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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 291, de 23/06/2015
cve: DSCD-10-PL-291
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 291
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 274
celebrada el martes,
23 de junio de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 229-1, de 4 de mayo de 2015. (Número de expediente 122/000203) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de autoconsumo de energía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 174-1, de 28 de febrero de 2014. (Número de expediente 122/000152) ... (Página13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la participación española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 675, de 29 de mayo de 2015. (Número de expediente 162/001242) ... (Página24)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 614, de 20 de febrero de 2015. (Número de expediente 162/001163) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil. (Número de expediente 173/000222) ... (Página44)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página52)


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de autoconsumo de energía ... (Página13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, Tardà i Coma y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Jiménez Mínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la participación española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016 ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley el señor Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno interviene el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil).

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Nuet Pujals y el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Serrano Izko y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Garzón Espinosa.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil ... (Página44)

Defiende la moción la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díez González, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Carcedo Roces.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página52)


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página53)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria, se rechaza por 131 votos a favor, 172 en contra y 13 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de autoconsumo de energía, se rechaza por 142 votos a favor, 171 en contra y 2 abstenciones.

Proposiciones no de ley ... (Página53)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la participación española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016, se aprueba por 277 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones.

Sometidos a votación separada los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea, son rechazados todos.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página54)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 140 votos a favor, 169 en contra y 6 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS EN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000203).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria. Para presentar la iniciativa tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.

Señorías, defenderé hoy en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, una proposición de ley dirigida a modificar la Ley General Tributaria con la intención de que puedan conocerse los nombres de las personas y los datos personales de quienes se acojan a una regularización fiscal extraordinaria o amnistía fiscal en este caso, aprobada por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 12/2012. Esta es una iniciativa más de las que ha presentado mi grupo con esta finalidad, porque creemos que jurídicamente es posible hacerlo. Socialmente, es absolutamente necesario y además es una garantía de que no volverá a realizarse una actuación tan innecesaria como vergonzosa, como ha sido traer en pleno siglo XXI aquí una ley para que los delincuentes y evasores fiscales legalicen su situación a precio de saldo. Saben


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ustedes que mi grupo se opuso desde el principio a esta amnistía y desde el minuto uno presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra las normas que aprobaron dicha amnistía; presentamos también un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que desarrolló el procedimiento de la amnistía fiscal y hemos exigido reiteradamente a través de distintas iniciativas que se conozcan los datos de los más de 30.000 defraudadores que figuran en esa lista. En todas las iniciativas que hemos debatido en esta Cámara el único voto en contra que hemos tenido ha sido el del Grupo Popular.

Si se aprueba esta toma en consideración, para lo cual solicito el voto favorable de todos los grupos, incluido el del Grupo Popular -aunque lo dudo-, podrá publicarse esa lista. Los ciudadanos podrán conocer además los más de 700 defraudadores que están siendo investigados por indicios de haber cometido blanqueo de capitales. El Gobierno puede incluir ahora las modificaciones en el proyecto de ley que ha remitido a la Cámara de modificación de la Ley General Tributaria. Es un momento muy oportuno para que esta modificación pueda incluirse ahí y, si esta proposición de ley se aprueba, además sabremos que si en un futuro algún Gobierno tiene la tentación de aprobar un proceso de este tipo, un proceso de regularización fiscal extraordinaria, los datos personales y la procedencia de los capitales van a ser publicados inmediatamente. Eso se consigue a través de la letra l) que hemos añadido al artículo 95, apartado 1.

Creemos que en el panorama internacional de lucha contra el fraude en el que nos estamos moviendo actualmente, de colaboración de los países, con los instrumentos técnicos e informáticos con los que contamos en el siglo XXI y con una Agencia Tributaria tan eficiente, no hubiera sido necesaria la aprobación de la amnistía para recaudar además lo que se ha recaudado, con perdón, una miseria comparado con el daño que se ha hecho, casi un regalo a los defraudadores que legalicen su situación mientras a las clases medias se les subían los impuestos, como recordarán, en 2012. Desde nuestro punto de vista, se hubieran producido mejores resultados económicos y por supuesto éticos y de cualquier tipo si se hubieran aumentado los recursos de la Agencia Tributaria destinados a la lucha contra el fraude. Los inspectores de Hacienda insisten continuamente en que esta medida sería muy rentable. Por el contrario, desde que el Gobierno del Partido Popular llegó, los efectivos de la agencia se han reducido en casi 2.000 personas, reconocido por el director de la Agencia Tributaria hace poco. Se podría haber aprobado, por ejemplo, el modelo 720, por el que se tienen que declarar los bienes y derechos que se tienen en el extranjero, si bien el modelo 720 no está destinado a la lucha contra el fraude. El modelo 720 está destinado a que se declaren bienes y derechos que pueden estar legalizados, que están en el extranjero, pero que han pagado sus impuestos. El director de la Agencia Tributaria decía que estaba dando buenos resultados también en la lucha contra el fraude, así que antes de haber aprobado una amnistía fiscal de este calibre, se podría haber aprobado el modelo 720.

La amnistía fiscal, además de vergonzosa, ha sido un fracaso en su recaudación. No ha recaudado ni la mitad del objetivo que se planteó el Gobierno. Vamos a recordarlo. El Gobierno aprobó esta amnistía con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros aflorando 25.000 millones de euros. Es decir, los defraudadores iban a legalizar la situación de unos capitales de los que, además, no se sabía la procedencia, porque se podía legalizar efectivo, por un bajo precio, por el 10 %. O sea, mientras nosotros pagamos en una entrada por ir al cine un 21 %, los defraudadores pagan solo el 10 %. A los defraudadores esto les pareció mucho. Debieron mandar a sus abogados a negociar con el Gobierno, porque al principio no afloraban capitales, no venía nada porque los defraudadores decían que querían pagar menos todavía, y el Gobierno cedió y Montoro volvió a legislar, en este caso con retroactividad, y a negociar que pagaran solo el 3 %. Afloraron más, claro, esto era una ganga. En vez de aflorar 25.000 millones, afloraron 40.000, pero en vez de recaudar 2.500 millones, como se había propuesto el Gobierno, no se recaudaron ni 1.200 millones de euros. El precio era de ganga. Me pregunto, ¿el objetivo realmente era recaudar o era facilitar que personas cercanas al Partido Popular legalizaran el dinero venido no se sabe de dónde? ¿Hubo algún compromiso previo para facilitar a esas personas, cercanas al partido, la legalización a bajo precio de capitales defraudados y con el compromiso además de guardar silencio para siempre? ¿Hubo compromiso de aprobar la amnistía fiscal antes de aprobar el modelo 720? Porque si el único objetivo era recaudar, bien se podía haber apoyado a la Agencia Tributaria, como he dicho, por ejemplo, con más recursos, o bien se podía haber aprobado antes el modelo 720, pero todo apuntaba a que el Gobierno tenía intereses inconfesables.

Los ciudadanos opinábamos que el Gobierno estaba anteponiendo sus intereses y los de su partido a los de la ciudadanía y entonces empezaron a salir nombres. De forma interesada o no, salió el señor Bárcenas, primero negado por el ministro Montoro y después afirmado; después López Viejo y Francisco


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Granados y nos quedamos perplejos cuando seguimos con apellidos como Pujol, todo un escándalo social, también para el ministro Montoro, que vino inmediatamente a comparecer a esta Cámara. No habíamos salido del sobresalto cuando salió el nombre de Rodrigo Rato, nada más y nada menos que el exvicepresidente económico y ministro de Hacienda de un Gobierno del PP, es decir, que mientras nos estaba diciendo lo importante que era que contribuyéramos al bienestar de este país, él se estaba llevando el dinero a paraísos fiscales. No sabemos si habrá más sorpresas, porque no conocemos la lista. Lo que ha pasado en este país es una vergüenza nacional, por eso nosotros exigimos conocer no un goteo de nombres que interesadamente se filtran; nosotros queremos que se conozca toda la lista, creemos que es posible, por eso hemos presentado esta iniciativa. Es posible si se quiere. Nosotros queremos y por eso digo que esta lista se conocerá tarde o temprano. Como en esta Cámara todos los grupos excepto el PP están a favor de ello, solo habrá que esperar a que desaparezca el rodillo del PP, lo que espero que no tarde mucho.

¿Por qué el Gobierno y el Partido Popular se oponen a realizar las actuaciones necesarias para publicar estos nombres? El Gobierno alega imposibilidad en su publicación acogiéndose al principio de reserva de los datos con trascendencia tributaria contemplada en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, precisamente el artículo que planteamos que se varíe. Nosotros añadimos una letra más al apartado 1 de ese artículo para introducir la excepción de las personas que se acojan a una regularización fiscal extraordinaria. Por tanto, todo el mundo sabe que en lo sucesivo, si este artículo se reforma, serán públicos los nombres de las personas que se acojan a la amnistía fiscal, si es que algún Gobierno se atreve a hacerlo. El Gobierno alega asimismo inconstitucionalidad por la garantía de irretroactividad, pero -hay juristas que piensan de otra forma- la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, pero la publicación de la lista no es en sí una nueva medida sancionadora ni tampoco limita derechos fundamentales. Hay juristas que así lo entienden. Publicar la lista no es una irretroactividad prohibida, muy al contrario, es transparencia; sin embargo, al Grupo Popular no se le ha ocurrido entrar nunca -como sí han hecho el resto de grupos de esta Cámara- en el conflicto entre el derecho a la confidencialidad de los defraudadores, confesos además, y el derecho de los ciudadanos a conocer qué van a votar por ejemplo en unas elecciones.

Mi grupo el pasado mes de abril presentaba una moción con la cual pedía conocer los nombres de esa lista antes de las elecciones municipales, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber a quién vamos a votar. Solo el Grupo Popular votó en contra de dicha moción. Han pasado las elecciones municipales, el partido del Gobierno ha recibido un buen castigo, en palabras del señor Rajoy por la corrupción de su partido y porque los medios de comunicación habían hablado mucho de la corrupción de su partido. Quizá, si hubiera estado en su mano ocultarlo como está ocultando esta lista, lo habría hecho, pero afortunadamente el Gobierno no puede callar a toda la prensa. Ahora llegan las elecciones generales y mi partido quiere que se sepa todo. Está muy interesado en que haya transparencia absoluta y que tengamos toda la información antes de votar. Si ustedes quieren presentarse a las generales como un partido transparente, ahora tienen la oportunidad de votar a favor de esta proposición y trabajar deprisa para que conozcamos la lista antes de las generales. Si no se publica esa lista antes de las elecciones generales, no van a anular la sospecha de que hay intereses partidarios que los obligan a ocultar nombres y apellidos. Por tanto, les pido que apoyen esta iniciativa para que podamos saber antes de votar.

Si no la van a apoyar, les pediría que no se vayan por los cerros de Úbeda, porque ustedes seguramente empezarán a hablar de cosas que ocurrieron en el siglo pasado, cuando ni siquiera existía la Agencia Tributaria, una Agencia Tributaria además tan eficaz y tan eficiente, con unos profesionales tan magníficos para luchar contra el fraude si tuvieran los medios suficientes. Ustedes van a hablar aquí de pájaros y flores, de temas que no tienen nada que ver con esta proposición. Si van a votar que no, les pido que expliquen por qué no quieren que se conozca la lista. Les diré que nosotros vamos a esperar a que el rodillo del PP desaparezca y publicaremos la lista entonces si está en nuestra mano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señora Vázquez, reconozco que este ha sido su tema, al menos para el señor Saura y el Grupo Socialista ha sido la bandera a lo largo de estos últimos años desde que el Gobierno aprobó la amnistía


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fiscal. Semana tras semana han ido dejando clara su posición política al respecto, una posición política por cierto que compartimos en su mayor parte, tal y como lo hemos manifestado en más de una ocasión, pero que nos gustaría matizar y concretar en este momento.

Como les decía, el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista Vasco nos hemos mostrado siempre firmemente contrarios a la amnistía fiscal, a la que algunos llaman aún regularización fiscal. Lo hemos hecho porque consideramos, al igual que otros grupos en esta Cámara, que es impresentable que un gran número de defraudadores puedan regularizar su situación fiscal a un coste mínimo -tal y como usted ha señalado- del 3 % como media, en plena crisis económica, cuando muchísima gente lo está pasando muy mal, pero, a pesar de pasarlo mal, muchos de ellos siguen haciendo frente a sus obligaciones tributarias, mientras que aquellos, los defraudadores, no afrontan sus responsabilidades fiscales. Es siempre una ofensa a los ciudadanos que unos pocos o unos muchos no paguen los impuestos evadiendo capitales o situándolos en paraísos fiscales. Además, más de uno y más de dos de estos ciudadanos alardean de patriotismo mientras insolidariamente evitan pagar los impuestos. Esto es impresentable siempre y especialmente, como señalaba, en época de crisis, puesto que con sus impagos están obligando a que los sacrificios de la gente más afectada sean mayores de lo que lo serían en el caso de que todo el mundo pagara los impuestos.

Ante esta situación los ciudadanos quieren saber quiénes defraudan y cuánto defraudan y es muy lógico que sea así. Además, cuando a través de los medios de comunicación nos enteramos de que personajes como Rato, Bárcenas y un largo etcétera se han acogido a la amnistía, nos enfadamos más y nos rebelamos aún más si cabe. Ciudadanos que tenían que haber pagado tipos impositivos del 50 % o del 35 % en sociedades solo han abonado un 3 % y además de una sola vez. Es una auténtica vergüenza y, como digo, los ciudadanos están escandalizados y lógicamente piden nombres y responsabilidades. Lo comprendemos completamente y entendemos también que es necesario luchar con todos los medios a nuestro alcance para que la locura del fraude fiscal desaparezca, modificando leyes, luchando contra los paraísos fiscales, introduciendo estas materias en el sistema educativo, de la manera que sea. Creemos que esta es una cuestión clave contra la que hay que luchar para erradicarla.

Si me permiten, tengo una duda que creo que es razonable. Aplicar este tipo de medidas con carácter retroactivo no es muy habitual. Es difícil jurídica y políticamente defender la retroactividad, es decir, lo que ustedes plantean en la disposición adicional. Entendemos que la gente lo pide y nosotros estamos de acuerdo seguramente en que se conozca esa lista, pero debemos reconocer que no es fácil aplicar la retroactividad. En todo caso creemos que, de aprobar una ley que efectivamente habilite la retroactividad, debería ser apoyada por una amplia mayoría de la Cámara para que no se entienda que esto es una vendetta personal de unos contra otros. Es tan solo en este contexto, en el de la voluntad de suscitar un debate sobre esta cuestión, por el que votaremos favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa, más apoyando la necesidad del debate sobre el asunto que por lo establecido estrictamente en la disposición adicional.

En lo que podemos estar perfectamente de acuerdo es en que se modifique la Ley General Tributaria con el fin de que en futuras amnistías, en el caso de que se produjeran aunque son indeseables, se conozca efectivamente quién ha sido el amnistiado y quién ha defraudado, pero que se sepan esas cuestiones de antemano antes de poner en marcha un proceso de esas características. Sabemos que es difícil hacer esto con los del año 2012, pero si hay voluntad política y amplísimas mayorías, podemos intentarlo. Es en todo caso un tema de enorme interés para el conjunto de los ciudadanos por lo que he comentado. Sería oportuno debatirlo en profundidad al inicio de la próxima legislatura, porque ya estamos en lo que se llama el tiempo de la calderilla, estamos para pocas iniciativas en esta Cámara, pero creemos que es un tema importante que merece una reflexión y que la merecerá seguramente en la próxima legislatura. Además, probablemente será en una Cámara con una composición diferente, con unas sensibilidades y con unas preocupaciones diferentes cuando esta cuestión se suscite. Traslademos, pues, el debate -tampoco es en este momento tan urgente esta cuestión puntual- a la siguiente legislatura. Por cierto, quisiera recordar algo que es obvio, que siempre lo hago y que casi nunca se reconoce, y es que en el Estado español hay cinco haciendas, que la Hacienda del Estado ha hecho una regularización, una amnistía fiscal -llamémoslo de las dos maneras para que todo el mundo se quede contento-, pero que las haciendas forales no han realizado ninguna amnistía fiscal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.


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El señor CALDUCH CERVERA: Presidente, señorías, la proposición de ley que se presenta para su toma en consideración aborda un tema que, como sabemos todos, está en el debate de la opinión pública. Lo estuvo en su momento por lo que entrañó de ofensa pública esa amnistía fiscal encubierta bajo el rótulo de regularización fiscal y lo ha estado con posterioridad a raíz de casos que han saltado mediáticamente por tratarse de personas imputadas en posibles delitos.

Nuestro grupo parlamentario ha estado en contra siempre de las amnistías o regularizaciones fiscales y siempre hemos defendido que de lo que se trataba no era de hacer aflorar el fraude fiscal mediante esas regularizaciones, sino mediante la dotación de recursos a la Agencia Tributaria para que pudiese perseguir a los defraudadores y hacer aflorar precisamente el dinero que ocultaban al fisco, porque ese es el medio que se utiliza en los países con sistemas fiscales avanzados. No hacen regularizaciones fiscales. Dotan a las agencias fiscales de los recursos para poder actuar con arreglo a sus competencias: de recursos legales, de recursos humanos, de recursos materiales, etcétera. Por eso también hemos defendido siempre la necesidad de que los ciudadanos conozcan quiénes son los deudores con la Hacienda pública, sean estos deudores de buena fe o defraudadores, porque es un derecho de la sociedad poder saber quiénes incumplen sus obligaciones fiscales, que son las que sustentan la satisfacción de las necesidades de la sociedad, en este caso de la sociedad española.

Por ese motivo nosotros consideramos que el tema de la publicidad de la información a la sociedad sobre quiénes son los que tienen deudas con la Hacienda pública, y especialmente aquellos que defraudan, debe ser objeto de una legalización que aborde los casos excepcionales y los casos habituales. Esa es la razón por la que presentamos dos enmiendas a la modificación de la Ley General Tributaria que está en estos mismos momentos también tramitándose en la Cámara: una enmienda al artículo 95 bis, apartado 2. a), que tiene que ver con la publicación del listado de los deudores generales, y una enmienda al artículo 95 bis, apartado 8, que tiene especial interés con respecto a la publicidad para cargos públicos e incluso para los candidatos que se presentan a elecciones generales, porque es evidente que le interesa a la sociedad saber si aquellos a quienes potencialmente pueden votar cumplen con sus obligaciones fiscales.

¿Por qué consideramos que es importante normalizar legalmente -y no mediante leyes excepcionales para regularizaciones fiscales excepcionales- esta situación? ¿Por qué hay que normalizar legalmente la publicidad de quienes son deudores con la Hacienda pública? Fundamentalmente por tres razones. Una primera razón es obvia: de seguridad en las relaciones económicas. Igual que existen listados de morosos entre los agentes económicos privados, es lógico que se sepa el listado de morosos con respecto a la Hacienda pública, con mayor motivo, para saber con quién estamos relacionándonos en la actividad económica, en el mercado, entre los agentes económicos públicos o privados, quién debe y paga y quién debe y no paga, y especialmente, entre estos últimos, quién trata de eludir su responsabilidad. También por razones de sanción social para los morosos y especialmente cuando esos morosos pueden estar rayando acciones delictivas por fraude, porque se trata de dar a conocer a quienes actúan en contra de los intereses colectivos de la sociedad, y hacerlo para que tengan la sanción social de la publicidad, pero también porque, sensu contrario, eso implica el reconocimiento, la ejemplaridad de quienes -que son la inmensa mayoría de los ciudadanos- sí contribuyen con su esfuerzo fiscal a las necesidades de la sociedad y del Estado. Por último, por una tercera razón, por el carácter disuasorio para los potenciales defraudadores, para que sepan que en el futuro no existirá silencio para su conducta antisocial que en ocasiones raya el delito. Se trata de garantizar seguridad económica en las transacciones, sanción social para los defraudadores y disuasión para los que tengan la tentación de hacerlo.

Por todas estas razones vamos a votar a favor de lo que se presenta para su toma en consideración, pero también pensamos que desde el punto de vista técnico-jurídico su lugar no correspondería, como se presenta en la proposición de ley, en un apartado adicional del artículo 95, porque el artículo 95 de la Ley General Tributaria habla de cómo se debe utilizar a efectos recaudadores, pero evitando la traslación a terceros, en este caso la publicidad, y ustedes lo incorporan como un apartado más dentro de ese artículo. Lo propio sería que fuese dentro del artículo 95 bis, que es el que regula precisamente el listado de los morosos, sean defraudadores o no. Ese es un aspecto técnico-jurídico que en su momento podremos debatir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


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El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a apoyar este proyecto porque va en la línea correcta. Efectivamente, hay una cuestión jurídica que se ha estado debatiendo, quizás separando el foco de lo importante porque más bien no era el procedimiento jurídico sino el contenido lo que preocupa en realidad a los españoles y a las españolas. En última instancia la gente demanda en la calle conocer la verdad de lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, conocer la verdad de todas aquellas personas, hasta de aquellas empresas, que han utilizado los mecanismos financieros y fiscales, incluso en muchos casos la colaboración del propio Estado, para defraudar a todos y a todas. En definitiva, han sido los responsables que han estado en las cloacas del sistema económico que se construía sobre la burbuja inmobiliaria. Eso es lo que ocurre cuando se quiere conocer la verdad: que tenemos a miles, millones de ciudadanos, queriendo saber quiénes son los que nos han robado; quiénes son los que nos han estafado; quiénes son los hipócritas que, diciéndose patriotas, después tenían sus cuentas en paraísos fiscales, ocultando de esa forma un dinero que hubiera sido destinado a la educación pública, a la sanidad pública, en definitiva, a servicios públicos de los que nos beneficiamos todos y todas -sí-, pero muy especialmente las clases más desfavorecidas de nuestro país. Por eso tenemos que denunciar una y otra vez ese patriotismo de pacotilla, cuando encontramos a esas personas que se dicen a sí mismas patriotas pero que provocan esos efectos sobre la mayoría social.

Por supuesto, el Estado no puede hacer tanto para ocultar la verdad, porque al final hay ciudadanos y ciudadanas que utilizando también conocimientos técnicos informáticos obtienen información, a veces gracias a hackers, a veces por otros mecanismos, para conocer en última instancia un trocito de la verdad. Eso es lo que nos ha pasado con la lista Falciani y con otras muchas listas que están reconociendo de forma explícita que los beneficiarios de tener dinero en los paraísos fiscales son siempre los mismos, una minoría social acaudalada que se ha enriquecido también en esta crisis y que ha sido la responsable en gran medida de los problemas económicos y sociales que estamos sufriendo la mayoría social. Da igual lo que diga el Estado, da igual lo que diga este Gobierno con respecto a las cuestiones jurídicas -si es retroactivo-, porque lo que hay es una enorme contradicción entre lo que pide, exige y demanda la gente y grupos parlamentarios como el nuestro, La Izquierda Plural, y lo que hace el Gobierno. Mientras la gente demanda conocer quiénes nos han robado, el Gobierno no solo lo oculta -porque lo sabe, es consciente, conoce el nombre y los apellidos de todas esas personas que nos han estafado, más de 700 personas solo y exclusivamente en esta lista de la que estamos hablando-, sino que además les da mecanismos para seguir escondiendo su dinero, su identidad y seguir estafando por otros mecanismos. Eso fue la amnistía fiscal. Que no se engañe nadie por tecnicismos o economicismos. En última instancia, fue una ayuda estupenda y extraordinaria para los delincuentes; aparte de para los delincuentes más peligrosos de todos, para los que acaban provocando una merma en la calidad de vida del resto de la población, revelando además una corrupción estructural en el sistema político. Esa corrupción estructural alcanza incluso a la casa real; es una corrupción que se ha beneficiado de las amnistías fiscales -esta no es la primera- y de las políticas económicas, del conformismo del Partido Popular en esta legislatura, con ese proyecto de ley o esos mecanismos e instrumentos como la amnistía fiscal.

Creemos que es de rigor, necesario, por justicia social, pero también para construir un país más justo, conocer quiénes son los estafadores. Va a ser muy difícil que este Gobierno del Partido Popular salga a dar la cara a decir que no quiere dar los nombres y apellidos de quienes nos han saqueado. Es curioso -o no tanto, porque hemos aprendido mucho en estos años de crisis- que muchos de esos nombres estén vinculados al Gobierno del Partido Popular -es el caso de Rodrigo Rato-, pero hay bastantes nombres que no conocemos, que han aparecido en otras listas y que están vinculados a las redes del poder institucional que han copado el Estado en las últimas décadas. Por eso, vamos a apoyar este proyecto, pero no sin mencionar también la hipocresía del grupo que la propone, porque la lista Falciani llegó en tiempos del Gobierno del Partido Socialista. Ahora mismo hay una causa judicial abierta contra dos profesionales de Hacienda precisamente por la posibilidad de que hubiera un trato de favor por no actuar de oficio, sino sencillamente por mandarles una carta a los defraudadores avisándoles de que tenían que regularizar su situación. No, señores y señoras; si hay un ladrón se le denuncia y se pone todo el Estado en su contra, no se le ofrecen favores que no se hacen a aquellos que defraudan pequeñas cantidades. Por tanto, bienvenido sea este proyecto sin mirar cuál es el grupo, porque vamos a apoyarlo y queremos conocer la verdad. Así se generarían los incentivos para un país más justo; incentivos que quieren decir que aquella persona que estafe y esconda su dinero para no pagar la sanidad pública de los pobres tiene que ser conocida por la ciudadanía, para que por lo menos no pueda ir diciendo por ahí que


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es un representante de España. No puede ser representante de España ni del interés general quien obra contra él. Por cierto, la amnistía fiscal significa una clara contradicción de nuestra Constitución de 1978 y del artículo que defiende que el sistema fiscal -y la amnistía fiscal- ha de ser progresivo, que significa que los que más tienen más han de pagar y que los que menos tienen menos han de pagar. Agujeros negros como los que el propio Partido Popular está creando y consintiendo gracias a los paraísos fiscales destruyen los cimientos políticos de una comunidad política que quiere construirse de forma justa. Por lo tanto, la reforma fiscal y la amnistía atentan contra la propia Constitución, tras la que muchas veces el Partido Popular se parapeta para que todo siga siendo como hasta ahora. Todo seguirá siendo como hasta ahora si seguimos permitiendo que los saqueadores se vayan de rositas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Debemos reconocer al Grupo Socialista -permítame, señora Vázquez- y al señor Saura la capacidad para ser insistente en temas que muy legítimamente le preocupan. No cabe ninguna duda de que el proceso de regularización extraordinaria, la llamada amnistía fiscal, ha sido un tema recurrente en la presente legislatura, por su objeto y por las consecuencias conexas a la misma. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya lo dijo hace tiempo: El desarrollo de la norma y las distintas y escaladas interpretaciones posteriores, así como las correlativas reacciones del Gobierno ante los hechos que se iban desarrollando en el tiempo, han provocado una seria y profunda inseguridad jurídica. Lo hemos repetido: No se trata de tapar nada, no se trata de salvar a nadie y menos aún si se encuentra incurso en procesos judiciales en el orden penal, pero tampoco se trata de provocar una seria inseguridad jurídica. Hace ya tiempo mi grupo expresó que en esta regularización tributaria había claroscuros, que no era un buen ejemplo; la inseguridad jurídica nunca es buena.

Creemos que la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista persigue -la señora Vázquez así lo ha expresado- contemplar una disposición adicional con una modificación de la Ley General Tributaria y no al revés, una modificación de la Ley General Tributaria con una disposición adicional. El objetivo de la iniciativa es la disposición adicional, no la modificación de la Ley General Tributaria: dar a conocer los nombres de los beneficiados por la pasada amnistía fiscal. Creo que es así, señora Vázquez. Como le decía, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no va a entrar en el juego de la inseguridad jurídica. ¿De qué otra forma puede contemplarse la medida que nos propone, que tiene efectos retroactivos además -se lo decía el señor Azpiazu-, sino también desde la perspectiva de la seguridad jurídica? Dígame, señora Vázquez, si no se podría derivar de esta proposición de ley, que prevé el supuesto de identificación de sujetos que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización, una habilitación, una invitación para futuros Gobiernos para aprobar nuevas amnistías fiscales. Naturalmente, no creo que este sea su objetivo, señora Vázquez; no creo que usted pretenda dar pie a futuras amnistías fiscales. Intentando que se publique la lista de sujetos que se han acogido a la pasada amnistía fiscal la disposición adicional necesita un supuesto general en el articulado de la Ley General Tributaria, la modificación del artículo 95, para que opere en el pasado, y sin quererlo muchos podrían creer que abre la puerta a que haya más amnistías fiscales en el futuro. Yo sé que no es así, se lo repito, pero la forma de su iniciativa puede dar pie a esa interpretación. Por tanto, atención, cuidado que las armas las carga el diablo.

Continuando con la forma, la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista pretende añadir un nuevo supuesto -como decía- en el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Es necesario establecer cuál es el contenido de dicho artículo. No es otro que el principio de reserva de datos, considerando que los datos, informes o antecedentes obtenidos por las administraciones tributarias tienen carácter reservado y solo pueden ser utilizados para acometer las funciones que son propias a las administraciones tributarias, es decir, la efectiva aplicación de los tributos o recursos y para la imposición de las sanciones que procedan. Este es el objeto principal del artículo 95 de la Ley General Tributaria. Subsidiariamente -continúa el artículo 95 y como contempla además la exposición de motivos de su proposición de ley- regula los supuestos en los que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria pueden ser cedidos o comunicados a terceros. Efectivamente, la regla general es la reserva de datos y se contemplan excepciones a esta regla general. Señora Vázquez, los supuestos previstos actualmente por el artículo 95 de la Ley General Tributaria, por ser excepciones a la regla de reserva de datos, deben responder a dos preguntas: primera, a quién y, segunda, para qué. Romper la


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regla de reserva exige razones justificadas y destinatarios de estos datos e informes. Por ejemplo, la letra a) nos habla de cesión de datos. ¿A quién? A los órganos jurisdiccionales y el ministerio fiscal. ¿Para qué? Para la investigación o persecución de delitos. La letra b) del artículo 95 indica a quién. A otras administraciones tributarias. ¿Para qué? Para el cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. Letra c) señala a la Inspección del Trabajo y Seguridad Social y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema. Así, correlativamente, hay hasta doce supuestos que rompen la regla general, y todos ellos responden a un objeto concreto y a un sujeto determinado.

El nuevo supuesto que nos proponen con su iniciativa es incluir la identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria. Aplicando el principio de coherencia, el nuevo supuesto que pretenden incluir -como excepción, repito, al principio de reserva de datos- debería responder también a esas dos preguntas, a un objeto y a un destinatario de los datos. Con lo que nos ha propuesto no se responde ni a uno ni a otro. ¿Cuál es el destinatario de la información? Desconocido. ¿Cuál es la razón que informa la excepción al principio de reserva de datos? Desconocida. La redacción del precepto no nos lo dice. Existe poca coherencia con el contenido del precepto que se pretende incluir en este nuevo supuesto, desde mi parecer. Si obviamos la redacción de la iniciativa mi grupo podría y puede compartir que creemos un nuevo supuesto de publicidad para ocasiones futuras. No creemos que sea negativo, se lo digo claramente, señora Vázquez; es más, se cumpliría con el principio de seguridad jurídica al que me he referido y que también ha comentado el señor Azpiazu. No creemos que aplicar la retroactividad sea positivo y debe ajustarse a la redacción del precepto del artículo 95, justificando, como le decía, la razón y el fin que informa la necesaria exclusión del principio de reserva de datos, así como el destinatario de la información.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió espera tener la oportunidad de debatir en nombre de nuestros grupos parlamentarios este tema con más detenimiento y profundidad en la tramitación del proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, que tramitaremos en la Comisión de Hacienda a la cual pertenecemos usted y yo. Además, estoy convencido de que el Grupo Parlamentario Socialista formulará este asunto vía enmienda al articulado del citado proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores socialistas, nos presentan una iniciativa en la que solicitan publicar los datos de las personas acogidas a la regularización extraordinaria. Hemos debatido innumerables veces sobre esta cuestión en esta Cámara, pero saben ustedes que esta iniciativa carece del mínimo rigor jurídico. Una vez más vienen a esta Cámara a vendernos su libro; un libro de ciencia ficción cargado de demagogia y populismo. Así se lo tengo que decir. La demagogia consiste en manipular los sentimientos de la gente con promesas infundadas que no se pueden cumplir, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver y la quintaesencia del socialismo actual de Pedro Sánchez. Este fin de semana prometía moderación, mientras entrega las instituciones a los radicales; prometía también patriotismo, mientras entrega ayuntamientos a grupos independentistas; y prometía defender la bandera de España, cuando entrega los ayuntamientos a aquellos grupos políticos que la esconden. Por tanto, demagogia pura y dura. Como digo, esa es la quintaesencia del socialismo actual de Pedro Sánchez: prometer una cosa y hacer luego la contraria.

Esa ha sido también su táctica a lo largo de toda la legislatura en materia fiscal, en particular en este asunto de la regularización fiscal extraordinaria. Han intentado ensuciar el buen nombre del Gobierno y del propio Ministro de Hacienda con mentiras, falsedades y demagogia. El Grupo Socialista ha convertido la lucha contra el fraude fiscal -les recuerdo que es una tarea de todos los que estamos aquí, de toda la sociedad y de todos los Gobiernos- en un arma arrojadiza contra el Gobierno y no han dudado incluso en desprestigiar el buen nombre que la propia Agencia Tributaria se ha labrado a lo largo de su historia. Esa ha sido la única estrategia del PSOE; su aportación a las medidas de lucha contra el fraude fiscal es absolutamente nada, tanto cuando estaba en el Gobierno como en la oposición. Sus acusaciones han quedado una y otra vez en evidencia, porque este Gobierno habla con datos y resultados y no con juicios de valor o con discursos que carecen de contenido. La realidad es que este Gobierno pasará a la historia como el más reformista e innovador en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La realidad es que el


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conjunto de medidas normativas que ha aprobado este Gobierno ha sido un auténtico revulsivo para perseguir el fraude y acorralar a los defraudadores. Señorías, la realidad es que el fraude fiscal no lo ha inventado el Partido Popular, sino que existía antes de que llegara este Gobierno; incluso existía mucho fraude fiscal con el Gobierno socialista, y las fortunas campaban a sus anchas por los paraísos fiscales. Ahora con este Gobierno se persiguen con más medios, más herramientas legales y más contundencia. Como dijo el director en su comparecencia, con las medidas aprobadas por el Gobierno la Agencia Tributaria conoce bienes y valores depositados en paraísos fiscales -Suiza, Andorra, Gibraltar- que antes no conocía. Además sabe quiénes son sus titulares, ahora fichados en la Agencia Tributaria. Están controlados los bienes y valores y sus titulares con nombres y apellidos en los ordenadores de la Hacienda pública. Eso es lo que han conseguido las medidas aprobadas por este Gobierno. Ahora la Agencia Tributaria tiene información -que su director calificó de desbordante- para luchar, controlar e investigar estos bienes y valores y poder efectuar su trabajo.

Señorías, datos y resultados, eso es lo que ofrece este Gobierno, porque la nueva obligación de informar de cuentas y valores en el extranjero ha conseguido aflorar bienes y valores por un valor superior a 124.000 millones de euros, que -vuelvo a decirlo- están controlados y fichados por la Hacienda pública, controlados y fichados sus titulares; es una potente herramienta de control. Se han conseguido resultados históricos en la lucha contra el fraude -ustedes lo saben-, más de 37.674 millones de euros, que no es ninguna tontería, porque son, por ejemplo, 37.674 millones que sirven para pagar las prestaciones por desempleo durante un año y medio; fíjense si son importantes esos resultados en la lucha contra el fraude. En lugar de subirse aquí una y otra vez a desgastar al Gobierno, deberían subirse aquí para felicitar a la Agencia Tributaria, a sus empleados, a esos grandes profesionales que trabajan con absoluta independencia y profesionalidad. Solo se han escuchado insultos a lo largo de toda esta legislatura por parte del Grupo Socialista, insinuaciones de falta de independencia de la Agencia Tributaria, así como de falta de independencia de sus profesionales.

Señorías, toda la oposición ha intentado demonizar una regularización fiscal extraordinaria que se hizo al principio de la legislatura, pero con total transparencia y con total legalidad. Esta regularización se ha hecho en un momento excepcional -como digo, al principio de la legislatura-, en un momento muy difícil, cuando la caída de la recaudación con el Gobierno socialista era de casi 70.000 millones de euros. Teníamos millones de facturas sin pagar y la recaudación en caída libre; sobre todo, teníamos a España al borde de la quiebra. Había que tomar medidas valientes, decididas, para procurar ingresos a la Hacienda pública para sostener nuestro Estado de bienestar. Por tanto, es una actitud muy farisaica rasgarse las vestiduras ahora ante una medida excepcional para procurar esos ingresos públicos. Es más, saben ustedes perfectamente que todos los países de nuestro entorno, todos -voy a citar algunos: Alemania, Francia, Reino Unido-, han aprobado procesos extraordinarios de regularización fiscal; incluso algunos Gobiernos muy aplaudidos por ciertos grupos representados en este Parlamento en países como Grecia se están planteando algunas medidas de este tipo. Esta regularización se ha hecho con absoluta transparencia, con luz y taquígrafos, y ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Los declarantes de esta declaración tributaria especial están fichados en la Agencia Tributaria; mientras, los Gobiernos socialistas hicieron no una sino tres amnistías fiscales, absolutamente opacas y además anónimas, ya que no sabíamos quiénes eran las personas que habían aflorado esos bienes ocultos. No voy a hablar de las amnistías encubiertas que hicieron, y no en el siglo pasado, señora Vázquez, en 2010, con la lista Falciani; saben perfectamente que se fueron finalmente de rositas los que estaban en ella. Por tanto, no nos den elecciones de moralidad, porque desde luego el Partido Socialista es el menos indicado para hacerlo.

Con esta regularización fiscal han aflorado en España más de 40.000 millones de euros que, gracias a ustedes y a los Gobiernos socialistas, seguirían ocultos -porque según ustedes no había que hacerlo-; seguirían ocultos en Suiza, en Andorra, en paraísos fiscales y probablemente incluso habrían prescrito esas deudas tributarias, porque ustedes querían hacer la política del avestruz, mirar hacia otro lado y seguir como estábamos, con las fortunas campando a sus anchas por los paraísos fiscales. Con esta regularización fiscal -de la que han dicho ustedes barbaridades- hay 715 personas que están siendo investigadas, porque la Agencia Tributaria ha encontrado en estos declarantes -que se han retratado con nombres y apellidos- indicios de blanqueo de capitales. Por eso gracias a esta regularización extraordinaria hay más de 715 contribuyentes que se acogieron a esta regularización y que están siendo objeto de investigación por posibles indicios de blanqueo de capitales. Aparte hay más de 7.000 contribuyentes que están siendo investigados por la Agencia Tributaria gracias a los datos que han aportado a través de estas declaraciones.


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Señorías, el Partido Popular quiere seguir avanzando hacia una mayor transparencia y va a seguir trabajando para avanzar en un sistema fiscal más justo y más equitativo, en el que paguemos todos y así podamos pagar todos menos impuestos; ese es nuestro objetivo. Es verdad que la Ley General Tributaria dispone el carácter reservado de los datos obtenidos por la Administración Tributaria, pero queremos avanzar en transparencia. Por ello, ya se encuentran en tramitación, como saben sus señorías, dos proyectos de ley que van en esa dirección: uno, el de modificación de la Ley General Tributaria y, otro, el proyecto de ley orgánica que regula la publicidad de las sentencias condenatorias firmes por fraude fiscal. Sus objetivos son muy claros, que los incumplimientos más relevantes puedan ser objeto de publicación para reforzar la conciencia jurídico-tributaria e incentivar el ingreso efectivo de las deudas con Hacienda. Para ello se publicarán los listados de contribuyentes con deudas y sanciones que superen determinada cuantía y se harán públicas, como les digo, las sentencias firmes por delito fiscal. Estas modificaciones son equilibradas, respetuosas con nuestro ordenamiento jurídico y buscan avanzar en la lucha contra el fraude, pero preservando -también han manifestado aquí otros intervinientes- la seguridad jurídica, que es fundamental en un Estado de derecho.

Señores socialistas, una vez más llegan tarde. Por ello, vamos a votar que no a una iniciativa que carece de mínimo rigor jurídico y que haría saltar por los aires nuestros principios básicos del derecho. Les invitamos a ustedes y a todos los grupos representados en esta Cámara a mejorar estos dos proyectos de ley con las aportaciones que ustedes hagan en forma de enmiendas en su tramitación. Tampoco nos creemos las buenas intenciones del Partido Socialista ni de su líder Pedro Sánchez, después de los pactos que hemos visto, con asombro, en estos últimos días.

El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene usted que terminar.

La señora MADRAZO DÍAZ: Acabo, señor presidente.

Carecen ustedes de la credibilidad necesaria para defender los intereses generales de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. (Número de expediente 122/000152).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural de autoconsumo de energía. Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Señor presidente, señorías, nos encontramos en la antesala de la Cumbre del Cambio Climático de París ante el importante reto de lograr un acuerdo global para las emisiones de CO2. España es uno de los países que no va a poder cumplir su compromiso de disminución de emisiones para 2020. De hecho la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que ni siquiera estamos en camino para ello. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). La elevada dependencia energética exterior de nuestro país, del 73 % frente al 53 % de la Unión Europea, junto con la elevada intensidad energética, un 87 % frente al 69 % de la Unión Europea, nos muestra un modelo energético sumamente ineficiente que requiere de un cambio radical. La dependencia energética del exterior no solo nos hace vulnerables geoestratégicamente, sino que además implica un serio quebranto económico para nuestra balanza comercial. El gasto en importación de petróleo y gas en 2014 ascendió a 38.071 millones de euros. Hay un importante riesgo para nuestra economía derivado de la evolución del precio de estos combustibles en el marco del peak oil. En 2004 el barril Brent se situaba en torno a los 30 dólares, y hoy está en 63,5 dólares el barril. A lo largo de este tiempo ha habido oscilaciones que han llegado hasta los 140 dólares el barril. Las previsiones de los analistas es que de aquí a diez años habrá oscilaciones que pueden llegar a 200 dólares barril. Así, con los datos sobre la mesa, parece que es imprescindible y urgente iniciar un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y un sistema de gestión eléctrico más democrático. No lo decimos nosotros, la comunidad científica mundial es contundente respecto a esta necesidad y los organismos internacionales también lo han expresado claramente. La semana pasada la Agencia Internacional de la Energía alertó de la necesidad de hacer un esfuerzo mayor para reducir las emisiones de CO2, eliminando las subvenciones a combustibles fósiles y aumentando la inversión en renovables. Hasta el papa lo ha dicho en su Laudato. Recrimina a políticos y a empresarios por reaccionar con lentitud al desafío de las energías renovables. Y en este


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contexto nos encontramos con un Gobierno que hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales e incluso al que debe ser uno de sus referentes espirituales: el papa, por supuesto. Su reforma eléctrica ha penalizado las energías limpias y el ahorro energético. En solo cinco años España ha pasado de estar a la cabeza de Europa en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas a situarse en la cola. En 2014 se instalaron 22 megavatios mientras que en el Reino Unido se instalaron 2.402, en Alemania 1.898 y en Francia 927, todos ellos países con una radiación solar mucho menor que la nuestra.

La Comisión Europea ha alertado a España de que no va a cumplir los objetivos de renovables en numerosas ocasiones. En 2012 afirmaba que la suspensión de las ayudas a las renovables desalentaba la inversión en el sector y haría difícil que España alcanzara sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la estrategia Europa 2020. En abril de 2013 afirmaba la Comisión Europea que España solamente lograría entre un 12,6 % y un 17,1 % de energías renovables, también en 2020. Esos datos supondrían una clara infracción no solo del objetivo mínimo del 20 % fijado en la Directiva de Energías Renovables, sino también del objetivo inicial previsto del 22,7 % en el Plan de acción en materia de energías renovables y del 20,8 % fijado por el Gobierno español en su propio Plan de energías renovables para el periodo 2011-2020. Y hace justamente una semana la Comisión Europea volvió a apercibir a España afirmando que tenemos complicado lograr el objetivo de renovables y ha recomendado a este Gobierno que evalúe si sus políticas son suficientes y eficaces para el cumplimiento de los objetivos de renovables. La Agencia Europea de Medio Ambiente, en diciembre de 2014, también advirtió de este problema, poniendo de manifiesto la incoherencia entre los objetivos de renovables y la eliminación de primas a las mismas. Hace una semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les advertía de la necesidad de la autogeneración de energía para cumplir los objetivos de renovables. Les reclama una normativa que fije las condiciones en las que las pequeñas instalaciones puedan vender al sistema la energía no consumida. También la Defensora del Pueblo y la Comisión Nacional de la Energía han alertado al Gobierno sobre la necesidad de posibilitar la autoproducción de energía sin imponer ningún peaje al sol.

El sentido común, las instituciones nacionales e internacionales van en una dirección, ¿y ustedes qué hacen? Justo lo contrario: elaboran un proyecto de real decreto con la intención de enterrar la autoproducción de energía. Es inaudito lo que están haciendo; somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea. Elaboran un real decreto para -cito textualmente- avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes, autoconsumo instantáneo para potenciar la producción individual de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma ubicación en aquellos casos que sean eficientes para el conjunto del sistema eléctrico. ¿Eficientes para el conjunto del sistema eléctrico? ¿Han hecho algún estudio de coste-beneficio? ¿Han tenido en cuenta los beneficios de la autogeneración con energías renovables? Pues no, porque no les interesa, simplemente. Se han dedicado a poner una serie de trabas para que a nadie le salga a cuenta la autogeneración de energía. Siguen imponiendo un peaje al sol, aunque ya no es el peaje de respaldo del anterior borrador del Decreto de julio de 2013; sigue siendo una traba económica que hace inviable el autoconsumo y además lo ha incrementado en el caso de los domésticos en un 13 % y en el sector servicios y pymes en un cien por cien.

Es discriminatorio con respecto al resto de consumidores, así como respecto de otras medidas de ahorro y eficiencia energética, como la cogeneración o la utilización de electrodomésticos eficientes. Ya se lo decía la Comisión Nacional de la Energía, que el establecimiento de un peaje de respaldo únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo supone un trato discriminatorio con el resto de consumidores. Un consumidor doméstico que consuma electricidad de la red paga hoy 44 euros megavatio/hora de peajes más su contribución a través de la parte fija del recibo. Si lo hiciera con su propio panel fotovoltaico, el Gobierno pretende cobrarle 49 euros megavatio/hora de cargos, además de, por supuesto, mantener la parte fija inalterada. La diferencia se quiere explicar por los llamados servicios de ajuste del sistema, que no son sino diferentes modalidades de pago a centrales de generación convencionales. Es retroactiva; las instalaciones ya regularizadas por las comunidades autónomas entrarían en la ilegalidad si no se adaptan, y vuelven a poner en evidencia la discrecionalidad y falta de seguridad jurídica de la reforma energética y el habitual menosprecio del Partido Popular a la capacidad normativa reconocida en la constitución de las comunidades autónomas. Mantienen multas de hasta 60 millones para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, que llegan a ser el doble de las previstas para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo. No solo no permite el balance neto, la energía excedentaria se regala a la compañía, sino que además hace viable las instalaciones con acumuladores y baterías.


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La gran mayoría de países con regulaciones de autoconsumo introducen el concepto de balance neto para uso eficiente de la red eléctrica. Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, México, Suiza, Holanda o Gran Bretaña ya cuentan con sistemas en este sentido. Además, carga a las familias que sufren pobreza energética, porque de instalar equipos para la autoprotección los expulsa de beneficiarse del bono social o del precio voluntario al pequeño consumidor, aparte de farragosos trámites administrativos y económicamente desincentivadores. Se da la circunstancia de que para Canarias y Baleares, territorios extrapeninsulares, el coste del suministro eléctrico es especialmente elevado: 148 megavarios/hora en Canarias, 139 en Baleares, lo que supone un incremento en la factura eléctrica del total de consumidores del país de unos 1.800 millones de euros. El propio texto reconoce la idoneidad de las instalaciones de autoconsumo, ya que la autogeneración es notablemente más económica que el transporte de energía desde la Península. Sin embargo, sin ningún razonamiento ni lógica, solo exime a los autoconsumidores de dichos territorios del pago del impuesto al sol hasta 2020, un periodo insuficiente para amortizar la instalación de un sistema fotovoltaico de alto consumo.

La propuesta de borrador de real decreto del Gobierno va contra las directivas europeas, tanto la Directiva de Renovables, en sus artículos 13 y 16, como la Directiva de Eficiencia Energética, en sus artículos 15, 18 y 19. ¿Por qué motivos Portugal, por ejemplo, que comparte nuestro sistema eléctrico, regula de manera favorable el autoconsumo sin peajes ni impedimentos para el almacenamiento de energía con el verdadero objetivo de fomentarlo y, en cambio, España se inventa todas las trabas posibles para impedirlo? ¿Por qué se oponen tanto al autoconsumo y a las renovables? Es que el historial energético de este Gobierno no tiene ningún desperdicio. Ya se opusieron en 2012 a la Directiva europea de Eficiencia Energética; en 2013 renunciaron a mantener su puesto entre los veintiún países del Consejo que gestiona la Agencia Internacional de Renovables. Son un escándalo los informes encargados a Boston Consulting y Roland Berger para evaluar los costes de las renovables. Ahora ya sabemos por qué se negaban a aportar estos informes. Resulta que aprobaron unos recortes de 3.000 millones al sector de las renovables sin contar con los informes preceptivos en los que se suponía se debía basar y que nos dijeron que eran en los que se habían basado. Es un engaño del ministerio, una actitud prepotente que raya en la prevaricación. En este sentido, constatamos que no hay modelo energético español y sí un claro sometimiento del ministro Soria y su departamento a los intereses del oligopolio eléctrico. Aparte de la inseguridad jurídica que ha generado su reforma eléctrica y que ha propiciado innumerables demandas en organismos internacionales, tenemos el precio más caro de la electricidad antes de impuestos de la Unión Europea; después de impuestos, el cuarto. En 2014 subió el 4,1 %, frente al 2,9 de la Unión Europea; en menos de un año han duplicado prácticamente el término fijo de la factura de luz de los consumidores domésticos.

¿Qué es lo que proponemos? Proponemos una ley que regula la autoproducción de energía para hacerla viable, porque creemos en ella como medida fundamental para transitar hacia el modelo energético que necesitamos. En la propuesta se permite el balance neto, entendido como el sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida que permita a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda. El consumidor podrá ceder los excedentes de energía a la red eléctrica, lo que le generará unos derechos de consumo diferido con una vigencia de doce meses desde la fecha de generación del derecho. La compañía eléctrica deberá descontar en el consumo de la red de la factura los excesos vertidos a la misma, y la tarifa que pagará el consumidor por la energía que necesite fuera de los derechos de consumo diferido será la misma que si no contara con el autoconsumo de energía en balance neto. Se podrán recoger consumidores con diferentes potencias instaladas, desde domésticos hasta centros públicos o pequeñas empresas, sin límite de potencia instalada o contratada, salvo en el caso de varios consumidores a quienes pertenezca mancomunadamente la instalación de generación, lo que también se permite, en el que la potencia máxima instalada y contratada no podrá ser superior a 10 megavatios. En cuanto a los costes, cargos y servicios del sistema en el consumo instantáneo de energía, no se computará ningún tipo de peaje o régimen económico asociado a la cobertura de costes, cargos y servicios del sistema para la energía autoconsumida de manera instantánea. Voy acabando. En el caso de que el consumo de energía sea diferido, se establecerán unos peajes, cargos y costes reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneración. Estos peajes, cargos y costes vinculados a la energía intercambiada en ningún caso podrán ser mayores que los aplicados en términos análogos a los demás sujetos consumidores.


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Las infracciones que estaban previstas como muy graves pasan a ser graves y las graves pasan a ser leves, porque en estos momentos son absolutamente desproporcionadas.

Les pido que voten favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley para que podamos abrir un debate sobre la regulación de la autogeneración de energía. Más de 9.000 personas han suscrito las alegaciones elaboradas por numerosas organizaciones, como la plataforma por un nuevo modelo energético, a su proyecto de real decreto de autoconsumo, y más de 114.500 han pedido públicamente que se retire el decreto y las medidas que añaden nuevos gravámenes al autoconsumo. En el país del sol, demuestren que están al lado de los ciudadanos favoreciendo la producción de energía de forma centralizada, sostenible y barata, y permitan que haya un debate claro, abierto, transparente y democrático en el Congreso sobre el autoconsumo. Esta es la propuesta que les plantea el Grupo de La Izquierda Plural.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pérez Moya.

Grupo Mixto, señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Los nacionalistas canarios anunciamos un apoyo sin restricciones a la proposición de ley defendida hoy por el portavoz de La Izquierda Plural. Esto es incidir en un capítulo más de la larga marcha durante esta legislatura en el sentido de acabar produciendo una auténtica contrarreforma energética en el Estado español, que es a lo que ha ido orientada la importante profusión normativa que en esta materia se ha ido desarrollando a lo largo de estos cuatro años con nuestra oposición, que creo que ha sido contundente y argumentada. Creemos que este es un elemento claramente ejemplificador de que lo que dirige el sentido de esta profusión normativa que ha venido desarrollando el Gobierno de España en esta materia tiene más carácter ideológico que de otra naturaleza, porque no hemos conseguido encontrar un solo elemento que sustente este conjunto de decisiones ni el porqué de esta especie de agresividad con algunos elementos claros que suponen democratizar la producción energética en el Estado español, incrementar la generación a través de energías limpias, disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero, estimular un sector productivo intenso en conocimiento, como sería el relacionado con las energías limpias, etcétera. Es una auténtica manía, una auténtica ofensiva contra un elemento como es el autoconsumo con balance neto, que nos parece de todo punto difícil de explicar, si no es pensando mal, la verdad. Esta era también una oportunidad para democratizar un sector que es opaco por su propia naturaleza. Entender el sector energético español es una de las tareas más difíciles a las que uno se puede aplicar en la actualidad, y entender la factura eléctrica, ni les cuento. Lejos de avanzar en el sentido que impone la lógica, que imponen los numerosísimos informes, lejos de la exposición clara de la Unión Europea en su Agenda 2020, etcétera, lo que se ha hecho es trabajar en sentido contrario. El término peaje de respaldo para la totalidad de la energía producida supuestamente por el procedimiento del autoconsumo realmente es un término que yo no puedo evitar decir que, más que confuso, es sarcástico. ¡Mire que llamarle respaldo a esto!

Vamos a apoyar absolutamente esta proposición de ley. Los canarios, además, tenemos especial interés en dejar perfectamente claro que nuestra factura sería mucho más barata si hiciésemos uso de las energías limpias, en vez de gastar lo que estamos gastando utilizando justamente las que no nos interesan.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, incluso el Partido Popular sabe -aun cuando no lo reconoce- que en la factura más cara de toda Europa no se paga el precio de la energía sino los descabellados intereses del oligopolio energético y la legislación no defiende a la ciudadanía ni al medio ambiente, sino a los intereses contaminantes e incluso mafiosos de las grandes empresas, que no solamente han generado una deuda de 30.000 millones sino que además han acumulado beneficios por encima incluso de esta cifra. Y este Gobierno no solamente no da marcha atrás en su lobista e irracional legislación, en poner de forma absurda un impuesto al sol, sino que mediante este real decreto sobre autoconsumo penaliza aún más su desarrollo. Este real decreto establece impuestos, cargos al autoconsumo y, en cambio, no afecta ni pretende nunca afectar a las


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grandes empresas que producen energías fósiles. El Gobierno pretende castigar a las renovables y a la población, encareciendo las facturas e impidiendo que en un futuro inmediato el consumo de la energía se pueda producir por parte de los ciudadanos y de forma rentable. Tanto es así que el Partido Popular castiga con el doble de multa a quienes intentan esquivar el impuesto del sol respecto a aquellos que efectúan o pudieran efectuar un vertido nuclear. Además, en la misma Ley del Sector Eléctrico legalizan la patada en la puerta para que los inspectores puedan acceder a la vivienda sin orden judicial, y todo ello obviando a las comunidades autónomas que pudieran fomentar el autoconsumo en sus demarcaciones. En cambio, el autoconsumo permitiría, en primer lugar, luchar contra la pobreza energética, que afecta ya a 7 millones de personas en el conjunto del Estado español, razón por la cual deberíamos apostar, como hacen en California, por el modelo que impulsa y subvenciona el autoconsumo, que recauda recursos de las empresas contaminantes para subvencionar o instalar de forma gratuita paneles en las viviendas de aquellas personas que no tienen suficientes recursos como para podérselas instalar. Las renovables, señorías, son descaradamente rentables; eso sí, siempre y cuando se actuara con neutralidad y garantizando que las mismas condiciones que tiene la ciudadanía son aquellas que se reservan para las grandes empresas y los oligopolios, razón por la cual vamos a votar favorablemente esta propuesta de La Izquierda Plural en la medida en que coincidimos en su totalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Desde Amaiur situamos esta proposición de ley justo enfrente, como no podía ser de otra manera, del proyecto de real decreto sobre el autoconsumo de la electricidad. La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los sucesivos borradores y proyectos del Real Decreto sobre el autoconsumo no son sino un impulso de acoso y derribo precisamente de esas alternativas de autogeneración de energía como es el autoconsumo eléctrico. Son el mayor ejemplo de la ilimitada avaricia de un ministro como el de Industria y Energía, pero, lo que es peor, es el mayor ejemplo de la cruel injusticia que, sin remordimiento alguno, es capaz de aplicar el Gobierno del Partido Popular a las decenas de miles de familias que han invertido en las renovables, y ello porque entiende que se interponen al miserable cometido de servir a las grandes empresas eléctricas. Por ello es más necesario que nunca desenmascarar al Gobierno y a su ministro, y dejarlos al descubierto tal y como son: arrogantes y avariciosos sin escrúpulos, porque las directivas europeas así lo dicen. Lo dicen claramente y definen tres principios: en primer lugar, el reconocimiento expreso de que las renovables generan beneficios que aportan al sistema energético y que esos beneficios han de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer las tarifas y las tasas, y que además se deben aplicar de manera proporcionada y no discriminatoria; en segundo lugar, defienden la prioridad de la eficiencia energética en la edificación y el transporte por su efecto de arrastre para la consecución de objetivos renovables y la reducción del carbono, y en tercer lugar, también defienden el papel activo del consumidor como centro del sistema, a la vez generador y gestor de su demanda a través del autoconsumo y el acceso al contador.

A pesar de esta contundencia y nitidez con la que se expresa la Unión Europea, este Gobierno del Partido Popular se salta a la torera las directivas europeas, pero no precisamente para proteger los derechos del consumidor sino para proteger a sus amigos, al oligopolio de la energía, llámese Iberdrola, Endesa, Gas Natural o los que ahora parecen animarse a invertir en el fracking. Pero es que también desde Euskal Herria ya se lo han dicho en repetidas ocasiones desde las instituciones que nos representan, desde el Parlamento de Vitoria o el Parlamento de Navarra. Hace año y medio una enmienda transaccional a una proposición no de ley aprobada por EH Bildu, el PNV y el Partido Socialista instó a este Gobierno a que anulara aquel borrador de real decreto de autoconsumo y que impulsara un nuevo real decreto que tuviera en cuenta las valoraciones que recogían la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia, que denunciaban el peaje de respaldo y pedían que se recogieran el balance neto y los saldos instantáneos entre la producción y el consumo. El Parlamento de Navarra también se pronunciaba en este sentido y por unanimidad, a través de la Mesa y la Junta de Portavoces, instando al Gobierno del Estado a que hiciera otro tipo de políticas con la energía del autoconsumo y recogía en positivo que el autoconsumo es impulsar la libertad de la ciudadanía y las empresas; o, por ejemplo, que es motor de crecimiento del empleo, de un empleo cualificado y estable distribuido por todo el territorio de Navarra; o, por ejemplo, que el autoconsumo mejora la independencia energética y lucha contra esa dependencia de los combustibles fósiles; o que el autoconsumo es un vector de la eficiencia energética


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porque promueve el uso eficiente de los recursos; o que contribuye a la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, también denunciaban que el entonces borrador del real decreto lo que hace es impedir la libertad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Errekondo...

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: ...de la ciudadanía. O por ejemplo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Errekondo, tiene que finalizar.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Estoy acabando ya.

También tomaba medidas para impedir el uso de las baterías de almacenamiento.

Desde Amaiur tenemos claro que, en la línea del Parlamento de Vitoria y del Parlamento de Navarra, también tenemos que denunciar las políticas que ha aplicado este Gobierno con respecto a las políticas energéticas y en especial con este proyecto de real decreto del autoconsumo. Por tanto, apoyaremos esta proposición de ley que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño y brevemente para fijar la posición de nuestro grupo con relación a esta proposición de ley. El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural nos trae a debate la toma en consideración de una proposición de ley, fechada hace ya más de un año, con el fin de fomentar y apoyar -entendemos nosotros- el autoconsumo energético. Fomentar el autoconsumo energético es, como lo plantea el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, acertado y deseable. La eficiencia económica, la reducción de emisiones, la reducción de la dependencia energética, la reducción de los costes, etcétera, son consecuencias directas y deseables de la implementación y de la implantación y desarrollo del autoconsumo.

Tengo más de una duda, sin embargo, cuando se plantea que a los que practiquen el autoconsumo y el balance neto no se les cobre el peaje por la utilización de la red, los famosos peajes de distribución. Seguramente, si me lo explican lo entenderé, pero he de reconocer que no lo entiendo del todo bien. Lo que parece evidente es que los que practican el autoconsumo con balance neto, es decir, volcando a la red la energía excedentaria generada y tirando de la red cuando requieren de una energía que no generan o no pueden generar, para ello utilizan esta red y además en el doble sentido. Por tanto, creemos que eso hay que pagarlo. De lo contrario, los consumidores que no generan o no generamos energía y que solo tiramos de la red tendríamos que pagar más usando la red en una única dirección. Y ello a priori a mí no me parece justo, no me parece razonable. Otra cosa es que con el fin de fomentar el autoconsumo se incentive fiscalmente o de otra forma, a través de subvenciones, la generación eléctrica renovable y el autoconsumo. Este sí es un camino adecuado, hacerlo con luz y taquígrafos, nunca mejor dicha la expresión. Creemos que es un debate importante, creemos que es un debate necesario. Por ello, estando conforme con lo fundamental y con lo que es el fomento del autoconsumo energético, nuestro grupo no se va a oponer a que se tramite esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo también va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque consideramos que en torno al autoconsumo, que es una técnica de producción de energía basada sobre todo en renovables, se está montando un debate que es muy interesante sobre los problemas de fondo de la política energética española, que son quizá la falta de una política y el tipo de divagaciones y de cosas raras que se hacen como, por ejemplo, esa tasa que se quiere aprobar vía real decreto-ley para que aquellas personas que tengan en su casa o en su empresa o donde sea, entidades públicas o cualquier tipo de consumidor, un sistema de autoconsumo, aunque no use la red eléctrica, sí tenga que pagar una


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tasa, lo cual es algo muy difícil de sostener desde una perspectiva liberal, porque sería pagar por algo que uno no ha usado ni ha solicitado, ni en realidad necesita. Enseguida me meteré en esto.

Antes quiero decir que nosotros creemos -y lo hemos explicado durante esta legislatura y lo seguiré explicando en lo que queda de ella- que el sistema energético es algo complejo, que no tiene panaceas, que, como dice la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, pero producirla y consumirla siempre tiene efectos y crea transformaciones y que, por lo tanto, las opciones energéticas todas ellas tienen costos. De lo que se trata es de hacer una política lo más equilibrada posible, en la cual los costos de tipo medioambiental y económico sean los menores posibles. El autoconsumo, dentro de ese maremágnum que es el mundo de la producción de energía, pensamos que tiene un lugar y por eso vamos a apoyar y votar esta toma en consideración, porque lo que no nos entra en la cabeza y no comprendemos es qué hay detrás de esta especie de constante zancadilleo, de esa negativa permanente a regular adecuadamente algo que está regulado ya en muchísimos lugares del mundo, además del mundo desarrollado donde también hay grandes empresas eléctricas, donde también hay centrales nucleares, donde también hay otro tipo de fuentes, sean centrales térmicas de carbón u otras. No se acaba de comprender. Tampoco la explicación es solo, que también hay una parte de esto, lo de defender a determinadas empresas. Ha salido este debate otras veces cuando hablamos de cuestiones energéticas. Lo que hay de fondo, y esto es lo realmente malo, es una defensa inflexible de un modelo energético que ha demostrado su fracaso en donde importa ver el éxito o el fracaso, que es en el aumento constante y permanente de los precios al consumidor, no solo al pequeño consumidor que está pagando ya una de las facturas eléctricas más caras de Europa cuando España tiene sobrecapacidad de producción eléctrica, sino también al gran consumidor con efectos devastadores en la industria, como todo el mundo sabe, provocando deslocalizaciones de empresas o, al menos, justificándolas, y otros fenómenos parecidos. Es decir, España tiene un grave problema económico, lo he dicho también muchas otras veces, con la mala política energética del actual Gobierno, heredera, por cierto, del Gobierno anterior. En esto también hay una gran continuidad.

Además, hay un problema de mentalidad. Esto de pagar por una cosa que uno no quiere o que no necesita, que sería esta tasa universal a cualquier persona que tenga una instalación de autoconsumo y la use, en realidad se debería de calificar de feudalismo energético. Es algo preliberal, es algo anterior a la economía moderna, al capitalismo, a todo lo que conocemos hoy en día como un intercambio de bienes. En realidad es un impuesto parecido al de la Edad Media, mientras duró el feudalismo, que duró mucho y todavía en algunos lugares del mundo quedan restos, que obligaba a la gente a pagar al señor del lugar una tasa porque el señor del lugar tenía un molino. No tenías que pagar por usar el molino, sino porque el señor tenía un molino y, si no lo usabas, era tu problema. Esto es igual. Te obligan a pagar una tasa porque existe una red de distribución eléctrica, aunque tú no la uses en ese momento, dentro de un determinado período de tiempo mensurable. Estamos ante una mentalidad de tipo feudal. Es decir: este es un negocio serio, aquí hay empresas que tienen derechos hereditarios, aquí hay quien está y quien no está, y usted no va a ser un competidor para el negocio de la producción de energía.

Hemos pasado también por todo esto en otros debates como el que hubo, por ejemplo, sobre la cogeneración y las tasas que se pusieron a la misma, que es en gran parte una fuente de producción energética ligada a la industria pesada y que, además, es de las más eficientes e interesantes. Fue en su momento una de las más castigadas con las excepciones y chapuzas legislativas y todo tipo de cambios y recambios que han ido haciendo. El resultado de todos estos cambios es que España sigue teniendo una política energética desastrosa y que todo lo que sea proponer la innovación, competencia y competitividad se encuentra siempre con esa cerrada defensa de un modelo de negocio que desde el punto de vista de los consumidores, que somos todos, es un fracaso porque no tiene ningún pase aceptar que determinados intereses o determinado modelo de negocio, en el cual lo que realmente importa es que es el Gobierno el que negocia con las grandes empresas el precio del consumo de la energía -y es un modelo completamente fuera de lugar a estas alturas del siglo-, sea el eje de la política energética.

Además, se ha dicho también aquí, y por supuesto es una reflexión que hay que apoyar, que el autoconsumo -ya lo he dicho- sin ser la panacea -nosotros no pensamos que la extensión universal del autoconsumo vaya a dar lugar a una democracia energética, esto nos parecen cosas fuera de lugar y pensamiento un tanto mágico- sí creemos que es una técnica a desarrollar y emplear porque España es además un país muy adecuado por su grado de desarrollo económico, tecnológico, por su clima, por la estructura demográfica y de población de su territorio. Por ejemplo, el autoconsumo en sus diferentes formas es muy interesante y muy importante para fijar población en el medio rural, que sufre un proceso


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acelerado de despoblación. Tiene mucho que ver con el desarrollo de conceptos que en otros países, nada sospechosos como Gran Bretaña, llevan un gran desarrollo: el concepto de economía verde que, pese a ese nombre tan atractivo, tan de márquetin, no es nada del otro mundo. Se trata de unificar avances en tecnología, en informática, renovación urbana y nuevos modelos de ciudades para producir lo que también aquí otros importantes agentes sociales como la Fundación Renovables y otros han propuesto -y creo que es una buena idea-, que es convertir a las ciudades y a las zonas urbanas no solo en consumidores de energía, sino también en productores, en donde el autoconsumo tiene un gran papel.

Tenemos su negativa constante y permanente a abrir este tipo de regulación -porque lo que nosotros proponemos es la regulación- para que dentro de ese mix energético el autoconsumo tenga el máximo papel que pueda tener en términos económicos de rentabilidad y eficacia. Cuanto más alto sea, mejor, porque eso va a crear en España algo que necesitamos como la lluvia en el Sáhara; necesitamos I+D+i; necesitamos empleo de calidad; necesitamos empresas innovadoras; necesitamos desarrollos tecnológicos. Todo eso puede venir de la mano de esta idea de utilizar el autoconsumo para un cambio del modelo económico, urbano y energético. No digo para crear aquí el paraíso en la tierra -yo no creo en eso-; estoy hablando para utilizar de modo razonable aquellas posibilidades que razonablemente podemos usar. Lo que no es razonable, lo que es irracional es negarse, impedir siempre mediante esta vía feudal, medieval, preliberal -ustedes que hablan tanto de ser liberales- de poner constantes barreras de acceso, tasas disuasorias, penalizaciones abusivas y cosas así que llevamos padeciendo toda la legislatura.

Al final, de lo que se trata es de un modelo obsoleto, intervencionista que de una manera coloquial hemos encuadrado en ese concepto del capitalismo de amiguetes, donde hay unas relaciones privilegiadas con unas empresas para las cuales es mucho más cómodo tener unas buenas relaciones con el poder político que esforzarse por competir y por innovar. Al final, ¿quién paga?, ¿quién es el pagano? El consumidor al que se le sube constantemente una factura inflada con más tasas, con más peajes, con más amortizaciones y con más cosas de una enorme oscuridad pese a que su utilización vaya metida en lo que popularmente es conocido como la factura de la luz.

Un amigo mío joven, que tiene una pequeña star-up tecnológica que también se enfrenta a muchísimos problemas para poder trabajar debido a la inseguridad jurídica y al desastre regulatorio que hay en el campo de las telecomunicaciones y de la economía digital, me lo explicaba el otro día muy bien. Decía: Si a mí me obligan a pagar un peaje por usar la red eléctrica cuando no la uso, es como si planto una tomatera en mi casa y me obligan a pagar un peaje porque hay un tendero que vende tomates y aunque no se los compre yo tengo que pagar porque él los vende. Efectivamente, esta es la cuestión, es vivir como siempre en la inopia del desarrollo y el avance de la economía y, en realidad, en vez de subirnos a ese tren para tirar de la economía productiva y tener una economía decente fundada en la innovación, en el empleo de calidad, en la I+D, etcétera, nos empeñamos en seguir siendo un país que tiene el concepto de que aquí se compite a base de empleo precario, de bajos salarios y, eso sí, cobrando muchos impuestos a todo el mundo.

Ya se ve que el desbarajuste de la política energética les lleva a ustedes no solamente a poner pegas al autoconsumo, sino a cosas tan verdaderamente pintorescas y llamativas -por no decir escandalosas- como que hace poco el Partido Popular votara con Bildu en el Parlamento vasco la prohibición del fracking en el País Vasco. Una cosa verdaderamente interesante.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, debatimos la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por La Izquierda Plural sobre el autoconsumo. Un breve repaso por la regulación que ha efectuado este Gobierno en materia energética nos permite evidenciar que el Ejecutivo del Partido Popular no está por la labor de estimular el autoconsumo de energía.

En primer lugar, déjenme, señorías, hacer unas consideraciones de orden más general. Ya en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, quedó claro que el regulador limitaba al máximo las opciones de desarrollo del autoconsumo de energía eléctrica, basándose en una visión a nuestro entender negativa y, al mismo tiempo, intervencionista. Esta visión coarta las posibilidades de un desarrollo significativo del sector del autoconsumo eléctrico, como se ha visto con el reciente borrador del real decreto para el desarrollo del autoconsumo presentado por el Gobierno a principios de junio. Señorías, esta regulación del autoconsumo impide su progreso y entra en contradicción con nuestro


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planteamiento en sintonía con Europa, que es el de apostar por una mayor aportación de las energías renovables al sistema sin que ello implique un coste económico regulado. Es poco cuestionable que la reforma eléctrica, lejos de fomentar el autoconsumo de energía eléctrica, lo ha penalizado duramente, gravándolo con un peaje de respaldo; un peaje, a nuestro entender, que resulta excesivo, es de dudosa validez regulatoria e impide el desarrollo de un sector incipiente que constituye una gran oportunidad de negocio para el sector de las energías renovables. Dichas energías, no olvidemos, están castigadas por la moratoria en la implantación de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica fijada en el Real Decreto-ley 1/2012 y confirmada sine die en el sistema peninsular por la propia reforma eléctrica. El Gobierno ni en la reforma eléctrica ni posteriormente ha aprovechado la ocasión para regular la modalidad de autoconsumo con balance neto en periodo anual. No lo ha regulado a pesar de que sí es el caso de países de nuestro entorno tan importantes como Holanda o Alemania y no se ha regulado a pesar de que sería deseable si queremos desarrollar una auténtica política basada en los precios de paridad de red no primada y con inversiones realizadas por parte de los clientes finales y con perspectivas de futuro de disminución de costes de inversión asociadas a las curvas de aprendizaje de las principales tecnologías de generación de energía eléctrica con energías renovables.

En resumen, señorías, cuando uno hace balance de la regulación que ha promovido este Gobierno en materia energética se da cuenta de que, en vez de impulsar el autoconsumo, el Ejecutivo ha preferido darle la espalda e imponer enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad a día de hoy. Ello se ha hecho a expensas de la gran cantidad de aportaciones positivas que el autoconsumo puede hacer al sistema eléctrico como la aportación a la gestión de la demanda, el aplanamiento de la curva de carga, la reducción de pérdidas de transporte y distribución, la reducción de saturaciones en las redes de distribución, la contribución de la energía solar fotovoltaica a la cobertura de la punta de demanda en verano o la reducción de inversiones en la red de distribución, entre otras. Esto, en nuestra opinión, es un despropósito.

Señorías, mi segunda consideración se centra en el marco europeo y, en este sentido, aislando el autoconsumo el Gobierno se aleja de Europa y de las advertencias también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De hecho, no solo es un desatino a nuestro juicio, sino que el Gobierno tiene que asumir que poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, como ha hecho, está desafiando el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de renovables, que establecen una cuota del 20 % de renovables sobre el total del consumo de energía. En este sentido, la propia CNMV ha manifestado hace escasos días en su informe sobre la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 que para alcanzar los objetivos de generación eléctrica con fuentes renovables es imprescindible contar con el autoconsumo.

La tercera cuestión que quiero compartir es que creemos que es necesario tomar en consideración esta proposición de ley y así lo votaremos, pero sin marginar la cogeneración. Resalto este aspecto que para nosotros es determinante por cuanto desde siempre hemos defendido el papel de la cogeneración al servicio de la competitividad industrial y muy especialmente de las pymes. En el marco de mi tercera argumentación y por todo lo que he expuesto, repito que estamos a favor de estimular e impulsar el autoconsumo y vemos favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque aborda esta cuestión desde la raíz, es decir, planteando una modificación de los artículos de la Ley del Sector Eléctrico que se refieren a las bases del autoconsumo de energía eléctrica. Creemos que es también una propuesta oportuna debido a la reciente presentación del segundo borrador de un real decreto de desarrollo de autoconsumo que, más que favorecerlo, lo limita. Además, consideramos que esta proposición de ley es positiva y conveniente en la medida que apuesta por una regulación de futuro acorde con los dictados europeos. Por esto creemos que debe ser tomada en consideración y sometida a debate.

No obstante, para terminar quiero también puntualizar que, de ser aceptada a trámite esta propuesta, consideraríamos oportuno matizar ciertas cuestiones que se plantean, entre las cuales sería de suma importancia evitar que se dejara fuera la cogeneración del régimen aplicable al autoconsumo de energía eléctrica, tal como decía antes. Reitero que se trata de una tecnología de generación de alta eficiencia energética y con importante incidencia en el ámbito industrial, como he mencionado anteriormente. En todo caso, a pesar de considerar esencial poner en valor la cogeneración como se ha defendido siempre desde nuestras filas, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque compartimos en esencia el contenido de la misma y, sobre todo, porque creemos que la apuesta por el autoconsumo es hoy en día una necesidad irremediable e irrenunciable.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista, señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Que los consumidores españoles generen y consuman su propia energía se ha convertido en una utopía irrealizable y en una opción totalmente inviable en nuestro país. El Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013 instaba a los consumidores europeos a reivindicar su capacidad de aumentar sus derechos de autoproducir y autoconsumir, pero en España se ha hecho oídos sordos. Señorías, el autoconsumo es mucho más que una forma de producción de energía. Tiene infinidad de externalidades positivas que pondré en valor para mostrar nuestra postura a favor de la tramitación como proyecto de ley de esta proposición que presenta hoy en la Cámara La Izquierda Plural.

Voy a pasar a esgrimir algunos de estos efectos positivos a los que no podemos renunciar por cuestiones económicas, sociales o medioambientales. Aunque todas las argumentaciones están interrelacionadas, empezaré por las razones económicas y por las consecuencias que un desarrollo adecuado del autoconsumo pueden tener sobre la competitividad de nuestra economía. En primer lugar, diré que puede contribuir de manera notable a la reducción de costes energéticos para la industria y para el sector servicios; primero, porque puede ser más barato producir y, también, porque podrá redundar en la bajada de precios en el mercado marginal de la energía. Por otro lado, introduce competencia en un sector que se caracteriza por la concentración del negocio en un número muy reducido de operadores, esa competencia que tantas veces ha sido reclamada por los organismos reguladores y de competencia. El autoconsumo también puede mejorar la balanza comercial, porque reduce la dependencia energética del exterior y, por último -pero no menor-, contribuye al avance de un sector industrial con mucho valor añadido, con muchas posibilidades de seguir creciendo y con una gran capacidad de generación de empleo, no solo en el sector industrial, sino en el sector de servicios auxiliares, como puede ser todo el desarrollo de las empresas de servicios energéticos, en las smart grids, y en el desarrollo de ciudades inteligentes, etcétera.

Aparte de estas razones económicas, también hay razones sociales de peso que tienen una gran importancia para el Grupo Socialista. El autoconsumo puede ser una herramienta clave para la lucha contra la pobreza energética. Además, como decía antes, el desarrollo de este sector puede generar miles de puestos de trabajo y fijar así población en los territorios rurales. Esto significa cohesión social y territorial, uno de nuestros principios básicos. Pero hay un tema central para los socialdemócratas, un tema central para nuestro grupo, y es que el autoconsumo tiene la capacidad de empoderar a la ciudadanía y de ampliar su cartera de derechos civiles con un nuevo derecho, el derecho a generar y consumir tu propia energía.

Además de las razones económicas y sociales, también existen las razones medioambientales. Acabamos de conocer, como ha explicado el grupo proponente, que España no cumplirá con los objetivos de implantación de energías renovables en el año 2020. Hemos asistido a un parón inaceptable del desarrollo de las energías renovables, siendo especialmente grave para un país que se encontraba entre las primeras potencias mundiales en este sector. El autoconsumo puede contribuir de manera definitiva a la eficiencia energética, y no solo sobre el consumo, sino también porque evita pérdidas en las redes de transporte. También puede contribuir a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, y con la nueva tecnología de acumulación en batería se puede hacer un desarrollo exponencial del transporte electrificado.

En fin, podría seguir hablando de estas externalidades positivas, pero ante la evidente ventaja competitiva que supondría una implantación justa y equilibrada del autoconsumo, en lugar de fomentarla, tal y como están haciendo los países de nuestro entorno -como están haciendo Estados Unidos o Japón-, el Gobierno del Partido Popular en España ha tomado el camino opuesto, y hace todo lo posible para que el autoconsumo en España sea inviable. Una vez más, el Gobierno ha ensordecido ante estos mensajes llegados desde Europa y solo escucha y obedece los mensajes que va en contra del bienestar de la ciudadanía. El Gobierno legisla en contra de la ciudadanía, en contra de la competitividad de las empresas, en contra del sector renovable, e incluso quiere ir en contra del desarrollo tecnológico. Por mucho que quieran frenarlo, el desarrollo del autoconsumo es imparable; es imparable porque es bueno y porque existe la tecnología. Querer frenar el autoconsumo es tanto como querer parar las redes sociales o haber querido frenar el desarrollo de Internet. No podemos hacerlo, porque no es razonable, porque no es justo, y ese afán está demostrando que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los intereses de la mayoría. Por cierto, este Gobierno cuando estaba en la oposición criticaba la inseguridad jurídica y defendía la oportunidad que suponen las renovables, pero ha sido llegar al Gobierno


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y sufrir una metamorfosis completa. Han querido poner de nuevo un parche al sistema eléctrico, pero no son conscientes de que es muy difícil arreglar este entuerto. No se puede hacer planificación del sistema eléctrico a base de pequeños retoques; aunque con este proyecto de ley que presenta La Izquierda Plural no se puede arreglar el desaguisado completo, sí se puede mejorar la situación del autoconsumo en este país, una situación a la que hay que dar respuesta, porque está paralizada por esa inseguridad jurídica de la que hablamos y porque esos dos borradores que el Gobierno ha sacado han hecho imposible que se invierta, porque no se sabe en cuántos años se va a poder amortizar la inversión. Lo que han hecho ha sido propaganda disuasoria, ya que con este nuevo borrador están estableciendo un plazo de amortización que duplica el de la legislación vigente. Además, la obligación que impone el Gobierno a las instalaciones de autoconsumo de contribuir a los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores, mediante el pago de peajes o de cargos, como llaman ahora en este nuevo borrador, es sencillamente intolerable, un atraco al bolsillo de los consumidores. La Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia calificaron en su momento este peaje de novedoso, injustificado y discriminatorio, que impide la competencia efectiva en el sector y la incorporación de nuevos operadores al sistema eléctrico, y piden un régimen no discriminatorio ni innecesario o restrictivo para el autoconsumo. Es cierto que la CNMC aún no se ha pronunciado, pero suponemos que el informe no será muy diferente, teniendo en cuenta que el decreto no se ha modificado en su esencia.

Señorías, el Grupo Socialista está a favor de una regulación del autoconsumo con balance neto. Mi compañero José Segura, portavoz en la Comisión de Energía, defendió una PNL ya en el año 2013 y elaboró una enmienda al artículo 9 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en la que estableció claramente cuál era la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia. Nuestra propuesta como Grupo Socialista es que los prosumidores, tal como se les llama ahora en la jerga europea, se rijan por el sistema de balance neto, consistente en descontar, en cómputo anual, el valor económico de la energía excedentaria vertida en la red por la instalación del prosumidor del importe de los peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema que deba abonar cada año. Es decir, quien tenga una instalación de autoconsumo usa la energía que necesita y el resto la deposita en la red, pero cuando necesite energía porque su instalación no es suficiente la toma del sistema. El prosumidor, por supuesto, se hace cargo del término fijo, por los costes asociados al funcionamiento del sistema. Este es el sistema que consideramos justo y equitativo. Esto, que parece tan sencillo, no lo quiere aceptar el Gobierno, y lo más curioso es el argumento que utilizan: quieren tachar de insolidarios a aquellos consumidores que opten por generar su propia energía, a pesar de pagar lo que les corresponde de término fijo de potencia; es decir, a pesar de contribuir al mantenimiento de las redes. El Grupo Socialista entiende que la verdadera insolidaridad es la de un Gobierno que permite que haya pobreza energética, la de un Gobierno que obvia que el sistema eléctrico es clave para la lucha contra el cambio climático, la de un Gobierno, por tanto, que se olvida de la solidaridad intergeneracional para defender lo indefendible, para defender a quienes no necesitan de la política ni de los Gobiernos para seguir adelante.

En definitiva, estamos de acuerdo en términos generales con lo que propone el Grupo de La Izquierda Plural y votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lucio.

Por el Grupo Popular, señora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular y les anuncio nuestro voto en contra a esta proposición de ley de autoconsumo de energía que presenta el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Es una proposición de ley electoralista y que entraña cierta perversión porque altera el orden natural de las cosas. Lo digo sin ánimo de ofender -no me malinterpreten- y con todo respeto. El orden normal hubiera sido que el Gobierno presentara a la Cámara el real decreto para su debate y votación, pero ustedes han optado por enmendar un real decreto que todavía no ha visto la luz, que todavía no ha sido aprobado por el Gobierno. A día de hoy existe un proyecto de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, proyecto que en la actualidad se encuentra en periodo de información pública, hasta mañana día 24 de junio. Lo normal es que cuando el Gobierno apruebe el texto definitivo se traiga a esta Cámara. Estoy convencida de que será un buen complemento a esa labor política que ha hecho el Gobierno en materia de energía, este Gobierno cuya


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política energética se sostiene en tres pilares básicos: ha logrado la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico español, la sostenibilidad medioambiental y la garantía de suministro que permite la competitividad de nuestro país. Tenemos que recordar, señorías -lo decimos constantemente, pero hay que seguir recordándolo-, que este Gobierno se encontró con un lastre de 26.000 millones de euros de déficit de tarifa que venía de pasadas legislaturas, déficit que se ha visto obligado a reducir y a eliminar para evitar el colapso del sistema eléctrico. Es el primer Gobierno que devuelve 400 millones de euros en la factura eléctrica de todos los consumidores de España y lo hizo en el primer trimestre de 2014; un gobierno que ha reducido la factura eléctrica -entre 2008 y 2011 se incrementa la factura en un 67 % mientras que en 2013 se reduce un 3 % y en 2014 un 4 %, y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística; un Gobierno que ha establecido impuestos sobre la generación a aquellas industrias energéticas con mayor impacto ambiental, eso lo ha hecho este Gobierno; un Gobierno que favorece la liberalización en el sector de la distribución de hidrocarburos, y -tomen nota porque es importante este dato- un Gobierno que ha conseguido que sea prioritario para el Consejo de Europa impulsar las interconexiones entre la península ibérica y el resto de Europa, interconexiones que son fundamentales para el desarrollo de las energías renovables. Con estos antecedentes, señorías, estoy convencida de que la propuesta de real decreto que apruebe el Gobierno sí permitirá el autoconsumo de energía y establecerá un marco normativo que permita regular el autoconsumo a la vez que garantice la sostenibilidad del sistema. He escuchado atentamente las intervenciones de sus señorías y tanto el señor Gorriarán, que ahora mismo no se encuentra presente, como la señora Lucio hacían referencia a esa seguridad jurídica; seguridad jurídica es lo que necesita este sector y lo que está dando este Gobierno, y sin duda lo hará con el real decreto que se presente y se apruebe en su momento.

Señorías, quiero llamar la atención sobre otro aspecto importante: el especial interés que va a tener el autoconsumo -estarán de acuerdo conmigo- en las islas canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla. Va a permitir reducir los costes del sistema eléctrico en su conjunto, pero tenemos que analizar lo que paga cualquier consumidor que se engancha a la red. Paga por tres conceptos. En primer lugar, por la energía que consume. En segundo lugar, están los costes de respaldo que le ofrece el sistema y el uso de las redes, ya que todos sabemos que las energías renovables deben llevar aparejada una tecnología de respaldo o backup que permita que en caso de que falle el sistema -que no haya viento o que no haga sol- se puedan seguir suministrando. Y en tercer lugar están los impuestos. Por lo tanto, parece lógico pensar que el autoconsumidor que vaya a hacer uso de las redes contribuya a su mantenimiento, de lo contrario serían los consumidores más vulnerables los soportarían los costes fijos del sistema, costes que los autoconsumidores no pagarían. El autoconsumo no puede desarrollarse, como plantea esta proposición de ley, a costa de una transferencia de renta de los consumidores más vulnerables hacia aquellos de mayor poder adquisitivo que serán los que sí puedan invertir en una instalación de autoconsumo. Todos pensamos en viviendas, en chalets a los que difícilmente van a tener acceso los consumidores más vulnerables.

Voy a ir concluyendo. Autoconsumo, sí; y que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones y no se produzcan subvenciones entre ellos. Fíjense si creemos en el autoconsumo que se va a regular para que exista -como decía antes- seguridad jurídica y evitar la incertidumbre del riesgo regulatorio. Pero, insisto, vamos a esperar a conocer el texto definitivo del Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS DURANTE EL PERIODO 2015-2016. (Número de expediente 162/001242).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular sobre la participación española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016. Para su presentación tiene la palabra señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, Naciones Unidas sigue siendo la instancia de mayor legitimidad global, clave para la paz y la seguridad internacional, el fomento y protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El


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sistema de Naciones Unidas moviliza alrededor de 40.000 millones de dólares al año y cuenta con unas 80.000 personas trabajando a su servicio. Las Naciones Unidas contribuyen al mantenimiento de la paz con casi cien mil cascos azules desplegados en diecisiete operaciones en cuatro continentes; proporcionan alimentos a 90 millones de personas; dan asistencia a 36 millones de refugiados; luchan activamente contra la pobreza, y en los últimos treinta años han ayudado a que 370 millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza tengan una vida mejor.

Nuestra presencia en el Consejo de Seguridad es consecuencia de la apuesta clara de nuestro país por el multilateralismo y los principios y propósitos de Naciones Unidas. Fue un gran éxito el que más de dos tercios de los miembros de Naciones Unidas votaran nuestra candidatura, ello mejora la posición y reputación internacional de España y hace, sin ninguna duda, que se trate de una empresa colectiva que necesita del esfuerzo de todos para llegar a buen fin: Gobierno, Parlamento, medios de comunicación y sociedad civil.

El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley, por la cual felicita al Gobierno por los esfuerzos que está llevando a cabo y la tarea realizada hasta la fecha en el Consejo de Seguridad, y le insta también a no cejar en el esfuerzo realizado en toda una serie de objetivos que quisiéramos resaltar. En primer lugar, la revisión de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad para hacerlo más transparente, más representativo, mas eficaz y más responsable ante todos los Estados miembros. Esto significa, por ejemplo, favorecer que los organismos regionales y los países afectados contribuyan a aportar soluciones o instar que se sigan realizando con mayor eficacia reuniones de evaluación seguidas de sesiones informativas, sesiones de recapitulación, reuniones informativas informales, reuniones informativas sobre las perspectivas de futuro, etcétera. En definitiva, una mayor transparencia, seguimiento y evaluación de los trabajos del Consejo. Tampoco debería el Gobierno obviar el espinoso problema de la reforma del Consejo de Seguridad e intentar, con todas las dificultades, ser ahí ambiciosos. Como país, estamos en la propuesta Unidos para el consenso. Hay que avanzar en los cuatro puntos que este grupo promociona: la prolongación de la duración de los mandatos no permanentes, no aumentar los miembros del Consejo de Seguridad, los límites al veto y el cambio en las relaciones entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

El segundo punto que señalamos en nuestra proposición no de ley es continuar con la promoción y defensa de los derechos humanos de una manera preferente en la agenda de España en el presente mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. España tiene una especial responsabilidad al coliderar el dossier humanitario de Siria, situación particularmente delicada y compleja. Hay que tener en cuenta el componente de derechos humanos en todas las consultas y declaraciones con los diferentes países, también en la coordinación con la Unión Europea y el Consejo de Europa, que realiza una tarea regional esencial en la protección y defensa de los derechos humanos. Felicitamos el gesto del ministro de Asuntos Exteriores de anular el viaje parlamentario a Indonesia por las sentencias de pena de muerte que han recaído en aquel país.

El tercer punto que quisiéramos enfatizar y sobre el quisiéramos instar al Gobierno supone continuar en la promoción de una nueva resolución sobre mujer, paz y seguridad que reemplace la 1325 y que promocione una participación activa de mujeres en procesos de consolidación de la paz y lucha contra la impunidad frente a los crímenes de violencia sexual en los conflictos. En particular, nos referimos a los conflictos en los que hay una OMP desplegada. Ello significa un fortalecimiento de los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y una exigencia de formación previa, entre otras muchas iniciativas, para el personal militar de paz. Será particularmente importante que en octubre, bajo presidencia española, se revise la Resolución 1325, para lo cual instamos al Gobierno a llevar a cabo los trabajos necesarios.

El cuarto punto es promover la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y escuchar a las víctimas. El 29 de mayo pasado tuvo lugar en el Consejo de Seguridad un briefing sobre combatientes terroristas extranjeros, y aquí queremos apoyar al Gobierno en una serie de iniciativas, en particular señalamos la creación del nuevo Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la aprobación del Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta. También es particularmente importante la reunión que tendrá lugar sobre este tema en Madrid a finales de julio.

El quinto punto que queremos enfatizar es mantener un papel destacado en el ámbito de la mediación y la prevención de conflictos. El Gobierno debe continuar sus esfuerzos en la iniciativa para la mediación en el Mediterráneo junto con Marruecos, en el Centro Internacional Rey Abdullah para el Diálogo Interreligioso e Intercultural en Viena, en la Alianza de Civilizaciones, en la participación en procesos de


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mediación, por ejemplo, la interlocución entre fuerzas democráticas y opositoras en Siria, y en definitiva ofreciendo buenos oficios a los enviados especiales de Naciones Unidas, como fuera el caso de Siria bajo la experiencia del Grupo de Córdoba.

El sexto punto que quisiéramos resaltar es instar al Gobierno a impulsar la no proliferación de armas de destrucción masiva, con especial referencia a grupos no estatales, dentro del marco de la Resolución 1540. Es particularmente relevante que a nuestro país se le haya atribuido, dentro del Consejo de Seguridad, el Comité 1540, relativo a la no proliferación de armas de destrucción masiva, más la presidencia de otros dos comités, el de sanciones sobre Corea del Norte y el de Irán. Hay que contribuir a la reducción del número de países que todavía no han informado sobre la aplicación de la Resolución 1540, controlar la vigilancia de las sanciones a Corea del Norte en un contexto muy delicado y promocionar la Conferencia de examen del Tratado de no proliferación nuclear y la vigilancia en el cumplimiento del Tratado sobre armas químicas en Siria.

El séptimo punto es defender en el Consejo de Seguridad el establecimiento de marcos de participación para tomar en consideración las nuevas amenazas, como el cambio climático o la ciberseguridad. Quiero resaltar que por primera vez la epidemia de ébola ha impulsado el que se cree la Unmeer, la primera misión creada por el Consejo de Seguridad en respuesta a una crisis modélica. El Gobierno debería también seguir contribuyendo al éxito de la Cumbre de París de diciembre sobre cambio climático.

Por último, en el octavo punto quisiéramos resaltar los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno y a la vez, desde el ámbito parlamentario, contribuir al apoyo en las tareas gubernativas y consolidar la política de comunicación que está llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la actividad de reuniones y negociaciones en el seno del Consejo de Seguridad. En este sentido, en relación con el cumplimiento del programa de la presencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con los diez puntos que se señalaron en su momento, quisiéramos enfatizar la importancia de llevar a cabo el cumplimiento estricto de este programa -como se está haciendo- en lo que hace referencia también a la revisión de las OMP que se hallan desplegadas en estos momentos por todo el mundo.

En definitiva, quiero felicitar al Gobierno por el esfuerzo y por el trabajo que se está llevando a cabo, por esta gran oportunidad que es para nuestro país formar parte como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un momento en el que las crisis y los conflictos geopolíticos se agudizan. Hay muchas voces que alertan sobre la situación en la que nos encontramos y el trabajo que se está llevando a cabo debería ser apoyado, como lo está siendo en todo momento, a través de las comparecencias del ministro, de los secretarios de Estado en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la propia presencia de los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Consejo de Seguridad; en definitiva, debería contar con el apoyo de la diplomacia parlamentaria en todas las tareas que está llevando a cabo el Gobierno en el Consejo de Seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Beneyto.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Intervendré desde el escaño porque no me va a llevar mucho tiempo, señora vicepresidenta. En realidad, como suele ser habitual en el tercer punto de los martes, esta es otra iniciativa pelota al Gobierno y la verdad es que tampoco tiene mucha chicha. El 11 de febrero tuvimos una reunión en la Comisión de Asuntos Exteriores los diferentes grupos parlamentarios, a petición del ministro de Exteriores. En esa reunión nos explicó cuál era el plan de actuación del Gobierno -es cierto que le corresponde a él- en el Consejo de Seguridad. Y no solo eso sino que también nos regaló un bonito ejemplar, editado muy correctamente, a todo color, que tenemos los portavoces parlamentarios. Allí se le dijo al señor ministro que eso estaba muy bien pero que queríamos crear un método de manera que hubiera unas comparecencias periódicas y pudiéramos ir discutiendo sobre qué es lo que se va haciendo, pero del método no hemos vuelto a saber nada. Nos hemos encontrado con esta iniciativa que lo único que hace es reproducir lo que el Gobierno ya había planteado en la bonita publicación. Por lo tanto, para decirle al Gobierno lo bien que lo hace ya se celebró la Comisión; desde luego, no cuenten con nuestros votos porque en esta votación no vamos a participar. Ahora bien, dentro de lo que se insta al Gobierno, considerando que España tuvo un interés especial en hacerse cargo del dossier humanitario en Siria -de hecho, se ha hecho cargo de esto-, todavía no sabemos qué es lo que pasa con la promesa de 2012 de acoger a 260 refugiados sirios. Lo que sí sabemos es que con la crisis incrementada de los refugiados -no solo sirios pero mayoritariamente sirios- provenientes de Libia hacia la Unión Europea, el Gobierno


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español manifiesta que no está de acuerdo con el cupo de reparto de la Unión Europea. Es decir, que cogemos el portafolio, cogemos el dossier, nos comprometemos con los derechos humanos, pero todavía somos uno de los países que no está llegando a un acuerdo en esas cuotas de reparto.

Por otra parte, recientemente, el día 17 de junio -hace nada, la semana pasada-, hubo una reunión sobre operaciones de mantenimiento de la paz e intervino el representante de España. Una y otra vez le están diciendo los representantes de los grupos políticos del Congreso y del Senado que las misiones de mantenimiento de la paz, y especialmente en el caso del Sáhara Occidental, deberían ocuparse del mantenimiento y de la protección de los derechos humanos, tanto en un lado como en el otro de la línea, pero de eso no hubo absolutamente nada de nada en la intervención del representante de España. Habló del proceso de revisión de las OMP, de la necesidad de aumentar la eficacia en la implementación de mandatos, de proporcionar a los contingentes formación adecuada, de nuevas tecnologías, pero nada de nada en cuanto a lo que se le había solicitado, y desde luego hubiera sido bueno que de ese tema se hubiera hablado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Señora presidenta, señorías, cuando se pregunta quién decide en nombre de la comunidad internacional, de sus casi doscientos países -ciento noventa y pico-, la respuesta de la Carta de Naciones Unidas es muy clara: en todo lo que se refiere a paz y seguridad es, en primer término, el Consejo de Seguridad y, en su defecto, la Asamblea General. Por tanto, es evidente que apoyar la presencia de España, como hace nuestro grupo, en el Consejo de Seguridad porque es una cuestión de Estado es algo que coincide con nuestra trayectoria. Pero es verdad que esa presencia nuestra como miembro electo del Consejo de Seguridad es un poco paradójica porque, por un lado, uno se sorprende de que con la insuficiencia e infradotación de recursos humanos, financieros materiales, etcétera, de la Administración exterior del Estado -y no lo digo yo, sino que lo han dicho ministros de Asuntos Exteriores del Partido Popular y del Partido Socialista- hayamos conseguido el apoyo suficiente para poder estar como miembro electo, pero todavía es más sorprendente que, frente a esa infradotación de recursos que nos sitúan, grosso modo, al nivel de un país como Holanda, nos encontremos con que se está dando permanentemente una expansión y redundancia de recursos destinados a la acción exterior por parte de las comunidades autónomas. Menos mal que durante esta legislatura se ha sacado por fin una Ley de Acción Exterior que trata no de poner coto a esa expansión irrefrenable de las administraciones autonómicas, sino por lo menos de imponer una coordinación dirigida por la Administración Central del Estado en materia exterior porque es a ella -competencia exclusiva, según la Constitución- a quien le corresponde.

Naturalmente que apoyamos las líneas directrices que se han indicado, pero hay que señalar también algunas deficiencias u omisiones que aparecen en esa proposición no de ley. En primer lugar, siguen a estas alturas mareando la perdiz con lo de la Alianza de Civilizaciones cuando, visto el fracaso que ha supuesto a nivel internacional dado que todos los países, las grandes potencias, formalmente han apoyado la Alianza de Civilizaciones pero los únicos países que han puesto recursos encima de la mesa para ese proyecto han sido España, Turquía, Irán, etcétera, la verdad es que ya debería ser agua pasada. En cambio, nos sorprende que no se haya incluido entre las líneas directrices de la acción de España como miembro del Consejo de Seguridad la creciente problemática de seguridad vinculada con el tema de los refugiados y los desplazados, una problemática que golpea, como estamos viendo diariamente en los medios de comunicación, la seguridad de las fronteras de los países de la Unión Europea, y no solo de ellos, pero que obviamente nos golpea directamente nuestra propia seguridad. Lo mismo se podría decir respecto al compromiso en la seguridad de ciertas regiones o países que por ser en algunos casos claramente Estados fallidos están terminando por afectar la seguridad incluso de España. Empezaremos en el Mediterráneo por el caso de Libia, porque se ha hablado del caso de Siria, pero se ha omitido el caso de Libia, por no mencionar, en cuanto a Oriente Medio y Oriente Próximo, la expansión del Estado Islámico y cómo eso está alterando el equilibrio no de seguridad sino de inseguridad que ya nos habíamos dedicado a manejar desde hacía décadas en el Consejo de Seguridad. Y qué decir del Sahel y de la creciente inseguridad que se está produciendo en países como Mali, Níger y con Boko Haram en Nigeria, y por supuesto sin olvidar nunca que en el propio corazón de Europa, en


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Europa Oriental, se está viviendo una guerra civil en Ucrania y hay potencialmente riesgo de que eso se traslade a otras áreas, como es el caso de Moldova.

Por último, hay que hacer referencia a algo porque estamos mirando al pasado. La lucha contra el terrorismo hoy en día en el ámbito internacional ya no es la lucha contra las organizaciones terroristas, es la lucha contra las redes que se han articulado entre organizaciones terroristas y organizaciones de criminalidad internacional. Esa coexistencia, colaboración y en ocasiones integración es el nuevo horizonte de amenazas para el que, por cierto, las estructuras y órganos del Consejo de Seguridad creados para la lucha contra el terrorismo se han quedado ya obsoletos. Sería bueno que España introdujese una iniciativa para actualizar la lucha internacional contra el terrorismo-criminalidad organizada. Creo que son todas ellas líneas que deberían incorporarse por España en el Consejo de Seguridad, aunque obviamente, como he señalado, estaremos a favor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Calduch.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.

Voy a intentar con mi intervención desmontar dos falacias en las cuales se asienta la proposición no de ley que nos presenta hoy el Partido Popular. La primera es que el programa que el Gobierno del Partido Popular enseñó y contó a la Comisión de Exteriores es la política de Estado de España en el Consejo de Seguridad. No. Es una política de Estado, es su política de Estado. El Grupo Parlamentario Popular la compartió, nos la contó, pero tiró adelante con su propuesta originaria. La segunda falacia es pensar que lo están haciendo bien y que España está liderando los temas clave que se están discutiendo en el Consejo de Seguridad. Negativo. No está siendo así. Eso hay que decirlo aún bajito, porque sería cruel juzgar todo el periodo bianual por la experiencia hasta ahora acumulada, pero no apunta bien. Tienen tiempo de rectificar, y espero que este debate sirva para que puedan tomar nota y podamos dialogar.

Cuando la Cámara tramitó la Ley de Acción Exterior, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo y también enmiendas parciales. En parte de esas enmiendas estaba la voluntad de la elaboración colectiva de la política exterior y el papel de las cámaras parlamentarias, del Congreso y del Senado. El Partido Popular tumbó todas esas enmiendas. Por tanto, estas cámaras hoy, por decisión política del Partido Popular, no tienen un mayor papel político en la definición de las estrategias de política exterior de España. Ustedes dicen en su preámbulo: mantener el grado de consenso. Pero yo pregunto: ¿cómo se construye el consenso, señorías del Partido Popular? El consenso se construye con tres elementos. En primer lugar, la información. No voy a repetir la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. La información es mejorable. Dejémoslo ahí. En segundo lugar, el debate en el marco parlamentario. De momento han tumbado las enmiendas que pedían un mayor papel del marco parlamentario. Y en tercer lugar, la síntesis, pero la síntesis siempre se produce en base a la expresión de la pluralidad política y ustedes en política exterior han aplicado el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, será su síntesis, la síntesis interna del Partido Popular, pero no la que reconoce la pluralidad de las posiciones políticas de esta Cámara y de la sociedad española.

El Gobierno comunicó a la Comisión de Exteriores su programa de actuación, por tanto, estamos hablando de que -ustedes saben bien el debate que se produjo el 11 de febrero- no todos los grupos parlamentarios coincidimos con el programa. Yo diría que el Partido Popular y algún otro grupo están representados en este programa, el resto de la Cámara, no. Muchos de nosotros fuimos críticos con partes importantes de la actuación española, y ahora ya estamos juzgando hechos, y a eso voy. Por ejemplo, estamos hablando de los prejuicios ideológicos que acumula el programa presentado por el Partido Popular. -No me extiendo-. Estamos hablando de que pedimos liderazgos concretos en temas que son medulares, por ejemplo, el asunto de los refugiados donde España con la mano derecha habla de liderazgo en Naciones Unidas, y con la mano izquierda en el asunto de los refugiados tiene una actitud poco sensible y retraída en el debate europeo sobre las cuotas de refugiados. En consecuencia, no podemos liderar, no damos ejemplo, sino que en el marco de la Unión Europea estamos en el furgón de cola a la hora de abordar este problema gigantesco que tenemos en este momento. Estamos hablando de liderazgo en el conflicto del Sáhara, pero el liderazgo lo tiene la República Francesa.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.


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El señor NUET PUJALS: Voy acabando.

Decía que el liderazgo lo tiene la República Francesa, a pesar de que España es históricamente responsable en el caso del Sáhara Occidental, pero nosotros en Naciones Unidas con respecto al Sáhara hemos tomado nota de la actitud francesa y norteamericana. No hemos liderado. Cuando se menciona como un objetivo el papel mediterráneo en la mediación de Marruecos, díganle a Marruecos que empiece por el Sahara Occidental, ejerciendo el papel de liderazgo, porque es difícil que se lo atribuya en el marco mediterráneo si no lo aplica a los territorios ocupados del Sahara Occidental. En tercer lugar, hablamos de que no hagan incompatible la pertenencia a la OTAN de nuestro país con algunas decisiones estratégicas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.

El señor NUET PUJALS: Acabo.

Y yo pregunto: en el marco de Naciones Unidas, ¿estamos de acuerdo con los 250 tanques norteamericanos que se han desplazado hacia las fronteras de la Federación Rusa? ¿A qué estamos jugando? ¿A la guerra?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.

El señor NUET PUJALS: Señoras y señores diputados, esto no puede hacer que lideremos correctamente los temas sensibles en el marco del Consejo de Seguridad. Por tanto, algunas de sus frases son correctas, otras no las están cumpliendo de facto y, en conjunto, no podemos votar a favor porque su propuesta no es creíble.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.

Señor ministro, señorías, lo ha dicho antes otro portavoz, el señor Esteban: nos encontramos en lo que llamo una proposición no de ley botafumeiro. Viene el grupo de apoyo al Gobierno y empieza a lanzar incienso al decir: ¡Lo estamos haciendo muy bien y vamos a continuar haciéndolo muy bien! Pues, vale. En su moción hablan de diálogo, solidaridad y compromiso. -Me repetiré con algún portavoz-. Solidaridad y compromiso. Se lo voy a decir con una metáfora: hay dos tipos de solidaridad y compromiso. Cuando se prepara un plato de huevos con beicon, hay solidaridad y compromiso por parte del cerdo y de la gallina. Pero comprenderán ustedes que el compromiso que toma el cerdo es muy superior al de la gallina en los huevos con beicon. Entienden, ¿no? Ustedes exactamente, ¿qué tipo de compromiso van a tomar o están tomando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Un ejemplo como el de Italia, con la operación Mare Nostrum, que sale fuera de sus aguas jurisdiccionales, que rescata refugiados, que los acoge en su país? ¿O el de la triste experiencia del caso Frontex, absolutamente limitada, que deja a la gente ahogarse a las puertas de Europa? Debería ser un compromiso a la italiana, al estilo verraco, para que me entiendan, y no al estilo gallina. En el caso que nos ocupa, en el caso de los refugiados, ustedes simplemente se niegan a hablar. En el caso de los refugiados sirios estamos hablando de refugiados que ya no huyen de la pobreza; estamos hablando de gente que huye, pero detrás de ellos ya no es que haya pobreza sino que hay violación o un machete. Y ustedes dicen que no quieren hablar del tema. Esto ya no es un compromiso gallina, es un compromiso gallina ciega, si me permiten, que es todavía peor.

Hablemos también de geoestrategia. En los últimos años no es que la situación internacional haya mejorado. Si cogiéramos Europa occidental e hiciéramos una gran C al revés, desde el Magreb, el golfo de Guinea, el Sahel, continuando por Oriente Medio, Irán y luego la zona ruso-ucraniana, definiríamos una gran C invertida donde hay una absoluta inseguridad envolviendo Europa occidental. Se necesita también un fuerte compromiso con respecto a la tensión báltica. La única frontera segura que encontraría un avión que en este momento sobrevolara Europa para no cruzar territorio peligroso sería si se dirigiera hacia el Ártico o si se dirigiera a cruzar el Atlántico. Cualquier otra frontera en la otra dirección tiene un elemento de peligro. En esta situación geoestratégica está el mundo. ¿Vamos a adoptar un compromiso de verraco o vamos a adoptar un compromiso de gallina?

Naciones Unidas autorizó una intervención en Afganistán porque existía el peligro de campamentos que entrenaban a terroristas en este país. Pues este mismo peligro de campamentos ahora no está en Afganistán, está a dos horas de avión del Estado español; o ni a dos horas, porque quizá está a dos


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minutos desde del ordenador de un señor que está aquí al lado conectado a Internet. En este tipo de cosas, ¿nuestro compromiso será de verraco o de gallina?

Hablan ustedes también de solidaridad. Eso quiere decir también lealtad con los aliados y esperemos que está también exista. ¿Podemos estar ayudando a regímenes formalmente democráticos, pero que invaden a sus vecinos? Entendemos que no, y todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. ¿Podemos ayudar a países -utilizando una expresión del señor Olabarría- no fallidos pero que tienen muchos fallos, dándoles entrenamiento y armamento? Puede ser muy delicado; estas armas, este entrenamiento puede quedar luego en manos de guerrillas islamistas. Dejarlos al pairo es igualmente delicado porque luego sí que se convertirán en Estados fallidos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Acabo en diez segundos, presidenta; gracias por su tolerancia.

Por tanto, esta gente lo que necesita es seguridad, pero no solo seguridad militar, sino también seguridad jurídica, tribunales, escuelas y sobre todo futuro; futuro, señor ministro, señores del Grupo Popular. El hinduismo dice que el único pecado que no se perdona es apagar la esperanza en el corazón de los hombres. Supongo que la mayor de las virtudes debe ser encender la esperanza en el corazón de los hombres y de las naciones. Ese es el guión que deberían impulsar.

Esta es la última frase, presidenta. Esperemos que o su Gobierno o un buen Gobierno del Estado español, no tenga en el futuro en el Consejo de Seguridad un compromiso gallina, sino que tenga un firme compromiso de un sólido verraco para no utilizar la otra expresión.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Socialista, señora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, el Partido Popular nos trae hoy una proposición no de ley para impulsar y apoyar el trabajo de España en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como saben, el Grupo Socialista ha estado apoyando desde el primer momento tanto la propia candidatura de nuestro país a dicho puesto como el esfuerzo que se viene realizando en el seno del mismo. Como no podría ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta iniciativa, aunque debo señalarles, señorías, que nos hubiera gustado algo más de concreción en la misma y también algo más de ambición en el planteamiento de sus objetivos.

Como señala la proposición no de ley que hoy debatimos -el ministro ya compareció el pasado mes de febrero para exponer a la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara las prioridades de actuación como miembro del Consejo de Seguridad- de forma muy resumida se centra en dos puntos: en el ámbito orgánico en afrontar las reformas y los métodos de trabajo y marcos de participación pendientes, además de otras cuestiones relativas a la mejoría en comunicación y mayor transparencia del trabajo del Consejo de Seguridad. Y en el ámbito de las políticas a llevar a cabo se destacan los derechos humanos, la mediación en la resolución de conflictos, la lucha contra el terrorismo y las cuestiones de género. Esto, de forma resumida, es lo que el señor ministro nos expuso en la Comisión de Asuntos Exteriores. Estamos de acuerdo en términos generales con el planteamiento realizado, pero hay algunas observaciones que es necesario hacer, como tuvimos ocasión de exponer en Comisión pero creemos oportuno recordarlas. En primer lugar, sobre las formas y procedimientos de trabajo. Es bien sabido que desde hace décadas se ha iniciado un proceso de reforma de la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Seguridad, pero hoy por hoy se encuentra bloqueado ese proceso de reforma. Aunque desde el fin de la Guerra fría se había constatado cierta moderación en el uso de la facultad de veto por parte de los miembros permanentes que la tienen atribuida, en la actualidad distintos conflictos amenazan esa situación. Por tanto, no solamente no hemos conseguido reformar el procedimiento de voto y la composición del Consejo de Seguridad, sino que además esos cinco países están haciendo un uso o abuso de ese bloqueo a través del veto.

Esto nos obliga a mantener continuos contactos y un diálogo productivo con los que son nuestros socios naturales. El señor ministro ya lo ha explicado en otras ocasiones, Reino Unido, Francia y Lituania durante 2015, como miembros de la Unión Europea, y con Estados Unidos pero también con otros miembros no permanentes como es en este caso Chile y Nueva Zelanda. Mi pregunta es, señor ministro: ¿Estamos aprovechando la oportunidad que representa, frente a las cinco grandes potencias con poder de veto, mantener posiciones e iniciativas diplomáticas propias? Es verdad que solamente llevamos seis


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meses al frente de este relevante puesto, pero ya que está hoy aquí, porque ha tenido la amabilidad y deferencia de venir a este debate de esta proposición no de ley, me gustaría que nos explicase cómo se ha avanzado en esta dirección. De un miembro no permanente se espera que tenga un especial protagonismo y sensibilidad en temas como la defensa de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, protección de mujeres y niños en conflictos bélicos, la solución pacífica de las controversias internacionales. -Eso es lo que se nos pide a los miembros no permanentes-. Esta reflexión enlaza con las prioridades que se han expuesto en materia de políticas concretas que hoy centran la atención de la comunidad internacional y, en particular, del Gobierno español según nos ha explicado el señor ministro. Mi pregunta de nuevo es, ¿cómo hemos avanzado en estos ámbitos como el de la situación en Siria y la tragedia que ha provocado con millones de refugiados y desplazados, como el del conflicto entre Rusia y Ucrania, el ascenso del yihadismo radical o la situación en Libia? ¿Creemos sinceramente que España ha propuesto iniciativas de calado que den respuesta a estos gravísimos problemas?

No digo que sea fácil, señor ministro. Yo también he sido ministra y sé lo complejo que resulta abordar no ya todos y cada uno de los conflictos que se producen, sino de los pasos que hay que dar en los mismos, pero me hubiera gustado una posición más proactiva cuando se ha discutido en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, qué hacer en el Mediterráneo y cómo responder a la enorme presión migratoria procedente de las costas libias con miles de personas que huyen de la guerra y del hambre. Me hubiera gustado ver mayor determinación y compromiso con seres humanos que sufren la intolerancia racial o religiosa antes que el debate insolidario que hemos visto los ciudadanos españoles y europeos -un debate muy a corto plazo- sobre las llamadas cuotas para acoger a aquellos que no tienen nada, que lo han perdido todo y que necesitan un poco más de solidaridad. Por otro lado, también se acerca el límite del plazo previsto para la conclusión del acuerdo entre Irán y el Grupo 5+1 ahora en julio y, teniendo en cuenta que a España le corresponde la presidencia del comité relativo a la no proliferación referente a este país, nos gustaría también conocer cuál ha sido el papel de España y el diálogo que ha mantenido con las grandes potencias y con Irán.

Además, me gustaría destacar algunos asuntos que consideramos fundamentales y que no vemos suficientemente recogidos en esta proposición no de ley. En primer lugar, la cooperación al desarrollo. La silla de España en el Consejo de Seguridad de la ONU debería servir, como manifestó el ministro en sus objetivos, para impulsar e incrementar la ayuda humanitaria. Permítanme que aquí también sea algo crítica. Es difícil que un Gobierno que ha recortado hasta su práctica desaparición la ayuda al desarrollo -ya sé que debido a la crisis económica- abandere la acción internacional en este punto. Según sus propios datos, España va a destinar en 2015 unos 17 millones de euros a desastres y emergencias humanitarias. Es una cifra insuficiente. Se lo hemos dicho ya, pero lo repetimos. Según las organizaciones no gubernamentales, esa cifra debería rondar los 125 millones en coherencia con el peso y la importancia de España en la escena internacional. Un informe de Intermón Oxfam, que seguro que conoce, recomienda precisamente a España que lidere en el Consejo de Seguridad el incremento de los fondos que cada país dedica a la acción humanitaria. Más de 51 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas o refugiadas, 51 millones de personas, y nosotros discutimos por unos pocos miles en la cuota.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jiménez, tiene que terminar.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Sí, señora presidenta, ya voy terminando.

Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para recaudar en el año 2015 la mayor cifra de la historia, 6.400 millones de dólares, para hacer frente a esta necesidad. ¿Hemos avanzado en esta iniciativa, que es una iniciativa de Naciones Unidas? En segundo lugar, tampoco quisiera dejar de preguntar sobre el papel de España en el ámbito de la mediación, tanto en la prevención como en la resolución de conflictos, ya que este es otro de los objetivos. Se me ocurren algunos conflictos como el de Colombia, pero también el conflicto persistente entre Rusia y Ucrania y otros más complejos -ya lo sé- como el de Rusia y la actual situación en Libia.

Por último, señor ministro, quiero saludar la revisión de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. Esperamos ver progresos y avances en un ámbito que consideramos imprescindible para el desarrollo de la sociedad internacional en su conjunto, y en el que España ha demostrado en numerosas ocasiones su liderazgo y valentía en materia de género. En este punto, reiteramos la colaboración de este grupo parlamentario al tiempo que reclamamos el espacio imprescindible para la articulación de los consensos necesarios para un país moderno y una sociedad cada día más participativa y en un profundo proceso de cambio.


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Señor ministro, le agradezco que esté aquí, porque estoy segura de que todas estas preguntas retóricas que he tenido la oportunidad de hacer, en nombre del Grupo Socialista, van a ser respondidas puntualmente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.

¿El señor ministro tiene la intención de intervenir? (Asentimiento). Adelante.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Muchas gracias por todas las intervenciones y muchas gracias al Grupo Popular por haber tenido la iniciativa de presentar una proposición no de ley -una proposición pelota, según algunos de los intervinientes en esta Cámara- que trata de una cuestión tan poco interesante como lo que está haciendo el Consejo de Seguridad en un mundo tan conflictivo como este. Quiero hacer algunas notas e intentaré responder a todas las preguntas que se me han formulado, aunque es una tarea difícil porque aquí se ha hablado de discusiones que tienen lugar en la Unión Europea sobre asilo e inmigración; se ha hablado de política interna, de política exterior bilateral, de muchas cosas, y algunos intervinientes han tenido la bondad de referirse a la política que España hace en el Consejo de Seguridad, que es el objeto de la proposición no de ley y va a ser el núcleo de mi intervención.

Como sus señorías saben, hace setenta años que España se incorporó al sistema de Naciones Unidas. Hemos estado presentes en el Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones; la última elección se celebró el 16 octubre, después de una campaña de diez años en la que participamos dos Gobiernos, el Gobierno del Partido Socialista y el Gobierno del Partido Popular. España tuvo 132 apoyos, y ya que el representante de Convergència i Unió se ha referido a los medios financieros, se los voy a explicar: Turquía tenía 250 millones para la campaña y España tenía un millón -eso se llama eficiencia y control del gasto. Sí quiero decir que esto no es un éxito -lo he dicho siempre y lo repito ahora- de un partido ni de un Gobierno; es un éxito de la nación española en su conjunto -una y diversa- y de toda la sociedad española.

Se ha aludido por parte del representante del Grupo Vasco a la transparencia, y voy a hacer alguna referencia a este tema. Yo comparecí el mismo día que salía de la imprenta del programa, que está bien hecho, es bonito, es concreto, es exhaustivo, y lo único que ha merecido es algún comentario despectivo que yo no puedo compartir. En abril compareció el secretario de Estado de acción exterior para hacer un primer balance sobre la actuación de España en el Consejo de Seguridad antes de que algún otro miembro del Consejo de Seguridad compareciese ante su respectivo Parlamento. La Oficina de Información Diplomática ha colgado dieciocho intervenciones en la página web, otra cosa es que no se las lea, pero estar, están. Ha habido dos viajes parlamentarios, uno del Congreso y otro del Senado, pero no me voy a referir a ello, y queremos que conozcan ustedes de primera mano lo que estamos haciendo allí, porque efectivamente lo estamos haciendo muy bien. Asimismo quiero referirme a la resolución que se presentó en el estado de la Nación conjuntamente con el Ministerio de Defensa y que ustedes conocen.

¿Qué estamos haciendo -y voy a algunas preguntas concretas-? Estamos prestando especial atención a la cuestión del terrorismo, estamos potenciando el papel preventivo del Consejo de Seguridad. Vamos a tener un comité sobre el terrorismo en Madrid al que asistirán las víctimas del terrorismo, cuya voz nos importa y debe ser oída; y habrá otra reunión sobre terrorismo coincidiendo con nuestra presidencia en octubre en Naciones Unidas con una exposición de fotografías para que la opinión pública conozca lo que el terrorismo ha sido, con protagonismo -insisto- de las víctimas del terrorismo. Estamos presidiendo tres comités. La exministra de Asuntos Exteriores sabe que estos comités no le tocan a uno en la tómbola ni se los regalan; son tres comités importantes: el 1540, sobre armas de destrucción masiva, el 1718 sobre Corea, y el 1737 sobre Irán, un tema muy de moda, como sus señorías pueden conocer. Hemos participado en la revisión de operaciones de mantenimiento de la paz -dieciséis-; hemos participado en todos los debates de altura -ningún otro miembro del Consejo de Seguridad se puede levantar en el Parlamento y decir lo mismo-; hemos tenido una participación enorme en lo que se refiere a la revisión de los desafíos legales, muy especialmente del cambio climático, que veremos en París. En materia de mediación, sabe la señora exministra que fue una iniciativa conjunta de España y Marruecos; se han celebrado muchas reuniones y, en Nueva York, se celebrará otra. Hemos renovado dos misiones, la de Afganistán y la de Minurso. Por cierto, la de Minurso siendo el pen holder Estados Unidos -el que tiene un papel, tiene un papel-, y eso se ha renovado por unanimidad, es decir, no me apunto ningún tanto pero tampoco acepto ningún demérito. Propiciamos una resolución sobre Nepal en un tiempo récord, y lo que a ustedes les


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importa a partir de este momento es qué vamos a hacer. Hoy mismo hay una reunión en Madrid, patrocinada por Chile y por España, sobre la responsabilidad de proteger con la participación de las máximas autoridades de Naciones Unidas. El Comité contra el terrorismo se va a celebrar en Madrid -lo he anunciado antes, pero no lo he dicho- los días 28 y 29 de julio.

Va a haber una reunión amplia, con participación de miembros que no pertenecen estrictamente al Consejo sobre Cambio Climático. Vamos a pedir, como usted ha dicho, señora ministra, una revisión a fondo, y eventualmente la redacción de una nueva Resolución 1325, sobre el papel de la mujer en la solución de conflictos. En las cuestiones a los que ustedes se refieren, y que esta Cámara ha aprobado, hemos seguido con el consenso. El Grupo Socialista presentó una resolución sobre Palestina que apoyaron todos los grupos parlamentarios, desde luego el grupo que apoya al Gobierno, el grupo de la mayoría, y así estamos actuando, como estamos actuando igual en lo que se refiere a Siria y en todas las misiones que estamos discutiendo.

¿Estamos haciendo mucho o poco en el Consejo de Seguridad? Esto es lo de la botella llena o la botella vacía. Nosotros participamos en un grupo que se llama Unidos por el Consenso, que propugna una reforma del Consejo de Seguridad en una determinada dirección, que no coincide con otras. Vengo ahora mismo de Brasil de discutir con un país que encabeza una oposición que no es la nuestra. Si hay bloqueo, todos tendremos la culpa, pero no la tendremos unilateralmente. En este asunto España va a mantener sus posiciones. Había un general que decía que la paz siempre es posible, basta con rendirse. Tengan ustedes la seguridad de que este Gobierno no se va a rendir en esto. Hemos tenido permanente contacto con las representaciones permanentes de todos los demás países, especialmente con los otros tres europeos, con los otros del Consejo y con todos los países que nos han votado. Era un compromiso que habíamos asumido en el programa con que concurrimos a la selección de candidatos, y lo estamos cumpliendo.

El Sahel ha sido un tema importante aquí para uno de los intervinientes. España es hoy el país que más efectivos tiene en Mali, ya que tiene 122. España participa hoy en la República Centroafricana. España sigue participando en Afganistán. España participa en Somalia en nada menos que en tres operaciones. Y España forma parte de la misión que va a ir a Libia. No le he entendido muy bien si lo que me propone es que no formemos las tropas en Irak o que sí las formemos. Esto del verraco y la gallina y estar y no estar me ha llevado a una cierta confusión. El Gobierno cree que tenemos que apoyar a las tropas de Irak, que tienen que resolver una de las mayores amenazas que tiene el mundo, una amenaza que se llama Daesh y que, como usted sabe, está a dos horas de nuestras costas, en algunas ciudades de Libia. Este Gobierno no incumple nunca sus compromisos, es leal a sus compromisos, es leal a sus aliados y asume todas las consecuencias de sus actos.

Señora presidenta, no quiero dejar de hacer alguna alusión a una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con este debate, que es la que está teniendo lugar en la Unión Europea sobre asilo e inmigración. Son cosas distintas. El asilo está pensado para las personas que sufren persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos -Ginebra-, y la base jurídica es distinta. Otra cosa es la emigración, que es una emigración económica. Lo que el Gobierno ha dicho y sigue diciendo es que los criterios que ha propuesto la Comisión para aplicar el artículo 78 del tratado no nos convencieron. La Comisión dice que hay cuatro criterios: población, producto interior bruto, desempleo o paro y esfuerzo realizado, y pondera la población y el producto interno bruto, en términos absolutos que no en términos relativos, con un 40 % cada uno; y el desempleo con un 10 % y el esfuerzo realizado con un 10 %. España dice que el desempleo tiene que ponderar más, por una razón muy sencilla. Un Gobierno decente, y este lo es, quiere integrar en la sociedad, en nuestro caso la sociedad española, a los que vengan, y lo primero que hay que hacer es proveerles de un puesto de trabajo, darles educación, sanidad, seguros sociales, que es lo que requiere su dignidad. Y entenderá usted que no tiene las mismas oportunidades un país que tenga un nivel de paro del 23 % que otro país que tenga un nivel de paro del 5 %. Por eso decimos que esa es la ponderación. Pero si esto llega y hay que repartirlo en comunidades autónomas, aplicaríamos esos criterios. Y, en segundo lugar, estamos diciendo que se tenga en cuenta el esfuerzo que se hace para no crear un problema a los socios europeos. Los datos dicen que, en el año 2014 respecto al 2013, el incremento de la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental -el nuestro, que tiene frontera con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, y que sufrió oleadas de inmigración ilegal con Gobiernos anteriores- ha aumentado solo en un 15 % y en Canarias ha disminuido prácticamente en su totalidad. En el Mediterráneo central ha aumentado en ese periodo un 277 % y alguien tendrá que tener en cuenta -la señora ministra lo sabe- que controlar la inmigración no es gratis, requiere unos métodos de vigilancia, requiere unos esfuerzos de cooperación diplomática y cooperación económica con los países


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de origen y tránsito y lo único que estamos diciendo es que se tenga en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo para evitar un problema a los otros veintisiete miembros de la Unión. Por tanto, no mezclen ustedes gallinas con berracos, bacón con huevos ni churras con merinas. Lo que estamos discutiendo en la Unión Europea, que nada tiene que ver con el Consejo de Seguridad, son los criterios. Por cierto, ya que no es iniciativa, diré que el primero que lo propuso fue España y que ha sido seguido por gran parte de los países, que han dicho que hay que reconsiderar la propuesta de la Comisión.

Estamos en el Consejo de Seguridad, no he contestado a otras preguntas, estoy seguro de que podré comparecer. Ya saben que mi disponibilidad es absoluta dentro el tiempo que estoy en España, pero quiero decirles que tienen a su disposición una página de la Oficina de Información Diplomática -yo soy un talibán de la transparencia- donde encontrarán todo lo que se está haciendo, todos los debates en que participamos, todas las posiciones que aceptamos y créanme que los demás agradecen más lo que estamos haciendo en el Consejo de Seguridad que muchas de sus señorías en estos juicios críticos. Por lo demás, al Grupo Popular, si se trataba de hacer la pelota, lo han hecho ustedes divinamente.

Muchas gracias. (Risas y aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro. (El señor Nuet Pujals pide la palabra).

Señor Nuet. (El señor Esteban Bravo pronuncia palabras que no se perciben).

Señor Esteban, si quiere usted pedir la palabra, pídala.

El señor ESTEBAN BRAVO: No.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues entonces, por favor, si no le importa, guarde silencio. Gracias.

Señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Señora presidenta, por alusiones en la intervención del ministro...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene dos minutos, señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, muy amable.

Señor ministro, hemos discutido esto en muchas ocasiones. Me enternecen sus escrúpulos ante la oleada inmigratoria que intenta cruzar las fronteras de Europa. Usted ha sido muy escrupuloso -ha dicho- en la voluntad de integrar y por tanto en crear los filtros para poder integrar. Tan escrupulosos tendrían que haber sido y habérselo pensado antes, antes de intervenir en Libia o antes de apoyar a determinada oposición en Siria, señor ministro, porque esa es la causa importante en nuestras fronteras de la oleada de inmigrantes, que vienen de los conflictos norte-sur y de pobreza-riqueza, pero también de los conflictos e intervenciones militares donde España no ha sido un ángel de la caridad, sino que ha participado. Sean, pues, escrupulosos en todo, pero sobre todo no originen los conflictos porque entonces no tendremos que llorar sus soluciones. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

¿Alguna otra intervención? (Pausa).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor Nuet, yo no estaba en el Gobierno cuando se decidió intervenir en Libia. Mi grupo apoyó la intervención en Libia y mi grupo cree que probablemente haya que volver a intervenir en Libia en cuanto tengamos una resolución del Consejo a petición de las autoridades legítimas, porque dejar crecer el terrorismo de Daesh en Libia puede desestabilizar todo el norte de África y puede poner en riesgo la seguridad misma de España. Por tanto, insisto, asumo mi cuota de responsabilidad, pero yo no soy responsable de la intervención que se hizo en Libia, mi grupo la apoyó y creo que el Gobierno anterior lo hizo bien, pero de eso créame que no tengo la culpa, como no tengo la culpa de la muerte de Viriato.

Muchas gracias. (Aplausos).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER UN GRAN ACUERDO SOBRE LA DEUDA PÚBLICA EUROPEA. (Número de expediente 162/001163).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre medidas para promover un acuerdo sobre la deuda pública europea. Señor Garzón, tiene usted la palabra.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo considera que lo que está sucediendo en el pueblo hermano griego es lo que está sucediendo también en cierta medida y en diferente grado al pueblo español y al resto de pueblos de Europa. Es importante, por lo tanto, tener presentes los debates que se han abierto en los últimos meses y los que se han venido abriendo con respecto al papel de la deuda pública. Por eso traemos aquí esta proposición no de ley, que creemos suficientemente argumentada y justificada para su discusión y su aprobación en este Congreso.

En enero de este año, algunos representantes de este Parlamento estuvimos presenciando las elecciones en Grecia. Habían pasado ya más de seis años desde que la troika había intervenido, de forma explícita y de forma implícita, la economía de Grecia aplicando políticas de austeridad que condenaban a la población a recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, a bajadas salariales y a reformas laborales que llevaban verdaderamente el germen de la semiesclavitud al mercado laboral en Grecia. Creemos que aquella imagen debe estar continuamente en nuestras rutinas. Lo que vimos en Grecia fue un pueblo que estaba revelándose contra seis años de recortes, revelándose contra seis años de tratamiento neoliberal de la crisis y revelándose frente a la miseria, la pobreza y el hambre que se vivía en las calles, de gente tirada en la mitad de la calle sufriendo las consecuencias de políticas aplicadas por un puñado de burócratas en la Unión Europea. Eso puso de relieve también la victoria de un partido que no había gobernado hasta entonces, Syriza, que trajo además el debate de la deuda pública de nuevo a colación, una deuda pública que estaba en el año 2007 en el 103 % del producto interior bruto de Grecia y que después de muchos años de aplicación de recortes se expandió hasta el 182 % del producto interior bruto, que por lo tanto creció espectacularmente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Esto nos recuerda también la situación española, una situación en la que al principio de la crisis, antes de comenzar, teníamos una deuda pública del 35 % y que en 2014 alcanzó casi el cien por cien como consecuencia de haber aplicado políticas que teóricamente iban destinadas a la austeridad, pero que al final lo que hacían era incrementar la deuda, además con el coste social que estamos explicitando y que, en el caso de Grecia, era todavía más claro. Por consiguiente, el problema de la economía no ha sido nunca la deuda pública, ni en Grecia ni en España. Por más que pudiera estar en el caso griego en niveles importantes, no fue el problema principal, y mucho menos en España en donde el problema era la deuda privada, una deuda privada que se traspasó a la deuda pública por medio de los rescates financieros, pero también por un medio muy particular que hemos visto en los últimos años. Los falsos rescates a la economía griega han permitido al sistema financiero internacional traspasar los riesgos desde los acreedores privados hacia los diferentes Estados. Esto ha sido permitido e incluso promovido por el Banco Central Europeo.

Ante lo que debería ser una enseñanza para todos los parlamentos de Europa, que es sencillamente que después de tantos años aplicando la misma receta de recortes y recortes en el gasto público, recortes en las pensiones, subida de los impuestos indirectos y subida de los impuestos directos, lo que tenemos encima de la mesa es un fracaso, un fracaso de sociedad, la sociedad neoliberal, y un fracaso de economía, porque resulta que la deuda pública se ha disparado, que el producto interior bruto no sube y que por lo tanto las políticas neoliberales son contraproducentes para poder pagar la deuda. Nosotros entendemos que es necesario pagar una gran parte de la deuda, pero que solo a través de un proceso de reestructuración va a ser posible intentar siquiera pagarla, porque solo con políticas totalmente distintas a las que se están aplicando será posible tener capacidad financiera para devolver esa deuda. Eso es lo que está demandando el pueblo griego en las calles. Eso es lo que está ocurriendo en las calles de Grecia, pero también en nuestras calles, porque esta deuda no puede ser pagada en las actuales condiciones, porque es imposible que eso pueda ser pagado, y además tiene un coste enorme que estamos viviendo ya en las calles no solo de Grecia sino también del resto de pueblos europeos, especialmente del sur.

Creemos que es importante llegar a un acuerdo internacional y europeo sobre la deuda que parta de una auditoría de la deuda pública y que empiece a reestructurarse pensando en mantener un Estado


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social, que está siendo machacado con la excusa del pago de la deuda. No es posible que esta Unión Europea pueda seguir existiendo como tal. Es imposible. Están en su seno insertas las contradicciones más profundas de la economía, porque está llevando a la mayoría social a situaciones de penuria verdaderamente lamentables, y si los dirigentes de la Unión Europea no son capaces de verlo, es que sencillamente no merecen ser dirigentes de los respectivos pueblos.

Creemos fundamental tener altura de miras para entender la gravedad del problema, para entender que lo que está en juego es un orden social; altura de miras para entender que no son unos locos los que han llegado al Gobierno, que no son ellos los que han traído el caos, que el caos ya estaba en las calles de Atenas, en las calles del resto de las ciudades griegas cuando Syriza llegó al Gobierno. Este caos generado en las calles, generado en los ámbitos laborales, generado en las comunidades políticas, fue traído por los Gobiernos que habían aplicado una y otra vez las políticas neoliberales, que ahora llegan de la mano de un puñado de burócratas de nuevo y de una mafia financiera internacional, más atenta a cobrar los intereses de la deuda pública que a permitir que una comunidad política pueda desarrollar su vida con dignidad. Eso es lo que está llevando a una situación absolutamente insostenible y ese es nuestro reflejo, el reflejo de otro pueblo hermano, el reflejo de un orden social que está cambiando.

Entendemos que esta Unión Europea no es nuestra Unión Europea. Creemos en una Unión Europea que sea la unión romántica de los pueblos de Europa, no creemos en una Unión Europea dirigida por burócratas al servicio de las grandes empresas financieras, y eso desgraciadamente es lo que vemos en las calles. Entendemos que hay que darle una vuelta absoluta, cuestión que aparece en nuestra proposición no de ley. Tengamos en consideración que lo que está ocurriendo en Grecia es exactamente lo que está ocurriendo en España. Son las mismas circunstancias, diferentes en grados cuantitativos, pero es el mismo problema. Grecia no puede pagar, no por cuestiones morales sino por cuestiones técnicas, su deuda. O se reestructura o seguirá caminando hacia el abismo social, a un abismo social que ya abrió la puerta a la extrema derecha en el Parlamento griego y que desgraciadamente ese puñado de burócratas está empujando con su falta absoluta de miras respecto a la sociedad europea, que ojalá fuera la sociedad de la unión romántica de los pueblos de Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, señorías, era de esperar que este debate estuviera sobrevolado por la situación de Grecia. En estos momentos se están desarrollando unas negociaciones dramáticas y tensas. Dramáticas porque el proyecto del euro, el proyecto de la unión económica y monetaria es básicamente irreversible y la salida hipotética de un país de la eurozona sería un hecho gravísimo, supondría la vulneración de dos principios fundamentales del proyecto de Europa, como son la solidaridad y el cumplimiento de la ley europea. Es verdad que las políticas de austeridad han sido unas malas políticas aplicadas a palo seco para combatir la crisis. Es verdad que estas políticas se han manifestado nefastas en la medida en que han aumentado la deuda de los países -de algunos más que de otros- y por tanto no cabe duda de que ahí está una parte de la explicación de la dificultad de salida de la crisis, lenta, trabajosa y con múltiples heridas en el Estado del bienestar, pero la propuesta que contiene la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural en absoluto solucionaría esta cuestión, con ir a un impago soberano o a una condonación sistemática de todas las deudas de la Unión Europea, porque no distingue al igualar prácticamente la situación de Grecia con la de otros países europeos que no tienen nada que ver. De hecho, en muchos países europeos, la deuda no es un problema cuando se encuentra en niveles de interés prácticamente igual a cero, los intereses más bajos de toda la historia. Luego, en la proposición no de ley se plantean soluciones a largo plazo con la derogación o abolición de los tratados que desde que empezó la crisis han ido en el sentido de lograr una mayor gobernanza económica en Europa, empezando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que está en el Tratado de la Unión Europea, es decir, que es una derogación prácticamente total de la legislación económica europea. En definitiva, si se llevara a efecto el planteamiento de esta proposición no de ley, inmediatamente se suspendería la financiación de los países de Europa, sería automáticamente una situación de no financiación, no habría acceso a los mercados con este tipo de propuestas que aparecen en esta iniciativa.

Creemos que la mejor forma de digerir un problema de deuda -que existe, por supuesto- es mediante el crecimiento. Esa es la forma de digerir el problema de la deuda, con el crecimiento,


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especialmente en las economías periféricas europeas. Para ello hace falta inversión productiva y hace falta financiación de la inversión productiva, ya sea privada o pública, y, desde luego, desde el punto de vista público, mejor financiación vía impuestos directos que a través del constante endeudamiento, que ha sido sin duda el gran error de los últimos años del siglo XX en el mundo occidental, el escoger endeudamiento en vez de escoger impuestos progresivos. Esa es la fórmula. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural en el sentido de impulsar un plan europeo de inversión productiva que ensanche la vía abierta por el Plan Juncker -que va en la buena dirección, pero que es claramente insuficiente-, con objeto de lograr el crecimiento sostenible, la competitividad, la convergencia y el empleo de calidad. También proponemos que haya una flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una flexibilización que ya se está haciendo, aunque no se quiera decir en la Unión Europea, por la Comisión, pero que nos afecte a todos, y que esa flexibilización consistente básicamente en que las inversiones productivas no computen a efectos de déficit también se aplique a países como España, no solo a los países virtuosos que en estos momentos cumplen con los objetivos de déficit que están en el tratado. También proponemos que haya una evolución en el mandato del Banco Central Europeo para que se preocupe no solo de la inflación -de la que por cierto tampoco se preocupa mucho, porque está muy lejos del 2 %- y se ocupe también del crecimiento y de la creación de empleo, como se ocupa por mandato la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Completamos todo esto, señor presidente, con una profundización en la gobernanza de la unión económica y monetaria, bastante de moda en estos días, ya que ayer conocimos un documento interesante y ambicioso, el llamado documento de los cinco presidentes para una gobernanza, para una realización de la unión económica y monetaria y que es un documento sobre el cual hay que reflexionar. De esa gobernanza destacamos algunas cuestiones que hemos planteado en los últimos tiempos, como el fortalecimiento institucional del Eurogrupo -la eurozona va a ser sin duda el pivote de futuro de la evolución de la integración europea-, la creación de un tesoro europeo que pueda emitir deuda pública europea, mutualización de la deuda pública de los Estados, lucha contra la evasión y elusión fiscal, creación, de una vez, del impuesto de transacciones financieras para aportar ingresos al tesoro europeo, armonización de bases imponibles de los impuestos sobre sociedades, que parece que la Comisión está afrontando tímidamente, y aprobación de planes de sostenibilidad de la deuda.

En conclusión, señor presidente, pensamos que efectivamente hace falta inversión productiva para salir de esta crisis de una vez, una crisis cuya salida se ha hecho muy difícil y que nos deja un legado de desempleo y de subempleo, un legado de pobreza y de desigualdad, pero desde luego solo vamos a salir definitivamente de la crisis con más integración europea, con más solidaridad y con más confianza en el proyecto de Europa.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervenimos para posicionar al Bloque Nacionalista Galego de manera favorable a esta iniciativa de La Izquierda Plural y lo vamos a hacer porque, si bien es cierto que de estas cuestiones hemos hablado en diferentes ocasiones y también nuestro grupo ha presentado iniciativas en sentido parecido, la proposición no de ley que se debate en el día de hoy nos parece oportuna por dos razones que confluyen en el tiempo, por un lado, el debate en la Unión Europea a propósito de los planteamientos del Gobierno griego de la necesidad de reestructurar la deuda y, por lo tanto, de modificar aquellos criterios que en este momento están establecidos. A todas luces y de acuerdo con las informaciones que emanan incluso del encuentro de los mandatarios europeos en el día de ayer, el debate de la reestructuración de la deuda ya no es tan extraño y existen incluso posiciones de que habrá que hablar de la cuestión. Sin aventurarnos por supuesto a decir que el esfuerzo del Gobierno griego en estas cuestiones vaya a tener el resultado que a nuestro grupo le gustaría, nos parece muy positivo el hecho de que el Gobierno griego haya planteado esta cuestión, además de otras muchas, para mejorar la vida de los ciudadanos de Grecia. Por otro lado, señorías, porque, a la vista de que una vez más -no puede ser de otra manera- el Estado español va a incumplir los topes de déficit exigidos por la Unión Europea, ya estamos escuchando voces que piden al Gobierno más reformas, que viene a ser lo mismo que decir más recortes.

Nosotros como Bloque Nacionalista Galego nos hacemos la siguiente pregunta. Si los dos grupos mayoritarios, del Partido Popular y del Partido Socialista, cuando en el año 2009 acordaron la modificación


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del artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda, hubieran planteado la necesidad de un pago de la misma de manera diferente a la que se estableció, ¿estaríamos en esta situación de tanto empobrecimiento social? Como dijo el señor Garzón, lo que ha hecho el Gobierno con las políticas emanadas de Bruselas, acatando la directrices de esa famosa troika, es empobrecer a la ciudadanía. Es verdad que se ha incrementado el número de ricos, pero ha sido en 40.000 frente a los millones de ciudadanos españoles que están en la pobreza y en este momento en la mayor precariedad laboral.

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, debe terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.

El Gobierno y Funcas aventuran que va a haber un incremento del IPC, pero lo dejan a la consideración de que será el incremento del gasto interno el que lo favorecerá. No es la primera vez que estas previsiones fallan, porque el consumo interno no crece, y no crece precisamente por ese empobrecimiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Serrano.

El señor SERRANO IZKO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, saludos a todos los presentes en mi estreno en esta tribuna con un cometido en el que no quisiera desmerecer excesivamente de la imagen brindada hasta ahora por mi predecesora de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Entrando en harina, dado el poco tiempo del que dispongo, me voy a centrar en una sola idea a partir del punto 2 de la propuesta que aquí se debate en este momento, proposición a la que me adhiero sin reservas. Quiero recordar que en su día voté en contra de esta Constitución y hoy volvería a hacer lo mismo y al menos por una razón más, la del ya reformado artículo 135 que se cita en este punto 2. Es una reforma inducida por la troika y que de entrada no me cuadra con la proclamación oída aquí la semana pasada, según la cual el grupo parlamentario mayoritario pone a las personas por encima de todo en sus preocupaciones políticas. Oírlo y sonarme a demagogia fue todo uno en una primera impresión, pero no me gusta dejarme arrastrar por primeras impresiones, así que me pregunté si no sería yo el equivocado y si no sería tal declaración perfectamente sincera y honesta. Llego a la conclusión de que sí, de que tengo que creer en la honestidad y sinceridad de tal proclama, solo que -quizás esto sea más grave- la siguiente conclusión a que esto me lleva es mucho más preocupante.

Vistos los efectos sobre la inmensa mayoría de la sociedad de los criterios de la troika acerca de la deuda pública, tenía que hacerme una pregunta ya de otro calado, de calado antropológico, sobre la propia concepción de quiénes son personas que subyace a semejante proclama. En efecto, quien siga apoyando esos criterios de la troika y siga proclamando la prioridad inequívoca de las personas al mismo tiempo es que tiene una concepción peligrosa de quién es persona y quién no en la sociedad. Solo serían personas las gentes exitosas en el ámbito que sea y dejan excluidos de la categoría humana a los desahuciados sociales, a los marginados, a los perdedores, a los no ganadores, que somos la gran mayoría. Solo serían personas, según esa honesta y sincera proclama, una reducida élite de gentes, las gentes que están haciendo su agosto con esas políticas económicas sobre la deuda pública, aceptadas hace ya tiempo con la reforma constitucional, y sin ningún refrendo popular, del citado artículo 135.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante un tema importante. El señor López Garrido, portavoz del Grupo Socialista, decía algo con lo que puedo estar de acuerdo. Dice que lo fundamental es la salida de la crisis. Pero hay que plantearse el zertarako, el para qué, es decir para qué vamos a salir de la crisis. ¿Para que siga todo igual o para cambiar hacia un modelo mucho más justo socialmente? Creo que ese es el problema fundamental. Ustedes en su enmienda han propuesto una serie de cuestiones que permiten que todo siga igual. Avanzan en ciertos temas sociales, pero creo que no van a la raíz del asunto. Por eso nosotros vamos a votar la proposición original, porque pensamos que sí va a la raíz del asunto. No solo se trata de salir de la crisis, sino de salir de la crisis para ir a un modelo social mucho más justo, para ir a otro modelo social de Europa.


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Aquí se está hablando mucho de la deuda pública, que es un elemento fundamental, y de que la deuda pública hay que pagarla, pero no se habla de la deuda social, que es importante también, la deuda social de muchos países del norte con los países del sur, tanto en el ámbito planetario como en el ámbito propio de la Unión Europea. Estamos hablando del caso de Grecia, que es un caso muy llamativo y escandaloso desde el punto de vista de la gestión que se ha hecho hasta la fecha, pero si analizamos quiénes están detrás de esa gestión, vemos que están los mismos que ahora mismo reclaman esa deuda injusta. Están los mismos que han estado apalancando un sistema basado en el puro mercado, olvidándose de las personas, un sistema que está protegiendo ahora a la banca alemana frente a otro tipo de cuestiones, no a los ciudadanos. Creo que ese es el elemento fundamental y que ese es el elemento de reflexión que debemos llevar adelante. ¿Para qué queremos salir de la crisis? ¿Para seguir con una Europa que está fundamentada en la Europa de los mercados, que cada vez se acerca más al punto cero del inicio de la Unión Europea, aquella Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuando aquel era un tema instrumental para empezar a andar, pero para llegar a otra meta? Sin embargo, en vez de avanzar hacia una Europa más social, una Europa de la ciudadanía, una Europa de los pueblos, una Europa centrada en la naturaleza, se está volviendo otra vez a la Europa del puro mercado, olvidándose de las personas. Ese es el elemento que nosotros desde Amaiur queremos subrayar. Estamos por construir una Europa diferente, una Europa que esté basada en las personas, una Europa social, una Europa justa, una Europa solidaria, una Europa en la que la deuda social sea el objetivo y la preocupación fundamental y no simplemente una Europa de los mercados que da la espalda continuamente a las personas que la componen. Por eso vamos a votar la proposición no de ley original con ese convencimiento de que otra Europa es posible y que la queremos construir nosotros desde esa Europa de los pueblos, desde las comunidades naturales, desde Euskal Herria en nuestro caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señor Garzón, siento tener que decirlo pero es la primera vez que una iniciativa parlamentaria me supera ampliamente, ya que me resulta muy difícil defender la posición de mi grupo parlamentario en relación con la misma. Espero que lo entiendan y ser capaz de explicarlo mínimamente. Decir algo sensato en cinco minutos, desde el punto de vista económico, sobre los múltiples temas que se plantean es simplemente imposible. Sentar las bases para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea requiere otro formato y otro sosiego político, que a estas alturas de la legislatura no es posible. La Izquierda Plural nos plantea en esta iniciativa muchísimas cosas profundas, heterogéneas, difícilmente analizables en su conjunto sobre las que no es fácil pronunciarse con un mínimo rigor. Podemos compartir la cuestión de fondo que se traduce de la iniciativa, aunque no se explicite suficientemente que es la crítica a la política económica de austeridad implementada desde las instituciones europeas y exigida a los Estados. Esta política económica ha caminado en dirección opuesta, como lo hemos dicho en más de una ocasión, a la aplicada, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que les ha permitido abandonar la crisis hace ya bastantes años. Sin embargo, Europa sigue hoy sumida en esta crisis, y sus instituciones (Banco Central Europeo, Unión Europea), a través de la flexibilización fiscal, han actuado forzados por la realidad, tarde y no siempre bien del todo. Han flexibilizado los criterios fiscales cuando la realidad evidenciaba que era imposible cumplirlos. El Banco Central Europeo ha tardado mucho en asumir un papel más activo, con el fin de mantener bajos los tipos e impulsar el crecimiento económico.

Un debate en profundidad es absolutamente necesario; sin embargo, esta iniciativa mezcla, en opinión del Grupo Vasco, cosas sobre las cuales es difícil opinar con cierto criterio. En la exposición de motivos ofrece datos sobre Grecia y España en cuanto a la deuda pública y su evolución, mezclándolos para argumentar que el Banco Central Europeo podría haber dado dinero más barato a los Gobiernos en lugar de dárselo a las entidades financieras. Esto, señor Garzón, es no conocer muy bien cuál es el papel del Banco Central Europeo y cuáles son sus límites; pueden ser revisados, pero el Banco Central Europeo hoy no puede financiar deuda pública ni financiar a los Estados. Por otra parte, sumar, como lo hace, las ayudas a la banca, poniendo en el mismo saco las ayudas al capital o aportaciones al capital con los diferentes avales, etcétera, parece poco ortodoxo, salvo para ofrecer una cifra abultada. Mucho se ha ayudado a las entidades financieras, seguramente en exceso, pero no aporta gran cosa al análisis sumar cosas heterogéneas para dar la sensación de que ha sido mucho más. Hablar como lo hace también de la necesidad de un acuerdo europeo para reestructurar la deuda, no solo pública sino -dice- también


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privada, especialmente de los países del sur, es casi, si me permiten, un auténtico exceso. Es verdad que el papel lo aguanta todo, pero reconózcame, señor Garzón, que el planteamiento es un poco exagerado.

Señor Garzón, con sus propuestas deja corto a Tsipras y a Syriza que están negociando ahora mismo en Europa con otras mucho más posibilistas, no con brindis al sol. Usted en este momento con su proposición no de ley está apostando por quedarse fuera de la Unión Europea. Si es así nos lo puede decir. Creo que es una posibilidad; yo no digo que no sea posible estar fuera de Europa. Lo que nos ha contado de la unión romántica de los pueblos de Europa nos gustaría, nos encantaría, pero tal y como está Europa hoy en día lo vemos un poco lejano. Sinceramente, hoy creo que la urgencia es salir de la crisis, a pesar de que luego habrá que hablar sobre la revisión de la política social europea, que es un tema también pendiente; después de salir de la crisis seguro que todas estas cuestiones son replanteables. Hoy la urgencia es salir de la crisis; es en lo que están los griegos y también la economía española.

Sinceramente, si se aprobara el texto que trae a esta Cámara generaría muchas preocupaciones e incógnitas. Cada uno de los puntos es discutible y seguro que mejorable, pero abordarlos, como le decía, en una PNL me parece un poco excesivo. Plantear derogar, como hace usted, el Pacto de Estabilidad me parece bien, pero es un instrumento de política económica básica de la Unión Europea sobre el cual las instituciones y los países europeos tendrán algo o mucho que decir. La reforma del artículo 135 de la Constitución nos parece adecuada, puesto que no aporta nada positivo a la política económica -ya lo dijimos en su día- y supone una innecesaria restricción. Su grupo también solicita una auditoría de la deuda pública en todos los países. Supongo que todos los países, o al menos la mayoría de ellos, sabrán el origen y la naturaleza de sus deudas. Creo que el fin no es no pagar o demorar; la idea tiene que ser pagar, no apuntar en la barra de hielo. Solo si no se puede -podría ser el caso griego- habría que ayudar a reestructurar la deuda. Quizá Grecia necesite esa restructuración para poder seguir en el euro, porque creo que es importante para todo el mundo, y para que pueda salir de la crisis lo antes posible. Cada caso es negociable pero -insisto, señor Garzón, y se lo digo con aprecio- eso me parece un poco demasiado.

La puesta en marcha de un plan de estímulo europeo la hemos reclamado en multitud de ocasiones y estamos convencidos de su necesidad, a pesar de que hace poco oíamos todos que venía el señor Juncker ...

El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, tiene usted que terminar.

El señor AZPIAZU URIARTE: Sí, termino, señor presidente.

... con un magnífico plan, pero se ha quedado en el camino. Esperemos que se retome la idea del Plan Juncker y, aunque no sea en su inicial formulación, que parece que tampoco tenía mucho recorrido, la reformule para que efectivamente Europa tenga un papel mucho más activo en la política expansiva necesaria para salir de esta situación de crisis en la que estamos.

Por lo argumentado, y para que no haya confusiones y malas interpretaciones, nuestro grupo va a votar que no a esta iniciativa que nos parece, insisto, un tanto excesiva; no obstante, si se votara por puntos -lo solicitamos a la Mesa- votaríamos favorablemente a los números 2 y 5 y votaríamos desfavorablemente al resto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, este es un ejemplo paradigmático de proposición no de ley destinada no a hacer autobombo, como en algún caso anterior se ha señalado, al Gobierno sino a hacerse autobombo -al propio grupo parlamentario que lo presenta-, pero, como ya han destacado alguno de mis colegas anteriormente, termina ocurriendo que pone en evidencia las insuficiencias, si no ignorancias, del proponente. Es evidente, quién no va a querer mejorar las condiciones de salida de la crisis europea; quién no va a querer un gran acuerdo sobre la deuda pública europea. La cuestión no es si es deseable sino si es factible. La respuesta contundente, a poco que se sepa algo -y no mucho- de la Unión Europea, es que en el ámbito del Eurogrupo intentar aunar a los dieciocho sobre este acuerdo de reorganización de la deuda pública es, como mínimo, una quimera si no una temeridad.


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Cuando se hacen debates sobre temas tan importantes como medidas para poder salir de la crisis y en el ámbito europeo -ya se ha señalado aquí-hay que ser mínimamente rigurosos, no se puede andar con falacias. Por ejemplo, no se puede plantear el asunto en términos de: hay que reducir el déficit a costa de aumentar la deuda -política que ha seguido el PP durante este mandato-. Eso no resuelve la crisis, sencillamente la aplaza. Reducimos el déficit hoy pero aplazamos el problema para la generación siguiente. Tampoco es la solución lo que hizo el PSOE en el mandato anterior, que era: para no aumentar la deuda aumentó el déficit. Eso nos estaba arruinando en el aquí y ahora. Recuerden, en ambos casos se violan los criterios de convergencia porque incluyen déficit y deuda, 3 % de déficit público y no más del 60 % de la deuda pública. En este momento en el ámbito del Eurogrupo prácticamente salvo cuatro o cinco países -entre ellos naturalmente Alemania- no hay ningún otro que cumpla el 60 % de la deuda. Todos lo han superado con creces, incluso el caso que se nos planteaba como ejemplo, Grecia, con el Gobierno de Tsipras, que está ya en el 180 % de su deuda. Por eso, de ese análisis y, como se ha señalado, de poner dentro de la rúbrica genérica ayudas públicas -algo tan genérico, tan poco concreto en términos económicos-, aportaciones de capital con avales y deuda real, para decir que efectivamente estamos por encima del billón en ayudas públicas -lo cual económicamente no es decir nada preciso-, no me extraña que cuando se va al texto de la proposición no de ley se propongan cosas inverosímiles, por ejemplo, la derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ya se ha señalado aquí. ¿Qué queremos? ¿Arruinarnos todos? ¿Llevar a una inviabilidad al euro, la segunda moneda de reserva mundial, puesto que en torno al 30 % de las reservas mundiales están en euros? ¿Eso es lo que queremos?

Otro ejemplo, este es tan ingenuo como pretender la puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública en todos los países. Supongo que se refiere a los países del Eurogrupo o de la Unión Europea. Eso ya existe. ¿Qué se creen ustedes que hacen los famosos hombres de negro de la troika cuando vienen a España a revisar las cuentas para ver si efectivamente estamos cumpliendo con los compromisos que asumimos, gracias a los cuales se hizo un rescate bancario? Eso son auditorías, auditorías internacionales, hechas por el Banco Central Europeo, por la Comisión y por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué auditoría distinta pedimos? ¿Va a venir a hacerla Arthur Andersen, que quebró como auditora, o Deloitte, que hizo la auditoría de Bankia? ¿Esas son las que queremos que vengan a auditarnos? Es obvio que cuando se hacen este tipo de propuestas se está intentando confundir a la opinión pública. Por eso el voto de nuestro grupo será contrario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea. Nos gustaría precisar que a nuestro juicio hay cuestiones en la parte dispositiva de esta iniciativa que se han visto superadas por los acontecimientos más recientes. Aun encontrando en esta iniciativa algún punto que podríamos entender y compartir, hay otros que entran absolutamente en contradicción con lo que creemos oportuno y necesario para la estabilidad y la sostenibilidad de la economía.

En primer lugar, haré una breve referencia a los aspectos de la iniciativa que no compartimos y con los que somos más críticos. Quiero resaltar dos, y me referiré primero al planteamiento de la iniciativa que establece que sería beneficioso que el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados, ya que estos tendrían que pagar un tipo de interés menor por su deuda. Señorías, este principio nos lleva a engaño. El que el Banco Central Europeo financie directamente a los Estados es una práctica expresamente prohibida por las normas constitutivas del BCE. Además, cambiar esta regla supondría un instrumento perverso para una correcta política fiscal y monetaria, además de un incentivo para aumentar los déficits y la deuda pública, haciendo recaer en las generaciones futuras una carga todavía más pesada que la que ya suponen de por sí los actuales niveles de deuda. El tipo de interés ya ha bajado considerablemente en lo que va de año, llegando a tipos de interés negativos en los tramos cortos de las curvas de tipos de las emisiones de deudas de diferentes países, incluso en el caso de España. Por tanto, no nos parece una propuesta rigurosa y creemos que sus efectos podrían ser sumamente perjudiciales para la economía.

Por otro lado, otro aspecto que entendemos crítico y que no compartimos está en la parte dispositiva en la que, además de instar al Gobierno del Estado a promover la derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus, se pide


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promover la derogación de toda referencia a la prioridad del pago de la deuda, que en España se introdujo con la reforma constitucional del artículo 135. A ello corresponden los puntos 1 y 2 de la iniciativa que nos presenta el Grupo de La Izquierda Plural, y estamos en desacuerdo. Queremos resaltar que cuando se hace esta propuesta no se tiene en cuenta que eliminar esta referencia no comportaría disminuir en la práctica la prioridad de atender a la deuda. Mientras haya déficits que financiar cabe emitir nueva deuda pública, y esto sería imposible sin atender puntualmente a la carga financiera de la deuda, pues ningún inversor volvería a comprar deuda. Por tanto, no es ni posible ni deseable, y menos ahora.

Respecto a los puntos que presenta esta iniciativa y que creemos que han sido superados por los acontecimientos, quiero destacar también dos. El primero es la propuesta de reestructurar la deuda pública alargando plazos y reduciendo tipos de interés, como se expone en el punto 4 de la iniciativa. La práctica, la disminución de los tipos de interés gracias a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, ya está consiguiendo estos efectos, por lo que esta medida la consideramos fuera de lugar. La realidad ya ha superado estas barreras que -no dudamos- han sido importantes, pero que forman parte del pasado y no del presente. Por otra parte, se pide la puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico con financiación a cargo del BCE. Señorías, el Plan Juncker tiene este objetivo, servir al estímulo económico, y la financiación del BEI tendrá una presencia relevante. En todo caso, ahora se trata de conseguir que realmente se lleve a cabo y que se financien cuantos más proyectos, mejor. Aquí hemos de ser contundentes al pedir que desde Europa se vaya detallando y definiendo este plan, para que sea un instrumento efectivo, y hacer un seguimiento riguroso del mismo. Es un plan que ha generado muchas expectativas y a las que ha de responder con éxito. El BCE, mediante el plan de compra de activos financieros, está contribuyendo a aumentar la liquidez en los mercados, favoreciendo indirectamente la financiación de los proyectos. Por tanto, señorías, se considera que esta medida es otro ejemplo de propuesta que ha sido superada por los acontecimientos.

Presidente, señorías, termino. En definitiva, en esta iniciativa hay algún aspecto que podríamos compartir, como el espíritu que está detrás del punto 5 de la proposición no de ley, pero no creemos que lo importante sea la existencia de un plan -que ya está, porque creemos que el propio Plan Juncker lo representa-, sino que este se lleve a cabo de manera efectiva, transparente y productiva, para que alcance proyectos que generen crecimiento y sean competitivos, con valor añadido y con efecto tractor hacia otros sectores, y sobre todo generadores de ocupación. Consideramos que hay medidas en esta iniciativa que nos presenta el Grupo de La Izquierda Plural que no son acordes a las prioridades del momento, que no van en la línea de promover una mayor estabilidad económica, como es nuestra prioridad. En concreto, no podemos compartir los tres primeros puntos de la iniciativa, tal y como he expuesto anteriormente.

Señor presidente, déjeme cinco segundos para hacer una breve reflexión, a la que creo que estamos obligado, sobre el papel de Europa; una reflexión en torno a cómo se ha gestionado la crisis por parte de la Unión Europea. Cabe reflexionar sobre algunas decisiones especialmente financieras y vinculadas a la liquidez, ya que algunas han llegado tarde y los tiempos de llegada han podido condicionar también los de recuperación en países como España. Necesitamos más y mejor Europa, necesitamos una Europa más unida y más integrada, con vocación de crecimiento, de competitividad, de bienestar y de ocupación.

Por último, en el último Forum de la OCDE se reclamaba más inversión -comparto las palabras del portavoz socialista- para el crecimiento...

El señor PRESIDENTE: Señora Riera, debe usted terminar.

La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señor presidente.

...y este es el mensaje que necesitamos para Europa; un objetivo, que las políticas de inversión sirvan al crecimiento y al bienestar, así como a la mayor integración europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Garzón, la PNL va sobre el guión, y a usted no le estará sorprendiendo nada de lo que esta sucediendo. Creo que ya ha dicho algún interviniente que esta proposición no de ley es un paradigma de la izquierda. Hace poco ha habido un proceso electoral en el que se ha prometido el paraíso, y como es


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imposible cumplirlo ahora hay que justificarse; hay que buscar un enemigo para justificar aquello que se prometió, sabiendo que no se podía cumplir; hay que justificar que es un tercero el que impide esta cuestión. (Aplausos).

En su proposición no de ley usted llega a decir que Grecia ha puesto en la agenda política el debate de la deuda. No ha sido el señor Tsipras, no; de Grecia se lleva hablando mucho tiempo. Yo creo que usted tiene que conocer que a Grecia ya se le han dado más de 300.000 millones de euros; que Grecia es un país al que se ha hecho una quita del 70 % de la deuda; que Grecia, a pesar de haber recibido el equivalente a cincuenta y cuatro planes Marshall, más del 243 % del PIB, sigue sin resolver sus problemas. Antes de llegar Tsipras al Gobierno, Grecia aún tenía una expectativa de crecimiento, y en cinco meses el Gobierno de Tsipras solo ha conseguido que haya miseria, miseria y miseria. Esa es realmente la realidad de Grecia en estos momentos, señor Garzón. No se puede comparecer en unas elecciones y decir al pueblo griego que se está dispuesto a no pagar la deuda, a regalar la electricidad a 300.000 hogares, a regalar 30.000 viviendas, a subir las pensiones, a todo ese paraíso al que me refería; ahora cuando llega la realidad económica del mundo, cuando no se puede cumplir absolutamente nada, se busca un enemigo. Eso es lo que hay detrás del trasfondo de esta iniciativa.

Voy a entrar a analizar su PNL, aunque lo voy hacer poco, porque se la han ido desmontando punto por punto. La poca seriedad de los argumentos hace poco seria su iniciativa. No se puede decir aquí que hay más de un billón de euros de ayudas públicas a la banca. Al final usted podría haber sumado todos los presupuestos del mundo y haber dicho que también eran ayudas a la banca pública española. De ese billón doscientos mil le sobran 1,2 de ayudas a la banca pública. Fíjese si es poco serio el argumento que usted utiliza. Usted está empeñado en que esos tipos de interés los financie el Banco Central Europeo, pero si son negativos. El Banco Central Europeo no se creó para eso, lo prohíbe expresamente el tratado. No presupongo desconocimiento, sino más bien voluntad torticera -por ser suave- en esta iniciativa. Es el discurso que les toca ahora para competir con otras fuerzas políticas que están manejando el mismo discurso. Lo entiendo, lo que pasa que prometer el paraíso tiene estos problemas, señor Garzón. Es tan contradictoria su iniciativa que, por un lado, le molesta mucho el Pacto de Estabilidad y, por otro, la deuda. Usted quiere abolir el Pacto de Estabilidad, supongo que será para seguir endeudándose. Explíquelo, porque es difícil de entender. ¿O piensa también no pagar la deuda, la que seguiríamos adquiriendo? Me alegro que haya habido muchas fuerzas políticas hoy aquí que hayan puesto en su sitio la iniciativa que ha presentado.

Su propuesta supone gravísimos riesgos para la economía, y usted lo sabe. Mire lo que está pasando en Grecia, donde hay fuga de capitales y más miseria, únicamente por los planteamientos económicos que está teniendo en estos momentos el Gobierno actual. Le diré alguna cosa más. El Pacto de Estabilidad puede resultar complicado de cumplir, puede ser molesto para los ciudadanos, pero lo es mucho más -créame- la situación que están viviendo los griegos en estos días, fundamentalmente por esas políticas a las que usted se aproxima tanto y que, evidentemente, no son de recibo. Me ha molestado una cosa de su intervención, y se la voy a decir. Comparar la situación económica de Grecia con la de España es un absoluto insulto. (Aplausos). En este país estamos saliendo de la crisis y en Grecia van camino de ella, y sin remisión, señor Garzón. Esa es una diferencia importante.

Acabo, señor presidente. Hay dos formas de resolver los problemas. Se pueden afrontar, como ha hecho este Gobierno, con medidas difíciles; sí, señorías, hemos adoptado medidas duras, difíciles, pero al final España tiene un futuro, España tiene un camino. Hemos ido a Europa -ya se ha dicho aquí-: el Plan Juncker, 300.000 millones de euros de inversión. O las cosas se pueden afrontar como hace la izquierda, sobre todo la que usted representa, con mucha demagogia. Cuando hay un problema, lo que hay que hacer es reestudiarlo, plantear nuevos planes, nuevas constituciones. Ustedes lo resuelven todo a base de nuevas reglas en el Boletín Oficial del Estado. El papel lo aguanta todo. ¿Sabe por qué? Porque el populismo es normativista, es reglamentista. Ustedes pretenden cambiar la realidad con los papeles, y eso no ha sido nunca posible en toda la historia.

Señor Garzón, siendo consciente...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe usted terminar.

El señor SUÁREZ LAMATA: ... de las dificultades por las que hemos pasado -sí, señor presidente, acabo-, me gusta mucho más el modelo de la seriedad que el de la demagogia que propone esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.

Señor Garzón, ¿acepta usted la enmienda propuesta por el Grupo Socialista?

El señor GARZÓN ESPINOSA: No. Preferimos que se vote en sus propios términos. En todo caso, aceptamos la sugerencia de que se haga por puntos separados.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Así se hará.

Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 173/000222).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la primera moción, que será el último punto que debatamos esta tarde. Es una moción del Grupo Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil. Para su defensa, tiene la palabra la señora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el resultado de invertir en infancia es de una rentabilidad entre el 7 y el 10 % anual. Es una rentabilidad mucho más elevada que la de los fondos de inversión o la mayor parte de las inversiones en el mercado de valores. Esto lo afirma el James J. Heckman, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2000. Por el contrario, según Holzer, en un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2007 y ratificado en el año 2010, la pobreza infantil equivale al 4,4 % del PIB, coste relacionado con la disminución de la productividad, el incremento de la actividad delictiva, la actividad carcelaria, el empeoramiento de la salud, los gastos sanitarios, etcétera. Pues bien, en base a estos principios, a estas evidencias demostradas por investigadores de la economía y del impacto en la infancia, la Comisión Europea ha elaborado unas recomendaciones para los Estados miembros que se resumen en el siguiente eslogan: romper el ciclo de las desventajas e invertir en la infancia, pero, señorías, nuestro Gobierno sigue esta recomendación en dirección contraria porque está fomentando el ciclo de las desventajas. La última encuesta de condiciones de vida ratifica este soplo en las velas del ciclo de las desventajas que las políticas del Gobierno están operando sobre la situación de la pobreza infantil. La moción que hemos presentado tras la interpelación sustanciada la semana pasada sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que se resumen en tres grandes ejes. En primer lugar, el incremento de las rentas familiares. Básicamente, afirma que las familias, y especialmente las familias con niños, tienen que disponer de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la infancia. En segundo lugar, la necesidad de asegurar unos servicios públicos de calidad a todos los niños. Y en tercer lugar, la participación activa de los niños en la vida social, cultural, económica, deportiva, etcétera. Pues bien, este es el sentido -insisto- de la moción que hemos presentado, que da respuesta a las principales medidas y recortes que inciden aumentando el ciclo de las desventajas.

La situación de las rentas familiares define la situación de la infancia. Hemos dicho por activa y por pasiva que no hay niños pobres en familias ricas, por lo que la situación de las rentas familiares define la situación de la infancia. En esta legislatura, señorías, hemos asistido a un flujo caudalosísimo de aumento de la pobreza en las rentas familiares, sobre todo en las familias de rentas más bajas. El principal recurso de las familias, señorías, viene determinado por el salario, y los salarios en esta legislatura se han recortado un 9 %. A los que no tienen salario y cobran la protección por desempleo, debemos ponerles cara, y esa cara son 850.000 personas paradas menos que están protegidas por algún tipo de ayuda. Esta situación, evidentemente, conduce a una mayor vulnerabilidad en las familias y a una mayor desprotección en la infancia. El resultado final es que cerca de 800.000 familias con hijos no tienen ningún tipo de protección. La encuesta de condiciones de vida, señorías, nos dice que todos los tipos de familias con hijos están por encima de la media del 22,2 % en riesgo de pobreza, y las familias sin hijos están por debajo de este 22 %, hasta el punto de que un 42 % de las familias monoparentales con hijos están por debajo del umbral de la pobreza. Esta es la realidad y es el fruto y las consecuencias de la política que hemos vivido en estos cuatro años de legislatura, un incremento de la desigualdad y de la pobreza en determinadas familias. Por lo tanto, es evidente que el resultado final es la pobreza infantil.

En cuanto a los servicios públicos, son la garantía de equidad por derecho universal en el Estado del bienestar. Quiero insistir, una vez más, en que los fatídicos decretos del año 2012 han quebrado este


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principio de derecho universal, fundamentalmente en la educación. La educación es la columna vertebral del Estado del bienestar, es la garantía de ascenso social, es la garantía de futuro para los niños. Pues bien, desde la educación infantil -como ya he expuesto reiteradamente en esta Cámara- a las tasas universitarias, pasando por el recorte de las becas en general, tanto en cantidad como en su cuantía -600 euros menos por beca-, como por las becas de los libros -600.000 niños menos que tienen ayudas para los libros-, dibuja un panorama donde esa ruptura del ciclo de las desventajas de verdad no es una ruptura, sino una fortaleza. Las consecuencias de este fortalecimiento del ciclo de las desventajas se van a expresar en la próxima encuesta de condiciones de vida en unas cifras, que si las de este año son escandalosas, las que veremos van a reflejar una situación inmensamente peor.

El señor PRESIDENTE: Señora Carcedo, debe usted terminar.

La señora CARCEDO ROCES: Voy terminando, señor presidente.

Recogemos también, señorías, la modificación del Real Decreto 16/2002, que elimina la universalidad de la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos que vivan en España, independientemente de la situación de los padres de los niños afectados por esta medida, por lo que habría que eliminarla.

Los servicios sociales, también reiteradamente expuestos en esta Cámara, son uno de los elementos básicos para atender a los niños en situaciones de necesidad; para canalizar y satisfacer las necesidades de las familias, de las familias con hijos, y esta sociedad no puede mirar para otro lado; para derogar los artículos de la mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que ponen en riesgo, ponen en una situación de incertidumbre la pervivencia de esos servicios sociales de cercanía. Ese es básicamente el contenido de esta moción.

El señor PRESIDENTE: Señora Carcedo, tiene usted que terminar ya. No puede insistir.

La señora CARCEDO ROCES: Termino, señor presidente.

Somos muy perseverantes; todas estas medidas las hemos venido poniendo encima de la mesa para ser sometidas al debate de sus señorías y han sido reiteradamente rechazadas, pero las exponemos una vez más. Es tan evidente la necesidad de revertir esta situación que seguiremos insistiendo en ello. No es necesario, porque no está escrito en ningún lado, que la salida de la crisis tenga que ser a costa de nuestra infancia y a costa del futuro de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carcedo.

Se han presentado dos enmiendas a esta moción. En primer lugar, por La Izquierda Plural, para su defensa, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.

Señorías, mis primeras palabras desde este atril van dedicadas al pueblo griego, al que, en nombre de mi grupo, deseamos que labre su futuro sin las presiones de la troika, llámese ahora como se llame.

Tras el debate que hemos tenido, supongo que aparecer en una oficina de empleo y manifestar que cuando él gobernara desaparecería la cola del paro no era prometer el paraíso; era el paradigma de la derecha: la pobreza. El paradigma de la izquierda es el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Una vez más, las consecuencias de las políticas neoliberales y los recortes impuestos por Bruselas ocupan espacio de debate en esta Cámara. De nuevo subimos a esta tribuna para defender los derechos de la clase trabajadora, derechos que les están siendo robados con la excusa de la crisis. De nuevo nos vemos obligados a recordar lo que todos sabemos pero no nos atrevemos a verbalizar de manera clara y contundente, y es que la crisis -una más- es del capitalismo y los paganos -una vez más- somos la clase más vulnerable de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores.

Señorías, la pobreza se ha instalado en nuestro país y, lamentablemente, ha venido para quedarse. Son muchas las familias que no tienen ningún ingreso, que malviven de las pensiones de los padres o de las aportaciones, generalmente alimentarias, de las organizaciones no gubernamentales. Aumentan las personas que trabajan por salarios de miseria y, a día de hoy, son muchísimas las empresas que han congelado los sueldos a sus trabajadores prácticamente por los años que les quedan de vida laboral. Hablamos de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de derechos y, consecuentemente, de aumento de las desigualdades. La señora Carcedo señalaba el pasado Pleno cuatro ministerios -cinco con el que es objeto de esta moción- como los responsables transversales de las políticas que nos han llevado a la


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situación de pobreza que hoy padecemos. Pues bien, señora Carcedo, permítame que le rectifique. Cuando desde los Gobiernos, fueran los que fueren, se traslada a la ciudadanía que no se puede hacer otra cosa más allá de someterse a los dictados de los poderes financieros, que debemos interiorizar que en un mundo globalizado las limitaciones de los Gobiernos son muchas y consecuentemente la pérdida de derechos ciudadanos también, esto no es responsabilidad de tres, cuatro o cinco ministerios; es responsabilidad del Gobierno en su conjunto y, por supuesto, de la aplicación de políticas que refuerzan un modelo económico y social que premia a los más ricos y aumenta las desigualdades. Es, una vez más, y lo reitero, el capitalismo; pura y llanamente el capitalismo.

Resulta grotesco, casi insultante, decir, como decía el ministro Alonso, que se está reconduciendo la situación económica. ¿Dónde y para quién se está reconduciendo? A no ser que considere que reconducir alumnos y alumnas por la senda de la formación profesional devaluada -la denominada formación profesional básica-, es decir, aportar al mercado mano de obra barata sea lo ideal para el futuro económico de este país. Ignoro si el señor ministro de Sanidad y Servicios Sociales se ha dado cuenta de que nuestros jóvenes no salen fuera de nuestras fronteras buscando aventuras, sino en busca de futuro. Tampoco sé si conoce que son muchos los jóvenes preparados que acuden al sector servicios en busca de empleo.

Señorías, hay pobreza estructural, pobreza laboral, pobreza energética. Cada vez la brecha social es más profunda, la riqueza se concentra en pocas personas y aumenta la exclusión social. Cada vez más se extiende esa figura que hemos denominado pobres con contrato, gente que, aun teniendo un trabajo, padece unas condiciones tan precarias y unos salarios tan bajos que no pueden desarrollar un proyecto de vida con un mínimo de dignidad. Podemos adornar los discursos, hacer juegos florales desde este atril, acudir al "y tú más", a lo que queramos, pero eso no acabará con la realidad de nuestro país, no acabará con la situación de esos millones de niños y niñas que sufren las consecuencias de la pobreza de sus familias.

En cuanto a la moción, y dada la situación, en mi grupo creemos que nos presentan una moción de mínimos, que ya adelantamos que vamos a votar favorablemente a pesar de ello, si bien hemos presentado una enmienda que tiene por objeto no la modificación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, sino su derogación, tal y como muchas veces hemos pedido desde este atril. Señorías -termino con esto, señor presidente-, el paradigma de la izquierda -lo dije al inicio- es el desarrollo de los pueblos y el bienestar humano; el paradigma de la derecha en este momento y con las políticas que está llevando, es el aumento de la pobreza, de las desigualdades y de mucha miseria en muchos países, y especialmente en países fuera de nuestras fronteras. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Para presentar la otra enmienda, que formula el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Carcedo, hemos tenido ocasión de discutir en distintas ocasiones sobre la misma cuestión que usted nos ha planteado. La última ocasión en la que Convergència i Unió planteó este debate fue en la sesión de control al Gobierno, con una pregunta al ministro Alonso, que, lamentablemente, no nos respondió de manera adecuada sobre el fondo de la materia. Además, hemos planteado, al igual que ustedes, una interpelación sobre esta misma cuestión y hemos llevado a la Cámara una proposición de ley para ir en el camino hacia la universalización de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social como instrumento de lucha contra la pobreza infantil. Por tanto, en relación con la causa que hoy ha defendido usted desde la tribuna manifestamos nuestra plena coincidencia.

En relación con su intervención y también con la de la portavoz de Izquierda Unida, me gustaría insistir en que el problema de la pobreza infantil se ha agudizado claramente durante estos años de crisis, fruto de la destrucción del empleo y de las decisiones de ajuste fiscal que el Gobierno ha tomado, pero antes de la crisis, antes de 2008 España no resistía la comparación con el resto de los países europeos en esta materia. En el momento de auge de nuestra economía -alrededor de 2004, 2005 y 2006- nuestra tasa de pobreza infantil era de las más altas de la Unión Europea; estaban peor que nosotros exclusivamente Rumania y Bulgaria. Y eso, junto con los problemas de la crisis, de la destrucción del empleo y del ajuste fiscal, apunta a un Estado del bienestar que durante estos treinta años no hemos sabido orientar adecuadamente en relación con las familias y con la infancia. Singularmente, esa debilidad de nuestro Estado del bienestar motivó aquella cuestión que la iniciativa de Convergència i Unió pretendía resolver mediante una prestación por hijo a cargo de carácter universal


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con una cuantía suficiente, que permita -a través de una transferencia de recursos económicos a las familias- corregir esa desigualdad. Sería bueno que en el debate sobre la pobreza infantil, más allá de las legítimas críticas que debemos formular a las políticas del Gobierno en esta materia, entendiésemos que si este es un problema estructural -es decir, que es previo a la crisis pero que esta ha agudizado- en la reforma del Estado del bienestar necesitamos priorizar las inversiones en la infancia.

Decía la señora Carcedo en la introducción a su intervención que es relevante esta cuestión a medio y largo plazo porque los niños pobres pueden terminar siendo adultos con menos oportunidades que el resto de los ciudadanos, es decir, no podrán acceder a empleos de calidad porque tienen una menor formación. Decía que la lógica de las políticas de apoyo a las familias es una lógica de la inversión social en relación con el ciclo vital. Coincidimos plenamente con esa mirada que aún justifica más esa reforma estructural de nuestro sistema de protección social. Además, quiero insistir en una idea -más egoísta, si me permiten- y es que es absurda una sociedad que se resigna a que tantos niños no tengan oportunidades, en el sentido de que esos niños van a contribuir menos al conjunto de la sociedad en términos de talento y de aportación como ciudadanos activos. Seríamos muy estúpidos si no nos preocupásemos de atacar a fondo el problema de la pobreza infantil. Por tanto, coincidimos plenamente también con algunas de las medidas que se formulan en su texto.

Eso sí, mi grupo ha planteado una enmienda porque la señora Carcedo -que no se esconde de ello, sino que incluso le damos un punto de broma-, que es una representante del Grupo Socialista con una fuerte alma jacobina, con mucha soltura cuando redacta esta moción insiste en un marco común para garantizar plenamente los derechos, y mi grupo, que coincide con usted en la prioridad del asunto, en el carácter estructural del problema y en la importancia de las políticas que dependen del Estado, está muy convencido de que aquello que puede garantizar la erradicación de la pobreza infantil no es tanto un marco común como que el Estado asuma sus responsabilidades y tengamos una prestación por hijo a cargo universal y suficiente, o una política económica orientada al pleno empleo, o seamos capaces de garantizar empleos de calidad que permitan a la gente vivir de su empleo y no de los subsidios. En este sentido, le planteamos una enmienda -aunque finalmente no la acepte, votaremos igualmente a favor de su moción- con la que queremos reafirmar que el igualitarismo estatal no es lo que nos va a garantizar la lucha contra la pobreza infantil, sino que van a ser las políticas públicas y el esfuerzo que debe hacer el Estado en esta materia a través de la Seguridad Social. Estoy seguro de que ahí tenemos un recorrido importante donde podremos coincidir.

Muchas gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano. Ruego silencio para que se pueda oír a los oradores.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, con motivo de la interpelación del Grupo Socialista, el ministro Alonso le ha reprochado a la portavoz del PSOE que utilizase para su argumentación datos de 2014 y 2013, y ha asegurado que esos datos seguramente se han corregido desde entonces. Nosotros tampoco lo podríamos asegurar, pero lo que sí podemos afirmar, señorías, es que la obsesión del Gobierno por el objetivo de déficit que obligó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a practicar durísimos ajustes en materias directamente relacionadas con la pobreza infantil -educación, sanidad, servicios sociales- no ha cesado lo más mínimo. Desde el minuto cero del comienzo de la actual legislatura, el Partido Popular ha puesto por encima de todo brutales ajustes presupuestarios. Claro que el drama de la pobreza infantil no ha nacido con este Gobierno, pero este Gobierno ha llevado a cabo las más drásticas reformas sanitarias, educativas, laborales y sociales que se recuerdan en décadas y ha convertido lo que ya era un problema preocupante antes de 2011 en una verdadera emergencia social que cada año tiene mayor evidencia en los recortes que se traducen en los Presupuestos Generales del Estado. Las políticas del Partido Popular han servido para que en los últimos tres años la tasa de población infantil en riesgo de pobreza y exclusión social se haya mantenido por encima del 30 % y no haya descendido de los 2,5 millones de niños y niñas en esa situación. Los distintos planes del Gobierno han llegado tarde y han sido económicamente más que insuficientes. Recientemente, fue la Comisión Europea la que publicó el Informe sobre España 2015, donde sostiene que el sistema de protección social es totalmente insuficiente y que España es uno de los países de la Unión Europea con mayores desigualdades y donde la brecha de la pobreza ha aumentado


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sin parar desde el año 2007. El informe de la Comisión Europea concluye que se ha avanzado poco para garantizar un enfoque integrado entre la protección social y las estrategias de empleo, y muy poco en la situación de los hogares de bajos ingresos con niños.

En cuanto a la última reforma fiscal del Gobierno de la que el señor Montoro tanto se vanagloria, el mismo informe de la Comisión dice taxativamente que estas medidas no conforman un marco global que permita hacer frente a los elevados y persistentes niveles de pobreza infantil. Fin de la cita. Las reformas laborales, las de este Gobierno y las del anterior, claramente han traído un empleo precarizado, cuando no esclavizante, que no ha permitido la recuperación económica de las clases más bajas ni tampoco de las medias, por mucho que el Gobierno insista en que la recuperación económica se está consolidando. Los efectos segregadores de la Ley Wert los empezaremos a ver socialmente en muy poco tiempo, pero mientras ya podemos hablar de lo que ha significado la terrible política de becas que ha llevado a cabo el Ministerio de Educación y la drástica reducción de financiación para los servicios complementarios. Todo ello no contribuye en nada a la equidad y aumenta cada vez más la diferencia entre los que más tienen y aquellos que cada vez tienen menos, porque no se llevan a cabo políticas que contribuyan a su mejoría económica y social.

Las reformas sanitarias que el Gobierno puso en marcha han supuesto la reducción multimillonaria de recursos públicos destinados a un derecho que era hasta hace poco universal. Esto ha incidido negativamente en las familias más vulnerables y en los menores pertenecientes a estas familias. Por ponerles un ejemplo que no es ni mucho menos anecdótico, la reducción de profesionales que se ha llevado a cabo en la sanidad pública ha dejado a muchos pueblos del Estado español sin atención pediátrica continuada, ha obligado a muchas familias a tener que recurrir a servicios sanitarios a muchos kilómetros de su vivienda habitual y muchas veces a la sanidad privada, que, como ustedes saben, no está al alcance de todos.

En cuanto a la pobreza energética, se han traído y debatido en esta Cámara en docenas de ocasiones iniciativas para evitarla y el Gobierno siempre ha dicho no; un no que ha llevado a millones de hogares a no poder poner calefacción en el invierno e incluso a restricciones todavía más severas. Por cierto, todo esto ocurría y ocurre mientras los beneficios de las eléctricas alcanzan cotas absolutamente escandalosas. Podríamos hablar también de los efectos demoledores que han tenido las políticas del Gobierno en materia de pensiones o de servicios sociales. Podríamos hablar horas sobre esto, pero en definitiva siempre acabaríamos en el mismo punto, en las consecuencias que se han derivado de unas políticas de recortes que han provocado unas cifras de desempleo históricas e inasumibles, unas reducciones salariales excesivas que han hecho que a día de hoy ni siquiera tener trabajo implica poder vivir dignamente.

Termino, presidente. Tener a más de 2,5 millones de niños y niñas en situación de exclusión social es algo incalificable que debería convertirse en una prioridad para el Gobierno, debería convertirse en la prioridad de cualquier Gobierno. Cerrar los ojos ante esta situación es una irresponsabilidad, además de una hipocresía más como muchas de las que rigen la política social de este Gobierno. Por esta razón, consideramos que cualquier iniciativa en este sentido debe ser valorada. Por eso el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la propuesta del Partido Socialista.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. (Rumores). Por favor, hay diputados que quieren atender a los oradores. Permítanles que lo hagan e interrumpan tanta conversación.

Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, es inevitable a la hora de abordar esta moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista hacer mención al sinfín de ocasiones en las que hemos debatido sobre esta cuestión en esta Cámara, al igual que es inevitable percibir una triste sensación de frustración al comprobar que las múltiples discusiones no han hecho sino poner de manifiesto la incapacidad de este Parlamento para afrontar de una manera honesta y colaborativa la solución de este problema, el problema más grave que tenemos desde el punto de vista de su dimensión humana. A estas alturas de legislatura ha quedado demostrado que hablar solo es hablar, que conocidas las posiciones políticas y dialécticas que mantienen tanto el Gobierno como los distintos grupos parlamentarios existe una necesidad imperiosa de intervención ante una realidad cruel que nos apremia, porque son miles las personas que se ven afectadas por la misma, a pesar de las alharacas triunfalistas de un Gobierno que pretende convertir los datos macroeconómicos en un éxito rotundo, como si la crisis y sus efectos se hubieran esfumado por arte de birlibirloque.


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En este contexto, el ánimo que mueve a este grupo es el de llegar a dar respuesta a las demandas y las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas desde los principios que han inspirado siempre nuestra acción política: la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas, sea cual sea su condición, la mejora de su bienestar y su calidad de vida y la promoción de la solidaridad y la justicia social. Los instrumentos esenciales para la consecución de este fin son, en primer lugar, el acceso a unos ingresos económicos suficientes y estables normalmente procedentes del trabajo, de las pensiones y en algunos casos de las ayudas públicas de garantías de ingresos, dependiendo de las circunstancias personales. El empleo en cualquiera de sus modalidades es más que una mera fuente de ingresos. El empleo es un elemento fundamental en los procesos de integración, socialización y participación de una persona en la comunidad. Y en este sentido, la existencia de un tejido económico y empresarial fuerte y dinámico es esencial para el mantenimiento de un empleo de calidad. El segundo elemento determinante de ese objetivo es el acceso a una vivienda. Durante años se han desarrollado desde las distintas instituciones programas para facilitar el acceso a este bien. Hoy, la urgencia no son precisamente las personas que no pueden acceder al mercado de la vivienda, sino quienes están siendo obligados a abandonar sus viviendas por no poder hacer frente al pago de las mismas como consecuencia de esta crisis. Estamos siendo testigos de verdaderos dramas de familias enteras que se quedan en la calle y ven truncados aspiraciones y objetivos a futuro, teniendo en muchos casos que comenzar de cero. El tercer elemento incuestionable es la educación, porque el desarrollo personal, social y profesional de la ciudadanía depende en gran medida de su nivel educativo. La educación es un gran motor de desarrollo y cambio de la sociedad. Y el cuarto elemento es la salud como pilar fundamental de la calidad de vida y del bienestar de las personas. Ahora más que nunca se debe profundizar en los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana. Desde esta visión, compartimos con el grupo proponente la urgencia a la hora de adoptar cuantas medidas sean necesarias para poner freno al preocupante incremento de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el umbral de la pobreza, como siempre hemos manifestado.

Habrán observado que a lo largo de mi intervención no he hablado en ningún momento de pobreza infantil. Y no lo he hecho porque este grupo considera que no hay pobreza infantil, sino niños y niñas pobres de familias pobres, como hemos señalado ya en otras ocasiones. Es precisamente desde esa perspectiva desde la que se debe abordar el desarrollo de las soluciones integradoras. Tampoco es eso lo que observamos que pretende la moción formulada por el Grupo Socialista, que más parece una carta a los Reyes Magos extractada de su programa electoral que una propuesta de soluciones eficientes para poner freno al drama vivido por miles de familias. No estamos dispuestos a participar en este combate de pimpampum desatado en los minutos de calderilla de esta legislatura entre un Gobierno Popular fracasado, que solo ha aplicado medidas de recorte y que ha olvidado abordar estrategias de incentivación de la economía, salvo para algunos -no olvidemos que el número de ricos ha crecido en España un 40 % desde el año 2008, desde el inicio de la crisis-, un Gobierno que ha socavado los pilares básicos del Estado del bienestar y un Partido Socialista que en vísperas de un proceso electoral agota los minutos de legislatura para hacer en mi opinión politiqueo, tirando de grandes propuestas electoralistas, cargadas de populismo y en muchos casos imposibles de cumplir por razones exclusivamente de carácter económico.

Por ello, solo me queda decirles que cuenten con nosotros para trabajar leal y honestamente, hombro con hombro, y solo así entre todos conseguiremos salir del agujero y poner freno a la miseria y a la pobreza. El toma y daca sobra cuando estamos hablando de un problema tan grave como este. En cualquier caso, señora Carcedo, sí le diré que trabajaremos hombro con hombro y que los derechos no están en la piel de toro exclusivamente, están en Europa, están en la Carta de Derechos Humanos. Y una cosa es dónde se encuentran los derechos y otra cosa es a quién le corresponde aplicarlos. Las instituciones deben respetar esos derechos y tratar de incentivar, desde sus competencias, políticas de manera coordinada y armonizada para salir del grave problema que tenemos. Lamento profundamente que siga pensando desde la mentalidad centralista e impidiendo -quizá impidiendo no-, con una voluntad centralizadora, poniendo obstáculos a ese trabajo colaborativo y cooperativo, que es el que realmente daría sus frutos, también desde esas políticas de cercanía que usted ha defendido en su intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Efectivamente, el Grupo Socialista, a través de la portavoz, la señora Carcedo, nos ha vuelto a traer a debate una cuestión que es sumamente importante desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Es verdad que no se resuelve una asignatura pendiente de nuestra democracia: la pobreza infantil, la necesidad de una ayuda, de unas prestaciones mucho más importantes que las que se han tenido a lo largo de nuestra historia democrática para las familias y para los niños. No se resuelve a través de un debate de una moción, pero no es el único debate ni el único instrumento con el que hemos tratado de sensibilizar al Grupo Parlamentario Popular a lo largo de esta legislatura.

Decía antes el portavoz de Convergència i Unió, y tiene toda la razón, que este es un problema estructural, que en momentos en los que la situación económica de nuestro país era boyante y aparecíamos haciendo declaraciones de estar en la Champion League y de estar mejor que otros países europeos dábamos la nota -la nota negativa- precisamente con esta cuestión. Había más niños pobres, más familias desatendidas, más hogares que vivían bajo el umbral de la pobreza -y que afectaba particularmente a los niños- que en el resto de Europa. Había muy pocos países -creo que usted citaba un par de ellos- por debajo de la situación de España. Tenemos aquí un problema estructural, porque no ha habido políticas estructurales para enfrentarse con este problema. Es, insisto, una asignatura pendiente de nuestra democracia que se agrava cuando la situación es crítica desde el punto de vista económico, pero que ha estado siempre como un lastre de la democracia.

Enfrentarse con este problema requiere, por supuesto, voluntad política e instrumentos adecuados; claro que el debate es a través de una moción; claro que el debate, para que sea eficaz y efectivo, ha de reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado, pero el problema existe, al problema no se le está dando una solución. Está bien que sigamos debatiendo sobre la cuestión para que quizá seamos capaces de conseguir sensibilizar al Grupo Popular, aunque no resolvamos el problema; para que, insisto, al igual que en otras materias primero han dicho no y luego han terminado incluyendo en los presupuestos determinadas partidas, también en esta cuestión terminen incluyendo en los presupuestos las partidas necesarias. Efectivamente, corremos el riesgo de que sea un debate testimonial y, por tanto, de que resulte frustrante, pero yo creo que en lo que hay un acuerdo sustancial en todos estos debates es que esta es una cuestión mal o poco atendida y frustrada en nuestro país y debemos ser capaces, finalmente, de ponernos de acuerdo.

El Grupo Socialista plantea en su iniciativa muchas cuestiones. En unas podemos estar más de acuerdo en su diagnóstico y en su receta, pero nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, está esencialmente de acuerdo en el diagnóstico de todas ellas: mejora de la renta familiar, subida del salario mínimo. La semana pasada tuvimos una iniciativa -también de su grupo- y nosotros planteamos una enmienda, que no fue aceptada, para que el salario mínimo interprofesional para 2015 se incrementara en un 5 % y cada año hubiera una garantía de un 3 %. No fue aceptada, pero el debate fue planteado, a nuestro juicio, en los justos términos. Se plantea la extensión de la protección por desempleo. No únicamente lo hemos debatido, sino que hemos propuesto también en esta Cámara la prestación por hijo a cargo -también el responsable de Convergència i Unió lo planteaba-, porque es a nuestro juicio una prestación absolutamente imprescindible.

Hemos debatido numerosas iniciativas a lo largo de esta legislatura en ese sentido y siempre han sido vencidas, en el sentido de rechazadas, por el grupo mayoritario. Garantizar los derechos de la infancia en todo el territorio es algo que es absolutamente elemental, básico. Es una cuestión de derechos individuales, los derechos no están por ahí, como decía la portavoz del Grupo Vasco, no están ni en la piel de toro ni en Europa. Los derechos son de cada uno de los individuos, son derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, también de los niños, aunque no voten. De esos derechos tenemos que hablar y esos derechos tenemos que garantizar. A nuestro juicio, la distribución competencial que existe actualmente en nuestro país -lo hemos dicho muchas veces- no resuelve este problema, al contrario, lo acrecienta. Hay más desigualdad precisamente por esta distribución competencial. No es un debate en términos ideológicos, basta con ver lo que ha ocurrido. Durante todos estos años de crisis económica lo que se ha hecho es profundizar en la pobreza y en la desigualdad también entre los más pobres, dependiendo de la parte de España en la que se viviera. A nuestro juicio, quien proclama el derecho, que son las Cortes, tiene que tener los instrumentos para hacerlo efectivo en condiciones de igualdad, también en esta materia tan sensible. Por tanto, esta es una cuestión que debemos revisar, pero no desde una perspectiva ideológica, sino para garantizar la igualdad, algo en lo que, por lo menos en teoría, está de acuerdo toda la Cámara. No se trata de quitar competencias a uno o a otro, se trata de organizarnos de forma que la igualdad esté


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garantizada para todos y cada uno de los ciudadanos, que esté garantizada. La señora portavoz me hace gestos, no sé si quiere decir eso, pero lo voy a decir por si acaso.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.

Cuando la capacidad competencial es de cada una de las comunidades autónomas, la competencia es política y los recursos que tienen las comunidades autónomas son, como muy bien saben todos los diputados, no finalistas y cada comunidad autónoma los destina a lo que le parece oportuno. Cuando se proclama aquí un derecho, hemos de tener instrumentos para hacerlo efectivo en condiciones de igualdad para todos los españoles, menores o mayores de edad, vivan en la parte de nuestro país que vivan. Por eso, también en esta cuestión me parece importante reflexionar sobre la distribución competencial para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y para garantizar que esos derechos que se proclaman sean efectivos en condiciones de calidad e igualdad para todos los ciudadanos.

Dicho todo esto y porque me he pasado del tiempo -gracias, presidente-, agradezco al Grupo Socialista que nos haya dado la oportunidad de tener nuevamente este debate, y anunciamos nuestro voto favorable a su moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montesinos.

La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno de Mariano Rajoy ha situado en el centro de la agenda social la lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde el mismo momento en el que la izquierda socialista traicionó a los españoles y les enviaron a la oposición por su inacción social, por sus falsas promesas de pleno empleo -3,5 millones de parados-, por su nefasta política económica -gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron-, por sus malas prácticas y por su ocultación de la deuda tanto a los españoles como a la Unión Europea. Señorías, las miserias del Gobierno socialista se tradujeron desgraciadamente en un incremento de la pobreza (Rumores), cinco veces mayor que en el resto de la Unión Europea, entre los años 2008 y 2011. Cifra récord en desigualdad, pobreza y exclusión. El Gobierno socialista quebró el Estado del bienestar, esa fue la herencia que nos dejó la falsa progresía de este país.

Señorías, esta legislatura es la más social y, prueba de ello, es, primero, que se han descongelado las pensiones porque ustedes, los socialistas, empobrecieron a nuestros mayores, que eran el sostén de sus familias, al mismo tiempo que se disparaban los precios. Desde el primer momento elaboramos el Plan de acción para la inclusión social, con 136.500 millones de euros, cuando el Gobierno de Zapatero había dejado caducar el anterior plan. Por primera vez se incorpora la lucha contra la pobreza infantil, objetivo transversal en todo el plan; ustedes no lo hicieron. Eso es invertir en infancia. Además de los 17 millones de euros de 2014, en los Presupuestos Generales de 2015 se consignaron 32 millones de euros para el Fondo de pobreza. Por el contrario, el Grupo Parlamentario Socialista, cuando tenía responsabilidades de Gobierno, destinó cero euros para esta situación. Se ha puesto en marcha el II Plan estratégico de infancia y adolescencia, dotado con más de 5.000 millones de euros y con medidas específicas. El Plan de apoyo a la familia ha estado dotado solo el primer año con 5.400 millones de euros con medidas destinadas a los más vulnerables y en él se incluyen complementos a la cuantía de la pensión contributiva para mujeres que hayan tenido dos o más hijos.

Otro ejemplo es la reforma fiscal. Señorías, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha empleado a fondo en la principal política social, que es la creación de empleo. Más de 185.000 hogares ya no tienen a todos sus miembros en paro. Al final de esta legislatura se habrán creado un millón de empleos. La economía crece al 2,7 % y crece el consumo en todos los hogares. Señora Carcedo, el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional de acuerdo con el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. En cuanto al incremento de la prestación por hijo a cargo, fue su Gobierno el que lo suspendió y redujo la asignación por hijo a cargo menor de tres años de 500 a 291 euros. Señorías, ¡qué memoria tan frágil! El 29 de julio el presidente Rajoy consensuó con los agentes sociales un acuerdo para fortalecer el crecimiento económico y el empleo que derivó en la aprobación de la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración que ya no cobraban prestación alguna. Señorías, ustedes hablan del marco común para


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garantizar los derechos de la infancia. ¿Qué mejor forma de garantizarlos que votar a favor de la ley de protección a la infancia? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

En cuanto a la sanidad, señora Carcedo, había que pagar su deuda de 16.000 millones de euros. Hemos garantizado la cartera común básica. Hemos devuelto el derecho a la asistencia sanitaria a los parados de larga duración, a los que ustedes se lo habían retirado. Hemos garantizado el derecho a la asistencia sanitaria a los que ejercen profesiones liberales, a los que ustedes se lo negaban. Y no solamente eso, sino que además más de 2 millones de españoles en este momento entre parados y pensionistas no tienen que pagar sus medicamentos. Hemos mantenido y garantizado el principio de universalidad. Hemos aprobado la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, que tiene una línea específica para la infancia. En cuanto a la educación, el compromiso real del Gobierno ha sido el incremento por segundo año consecutivo de los programas de presupuestos. En educación infantil España se encuentra entre los países de escolarización más alta del mundo. A pesar de las falsedades que ustedes vierten aquí, este es el Gobierno que más recursos ha destinado a becas, 1.413 millones de euros. ¿Hablan ustedes de medidas energéticas? Pues bien, este Gobierno es el que ha creado el bono social para los consumidores vulnerables. Mientras ustedes incrementaron las tarifas eléctricas un 63 % y dejaron un déficit de más de 30.000 millones, este Gobierno se ha implicado con los más desfavorecidos.

Señorías, este Gobierno sí invierte y cree en la infancia. Este Gobierno va muy por delante de la oposición -como no podía ser de otra manera- y por eso no vamos a apoyar una iniciativa cuyos principales ejes ya están cumpliéndose por parte del Gobierno Rajoy. Este es un Gobierno social y comprometido con los más vulnerables, y en esa línea seguiremos trabajando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.

Señora Carcedo, ¿acepta alguna de las dos enmiendas presentadas?

La señora CARCEDO ROCES: Sí, señor presidente.

Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y, lamentablemente, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carcedo.

Así se votara en unos minutos. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Ernesto Aguiar, pregunto a doña Ofelia Reyes Miranda si jura o promete acatar la Constitución.

La señora REYES MIRANDA: Sí, juro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña Rosa Aguilar, pregunto a don Antonio Luis Amaro López si jura o promete acatar la Constitución.

El señor AMARO LÓPEZ: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña María Virtudes Monteserín, pregunto a doña Rosa María Cañizares si jura o promete acatar la Constitución.

La señora CAÑIZARES CABEZAS: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña Patricia Hernández, pregunto a doña Ana Vanessa Rodríguez Concepción si jura o promete acatar la Constitución.

La señora RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN: Sí, prometo. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Vicente Guillén, pregunto a doña María Yolanda Casaus Rodríguez si jura o promete acatar la Constitución.

La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Doña Ofelia Reyes Miranda, don Antonio Luis Amaro López, doña Rosa María Cañizares, doña Ana Vanessa Rodríguez Concepción y doña María Yolanda Casaus han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS EN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000203).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 172; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: No se tomará en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA. (Número de expediente 122/000152).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural de autoconsumo de energía.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 142; en contra, 171; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS DURANTE EL PERIODO 2015-2016. (Número de expediente 162/001242).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre la participación española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 277; en contra, 13; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER UN GRAN ACUERDO SOBRE LA DEUDA PÚBLICA EUROPEA. (Número de expediente 162/001163).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural sobre medidas para promover un gran acuerdo sobre la deuda pública europea. Se va a votar en sus términos, pero lo vamos a hacer punto por punto. Son cinco puntos. Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 21; en contra, 294; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 27; en contra, 288.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 19; en contra, 293; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 19; en contra, 295; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 37; en contra, 277; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGNTES CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 173/000222).

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 140; en contra, 169; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve de la noche.

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