientes en una semana, lo que implica una situación de persecución política y sindical contra los guardias civiles que no es asumible en un Estado democrático. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior en este marco? Cuando además ahonda en una dinámica de haber perseguido a los guardias civiles de forma disciplinaria y de haberlos encerrado de una forma que no compartimos y que consideramos que no está justificada, como ya he dicho en esta Cámara, en pleno siglo XXI. Esta ley, que hoy culmina su tramitación definitiva y que se publicará en el BOE, ahonda en la diferenciación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Tenemos dos cuerpos cada vez más desiguales. En lugar de trabajar en ambas Cámaras de las Cortes Generales por tener dos cuerpos -o al menos uno, que sería lo que algunos desearíamos- cada vez más equiparados, el texto vuelve a diferenciar los derechos y las situaciones de facto entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, algo que mi grupo parlamentario no comparte porque no compartimos un modelo policial que es obsoleto, que es un modelo del pasado y que en el futuro tendría que tender a ser más progresista, mucho más integrado y que no buscase, como se ha hecho por este Gobierno, cada vez más desigualdades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señorías.

Comenzaré haciendo una reflexión personal. En general, a este diputado le gusta cuando se discute un proyecto de ley, aunque vaya a votar en contra, destacar los aspectos buenos, que siempre hay alguno. Bueno, es para quitarle a uno la costumbre al ver que determinados medios de comunicación lo único que sacan, aunque hayas votado en contra de la ley, es el párrafo en el que hablabas bien de la misma. Como esto empieza a ser un poco reiterativo, y esta tribuna es muy pública, aprovecho para decirlo. A menudo la mala política genera mal periodismo y tendríamos que intentar que el mal periodismo no engendrara mala política. Por tanto, no voy a perder la costumbre y si hay algo bueno en una ley, aunque votemos en contra, continuaré destacándolo. Quien se tenía que enterar supongo que ya lo ha hecho.

Hecha esta pequeña confesión personal, he de decir que efectivamente esta ley tiene cosas buenas -de lo que hablábamos-; todo el tema de derechos y libertades del Cuerpo Nacional de Policía se recoge y esto es un progreso; hay una perspectiva de género que hasta ahora no existía y esto no es un progreso, y me atrevería a decir que hasta aquí. A partir de aquí diría que las cosas van a peor. Es una gran oportunidad perdida, lo ha dicho aquí el señor Sixto. Era una gran ocasión para equiparar -como otras leyes de carácter militar de la Guardia Civil-, para aproximar los cuerpos de seguridad tanto en materia de funciones como en materia de derechos y libertades. Sea cual sea la declaración de un cuerpo de policía, aunque uno sea de carácter militar, otro de carácter civil, unos dependen de la Administración local, otros de la Administración territorial autonómica, no hay nada que se parezca más a un policía que otro policía; esto debería ser evidente. Lo he dicho aquí más de una vez: la función de un policía en la Administración es bastante única, es el funcionario público que tiene más autonomía en el momento de tomar una decisión, decisión que normalmente en el caso de la detención o del uso de la fuerza implica la limitación de derechos y libertades. Para encontrar algo similar a la autonomía en la decisión que tiene un policía tendríamos que ir al ejemplo de un cirujano de la Seguridad Social que tiene un paciente, a vida o


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muerte, encima de la mesa. Esto es un policía, y lo es igual un guardia civil que un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, de la Ertzaintza, de la Policía local o de los Mossos d'Esquadra. Esto que parecería lógico de entender, que se tendrían que aproximar, que tendrían que tener unos derechos, unas libertades, unas funciones delimitadas más homogéneas en el entorno de lo que es el mundo de la seguridad, es la gran oportunidad que se ha perdido en esta ley.

Nuestras enmiendas iban básicamente en este sentido de intentar cohesionar los cuerpos de seguridad. Entendemos que el Estado español -y quiere decirlo hora porque luego voy a tener que decir algunas otras cosas- seguramente tiene algunos de los mejores cuerpos policiales del mundo. Esto es así, y es una lástima que en lugar de motivarles se hace un tipo de legislación que más bien tiende a desmotivarles, es una mala cosa. En cuanto al tema de la pasarela, ya lo han dicho otros portavoces, esta pasarela ya no es una pasarela, está convirtiéndose, no sé, es como el puente aquel de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, un puente mágico que corre sobre un arco iris que ya no se sabe exactamente si es un puente o si al final es un camino de duendes, porque esta pasarela empezó siendo un camino para que los policías pudieran ir a otro cuerpo y luego resulta que ha acabado siendo un camino para que miembros de la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra puedan ir al Cuerpo Nacional de Policía, lo cual es francamente surrealista. Esto ya no es un puente ni es nada, no sé por qué lo han hecho, bueno, sí que lo sé y me parece bastante ridículo.

Aquí enlazamos con lo más grave de esta ley. En sede parlamentaria, sentado en ese segundo sillón que ahí vemos, el ministro dijo: esta pasarela funcionará igual entre Policía Nacional y Guardia Civil. Ustedes estaban aquí, la mayoría, ¿se acuerdan? Lo dijo con solemnidad, en sede parlamentaria, no sé si ustedes se fijaron. No pasaron ni cinco minutos y empezó a coger el teléfono de manera compulsiva. Yo sí que me fijé. Misteriosamente, a pesar de que el ministro asumió un compromiso, que parece tan razonable, ¿el Cuerpo Nacional de Policía sí y la Guardia Civil no? Por eso le digo que recuerda más a la canción de Somewhere over the rainbow que no propiamente a una pasarela. Simplemente, el ministro no ha cumplido lo que dijo que haría en sede parlamentaria, cayendo en una situación absurda. Lo que pueden hacer los Mossos resulta que no lo puede hacer la Guardia Civil o no lo puede hacer el Cuerpo Nacional de Policía. La inferencia que se deduce de esto es muy alarmante. Tenemos a un ministro, el señor Fernández Díaz, que, una de dos, o no se entera de lo que pasa en su casa o no manda en su casa. Los dos aspectos son muy alarmantes. Si fuera la única pista, diríamos que puede ser una mala interpretación, pero hemos visto informes sin firmar, falsificaciones de atestados policiales, acusaciones de mentiras que luego han resultado ser verdades como templos y publicaciones en los periódicos de información que en principio es guardada confidencialmente por la policía. Ahí hay un grado de desgobierno y de irresponsabilidad en el mejor de los casos o algo peor, que es lo que me temo. Permítanme el latinajo: Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Se atribuye normalmente a Graham Greene, El factor humano. Mentira, esto lo dijo Platón en La República. Esto tiene 2.600 años. ¿Quién vigila a los vigilantes? No lo sé, señorías, pero lo que está claro en esta situación es que el señor ministro, no; y esto es muy, pero que muy alarmante. Un ministerio como el del Interior tiene que dar seguridad y tranquilidad a ciudadanas y ciudadanos. Esto es lo que se espera de un Ministerio del Interior. En lugar de esto, vemos que genera alarmismo, que el ministro a menudo queda en evidencia como con lo que acaba de decir y que no sabemos quién manda y quién dirige o, si dirige él, con qué criterios. Tengo todas las dudas sobre si dirige él. En el mejor de los casos, como esta ley es un buen ejemplo de cosas dichas en sede parlamentaria que finalmente quedan en agua de borrajas, hemos de decir que a los custodes, que les tocaría custodiet, el señor ministro no los custodia. No me imagino una situación más alarmante que esta que ocurre en un Ministerio del Interior en democracia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos ante el último trámite del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía. El Gobierno nos trae esta ley al final de la legislatura sin acuerdo sindical y sin una valoración creíble del coste económico que comporta. Es para unos policías que velan por nuestra seguridad en las calles o en el interior de este Congreso; funcionarios públicos que han visto cómo el actual Gobierno les ha bajado los sueldos, los moscosos, les paga menos cuando caen de baja por gripe y les ha reducido prestaciones sanitarias y ayudas sociales. Ahora, como diría un cinéfilo, la gran mentira. Con esta ley se


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ha perdido una ocasión para actualizar los derechos de los policías, muchos generalizados ya en nuestra Función pública. El derecho a la negociación colectiva es un mero enunciado que carece de contenido práctico y tampoco posibilita un sistema de solución extrajudicial cuando la negociación encalla. Vulnera la Ley de Igualdad en lo que se refiere a la implantación de un lenguaje no sexista o en medidas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones. En materia de formación, el Gobierno no legaliza lo que promete, actúa mediante normas de rango inferior que no dan estabilidad y siembra la discordia entre los cuerpos, generando desigualdades innecesarias, justo lo contrario de los objetivos que dicen defender con esta ley. La gran mentira. En esto de anunciar una ley para, teóricamente, lograr un determinado objetivo y después diseñarla para conseguir exactamente lo contrario, son ustedes, señores del PP, unos maestros. El mejor ejemplo es la ley que más inseguridad ciudadana está creando y que denominaron Ley para la Seguridad Ciudadana. La mayoría de la España actual asiste atónita a una nueva ofensiva gubernamental "la calle es mía". La vehemencia autoritaria del señor Fraga sigue presente en el PP. La llamada ley mordaza incrementa el control del Ministerio del Interior sobre la calle, limitando la capacidad de la misma como contrapoder legítimo. Entre otras cosas, la aprobaron por el miedo que les habían metido en el cuerpo a ustedes y a los poderes fácticos que los arropan las protestas callejeras, pese a que estas han sido pacíficas en un 99,9 %, según datos de la Dirección General de Policía. Como diría don Pedro de Silva, diputado en este Congreso hace algunas décadas y presidente del Principado entre 1983 y 1991: Ya vemos que en España los llamados liberales solo lo son porque se llaman de ese modo a ellos mismos; lo demuestran con lo que dicen y con lo que hacen.

El diputado popular de este Congreso, Agustín Conde, arrogándose una responsabilidad desconocida para el resto de la Cámara, indicaba el pasado 15 de junio en un medio de comunicación: Algunas de las iniciativas parlamentarias presentadas por el señor Trevín tenían un grado de concreción sobre cuestiones internas del cuerpo que solo se explica si desde dentro alguien le ha suministrado la información concreta. Es decir, me acusaba de ser el hombre que sabía demasiado. Trataba el diputado Conde de dar cobertura al cese de dos comisarios de policía por tomar un café con este diputado. La señora vicepresidenta aseguró en el punto anterior que el Estado español no espía a ningún diputado, pero su ministro del Interior cesa a dos comisarios por tomar un café conmigo. La cuestión es: ¿cómo conocían los días, las horas y lugares en los que se reunieron conmigo los últimos meses? El miedo es libre, solía decir mi abuelo, y por eso los han cesado, por miedo. Miedo a que los diputados sepamos demasiado y que eso no sea bueno para los intereses de su partido, porque a la seguridad de los españoles y a los derechos de los funcionarios policiales ustedes anteponen la defensa de los intereses del Partido Popular. Hacen uso y abuso partidista también de las instituciones policiales. Tienen sus prioridades trastocadas. Bárcenas, la Gürtel, la financiación ilegal de su partido y el espionaje a los adversarios políticos han obsesionado a la cúpula ministerial de Interior y han marcado definitivamente esta legislatura. Su respuesta ha sido poner las instituciones del Estado al servicio del PP. Si es necesario influir en la Agencia Tributaria para tratar al Partido Popular como a Cáritas, se influye. Si es necesario recurrir a investigaciones reservadas y discretas, se pone en marcha una camarilla político-policial que actúa como policía política al modo de la vieja Brigada Político Social para que, si es uno de los nuestros, aunque la haga, si se puede, que no la pague. Para ello nos se paran en barras.

Según han difundido varios medios de comunicación recientemente, policías nacionales se dirigieron a la residencia de Francisco Correa, presunto líder de la trama Gürtel, lo recogieron en un vehículo oficial camuflado y lo llevaron a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Correa, para el que el fiscal pide más de 110 años de cárcel, fue introducido en las instalaciones policiales sin que se registrase su entrada. El segundo jefe de Madrid, el señor Calleja, se estuvo entrevistando varias horas con él en su despacho oficial, lo que era conocido por el jefe superior de Madrid, que a su vez lo había comunicado a Eugenio Pino, director adjunto de la policía. El señor Calleja fue cesado de forma fulminante en su puesto de trabajo al conocerse el hecho, aunque dicho cese da la sensación de ser un auténtico paripé, porque en fechas posteriores este comisario fue ascendido al segundo jefe de la división económica y técnica, con un complemento económico anual de 26.810,42 euros. Como el gendarme de Casablanca en el momento de ordenar el cierre del Café de Rick: ¡Qué escándalo, qué escándalo, me acabo de enterar de que en este café se juega! ¡Que lo cierren, que lo cierren! ¿Qué finalidad se les ocurre que podría tener el que un comisario se reuniera durante horas con el principal imputado de la operación Gürtel, en la que se encuentran también involucrados un gran número de miembros del Partido Popular? Y, ahora, para perpetuar su policía política, están convocando más plazas de comisarios principales que puestos de


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trabajo existen para ellos. Con esta ley, en lugar de acceder a dicha categoría únicamente por antigüedad selectiva, como siempre ha sido, se posibilita que se pueda llegar también con solo dos años de antigüedad por concurso-oposición, pasándose por delante de otros comisarios con diez o doce años de experiencia. ¿Por qué y para qué lo hacen si de los 150 comisarios principales que hay actualmente solo 61 ocupan puestos específicos de su categoría? Parece, además, que planean convocar, aprovechando esta nueva ley y antes de dejar el Gobierno, 50 nuevas plazas de comisario principal. Con ello intenta el actual Gobierno copar la máxima jerarquía policial con funcionarios afines y, además, dar satisfacción a estos comisarios. Los favores políticos que se piden a algunos hay que pagarlos. El problema es que no se pagan fácilmente con honor y que nos los paga el Gobierno, los pagamos todos los españoles con una erosión evidente del servicio público policial y un aumento de costes salariales, para medallas rojas pensionadas, por ejemplo. No tienen empacho alguno en concederlas a los altos mandos policiales que intervinieron en actuaciones de investigación a adversarios del actual Gobierno. O en otras que vinieron muy bien a los problemas del Partido Popular con cualquiera de las causas sobre corrupción o financiación ilegal de su partido. O a los responsables del traslado de Lola, la perra del ministro. Se quedaron, sin embargo, sin ellas muchos policías que patean las calles con acciones en su haber que podemos calificar de heroicas.

Finalmente, quiero señalar una modificación del Senado introducida en una disposición final que suscita el total rechazo de mi grupo, la habilitación, como dijo ayer el señor Sixto, de un régimen específico para la provisión de puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad. Un auténtico escándalo. Se restringirá su publicidad y la valoración de méritos de los candidatos no se conocerá en el ámbito administrativo. No se trata de destinos con funciones operativas, por lo que no se justifica su envío al espacio opaco al que los manda la ley que hoy debatimos. Con ello, ustedes quieren ocultar esos datos a los policías independientes interesados, a los diputados de este Congreso en la oposición y a los medios de comunicación, es decir, buscan que ninguno sepamos demasiado. Esta es una ley utilitarista, pero no para utilidad del Cuerpo Nacional de Policía, sino del Gobierno. El Ministerio del Interior utilizó esta ley para ocultar tejemanejes de personal inconfesables, para recompensar a su camarilla político policial y para dar respuesta a las psicosis de su ministro, especialmente las catalanas. El dislate definitivo, el fulminante para volar nuestro modelo policial definido en el bloque constitucional como instituto armado de naturaleza civil se plasma en una disposición adicional cuarta conocida como pasarela, por la que los policías del País Vasco, Navarra y Cataluña podrán transitar hasta el Cuerpo Nacional de Policía. Como se dice en un diálogo de la película Psicosis que parece pensado para ser interpretado por el señor Fernández Díez: Quiero verte cada vez que sea posible y en las circunstancias que sean, incluso de forma respetable. Creo, sinceramente, señorías, que ni por una ni por otra circunstancia veremos a policías autonómicos en el Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, no son los únicos que lo podrán hacer. Tras previo examen, los militares que finalicen con cuarenta y cinco años su compromiso de larga duración con las Fuerzas Armadas, también estarán en situación de hacerlo. Apuestan por una apuesta al militarismo y al autoritarismo para este cuerpo policial de naturaleza civil. El mismo director general, Cosidó, que puso todas las trabas para que el Cuerpo Nacional de Policía no tuviera en 2011 una ley de personal pactada con los representantes sindicales, trata de colar ahora, en el último momento, una sin acuerdo sindical alguno. El SUP y el SPP han dicho no a esta ley de personal. El texto parte con muchas dificultades desde el origen y, como nos temíamos, la tramitación parlamentaria no ha hecho más que empeorarla.

Acabo. No han rectificado en el Senado este dislate legislativo y además han consolidado las modificaciones que introdujeron referidas a víctimas del terrorismo, que dejan en peor situación a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a otro sujeto al Estatuto básico del empleado público. No consultaron para ello ni a los grupos de este Congreso ni a las asociaciones de víctimas mayoritarias. Le recuerdo la opinión de Winston Churchill: La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Tampoco han ahorrado dar espectáculo, especialmente con la pasarela. En el Senado pretendieron introducir a los policías locales, desechándola, definitivamente, por el rechazo frontal y unánime de todos los sindicatos policiales. Curiosamente, el del director adjunto operativo fue muy explícito en su condena a tal pretensión: No tienen en cuenta nuestras ideas y, además, utilizan al Cuerpo Nacional de Policía con finalidad política en un marco absolutista de otra época. ¿Cómo puede extrañarles que se siga hablando de policía política o de sus paralelismos con la vieja Brigada Político Social?

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabello de Alba.

El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo -aunque por la intervención del señor Trevín no lo parezca- una ley orgánica que va a dotar a la Policía Nacional por primera vez en su historia -por lo tanto, es una ley histórica- de un marco jurídico completo, actualizado y moderno que regula el régimen de personal de sus funcionarios de carrera, sus derechos individuales y colectivos y sus deberes. Puedo asegurarles que es una ley querida y necesitada por el colectivo policial que, en su trayectoria parlamentaria, aunque no lo parezca, no ha tenido grandes dificultades. Se ha debatido en Comisión, se ha trabajado en ponencia, donde se presentaron 173 enmiendas, de las que más del 20 % fueron tenidas en cuenta; unas enmiendas que han provocado transacciones, adiciones o anulaciones de cuestiones que ustedes bien saben que en el contenido del proyecto de ley se podían considerar como muy importantes. Sin lugar a dudas, ha mejorado considerablemente el texto legal, tanto en la forma como en el fondo. Todos los grupos enmendantes, en mayor o menor medida, han visto atendidas sus proposiciones y, por lo tanto, esta ley, en mayor o menor proporción, porque así es la democracia, es una ley de todos. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer el trabajo de los componentes de las ponencias de todos los grupos políticos, especialmente del Grupo Popular, a Conrado Escobar y a Ana Vázquez, sin cuyas aportaciones hubiera sido imposible y, cómo no, también como siempre el excelente trabajo de la letrada de la Comisión de Interior, la señora Ripollés.

Señorías, el Senado también ha hecho su trabajo mejorando, de nuevo, el fondo y la forma de la ley. Hoy traemos aquí la aprobación de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta, de las cuales la mayor parte son de técnica legislativa o de correcciones gramaticales, como bien decía la señora Díez. Pero algo más ha debido hacer el Senado, señora Díez, cuando ha provocado la molestia tan profunda tanto del señor Sixto como del señor Trevín, aunque el señor Trevín está profundamente molesto permanentemente. Es una lástima, sinceramente, que el momento político no propicie los consensos, y que las directrices de los partidos impidan la generosidad que, sin duda, una organización como la Policía Nacional merecería, que es la aprobación de esta ley. Le agradezco a la señora Díez su permanente preocupación por el Cuerpo Nacional de Policía, que comparto con usted, aunque no comparto con usted que sea una ley absolutamente perdida. Evidentemente, en democracia las leyes nunca llegan al estado que todos hubiéramos querido, pero, desde luego, aquí está aprobada por primera vez en treinta años de historia del Cuerpo Nacional de Policía y esperemos que con posibilidad de ser mejorada. En esa mejora del Cuerpo Nacional de Policía sabe usted que yo también estaré permanentemente presente.

Señor Guillaumes, ha venido usted como en otras ocasiones. No sé si se ha dado cuenta de que, en toda su intervención, no habla usted del régimen de personal de la Policía Nacional. De hecho, esperaba que cuando decía usted que iba a empezar a hablar bien de la ley y hasta aquí hemos llegado, hablase mucho mejor de la ley, habida cuenta de que en el período de presentación de enmiendas solamente presentó ocho y todas relativas a la Guardia Civil. Por lo tanto, esperaba que a usted le pareciera bien lo que ya se había presentado. En cualquier caso, la homologación entre esos dos cuerpos, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, por la que usted aboga hubiera sido mucho más lógica hacerla en una ley común. Habría que reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no aprovechar la Ley de régimen de personal de uno de los dos cuerpos para hacerlo todo. Por tanto, aunque solamente sea por técnica legislativa, no era el momento oportuno.

Con respecto a la intervención del señor Sixto, por tener la atención de responder a cada uno de ustedes, usted y yo sabemos perfectamente en qué punto estamos. En cualquier caso, usted hablaba en nombre del Ministerio del Interior -aunque sea miembro del Legislativo, al menos lo tengo que poner en duda- y decía que existe una persecución sindical. En la Guardia Civil no existen sindicatos, por lo que la persecución, si existe, debe ser de otro tipo completamente distinto.

Señor Trevín, la falta de complicaciones de la que yo hablaba durante la tramitación parlamentaria no se corresponde con la visión de la ley que siempre ha dado usted en sus intervenciones, tanto en Comisión como desde esta tribuna. Especialmente con el Grupo Socialista y con usted, señor Trevín, hemos oído hablar, como hoy, de casi todo menos del régimen de personal de la Policía Nacional, que es la materia de la que trata esta ley. Como no hablan ustedes del contenido del texto legal, en base a sus argumentos -le ha traicionado su subconsciente- me inclino a pensar que lo que realmente les molesta es que se apruebe la ley, pero no por su contenido, sino porque no fueron capaces de aprobarla, aunque echen la


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culpa a la oposición del señor Cosidó, actualmente director general de la Policía, y se quedó en el Senado cuando finalizó la legislatura. Por cierto, señor Trevín, vuelve a insinuar e incluso a hablar específicamente y con mucha claridad de la politización, de la utilización política de la Policía Nacional. Ofende usted la profesionalidad y la integridad de todo el colectivo. ¿Es esa su experiencia? ¿Esa es la actitud de los policías con los que usted está acostumbrado a hablar? Señor Trevín, los policías no son personas sin opinión política, pero en su inmensa mayoría son extraordinarios y pulcros profesionales que sirven a los poderes públicos con imparcialidad absoluta y cuando sienten la necesidad de hacer política -tiene usted ejemplos en sus filas y en mí mismo- lo hacen desde fuera del cuerpo y ajenos a la función policial. ¿Es que su experiencia es otra?

Por cierto, señor Sicilia, esta mañana le oía, no sin cierta sorpresa, en la sesión de control al Gobierno, con motivo de una pregunta al ministro del Interior, reivindicar su condición de diputado, que me parece muy bien, pero sería bueno que en su condición de diputado fuese capaz de pasar de la demagogia, de la creación y de la repetición de eslóganes a un análisis un poco más profundo de las leyes, de sus comentarios y de sus consecuencias. Sería bueno para su país, aunque fuese en detrimento de los intereses de su partido. (El señor Trevín Lombán pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, no es su turno.

El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

No veo, señor Trevín, la ley -iba a decir- que usted expone, pero usted no expone ninguna ley. Como siempre, viene aquí a hablar de su libro. Yo veo, por fin, una ley que reúne todos los aspectos esenciales del régimen de personal de la Policía Nacional, que hasta ahora se encontraban difusos y dispersos. Veo una norma que, además de las debidas especificidades, recoge en el fondo y en la forma lo establecido en el Estatuto básico del empleado público. Veo una norma que, actualizada y adaptada a la realidad del momento, no rompe en absoluto con el modelo policial establecido en la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Veo una norma que consagra para estos funcionarios policiales la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, aunque usted sigue emperrado desde su intervención anterior en que no se ha tenido en cuenta ni tan siquiera el lenguaje no sexista. Creo que usted no ha acabado de leerlo, pero si lee el artículo 17 -y le voy a leer solamente una parte muy sencilla-, dice, en el 1 bis nuevo que, en el supuesto de corresponder a una mujer la titularidad de la nomenclatura de la categoría, será la siguiente: comisaria, inspectora y subinspectora. Se ha tenido en cuenta, señor Trevín, y usted, como están acostumbrados a repetir como mantras todos sus eslóganes, no lo ha borrado todavía de su discurso, pero es falso. Esta ley recoge perfectamente todos los principios que generan igualdad de trato entre hombres y mujeres dentro del Cuerpo Nacional de Policía, incluida la nomenclatura. La propia disposición del Gobierno anterior era insuficiente, es más, era innecesaria como norma de técnica legislativa.

La norma está perfectamente adecuada para lo que se necesita en este momento. Voy terminando, que veo que me queda poco tiempo. ¿Con qué puntos no están de acuerdo, señor Trevín? ¿Por qué no lo dice? ¿Con qué puntos no están de acuerdo? Por cierto, ¿también van a derogar esta ley cuando lleguen al poder, en el caso hipotético y poco deseable de que lo hagan? Porque, según están diciendo, no van a tener tiempo más que para derogar leyes. Esta ley es, como hemos dicho, no solamente un texto que aúna todo lo referente al régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, es que cumple con todos los preceptos constitucionales de las funciones importantísimas que tienen asignadas la fuerzas y cuerpos de seguridad; es una ley que avanza y que actualiza las normas, los derechos y las obligaciones, y todo ello en beneficio de los funcionarios, pero sobre todo sin olvidar que el fin último de la función policial es prestar a los ciudadanos un servicio eficaz y de calidad.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. (Aplausos.-El señor Sicilia Alférez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabello de Alba.

Señor Sicilia, en efecto, usted ha sido citado y no estaba dentro del debate. Por lo tanto, tiene tres minutos para decir lo que le parezca.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Como bien dice, sin estar en el objeto del debate he sido mencionado por el señor Cabello de Alba. Señor Cabello de Alba, resulta triste que usted tenga que utilizar este debate, el debate sobre la ley de


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régimen de personal de la Policía, para contestar a lo que el ministro ha sido incapaz de contestarme. Hasta el momento usted es diputado, como yo; no se arrogue la capacidad del ministro que ni tan siquiera ha sido capaz de poder contestarme, porque no he faltado a la verdad en nada de lo que le he dicho al ministro en mi pregunta. Señor Cabello de Alba, jamás he hecho ni con usted, ni con el ministro, ni con nadie de su grupo -porque me merecen el máximo respeto- lo que usted acaba de hacer ahora mismo hacia mi persona. Al menos debería tenerme el mismo respeto, no por lo que soy sino por lo que represento y por la legitimidad que tengo, que es la misma que la que tiene usted, la que nos dan los ciudadanos. No le he llamado a usted demagogo, como usted ha hecho conmigo. Lo que usted ha hecho no es valorar una intervención, que, insisto, no le correspondía -y eso que usted acusa al señor Trevín de hablar de otras cuestiones; ha caído en lo mismo-; cuando yo hablaba con el ministro en la pregunta y le decía que unos ecologistas que se cuelguen en una grúa y desplieguen una pancarta pueden tener una sanción de hasta 30.000 euros, no estaba haciendo demagogia, señor Cabello de Alba. Y, si usted conoce la ley mordaza, sabe que no es demagogia, es lo que ustedes acaban de aprobar en esa ley. Usted sabe perfectamente, señor Cabello de Alba, que no es demagogia decir que un grupo de ciudadanos que se sienten en la puerta de una vivienda para evitar un desahucio, aunque lo hagan de manera pacífica, pueden ser multados con hasta 30.000 euros.

El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, le ha dado la palabra pero tiene que terminar ya.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino de inmediato.

Señor Cabello de Alba, eso no es demagogia, es describir lo que ustedes han hecho en una ley. Y resulta muy triste que tenga usted que utilizar su turno de palabra durante el debate de la ley del régimen de personal de la Policía para darme la réplica que no ha sido capaz de darme el ministro. (Aplausos.-El señor Cabello de Alba pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Cabello de Alba, tiene la palabra pero céntrese en el tema.

El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Sicilia, yo no le he dado la réplica que tenía que haber dado el ministro porque no hablo en nombre del ministro. Igual que hizo usted esta mañana, yo reivindico aquí, además de mi condición de policía, mi condición de diputado para poder dar mi opinión en esta sala de forma libre y contundente. Usted no me ha podido llamar demagogo porque no he hecho demagogia, pero le voy a decir una cosa. No conozco -porque no la he leído ni conozco de su existencia- ninguna ley mordaza. Aquí, en un Parlamento democrático, hemos aprobado una ley de seguridad ciudadana y usted es el que tiene que tener cuidado con sus expresiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabello de Alba.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, primero permítame una felicitación porque es una ley en la que es congruente ratio y materia, y en esta legislatura no abundan. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Hemos llegado a modificar la Ley de Fecundación Asistida en una ley que regula los museos, archivos y bibliotecas; hemos llegado a incorporar a través de una enmienda en una reforma parcial del Registro Civil la configuración de la justicia gratuita, y se han dado cuenta tras la aprobación del Código Penal de que hay veinte tipos penales mal configurados, que algún día nos explicará cómo los pretenden regenerar y configurar adecuadamente desde la perspectiva de la prescripción y otros problemas que afectan a estos injustos penales. Pero en esta ley la verdad es que hemos regulado cosas vinculadas al derecho orgánico judicial con algunos aspectos interesantes y otros menos, señor ministro; aspectos interesantes que nosotros apoyamos referentes el refuerzo de las salas de admisión, por ejemplo, que era


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un problema denunciado recurrentemente en el ámbito de la Administración de Justicia, a la configuración e identificación jurídica más precisa de los letrados al servicio de la justicia, que uno intuye que se llega a insinuar que serán los encargados de la llevanza del Registro Civil cuando acabe la vacatio legis articulada en relación con la nueva configuración del Registro Civil en el año 2017 -no sé si uno intuye demasiado, usted me lo podrá decir después, pero no sería mala solución en todo caso desde la perspectiva de nuestro grupo-, y a mejorar la interoperabilidad de los múltiples servicios informáticos entre distintas administraciones de justicia competentes, lo cual era algo necesario para la eficiencia de un servicio público que era disfuncional, entre otras cosas por la incompatibilidad de algunos de los servicios informáticos que configuraban, transportaban y trasladaban los datos. Y en relación con los magistrados eméritos se ha podido evitar el gravamen al que se les podía someter de tenerles trabajando en el ámbito jurisdiccional hasta los setenta y cinco años. Siempre es un mal precedente el incremento de la edad de jubilación de los magistrados porque luego a algún compañero de gabinete se le puede ocurrir realizar estos incrementos para la totalidad de los ciudadanos desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera del servicio de pensiones. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa mucho cuando se incrementan las edades de jubilación, aunque sea en la condición de magistrados eméritos.

Pero hay dos problemas, señor ministro, en relación con los cuales hemos perdido casi una oportunidad histórica de resolverlos adecuadamente y que son recurrentemente denunciados por nuestro grupo: una adecuada configuración de la casación autonómica y la configuración de los consejos autonómicos del Poder Judicial. Esperemos que antes o después se pueda llegar a establecer un sistema en virtud del cual los recursos de casación se agoten como establece la Constitución, que todas las instancias procesales se agoten en el ámbito de un tribunal superior de justicia de las comunidades autónomas, reservando al Tribunal Supremo el recurso extraordinario para la unificación de doctrina en exclusiva. No hemos llegado a este punto, que resulta muy pertinente y que cada vez encuentra más avales en el propio seno de los jueces y magistrados de la Administración de Justicia e incluso es una recomendación de los dos libros blancos para la reforma de la justicia del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la configuración de los consejos autonómicos del Poder Judicial ya no es solo un deseo o forma parte del acervo ideológico de algunos partidos políticos sino que es un requerimiento formal y jurídico de algunos estatutos de autonomía, de los llamados de última generación. Estos consejos autonómicos se tendrían que hacer mediante la desconcentración de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. En tanto en cuanto, señor ministro, estos problemas no se resuelvan adecuadamente -y el señor Castillo es consciente de que esta es una reivindicación constante de mi grupo parlamentario- va a ser difícil que usted y yo nos podamos poner de acuerdo sobre cómo se debe reformar el derecho orgánico judicial en su conjunto.

Vamos a votar que no a las enmiendas del Senado porque queremos manifestar nuestra oposición definitiva al proyecto de ley y lamentamos la oportunidad perdida en relación con una norma tan importante para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Nosotros depositamos grandes expectativas en su actitud dialogante y en su proclividad al consenso, pero nos ha fallado en este ámbito, señor ministro. Nos ha fallado o ha habido discrepancias ideológicas entre su grupo y el que yo represento que en este momento son insalvables. Esperemos que esto no sea siempre así y que alguna vez en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial se produzca uno de los ajustes pendientes de la institucionalidad del Estado español, que es el ajuste de la Administración de Justicia a los requerimientos de un Estado compuesto -y no un Estado unitario- como es pretendidamente el Estado español. Y digo pretendidamente por lo debatido en la ley anterior, que es la ley de seguridad nacional, donde ya se precariza el futuro incluso del propio hecho autonómico como tal.

Señora presidenta, por las razones argüidas, y sintiéndolo mucho, señor ministro, porque se ha avanzado en materias relacionadas con el hecho de garantizar una mayor eficiencia operacional en el ámbito de dicha Administración, votaremos en contra de las enmiendas del Senado al no poder votar en contra del texto del proyecto.

Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

El 16 de abril, cuando hicimos el debate totalidad en este Pleno, tuve la oportunidad de explicar al ministro por qué nuestro grupo parlamentario había presentado una enmienda de totalidad. Fue


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fundamentalmente porque, puestos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, a nuestro juicio el Gobierno debería haber sido más ambicioso y habernos planteado una reforma de mayor calado, no una cuestión meramente cosmética, que puede estar bien en aquello que aborda, pero que deja sin tratar cuestiones que a nuestro juicio son fundamentales. En aquel debate le recordé en nombre de mi grupo tres cuestiones a nuestro juicio fundamentales y que habían motivado la presentación de la enmienda de totalidad. En primer lugar, que para que la justicia sea justicia tiene que tener la capacidad de actuar rápidamente; si no hay una actuación rápida, si no hay una respuesta rápida, si se demora la solución, la justicia no es tal. Y para que haya una justicia rápida, que funcione en tiempo y forma, hacen falta medios humanos y medios materiales. Recuerdo que cuando estábamos en ese debate, en ese momento, se estaba produciendo el registro domiciliario y la posterior detención y puesta en libertad del señor Rato. Yo no lo sabía cuando estaba en la tribuna y citaba, precisamente para defender la enmienda a la totalidad, una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que está pidiendo permanentemente al Gobierno dotación de medios materiales y humanos para que la justicia pueda actuar y haga justicia. Eso no se ha corregido ni en el trámite del Congreso ni en el trámite del Senado, porque para ustedes no era el objetivo de la ley, y ahí está nuestra principal discrepancia.

La segunda cuestión que debería haberse introducido también es una asignatura pendiente de nuestra democracia desde la perspectiva del Grupo de Unión Progreso y Democracia y tiene que ver con el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sé que es un debate reiterado, sé que es una disputa que tenemos no solamente con su grupo parlamentario -en la legislatura pasada estábamos de acuerdo y en esta no- sino también con el Grupo Socialista, sé que ustedes apelan a la constitucionalidad por la forma en la que se nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero nosotros, con la misma sentencia del Tribunal Constitucional, decimos que no lo es, porque el Tribunal Constitucional dijo que, si se producía reparto -y es lo que ahora se produce a la hora de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial-, no era constitucional e iba en contra del criterio del constituyente.

Por último, la tercera cuestión que creíamos que debería introducirse, es que tendría que ser el momento en que se revisaran los privilegios de los políticos y, por tanto, el aforamiento. Ministro, usted mismo me dijo que podría ser, pero no en este momento; el caso es que nunca encontramos el momento para hacer lo que hay que hacer. Por eso, señor ministro, parlamentarios del Grupo Popular, del grupo que apoya al Gobierno, y señorías todas, aunque las enmiendas que vienen del Senado nos merecen un juicio positivo en general -la mayor parte de ellas las votaremos a favor y en algunas nos abstendremos-, el alcance de la ley no nos lo merece. Creo que es una oportunidad perdida, como digo. Aunque aquello que se regula no es negativo, desde la perspectiva de nuestro grupo es insuficiente, absolutamente insuficiente y por eso en el trámite final, cuando votemos la ley orgánica, nuestro grupo no la podrá apoyar y tendremos un voto de abstención, porque, como digo, no es lo que se regula sino lo que se queda fuera. Lamentablemente se queda fuera aquello que es más importante desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista del ejercicio de la justicia en condiciones de igualdad y en condiciones de autonomía y de independencia. Y eso es malo para la democracia y es una pena que no lo hayamos hecho.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Asistimos hoy a otro ejemplo de furor legislativo, de hiperactividad reguladora de este Gobierno, confirmando que cuando no se tienen políticas se acaban haciendo leyes. Esta es la tercera reforma de la Ley del Poder Judicial en esta legislatura y ninguna de ellas ha sido capaz de abordar los graves problemas de la justicia de este país. Al contrario, el Gobierno, lejos de resolver problemas, los ha creado y ha conseguido enfrentarse a la totalidad de agentes jurídicos que intervienen en la Administración de Justicia. Ya lo dijimos en su momento, esta es una reforma parcial, otra; es una reforma hecha al servicio de determinados colectivos y no podría faltar un clásico en los comportamientos del Gobierno en esta legislatura: se trata de una ley que obstaculiza, cuando no impide, la normalización en el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la justicia. Con el texto que ustedes nos traen se consuma un paso más en la pérdida de independencia del Poder Judicial, se avanza en la colonización y el control partidario del Poder Judicial y en el control por parte del Ejecutivo de un poder que debiera ser autónomo aumentando las competencias del presidente del Tribunal Supremo, incluso con el control de la oficina técnica. Las


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enmiendas que nos vienen del Senado no solo no comportan una atenuación de estos factores sino que los agravan. El gabinete técnico del Tribunal Supremo se transforma en un gabinete de su presidente para controlar políticamente las salas. Por cierto, hablando de control político de las salas, ¿de verdad creen que una enmienda del Grupo Popular en el Senado es la mejor manera de regular la carrera profesional de los magistrados, la edad de jubilación y la condición de eméritos?, ¿no les parece un poco chapuza? Se hace muy difícil no caer en la tentación de pensar que esta es una reforma ad hominem dirigida a quitarse de encima a determinados magistrados molestos de la Sala de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo forzando su salida de la sala. Su argumento es que se trata de facilitar la renovación y la promoción de los magistrados más jóvenes. ¡No fastidien! Eso lo dice un Gobierno que no convoca las plazas necesarias para cubrir las vacantes. Si quieren dejar de taponar la promoción de magistrados jóvenes, convoquen las plazas no cubiertas, amplíen las plazas de los tribunales de todos los cuerpos, exactamente lo contrario de lo que hacen con su enmienda al artículo 441.2, que restringe aún más las posibilidades de promoción de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

En otro orden de cosas, nos parece preocupante la enmienda 264 en la medida en que reincide en el control político de las sentencias a partir de la llamada unificación doctrinal por medio de plenos no jurisdiccionales que establecerán criterios interpretativos.

En resumen, señorías, nos parece que este proyecto de ley no aporta mejoras al Poder Judicial allá donde debería hacerlo, en el terreno de la ampliación de recursos, y que por el contrario se desliza aún más en el control político partidario del Poder Judicial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió hablaríamos en este caso de una oportunidad perdida. Nos hubiese gustado que la tramitación de esta ley orgánica del Poder Judicial se hubiese aprovechado para dar cumplimiento a la previsión legal que se contiene en los estatutos de autonomía de nueva generación y que no son aspectos menores, a nuestro entender, en beneficio precisamente de la racionalización de la Administración de Justicia, de la proximidad al justiciable y de la eficiencia de los recursos. Estamos de acuerdo en que la justicia es justicia si es rápida; es rápida no solo con medios y con recursos humanos, también es rápida y más justa si se consigue respetar el ámbito competencial y las atribuciones que tiene cada Administración en cada materia. Eso también coadyuva a la rapidez, a la transparencia, a la agilidad y, por tanto, a una buena justicia.

Quisiera, para no alargar mucho mi intervención, centrarme ahora en las enmiendas que hemos presentado el Grupo Catalán de Convergència i de Unió que no han sido aceptadas y que quiero reivindicar. Hemos presentado un grupo de enmiendas en relación con la demarcación judicial. Como dice la exposición de motivos de la ley orgánica que la reforma tiene por objeto dar respuesta a la exigencia de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, consideramos que la no incorporación de algunas enmiendas de nuestro grupo rema justo en sentido contrario. Creemos que es imprescindible que las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia puedan establecer las demarcaciones judiciales atendiendo a algo muy importante, a criterios de racionalidad e interés que aportan las demarcaciones locales en la demarcación judicial y en la fijación de capitalidad de los respectivos partidos judiciales. Tirar líneas demarcacionales desde la Administración central no obedece a menudo a criterios racionales ni de movilidad ni de cercanía en el territorio en beneficio del administrado. El desconocimiento y la rigidez suelen jugar en contra de los criterios de racionalidad en beneficio del justiciable. Quiero destacar además la necesidad de la implicación de la Administración de la comunidad autónoma en materia de fijación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. ¿Por qué? Porque es la más inmediata conocedora, junto a la Administración local, de la incidencia de casos y de las necesidades de funcionamiento de cada partido judicial de las distintas demarcaciones para dar respuesta efectiva a las mujeres víctimas, que debería ser nuestra máxima aspiración.

Quiero hacer una referencia a las enmiendas relacionadas con los derechos lingüísticos, no puede ser de otra manera, señorías. La justicia debe ser cercana, debe ser respetuosa en su funcionamiento con los derechos de los ciudadanos. Para poder exigir respeto, hay que proyectar respeto y, por tanto, esto al justiciable se le debe reconocer en la Administración de Justicia. Para nuestro grupo es básica la defensa de los derechos del justiciable en tanto que ello es garantía a su vez del constitucional derecho a la tutela


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judicial efectiva, donde se incardinan los derechos lingüísticos y el derecho constitucional a la no discriminación, en este caso por razón de lengua. La garantía de los derechos lingüísticos revierte sin duda -y lo saben ustedes perfectamente- en una mejor calidad de la defensa y en una percepción de mayor cercanía de la Administración de Justicia; nada menor. En este punto quiero pararme y reflexionar sobre la intervención -que nos pareció como mínimo provinciana- que en su día hizo la portavoz del Partido Popular en relación con la cuestión de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la Administración de Justicia, viniendo a decir que el saber ocupa lugar y, por lo tanto, dudando de forma clara de las capacidades de jueces, magistrados y resto de operadores jurídicos suponiéndoles incapacidad manifiesta de estar bien preparados en lo judicial y, a la vez, ser competentes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas en las que desempeñan su ejercicio profesional; una auténtica pena. Señorías, el Grupo Popular está apoyando al Gobierno en su tarea de dejar sin oxígeno a la lengua catalana en la Administración de Justicia y también a las otras lenguas cooficiales. Si estuviesen por la labor de trabajar por la preservación de la riqueza lingüística del Estado y ante la evidencia de que solo un 12 % de las sentencias se dictan en lengua catalana -la lengua propia de Cataluña, por otro lado- tomarían medidas en la línea que les apuntamos, es decir, que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas, cooficiales con el español, fuese un requisito y no un simple mérito. Para que conste en acta, el catalán es la decimotercera lengua hablada en Europa, con más de 10 millones de hablantes, y ustedes la menosprecian. Si estuviesen por la labor encontrarían en el Conseller de Justícia del Govern de Catalunya todo su apoyo para ofrecer los medios necesarios para apoyar el aprendizaje de esta lengua para el buen desempeño de las funciones en la judicatura.

Otro grupo de enmiendas van destinadas a los consejos de justicia. Mi grupo, vía enmienda, exige el cumplimiento de la ley, en este caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de otros, en el sentido de que se proceda a la creación de los consejos de justicia para que puedan conocer de forma descentralizada temas relativos a la gestión y a organizaciones judiciales o en materia de protección de datos. La descentralización pasa por dar vigor al principio de subsidiariedad y, por lo tanto, apoyar la eficiencia y la agilidad, que creíamos que eran el objeto de la reforma legal.

Esperábamos un mayor respeto en este texto legislativo a la capacidad normativa y de gestión de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. En este sentido, hemos presentado un paquete de enmiendas para profundizar en el principio de subsidiariedad y, por lo tanto, en la mejor adecuación de la Administración de Justicia al territorio y a las gentes a las que va destinada, en escrupuloso respeto a la distribución competencial. Delimitar las funciones competenciales con claridad y con respeto es lo que debería haber inspirado toda la reforma legal. Consideramos que deberían haber sido materias asumidas por las comunidades autónomas, por ejemplo, la selección de los letrados de la Administración de Justicia -los anteriores secretarios-, el régimen de sus situaciones administrativas o el que su nombramiento se hiciera a propuesta del órgano competente de la comunidad. El hecho de que determinar complementos retributivos recayese en la Administración autonómica sería, por ejemplo, respetar el principio de autonomía financiera de la comunidad y no como ahora, donde la atribución de esta competencia a la Administración de Justicia lamina una vez más el reparto competencial.

Finalmente, aludiré al Consejo General del Poder Judicial. Hemos presentado también enmiendas que afectan al órgano de gobierno de los jueces, en concreto en lo relativo a su composición y a la consolidación de las dos categorías de vocales que se dividen entre los que se encuentran en la comisión permanente y los que no. Desde este punto de vista y para evitar la categorización nos hubiese gustado poder garantizar una mejor rotación de los vocales que formaran parte de la diputación permanente entre otros aspectos. De hecho, seguimos entendiendo necesaria una reforma en este aspecto, puesto que la actual distribución ha generado problemas de funcionamiento en el órgano de gobierno judicial, como creo que les consta sobradamente. En definitiva, señorías, y para terminar, una nueva oportunidad perdida, como ya les he comentado y, si bien vamos a dar apoyo a algunas de las enmiendas que vuelven del Senado, nuestro voto será negativo al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Socialista, el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero comenzar mi intervención hablando de Grecia, pero no del modo en el que ha venido haciéndolo toda la escena política de las últimas semanas, quiero comenzar mi intervención citando a


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Grecia, pero a la Grecia clásica y concretamente su mitología. Estoy seguro, señorías, de que muchos de ustedes conocerán la historia de posadero Procusto y de su lecho de hierro pero, para aquellos que nos estén escuchando que pudieran no conocerla les diré que Procusto era un posadero de la ciudad de Eleusis que tenia un lecho de hierro y tenía la costumbre de que a aquellos huéspedes que pasaban por su lecho, si no se ajustaban a las medidas del mismo, les cortaba. Es decir, si les sobraban las piernas, aserraba las piernas; si les sobraban los brazos, aserraba los brazos, y si les sobraba la cabeza, les cortaba la cabeza. Señorías del Partido Popular, señor ministro, en esta legislatura ustedes han hecho con la justicia su particular lecho de Procusto, cortándoles las piernas para que los jueces no persiguieran a aquellos que a ustedes no les interesaba o alargándole las extremidades, como por ejemplo las manos, para que pudieran coger a aquellos que a ustedes sí que les interesaba que cogieran. (Aplausos). El problema que tenemos es que esta reforma parcial de la Ley orgánica del Poder Judicial, siendo una ley capital dentro de la estructura de nuestra Administración de Justicia, ha adolecido precisamente del mismo defecto. Han utilizado ustedes esta reforma para modificar la ley a su conveniencia, según sus intereses particulares y por encima del interés general, que es el que debería defender una ley de estas características. Pongamos un ejemplo. Ustedes han introducido de manera subrepticia en este proyecto de ley los vestigios del infame proyecto de ley de demarcación y planta judicial del señor Gallardón. Señorías, como ustedes saben, no es al Gobierno a través de reales decretos, tampoco es al Consejo General del Poder Judicial ni a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia a quienes corresponde, de acuerdo con sus criterios particulares, fijar el reparto de los asuntos, no. Tal y como dice la ley, tal y como dice nuestra Constitución en el artículo 24.2, debe ser una ley la que determine el derecho al juez predeterminado y con esa modificación ustedes no solo atentan contra el 24.2, sino también contra el artículo 24.1 y el principio de tutela judicial efectiva.

Además, parece ser que en su particular proyecto de la justicia no tienen cabida las mujeres, o al menos no tienen cabida las mujeres de igual manera que la tienen los hombres, porque se han empecinado ustedes de manera contumaz en mantener la modificación legislativa según la cual la Comisión de Igualdad no ha de ser obligatoriamente presidida por una mujer. Para quienes desconozcan cuál es la situación actual, diremos que de las cuatro comisiones que hay, tres actualmente son presididas por hombres y solamente la Comisión de Igualdad, porque hasta ahora la ley así lo determinaba, era presidida por una mujer, siendo las mujeres notablemente mayoritarias que los hombres en el ámbito de la justicia. Si eso no es ir en contra de las políticas de género que tantos años de trabajo nos han costado, si eso no es tener una particular visión de la justicia en la que no tienen cabida, o al menos no con los mismos derechos, las mujeres, díganme a qué responde esa necesidad.

Otro tanto sucede con la comisión permanente o con la elección de los vocales de la comisión permanente. Mi grupo parlamentario no está de acuerdo con el método elegido, pero baste decir que hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a lo que supone toda la modificación del actual Consejo General del Poder Judicial para definir de manera clara y exacta cuál es nuestra rotunda oposición ante lo que ustedes han hecho con el Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo sucede con la jurisdicción universal. Nosotros hemos vuelto a presentar enmiendas tanto el trámite en el Congreso de los Diputados como en el trámite del Senado para recuperar las competencias que ustedes hurtaron, que ustedes cortaron a los jueces, a los juzgados y tribunales, con la infame Ley Orgánica 1/2014. ¿Cuál es el problema realmente para que los jueces puedan perseguir aquellos delitos más graves contra los derechos humanos que se produzcan fuera del territorio español, independientemente de la nacionalidad de las víctimas? ¿Cuál es el motivo para que ustedes tengan que coartar y cortar las manos de los jueces para que no puedan llegar hasta ellos? Incluso en ese sentido han seguido empecinados de manera contumaz en seguir manteniéndolo.

Del mismo modo -ahora ya cambiando de temática- no han atendido a las peticiones que hemos formulado diversos grupos para que, ya que procedemos a la modificación de algunas de las competencias de determinados órdenes jurisdiccionales, fueran los juzgados de lo mercantil los que atendieran los procesos concursales de personas naturales precisamente porque nosotros sosteníamos que, ya que tienen una especialidad concreta y son los encargados de hacerlo en el caso de las entidades jurídicas que se encuentren en un procedimiento concursal, ¿por qué debían tener una garantía, una resolución probablemente mejor fundada en derecho esas entidades jurídicas o esas personas jurídicas y no las personas físicas? También han desechado esa posibilidad.

Es cierto que se han introducido bastantes enmiendas, la mayoría de ellas de perfil técnico, durante su trámite en el Senado, pero los principales defectos de los que adolece esta ley, algunos de los cuales


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he resumido -no puedo citarlos todos por una cuestión de tiempo-, siguen presentes en la misma. Por eso, independientemente de que nosotros habíamos apoyado algunas de esas enmiendas incluso en su trámite en el Senado, ahora mismo nuestro sentido del voto respecto a lo que es el proyecto de la ley sigue siendo el mismo que durante su tramitación en el Senado: votaremos en contra. La modificación que se ha hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone un desprecio absoluto a la que es una de las herramientas principales de la Administración de Justicia del país, una herramienta que sirve para corregir los desequilibrios que se producen en la sociedad, algunos de los cuales, por cierto, han sido generados por su propio Gobierno, señor Catalá. Y precisamente con esta ley lo único que van a hacer ustedes es ahondar todavía más en esos desequilibrios.

Acabó mi intervención recordando que Procusto fue ajusticiado por Teseo cuando este lo hizo acostar en su lecho y lo sometió a las mismas torturas a las que él había sometido a tantos huéspedes. A ustedes les llegará su Teseo particular en las próximas elecciones generales.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín.

Por el Grupo Popular, señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, hoy se pone fin a la tramitación de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo proyecto tuvo entrada en esta Cámara el pasado mes de febrero. A pesar de lo que ciertos portavoces se empeñan en interpretar con un papel marcado y cerrado, no sé si impuesto o autoimpuesto, casi amarillo por su inmovilismo, el tránsito de este proyecto por las Cortes Generales ha venido a completar, coordinar y mejorar con la colaboración de los distintos grupos políticos y en constante diálogo con los operadores jurídicos una buena reforma. Es una pena, señorías, que los representantes de algunos grupos de la oposición hoy hayan vuelto a demostrar que hacen un discurso desprovisto de vinculación con la realidad, con los hechos, con el objeto de esta ley o con la adecuada interpretación de las normas. Ni siquiera reconocen su propio trabajo. Si en el paso por el Congreso fueron aprobadas sesenta enmiendas de los distintos grupos, tras su tramitación en el Senado nos encontramos ante un texto que es el resultado de la aceptación de cincuenta y cinco más de los grupos Mixto, CiU, Entesa, Socialista, Vasco y Popular. Por tanto, un total de ciento quince enmiendas incorporadas a un texto que responde al objetivo común de promover la modernización, agilización y racionalización de la justicia, esto es, a contar con un servicio de calidad, a reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales, a dotar a la jurisdicción de la mayor especialización, a garantizar los derechos de los ciudadanos, con particular atención de los más débiles, adaptado a las circunstancias y necesidades de la sociedad de nuestros días que, en definitiva, es la que legitima al Poder Judicial, garante de nuestros derechos y libertades, independiente en su función jurisdiccional, en manos de profesionales que han de desarrollar sus funciones en las mejores condiciones.

Como ya dije en el debate sobre el dictamen en la Comisión de Justicia, hace ahora treinta años que estas Cámaras aprobaron la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la democracia. El 2 de julio se publicaba en aquel año en el Boletín Oficial del Estado, y no está de más recordar aquí lo que el ministro de Justicia de aquel momento, señor Ledesma Bartret, decía en su presentación en el debate de totalidad, cuando llamaba a los grupos a discernir entre lo que son discrepancias esenciales de aquellas otras puramente accidentales que pueden superarse en la discusión parlamentaria, basados en la coincidencia de todos sobre la necesidad de acometer la reforma de la Administración de Justicia y situando por encima de cualesquiera otros los intereses permanentes de los ciudadanos. Aquella ley aprobada siete años después de entrar en vigor la Constitución suponía un importante avance en la reforma de la justicia, con sus luces y con sus sombras. Hoy todavía algunos de sus postulados son puntales sólidos y sobre ellos se ha avanzado tratando de mejorar y de construir, siendo un hito fundamental el Pacto por la modernización de la justicia de 2001, que todavía seguimos desarrollando porque la sociedad nos lo demanda y lo necesita.

Nosotros, como bien ha señalado el ministro Catalá, optamos por incorporar instrumentos para que el servicio público de la justicia evolucione. Por eso los objetivos de esta reforma cuya tramitación hoy concluye están claros y además son compartidos incluso por quienes quieren negar el pan y la sal a cualquier norma impulsada por un Gobierno popular. Creo que alcanzar un sistema judicial moderno, ágil y eficiente que responda a la demanda de la sociedad ha de contar con un servicio público de calidad y con una justicia que sea capaz de reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales y dotar a la jurisdicción de mayor especialización, favoreciendo al mismo tiempo la independencia judicial, la seguridad


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jurídica y la calidad técnica de las resoluciones. Por ello se pretende mejorar la agilidad de respuesta, hacer una apuesta clara por los especialistas y los equipos allí donde sea preciso, porque somos conscientes de la gran variedad y complejidad de asuntos que necesitan de la intervención multidisciplinar, o introducir nuevas medidas en la lucha contra la violencia de género.

Señorías, ¿seguro que no han escuchado nunca a los ciudadanos exigir que trabajemos para conseguir esos objetivos? Pues bien, esta modificación que hoy aprobaremos pretende impulsar para la reducción de los tiempos de respuesta y la mayor especialización que las salas de gobierno puedan acordar modificaciones en las normas de reparto para evitar ese desequilibrio en las cargas, que además insistentemente el Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto. También la especialización de órganos judiciales para ciertos asuntos que respondan mejor y con rapidez a las demandas y necesidades sociales de cada momento y que pueden llegar a tener ámbito provincial. Se fomenta que las víctimas de violencia contra la mujer sean atendidas por órganos especializados o la posibilidad de extender la jurisdicción de los juzgados de violencia contra la mujer a dos o más partidos judiciales; la adscripción al órgano instructor de jueces o letrados de la Administración de Justicia para labores de estudio, apoyo o asesoramiento en causas complejas; el fomento de la especialización de jueces y magistrados o, para una mayor seguridad jurídica, la formación de criterios, de doctrina. Para mayor garantía de los derechos humanos y libertades, se determinan los plenos jurisdiccionales para fijar criterios comunes, evitando así contradicciones dentro de los órganos colegiados en asuntos semejantes; la reforma de la casación contencioso-administrativa; la posibilidad de revisión de resoluciones judiciales firmes cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que fue dictada en violación de derechos reconocidos por el convenio, o la protección de datos en el ámbito de los tribunales. También incluye medidas de profesionalización, homologando la responsabilidad patrimonial de los miembros de la carrera judicial con la función pública; la profesionalización de los secretarios judiciales, a partir de ahora letrados de la Administración de Justicia, con un nuevo sistema de sustituciones para paliar el elevado nivel de interinidad e incorporando reivindicaciones históricas en cuanto a su consideración, estatuto y ampliación de funciones; la mejora en el ejercicio de la funciones del cuerpo de gestión procesal o potenciando la labor del personal de la Administración de Justicia, que asumirá funciones de protección y asistencia a las víctimas. Se mejora también el sistema de medicina forense y se trata de impulsar aquellas actuaciones de acción integral de estos institutos; se mejora el sistema de ingreso y se refuerza la formación de los equipos psicosociales. Hay nuevas medidas de lucha contra la violencia de género, algunas ya mencionadas, ampliando las competencias del juez de violencia sobre la mujer en delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y el honor y delitos de quebrantamiento de condena. Se refuerzan las unidades de valoración forense integral; se garantiza la elaboración de una estadística judicial completa; se intensifican en todos los niveles la formación de los operadores jurídicos en el ámbito judicial. Es la materialización de un firme compromiso del Gobierno para reforzar todos los instrumentos que sean precisos para luchar contra esta lacra.

Preguntaba mi compañero ponente en esta ley y portavoz de Justicia de mi grupo, el señor Castillo -y creo que es bueno repetirlo en este momento a la vista de lo que hemos escuchado esta mañana a otros grupos, porque parece que mantenemos un diálogo de sordos o que nos referimos a textos distintos-: ¿se asaltan derechos de los ciudadanos cuando se posibilita un mejor reparto de asuntos para evitar fuertes desequilibrios, cuando se pretende que los jueces especializados resuelvan litigios o que tenga más competencias el órgano de gobierno del Poder Judicial? ¿Se atropella a los ciudadanos cuando se regula la protección de datos personales, cuando se potencian los gabinetes técnicos, cuando se profundiza en el régimen estatutario al servicio de la Administración de Justicia, habiéndose logrado un preacuerdo con la mayor parte de las organizaciones sindicales, entre ellas UGT? Insisto en otras preguntas. ¿Se defienden intereses particulares, como hemos oído aquí, cuando incorporamos nuevos instrumentos para la lucha contra la violencia de género? ¿No supone un avance y un reconocimiento de la importancia de la función de nuestros jueces y magistrados desarrollar instrumentos de apoyo y de redistribución de cargas? ¿Es inadecuado preocuparse por impulsar con determinación la definitiva incorporación de medios tecnológicos, informáticos y de comunicación con criterios que permitan la coordinación y la interoperabilidad y que dejemos de perder el tiempo gastando en una tecnología que no se utiliza o no se aprovecha en todas sus posibilidades?

Señorías, esta ley de marcado carácter técnico incorpora o desarrolla instrumentos y mecanismos que inciden en más justicia, mejor justicia, justicia ágil y, por todo ello, justicia de calidad. En fin, la discrepancia


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es legítima, es saludable, ayuda a la reflexión y a alcanzar la mejor solución o respuesta. Sin embargo, el negacionismo basado en el principio y la exclusión no sirven para nada.

A partir de las enmiendas aprobadas en el Senado se han incorporado al texto del proyecto relevantes modificaciones. Voy a citar algunas, no puedo enunciarlas todas. Por ejemplo, se mejora la coordinación de normas afectadas por cambios que se han producido en el curso de la tramitación de la ley: ampliación de la vacatio del Registro Civil, modificaciones de Código Penal y en materia de pensiones por sucesivas remisiones de normas. Se fijan requisitos para acceder a la Dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en consonancia con las funciones. Se contempla la creación de excepciones e incluso salas de lo Penal en capitales donde ya existan salas del Tribunal Superior de Justicia. Se modifica lo relativo a las competencias de los juzgados de lo Mercantil en materia extraconcursal, con atribución de competencia en materia de condiciones generales y protección a los consumidores en el ámbito de acciones colectivas. En consonancia con ello, en lo relativo a la competencia de las audiencias provinciales y también en materia mercantil, para que una misma sección especializada de la Audiencia Provincial conozca de recursos contra las resoluciones de juzgados de Primera Instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y acciones individuales en materia de condiciones generales de la contratación.

La reunión de plenos jurisdiccionales ya no quedará, como hemos dicho, limitada a casos de disparidad de criterios, sino también a algo tan importante como coordinar las prácticas procesales. Se desarrolla la planta judicial para hacer posible la generalización de la segunda instancia en el proceso penal. Se refuerza la composición de la sección de admisión en el Tribunal Supremo coherente con el nuevo modelo de recurso de casación. Se establecen distintas medidas muy relevantes y que no vamos a detallar para hacer efectivas las previsiones de la Ley de 5 junio de 2011, reguladora del uso de nuevas tecnologías. Se añade un nuevo apartado para hacer extensivas al presidente, vocales y secretario general del Consejo General del Poder Judicial, en aras al principio de transparencia, las obligaciones de los artículos 17 y 18 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Se establece imperativamente la realización de adaptaciones para incorporar a personas con discapacidad a las plazas vacantes. También se modifica la denominación de la especialidad de medicina legal por medicina forense exclusivamente y adaptando mejor una transitoriedad para incorporar con las primeras promociones, cuando se haya cumplido todo el plazo, a las nuevas generaciones formadas en el modelo de la ley. Finalmente, se establece una vacatio legis un poquito más amplia, hasta el 1 de octubre de 2015, porque son muchas las modificaciones y de relevancia que incorpora esta ley.

He de decir finalmente -y agradezco a todos los grupos su disponibilidad- que vamos a incorporar una enmienda técnica al apartado 8, que incorpora el artículo 22 cuater, donde, aunque se ha modificado con una transaccional en el Senado la referencia a personas mayores, queda absolutamente más claro hablar de personas mayores de edad como concepto jurídico que determinará con claridad la competencia de los tribunales.

Señorías, los hechos y los datos hablan por sí solos del trabajo realizado y del resultado. Para finalizar, debo dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido al buen trabajo en la tramitación de esta ley, en particular al ministro de Justicia y a su equipo, a los operadores jurídicos por sus sugerencias y sus propuestas, a los ponentes, especialmente a mis compañeros José Miguel Castillo y Ángeles Fernández Ahuja, y a las letradas con su siempre excepcional trabajo. Mi grupo está convencido que con la labor realizada contribuimos con esta ley a avanzar en la mejora del servicio público de la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moro.

Tiene la palabra el ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta. Intervengo brevísimamente para poner de manifiesto que con la aprobación que se lleve a cabo por esta Cámara de esta reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial estoy convencido de que asistimos a un proceso de mejora de la especialización, de la profesionalización, de la calidad de nuestra justicia. Es cierto que es una reforma parcial, pero no menos de cincuenta medidas se incorporan para hacer una justicia más ágil, más profesional, más especializada y que garantice un mejor servicio público de justicia para los ciudadanos. Esto ha sido, además, gracias al trabajo de sus señorías, al trabajo de esta Cámara y del Senado y de muchos más. Quiero reconocer también las aportaciones que los sindicatos de los funcionarios públicos


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de justicia han aportado en el libro VI de la ley orgánica, los representantes de secretarios judiciales en lo que tiene que ver con el libro V, las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial o la sala de gobierno del Tribunal Supremo cuando ha hecho aportaciones muy interesantes en materia de casación, por ejemplo, o de otras cuestiones. Son múltiples los aspectos que se regulan y no creo que deban hacerse de menos. También la ponente del Grupo Parlamentario Popular ha hecho una magnífica relación de novedades, de mejoras. Entre ellas quiero destacar la reforma de la casación contencioso-administrativa, que es un fortalecimiento de la figura de nuestro Tribunal Supremo y de las garantías del procedimiento judicial; la reforma de la especialización y la profesionalización tanto de los jueces y magistrados como de los -actualmente ya- letrados de la Administración de Justicia; el fortalecimiento del uso de las nuevas tecnologías en nuestra justicia con un mandato obligatorio para que así sea llevada a cabo, y tantas otras medidas que van a garantizar, como decíamos, un mejor reparto de las cargas de trabajo, una mayor eficiencia en nuestro sistema de justicia y, en última instancia, una mayor calidad en un servicio público tan importante y en un pilar del Estado de derecho como es la Administración de Justicia.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, ya lo dijimos alto y claro hace pocas semanas aquí en esta tribuna: no a la ley de montes; stop a la ley de montes del Partido Popular. Y ahora, cuando este proyecto de ley regresa al Congreso, lo volvemos a decir; lo diremos más alto, más claro y, manifiestamente, más indignados. Hoy ustedes vuelven una vez más a abrir la puerta a que los incendios de los bosques sean rentables para los especuladores. Suena fuerte dicho así, pero es así. Esta ley de montes, lejos de protegerlos, lo que hace es incentivar su quema. Tanto es así que probablemente esta ley les quite a los agentes forestales su rango de Policía judicial, dificultando así tres cosas esenciales: en primer lugar, el esclarecimiento; en segundo lugar, la detección, y en tercer lugar y muy importante también, la detención de los pirómanos.

Señorías del Partido Popular, a partir de ahora -por si ustedes no lo saben- los bosques ya no serán de todos, como decía aquel anuncio; serán únicamente de los especuladores de la industria de ladrillo y de aquellos que inflaron la burbuja inmobiliaria y que nos ha estallado a todos en la cara. A nuestro parecer es una vergüenza. De hecho, es una tomadura de pelo a la ciudadanía el que sus recetas para salir de la crisis pasen por regresar al camino de la construcción desaforada. Además, también es un atentado medioambiental que esta sea a costa del patrimonio natural, como hicieron también con la Ley de Costas. No solo destruyen ecosistemas, sino que nos están robando la riqueza natural, que evidentemente es un patrimonio colectivo, y lo hacen para beneficiar única y exclusivamente intereses privados; intereses privados que no han tenido ningún problema ético -cuando digo ningún quiero decir ninguno- para estafar y para desahuciar a centenares de familias. Imagínense entonces los reparos que pueden tener para destruir el patrimonio natural. Entendemos que muy pocos, por no decir ninguno.

Hay que decir también que esta ley aumenta la duplicidad de competencias entre los cuerpos responsables de proteger el medio ambiente y, a la vez, empeora la respuesta de estos ante posibles hechos delictivos. Pretenden que los agentes forestales se dediquen a perseguir las pequeñas infracciones administrativas mientras la práctica totalidad de los delitos medioambientales quedan sencillamente impunes, que delitos como incendios forestales, envenenamiento de la fauna salvaje, destrucción de espacios naturales, muerte de especies protegidas o vertidos contaminantes no sean perseguidos. En definitiva, el Gobierno ataca -dicho así también es fuerte- a 6.000 agentes forestales -500 agents rurals de Catalunya- limitando su capacidad de investigar delitos medioambientales, pese a ser el cuerpo más preparado para la protección y, a la vez, para la prevención integral del medio ambiente. Se subordina a un personal funcionario especializado en la protección medioambiental a otro que no lo está y que no cuenta con los medios necesarios para garantizar una correcta protección del medio ambiente.


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Acabo recordando que en Cataluña el Cos d'agents rurals redacta y lleva ante la autoridad judicial en torno a doscientos atestados anuales por presuntos delitos contra el medio ambiente y también de incendios forestales. Se trata de una tarea, señorías, que ha sido reiteradamente felicitada por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y que puede quedar en nada. Por eso acabaré como empecé: no a la ley de montes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señora presidenta.

Triste e irremediablemente, montados en la apisonadora de este Gobierno que viene llevándose todo por delante, llegamos al borde del abismo, al último paso para la aprobación de esta ley de montes, una más en la escalada antiambiental del Partido Popular. Además, cumple a rajatabla esas características comunes a todas sus leyes. En primer lugar, lo hacen a lo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Como el 99 % de las leyes que han aprobado, esta también la van a imponer en solitario; solos frente al rechazo social de todas las entidades y personas que trabajan, defienden y aman el monte, frente a quienes creen que pierden una ocasión de oro para impulsar la gestión sostenible de los montes, que sea el motor del desarrollo rural y garantía legal de cualquier plan de activación del sector que genere beneficio medioambiental y social en forma de empleo. No han recogido ninguna de las demandas principales que el sector forestal ha hecho. Pero no solo ellos, todos los sectores afectados, la ciudadanía en general, están en contra y con argumentos de peso: agentes rurales, forestales, grupos ecologistas, montañeros, biólogos, ingenieros, sindicatos. ¿Y cómo no van a estarlo si no responde a ningún interés social, si va a suponer un grave retroceso de cara a la ciudadanía y al patrimonio medioambiental? Naturalmente, siempre hay beneficiados, esos a quienes dirigen todas sus leyes, porque desprotege los montes frente a la especulación, abre la puerta a la falta de investigación de delitos y propicia la explotación comercial y la privatización de los montes. Realmente, siendo la intencionalidad la primera causa de los incendios forestales y con este calorazo que hace, ¿cómo explican abrir la posibilidad de construir después de un incendio, por mucho que se empeñen en vestir el santo, diciendo que debe tratarse de un interés general prevalente y añadiendo más obligaciones, pero siempre subjetivas, expuestas a amiguismos e intereses privados. Eso es poner el bidón de gasolina a pie de monte, dar pie a incendios intencionados para proceder después a recalificaciones.

Segunda característica de todas sus leyes: irregularidades en la tramitación y recentralización e invasión de competencias. Nuevamente con la excusa de que es legislación básica, el artículo 149 procede a recentralizar, a reforzar las competencias estatales en esta materia a costa de socavar las competencias exclusivas que ostenta Euskal Herria. Se trata de una intromisión competencial pura y dura y claramente contraproducente.

En cuanto a los servicios de guardería forestal, ostentando las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Nafarroa la competencia exclusiva en materia de montes, ese servicio se viene encargando desde hace ciento cincuenta años de la gestión, conservación y control de nuestros montes y desde luego sería inadmisible cualquier modificación que reste eficacia y eficiencia a sus funciones, que se les quite funciones de gestión y conservación del medio ambiente. No es admisible que no puedan investigar delitos medioambientales, que se genere inseguridad jurídica, que metan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con calzador duplicando funciones, o que nos hagan tragar con una serie de registros estatales sobre distintas cuestiones relacionadas con los montes y aprovechamientos, disfrazados, eso sí, de meros instrumentos de publicidad o consulta pero que avanzan nuevamente en recentralizar funciones y competencias en las que somos plenamente soberanos, como el registro de infractores de caza y pesca, otro instrumento creado específicamente para hacerse con competencias autonómicas exclusivas. ¿Cómo vamos a admitir que la normativa sobre montes pretenda incluir regulación sobre caza y pesca?

Tercera característica. Esta ley tampoco va a servir, como otras, para lograr los objetivos planteados. Es más, supone una clara marcha atrás en la mejora, preservación y cuidado de los montes como bienes naturales de una función social, ecológica y económica trascendental, porque tira a matarrasa la eficacia y las garantías medioambientales en la protección de los montes y el medio natural y choca claramente con las recomendaciones de la Unión Europea. Detrás de un mensaje de modernización hay un gran retroceso. Por ejemplo, con la nueva obligatoriedad del proyecto de ordenación o plan técnico de gestión


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de las superficies arboladas, un instrumento que ha resultado eficaz a la hora de gestionar el monte desde la sostenibilidad y que además ha contado con el visto bueno de la propiedad. Que eliminen su obligatoriedad sin proponer soluciones efectivas abrirá la puesta a más abandonos, posibles incendios y destrozos en montes no ordenados sin que nada pase. Además de recentralizar más, al promover el uso de instrumentos de planificación y gestión implantando criterios uniformes de actuación en todo el Estado someten a nuestro país a la mera ejecución de dichos planes.

Señorías, el bosque bien gestionado no arde, y apoyar el aprovechamiento del monte es imprescindible para la conservación de las zonas rurales y la mejora de su calidad de vida, para mantener la biodiversidad y luchar contra el cambio climático, pero está visto que a ustedes no les preocupa el desarrollo del sector sino buscar nichos de negocio especulativos, como con otras leyes. ¿Saben ustedes que el promedio de extensión del territorio bajo la tutela del Estado de los países de la Unión Europea es del 24 % y que el Estado español está a la cola, con un pírrico 7 %? Y en lugar de subsanarlo aumentando, conservando y mejorando, pretenden dilapidar aún más su escaso patrimonio. Voy acabando, señora presidenta.

Nosotros queremos seguir haciéndolo así en Euskal Herria, así que déjenos hacerlo en paz. Para Amaiur está claro que este proyecto de ley, además de ahondar en la recentralización e invasión de nuestra soberanía, empeora en aspectos básicos la protección medioambiental, profundiza en su desregulación -como ha quedado patente en la contestación de los sectores directamente afectados- y desde luego en absoluto favorece el desarrollo rural y la creación de empleo, por lo que le damos nuestro más rotundo no.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a inducirles a una especie de déjà-vu, y así va a seguir siendo cada vez que una ley pase por el Senado en la forma en que esta lo ha hecho: doce enmiendas, tres mínimas correcciones o reiteraciones, seis correcciones gramaticales, un cambio ortográfico -un acento-, un cambio de numeración y un cambio de estilo. Volvamos a hacer cuentas: 266 senadores con un salario medio base anual -siendo de Madrid y sin contar con las pagas extras- de 37.518,60 euros. Entre pitos, flautas y pinganillos, el coste del Senado el año pasado fue de casi 52 millones de euros. Estamos ante el departamento de corrección ortográfica y gramatical más caro del mundo. Debe ser para poder seguir dándole trabajo a Rita, ahora que ya no es alcaldesa ni diputada en Valencia.

En su día, hace un mes y pico, dijimos que la ley de montes fomentaba la fragmentación de la regulación normativa y disminuía la protección de los montes. Faltan en ella medidas eficaces para promover una adecuada gestión forestal y se echa de menos una fiscalidad adaptada a la gestión forestal. Meses más tarde, sigue igual. Tras su paso por el Senado y después de su arduo trabajo como correctores, con enmiendas más altas que un pino, nuestro grupo parlamentario UPyD no puede votar en contra de las mismas. Lo que sí podemos hacer, en aras de mejorar la economía y generar fondos de cara a los próximos presupuestos, es proponerles que, para lo que sirve, cierren el Senado. Repito, para evitar nuevos déjà-vu, cierren el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidenta.

Los cambios en la ley no incorporan ninguna mejora respecto al debate que celebramos en este hemiciclo a mediados de abril. De hecho, el proyecto de ley de montes no incorpora mejoras sustanciales en la gestión de los bosques, invade competencias autonómicas y leyes sectoriales, supone un grave retroceso en la necesaria planificación y gestión forestal, permite las recalificaciones y la construcción en zonas forestales incendiadas. Como expresábamos en el debate de enmienda a la totalidad, la ley, en vez de fomentar los instrumentos de control público y de gestión forestal, los elimina. La ley ha sustituido la autorización administrativa previa por una declaración responsable y, para los supuestos en los que sí existían instrumentos de gestión, el régimen de notificación previa es también sustituido por una declaración responsable; degrada los agentes forestales, no protege adecuadamente los espacios integrados en la


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Red Natura 2000 y, por otra parte, la regulación de ciertos aspectos de gestión cinegética, además de no tener cabida y de ser un absurdo en la ley de montes, supone una clara invasión de las competencias autonómicas. Por otro lado, insisto en que la propuesta no contribuye a la protección de la biodiversidad ni a combatir el cambio climático, papel importante que juegan los montes de nuestro país.

Del documento que viene del Senado nos sorprenden especialmente dos cuestiones. Una es la insistencia, según el apartado 63 de las enmiendas del Senado, en eliminar la prohibición de construir en una zona incendiada -es bueno recordar que ahora hay una limitación de treinta años-, abriendo la puerta a la calificación urbana de bosques quemados y, por tanto, abriendo la puerta a la implantación de actividades que nada tienen que ver con los montes, la gestión forestal o la protección de la biodiversidad. Con esta enmienda del Senado la especulación tiene la puerta abierta, y pondríamos un par de ejemplos muy ilustrativos. Tierra Mítica, en Benidorm, o Meseta Ski, en Tordesillas, son ejemplos muy claros de lo que estoy diciendo, dos ejemplos en los que se ve claramente que nada tiene que ver un parque temático o una actividad de esquí con el interés general. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que nos sorprenden de la enmienda del Senado.

Hay otro aspecto que vemos con mucha preocupación, que no formó parte del proyecto presentado en esta Cámara por el Gobierno, y es la introducción de una serie de enmiendas en la Comisión de Agricultura por parte del Grupo Popular que tenían como objetivo blindar el trasvase Tajo-Segura, utilizando como excusa una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que nos sorprende de las enmiendas del Grupo Popular es que utilizan la ley de montes para blindar el trasvase Tajo-Segura, incumpliendo la Ley de Aguas, la Ley de Evaluación Ambiental y la Directiva-marco del Agua, por ejemplo. Por lo tanto, se utiliza la ley de montes para una modificación legislativa que vulneraría un principio básico, como es que cualquier modificación de la ley tendría que ir soportada por el correspondiente periodo de información pública y, por tanto, de participación en el análisis de las modificaciones que se incorporan del conjunto de la ciudadanía, pero también de este Parlamento. Es un uso retorcido, una interpretación torticera del trámite legislativo parlamentario para incorporar cambios legislativos de calado que no tienen nada que ver con la ley de montes. Es muy discutible el respeto que estas enmiendas tienen a la doctrina constitucional en cuanto que para cualquier modificación de ley, en la incorporación de nuevos cambios legislativos vía enmiendas, tendría que haber un elemento, dice el Tribunal Constitucional, de conexión, de continuidad, de coincidencia, de homogeneidad, que no se da en absoluto en estas enmiendas que plantea el Partido Popular. ¿Qué tiene que ver la ley de montes con el trasvase Tajo-Segura? Es una burla a la tramitación parlamentaria. No respeta la normativa, no se respeta a los ciudadanos y no se respeta a este Parlamento; vulnera el principio básico de preservar el derecho fundamental de participación de los parlamentarios y de los ciudadanos en los cambios de ley.

Aconsejo a sus señorías la lectura de las sentencias de julio y septiembre de 2011 del Tribunal Constitucional y también la lectura del contundente informe de la Defensora del Pueblo de noviembre de 2014, precisamente haciendo referencia al trasvase Tajo-Segura. Sabemos -lo vivimos cada semana- del uso y abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular y, por tanto, cualquier propuesta de la oposición no deja de ser un brindis al sol. Esta ley y el trasvase Tajo-Segura es un claro ejemplo. Usan la ley de montes para defender intereses privados en lugar de un bien público como son los montes que, independientemente de cuál sea su titularidad, hay que proteger, y abren las puertas con premeditación y alevosía a las ventas de aguas intercuencas a través de blindar, por la puerta de atrás, sin ningún respeto a la doctrina constitucional, a este Parlamento y a los ciudadanos, el trasvase Tajo-Segura.

Nos abstendremos en las votaciones de las enmiendas técnicas y votaremos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en la propuesta que nos viene del Senado. Pensamos que los ciudadanos de este país y los propios montes merecen más respeto que el que tiene el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Pérez Moya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Senado nos llega el proyecto de ley de montes que modificará el texto que se aprobó en el año 2003. En su momento, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió decidió no presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Teníamos la obligación de trabajar para introducir, ante la posibilidad que nos daba la presentación de este proyecto de ley, todos aquellos


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preceptos necesarios para desarrollar las potencialidades reales que el sector forestal tiene. Los montes, como infraestructuras verdes, constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. Debíamos asegurarnos de que el texto reconocía la multifuncionalidad de los bosques; su capacidad para cumplir simultáneamente funciones diversas; la posibilidad de generar actividad; de generar empleo y, por tanto, crecimiento económico; la preservación de la riqueza natural; mantener la gran biodiversidad que en su globalidad representan los bosques. Deben permitir, desde la perspectiva social, no solo el servicio lúdico que generan, sino también la creación de empleo que ayudará a fijar la población rural al territorio.

Durante el proceso de enmiendas, hemos conseguido rectificar algunas iniciativas muy graves que introducía el proyecto de ley. No ha sido fácil convencer al Partido Popular para que rectificase su propuesta en referencia a los agentes rurales; hemos podido corregirlo. Los agents rurals pueden continuar actuando como hasta ahora, de una forma eficaz, complementaria y coordinada con el resto de cuerpos de seguridad competentes. Ha quedado preservada la capacidad, que se les quería retirar, de investigar los delitos medioambientales. Estamos satisfechos del trabajo que ha realizado hasta ahora este cuerpo de agentes rurales y que, gracias a nuestras enmiendas -y a las de otros grupos parlamentarios-, podrán continuar realizando.

Creemos en la necesidad de la planificación como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible y apoyamos todas las iniciativas que se orientan a simplificar esa planificación, sin rebajar las exigencias medioambientales, destacando las que permitan la mejora de la trazabilidad de los productos propios y aseguren la legalidad del origen de los productos forestales. Son medidas incorporadas gracias a las propuestas de diferentes administraciones competentes. El texto del proyecto, a nuestro parecer, podría haber avanzado más en el apartado de simplificación.

En cuanto a los montes de socios hemos conseguido de una manera consensuada su viabilidad. Gracias a una enmienda transaccional hemos incorporado las medidas necesarias para la agilización de la gestión de estas figuras, muy problemática por su diversidad de propietarios. Con esta iniciativa podemos afirmar que 1,5 millones de hectáreas que no estaban gestionadas podrán incorporarse con más agilidad a la actividad económica, con lo que ello supone para la creación de empleo verde y de fijación de la población rural. Por eso, señorías, he querido destacar estos apartados: corregir la injusticia realizada a los agentes rurales, potenciar la planificación como herramienta básica para una gestión forestal sostenible y simplificar la gestión y la mejora de la trazabilidad. Son logros conseguidos durante la tramitación del proyecto y queremos destacarlos. Son logros insuficientes, pero, en definitiva, logros.

Señorías, debemos volver a reivindicar otras iniciativas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió que hemos repetido una y otra vez aquí y en el Senado y que no se han recogido adecuadamente o no se han incorporado. Este proyecto podría ser o debería haber sido una herramienta muy importante para aumentar la actividad económica, gracias a una política forestal adecuada y siempre con una gestión sostenible medioambientalmente. Señorías, creemos necesarios incentivos fiscales para la gestión forestal sostenible, incentivos que realmente contribuyan a promover y garantizar una gestión que fomente las inversiones realizadas en fincas forestales, inversiones destinadas a cumplir los objetivos previstos en sus planes o instrumentos de gestión o planificación forestal. Proponíamos una deducción del 30 % aplicable directamente a la cuota del IRPF o del impuesto sobre sociedades. Se han introducido los conceptos, pero solo son útiles para los titulares de prensa, realmente insignificantes cuando se aplican a la realidad forestal del territorio y a la distribución de la propiedad. No podemos aceptar que se limiten a las sociedades forestales y no puedan ampliarse a los propietarios individuales y tampoco podemos estar de acuerdo con el porcentaje aprobado del 10 %. La oportunidad perdida aún es más grave cuando estos incentivos fiscales que proponemos se reconocen ya para entidades de custodia del territorio, fundaciones y otras organizaciones ecologistas. No podemos aceptar que se deje de lado a los agricultores y a los silvicultores. Estamos perdiendo una nueva oportunidad de colaborar en la recuperación económica, desperdiciando el medio rural como verdadero catalizador de una economía basada en la inversión y en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales.

Señorías, debemos recordar que estas medidas de incentivos fiscales ayudarían a prevenir los incendios forestales o a minimizar sus efectos y los gastos que las comunidades autónomas y el Estado destinan a la extinción. En estos días en Cataluña y en otras partes del Estado el riesgo de incendio forestal es extremo, llegando a prohibirse estos días las actividades agrícolas con maquinaria. Les voy a recordar datos de la página del ministerio. En el ámbito temporal de un decenio, 2004-2013, la media de incendios anuales ha sido de 15.638, que afectaron de media anual a 160.000 hectáreas de superficie


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forestal o arbolada. Este deterioro de nuestra riqueza medioambiental también debería ser motivo suficiente para que el Partido Popular hubiese sido sensible a nuestras propuestas. Por tanto, escasos logros pero importantes; oportunidades perdidas y desperdiciadas.

Para encarar la última parte de mi exposición, hablaré de las invasiones competenciales, y aquí sí seré contundente. Ya sé que muchos de ustedes así lo esperan cuando intervenimos los grupos parlamentarios de Cataluña, pero es que no puede ser de otra manera. Mientras que el Partido Popular y su Gobierno elaboren textos que invadan nuestras competencias, nosotros seremos beligerantes, denunciándolo aquí y donde sea necesario tantas veces como sea necesario cuando ustedes intenten laminar nuestro estatuto de autonomía. Estas invasiones competenciales no se han corregido durante la tramitación del proyecto de ley y, lo que es peor, con las enmiendas introducidas se ha incrementado la invasión competencial. El texto del proyecto sin duda busca reforzar y ampliar la competencia básica del Estado: recentralizar, homogeneizar competencias. Con las enmiendas que hoy llevamos a aprobación, esto ha aumentado considerablemente. Esta actitud se desarrolla en diferentes momentos y hay invasiones competenciales desde la redacción inicial del proyecto y a lo largo de su tramitación. Se invaden las competencias exclusivas de caza y pesca en Cataluña y otras regiones, como ya ha mencionado algún portavoz. Asimismo, en las enmiendas que incorpora el Grupo Popular en la ponencia, donde, por ejemplo, se define extralimitadamente la red nacional de caminos naturales; a partir de esa premisa, el Estado pretende determinar los requisitos y criterios que debe cumplir un camino natural que forme parte de la red nacional. Por tanto, tenemos un camino que dependerá de la comunidad autónoma, pero que puede pertenecer a la red nacional, por lo que será el Estado el que determine los criterios de ese camino. Esa duplicidad es imposible ya que las competencias en este apartado son exclusivas de las comunidades autónomas.

Otro momento de introducción de enmiendas es cuando el proyecto vuelve tras su tramitación en el Senado. El texto en este caso atribuye a las comunidades autónomas la aprobación de modelos tipo de gestión forestal para aquellos montes cuyas características así lo permitan, así como en procedimientos de adhesión para llegar a considerarse monte ordenado. No hay ningún problema hasta la incorporación de la enmienda, donde se añade que el ministerio colaborará en la aprobación de modelos tipo y facilitará el cambio de experiencias. Objetivo claro encubierto: laminar competencias y homogeneizar la diversidad territorial. Y la más curiosa de todas, señorías. Nosotros nos alegrábamos de que el texto atribuyese a las comunidades autónomas el deber de garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y especificaba cuando quedaba prohibido, reservando a las mismas comunidades autónomas, y con carácter singular, la posibilidad de acordar excepciones con unos preceptos que quedaban bien descritos y transparentes. Señorías, desde el Grupo de Convergència i de Unió nos felicitábamos y aceptamos cualquier transferencia de competencias de forma completa a la Generalitat, como no puede ser de otra manera. ¡Demasiada alegría! ¿El Partido Popular transfiriendo competencias a las comunidades autónomas? No podía ser. El Senado ya lo ha corregido. Ahora es necesario que sea una ley estatal y no autonómica la que determine la necesidad del cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden.

En definitiva, señorías, votaremos en contra de las enmiendas que inciden en el aumento de la invasión competencial que implica esta ley. No entendemos los motivos del Partido Popular para no aprovechar esta oportunidad para crear empleo en las zonas rurales, crear actividad económica gracias a la gestión forestal sostenible y disminuir las graves consecuencias sociales y medioambientales que provocan los incendios forestales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias.

Querría empezar esta intervención agradeciendo a mi compañera ponente de esta ley, a Pilar Lucio, su trabajo. Hemos hecho un trabajo conjunto creo que importante. Asimismo e indudablemente, querría felicitar a todas las organizaciones sociales, medioambientales, forestales, sindicales. Concretamente, a los sindicatos agrarios, a las organizaciones vinculadas con el campo, con el monte, con los bosques y también de manera importante a muchas organizaciones y sectores industriales que se han acercado al Grupo Parlamentario Socialista para hacernos llegar sus aportaciones a esta ley, que consideraban que no era correcta.


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Estamos ya en su debate final, debate final de esta ley como el de otras muchas que han aprobado con su rodillo parlamentario, porque volverá a ser así, una ley que efectivamente se suma a una batería legislativa que se han empeñado en aprobar contra el medio ambiente, frente al medio ambiente, cargándose el sistema de protección ambiental que heredaron ya ustedes en el año 2011 y que nos equiparaba en aquel momento a los países más avanzados de la Europa de nuestro entorno. Es un ataque a los recursos naturales y forestales, es un nuevo recorte de los derechos de ciudadanía y, además, es una ley contraria a las normas y orientaciones europeas sobre la preservación de la biodiversidad.

Es una pena que no esté aquí la ministra porque hace unos días dijo que las urnas eran peligrosas. La ministra de Medio Ambiente dijo que las urnas eran peligrosas y yo le quería decir esta tarde que el peligro era ella, ella y su peligrosa ley. Yo no le voy a decir nunca a la señora Tejerina que va a hacer bueno al señor Cañete porque eso es imposible, pero imposible era también hacerlo igual de mal y ya lo ha conseguido. Mire que lo tenía fácil; la nueva ministra de Medio Ambiente lo tenía fácil, tenía la oportunidad de corregir errores y lo que ha hecho es lo contrario: agravar aquellos errores todavía más. Y es inaudito que en un país como el nuestro, con el inmenso capital natural y forestal que tenemos, sus políticas hayan consistido en ataques frontales al medio ambiente y a todo su entorno. Fíjense -no está la señora De Lara, es una pena-, en todos los debates que hemos tenido con las filas populares, desde esas filas populares nos han reprochado no entender que la protección ambiental y forestal no está reñida con el desarrollo económico, y claro que no está reñida con el desarrollo económico, señorías, pero, si no es sostenible, es un auténtico fracaso. España se está quedando fuera ya en este momento de un binomio absolutamente vital para el desarrollo, que es la economía y la ecología, y son muchos Gobiernos ya, muchas empresas de países, como les decía, de nuestro entorno que están trabajando sobre los efectos económicos y sobre los efectos sociales de lo que se conoce ya como la superación de los límites planetarios y estos no son solo el cambio climático o la merma de la biodiversidad, hablamos de falta de agua y de alimentos, hablamos de la intensidad de los fenómenos meteorológicos. El no reaccionar, señorías, sale mucho más caro que unas políticas ambientales adecuadas, que se las estamos proponiendo desde el Grupo Socialista desde el inicio de esta legislatura.

De todo esto ustedes no se han enterado, o no han querido enterarse, que también es otra opción posible; han optado por la desregulación ambiental como un requisito previo para el crecimiento económico y ahí es donde radica su error, porque lo que se va a aprobar hoy aquí es el caos en el monte y, sobre todo, se va a aprobar un atajo hacia la defensa de intereses, no de los intereses generales, de sus intereses, de los intereses del Gobierno y de los intereses del Partido Popular; intereses en la gestión que abre la puerta a privatizaciones de montes de utilidad pública, intereses para recalificar terrenos después de los incendios. Con este texto, la especulación con los terrenos quemados está servida todavía más teniendo en cuenta la enmienda que llega del Senado, una enmienda de la que se ha hecho lectura aquí en clave competencial, pero que además llega para agravar dicha posibilidad, ya que amplía al Estado la potestad de recalificar terrenos quemados por razones -fíjense, leo textualmente- imperiosas de primer orden y que corresponden a un interés general de la nación. He dicho esto así porque lo he citado textualmente, todo muy subjetivo. Con esta ley, ya se lo digo con toda claridad, a los gallegos ya nos pueden pillar confesados. No les llegaba con lo que había que necesitaban rematar la faena con esta enmienda. Por lo tanto, el Gobierno, que privatiza y rebaja la lucha contra incendios, favorece la compra y el negocio de los terrenos quemados, esta debe ser la conclusión que hoy se saque de esta ley. ¿Por qué tanta prisa en reformar un proyecto del año 2007? La prisa era esta, la prisa era eliminar aquellos treinta años que imposibilitaban que se pudiera recalificar un terreno -que incluso ustedes, señores del PP, calificaron de inconstitucional-; esa era la prisa.

Asimismo, la ley limita y ataca el trabajo de los agentes forestales medioambientales, y lo hacen porque uno de sus objetivos es evitar que estos profesionales sean independientes. Tal y como queda el texto de la ley, y según el propio artículo 58, los agentes se van a limitar a las primeras diligencias. No solo eso, los atestados tendrán que pasar por unos filtros superiores de la superioridad, que es la que decidirá lo que se envía al juzgado y lo que no. Socavan, pues, su autoridad y su independencia. Fíjense, hablo de ellas y de ellos, de agentes forestales que son profesionales, que han trabajado con eficacia, gente tremendamente formada y con un gran conocimiento del monte. No se merecían este trato recibido en esta ley, no se lo merecían ellos y la sociedad tampoco.

Por otro lado, esta es una ley de montes que va a regular el trasvase Tajo-Segura, una técnica legislativa de la que ustedes han abusado hasta la extenuación. En este caso, estamos además -y permítame que se lo diga- ante una insolencia política. El Gobierno aprobó el memorándum del Tajo


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en 2013, justo después de aquel acuerdo de la calle Génova, aquello que no fue un acuerdo de país, señorías, que fue un acuerdo de partido, un acuerdo del PP, pero el pequeño detalle es que, aunque en Aragón gobernaba el PP, lo dejaron fuera también y sus Cortes recurrieron al Tribunal Constitucional que les dio la razón y se la dio no solo porque se tendría que haber tenido en cuenta a esta comunidad, sino por no ser admisible una gestión fragmentada de las aguas de una misma cuenca. Pero les ha dado igual, ahí está su insolencia, retan de nuevo al Constitucional y alegan que aquella sentencia generó incertidumbre. Por eso hoy quiero dejar constancia de que el informe solicitado a las Cortes no ha aparecido, no hay informe, no existe; sin embargo, esa ley la van a aprobar igual. Era preceptivo ese informe porque tengo aquí el informe de ponencia donde se deja claro de forma visual -cualquiera que sepa leer lo podrá ver- que el informe es preceptivo. Es preceptivo, y se lo han vuelto a saltar a la torera. Les ha dado igual, y ahí está su insolencia. Retan al Constitucional, alegan además que aquella sentencia generó incertidumbre y esto lo quería dejar hoy muy claro. Es una osadía que pone de manifiesto más si cabe su necesidad a la hora de defender los intereses propios que curiosamente siempre entran en colisión con el interés común o con el interés general.

Voy terminando. Esta es una ley pensada desde la productividad de los montes, una ley que no contenta a casi nadie, un ladrillo jurídico, lo hemos dicho muchas veces, es verdad, sin subsidiariedad territorial, un ladrillo pintado de verde y con todos los ingredientes que sobran en una ley básica. Aquí lo de menos han sido los montes y los bosques, es algo parecido a lo que han aprobado en el nuevo Código Penal. Allí establecen el derecho penal del enemigo y aquí planean una ley para los amigos.

No duden de que vamos a votar en contra de las dos enmiendas que llegan del Senado. El resto de enmiendas son enmiendas técnicas, como ha dicho antes el portavoz de UPyD. Vienen dos enmiendas con enjundia del Senado, sobre todo a la que me he referido antes que tiene que ver con los incendios. Además, nuestro no es un no total y global al conjunto de la ley, una ley que rechazamos desde el principio, señorías, una ley que intentamos mejorar durante el trámite parlamentario y una ley a la que le auguro muy corta vida, porque estoy segura de que ganaremos las elecciones y la cambiaremos, no le quepa la menor duda.

Esto va de hechos y sus hechos son leyes agresivas contra el medio ambiente. Penoso legado, señores del Partido Popular, a las generaciones presentes y futuras. Estoy segura de que nunca se lo perdonarán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Seara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Torres.

El señor TORRES HERRERA: Gracias, presidente.

Señorías, con el debate de hoy llegamos a la fase final de la tramitación de este proyecto de ley. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Permítanme que, antes de poner en valor las aportaciones que realiza esta nueva ley de montes, les haga una observación personal. Después de los debates cargados de argumentos machacones sobre lo mal que lo hace el Gobierno y la crítica reiterada a dos aspectos concretos que no hacen más que confundir a la opinión pública, tengo la sensación de que no se han leído el texto y de que no han puesto ninguna atención a las modificaciones que, vía enmiendas, se han incorporado a este proyecto de ley, por tanto, partimos de un mal inicio. No sé cómo decírselo pero, dada mi condición de ingeniero de montes, permítanme que utilice una metáfora: a ustedes los árboles no les dejan ver el bosque. Tienen ustedes un concepto anquilosado -yo diría añejo y rancio- de lo que es el monte; algo que, como es de todos, no se puede tocar. Mal punto de partida, señorías. Les hemos dicho en repetidas ocasiones que contamos en España con más de 27,7 millones de hectáreas de suelo forestal -es decir, más del 54 % de la superficie de nuestro país- y más de las dos terceras partes de esta superficie forestal es de propiedad privada. Tenemos recursos naturales, y no hablamos solo de la madera, que debemos poner en valor. Ustedes demuestran falta sensibilidad con los propietarios y con los habitantes del ámbito rural, limitando sus posibilidades de desarrollo.

Este proyecto de modificación de la Ley de Montes se ha elaborado con la necesaria visión holística, integradora y de conjunto que requiere un recurso de la importancia y significación para España como es el monte. La nueva ley se centra en lograr cuatro objetivos principales: primero, proteger la diversidad biológica; en segundo lugar, prevenir los incendios forestales; en tercer lugar, luchar contra el cambio climático; y, por último, mejorar el aprovechamiento económico de los recursos forestales. Por tanto,


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estamos en el marco de una gestión para la conservación de un desarrollo sostenible, atendiendo a la dimensión global que requiere la intervención pública en este medio. Es imprescindible para lograr los objetivos marcados clarificar la clasificación de los montes, simplificar los instrumentos de gestión, así como incorporar o adecuar figuras que faciliten la gestión. En este sentido, señorías, la ley introduce una clasificación más clara y concreta de los montes, que solo podrán pertenecer a una categoría atendiendo a los criterios de titularidad -pública o privada- y a si ese monte cumple una función de interés general. En cuanto a los instrumentos de gestión, los montes que cumplan una función de utilidad pública tienen que tener un instrumento para su planificación. Por otro lado, las comunidades autónomas podrán establecer modelos de gestión-tipo en función de las características de los distintos montes. Asimismo, se ha procedido a una legislación más detallada de los montes de socios que facilita su gestión y se crea la figura de las sociedades forestales, que facilitan las agrupaciones para el aprovechamiento común de los terrenos forestales. Esta ley regula también las situaciones excepcionales de cambio de uso forestal cuando se haya producido un incendio. Les recuerdo, señorías, que se mantiene la prohibición expresa del cambio de uso durante treinta años en un terreno incendiado. Con esta nueva excepción -nueva porque en la ley vigente ustedes ya habían introducido tres motivos de excepción- se pretende evitar que por un incendio no se puedan llevar a cabo actuaciones de interés público. Señorías, esta excepción al cambio de uso forestal que ustedes critican ya viene recogida en la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad de 2007 -por cierto, ahora se encuentra en trámite parlamentario- para prevenir actuaciones nada más y nada menos que en espacios en la Red Natura 2000. Sin embargo, no hemos oído ninguna crítica a esta excepción, que sería un reproche a su forma de legislar y una reprobación a ustedes mismos. Además, señorías, les recuerdo que esta excepción al cambio de uso forestal fue analizada, debatida y avalada por el Consejo de Estado; ese que ustedes utilizan arbitrariamente según sus intereses.

Señorías de los distintos grupos de la oposición, ya está bien de tanta demagogia. Sean ustedes consecuentes y dejen de tergiversar la realidad. Con esta ley, señorías, no solo no se suprimen los planes de ordenación de montes, sino que siguen siendo obligatorios para los montes de titularidad pública y los montes protectores. Con la reforma del año 2006 del Gobierno socialista los planes de ordenación eran obligatorios para todos los montes por encima de una extensión mínima. Esta reforma se ha demostrado con el tiempo que no fue muy acertada, pues solo el 14 % de la superficie forestal española cuenta con un instrumento de ordenación. Esto tiene como consecuencia que el medio rural no tenga la contribución que los montes podrían aportar a su desarrollo. Por ello, con esta ley se da un impulso a la ordenación forestal, lo que supone asegurar la correcta y eficaz gestión sostenible de nuestros montes, además de luchar contra esa lacra que supone, como estamos viendo estos días, los incendios forestales. Otros aspectos como los relativos a la caza, la pesca, la creación del Consejo Forestal Nacional, la inscripción registral, el régimen sancionador, la circulación por pistas forestales, como se ha comentado aquí hace un momento, y un largo etcétera han sido contemplados en este proyecto de ley. Con esta ley se clarifica la posición de los agentes forestales en su posición como policía judicial en sentido genérico, como apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los agentes judiciales en sentido estricto. Igualmente, se clarifica que son los órganos judiciales competentes, la fiscalía y el juez instructor, los que deben definir si un hecho reviste el carácter de ilícito penal o de simple infracción administrativa. Se delimita, por tanto, la responsabilidad de los agentes forestales para no seguir dando lugar a confusiones entre las diferentes funciones de vigilancia, inspección y policía. Los agentes forestales son agentes de la autoridad. No pierden ninguna competencia. Seguirán investigando y denunciando cuantas conductas entiendan procedentes, como lo vienen realizando actualmente. Y será la Administración de la comunidad autónoma de la que dependan la que determine el procedimiento a seguir para poner los hechos en conocimiento de la autoridad correspondiente. No se confundan ustedes, señorías, lo que pretende esta ley es garantizar la máxima eficacia y agilidad en la persecución de las infracciones administrativas o de los delitos que se cometan contra el medio ambiente.

El Grupo Parlamentario Popular mostró su disposición para, en el trámite parlamentario, aclarar los aspectos que han sido mal interpretados en este asunto. Así lo hizo y, sin embargo, ustedes siguen con el mismo discurso. En resumen, señorías, no se recalificarán los terrenos incendiados con fines urbanísticos, no se degrada a los agentes forestales y no se suprimen los planes de ordenación de los montes. Además, la ley aporta novedades de las que en todo el trámite parlamentario no hemos oído hablar, ni para bien ni para mal. Con esta ley también se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de febrero, que declaraba inconstitucional determinados preceptos que figuraban en la Ley 21/2013


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de evaluación ambiental, referidas en concreto al trasvase Tajo-Segura. Respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, son aclaraciones al texto. Una, respecto al artículo 33, por la que se encomienda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la labor de colaborar en la elaboración de modelo de gestión-tipo forestal con las comunidades autónomas, facilitando su desarrollo y tratando de evitar grandes diferencias de formas de gestión en zonas que son similares, aunque administrativamente sean diferentes. Otras, sobre el artículo 50 que trata de dejar claro que cuando las razones imperiosas de interés público de primer orden se derivan de una actuación declarada de interés general con base al artículo 149.1.24.ª de la Constitución, son las Cortes Generales las competentes para aprobar una ley que reconozca dichas razones, establezca con base a ellas la necesidad del cambio de uso y las medidas compensatorias adecuadas. En otros casos serán las cámaras legislativas de las comunidades autónomas. En ambos casos, apoyándose en la mencionada ley, la comunidad autónoma deberá realizar el cambio de uso conforme a sus propios procedimientos.

Señorías, estamos ante adaptaciones necesarias de una ley que pronto cumplirá doce años, que ya sufrió una modificación en 2006 y que debe dar respuesta a las nuevas demandas y expectativas de nuestro medio rural. Debemos hacer posible la armonía entre las culturas tradicionales, la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico de nuestros montes. Por último, y voy acabando, presidenta, me viene ahora a mi cabeza el lema que preside el escudo de la Escuela de Ingenieros de Montes, de la que formo parte y que no deja lugar a dudas: Saber es hacer. El que no hace no sabe. Poco han aportado ustedes, señorías, durante la tramitación de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Torres.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LOS DESALOJOS HIPOTECARIOS. (Número de expediente 173/000225).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Comenzamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a los desalojos hipotecarios.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Hace dos semanas tuve la oportunidad de interpelar al Gobierno, en general, sobre su política de vivienda y, específicamente, sobre la cuestión de los desalojos. Lo hacía al amparo del informe que prácticamente veinticuatro horas antes había presentado Amnistía Internacional respecto al cumplimiento, por parte del Estado español, de los compromisos firmados ante diversos tratados internacionales, en concreto en la cuestión del derecho a la vivienda. Lo hacíamos en un marco, en el cual -así se lo dijimos al Gobierno-, sistemáticamente, se incrementan año tras año -así ha quedado de manifiesto en los datos del primer trimestre de este año- los desalojos de viviendas en nuestro país; una situación alarmante que, además, se enmarca en unos datos auténticamente pasmosos cuando los comparamos con otros países de nuestro entorno. Apenas un 2 % de las viviendas de nuestro país son viviendas de tipo social o tienen algún tipo de aportación social, frente a porcentajes muy superiores de otros países de nuestro entorno, desde el 32 % de los Países Bajos hasta el 17 % de Francia. Además, en nuestro país hay más de 3.400.000 viviendas vacías de diversa titularidad. Señorías, eso supone el 30 % de las viviendas vacías de toda la Unión Europea. No tienen ninguna justificación estos datos en nuestro país.

El informe de Amnistía Internacional planteaba todas estas cuestiones y, sobre todo, cómo en nuestro país un principio o un derecho, como es el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución, se ve sistemáticamente falto de cobertura por parte de los poderes públicos, porque éstos no lo han desarrollado legalmente mediante una ley específica que prevea cómo los derechos que consagra ese artículo 47 pueden ser reclamados por la ciudadanía ante la instancia judicial. En nuestra intervención, también reclamamos la validez de aquel artículo 128 de la Constitución, que subordina al interés general toda la riqueza del país, y que en algunos levanta ampollas cuando lo recordamos pero


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que, sin duda, es absolutamente pertinente cuando se trata de hablar del enorme número de viviendas vacías y del incumplimiento del derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos de este país.

Por todo eso, hemos presentado esta moción, que trae catorce propuestas concretas para tratar de solucionar los problemas que el informe de Amnistía Internacional planteaba y que hemos extraído del propio informe. Sus señorías lo conocen, pero no puedo pasar por alto comentar algunas cuestiones fundamentales, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se reclama en el punto primero; el establecimiento de mecanismos que supervisen la negociación entre las partes cuando va a haber un desalojo, para que haya igualdad de armas -se dice- entre ambos; que se paralicen todos los desahucios hasta que estas dos cuestiones se pongan en marcha y los jueces puedan supervisar, de forma personal, cada desalojo y no sea simplemente un número en el Registro de la Propiedad, sino que se analice específicamente el cumplimiento o la salvaguarda del derecho a la vivienda de la familia que pretende ser desalojada.

A partir de ahí, planteamos también ampliar el parque de viviendas sociales, es decir, corregir la política de viviendas que viene desarrollando el Gobierno y que, desde nuestro punto de vista -no solo desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario-, es absolutamente insuficiente y, por lo tanto, que las comunidades autónomas que, en buena parte, tienen transferidas la competencia sobre vivienda sean auxiliadas por el Estado para implementar nuevas medidas y mejoras en el acceso a la vivienda. En este sentido, las políticas activas que hagan real el desarrollo del artículo 47 de la Constitución son absolutamente básicas para nosotros.

Planteamos también la ratificación por parte del Gobierno español, del Estado español, de la Carta social europea y de su protocolo adicional. Planteamos que se apliquen las recomendaciones de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, tal y como reclamaba el informe de Amnistía Internacional. Aunque estamos al final de la legislatura y sabemos que las limitaciones son importantes, el Gobierno de España pretende que antes de que acabe la misma tramitemos los Presupuestos Generales del Estado, así que vemos absolutamente pertinente que se traiga un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda que salvaguarde los derechos constitucionales. Proponemos también que a la hora de recoger los datos relativos a los desahucios de viviendas -que, como quedó claro en la interpelación, tienen importantes carencias, puesto que no se recogen de forma pormenorizada y desglosada-, el Instituto Nacional de Estadística recoja la información desglosada por género, edad, nacionalidad, condiciones de vivienda, ejecuciones hipotecarias, desalojos y demás, porque es un instrumento básico de las administraciones públicas, de cualquiera de ellas, disponer de datos lo más concretos y completos posibles para implementar cualquier tipo de política. Complementamos las propuestas con cuestiones relativas a formación necesaria, dentro de la Administración de Justicia, y la realización de un censo actualizado de viviendas vacías que pueda servir como instrumento básico para poner en valor ese enorme número de viviendas vacías existente en nuestro país. En definitiva, se trata, señorías, de una serie de medidas que mi grupo parlamentario traslada desde el informe que ha hecho Amnistía Internacional.

Los grupos parlamentarios de la Cámara -concluyo ya- han presentado enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista pretende la adición de cuatro puntos. A mi grupo le parece muy bien y no tenemos el más mínimo inconveniente en añadirlos a los catorce que hemos planteado. Y el Grupo de Convergència i de Unió nos ha trasladado una propuesta para modificar algunos puntos. El único problema que tenemos con esta propuesta, que la podríamos aceptar para sumar más votos a la propuesta inicialmente presentada por mi grupo parlamentario, es que hace desaparecer la referencia específica a la Sareb. Si se mantiene la referencia a la Sareb y podemos contemplarla en el acuerdo, no habría problema por parte de mi grupo parlamentario.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Sixto, tendría que ir terminando.

El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo haciendo referencia a una noticia que hoy mismo ha aparecido en la prensa valenciana, que alarma a muchas comunidades de propietarios, hablando precisamente de la Sareb: la enorme deuda, de todas estas viviendas que han sido objeto de desalojo y recuperación por parte de los bancos, que la Sareb y los bancos están acumulando con las comunidades de propietarios y que sistemáticamente se incrementa sin que el Gobierno de España haga nada.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Sixto.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos tiene la palabra en nombre del Grupo de Convergència i de Unió la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Hemos presentado una serie de enmiendas a la moción del Grupo de La Izquierda Plural, pero antes de referirme a ellas quisiera hacer hincapié en cómo nos ha dejado de preocupados la intervención del ministro de Economía en relación con las hipotecas. Hemos visto a un ministro de Economía enrocado, señalando culpables y criticando la inacción de Gobiernos anteriores, quizá olvidando que lleva casi cuatro años en el Gobierno y que precisamente los ciudadanos les votaron para que adoptaran medidas que solucionasen los problemas. -Esto por una parte-. Después ha seguido enrocado, defendiendo medidas como si las mismas funcionasen, dando la espalda a la realidad del día a día, porque estamos viendo que los desahucios están a la orden del día. Esto no lo digo yo, sino el Consejo General del Poder Judicial en uno de los múltiples datos estadísticos que tenemos, porque es cierto que falta una recopilación de datos para aunar y conocer la magnitud del problema, pues el problema es grande, pero hay que ver exactamente a qué datos nos estamos refiriendo. Por coger uno, el Consejo General del Poder Judicial dice que los alzamientos se han incrementado un 6 %, que en 2013 hubo 25.811 desalojos y que en 2014 hubo 28.000, pero detrás de estos desalojos hay familias. No son números fríos; hay personas que pierden lo más privado de la intimidad, que es su vivienda. Por tanto, es una cuestión que afecta directamente al día a día de las familias y la pérdida de la vivienda es un asunto que debería haber ocupado al Gobierno desde el minuto uno en que tomó posesión en el cargo.

El hecho de que hayan sido los primeros en tomar medidas y el hecho de que estas no funcionen no es ninguna garantía de nada. Puedes ser el primero en no hacer nada. Esta es la conclusión que hemos visto desde Convergència i desde Unió en cuanto a las medidas. No es exagerado decir que ahora mismo el ministro de Economía no está sabiendo dar solución a los problemas, en concreto al problema de los desahucios de viviendas y los lanzamientos como consecuencia del impago de rentas de alquiler. Además, como ciudadana -ya no como diputada-, no me siento para nada confortada en que las ejecuciones deriven en desahucios y estos en ocupaciones ilegales, porque es la única manera de dar solución, viabilidad y techo a las familias que carecen de él. Tenemos un problema como sociedad si seguimos tolerando la existencia de ocupaciones ilegales porque, por otro lado, lo que hacen es perjudicar a las familias que día a día sí están pagando sus hipotecas, sin dejar de ver que al final estas ocupaciones ilegales son las únicas que dan solución efectiva -con la patada en la puerta-, que dan solución habitacional a las familias. El problema no es menor.

Sobre la base de esta no acción del Gobierno, en Convergència i de Unió hemos presentado a lo largo de la legislatura múltiples iniciativas y las queríamos plasmar vía enmiendas al texto de la moción que nos presenta La Izquierda Plural y que compartimos. Simplemente quiero contextualizar algo más la cuestión de la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual. En 2012, el que era portavoz entonces del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, el señor Duran, mandó una carta al ministro De Guindos solicitándole la suspensión de los desahucios para abordar caso por caso lo que estaba pasando, porque sabíamos que hay hipotecas con cláusulas abusivas, con cláusulas suelo, con intereses abusivos. Seguramente pudiendo racionalizar toda esta realidad contractual de desequilibrio entre ambas partes se hubiese podido hacer frente por muchas familias y continuar pagando la cuota hipotecaria porque, eliminando determinadas trabas, la obligación principal, que es el pago, se hubiese podido respetar y mantener la vivienda. Eso es lo que debería habernos preocupado desde el primer momento.

Hemos querido reflejar también que es imprescindible la implementación de una mediación obligatoria, y aquí quiero traer a colación el Codi de Consum de Catalunya que, a fecha 1 de abril de 2014, ha establecido esta mediación obligatoria en los casos de impagos de deudas que afecten a la primera vivienda, sea tanto de alquiler como hipotecario, y de hecho los juzgados y tribunales de Catalunya no admiten a trámite demandas ejecutivas que no hayan pasado o acreditado una mediación previa. Esto es algo de lo que deberían tomar nota y esperamos ver los resultados positivos de esta medida en breve.

Para terminar, queremos introducir la elaboración de un mapa de un parque de viviendas para saber dónde están las viviendas vacías y dónde están las familias sin viviendas, porque es cierto que el Fondo social de vivienda no está dando salida a las necesidades de las familias porque están ubicadas donde no hay precisamente aportaciones del fondo. No habrá ningún problema en que intentemos transaccionar el


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tema de la Sareb porque la Sareb está pactando con las comunidades autónomas, concretamente con Catalunya, la cesión de viviendas. La Sareb tiene también un problema a la hora de...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Ciuró, tiene que ir terminando.

La señora CIURÓ I BULDÓ: ... gestionar este parque de viviendas que tiene. Por tanto, exploramos la vía de incluir lo que nos ha comentado el portavoz de La Izquierda Plural para votar a favor esta moción porque pienso que es imprescindible que tomen cartas en el asunto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, presidenta.

Señora Ciuró, es curioso que de este a oeste del territorio peninsular tengamos la misma sensación del debate que hubo aquí a propósito de la interpelación de La Izquierda Plural. En cuanto al ministro de Economía, parecía que la cosa no iba con él, que en la interpelación en esta Cámara no hizo más que echar balones fuera. Es un ministro de Economía que se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y parece que no le afectan los problemas económicos de la gente. Es un ministro de Economía que viene y que parece no entender que la burbuja inmobiliaria también pasa por él, que no es algo ajeno a su Gobierno ni a su partido político, como si la liberalización del suelo, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la modificación de los tipos de interés fijo o variable no hubieran pasado por decisiones que tomaron sus Gobiernos, como si esas decisiones no hubiesen estado ya reconocidas, desde hace mucho tiempo, como el origen de la burbuja inmobiliaria, como si además no existieran todos los indicios hoy de que incluso se hubieran financiado con la venta y la especulación del suelo. Es un ministro de Economía que se deshace de toda responsabilidad, al señalar que la mayor parte de la comercialización de los créditos morosos se produjo mientras estaban gobernando otros, sin acordarse siquiera de que justamente él, antes de la caída de Lehman Brothers, se dedicaba a vender hipotecas basura, justamente cuando se producían esos créditos morosos. (Aplausos). Lo que es más grave es que es un ministro de Economía que miente. Miente a conciencia cuando afirma que son el primer Gobierno que actuó. Hasta el Grupo de Convergència i de Unió ha llegado a repetir ese mantra que no es cierto. Ya en el año 2007 y en el año 2009 se adoptaron medidas, por ejemplo, limitar los mínimos inembargables o aumentar los porcentajes mínimos de adjudicación del bien. Con eso, con decir que fueron los primeros, con decir que ya han hecho algo, parece que han cumplido el expediente y se han resueltos los problemas de los ciudadanos. Ya está, hicimos algo, pusimos en marcha un código de buenas prácticas. ¿Y con eso hemos hecho algo? ¿Lo hemos resuelto? ¿Está resuelto? No. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿De verdad entienden que el problema está resuelto con una ley como la que se está tramitando en este momento que no garantiza el acceso a la vivienda? ¿Cómo es posible que un Gobierno pretenda garantizar el acceso a la vivienda al pedir que se les ejecuten todos los bienes a los ciudadanos y a las ciudadanas antes de darles una oportunidad? ¿Cómo es posible que lo quieran hacer cargándose, mediante la política de vivienda, las VPO? ¿Cómo es posible que lo quieran hacer permitiendo que sus Gobiernos autonómicos y municipales vendan las viviendas sociales que hemos construido entre todos para especular de nuevo mediante los fondos buitre? ¿Cómo pretenden crear esa alternativa social de vivienda?

El mismo día que ese ministro de Economía se subía a echar balones fuera, Amnistía Internacional nos presentaba un informe que se aproximaba bastante más a la realidad. Las conclusiones del informe de Amnistía Internacional son que todo lo hecho hasta la fecha es insuficiente y además incumple el derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros podemos añadir algún calificativo más: es un auténtico fracaso en cuanto se siguen produciendo desalojos forzosos de manera masiva en nuestro país, de gente que no es que no pague porque no quiere, sino que no paga porque no puede; de gente que contrajo un crédito con un solo objetivo: acceder a una casa, algo que nunca debiera estar por encima de sus posibilidades, pero por las que hoy están pagando un precio muy alto. Pondré un ejemplo del fracaso: las palabras de la vicepresidenta del Gobierno el día de esta legislatura en que, según su propia denominación, ella se puso sentimental, y decía: Esto le puede pasar a cualquiera. Una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de los que lo han padecido sin ser responsables de ello. Quiero saber si mes a mes las llaves que hoy firmamos en la constitución del Fondo social de vivienda son la puerta a la esperanza. Pues bien, de estas palabras hace 905 días. En esos 905 días se han iniciado 170.000


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desalojos hipotecarios. ¿Saben cómo va el Fondo social de vivienda en esos 905 días? Según los datos publicados, que no necesariamente son los que reproduce el señor De Guindos, siguen disponibles 5.040 de esas 6.000 viviendas. Es un rotundo fracaso, así que la moción que hoy presenta La Izquierda Plural, basada en esas recomendaciones de Amnistía Internacional, va a ser apoyada por el Grupo Socialista, a la que añadimos algunas cuestiones al objeto de incrementar esa alternativa social de vivienda y generar una mayor protección a los ciudadanos y a las ciudadanas, impedir que se utilicen las viviendas sociales para la especulación y además dar garantías a las cláusulas abusivas. Todas son medidas necesarias; todas están dirigidas al rescate que necesitamos, el rescate de las familias. Son complementarias a las que se están adoptando desde el minuto uno en los nuevos gobiernos locales y autonómicos en los que hemos asumido responsabilidades, porque si en algo vamos a ser radicales -sí, radicales, de ir a la raíz-, señorías...

El señor PRESIDENTE: Señora Iglesias, tiene usted que ir terminando.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: ... es en acabar los desahucios.

Termino ya, presidente. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Lo cierto es que a nuestro modo de ver, y analizando todo lo que ha pasado en estos últimos años en relación con los desahucios, aquellos acuerdos, medidas o acciones que el Gobierno ha llevado a cabo han sido empujados por la movilización social. Si no llega a haber esa movilización social, señorías, no vemos al Gobierno -no lo vimos en ningún momento- predispuesto a actuar sobre la dramática situación que generaban los desahucios y, concretamente, los tremendos desalojos de familias que pudimos comprobar durante muchos meses; no vimos, como digo, en el Gobierno mucha voluntad de hacerlo. Pero, afortunadamente, la movilización social -y por qué no decirlo, también las iniciativas de los grupos de la oposición- hizo posible que hubiera algunos movimientos, aunque evidentemente escasos. Tan escasos como que aún a día de hoy los desahucios están a la orden del día, aunque tenemos que tener en cuenta que después de la última movilización -en este caso electoral- en la que el partido del Gobierno ha sido duramente castigado, y los resultados así lo indican, hay responsables políticos de comunidades autónomas o de ayuntamientos que en este momento están actuando. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente de la Xunta de Galicia que está ahora -ahora sí- poniendo sobre la mesa una serie de medidas para evitar los desahucios, por un lado, o paliando los mismos con determinadas prestaciones a familias. Pero ha tenido que ser ahora, después de las movilizaciones sociales y después de la derrota electoral.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar esta moción presentada por La Izquierda Plural y defendida por el señor Sixto porque compartimos todos y cada uno de los puntos que en ella se plantean, habida cuenta de que también conocemos el informe de Amnistía Internacional en el que se analiza muy profundamente esta cuestión. Nos preocupa que mientras exista esta situación de desesperación de muchas familias ante los desahucios, un 30 % de vivienda esté vacía en el Estado, más de 3 millones de viviendas. Señorías, esto es porque en vez de construir para garantizar el derecho a la vivienda se estuvo construyendo para garantizar el movimiento de fondos económicos y, en todo caso, el enriquecimiento de unos pocos. Tampoco el Estado español es ejemplo, en este caso, de vivienda social porque es el Estado de la Unión Europea que menos vivienda social tiene a disposición de los ciudadanos, escasamente el 1,1 %. Pero nos preocupa, señorías, que en el informe del Consejo del Poder Judicial se diga que en los últimos dos años se han desalojado más de 100.000 familias de sus viviendas habituales y que en los tres primeros meses del año 2015 todo hace indicar que se va a seguir la misma tónica; que los resultados en el año 2015 van a ser semejantes a los de 2014. Por eso nos parecen muy acertados los diferentes puntos que presenta la moción de La izquierda Plural y, vuelvo a decir, que desde el Bloque Nacionalista Galego le vamos a dar nuestro voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo de La Izquierda Plural en sus propios términos porque nos parece aquilatada y ajustada al informe de Amnistía Internacional, no sin lamentar -si me permite la reflexión, señor presidente- la relativización de los conceptos políticos que sesudos opinadores están practicando en las postrimerías de esta legislatura. Se habla de partidos radicales y de radicalismo y dentro de esta locución ha habido partidos radicales como el italiano que rayaban en la acracia, otros partidos radicales en otros países son de ultraderecha y otros partidos radicales son de ultraizquierda. Se habla de socialismo y Duverger ya comentaba que su riqueza radica precisamente en su incapacidad de definir el concepto. Se habla de humanismo cristiano, de partidos conservadores, de partidos liberales. Cualquier aproximación empírica a estos conceptos en los tiempos que corren es una pura utopía. Permítame este obiter dicta, señor presidente, para lamentar algunos de los elementos de confusión que nos acompañan.

Está muy bien lo que han presentado porque se ajusta a lo que preconiza Amnistía Internacional pero está muy bien porque se han hecho los deberes en varios ámbitos. Nicolás Sartorius, persona conocida, acaba de escribir un libro -que el señor Sixto seguramente habrá leído- en el que comenta que, a pesar de que el derecho a la vivienda está reconocido en un precepto que no posibilita el recurso de amparo del Tribunal Constitucional -está ubicado en el artículo 47, no entre los derechos fundamentales que son los que están entre los artículos 14 a 29 de la Constitución-, cuando se produce un lanzamiento -dice con pertinencia el señor Sartorius- se están vulnerando casi todos los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Desde luego el artículo 19, derecho a elegir residencia; el artículo 18, derecho a la intimidad y al honor; artículo 17, derecho a la libertad y a la seguridad, no hay más que ver las agresiones que están sufriendo muchas personas que se ven lanzadas y sin techo; el derecho a la educación; el derecho a participar en asuntos públicos. Se podría llegar a la conclusión, si el señor Sartorius tiene razón y mi impresión es que la tiene, de que podría por proyección recurrirse al amparo del Tribunal Constitucional en los supuestos de lanzamiento. Es una eventualidad un tanto alambicada y quizás un tanto especulativa pero sería razonable y, desde luego, coincide con lo que en la moción del Grupo de La Izquierda Plural se preconiza.

Por otra parte, señor presidente, el Gobierno tampoco ha hecho los deberes en el cumplimiento de una sentencia resuelta por el Tribunal de la Unión Europea en virtud de una cuestión prejudicial planteada por un juez catalán en la que no solo obliga a la preterición de las llamadas cláusulas abusivas, sino a otros requerimientos que obligarían no solo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino a la propia configuración del contrato de hipoteca tal y como está concebido en el Código Civil español en estos momentos. No se ha hecho; se han hecho aproximaciones pero aproximaciones manifiestamente no solo insuficientes, sino incluso a veces contradictorias con los requerimientos con esta sentencia que estoy citando; como los códigos de buenas prácticas, perífrasis en definitiva buenistas que pretenden aproximarse al cumplimiento de una obligación ya legal para el Estado español y que no se ha cumplido. Por tanto, algunos de los requerimientos de esta moción se incardinan en este pedimento que también compartimos. También la Ley de Segunda Oportunidad, otra aproximación que no termina de hincar el diente a la cuestión troncal, que es la subsistencia de cláusulas abusivas. Los datos que manejamos, que son los del Consejo General del Poder Judicial y otros -no sería malo ponerse de acuerdo en cuántos lanzamientos, desalojos y ejecuciones hipotecarias estamos conviviendo- nos comentan que desde 2008 a 2014 se han producido en el Estado español 578.546 desalojos, lanzamientos. Una cifra espectacular y que nos coloca en el ranquin de los países donde más ejecuciones hipotecarias con lanzamiento se producen. A esto se puede unir que el Estado español es uno de los países que tiene un parque de viviendas sociales más bajo de la Unión Europea; odiosas son las comparaciones de su 2 % con el 32 % de los Países Bajos, el 23 % de Austria, el 18 % del Reino Unido y otros ejemplos que podríamos citar, señor presidente. Esto unido a que en esta materia en la que se están incumpliendo obligaciones legales, algunas dimanantes de sentencias judiciales del Tribunal Europeo y otras de nuestra Constitución y de requerimientos que obedecen a una sensibilidad mínima, casi superficial en materia de justicia social...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, se le ha encendido el rojo. Como usted no lo ve se lo digo yo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Qué se me ha encendido el rojo? Le agradezco la recomendación, señor presidente, pero es superflua porque iba a finalizar en este momento.

El señor Sixto ha hecho un planteamiento muy equilibrado en sus propuestas y todas ellas serán objeto de votación favorable por parte de nuestro grupo. Le agradezco, señor presidente, primero, las


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expansiones de naturaleza ideológica que me ha permitido al inicio de mi intervención y también que sea tan celoso en la admonición del uso del tiempo, cosa que no es mala en caso de algunos diputados de esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tan solo quería facilitarle algo que usted no podía ver.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente para decir que mi grupo también votará a favor de esta moción. Entiendo que se intentará llegar a una transaccional, pero como el sentido de las enmiendas que se han presentado es coherente con el espíritu de la moción, no tenemos ningún inconveniente. De hecho, nos parece bien que se oriente hacia un problema que siempre está revoloteando en el debate sobre desahucios, viviendas, segunda oportunidad, ley hipotecaria, etcétera, que es el derecho a la vivienda. Es algo de lo que hay que hablar, no puede quedarse en un derecho puramente virtual.

Es verdad que en el caso de España quizá haya habido un problema con las sucesivas administraciones y partidos que se han ido sucediendo al frente de ellas, que ha sido orientar el derecho a la vivienda hacia el derecho a la propiedad de la vivienda, que son cosas distintas, no dirigiéndose hacia el derecho al usufructo, que es de lo que realmente se trata. Por ejemplo, la mayor parte de las ofertas que ha habido en España de VPO han sido ofertas de viviendas de protección oficial en propiedad, algo que mi grupo siempre ha considerado que es un error. Hace poco hemos tenido la satisfacción de que en el Parlamento vasco se haya aprobado una reforma legal para que en lo sucesivo todas las ofertas que haya de VPO sean en alquiler; consideramos que por ahí es por donde habría que ir orientando la parte práctica del asunto. Coincidimos, como no puede ser de otra manera, en que todo lo que se ha hecho en esta legislatura en materia de acceso a la vivienda y de protección del derecho a la vivienda ha sido muy insuficiente. Aunque se haya mejorado algo con la Ley de Segunda Oportunidad aprobada sigue habiendo cláusulas abusivas por doquier y queda mucho desarrollo legislativo por hacer. Por eso vamos a apoyar esta moción con la esperanza de que también -desde luego no tenemos mucha en que en esta legislatura se haga algo positivo- se abra un camino para la resolución de una cuestión importante en la próxima legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Floriano.

El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.

Haré algunos comentarios para justificar la posición de mi grupo a la iniciativa presentada por el señor Sixto. Creo que la crisis económica ha puesto ante nosotros una realidad en la que posiblemente los desahucios, los lanzamientos, los desalojos sea una de sus manifestaciones más dramáticas. Siguiendo la intervención del señor Olabarría, hay varios derechos fundamentales que, desde mi punto de vista, en esos casos no se pueden ejercer. Yo pensaba en la protección a la infancia, en el derecho a la intimidad personal y familiar, en la que en estos casos se produce una situación de no ejercicio de esos derechos fundamentales. Pero es muy importante identificar el origen de estas situaciones que forman parte del debate de hoy y forma parte de nosotros el hacer un análisis sereno, sensato y real para tratar de legislar con el fin de solucionar este problema.

¿Cuál es el origen de esta situación? Creo que la crisis económica que se ha producido en todos los países de nuestro entorno ha tenido una profundidad especial en España, en nuestro país. Esa profundidad con la que se ha producido la crisis en nuestro país tiene su origen en una determinada política económica. Fíjense en que se reduce el producto interior bruto, la renta, cuatro veces el conjunto de la renta de los países de la zona euro y se produce una destrucción de empleo que es cuatro veces lo que se dio en el resto de Europa. En esa política económica que provocó esa destrucción de empleo es donde podemos encontrar la raíz y la causa fundamental de algunos de los datos -los no reales mencionados en esta tribuna por supuesto que no- que provocan la situación que hoy debatimos. Es una política económica que yo les quiero recordar a ustedes -señor Sixto, usted no estaba en esa legislatura aquí- que su grupo apoyó y aplaudió; y cuando no la aplaudían o no la apoyaban, no lo hacían porque quisiesen caminar en dirección contraria, sino porque les parecía que lo que hacía el Partido Socialista era poco intenso y había que seguir con más intensidad en la misma dirección. Por tanto, es una política económica que provoca y genera que estas situaciones de desahucio se den con esa intensidad.


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Ha habido quien ha intentado difamar y ha tratado de denigrar al Partido Popular acaparando el patrimonio de la defensa de los más vulnerables, cuando la verdad es que las políticas que algunos defienden son el origen de la intensidad de la crisis, el origen del perjuicio de las condiciones de las personas en cuyo nombre dicen hablar. Por eso había que cambiar la política económica, señorías, y por eso había que hacer la reforma para poder resolver la situación en la que estamos. Y por eso se está consiguiendo que donde había decrecimiento económico, ahora haya crecimiento y que donde había destrucción de empleo, ahora haya creación de empleo. Pero además, siendo conscientes de la situación que se estaba dando, había que atajar las situaciones de los más vulnerables, las más urgentes y de mayor necesidad.

Con respecto a su actitud y la actitud del resto de los grupos que apoyan esta iniciativa, a mí me gustaría preguntar por qué se han opuesto a la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de familias en especial riesgo de exclusión, porque mi grupo ha votado que sí y ustedes han votado todos que no. ¿Por qué se han opuesto a la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los lanzamientos de aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad? Porque mi grupo ha votado que sí y ustedes han votado todos que no. ¿Les parecía acaso poco tiempo? En ese caso, ¿por qué se han opuesto a que la suspensión de los lanzamientos en lugar de dos años fuera de cuatro? Porque ustedes han votado que no a la iniciativa que presentaba mi grupo para que se suspendieran los lanzamientos por cuatro años. ¿Por qué se han opuesto a la creación del fondo social de viviendas? ¿O por qué se han opuesto, por ejemplo, a la limitación de los intereses de demora para evitar que la deuda se multiplicara por impago? Porque mi grupo ha votado que sí a eso, ustedes se han opuesto. ¿Por qué se han opuesto a la limitación del valor de la tasación de la vivienda para que la subasta no sea inferior al 75 % del valor de la escritura? No solo se oponen a las reformas que han permitido que la política económica que se aplique permita sacar de la situación de crisis a la que se vieron abocadas muchas familias sino que además se oponen radicalmente a muchas de las iniciativas para paliar la situación en la que se encuentran las personas más vulnerables, las situaciones más urgentes.

No quiero hacer juicio de intenciones, pero ¿qué les mueve a ustedes a esa reiteración al no? ¿Quieren resolver el problema?

El señor PRESIDENTE: Señor Floriano, debe usted terminar.

El señor FLORIANO CORRALES: Déme un minuto.

¿O ponerse delante de una pancarta para arrancar unos cuantos votos utilizando el dolor de la gente que más sufre? Porque lo estamos viendo ahora: ayuntamientos gobernados por ustedes o por sus socios y destacados miembros de las plataformas ahora con responsabilidades de Gobierno firman decretos para ejecutar los lanzamientos, como, por ejemplo, ha ocurrido en Barcelona, es decir, alcanzado el poder, abandonan la pancarta y comienzan a aplicar leyes.

Señorías, por razones de la brevedad que me impone el Reglamento, haré una última observación y, señor Sixto, no piense que es por usted, que no lo personalice, pero déjeme que le diga que yo agradezco que presenten aquí estas iniciativas y podamos discutirlas con sosiego, que podamos discutirlas y contrastarlas, porque hasta hace dos años este tipo de cuestiones se traducían en que rodeasen nuestras casas, nos rodeasen a nosotros, nos insultasen para intentar imponer por la fuerza de las voces lo que no son capaces de imponer con la fuerza de los votos o de los argumentos. Por eso, muchas gracias por traer estas iniciativas, pero creo que deben darse cuenta de que porque sean suyas, los resultados no son siempre buenos, porque los resultados de muchas de las iniciativas que ustedes han apoyado y han llevado a efecto durante la pasada legislatura han derivado en una situación que nosotros estamos tratando de resolver.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Floriano.

Señor Sixto, ¿cuál es su posición respecto a las enmiendas formuladas?

El señor SIXTO IGLESIAS: Me gustaría informar a la Cámara de que vamos a presentar una transaccional que recogerá la propuesta del Grupo Socialista y lo fundamental de la propuesta del Grupo de Convergència i de Unió, recogiendo la referencia que en el punto cuarto de nuestra moción se hace a la Sareb y que en breve pasaremos a la Mesa de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 173/000226).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Para su defensa tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que nadie duda en absoluto de que el origen de la crisis está en el capitalismo de casino que nos llevó a desregulaciones y arrastró la economía occidental. Tampoco nadie duda de que la salida de la crisis que el Partido Popular nos está ofreciendo es más desigualdad -señorías, son como el bombero pirómano- y en el tránsito hacia ese modelo que quieren consolidar de desigualdad lo que han hecho ha sido embridar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a las administraciones territoriales, dado que ellas son las que constitucionalmente tienen la responsabilidad de prestar servicios que o bien garantizan redistribución o, sobre todo, generan mecanismos de igualdad como son la sanidad, la educación y la atención social.

Para cargar a las espaldas de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido modificar determinados mecanismos que tienen que ver con la disponibilidad de recursos de ambas instituciones o bien modificar directamente la legislación desapoderando en el caso de los ayuntamientos muchas de sus competencias. No solo los ayuntamientos han visto mermadas sus competencias, sino que ha sido atacada su misma esencia como Gobierno local. De hecho, la modificación que se aprobó con la mayoría absoluta del Partido Popular pretende convertirlas única y exclusivamente en meras administraciones tuteladas. Han conculcado su autonomía, han hurtado su capacidad de actuar en interés de la comunidad vecinal y, en definitiva, han atacado su esencia como administraciones de carácter territorial. Lo han hecho y lo dijimos en la interpelación, a pesar de que han sido precisamente los ayuntamientos los que se han convertido en el colchón que ha amortiguado muchas de las consecuencias nefastas de sus políticas para la mayoría de la población. En consecuencia, en nuestra moción proponemos la devolución a los ayuntamientos en su carácter de Gobierno, así como también aquellas competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social de salud, de consumo, de igualdad, de políticas de empleo y de aquellas materias en las que por su condición de poder más cercano al ciudadano, si me apuran de sociedad civil organizada, les permitan continuar llevando a cabo una intervención efectiva ante situaciones reales o potenciales de exclusión social. Además, por descontado, dotándoles de la financiación correspondiente a dichas competencias.

En cuanto a las comunidades autónomas, han sido las verdaderas protagonistas del esfuerzo en la reducción del déficit público a costa de recortes en políticas como antes he mencionado de sanidad, educación y atención social. Y para darles una vuelta de tuerca el Gobierno se ha negado a plantear una mejora en sus ingresos mediante la obligada revisión del modelo de financiación autonómico que debería haber entrado en vigor en enero de 2014. No deja de ser curioso que critiquen este modelo de financiación -el modelo actual, que tenía una previsión de revisión y que no ha operado por culpa de su voluntad política- y, en cambio, se nieguen a mejorarlo. Eso parece un contrasentido, porque siempre sacan a relucir que es tan malo ese modelo que hay que dejarlo ahí para que se pudra y para que las comunidades autónomas no tengan suficiencia financiera.

Por lo tanto, señorías, planteamos una doble medida. Por una parte, proceder a la revisión del objetivo de déficit que hay establecido para las comunidades autónomas, fijándoles uno nuevo que sea más asumible, equitativo y acorde con sus competencias y sus características. Por otra parte, proceder a la revisión del modelo de financiación autonómico y establecer un modelo que parta de una más equitativa distribución vertical de los ingresos en función de la distribución territorial y del poder político. Un modelo que garantice la suficiencia financiera y disponga de un sistema de nivelación que sea sencillo, transparente, eficaz y no distorsionador. Un modelo que garantice a toda la ciudadanía, con independencia de donde vivan, que pueden acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos esenciales.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ya le dije al ministro en la interpelación que su proyecto político está agotado. Los ciudadanos así lo perciben y lo han puesto de manifiesto en las últimas elecciones. Les han dicho que su problema no es de comunicación, como afirma el presidente del Gobierno, sino de sus políticas. Quieren que cambien las políticas, pero también quieren que cambie el Gobierno. El Gobierno se ha pasado la legislatura hablando de herencia y, por cierto, nos van a dejar una


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muy pesada: el fabuloso incremento de la deuda pública. De ella hablan más bien poco, por no decir casi nada; la están apartando del foco mediático. Estos días estamos viviendo graves convulsiones en la Unión Europea. Esperemos que esta crisis se resuelva positivamente para todos los Estados miembros y para el conjunto de la Unión y, sobre todo, para los ciudadanos, para que no tengan que padecer nuevos ajustes; pero los riesgos a los que nos expone el enorme incremento de la deuda esperemos que no nos pongan de nuevo en el ojo del huracán.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Se ha presentado a esta moción una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió. He dicho una enmienda, pero pueden ser dos. En primer lugar, tiene la palabra -y él lo explicará- el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno del Estado ha preferido financiar de forma extraordinaria a las comunidades autónomas a través de préstamos y créditos en lugar de hacerlo -y afirmo- en contra de lo previsto en la ley de forma ordinaria a través de un nuevo sistema de financiación. El año pasado deberíamos tener el nuevo sistema de financiación y es evidente que no lo tenemos; una nueva deslealtad del Gobierno del Estado. ¿Qué adiciona Unió Democràtica de Catalunya con la enmienda que hemos formulado? Cuatro puntos. Primero, reclamamos la participación efectiva de las comunidades autónomas en los ingresos que se han recaudado por el aumento del IVA y determinados impuestos especiales. Segundo, la modificación del importe de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico con el fin de adecuarlo a la evolución de ingresos tributarios recaudados. Señorías, no tiene ningún sentido que las comunidades autónomas reciban un importe inferior en el año 2015 al que percibieron en el año 2012, cuando hay una reactivación de la economía y un incremento de recaudación impositiva. Tercer punto. La dotación y transferencia del pago a cuenta del Fondo de competitividad correspondiente a los años 2014 y 2015. Y cuarto punto, la monetarización del principio de lealtad institucional, que en cada revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas se olvida por parte del Gobierno. Y lo reclamamos, no por capricho, señorías. Lo reclamamos en razón de la lealtad institucional y por legalidad y, sobre todo, como decía el señor Rangel, en beneficio del conjunto de los ciudadanos. No creo que el señor Montoro, que dentro de veinticinco minutos estará reunido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos escuche, pero sería importante que estuviera aquí para oírlo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra la señor Sayós.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, señor presidente.

La moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista no es nada nuevo para nuestro grupo parlamentario. Estamos de acuerdo con esta iniciativa pero con matices. De ahí nuestra enmienda que no es más que aportar, sumar a la iniciativa socialista. Todos sabemos que la Constitución española se pronuncia por un Estado con descentralización política. Lo sabe cualquier abogado, cualquier funcionario, pues consta en el temario de las oposiciones, cualquier persona que ejerza la política, todos menos el Estado, menos este Gobierno. En un Estado con descentralización política se reconoce en su seno el pluralismo de centros con poder político propio y autónomo. Es decir, a una comunidad autónoma no solo se le reconoce el derecho a autoadministrarse sino también la Constitución le reconoce el derecho de autogobernarse, o sea, a tomar por sí sola en el marco de la Constitución las decisiones políticas y, por consiguiente, a dictar las normas jurídicas que crea oportunas para la solución de sus propios problemas. Esto es un verdadero Estado autonómico y no lo que está haciendo el Estado español, con el Gobierno del Partido Popular, con las autonomías. Otro ejemplo, la mala praxis legislativa emanada del Gobierno del Partido Popular con el que se empeña, día sí y día también, a recentralizar el poder propio al propio Estado, sin respetar las competencias constitucionales ni el bloque de constitucionalidad. En este aspecto, también con protección constitucional, se añade el elemento esencial del principio de autonomía de las comunidades autónomas. Aun así, el Gobierno actual no demuestra ningún respeto a estos principios pronunciados e intenta aplicar por la vía del artículo 155 de la Constitución española, es decir, la intervención del Estado, tanto en el ámbito económico, por ejemplo, sin tener en cuenta las balanzas


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fiscales, como en el ámbito político, por ejemplo, reduciendo las competencias constitucionalmente protegidas cuando esta vía, la de la intervención del Estado, debería ser una vía extraordinaria.

La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista apela al principio de solidaridad. De aquí nuestro matiz: dar transparencia a dicho principio. La última vez que se publicaron las balanzas fiscales fue en 2005. Debo señalar que el principio de solidaridad debe entenderse como un instrumento esencial más entre las comunidades autónomas y que así se configura el Fondo de compensación interterritorial, con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, cuyos recursos, destinados a gastos de inversión, serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución. Pero también quiero recordar que el principio de solidaridad tiene límites y debe ser cuantificado y medido. El artículo 156 de la Constitución establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas para cumplir y ejercer sus competencias. En vez de eso, el Gobierno ha optado por limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y tutelar sus fuentes de financiación, previendo liquidez a cuentagotas, vía FLA o vía Fondo a proveedores.

Lo más triste e injusto es que los recursos que pertenecen a las comunidades autónomas, pero que el Estado se niega a anticipar este año, están financiando al propio Estado. Así de ridículo. ¿Para qué? Lo supimos el otro día con el anuncio del presidente Rajoy...

El señor PRESIDENTE: Señora Sayós, tiene que terminar.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Termino, señor presidente.

Lo supimos el otro día con el anuncio del presidente Rajoy sobre el avance de la rebaja del IRPF previsto en la reforma fiscal. Es decir, el Gobierno recauda más de las comunidades autónomas y, en vez de reinvertir sobre estas, el Gobierno financia su propia campaña electoral.

Acabo, señor presidente. Señorías, este Gobierno del PP no respeta ni el principio de autonomía ni el principio de suficiencia económica ni el principio de subsidiariedad en materia de servicios sociales; en definitiva, en materia de políticas asistenciales. Esto es un gravísimo error político, porque hay niños, jóvenes, personas, familias que necesitan especial atención, no solo asistencial sino vital para su subsistencia. Este es nuestro deber y este también es su deber.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Lo dije ayer, hay una nueva palabra que la FAES ha puesto a pasear este verano y que la utiliza como arma arrojadiza, y es la palabra radical. ¿Ser radical es defender con ardor que todos los ciudadanos del Estado tienen derecho a las mismas oportunidades? ¿Ser radical es reivindicar que los valencianos tengan acceso a los mismos servicios públicos que los demás ciudadanos del Estado? Porque ahora no podemos pagarlos, no recibimos los recursos suficientes para prestar los servicios que tenemos transferidos. No lo digo yo, lo dice repetidamente el señor Montoro. La deuda en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular aquí en Madrid y allí en la Generalitat valenciana, subió nada más y nada menos que en 5.000 millones. Cuando el señor Rajoy se hizo presidente, cada valenciano debía 4.200 euros. En 2014, cuando han dejado la Generalitat, debemos 7.500 euros. Una de dos, o los gobernantes del Partido Popular han sido muy inútiles o, por lo que me inclino yo, es que la financiación es muy, muy, muy insuficiente. ¿Es radical una persona que ha sido alcalde y concejal de Servicios Sociales de su pueblo, Sueca, que sabe la importancia que tiene que los ayuntamientos -la Administración más cercana- gestionen, por poner dos ejemplos, los servicios sociales o las políticas de empleo y demande que esas competencias se devuelvan a los ayuntamientos? Sobre todo a los pequeños ayuntamientos, como el de Riola, del que ahora mismo hay dos concejales aquí en la tribuna. Si eso es ser radical, lo confieso, soy radical, aunque algunos se avergüencen de la palabra. Pero soy radical en la primera acepción de la Real Academia Española: Ir a la raíz, a lo fundamental, a la igualdad, a la justicia.

Acabo. En cambio, ustedes, señores del Partido Popular, que presumen de moderados y de serios son radicalmente injustos por no poner coto a la desigualdad. Lo dijo el flamante presidente Puig: Si no


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cambian los parámetros, la Generalitat Valenciana es inviable. Y lo dijo el Síndic de Compromís en Les Corts Valencianes: O la financiación se negocia en una mesa o se hará en los tribunales.

Anunciamos el voto favorable a esta propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, acabo de recibir el disgusto de que tengo dos minutos. La primera cuestión que quiero señalar, en nombre de los nacionalistas canarios, es que vamos a apoyar sin reservas de ninguna clase el contenido de esta moción. Permítannos que hablemos de nuestro libro en relación con este tema.

En octubre del año 2013 presenté una moción formulada en los mismos términos desde la perspectiva canaria, lo cual no quiere decir que no tengamos conciencia absoluta de la situación gravísima de deterioro de las condiciones de vida de la población que se ha producido en el conjunto del Estado, aunque creemos que en Canarias de forma agravada y, lamentablemente, lo podemos demostrar con los datos del paro por encima del 30 %; parados de larga duración, 68 %; paro juvenil, por encima del 56 %, bla, bla, bla. Y además de esto, una injusta financiación autonómica -lo reconoció hasta el ministro Soria en su época de consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias- que lleva a Canarias a perder 800 millones de euros al año. Son dos puntos de su PIB, mucho dinero, y repercute inmediatamente en los servicios públicos fundamentales, justamente cuando la gente necesita más colchones sociales, lo cual deviene en dramático, por no hablar del trato absolutamente injusto en los Presupuestos Generales del Estado. Si en esta tesitura quien tiene que hacer el esfuerzo es precisamente quien está más cerca de los ciudadanos, pero quien tiene que garantizar este tipo de servicios y no practica el esfuerzo es quien está más lejos de los ciudadanos y son quienes lo usan para otras cosas que no son el interés general, esta moción deviene en imprescindible. A lo mejor, a lo mejor, atendiendo a las circunstancias preelectorales en las que estamos, a alguien se le remueve la conciencia. Esta moción es puro sentido común, por lo que la vamos a apoyar y confiamos en que consigan ustedes el apoyo general de la Cámara.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo, por la exactitud de su tiempo.

Tiene la palabra ahora la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, ya manifestamos la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a esta moción, que es favorable a la misma. Es favorable, señorías, porque el BNG comparte la necesidad de la urgente negociación del sistema de financiación autonómico. No se puede entender que en una situación de crisis como la que se está viviendo el Gobierno no tenga interés en resolver este asunto con las diferentes comunidades autónomas cuando más que nunca necesitan reequilibrar sus ingresos para poder acomodar sus gastos. Sobre todo, señorías, compartimos con la moción la necesidad de reequilibrar el reparto de los objetivos de déficit, en la medida en que a las administraciones autonómicas es a quienes más se les está cargando esta cuestión. Tengamos en cuenta que debería ser la Administración a la que más permisividad debería reconocérsele en relación con el déficit en la medida en que es fundamental la gestión de los servicios públicos que tenemos que recibir los ciudadanos desde la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, etcétera. Y, cómo no, estamos a favor de que se devuelvan a las entidades locales las competencias en materia de prestación de servicios sociales. De hecho, señorías, creemos que muy pocos ayuntamientos o ninguno están cumpliendo en estos momentos con la última reforma de la ley, porque realmente hay vocación de los ayuntamientos de cumplir con esta labor independientemente de que unos tengan más vocación que otros.

Somos conscientes -finalizo, señor presidente- de que esta negociación requiere tiempo y sobre todo vocación de querer llegar a acuerdos, pero consideramos más oportuno que el Gobierno se dedique a resolver este asunto de la financiación autonómica que a elaborar unos presupuestos a todo correr, simplemente para hacer populismo electoral. Por eso, a pesar de que hay muy poco tiempo, nos parece que es suficiente si el Gobierno quisiera afrontar la financiación con las comunidades autónomas y dejar este asunto resuelto. En todo caso, de no hacerlo, este Gobierno se quedará con la gloria de no haber sido


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capaz de cumplir con una de sus responsabilidades, que es la de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas en materia de financiación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar también esta moción consecuencia de una interpelación. Lo vamos a hacer porque creemos que el modelo de financiación es obsoleto y es injusto. Es obsoleto porque efectivamente las condiciones económicas han cambiado mucho en los últimos años, igual que las condiciones demográficas del país y de las comunidades autónomas, y además creemos que es injusto porque en su aplicación está premiando a aquellas comunidades autónomas que son contumaces en el incumplimiento de los objetivos de déficit y, en cambio, está perjudicando a comunidades autónomas que han demostrado fehacientemente el cumplimiento de esos objetivos. Curiosamente el Gobierno está aplicando una lógica distinta de la que aplica en la Unión Europea con Grecia, a la que se le está diciendo que tiene que cumplir los objetivos de déficit o, como consecuencia de no cumplirlos, no se le va a dar el rescate. Aquí sí se les ha dado el rescate a muchas comunidades autónomas porque no es cierto algo que se ha dicho aquí: que se les ha detraído la capacidad de gasto en políticas sociales a las comunidades autónomas. Se ha planteado con carácter general y curiosamente algunos de los que han hablado en este sentido vienen de algunas de esas comunidades autónomas que han demostrado que gastan más de lo que les corresponde, mientras otras sí que han cumplido.

Por eso nuestro voto va a ser favorable a esta moción pero con salvedades. En primer lugar, creemos que hay que cambiar el modelo pero no creemos que eso tenga que ser la puerta, la justificación para incumplir los objetivos de déficit porque los objetivos de déficit no los pone este Gobierno sino que se los ponen, que es diferente. En segundo lugar, creemos que el cambio de modelo debe ir acompañado de una revisión de cómo se distribuye el gasto en las comunidades autónomas por la sencilla razón de que queremos evitar que, con el aumento de recursos, se vuelva otra vez a la duplicidad de órganos, a la apertura de nuevas televisiones, etcétera, a ese gasto que llevó a un déficit excesivo que tuvimos que enfrentar todos los ciudadanos, no solo los dirigentes de las comunidades autónomas. Tiene que ser la oportunidad para reducir la brecha de la pobreza, especialmente de la pobreza infantil y para reducir la exclusión social. Por eso apoyamos la idea de que las competencias que tienen los ayuntamientos y entidades locales en materia de asistencia y políticas sociales deben serles devueltas junto con los ingresos correspondientes. Pero, reitero, no es un cheque en blanco a la moción, es un apoyo con unas condiciones claras que nuestro grupo velará por que se cumplan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidente.

Sobre las espaldas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos recae la gestión básica del Estado del bienestar. Son los gastos en educación, salud y servicios sociales los que garantizan la cohesión social y por eso es necesaria una nueva financiación autonómica y local que debe reequilibrarse a favor de las instituciones que presenten de forma efectiva los servicios que contribuyan a fortalecer el Estado del bienestar y la cohesión social. En la situación de gravedad de muchas familias como consecuencia de la crisis económica y de los recortes establecidos por el Gobierno del Partido Popular no es asumible que las administraciones que soportan la gestión del día a día de los servicios básicos estén infrafinanciadas. Por eso, es necesario, como plantea también la moción, establecer anticipos a cuenta de recursos adicionales del sistema.

Insistimos en que es necesario un nuevo pacto o un nuevo sistema de financiación autonómico y local que garantice la suficiencia financiera del autogobierno de aquellas comunidades que, en aplicación de los contenidos de sus estatutos de autonomía, actúen sobre el bienestar de la ciudadanía desde conceptos solidarios y redistributivos. No queremos un sistema que esté escorado y enfocado a la reducción del déficit fiscal, dando lugar a una estructura fiscal regresiva que incentive modelos de crecimiento insostenibles o un menor gasto público en políticas sociales. No queremos un sistema que acabe


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generando una competencia fiscal que fomente las deslocalizaciones de personas o actividades y reduzca la suficiencia financiera de las administraciones públicas.

Queremos un nuevo modelo de financiación de las administraciones públicas que sea estable y no pueda ser alterado por las decisiones unilaterales de la Administración central condicionadas por los objetivos del partido del Gobierno de turno. En el caso de Cataluña es palmaria la sistemática deslealtad institucional, los incumplimientos y las amenazas políticas y judiciales por parte del Gobierno del señor Rajoy, que sobre todo se ponen de manifiesto en el incumplimiento de la adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que hace referencia a infraestructuras.

Queremos un nuevo sistema para dar solución a los problemas de la financiación local. Nuestro grupo es partidario de un concierto económico solidario que reconozca las especificidades de determinadas nacionalidades históricas, como puede ser el caso de Cataluña, que cumpla con los criterios de solidaridad y redistribución territorial, sin que por ello pierdan posiciones respecto a su situación en capacidad fiscal una vez hecha la contribución a la solidaridad; recursos a la solidaridad que deben destinarse a los servicios básicos del Estado del bienestar, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal.

Entendemos que, mientras no se disponga de instrumentos propios que garanticen la suficiencia financiera de los entes locales, hay que exigir al Gobierno del Estado una redistribución del déficit en razón del peso y del gasto de cada una de las diferentes administraciones públicas y permitir un techo de gasto de como mínimo el 1 % para el conjunto de la Administración local. Hay que recordar que actualmente los ayuntamientos no pueden aprobar presupuestos con déficit. Entendemos que no se trata tanto de recuperar competencias municipales como de derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, conocida popularmente como Ley Arsal, una ley que es una amenaza y una clara agresión sin precedentes en la legitimación de la Administración local, una ley que genera pérdida de competencia, recentralización y desposesión política de los ayuntamientos, impuesta por el Partido Popular, que comporta una vulneración flagrante de los principios de autonomía local y de la subsidiariedad. Es necesario que los ayuntamientos recuperen las competencias para la prestación de los servicios municipales que la Ley Arsal ha secuestrado, transfiriendo en el mejor de los casos la decisión sobre servicios públicos locales a entidades de elección indirecta, como son las diputaciones. Para garantizar la lealtad institucional entre la Administración del Estado y los ayuntamientos será necesario establecer un sistema de financiación de las entidades locales, adaptando la redistribución competencial que determine el modelo de organización territorial propio, que debe tener como principios la autonomía local, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad y el equilibrio territorial.

Votaremos favorablemente la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Romero.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

La moción que hoy debatimos es una muestra más de las contradicciones a las que nos tiene acostumbrados el grupo proponente. En el primero de los puntos exigen una reforma del sistema de financiación, con la obviedad de pedir que se cumplan las reformas con los principios que ya la Constitución española exige para cualquier sistema de financiación. ¿O es que los anteriores no cumplían los principios constitucionales?

Señorías, saben que a nosotros no nos gustaba el modelo. El Gobierno ya ha manifestado que la circunstancia de crisis económica y el hundimiento de los recursos tributarios impidieron abordar su reforma. Saben que para reformar el sistema es imprescindible que estén constituidos los gobiernos autonómicos para que se sienten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Podría haberse abordado la reforma el 30 de junio, como pedían en sus enmiendas a la Lofca? El modelo es suyo, ustedes lo hicieron así y para tapar el fracaso del modelo de financiación de 2009 se pretende hacer responsable de no sé qué al Gobierno del Partido Popular. El Gobierno lo que ha hecho es reforzar la financiación autonómica como nunca en este país se había hecho para garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos, servicios que estaban necesitados de auxilio financiero ante la ruina de las arcas. El Gobierno ha facilitado liquidez a las comunidades autónomas y ayuntamientos por importe de 184.000 millones de euros. Gracias al Gobierno las administraciones territoriales se han ahorrado más de 20.000 millones en intereses y podían ir a pedir crédito, lo que no podían hacer antes dada su situación financiera. La realidad es que con las reformas emprendidas por el Gobierno y ese crecimiento del país al 3 %, con el


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consecuente aumento de los recursos tributarios, las comunidades autónomas dispondrán en 2016 de unos 10.000 millones de euros más que este año, a cuenta del sistema de financiación vigente, el suyo. Por supuesto, señorías, que hay que reformar el sistema de financiación, pero un buen modelo con un mal Gobierno genera insuficiencia y un modelo como el actual, bastante perfeccionable, con un buen Gobierno genera 100.000 millones de euros más de ingresos para todos. Esa macroeconomía que es la única que dicen ustedes que va bien al final son camas de hospitales, plazas escolares y servicios sociales. (Rumores).

El segundo punto se refiere al reparto del objetivo de déficit en 2016. Saben de sobra que en la fijación de dicho objetivo concurre una pluralidad de factores técnicos. Lo saben de sobra y, como prueba de que no es verdad lo que dicen... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Romero.

Por favor, ruego silencio. El que no quiera estar, que se vaya fuera a hablar. (Pausa).

Siga, señora Romero.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias.

En mayo, el déficit del Estado se redujo a un ritmo del 15,8 % anual y el de las comunidades autónomas a un 11 %. Señoría, este punto no es más que una contradicción. ¿Por qué no dicen claramente que están en contra del objetivo de déficit? ¿Por qué no dicen claramente que los que les apuntalan en los gobiernos regionales están en contra del artículo 135 de la Constitución? Señorías, este comportamiento es el suyo, el del escorpión y la rana. Acudieron al Grupo Popular cuando se ahogaban en la ruina y ahora, aunque sea nefasto para el país, se desdicen, quieren quitar el artículo 135 de la Constitución porque ustedes son así, no pueden evitarlo. Para referirme al déficit simplemente diré lo que su máximo líder decía entonces: La estabilidad no está reñida con la justicia social; al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar. Pues eso, señorías, me apunto a las palabras del entonces diputado don Pedro Sánchez.

El tercer punto se ha colado de rondón al hilo de pedir más financiación local. Le habrán dicho sus nuevos gurús que no pueden pedir en el programa la reforma de la financiación autonómica y local de forma paralela porque lo han llevado en todos sus programas y, sistemáticamente, lo han incumplido. Señorías, esa supuesta competencia que dice que tenían los ayuntamientos no estaba en la ley de bases; eran competencia por delegación de las comunidades autónomas, competencia que los ayuntamientos se echaron a las espaldas de sus arcas y no cobraban. Este Gobierno lo ha modificado al reformar la Lofca con la Ley de Sostenibilidad y ustedes han votado en contra. Señorías, este Gobierno ha apoyado financieramente a las administraciones territoriales, ha ejercicio la solidaridad territorial. Esperamos que ustedes ejerzan, de una vez por todas, la lealtad institucional a la hora de negociar un nuevo modelo porque es lo que los ciudadanos merecen y demandan de todos nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.

Señor Rangel, ¿qué me dice usted de las enmiendas?

El señor RANGEL TARRÉS: Sí, señor presidente.

Entendemos que están subsumidas en nuestra proposición y no las admitimos.

El señor PRESIDENTE: Las votaremos en sus propios términos. Muchas gracias.

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. En sustitución de don Jordi Jané pregunto a doña Teresa Gomis de Barbarà si jura o promete la Constitución.

La señora GOMIS DE BARBARÀ: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: La señora doña Teresa Gomis ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 121/000158).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las votaciones.

Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de seguridad nacional, presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto, señor Tardà, Vasco, PNV, La Izquierda Plural y Catalán de Convergència i de Unió. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 1 voto telemático, 322; a favor, 39; en contra, 281 más 1 voto telemático, 282; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de este proyecto de ley cuyas enmiendas a la totalidad acabamos de votar. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320 más 1 voto telemático, 321; a favor, 143; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178.

El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

Votación separada de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas a los artículos 25.1, 47.7, 55.2, 62 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 293, en contra, 12, abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la nueva disposición final modificativa de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 198; en contra, 109; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 180; en contra, 123; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional por tener el mismo carácter orgánico. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314 más 1 voto telemático, 315; a favor, 178 más 1 voto telemático, 179; en contra, 132; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En primer lugar, enmiendas al preámbulo y al artículo único, apartados veintiséis bis (nuevo) y cincuenta y cuatro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 177; en contra, 120; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartados ocho (con la corrección técnica distribuida) y diecinueve bis (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 199; en contra, 100; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartados quince y diecisiete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 200; en contra, 111; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado dieciocho.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 196; en contra, 99; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartados diecinueve ter (nuevo), veintiuno, veintitrés y noventa y cuatro bis (nuevo) y a la disposición adicional quinta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 189; en contra, 116; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado veintisiete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 281; en contra, 14; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado veintinueve y a la disposición final cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 291; en contra, 21; abstenciones, 2.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartados treinta y cuatro y cuarenta y seis, a la disposición transitoria tercera y a la disposición final tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 297; en contra, 11; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartados cuarenta bis (nuevo), sesenta y seis y ciento seis bis (nuevo) y a la disposición transitoria novena (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 311; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado cincuenta y ocho.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 279; en contra, 21; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y uno y a la disposición transitoria segunda, en lo relativo a los apartados 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 197; en contra, 112; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición transitoria segunda, en lo relativo a la renumeración de los apartados 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 199; en contra, 99; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y ocho.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 183; en contra, 114; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y nueve.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 182; en contra, 118; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado setenta y nueve

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 192; en contra, 10; abstenciones, 112.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 179; en contra, 20; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional tercera (ahora segunda).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 292; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional cuarta (ahora tercera).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 192; en contra, 22; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional cuarta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 290; en contra, 20; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 283; en contra, 32.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición transitoria cuarta y a la disposición transitoria séptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 201; en contra, 99; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas a la disposición final primera y a la disposición final séptima bis nueva.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 184; en contra, 119; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición final novena.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 282; en contra, 32.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 192; en contra, 100; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por tener el mismo carácter orgánico. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 1 voto telemático, 323; a favor, 178 más 1 voto telemático, 179; en contra, 139; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley orgánica.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2013, de 21 de noviembre, de Montes.

En primer lugar, enmiendas al preámbulo y al artículo único, apartados veinticuatro, setenta, ochenta y nueve y noventa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 179; en contra, 7; abstenciones, 129.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y seis.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 181; en contra, 132; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y nueve.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 183; en contra, 103; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y tres.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 184; en contra, 32; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTE. (VOTACIÓN):

- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LOS DESALOJOS HIPOTECARIOS. (Número de expediente 173/000225).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a los desalojos hipotecarios. Hay una propuesta conjunta en los términos de las enmiendas transaccionales con Grupo Socialista y de Convergència i de Unió. Ese texto que tienen sus señorías es el que vamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 144; en contra, 173; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 173/000226).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 129; en contra, 177; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.

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