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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 286, de 10/06/2015
cve: DSCD-10-PL-286
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 286
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 269
celebrada el miércoles,
10 de junio de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un crecimiento justo. (Número de expediente 172/000320) ... (Página25)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario. (Número de expediente 172/000319) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias. (Número de expediente 172/000318) ... (Página39)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno en relación con el drama humanitario que se está produciendo en el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en materia de política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas propuestas. (Número de expediente 173/000217) ... (Página44)

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y actualizar el Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo. (Número de expediente 173/000218) ... (Página53)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

Preguntas ... (Página5)

De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Está satisfecha por los resultados que ha producido la Ley de Transparencia en la lucha contra la corrupción? (Número de expediente 180/001333) ... (Página5)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Mantiene la vicepresidenta la información que transmitió a esta Cámara el pasado 26 de mayo sobre el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001334) ... (Página7)

Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera el Gobierno que está haciendo todo lo posible para que se resuelvan los casos de bebés robados en España? (Número de expediente 180/001317) ... (Página8)

De la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Va el Gobierno a respetar la producción láctea de nuestra agricultura de montaña ante la retirada de cuotas lácteas? (Número de expediente 180/001329) ... (Página10)

Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cree que es una buena medida en la lucha contra el fraude que los defraudadores puedan evitar que se publique su nombre si pagan la deuda? (Número de expediente 180/001336) ... (Página11)

Del diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera el Gobierno que en esta legislatura ha impulsado suficientes medidas contra la corrupción en las administraciones públicas? (Número de expediente 180/001337) ... (Página13)

Del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera que RTVE está haciendo un uso adecuado de los recursos públicos asignados en los Presupuestos Generales del Estado, al contratar el programa "Así de claro"? (Número de expediente 180/001338) ... (Página14)


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De la diputada doña María del Carmen Silva Rego, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Tiene intención el Gobierno de hacer posible la supresión del sistema de voto rogado para las próximas elecciones generales? (Número de expediente 180/001339) ... (Página16)

Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué balance hace el Gobierno sobre la aplicación hasta la fecha del programa de activación para el empleo? (Número de expediente 180/001340) ... (Página17)

De la diputada doña María Pilar Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué balance hace el ministro de Industria, Energía y Turismo de la política de su departamento en esta legislatura? (Número de expediente 180/001341) ... (Página18)

De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo pretende el Gobierno incrementar la competitividad sin fomentar la ciencia y la innovación? (Número de expediente 180/001342) ... (Página20)

Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cuánto dinero da por perdido el Gobierno del rescate del sistema financiero? (Número de expediente 180/001343) ... (Página21)

Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué valoración hace el Gobierno respecto de los datos más recientes publicados por el INE en relación con la pobreza infantil? (Número de expediente 180/001332) ... (Página22)

Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para combatir la pobreza infantil? (Número de expediente 180/001335) ... (Página24)

Interpelaciones urgentes ... (Página25)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un crecimiento justo ... (Página25)

Formula la interpelación urgente el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado).

Replica el señor Moscoso del Prado Hernández y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario ... (Página32)

Formula la interpelación urgente la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).

Replica la señora Tarruella Tomàs y duplica el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias ... (Página39)

Formula la interpelación urgente el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Replica el señor Quevedo Iturbe y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno en relación con el drama humanitario que se está produciendo en el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en materia de política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas propuestas ... (Página44)

Defiende la moción el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Escobar las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Coscubiela Conesa.


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Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y actualizar el Acuerdo sobre un Código de Conducta en relación con el transfuguismo ... (Página53)

Defiende la moción el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Castellano Ramón, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por alusiones hacen uso de la palabra los señores Martínez Gorriarán y Matarí Sáez, así como la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y de nuevo del señor Matarí Sáez.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Martínez Gorriarán.

Se suspende la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿ESTÁ SATISFECHA POR LOS RESULTADOS QUE HA PRODUCIDO LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/001333).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Vamos a comenzar con las preguntas al Gobierno. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Rosa Díez del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señora vicepresidenta, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!, señor Lleonart, don Julio, coinciden ustedes.

Una política activa de transparencia es una política capaz de prevenir los grandes males de nuestra democracia: el fraude, la corrupción institucionalizada, el desvío de dinero de las instituciones públicas, el despilfarro... Año y medio después de aprobarse la Ley de Transparencia, le pregunto, señora vicepresidenta, si usted cree que esta ley ha sido efectiva para conseguir estos objetivos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchísimas gracias, señora Díez. También felicidades, con algunos años de diferencia en mi contra.

En primer lugar, quiero decirle que la Ley de Transparencia ha echado a andar, y yo creo que es un buen elemento para que en el futuro sirva preventivamente para evitar nuevos casos de corrupción, porque saber cómo se celebran los contratos y a quién se otorgan las subvenciones es, desde luego, una de las mejores reglas de control y de autocontrol. Pero no solo hemos aprobado una Ley de Transparencia,


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señora Díez, sino que en esta legislatura hemos aprobado esa Ley de Transparencia, un cambio en el Código Penal para además hacerla efectiva, hemos aprobado una ley de control económico financiero de los partidos políticos, se ha aprobado un estatuto del alto cargo, una reforma del Código Penal que tipifica nuevos delitos y que agrava las penas y las consecuencias de los que se cometen y está en tramitación una ley de enjuiciamiento criminal para que además seamos mucho más ágiles y mucho más eficaces en su persecución. Creo que todas estas medidas tienen que lograr dos cuestiones fundamentales: que se juzguen, y que se juzguen cuanto antes, los casos de corrupción del pasado que estamos conociendo ahora y que se prevengan los que pueden cometerse en el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta, se suele decir que el infierno está empedrado de buenos deseos. Yo creo que esos objetivos los compartimos todos, pero se ha demostrado que los instrumentos que se han puesto en marcha no son eficaces. Les advertimos de que España llegaba tarde y mal con la Ley de Transparencia. Ustedes hicieron una ley a la defensiva para defenderse de las ansias de transparencia del conjunto de los ciudadanos, de transparencia y de participación, y pusieron tanto empeño en la protección de los datos y levantaron tantas barreras que el acceso a la información se ha convertido casi en imposible. Por eso languidece, señora vicepresidenta, el portal de la transparencia, apenas diez consultas diarias, porque todo son trabas: DNI electrónico, certificado digital y clave que requiere un número de cuenta bancaria. Así lo único que se produce es desistimiento.

¿Cómo prevenir esas lacras? Prevenirlas no era el objetivo de la ley, reconózcamelo, vicepresidenta. Lo debatimos en los debates de totalidad y por eso ustedes hicieron una mala ley, una ley insuficiente, una ley que no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, la privacidad por encima del derecho a la información, que pone dificultades para acceder a la información disponible, que además en el portal -usted lo sabe bien- es incompleta, que mantiene el silencio administrativo, es decir, si no te contestan es que no, lo más viejo de la más vieja política, que no contiene medidas para sancionar con dureza el incumplimiento -usted hablaba de sanciones, pero prevención y sanciones, las dos cosas- y que no tiene un supervisor independiente. En suma, señora vicepresidenta, tarde y mal. Consecuencias: más frustración, más desapego y más corrupción, malo para la democracia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora Díez.

En esto de la transparencia y la corrupción usted se ha presentado toda la legislatura como si fuera la madre de los Graco y al final acaba usted siendo víctima de su propio discurso.

En primer lugar, le recuerdo que usted no apoyó la Ley de Transparencia y que en esta legislatura si hay una transparencia es porque la ha aprobado este Gobierno y usted lleva en la vida política muchos años, con lo que, después de haber militado tanto tiempo en el Partido Socialista, no me diga que ahora descubre la transparencia y la corrupción. En segundo lugar, señora Díez, el portal de la transparencia ha tenido más de 3.259.000 visitas y se formulan solicitudes, señoría, pero a lo mejor la diferencia es que los ciudadanos consideran la transparencia de una manera muy diferente a como la consideramos los políticos y quienes están en nuestro entorno. La gente quiere conocer cómo se toman las decisiones y eso es lo que se encuentra en el portal de la transparencia. Sin embargo, a muchos -a usted en muchas ocasiones- sencillamente les interesa conocer determinadas cuestiones que no tienen nada que ver con el ejercicio de la política.

Señora Díez, a lo largo de esta legislatura usted ha criticado todo y no ha votado nada. No ha votado la Ley de Transparencia ni infinidad de iniciativas que usted proponía, pero cuando se han traído a esta Cámara las ha votado en contra; ha votado en contra hasta de enmiendas que eran idénticas a las suyas y, por incoherente, hoy se votará en esta Cámara a petición suya una moción contra el transfuguismo político. Con su historial, señora Díez, no me diga que no tiene mérito. (Aplausos). A los políticos nos exigen, además de...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


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- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿MANTIENE LA VICEPRESIDENTA LA INFORMACIÓN QUE TRANSMITIÓ A ESTA CÁMARA EL PASADO 26 DE MAYO SOBRE EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001334).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora vicepresidenta, del diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, el pasado día 26 el Congreso de los Diputados recibió su siguiente respuesta, y abro comillas: "En contestación a la pregunta de referencia, se informa que el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ya ha informado mediante un comunicado que es rotundamente falso que haya recibido cantidad alguna de la empresa mencionada ni directa ni indirectamente. Por otro lado, se informa que todas las adjudicaciones que se mencionan en la pregunta se han realizado mediante concursos públicos a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos". Cierro comillas. Setenta y dos horas después de esta respuesta, Castellano era detenido por corrupción. ¿Mantiene hoy usted esta respuesta? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.

Señor Hernando, a quien no mantiene el Gobierno es al delegado del Gobierno porque la misma mañana en que fue imputado decretó su cese. A ver si se lo toma usted con la misma aplicación. (Aplausos.-Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Ruego silencio para que se pueda oír a los oradores.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, la cuestión es qué comprobaciones hizo usted para dar la respuesta que hemos escuchado; o quizá no hizo ninguna porque simplemente se fió de él, que es lo mismo que le pasó al señor Rajoy con el señor Bárcenas, pero la cosa no queda ahí. En noviembre le preguntamos por el regalo de un rifle a Castellano y ¿sabe usted qué nos contestó? Abro comillas: "En relación con la pregunta formulada, el Gobierno se remite a las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en las que este ha desmentido haber recibido el regalo citado en la iniciativa de referencia". Fin de la cita. Pero vamos a ver, ¿usted con qué rigor contesta a las preguntas escritas? Ya sabemos que a las orales con ninguno. ¿Pero cómo no dio usted credibilidad a las informaciones sobre el regalo de un rifle a Castellano? ¿Cómo no le cesó inmediatamente? Quizá fue porque usted le nombró. ¿Y me quiere decir cómo nombró a Castellano en junio de 2014 cuando desde febrero de 2009 había estas informaciones con respecto a las irregularidades en su gestión? ¿Quizá fue, señora vicepresidenta, porque el señor Castellano era secretario general de su partido, del Partido Popular, en la Comunidad Valenciana?

Señora Sáenz de Santamaría, usted por ahora es vicepresidenta del Gobierno y portavoz, y en el desempeño de esas funciones si tuviese una gota de humildad reconocería hoy que nunca debió nombrar a Castellano, que no comprobó las acusaciones de corrupción que había contra él y que le tuvo que cesar mucho antes, pero hoy no asistiremos a ese discurso. Usted se arremangará y con tono arrogante me acusará de cualquier cosa, pero ninguna de las acusaciones que vaya a hacer hoy va a tapar su irresponsabilidad como vicepresidenta nombrando a Castellano. Tampoco van a tapar que usted tuvo pasividad a la hora de perseguir la corrupción de Castellano y mucho menos van a tapar las mentiras que usted trasladó al Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, usted es consejos vendo que para mí no tengo. (Rumores). A usted le encanta hablar de corrupción, pero su bancada es su mayor autoenmienda. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora vicepresidenta.

Ruego silencio. Al señor Hernando se le ha escuchado con un silencio absoluto en la bancada popular. (Continúan las protestas). Ruego silencio. Procederé contra el que hable porque necesitamos conocer las opiniones de todos. (Protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). Silencio, por favor. Señora López i Chamosa, silencio, por favor.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Hernando, usted pide más incompatibilidades, pero para todos los demás, no para usted, y deben ser solo en España, que no en el extranjero. En segundo lugar, habla usted de imputados. Señor Hernando, yo he asumido mi responsabilidad. Usted tiene sentados en el escaño a quienes se pueden sentar en el banquillo y no vienen a escucharle hablar de corrupción porque les debe dar apuro. (La señora Aguilar Rivero: ¿Tú sabes lo que pasa en el Supremo?-Protestas). En tercer lugar, señor Hernando, hablamos de delegados del Gobierno... (Continúan las protestas).

El señor PRESIDENTE: Vuelvo a repetir que esto es intolerable. Compórtense. (Fuertes protestas). Está contestando la vicepresidenta. Escuchen ustedes y, cuando termine, pueden manifestar lo que les parezca. Así se ha hecho siempre aquí y vamos a seguir respetando las normas.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, ¿no apoyó usted como responsable del Partido Socialista en Melilla a un delegado del Gobierno que está hoy siendo juzgado por compra de votos? ¿No fue usted in situ a hacerse una foto con él acompañado del señor Zarrías, que está imputado y en activo? ¿Quiere que hablemos de contratos de otras administraciones públicas? ¿Hablamos de Aznalcóllar, un Gobierno en funciones que adjudicó un contrato sin el más mínimo rigor? (Una señora diputada: ¿Y eso qué tiene que ver?-Protestas). ¿Hablamos de detenciones en las delegaciones del Gobierno de Empleo en Andalucía?

Yo he asumido mi responsabilidad y el señor Castellano no está en activo. Haga usted lo mismo. He asumido mi responsabilidad y este Gobierno ha traído el mayor paquete legislativo contra la corrupción, pero usted ha votado en contra. Es el mayor aficionado a hablar de corrupción en esta Cámara, pero -¡qué quiere que le diga!- el menos indicado. Vaya tomando decisiones y dé menos lecciones a los demás. Aplíquese el cuento. (La señora Grande Pesquero: ¡Qué nivel!-Protestas.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Cuando se termina la pregunta es el momento de manifestarse. Estoy dispuesto a esperar.

Ahora ya que han terminado las manifestaciones vamos a seguir. (Protestas.-El señor Canongia Gerona pronuncia palabras que no se perciben). Señor Canongia, hasta que usted no acabe de expresarse no seguimos. Diga usted lo que quiera ahora. ¿Le parece bastante ya? Pues vamos a seguir con la pregunta dirigida al señor ministro de Justicia.

- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA QUE SE RESUELVAN LOS CASOS DE BEBÉS ROBADOS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001317).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Carlos Martínez Gorriarán del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, le voy a preguntar sobre uno de los dramas secretos más increíbles que hay en la historia reciente de España. Me refiero a la trama organizada de secuestro y detención ilegal de bebés. En realidad no es un mero hecho administrativo, sino una historia


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increíble de vidas robadas, tanto a los niños que fueron apartados de sus madres y padres biológicos como a los padres adoptivos engañados que se quedaron sin saberlo con niños que habían sido robados. Nos acompañan -y aprovecho para saludarles- representantes de algunas asociaciones de bebés robados que tienen quejas sobre la acción del Gobierno y sobre lo que están haciendo ustedes. Esa es mi pregunta: ¿qué están haciendo ustedes para resolver algo que, aunque no sea responsabilidad de su Gobierno, sí lo es del Estado -y, por tanto, de cualquier Gobierno de la nación, que debe investigar a fondo esta trama ilegal de robos de bebés en masa-, y sobre todo para resarcir en sus derechos a las personas afectadas?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señorías, señor Martínez Gorriarán, coincido con usted en la calificación de esa situación como un auténtico drama personal y social. Por tanto, reitero el compromiso del Gobierno para colaborar -y lo saben las asociaciones- en el establecimiento de todos los sistemas de información y búsqueda de datos que permitan resolver esta tragedia. Bien es verdad que lo podemos hacer en el marco de las competencias de un Gobierno, del Poder Ejecutivo, y no podemos decirles a los jueces lo que tienen que hacer.

El Gobierno ha creado un sistema de información en colaboración con las asociaciones de víctimas. La Fiscalía General del Estado dictó una circular que también ha servido para evitar la prescripción de este tipo de delitos, de tal manera que hasta que no se identifique el origen genético no se puede iniciar el cómputo de la prescripción. Por lo tanto, estamos plenamente comprometidos en el trabajo en esta materia, en seguir colaborando con las asociaciones para que ningún asunto de esta naturaleza, que es un auténtico drama personal y social, pueda quedar impune.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor ministro, porque por lo menos no me ha contestado como en las preguntas anteriores: y tú más.

Efectivamente, se trata de qué mas puede hacer el Gobierno, y pensamos que puede hacer bastante más, porque algunas de las cosas que piden estas asociaciones y los afectados parece que son fáciles de resolver o deberían serlo. Por ejemplo, parece que sería más sencillo que los registros acepten los análisis de ADN, parece que sería más sencillo que no tuvieran que hacerlo laboratorios privados con un coste para los afectados; parece que habría que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas para que hubiera también oficinas de atención y registros en las comunidades autónomas y que no solamente haya una en Madrid. En fin, parece también que efectivamente el Poder Judicial tiene su autonomía, aunque a veces no brille, pero en este caso parece que el Gobierno debe impulsar cambios legales o insistir en la fiscalía para que no haya jueces que archiven de un modo automático, como meras faltas administrativas o delitos ya prescritos, lo que a día de hoy siguen siendo -como usted mismo ha reconocido- casos eficaces; es decir, el delito se sigue cometiendo todos los días hasta que no se conozca la verdad de lo que sucedió. Lo que pedimos al Gobierno es que sea más proactivo, que sea más sensible a las demandas de los afectados. Se lo pedimos además por una cuestión de justicia, es decir, es absolutamente indigno de un Estado moderno que hasta los años noventa nada más y nada menos haya sido posible que todo tipo de instituciones del Estado -religiosas, hospitales, etcétera- hayan estado implicados en unas tramas en las que además se han ido destruyendo documentos para que no se pueda hacer una reconstrucción de lo que pasó exactamente. Eso es lo que le pedimos al Gobierno. Evidentemente, no hay muchas cosas de reparación del pasado que estén en su mano, pero sí que en la actualidad se haga todo lo posible para que los afectados sean resarcidos y la sociedad sepa la verdad...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Insisto, señor Martínez Gorriarán, en nuestro compromiso y en nuestra decisión firme.


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El 26 de febrero del año 2013 se aprobó un acuerdo en el que participó el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado para promover un servicio de información para desarrollar todas las actuaciones necesarias en esta materia. Desde entonces hasta hoy, en el año 2013 fueron 753 las personas que accedieron a ese servicio y 366 los que iniciaron un expediente; en el año 2014 fueron 533 los que se dirigieron al servicio de información y 188 los que iniciaron su expediente; y en el año 2015 han sido ya 147 personas, de las cuales 38 han iniciado expediente. Por lo tanto, un total de 1.400 personas atendidas y 592 expedientes puestos en marcha.

Estoy de acuerdo en que puede haber desajustes, puede haber necesidades de información adicional. Por eso estamos en contacto con las asociaciones y vamos a continuar con las reuniones, porque hay que mejorar la coordinación con las comunidades autónomas, hay que mejorar la coordinación con el Instituto Nacional de Toxicología para las pruebas de ADN y lógicamente tendremos la mejor disposición para resarcir esta situación absolutamente impropia de un Estado de derecho como el que estoy seguro de que todos queremos tener en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MAITE ARIZTEGUI LARRAÑAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿VA EL GOBIERNO A RESPETAR LA PRODUCCIÓN LÁCTEA DE NUESTRA AGRICULTURA DE MONTAÑA ANTE LA RETIRADA DE CUOTAS LÁCTEAS? (Número de expediente 180/001329).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que formula la diputada doña Maite Ariztegui, del Grupo Mixto.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ¿Va a respetar el Gobierno la producción láctea de nuestra agricultura de montaña ante la retirada de las cuotas lácteas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente.

El Gobierno lleva más de tres años adoptando medidas a favor del sector lácteo para dar viabilidad a todas las explotaciones en un escenario sin cuotas con especial consideración a la ganadería de montaña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Esas medidas no han sido válidas. Se lo digo porque estamos en una situación crítica que se va agravando. Los motivos para implantar las cuotas lácteas siguen aún válidos y el sector ha sufrido ya una muy importante reestructuración; han desaparecido más del 80 % de las explotaciones y no se han tomado medidas para preparar al sector. Ahora estamos ante otro embate neoliberal. Vamos hacia un desequilibrio muy grave. Los riesgos son especialmente sangrantes sobre todo en zonas montañosas y ultraperiféricas, en los caseríos del País Vasco y en toda la cornisa cantábrica; zonas algunas que tienen poco más que la leche, con costes de producción y recogida mucho más altos que en las zonas favorecidas. Se está imponiendo, señora ministra, la ley de la selva. Las grandes empresas deciden cuándo, cómo, cuánto, dónde y a qué precio se produce y proponen precios muy por debajo de los costes de producción. Es más, ya no quieren recoger leche en algunas zonas y de estas se está deslocalizando hacia Andalucía y Castilla-La Mancha, aquí en el Estado, apostando casi por campos de concentración de mil vacas o más, proyectos que están generando ya gran rechazo social.

Nos preguntamos, ¿hasta cuándo piensan permitir estos proyectos que suponen la desaparición de ganaderos y ganaderas, de producción y tejido rural vivo de nuestras zonas de montaña? ¿No es más sostenible y mejor, por ejemplo, veinte granjas de cincuenta vacas que una de mil? Si no hay una política de defensa de precios, si no hay instrumentos políticos de regulación, nadie va a poder mantenerse al margen de esta situación, nadie va a poder mantener la producción. ¿Cómo van a garantizar esos precios justos? ¿Cómo van a afrontar la deslocalización? No me hable de políticas de ayudas porque no han


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servido para nada. Tienen instrumentos para abordar esta crisis, no están siendo válidos. No pueden delegar la capacidad de gestión de mercados en manos de Europa. En la medida en que Europa no aborde instrumentos de regulación de mercado, necesitamos y reivindicamos que Euskal Herria pueda gestionar esas medidas en claves de soberanía alimentaria y defensa de un sector vital como pueblo en riesgo de desaparición, apostando firmemente por él, reconociendo el valor de sus productores y lo que nos aportan como consumidores, como sociedad.

Por eso le pregunto, ¿cómo van a intervenir para garantizar precios justos y evitar la deslocalización...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente.

Señoría, el final de las cuotas lácteas fue sentenciado en el año 2009 bajo el Gobierno socialista y ha coincido con el mayor volumen de producción de leche registrado en España y en Europa. Quiero recordar que la última prórroga de este régimen la consiguió el ministro Miguel Arias Cañete en el año 2003, pero este Gobierno, desde el principio, se ha volcado en preparar al sector para un escenario sin cuotas. Hemos asegurado e incrementado las ayudas de la PAC para el sector lácteo hasta 2020, más de 1.800 millones de euros. Hemos incrementado las ayudas asociadas al sector en un 56 %, que, además, serán mayores para las zonas de montaña y mayores por unidad de ganado para los rebaños más pequeños. El sector va a mantener un nivel de apoyo cercano a los 245 millones de euros anuales, todo gracias al modelo de reforma de la PAC acordado en España en el que el sector lácteo va a incrementar sus apoyos gracias a la solidaridad del resto de los sectores. Se estima que los ganaderos de leche del País Vasco recibirán un 60 % más en ayudas acopladas desde este mismo año. Somos uno de los primeros Estados en aplicar los contratos lácteos, lo hicimos en el año 2012 y hemos modificado su aplicación para mejorar el sistema de contratación -ese que defiende los precios- y reforzar el papel de las organizaciones de productores. Hemos impulsado y seguiremos apoyando a estas organizaciones de productores. Ya el 36 % de los ganaderos pertenecen a ellas y pueden negociar en común la venta de su leche, que es donde está también una parte de obtener mejores precios. Está en vigor el Plan nacional de controles de la contratación del sector lácteo. La Agencia de información y control alimentarios del ministerio investigará las denuncias remitidas por las organizaciones agrarias y sancionará en su caso. Realizamos controles para evitar la leche a pérdidas y, de hecho, ha disminuido enormemente su venta a precios anormalmente bajos. Hemos reducido los índices de módulos del IRPF para el sector en 2014 y 2013, y se hará siempre que sea necesario. Hemos estudiado la evolución del mercado lácteo y se publican sus datos para que los ganaderos cuenten con la mejor información para adoptar sus decisiones.

Seguimos actuando en un nuevo paquete de medidas. Estamos trabajando para establecer la figura del mediador en el sector lácteo. Lanzaremos una campaña divulgativa para facilitar la aplicación de los contratos lácteos. Apoyaremos a las organizaciones de productores mediante la convocatoria de ayuda específica para las de ámbito supraautonómico. Impulsaremos el programa de distribución de leche y productos lácteos en las escuelas. Realizaremos acciones de promoción para aumentar el consumo de productos lácteos. Potenciaremos con las comunidades autónomas las medidas de desarrollo...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE QUE ES UNA BUENA MEDIDA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE LOS DEFRAUDADORES PUEDAN EVITAR QUE SE PUBLIQUE SU NOMBRE SI PAGAN LA DEUDA? (Número de expediente 180/001336).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

En primer lugar, pregunta del diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.


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El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, ¿cree que es una buena medida de lucha contra el fraude que los defraudadores puedan evitar que su nombre sea publicado en una lista de defraudadores?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Saura, el Gobierno ha optado desde el inicio de la legislatura por la eficacia de las actuaciones. La Agencia Tributaria está consiguiendo cifras récord en la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país. En lo que llevamos de legislatura se han conseguido 37.674 millones de euros; más de 2.300 en 2014, que es la cifra mayor de la historia. A pesar de que el año pasado se acabó con cifras récord, el primer trimestre de 2015 ha sido incluso mejor que el primer trimestre de 2014: un 13,5 %, tras recaudar 2.889 millones de euros, cantidad que también es la mayor de la historia en el primer trimestre de un ejercicio.

Ha entrado ya en la Cámara la modificación de la Ley General Tributaria, que, como su señoría conoce, va orientada precisamente a reforzar esa eficacia de las actuaciones, llevando adelante una iniciativa que ningún Gobierno de España había llevado en relación con la publicación de morosos y defraudadores. No queremos que esto signifique el recargo de las penas que deben soportar a partir de su hipotético fraude -el que han realizado- y tampoco debemos inundar las áreas de privacidad, tal y como nos advierten los informes consultivos al respecto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, sobre la primera parte de su contestación, el Instituto de Estudios Fiscales dice que la conciencia fiscal de los españoles está por los suelos desde que usted es ministro de Hacienda. No tiene usted solución. Ha vuelto a engañar a los españoles. Señorías, no se va a publicar la lista de defraudadores, a pesar de que el ministro de Hacienda la viene prometiendo desde hace dos años y medio. Señorías, ni siquiera se va a publicar la lista de defraudadores condenados, solamente se va a publicar la lista de los defraudadores condenados que no han podido pagar o han podido avalar su condena. Señorías, el que tiene dinero, el que tiene recursos puede comprar su indulto. Señorías, para el que tiene recursos, amnistía fiscal. Desde que usted es ministro de Hacienda la máxima es que el que tiene recursos se puede ir de rositas fiscalmente en nuestro país.

Señorías, señor Montoro, lo que queremos nosotros es que se publique la lista de la amnistía fiscal, pero no solamente eso, queremos que se publique también la lista de los defraudadores de nuestro país, y usted ha vuelto a engañar a los españoles, señor Montoro. Nos ha traído aquí muchas cosas. Nos ha traído subidas de impuestos y nos ha traído bajadas de impuestos a los que más tienen, pero lo último de la legislatura es un timo, un timo que no es el de la estampita, es un timo de trilero, de trilero fiscal de tomo y lomo. Ha engañado a los españoles. Les ha dicho una cosa pero ha hecho otra. Usted, señor Montoro, por esta razón adicional, tiene que irse del Gobierno. Lo suyo no es de chapa y pintura, lo suyo es estructural. Si usted no se va, esperemos que le cesen, y que le cesen el próximo viernes.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Si algún día se produce esa situación, no sé si va a darle plena satisfacción o no, señor Saura, porque se va a quedar usted sin la cantinela de su vida, no de esta legislatura. ¿Qué va a hacer sin mí? (Risas.-Aplausos). Esta sería una cuestión que debería plantearse vitalmente, no ya en términos políticos.


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El programa del Gobierno, que por supuesto está a disposición de los grupos políticos y entre ellos del suyo, dice que los deudores tendrán una fecha máxima para pagar sus deudas si no quieren aparecer en la lista de deudores y que los defraudadores deberán pagar las cuantías defraudadas por todos los conceptos antes de que haya una sentencia firme que les condene. Cuando el deudor o el defraudador haya pagado lo que debe, el objetivo de la Hacienda y la Agencia Tributaria se habrá cumplido y, por tanto, ya no tiene sentido dar publicidad a unos hechos que la persona en cuestión ya ha reparado. De esta manera seguimos las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EN ESTA LEGISLATURA HA IMPULSADO SUFICIENTES MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001337).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Herick Campos, del Grupo Socialista.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.

¿Considera el Gobierno que esta legislatura ha impulsado suficientemente medidas contra la corrupción en las administraciones públicas?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Campos, como ya ha recordado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, a lo largo de esta legislatura el Gobierno ha impulsado medidas contra la corrupción que afectan no solo a las administraciones públicas sino a ámbitos destacados de la vida pública, como los partidos políticos y sus fuentes de financiación, y también a otras organizaciones que reciben fondos públicos, como pueden ser sindicatos y organizaciones empresariales. El objetivo del Gobierno ha sido, por un lado, perseguir la corrupción, y por otro, luchar contra las condiciones que la favorecen. Somos conscientes de que muchas de las iniciativas han llegado cuando han llegado. Seguramente muchos de los casos que hemos conocido estos años no se habían producido si anteriores Gobiernos hubieran aprobado las normas que se han aprobado en esta legislatura. Estamos convencidos de que la falta de controles previos o la insuficiencia de los mismos, en suma la ausencia de medidas eficaces para evitar las condiciones que favorecen la corrupción, están en el origen del gran número de casos que hoy desgraciadamente estamos conociendo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Campos.

El señor CAMPOS ARTESEROS: La Real Academia Española define corrupción como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Según esta definición nosotros creemos que no, que no se ha hecho lo suficiente, y no solamente eso, sino que incluso se ha amparado en algunos casos. Su preocupación -y el ejemplo lo han repetido usted y la vicepresidenta- es la percepción que tiene la gente: no actuar realmente. Por eso se amparan en la Ley de Transparencia, porque esa ley permite aún que haya un contrato de Fórmula 1 en la Comunidad Valenciana de 170 millones de euros que es secreto -¿cómo que es secreto un contrato de la Administración pública de 170 millones de euros?- o que haya tenido que venir un juez a decir que el contrato firmado con la empresa Valmor, comprándola por un euro -eso sí, con una deuda de 50 millones-, era secreto también. En eso se ha amparado su Gobierno. Menos mal que va a haber pronto un cambio de Gobierno en la Comunitat Valencia, con Ximo Puig, y esperemos que también lo haya pronto con Pedro Sánchez, para que se acaben estos contratos secretos que tan nerviosos ponen a algunos de


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sus bancadas. ¿De qué sirve la transparencia, tanta Ley de Transparencia, tanta actuación que dicen que han hecho, cuando tienen un delegado del Gobierno al que le han regalado objetos, según publica la prensa, y que efectivamente los tiene? ¿Alguien le ha preguntado si puede pasar las facturas de estos objetos o de las cacerías? Era tan fácil como eso. No hace falta tanta Ley de Transparencia, sino la voluntad política de acabar prácticas como esa. Podrían haberle dicho: Usted fraccionó, como consejero de todas las consejerías por las que ha pasado, que han sido muchas, muchas facturas. Compañero Serafín -porque era compañero del Partido Popular-, es mejor que te vayas. ¿Cómo puede decir que defiende la transparencia cuando el Consejo General del Poder Judicial tiene que llamar la atención a su Gobierno porque no pone policías para atender a la información del caso Brugal? ¿Cómo puede hablar de transparencia cuando hay una destrucción masiva de papeles actualmente en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas del Partido Popular y usted no hace nada? ¿Cómo va a hacer usted algo, si en 2004, cuando se fueron del Gobierno, hicieron lo mismo y nos encontramos todos los despachos con todos los papeles destruidos? Eso no es transparencia. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Señoría, que yo sepa, cuando salimos de los despachos en 2004 no hubo ninguna modificación de la contabilidad pública ni una factura sin pagar en las administraciones públicas de España. Cuando volvimos a entrar en la Administración, a finales del año 2011, sí había mucha deuda comercial pendiente y sí había déficits ocultos (Aplausos). Sí, señorías. Es la forma de gestionar lo público de unos y de otros. (Un señor diputado: ¡Vaya!).

Lo que estamos viviendo estos días es el conocimiento de la eficacia de la lucha contra la corrupción. La corrupción nos avergüenza a todos, pero su conocimiento también nos demuestra que las instituciones en España están funcionando y que no se detienen por la relevancia de los casos ni por el nombre de sus protagonistas. Una de las iniciativas más importantes que se han aprobado en esta legislatura es la Ley de Transparencia en el sector público, y quiero constatarle la disposición plena del Gobierno a favorecer e impulsar dicha transparencia y el hecho de que con este Gobierno no hay impunidad y de que las instituciones y el Estado de derecho trabajan para perseguir a los corruptos, sean quienes sean.

Por otro lado, es importante extender ese clima de opinión entre los ciudadanos... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA QUE RTVE ESTÁ HACIENDO UN USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, AL CONTRATAR EL PROGRAMA "ASÍ DE CLARO"? (Número de expediente 180/001338).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del diputado don Germán Rodríguez, del Grupo Socialista.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, ayer Televisión Española suspendió la emisión del debate del señor Buruaga tras el fracaso absoluto que ha cosechado. Pero este no es solo un fracaso del señor Buruaga, no es solo un fracaso de don José Antonio Sánchez, el presidente que ustedes han puesto a dedo en Televisión Española, es un fracaso del Partido Popular y del Gobierno, porque una vez más los ciudadanos le han dado la espalda a la manipulación, a la propaganda y a la televisión de partido que han impuesto desde que llegaron al Gobierno. Es un fracaso del Partido Popular y del Gobierno, porque ustedes han puesto todo el empeño político en que el señor Buruaga aterrizara en la televisión pública como fuera y a cualquier precio, incluso saltándose la ley. Por todo eso, la pregunta es muy fácil: ¿Considera que ha habido un buen uso de los recursos públicos al contratar el programa del señor Buruaga? Y, dígame: ¿Hasta cuándo van a seguir pagando la propaganda del Gobierno con el dinero de todos los españoles? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez, me permitirá su señoría que no entre a valorar la decisión de la parrilla de programación de Radiotelevisión Española. Ni es mi función ni considero que sea la función de ningún ministro del Gobierno de España, y supongo que los ministros anteriores del señor Zapatero tampoco lo hacían; a lo mejor sí lo hacían, a lo mejor alguno se dedicaba a estos menesteres, pero desde luego no es la cuestión.

Por lo demás, es un programa que, como dice, se ha suprimido, un programa que se ha contratado dentro de la capacidad que tienen los órganos rectores de Radiotelevisión Española. La verdad es que, estando en funcionamiento la Comisión de Control de Radiotelevisión Española en esta Cámara, que precisamente ayer celebró sesión, no entiendo que esta cuestión sea objeto de control parlamentario. Ya le he dicho bastante al respecto, pero, en cualquier caso, quiero expresar la preocupación del Gobierno diciéndole que a mí, como responsable económico-financiero de Televisión Española, me preocupa la debilidad de los ingresos que se produce en la corporación a partir de la retirada de publicidad en Radiotelevisión Española, decisión que correspondió al Gobierno de Rodríguez Zapatero y que ya he criticado y vuelvo a criticar esta mañana en esta Cámara.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Le preocupa mucho la debilidad de sus ingresos, pero le ha recortado 250 millones de euros al año; esa es su coherencia, señor ministro. (Aplausos). Vamos a ver si nos centramos y deja de echar balones fuera.

Usted pone cada año en la sección 15 de los presupuestos, que es de su ministerio, 281 millones de euros para que Televisión Española cumpla con la función de servicio público, y ese servicio público se tiene que ajustar a lo que dice la ley y a los objetivos que fija este Parlamento a la corporación a través del mandato-marco. ¿Y qué dice la ley? Que los servicios informativos no se pueden externalizar y que tienen que ser cien por cien de producción interna, de manera que el debate del señor Buruaga no debería haber llegado nunca a la televisión pública, señor ministro. Pero es que además usted, que es el ministro de la austeridad o presume de ello, ha permitido que el dinero de todos los españoles vaya al bolsillo del señor Buruaga y de su productora -67.000 euros por programa- por un programa rancio y desfasado, que ha cosechado una audiencia absolutamente lamentable -un 5 %-, y no solo hablamos de la audiencia del programa, sino que ha hundido la audiencia global de Televisión Española todos los lunes. Ese es su modelo de buena gestión. Lo que ha ocurrido con el debate del señor Buruaga es un síntoma evidente de lo que ustedes han hecho con la televisión pública. Ustedes le han quitado a la televisión pública la independencia, le han quitado 250 millones de euros al año y le han echado veinte años encima. Por eso está como está, con los peores datos de audiencia de toda su historia. Por eso ha dejado de ser la referencia informativa para todos los ciudadanos, incluidas las noches electorales.

Señor ministro, ustedes se niegan a acabar con el uso partidista de los medios públicos, pero no se preocupe, los ciudadanos les van a poner muy pronto en su sitio y volveremos a tener una televisión pública independiente y de calidad, al servicio de los ciudadanos y no al servicio del Partido Popular y del negocio de sus amigos. (Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Ya se lo he explicado no sé cuántas veces en esta legislatura. (Rumores). ¿A ustedes qué les preocupa, que vaya mal la audiencia porque está manipulada? Entonces está fracasando el supuesto manipulador de la audiencia, que no existe, claro. Se lo resumo de la siguiente manera: Hubo un Gobierno socialista que restó la capacidad económica a Radiotelevisión Española ente público para dársela a sus amigos en la privada; eso fue lo que ocurrió. Es decir, ustedes no es que sean malos gestores de lo público, no, es que lo que hacen es quitarle a lo público para dárselo a sus amigos (Rumores.-


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Protestas)..., a su televisión amiga, que se supone que es la que les va a apoyar desde fuera de la izquierda. Eso es lo que hace el Partido Socialista en el Gobierno. Pero como da igual, porque lo que viene es la ruina de España, a ustedes les dicen los ciudadanos que se vayan a casa y que se olviden de las audiencias de televisión.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE HACER POSIBLE LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE VOTO ROGADO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES? (Número de expediente 180/001339).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior y que formula la diputada doña Carmen Silva, del Grupo Socialista.

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, mi grupo ha planteado desde el inicio de esta legislatura la necesidad de suprimir el voto rogado. Hemos admitido el error de aquella modificación electoral que ha dificultado el ejercicio de un derecho político fundamental y ha supuesto que el porcentaje del voto emigrante haya descendido a un 3, un 4 o un 5 %. La casi unanimidad de esta Cámara está dispuesta a acordar su eliminación. Hay acuerdo. Solo depende del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que esta justa demanda se pueda convertir en una realidad. No hay disculpas para no hacerlo, es la hora de la verdad, no valen subterfugios ni medias verdades. Por eso le pregunto si tiene intención el Gobierno de hacer posible la supresión del voto rogado para las próximas elecciones generales. Nosotros les proponemos que presenten una iniciativa legislativa en el plazo de quince días y que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única. Espero de usted una respuesta contundente, espero que diga con claridad si aceptan esta propuesta que, le repito, tiene un apoyo muy mayoritario de esta Cámara. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Silva.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Señoría, me ha dicho que no vayamos con subterfugios ni medias verdades y se lo voy a decir muy claramente. Empiezo por decir que no acabo de comprender esa contradicción aparente entre el hecho de que desde su grupo y desde su partido nos soliciten que no tramitemos más iniciativas legislativas y el hecho de que me esté pidiendo ahora aquí que el Gobierno envíe un proyecto de ley para ser tramitado en lectura única y por procedimiento de urgencia, y nada más y nada menos que un proyecto que afectaría a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y hablando de subterfugios y medias verdades, su señoría sabe muy bien, porque era senadora y lo votó en la anterior legislatura, que es una tradición bastante consolidada que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se haga por amplio consenso, no tanto como iniciativa legislativa del Gobierno, sino como una iniciativa legislativa por la vía de proposición de ley conjunta y amplia de los grupos parlamentarios. Así se hizo la vigente reforma de la Loreg en la pasada legislatura y con una tramitación muy madura. Fue en septiembre de 2008 cuando la Comisión Constitucional acordó por unanimidad de los grupos parlamentarios proponer al Pleno la constitución de una subcomisión de estudio para reformar la Loreg. La Comisión Constitucional tardó dos años en elaborar el informe que sirvió de base para una proposición de ley que, el 15 de octubre de 2010, presentaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Finalmente, el 21 de diciembre de 2010, se aprobó esa ley en el Congreso, que modificó, entre otros, el artículo 75 de la Loreg, siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral Central y los dictámenes del Consejo de Estado y, en consecuencia, con un amplísimo consenso parlamentario. Si existe ese consenso, que se presente la proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios, como se ha hecho prácticamente siempre y en todo caso en esta última reforma.

En lo que sí coincido es en que ahí toda la Cámara se ha equivocado, pues, efectivamente, la participación en las elecciones generales de 2008 de los votantes inscritos en el censo de españoles residentes ausentes fue del 31,88 %; en las elecciones generales, después de la reforma de 2011, bajó al 4,95 %. Al Gobierno le preocupa y le ocupa, señoría.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Silva.

La señora SILVA REGO: Señor ministro, ha quedado claro que al Gobierno ni le ocupa ni le preocupa. Su respuesta me recuerda a aquel programa de radio que era ni sí ni no ni nada ni vaya. Es una huida hacia ninguna parte. Nuestra pregunta es muy clara y nuestra propuesta muy concreta. Señor ministro, se lo repito: No valen evasivas ni subterfugios.

En esta Cámara hay acuerdo de la aplastante mayoría de las diputadas y de los diputados de los grupos parlamentarios, excepto del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que, por cierto, se reúne con los emigrantes -lo hacen el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Prada y los responsables de emigración del ministerio- y los engaña diciéndoles que está dispuesto a suprimir el voto rogado. Ustedes no quieren suprimir el voto rogado. Hoy ha quedado claro en esta Cámara: Ustedes quieren mantener el voto rogado. Me dirijo a los emigrantes: Que sepan que el Gobierno de España y el Partido Popular no quieren suprimir el voto rogado, lo quieren mantener. Lo tienen ustedes muy fácil. Nosotros les apoyamos. Creemos que es fundamental que se presente ese proyecto de ley por parte del Gobierno. Háganlo y, si no, les habrán mentido día tras día... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Pregunta dirigida...

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): ¿Cuánto tiempo me queda?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene seis segundos, que son suyos y se los doy, no se los quito. (Risas).

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias.

Solo quiero intervenir para decirle, señoría, que se aprobó en la anterior legislatura, gobernando el Partido Socialista. Presenten esa proposición de ley todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Ha aprovechado muy bien su tiempo.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO SOBRE LA APLICACIÓN HASTA LA FECHA DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO? (Número de expediente 180/001340).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta el diputado don Rafael Simancas, del Grupo Socialista.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el pasado mes de diciembre, apenas a cinco meses de unas elecciones municipales y autonómicas, se fijaron ustedes en que había muchos parados en España en situación difícil. Sacaron al presidente del plasma, adornaron La Moncloa, llamaron a las cámaras y con gran trompetería firmaron un acuerdo con los sindicatos para mejorar la vida de los parados. Cinco meses después, señora ministra, según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, los beneficiarios del programa de activación para el empleo son 43.994, menos de 44.000, a fecha 30 de abril; ahora serán unos cuantos más. Señora ministra, se lo dijimos entonces y se lo confirmamos ahora: una medida electoralista, una medida tardía, una medida insuficiente. El señor Rajoy hablaba de 450.000 beneficiarios potenciales en la fiesta de La Moncloa; usted, en la interpelación del Senado de hace unos días, hablaba de 300.000 beneficiarios en un stock de inicio. Pues bien, señora ministra, ni 450.000, ni 300.000, ni 200.000, ni 100.000, apenas 44.000 a fecha 30 de abril. Muy pocos, señora ministra. Se lo dijimos entonces y se lo decimos ahora: un fiasco. ¿Por qué? Porque los requisitos de acceso a este programa son muy duros, deliberadamente duros, injustamente duros. Obliga usted a los beneficiarios de este programa a haber cobrado antes el Prodi, el Prepara, la renta activa de inserción. Señora ministra, ¿por qué no relajar estos requisitos? ¿Por qué no permitir, eliminando estos requisitos tan duros, que cientos de miles de parados y paradas en este país que necesitan acceder a esos 426 euros lo hagan? Se lo pedimos formalmente, señora ministra. La tasa de cobertura a los desempleados ha bajado en este país desde el 70 % en 2011


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al 54 % en el mes de abril. Cuarenta y seis de cada 100 parados no tiene ninguna ayuda pública. Modifiquen ustedes los requisitos de acceso a este programa para que más parados puedan acceder a él. La recuperación justa no se percibirá porque cambien ustedes a los portavoces del Gobierno, sino porque traten con justicia a los trabajadores y a los parados de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Simancas, la recuperación justa y hasta el final llegará con 20 millones de ocupados en España y sin que vuelva a gobernar el Partido Socialista, gobernando el Partido Popular, que es el que trae empleo y oportunidades a este país.

Los parados nos preocupan mucho, son nuestra principal preocupación, y por eso hemos puesto en marcha, junto a la sociedad española, un conjunto de reformas para crecer y crear empleo. Por eso ya hoy hay menos parados que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, más de 200.000. En próximas fechas habrá también más empleo que cuando llegamos al Gobierno, van a ser más de 600.000 empleos en este año, fueron 440.000 el año pasado, señor Simancas, y en los próximos años habrá 20 millones de ocupados, porque eso es lo que necesita España y lo que necesitan los parados de este país: oportunidades. Nosotros sí hacemos política social. Hemos querido iniciar la salida de la crisis apoyando a los que más lo necesitaban, a los parados y a los pensionistas; por eso descongelamos las pensiones que ustedes habían congelado y por eso hemos apoyado desde el primer día a los parados destinando 30.000 millones de euros en el presupuesto para prestaciones y subsidios cada año de esta legislatura, consolidando el Prepara y haciéndolo permanente hasta que no baje la tasa de desempleo del 20 % -ya se han beneficiado más de 525.000 españoles- y poniendo en marcha, con diálogo social, consenso y acuerdos con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, un programa especial de activación, un programa para que nadie se quede atrás en la recuperación, porque ustedes mandaron al paro a más de 3,5 millones de personas y muchas de ellas no han tenido todavía la oportunidad de recuperar un empleo. Ellos, los que lo tienen más difícil -parados de larga duración, sin ingresos y con responsabilidades familiares- están empezando a tener oportunidades gracias al esfuerzo de todos. Por cierto, agradezco los 299 apoyos que tuvo ese programa en esta Cámara. Señor Simancas, en lo que va de año, de los 270.000 previstos para este año -porque el resto es lo previsto para el año 2016- ya lo han solicitado casi 94.000, de los cuales el 70 % ya está participando de ese programa especial de activación. Señor Simancas, hemos dedicado recursos -850 millones- para seguir creando oportunidades para los parados.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ BALANCE HACE EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO EN ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/001341).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. La formula la diputada doña Pilar Lucio, del Grupo Socialista.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, lleva usted tres años y medio como responsable del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuarenta y ocho meses en los que las decisiones que ha ido tomando han sido letales para las políticas de las que es responsable. Y digo bien, es responsable, aunque permanentemente mire al pasado para justificar sus decisiones. Su política energética ha sido capaz de asfixiar un sector industrial como el de las energías renovables y ha puesto y pone en grave riesgo el turismo, del que usted también es responsable, en las islas Canarias, Baleares y en la costa mediterránea, con su obsesión por el fracking y las prospecciones petrolíferas. ¿Podría hacer usted una valoración de su gestión en materia energética?

Gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Me pregunta usted por un balance en materia energética. La pregunta que había formulado era sobre un balance de toda la legislatura de las materias del ministerio, que son como usted ha dicho industria, energía y turismo, pero también, aunque no figure en el nombre, telecomunicaciones. Le hago el balance.

Industria. Hoy en España hay más industria que hace cuatro años. Energía. Hoy la energía en España es más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista económico y financiero, que hace cuatro años. Vea usted la evolución del déficit del sistema eléctrico y verá cuál es la conclusión a la que hoy llega. Turismo. Hemos vuelto al podio mundial. Hoy España es el tercer país en cuanto a número de visitantes internacionales, el segundo país en cuanto al gasto que esos visitantes internacionales hacen en nuestro país, pero es el primer país en cuanto a competitividad turística internacional, de acuerdo al informe que hace tres semanas emitió el Foro Económico Mundial. En cuanto a telecomunicaciones hoy la economía es más digital que la que había hace cuatro años. Por tanto podemos decir que es un balance -todo es mejorable- en lo que se refiere a las cuatro materias que tiene el departamento más que aceptable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Señor ministro, le he pedido que vaya al fondo del asunto, y ya he visto que lo ha sobrevolado. En estos momentos usted ha ido tomando decisiones en dirección contraria a los intereses de nuestro país, a los intereses de las empresas, de las grandes y de las pequeñas, y a los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables. Nada más llegar al Gobierno, y amparándose en unos informes inexistentes, usted perpetró el hachazo a las renovables. Esto es gravísimo, señor ministro. Es un engaño sin precedentes con unas consecuencias tremendamente negativas para un sector industrial puntero y referente a nivel mundial, del que usted y todos ustedes presumen cuando van al extranjero, pero que aquí están machacando.

Como colofón a sus desmanes preparan un real decreto para regular el autoconsumo, que más que un decreto parece una propaganda disuasoria. Lo que debería ser un derecho civil, el derecho a generar tu propia energía, se ha convertido en un imposible para la ciudadanía española. Usted actúa justo al contrario que todos los países de nuestro entorno, que Estados Unidos o que Japón, frustrando la viabilidad de generar y consumir tu propia energía. Su gestión ha merecido la reprimenda de toda la ciudadanía que ve crecer su recibo de la luz, por mucho que usted nos quiera engañar, del sector renovable, y de todos los grupos políticos, incluido su propio grupo político, que ha llegado a pedirle su dimisión. Deje de mirar al pasado, asuma usted sus responsabilidades o mucho me temo que otros lo harán por usted.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Su señoría habla de la evolución de los precios de la electricidad y quiero recordarle que entre los años 2004 y 2012, por tanto también incluyo el primer año de esta legislatura, el incremento acumulado fue del 82 %, bajada en el año 2013, y bajada en el año 2014 por primera vez en los últimos doce años. Autoconsumo. La primera vez que un Gobierno en España ha regulado el autoconsumo ha sido por este Gobierno con la Ley del Sector Eléctrico. Ahora hemos remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el real decreto que regula los procedimientos. No solo compartimos totalmente el autoconsumo, sino que lo estamos metiendo en un real decreto. Eso sí, quien autoconsume no tiene que pagar energía a ningún operador, no tiene que pagar impuestos al Estado, y tampoco tiene que pagar ningún tipo de peaje a la red, ninguno. Ahora bien, si usted aparte de autoconsumir quiere, para eventualmente tener enganche a la red, tener acceso a las infraestructuras, si no le importa, usted también tiene que pagar esas infraestructuras, porque de lo contrario el resto de los consumidores estarían pagando por usted que autoconsume.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO PRETENDE EL GOBIERNO INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD SIN FORMENTAR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN? (Número de expediente 180/001342).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. En primer lugar, pregunta de la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Socialista.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cómo pretende incrementar la competitividad sin fomentar la ciencia y la innovación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señor presidente, señoría, España es un país competitivo. Nuestras exportaciones crecen más que el comercio internacional, ganamos cuota de mercado en los mercados internacionales, según cualquier indicador de competitividad-precio España gana competitividad, y además el sector exterior aporta al crecimiento. Este será el tercer año en el cual tendremos un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos, y según el Fondo Monetario proyecta cinco más. Serán ocho. Le recuerdo que en el año 2007 el déficit de la cuenta corriente de España era del 10 %.

Señoría, la relación entre I+D+i y competitividad no es del todo clara; tiene mucho más que ver con la productividad, que es un concepto diferente al de competitividad. La productividad sí tiene que ver con la I+D+i y ahí lo que nosotros hicimos fue evitar el colapso que heredamos. Nos encontramos con instituciones quebradas, compromisos internacionales desatendidos, descoordinación, y un modelo de carrera investigadora poco sostenible. En cuanto mejoró la situación económica y presupuestaria actuamos con los principales retos del sistema, como son la optimización presupuestaria, el apoyo al talento, el fomento a la I+D+i empresarial, y su internacionalización. En definitiva hemos tomado medidas para que el sistema sea sostenible y aporte a la productividad y al crecimiento futuro de la economía española. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.

Tenemos muy claro los socialistas cómo hay que aumentar la productividad en este país; lo que no tenemos tan claro es que el señor ministro, responsable en la materia, sepa la importancia que la ciencia y la innovación tienen por supuesto en la competitividad y en la productividad. Y le recuerdo, señor ministro, que nosotros dejamos una Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación aprobada por toda la Cámara que ustedes han sido incapaces de cumplir y de poner en marcha. No es que lo diga yo; lo han escrito el Consejo Económico y Social, Cotec, las universidades, los sindicatos: la política de ciencia e innovación es clave -leo textualmente- para la competitividad de la economía y también para el bienestar social, que para nosotros son dos conceptos que no pueden ir separados, pero a estas alturas, señorías, ya sabemos cuál es el modelo de la derecha, cuál es su modelo -muy ideológico por cierto- en materia de competitividad y productividad: el despido libre, bajar los salarios, la pobreza laboral, mientras que el nuestro es uno muy opuesto y muy contrario: el crecimiento, claro que sí, pero por medio del conocimiento, del talento, de la inversión en las empresas, de la economía digital. Todo eso es productividad y es algo de lo que ustedes saben muy poco. Llevan cuatro años lastrando la competitividad -la buena- de nuestro país, porque han paralizado el sistema científico, porque han abandonado a las empresas que innovaban, y que con ustedes lo han tenido cada día más difícil, y por tanto también han abandonado la transferencia del conocimiento. (Muestra un documento). La política de ciencia e innovación del Gobierno de Rajoy ha sido simplemente destrozar la ciencia y la innovación que había en este país y que mucho costó construir, tanto al sistema, a los científicos, a los innovadores como al anterior Gobierno, y por mucho que corran ahora, señor ministro, no van a lavar la cara, como los malos estudiantes, en el último momento. Lo único que han hecho -a pesar de que les ofrecimos un acuerdo el primer día, porque este


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tendría que ser un tema de país, igual que lo es la educación- ha sido optar por vaciar laboratorios, por quedar impasibles ante el cierre de empresas innovadoras. Han optado por expulsar a los científicos; su Gobierno, que decía que sobraban científicos en este país. En definitiva su marca es la de la mentira, y la mayor simbología la de la agencia estatal de innovación. Ya en junio de 2011 -estamos en junio de 2015- tenían que haberla puesto en marcha. Tres años después, mentiras, mentiras y mentiras. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.

Una vez establecido que productividad y competitividad son conceptos diferentes, señoría, usted sabe perfectamente que su Gobierno hizo recortes muy importantes en los presupuestos de I+D+i. Este Gobierno en un contexto muy complicado salvaguardó al sistema, y tan pronto como mejoró la situación aumentamos los presupuestos, siendo el año 2015 el tercer año de incremento de dotaciones. Recientemente hemos aprobado un decreto-ley que incrementa 95 millones, lo cual reforzará las principales convocatorias de investigación que ya se están realizando. También hemos acordado que los investigadores disfruten de una tasa de reposición del cien por cien; es decir, este año se van a contratar entre OPI y universidades prácticamente mil plazas de investigadores. Además en las próximas semanas -como he anunciado ya en dos ocasiones, y ya está en proceso de aprobación- se aprobará el decreto de la agencia estatal de investigación, que optimizará los recursos gracias a las mejoras en evaluación y control. Por otro lado -y también muy importante- en el CSIC ejecutaremos este año por primera vez su contrato de gestión, es decir, una especie de contrato-programa, que le dotará de verdad del carácter de agencia que tiene el CSIC, y será fundamental para su supervisión y eficacia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CUÁNTO DINERO DA POR PERDIDO EL GOBIERNO DEL RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO? (Número de expediente 180/001343).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula también al señor ministro de Economía y Competitividad el diputado don Antonio Hurtado, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, ¿cuántas ayudas se dan por perdidas de las ofrecidas a la banca? Me gustaría saber si usted considera el enorme daño no solamente económico, sino también moral que suponen esas pérdidas. También me gustaría saber si lo que dijo en su día de que el rescate bancario no costaría dinero al contribuyente lo sigue manteniendo. (Muestra un documento). ¿Eso fue un error de cálculo o una mentira más de este Gobierno? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señoría.

El saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema financiero es una política fundamental, y sin ella no habría recuperación; y le recuerdo que la economía española está creciendo por encima del 3,5 %. Efectivamente nosotros hemos inyectado 40.000 millones, frente a los 30.000 millones de euros que inyectó su Gobierno. De esa cantidad a día de hoy se han recuperado unos 6.000 millones, pero -como sabe usted también, señoría- queda algo más de un 60 % de las participaciones de BMN y Bankia. Respecto al BMN el FROB ha iniciado ya un proceso para dar liquidez a sus acciones -el FROB no va a vender inmediatamente, pero lo tiene que hacer antes de finales de 2017-, y este proceso facilitará la desinversión futura del FROB cumpliendo con nuestros acuerdos. En el caso de Bankia la entidad se privatizará cuando se den las condiciones de mercado. Además BFA, la matriz de Bankia, tiene en activos netos aproximadamente 2.400 millones. Por lo tanto vamos a maximizar el valor de estas participaciones para -como siempre he dicho-


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devolver a los contribuyentes el máximo posible del dinero que se ha inyectado en las instituciones, de esos 40.000 millones de euros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, le pido respeto. Conteste a la pregunta que se le formula. ¿Cuánto dinero se da por perdido de esas ayudas? Este es el último informe del Banco de España (Muestra un gráfico), y dice que el FROB ha perdido ya más de 50.000 millones de euros, y que el Fondo de garantía de depósitos ha perdido cerca de 20.000 millones de euros. Señor ministro, lo del FROB lo vamos a pagar todos de nuestros impuestos, y lo del Fondo de garantía de depósitos lo vamos a pagar también todos con las comisiones bancarias, las cláusulas suelo, y todos los tejemanejes del sistema financiero. Señor ministro, usted quiere aparecer como el bombero del incendio que ha provocado esta crisis financiera, pero le tengo que recordar con todos mis respetos que usted ha sido un pirómano en este caso. Usted ha sido presidente ejecutivo del Lehman Brothers, que cae en la bancarrota. Usted ha sido presidente ejecutivo de Lehman Brothers, que comercializa preferentes. Usted ha comercializado las cuotas participativas de la CAM, 292 millones de euros perdidos por 50.000 minoristas. Usted ha sido consejero del Banco Mare Nóstrum, que ha requerido 1.645 millones de euros de ayudas públicas y el 23 % de su cartera tiene cláusula suelo. Señor ministro, ese ha sido usted: parte activa y actora de esta enorme crisis financiera. Señor ministro, de sus medidas y del código de buenas prácticas el resultado ha sido un máximo de lanzamientos en este país. (Muestra un gráfico). De las preferentes ha devuelto al usted 1 euro de cada 3 y evidentemente siguen produciéndose 3.200.000 cláusulas suelo. ¡Por Dios! Que no le den el Eurogrupo, por lo que pueda pasar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.

Señor Hurtado, sigue usted con la profundidad de sus argumentos. No se va a recuperar ni un euro de los 30.000 millones que inyectó el Gobierno socialista, pero esa no es la principal crítica; la principal crítica es que no se hizo ninguna reestructuración, no se modificó nada del sistema financiero español, y tuvimos que actuar en el año 2012 y hacer en seis meses lo que no se había hecho en tres años. Por supuesto se lo vuelvo a repetir: lo que se ha hecho ha sido inyectar 40.000 millones de euros. En estos momentos el sistema bancario español está dando crédito y haciendo que la economía española -se lo vuelvo a repetir- crezca por encima del 3,5 % en el primer semestre de este año, así como que todos los flujos de crédito nuevo estén positivos. Señoría, valore usted por ejemplo los informes de la Comisión Europea en relación con el programa de asistencia financiera; le dirá que hoy el sistema bancario español no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos dejaron ustedes en el año 2012, que era el problema fundamental, lo que nos arrastraba hacia la intervención de España. Por eso mismo, señoría, le recomiendo que se deje usted de cuestiones personales -que siempre es lo mismo en su caso-, y analice de verdad cuál es hoy la situación del sistema bancario español y cuál era en el año 2011. Hoy tenemos un sistema bancario que apoya la recuperación, que da crédito en condiciones mucho mejores, y que evidentemente está detrás -como le decía anteriormente- de que la economía española en este primer semestre, a pesar de la herencia recibida, crezca por encima del 3,5 %.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO RESPECTO DE LOS DATOS MÁS RECIENTES PUBLICADOS POR EL INE EN RELACIÓN A LA POBREZA INFANTIL? (Número de expediente 180/001332).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


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En primer lugar pregunta el diputado don Carles Campuzano, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la encuesta de calidad de vida del INE de 2014 -con datos de 2013- indica que la tasa de riesgo de pobreza para los menores de dieciséis años está en el 30,1 %, es decir, 7,9 puntos superior a la del conjunto de la población y 3,4 puntos más que en el año 2012. En el caso de los hogares con un adulto y con uno, dos o más niños pasa al 42 %. La cuestión es qué piensa hacer el Gobierno para tomarse en serio estas cifras, esta realidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

El Gobierno se toma muy en serio esta realidad desde el principio, de hecho es la que ha motivado su actuación a lo largo de toda la legislatura. La encuesta a la que usted hace referencia, de condiciones de vida, que publicó el Instituto Nacional de Estadística es la fotografía de cuál era la situación de las familias españolas en el año 2013, y da cuenta de esa situación terrible de incremento de la tasa de riesgo de pobreza. Además como consecuencia de cinco años seguidos de destrucción de empleo, 2013 es el final de ese periodo crítico de la economía española con ese efecto social brutal. La vinculación entre la destrucción de empleo y el incremento de la pobreza es muy expresiva, sobre todo porque el índice que más crece es el número de personas que vive en hogares con baja intensidad de empleo, que en 2009 era del 7,6 % y pasó al 17,1 % en 2013 -según la encuesta de 2014, con datos de 2013-. Por tanto vivimos cinco años de profunda destrucción de empleo con una consecuencia social, que es la que se conoce. A partir de ahí las reformas del Gobierno han conseguido cambiar la situación económica e iniciar una recuperación. La encuesta de población activa del primer trimestre de este año ya indica que hay 185.000 hogares menos con todos sus miembros en paro que antes. Por tanto estamos dando la vuelta a la situación, se está creando empleo, y eso es lo que va a revertir las tasas de pobreza en España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, es el desempleo y la crisis, pero no es tan solo el desempleo y la crisis. En el año 2004, en una situación económica espléndida, estábamos en el 25,4 % de la tasa de pobreza infantil, tan solo teníamos por debajo a Rumania y a Bulgaria. Eso indica que el problema de la pobreza infantil en España es más de fondo, y que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro Estado del bienestar. A diferencia de la mayoría de Estados de la Unión Europea, España no tiene una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social de carácter universal. El resto de los países para combatir esa realidad tiene ese tipo de políticas. El Grupo de Convergència i Unió le ha planteado en esta legislatura una proposición de ley no para ir hacia una prestación de carácter universal, pero sí una proposición de ley que nos permitiese tener un instrumento potente de lucha contra la pobreza infantil. Usted sabe que la prestación por hijo a cargo es de 290 euros al año para las familias con ingresos inferiores a los 11.500 euros, una cifra insuficiente que nunca puede resolver el problema de la pobreza infantil por su cantidad, y además para aquellas familias con menos recursos. No es eficaz. Rechazaron esa propuesta, nos dijeron que era la carta de los Reyes Magos, y en el Plan de familia que han aprobado hace unos quince días hablan de estudiar la mejora de esa prestación.

Señor Alonso, necesitamos entrar a fondo en esa cuestión y asumir que la pobreza de estos niños de hoy anuncia previsiblemente su abandono prematuro del sistema educativo, seguramente su fracaso escolar, sus mayores posibilidades de no encontrar empleo cuando sean jóvenes, seguramente menos oportunidades de construir una carrera laboral exitosa, seguramente más necesidad de ayudas sociales cuando sean adultos, seguramente menos posibilidad de pagar los impuestos que permitan financiar... (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Señor Campuzano, lo que muestra su intervención es que básicamente estamos de acuerdo en las líneas de trabajo que hay que emprender, que son las que vienen recogidas también en los documentos que ha ido aprobando el Gobierno, tanto en el Plan nacional de acción para la inclusión social como en el Plan integral de apoyo a la familia, donde se quiere trabajar en dos líneas: la primera es mejorar el sistema de rentas básicas, cuya competencia ejercen las comunidades autónomas, pero que es muy desigual a lo largo y ancho de España y tiene una cobertura insuficiente, y la segunda es estudiar la equiparación y el acercamiento de nuestro sistema de ayudas por hijo a cargo a lo que ocurre en el resto de Europa. Esto viene recogido en ambos planes.

Quiero sentar la profunda vinculación que hay entre empleo y exclusión, y empleo y el incremento de la tasa de pobreza, pero es verdad que España tiene problemas estructurales desde el punto de vista social y que el Gobierno los ha abordado. Uno de los abordajes importantes ha sido en la reforma educativa, reduciendo la tasa de abandono, que así se está produciendo en los colegios. Por tanto más niños tendrán ocasión de tener una formación que les dé una oportunidad de trabajo en el futuro. En definitiva son las mismas líneas que usted expone las que anuncian los planes... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS PARA COMBATIR LA POBREZA INFANTIL? (Número de expediente 180/001335).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la pobreza infantil?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias.

Señor Heredia, el Gobierno lleva toda la legislatura tomando medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social de las familias, en especial aquellas que tienen hijos a su cargo. Hemos planteado medidas en todos los campos, que ahora hemos reforzado con el Plan integral de apoyo a la familia, que usted conoce. He hecho referencia en mi anterior intervención al Plan nacional de acción para la inclusión social. Sabe que en él se propuso la creación de un fondo de lucha contra la pobreza, que no existía, y cuya dotación hemos ido incrementando a lo largo de los años, y también hemos priorizado la lucha contra la exclusión y la pobreza infantil en los programas de subvención con cargo al 0,7 %. Por tanto nosotros actuamos bajo la recomendación de la Unión Europea de que invertir en infancia significa romper el ciclo de desventajas, protegiendo a la infancia, apoyando a sus familias, por ejemplo, en la última reforma fiscal con apoyos que van a llegar a más de 750.000 familias en España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, numerosos organismos internacionales han denunciado que las políticas de Rajoy incrementan la pobreza y la desigualdad en España. Hoy hay muchas más familias con todos sus miembros en paro. Hoy la mitad de los parados no tienen cobertura por desempleo. Uno de cada tres trabajadores cobra menos de 645 euros y su Gobierno ha recortado brutalmente las políticas sociales. En suma el 40 % de las familias no llegan a fin de mes. Hoy en España hay 13.600.000 personas en riesgo de pobreza. ¿Son estas las raíces vigorosas de las que hablaba Rajoy? Y es que la pobreza


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-lo peor de todo- tiene rostro de niño. Esta situación se ha incrementado de forma importante y consecutiva en los últimos años. Situaciones como la madre con dos niñas que no tiene qué darles ni para desayunar ni para cenar, que comen en el colegio gracias a una beca de comedor, y que no tienen para comer los fines de semana, por eso pide ayuda a sus vecinos y amigos. O esos padres con dos bebes que pasaron el invierno con velas porque no podían pagar la luz, y que a las diez de la noche llenaban botellas de agua caliente para meterse en la cama hasta que amanecía al día siguiente. Es indecente que España esté a la cabeza de la pobreza en Europa, junto con Bulgaria, Rumanía y Grecia, y es intolerable que más del 35 % de los menores de dieciséis años se encuentren en esta situación.

Señor ministro, su Gobierno vive ajeno al drama de las personas que no tienen un empleo, de las personas que han sido desahuciadas o de los niños que viven en pobreza. Entérese, la pobreza infantil tiene que ser una cuestión de Estado, y usted sabe igual que yo que el Plan de familia es un brindis al sol, que no cuenta con recursos económicos ni con medidas concretas para combatir la pobreza infantil. La política es establecer prioridades y las prioridades de su Gobierno han sido apoyar a los bancos, a las grandes rentas, y a los grandes defraudadores de este país. Las prioridades de un Gobierno decente hubiesen sido apoyar a las familias y combatir y luchar contra la pobreza infantil. Es vergonzoso que uno de cada tres niños en nuestro país esté al borde de la pobreza, y que ustedes, su Gobierno, no hagan nada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Yo me alegro de que usted desarrolle esta sensibilidad, señor Heredia. Espero que les dure siempre. No la tenían cuando estuvieron en el Gobierno. He explicado antes al señor Campuzano cómo la situación de incremento de pobreza es consecuencia de cinco años de intensa destrucción de empleo, y cómo la política económica que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular ya ha dado la vuelta a esa situación, y en la última EPA vimos que 185.000 hogares salían de ese epígrafe de hogares con todos sus miembros en paro. Actuamos también sobre los efectos, y lo hacemos coordinadamente con el conjunto de las comunidades autónomas. Le diré que entre 2008 y 2013 el número de perceptores de rentas mínimas de inserción se incrementó un 81 % -por tanto actuamos para paliar los efectos-, y el total de nuevos perceptores se incrementó en un 136 %. Todas las administraciones están haciendo un gran esfuerzo para paliar los efectos de la pobreza en los hogares españoles. Nosotros conocemos las causas y sabemos cómo hay que combatirlas. Hay que favorecer un crecimiento económico que cree empleo, y que eso llegue al conjunto de las familias. Ustedes en esto lo único que ven es una ocasión de rédito político, son incapaces de asumir la responsabilidad que tuvieron en la crisis. Le digo una cosa, señor Heredia: lo mejor que pueden hacer para ayudar a resolver la situación es no hacer tonterías ni pactos extraños para cambiar la situación económica en España. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NECESIDAD DE UN CRECIMIENTO JUSTO. (Número de expediente 172/000320).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista sobre la necesidad de un crecimiento justo.

Para su defensa tiene la palabra el señor Moscoso del Prado. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señor ministro, mi grupo ha decidido presentar esta interpelación sobre crecimiento justo porque no compartimos la euforia con la que el Gobierno asume la recuperación económica, una euforia que no se corresponde con la realidad. El Gobierno no puede continuar con una política económica y social absolutamente injusta, con un modelo de crecimiento basado en empleos precarios y bajos salarios que pone en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar, y que incrementa la desigualdad. La desigualdad sin duda es la palabra clave de esta recuperación, una recuperación y una política del Gobierno que debilitan con sus recortes los servicios


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públicos, y se desentienden de la mayoría social, una mayoría que sufre los efectos de la crisis, un modelo que genera pobreza, otra palabra clave en esta recuperación. Es un modelo que genera graves dudas acerca de su sostenibilidad a medio y largo plazo, porque no contribuye a mejorar la productividad ni a ampliar la base productiva, y que no permite que la estructura económica, las empresas que generan empleo, crezcan generando empleo de calidad, productivo, empleo estable indefinido. Es también, señor ministro, un crecimiento justo, porque la palabra justo equivale a decir sostenible. Las sociedades más justas e igualitarias son aquellas que cuentan con mercados de trabajo igualitarios, con empresas basadas en empleo de calidad en las que prima el capital humano y el capital fijo, que invierten en sus niños y en sus jóvenes; unas sociedades que cuentan con los ingredientes imprescindibles para crecer y generar prosperidad, conocimiento y, sobre todo, un entramado institucional de calidad, porque en esta legislatura, instituciones democráticas reguladoras han salido muy debilitadas; sociedades que predistribuyen bien. Las reformas han reducido la capacidad de nuestra economía de predistribuir aumentando la brecha entre desfavorecidos y favorecidos, entre ricos y pobres, de modo que se reduce la igualdad de oportunidades y cada vez hay menos oportunidades.

Señor ministro, es evidente que crecemos, usted lo ha explicado hoy y lo estamos viendo todos los días. La economía española crece impulsada por factores exógenos, sobre todo la depreciación del euro, la política monetaria del BCE y también la caída del precio del petróleo. Sin embargo, el PIB español cayó 8 puntos con respecto al máximo de 2008 y todavía es 5 puntos inferior a su PIB potencial, así que es normal que crezcamos más que la media de la Unión Europea. ¡Solo faltaba! Nuestro PIB potencial es más alto. Sin embargo, nuestra economía todavía está muy lejos de ese PIB potencial y, tal y como reconoce el Fondo Monetario Internacional, ustedes mismos y todas las instituciones económicas del mundo, nuestro crecimiento potencial, la capacidad de crecimiento endógeno, solo es del 1,2 %. Ya tuvimos ocasión de debatir sobre esto el otro día en la Comisión de Economía. Además, lo dicen ustedes mismos, lo reconocen en su programa de estabilidad. El crecimiento potencial es muy bajo y las medidas que permitirían elevarlo brillan por su ausencia, tanto en la agenda del Gobierno como en la europea. Eso exige más I+D+i, porque nuestro retraso innovador es grandísimo. Hace falta más inversión en la empresa, más actividad productiva. Acabamos de oír una pregunta sobre esta cuestión. La educación no es suficiente. Invertimos en capital humano, pero al no haber capacidad productiva instalada, al no haber empresas ni sectores capaces de utilizar ese capital humano, ese capital humano se tiene que ir del país.

Señor ministro, las cosas no están tan bien como ustedes dicen. El desempleo estructural es enorme, el endeudamiento privado es altísimo y todo ello es un lastre inmenso para crecer de manera sostenible a medio y largo plazo. Tenemos buenos flujos coyunturales, pero unos stocks todavía muy preocupantes. Si la productividad no crece, nunca mejoraremos los salarios. A medio y largo plazo, la productividad es el mejor indicador, tanto de los salarios como del crecimiento futuro del PIB. En este último mes hemos visto que el empleo y el PIB crecen al mismo ritmo, de modo que la productividad crece cero, y también crece a tasas cercanas a cero la productividad industrial, lo cual es muy preocupante. Crecen los sectores de menor productividad, los servicios de bajo valor añadido y, de nuevo, la construcción, lo cual es preocupante. Por ello, muchos analistas han calificado este crecimiento del empleo de los últimos meses como un pequeño ciclo electoral debido a las inversiones y al gasto público que han tenido lugar en estos meses.

Señor ministro, ustedes han elegido un modelo de crecimiento injusto, basado en empleos precarios y bajos salarios, la llamada devaluación interna, que no solo no es sostenible porque pondrá en peligro el Estado de bienestar, sino que pondrá en peligro nuestro modelo de sociedad europea cohesionada e igualitaria; un Estado de bienestar que ustedes han mercantilizado -no tengo mucho tiempo para entrar en ello- con cotasas, con menos becas de educación, con copago, con reducción de la calidad de los servicios públicos y con una caída de la cobertura de la tasa de desempleo, por ejemplo, desde el 80 % de la herencia que ustedes citan hasta 54,8 actual. Hay menos beneficiarios de desempleo, menos gasto medio y menos ayudas a las políticas activas y, por supuesto, se redistribuye mucho menos en educación, sanidad y dependencia. De modo que hay peor predistribución y mucha menos redistribución.

Nuestro país se ha empobrecido. Somos el segundo país de Europa con más pobreza infantil tras Rumania. El 22 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 45 % de los desempleados viven bajo el umbral de la pobreza. El riesgo de pobreza es el mayor de la Unión Europea, y por primera vez, según la última encuesta de condiciones de vida del INE, el ingreso medio de un jubilado es mayor que el ingreso medio de un ocupado. Si vemos las estadísticas de cómo llegan a fin de mes, vemos que cada vez se llega con más dificultades a fin de mes en todos los tramos de pobreza. Desde luego, en los últimos


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dos últimos tramos se ha incrementado muchísimo, son los más pobres quienes más han sufrido esta crisis.

Al mismo tiempo, señor ministro, esta euforia del Gobierno viene acompañada de un gran esfuerzo propagandístico para intentar convencernos de que no hay alternativa a su modelo, que usted va a seguir con su hoja de ruta, como dijo ayer: o nosotros o el caos, insisten. Además, afirman que el único riesgo que existe para esta recuperación económica tan injusta, tan desigual y tan insostenible es la situación política. Sin embargo, señor ministro, lo que genera inestabilidad son las consecuencias sociales de la crisis, las consecuencias de la mala gobernanza institucional que ustedes han puesto en marcha. Los ciudadanos lo saben muy bien y por eso han votado lo que votaron hace dos semanas. Por eso hoy nosotros, los socialistas, queremos hablar de los riesgos de la recuperación; una recuperación con muchos riesgos y que no es sostenible. Le recuerdo unos datos: el empleo sigue siendo un 15 % inferior al de comienzo de la crisis; solo el 6 % de los contratos son indefinidos; la reforma laboral ha permitido, gracias a la precariedad, que haya más personas trabajando pero que no haya muchos más empleos reales, ya que se ha repartido el trabajo; la recaudación de la Seguridad Social, por ejemplo, aumentó solo un 1 % en 2014, a pesar de que el empleo creció un 2,9 %; España, al mismo tiempo, es el país de la Unión Europea que tiene mayor déficit primario todavía en cuentas públicas, a pesar del ajuste brutal que se ha hecho en el gasto público y en el gasto redistributivo. Aunque diga lo contrario, la aportación exterior al crecimiento es negativa y va a seguir siéndolo. Su discurso acerca de de la competitividad no se sostiene a medio y largo plazo y, desde luego, después del brutal ajuste y de la devaluación interna que hemos sufrido, volver a aportaciones negativas del sector exterior es muy preocupante.

Señor ministro, el Fondo Monetario Internacional, con el que también nos reunimos los socialistas, se equivoca en gran parte de sus propuestas. La receta que ha propuesto de más copagos, despido más barato y más IVA implicará todavía más desigualdad y será -si se pone en marcha- un nuevo ajuste centrado de nuevo en la clase media y en la clase trabajadora, que tendrá todavía menos renta disponible. No compartimos un análisis del Fondo Monetario Internacional que olvida cualquier consideración de equidad, de justicia social o que no habla de pobreza. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional acierta cuando dice que el altísimo nivel de desempleo es inaceptable y que se mantienen demasiadas vulnerabilidades y demasiados problemas estructurales: el crecimiento a largo plazo no es sostenible; la deuda privada no se ha reducido; la confianza no ha aumentado porque ustedes han gestionado las cuentas como las han gestionado; no hay en marcha políticas activas de empleo suficientes; la dualidad del mercado de trabajo es preocupante; las empresas siguen siendo demasiado pequeñas y el Gobierno no apoya con contundencia el aumento de su dimensión. Por supuesto, el fondo coincide con nosotros cuando afirma que no hacen nada por aumentar la productividad de la economía a medio plazo. Habla también de la ausencia de medidas para el paro de larga duración y el paro de los jóvenes, o exige una verdadera ley de segunda oportunidad que acabe con la que ustedes han presentado, y que estamos ahora debatiendo, pues presenta una discriminación inaceptable entre los autónomos y emprendedores, los verdaderos emprendedores, y las sociedades mercantiles en cuanto al tratamiento en función de los diferentes tipos de crédito. Estoy hablando de 800.000 personas que están endeudadas hasta las cejas, nuestro verdaderos emprendedores.

Señor ministro, ¿es sostenible así la recuperación? ¿Cómo piensan elevar nuestro crecimiento potencial? ¿Cómo van a mejorar la productividad? Ustedes no tienen respuestas, solo les preocupa el espejismo del crecimiento a corto plazo. Crecemos gracias a razones exógenas, al ciclo global sobre el cual hay muchas incertidumbres, mucha volatilidad. No sabemos qué va a pasar con la economía americana, con las economías centrales de Europa, y crecemos gracias a nuestro modesto crecimiento endógeno, que todo el mundo calcula en torno al 1 %. Hay muchas dudas serias y objetivas. Además, crecemos de manera injusta, desigual, generando pobreza y dejando a muchísima gente atrás.

Voy terminado ya, pero antes mencionaré elementos que son importantes. Ustedes en su programa de estabilidad pretenden que el gasto público en el año 2018 sea en España el más pequeño de la Unión Europea, junto a Lituania, Letonia y Rumania; pretenden reducir en cuatro años más de 1 punto el gasto público en sanidad, desde el 6,3 % al 5,3 %, y en educación desde el 4,7 % al 3,7 %. Así no habrá cohesión, no habrá bienestar, no habrá redistribución y no habrá aumento de productividad. Señor ministro, ustedes han renunciado a influir en Europa de manera contundente, para que realmente Europa invierta en políticas de crecimiento, en políticas de inversión, en políticas que ayuden a las empresas, a los emprendedores, a las pymes y políticas que permitan crear empleo de calidad y que acaben con esta dualidad tan desigual. Ustedes han aplicado una política económica injusta y equivocada, pero ahora, al final de la legislatura,


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quieren rectificar. Nunca lo van a reconocer, pero la austeridad -que era evitable- ha desencadenado una tragedia social que se podía haber evitado. Ahora, de repente, Moncloa ha enviado un documento a Bruselas del que no tenemos conocimiento y que en esta Cámara no hemos visto, un documento que parece ser previo, que intenta acomodarse al de los cuatro presidentes europeos y que va a hablar de un cambio radical en la gobernanza europea, tal y como mi grupo viene pidiendo desde hace años. Eurobonos, un plan Juncker de verdad, políticas fiscales que complementen la política monetaria, políticas contracíclicas capaces de compensar los errores de austeridad, un subsidio de desempleo, e incluso ustedes piden ahora una hoja de ruta distinta para el Banco Central Europeo que se fije en otros desequilibrios macroeconómicos al margen de la inflación. Con esto demuestran que han tenido nula iniciativa y que ahora dan un giro de 180 grados. También creemos que su enfoque institucional y regulatorio ha sido insuficiente. No han orientado la actividad económica hacia los sectores capaces de crear empleo de calidad y la regulación sigue protegiendo a aquellos donde se crea empleo precario y donde se sientan las bases de una recuperación injusta. Hay que abogar por una recuperación justa; hace falta una política económica alternativa que modernice las instituciones, que se enfrente a los problemas de la desigualdad, pobreza, baja productividad, elevado paro estructural, precariedad laboral y endeudamiento público y privado, y para eso es necesario un cambio radical, que es el que mi grupo propugna en esta interpelación y el que defenderemos hoy y en las semanas siguientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Moscoso.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, la verdad es que me alegro de que plantee esta interpelación en este momento, siguiendo el símil ya muy manido de las preguntas. En este momento, como sabe, el Fondo Monetario Internacional, al que usted citaba, acaba de revisar el crecimiento de la economía española al alza y dice: La economía española se ha recuperado vigorosamente y el empleo está creciendo con el apoyo de las reformas llevadas a cabo. La adopción de políticas económicas sólidas ha permitido la recuperación de la confianza -verbatim, señoría-. En la misma línea, su jefe en la misión del Fondo Monetario Internacional para España afirmó: El futuro de la economía española a corto plazo es brillante y contrasta con las previsiones para otros países europeos. La sociedad española -y esto es muy importante- ha hecho grandes esfuerzos y puede estar orgullosa de lo que ha conseguido. La OCDE acaba de revisar al alza sus previsiones para España por cuarta vez consecutiva y asegura en su informe: España ha puesto en marcha un conjunto coherente de reformas estructurales cuyos frutos está recogiendo especialmente en el mercado laboral, que muestra un mejor comportamiento que en el pasado. La recuperación se ha reforzado y se ha ampliado. La economía española crecerá por encima de la zona euro en los próximos dos años. Y su secretario general, José Ángel Gurría, aseguró: España es el ejemplo de que las reformas funcionan. La Comisión Europea afirmó el pasado mes de mayo, en su informe sobre previsiones económicas: El crecimiento se está acelerando gracias a la mejora del mercado laboral, a las mejores condiciones financieras y a una renovada confianza. Y el comisario europeo de Asuntos Económicos, señor Moscovici, dijo: Nuestras previsiones muestran una recuperación sólida y fuerte del crecimiento en España, con una reducción del paro.

Señoría, hablaba usted de un crecimiento justo, aunque después ha dicho que se refería fundamentalmente a un crecimiento sostenible en el tiempo. Para empezar, simplemente le diría una cuestión, y seguro que estará de acuerdo conmigo porque usted es una persona razonable. Señoría, lo que siempre es injusto es una recesión; eso es lo que genera pobreza y lo que genera desigualdad, y se lo voy a intentar demostrar haciendo un análisis de la evolución de la crisis desde el año 2008. Creo que la crisis se puede dividir en tres periodos: uno desde que se inicia hasta el año 2012, después hay otro que va de 2012 hasta mediados 2013 y el último va desde mediados de 2013 hasta finales de este año, en el cual prácticamente ya tenemos las proyecciones para el año que viene.

Le voy a dar unos datos, señoría, porque a veces la memoria es corta y selectiva y creo que es muy importante recordar una serie de cuestiones. Entre el inicio de la crisis y finales de 2011 y principios de 2012 el PIB cayó en 5,3 puntos, la destrucción de empleo fue de 2,6 millones de ocupados y la reducción del consumo fue muy superior a la caída del PIB, fue prácticamente del 9 %. ¿Sabe, señoría, cuánto aumentó el número de hogares con todos sus miembros en paro? 1.250.000. Ahí tenemos uno de


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los indicadores de pobreza fundamentales. El número de parados de larga duración, que es una de las grandes rémoras de nuestro mercado laboral y que es una rémora del crecimiento futuro -como usted estará de acuerdo conmigo- se incrementó en este periodo -desde el inicio de la crisis hasta finales del año 2011- en 2.250.000 personas, el déficit público pasó del 2 % a un 9,4 % en el año 2011 y el IPC medio fue del 2,3 %. Usted decía antes -y esto es una falacia, lo sabe usted exactamente igual que yo- que España crece como consecuencia de factores exógenos. Le voy a recordar, señoría, cuánto cayó el precio del petróleo entre el año 2008 y el 2009. ¿Sabe usted cuánto cayó? Un 75 %. ¿Sabe usted cuánto se depreció el euro? Un 22 %. ¿Y sabe cuánta deuda pública nos compró en el año 2011 el Banco Central Europeo? 42.000 millones de euros. Y no hubo ni un solo año de recuperación, a diferencia de lo que ocurría en otros países. Por lo tanto, creo que es bueno que ustedes reflexionen sobre qué es lo que pasó desde el año 2008 hasta finales del año 2011 porque ahí se generan todas las cicatrices de la crisis actual, incluso hay heridas que todavía están abiertas. La desigualdad y la pobreza que en estos momentos usted comenta es consecuencia de esa caída del PIB, es la crisis más profunda y más larga que ha tenido la economía desde prácticamente la guerra civil española, y eso lo sabe usted.

Vamos al segundo periodo. El segundo periodo va desde el año 2012 hasta mediados de 2013. El PIB sigue cayendo, casi un 3 % adicional; se sigue destruyendo empleo, 1,2 millones; aumenta la prima de riesgo; se nos van prácticamente -según Target2- 400.000 millones de euros de los depósitos de los bancos españoles y el IPC medio está en el 2 %. La cuestión es que aquí se empiezan a tomar medidas. Actuamos sobre el sector bancario, que era una hemorragia que teníamos y que nos arrastraba, como decía anteriormente, a la situación de rescate y de intervención de España; obligamos a aumentar las provisiones a los bancos; inyectamos 40.000 millones; creamos la Sareb, y se tomaron otras medidas importantísimas como la reforma laboral. Está viendo usted -después a lo mejor sería bueno que comentara las medidas tomadas en estos momentos- lo que anunció ayer el Gobierno francés, el señor Valls, y las medidas que ha tomado también el Gobierno de Italia que, vuelvo a repetirle, van en la dirección correcta desde el punto de vista laboral y que se parecen bastante a las que tomó España en el año 2012. Además, reformamos los mercados de bienes y servicios. A partir de ahí, se le dio la vuelta a la situación, se evitó la intervención de España y los indicadores de confianza empezaron a mejorar desde mediados del año 2012. Fíjese usted en el índice de sentimiento económico de Eurostat, fíjese usted en el índice de confianza del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, fíjese usted, por ejemplo, en el indicador adelantado de la OCDE, en máximos históricos, que rebota a partir de mediados del año 2012 y empieza a subir. El giro ha sido un giro sin precedentes. Desde mediados del año 2013 y haciendo una proyección prudente de crecimiento para esta año, España por primera vez va a recuperar prácticamente 4,5 puntos del PIB. En el año 2016 se recuperarán los niveles de rentas previos a la crisis. El crecimiento anualizado en estos momentos de la economía española supera el 3,5 %. Hemos tenido el 0,9 % de crecimiento en el primer trimestre y vamos a tener en el segundo trimestre un crecimiento que al menos, pero con bastante probabilidad, será superior en términos trimestrales al que tuvimos en el primer trimestre. Incluso la Airef ya ha indicado un crecimiento anualizado, en términos interanuales, en el tercer trimestre del 3,7 %. ¿Quién nos lo hubiera dicho a usted y a mí, señor Moscoso? ¿Quién nos lo hubiera dicho en los años en los que únicamente se hablaba de la intervención de España, en los años en los que únicamente se hablaba de cuándo venían los hombres de negro, en los años en los cuales la confianza estaba por los suelos y éramos el principal problema de Europa? En este momento, señorías, la economía española crece por encima del 3,5 % y va a crear más de 600.000 puestos de trabajo, según la EPA; coja los datos. Si cogemos los datos de los asalariados, y dejamos fuera a los autónomos, más del 60 % son contratos indefinidos y además tenemos prácticamente un comportamiento de la afiliación que sigue, como sabe perfectamente, en aceleración. Estos son los indicadores de la red de la economía española en este momento.

Hablaba usted también de la evolución. En el año 2014, en términos reales, por primera vez aumenta -desde no hace mucho tiempo, desde hace seis años- la renta disponible de las familias españolas, y lo estamos haciendo posible con una reducción del déficit público y con una aportación equilibrada de las diferentes fuentes de crecimiento económico. Se trata, por lo tanto, de un crecimiento sostenible. Si analiza nuestro programa de estabilidad, lo que se proyecta es que el crecimiento de la economía española va a estar prácticamente entre el 2,5 % y el 3 % en los próximos años, con un crecimiento nominal que se irá en torno al 4 % o 4,5 %, con superávit en ocho años, según el Fondo Monetario Internacional, de la cuenta corriente de balanza de pagos, en la cual todavía no se distinguía bien entre competitividad y productividad, y estoy convencido de que usted lo sabe perfectamente porque la competitividad y la


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productividad son cuestiones distintas, pues hay economías muy productivas que no son competitivas y viceversa. Eso sí es un cambio estructural, eso sí es sostenibilidad, porque además se une fundamentalmente a una situación de inflación que va a estar muy moderada. En estos momentos la situación de la economía española es de máximos históricos, según los indicadores cualitativos -coja los datos del CIS, de la Comisión Europea-; también es de máximos según el indicador adelantado de la OCDE. Coja los indicadores PMI, que ponen de manifiesto que el segundo trimestre va a ser más fuerte que el primero; coja las ventas de grandes empresas o las ventas de bienes de consumo duradero, como es el caso de automóviles.

En definitiva, señoría, el giro que se ha dado a la economía española es único; incluso estoy convencido de que usted, que sabe de economía, está sorprendido del mismo. Usted nunca hubiera esperado que a una situación en la cual había una economía a punto de la intervención, con caídas del PIB superiores al 2 %, con una destrucción de empleo por encima de los 700.000 puestos de trabajo anuales, con dudas sobre su sistema bancario, sus cuentas públicas y su competitividad, únicamente en tres años se le pudiera dar la vuelta como se ha hecho en este país. Es el giro más intenso que se ha dado de todos los países de la OCDE en los últimos años. Le vuelvo a repetir que el crecimiento no sé si será justo o injusto, de acuerdo con su terminología -después ha hablado de crecimiento sostenible, porque lo de la justicia o injusticia siempre contiene una valoración-, pero lo que le puedo decir -y eso es lo más importante- es que lo que realmente genera heridas, desigualdad y, por lo tanto, es extremadamente injusto son las recesiones, y para recesión la que tuvimos desde el año 2008 hasta finales del año 2011.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Señor Moscoso.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, creemos sinceramente que a estas alturas de la crisis, de su salida y del ciclo, todavía no han entendido la naturaleza de la profundidad de la crisis y por qué se produjo. Siguen creyendo que podemos abandonar la recesión por una vieja ruta que en ciclos anteriores nos condujo a la crisis. Lo que está ocurriendo en estos meses se parece mucho a lo que ocurría en el anterior ciclo económico 1993-2008 -ustedes gobernaron entre 1996 y 2004-, en el cual se sentaron las bases no solamente de la crisis financiera, de la que estamos todavía pagando sus consecuencias y un coste social enorme, sino también de la destrucción del sistema productivo y de la apuesta por sectores de actividad donde no creamos estructuras sólidas, estables, capaces de crear esa sociedad de bienestar inclusiva, que predistribuye bien, a la que antes hacía referencia. Por eso, cuando compara el modelo español con lo que ocurre en Francia, hay que tener en cuenta que la estructura económica y productiva francesa no tiene nada que ver, por desgracia para nosotros, con la nuestra. De modo que hay que ser serio y contar las cosas como son.

Al mismo tiempo, no solamente no han entendido la naturaleza de la crisis y han optado por un camino distinto al que todos recomendábamos y que entonces no pedían -de hecho, ya quisiéramos que el BCE hubiese hecho en 2009, 2010 y 2011 lo que ha hecho ahora con el señor Draghi-, sino que ahora tampoco lo piden. Como he explicado al final de mi intervención, el cambio que está teniendo Europa hacia políticas más próximas a las que el Grupo Socialista ha pedido siempre es un cambio que poco o nada debe a su Gobierno, a ustedes y a su posición y la del presidente Rajoy en el Consejo Europeo. Han sido otros Gobiernos, otros analistas y otros economistas los que han conseguido que Europa gire levemente, los que han conseguido que Draghi pusiera en marcha el quantitative easing y los que han conseguido un plan Juncker moderado, pero un plan Juncker al fin y al cabo.

Tampoco han entendido la importancia de la igualdad, de las consecuencias sociales de la crisis para los ciudadanos españoles, y se les está diciendo todos los días. Se lo dicen las estadísticas de pobreza, las estadísticas de desempleo, las estadísticas de precariedad, estadísticas que no han mejorado desde 2011 o desde que ustedes llegaron al Gobierno, estadísticas que demuestran la profunda ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre favorecidos y desfavorecidos, entre ocupados y pensionistas, entre jóvenes y parados de larga duración y personas que están ocupadas.

Claro que comprendemos la diferencia entre competitividad y productividad. Nosotros queremos mejorar la competitividad de la economía española por la vía de mejorar la productividad y no por la vía de la devaluación interna y la precariedad y de desmantelar el Estado del bienestar y redistribuir peor y menos, como ustedes están haciendo. Las dudas que planteamos -creo que son serias y solventes- sobre la sostenibilidad y el crecimiento de la economía no son exclusivas nuestras. Lo dice el fondo en su


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informe, lo dice la Comisión, la OCDE... Incluso el último informe de la Airef dice claramente que está por ver que a partir de 2016 los motores internos de crecimiento vayan a reemplazar a los motores externos que poco o nada tienen que ver con la acción de Gobierno, como venía siendo. Por eso nosotros planteamos un cambio radical de política económica, para virar hacia un crecimiento justo, que erradique la desigualdad y la pobreza y que sea sostenible, que se alcance por la vía de la política económica adecuada, por la vía de la productividad, que es el camino para conseguir mejores salarios, mejores empleos y para que todos los ciudadanos españoles puedan ver realizadas sus aspiraciones vitales, que son vivir en una sociedad cohesionada, estable, con pocas desigualdades, donde se prima el capital humano y los valores inmateriales, una sociedad postindustrial, como pueden ser la sociedad japonesa y sociedades que predistribuyen bien. Al fin y al cabo, es el de sociedad europeo que queremos preservar, que es compatible con la competitividad, con la eficiencia y con tener empresas dinámicas y saludables. Por eso proponemos muchas cosas: reorientar la política fiscal hacia una política fiscal que contribuya a mejorar esa productividad y a cohesionar el Estado del bienestar y a reforzarlo; queremos revisar en profundidad el sistema tributario -todo esto lo presentaremos en la moción que debatiremos la semana que viene como consecuencia de esta interpelación-; queremos garantizar la competencia efectiva de los mercados de bienes y servicios, porque ustedes no lo hacen, sigue habiendo demasiados sectores afines o próximos a ustedes donde el corporativismo campa a sus anchas; queremos también apoyar a las empresas, que los emprendedores autónomos se beneficien de la ley de segunda oportunidad, y no solamente las grandes corporaciones y las corporaciones mercantiles, y por supuesto que se recupere la inversión pública para incentivar la privada en innovación, en investigación, en I+d+I, para recorrer ese camino retrocedido, perdido en materia innovadora. Queremos otro modelo de relaciones laborales, donde sindicatos y empresarios puedan dialogar y negociar con más libertad y flexibilidad que hasta ahora, y por supuesto queremos que se invierta más en los niños, en la educación de cero a tres y en las políticas de igualdad de género para que haya realmente permisos de paternidad no transferibles y un modelo de sociedad más igualitario.

Todo esto queda por hacer y son las razones por las cuales nos preocupa mucho su euforia y la creemos injustificada a la hora de explicar el crecimiento económico.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Moscoso.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, no sé si el Gobierno es eufórico, pero no sé lo que dirá usted del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Comisión Europea o de los analistas privados cuando elevan todos las proyecciones de crecimiento. Las citas literales que le he leído antes eran de todas estas instituciones.

Señoría, usted habla en primer lugar de sostenibilidad; es decir, usted sabe perfectamente, igual que lo sé yo, que -como ocurría en los años 2006, 2007 y 2008- se estaban formando las bases de una recesión profunda y sin embargo la economía formalmente todavía crecía y generaba empleo pero era un crecimiento insostenible. Ahora es todo lo contrario y le voy a decir por qué, señoría, y usted lo sabe exactamente igual que yo. ¿Cuáles fueron los desequilibrios acumulados de la economía española? En primer lugar, fue el endeudamiento privado que alcanzó un máximo en los años 2010 y 2011 y desde entonces ha caído en más de 40 puntos del PIB, es decir, el sector privado español se ha desapalancado. En segundo lugar, en el sector exterior este va a ser el tercer año con un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Lo que decía antes, el Fondo Monetario Internacional proyecta cinco años más, es decir ocho años seguidos. Es la primera vez en la cual tenemos tres años seguidos de superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos en nuestra historia, que siempre era el factor que estrangulaba nuestro crecimiento.

Algo parecido ocurre con la competitividad. Están viendo ustedes cómo crecen nuestras exportaciones de bienes y servicios, que lo están haciendo por encima del comercio internacional, ganamos cuota de mercado, etcétera. Y después está la inflación, otro desequilibrio tradicional. Hace unos meses el riesgo era la deflación, nosotros decíamos que no y se está viendo que la inflación negativa cada vez es menor y que vamos a acabar el año en tasas positivas, aunque nuestra proyección es que de media continúe la inflación en tasas negativas. Pero, lo más importante, señoría, es el cambio que se ha producido, el giro que se ha producido.


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La economía española era una economía desahuciada, si me permite usted la expresión, en el año 2012. ¿Por qué? No había nadie, perdíamos depósitos con una intensidad sin precedentes. Siempre digo en estas cuestiones que entre enero y agosto se sacaron 250.000 millones de euros de depósitos de España y los ricos se habían llevado el dinero antes. Por otro lado, teníamos una situación del sector bancario que conoce usted perfectamente. Lo que mataba a España y generaba todas las incertidumbres sobre España era la interrelación entre el riesgo bancario y el riesgo macroeconómico. Se decía que se tenían que hacer más provisiones, que no estaban bien valorados los activos y que además necesitaban capital. Se hicieron todas las reformas, obligaron a inyecciones de provisiones, se creó Sareb y en estos momentos el sector bancario español ha pasado con nota el examen que ha hecho el BCE, tanto desde el punto de vista de valoración de activos como desde el punto de vista de los test de estrés.

Habla usted de la igualdad, vuelvo otra vez a lo mismo y además lo sabe usted perfectamente igual que yo. Las heridas sociales de España en estos momentos derivan de la crisis más larga, más intensa, más compleja que hemos tenido en nuestra historia. Lo he dicho antes, el PIB entre el año 2008 y finales del año 2011 cayó en 5,5 puntos, pero es que el consumo cayó más y además se cerraron los mercados de crédito. Los ricos normalmente no necesitan financiación bancaria para comprarse un automóvil o para cambiar los muebles de la casa, es otro tipo y eso se cerró completamente y eso es lo que se está volviendo a abrir en estos momentos. Por lo tanto -y esta es la cuestión fundamental téngalo en cuenta-, se están poniendo ahora las bases. Siempre lo he dicho, hemos salido de la recesión hace mucho tiempo, hace prácticamente ocho trimestres, pero no hemos salido todavía de la crisis. Alcanzaremos el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis a finales del año próximo si, efectivamente, se aplican las recetas correctas. No es que yo genere ningún tipo de miedo, es que lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, o lo ha dicho la OCDE motu proprio. Y si usted ve los análisis de las diferentes casas de inversión, etcétera, todos ellos dicen -incluso las agencias de rating- que el principal riesgo para España es la reversión de las reformas. Por lo tanto, no nieguen ustedes la realidad, la realidad está ahí.

Entiendo perfectamente el debate político, señor Moscoso, pero tenga usted en cuenta que en estos momentos la economía española está creciendo por encima del 3,5 %, se van a crear más de 600.000 puestos de trabajo, se hace con equilibrio, y el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios va a ver usted cómo evoluciona en los próximos meses, va a ver usted efectivamente cómo esta economía es una economía sostenible, que está en una plataforma completamente distinta y, como decía el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, nos tenía que hacer que la sociedad española estuviera orgullosa. Estuvimos al límite. Tengo mi opinión de lo que pasó antes y ahora no la voy a repetir, pero estuvimos al límite. Tengan ustedes la valentía -porque sería bien recibida- de reconocer que en estos momentos España está en una posición completamente distinta, que se percibe de forma completamente distinta en el mundo, que hemos dejado de ser el principal problema de la zona euro y que en estos momentos lideramos el crecimiento en Europa.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 172/000319).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario.

Interviene en su nombre la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, empezamos esta actual legislatura desde Convergència i Unió haciendo una interpelación al Gobierno sobre la sostenibilidad y la financiación del sistema sanitario y prácticamente ya acabada esta legislatura, y tal y como han sucedido las cosas hasta ahora, nos vemos nuevamente en la obligación de volver a plantear al Gobierno esta nueva interpelación sobre este mismo tema.

Señorías, la sanidad ha sufrido desde el inicio de los traspasos a las comunidades autónomas un problema de su financiación estructural al que se ha añadido últimamente la crisis económica. Los diferentes modelos de financiación sanitarios que existían entre 1981 y 2001 no acabaron de dar respuesta a las necesidades de recursos económicos para atender una demanda de servicios sanitarios crecientes


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como consecuencia, por una parte, del envejecimiento de la población y, por otra, por la introducción de nuevas tecnologías médicas. Una muestra de ello fueron las diferentes operaciones extraordinarias de saneamiento financiero que debieron instrumentarse para eliminar la creciente deuda sanitaria. Dicho problema todavía es de mayor calado para aquellas comunidades autónomas que hace más tiempo asumieron los traspasos como Cataluña, que los asumió hace treinta y cuatro años, dado que el Estado dejó de invertir en infraestructuras sanitarias en esas comunidades, siendo dicho coste asumido por los servicios de salud, mientras que las comunidades autónomas que asumieron las competencias en el año 2002 lo hicieron con unas infraestructuras ya renovadas.

A partir de 2002 la financiación sanitaria pasa además a formar parte del modelo de financiación autonómico general, pero los datos actuales nos demuestran que con los modelos de financiación de 2002 y 2009 no se ha resuelto el problema del déficit estructural del Sistema Nacional de Salud. Además, todo ello se ha visto agravado, como antes mencionábamos, por la caída de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis económica y por la necesidad de cumplir los escenarios del déficit público. Por parte de las comunidades autónomas ya se han tomado entre 2011 y 2014 todas las medidas posibles para ajustar el gasto sanitario teniendo en cuenta su limitado margen de maniobra, pero aún así los escenarios presupuestarios autonómicos de salud siguen siendo muy deficitarios porque estos ajustes del gasto han compensado únicamente la reducción presupuestaria fruto de la crisis.

Se planteó de parte de Convergència i Unió al inicio de la legislatura la creación de una subcomisión para debatir en profundidad esta sostenibilidad del sistema sanitario y buscar soluciones consensuadas entre todos. La subcomisión se creó pero, justo cuando empezaba su andadura, nos apareció el famoso Decreto 16/2012 que torció todos los planes y los trabajos que se iban a iniciar. Al final, esa subcomisión se cerró llegando a unos acuerdos entre el Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y nuestro Grupo Convergència i Unió pero, dicho sea de paso, ¿cuándo piensa el Gobierno dar cumplimiento a estas conclusiones? Porque hasta ahora todavía ninguna medida se ha hecho efectiva.

Voy a seguir mostrando, sin entrar en las críticas, en las formas y en el fondo de este famoso real decreto-ley, como en tantas ocasiones hemos hecho, nuestra disconformidad con el famoso Decreto 16/2012. Me quiero centrar en una de las propuestas concretas de modificación de ese real decreto y que a Convergència i Unió a priori nos parecía que podía ser positiva, pues estábamos esperanzados en que fuera bien; me refiero a la creación del Fondo de Garantía Asistencial, el FOGA. Debe tenerse en cuenta que el gasto sanitario supone más de la tercera parte de los presupuestos autonómicos. Además, el cambio del sistema de financiación de la atención a desplazados, que a partir de 2013 ha pasado a tener carácter extrapresupuestario, ha supuesto para el Sistema Nacional de Salud la supresión de unos recursos del Fondo de cohesión sanitaria que antes aportaba el Estado y que ahora deben ser compensados entre comunidades autónomas, con el agravante de que sus cuentas, mayoritariamente en estas comunidades autónomas, son deficitarias. Ello supone que las comunidades autónomas receptoras de pacientes desplazados tengan serias dificultades a la hora de recibir la correspondiente compensación por parte de las comunidades autónomas que derivan a sus pacientes. Por tanto, supone otra forma de agravar el déficit.

Dicho lo anterior, me gustaría desgranar estos dos fondos: el Fondo de cohesión sanitaria y el Fondo de garantía asistencial, el FOGA, para que todos podamos tener claro qué prestaciones cubren, qué se compensa y qué no, cómo se compensa y la situación actual de las deudas pendientes en relación con estos fondos, en concreto con Cataluña, que, como es obvio, es de la que disponemos los números concretos y actualizados. Ejemplo claro de la implantación tardía de estas medidas es, precisamente, este Fondo de garantía asistencial. Sé -me temo que me lo va a decir, señor ministro- que ya han pagado una cantidad de dinero a Cataluña de este fondo, pero simplemente es una parte de la deuda y solo cubre recetas de gasto farmacéutico, sin entrar en esta financiación y en lo que se ha cobrado ni la asistencia primaria ni la asistencia farmacéutica hospitalaria ni la asistencia en hospitales ni la asistencia en urgencias. Esto todavía queda pendiente y las comunidades autónomas no saben cómo se debe facturar porque no se ha acabado de poner en marcha.

En cuanto al Fondo de cohesión sanitaria, que he dicho que a partir de 2013 pasa a tener carácter extrapresupuestario, mediante el mecanismo de compensación entre comunidades autónomas, teniendo en cuenta la situación financiera de las mismas, se agrava todavía más esta situación. Cuando el fondo tenía un carácter presupuestario, al menos existía la garantía de que, aunque poco y se dejasen muchas cosas sin facturar, algo llegaba anualmente. Con el actual Fondo de garantía asistencial, esto que


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pensábamos que se iba a solucionar y que era positivo se estanca y no acaba de funcionar y por eso nos preocupa que se ponga en marcha de una vez.

En este apartado, también me gustaría hablar un poco de la deslealtad institucional que se ejerce por el Gobierno y pongo como ejemplo el reciente caso de tratamiento para la hepatitis C. Mi grupo, Convergència i Unió, ya desde 2013, mucho antes de que estallara esta polémica sobre el acceso a tratamientos por parte de los afectados de hepatitis C, viene reclamando la creación de un fondo sanitario para la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas aprobadas por el Ministerio de Sanidad e incluidas en el catálogo de medicamentos de financiación pública, que debería ser distribuido entre las comunidades autónomas con la finalidad de que se pudiera asumir la financiación de los costes de estas innovaciones. Eso no llegó y aquí continuamos. La solución que se ha dado, limitándose a facilitar la financiación mediante el FLA, no deja de ser un adelanto de dinero que tienes que devolver y con intereses y eso, señor ministro, Convergència i Unió no ve que sea una solución. Creemos que eso es incurrir en el ámbito de la deslealtad institucional, como lo es también que en los Presupuestos Generales del Estado se eliminen las partidas que ayudaban a las comunidades autónomas a mantener programas específicos. Le tengo que recordar aquí el programa del SIDA o el programa de la salud bucodental. Todos estos programas se han quedado sin financiación por parte del Estado hacia las comunidades autónomas, teniendo que continuar a cargo de estas.

Quiero decir para finalizar esta primera intervención que lo único que nos faltaba era la última modificación de la Lofca que se aprobó aquí justo hace dos semanas. Lejos de solventar los problemas del sistema de financiación de las comunidades autónomas, establece una nueva medida que supone una injerencia clara en toda la gestión autonómica de la sanidad. Además, no se ha hecho ni siquiera desde su ministerio, sino desde otro ministerio, restando este debate a la Comisión de Sanidad y trasladándolo a otra Comisión. Este Gobierno prefiere financiar de forma extraordinaria a las comunidades autónomas mediante préstamos y créditos en lugar de hacerlo de forma ordinaria a través de un nuevo sistema de financiación, que es lo que se debería abordar. A nuestro entender, el Gobierno debería aumentar los recursos estatales destinados a sanidad, resolviendo la tradicional infrafinanciación que padece el sistema sanitario.

Señor ministro, en Convergència i Unió nos gustaría saber si van a variar algo en este camino de cargar sobre las espaldas de las comunidades autónomas, que no pueden soportar más carga en las partidas sanitarias, y qué piensan a hacer para ayudar a solventar de una manera definitiva la infrafinanciación y, por tanto, el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud. De continuar por este camino, mucho me temo que el Sistema Nacional de Salud seguirá perdiendo calidad.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Tarruella.

Señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Tarruella, por traer este debate a la Cámara y la moción que vendrá después. Creo que el sistema no está perdiendo calidad. Tiene unos profesionales excelentes y sigue siendo puntero, pero eso no empece para que comparta la necesidad de garantizar y de tener su sostenibilidad como una de las principales preocupaciones de todos, del ministerio y del conjunto del sistema. La sostenibilidad es una palabra que ha sido principal a lo largo de la legislatura y se puede pensar que lo ha sido como consecuencia de la caída de ingresos públicos que vino con la crisis -una caída de ingresos sin precedentes- y de la dificilísima situación que se produjo en las cuentas públicas y en la garantía de la prestación de los servicios fundamentales; pero, igual que una enfermedad genera anticuerpos al que la ha padecido y le protege en el futuro, la sostenibilidad ha venido para quedarse y es un concepto que tendremos que aplicar permanentemente.

Hablaba al final de su intervención la señora Tarruella de un nuevo sistema de financiación autonómica. Nosotros siempre hemos entendido que habrá de ser así cuando la ocasión sea propicia, porque esta legislatura ha sido de salvar y garantizar los sistemas y de trabajar en reformas de fondo para hacerlos sostenibles y no ha habido ocasión de debatir un nuevo sistema de financiación, que es una asignatura pendiente. No voy a calificar el sistema de financiación actual, cuál fue su origen, quién lo apoyó y quien estuvo en contra, pero es evidente que la crisis ha puesto de manifiesto sus insuficiencias. Como yo me siento ahora más autonomista que usted en algunas de sus manifestaciones, le digo no a caminar hacia


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un sistema finalista o tutelado por parte de la Administración General del Estado o por parte del Ministerio de Sanidad. Cada comunidad debe establecer sus prioridades porque, si no dejáramos que establecieran sus prioridades, les estaríamos prohibiendo hacer política y estaríamos cercenando su legítimo derecho a ejercer el principio de autonomía que la Constitución les reconoce. Por tanto, yo no creo en esa suerte de presupuestos finalistas, pero sí creo en la cooperación.

Quiero repasar muy brevemente cuál era la situación en 2011. Usted lo sabe, hablamos mucho de aquellos famosos 16.000 millones de euros de deuda de la sanidad pública en forma de facturas sin pagar y en un periodo de pago a proveedores que superaba el año y medio. Esto era lo habitual y, por tanto, también ponía en riesgo miles de empleos en la industria farmacéutica, de gasas o de tecnología, que no podían cobrar los productos que la sanidad compraba y que necesitábamos para funcionar todos los días. Lo que hizo este Gobierno y lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años ha sido poner en marcha medidas para un sustento financiero urgente a las comunidades autónomas. Asimismo usted ha recordado que tuvo la iniciativa en esta Cámara de crear una subcomisión en la que vinimos trabajando. Como decía, el Gobierno puso en marcha mecanismos de liquidez, líneas ICO, Plan de pago a proveedores, adelanto de entregas a cuenta, el Fondo de liquidez autonómica, y recientemente fondos de financiación y la continuidad del aplazamiento de las liquidaciones negativas. Conforme ha ido mejorando la situación económica y se han abaratado los costes de financiación, porque hemos vuelto a recuperar la credibilidad y la confianza en los mercados internacionales, el Gobierno ha dispuesto de un margen mayor y hemos mejorado la cobertura de estos mecanismos y establecido un tipo de interés del 0 % para las comunidades autónomas.

Por tanto, desde el principio el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España han tratado de garantizar la sostenibilidad en la prestación de los servicios básicos y esenciales con medidas extraordinarias que buscaban dotar de liquidez a las comunidades autónomas que necesitaban financiación y tenían una gran dificultad de acceso al crédito. En total eso ha supuesto más de 184.000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas, y solo en pago a proveedores la Generalitat necesitó asistencia de más de 15.000 millones de euros. De todo este dinero, el 71,8 % se ha destinado a financiar los servicios fundamentales, un porcentaje que en Cataluña es del 63,5 %. Por tanto, con esto se ha garantizado el funcionamiento de los conciertos sanitarios, educativos y sociales, las residencias de mayores, la atención a personas con discapacidad o que las farmacias cobren por los medicamentos que dispensan.

Es verdad que los presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas experimentaron una reducción, pero los últimos datos que nosotros tenemos de gasto sanitario real -es decir, no lo presupuestado sino lo que realmente gastó el sistema- son del año 2012 y nos hablan de 71.000 millones, es decir, del máximo, y en 2012 siguió creciendo el gasto sanitario real. Yo no dispongo del gasto sanitario real del año 2013 o del año 2014, mi último dato es el del año 2012. A pesar de esa aparente reducción de los presupuestos, si uno toma en consideración el apoyo que se ha trasladado a través de los distintos mecanismos de financiación de garantía de esa liquidez, el gasto no se ha reducido y se ha garantizado. Sin embargo, se tomaron medidas importantes para la sostenibilidad a través de la reforma sanitaria.

Usted ha hablado del Real Decreto-ley 16/2012. No lo comparte y, sin embargo, este decreto garantizó la universalidad del sistema para todos los españoles por primera vez; acotó el fraude evitando un agujero por el que se nos iban mil millones de euros al año al conjunto de los españoles. De ellos, casi 700 millones correspondían a lo que no se facturaba a los países de origen, algo que tiene que ver con el sistema de compensación del FOGA, al que luego me referiré. Además garantizó la asistencia a los ciudadanos en situación administrativa irregular, que no obstante ahora queremos mejorar -esto beneficiaba a 1 millón de parados de larga duración que ya no tienen que pagar el 40 % de los medicamentos-, así como también a otros colectivos, aparte de establecer una cartera de servicios comunes e incluso incorporar nuevas prestaciones. Quizás el ahorro más significativo se ha producido en el capítulo de farmacia, donde hemos cambiado el sistema de precios de los medicamentos. Hemos impulsado también el uso de los genéricos, que ya suponen el 48 % del total de envases y que en 2011 eran el 34 %, por lo que se ha avanzado mucho. Todavía hoy el gasto medio por receta sigue descendiendo, en abril lo hizo un 0,15 %. Por tanto, ha habido medidas muy importantes de contención en gasto y de ahorro en farmacia, de forma que desde que se puso en marcha esta reforma sanitaria en el año 2012 acumulan ya 4.737 millones de euros. Esto significa ahorro para las comunidades autónomas, que son las que tienen que hacerse cargo de ese gasto en medicamentos.


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No quiero repasar otros datos de esta reforma pero sí quiero significar que ha sido importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Usted ha dicho que el Gobierno cree un fondo finalista para medicamentos innovadores. Creo que hemos actuado con una profunda lealtad institucional, se lo digo de verdad, por lo que tengo que rechazar la acusación que usted ha vertido desde la tribuna en el caso de la hepatitis C. En el año 2014 el sistema en España estaba destinando a medicamentos para atender a los pacientes con hepatitis C unos 150 millones de euros. La aparición de nuevos fármacos abrió una gran oportunidad en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes por su posibilidad de curación. Hicimos un plan estratégico que estimaba que con carácter inmediato debían tener acceso y recibir esta nueva medicación 51.900 personas en toda España, de acuerdo con los datos que nos habían suministrado las comunidades autónomas. Eso significaba un techo de gasto, después de la negociación con los laboratorios, de 786 millones de euros, por tanto, una carga inasumible, dado el nivel de gasto que estaban ejerciendo hasta este momento las comunidades autónomas para esta patología concreta. Estimamos que era financiable con un horizonte temporal y se estableció un mecanismo con el Ministerio de Hacienda para que este se hiciera cargo de la factura de los medicamentos para hepatitis C con un crédito que hay que devolver a diez años, que tiene un año de carencia y que tiene el tipo de interés más ventajoso que es el que puede ofrecer el Estado, el Tesoro. Por tanto, dio una solución porque, sobre todo, no computa para el déficit y dio una tranquilidad a los consejeros para que pudieran tomar las decisiones y dispensar los medicamentos con la garantía de que no iban a incrementar su déficit y con la garantía de que tenían un horizonte temporal para esa devolución. Esto se puede incorporar a ese elemento de discusión de los instrumentos financieros en situaciones de financiación que tienen las comunidades autónomas y el Estado.

Ha hablado usted también del FOGA. El Real Decreto-ley 16/2012 creó el Fondo de garantía asistencial que, junto con el Fondo de cohesión sanitaria tienen que garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas. A través del Fondo de cohesión se han asignado a la Generalitat más de 152 millones de euros en esta legislatura. El FOGA ha supuesto también un avance en la compensación de la actividad que se lleva a cabo en otra comunidad autónoma a la que el paciente se desplace. Por explicarlo de una manera muy sencilla, el principio es que el dinero sigue al paciente, cada comunidad autónoma tiene la responsabilidad, de acuerdo con el sistema de financiación, de atender a sus ciudadanos, por lo que si va a otra comunidad autónoma y recibe asistencia ha de compensar ese gasto que recibe por parte de otra administración. Hasta ahora el sistema ha funcionado -y sigue funcionando- de manera muy incompleta. Pretendemos introducir modificaciones a lo largo de este año, y por eso creo que es oportuna tanto la interpelación como el tenor de la moción que pueda presentar usted y discutir la semana que viene. Ha hecho referencia a que la compensación pudiera abarcar y cubrir otros aspectos que hoy no están cubiertos, como la atención primaria, la totalidad del gasto en farmacia y otros conceptos que ahora mismo, porque en principio solo se atendían gastos hospitalarios, no están cubiertos.

Es curioso, porque nosotros vamos haciendo la compensación y la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuando presentó la liquidación conjunta al Fondo de cohesión sanitario y al Fondo de garantía asistencial, tenía en esta última liquidación un saldo positivo de 19,54 millones de euros -este es el saldo que nosotros tenemos-, de los que ha recibido a través del fondo extrapresupuestario que gestiona el ministerio un total de 12,09 millones de euros, de los que quedan pendientes 7,5 millones de euros. El problema es que estos 12 millones de euros no sé si llegan a los hospitales que han prestado la atención o si llegan siquiera al departamento de Sanidad, porque nosotros se lo mandamos a la Hacienda de Cataluña. El consejero me dice: Yo no he visto un euro. Pues nosotros hemos mandado el dinero. Él no ha visto un euro y dice entonces que no se le puede vincular esto. Es una discusión suya y creo que una vez que se produce esa liquidación es razonable que llegue a quien ha gastado dinero.

En todo caso, veo que también ahí hay una dificultad que puede suponer un problema para los ciudadanos porque se limite la derivación de pacientes de unos centros a otros o de pacientes a centros de referencia, problemas que estamos viendo y que hacen que a nosotros nos interese también una reflexión sobre estos mecanismos de compensación y sobre el FOGA para que, efectivamente, compense todo y no pueda suponer una barrera a una integración del sistema en que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una asistencia garantizada en el conjunto de España y tener también acceso a las unidades de referencia en todo el territorio nacional.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Señora Tarruella, tiene la palabra.


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La señora TARRUELA TOMÀS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, nos acaba de describir cómo debería ser el FOGA, que es lo que nosotros creímos que iba a ser cuando se tramitó el Real Decreto-ley 16/2012, pero esa es la teoría, esa no es la práctica, esa no es la realidad. Tengo aquí las cifras actualizadas y -como he dicho antes- si bien es cierto que se ha recibido una compensación y se ha pagado una parte de toda esta actividad y se ha podido facturar, han quitado del Fondo de cohesión sanitaria toda una serie de elementos que antes se cubrían con ese fondo. Lo pasaron al fondo extrapresupuestario y dijeron que el FOGA se haría cargo de todo lo que no entrase en ese Fondo de cohesión sanitaria, que son los gastos de los que van desplazados de una comunidad a otra o los que van a centros de referencia, que ya piden previamente esa autorización y que ya se avienen. Eso no lo he cuestionado, pero es una pequeña parte. El resto, lo grande, lo relativo a las comunidades autónomas, sobre todo las fronterizas, que limitan con otras, quedaba al descubierto. Se dijo -y así pensamos que sería- que el FOGA iba a cubrir todo esto que no cubría el Fondo de cohesión y quedaría solucionado.

Le voy a poner un ejemplo concreto de mi ciudad, de mi provincia. Sabe que yo soy diputada por Lleida, donde está el hospital Arnau de Vilanova, que es un hospital con un presupuesto moderado, un hospital que atiende a 250.000 habitantes. Este hospital es fronterizo con la Comunidad Autónoma de Aragón. A este hospital Arnau de Vilanova la atención a esos pacientes le ha costado 7,5 millones de euros en el último año y 10 millones los anteriores. Este descenso ha sido porque ahora se obliga a los ciudadanos de esa zona -que tienen el hospital de Lleida a 20 kilómetros y buena carretera- a ir desde Aragón a Barbastro, Huesca o Zaragoza, habiendo muchos más kilómetros y estando mucho más lejos, cuando ellos estaban acostumbrados a ir toda la vida al de Lleida y donde se encontraban bien. Ese descenso que se ha notado ha sido por esta obligatoriedad que les impone el Gobierno, cuando sería mucho más fácil que esas mismas personas continuaran siendo atendidas donde lo han sido toda la vida -estamos a 20 kilómetros, lo vuelvo a recordar-, haciéndose cargo de estos costes su Gobierno autonómico. Estos son datos autentificados de esta misma semana. Eso no se incluye. El coste hospitalario -vuelvo a decir- no se incluye en estas facturaciones que tienen que ser emitidas desde los Gobiernos autonómicos a los que mandan pacientes -o los pacientes van por su propio pie debido a la proximidad o a la facilidad de acceso-. Todo eso no está incluido en el sistema de facturación.

Ahora se está poniendo en marcha en atención primaria, una cosa menos. Hasta ahora lo que funciona -tengo que reconocerle que eso funciona bien y de esto no hay nada que decir, ni lo he nombrado- es todo lo que tiene que ver con la asistencia a extranjeros y la cuota global. Aquí estamos a cero, se está compensando perfectamente lo que se está mandando y se está haciendo. Aquí también tenemos que tener en cuenta que son extranjeros legales, pero los servicios autonómicos siguen atendiendo a quienes han perdido su cartilla o a quienes ya no pueden asistir como hacían antes normalmente a atención primaria y ahora van a urgencias. Las comunidades autónomas se están haciendo cargo y eso no se factura. No voy a entrar en este terreno porque lo podemos dejar para más adelante. Si bien la Generalitat ha cobrado el 31 de diciembre de 2014 28.719.000 euros por la compensación de desplazados a Cataluña desde el año 2009 a 2014, todavía queda un debe y aún se adeudan -ya facturado y aceptado- 26.459.928 euros exactamente y además queda pendiente del Fondo de cohesión sanitaria desde 2013 la cantidad de 6.763.000 euros. De hecho, las comunidades autónomas, sobre todo receptoras de pacientes, no se verían tan asfixiadas si por lo menos lo que se factura y lo que se reconoce se fuera pagando anualmente, tal como corresponde, porque muchas comunidades autónomas no pueden hacer frente a los gastos originados.

Quisiera comentar un tema en estos pocos minutos que me quedan, aunque solo sea de pasada. Usted ha hablado de falta de lealtad institucional. Ya me dirá qué pasa cuando un medicamento innovador entra en el sistema público, que es como si se añadiera una nueva prestación en la cartera de servicios. Siempre se ha dicho que en la cartera de servicios cuando hay nuevas prestaciones se tienen que compensar y aquí esto no se hace. No nos sirve ese remiendo de urgencia -que se ha hecho, lo reconozco, pero el FLA es un remiendo de urgencia-, ya que se adelanta el dinero, pero luego hay que devolverlo y seguir haciendo frente a todo lo demás. Esa no es la solución definitiva, tenemos que buscar una solución entre todos a esta falta de financiación.

Entiendo la preocupación por este tema y sé que usted lo comparte. Lleva poco tiempo al frente de este ministerio y, por tanto, no es responsabilidad suya, pero sí es la de su Gobierno. El Gobierno del Partido Popular durante toda esta legislatura no ha hecho ni una sola reunión de presidentes de comunidades autónomas para hablar de la financiación. No ha hecho ni una, luego no les debe de tener


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tan preocupados este asunto. Recuerdo que con el anterior Gobierno del presidente Zapatero -aunque también teníamos muchas discrepancias con él- esta reunión se llevó a cabo y a término. Esta legislatura la verdad es que se ha echado de menos, al igual que se ha echado de menos otra reunión, porque había una promesa por parte del ministro de Economía de reunirse con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para hablar precisamente de todos estos asuntos, que quedó aplazada porque se estaba hablando de la modificación de la Ley de Financiación Autonómica y de la que ya nunca más se ha sabido. Por eso, nosotros le hablamos aquí de lealtad...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.

La señora TARRUELA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

La semana que viene veremos la moción correspondiente. Sinceramente nos gustaría que entre todos pudiéramos llegar a algunos acuerdos y que pudiéramos por lo menos aliviar esta gran falta de financiación que existe en el Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Tarruella.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Señora Tarruella, va a ser usted la única española que siente nostalgia del presidente Zapatero, que es verdad que era muy agradable y que se reunía mucho, pero dejó el país como lo dejó, y todos estos años han sido para intentar darle la vuelta a esa situación. Le diré que ahí es adonde no queremos regresar y adonde no podemos volver. Creo que los españoles no tenemos dinero ni aguante para volver a una situación como la que hemos superado y de la que estamos saliendo.

Habla de la solución definitiva. Para alcanzar la solución definitiva lo primero era salir del pozo en el que estábamos, garantizar que podíamos seguir prestando servicios, hacer una reforma de la sanidad en la que un concepto central fuera la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la relación con los profesionales y el respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, a un método de trabajo basado en la cooperación, en el diálogo, en llegar a acuerdos entre todos. Esto es lo que se ha intentado hacer, pero es evidente que la solución definitiva es recuperar la situación económica y tener una posición en la que los ingresos públicos puedan ir aumentando, lo cual redundará también en una verdadera garantía para la sanidad. Dice usted que hasta ahora se han puesto solo parches. No son parches, son soluciones para cortar una vía por la que se nos estaba colapsando el sistema y que se había producido con la deuda que le explicaba.

Me parece que su moción va a centrarse en los mecanismos de compensación. Nosotros estamos preocupados por ese problema y ya le he anticipado que el ministerio trabaja para realizar cambios, porque vemos la insuficiencia y los problemas que se producen. Usted me habla del problema que tienen en Cataluña en relación con ciudadanos que viven en la Comunidad de Aragón y que ya no son atendidos allí, lo cual les supone una molestia. Hay comunidades limítrofes que han firmado acuerdos que al parecer están funcionando bien y hay otras que tienen quejas al respecto. La Comunidad de La Rioja se queja porque tiene cantidades pendientes por parte del País Vasco o Navarra y entonces se están produciendo disfunciones y situaciones complejas que conocemos y que obligarán a introducir ciertas reformas, que en el caso de los territorios fronterizos son evidentes, para que la asistencia pueda ser garantizada.

Me alegro de que el sistema haya mejorado mucho en la atención a los turistas y, por tanto, en la atención a los extranjeros legales. En cuanto a la atención a los extranjeros que están en situación irregular en España, lo que pretendemos y hemos trasladado a las comunidades es hacer un programa serio para prestarles en la asistencia primaria la atención que garantiza la salud pública y la de esas personas, lo cual es razonable, pero tendremos que realizar un seguimiento. Dice su señoría que eso no se factura. Creo que aquí hay que facturarlo todo y compensarlo todo, esta es la idea. Es lo serio desde el punto de vista de la financiación del sistema. Le reitero que la reflexión y la propuesta son oportunas y espero que podamos trabajar con las ideas en las que estamos avanzando desde el Ministerio de Sanidad.

Señora Tarruella, cuando incorporamos medicamentos innovadores al sistema conlleva un proceso, primero en la Agencia Europea del Medicamento, luego en la Agencia Española del Medicamento, para analizar la conveniencia y la efectividad del tratamiento y entonces fijamos precio. El mecanismo de


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fijación de precio es difícil y muy peleado. Creo que el sistema en España consigue mejores precios que en Europa y además legalmente tenemos la garantía de que en España se aplicará un precio más bajo que el que se aplique en cualquier lugar de la Unión Europea, lo cual es una garantía establecida también por ley. Esto lo hacemos para poder incorporarlo en los ahorros del sistema. Todos los meses se pelean ahorros y vencimiento de patentes que permiten también ir haciendo un hueco al sistema para incorporar las innovaciones. De esta manera lo hemos hecho y cuando una innovación, por su carácter especialísimo, como el de los nuevos medicamentos para la hepatitis C, excedía esa capacidad de actuación, esa capacidad de ahorro del sistema, recurrimos a la cláusula Montoro, que es convencer al ministro de Hacienda para que habilite un sistema especial que no castigue el déficit de las comunidades autónomas y que dé una solución real a los pacientes. Creo sinceramente que eso se ha conseguido con el apoyo y la buena voluntad de todos y que era importante hacerlo.

Le voy a hacer una petición, porque creo que si trabajamos juntos podemos conseguir más. Ustedes participan en las plataformas conjuntas de compra, pero no han participado últimamente en las plataformas conjuntas para comprar algunas vacunas, y creo que es importante que vayamos todos, porque cuando compramos todos juntos las vacunas -que ahora es un asunto que está en el centro del debate público- podemos generar ahorros. En el periodo 2012-2015 estos acuerdos marco para comprar vacunas de la gripe y otras vacunas nos permitieron ahorrar 134 millones de euros. Que no participe Cataluña significa que Cataluña ahorra menos y que el conjunto de los españoles ahorramos menos. Por tanto, si hablamos de financiación, vamos a ver si podemos mejorar el FOGA, vamos a ver cómo podemos mejorar el Fondo de cohesión para que haya una compensación efectiva entre las comunidades autónomas, pero vamos a ver si podemos conseguir que no quebremos el sistema y que podamos consolidar plataformas conjuntas de compra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO), AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOBRE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE ENTRE CANARIAS-PENÍNSULA-EUROPA-CANARIAS. (Número de expediente 172/000318).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Quevedo, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias. Para su defensa tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Nueva Canarias y Coalición Canaria sometemos hoy una interpelación a la consideración del ministro de Hacienda, al que saludamos, sobre la necesidad de garantizar la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias. Son pocas las ocasiones en que un asunto ha despertado tanto consenso y tanta unanimidad en el conjunto de las fuerzas políticas con tan pocos resultados; pocos son los casos. Si analizamos algunos precedentes inmediatos de carácter parlamentario, veremos que en noviembre de 2013 se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias por unanimidad de todos los grupos políticos sobre este asunto. En 2014 se presenta una proposición no de ley en este Congreso que defendió el señor Franquis -en el caso anterior también fue defendida por un miembro del Partido Socialista en Canarias-, que también se aprobó por unanimidad. Existe una moción en el Senado, defendida por el señor Fuentes Curbelo en marzo de 2014, en la que usted intervino, que también fue aprobada por unanimidad. Por último, la Comisión de Cultura del Congreso, en marzo de 2014, también consideró por unanimidad la necesidad de acabar con la discriminación que sufren las producciones artísticas canarias en relación con las del resto del Estado y de la Unión Europea.

Deberíamos hacer un somero repaso de otros argumentos, es decir, conocemos los argumentos de carácter constitucional, que están suficientemente debatidos, los de carácter estatutario también. Tendríamos que recordar que por ejemplo la Agenda 21 de la Cultura deja claro que la cultura debe ser el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Por eso, hacer efectivo el desarrollo de los sectores culturales deviene no solo en una butade de naturaleza artística o en una cuestión meramente intelectual, sino en un elemento esencial para el desarrollo de una comunidad cualquiera, como estoy seguro que compartimos. Ahí se destaca la necesidad de que las producciones artísticas sean consideradas bienes culturales y no


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bienes comerciales, lo que constituye el fondo de esta cuestión, es decir, que sean consideradas bienes culturales y no bienes comerciales.

En la Declaración de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en su 33.ª sesión en París, suscrita por el Estado español en el año 2006, se dice: Las actividades, bienes y servicios culturales son de índole económica y cultural porque portan identidades, valores y significados y, por consiguiente, no deben tratarse como si tuviesen solo valor comercial. También tenemos en este caso a la Unesco de nuestra parte. En el caso del Consejo Económico y Social de Canarias se hace una interpretación sobre el presente, el futuro y los retos de la economía canaria, en la que se deja perfectamente claro que, ante el fenómeno de la globalización cultural, es absolutamente imperativo que Canarias aproveche sus oportunidades y su posición geoestratégica, porque tenemos algunas dificultades relacionadas con nuestra situación geográfica, pero también es verdad que tenemos algunas oportunidades derivadas de nuestra posición geoestratégica en relación con tres continentes, como me consta que el ministro conoce perfectamente. Por eso se hace un llamamiento al sector público.

El sector público es determinante para derribar todas aquellas barreras de carácter económico y burocrático que limitan el desarrollo del sector cultural en Canarias. Estamos hablando de Canarias, pero no tengo ninguna duda de que esto es extrapolable al conjunto del Estado, aunque este problema solo se da en el Archipiélago, como es sabido. Por eso es necesario liberar los flujos comerciales de cualquier tipo de influencia externa que limite ese elemento determinante. No es esto lo que ocurre en la actualidad con la imposición aduanera que sabe que sufren las producciones artísticas canarias -después lo comentamos-. Esto está muy bien contado por el señor Fuentes Curbelo, que le describió perfectamente qué pasaría si alguien se llevase una obra de arte desde Canarias para tratar de venderla en Sevilla, creo que dijo, y qué es lo que le ocurriría al artista que se atreviese a llevar a cabo semejante tarea.

En la moción del Senado el señor Montoro, para nuestra satisfacción, dijo: El Gobierno de España es consciente de las dificultades de los artistas visuales canarios a la hora de mover su obra y estamos dispuestos a corregir esta situación -que nosotros denominamos discriminación-. Con carácter general, sabe que en el Estado español hay un debate tremendo sobre si a la cultura le ha venido bien lo que ha estado ocurriendo con los recortes o con el incremento del IVA al 21 %; es un debate que está ahí. En Canarias sufrimos además una discriminación negativa, producto de una asimilación que es insólita de los productos culturales a los productos comerciales. En este caso, el Régimen Económico y Fiscal en Canarias en sus aspectos fiscales es negativo y sé que no le estoy contando nada nuevo porque me consta que se lo sabe. Ocurriría lo siguiente. Un artista canario decide sacar su obra y quiere venir a Madrid. Tiene que pagar los gastos de transporte -solo faltaba-, pero además se encontrará con que tendrá que pagar la aduana, si consigue cumplimentar el DUA, porque el documento único aduanero se las trae -alguien en tono malicioso me enseñó lo que había que hacer y me declaré manifiestamente incompetente a los cinco minutos, ¡vaya cosa difícil!-; si consigue completar este paso, logrará trasladar su obra, por supuesto pagando lo correspondiente. Si consigue vender, pagará el IVA y, si no vende, se vuelve otra vez para Canarias, vuelve a hacer lo mismo con el DUA y vuelve a pagar los aranceles aduaneros correspondientes. En conclusión, es un incremento tremendo del aislamiento que sufren los territorios insulares por su condición de isla. Por otro lado, un creador se acaba convirtiendo en una especie de exportador-importador a su pesar -emulando a Molière, con todos los respetos por el insigne escritor francés-. Es una especie de empresario a su pesar en relación con este tipo de cuestiones.

Por ese motivo nos preguntamos qué es lo que pasa para que haya tan buena voluntad y no se resuelva la cuestión. A esto le vendría bien aquello de entre todos la mataron y ella sola se murió, aplicado a la producción artística canaria. Nosotros hemos valorado positivamente su intervención en la moción del senador Fuentes Curbelo, pero ¿por qué hemos desaprovechado la oportunidad con la reforma del Régimen Económico y Fiscal en sus aspectos fiscales 2014-2020, donde este asunto no ha sido incluido? Yo tengo dudas de si esto necesita una modificación de carácter legislativo, no lo sé, pero estoy seguro de que usted sí tiene gente muy buena que lo sabe. Creemos que hemos perdido una oportunidad. Hemos perdido en diciembre de 2014 una oportunidad muy importante con la renovación 2014-2020 del REF en sus aspectos fiscales. Por eso nos vemos obligados a volver aquí y porque ha ocurrido algo, porque la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales ha planteado en unas jornadas sobre aduanas y arte en Canarias, en sus aspectos técnicos y políticos, un pacto por la libre circulación de las obras de arte Canarias-Península-Europa-Canarias (el título que tenemos hoy aquí fue el que puso precisamente la organización de estos actos), suscrito este pacto por todas las fuerzas políticas que estando en este hemiciclo tienen presencia en Canarias. Es verdad que el pacto va dirigido esencialmente a instar al


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Parlamento canario y al Gobierno de Canarias a que actúe en esta materia. Es un buen momento para recordar que la Comunidad canaria, como sabe, tiene competencias en fomento de la cultura y por tanto se le debe exigir que haga lo correspondiente -en eso estamos- para dar asistencia especializada a los artistas canarios y tratar de facilitarles las engorrosas tareas a las que se ven sometidos, además de la producción artística. Esto está bien, pero esto tiene un plano estatal, porque -artículo 149.1.10.ª de la Constitución española- el Estado tiene la competencia exclusiva en el régimen aduanero y arancelario y en el comercio exterior. Como sabe, este diputado que le habla no tendría ningún inconveniente en que se le trasladase la competencia a Canarias, pero creo que no vamos a estar de acuerdo, motivo por el cual la competencia es suya. Y si es suya y estamos diciendo que el problema fundamental es de naturaleza aduanera, lo que le pedimos es que, haciendo honor a su compromiso, intervenga. Nosotros creemos que se ha perdido una oportunidad con el REF en sus aspectos fiscales, pero es necesario acabar con el trato discriminatorio que sufren los productores de arte en Canarias porque es de todo punto injusto.

Nosotros plantearemos en la moción consecuencia de esta interpelación en su momento el petitum que creemos que será razonable, como todo lo que nosotros planteamos siempre aquí, de forma que encontremos una manera de desbloquear esto. Le aseguro que nosotros vamos a ser absolutamente exigentes en el Parlamento de Canarias, creo que todos lo vamos a ser con nosotros mismos, pero, mientras tanto, Coalición Canaria y Nueva Canarias hemos presentado un conjunto de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para recuperar partidas importantes -375.000 euros para bonificar los desplazamientos o 586.000 para ayudas a los eventos artísticos- por una razón, porque hasta que esto se resuelva de alguna manera tendremos que echar un cabo. Usted tiene que ver lo que les pasa a los escultores, que tienen un problema hasta con el tipo de obras que hacen. Tienen que ser obras chiquititas porque, si no, no se las pueden llevar con ellos. Esto es un disparate. Nosotros creemos de verdad que es una reivindicación absolutamente justa y justificada, que tiene la unanimidad necesaria en todos los planos y a la que ahora nos parece justo que se dé respuesta desde el plano que corresponda a cada cual, el suyo desde el ministerio que dirige.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.

Tiene la palabra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente, señorías.

Señor Quevedo, el Gobierno conoce y comparte la preocupación que expresa su señoría por los problemas burocráticos que sufren los artistas canarios cuando pretenden trasladar su obra a la Península o Baleares para exponerla. No es una cuestión que tenga una solución sencilla porque hay que tener en cuenta que, además de tratarse de obras de arte, son también bienes comerciales y ese tratamiento es el mismo cualquiera que sea la procedencia geográfica del artista. La diferente situación en la que se encuentran los artistas canarios y los de la Península no deriva de un problema de libre circulación, ya que esta existe sin limitaciones entre los países de la Unión Europea, deriva del hecho de que Canarias está excluida del ámbito de la aplicación del IVA. Esta situación hace que la circulación de obras de arte entre Canarias y el resto de España deba cumplir una serie de obligaciones formales y materiales que son las que causan esos obstáculos, esas perturbaciones a los artistas canarios. Como usted mismo ha recordado desde la tribuna, expresé la mejor disposición del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Senado para encontrar una solución para que pudiéramos, efectivamente, al menos ir reduciendo los grados de inconveniente que encuentran para su actividad exhibidora los artistas canarios.

El año pasado, primero la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y un mes después la del Senado aprobaron una proposición no de ley instando al Gobierno a encontrar una solución. El Gobierno ha estudiado y sigue estudiando diversas alternativas, que, tengo que decir con toda franqueza, no son sencillas -como usted mismo expresaba en el contenido de su interpelación- teniendo en cuenta que cualquier decisión debe estar dentro de los límites que establece la normativa de la Unión Europea en esta materia. Es decir, nuestro corsé no viene de nuestra propia regulación, de la que tenemos en España, sino que las obligaciones se generan a partir de la normativa europea, a partir de las directivas europeas. Dicho esto y sin menoscabo de que tengamos que seguir avanzando, como en todo, su señoría conoce bien que tengo la mejor disposición no ya para reconocer, sino para compensar los costes derivados de la situación de Canarias o para llegar a convertir a Canarias en esa plataforma atlántica en términos económicos, que es nuestra aspiración y desde luego mía especialmente. Pueden creer que realmente


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conforma mi ideario no ya como miembro del Gobierno de España, sino claramente personal; creo en ello, estoy trabajando para ello. Creo que hemos hecho un REF, el más avanzado y ambicioso que ha tenido nunca Canarias y tuve la ocasión de defenderlo desde la tribuna sintiéndome especialmente orgulloso, pero la obra está incompleta, hay que seguir concretando aspectos, como muy bien plantean todas las fuerzas sociales de Canarias, los grupos políticos de Canarias, desarrollando los ámbitos económicos y seguir reduciendo los costes burocráticos. Por lo menos, reconozcamos que estamos avanzando, que sí hemos conseguido una significativa -lo califico así- reducción de trámites, significativa simplificación de los trámites que se realizan tanto para la entrada de los citados bienes culturales en la Península como para su salida.

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que pedía reforzar la colaboración entre la Administración tributaria estatal y la autonómica, desde el pasado mes de enero está en funcionamiento una ventanilla única de las dos administraciones. De esta manera se evitan duplicidades administrativas en la declaración de las operaciones que suponen circulación de bienes entre Canarias y el resto de España.

Dentro de la política de reducción de cargas administrativas, y considerando que la tramitación aduanera supone un coste duplicado al tener que realizarse en ambas partes del territorio nacional, mediante resolución de la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de 11 de julio de 2014, se han establecido dos simplificaciones para estos intercambios: a) Simplificación general: no se exige DUA -iniciales de documento único administrativo- de expedición a la salida de una de las partes del territorio aduanero, sino únicamente DUA de introducción en la otra parte. Esta simplificación será posible para envíos inferiores a 3.000 euros o para envíos sin transferencia de propiedad. Se excluyen de este procedimiento determinadas mercancías para las que necesariamente debe presentarse una declaración de expedición que permita realizar los controles previstos por normativas específicas. b) La segunda simplificación está destinada al comercio electrónico y ventas a distancia cuando el vendedor se haga cargo de todos los gastos del envío hasta su entrega en el domicilio del comprador/ destinatario. El procedimiento será el mismo del apartado a) con la especialidad de que el DUA de introducción se realizará por cuenta del expedidor, así como el ingreso de los impuestos correspondientes. Ambas simplificaciones, que son opcionales para los interesados, se pueden aplicar desde enero de 2015.

La ventanilla única, además, no beneficia solo a los artistas canarios, sino que su puesta en marcha facilita los trámites de otros ciudadanos y colectivos del Archipiélago que tienen que realizar estos mismos trámites o similares. Hemos avanzado, insisto, de manera incompleta -soy el primero que obviamente lo debo reconocer así- y debo reiterar que tenemos que atenernos a la normativa europea y no debemos prescindir de ella cuando lo que estamos haciendo es precisamente favorecer el desarrollo económico en su conjunto de Canarias.

Por eso acabo insistiendo en que el Gobierno está abierto a estudiar otras posibilidades enfocadas específicamente al colectivo de artistas canarios para que la actividad que realizan cuente con mayores facilidades para su difusión y comercialización. Estamos abiertos, entendemos y valoramos la importancia de la industria cultural de Canarias y de toda España, pero -siempre viene a cuento- los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas desde Canarias realmente también cuentan con una fortaleza a partir de todo lo que ha sido la disposición del régimen económico fiscal y también se está potenciando claramente esa industria cultural. Insisto en este argumento de estar abierto el Gobierno a estudiar todas las posibilidades y, por supuesto, a atender como se merece este colectivo de artistas canarios para que no tengan que ver que su actividad se vea mermada por problemas burocráticos, administrativos y, desde luego, por cargas fiscales que no deberían soportar. Por tanto, el Gobierno apoyará la moción consecuencia de esta interpelación para que la Administración canaria siga trabajando con el Gobierno de España y con la Comisión Europea para aliviar los trámites que hoy todavía suponen un coste que impide el desarrollo de la industria cultural de Canarias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor ministro.

Señor Quevedo, tiene la palabra.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor ministro, por su contestación, que valoro positivamente en cuanto al tono, en cuanto al fondo, pero no sé cómo vamos a arreglar esto. No me ha quedado muy claro, porque usted ha dicho algo que ya conocemos y es que en unos aspectos el REF, el régimen económico y fiscal de


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Canarias, es beneficioso y en otros no. En este no. En este no porque estamos dentro de la comunidad aduanera, pero fuera de la fiscal y por eso pasan estas cosas que pasan. Esto es así. También es verdad, por lo que se refiere al fondo de la cuestión, que si de acuerdo con la Unesco, con la Agenda 21, con lo que dice la Constitución española, cargados con todos estos argumentos dijésemos que las producciones artísticas no son bienes comerciales estrictamente, sino más bien todo lo contrario, bienes a impulsar, tal como suscribe el Gobierno de España en relación con la declaración de la Unesco, a lo mejor sería más sencillo. Algo tendremos que hacer porque, si no, el problema es que estaremos siempre de acuerdo, pero nunca resolveremos la cuestión.

Con respecto al tema de las simplificaciones, que siempre son de agradecer, me ha parecido entender que aquellos que sean buenos, es decir, que tengan obras con valor, están excluidos porque es de 3.000 euros para abajo. Está bien todo esto, la cuestión de la ventanilla única, claro que sí, y la simplificación administrativa -es un valor que compartimos absolutamente-, pero los artistas canarios nos han reunido hace tres meses otra vez y esto quiere decir que no hay sensación de tranquilidad, sino todo lo contrario. Tengo que insistir en la cuestión del REF. Es evidente que la buena disposición en las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el de España son determinantes para esto y para cualquier otra cosa, las buenas relaciones entendidas como ser capaces de presentarse a resolver problemas. Nosotros vamos a impulsar esto en la medida de nuestras fuerzas, que antes eran menos y ahora son más; estamos dispuestos en lo que se pueda, pero necesitamos un esfuerzo decidido de su departamento, porque estoy seguro de que ustedes tienen normalmente gente competente. Han estado centrados en una parte de la cuestión, que no es del todo la cuestión.

La negociación con la Unión Europea la tiene que liderar necesariamente el Gobierno de España y lo que les pedimos es eso, que la lideren. Lideren esa negociación porque estamos completamente convencidos de que hay argumentos para entrar en el fondo de la cuestión. Esto no es un bien comercial, no es una caja de tomates, en definitiva. Si esta es la idea que compartimos, estoy seguro de que podríamos avanzar y formularemos la moción en estos términos. Tengo que insistir en que todo está bien, pero la alarma es enorme porque, si no, no nos hubiesen reunido los artistas no hace tres meses, sino hace dos. Por algo será. Le puedo garantizar que las mesas técnicas, las mesas políticas dejaron perfectamente claro que este es un asunto que daña profundamente al tejido productivo canario en su conjunto y al sector de la producción artística en concreto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor Quevedo, coincidimos en el fondo, en el medio y en la forma final.

Sin embargo, tenemos que saber explicar tanto dentro de Canarias como al conjunto de España la singularidad que representa que Canarias esté excluida del ámbito de aplicación del IVA. Tenemos que saber explicarlo también porque, si no, aparecen las cosas vistas solo desde sus consecuencias derivadas de mayores costes, problemas y trabas, pero eso nace de una singularidad. No solo reconozco esa singularidad, sino que sabe que la valoro profundamente. No la calificaría nunca de hecho diferencial o de ventaja respecto a otras zonas de España. No me oirá ahora esta expresión ni recuerdo que jamás la haya utilizado. No me la oirá porque no está en mi pensamiento, pero tenemos que saber armonizar la singularidad de no tener el régimen de aplicación del IVA con la pertenencia a la Unión Europea y, por tanto, a estar sometidos a determinados controles aduaneros. Estamos avanzando en términos de simplificación para los artistas canarios y, como muy bien dice su señoría, para el conjunto de la actividad económica. La ventanilla única se está aplicando desde el 1 de enero de 2015 y tenemos que ver cómo la vamos mejorando y haciéndola cada vez más operativa.

La disposición del Gobierno no puede ser mayor y mi compromiso personal como miembro del Gobierno y como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas es que estaré muy cerca de este asunto y en constante relación con la Agencia Tributaria y, en concreto, con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales para que, a partir de la experiencia adquirida en estos meses, podamos seguir progresando en la reducción de las cargas administrativas. Ya lo he dicho en mi primera intervención, pero quiero reiterar la disposición del Gobierno para seguir avanzando en el ámbito del régimen económico -no ya fiscal- de Canarias. Todo lo que hagamos por reducir costes en términos económicos -y, por supuesto, también en los derivados de los controles burocráticos- redundará en la salida de la crisis


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económica de Canarias y del conjunto de España. Por tanto, esa es mi disposición. Quiero expresarle mi más profundo convencimiento a ese respecto y espero que podamos utilizar lo que resta de legislatura para mejorar el régimen económico de Canarias, que ha padecido tanto esta crisis sobre todo por la pérdida de puestos de trabajo y la desesperanza que ello produjo en los canarios y en el conjunto de los españoles. Ahora que las cosas están tornando a mejor y estamos saliendo de la crisis económica y Canarias está avanzando y creando empleo de manera importante, espero que podamos seguir trabajando la Administración canaria y el Gobierno de España con la lealtad con la que hemos trabajado en esta legislatura hasta las votaciones del 24 de mayo. Hemos trabajado con lealtad y con un resultado claramente positivo y espero que eso domine con la nueva Administración autonómica canaria para que Canarias sea uno de los motores que necesitan tanto España como Europa y que con el trabajo y la colaboración de todos estamos consiguiendo que sea.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor ministro.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL DRAMA HUMANITARIO QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO EN EL MEDITERRÁNEO, LAS PROPUESTAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE POLÍTICA DE ASILO Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A DICHAS PROPUESTAS. (Número de expediente 173/000217).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación urgente que no se pudieron debatir ayer y que van a ser votadas mañana jueves.

La primera de ellas es la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno en relación con el drama humanitario que se está produciendo en el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en materia de política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas propuestas.

Tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo de La Izquierda Plural me corresponde presentar esta moción sobre medidas en relación con el derecho de asilo, las políticas migratorias y los derechos civiles y políticos de las personas inmigrantes.

Desgraciadamente lo hacemos después de una decepcionante respuesta del Gobierno a nuestra interpelación. Recuerden ustedes -los que estuvieran- que toda la respuesta que el ministro del Interior ofreció al drama humanitario que se produce en estos momentos con decenas de miles de muertos en el Mediterráneo fue que el Gobierno español había conseguido impermeabilizar nuestra frontera atlántica. Menuda respuesta, es algo así como enorgullecerse de haberle puesto puertas al campo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Desgraciadamente, impermeabilizar, encastillar Europa no es la solución y además es imposible, como se está viendo en relación con el drama de llegada de inmigrantes desde Libia a las costas italianas. En ese sentido, en el primer bloque referido al asilo, nuestra moción plantea, en primer lugar, que el Gobierno cumpla estrictamente la Ley de Asilo, cosa que no esta haciendo, y que lo haga en coordinación con Acnur, con la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado y la Unión Europea. Un ejemplo de ese incumplimiento es que el Gobierno español en estos momentos solo ha adjudicado 125 plazas de reasentamiento gestionadas por la Acnur durante el año 2014, lo que supone el 1,9 % del total, mientras tenemos centenares de miles de personas, sirios entre ellos, en campamentos en condiciones infrahumanas.

Proponemos también derogar el apartado de la ley mordaza que ha legalizado las devoluciones en caliente a pesar de ser contrarias al derecho internacional. Aún me resuena la voz del ministro del Interior en otra interpelación cuando decía que los que intentaban cruzar las fronteras eran inmigrantes económicos y no personas sujetas a asilo. No sé cómo lo sabe, si antes de preguntárselo lo expulsan en algunas ocasiones de manera profundamente inhumana. Pero es que además es falso; recuerden que la Agencia europea Frontex ha reconocido que el 80 % de las llegadas durante el año 2014 y lo que va del año 2015 a nuestras costas son de personas que están en condiciones de solicitar asilo.


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En tercer lugar, planteamos que el esfuerzo que se está dedicando a levantar muros se traslade a la creación de más oficinas de asilo en los pasos fronterizos para tratar de manera humana a esas personas. También en el marco de asilo, pero ahora ya como impulso en las políticas europeas, estamos planteando que el Gobierno adopte una posición más proactiva para promover instrumentos, recursos comunes de la Unión Europea, y no se limite como hasta ahora a un regateo de cupos, que además de ser miserable da una imagen absolutamente contraria a lo que debería ser la imagen europea.

Por otro lado, en relación con la política migratoria, lo más importante es que el Gobierno deje de hacer un discurso de alarma social que no se corresponde con los datos. Señorías, señorías del PP, las entradas irregulares en España suponen solo el 4,4 % del total de la Unión Europea; son los datos comparados del Ministerio del Interior con los de la Comisión Europea. No existe presión migratoria por razones económicas, tal y como el Gobierno está empeñado en insistir. La prueba de ello es que nuestro saldo migratorio neto lleva ya un tiempo siendo negativo, cosa que es bastante obvia, porque en definitiva ha desaparecido el efecto llamada del mercado de trabajo, que no lo producen las leyes sino fundamentalmente la economía. Por eso, en ese contexto son absolutamente más inconcebibles las restrictivas políticas de regularización, reagrupamiento familiar y nacionalidad que practica el Gobierno español; van contra el sentido de la lógica y el sentido de la historia. Por eso, proponemos en este apartado la agilización de los procesos de regularización por arraigo, de renovación de permisos de residencia y de trabajo y, sobre todo, acabar con la barbaridad humana que suponen las situaciones de irregularidad sobrevenida. Me gustaría que alguien me explicara cómo se puede justificar que alguien que lleva viviendo y trabajando durante mucho tiempo en situación de regularización administrativa al perder su puesto de trabajo se vea envuelto en una endiablada espiral administrativa por la cual, de golpe, se encuentra en situación de irregularidad administrativa, él y su familia. Es una barbaridad que debemos resolver y no creo que cueste tanto, si se quiere.

Hablando de familia, planteamos que se acabe con las restricciones absurdas e inhumanas que impiden a las personas inmigrantes vivir en familia y eso pasa por agilizar y flexibilizar los procesos de reagrupación familiar y por impulsar la Directiva 2003/86 de la Unión Europea. No nos podemos permitir más imágenes de un niño metido dentro de una maleta como consecuencia de la desesperación de un padre al cual le faltan 50 euros para poder justificar los ingresos necesarios para pedir la reagrupación familiar. No nos podemos permitir más situaciones de estas, no la imagen, sino la situación dramática que eso comporta. En ese sentido, planteamos un cambio en esas políticas como también en relación con ese doble rasero que significa que si eres trabajador pobre no consigues un permiso de residencia de trabajo y si eres un inversor rico puedas comprar ese permiso de residencia. Ese diferente trato que está dando el Gobierno español a esas personas no es propio de una sociedad civilizada. No nos podemos llamar civilizados mientras mantengamos ese tipo de comportamientos, mientras el Gobierno los mantenga, que demuestran que, además de ser xenófoba la política, es, sobre todo, clasista, es decir, de clase, claramente discriminatoria en función de la clase de las personas. Por supuesto, necesitamos cambiar los sistemas de concesión de la nacionalidad y facilitarlos y acabar con los test de integración, que, si no fueran cosas muy serias, serían objeto de los chistes de Lepe porque, la verdad, es imposible que a alguien se le pueda haber ocurrido hacer algunas de las preguntas que se están haciendo.

Termino. Respecto a los derechos civiles y políticos, señorías, quiero hacerles una llamada de atención. Son ustedes conscientes de que el siglo XIX supuso un avance importante al pasar del derecho de voto censitario, solo de propietarios, al derecho de voto por sufragio universal, de momento solo de hombres, porque era demasiado concedérselo a las mujeres. El siglo XX fue el del reconocimiento pleno del voto a las mujeres en algunos países donde estaba restringido al voto de las minorías. El siglo XXI es el siglo del reconocimiento del derecho a voto de las personas no en función de su nacionalidad, sino de su ciudadanía, de donde viven. Lo tenemos que entender y cuanto antes lo entendamos antes dejaremos de infligir sufrimientos innecesarios. ¿Tiene sentido que alguien que vive y trabaja entre nosotros, que paga impuestos, que está sometido a las leyes laborales, de sanidad y de educación, que se deciden en los parlamentos estatal, autonómicos o en las administraciones locales no pueda decidir quiénes son los representantes que acuerdan eso? La verdad es que no. En ese sentido, de la misma manera que ahora nos parece inconcebible que las mujeres no pudieran votar en buena parte del siglo XX o nos parece inconcebible que solo pudieran votar aquellos que tuvieran un determinado patrimonio, pronto va a ser inconcebible que se justifique que solo pueden votar aquellos que tienen la nacionalidad, dejando sin votar a aquellos que no la tienen, a pesar de que son ciudadanos de nuestro país. Por cierto, si alguien tiene dudas en estos momentos de qué es ser de derechas o qué es ser de izquierdas miren la historia. Ser de


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derechas era el voto censitario, ser de izquierdas era el sufragio universal; ser de derechas era impedir el voto de las mujeres, ser de izquierdas era reconocer el voto de las mujeres; ser de derechas hoy es negar el derecho de voto a los ciudadanos que no tienen la nacionalidad. (El señor Puche Rodríguez-Acosta pronuncia palabras que no se perciben). Por si alguien tiene alguna duda. Esa duda no la he abierto por usted, esa duda no va por ustedes porque sé que ustedes tienen muy claro lo que es ser de derechas, sobre todo eso. (El señor Puche Rodríguez-Acosta pronuncia palabras que no se perciben).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Esteve.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo piensa que esta moción de La Izquierda Plural y la intervención que ha hecho el señor Coscubiela son del todo oportunas, aunque en algunos aspectos no coincidamos. Trabajaremos hoy y mañana para poder votar afirmativamente.

Compartimos con ustedes -y a ello voy a dedicar mi intervención- la primera parte de su moción. La inmigración no es una cuestión militar ni de seguridad y el Gobierno está siendo completamente injusto e insolidario. Como ha dicho el señor Campuzano, hay millones de refugiados de la guerra de Siria y el Gobierno ha ofrecido 130 plazas, señor Coscubiela, en 2013, en 2014 y, probablemente, en 2015. Según datos de la ONU publicados a día de hoy, 100.000 seres humanos han cruzado el Mediterráneo y nosotros estamos ofreciendo 130 plazas para atender a estas personas que huyen de la guerra y del conflicto, que se juegan la vida y muchísimo más.

Pero hay otra cuestión que quiero señalar aquí y que tiene que ver con cómo se concibe el hecho migratorio. Es el lenguaje político que usted y sobre todo el ministro del Interior han utilizado. Es hiriente escuchar que rescatar personas que pierden la vida en el mar pueda crear efecto llamada. Es hiriente poner excusas como el paro para decir que no podemos acoger refugiados. ¡Pero si estamos hablando de refugio y asilo! Es otra cosa. Son personas que huyen de la muerte, insisto. La actitud de los países europeos -esta es otra- es la de mirar solo su ombligo y huir de su responsabilidad. Esto es completamente reprobable, pero la actitud del Gobierno español es además poco inteligente. Hoy es Italia la que más solidaridad necesita y no la encuentra. Pero, ¿qué pasa cuando la presión recae en nuestras fronteras, cuando recae en la valla? Entonces reclamamos ayuda de Marruecos y devoluciones en caliente, sin tener en cuenta el drama humanitario que hay detrás y sin darles la posibilidad de expresar su necesidad de asilo y refugio. No podemos ser solo un modelo de vallas y represión y considerar a los seres humanos desesperados como una mera mercancía a despreciar.

La política de la Unión Europea debe cambiar de enfoque, porque hablar de bombardear barcos en las orillas y tener como única propuesta esta, además de ser absurdo, es poco inteligente, insisto. Hay que hablar de cómo se reconstruyen los medios de vida y de qué hacemos para que esto no se produzca, porque algo tiene que ver Europa en esta situación. Es necesario un enfoque global, amplio, con soluciones de fondo. Necesitamos soluciones urgentes y prácticas para que el Mediterráneo no sea un mar de muerte. Los socialistas no somos críticos porque sí. Si el Gobierno nos llama, nos sentaremos -como creo que harán todos los grupos- para buscar una política en común que supere esta situación actual. Es necesario abordar soluciones con los países de la Unión Europea, de África y de Oriente Próximo, es necesario llevar todo este trabajo al más alto nivel, pero hay una realidad. Por supuesto, hay que luchar contra la inmigración irregular, contra las redes de tráfico y es necesario que redoblemos las medidas de cooperación para revertir las consecuencias de los conflictos y la falta de desarrollo, pero cuando el drama está en nuestras puertas, señorías del PP, primero la vida, primero la acogida, primero los derechos humanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

En un momento de emergencia humanitaria, con más de 50 millones de refugiados en todo el mundo, es realmente inexplicable que el ministro del Interior considere que el Estado español no puede acoger en


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dos años un porcentaje de refugiados que equivale a una persona por cada 11.000 habitantes, sobre todo si atendemos a los millones de refugiados que las guerras de Libia, Siria o Irak han generado, guerras que tan cerca están de nosotros y en las que, además, numerosos países de la Unión Europea han tenido protagonismo destacado.

Nos unimos a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y exigimos un cambio radical de las políticas adoptadas. Los movimientos fronterizos se deben, en su mayoría, a situaciones forzosas, tras las cuales existe sufrimiento y obligación de emigrar. Por tanto, creemos que se debería enfocar desde una perspectiva humanitaria y no económica, tal como vemos que sucede actualmente con políticas como las llamadas Golden Visa, aprobadas en 2013, mediante la Ley de Emprendedores, que agilizan la expedición de residencia en caso de solicitarse con la finalidad de invertir en ladrillo o en deuda o de montar una empresa, siendo el inmueble de más de 500.000 euros. Quizás cabría recordar al Gobierno qué convenios internacionales ha firmado y qué es un refugiado, que es ni más ni menos que una persona perseguida por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un determinado grupo social o por opiniones políticas. Por eso -acabo-, quiero remarcarles que el blindaje de la frontera, el rechazo y el endurecimiento del derecho a la solicitud del asilo no son el camino, señoras y señores del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, hago totalmente mías, con entusiasmo, las palabras de Esperança Esteve. Tanto Esperança como el portavoz de CiU vivieron conmigo en los años 2006 y 2007 la llegada de más de 80.000 personas a Canarias. Somos frontera sur de Europa, junto con Italia y con Grecia, y nos estamos equivocando. Nosotros tenemos que estar al lado de Italia y al lado de Grecia en este momento, no podemos estar en el otro lado, porque en cualquier momento podemos volver a tener lo que vivimos en Canarias. En este momento se está trabajando con el Gobierno de Mauritania, pero vamos a saber el qué. En la costa de Libia no hay 3.000 personas, como fuera de Ceuta y Melilla, hay entre 500.000 y un millón de personas que están dispuestas a cruzar porque no tienen nada que perder, ya que detrás queda la muerte, detrás queda el hambre y detrás no queda nada.

Nuestro país tiene que estar en este momento decididamente con Italia y con Grecia. Le digo al Gobierno una cosa: El mayor trabajo que se hizo en España fue con los menores inmigrantes no acompañados, uno de los principales problemas que tiene Italia. Tenemos los medios, tenemos los profesionales, tenemos la experiencia y tenemos los recursos. Ofrezcamos a Italia este tema, por ejemplo. Esto no afecta al empleo en la situación de crisis que tenemos. Seamos solidarios, porque dentro de nada nos vamos a ver en la misma situación. En aquel momento nosotros gritábamos a Europa diciéndoles que los inmigrantes -aparte del drama humanitario de los miles que se quedaban en el mar- no venían a Canarias ni a España, estaban saliendo de la muerte, del hambre y estaban viniendo a Europa. Este es un tema europeo. Ahora, de pronto, cambiamos el discurso y les decimos que a nosotros nos corresponden 5.000 o 3.000, que es nuestra cuota. ¿Pero qué es esto? Ese no era nuestro discurso, ni el del PP, ni el del PSOE, ni el de los nacionalistas de Convergència i Unió, ni el de Coalición Canaria en los años 2006 y 2007. Entonces se cerraron filas y hubo una actuación decidida en África de cooperación, diplomática y con toda Europa. Nos costó introducir ese mensaje en aquel momento. Pido reflexión y pido consenso político.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

A continuación, y también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señorías, Amaiur hace suya también esta moción, que refleja claramente que si existe un problema de extranjería en este Estado es precisamente aquel que están generando las medidas reaccionarias del Partido Popular, todas ellas contra personas que están demandando ayuda. Tengamos en cuenta que en este momento nos enfrentamos al mayor desplazamiento de personas en el mundo tras la II Guerra Mundial, y ante ello hay que actuar de manera global, pero también de buena fe, y no es lo que nos estamos encontrando aquí. El Gobierno está tratando esta


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cuestión no como un asunto de derechos o un asunto humanitario, sino como un asunto policial. Todos hemos visto terribles imágenes, como palizas en la valla de Melilla, muerte y tiros en la playa del Tarajal y expulsiones en caliente. Por si fuera poco, el Gobierno lleva toda la legislatura alentando un mensaje falso y peligroso, como es aquel del efecto llamada, del peligro de invasión y asalto, que lo único que está haciendo es aumentar la estigmatización, el racismo y la xenofobia contra personas que solo nos piden ayuda.

En lo referente a los solicitantes de asilo que están ya en el Estado, todo son trabas. Solicitar asilo es una odisea. Ustedes han llegado incluso a negar este derecho al solicitante de asilo saharaui Hassana Aalia, en peligro de muerte en Marruecos. Eso sí, a la vez han aprobado una ley para que millonarios extranjeros puedan acogerse a visados dorados en España.

Por último, hay que volver a repetir que las expulsiones sumarias o rechazos en frontera, como las califican ustedes, son ilegales según el derecho internacional y europeo. Así se lo han dicho el Consejo de Europa, la Unión Europea y la ONU, pero a ustedes les da igual. Creen que todos están equivocados excepto ustedes, ¿verdad? Casualmente, un hecho positivo, como es la apertura de oficinas de asilo en puestos de frontera, ha resultado inservible, ya que las fuerzas de seguridad marroquíes impiden la llegada de solicitantes subsaharianos a estas oficinas.

Acabo, señor presidente. En definitiva, en nuestra opinión, hay que cambiar radicalmente las políticas de extranjería en el Estado, y todo ello con arreglo a la legalidad, al sentido común y al humanitarismo. Señores del PP, dejen de premiar a vírgenes y a santos y hagan mayor dolor de los pecados y propósito de enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Tengo que felicitar al señor Coscubiela por la moción presentada por su grupo, bien confeccionada, y también por las reflexiones colaterales sobre lo que supone ser de izquierdas y de derechas hoy. Estas segundas merecen una adhesión menos entusiasta de mi grupo, por incorporar mayor confusión a la ya reinante sobre estas cuestiones y problemas de ubicación de unos y otros con esas reflexiones un tanto reduccionistas que ha realizado. En cualquier caso y al margen de estas circunstancias, tiene razón en cuanto a que no es humanitaria la política en materia de extranjería ni del Estado español ni de Europa. Es más, la política europea es muy débil. Resulta perverso que por los países de la Unión Europea se estén negociando cuotas de 40.000 personas, además infructuosamente. ¿Dónde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 14 dice que una persona que es perseguida por razones étnicas o religiosas, por conflictos o por razones humanitarias, y lo puede acreditar, debe ser objeto de reconocimiento de su condición de refugiado y se le debe proporcionar su derecho de asilo? ¿Dónde está este precepto? ¿Cómo lo hemos transfigurado y pervertido de esta manera, de forma que estamos negociando cuotas de 40.000 personas? ¿Cómo sabemos que son 40.000? ¿Cómo se puede predeterminar la cifra de refugiados, cuando estamos asistiendo al desplazamiento de millones de personas por conflictos bélicos, por persecuciones étnicas o por razones incluso humanitarias, vinculadas al hambre y a la falta de expectativas en sus lugares de vida? ¿Por qué son 40.000? ¿Cómo se puede hacer una predeterminación numérica tan precisa de esas características, que además tampoco se va a hacer porque no se va a conseguir? ¿Hasta qué punto es pacata y débil la política comunitaria en esta y en tantas otras materias? Así es muy difícil avanzar hacia la configuración de un espacio común europeo de carácter político; en todo caso de carácter económico, y mal también. Desde esa perspectiva, exigimos el cumplimiento de declaraciones universales suscritas por el Estado español y por todos los países de la Unión Europea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del año 2007, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del año 1952. Estas normas se están transfigurando, señor presidente, peligrosamente. Ya no basta con la invocación o acreditación de la persecución para obtener automáticamente el derecho de asilo, ahora hay que pertenecer a una cuota, negociada por criterios espurios, que no están vinculados a razones de persecución, ni de pertenencia a una etnia, a razones de orientación sexual, religiosa, etcétera. Se incumple también la legislación española, la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, y por lo tanto es muy importante su invocación respecto a la regeneración y al cumplimiento de esta ley. Cuando se pueden acreditar la circunstancias legitimantes del derecho de asilo, este se tiene que conceder; no está


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al albur de las autoridades administrativas de un Estado, se tiene que conceder inevitablemente cuando se acreditan. No se pueden acreditar por lo que usted dice, señor Coscubiela, porque les devuelven en cuanto aparecen por la frontera. ¿Quién puede acreditar estas condiciones, cuando hemos legalizado lo que hasta este momento, hasta la aprobación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, era un delito? Era un delito de deportación ilegal, que con esta ley se ha transfigurado en algo lícito y algo legal, que es la devolución en caliente, lo que eufemísticamente se llama rechazo en frontera y respecto de lo que el ministro del Interior -a pesar de sus importantes esfuerzos por explicar en qué consiste esta benemérita institución jurídica- no ha logrado convencernos a nosotros; no sé si a los de su propio grupo... Me temo que tampoco. ¿Amplíar el número de oficinas de asilo en todos los países fronterizos? Fundamental instrumentalmente. ¿Defender ante las instituciones europeas mecanismos eficaces de salvamento en el mar, donde están muriendo miles de personas porque no hay en este momento instrumentos para salvar la vida humana? El salvamento obligatorio en el mar ante una situación de riesgo inminente, que acaba con la vida de muchos migrantes está recogido como un derecho ancestral histórico. Reconocer esto es una obviedad, basta con pertenecer a una estructura política meramente civilizada, meramente humanitaria, para que se atienda a requerimientos de justicia material y de usos y costumbres que han existido siempre en la historia de la humanidad, incluso en países no democráticos, hasta en países fascistas han practicado este sistema de socorro. ¿Regularización por arraigo? El arraigo ha desaparecido de facto, no formalmente pero sí materialmente, de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Reagrupamiento familiar? Ha desaparecido materialmente de nuestro ordenamiento jurídico, aunque no formalmente; sigue estando en la ley, pero no conseguiremos regularizar una situación por la vía del reagrupamiento familiar si no modificamos la Directiva 2003/86, como usted bien pide. ¿Adquisición de la nacionalidad, de diez a cinco años? Ya se va a hacer con los sefardíes y con otros colectivos, ¿por qué no con extranjeros que en este momento invocan su condición de perseguidos por razones políticas, por razones étnicas, por razones de orientación sexual, por razones religiosas? ¿Por qué no con estos?

¿Eliminar el test de integración? Es que lo del test de integración es un chiste de Lepe. ¿Cómo se configura un test de integración metacultural en otro país? ¿Hay que hacer un curso de sevillanas o participar en un concurso de tortilla de patatas? ¿Cómo se identifica que una persona está metaculturalmente integrada y que por tanto está legitimada para formar parte de un colectivo humano diferente, un colectivo humano diferente solo porque pertenece a una Administración y a unas instituciones diferentes, no porque sea más humano aquel colectivo sobrevenido al que adviene?

Y en materia de derechos civiles, en materia de reciprocidad, a efectos del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a cerrar los centros de internamiento, la señora Esteve ha comentado cuáles son las características de nuestros centros de internamiento.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tengo que llamarle la atención sobre el tiempo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.

Le puedo asegurar, señor presidente, que hay centros penitenciarios en el Estado español con mejores prestaciones que los centros de internamiento para extranjeros que en este momento existen. Con esta situación, desde una perspectiva de civilidad, no se puede convivir.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, estamos ante algo que conviene llamar por su nombre, una crisis humanitaria; lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es una crisis humanitaria. Desde el punto de vista de mi grupo, se comprueba que las políticas del Gobierno no tienen corazón, pero les pedimos que por lo menos tengan cabeza. Lo que está ocurriendo es que el pasado año murieron 3.500 personas que trataban de llegar a Europa huyendo, en un 80 % de los casos -cifra de Frontex-, del conflicto, de la guerra y de la muerte segura. Algunos de esos sirios, por ejemplo, que se arriesgan en una aventura como esa, han declarado que prefieren arriesgarse a morir una vez cruzando el Mediterráneo a exponerse a morir varias veces al día en su propio país. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación límite, que pone a prueba -insisto- nuestro corazón como ciudadanos y como legisladores, pero también nuestra cabeza y la sensatez de las políticas


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que se aplican. El 80 % de esa gente que huye procede de países como Siria, Eritrea, Somalia o Afganistán y, por lo tanto, tienen derecho a una protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio.

Sin duda, somos conscientes de que la cuestión migratoria es un problema complejo y que hay que combinar políticas migratorias, políticas de cooperación, la propia política exterior y la acción diplomática; en muchos casos se trata de políticas cuyos efectos se ven en el largo plazo y todo esto está agravado porque ocurre en una frontera europea sobre la cual se pronuncian veintisiete países, cada uno con sus distintos intereses nacionales, casi siempre o a menudo antepuestos a los intereses comunes y a las soluciones humanitarias. Pero en medio de toda esa maraña, de toda esa complejidad de políticas, de intereses, de legislaciones, etcétera, emerge con bastante claridad la cuestión que urge abordar y que nos insta a abordar esta moción de La Izquierda Plural, y es que están muriendo miles de personas a las puertas de Europa ante nuestros ojos, y esos muertos, señorías, nos interpelan. Desde el punto de vista de mi grupo, no hay ninguna duda de cuál debe ser la prioridad de los Gobiernos europeos, que es algo tan sencillo como impedir que esa escandalosa cifra de muertos siga creciendo, primero, porque son vidas humanas las que se están perdiendo y, segundo, porque la pasividad ensucia nuestra conciencia de ciudadanos europeos. Sucede además que este aumento escalofriante de muertos no ocurre por casualidad, sino que está directamente relacionado en algunas ocasiones con causas lejanas -las guerras, los conflictos y el hambre-, pero también tienen causas muy cercanas y muy directas y decisiones políticas concretas que se han tomado desde nuestro país o desde las instituciones comunitarias, y mencionaré solo dos, solo las más evidentes. Se decidió suspender la operación de protección y rescate de personas Mare Nostrum y sustituirla por la operación Tritón, que tiene un mandato de control de fronteras. Se cambió radicalmente la política europea de proteger a las personas y rescatarlas en el mar por la de ver la manera de zafarse de ellas, y eso produce muertos directos, porque Mare Nostrum tenía competencias para acercarse a las fronteras del norte de África en busca de personas a las que salvar y Tritón no las tiene, por poner solo un ejemplo. La segunda decisión política que tiene consecuencias directas, que causa directamente muertos es el bloqueo, dificultar los procedimientos de llegada legal de personas que tienen derecho a una protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio; bloqueo por procedimientos tan poco civilizados como la valla que se ha construido en la frontera de Bulgaria y Turquía para impedir precisamente la llegada de refugiados sirios, o bloqueo por otra manera más sutil: la política que lleva a cabo este Gobierno de no cumplir con los cupos asignados, de comprometerse en sede parlamentaria -porque lo ha hecho a petición de mi grupo el ministro de Asuntos Exteriores- a aceptar más refugiados sirios e incumplirlo después de manera sistemática. Señorías, no solo estamos dejando morir a gente en el Mediterráneo, sino que también estamos permitiendo que toda la presión de quienes huyen de la guerra en Siria, por ejemplo, sea soportada por países limítrofes como Líbano o Jordania, convirtiendo a la zona en un polvorín aún mayor de lo que es. Estas decisiones de hoy también tendrán consecuencias mañana. Se trata de decisiones políticas que causan muertes y que no están justificadas desde ningún punto de vista por la presión migratoria, como a menudo nos quiere hacer creer el Gobierno. Daré solo un dato, cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística: en el año 2014, el saldo migratorio en España fue de 25.693 personas menos; es decir, no solamente no sufrimos presión migratoria, sino que es más la gente que sale de España que la que entra. Por tanto, no está justificado desde ningún punto de vista, salvo desde una absoluta cerrazón y dogmatismo ideológico, que se pongan tantas trabas a gente que merece el estatuto de refugiado, el estatuto de asilado, en suma una protección internacional. Creemos que es obligación de nuestro Gobierno cumplir los cupos pactados en la Comisión Europea con los socios europeos, establecer y buscar alianzas con países -también se ha dicho aquí- que sufren situaciones que nosotros podemos sufrir mañana, con los países con los que constituimos la frontera sur de Europa, como Italia y Grecia, e impulsar el restablecimiento de una misión europea de rescate y protección de personas, de salvamento, una misión como era Mare Nostrum, así como facilitar el asentamiento legal para evitar...

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, tiene usted que acabar.

La señora LOZANO DOMINGO: Termino en seguida, presidente.

Tenemos que facilitar que los asentamientos y la reubicación se hagan de forma legal y evitar así las entradas irregulares. Se trata, como decía al principio -termino-, no solamente de hacer política con el corazón, sino sobre todo de hacerla con la cabeza.

Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

La señora Oramas ha situado el debate en sus justos términos, desde la experiencia que vivió la ciudadanía de Canarias hace unos cuantos años. Esta una cuestión de dimensión europea y no puede haber respuesta sin aproximación europea, pero en estos tiempos la posición europea nos debe avergonzar, porque Europa tan solo tiene una aproximación de seguridad a esta cuestión, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la acogida de los refugiados que cruzan el Mediterráneo y parece que solo se pone de acuerdo en la intervención militar en Libia. Quizás deba intervenirse en Libia, pero todos sabemos que si hoy tan solo somos capaces de intervenir en Libia, pero no de gestionar conjuntamente los flujos migratorios, después quizás no sea Libia, pero serán Bulgaria o Grecia o podrán volver a ser las Islas Canarias. Nos parece imprescindible un enfoque distinto de Europa que asuma la dimensión de esa cuestión.

En segundo lugar -creo que lo decía el señor Coscubiela en su intervención-, no podemos hacer alarmismos con relación a los flujos migratorios y menos desde el Estado español, porque en cuanto a su dimensión, el flujo migratorio de carácter irregular en España en el contexto europeo es extremadamente pequeño. Por tanto, no generemos más preocupación entre la opinión pública.

Tercera cuestión. España debe asumir sus obligaciones, que son de dos tipos: las que nos corresponden como europeos -acoger aquellos refugiados que la Comisión ha propuesto y que para nuestra sociedad serían perfectamente asumibles- y, especialmente, hacer cumplir las leyes internacionales en Ceuta y en Melilla. Yo tuve la ocasión de estar hace muy pocas semanas en la frontera terrestre con Melilla y allí no se daban las condiciones de reconocimiento del derecho de asilo a las personas que provenían de Siria. En el CETI de Melilla, que es para unas 500 plazas, hace muy pocas semanas había más de 2.000 personas hacinadas, la mayoría de ellas, unas 1.500, sirias, y 200 menores de edad. Si eso no se desmoronaba era por la profesionalidad de los responsables que trabajaban en el CETI de Melilla. Ahí existen responsabilidades que no dependen de Europa, que dependen del Gobierno español y que no se están ejecutando seriamente.

Votaremos a favor de la moción que nos plantea el señor Coscubiela, aunque hay dos cuestiones que merecerían más reflexión que el debate de esta mañana: la reforma del acceso a la nacionalidad, un debate muy importante que en estos quince años de fenómeno migratorio no hemos abordado, y los centros de internamiento, donde la cuestión no es tanto si hay que cerrarlos o no, sino si tenemos un modelo alternativo a los CIE hoy existentes. Ahí invito a La Izquierda Plural y al señor Coscubiela a huir del titular y a entrar a fondo en la materia, donde las cuestiones son mucho más complejas y al mismo tiempo pueden ser más útiles en defensa de los derechos de las personas, y al mismo tiempo de una política de inmigración que sea coherente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Escobar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar con una cita -si me lo permiten, ya que el debate ha discurrido por el plano humanitario- de una de las mayores autoridades en el área del derecho humanitario, como es René Cassin. René Cassin decía -y nosotros lo compartimos- que nada humano nos es ajeno. Precisamente porque nada humano nos es ajeno entendemos que la dignidad de cualquier persona se tiene que proteger realmente desde la responsabilidad, y siempre bajo el amparo de la ley. Sin legalidad, sin responsabilidad, sin orden caeremos en el voluntarismo ineficaz o en un falso buenismo. La única política realmente efectiva en materia de inmigración, para que la inmigración sea integradora, ha de ser siempre regular. La solución, señores de La Izquierda Plural, no puede ser derribar fronteras, suprimir centros de internamiento, derogar leyes o conceder la nacionalidad para todos, dicho sea con todo el respeto. De esta forma nos acercaremos inevitablemente al fracaso social. Dicho de otra manera, los sentimientos no pueden sustituir a la legalidad, porque así ni ayudamos al inmigrante ni ayudamos a la sociedad que tiene que acogerlo.

Les voy a dar un testimonio personal; no me gusta, pero como estamos pocos diputados. Tengo la inmensa fortuna de echar una mano en un comedor social en Logroño, en Cocina Económica. Ahora mismo que se acerca la vendimia puedo decirles que de las 400 comidas diarias que repartimos en el


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comedor 300 son a inmigrantes, en números redondos. Les puedo asegurar que al inmigrante se le ayuda con el empleo, se le ayuda con la atención, con los programas que hay en marcha, pero como no se le ayuda es con la demagogia, con todo el cariño lo digo. Como no se le ayuda es desde la demagogia, y en ese sentido quiero decir que la solidaridad se practica, pero no se exhibe con grandes discursos, creo que hay que hacerlo de otra manera. Por eso digo que estamos ante un problema global, un problema profundo que ni más ni menos supone que 232 millones de personas en todo el mundo cambien de país empujadas por diferentes motivos. La vertiente humanitaria claro que es fundamental, pero también lo debe ser la seguridad o la propia soberanía. En este contexto tengo que decirles que España es un país de acogida. Replicando a la portavoz de UPyD tengo que compartir un dato. De los 895.000 inmigrantes en 2004 hemos pasado a 5 millones en 2014 en España, el país que más ha crecido en número de inmigrantes. Añado más datos: 7.300 kilómetros de costa; Ceuta y Melilla son los pasos fronterizos más transitados de todo el mundo. Esta es nuestra realidad. ¿Eso qué ha hecho de nosotros, de este país? Un país de acogida. Y les voy a dar dos datos. ¿Hasta qué punto podemos estar satisfechos todos los españoles de la labor que se viene haciendo entre todos los Gobiernos, que no digo que sea mérito del Partido Popular, sino de todos los Gobiernos? El 80 % de los hijos de inmigrantes se siente español. Eso no pasa en ningún país de Europa. Según el centro Pew Research el sentimiento de rechazo es de los menores de toda Europa. ¿Eso a dónde nos lleva? A decir que la política de inmigración en España es un éxito colectivo. Para que siga siendo así los proyectos se tienen que seguir haciendo con responsabilidad, pero también con legalidad. ¿En qué se basa la legalidad? En cuatro ejes: prevención en origen, cooperación operativa, lucha contra las redes de tráfico, y mejora en la gestión de fronteras. ¿Cuál es el principal instrumento? Agenda Migratoria Europea, que se aprobó el pasado 13 de mayo en la Unión Europea, y que es la que estamos defendiendo desde España en el G-6, en las reuniones bilaterales, en Mauritania por el ministro del Interior, en Marruecos, en Níger, en Chad, etcétera. Les recuerdo que el mayor flujo desgraciado -digo desgraciado porque lamentablemente muchas personas murieron- se produjo en España en los años 2005 y 2006, con la llamada crisis de los cayucos. Llegaron 38.000 personas -la señora Oramas lo ha dicho- a Canarias. A partir de esas situaciones España ha aprendido y hemos reducido en un 90 % el tráfico ilegal en el Atlántico, pero todo es poco, porque no se pueden poner puertas al campo y mucho menos al mar, valga el refrán, y por ello impulsamos una agenda europea sobre migraciones.

En lo que respecta al asilo -señor presidente, le pido, por favor, un poco de clemencia en el uso del tiempo- me parece importante compartir con ustedes este dato: España felizmente para todos sigue siendo un país de asilo. Se ha incrementado esta protección en un 40 %. Hemos pasado de 2.588 en 2012 a 5.845 en el 2014, y para quien se haya quejado de que aquí no hemos tenido sensibilidad con el desplazado de Siria hay que decir que todas las solicitudes de protección de nacionales sirios han sido admitidas. Las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla han contado incluso con la propia Agencia Europea de Apoyo al Asilo, dando formación a los responsables. Por cierto que hay que decir que esas oficinas tienen cobertura legal gracias a la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la que ha sido tan criticada por parte de la izquierda. Esa ley brinda ahora mismo esa protección para aquel que pueda ser objeto de la protección de asilo, y por eso tenemos que decir que España es profundamente solidaria. La residencia temporal, señorías, gracias a la Ley de Extranjería de la Administración socialista, se contempla con un régimen mucho más amplio que en la propia directiva europea. Es decir, somos más generosos en la aplicación de la directiva. Los tiempos de expediente se han reducido en un 60 %, las devoluciones, expulsiones y denegaciones en entrada se han reducido en un 20 % respecto al año 2013, y en un 15 % las expulsiones, y de todas ellas el 80 % -para que pongamos cada cosa en su justa medida- son personas que están en situación irregular y con antecedentes. Es una mención importante a la labor de los centros de internamiento, porque ustedes proponen simple y llanamente cerrarlos.

El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, le he dado unos minutos y tiene usted que acabar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Como me ha felicitado, pensaba que...

El señor PRESIDENTE: El regalo de cumpleaños era de dos minutos, pero ya han pasado.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Los cumpliré, señor presidente.

En cuanto a la participación política, por acotar también esta cuestión importante, diré que España ha mantenido siempre una vocación de incorporar, de mejorar, y de facilitar la participación política. Ya se ha


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hecho con la modificación de la Constitución, pero por otra parte, como ustedes saben perfectamente, tenemos ahora mismo convenios de reciprocidad con doce países, y eso va en aumento.

Acabo inevitablemente con esa referencia que dolorosamente siempre se produce cuando se habla de la defensa de nuestras fronteras, y es lo que ustedes llaman muy mal y muy deficientemente devolución en caliente, y que es rechazo en frontera. Es un procedimiento previo a la inadmisión, devolución o expulsión. Dicho de otra manera, señores de la izquierda, se trata de evitar ni más ni menos que la entrada ilegal, violenta y en grupo dentro del perímetro fronterizo, y siempre tratando de proteger la integridad física del que pretende asaltar la frontera. Esto es lo que contempla la modificación. Por otra parte eso también está en la ley que ustedes tanto criticaron: la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Señorías, solo cuando la inmigración se convierta en una opción, cuando la inmigración no sea un drama y no sea una necesidad, solo entonces habremos conseguido el éxito entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.

¿Señor Coscubiela, le ha presentado una enmienda la señora Esteve?

El señor COSCUBIELA CONESA: Sí. Estamos trabajando en la posibilidad de una enmienda transaccional que recogería algunas de las inquietudes planteadas. Intentaré que sean todas...

El señor PRESIDENTE: Tiene usted tiempo hasta mañana.

El señor COSCUBIELA CONESA: Intentaré que sean todas menos esa voluntad del Grupo Popular de llamar a los pobres inmigrantes. Son pobres, con independencia de dónde hayan nacido.

El señor PRESIDENTE: Eso ya lo redactará usted como le parezca. Muchas gracias, señor Coscubiela.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA RENOVAR Y ACTUALIZAR EL ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EN RELACIÓN CON EL "TRANSFUGUISMO". (Número de expediente 173/000218).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y actualizar el acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo. La defensa de la misma la hará el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que presentamos la semana pasada, y es suficientemente conocida en sus líneas generales y en sus detalles. Finalmente ha quedado reducida a tres puntos, en el primero de los cuales se insta al Gobierno y a los partidos políticos con representación institucional no solo parlamentaria, sino también municipal, en parlamentos autonómicos y en el Parlamento Europeo, a renovar y a actualizar el acuerdo sobre el transfuguismo del año 1998. En segundo lugar, se pide que el acuerdo sobre el transfuguismo se amplíe a cualquier institución representativa, es decir, al conjunto de los parlamentos más los ayuntamientos. Y en tercer lugar, la redacción original de la moción planteaba que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a acometer las reformas legales necesarias a fin de que aquellos representantes públicos elegidos por la lista de un partido no se pudieran pasar a otro partido con el cargo puesto, como se suele decir coloquialmente. A este punto el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que voy a aceptar, porque aunque no dice exactamente eso -ahora entraré en la reflexión sobre la cuestión de fondo, que es que ese cambio legal exigiría una reforma constitucional-, por lo menos, si se aprueban estos tres puntos, habría una avance, un progreso interesante en la oposición a ese fenómeno, que como dije en la anterior intervención es un verdadero cáncer, una patología de la democracia representativa, un fenómeno que junto con la corrupción, con la que está íntimamente relacionada, lleva a la deslegitimación de la política, de los partidos políticos, y de todo lo que supone el sistema institucional de la representación. La enmienda del Grupo Socialista, que aceptaremos en su literalidad, dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar en el seno del acuerdo sobre el transfuguismo todas las medidas que, respetando el contenido del derecho constitucional de participación política, puedan profundizar en la finalidad de este acuerdo, es decir, promover medidas para que sea respetada la voluntad de los


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ciudadanos manifestada en las elecciones, en cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático, así como a evaluar la aplicación de las ya acordadas.

Dicho esto querría hacer una reflexión más política, más de fondo sobre algo a lo que hay que prestar más atención que la meramente anecdótica. El problema del transfuguismo no afecta solamente a determinados cargos públicos elegidos en elecciones, sobre todo a concejales. Como ya se ha dicho aquí, ha sido un fenómeno que en los últimos años afectaba especialmente a los ayuntamientos, y en ese sentido el acuerdo actual había conseguido algunos progresos que no negamos, pero hay un problema de fondo que tiene que ver con la indudable deslegitimación que el sistema representativo como tal, es decir, la democracia basada en representantes públicos elegidos bajo determinadas condiciones y con determinadas competencias, ha sufrido en los últimos años no solo en España, sino en general en muchos países democráticos. Una de las consecuencias como es sabido de ese fenómeno, del transfuguismo, y de esa pérdida de legitimación, es justamente la idea de que los partidos políticos -nuevos o viejos, pero partidos políticos en el sentido moderno del término- se han ido convirtiendo en poco menos que sindicatos de intereses, cuya única función es traicionar la palabra dada a sus electores, y hacer a sus espaldas todo tipo de acuerdos. Esto va más allá de la propuesta sobre transfuguismo que hemos planteado en esta moción; sin embargo está en el fondo de la reflexión. Lo que mi grupo pretende con esta moción es devolver por lo menos desde las instituciones al sistema de democracia representativa parte de la legitimidad de ejercicio que ha perdido, y ha perdido parte de esa legitimidad de ejercicio precisamente por un ejercicio viciado, basado en pactos opacos, en acuerdos que no corresponden a lo que se presentó como programa en las elecciones, a la práctica extendida de entender que la representación política es al final un bien privado que está en manos del partido, o lo que es todavía peor, en manos de determinados sujetos, que son los tránsfugas.

Sabemos que la dificultad constitucional existente en España para aplicar medidas más contundentes contra el transfuguismo es la prohibición del mandato imperativo. Esto tiene también su interés. El mandato imperativo se prohibió -con razón, pero no sin contradicción- por dos razones esenciales. En primer lugar, porque una democracia deliberativa -las democracias representativas lo son o pretenden serlo- no puede funcionar con delegados revocables que están sometidos a un mandato de sus electores, y que funcionan en realidad como delegados y no como representantes. ¿Por qué? Porque la deliberación no puede prever ni anticipar todos los puntos que van a ser sometidos a controversia y a votación, ni tampoco hasta dónde llegará la discusión. Evidentemente un sistema de delegados representativos, que es típico de una democracia asamblearia, acaba llevando tarde o temprano al fracaso de la democracia representativa; y esto se trató de paliar o evitar prohibiendo el mandato imperativo. En segundo lugar, porque la democracia representativa también parte de la premisa de que los representantes públicos -nosotros- tienen que tener una amplia libertad deliberativa para la toma de acuerdos, que en nuestro grupo pensamos que tienen que ser libres, con dos condiciones únicamente: por supuesto que sean legales, y sobre todo que sean públicos y se conozcan previamente, durante su deliberación, y después cuando se firmen.

¿Cuál es el problema que tenía este sistema de democracia representativa tal y como se planteó en el siglo XIX? Pues que en realidad partía de una cierta ficción: la ficción de que somos representantes de la nación entendida como una comunidad política en cuyo seno no había grandes diferencias, y por eso a través de la deliberación se podía llegar al interés general. Como esto no es así, aparecieron los partidos políticos, que como se sabe son posteriores a la aparición de la democracia. Los partidos políticos tenemos un compromiso con nuestros electores de que vamos no solo a deliberar y a representarles, sino de que también vamos a hacer una tercera cosa igual de importante, que es defender y mantener el ideario del partido político -por el cual recibimos buena parte de nuestro apoyo electoral-, y vamos a mantener y a defender aquí el programa que hemos llevado a las elecciones. Ya sabemos que después eso tiene que tener unos amplios márgenes de flexibilidad y pragmatismo en la aplicación, pero el principio original -aunque por desgracia se traiciona a menudo, y eso ha llevado a la crisis de legitimación de ejercicio a la que me refería- no lo discute nadie. Los partidos políticos tienen que defender su programa y tienen que ser fieles y leales al ideario por el cual son votados por su electorado.

El transfuguismo precisamente aparece en esta contradicción entre la existencia de partidos políticos, que sí tienen una especie de relación imperativa con sus electores, que es un compromiso explícito -aunque no es un contrato legal, lo es desde luego moral- a defender un ideario, y el hecho de que los representantes, al no tener mandato imperativo, parece que están eximidos de esa obligación.


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Por ahí se cuela el transfuguismo, con este tipo de sujetos corruptos -que es lo que son- que corrompen el sistema representativo, y asumen su cargo público como un mandato personal, cuando no lo es, porque han ido en una lista de un partido político; y no digamos nada si es, como es el caso de España, en un sistema de listas cerradas, con la excepción relativa de las listas para el Senado.

En fin, lo que pretendemos es que esta moción y otras que en el futuro pudieran discutirse vayan a profundizar en algo que tiene la mayor importancia, y que -insisto- es la defensa de la democracia representativa como el sistema político mejor para las sociedades complejas en las que vivimos; cualquier otra alternativa suele ser por lo general peor, y a veces perversa. El transfuguismo tiene aquí no solamente un valor de importancia legal para mantener -como se ha dicho y todos los grupos han repetido en sus intervenciones- el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, sino que tiene otro valor importante, que es el de la ejemplaridad. Un tránsfuga debería ser siempre un paria político en todas las instituciones. Para eso pensamos que no es suficiente con un código de buena conducta, pero en este caso hemos aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque por lo menos nos contentaríamos con mejorar el actual y ampliarlo al conjunto de las instituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Como muy bien ha dicho el propio diputado, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Castellano.

La señora CASTELLANO RAMÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre el acuerdo en materia de transfuguismo. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que ahora explicaré, pero vaya por delante nuestro acuerdo con las líneas generales de la moción. Coincidimos en la necesidad de renovar y actualizar un acuerdo suscrito en 1998, cuya última revisión fue ya en 2006. Es cierto que los casos de transfuguismo se dan en una cifra cada vez menor no solo porque afortunadamente hoy podemos decir que la reprobación generalizada de esta práctica es algo que ha ido calando en nuestra cultura democrática, sino también debido a que esta cuestión quedó resuelta en gran medida con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo en 2011, gracias al esfuerzo de todos los grupos políticos de la Cámara. En dicha ley, en el artículo 197.1.a) se establece que en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o hubiera formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se vería incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. De esta manera se produce un doble efecto: por un lado, se desincentiva la comisión de transfuguismo, y por otro, se elimina de facto la posibilidad de llevarlo a cabo en el momento de la moción de censura. Sin embargo es cierto que el problema del transfuguismo va mucho más allá de la moción de censura, y que no debemos olvidar que esta es una exigencia de los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia los poderes públicos, velar por la total erradicación de esta práctica en todas las instituciones públicas, porque esta práctica solo contribuye a minar la desafección de la gente por la política, a minar la credibilidad y la calidad del sistema representativo. Por ello nuestra obligación es seguir trabajando, revisando y actualizando este tipo de acuerdos.

Coincidimos también en la necesidad de ampliar la vigencia del acuerdo actual en las instituciones representativas, pues sabemos que no se da solamente en el ámbito local, cuya incidencia puede ser mayor, sino que puede darse en cualquier ámbito -Congreso, Senado o parlamentos autonómicos-, que también debieran verse afectados por la eficacia de esta medida. Además en un momento político como el actual, de renovación, de cambio, en el que ha habido un número de fuerzas emergentes que han entrado con representación institucional, sería deseable, sería aconsejable que estas nuevas fuerzas entraran como partícipes y firmantes de este pacto contra el transfuguismo.

Dicho esto no podemos olvidar que nuestro sistema es una democracia representativa; lo esencial para que una persona represente legítimamente a otra es la confianza que se otorga de representante a representado. La confianza es la clave de la auténtica representatividad. En el mundo político, por el mismo índole de los asuntos a tomar, es decir, por tratarse de asuntos generales, de interés general, el representante es mucho más que un gestor, puesto que no tiene un mandato concreto para un asunto concreto; de ahí la prohibición constitucional de mandato imperativo, que convertiría a los representantes en delegados o a los diputados en procuradores. El representante político tiene que vérselas con asuntos impensados, con circunstancias nuevas, y no puede desempeñar su papel si los representados limitan su


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ámbito de actuación. El vínculo que liga a representante y representado no es otro que la confianza. Ahora bien no podemos dejar de lado ni olvidar el papel de los partidos políticos en este aspecto. Hay que ser conscientes de que cuando los ciudadanos y las ciudadanas en el momento de ejercer su derecho al voto no solo votan a una candidatura o a unos determinados representantes, sino que lo hacen porque dichos representantes han adquirido explícitamente el compromiso de llevar a cabo el ideario político y programático de un determinado partido; es decir, a la hora de depositar su confianza la ciudadanía lo hace en una candidatura, sí, pero también en un partido político. En palabras de Kelsen: la democracia solo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos. Con esto quiero poner de manifiesto el íntimo vínculo que existe entre elector y elegido, pero también entre el tercer firmante de ese pacto democrático, que no es otro que los partidos políticos. Por ello la ciudadanía tiene una expectativa que no ha de verse defraudada sobre el deber de entendimiento y lealtad que ha de regir entre un partido político y la candidatura que este presenta a las elecciones, puesto que cuando el votante ejerce su derecho designa a su representante, sí, pero con la condición de que estos cumplieran su compromiso de hacer efectivo el programa electoral del partido con el que concurrieron a las elecciones.

Por tanto cuando se produce un caso de transfuguismo, además hay una profunda quiebra del sistema, de la confianza, de la lealtad y de la coherencia que la gente espera de sus representantes. La quiebra se produce de cara a un partido, es cierto, pero sobre todo de cara a una ciudadanía que se siente estafada, siente no haber depositado su confianza en personas que lo único que desean es mejorar sus expectativas de futuro, sin que realmente existan auténticas motivaciones ideológicas. Con el transfuguismo se pierde la vocación de servicio público, que es la que ha de guiar toda actuación de los cargos electos. Además es nefasta en otros muchos aspectos: falsea la representación política, debilita el sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad y la estabilidad, favorece la corrupción y deteriora gravemente la cultura y la calidad democráticas. Por muy deleznable que sea esta práctica, no debemos olvidar que lo que se propone en el punto 3 de la moción da de bruces con lo establecido en la Constitución, que prohíbe explícitamente el mandato imperativo en su artículo 67.2. Choca también con la doctrina establecida hasta el momento por el Tribunal Constitucional, que si bien reconoce la función de los partidos políticos, no lo hace como titulares del derecho mismo a la participación, sino como instrumentos fundamentales que son para hacerla posible, concurriendo, como la Constitución quiere, a la formación y manifestación de la voluntad popular. Los casos más emblemáticos en esta materia fueron objeto de dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 5/1983 y la 10/1983, en las cuales se declaró inconstitucional el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, que preveía precisamente lo que se pide en el punto 3 de esta moción: la pérdida de condición de concejal a quien dejara de pertenecer a un partido por el cual fue elegido. El tribunal declara inconstitucional este precepto diciendo que, una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares por tanto de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado en el sentido más amplio del término. He aquí el porqué de nuestra enmienda. Lo que venimos a decir es que desde el Partido Socialista desde luego impulsará todas aquellas medidas dirigidas a mejorar nuestra salud y calidad democráticas, porque no en vano tenemos un compromiso con la transparencia, con la ética, y con el servicio público, valores en los que creemos firmemente, y que haremos todo lo posible por salvaguardar en todas y cada una de las instituciones en las que tengamos representación, pero desde luego nunca lo haremos perdiendo de vista derechos fundamentales como el de la participación política.

El señor PRESIDENTE: Señora Castellano, tiene usted que terminar.

La señora CASTELLANO RAMÓN: Por ello pedimos que se busquen todas las vías posibles para desterrar comportamientos tan lamentables de todas las instituciones públicas, pero desde luego compatibilizándolo con las leyes y lo establecido en la Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellano.

En turno de fijación de posiciones por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que estoy sorprendido de que suscite esta cuestión en estos momentos UPyD, porque, por una parte, siempre han defendido de forma entusiasta el sistema representativo, el mandato


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representativo. Siempre han subrayado eso -que no aparece en ningún sitio por cierto- de diputado nacional, porque se representa a toda la ciudadanía. Ahora nos traen, con un planteamiento diferente y con el que estoy de acuerdo, un problema, me da la sensación que interno que tienen en estos momentos, y de repente lo sacan cuando verdaderamente -tal y como ha dicho la anterior interviniente- la problemática del transfuguismo ha ido disminuyendo gracias a los acuerdos que se adoptaron entre los partidos políticos en 1998 y en 2006. Pero se ha ido más allá, se han dado pasos concretos con modificaciones legislativas, eliminando por ejemplo la posibilidad de que el transfuguismo influya, a través de un mecanismo de moción de censura, en cambios de gobierno, el tema de los no inscritos, se han tomado decisiones como la creación de comisiones de seguimiento no solo por parte de partidos políticos, sino en el caso de discrepancias la creación de una comisión independiente de expertos que pueda dilucidar casos dudosos; incluso hay un compromiso de los partidos políticos de no inclusión en listas electorales. Pero usted nos ha traído aquí un tema troncal con el que puedo estar de acuerdo, que es un problema evidente, el mandato representativo viene de la teoría democrática que se desarrolla sobre todo a lo largo del siglo XIX, nos hemos quedado con esos principios, pero los mecanismos a la hora del funcionamiento del parlamentarismo son absolutamente diferentes. Aparte de la teoría ha empezado a hablar -que es en definitiva lo que ha traído aquí- de la sustitución del mandato representativo por el denominado mandato ideológico, esto es, los candidatos que luego son elegidos están sujetos a un compromiso programático. Esto sinceramente no ha tenido mucho éxito en el derecho positivo constitucional de nuestro entorno, con excepciones, y la más remarcable fue la Constitución portuguesa después de la revolución. En su artículo 163.1 señalaba que perderían el mandato de diputados quienes se inscriban en un partido distinto de aquel por el que fueron elegidos. Además suprime específicamente toda mención a la prohibición de mandato imperativo. Por lo tanto, está admitiendo un mandato imperativo mediatizado, que sería lo que vendría en el programa y es lo que llamaríamos mandato ideológico. Con esa previsión puedo estar de acuerdo, pero para eso hay que cambiar el artículo 67.2 de la Constitución; no hay otra manera de hacerlo.

También hay que plantearse qué es un tránsfuga, porque tampoco vale que el que una persona cambie de partido político deba ser calificado inmediatamente como un tránsfuga. Todo el mundo tiene libertad de cambiar o de evolucionar en su pensamiento y, por lo tanto, hay que distinguir. Lo digo porque, quizá, con el acaloramiento de los sucesos que están ocurriendo alrededor de su formación política estos días, a veces se puedan confundir los términos. En mi opinión, un tránsfuga es quien constituye, mantiene o cambia mayorías de gobierno en instituciones públicas violando la voluntad que han manifestado los electores. Además, tal y como se dijo en uno de los acuerdos entre los partidos, no solo ellos, sino también aquellos que se beneficien de su conducta podrían ser calificados de tránsfugas y aplicarles los acuerdos que los partidos suscribieron. Insisto, eso sería un tránsfuga, el que se aprovecha del cargo político, de la posición que ha obtenido bajo un mandato programático diferente. Otra cosa es que alguien pueda cambiar de ideología o de partido político o de planteamiento. Por lo tanto, no todos los que cambian son tránsfugas.

Insisto, hay que cambiar la Constitución. Yo no me opondría a que hubiera de nuevo una reunión de la Comisión de seguimiento y poder renovar los pactos, pero creo que lo aprobado hasta el momento ha dado sus frutos también legislativamente. No estoy de acuerdo en que solo se aplique en materia municipal. Es cierto que ahí se han producido los cambios legislativos básicamente, pero creo que el acuerdo -y más en estos tiempos que corren- alcanza a todos los ámbitos a nivel estatal, autonómico y local. Ahora bien, lo que no puede hacer este Parlamento es influir en lo que suceda en el Parlamento Europeo. Evidentemente, allí tendrán que presentar ustedes las iniciativas pertinentes y ver cómo se puede enfocar en ese ámbito. Yo creo que esto sí está básicamente encauzado y no creo que haga falta inventar nada, sino mantener los compromisos y los acuerdos a que cada partido haya llegado, y eso es algo a lo que no nos opondremos. ¿Que en un momento determinado de modificación constitucional -que espero que venga próximamente- debamos plantearnos la modificación del artículo 67.2? Pues ahí contará también con nuestro voto.

Muchas gracias por su generosidad, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa. Estamos de acuerdo con la idea de que el transfuguismo sea perseguido, regulado y se refuercen los mecanismos para su control. Pero también es


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cierto que el debate hoy en día, a diferencia de unos años atrás, ha tomado una nueva dimensión. ¿Dónde? Evidentemente, el problema del transfuguismo sigue siendo un problema. No renunciamos a la regulación y a la ampliación de la gestión de ese concepto, pero es verdad que hoy podríamos estar hablando de una especie de ley de calidad democrática que regulase y ambicionase abordar más aspectos que no sean solo el transfuguismo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que hoy algunos de los problemas que tenemos, por ejemplo, son problemas de nuestra actual Ley Electoral, porque no todos los votos valen lo mismo en España. Hoy el problema que tenemos es la financiación de los partidos, el sistema de partidos, porque durante décadas en este país ha habido partidos que se han presentado y han ganado elecciones financiando sus campañas electorales con cajas B, y eso es un dato objetivo. Por tanto, eso es también un problema político. O, por ejemplo, que hoy los españoles que residen fuera de España no puedan votar. Quiero decir que cuando hablamos de calidad democrática y de transfuguismo no podemos olvidar hablar y abordar estos otros temas, ya que algunos de ellos han pasado a primera línea, incluso por delante del problema del transfuguismo y, por tanto, son aún más urgentes. Creo que vale la pena tratar este asunto.

Vuelvo a repetir que cuando salimos de la Transición el sistema de partidos políticos era un gran avance democrático, porque pasamos de no poder hacer política en partidos a poder hacer política y desarrollarnos democráticamente mediante partidos políticos. Sin embargo, treinta y cinco años después hay que decir también que hoy el sistema de partidos se ha convertido en un sistema que presenta signos de esclerosis y que debe ser reformado. Evidentemente, las nuevas formas de hacer política, los nuevos partidos políticos y los nuevos actores políticos que no son partidos nos lo están diciendo cada día y debemos hacer una reflexión en torno a eso. Por tanto, el propio concepto de transfuguismo se modifica también aquí y adquiere más elementos. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de transfuguismo cuando hay partidos políticos que presentan un programa y después hacen una política distinta al programa con el que se han presentado a las elecciones. Yo pregunto: ¿eso qué es? Le podemos buscar una palabra. Pero ¿qué es eso?, ¿qué es el incumplimiento del compromiso electoral? O cuando se toman decisiones políticas inducidas por actores políticos no democráticos y no elegidos democráticamente como, por ejemplo, la troika. Hay países europeos, en el caso de España también con el rescate bancario, donde hemos aplicado un memorándum negociado inducido por actores políticos no democráticos. ¿Qué es eso? Ustedes pueden llamarlo transfuguismo o lo que crean conveniente. O, por ejemplo, hoy los cargos públicos no pueden ser ejercidos de la misma forma que hace tres, cuatro, cinco o diez años. Elementos de transparencia y de revocabilidad deben aparecer en la agenda política. Aunque no estemos hablando de elementos legales que estén incorporados en nuestro ordenamiento, ese debate debe de aparecer porque es una reclamación ciudadana. Hoy prácticamente en todos los debates electorales muchas formaciones nuevas y viejas empiezan por un código ético. Sin código ético no somos creíbles; en cambio, hay leyes y las estamos respetando. Pero hace falta más, más democracia, más transparencia, más compromisos. Por tanto, sí, reforcemos el tema de los compromisos contra el transfuguismo, pero no nos quedemos mirando el dedo, miremos la luna. El país está cambiando y nosotros debemos cambiar con el país, si no, el país nos cambiará a nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, aunque no es mi intención hacer leña del árbol que se está cayendo, es imposible no decir algunas cosas. Señor Gorriarán, está muy bien todo lo que ha dicho en la tribuna y puedo compartir algunas cosas, pero convendrá conmigo en que presentar iniciativas parlamentarias para dar respuesta a los problemas internos de la propia formación política no es lo más edificante, diría incluso que no es de las mejores prácticas que se han visto en esta Cámara. Ustedes responden a sus problemas internos proponiendo la pérdida de la representación institucional de los tránsfugas que cambien de partido político, como comentaba el señor Esteban también en su intervención. Señor Gorriarán, ¿ha pensado en algún momento que si estuviera vigente la propuesta que hacen en esta moción a lo mejor algún o alguna dirigente de su partido hubiera sido declarada tránsfuga allá por los años 2007 o 2008?

Señorías, en el punto 3 de la moción proponen una reforma legal para que un cargo público pierda automáticamente su condición si se integra en un partido distinto a aquel por el que fue elegido. Usted sabe perfectamente que esta propuesta es contraria a la jurisprudencia que desde el inicio de la democracia


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ha establecido el Tribunal Constitucional al señalar reiteradamente que el escaño pertenece al parlamentario o al concejal elegido y no al partido o formación política por cuya lista es elegido. Sabe bien que la base de este principio está en el artículo 67.2 de la Constitución, que establece que los miembros de las Cámaras no están ligados por mandato imperativo. Además, su propuesta es contraria al artículo 23 de nuestra Constitución. Están proponiendo que el Gobierno inicie una reforma constitucional en toda regla para dar respuesta a un problema interno de UPyD, y ya le digo que nosotros no vamos a apoyar esta propuesta interesada por su parte.

Ya sabemos que la acusación por transfuguismo suele utilizarse en los casos de escisiones y cismas en los partidos políticos. Eso es verdad y no es algo nuevo. Lo que sí es una novedad es que se hagan iniciativas parlamentarias como respuesta a esas escisiones o a esos abandonos. Señorías, el Pacto antitransfuguismo está vigente y, después del último acuerdo en 2011 entre el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, resulta más eficaz que nunca. Además, incorpora una propuesta que hizo el señor Bermúdez de Castro durante los trabajos que se llevaron a cabo en esta Cámara para exigir una mayoría reforzada en el caso de mociones de censura firmadas por un tránsfuga.

Se ha avanzado mucho en la lucha contra el transfuguismo desde que en 1998, y siendo precisamente ministro de Administraciones Públicas Mariano Rajoy, se firmara el Pacto antritransfuguismo, un pacto que después, como se ha comentado aquí esta mañana, ha sido ampliado y mejorado con dos adendas en los años 2000 y 2006, y al que se han incorporado fuerzas políticas que no lo suscribieron en su origen. Se trata, por tanto, de un pacto voluntario que compromete a los partidos que lo firman en cualquier institución en la que estén representados. Es decir, se puede aplicar perfectamente a las instituciones representativas a las que se refiere el texto de su moción, señor Gorriarán, sin necesidad de llevar a cabo ninguna modificación legal y sin necesidad de revisarlo.

Señorías, es posible reformar el pacto vigente, por supuesto, pero lo más importante es cumplirlo y, en todo caso, la revisión o la reforma corresponderían a la iniciativa de los partidos políticos o de los grupos y no al Gobierno. El pacto, como siempre, está abierto a todos; no se excluye a nadie, se puede incorporar quien quiera y cuando quiera. Ustedes mismos, señor Gorriarán, solicitaron su incorporación, cuando la solicitaron. Lo único que sé es que yo formaba parte de la Comisión de seguimiento del Pacto antitransfuguismo entre los años 2008 y 2011 y no les vi por allí, cuando podían haber estado perfectamente si hubieran querido. Seguramente, como insinuaba el señor Esteban, eran otros tiempos, tiempos en los que UPyD recibía incorporaciones de otros partidos y quizás no le interesaba suscribir ese pacto. Ustedes solicitaron su incorporación en septiembre de 2012; podían haberlo hecho antes, pero ustedes sabrán por qué lo hicieron cuando lo hicieron.

Señorías, nosotros estamos dispuestos a hablar, a que haya diálogo entre partidos, entre grupos parlamentarios, como siempre; estamos dispuestos a hacer en el marco de ese diálogo lo que siempre hemos hecho: propuestas para combatir el transfuguismo político, propuestas que puedan mejorar un pacto que sin duda ha sido muy útil para luchar contra esta conducta anómala, que es una forma de vulnerar -y hay otras formas, señora Castellano, y lo vamos a ver estos días- la voluntad popular expresada en las urnas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Martínez Gorriarán pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.

Señor Martínez Gorriarán, en efecto, ha habido una alusión directa a la actitud de su partido en otro momento. Para contestar a esa alusión, tiene dos minutos.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

El señor Tamarit ha afirmado -ni siquiera lo ha planteado como conjetura- que en mi partido hemos fichado a tránsfugas. Eso es absolutamente mentira; usted ha mentido. Nunca hemos tenido un tránsfuga, eso sí, se nos han ofrecido muchos, algunos de los cuales han acabado en el suyo, que sí que le gustan este tipo de prácticas. Más valdría que ustedes, antes de hablar de problemas internos de los demás partidos, se ocuparan de los suyos y, por ejemplo, colaboraran con la Guardia Civil en las investigaciones de los ayuntamientos gobernados por usted, que ayer hubo creo que veinte. Eso sí que es un problema grave para este país y para ustedes. (El señor Matarí Sáez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Matarí.


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El señor MATARÍ SÁEZ: Perdone, señor presidente, pero creo que no he dicho lo que dice el señor Gorriarán. No sé a qué se refiere exactamente. Pero, si quiere usted, podría haber dado explicaciones, por ejemplo, sobre esto: Imputan por estafa y falsificación al candidato de UPyD en relación con unas facturas de su joyería (Muestra una fotocopia), si es que quiere hablar de esos temas. Yo lo que he dicho es que si estuviera vigente la propuesta que ustedes hacen, a lo mejor, en los años 2007 y 2008 algún dirigente de su partido hubiera sido declarado tránsfuga. Es lo único que le he dicho. Y lo mantengo.

Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-La señora Díez González pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar este debate por concluido porque creo que se han explicado.

¿Se siente usted aludida personalmente, señora Díez? (Asentimiento). Entonces, tiene la palabra para responder a esa alusión personal suya, pero no para hablar de ninguna otra cosa, solo para que dé usted la explicación que le parezca a esa alusión personal suya.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hay dos cosas que pudren la democracia: la mentira y la cobardía. De las dos cosas ha hecho gala el portavoz...

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, no se trata de reabrir el debate. Usted se siente aludida personalmente. Para explicar por qué no tiene razón esa alusión personal, tiene usted la palabra. Si emplea su tiempo para entrar en el debate, le quitaré la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El señor Tamarit ha hablado de una dirigente en 2007 de Unión Progreso y Democracia, con la cobardía de no querer mencionarme. Mire, señor Tamarit, en el año 2007 esta diputada era militante del Partido Socialista. Dejó su acta -repito, dejó su acta- y después fundó un partido político. Eso no es transfuguismo. Lo suyo es transfuguismo y corrupción. (El señor Matarí Sáez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez, por ceñirse a este aspecto personal.

Para el mismo aspecto, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Señora Díaz, señora Díaz, no sé por qué usted se da por aludida. Lo único que digo es que ustedes, pudiendo haberse adherido al Pacto antitransfuguismo desde el año 2008 -usted ya era diputada en esta Cámara-, lo solicitaron y lo hicieron en septiembre de 2012. ¿Por qué? ¿Y por qué presentan ahora una iniciativa que podrían haber presentado hace algunos años? Porque entonces no les interesaba suscribir un pacto antitransfuguismo. Ahora que les afecta a ustedes es cuando lo hacen, señora Díaz. (La señora Díez González: ¡Díez, me apellido Díez! ¡Es usted un maleducado; grosero y maleducado!-El señor Bermúdez de Castro Fernández: ¡Y tú le has llamado Tamarit!).

El señor PRESIDENTE: Queda resuelto este incidente, que no tiene mayor recorrido. Luego pregunte usted por qué le llama Díaz y se lo contará.

Señor Martínez Gorriarán, le pregunto qué va a hacer con la enmienda de la señora Castellano.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como he dicho, aceptamos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se suspende la sesión.

Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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