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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 284, de 28/05/2015
cve: DSCD-10-PL-284
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 284
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 267
celebrada el jueves,
28 de mayo de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión en el orden del día ... (Página6)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 142-1, de 10 de abril de 2015. (Número de expediente 121/000142) ... (Página6)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado, y se adoptan otras medidas de carácter tributario. ("BOE" núm. 116, de 15 de mayo de 2015). (Número de expediente 130/000070) ... (Página6)

- Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. ("BOE" núm. 116, de 15 de mayo de 2015). (Número de expediente 130/000071) ... (Página20)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 127-1, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000127) ... (Página33)


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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 130-1, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 121/000130) ... (Página43)

- Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 131-1, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 121/000131) ... (Página43)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 147-1, de 30 de abril de 2015. (Número de expediente 121/000147) ... (Página56)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página69)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página69)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página69)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página70)

Votación de conjunto ... (Página71)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página71)

Votación de conjunto ... (Página73)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página73)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Votación de conjunto ... (Página77)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Avocación por el Pleno:

- Proyecto de ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 142-1, de 10 de abril de 2015. (Número de expediente 121/000142) ... (Página77)

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. (Número de expediente 121/000150) ... (Página78)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

Exclusión del orden del día ... (Página6)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página6)


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Proyecto de ley ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social ... (Página6)

La Presidencia informa a la Cámara de la retirada de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por lo que decae la iniciativa.

La Presidencia informa de que las votaciones no se realizarán antes de las dos de la tarde.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página6)

Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado, y se adoptan otras medidas de carácter tributario ... (Página69)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento ... (Página20)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmiendas del Senado ... (Página33)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ... (Página33)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte,


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del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra las señoras Vázquez Morillo y Romero Rodríguez.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página43)

Proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ... (Página43)

Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ... (Página43)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página56)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra ... (Página56)

En nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta el proyecto de ley a la Cámara.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y los señores Salvador Armendáriz, Baldoví Roda y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página69)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página69)

Sometida a votación urgente la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política fiscal contenida en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 y sus efectos sobre la desigualdad, se rechaza por 132 votos a favor y 178 en contra.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página69)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado, y se adoptan otras medidas de carácter tributario, se aprueba por 190 votos a favor más 2 votos telemáticos, 192; 10 en contra y 111 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 132 votos a favor y 179 en contra más 2 votos telemáticos, 181.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento, se aprueba por 180 votos a favor más 2 votos telemáticos, 182; 127 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 303 votos a favor, 2 en contra más 1 voto telemático, 3, y 3 abstenciones.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página70)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Votación de conjunto ... (Página71)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 182 votos a favor más 2 votos telemáticos, 184; 122 en contra y 3 abstenciones.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página71)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 181 votos a favor, 17 en contra y 113 abstenciones.

Votación de conjunto ... (Página73)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 183 votos a favor más 2 votos telemáticos, 185; 15 en contra y 113 abstenciones.

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 181 votos a favor, 26 en contra y 102 abstenciones.


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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Votación de conjunto ... (Página77)

Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, se aprueba por 288 votos a favor más 2 votos telemáticos, 290; 5 en contra y 14 abstenciones.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Avocación por el Pleno ... (Página77)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se rechaza por 131 votos a favor y 177 en contra más 2 votos telemáticos, 179.

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, se rechaza por 125 votos a favor, 178 en contra y 3 abstenciones.

Se levanta la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.

Se reanuda a la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORDENADORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000142).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Quiero informar a sus señorías de que el punto XI, debate de totalidad de iniciativas legislativas, proyecto de ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no se debatirá porque la enmienda a la totalidad ha sido retirada.

Por otro lado, dado que hay enmiendas del Senado respecto al proyecto de ley orgánica, prevemos que la votación no será antes de las dos de la tarde.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 6/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 55/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL CINE, SE CONCEDEN VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO. (Número de expediente 130/000070).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado, y se adoptan otras medidas de carácter tributario.


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Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Real Decreto-ley 6/2015, aprobado el pasado 14 de mayo por el Consejo de Ministros y cuya convalidación solicito hoy a la Cámara, tiene una doble finalidad: por un lado, autoriza la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un importe cercano a los 18.400 millones de euros, con los que se da respuesta a varias necesidades urgentes, la principal de las cuales es completar la aportación patrimonial del Estado al Fondo de financiación a comunidades autónomas. Por otro lado, se aprueban dos actuaciones concretas que el Gobierno califica de muy importantes y que tienen una innegable repercusión económica y social: la modificación del régimen de medidas de fomento del cine y la mejora del tratamiento fiscal para los contribuyentes por la comercialización de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Señorías, comenzaré explicando la aprobación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. El pasado 26 diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Este real decreto-ley creó el Fondo de financiación a comunidades autónomas, destinado a garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones autonómicas adheridas al mismo. Con cargo a este fondo se formalizarán operaciones de crédito con las comunidades autónomas para atender sus necesidades financieras.

Como saben ustedes, desde el comienzo de la actual legislatura el Gobierno impulsó una serie de mecanismos de financiación con los que ofrecer una liquidez adicional a las entidades territoriales que, debido a la situación de grave crisis económica y también al elevado déficit de las administraciones, estaban teniendo dificultades para sostener sus servicios públicos y pagar las facturas de los proveedores de estos servicios, fundamentalmente en el ámbito de la política social. Muchas de estas administraciones territoriales se encontraban con que los mercados les exigían el pago de unos intereses muy elevados para acceder a financiarse, e incluso en algunos casos las condiciones que les imponían eran tan estrictas que prácticamente equivalían a impedir el acceso a esa financiación. Estos mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno han permitido a lo largo de estos años a comunidades autónomas y ayuntamientos resolver en buena medida sus problemas de financiación, de manera que han podido sostener los servicios públicos, en concreto los servicios sociales, que prestan a los ciudadanos al tiempo que cumplían con sus compromisos financieros y comerciales. Para el día de hoy, 28 de mayo, está previsto un pago de mecanismos extraordinarios de liquidez a las comunidades autónomas de 954 millones de euros para el pago a proveedores. Además, en todos los casos las comunidades autónomas han obtenido importantes ahorros en las facturas de los intereses que han tenido que abonar, gracias a las favorables condiciones que les ofrecía el Estado frente a las que les demandaban los mercados financieros. Hay que recordar que solo el año pasado las comunidades que se acogieron a los mecanismos de liquidez se ahorraron 542 millones de euros en intereses, y que este año el ahorro adicional va a ser de 3.019 millones de euros gracias a las nuevas facilidades financieras que da el Estado.

El Fondo de financiación a comunidades autónomas, aprobado para este año, incide en mayor medida en las facilidades financieras y está abierto para todas las comunidades, de manera que cualquiera que lo solicite se podrá beneficiar de las favorables condiciones con que actualmente se financia el Tesoro, que consigue captar dinero a tipos históricamente bajos. Para realizar estas operaciones de crédito, tan favorables para las comunidades autónomas, el Real Decreto-ley de 26 de diciembre fijó una aportación patrimonial desde el presupuesto del Estado por importe de 38.869 millones de euros. Esta aportación patrimonial no pudo ser dotada en el momento de la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que es necesario tramitar durante el presente ejercicio las modificaciones de crédito precisas para que el fondo de financiación disponga de los recursos que le fueron asignados para el cumplimiento de sus fines. En el actual real decreto-ley estamos contemplando un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para completar la aportación patrimonial del Estado al Fondo de financiación a las comunidades autónomas de 17.817 millones de euros. También en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el real decreto-ley que presentamos para su convalidación incluye créditos extraordinarios en la sección 32 destinados a subvenciones para financiar inversiones de las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y La Rioja. En concreto, las subvenciones, que se materializarán preferentemente a través de


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convenios de colaboración, tendrán un importe de 84,8 millones en el caso de Galicia; 73,9 en el caso de Castilla y León y 9,9 en el caso de La Rioja. Estos incentivos están contemplados en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2014, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre. Con ello se compensa a comunidades autónomas que no han estado adheridas anteriormente al Fondo de liquidez autonómica y que ahora se suman al compartimento de facilidad financiera del Fondo de financiación a comunidades autónomas. En términos también generales, debo celebrar el buen cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el techo de deuda pública en estas comunidades.

Otro de los créditos extraordinarios destacados incluidos en este real-decreto ley es el destinado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar la VIII convocatoria de ayudas del conocido como Plan PIVE para la adquisición de vehículos más eficientes, tras haberse agotado en el mes de abril la asignación presupuestaria prevista para el Plan PIVE VII. El Plan PIVE ha tenido durante estos años una gran relevancia tanto en el ámbito de la modernización del parque automovilístico español, con la desaparición de los vehículos de mayor antigüedad y la puesta en circulación de otros menos contaminantes, así como la dinamización del sector del automóvil, que en este caso, y no es ningún tópico, está actuando como uno de los auténticos motores de nuestra economía y que ha pasado un periodo muy duro debido a la crisis económica. Con las siete ediciones anteriores se ha alcanzado el objetivo de sustituir alrededor de 886.000 vehículos antiguos por otros tantos coches nuevos, además de que tenemos que celebrar lo que significa la menor emisión de carburantes contaminantes para nuestro medio ambiente.

La lucha antiterrorista se incluye como uno de los objetivos prioritarios del presente decreto-ley. Este es el objeto de la concesión de un crédito extraordinario por importe de 10 millones de euros para el Ministerio del Interior, cuya finalidad es potenciar los medios destinados a la lucha contra el terrorismo de carácter yihadista. Europa entera está en alerta ante este fenómeno y, en España, la actuación policial está permitiendo y ha permitido desbaratar incluso la comisión de atentados. El Gobierno considera que ante la amenaza terrorista es necesario reforzar con urgencia los medios destinados a neutralizar, o al menos minimizar, los riesgos de acciones criminales contra nuestros ciudadanos, y con ese objetivo se aprueba este crédito extraordinario.

Por otra parte, también se incluye un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Fomento para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. El objetivo de este crédito, por importe de 9,6 millones de euros, es financiar los gastos extraordinarios que suponen hacer frente a la contaminación por escape de fuel procedente del buque factoría Oleg Naydenov, que se incendió y hundió en aguas canarias el pasado mes de abril.

En el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se aprueba un suplemento de crédito por importe de 16 millones de euros, con destino al Instituto de la Cinematografía para incrementar el Fondo de protección a la cinematografía. Este suplemento de crédito se une al aprobado el pasado mes de septiembre, por valor de 30 millones de euros, para realizar la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes producidos en el año 2012. Estas dos iniciativas, unidas a otras recientes como el aumento de incentivos fiscales a las producciones cinematográficas y a los montajes escénicos, o la modificación de ayudas a la cinematografía incluida en este mismo real-decreto ley, demuestran el interés del Gobierno por ayudar a esta industria cultural tan importante para nuestro país. -Ahora relataré también algunos de esos aspectos con mayor detalle.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recibe créditos extraordinarios por importe de 50,2 millones de euros para atender las necesidades que está provocando la sequía en las cuencas hidrográficas del Júcar y el Segura. La primera de estas cuencas recibirá 20,2 millones de euros para paliar los efectos que está provocando la falta de lluvias en el suministro de aguas, tanto para los abastecimientos a poblaciones como para las explotaciones agrícolas y ganaderas. La falta de precipitaciones en la demarcación del Segura también ha ocasionado que en la actualidad no se encuentren garantizadas las demandas de agua, por lo que el Gobierno destina 30 millones de euros para la puesta en marcha de medidas que palien esta situación.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Competitividad recibe suplementos de crédito por importe de 95,6 millones de euros para el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación. El objetivo de este dinero es la convocatoria de ayudas de fomento de la I+D+i para mantener nuestro nivel en este campo, como corresponde a uno de los países que, como España, aspira a estar en la vanguardia entre los más avanzados de la Unión Europea.


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Termino este capítulo recordando a la Cámara que tanto los créditos extraordinarios como los suplementos de crédito que se conceden se financian con deuda pública. Ello requiere la tramitación de una norma con rango de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, todos los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se aprueban en el Real Decreto-ley 6/2015, excepto el destinado al Fondo de financiación a comunidades autónomas, impactan en déficit por un importe total de 575 millones de euros.

Señorías, como les decía al inicio de mi intervención, este real decreto-ley que el Gobierno trae al Congreso para su convalidación tiene una segunda parte, que es la modificación del sistema de ayudas al cine y la mejora del tratamiento fiscal de los contribuyentes afectados por la comercialización de deuda subordinada y de participaciones preferentes. En lo que se refiere a la industria cinematográfica, estamos ante la apertura de un nuevo procedimiento y obviamente coincidimos todos en que la industria cinematográfica española es un sector que tiene un gran relieve a nivel internacional y que, como tal, contribuye a impulsar la marca España. Además, los rodajes que se realizan en nuestro territorio atraen inversiones extranjeras y difunden en el exterior una imagen propia del país, contribuyendo por supuesto a actividades tan fundamentales como es nuestro turismo. Por este motivo, en los últimos años la inversión en cine y cultura audiovisual se ha visto impulsada a través de una continua mejora de los incentivos fiscales. Con las leyes de presupuestos para los años 2012 y 2013 se prorrogó la vigencia de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas hasta el 1 de enero de 2015. A finales de octubre de 2013 se terminó por establecer la vigencia indefinida de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, manteniendo los porcentajes de deducción del 18 y 5 % y ampliando la base de la deducción incluyendo las copias y los gastos de publicidad y promoción que corran a cargo del productor. Con la reforma fiscal que ha entrado en vigor este año, la Ley de Impuesto de Sociedades no solo mantiene sino que incrementa la deducción por actividades destinadas a la producción cinematográfica. En concreto, se incrementa la deducción del 18 al 20 % para el primer millón de euros y se mantiene en el 18 % para el resto, en ambos casos, tanto para el productor como para el coproductor financiero; este último antes solo podía deducirse el 5 %. Esta medida, que obviamente se enmarca en la disminución del tipo de gravamen de sociedades, constituye un avance cualitativo de la deducción. Asimismo, la nueva redacción proporciona seguridad jurídica a todo el conjunto del sector. Adicionalmente, la Ley del Impuesto sobre Sociedades introduce una nueva deducción -no existía antes en España- del 15 % de los gastos realizados en territorio español por grandes rodajes internacionales, con el objeto de atraer este tipo de producciones para su realización en España.

Con este real decreto-ley se modifica el régimen de medidas de fomento que contempla la Ley del Cine del año 2007 y se sustituyen por una nueva Ley de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyecto, que convivirán con las tradicionales ayudas selectivas a proyectos y coordinándolas con el nuevo modelo de incentivos fiscales a la producción. Las nuevas ayudas permitirán la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante su desarrollo, tal y como venía demandando el sector, frente a las ayudas a la amortización que se convocan dos años después del estreno de la película y han demostrado ser ineficaces en época de restricción presupuestaria. Este cambio permitirá disminuir los costes financieros de las películas en más de un 15 % y destinar la ayuda directamente a la producción.

El real decreto-ley establece un periodo transitorio de tres años para dar seguridad financiera al sector, en el que coincidirán las convocatorias de las ayudas nuevas y las anteriores destinadas a la amortización. El nuevo régimen de ayudas directas reconoce el derecho a la subvención al inicio del proyecto. De esta manera, mejora la financiación de las empresas y reduce sus costes. La concesión de las subvenciones se someterá a un procedimiento de concurrencia competitiva basado en la ponderación de criterios objetivos, que primarán las producciones cuyo objetivo sea lograr una importante difusión y la búsqueda del éxito entre el público al que van dirigidas. Para ello se tendrán en cuenta criterios como la viabilidad económica y financiera del proyecto, sus posibilidades de difusión, la solvencia técnica de la empresa productora, la relevancia cultural española y europea del proyecto, el carácter innovador del proyecto y el impacto socioeconómico previsto de la inversión. En este sentido, se valorará el efecto dinamizador de la economía regional y la creación de empleo en el territorio nacional. Me gustaría destacar asimismo que el abono de estas ayudas se realizará mediante sucesivos pagos anticipados, que podrán extenderse en varios ejercicios presupuestarios y responderán al ritmo de ejecución de la producción. Además, la exigencia de reembolso de las ayudas estará en función de los resultados de la explotación de la obra audiovisual.


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Termino esta intervención, señorías, señalando que el real decreto-ley mejora el tratamiento fiscal dado en la reforma fiscal a los contribuyentes afectados por la comercialización de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Para ello, con efectos de 1 de enero de 2013, se introducen medidas destinadas a evitar los posibles perjuicios por motivos fiscales para los contribuyentes afectados por los acuerdos o por las sentencias que resuelven las controversias sobre esta materia, garantizando que el contribuyente pueda optar por todas las posibilidades de compensación entre rendimientos y pérdidas patrimoniales derivados de estas operaciones.

Señorías, este real decreto-ley que traemos para su convalidación por el Congreso da respuesta a un amplio abanico de necesidades de la economía española, que debe ser afrontado de manera urgente por el Gobierno. El contenido del mismo, desde las ayudas financieras a las comunidades autónomas referentes a la cinematografía, pasando por las distintas medidas contra la sequía, ayudas al automóvil, la lucha contra el terrorismo, las medidas contra la contaminación en aguas canarias, las actuaciones a favor de los preferentistas o los incentivos de I+D+i, reúne la suficiente importancia como para merecer el respaldo unánime de la Cámara.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, a los nacionalistas canarios nos parece muy importante la parte del real decreto en la que me voy a centrar, que es la del cine. En Canarias, en el Plan de diversificación de la economía, hemos hecho una apuesta importante por la industria del cine. Así, por un lado, en el régimen económico y fiscal que aprobó este Congreso de los Diputados con el visto bueno de Bruselas se han implantado unas medidas que refuerzan las aprobadas por el Gobierno de España entre el mes de enero, como ha dicho el ministro, y este real decreto sobre la financiación que debatimos hoy. Nosotros, con las medidas aprobadas en el sistema fiscal canario que suman un 20 % más de diferencial en relación con el resto del Estado, permitimos una actividad en la que en los últimos años Canarias ha tenido una importancia excepcional, no solo en las producciones internacionales sino también en las nacionales, por varias razones. Por un lado, por esas 4.800 horas de luz solar al año; por otro, por las localizaciones, ya que tenemos un pequeño continente en poca distancia y donde se han grabado desde paisajes como Serbia nevada en los montes de la Esperanza y de Las Mercedes, en Tenerife, hasta películas como Exodus en zonas de El Teide o de Fuerteventura, pasando por temas urbanos en la ciudad de La Laguna o en los cascos históricos. En este momento hay profesionales en Canarias que han podido estar a la altura de producciones internacionales. El interés que tiene Canarias es que el Gobierno de España tome en serio esas medidas fiscales excepcionales para que ayuden a su promoción internacional. Recientemente, el presidente del Gobierno de Canarias ha estado en Los Ángeles con las principales empresas productoras americanas presentando esas condiciones fiscales de Canarias. Nosotros creemos que es muy importante. No se trata de lo que ocurrió hace más de cincuenta años cuando se grabó Hace un millón de años, con Raquel Welch, en El Teide o Moby Dick en La Gomera, porque esos fueron hechos excepcionales. Nosotros tenemos que tener una industria estable, con profesionales y emprendedores canarios que en este momento están creando pequeñas industrias de suministros, que permita esa riqueza, esos millones de euros que supone esta industria, y no solo en puestos de trabajo, ya que tiene todavía más capacidad de crear empleo y, sobre todo, empleo estable y de calidad. También tenemos grandes profesionales de la animación. Y, en ese sentido, las medidas que vienen en el decreto van a permitir una financiación adecuada al sistema de financiación que necesita la industria del cine, porque van a sumar, como digo, las medidas fiscales en el impuesto sobre sociedades y las de deducción por inversiones a las de financiación, dando un impulso que reclamaba todo el sector audiovisual para ese objetivo de que Canarias sea una plataforma internacional. Por lo tanto, anuncio el voto a favor de las medidas del decreto, independientemente de que el resto de medidas, como el Plan PIVE y demás, nos parecen adecuadas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.


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El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.

Tengo el dudoso honor de debatir hoy, desde esta tribuna, en nombre de mi grupo parlamentario, UPyD, un real decreto sobre la Ley del Cine que tiene de preocupación por el cine el título del real decreto, porque, si atendemos a lo expuesto por el ministro Montoro, queda claro que no existe esa preocupación. ¿Por qué dudoso honor? Porque este real decreto-ley por la vía de urgencia es un real decreto trampa, un conjunto de retazos, una suerte de frankenstein legislativo hecho a trozos, partes de una cosa y de otra, que puede que tengan urgencia para el PP pero desde luego no para el sector del cine, que se queda otra vez sin una reforma legislativa de calado como la que viene demandando desde hace tiempo. Y vamos analizar las partes de este monstruo legislativo, urgente, que nos traen ustedes hoy aquí, señorías del PP.

El modelo de ayudas a la amortización de largometrajes establecido en la Ley del Cine y gestionado desde el ICAA estaba configurado como un sistema de subvenciones a posteriori, de modo que en un ejercicio determinado se estaban subvencionando inversiones realizadas dos años antes; es decir, primero se realizaba la actividad y después se justificaban los gastos, reconociendo los costes y, por último, se cobraba la ayuda. Para finalizar la ejecución del rodaje, se acudía a préstamos de entidades financieras cuyos intereses estaban a su vez parcialmente subvencionados por el ICAA. Este sistema era en esencia perverso, pues estaba basado en el incrementalismo presupuestario y el productor, sin ninguna garantía jurídico-presupuestaria, esperaba cobrar la ayuda atendiendo a recursos existentes en el ejercicio en el que se iniciaba el rodaje cuando realmente las subvenciones se cargarían contra el presupuesto de ejercicios posteriores. Si, como ha ocurrido con la crisis, el presupuesto dos años después era menor, había que acudir a la figura del prorrateo, reportando las ayudas que se esperaba obtener y dejando así al descubierto la inversión realizada dos años antes. Esa situación ha dado lugar a la aprobación por el Gobierno -a trancas y barrancas- de suplementos de crédito como el que establece el artículo 7 del real decreto-ley que nos ocupa. Además, la fórmula del cálculo de la subvención directamente proporcional a los ingresos por taquilla era cuestionable desde el punto de vista conceptual y daba lugar a fraudes de diversa índole, como vender entradas fantasma para incrementar los ingresos y así la subvención. Por tanto, la sustitución de este modelo por uno de ayudas a priori sobre el proyecto resulta técnicamente necesaria y dota al modelo de mayores garantías jurídico-presupuestarias. A partir de ahora, se concederá la ayuda antes de iniciar el proyecto, por lo que el productor sabrá de antemano con cuánto dinero cuenta. Además se realizarán pagos a cuenta, que deberían justificarse conforme avanza el desarrollo de la producción. También es positiva la previsión de que el ICAA y la Agencia Tributaria se coordinen para controlar el exceso de financiación sobre el límite de intensidad de la ayuda impuesto por la Unión Europea, pues deben sumarse las subvenciones directas y las deducciones fiscales del impuesto de sociedades a la hora de calcular dicha intensidad sobre el coste total del proyecto. No obstante, resta ver cómo se va a articular esta coordinación en la práctica.

Ahora bien, no puede venderse como cambio de modelo lo que en realidad es una mejora técnica del sistema, necesaria, como ya ha defendido UPyD en ocasiones anteriores, y un incremento de las medidas de coordinación. Si quisiera ayudar al sector del cine, el Gobierno tendría que haber aprovechado la ocasión para que de una vez se redujera el IVA aplicable a las entradas de cine y a otros espectáculos del 21 al 10 %, o incluso al superreducido del 4 %, medida que también es de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno debería modificar el régimen de la Seguridad Social para los artistas de forma que mejoren sus prestaciones de jubilación, incapacidad, baja médica y desempleo, o tendría que acometer una modificación fiscal y nuevas formas societarias que tengan en cuenta la irregularidad de los ingresos de los artistas. También debe complementarse el cambio de modelo con una mayor dotación de recursos presupuestarios no solo para cubrir deudas de ejercicios anteriores, sino también para que las nuevas ayudas sobre proyecto doten de verdadero músculo al cine nacional y lo hagan competitivo en el exterior, como revela el éxito de las políticas cinematográficas de nuestro país vecino, Francia.

Por último, respecto al cine, desde el punto de vista jurídico-presupuestario, debería delimitarse claramente la naturaleza de las subvenciones de explotación o de capital, ahora regulada en oscuros informes de la Intervención General del Estado, para determinar de una vez por todas la manera de contabilizar los ingresos obtenidos en la cuenta justificativa de las ayudas. Esto es lo que tendría que hacer el Gobierno del Partido Popular si realmente quisiera tomarse en serio el mundo del cine. Pero no contentos con no hacerlo, añaden a este real decreto-ley una serie de parches crediticios extraordinarios a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Publicas, del Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía y Competitividad y a la sección relativa a Otras relaciones financieras con entes territoriales. ¡Ahí es na, que


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diría aquél! Entre ayudas a comunidades autónomas, medios a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a las lucha antiterrorista, financiación de los gastos extraordinarios derivados del hundimiento del buque Oleg Naydenov, ayudas al Plan PIVE, al Plan de sequía de las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura y ayudas a la I+D+i, no sé si estoy leyendo una modificación menor e insuficiente de la Ley del Cine o un guión de una mala película de ciencia ficción, pero es que cuando ya pensaba que en este, como he dicho antes, frankenstein legislativo no podía sorprenderme nada más, me encuentro que la guinda del pastel, la escena tras los créditos finales, nunca mejor dicho, es que pretenden modificar la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas estableciendo en determinados supuestos mejoras para el tratamiento fiscal de los contribuyentes afectados por la comercialización, ¡ojo!, de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Es una suerte de 'continuará' de muy mal gusto. Señorías, su urgencia, como queda patente, no es el cine, no es la cultura y no es, en definitiva, hacer las cosas bien. Su urgencia es parchear mil problemas y situaciones a golpe de crédito extraordinario porque está a punto de terminar la legislatura y parece ser que estos temas se les habían quedado en el cajón almacenados y mezclados.

Termino. No van a contar con el voto favorable de UPyD en este monstruo legislativo, urgente, que parece sacado de una mala chistera más que de un Gobierno que se preocupe por la gente. Vamos a votar en contra de este real decreto-ley y pedimos que se tramite por separado, cada cosa en su tiempo, en su forma, en su proyecto correspondiente y con la seriedad que se merece.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lleonart.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo sobre el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan medidas de carácter tributario. Es un real decreto aprobado en plena campaña electoral, a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, utilizado con un oportunismo electoralista que afortunadamente, señor Montoro, no ha dado muchos resultados, pero que tan solo por eso ya merecería la abstención de mi grupo.

La norma aprueba créditos extraordinarios de naturaleza tan diversa, ya se ha dicho aquí, como las transferencia a las comunidades autónomas para el fomento, investigación, desarrollo e innovación, para la lucha antiterrorista, para los trabajos de salvamento del buque hundido en Canarias, por la sequía declarada en las cuencas del Júcar y del Segura y para el Plan PIVE 8. Aquí el Gobierno insiste una vez más en que este programa ya ha causado un impacto muy importante en términos de creación y mantenimiento del empleo en el sector así como en términos medioambientales y de mejora de la eficiencia energética. Ya nos dijo lo mismo en los siete planes anteriores y, por tanto, nosotros tenemos que decirle una vez más que no tenemos muy claro si en términos de empleo los recursos que se están destinando al programa PIVE no serían más productivos en otros sectores económicos. Sin embargo, sí tenemos muy claro lo irónico que resulta el Partido Popular cuando habla de política medioambiental y de eficiencia energética y resulta que este Gobierno ha puesto todo su empeño durante toda la legislatura en abandonar el impulso de las energías renovables, penalizando al sector e hipotecando de manera irresponsable el futuro energético de nuestro país a favor del oligopolio de las eléctricas, incumpliendo directivas europeas y destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

Además, se destinan 16 millones extras al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales encargado del reparto de las ayudas al cine cuyo formato cambia de forma sustancial. Reconocemos que con carácter general en el sector se han valorado muy positivamente las medidas que incorpora este real decreto-ley al modificar el régimen de ayudas denominadas a la amortización en la producción de cine presentes en la Ley de 2007 y sustituyéndolas por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyecto que convivirán, como bien ha dicho el señor ministro, con las tradicionales ayudas selectivas a proyectos. No obstante, parece evidente la necesidad de seguir trabajando de manera consensuada con el sector de cara a la aprobación del real decreto-ley y la orden de desarrollo del mismo, especialmente de cara a la fijación de los verdaderos criterios objetivables para la concesión de las ayudas anticipadas, y habida cuenta de que su determinación ha de atender aspectos que ya de por sí tienen una naturaleza muy difícil de concretar, como pueden ser la viabilidad económica y financiera del proyecto, la


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difusión, distribución y plan de marketing, la solvencia técnica del beneficiario, la relevancia cultural española y europea, el carácter innovador del proyecto o el impacto socioeconómico de la inversión en España.

Señor Montoro, llegan estas ayudas, a pesar del carácter de urgencia con el que se toman, tarde, tras años de arduas y tensas negociaciones con el sector y aun suponiendo un avance, como ya he dicho, solo proponen una modificación en lo relativo a las ayudas a la amortización cuando lo que realmente hace falta, y el Gobierno lo sabe aunque no lo quiera abordar, es un nuevo marco legal que sirva para plantear de manera integral un modelo que, a su vez, tenga en cuenta invertir más esfuerzos y recursos en la fase de promoción y distribución de las películas, abandonando el error de focalizarlo todo en la producción e instaurando, además, de manera paralela medidas para la educación sobre cine.

Podemos considerar, por tanto, esta como una medida parcial que por sí sola no será suficiente para paliar los daños ya sufridos por las nefastas políticas en cultura llevadas a cabo por el Gobierno en esta legislatura y que deja pendientes aspectos reclamados por el sector y tan necesarios como son la mejora del sistema de incentivos fiscales, igualándolos a los de otras cinematografías de nuestro entorno porque los que se han aprobado son claramente insuficientes. O como es la supresión de la subida del IVA y la aplicación del tipo reducido que sigue reclamándose de manera unánime por todo el sector y con el que el Gobierno ya nos ha dicho que no piensa ceder -lo dijo el presidente Rajoy el otro día-, a pesar de que la subida del IVA ha sido una de las medidas que más daño ha causado al sector por la bajada en el consumo cultural, la imposibilidad de crear nuevos contenidos, el cierre de locales y una importante pérdida de puestos de trabajo. En definitiva, termino, señorías, damos la bienvenida a estas ayudas tan necesarias para el cine en nuestro país, pero creemos que por sí solas solo son, más allá de su carácter electoralista, un parche que no solucionará el problema y que si realmente queremos abordarlo deberá de hacerse mediante un pacto de Estado por la cultura que incluya al cine como un factor de especial importancia. Pero para esto tendremos que esperar un poco más, ya no mucho. Solo es necesario que la ciudadanía hable de nuevo en las elecciones generales y nos permita configurar una nueva correlación de fuerzas en el arco parlamentario con el que encontrar el consenso que el Partido Popular ha negado durante la legislatura tanto en la cultura como en otros muchos temas.

Gracias, presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de Convergència y Unió tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, este es un día importante para el sector del cine y nos habría gustado que hubiéramos podido debatir ampliamente sobre esta cuestión hoy aquí, pero solamente sobre esta cuestión precisamente por la importancia de lo que supone este real decreto para el sector del cine. Por lo tanto, lamentamos que se mezclen tantas materias en un real decreto-ley que es de sumo interés para ese sector.

Dicho esto, y centrando ya el debate, desde Convergència i Unió estamos absolutamente convencidos de que el sector del cine es un sector estratégico que configura una parte fundamental de nuestra cultura, pero también es una parte básica de la economía: es un sector productivo que aporta valor añadido a la economía y tiene un fuerte potencial, tanto de presente como de futuro. Es, desde esta doble vertiente, desde la que mi grupo parlamentario defiende y está pendiente continuamente de este sector; y lo defiende con medidas de apoyo desde la Administración. Así, recuerdo que el pasado 4 de septiembre presentamos una interpelación al Gobierno sobre la situación de la industria cinematográfica y la necesidad de tomar medidas urgentes y políticas ambiciosas de apoyo al sector. Exigíamos la necesidad de un nuevo modelo de financiación del cine en el Estado español que se ajustara a aquello que negociaron el sector y los ministerios representados en la comisión para la financiación del cine, constituida -recordemos- en diciembre de 2012; desde el año 2012 se está hablando ya de esta cuestión. En aquella ocasión subrayábamos la situación extremadamente crítica que estaba viviendo el sector cinematográfico a causa de la crisis generalizada de la actividad económica, agravada por las propias políticas públicas que se habían llevado a cabo a lo largo de la legislatura, como eran los presupuestos cada vez más reducidos, la falta de pago de las amortizaciones que se les debía a los productores desde 2012, la negativa a aplicar los incentivos fiscales solicitados por el sector, la enorme alza del IVA cultural del 8 al 21 % o la escasez de recursos financieros para el sector. En aquel momento, los datos nos decían que se rodaba y se


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recaudaba menos y que el número de espectadores había caído en picado, con el consiguiente cierre de empresas y salas de proyección y la consiguiente pérdida de empleos. Afortunadamente, el año 2014 se cerró con un balance positivo y un cierto optimismo en el sector debido al aumento considerable de la cuota del mercado del cine español. Por lo tanto, en este momento positivo -podemos decirlo así- entendemos que gracias, también, al esfuerzo y a la creatividad del sector y a la negociación que se ha llevado a cabo desde el Gobierno se ha podido alcanzar un acuerdo con el sector en relación con el nuevo modelo de financiación, y en ese sentido es desde el que Convergència i Unió lo celebra.

Ahora bien, quedan varias asignaturas pendientes, señor ministro, a las que me voy a referir a lo largo de mi intervención. El nuevo sistema de financiación para el cine es, sin duda, una buena noticia. Es tal vez de las pocas buenas noticias para el mundo de la cultura que nos va a dejar este Gobierno. No voy a insistir en otras cuestiones y otros debates que ya se han celebrado en esta Cámara, pero sí quiero subrayar que es de las pocas buenas noticias que este Gobierno va a dejar para el sector de la cultura. En cualquier caso, es una medida que era necesaria y que, a pesar de la buenísima recepción de la que ha gozado en el sector del cine, no es perfecta porque carece de algunos aspectos que nuestro grupo parlamentario va a mencionar. No obstante, es un primer paso, un paso fundamental y a partir de aquí habrá que observar con detenimiento cómo se concreta el texto sobre cuyo desarrollo legislativo debatimos hoy. La disposición transitoria única establece un periodo transitorio entre los dos sistemas de financiación de unos tres años, lo que permitirá un cierre ordenado del actual sistema y seguridad financiera, dando cobertura a las producciones que ya están en marcha. Sin embargo, el real decreto también deja temas pendientes y algunos de gran importancia. Tal vez, la cuestión básica en la que, incomprensiblemente, no ahonda ese decreto es el aumento de los incentivos fiscales para igualarnos con otras cinematografías. Nuestro grupo pedía esos incentivos fiscales ya en septiembre de 2014 mediante una moción consecuencia de interpelación urgente y lo hacía de nuevo mediante enmiendas al artículo 36 del proyecto de ley del impuesto sobre sociedades, enmiendas que no fueron apoyadas por el Grupo Popular lamentablemente.

En Europa y en el mundo occidental la industria cinematográfica es una industria económicamente relevante y muy global, tiene gran movilidad, lo cual afecta a las grandes producciones que gestionan centenares de miles de millones de euros. Estas grandes producciones se realizan en aquellos Estados que ofrecen las políticas más atractivas de apoyo a la industria del cine. Hablando sin rodeos, sin incentivos fiscales atractivos, sin ayudas a la financiación, sin apoyo administrativo las inversiones de las productoras buscan otros países de destino, con lo cual se pierden los ingresos tributarios directos e indirectos y los derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social del personal contratado. Y lo que resulta aplicable a las grandes producciones se puede hacer extensible a cualquier producción al margen de su presupuesto, lo que supone la pérdida de tejido productivo en actividades cinematográficas en las que el Estado español mantenía una buena posición, posición también competitiva. Ante este panorama urge adoptar medidas correctoras de apoyo a la producción cinematográfica que favorezcan la recuperación del sector y el aumento de producciones de alto presupuesto, ya que estas suelen tener un potente efecto tractor sobre la actividad de la producción cinematográfica. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Tampoco se hace mención en este real decreto a las ayudas específicas a las producciones cinematográficas en lenguas distintas al castellano. Señorías, para nuestro grupo parlamentario es un aspecto fundamental. Si se acuerdan, hemos hablado mucho del fondillo, que desapareció con la llegada del actual Gobierno, y ni siquiera ahora, aprovechando precisamente el texto legislativo que hoy nos trae el Gobierno para discutir su convalidación, se hace mención a él, una muestra más del poco valor que este Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Cultura, ha venido concediendo a lo largo de la legislatura a las lenguas distintas al castellano. Nuestro grupo parlamentario lamenta profundamente la desaparición de ese fondo, que estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado, y que no es otra cosa más que un reflejo de lo que contempla la Ley del Cine, era dar cumplimiento a la ley. Por lo tanto, el Gobierno está incumpliendo la ley con la desaparición del fondillo y hoy teníamos la oportunidad de recuperarlo en ese real decreto-ley del que estamos hablando. Insistimos, esa es una de las grandes cuestiones pendientes.

En lo referente al nuevo modelo de financiación del cine, que va más allá de la ampliación de la obligación de informar sobre la calificación que corresponde a las empresas que presten servicios de video bajo demanda y a los titulares de sitios web que ofrecen listados ordenados y clasificados de enlaces a otras web o servidores donde se alojen las obras cinematográficas o audiovisuales, es la verdadera modificación de la Ley 55/2007. Este nuevo modelo está basado en el cambio en el sistema de


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las ayudas. A partir de ahora el sistema de financiación acompañará el proceso de producción, descartando las ayudas a posteriori como hasta ahora. En definitiva, nosotros entendemos que este cambio de modelo es importante, además es positivo y refleja unas largas negociaciones con el sector, el propio sector lo ha recibido con elogios y con buenas palabras y, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario va a apoyarlo.

Este proyecto tiene, además, dos asignaturas pendientes, dos más. En primer lugar, señor ministro, ¿dónde está la nueva ley de mecenazgo?, ¿dónde está esa ley tan prometida por su Gobierno, tan prometida durante las campañas electorales? Señor ministro, usted sabe perfectamente que no solamente el sector de la cultura sino muchos otros están esperando desde hace tiempo este proyecto que ustedes tienen escondido en un cajón, si es que existe, ni tan siquiera existe por los gestos que me está haciendo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca.

La señora SURROCA I COMA: Voy terminando.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalice.

La señora SURROCA I COMA: Finalmente, hay otras cuestiones que no tienen nada que ver con el sector del cine, y me voy a referir a ellas muy, muy rápidamente. Con el Plan PIVE se aprueba también un proyecto extraordinario, aplaudimos la iniciativa. El sector del automóvil es un sector importante, pero esta no es la única política industrial a la que tendría que dedicarse el Gobierno. La industria es mucho más y hasta el momento, con la excepción del sector del automóvil, no ha estado en la agenda del Gobierno.

Sobre la aprobación de distintos créditos extraordinarios en los presupuestos de los ministerios del Interior, Fomento, Agricultura y Economía y Competitividad, simplemente diremos que en relación con los vinculados a la financiación de inversiones de determinadas comunidades autónomas estamos a favor de que el Gobierno les facilite financiación, ...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca, finalice.

La señora SURROCA I COMAS: Termino.

... pero no estamos a favor de la discreción con la que lo están haciendo, dando flexibilidad a determinadas comunidades autónomas, a las que no han dado cumplimiento a los requisitos necesarios para acceder a esas ayudas.

En definitiva, nuestro grupo parlamentario está a favor de este real decreto. Lamentamos que se haya hecho de esta forma. Entendemos que se tendría que tramitar como proyecto de ley para que todos pudiéramos hacer nuestras aportaciones y mejoras en todas las cuestiones y asignaturas pendientes que hay al respecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.

Grupo Socialista, señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro de Hacienda, ¿ha visto usted la película La isla mínima? ¿No ha visto la película? Es una pena, es una película española muy buena, supongo que la habrá visto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza, no le haga preguntas que no le puede contestar, salvo que sea un recurso retórico, que es lo que entiendo que es.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Evidentemente, es un recurso retórico. Señora presidenta, no me corte, que es elemental; déjeme jugar un poco.

Le iba a decir que si usted la ha visto convendrá conmigo en que quizá se identifica usted con el papel del policía malo. Es fuerte ¿eh? Yo diría, siguiendo con esa película, que el policía bueno, entre comillas, es el señor Wert, pero el señor Wert, que es el ministro de Cultura, del ramo, está ausente, y al final tiene razón el Partido Socialista cuando dijo ya hace tres años y pico que para hablar de cine había que hablar con usted, que no se podía hablar de cine y de la situación del cine con el ministro del ramo, ni siquiera con el secretario de Estado, ni tampoco con el ICAA, que ha tenido una crisis tremenda que a mitad de legislatura hizo que dimitiera su directora, por cierto, dimisión no explicada.


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Digo todo esto porque explica que al final, en un cajón de sastre, como cohete de inicio de campaña electoral, ustedes traen aquí unas medidas en relación con la financiación del cine español que llegan tarde, porque, le recuerdo, su ministro, el ausente, el permanentemente ausente -porque usted, señor Montoro, no es un hombre de cine-, prometió que el 1 de enero de 2014 entrarían en vigor este tipo de medidas que estaban ya consensuadas anteriormente desde que se acordó crear la comisión mixta en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre de 2012, pero no han cumplido, vienen con dos años de retraso, hasta el punto de que la parte que tienen de positiva estas medidas -que la tienen- se difieren al 1 de enero del año 2016. Mal truco: cuatro años perdidos. Además, la aportación de 16 millones de euros en el crédito extraordinario no es sino una parte de lo que usted ha embolsado -no usted, perdón, Hacienda- como consecuencia del incremento del IVA del 8 al 21 %. Hemos hecho los cálculos y las tablas y solamente lo que ustedes han generado con el incremento del IVA compensaría sobradamente estos 16 y otros muchos más millones para pagar lo que ustedes no han querido pagar adecuadamente y en su momento a las amortizaciones de la películas de los años 2012 y 2013, que ustedes ahora van a pagar con retraso mediante esta operación para tranquilizar al sector y hacer que incluso les aplaudan por 16 miserables millones que usted saca de los ingresos del IVA. Por tanto, es una operación que parte de estas bases. No se puede hablar de un nuevo modelo de financiación sino de un paso, de un paso positivo, tardío, en la configuración, ojo, de otra cosa que se ha explicado aquí por los intervinientes y es si vamos a disponer o no de un modelo integral para la financiación y el impulso del cine español, de la industria cinematográfica española, y también el impulso y desarrollo del cine en su dimensión cultural. Seguramente a usted esto no le interesa nada. Las medidas que se toman son medidas con retraso para apagar los cañones que han dejado ustedes a la amortización de 2012 y 2013, pero todo además lo difieren al año 2016, con lo cual habrá que empezar prácticamente de nuevo.

Estas medidas no dan realmente estabilidad al sector de la industria cinematográfica por todo lo que está pendiente de abordar y de discutir. Estamos discutiendo hoy aquí con usted del cine cuando ustedes, el Gobierno, no han querido comparecer en la Comisión de Cultura en los últimos dos años, que se dice fácil. En dos años no han comparecido el ministro, ni el secretario de Estado, ni la directora del ICAA para hablar de esto tranquilamente en la Comisión de Cultura y ver de formar consensos o aportar criterios como los que aquí se han aportado por los intervinientes, criterios de mucha calidad y de mucho contenido, con los que en buena medida coincidimos. De modo que deprisa y corriendo lo tenemos que hacer hoy aquí en este cajón de sastre del real decreto.

¿Por qué decimos que esta decisión de última hora pactada con el sector y con Fapae especialmente no perfila o no supone un modelo integral para la financiación y el impulso del sector? Porque quedan, como se ha apuntado, muchas cosas al margen. Por ejemplo, lo más importante para algunos, para los productores, serían las desgravaciones fiscales. Son insuficientes. Usted las ha leído muy bien, con algún error en algún porcentaje -se ha saltado un número-, pero son muy insuficientes a nivel comparativo con otros países europeos, no digo ya con Estados Unidos. Por tanto, esa sigue siendo una asignatura pendiente: las desgravaciones fiscales para activar mucho más el sector cinematográfico, la producción de películas en territorio español y las ayudas correspondientes a la producción. Hay un debate pendiente sobre si el modelo debe basarse en las ayudas directas más que en las desgravaciones fiscales o viceversa. Es un debate muy interesante, ya que, en función de la ideología política, se puede uno decantar por una u otra posición: más ayudas directas o menos y, en cambio, más desgravaciones fiscales. Tiene mucho interés este debate que aquí no se puede desarrollar. Además de esto, está lo del IVA cultural, sobre la que ya he dicho suficiente, no me voy a reiterar.

El Grupo Socialista también entiende que ustedes están incumpliendo el compromiso de hace tres años de presentar una ley del mecenazgo, que tiene mucho que ver con los incentivos a inversores de todos los sectores en la industria del cine. Asimismo nos parece que falta una normativa que impulse el micromecenazgo, que ha conseguido hacer realidad determinadas producciones del mundo audiovisual. Además de ello, hay que objetivar los criterios al máximo. Queda por delante efectivamente el desarrollo reglamentario y la orden, pero atisbamos una serie de cuestiones en este real decreto que nos preocupan. Por ejemplo, queremos que en esos criterios objetivables se incorpore de verdad el apoyo a la diversidad de las producciones, el apoyo mediante un apartado específico al cine de autor, al cine minoritario pero de calidad, al cumplimiento -como condición indispensable para recibir las ayudas- de las condiciones de trabajo por los artistas en los temas de legislación laboral, salarial y Seguridad Social.

Otra cuestión importante son las producciones autonómicas, las producciones en otra lengua oficial, además de la española, que deben protegerse y establecerse con un criterio y una cantidad específica


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para su consideración. Un tema fundamental que no aparece para nada todavía en este modelo integral que reclamamos es el papel de las televisiones públicas y privadas en la ayuda al mundo cinematográfico. Ahí el listado de asuntos es larguísimo. Usted no puede olvidar que dentro de las cuatro mesas de trabajo que se crearon en la comisión mixta, únicamente vemos los resultados de dos -y en parte-, faltan los resultados de otras dos mesas de trabajo.

En cuanto a las televisiones, podríamos hablar de menos compra por parte de la televisión pública de películas extracomunitarias; en derechos de antena, fijación de precios en concreto, porque hay abusos; incentivos a la coproducción entre televisiones; control de la cuota de inversión de las televisiones privadas en el cine, un control no realizado -no sabemos si ponen el 2 %, el 3 % o el 5 % legal-; emisión de películas españolas en horarios importantes en las televisiones públicas, etcétera. En definitiva, actitud de prepotencia en las televisiones privadas respecto a las productoras, cuestiones que son importantes dentro de ese impulso integral al mundo del cine español. Otra cuestión que tampoco parece que se aborda en estas medidas del real decreto, que son muy justitas, es qué pasa con la creación de una agencia estatal de cinematografía, absolutamente necesaria, en parte para las funciones que no se están desarrollando por el ICAA ni por supuesto por su ministerio, el de los euros, el del control económico, de las televisiones privadas y otras cuestiones.

En definitiva, apuntamos siete aspectos que no están recogidos en absoluto dentro de este modelo de cine, así llamado con excesivo optimismo por parte del ministerio y por parte de algún interviniente. Hace falta -y ahí coincidimos con La Izquierda Plural- un gran pacto de Estado por el cine y necesitamos un gran consenso además en términos de participación democrática con los sectores, pero para que esa participación y ese consenso se lleven a efecto y no estén cuatro años mareando la perdiz, como es el caso, porque ustedes compran voluntades con un dinero a última hora simplemente para pagar lo que deben, para nada más, porque el presupuesto que ustedes manejan en el ICAA es menos de la mitad, es 2,5 veces menos que el presupuesto que en materia de cine dejó como herencia, entre comillas, el Gobierno anterior del presidente Zapatero.

Realizaré una última consideración, porque como en este cajón hay varios temas, tengo que referirme a una de las cuestiones que no guardan relación con el mundo del cine, y es que, en relación con los créditos extraordinarios para las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura y la cesión de derechos de agua en el Segura, de haber presentado en un texto específico esta cuestión, nuestro voto sería favorable al mismo, en primer lugar porque es un crédito extraordinario provocado por necesidades urgentes que, si bien responden a la sequía, no es menos cierto que también se deben a que el ministerio ha reducido en más de un 80 % la inversión en la Comunidad Valenciana, pasando de una inversión anterior de 435 millones de euros/año a poco más de 88 millones, con recortes de modernización, regadíos y desaladoras.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: En segundo lugar -acabo ya-, al tiempo que en la Región de Murcia toman medidas especiales para derivar agua desalada al canal de Cartagena, en Alicante mantienen cerradas las desaladoras de Torrevieja y Mutxamel. En tercer lugar, como reconoce el propio decreto, en el caso del Segura la situación también se ha agravado por la nueva regulación de Tajo-Segura. En cuarto lugar, en definitiva, debo reseñar la tardanza en aplicar estas medidas, que se han tomado con un año de retraso también...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ... y aún no se sabe cuáles son las inversiones concretas que comportan. En definitiva, esto también llega tarde y mal, pero es necesario y lo vamos a apoyar.

Yo creo que usted no ha visto La isla mínima, se la recomiendo: marismas del Guadalquivir. Seguramente cuando la vea hablaremos ante un café sobre cómo usted se parece al policía malo. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza, yo sí he visto la película y el señor ministro no se parece a ese policía.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ¿No?


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, policía fascista que mata no, no, señor Elorza. (El señor Elorza González pronuncia palabras que no se perciben). No, no, señor Elorza. No juegue usted con las palabras, que no es bueno.

Por el Grupo Popular, señora Torrado. (El señor Elorza González vuelve a pronunciar palabras que no se perciben). No, no, señor Elorza.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, desde el principio de esta legislatura el Gobierno está trabajando en una importante agenda de reformas abriendo el camino hacia la consolidación de una economía más competitiva y más flexible, en definitiva, hacia la recuperación que necesita nuestro país, una economía en la que el cine tiene una importancia fundamental, pero como en otros muchos sectores de nuestro país, cuando el Gobierno popular tomó las riendas, la industria del cine agonizaba, se pudría en un sistema obsoleto, un sistema que, para que todo el mundo lo entienda, obligaba a las productoras a endeudarse brutalmente provocando unos gastos de financiación que había que mantener durante dos años, hasta que por fin llegaban las ayudas del Gobierno, unos intereses que se comían vivo cualquier beneficio y unos créditos que no todos podían conseguir. Todos los españoles sabemos lo difícil que es conseguirlos y lo que llegan a sumar dos años de intereses. Pues bien, el afán de este Gobierno por salvar a la industria cinematográfica española es tal que, inmediatamente, nada más llegar al Gobierno en el año 2012, se constituyó una comisión mixta de diferentes ministerios con competencia en la materia: Presidencia, Industria, Economía, Hacienda, Cultura, una comisión en la que, por supuesto, se contó con los representantes de la industria del cine y del audiovisual, las televisiones privadas y las públicas. El objetivo no era otro que el estudio en profundidad de la situación y la definición de un nuevo modelo de financiación para modificar lo que había abocado a esta industria a una situación crítica.

Este nuevo real-decreto aborda a priori un sistema de ayudas que va a suponer un cambio radical para contribuir a la implantación de un tejido sostenible de creación cultural, pues pretende eliminar el régimen de ayudas a la amortización en la producción del cine para ser sustituido por una nueva línea de ayudas anticipadas a la producción de largometrajes sobre proyecto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ni más ni menos que estas nuevas ayudas permitirán la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante su desarrollo, es decir, que tal y como venía demostrando y demandando el sector, porque este Gobierno escucha y mucho, se dará el dinero al tiempo que se realiza el trabajo, al contrario de lo que ocurría con las antiguas ayudas a la amortización, que se convocaban dos años después del estreno de la película demostrando ser un modelo insostenible. Si alguien tenía la idea de hacer una película y necesitaba un apoyo, que suele ser lo habitual, se le obligaba primero a dirigirse a los bancos para pedir un crédito; para que lo concedieran había que tener un buen respaldo, luego las productoras menos poderosas lo tenían crudo, y después dejar pasar dos años, pagando intereses, claro, con lo que cuando por fin llegaba la ayuda había que destinarla a tapar los agujeros más grandes, los de los intereses del banco. Era un sistema que favorecía claramente a los que ya estaban bien situados cerrando el paso al oxígeno que podía salvar algo tan preciado como es nuestro cine.

Una vez más, este Gobierno ha escuchado y ha escuchado a todos, incluyendo a los que menos se oye, a esos que antes no podían crear porque nadie confiaba en ellos, nadie los apoyaba. El problema es cuando los más fuertes hacen ruido para no dejar que otros sean oídos. A partir de ahora las productoras podrán disminuir los costes financieros de las películas -ese dinero que solo beneficia a los prestamistas- en más del 15 % y así destinar la ayuda directamente a la producción. Para que luego digan que este Gobierno solo piensa en los banqueros. (Rumores). Además, a fin de dar seguridad financiera al sector, se establece un periodo transitorio de tres años en el que coincidirán la convocatoria de estas nuevas ayudas y las anteriores destinadas a la amortización. Esta nueva línea de ayudas pretende adecuarse al ciclo de vida del proyecto de inversión cinematográfica, para así mejorar la financiación de estas empresas y reducir sus costes. Una clara manifestación de cómo va a funcionar el nuevo sistema es que en la convocatoria se determinará el porcentaje de pago que corresponda a cada una de las fases de ejecución de las producciones, por ejemplo en la presentación del proyecto o en el inicio del rodaje. Las ayudas anticipadas se concederán de forma automática mediante una aplicación de criterios objetivos de valoración, que atenderá, entre otros aspectos, a la viabilidad económica y financiera del proyecto, a la difusión, distribución, plan de márquetin, solvencia técnica, relevancia cultural española y europea, carácter innovador del proyecto y el impacto socioeconómico de la inversión en España. Asimismo, teniendo en cuenta que existe otro tipo de ayudas a proyectos con los que se pretende fomentar a los


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nuevos talentos que puedan surgir en el panorama cinematográfico español y que este nuevo decreto se desarrolla con el fin de abordar la problemática actual del cine desde su vertiente más industrial, en la ponderación de criterios objetivos, además de tener en cuenta el fomento de la diversidad y la promoción de la cultura, primarán las producciones cuyo objetivo sea lograr una importante difusión y el éxito comercial.

El cambio de modelo de financiación del cine que hoy estamos aquí debatiendo se inició sobre el consenso con el sector en el marco de la comisión mixta del cine y el audiovisual de la que les hablaba al principio de mi intervención, pero este real-decreto que hoy debatimos no es la única actuación que se ha llevado a cabo en beneficio de este sector a lo largo del Gobierno de Mariano Rajoy. Los primeros resultados de las reuniones y acuerdos tomados en esta comisión fueron las modificaciones introducidas con la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por las que además de bajar en 2 puntos porcentuales este impuesto, se incrementó el porcentaje de deducción por inversión en producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20 % para el primer millón de euros y se creó también un incentivo para rodajes extranjeros en nuestro país. La primera convocatoria de estas ayudas automáticas a la producción de largometrajes sobre proyecto será en 2016, de ahí la urgencia, al menos la urgencia para el Gobierno, como también para el Grupo Parlamentario Popular, donde pensamos en los que van a recibir ese dinero, que ya lo están esperando para poner en marcha sus ideas. De ahí la comparación tan desafortunada que ha hecho el representante socialista.

Este real decreto tiene también como segunda finalidad la concesión de varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Las comunidades autónomas van a recibir créditos extraordinarios por valor de 168 millones de euros para financiar inversiones, así como un suplemento de crédito de 17.817 millones concedido por el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, teniendo también en cuenta la gravedad de las nuevas amenazas terroristas a las que se enfrenta nuestra sociedad, el Ministerio del Interior dispondrá de un crédito extraordinario de 10 millones de euros que irán destinados a potenciar los medios tecnológicos y sistemas de información y comunicación de las unidades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista.

La catástrofe del incendio y posterior hundimiento del buque ruso en las proximidades de las costas canarias ha sido por desgracia un suceso absolutamente excepcional y de gran magnitud, un accidente en el que, gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad y salvamento, se evitaron desgracias personales, pero que nos ha conmovido a todos los amantes de la naturaleza y a todos los amantes del mar, porque la magnitud de lo sucedido ha hecho necesaria la puesta en marcha de medidas excepcionales para la lucha contra la contaminación del medio marino y la protección del medio ambiente, así como la limpieza de las aguas marinas. Pues bien, la aprobación de este real decreto supondrá que el Ministerio de Fomento reciba un crédito de 9,6 millones de euros para la financiación de los gastos extraordinarios derivados del hundimiento y la amenaza contaminante que se produjo.

Además, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá sacar adelante un suplemento de crédito de 16 millones de euros con destino al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para incrementar el Fondo de protección a la cinematografía. También permitirá la disposición de un crédito extraordinario de 225 millones de euros, promovido por el Ministerio de Industria, para financiar la octava convocatoria de ayudas al programa de incentivos al vehículo eficiente, el programa PIVE 8, una nueva convocatoria avalada por los efectos positivos que han supuesto los siete anteriores (Aplausos) sobre la balanza comercial en el sector del automóvil, sus industrias auxiliares y los negocios relacionados como son los concesionarios y los seguros, lo que ha supuesto un importante impulso al empleo en este sector y la reducción de CO2 y contaminantes dañinos para el medio ambiente.

También hay algo que afecta a mi tierra, la Comunitat Valenciana, nuestra tierra señor Lleonart. ¿De verdad le parece una mala película que se lleve una cantidad importantísima para todo lo que tiene que ver con los efectos de la sequía que sufren desde hace años las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura? Pues para atender las necesidades que el sector agrario requiere el Ministerio de Medio Ambiente ha previsto unos créditos extraordinarios de 20 millones para la cuenca del Júcar y de 30 millones de euros para la del Segura, lo que da un carácter claramente urgente a la aprobación de este decreto, que incluye suplementos de crédito por importe de 95 millones que propone también el Ministerio de Economía para el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación para mantener nuestro nivel de I+D+i y poder acceder a las mejores condiciones de los fondos europeos.

Por último, demostrando una vez más la sensibilidad de este Gobierno para los afectados por las preferentes y la deuda subordinada, se propone modificar la normativa del IRPF para mejorar su tratamiento


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fiscal. Tales modificaciones permitirán computar un único rendimiento del capital mobiliario, que será negativo en la mayoría de los casos. Y, dadas las sentencias que han declarado nulos aquellos contratos de deuda subordinada o de participaciones preferentes, se posibilitará que los ciudadanos que soliciten la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF de años anteriores puedan así obtener la devolución de ingresos indebidos, a pesar de que haya casos en los que el derecho a solicitar la devolución ya haya prescrito.

Señorías -finalizo ya-, como ven, se trata de una única medida del Gobierno materializada en este real decreto que supondrá una considerable mejora para sectores tan diferentes como el cine o la agricultura, la economía de las administraciones autonómicas o las víctimas de las preferentes, la prevención de nuestra seguridad y la de nuestro medio ambiente o la incentivación a la renovación del parque móvil y a los avances en la investigación. Ahora todos ustedes con su voto deciden si están o no a favor de estas reformas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Torrado.

- REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO. (Número de expediente 130/000071).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna de nuevo para presentar ante la Cámara el Real Decreto-ley 7/2015, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo. En él se autorizan créditos extraordinarios y un suplemento de crédito elevado, por encima de 856 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es una norma de carácter instrumental, pues se limita a habilitar créditos, pero créditos destinados a pagar obligaciones contractuales correspondientes a programas especiales de armamento para cubrir necesidades del Plan general de municionamiento y para la realización de obras en el Hospital Militar Central de la Defensa Gómez Ulla, en el marco de actuaciones relacionadas con el brote de ébola del año pasado.

La aprobación de este real decreto-ley tiene una singular importancia para España desde dos perspectivas distintas pero complementarias: desde el punto de vista de la defensa nacional y desde el punto de vista de la industria militar. Son dos ámbitos que este Gobierno no puede ni quiere descuidar, porque son esenciales para el presente y para el futuro de nuestro país, un país que quiere, que necesita contar con unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales y eficaces, un país que no puede descuidar sus necesidades de defensa en un mundo que se enfrenta a desafíos globales cada vez más inquietantes, un país que además cumple con los compromisos adquiridos con sus socios occidentales y con los proveedores de las industrias y un país que, por supuesto, está orgulloso de unas Fuerzas Armadas plenamente integradas en el concierto internacional y que están extraordinariamente bien valoradas por las misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz y de la seguridad que realizan en distintos lugares del mundo.

Desde el punto de vista de la defensa nacional, el Gobierno considera que España debe poder modernizar su armamento y material de defensa, en la medida en que lo permite la actual situación económica y presupuestaria, obviamente siempre en el marco de la restricción de gasto que ha singularizado a la actual legislatura y que tenemos que seguir manteniendo. El Ministerio de Defensa ha experimentado, como los demás, las políticas de austeridad en el gasto, como -insisto- ha hecho el conjunto de los ministerios del Gobierno de España, pero también ha tenido que ir dando respuesta al pago de compromisos adoptados en años anteriores, de la misma manera que lo han ido cumpliendo


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otros ministerios. En concreto, gracias a estas inversiones, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos entre los Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de la política común de Seguridad y Defensa para asumir los cometidos enumerados en el artículo 28 del Tratado de Lisboa y a los compromisos internacionales adquiridos por España a través de la iniciativa de capacidades de defensa de la OTAN, posteriormente redefinidos como compromisos de las capacidades de Praga. En este contexto se encuentra el crédito extraordinario de 856.440.673,35 euros destinados a afrontar los compromisos anuales derivados de los programas especiales de armamento del ministerio. Estos programas especiales tienen un sistema de financiación basado en anticipos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinados a la investigación y desarrollo. El pago de las adquisiciones se realiza con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, momento a partir del cual el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro público. Los programas, tanto por su volumen económico como por su complejidad industrial y tecnológica, suponen las más relevantes adquisiciones de sistemas de armas que realiza el Ministerio de Defensa.

La existencia de la crisis no puede convertirse en argumento populista y demagógico para desatender un ámbito de actuación que afecta al presente y al futuro de los ciudadanos, mucho más de lo que algunos quieren hacernos creer cuando desprecian la importancia de la inversión en la defensa de España. Por otra parte actualmente ya podemos apreciar los beneficios económicos que han supuesto las diferentes iniciativas del Ministerio de Defensa de replanificar y renegociar estos programas especiales de armamento. Efectivamente las actuaciones desarrolladas han permitido generar unos ahorros de alrededor de 8.000 millones de euros tras haber rebajado el coste total proyectado -que ascendía a más de 37.000 millones de euros- a una cantidad por tanto cercana a los 29.000 millones de euros. Sin embargo los efectos de la replanificación dificultan la posibilidad de generar una previsión anual exacta del importe que hay que destinar al cumplimiento de estos compromisos, por lo que se ha optado por esta vía del crédito extraordinario para afrontar los pagos anualmente. Es el sistema que estamos utilizando a lo largo de la legislatura.

Decía, señorías, que este crédito extraordinario tiene una gran importancia desde el punto de vista de la defensa nacional, ya que permite a nuestras Fuerzas Armadas alcanzar un estándar operativo suficiente para responder y afrontar los riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía nacional española. Pero también tiene una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo de la industria nacional. Los programas especiales de armamento han supuesto un importante incentivo para el sector industrial estratégico y puntero que genera más de 20.000 empleos directos de altísima cualificación. Es un sector intensivo en I+D+i, que exporta y que además genera patentes aplicables en otros campos ajenos al ámbito armamentístico. Al cumplir nuestros compromisos con este sector, además de insistir en la solvencia y en la credibilidad de nuestro país, estamos colaborando con el futuro de una industria muy cualificada, pero que debido a la crisis atraviesa por una situación delicada. Como saben sus señorías el Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el se concedió un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa, por importe cercano a los 884 millones de euros para programas especiales de armamento, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados de esta Cámara. Para generar seguridad jurídica proponemos que el real decreto-ley que estamos sometiendo ahora a la convalidación de la Cámara se tramite como proyecto de ley, dando también así seguridad al pago a los proveedores. De esta manera reforzamos la viabilidad de las empresas y ayudamos a garantizar el empleo de calidad que estas generan.

Como les decía al inicio de mi intervención, además de los programas especiales de armamento, este real decreto-ley también recoge un crédito extraordinario de 6 millones de euros para atender a las necesidades adicionales del Plan de municionamiento de las Fuerzas Armadas que no se habían contemplado en el ejercicio ordinario, así como un suplemento de crédito de 4 millones de euros para la continuación de los trabajos de remodelación de la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel. Como es conocido este plan de remodelación en el citado centro sanitario se puso en marcha durante el inicio de la crisis del ébola el año pasado, y con él se pretende potenciar la capacidad de respuesta ante posibles brotes de esta enfermedad, y de otras de similar cariz, reforzando los medios disponibles y estableciendo infraestructuras para atender posibles necesidades futuras, como el internamiento hospitalario de enfermos infecciosos.

Por lo que se refiere a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados en el Real Decreto-ley 7/2015, para el Plan de municionamiento y para las actuaciones relacionadas con la remodelación del Hospital Gómez Ulla, las necesidades a cuya cobertura atienden estos créditos no


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constituyen obligaciones exigibles de la Administración no discrecionales -entre comillas no discrecionales- en el sentido presupuestario, sino que se trata también -como los del Real Decreto-ley 6/2015- de posibilitar la realización de actuaciones que se enmarcan en el ámbito de la discrecionalidad propia de la acción de gobierno. En consecuencia no es posible la financiación con el Fondo de contingencia, por lo que se financian con deuda pública.

Respecto al crédito que se dota para los programas especiales de armamento tiene como finalidad proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, por lo que no se trata de atender la cobertura de necesidades imprevistas, y en consecuencia no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley General Presupuestaria respecto de la financiación con el Fondo de contingencia. En consecuencia el crédito extraordinario se financia con deuda pública, lo que requiere la tramitación de una norma con rango de ley, de conformidad con lo dispuesto en artículo 13.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La base jurídica de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito aprobados en ambos reales decretos-leyes se encuentra en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, donde se establece la obligatoriedad de esta tramitación cuando haya de realizarse, con cargo al presupuesto del Estado, algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado. Además concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas en el artículo 86 de la Constitución, por lo que el Gobierno ha tenido que hacer uso de la facultad contenida en dicho artículo, y ha tenido que aprobar el real decreto-ley que se presenta para la convalidación ante esta Cámara.

Confío en que, si no la totalidad de los grupos, la mayoría de los mismos -de los diputados- entiendan la importancia de las inversiones para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, para la defensa nacional, y para la industria española, y que determinadas posiciones que se autodenominan antimilitaristas, completamente trasnochadas en nuestros días, puedan ser superadas de una vez ante los retos globales de seguridad a los que nos enfrentamos. En esa confianza pido al Congreso la convalidación de este real decreto-ley.

Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que tiene la palabra el señor López Garrido. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, yo esperaba hoy que ahí estuviera sentado el señor Morenés y no el señor Montoro, que parece que es el superministro que vale para todo: para ministro de Economía, para ministro de Defensa; a lo mejor es un anticipo de una próxima remodelación ministerial, donde el señor Montoro está pensado para ocupar el Ministerio de Defensa y se está entrenando esta mañana aquí en el hemiciclo con este decreto-ley; decreto-ley por otra parte habitual, el de todos los años, aunque en esta ocasión un poco antes del verano -que es donde solían situarlo- el decreto ley de los programas especiales de armamento, quizá porque están pensando en una disolución anticipada del Congreso de los Diputados y del Senado, o porque quieren alejarlo -esto puede parecer una decisión impopular- de las elecciones. En fin, por las razones que sean, lo cierto es que ustedes demuestran con esto que siguen adictos al decreto ley. Ustedes están narcotizados por el decreto ley como una fórmula de gobierno que evita el control parlamentario, y además en un asunto tan importante como los programas especiales de armamento. Es un asunto de especial relevancia, un asunto controvertido, polémico, y con muchos ángulos, sobre un armamento que fue encargado cuando el señor Morenés estaba de secretario de Estado en el Gobierno de Aznar, que en buena parte este armamento no es útil en este momento, en el tiempo de la era de los drones y de las misiones internacionales, y que hubiera requerido un tratamiento en esta legislatura mucho más inteligente, un tratamiento de mayor altura. Sin embargo la gestión del Gobierno sobre estos programas especiales de armamento en esta legislatura ha sido la historia de un fracaso, desde el punto de vista presupuestario y económico: es la losa del presupuesto del Ministerio de Defensa, y un fracaso desde el punto de vista político, porque el Gobierno y el Ministerio de Defensa han sido incapaces de lograr el mínimo consenso con los grupos parlamentarios.

Nosotros esperábamos del señor Morenés, que es un hombre que viene de la industria armamentística, que hubiera sido capaz de renegociar o reprogramar adecuadamente estos programas especiales de armamento. No conocemos que haya ningún tipo de renegociación al respecto parecida a la que han


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hecho países como Francia, Italia y Alemania, y esto dificulta enormemente que se puedan abordar proyectos de futuro. Hay proyectos de futuro que son interesantes de examinar como es el caso del vehículo 8x8 o el caso de los aviones no tripulados, pero claro, no resolver el pasado dificulta afrontar esos problemas de futuro sobre los que nos hubiera gustado que el señor Morenés nos hubiera explicado -no sé si el señor Montoro tendrá conocimientos al respecto- qué pasa con estos proyectos de futuro, que están bastante condicionados por no resolver el fondo del problema de los programas especiales de armamento, que afectan por tanto a la operatividad de las Fuerzas Armadas y a la propia seguridad de la industria española, así como de la investigación, el desarrollo y la innovación. Lo único que el señor Morenés ha conseguido ha sido ordenar pagos como un buen contable y como un tesorero, nada más, pero desde luego nada de ir al fondo de la cuestión que ha dividido profundamente a la Cámara, que son los programas especiales de armamento y su no tratamiento adecuado por parte del Gobierno. Ahí están los programas especiales de armamento como una losa y como un peso enorme que está dificultando que haya otras actividades dentro de la defensa, que ha dificultado y dificulta el adiestramiento, el mantenimiento del material, y la operatividad inmediata de las Fuerzas Armadas, que están condicionadas, bloqueadas y colapsadas por ese enorme peso de los programas especiales de armamento, y por tanto no es un instrumento de modernización de las Fuerzas Armadas españolas, y no ha podido servir precisamente por eso.

Es un fracaso político también, y profundo, porque el Gobierno no ha querido acercarse a los grupos parlamentarios en ningún momento para llegar a un acuerdo al respecto. Nos prometieron al principio que iba a haber un acuerdo con los grupos, nos iban a convocar para ver cómo se afrontaba este asunto, y nos encontramos en el verano de 2012 con un decreto ley -el primero de los cuatro, este es el cuarto, que es siempre el mismo modelo-, con unas cantidades establecidas, ya sabidas, y lógicamente lo que el Gobierno ha obtenido ha sido una enmienda de totalidad, permanente, de todos los grupos parlamentarios respecto de los programas especiales de armamento, que es precisamente un asunto que debería haber tenido muchísimo más consenso. El Gobierno ha renunciado en absoluto a cambiar una coma de ello, y para nada se ha preocupado de acercarse a los grupos parlamentarios para obtener ese necesario consenso, y no es porque tuviéramos una actitud no constructiva. El Grupo Socialista -hablo en su nombre- ha tenido una actitud constructiva en todo momento, específicamente en el campo de la defensa como una cuestión de Estado, y se ha visto, por ejemplo, en el Observatorio de la vida militar, se ha visto en los acuerdos en el régimen disciplinario militar, parcialmente en el Código Penal militar, el apoyo a las misiones internacionales o el impulso a la industria. Ayer en la Comisión de Defensa tuvimos un ejemplo de nuestra posición respecto al apoyo, por ejemplo, al programa A-400M, pero en los programas especiales de armamento el Gobierno no ha querido cambiar absolutamente nada, y ha huido del acuerdo con los grupos, como hoy ha huido de este hemiciclo el ministro de Defensa, lo cual no es precisamente una virtud muy militar el no ser capaz de estar ahí sentado, y enfrentarse a la posición de los grupos cuando estamos contradiciendo ese decreto ley que debería haber defendido, no usted, señor Montoro, sino el ministro de Defensa, el señor Morenés, que ha huido hoy de este hemiciclo. (Aplausos).

La expresión de esa política, de ese fracaso, de ese doble fracaso político es la fórmula del decreto-ley para los programas especiales de armamento, que es como una bofetada constante al Parlamento en un tema de tanta relevancia económica y para la política de defensa. No sirve que usted diga que luego se va a tramitar como proyecto de ley, porque el decreto-ley está ya en vigor. Ustedes ya han podido librar los pagos desde el momento en el que se aprobó el decreto-ley, y la fórmula del decreto-ley sigue siendo igual de inconstitucional como proyecto de ley posterior o no. No deberían haber aprobado este decreto-ley. Si pensaban hacerlo como proyecto de ley, ¿para qué lo han traído? ¿Para qué han aprobado un decreto-ley si luego iban a hacer un proyecto de ley? Me imagino que alguien les habrá avisado en última instancia de que esto es un problema serio que afecta a la seguridad de la industria de defensa, pero lo cierto es que el decreto-ley ya está en vigor. No sé lo que habrán hecho ustedes hasta ahora, pero pueden perfectamente haberlo pagado ya. Está en vigor. Esto es una mera convalidación. Luego habrá un proyecto de ley que ya veremos cómo acaba en esta legislatura, pero el decreto-ley sigue estando ahí. Y no solo lo han hecho en esta ocasión.

Llevan toda la legislatura intentando engañar al Parlamento con unos Presupuestos Generales del Estado donde no incluyen cantidades enormes de gastos de defensa, que luego incluyen en un presupuesto -entre comillas- posterior del verano: los programas especiales de armamento. Pero no solo eso: también los pagos de misiones en el exterior, organismos autónomos vinculados a defensa, I+D+i militar. Todo eso lo sacan del presupuesto en diciembre, seguramente para ocultarle el déficit a la Unión Europea,


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y lo colocan en el siguiente verano en donde ya no computa para déficit. De esa forma hay una pretensión de engaño a la Unión Europea en esa doble fase de los presupuestos generales de defensa, que es una novedad que han inventado ustedes en esta legislatura. En definitiva es la ausencia de transparencia. En vez de ir al presupuesto o a un proyecto de ley, es presentar, con todo descaro, año tras año, un decreto ley sobre cantidades importantísimas de gastos de defensa, vulnerando la Constitución española, porque ese decreto ley, por mucho que luego se desarrolle como proyecto de ley, ya ha vulnerado la Constitución española, porque no se puede hacer un decreto-ley para gastos previstos. Es una vulneración deliberada, consciente, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, con desprecio a la Cámara y a los ciudadanos. Es la misma actitud que ha tenido en esta legislatura el Ministerio de Defensa cuando se han dirigido a él colectivos de trabajadores vinculados directa o indirectamente con defensa, que han tenido conflictos laborales y no han encontrado acogimiento en el Ministerio de Defensa, o muy tarde. El caso de los trabajadores de las bases de Rota o Morón, las bases de Viator y Córdoba, los 55 despedidos de la fábrica de Trubia, en Asturias, en General Dynamics Santa Bárbara que ha dado lugar a una carta de cinco diputados asturianos, que espero que el ministro de Defensa se digne contestar. Los ciudadanos se dan mucha más cuenta de lo que ustedes creen de estas cosas, y se lo han hecho saber ustedes el domingo, señor Montoro. No se puede gobernar a base de decretos-leyes, amordazando a la oposición hasta en asuntos que nada tienen que ver con un tratamiento por medio de un decreto-ley.

Nosotros nunca hemos negado -ayer fue otra expresión en la Comisión de Defensa de ello- la necesidad de pagar las obligaciones. Pero sí hemos exigido un debate parlamentario abierto, propio del Parlamento, no los debates cerrados propios de los decretos-leyes, que se sustancian en unos minutos una vez al año. Han abusado de su mayoría absoluta en estos años, y nos han abocado a un recurso de inconstitucionalidad al que usted ha hecho referencia, señor Montoso, que solamente el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara está en disposición de poder liderar y presentar. Y después de este trámite, ya le anuncio que presentaremos otro recurso de inconstitucionalidad por este decreto-ley, ya en vigor, con independencia de que luego sea tramitado o no como proyecto de ley. No hay por dónde cogerlo, como no ha habido por dónde coger todos los anteriores decretos-leyes que han hecho ustedes. No hay urgencia, porque ustedes crean artificialmente esa urgencia cuando no sitúan en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades adecuadas, y luego viene el argumento cínico de que, como no está en los Presupuestos Generales del Estado, hay que hacer un decreto-ley o hay que fijar un crédito extraordinario. Evidentemente han creado ustedes esa necesidad, y desde luego no hay urgencia para que traigan ustedes aquí un decreto-ley cuando se podían haber ahorrado ese decreto-ley, y haber traído un proyecto de ley desde el principio, cosa que han intentado arreglar chapuceramente, deprisa y corriendo -seguramente ayer por la tarde-, para decir que después van a tramitarlo como proyecto de ley. Todo esto a lo que lleva es a que la gente piense que tienen algo que ocultar. ¿Por qué esa fórmula autoritaria e inconstitucional del decreto-ley y dar lugar a sospechas seguramente innecesarias? Desde luego en absoluto extraordinaria necesidad, como dice la Constitución.

El dictamen del Consejo de Estado que tengo aquí, página 37, es clarísimo. Dice el dictamen que se ha hecho para este decreto-ley: Respecto a los programas especiales de armamento el crédito tiene como finalidad proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, por lo que no se trata de atender a la cobertura de necesidades imprevistas. Es clarísimo: No se trata de atender a la cobertura de necesidades imprevistas. Es decir, son necesidades previstas, y por tanto es imposible aceptar un decreto-ley para necesidades previstas. Lo dice el Consejo de Estado, y, señor Montoro, incluso lo dice su Dirección General de Presupuestos en el informe que acompaña a este decreto-ley: Son necesidades absolutamente previstas. Estamos por tanto ante una decisión contumaz, que no es gratis, que no es gratis para la propia industria. Seguramente esto que han hecho ustedes, deprisa y corriendo, de decir: pero luego vamos a hacer un proyecto de ley, es precisamente por la llamada de la industria. A mí me llamaron los representantes de la industria el año pasado para mostrar su inquietud por ese recurso de inconstitucionalidad que presentamos, como consecuencia de un decreto-ley inconstitucional. Teníamos la obligación de presentar ese recurso por esa inconstitucionalidad. Me llamaron preocupados por la inseguridad que supone para la industria el tener pendiente un recurso de inconstitucionalidad que puede dar lugar a una nulidad de ese decreto-ley -yo espero que así lo decida el Tribunal Constitucional-, con las consecuencias sobre los pagos realizados, que no sabemos qué puede decir el Tribunal Constitucional. No es que nosotros vayamos en esa dirección, pero podría suceder, y es una muestra de irresponsabilidad volver otra vez a presentar un decreto-ley -por cuarta vez- cuando saben perfectamente que es un decreto-ley directamente inconstitucional, de libro, algo que cualquier jurista muy fácilmente les puede decir, y que


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desde luego los juristas del Gobierno y del Ministerio de Defensa seguro que saben. Es un ejercicio de irresponsabilidad que no da réditos a nadie, ni siquiera a ustedes, como se ha comprobado recientemente.

Nosotros vamos a votar que no a este decreto-ley que es propio de una política sin proyectos, sin objetivos, aislacionista, sin capacidad de ampliar acuerdos en un asunto tan trascendental para la defensa de nuestro país y para la industria española, porque la Constitución, señor ministro, se defiende acatándola; así se defiende la Constitución, acatándola, y desde luego no es lo que han hecho ustedes en estos cuatro años con los decretos-leyes de los programas especiales de armamento.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor López Garrido.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hay cosas que nunca cambian: cuando empieza el calor, ¡zas! El tradicional decreto que aumenta la partida para pagar armamento. A veces es en agosto, en plenas vacaciones, este año ha sido la semana después de las elecciones, a ver si pasa desapercibido con el tema de los pactos y las constituciones de los ayuntamientos, y mientras la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue avanzando, y ya representa el 29,2 % de la población, era del 26 % en el año 2010 -herencia recibida que recibiremos los siguientes-, el 35 % menores de treinta y cinco años, y también retroceden los ingresos medios por hogar. El índice Arope, que tiene tres variables: la carencia material severa, la baja intensidad en el empleo o el riesgo de pobreza, de acuerdo con esos datos, de 46,5 millones, unos 13,5 millones de personas cumplirían alguno de los tres criterios que definen este concepto. Son datos escalofriantes que evidencian el fracaso estrepitoso de su Gobierno. El PP se ha convertido en un fabricante de pobreza y de desigualdad, y mientras tanto hoy discutimos sobre un crédito extraordinario del presupuesto de defensa. ¿Es esto lo que la gente está esperando? ¿Es eso lo que quieren las personas? ¿Urgen misiles, fragatas, obuses, o urgen políticas sociales, políticas de bienestar? ¿Hay compromisos contractuales? Pues tendremos que decir que tendrán que esperar, los que no pueden esperar son las personas que no tienen absolutamente nada, ningún ingreso, 770.000 hogares, en un año hay un millón de personas más en riesgo de pobreza, destinar 856 millones de euros para armamento debería poder esperar, esas familias no pueden esperar, no pueden esperar más. Ustedes han demostrado una y otra vez para quién gobiernan y qué intereses rigen sus decisiones, dónde están sus prioridades, y hoy lo han vuelto a hacer, con un calendario de pagos que hipoteca las cuentas del ministerio hasta el 2030; hasta el 2030. Sí además ustedes ya tienen un calendario de pagos, ¿por qué no se reflejó en los presupuestos generales? Hacerlo por real decreto es un fraude, porque ustedes ya sabían que tenían que hacer ese pago.

Acabo. Hablemos de herencias recibidas. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamento? ¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos constará al final este programa de compra de armamento? ¿30.000 millones? Lo dicho, sencillamente inmoral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Montoro, una vez más nos trae un nuevo real decreto para incrementar a cargo de deuda pública 856 millones de euros los ingresos del Ministerio de Defensa, y una vez más evidentemente tenemos que votar en contra, porque como dice usted hay algunos que no podemos entender esta cuestión. Desde que cogieron la moda de todos los años hacer un real decreto-ley para, por esta vía, incrementar los ingresos de defensa, ya llevan ustedes 4.500 millones de euros aportados a este ministerio. Pero mientras ustedes hacen esto nos venden en la campaña del debate de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno, que es un Gobierno que está a disposición de las personas y que quiere hacer unos presupuestos sociales, reduce en defensa, con lo cual, como ya les hemos dicho en alguna ocasión en el debate presupuestario, hacen ustedes unos presupuestos trampa -siguiendo algunas de sus expresión es-, porque nos traen por vía de urgencia y como extraordinario algo que es ordinario, porque si no fuera ordinario no podrían estar todos los años haciendo el mismo gasto. Además -usted mismo lo dice y lo dice la exposición de motivos- esto es para afrontar un gasto de 37.000 millones de euros hasta 2025-2030. Es decir, es un compromiso adquirido. Van a echar ustedes balones fuera porque es un


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compromiso adquirido por otros, según ustedes. Lo cierto es que en un momento como este, donde un Gobierno debería poner las personas por delante de cualquier otra cuestión, ustedes siguen invirtiendo en armamento, siguen invirtiendo, como dice usted, en la modernización del ejército. Resulta que -y no lo dice el Bloque Nacionalista Galego sino informes muy serios que existen- el Estado español es el segundo después de Estados Unidos que más invierte en investigación militar. En cambio -también de acuerdo con informes serios-, es el primer Estado del mundo que menos invierte en investigación civil. Por lo tanto, señor ministro, este Gobierno parece un Gobierno militarista, más que un Gobierno, como quieren vender ustedes en la campaña de los presupuestos generales, que quiere afrontar las necesidades de las personas. Evidentemente, esto es falso a la vista de esos presupuestos y de los numerosísimos recortes que han hecho y que han dejado a los servicios públicos en las condiciones en las que están. Fíjese, han incrementado en 4.500 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa en estos años que llevan gobernando, y desde el año 2011 hasta el año 2014 han reducido en 5.500 millones de euros el pago por prestaciones a las personas paradas, y eso que incrementaron los parados en más de 320.000 personas, pero en cambio han dejado fuera de toda cobertura a muchos de ellos.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Fernández, tiene que ir terminando.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

Dice usted que algunos no vamos a entender esto porque somos trasnochados -dijo trastornados, no sé si sería un lapsus linguae o al final era lo que usted estaba pensando- los que somos antimilitaristas o antiincremento del gasto militar. Sí, somos antimilitaristas porque somos antibelicistas, porque creemos en la paz y porque creemos que el arma más importante para garantizar la paz es un reparto de la riqueza que permita a la humanidad sobrevivir. Evidentemente, esto no es trasnochado; esto puede ser una utopía pero es una utopía brillante para poder trabajar y defender el derecho de las personas y no armar a los Ejércitos para hacer las guerras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, me indigna un tanto que vuelvan a mentirnos; de hecho que nos mientan de forma repetida, a nosotros y a la ciudadanía año tras año. Ya advertimos que mentían en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Cito textualmente, si me permite, un párrafo de la intervención de este mismo diputado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado cuando me dirigía al ministro Morenés y le decía textualmente: Uno se pregunta cuál será el presupuesto finalmente ejecutado. Podríamos hacer una porra usted y yo -le decía al ministro Morenés-, aunque usted no querrá. Yo creo que más o menos serán unos 800 millones más, y quizás nos quedemos cortos. Bien, hoy usted nos da la razón. De hecho, incluso nos quedamos un tanto cortos, porque lo que usted hoy nos trae aquí es un incremento de casi 850 millones de euros. Para nosotros esto es una verdadera vergüenza porque ya estamos embarcados en una deuda de más de 30.000 millones de euros en compra de material militar, lo cual significa que cada uno de los ciudadanos tiene que asumir 600 euros de deuda. Además, en ningún momento han sido capaces de cuestionar esta espiral, esta ecuación perversa, sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, que ya pagamos cada uno de los ciudadanos un euro al día en gasto militar y, en segundo lugar, aquello que ya anunció el ministro Morenés hace poco de un nuevo gasto militar de 10.000 millones. Todo ello, por supuesto, a cargo de la deuda pública, es decir, los recortes que se exigen a la ciudadanía y a la inversión social que hacen las comunidades autónomas y los entes locales para reducir esta deuda, está siendo utilizada para generar nueva deuda a cargo del gasto militar, lo cual genera un ciclo perverso -cerrar hospitales para comprar carros de combate, por ejemplo-. Esto no solamente debería hacer cuestionar los valores que están en su programa electoral, sino también hasta qué punto todo ello acaba siendo absolutamente perverso, porque esta lógica nos lleva a la siguiente conclusión: aquellos mismos que generaron la crisis, aquellos mismos que la están gestionando, no solamente acabarán saliendo de la crisis mucho más enriquecidos, sino que además, gracias a su discurso político y gracias a sus aplicaciones parlamentarias y gubernamentales, ni siquiera serán capaces de cuestionar el modelo, con lo cual, es muy posible que tengamos que caer y condenen a nuestra sociedad a repetir el mismo error, a no ser


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que ustedes queden en la oposición pronto y a no ser que el Partido Socialista se entestara en no modificar algunos criterios respecto a su relación con la industria armamentística, porque no hay que olvidar que algunos de los contratos también fueron firmados por el ministro de Defensa del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el problema es cómo, de qué manera se diseña el futuro y, por desgracia, creo que estamos sujetos a los lobbies de la industria del armamento. Nosotros nos opondremos y votaremos en contra, aun cuando sabemos que estamos en minoría.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, no sé hasta qué punto tiene sentido dirigirse a usted porque llevamos tres años desgañitándonos todos los grupos de la oposición para explicar que este real decreto que nos traen cada año desde 2012 -es el cuarto- para pagar créditos extraordinarios de los programas de armamento tiene visos de inconstitucionalidad, es decir, puede ser ilegal. Llevamos años explicándolo todos los grupos y la novedad de este año es, en primer lugar, que no lo presenta el ministro de Defensa -no sabemos por qué, será que el ministro no trasnochado es usted, quizás sea ese el factor-; en segundo lugar, que nos ha ofrecido que se tramite como proyecto de ley pero, como ya se ha explicado, el real decreto está aprobado; y en tercer lugar, que en vez de traerlo en agosto lo traen ahora. Pero en cuanto a lo sustancial del asunto no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Nos traen una vez más en esta ocasión 850 millones de euros -igual que el año pasado, igual que el anterior-, de manera que nos vuelven a decir que el esfuerzo que hace la oposición por explicarle que estos créditos extraordinarios mediante real decreto pueden ser ilegales, no sirve absolutamente para nada. Si realmente tienen intención de tramitar ese proyecto de ley, quizás para cuando se termine la tramitación -igual ni siquiera dé tiempo a terminar la tramitación- ya estén pagados esos 850 millones. Pretende simular aquí una mayor flexibilidad en la tramitación de estos créditos, que es, desde nuestro punto de vista, una nueva triquiñuela en la tramitación parlamentaria.

Cómo no sé, como le decía, si tiene mucho sentido dirigirse a un Gobierno que ha sido absolutamente sordo a todos los argumentos de la oposición, a los argumentos del Tribunal Constitucional, a los argumentos del Consejo de Estado, me parece mucho más productivo dirigirme a los responsables de la industria. Los señores responsables de la industria saben que en el año 2012 se aprobaron por este procedimiento de real decreto, sin que hubiera extraordinaria ni urgente necesidad, créditos para programas de armamento de 1.782 millones; en el año 2013, 877 millones; en 2014, 883 millones y en 2015, 856 millones. De uno de esos decretos se esta discutiendo su constitucionalidad o no en el Tribunal Constitucional al plantear el recurso de inconstitucionalidad distintos grupos parlamentarios, sin duda gracias al Grupo Socialista, pero también los cinco diputados de mi grupo. Si ese decreto fuera declarado inconstitucional, todos los créditos extraordinarios de los programas de armamento estarían en cuestión. Esto supondría un total de casi 4.400 millones de euros, lo que representa, señores de la industria, el 15 % del total estimado de lo que son los programas de armamento, de esos 30.000 millones que se estiman, porque la opacidad del Ministerio de Defensa impide que podamos tener una cifra precisa. ¿Esto que significa? -Y me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria- Que esta manera de financiar los programas especiales de armamento es muy arriesgada para ellos, para la industria. Ha sido puesta en cuestión jurídicamente por el Tribunal Constitucional porque ha admitido a trámite ese recurso, que iba acompañado del acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de 2013, en el que figura detalladamente el plan de pagos hasta el año 2025 como mínimo. Cuando hay un acuerdo de Consejo de Ministros en el que se planean pagos hasta el año 2025, es sencillamente imposible argumentar una extraordinaria y urgente necesidad. Son pagos que ustedes tienen planificados desde agosto de 2013 y no pueden venir en mayo de 2015 a decir que hay una urgente o extraordinaria necesidad porque ya están planificados, y ese acuerdo de Consejo de Ministros que se aportó al recurso de inconstitucionalidad es la pistola humeante que permite al Tribunal Constitucional admitir a trámite ese recurso. Tengo aquí la nota de la admisión a trámite del Tribunal Constitucional firmada en noviembre de 2014. (Muestra un documento). Ya han transcurrido los suficientes meses como para que el Gobierno lo supiera. Además, el Consejo de Estado ha informado de que no es procedente un real decreto para este crédito extraordinario. Es decir, responsables de la industria, jurídicamente este decreto provoca absoluta inseguridad a quienes son los responsables de mantener esas industrias del armamento, pero políticamente también, porque


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todos los grupos de la oposición hemos dejado claro a lo largo de los años nuestro rechazo a este método de financiar los programas de armamento. Primero, por su opacidad; segundo, por los visos de ilegalidad que tiene el procedimiento y, tercero, porque falsea el presupuesto del Ministerio de Defensa -cada año lo volvemos a decir también cuando se tramitan los presupuestos de Defensa-, pero políticamente es un decreto y es una manera de financiar estos programas que está absolutamente en cuestión, también socialmente, porque este Gobierno no ha traído ni un solo crédito extraordinario para financiar las numerosas necesidades sociales urgentes que ha habido en los últimos cuatro años, mucho más urgentes que estos pagos que se hacen de manera opaca y presuntamente ilegal.

Por lo tanto -me vuelvo a dirigir a los responsables de la industria-, no deben infravalorar la inseguridad jurídica en la que este Gobierno les está sumiendo, no deben infravalorar que el 15 % de los ya pagados programas especiales de armamento está en el alero. Creo que los responsables de la industria deben considerar también la inseguridad política en la que están. Este Gobierno les está asesorando mal, les está llevando por un camino erróneo, que puede acabar en el colapso de estos programas y en el colapso de la propia financiación de los programas. Si estos programas colapsaran, el Gobierno actual sería responsable de poner a nuestro país en una situación de inseguridad política, en una situación de riesgo y de amenaza, porque estos programas -lo hemos dicho en numerosas ocasiones-, no todos, son necesarios, y el Gobierno debería renegociar con la industria de manera ventajosa para el Estado porque los intereses que defiende son los intereses públicos. Y como no lo ha hecho y ha utilizado un método que está puesto en cuestión jurídica y políticamente, puede abocar al país a una situación de inseguridad real, puede provocar problemas para la seguridad del país y para la seguridad del Estado. Sería un desastre, pero sería un desastre anunciado por todos los grupos de la oposición y por las más altas instituciones jurídicas de este país, y sería también un desastre para la propia industria. No sé si ustedes son conscientes, pero desde luego los responsables de la industria lo son. Este Gobierno no va a ser eterno, esta forma de financiar los programas no va a ser eterna, y ustedes, el Gobierno, están poniendo en serios apuros a la industria del armamento. Vamos a votar en contra, por supuesto.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.

Señor Montoro, parece usted el ministro para todo. No sabemos muy bien si es por una premonición, la de que parezca usted el ministro de un grupo mucho más pequeño; esperemos que sea por ese motivo por el que interviene usted y no el ministro de Defensa, porque si no estaríamos hablando otra vez del ninguneo por parte del titular del ministerio, que es el protagonista hoy de este debate.

Quiero comenzar diciéndole, señor Montoro, que no sé qué es lo que más asombra a mi grupo parlamentario, si el ninguneo del Ministerio de Defensa, como le digo, o su estoicismo cuando viene aquí a justificar lo injustificable, que no es otra cosa que la extrema y urgente necesidad de este real decreto para el pago de los programas especiales de armamento, como bien dice -y ya se lo han recordado desde aquí- el informe del Consejo de Estado e incluso los diarios de sesiones del propio debate presupuestario de este año. Lo que sí le diré es que la dimensión de nuestro asombro solo es igualable o se aproxima a la de nuestro hartazgo, señor ministro, porque lo que ustedes están haciendo -y me gustaría que me prestase atención- no es solamente tomarle el pelo a esta Cámara, es reírse de la gente, es retorcer el ordenamiento jurídico hasta convertirlo en una caricatura, es engañar, señor Montoro; es engañar con todas las letras. Vuelven hoy a utilizar la figura del real decreto -del decretazo-, a pesar de que admitan aquí traerlo a trámite como proyecto de ley, por cuarta vez en la legislatura, para destinar nada más y nada menos que 853 millones al pago de la factura armamentística. Bien podría ilustrar esta sucesión anual de decretos-leyes lo que ha sido en términos democráticos la acción del Ejecutivo del Partido Popular, todo un paseo militar en el que el debate, el control al Gobierno, la transparencia, la priorización de las políticas sociales o el más mínimo respeto al ámbito constitucional han sido directamente dinamitados por su Gobierno, señor Montoro. El respeto al Parlamento nos lleva a hablar de esto, a debatir más allá del contenido de este real decreto, que es, como le decía, la consumación de una actitud contraria radicalmente, señor Montoro, a las más mínimas normas del correcto funcionamiento democrático de un país que así desee y así quiera llamarse.


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Señorías, ustedes nos traen aquí por cuarta vez consecutiva una suerte de trágala, en este caso edulcorado, unas medidas que deberíamos haber debatido en el ámbito presupuestario, en los Presupuestos Generales del Estado. La pregunta que deben contestarnos es por qué vuelven a ocultar esos 900 millones de euros que ustedes no han querido consignar en el presupuesto, para que la gente supiese y viese en qué se gasta el dinero nuestro Gobierno. Además, con su actitud le están haciendo un flaco favor a España, señor ministro, a la credibilidad de este Parlamento y de la propia política y, como ya se le ha dicho aquí y se le ha recordado -también por parte del Tribunal Constitucional-, a la industria armamentística. Desde La Izquierda Plural suponemos que a ustedes esto les da lo mismo, que siguen empecinados en entender que la momentánea correlación de fuerzas que se vive en este hemiciclo les da carta blanca para hacer de su capa un sayo e hipotecar el futuro con nuevos créditos, como ya hicieran Gobiernos anteriores, en este caso también del Partido Socialista, y exprimir hasta límites insólitamente peligrosos el uso y abuso de los reales decretos.

Empezaron con esto en 2012, cuando entraron al Gobierno, con un real decreto que implicó un crédito extraordinario para hacer frente a los programas especiales de armamento de 1.782 millones de euros. En ese momento aducían que había que renegociar la deuda y que eso impedía concretar su inclusión correctamente en el ámbito presupuestario, en los Presupuestos Generales del Estado. Bien, en 2013, cuando ya se conocían las anualidades que debería abonar España, ya habían renegociado ustedes esa deuda e hicieron lo mismo que en el año anterior, vía real decreto por valor de 877 millones de euros. Por cierto, señor Montoro, una renegociación de la deuda que puede resumirse en pagar más, hasta 2.000 millones más, por menos. La acción al frente del Ministerio de Defensa que está haciendo el señor Morenés está teniendo grandes beneficiarios y, desde luego, no es el pueblo español. Quizás eso tenga que ver algo con la vocación de nuestro ministro de Defensa por la industria de las armas. Ya se lo dije a él y me hubiera gustado repetírselo hoy desde esta tribuna: utilizar el Poder Ejecutivo de un país como un Ejecutivo con poder al servicio del lobby armamentístico no es para lo que ha sido puesto el ministro en ese sillón, señor ministro. (Aplausos). En 2014, y a pesar de conocer perfectamente la cantidad correspondiente que tocaba en ese ejercicio y que ya no había excusa para no consignarlo en el presupuesto, ustedes vuelven a traernos otro real decreto que, como les decía antes -y se les ha recordado-, fue recurrido al Constitucional y, claro, ese recurso ante el Constitucional hace que hoy edulcoren este trágala, como les decía, diciéndonos que lo van a tramitar como proyecto de ley. Pero es que, no contentos con eso, lo vuelven a hacer hoy, como les decía y, mire, señor ministro, esa reincidencia suya y del Partido Popular dice mucho de ustedes y de su manera de entender la democracia, sometiéndonos a otro decretazo para pagar esta factura que, vuelvo a decir, incrementa el presupuesto de Defensa -y, por tanto, el presupuesto de Defensa que aprobaron es falso- en un 15 %. ¿Cómo quieren ustedes que nos creamos su acción presupuestaria? ¿Cómo quieren ustedes que tengamos el más mínimo respeto a la acción de este Gobierno? Cuando estaba usted interviniendo en esta tribuna, me ha recordado un chiste del gran Gila: ¿Es el enemigo? ¿Son muchos? No sé si habrá balas para todos. Bueno, nosotros disparamos y ustedes se las reparten. (Aplausos). ¿Pero qué manera de trabajar es esa, señor ministro, qué manera de trabajar es esa? Es -permítame la expresión- absolutamente vergonzoso.

Ayer, en la Comisión de Defensa pudimos abordar este debate y se habló de alguna otra cuestión que va al fondo del asunto, no solo a la forma, y que no quiero dejar de citar desde esta tribuna. La primera es la que tiene que ver con el modelo de I+D+i que tiene nuestro país. Para nosotros y nosotras, para La Izquierda Plural, es necesario un cambio de rumbo en las políticas de I+D+i y, ya que está usted aquí y es el ministro para todo, llévese el recado desde La Izquierda Plural. La reconversión de I+D+i militar a I+D+i civil es necesaria para un cambio de modelo productivo, pero sobre todo para la mejora en el empleo, no solo para el mantenimiento de los puestos de trabajo sino para incrementarlos, porque cuando ustedes utilizan a los trabajadores como chantaje, secuestrando, para justificar su apuesta denodada por la industria, no son creíbles, señor Montoro, y se lo han dicho aquí. Ustedes han pasado conflictos laborales en el ámbito de la defensa una vez tras otra: en el ámbito de las limpiezas en los cuarteles, en el ámbito de las bases de Morón y Rota y en muchas otras cuestiones, así que lecciones de defensa del empleo y de los puestos de trabajo por parte del Partido Popular pueden dar pocas, muy pocas, señor ministro.

Siguiendo con el asunto, ya es hora de saber además en qué situación se encuentra la devolución de los préstamos que, vía Ministerio de Industria en este caso, se destinan año tras año a la fabricación de este material, a la industria armamentística. En la comparecencia del secretario de Estado -creo recordar- durante el debate presupuestario nos dijeron que solo se habían recuperado 141 millones de todos los créditos que habían obtenido vía subvenciones I+D+i las empresas armamentísticas. Nosotros


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queríamos saber -usted también ha hecho referencia a ello- cuántos créditos de esos se han recuperado, cuántos de esos créditos han vuelto a las arcas del Estado, porque a la industria le sale redondo el asunto: subvenciono la producción, produzco sobre encargo y la venta está segura. Me gustaría saber si ese mismo tratamiento se da a otras empresas y sobre todo me gustaría saber qué piensan otras empresas del Estado español, los autónomos y las pymes de este país que lo están pasando francamente mal, señor Montoro. Pero no es solo eso. No se ha hecho ni una valoración sobre la idoneidad o no de determinados materiales -se ha recordado desde esta tribuna-, cuando nuestras Fuerzas Armadas están asfixiadas precisamente porque estos pagos devoran la principal parte del presupuesto del Ministerio de Defensa y son otras las necesidades que tienen para garantizar con eficacia su plena operatividad. No lo digo yo, no lo dice el Grupo de La Izquierda Plural, sino los profesionales de las Fuerzas Armadas y el real decreto, cuando ni siquiera hay munición suficiente porque no se ha comprado la munición correcta por vía presupuestaria. Señor Montoro, eso no es planificar, es otra cosa; eso es otra cosa. Sería conveniente hacer un estudio profundo de este asunto, que la sociedad cuente con toda la información y sobre todo, como venimos exigiéndole reiteradamente, que se haga un análisis profundo de las necesidades de la defensa española y si estas necesidades implican este tipo de programas especiales de armamento que ustedes han decidido pagar. Y los han decidido pagar -vuelvo al principio y concluyo- saltándose cualquier rigor político y democrático, de forma extrapresupuestaria a pesar de conocer el gasto que año a año implican, vía deuda pública, por la vía del real decreto sin que se den las condiciones constitucionalmente reconocidas para utilizar esa media de extrema y urgente necesidad y ocultando a la gente que su Gobierno prefiere pagar la factura de las armas, aunque para ello tenga que endeudarse y hacer los recortes consecuentes que esa deuda implica.

Señor ministro, obviamente, mi grupo no va a votar a favor de este real decreto. Sabemos que no van a permitir este análisis ni este debate que les exigimos, pero, por favor, al menos sean valientes y consígnenlo presupuestariamente. Consígnenlo presupuestariamente. La teoría del shock, mediante la que ustedes intentan anestesiar a la ciudadanía, se ha acabado, señor ministro, se ha acabado, y eso es importante. Esperamos que dentro de poco pase usted a ser el representante de un grupo minoritario, así que nos parece correcto que vaya haciendo prácticas defendiendo absolutamente todas las medidas de su Gobierno. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Sanz.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, nos encontramos en el Día de la Marmota, como cada año, con una escena ya por triplicado. Me ha gustado la primera frase de su intervención: vuelvo a subir aquí a la tribuna. Usted sin duda se refería al punto anterior, pero yo he pensado: es correcto, sí. Efectivamente, vuelve usted a subir a la tribuna, como cada año, a defender un crédito extraordinario absolutamente previsible. ¿Y por qué hace esto? Luego oímos declaraciones del ministro y de sus portavoces diciendo aquello de que el Estado español -ustedes dicen España, claro-, España es la que gasta menos de la Unión Europea en porcentajes sobre el PIB en cuestiones militares, solo por debajo de Luxemburgo. Claro, si hacen ustedes las cuentas del Gran Capitán pueden hacer afirmaciones como esas. ¿Sabe de dónde sale la expresión -usted es un hombre de gran cultura- de las cuentas del Gran Capitán, no? Por aquello de enviar las cuentas a la Corte diciendo: 10.000 ducados por el desgaste de las campanas provocado por la celebración de las victorias habidas. Pues parece que sus presupuestos más o menos responden a la lógica de las cuentas del Gran Capitán. El presupuesto de Defensa -esto es vox populi y en este sentido les perjudica- está muy maquillado. Presentan antes de consolidación un presupuesto en el que, obviamente, no se cuenta con los organismos autónomos, las externalizaciones. Esto ya por sí solo son 1.000 millones. No cuentan con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa o con el Canal de Experiencias Hidráulicas. De entrada no se cuenta con ellos, son organismos autónomos antes de consolidación. Vemos el presupuesto antes de consolidación y con ellos no se cuenta. Un segundo truco -paso rápido, porque el tema de fondo es otro- son las famosas partidas ampliables, las misiones en el exterior. Siempre me ha despertado curiosidad que ustedes ponen una partida, ampliable obviamente, de 14,36 millones de euros, que luego acaba siendo -hablo de la última- de 789 millones de euros. Solo por curiosidad, ¿por qué 14,36? ¿Por qué no 14 o 15? ¿Por qué 14,36 si saben ustedes que van a acabar pagando 789 millones o más? ¿Por qué ponen una cifra tan justa? No lo acabamos de entender. Dirán que tiene que ser una partida ampliable porque


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puede salir un nuevo conflicto. Sí, tienen razón, pero nosotros sabemos perfectamente que el año que viene estaremos en Líbano; sabemos que estaremos en la República Centroafricana; sabemos que estaremos en Malí y sabemos con qué cantidad de tropas y el gasto que tendremos. Por favor, no pongan ustedes estos 14,36 millones. ¿Que quieren dejarlo como partida ampliable? Lo comprendemos, pero pongan una cifra que tenga alguna relación con una realidad que ya conocen perfectamente.

Por último, entro en el tema que nos trae hoy, el del día de la marmota, el de los planes especiales de armamento. No quiero repetirme. Se lo han dicho por activa y por pasiva, se lo ha dicho el Consejo de Estado, lo dice el sentido común. ¿Cómo el pago de algo que está previsto hasta 2030 pueden decir que les ha sorprendido y es de urgente necesidad? Ustedes saben perfectamente lo que tenían que pagar este año, un crédito de espacios especiales de armamento. ¿Por qué no lo han presupuestado? En definitiva, esto les sirve, aparte de para decir la famosa frase de que en porcentaje gastamos en armamento menos -excepto Luxemburgo- que cualquiera -a estas alturas, cualquier ciudadano sabe, porque es vox pópuli, que es mentira, que no es así-, como cierta técnica oscurantista. Ustedes están violando dos principios, y no lo digo yo sino el Consejo de Estado. Primero violan el que he citado de la técnica presupuestaria; todo lo que se puede presupuestar, todo gasto que pueda estar previsto tiene que estarlo en los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes saben positivamente lo que les va a costar el total de los programas especiales de armamento y gran parte de lo que costarán las misiones en el exterior, y no lo ponen. Eso viola el principio presupuestario. Además violan el concepto de lo que es un real decreto-ley, que se aprueba por urgente necesidad. Es un oxímoron, señor ministro. ¿Cómo puede haber urgente necesidad en algo que tenemos previsto pagar hasta 2030, puesto que podemos calcular perfectamente lo que nos va a costar cada año? ¿Dónde puede aparecer esta urgente necesidad? ¿Me lo cuenta usted? ¿Qué pasa? Maquillaje presupuestario y, en definitiva, oscurantismo en las cuentas. El ministro nos ha dicho muchas veces en Comisión: Intentaremos renegociar cosas, intentaremos revender parte de este material a otros países. No sabemos si hace o no todo esto, no tenemos demasiada percepción de que lo haga. Si se hace, queda en la más absoluta oscuridad porque las cifras no aparecen en el presupuesto; no aparece una cifra menor que la del año pasado porque se haya renegociado tal cosa, no. Si el ministro tiene a bien informar, nos lo dice, aunque normalmente no lo hace. Manifiesta que intentará hacerlo, pero de cuestiones concretas ha dicho poca cosa. Por tanto, oscurantismo.

Esto es un mal negocio; es un mal negocio pero para todos: para la política en general, para los grupos de la oposición, que no podemos hacer nuestro trabajo de controlar las cuentas, pero honestamente -lo dije ayer en la Comisión- sobre todo para el Gobierno del Estado, porque el tema de la "agostidad"para aprobar el decreto ya no les funciona. La gente es perfectamente consciente en este tema de que las cifras que se dicen de gastos de defensa son en la práctica muy inferiores a las reales; ya es vox pópuli, lo sabe todo el mundo. Los principales perjudicados son ustedes porque hay una regla -usted lo sabe-, y no solo en política: donde no hay información se genera espacio para la especulación y para el rumor. Señor ministro, personalmente ha tenido que desmentir auténticas barbaridades que me han comentado sobre cuál era en realidad el presupuesto de defensa del Estado español. Cuando no hay transparencia, la gente especula y corren cifras, algunas de ellas no me atrevería ni a repetirlas aquí. Presenten ustedes las cosas como son, acaben con el día de la marmota; al final se puede salir del día de la marmota y aparece un nuevo día, y con él la luz, la luz sobre las cuentas. Cumplan el principio presupuestario, cumplan el concepto de lo que debe ser un decreto-ley, ministro, por el bien de todos; sobre todo, por el bien de ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER ROSELLÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero llevar la tranquilidad y la serenidad a su alma: el ministro se encuentra en Singapur en la más importante reunión de ministros de Defensa del año; el ministro está defendiendo los intereses de España, que es lo que hace habitualmente. (Aplausos).

Hemos debatido esta misma cuestión más de media docena de veces, de modo que cuando preparaba mi intervención pretendía en un primer momento encontrar algún enfoque original, una manera distinta de abordar el problema, movido por el deseo de no aburrir a sus señorías y no abrumarlas con la reiteración de argumentos. Inevitablemente me vinieron a la memoria los versos de Lope: "Un soneto me manda hacer Violante / que en mi vida me he visto en tanto aprieto..." Bien mirado, señorías, el asunto es de una


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simpleza notable. El real decreto-ley concede créditos extraordinarios para hacer frente a tres cuestiones distintas: en primer lugar, para la remodelación de una planta del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel, consecuencia de la crisis del ébola. En segundo lugar, se destinan créditos para hacer frente al plan de municionamiento. Parece superfluo explicarles a sus señorías las inestimables ventajas que reporta en caso de conflicto disponer de munición y lo agradecida que queda la tropa por ello, especialmente ahora que han caído en desuso los asaltos con arma blanca. Finalmente se prevén 846 millones de euros para afrontar los compromisos anuales derivados de los llamados programas especiales de armamento.

Como bien saben sus señorías, los diecinueve programas, tanto por su volumen económico como por la complejidad industrial y tecnológica que plantean, suponen la más relevante adquisición de sistemas armamentísticos que realiza el Ministerio de Defensa. Estos programas han sido y son fundamentales para la modernización de las Fuerzas Armadas, que disponen así de capacidades a la altura de las necesidades de la defensa nacional, de nuestros compromisos con nuestros socios y aliados y con el sistema de mantenimiento de la paz y de la seguridad mundial. Señorías, los planes especiales de armamento también han supuesto un importantísimo acicate para un sector industrial puntero que genera más de 20.000 puestos de trabajo directos de altísima cualificación, que es intensivo en I+D+i, con una enorme capacidad de exportación, y que genera además patentes aplicables en otros campos. Por último, pero no por ello menos importante, cada vez que esta augusta Cámara toma la decisión de desplegar a nuestros hombres y mujeres en una zona de conflicto en defensa de los intereses de nuestro país, aparte del orden, de la paz y de la seguridad mundiales, asume el compromiso ineludible, asume la responsabilidad de dotarlos en la medida de nuestras posibilidades del material necesario para atender al cumplimiento de la misión y también a la seguridad de las tropas; es decir, para que cumplan la tarea que les hemos encomendado nosotros y tengan las mejores posibilidades de hacerlo volviendo de una pieza.

A nuestro juicio, señorías, esta es una cuestión de Estado, de seguridad nacional, no tiene color político. Es, en todo caso, una cuestión de responsabilidad o irresponsabilidad y este Gobierno ha asumido como propios los programas especiales con independencia del color del Gobierno que los encargó, y lo ha hecho precisamente por colocarse del lado de la responsabilidad. Permítame, señor López Garrido, que le recuerde -usted y yo, hemos estado en el ministerio- que hemos visto cómo cada ministro cuelga al salir su retrato, cómo hay un retrato en el que un ministro aparece rodeado de las maquetas de sus encargos: carro Leopard, fragata F-100 y Eurofighter -los tres proyectos más caros que hemos comprado durante toda nuestra historia-. ¿Sabe usted qué ministro es? ¿Qué ministro orgulloso muestra sus realizaciones? ¡El ministro García Vargas! ¿De quién era ministro? ¡Del señor Felipe González! (Aplausos). Pero nosotros asumimos esos encargos porque es una cuestión de responsabilidad con la seguridad nacional, señoría.

Una vez sentada esta premisa, evidentemente la adquisición de material de guerra genera una deuda, y las deudas son siempre un problema, señorías. El Gobierno del Partido Popular tomó a este respecto dos decisiones. En primer lugar, tomó la iniciativa de renegociarla, a mi juicio, con el notable resultado de ahorrar a los contribuyentes de este país la nada despreciable cantidad de 8.000 millones de euros, y así lo ha manifestado el ministro Montoro, también sirviendo a este país hoy en esta sala. Evidentemente, la deuda se ha minorado pero persiste. El Gobierno del Partido Popular decidió descartar el método del anterior Gobierno socialista, consistente básicamente en no pagar la deuda. Es cierto que era un método ingenioso y ocurrente, pero la insistencia de los acreedores en cobrarlo lo convertía en eminentemente poco práctico. Por tanto, la segunda decisión adoptada por el Gobierno fue afrontar la deuda por el procedimiento de pagarla; solución -debo reconocerlo- menos imaginativa, pero evidentemente más eficaz y con la ventaja añadida de contribuir a restaurar la confianza en nuestro país, por aquel entonces una de las condiciones básicas para salir de la crisis económica en la que nos encontrábamos.

Otra ventaja que ofrece la política de hacer frente a las deudas por el curioso y exótico procedimiento de pagarlas es que te permite negociar las condiciones con el acreedor, y así a la sustanciosa rebaja de 8.000 millones de euros a la que hacía referencia cabe sumar la flexibilización de los pagos; aquí entronco con la que parece ser la madre de todas las quejas de buena parte de sus señorías. Me refiero al hecho de que sea un real decreto-ley a mitad de año el que apruebe los créditos destinados al abono de los programas especiales de armamento en lugar de consignarse en los Presupuestos Generales del Estado. Verán, señorías. El pago de los programas especiales es importante para el Gobierno, pero no constituye su prioridad. Lo prioritario e innegociable es el gasto en educación, en prestaciones por desempleo, en sanidad, en pensiones y en gasto social en general. Estos aparecen, como no podía ser


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de otra manera, reflejados en los Presupuestos Generales del Estado. La inversión en armamento para nuestras Fuerzas Armadas, con ser necesaria e ineludible, es negociable, es flexible y tiene mucho que ver con la evolución de la economía a lo largo del año, de las cuentas del Estado y, como consecuencia de todo ello, de su disponibilidad de crédito para destinarlo a este fin. Hoy disponemos de esos datos con absoluta seguridad, pero en junio del año pasado, cuando se redactó el presupuesto, evidentemente no, señorías.

Como sus señorías pueden ver, es esta una cuestión de prioridades y este Gobierno ha priorizado siempre el gasto social sobre el gasto de armamento, por muy necesario y justo que este sea también. Si todo ello no fuera suficiente, súmenle, señorías, las dificultades en la entrega de un material extraordinariamente complejo y sometido en la recepción a todo tipo de controles, lo que convierte las fechas previstas para su entrada en servicio y posterior abono al fabricante en meramente orientativas. Sirva de ejemplo el caso de la F400. Deberíamos disponer ya de cuatro unidades en servicio pero no disponemos de ninguna, no se nos ha entregado ninguna. También se puede producir la aparición de problema en el diseño y el desarrollo de algún proyecto, como en el caso del submarino S-80. Todo ello les llevará a la conclusión de que el recurso al decreto-ley no responde a un capricho del Gobierno sino a un saludable ejercicio de sentido común.

Por último, algunos de ustedes acusan de opacidad al Gobierno en esta materia, cuando las referencias al real decreto-ley aparecen estos días en todos los medios de comunicación. Su texto se publica íntegramente al menos en dos boletines oficiales y hoy tenemos un debate monográfico sobre la cuestión en el seno de esta Cámara. Yo les pregunto: si el Gobierno pretendiera pasar esta inversión de tapadillo ¿no sería más lógico incluirla en los presupuestos generales y colarla de rondón diluida en la inmensidad de ese debate? ¿No sería eso más sensato y más razonable si esa fuera la voluntad del Gobierno? En lugar de eso, lo sometemos a un debate singular y exclusivo en el Pleno de esta Cámara. Parece una cuestión de táctica política elemental, de la parte general. ¿Por qué dicen que es opaco? Opaco es el naipe marfil, pero no este decreto- ley, señorías. Solo me queda terminar mi intervención con los versos de Lope: "Ya estoy en el segundo, y aún sospecho/ que voy los trece versos acabando;/ contad si son catorce, y está hecho."

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA(Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Ferrer.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000127).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Pasamos al siguiente punto. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidente.

Señor ministro, señorías, terminamos la tramitación de esta importante modificación de la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas. No voy a reproducir lo que dije el pasado día 16 de abril cuando votamos las enmiendas parciales del dictamen. Solo haré un apunte a una importante enmienda sobre Navarra que daba una nueva redacción a la disposición adicional segunda. Me gustaría recordar -frente a quienes insisten en que por el hecho de tener un solo diputado Unión del Pueblo Navarro no tiene capacidad para defender a Navarra y frente a responsables de algunos partidos, como Geroa Bai, nos acusan de dejar vacante la defensa de Navarra- que fue solo Unión del Pueblo Navarro el partido que en el largo plazo de presentación de enmiendas parciales, casi de tres meses, presentó una enmienda para defender, para actualizar, para garantizar, para blindar el régimen fiscal de Navarra. Para nosotros el régimen fiscal navarro es importante. Constituye una de las señas de identidad más características de la personalidad política de Navarra. Es, a nuestro juicio, el mejor marco normativo que regula las relaciones entre administraciones diferentes; además facilita la colaboración, la complementariedad, respeta la


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diversidad, garantiza la solidaridad y sirve para solucionar de una forma pacífica, si se quiere, porque es verdad que en esta legislatura algunos han pervertido el sistema, los conflictos que puedan surgir en el día a día en el ejercicio de nuestra autonomía en una administración compleja como la que tenemos. Desde Navarra, algunos hemos reivindicado siempre la madurez política de nuestras instituciones para gestionar los asuntos propios, sin tutelas ni de Vitoria ni de Madrid, respetando un imprescindible y útil principio de subsidiariedad porque, señorías, con humildad, Unión del Pueblo Navarro quiere lo mejor para los navarros. Es lo que hemos intentado hacer en esta tramitación también, buscar lo mejor. Por ejemplo, igual que el Partido Nacionalista Vasco no desea que Bildu gobierne en Guipúzcoa o en el Ayuntamiento de San Sebastián, tampoco ayudaríamos a ese mismo grupo, con todas sus fobias, rencores y su visión totalitaria de la sociedad, a entrar en ninguna institución de Navarra. Creo que tiene lógica. Por eso, hoy no entendemos que desde ese partido político, que es considerado muy perjudicial para Guipúzcoa -para todo el País Vasco, pero en concreto para San Sebastián-, quiera que ese grupo gobierne en Navarra y para los navarros. Es lo que está haciendo y pretende su marca blanca, la Geroa Bai de la señora Barkos, ayudando precisamente a los que durante cuarenta años han estado coreando en las calles de Pamplona el famosa ¡Gora ETA! a obtener una alcaldía sin los votos suficientes. ¡Señorías, menuda herencia que nos quieren dejar! Ellos verán. Actuar así tiene la lógica de quienes actúan acumulando fuerzas en la construcción nacional, y para nosotros obviamente no es nada nuevo. Al menos, por favor, yo les pediría que no dijeran que eso es lo mejor que se les ocurre para los navarros, porque esos pactos yo estoy seguro -ellos lo saben- van a conseguir precisamente lo contrario, como ya saben muy bien todos en Guipúzcoa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Salvador.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Antes de empezar quería hacer un reconocimiento -el otro día estuve en campaña electoral en Alicante- a los trabajadores de Correos y sacar su camiseta (Muestra una camiseta); la de un nuevo servicio público que están dejando morir, que están dejando desaparecer por inanición. En esta legislatura no se han repuesto 11.000 puestos de trabajo, y esa es una manera más de dejar morir un servicio público que funcionaba perfectamente. Mi reconocimiento a la lucha de estos trabajadores.

Vamos al tema. El 31 de enero de 2015 el ministro de Hacienda -que se acaba de marchar-, Cristóbal Montoro, reconoció que los valencianos estábamos infrafinanciados en el vigente modelo de reparto de recursos del Estado de las autonomías, tal y como reflejan -afirmó el ministro- todos los estudios. Qué tiene que hacer un gobierno de España en esta situación, le preguntaron. Corregirlo; eso es lo que dijo, corregirlo. Es lo que respondió en esa visita a Valencia en las elecciones autonómicas y locales de 2011. Según el método de carga de beneficio elegido por el grupo de expertos dirigidos por el propio ministerio, la Comunidad Valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 millones, según sus estudios. El modelo de financiación deja de ser solidario cuando no todas las autonomías reciben el mismo dinero por habitante para financiar sus servicios. Estas palabras no son mías, son palabras de un compañero suyo, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Con la asignación que recibimos los valencianos del Estado solo cubrimos el 85 % de la sanidad y de la educación; el resto lo cubrimos con préstamos, casi 40.000 millones de deuda, con un aumento, solo en 2014, de 5.000 millones. ¡Y luego el señor Rajoy habla de políticos amateurs y políticos profesionales! Sus compañeros aumentaron la deuda en 5.000 millones el año pasado en la Comunidad Valenciana. La financiación per capita de los valencianos está en el 79 % de la media en el periodo 2002-2012. Solo en esos diez años nos han expoliado 21 de cada 100 euros y, lo que es peor, los valencianos a pesar de tener una renta inferior a la media financiamos a otras comunidades más ricas; de hecho, somos los únicos pobres y contribuidores. Han pasado tres años y medio y el Partido Popular no ha hecho nada, y esta situación tiene consecuencias. Representa sacrificios cada día, tiene consecuencias, tiene sacrificios y, sobre todo, tiene un culpable: el Partido Popular. El domingo empezaron a pagar las consecuencias y los sacrificios.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, los nacionalistas canarios una vez más no vamos a apoyar este proyecto por tres razones. La primera, porque ha habido una falta de lealtad institucional. Como saben sus señorías, las comunidades autónomas se enteraron por la prensa, se las convocó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tres días antes y en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera no se les dio toda la información. Eso es una falta absoluta de lealtad institucional. Asuntos tan importantes como los relativos a los avales y garantías, la inclusión de nuevas causas de aplicación de los mecanismos de intervención por el Estado y nuevas limitaciones en la autonomía financiera en cuanto al endeudamiento no se comunicaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El segundo asunto por el cual los nacionalistas canarios vamos a votar en contra es que este Gobierno ha tenido una falta absoluta de valentía y de compromiso político al no revisar el sistema de financiación autonómica; ese es el verdadero asunto porque había un compromiso de que a partir del 1 de enero de 2015 se iba a tener aprobado el nuevo sistema de financiación. No digo, como todos, que soy la peor, no. FAES, el señor Aznar, el Partido Popular dicen que la comunidad en la que hay mayor desviación con respecto a la financiación necesaria es Canarias. Eso afecta a un derecho fundamental. Al Partido Popular se le llena la boca al hablar de la igualdad de todos los españoles. En lo que afecta más a los españoles, en servicios básicos esenciales (Estado del bienestar, sanidad y educación) los canarios tenemos un déficit de financiación, incluso si estuviéramos con la media nacional, de cerca de 800 millones de euros.

El último motivo por el que vamos a votar en contra, es porque afecta a los principios constitucionales del modelo autonómico y a la autonomía financiera, señores diputados del PP, de las comunidades autónomas. Asimismo, volvemos a denunciar el asunto del Fondo de compensación, el que equilibra a las comunidades en la igualdad, y que sigue, señores diputados y señores del Gobierno, con un retraso de liquidación de dos años. Por estas tres razones los nacionalistas canarios volvemos a decir no a este proyecto de ley y, sobre todo, emplazamos al Grupo Popular a empezar a trabajar en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, antes de comenzar, tengo que decir que me ha sorprendido la actuación del portavoz de UPN y que la Presidencia no le haya dicho absolutamente nada. El portavoz de UPN se ha metido con el Partido Nacionalista Vasco, para entendernos, con la política de pactos, y ha hecho su publirreportaje en relación con cómo deben ser los pactos. Yo creo que ni este es el lugar, ni este es el momento. Desde luego, señor Salvador, si usted ha tenido malos resultados electorales y no puede gobernar Navarra como hasta ahora, es algo que corresponde a su reflexión y no es cuestión de echar la culpa a los demás.

Entro en materia. Señorías, señores del Grupo Popular, una vez más han mostrado su talante autoritario e intransigente haciendo caso omiso e ignorando lo que otros grupos les planteamos, en concreto lo que les planteamos desde el Grupo Vasco en relación con la disposición final primera por la que se modifica la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que nada tiene que ver con la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas ni con la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Nada tiene que ver y además supone una clarísima intromisión y vulneración competencial que ya denunciamos al debatir el proyecto en esta Cámara el pasado 16 de abril y que queremos denunciar hoy de nuevo puesto que no se ha corregido este desaguisado en su tramitación en el Senado. Cuánto trabajo, señores del Grupo Popular, nos están dejando para la siguiente legislatura por su empecinamiento en dar marcha atrás al Estado autonómico, por su falta de respeto al marco jurídico y a las reglas de juego que conforman el entramado institucional. Introdujeron la disposición final primera en ponencia, incorporando al texto legislativo una enmienda del Grupo Popular con premeditación y alevosía, tratando de que los restantes grupos de la Cámara no nos enteráramos. Pero nos enteramos y lo denunciamos; ahí está el "Diario de Sesiones" que refleja de forma nítida la posición de nuestro grupo parlamentario. Hoy tan solo quiero subrayar algunas cuestiones que ya señalé en el debate anterior, y es por lo que estamos frontalmente en contra de este proyecto. Por los argumentos que le voy a dar, votaremos que no a las enmiendas incorporadas, votaremos que no al dictamen y al carácter orgánico del proyecto; un no rotundo y contundente.


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Con el proyecto se limita la capacidad de actuación de las comunidades autónomas en el ámbito sanitario y no solo de aquellas que se acogen a los fondos de liquidez que presuntamente se iban a crear con este proyecto de ley, sino a todas. En nuestra opinión, ello supone fraude constitucional y, como tal, seguro que las instituciones autonómicas actuarán. Pretenden imponernos medidas de una ley orgánica como es la de estabilidad, pensadas para el conjunto del presupuesto de las administraciones, únicamente a un subaspecto de una sección específica mediante una ley ordinaria. Señorías, los acuerdos en materia sanitaria se deben adoptar en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y las ayudas y los acuerdos financieros, siempre y cuando sean para comunidades de régimen común, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en la Comisión mixta del concierto, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de la Comunidad Foral de Navarra. No contentos, insisto, con la aplicación del artículo 135 de la Constitución, que por imperativo legal respetamos y cumplimos, quieren montar un sistema policial para controlar absolutamente todo, incluidos los mínimos detalles. Por ello, por lo argumentado y por lo que fundamentalmente expresé en el debate anterior, reitero que la votación el Grupo Vasco al proyecto será no.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy asistimos a la culminación de un debate que, si me permiten, creo que es el paroxismo de la degradación de la función legislativa de esta Cámara. Han conseguido ustedes llegar a las más altas cumbres de la degradación legislativa y era difícil superarse a sí mismos. Lo acabamos de ver hace un momento con el debate del decreto-ley de ampliación del crédito de Defensa, esa especie de rutina que unas veces viene en julio y otras veces en junio o mayo pero que supone permanentemente hacer que cualquier parecido con la realidad de los Presupuestos Generales del Estado sea pura coincidencia. Con este proyecto de ley, al que ustedes llaman de financiación de las comunidades autónomas, se han superado ustedes a sí mismos, degradando hasta límites insostenibles la función de esta Cámara. Llegados a este momento, uno se pregunta cuáles son las razones por las que ustedes nos han llevado a ese nivel de degradación legislativa. Puede ser que ustedes hayan decidido que presentar, por ejemplo, enmiendas por parte del Partido Popular reformando siete leyes -como hacen en este caso- de manera distinta al proyecto de ley es la manera para modificar cosas sin tener que pasar por los informes y dictámenes preceptivos del Consejo de Estado o de otras instituciones. Es posible que sea eso, lo han hecho en muchas ocasiones y, por tanto, podría ser esa la explicación. Incluso podría ser que una vez que han llegado a tal nivel de abuso de la mayoría absoluta, se sienten tan absolutamente cómodos que incluso esa mayoría absoluta está actuando en su contra, porque deciden improvisar permanentemente, modificando de manera reiterada un decreto-ley con otro decreto-ley, un proyecto de ley concursal reformado tres veces cuando aún no se ha terminado de reformar el anterior. Por eso insisto en que esta vez ustedes se han superado a sí mismos y en que el paroxismo es total.

Nos han presentado una ley, a la que llaman cínicamente de financiación de las comunidades autónomas y de la estabilidad presupuestaria, que es todo menos el título que lleva, aunque eso ya de por sí no sería ninguna sorpresa, se han convertido ustedes en los reyes del eufemismo: a los rescates no les llaman rescates y a las amnistías fiscales no las llaman amnistías fiscales hasta que la vida les empuja a la realidad. Pero esto no solo no es una ley de financiación de las comunidades autónomas, la gravedad es que están incumpliendo su compromiso de revisar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, que debía estar modificado con fecha 1 de enero de 2014, y no solo no cumplen ese compromiso, sino que tienen el grado de cinismo de presentarnos una ley profundamente intervencionista, hasta extremos exagerados, en la autonomía de las comunidades autónomas, y encima la presentan como una ley de financiación de las comunidades autónomas. ¿Se podía degradar más la función legislativa? Sí, se podía degradar más, y ustedes lo han conseguido introduciendo, por la vía de enmiendas en el Congreso y después rematando algunas cosillas en el Senado, reformas importantes de siete leyes. Se lo recuerdo, no son leyes cualesquiera, son leyes absolutamente importantes que merecerían al menos un debate significativo, un debate especifico, un debate con una autonomía concreta, y muy especialmente en aquello que afecta a sanidad.


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En cuanto al fondo de la materia, están ustedes volviendo a hacer trampas a la ciudadanía. Intentan hacer ver que el déficit generado en las administraciones públicas es un déficit generado por las comunidades autónomas y que por eso hay que intervenirlas. Tan es así que solo les falta situar detrás de cada comunidad autónoma, como también están haciendo detrás de cada ayuntamiento, una especie de comisario político que prácticamente determine la marca del color del papel higiénico de los lavabos de esas instituciones. Cualquier día llegan ustedes a ese nivel, porque el grado de intervencionismo que establecen es absolutamente brutal, confundiendo a la opinión pública. Ustedes saben que mientras las comunidades autónomas tienen solo una tercera parte de la financiación de las administraciones públicas, el déficit solo llega a una quinta parte; no es ahí donde deben ustedes intervenir. Además, si la autonomía después se socava de esa manera, con un grado de intervencionismo, pierde todo su sentido; incluso desde esa perspectiva, si me permiten la expresión, la autonomía es también autonomía hasta para equivocarse, siempre y cuando, lógicamente, sea asumiendo las responsabilidades propias. Pero si no, ¿en qué consiste la autonomía, en qué consiste el autogobierno? ¿Consiste en una descentralización que prácticamente no tiene ni el nombre de administrativo? No, no puede ser.

Por si fuera poco, vuelven a una de esas costumbres que tienen ustedes e incorporan en esta ley conceptos jurídicos indeterminados; esta vez el de prudencia financiera. No es que nos acostumbremos a que ustedes hayan decidido sustituir los elementos básicos del derecho del trabajo por las relaciones económicas, pero forma parte de su estrategia habitual; los derechos no son derechos, solo son derechos mientras la situación económica lo permite. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, en la reforma laboral. Pero es que ya han ido un poco más allá e introducen unos conceptos que en términos jurídicos son imposibles de interpretar. Y las leyes tienen que dar seguridad jurídica a aquellos actores o sujetos a los cuales se les aplica y seguridad jurídica a aquellos que deben interpretárselo. ¿Pueden ustedes explicarnos qué es eso de prudencia financiera? ¿Prudencia financiera es lo que aplicó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cuando lo gobernaba el señor Gallardón? Parece que no. ¿Prudencia financiera es la barbaridad que supone estar sometiendo al Estado a una presión permanente de debilitación de los ingresos fiscales, como se ha hecho durante mucho tiempo hasta dejar a nuestro sistema fiscal en estado cadavérico? Parece que eso no es prudencia financiera. Para ustedes la prudencia financiera consiste en gastar cada vez menos en servicios sociales, para ustedes la prudencia financiera consiste en garantizar cada vez menos derechos sociales. Eso no es prudencia financiera, eso es, desde mi punto de vista, irresponsabilidad.

Y ya donde, insisto, el paroxismo llega hasta sus últimas consecuencias es en el grado de injerencia brutal que establece esa ley por la vía no del proyecto de ley, sino de las enmiendas en el Congreso en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y de las competencias de las comunidades autónomas. Lo que hacen ustedes con esta ley es una verdadera barbaridad, es un grado de intervencionismo hasta el final en las funciones del Sistema Nacional de Salud. ¡A ver si lo entienden de una vez! El problema del Sistema Nacional de Salud no es que las comunidades autónomas gasten mucho o mal -es posible que alguien gaste mal-, el problema es que tenemos una infrafinanciación, que el Estado español en su conjunto gasta menos de lo que necesita para dar una cobertura universal, de calidad y digna, tal y como viene reconocido en la Ley General de Sanidad. El problema es ese y ustedes lo quieren resolver con hachazos, con motosierra en el gasto sanitario y, de paso, encadenando a las comunidades autónomas en su gestión sanitaria, encadenándolas literalmente. La verdad es que lo que hacen ustedes en este proyecto de ley es cargarse la autonomía en este ámbito y además deberían haber aprendido en estos treinta años que si algo ha mejorado la calidad de la asistencia sanitaria en este país, en términos generales, es la capacidad de tomar decisiones de manera cercana a la ciudadanía. Yo, que soy crítico en muchas de las cosas que ha hecho Convergència i Unió en los diferentes momentos en que ha gobernado la comunidad autónoma, desde esa actitud crítica les puedo decir que si algo tiene positivo nuestro Sistema Nacional de Salud es que se gobierna desde la proximidad, hasta en el error, pero desde la proximidad. Déjennos, por favor, equivocarnos a nosotros, porque eso es el autogobierno; si no, es un intervencionismo malsano desde ese punto de vista. Además, no es lo mismo, no puede haber la misma estructura de gestión; los derechos, sí; equidad, sí; uniformidad, no. ¡A ver si lo entienden de una vez! Equidad es una cosa, es igualdad en el acceso; uniformidad es pretender que se gobierne la sanidad como si una especie de brigada chusquero -perdón a los brigadas, que lo hacen mejor que ustedes- (Un señor diputado: Que tú) decidiera cómo se ha de hacer cada cosa en cada servicio, en cada ente del Sistema Nacional de Salud. Lo que hacen ustedes en este proyecto de ley es una verdadera barbaridad porque, además, eso no va a impedir que quienes quieren privatizar el Sistema Nacional de Salud continúen haciéndolo porque, eso sí, eso ustedes ya lo brindan oportunamente, que quien quiera privatizar


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lo pueda hacer, pero que quien quiera gestionar de manera digna los servicios públicos de sanidad no pueda hacerlo.

Señorías, como pueden imaginar, después de esta valoración, lo de menos son las enmiendas que nos llegan del Senado. Qué puede arreglar el Senado con cuatro enmiendas técnicas si resulta que lo que llega es un bodrio que lleva hasta el nivel de paroxismo más absoluto la degradación de la función legislativa de esta Cámara y también un retroceso sin precedentes en la cultura de la autonomía de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, con este trámite aprobamos definitivamente el proyecto de ley orgánica de modificación de la Lofca y de la Ley de Estabilidad; un proyecto de ley al que mi grupo presentó en su momento una enmienda a la totalidad y diez enmiendas al articulado en el Congreso, así como veto y veintiséis enmiendas al articulado en el Senado. Ninguna de esas diez enmiendas del Congreso ni las veintiséis del Senado han sido aprobadas o transaccionadas; ninguna de ellas, no únicamente las de mi grupo, sino las de todos los grupos parlamentarios. Un éxito total y absoluto del parlamentarismo.

Saben bien nuestra posición sobre este proyecto de ley: se modifica la Ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común pero no se aborda lo que debe abordarse, que no es otra cosa que el nuevo sistema de financiación. Un nuevo sistema de financiación que debería haber entrado en vigor el año pasado, que debería estar en vigor ya, ¡y no se ha hecho! Además, el Gobierno lo ha obviado absolutamente, sin ruborizarse. Sin ningún rubor cometen una ilegalidad manifiesta y ello porque el Gobierno prefiere financiar, de forma extraordinaria, a las comunidades autónomas a través de préstamos, a través de créditos, en lugar de hacerlo de forma ordinaria, que sería a través de un nuevo sistema de financiación. Y esto no es gratuito. No es gratuito preferir financiar de forma extraordinaria que hacerlo de forma ordinaria. Todo tiene su motivo, pero ustedes prefieren no decirlo en este caso. Muchos suponemos cuál es el objetivo de financiar de forma extraordinaria y no hacerlo de forma ordinaria.

Dos temas han preocupado a Convergència i Unió en relación a este proyecto de ley orgánica. Primero -lo saben perfectamente-, la aplicación estricta del contenido del proyecto de ley conlleva una rigidez muy elevada para el normal desarrollo del trabajo que llevan a cabo los institutos autonómicos de crédito. Ustedes se comprometieron con mi grupo a arreglar este tema y llegamos ahora al último trámite parlamentario del proyecto de ley y no se ha hecho. Han mareado la perdiz en el Congreso, marearon la perdiz en el Senado y, como decimos en catalán, el més calent és a l'aigüera. No han hecho nada, no han cumplido su palabra. Lean el "Diario de Sesiones" del debate de las enmiendas a la totalidad: se comprometieron a arreglarlo y no lo han hecho, señorías.

Pero eso no ha sido lo peor de este proyecto de ley que aprobarán hoy con sus votos. Lo peor, por su contenido, por la forma, por cómo se han comprometido a tratar el tema y no lo han hecho es ese pretendido instrumento de facilitación de tesorería del gasto farmacéutico que se incluye con la modificación de la Ley General de Sanidad y de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Ya les dije en el trámite parlamentario que incluían este tema por la puerta de atrás, sin afrontar el debate de fondo, un debate serio. Eso ya lo saben y poco o nada les ha importado, debo decirles. Pero a mi grupo sí que le importa, y le importa mucho, porque con ese instrumento se pretenden intervenir las competencias sanitarias que ostentan las comunidades autónomas, llegando a permitir al Gobierno anular la cartera complementaria de servicios sanitarios y limitar el acceso al reparto de recursos económicos para la sanidad. Pura y llanamente, una intervención de las comunidades autónomas por parte del Gobierno del Estado.

En la votación del dictamen yo les pregunté aquí, en el Pleno, si habían hablado con las comunidades autónomas. No tuve ninguna respuesta al respecto. Se lo digo yo ahora: no lo han hecho. Ni lo hicieron en el trámite del Congreso ni lo han hecho en el trámite en el Senado. Convocaron una reunión con los responsables autonómicos que acabaron suspendiendo por motivos de procedimiento legislativo. Y así se ha acabado el problema. Convocan, desconvocan y aquí no hay problema. No han hablado con las comunidades autónomas. Más aún, estoy convencido de que no han querido hablar con las comunidades autónomas. Eso sí, mientras se presentaban las enmiendas en el Senado a este proyecto de ley, con las que mi grupo les hizo propuestas en relación a ese pretendido instrumento de tesorería, de financiación


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del gasto farmacéutico, comunican a la Unión Europea -el Gobierno comunica a la Unión Europea- la actualización del programa de estabilidad, incluyendo una mención a la puesta en marcha de un nuevo sistema para favorecer la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas. Desconocíamos cuántos ingresos menos van a tener las comunidades autónomas con este pretendido instrumento. Al final lo sabemos, y ¿saben cuánto suponen? 500 millones de euros para este año 2015 y, adicionalmente, 500 millones de euros para el año 2016. (Muestra un documento). Por tanto, 1.000 millones en dos años. Y no hablan con las comunidades autónomas; eso sí que es ser valiente, eso es dar la cara y asumir las consecuencias de las cosas. No han hablado con las comunidades autónomas; 1.000 millones de euros en dos años. Y no quieren hablar con las comunidades autónomas porque saben que les dirán que lo que se debe hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Y ¿qué significa esto? Pues significa aumentar recursos presupuestarios estatales resolviendo la tradicional infrafinanciación que padece el sistema sanitario y significa que también se debe garantizar el principio de lealtad institucional en el ámbito sanitario, transfiriendo a las comunidades autónomas la financiación específica para las nuevas prestaciones aprobadas por el Gobierno.

La modificación en las leyes sanitarias que hoy aprobarán con sus votos para ustedes debe tratarse de un mero asunto administrativo de racionalización del gasto; así deben entenderlo el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Sanidad, un mero asunto administrativo pero, desde la perspectiva de las comunidades autónomas, desde la perspectiva de las administraciones competentes que gestionan los servicios sanitarios a los ciudadanos, la medida no es administrativa, la medida es real, con efectos reales, y afectará negativamente en el nivel de atención de los servicios sanitarios públicos. Les pongo un ejemplo: ya hablará el Ministerio de Sanidad con las asociaciones de enfermos diabéticos cuando de la cartera complementaria de los servicios de Cataluña supriman la podología para esos pacientes; a ver qué les dirán, cómo se lo dirán y cómo les mirarán a los ojos entonces. Se lo dije hace pocas semanas, todo esto recuerda aquello de 'yo invito pero tú pagas'. Además, ahora, con la aprobación de la ley, al 'yo invito pero tú pagas' le vamos a sumar 'y además te voy a intervenir', y te intervengo tus competencias sanitarias. La medida es absolutamente inasumible para Convergència i Unió en los términos que hoy aprobarán con sus votos. No es una medida real para garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios. La medida supone una clara injerencia en la gestión autonómica de los servicios sanitarios, en contra de las competencias que ostentan las comunidades autónomas y con efectos en la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos. Nosotros, Convergència i Unió, votaremos en contra, radicalmente en contra. Esto no lo podemos compartir y supondrá, como digo, una merma en los servicios que se prestan a los ciudadanos en materia sanitaria.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.

Debatimos por tercera vez ya en el Pleno de esta Cámara este proyecto de ley orgánica que modifica, según su título, la Lofca, la Ley de financiación de las comunidades autónomas, y la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aunque en realidad -se ha dicho aquí y ya lo sabemos- con las autoenmiendas del Grupo Parlamentario Popular ya modifica nueve. El texto vuelve del Senado porque incorpora cuatro enmiendas. Adivinen de qué grupo parlamentario son las cuatro enmiendas que se incorporan. Efectivamente, del Grupo Popular, solo del Grupo Popular. Voy a añadir algunas cuestiones porque la verdad es que el debate está siendo bastante duro, creo yo, para el Partido Popular. Parece poco razonable que en el periodo de enmiendas parciales, de enmiendas al articulado, al proyecto de ley que se presenta para modificar dos leyes, al Gobierno se le ocurra que tiene que modificar siete leyes más. No creo que haya sido una ocurrencia, sino más bien una premeditación para modificar leyes saltándose el debate parlamentario y los informes preceptivos que hubieran sido necesarios para modificar leyes de bastante calado, por cierto, y además para que el ministro no tuviera que dar la cara aquí explicando algunas barbaridades que, desde mi punto de vista, se plantean en este proyecto de ley.

El proyecto de ley fue presentado por el ministro Montoro -hace mucho que en el Partido Popular son expertos en poner títulos y en exposiciones de motivos- como un proyecto que incluía modificaciones para garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero en el articulado no se decía nada que lo hiciera posible. De hecho, todos los grupos -lo estamos viendo otra vez en este debate de hoy- en el Congreso y en el Senado hemos


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interpretado que lo que persigue realmente el proyecto de ley es aumentar el control sobre las comunidades autónomas y recortar su autonomía financiera y de gestión. Por eso este proyecto de ley -voy a recordarlo- ha recibido de otros grupos, excepto del Grupo Popular, lógicamente, seis enmiendas a la totalidad en esta Cámara, siete vetos en el Senado, ochenta y tres enmiendas al articulado en el Congreso y noventa y cinco en el Senado. Nadie tenía razón en ninguna enmienda a los ojos del Gobierno, y digo a los ojos del Gobierno porque a los ojos de algunos diputados y senadores algunas enmiendas tenían razón e incluso han pasado cierto apuro teniendo que decir que no. Pero el Gobierno es implacable, dice que no. Este proyecto de ley es un claro ejemplo de rodillo. Esos mismos votos que aprobaron las enmiendas del Grupo Popular deberían exigir al Gobierno, como está haciendo toda la Cámara, que presente un modelo de financiación que solucione realmente los problemas de las comunidades autónomas, porque a las gobernadas por el Partido Popular, al menos hasta ahora, tampoco les gusta este proyecto porque las decisiones del señor Montoro aquí les restan votos en sus comunidades autónomas. El ministro Montoro no se ha atrevido a presentar un modelo de financiación para las comunidades autónomas pero, a cambio, ha creado un modelo de financiación a base de préstamos que utiliza para atarlas en corto y además pretende que se lo agradezcan, como si el dinero fuera suyo y se lo prestara a las comunidades autónomas, como si el dinero viniera de Génova y se lo prestaran a las comunidades autónomas. No, es dinero del Estado y es su obligación financiarlas en las mejores condiciones posibles, porque las comunidades autónomas devuelven el dinero con sus intereses.

Con este proyecto de ley no se solucionarán los problemas de financiación de las comunidades autónomas, pero tampoco se va a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit ni el cumplimiento de la deuda pública, entre otras cosas, porque el gran problema del déficit está en la Administración central. La Administración central incumple sistemáticamente el objetivo de déficit; es más, no ha logrado rebajar el que heredó. En 2011 heredó un 5,2 %, en 2012 tuvo un 5,2 %, en 2013 más todavía, un 5,5 % y en 2014 dicen de momento -todavía no es definitivo- que un 4,6 %. Esperemos que así sea. Si algunas comunidades tienen problemas de déficit son las gobernadas hasta ahora por el Partido Popular, especialmente Valencia y Castilla-La Mancha. Y con la deuda pública pasa algo por el estilo: quien tiene realmente un problema de excesiva deuda pública es la Administración central, que va a dejar en el cien por cien del PIB cuando se vaya el Gobierno.

¿Qué conseguirá esta ley si el Grupo Popular la vota favorablemente? Va a conseguir restar eficacia, por ejemplo, a los entes públicos que tengan las comunidades autónomas, como les ocurre a Cataluña y a las comunidades autónomas que piensan crearlo, como Andalucía, porque el ministro Montoro les pone palos en la rueda restringiendo su capacidad para conceder avales y reavales. También va a conseguir dirigir a las comunidades autónomas, indicándoles, como si fueran menores de edad, la prioridad en el pago de sus deudas. Ahora las deudas con los ayuntamientos tienen que ser prioritarias y en un acto claro de inconstitucionalidad el Gobierno se atribuye la posibilidad de retener recursos a las comunidades autónomas para pagar directamente a los entes locales. Hay comunidades que están esperando que si esta ley se aprueba -se aprobará con sus votos- al día siguiente presentarán un recurso de inconstitucionalidad. Esta ley conseguirá también, como se ha dicho, controlar la política sanitaria de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de financiación. Y tendrán que acogerse todas, porque el Gobierno sabe que las comunidades autónomas están infrafinanciadas, pero también la sanidad, y en esto están de acuerdo todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno. Se les va limitar el crecimiento en el gasto sanitario, que crecerá lo que diga el señor Montoro. No será ni siquiera lo que diga el ministro de Sanidad, sino lo que diga el señor Montoro. La sanidad va a tener una regla de gasto específico. Da igual que la comunidad cumpla con la regla de gasto general que también le han puesto; aunque le sobre dinero, no podrá invertir más en sanidad porque lo dice el señor Montoro. Y a la comunidad que rebase aunque sea un poquito nada más ese porcentaje de crecimiento se le va a prohibir que apruebe la cartera de servicios complementaria. Eso sí que no le gusta al Gobierno, porque no puede soportar que algunas comunidades autónomas -nombraré a Andalucía- tengan la cartera de servicios más amplia y el gasto sanitario por habitante más bajo incluso del país. Al señor Montoro esto le disgusta por tratarse especialmente de Andalucía. En fin, esta ley dará una vuelta de tuerca más para favorecer el cambio de modelo hacia la recentralización frente a la autonomía de las comunidades autónomas. Dará además una vuelta de tuerca para un cambio de modelo de sociedad que toda a prisa viene implantando el Gobierno del Partido Popular. Es un modelo con menos derechos, con salarios precarios, con educación segregadora, con menos sanidad pública y, todo ello, con el único apoyo de los votos del Grupo Parlamentario Popular y ninguno del resto del arco parlamentario.


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Si han entendido algo de la elección del día 24, deberían empezar a hacer algún gesto de humildad, no esas sonrisas que se están viendo por ahí. No sigan con la cantinela de que somos los que más crecemos sin explicar que el crecimiento es desigual e injusto totalmente, porque mientras crecen los beneficios de las empresas del IBEX y crece el número de ricos, también lo hacen la desigualdad y la exclusión social. Son datos que ustedes conocen, pero de los que nunca quieren hablar, seguramente porque afectan a sectores que no son su público pero que también votan. Tienen hoy la posibilidad de votar en contra de este proyecto. Empiecen a demostrar que ya no están de acuerdo con el rodillo del PP. Muchos se están dando cuenta y se lo están pidiendo al Gobierno. Demuestren que quieren volver al juego parlamentario que algún día existió en esta Cámara, en este caso para acordar un modelo de financiación de las comunidades autónomas que solucione sus problemas y permita recuperar tantos derechos perdidos. Tal vez así ustedes no sigan perdiendo votos ni candidatos en las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Vázquez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Comenzaré comentando las enmiendas incorporadas en el Senado, que es de lo que hoy se trata. La primera de las enmiendas es una disposición adicional nueva sobre financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las entidades locales. La segunda es otra disposición adicional nueva sobre compensación a entidades locales en relación con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La tercera se refiere a un error material que existe en el texto remitido por el Congreso de los Diputados en cuanto a la referencia al ministerio competente en la materia. Y, finalmente, hay una enmienda de modificación a la disposición final undécima en el sentido de declarar determinadas normas de carácter ordinario.

Como ya hemos comentado a lo largo de la tramitación de los debates de este proyecto de ley, el objetivo que persigue es garantizar la sostenibilidad financiera de nuestros entes territoriales -comunidades autónomas y ayuntamientos-, y a su vez la prestación de los servicios básicos esenciales que les son propios. Con esta reforma se pretenden dos cosas muy sencillas, señorías: por un lado financiar con un menor coste las administraciones públicas y, por otro, garantizar que esos servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales, se presten con las mejores garantías, puesto que son los pilares y fundamentos del Estado del bienestar. Ustedes son conscientes de que en el año 2012, a comienzos de la legislatura, la falta de liquidez de los entes territoriales -de las comunidades autónomas y los ayuntamientos- era de enormes proporciones. Hay que recordar que el acceso a la financiación de la deuda de las administraciones territoriales estaba disparada, eso en el mejor de los casos; en otros, estaba limitada o cerrada su capacidad para solicitar fondos, en especial para esos servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales. Les guste o no, esa era la realidad al inicio de esta legislatura, desde el año 2012 hasta aquí. ¿En esta tesitura, nos pedían que cambiáramos la financiación autonómica? La verdad es que su capacidad financiera y lógica es nula. Nosotros, como es evidente, optamos por otro camino, que es reforzarla y aportar liquidez a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que hicieran frente a sus impagos y pudieran seguir prestándonos servicios públicos. Ahí está el Plan de pago a proveedores y muchas otras medidas, como la que trae esta ley, que han aliviado la carga de los entes territoriales que no podían tolerar. Si verdaderamente no les parece bien, pregúntenles a los 123.000 pymes y autónomos de España que cobraron más de 11.500 millones de euros que les debían si están en desacuerdo con esta política financiera del Gobierno. (Aplausos).

Señorías, con las medidas puestas en marcha se ha facilitado liquidez a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por importe de 184.000 millones de euros, de los cuales, aproximadamente el 70 %, en torno a 100.000 millones, han ido exclusivamente a gasto social. Gracias a estas medidas y al dinero inyectado se han podido pagar las deudas y que sigan prestando servicios. Hace cuatro años la mayoría de los ayuntamientos tenían una situación económica y financiera insostenible por su falta de liquidez; hoy el 97 % de las entidades locales presentan superávit. Con esta ley se define el FLA social, que aporta casi 700 millones de euros para que las comunidades autónomas paguen las deudas que tienen con los ayuntamientos, todas las que han querido acogerse a él. Señorías, algunas por lo visto se acogen, tenían deuda con los ayuntamientos y no pretendían pagarla, como Andalucía, que ha cogido 82 millones de euros, 82 millones que les debían a los ayuntamientos, que estos no podían pagar.


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Con esta ley se propone dar liquidez para pagar los gastos farmacéuticos. Es una propuesta de adopción voluntaria, señorías. He escuchado a algunos decir aquí que se ponen condiciones. Señorías, si ustedes no hubieran dejado 800 millones de euros en el cajón de facturas del SAS, como denunció la Cámara de Cuentas cuando pusimos el contador a cero del pago a proveedores, y cuando podían haber liquidado esa deuda, hoy no tendrían esa premura y esa urgencia. Si no les gusta el fondo, no se acojan. Les doy un consejo: váyanse y busquen los miles de millones de euros que se les fueron por el sumidero de los ERE, que a lo mejor con eso pueden pagar estas fracturas y otras. (Aplausos). Sin embargo, ustedes aprovechan la ocasión que sea para decir que no, que las leyes son malas, pero luego, cuando llegan las medidas, ustedes las acogen para agitar contra el Partido Popular, porque es lo único que quieren.

La cuestión era: ¿Arreglábamos el país o dejábamos que se hundiera? Lo arreglamos con decisión, valentía y con eficacia o esto se hundía. Pero ustedes siguen en lo mismo, señorías. La señora Vázquez no es como su compañero en el Senado, el señor Vázquez García; ella ha dicho que todos los males del mundo vienen por parte del PP, y su compañero decía: Ni a mí ni al Grupo Socialista nos cuesta nada reconocer -y además alegrarnos- que algunos datos macroeconómicos vayan mejorando; crecemos más: se crea empleo, la financiación continúa escasa pero a menor coste, y el déficit, aunque mucho más lentamente de lo previsto, se va corrigiendo. -Leído literalmente del "Diario de Sesiones". Quédense tranquilos, que tiró de argumentario y dijo que era por Draghi, el FMI, el movimiento de las mareas y la resaca de la luna, pero al menos decía que los datos eran ciertos; ustedes, ni eso. Por lo que dicen, están ustedes en contra de que se abaraten los costes de financiación de las comunidades y de los ayuntamientos. ¿Quieren una reforma del modelo? Para ayer si es posible. ¿Tienen claro, señores del Grupo Socialista, qué modelo quieren? Porque con su deriva populista ya me gustaría ver cómo cuadran los ingresos y la financiación de esos gastos que ahora prometen. Porque lo fácil de prometer, señorías, es muy fácil de olvidar. Este populismo me recuerda a una época muy antigua y muy trasnochada, me recuerda mucho al sueldo que prometieron a las amas de casa en mi tierra que mi abuela se quedó esperando. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, sinceramente, estoy expectante para ver sus medidas de magia financiera y algunos nos sonreímos; no nos reímos, nos sonreímos, pero de lo que no me sonrío y nunca me sonreiré -no podré entender de qué se ríen algunos, que será como las hienas- con los resultados de los otros porque en cuanto a aplaudir los resultados de los otros, cada uno que se haga mirar lo suyo. Ya que no proponen medidas rigurosas, ya que van después a coger estas y a coger el dinero, por lo menos pidan el voto a favor de este proyecto de ley. Sean más serios y rigurosos porque no pueden criticar medidas y luego ir corriendo a la puerta del ministerio a pedir el dinero porque no se gestiona bien -y se van como trileros presupuestarios-.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Vázquez Morillo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

Señora Vázquez, ¿qué desea?

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Quería la palabra para pedirle una rectificación a la señora Romero, ya que ha hecho alusión a los ERE, que están todavía en procedimiento judicial. (Rumores.-Risas).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Vázquez.

Como confío en usted, si usted me pide esa rectificación, como yo no he estado, seguro que usted tiene razón. Le doy dos minutos para que se explique y luego se los daré a la señora Romero para que le conteste.

Señora Vázquez.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, la señora Romero ha hecho referencia a cuánto dinero se ha ido por el sumidero de los ERE, y ha dicho miles de millones de euros. (Rumores). ¡Si es que ni el ministerio fiscal lo ha dicho! ¡Si las cantidades que se están dando hasta ahora no llegan a las de otras corrupciones que se van a Suiza! (Rumores). Rectifiquen la cantidad de miles de millones de euros de los ERE porque ustedes mienten en sede parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, le he dado la palabra y usted ha dicho lo que pide que es la rectificación de miles de millones.

Le doy la palabra a la señora Romero.


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La señora ROMERO RODRÍGUEZ: He dicho que se han ido por el sumidero de los ERE y que dijeron que iban a recuperarlo y su consejero dijo que solo había recuperado el 0,1 % de miles de millones. Si usted quiere que diga la cifra exacta, ahora mismo no tengo el auto de la jueza Alaya, pero de momento lo que han dicho es que 800 millones seguro y eso se reconoció en sede parlamentaria por su grupo. (Rumores).

Aquí directamente se dice...

El señor PRESIDENTE: Señora Romero, creo que este incidente...

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Me refiero al dinero que se ha reconocido oficialmente en el procedimiento judicial. Si usted quiere que retire la cantidad, me remito a lo que se ha reconocido de momento en sede judicial, que luego se podrá ampliar en el "Diario de Sesiones" si se reconoce más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Creo que el incidente se ha resuelto adecuadamente.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000130).

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas correspondientes a proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y el proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que, como acordamos en Junta de Portavoces, se debatirán acumuladamente.

Para defender las enmiendas formuladas a estas iniciativas por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, el BNG comparte algunas de las modificaciones que tanto el proyecto de ley orgánica como el proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia introducen, porque entendemos y coincidimos que van dirigidas a mejorar y reforzar la protección jurídica de los menores. En su momento, no hemos presentado enmienda a la totalidad y hemos preparado y registrado diversas enmiendas al articulado con el objetivo de contribuir a mejorar los proyectos de ley. Esas enmiendas han sido, en parte, aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, y en otros casos hemos llegado a acuerdos de redacciones transaccionales. Por lo tanto, reconocemos el esfuerzo que se ha hecho por llegar a acuerdos con nuestro grupo, y también la mejora que nuestras enmiendas aceptadas introducen en el texto, pero no lo consideramos suficiente. En algunos aspectos concretos se han rechazado enmiendas nuestras que para nosotros son irrenunciables y son básicamente a las que me quiero referir. Desde nuestro punto de vista, en el proyecto de ley no se garantizan los recursos económicos, materiales y humanos para llevar a cabo las políticas necesarias que deben corregir desigualdades sociales. En este sentido, nuestra enmienda número 5 al proyecto de ley y la número 1 al proyecto de ley orgánica, que han sido rechazadas, pretenden precisamente que esos recursos se aseguren para que las políticas a aplicar en lo social sean prioritarias frente a las políticas económicas de contención presupuestaria. Nuestras enmiendas pretenden que los recursos destinados a la protección de los menores queden realmente asegurados por ley, sobre todo, los necesarios para los servicios públicos que más les atañen como la educación y la sanidad, y no se queden en una mera declaración de intenciones, tal y como se recoge en el texto del proyecto de ley, en el párrafo segundo del apartado 1, del artículo 11 del texto, sobre todo teniendo en cuenta que la disposición final décima limita incrementar los compromisos de gasto público para las políticas de menores.

Señorías, una ley como esta tiene y debe tener un impacto económico importante. Sin embargo, esa disposición final décima recoge textualmente que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público ni de dotaciones de retribuciones ni de otros gastos de personal. Este veto, esta prohibición convierte de facto la ley en inviable. Por otra parte, en nuestra enmienda número 8 al


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proyecto de ley hemos intentado reforzar los derechos de los menores con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda o la adopción. Lo hemos hecho así con la convicción de que lo firmado y ratificado por el Estado español en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad debe tener traslado fiel a las normas legislativas que se desarrollen en cualquier ámbito. Consideramos que no se hace así. Nuestra enmienda tiene el objeto de que se recoja el artículo 23 de esa convención -insisto- firmada por el Estado español en su momento. Proponemos también la supresión del artículo 2.4, del proyecto de ley orgánica, que contempla que las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectadas. Entendemos que el párrafo tercero de ese artículo vacía de contenido cualquier previsión legal de atender como interés superior el del menor. Lo consideramos innecesario porque ya es obvio que cualquier actuación judicial o administrativa tiene la obligación de ponderar derechos en presencia, entre ellos los constitucionales que pudiera alegar cualquier persona distinta al menor.

Otra cuestión es la que el proyecto de ley orgánica recoge sobre los profesionales o expertos cualificados y con la formación suficiente para determinar las necesidades específicas de los niños y niñas con discapacidad, y de que en las decisiones especialmente relevantes que les afecten se ha de contar con informes colegiados elaborados por equipos técnicos multidisciplinares. Nosotros proponemos en nuestra enmienda número 5 que ese personal sea personal propio de las Administraciones y que accedan a ellas mediante procesos selectivos públicos y transparentes. Consideramos necesario hacerlo así porque el objetivo debe ser evitar la externalización de aquellos puestos de trabajo que desempeñan funciones de intervención y asesoramiento a las políticas de protección de menores.

Por último, señorías, la mayoría del resto de nuestras enmiendas rechazadas proponen modificaciones o supresiones del texto, que claramente tiene el objetivo de invadir competencias propias de Galiza y de uniformizar y homogeneizar la legislación en todo el territorio del Estado. Al igual que en todas las leyes y decretos que han aprobado en esta legislatura, en estas también permanece de fondo la invasión y la recentralización de competencias. En nuestro caso, nuestro estatuto recoge claramente la competencia en materia de protección de menores. Estos proyectos de ley, de nuevo, sitúan la ley estatal por encima de las competencias propias de las comunidades autónomas. Lo más grave, si cabe, es lo referido a la adopción internacional. Las modificaciones que se llevan a cabo en estos proyectos de ley establecen que la decisión de autorizar adopciones en los distintos países corresponde a la Administración del Estado, que es también la que va a asumir la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional. Nuestras enmiendas, en este sentido, van justamente en la dirección contraria y se dirigen a mantener la actual distribución de competencias en materia de adopción internacional, evitando la recentralización que se pretende y que, a nuestro juicio, provocará además una mayor ralentización y disfunción en procesos que, ya de por sí, son suficientemente complejos en la actualidad.

Señorías, por todos estos motivos no apoyaremos el dictamen y, por lo tanto, no podremos votar a favor de la aprobación de los proyectos de ley.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.

Señorías, volvemos a debatir hoy nuevamente sendos proyectos de ley que tienen por objeto la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que se ha abordado mediante dos leyes, una de carácter orgánico y otra de carácter ordinario. Aunque ya defendí mis enmiendas en Comisión, creo que procede volver a comentar aquí cuál ha sido nuestra posición. Quisiera hacer una referencia a la complejidad del sistema de fuentes que afecta a las dos normas. En el ámbito de la protección de menores, desde la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, aquella parte que afecta a la modificación parcial del Código Civil -la ley de Enjuiciamiento Civil- viene rigiendo un sistema de fuentes complejo con objeto de preservar las distintas competencias autonómicas, sin que en apariencia los dos proyectos de ley en tramitación lo modifiquen. Por un lado, se hallan los aspectos que han de regularse por ley orgánica por afectar directamente al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas de los menores y, en la medida en que afecta al contenido esencial de dichos derechos y libertades, obviamente corresponderá al Estado su regulación, en virtud del artículo 81 de la Constitución.


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Que quede bien claro que eso no lo discutimos; nosotros somos muy respetuosos con el bloque de constitucionalidad.

En el ámbito de la legislación ordinaria, la Ley Orgánica 1/1996 prevé la posibilidad de asimetrías normativas derivadas del marco competencial autonómico. De hecho, su disposición adicional vigésimo primera preserva las competencias autonómicas de naturaleza normativa que algunas comunidades autónomas poseemos en materia de asistencia social y derecho civil, propio y foral. Plenas competencias, las más puras. A tal efecto, además, designa una serie de artículos de la ley estatal que por abordar aspectos relativos a servicios sociales de atención al menor y su organización los declara normativa supletoria de la autonómica. Esto entendemos que significa que se aplicará en la medida en que la comunidad autónoma con competencia en asistencia social carezca de dicha normativa.

El resto de los preceptos que carezcan de naturaleza orgánica poseen por tanto naturaleza ordinaria y, entre estos, de nuevo se encuentra la disposición adicional, a la que me he referido, que distingue dos grupos: los preceptos que el Estado dicta al amparo de sus propios títulos normativos en materia de relaciones internacionales, Administración de Justicia y legislación procesal, y aquellos otros preceptos que el Estado dicta al amparo de su competencia sobre legislación civil y que las comunidades autónomas con competencias en materia de derecho civil propio, especial y foral, tal y como establece el artículo 148.1 de la Constitución, aplicarán sin perjuicio de la legislación autonómica.

Lo que sí hace este proyecto de ley -aquí empiezan nuestras diferencias- es ampliar el listado de preceptos de naturaleza orgánica, modificando la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 1/1996. Con esta ampliación, en definitiva, se amplía el número de preceptos que poseen el carácter de derecho civil y que, por tanto, se aplicarán sin perjuicio de las competencias autonómicas en materia de derecho civil foral y especial, donde podrían encuadrarse además los preceptos de la Ley del Parlamento vasco 3/2005, en nuestro caso, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la adolescencia. Esto, en nuestra opinión, supone una recentralización clara, que explicaré a posteriori, que genera importantes situaciones de colisión normativa y, por tanto, de inseguridad jurídica.

Podríamos hablar largo y tendido sobre las modificaciones que contiene la norma, pero sí quisiera referirme a algunas de las enmiendas formuladas por este grupo y muy especialmente a las que hemos planteado respecto a la ley ordinaria. Plantea la norma modificaciones al Código Civil, que afectan de manera importante a las normas de derecho internacional privado, sobre las normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la filiación, la protección de menores y a las obligaciones de alimentos. Hay que decir que en la redacción vigente las entidades públicas autonómicas son el eje del sistema de adopción internacional y tienen atribuidas un importante número de facultades. Esto tiene relevancia normativa, pero también tiene relevancia práctica desde el punto de vista de las políticas de cercanía. Además, la atribución tan amplia de competencias a las entidades públicas autonómicas, que venía de la Ley 54/2007, perseguía respetar las competencias en materia de protección de menores. Sin embargo, con esta norma se produce una devaluación de competencias exclusivas de las comunidades autónomas (Rumores.- Risas), que conlleva que las competencias estatales se hayan convertido en límites infranqueables para el legislador autonómico...

¿Les hace mucha gracia, verdad?, les aconsejaría que me escucharan.

Decía que las competencias estatales se han convertido en límites infranqueables para el legislador autonómico, a través de los cuales el Estado puede de manera unilateral ensanchar su margen de actuación en una materia y reducir correlativamente el de las comunidades autónomas, incluso en materias que ya disponen de regulación autonómica, y antes me referí a ellas. Esta es precisamente la mala utilización que con reiteración hemos denunciado de lo previsto en el artículo 149.1 de Constitución, que tiene como único objeto recentralizar. Esto es un chicle que se va adaptando a la conveniencia del Gobierno y del Grupo Popular, que es quien en principio da soporte a quienes redactan las leyes.

En este caso el proyecto de ley ha decidido ampliar el margen de actuación de la Administración General del Estado en las adopciones internacionales, asumiendo el papel director en todo aquello que posea algún tipo de proyección exterior y pasando las entidades públicas autonómicas a realizar una función exclusivamente colaboradora. En este sentido van las enmiendas 84 y 85 formuladas por el Grupo Vasco y que no han sido aceptadas. Para ello ¿qué hace el Estado? Añade al párrafo 1 del artículo 4 un nuevo título que se denomina política exterior, en donde la Administración General del Estado asume un montón de funciones, que no voy a enumerar, que hasta el momento eran ejercidas de forma pacífica y colaborativa por las administraciones responsables, en nuestro caso las diputaciones forales, atendiendo en todo al régimen especial de distribución de competencias que tenemos en el País Vasco, de tal manera


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que la Administración General del Estado pasa a asumir funciones de acreditación de los organismos colaboradores que en la legislación vigente actualmente desarrollan, como les decía, pacíficamente, sin ningún problema, las entidades públicas autonómicas.

Hemos formulado también una enmienda, que ha sido aceptada, en relación con la modificación del artículo 5, apartado 1, que se refiere a la protección jurídica del menor, para que se pueda lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, pero siempre y mientras permanezcan en el territorio del Estado español. Esta enmienda ha sido aceptada por el Grupo Popular y yo se lo agradezco. No volveré al tema de la política exterior, creo que ha quedado suficientemente claro que discrepamos al cien por cien en todas aquellas materias que afectan a esta cuestión y que han sido recogidas en nuestras enmiendas -que no han sido aceptadas- por entender que no solamente crean nuevas competencias ex novo para el Estado, sino que recentralizan y privan a las hasta ahora entidades públicas gestoras de la posibilidad de seguir ejerciéndolas cuando -repito, porque es necesario repetirlo- ha sido una cuestión absolutamente pacífica y no ha tenido ningún disenso. En este sentido, también hemos formulado enmiendas al artículo 4 y 5 de la norma, relativas a la intervención de estas entidades públicas.

Se ha aceptado una enmienda por parte del Grupo Popular en materia de adopción internacional que consideramos relevante pero no suficiente. Hemos solicitado la supresión del artículo 3, apartado 8, porque menoscaba las competencias asumidas por las comunidades autónomas y vulnera el reparto competencial en la materia. Formulamos también enmienda al artículo 3, apartado 9, en coherencia con las enmiendas anteriores. Y por supuesto no podemos permitir que no se admita nuestra enmienda en materia de reserva foral porque, como ustedes bien conocen, la disposición adicional primera de la Constitución establece la obligatoriedad de preservar los derechos históricos de los territorios vascos, y obviamente los derechos en materia de asistencia social, los que se tratan en ese ámbito, son derechos preconstitucionales tratados por las diputaciones forales y no se pueden ver afectados, y no solamente eso, sino que las cuestiones relativas al límite de gasto, a las que ha hecho referencia también la diputada del BNG. Obviamente, nosotros disfrutamos -y digo disfrutamos porque es de señalar- de un régimen económico y fiscal diferenciado, el régimen del Concierto Económico, que también es preconstitucional y que no debe ser limitado.

Voy a ir concluyendo. Se ha hecho un buen trabajo en esta ley. Compartimos y consideramos necesarios una parte muy importante de los cambios normativos que se proponen en las dos normas, y reconocemos que se ha hecho un trabajo estupendo desde la perspectiva del diálogo con otros entes, con otras administraciones y con los distintos interlocutores, que ha permitido incorporar numerosas mejoras al texto inicial. Por cierto, ha sido un trabajo excepcional porque no es lo habitual; es la excepción que confirma la regla. En la parte técnica de las normas existe un consenso amplio con pequeñas discrepancias, que nos permitiría dar el voto favorable al dictamen. Sin embargo, siguen existiendo cuestiones susceptibles de ser ajustadas a las previsiones del bloque de constitucionalidad. En este sentido, pretendemos que tanto el Gobierno como el grupo que lo apoya reflexionen en el tiempo que resta hasta su aprobación definitiva tras su paso por el Senado y su vuelta a esta Cámara y que en este período de tiempo podamos ajustar estas cuestiones que he puesto de manifiesto, especialmente en materia de adopción internacional y de reserva foral.

Nuestro voto hoy no puede ser favorable. Si eso se aceptara, sí lo sería. Hoy nos abstendremos en un gesto de buena voluntad para tratar de alcanzar ese consenso antes de la votación final que se celebrará en esta Cámara durante el verano.

Muchas gracias, presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Empezaré por una cuestión que ha planteado mi colega del Grupo Parlamentario Vasco al final de su intervención. Efectivamente, es de agradecer el trabajo de la ponencia y de la Comisión, el consenso que se ha conseguido y el esfuerzo que se ha hecho por todos los grupos. Particularmente, como ocurre siempre, si no hay receptividad por parte de la mayoría, es imposible el trabajo de los demás y en ese sentido agradezco que se haya avanzado, se haya contado con todo el mundo y se haya hecho un trabajo que no cabe duda que es positivo para todos.


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El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia mantiene vivas nueve enmiendas a la segunda de las dos leyes, lo que pasa es que dos de ellas son comunes con las primeras que voy a defender ahora y las otras dos son al primero de los proyectos, al número 130. Mantenemos viva una enmienda que nos parece de sentido común. Queremos que se suprima la disposición final cuarta de este proyecto de ley, que es común con la disposición final del siguiente, donde se establece que las medidas que se incluyen en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público. Como ya hemos dicho muchas veces, si no hay incremento de gasto público en medidas tan ambiciosas como estas de las que estamos hablando, verdaderamente es un brindis al sol. Francamente, entendemos las dificultades económicas, pero que de una ley que se está aprobando se diga en su exposición y en todo su contenido que es ambiciosa, que viene a resolver problemas -aunque que no todos se arreglen con dinero pero algunos sí lo requieren- es como desmentir en esa disposición final todo lo que se ha dicho previamente. Por tanto, queremos que se suprima esa disposición final en esta y en la siguiente ley.

También planteamos a este proyecto de ley una enmienda de adición, una nueva disposición adicional relativa a la aprobación de un proyecto de ley orgánica de transexualidad, que coincide con la misma enmienda en el siguiente texto legislativo. Mi grupo sabe y comprende que este es un tema complicado, por eso pedimos al Gobierno en esta disposición adicional la aprobación de un proyecto de ley orgánica de transexualidad; la remisión a las Cortes, el debate y posterior aprobación de una ley orgánica de transexualidad. Es sencillo de explicar. Primero, esta es una realidad que existe en España y, por tanto, si es una realidad, hay que darle respuesta, la demanda es real. Como competencia exclusiva atribuida por la Constitución en el artículo 149, al Estado le corresponde la garantía de igualdad de todos los españoles y también la de sentar las bases y coordinar en materia general la sanidad. Pese a ello, sus señorías saben que actualmente las personas que desean o necesitan -quiero recalcar esto, desean o necesitan- cambiar de sexo no poseen los mismos derechos o prestaciones en todo el territorio nacional. Se quiebra, por tanto, el principio de igualdad, que no es un principio político menor, es el principio político y democrático fundamental, el principio de igualdad de todos los españoles al margen de la parte de España en la que se viva. La competencia es exclusiva; corresponde al Estado regular y proteger derechos. Si en este momento hay una demanda y una realidad no atendida y hay solamente tres comunidades autónomas que lo han regulado -además de forma distinta, por tanto no hay coherencia y una coordinación suficiente-, es evidente que hay un vacío legal, hay una falta de respuesta política y de respuesta legal a esta necesidad y a esta realidad. Solo tres comunidades autónomas han legislado en busca de integrar y normalizar la situación de los transexuales; de eso se trata, de normalizar, de hacer normal y de que tengan un tratamiento y una respuesta del Estado normal; la que demandan, la que necesitan, la que requieren. Solo Navarra, el País Vasco y la comunidad autónoma de Andalucía han aprobado leyes al respecto.

Señorías, resulta llamativo que pese al aumento de este tipo de demandas todavía no exista un marco normativo común que unifique unos derechos y prestaciones mínimos en todo el territorio nacional, un marco común y unas prestaciones y unos derechos mínimos en todo el territorio nacional, algo elemental en un Estado de derecho y en una nación como España en cuanto a una competencia en esta materia que es del Estado. Tampoco existen, porque no hay regulación nacional, unidades de referencia concretas que faciliten información a las personas que lo deseen sobre el acceso a tratamientos o la asistencia que garantice la inserción, el asesoramiento y la sensibilización respecto de la transexualidad. Señorías, comprendiendo la complejidad de esta materia, cómo abordarla y cómo resolverla, no podemos mirar hacia otra parte y dejar que cada comunidad autónoma, a través de sus parlamentos, tome decisiones parciales, a veces contradictorias, y en todo caso parciales e insuficientes sobre una materia de estas características, sensible y necesaria, porque hay ciudadanos que merecen y tienen derecho a exigir una respuesta del Estado.

Respecto de la segunda proposición de ley, la que lleva el número 131 y el mismo nombre, modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, además de estas dos enmiendas a las que ya he hecho referencia, hemos presentado otras siete que tienen por objeto regular de la mejor manera y por tanto proteger los derechos y los deberes de las familias acogida; las dos cosas, reconocer los derechos a las familias de acogida y exigirles o plantear en el mismo texto los deberes, porque quien tiene derechos, tiene deberes. Por tanto, se han de regular derechos y deberes de las familias de acogida, así como mejorar la regulación de estas familias. La primera de las enmiendas pretende reconocer el derecho de las familias acogedoras a seguir teniendo una relación con el menor acogido, la segunda de las enmiendas pretende reconocer el deber de las familias de acogida de colaborar en el cambio de situación del menor.


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El menor se marcha, pero esas familias que lo han acogido tienen mucho que decir, mucho que aportar y el deber -y así debería de plantearse en la ley- de ayudar al cambio de situación de ese menor, que pasa a otra situación o, en todo caso, a otro entorno familiar. Una tercera enmienda, que tiene que ver, como les decía anteriormente, con el acogimiento familiar, con una mejor regulación, es un texto nuevo, un artículo 20 nuevo dentro de un apartado nuevo también. Sé que no ha sido posible ni en ponencia ni en Comisión, no hemos tenido tiempo -no lo he tenido yo particularmente- para debatir quizá todos los extremos de este artículo cuya incorporación proponemos. Espero de la sensibilidad del grupo mayoritario que lo reflexione y que tenga en cuenta, al menos, la filosofía de lo que aquí se propone para el debate en el Senado. Se trata de regular mejor el acogimiento familiar como recurso de acogida preferente y que, como tal, precisa de una regulación que impulse el conocimiento de la figura en el conjunto de la población, así como que permita mejorar la formación y recursos de las familias que acojan a menores. No se trata solo de saber que existe, sino de dar una entidad y regular mejor esa medida.

Por último, y para no alargarme más, presidente, quiero destacar una enmienda por la que tratamos de corregir una contradicción que a nuestro juicio existe en el texto por una resolución del Senado de hace algunos años y que no se ha incorporado. Saben ustedes que en el Senado se constituyó una Comisión especial para el estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines y que, a resultas del trabajo de esa Comisión, en la que participaron muchos expertos y por supuesto todos los grupos parlamentarios, se propuso que legalmente se estableciera que los menores de seis años no pudieran estar en centros de acogida, y que ese hecho fuera excepcional. El informe reconoce que todo niño o niña que durante los tres primeros años de vida no haya podido establecer vínculos seguros con una o dos personas estables, verá afectado su desarrollo personal de forma muy significativa para confiar en el ser humano, aprender de la experiencia, comprender y regular las propias emociones, tener autoestima, relacionarse o aprender a convivir. Esa es una de las conclusiones importantes de esa Comisión que se constituyó en el Senado. El texto aprobado señala también que se deberá suprimir legalmente el acogimiento residencial para menores de seis años de forma escalonada, de modo que la medida sea efectiva en un primer momento en el tramo cero-tres años y que en un plazo razonable se extienda hasta los seis años. Han pasado, señorías, más de cuatro años desde la aprobación de dicho informe y esta medida no ha sido implementada en una norma nacional. Esta sería la norma y lo que aquí se recoge no es suficiente. Esta sería la norma en la que implementar dicha resolución de esa Comisión especial que se constituyó en el Senado. Por eso nosotros planteamos que se suprima del artículo la parte que regula especialmente a los menores de seis años y que se recoja además el caso excepcional.

No es una pretensión ideológica de nuestro grupo, no es algo que se nos haya ocurrido, es sencillamente aprovechar este momento para realizar una reflexión sobre unas conclusiones que se llevaron a cabo en el Senado con la colaboración, como digo, de personas muy expertas y con un trabajo continuado de todos los grupos parlamentarios y trasladarla a la norma. Ni más ni menos que eso. Creo que sería posible y muy positivo, por lo que espero, dado que esta norma va a llegar al Senado, que siquiera los grupos que allí lo debatieron y que tienen vivos los resultados de esa Comisión especial allí constituida sean capaces de aceptar esta enmienda que aquí se va a rechazar.

Presidente, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Señor presidente.

Decíamos en el debate de totalidad que la presentación del proyecto de ley era una oportunidad que había que aprovechar para poder desarrollar una ley para la protección de la infancia y la adolescencia de manera integral; una ley de infancia y adolescencia donde se puedan armonizar todos los cuerpos legislativos, cuadrar la legislación estatal con la legislación autonómica que ya existe en estos momentos. Es muy importante abordar todo el espectro de los factores de riesgo que amenazan la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias insistiendo en la dimensión de participación transversal en todo lo que les afecta. En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, es una buena guía que desgraciadamente el proyecto de ley y el dictamen de la ponencia no acaban de resolver. En dos apartados centraré la intervención, que aglutina tanto la parte de la ley orgánica como la ley general. Uno sería el apartado competencial y el otro sería todo el desarrollo de los derechos y deberes.


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Es necesario preservar las competencias autonómicas de naturaleza normativa que algunas comunidades autónomas poseen en materia de asistencia social y derecho civil. Es necesario que el Gobierno reconozca que en materia de infancia hay comunidades autónomas que tanto por la vía de las competencias de la asistencia social como por las competencias en derecho civil propio, han producido un desarrollo normativo que ha tenido un impacto positivo en la protección de la infancia, que ha tenido además y tiene una clara influencia en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. También hay que tener en cuenta que en la ley, por abordar aspectos relativos a servicios sociales de atención al menor y su organización, estos deben ser declarados normativamente como supletorios de la legislación autonómica en la materia. La aplicación de esta ley no debe impedir que aquellas comunidades autónomas con legislación en materia de infancia, como podría ser el caso de Cataluña o el del País Vasco, puedan decidir en qué países pueden adoptar las familias catalanas. A pesar de la voluntad de consenso del grupo de apoyo al Gobierno, el proyecto de ley ha decidido ampliar el margen de actuación de la Administración General del Estado en las adopciones internacionales asumiendo un papel director en todo aquello que posee algún tipo de proyección exterior y pasando las entidades autonómicas a realizar una función colaborativa. La Administración General del Estado pasa a asumir funciones de acreditación de los organismos colaboradores que en la legislación vigente actualmente desarrollan las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo, por tanto, con la voluntad del grupo que apoya al Gobierno. Decía el otro día en Comisión el representante del Partido Popular que con la modificación de estas leyes se persigue una protección uniforme en todo el territorio del Estado y constituir una referencia para las comunidades autónomas a la hora de desarrollar su propia legislación. Esto no puede implicar una vulneración de las competencias de las comunidades autónomas que ya poseen legislación al respecto; ni un paso más de su ofensiva recentralizadora. Deben respetar el marco competencial.

Por último, en el apartado de las competencias de las comunidades autónomas y las invasiones, que entendemos nosotros, o las contradicciones que plantea el proyecto de ley que estamos debatiendo, valoramos que hayan decidido aceptar que la presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislación civil atribuida al Estado por el artículo 149.1.8ª de la Constitución, pero sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles o forales allí donde existan. Por otra parte, también valoramos que se respeten las competencias exclusivas que poseen las comunidades autónomas sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, no podemos entender por qué no han aceptado introducir la misma salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas que ya disponen de derecho civil propio en materia de persona, familia y protección a la infancia y a la juventud para dictar normas procedimentales especiales que se deriven de las particularidades de su derecho sustantivo en estas materias.

Esta ley -entro ahora en el otro apartado, en el de los derechos, deberes y, por tanto, los elementos fundamentales de la protección a los niños, niñas y adolescencia- constituye una oportunidad para afrontar los retos que nos plantea la realidad de la infancia y la adolescencia para adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales de derechos y responsabilidades de la infancia y adolescencia expresados y reconocidos en la Convención sobre de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a los niños y niñas como personas capaces, con determinados derechos y deberes, con facultad reconocida para opinar, decidir y hacer, en mayor o menor medida, en todos aquellos asuntos que les afectan. El equilibrio de la ley que estamos debatiendo se pierde en la desprotección de los niños, niñas y adolescentes en cuanto son tratados desde una visión paternalista, proteccionista y discapacitante como actores sociales frente a los adultos ciudadanos. Valoramos que se hayan reconocido enmiendas presentadas por este grupo respecto a las personas con discapacidad y su accesibilidad al conjunto de medios, política y servicios para niños y niñas con discapacidad. También las enmiendas que hacen referencia a reforzar el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, la inclusión del derecho a ser escuchado, la evaluación de la madurez por personal especializado, que los registros personales y los cacheos sean efectuados por personal del mismo sexo. Sentido común, señorías, de la misma manera que es de sentido común reconocer que la situación de pobreza de los progenitores, tutores y guardadores no puede ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo; sentido común, insisto, sentido común. Sin embargo, lamentamos que no hayan aceptado enmiendas que para este grupo eran necesarias por tratar cuestiones realmente importantes en relación con los niños y adolescentes. Por ejemplo, no entendemos el empeño del Gobierno por mantener un capítulo dedicado a regular los deberes del menor, ¿y la


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regulación de sus derechos y protegerlos? Tampoco entendemos que no vean la necesidad de contar con educadores y sociólogos en casos de acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. No podemos entender tampoco que no acepten una enmienda nuestra que afirma que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento válido equivalente al de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad; el pasaporte jamás debe ser cuestionado. Tampoco podemos entender que no hayan aceptado introducir en el texto de esta ley -en este caso la general- que los menores extranjeros que reúnan las circunstancias previstas en los programas de preparación para la vida independiente tengan derecho a residencia legal en España. De no añadirse esto, quedarían sin residencia legal, al pasar a ser extutelados, dejándolos en la calle. Pensamos que la creación de un registro central de delincuentes sexuales es un error garrafal.

Por último, seguimos pensando que es una irresponsabilidad establecer que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento del gasto público ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Está claro que este proyecto de ley conlleva un aumento de gasto en lo que se refiere a dotación de retribuciones y gastos de personal. Eso contrasta con la evolución de las dotaciones destinadas en los Presupuestos Generales del Estado a la atención a la infancia y a las familias, las cuales se han visto reducidas a la mitad desde 2011. Creer que podrá llevarse a cabo la aplicación de una ley como esta sin aumentar las dotaciones presupuestarias es o pecar de ingenuidad o creer que desde el principio no podrá aplicarse y mucho nos tememos que este sea también el objetivo del grupo que apoya al Gobierno.

¿Un paso adelante? Tal vez. ¿Insuficiente? Evidentemente. Una ocasión desgraciadamente perdida. No podemos dar apoyo a un proyecto de ley que desoye la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esperamos que a la vuelta del Senado podamos apoyar una ley que consideramos imprescindible para los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Hemos tenido un trámite parlamentario intenso, en el que debemos valorar el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular al aceptar enmiendas -hay que agradecerles esta actitud a las diputadas del Grupo Popular- que han permitido mejorar cuestiones no menores del proyecto de ley, pero las cuestiones nucleares que llevaron a la presentación de la enmienda a la totalidad de Convergència i Unió a la ley ordinaria hasta el momento no se han podido resolver y por tanto mantenemos nuestro rechazo a este proyecto de ley. He de decir que nuestras enmiendas, más allá de la discusión competencial en la que voy a entrar lógicamente, han pivotado en relación con distintas cuestiones: reforzar el principio de interés general del menor y su derecho a ser escuchado, reforzar la adaptación de la legislación a la Convención internacional de las personas con discapacidad y en todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad a servicios, regular de manera más garantista las medidas de seguridad y contención de los menores en los centros de acogida, reforzar el principio de acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, con medidas concretas que permitan a las familias acometer con mayor capacidad este compromiso que asumen. También hemos abordado la cuestión de la situación de los menores extranjeros indocumentados -he de decir que en esta materia, por desgracia, ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada y algunas responden a la doctrina jurisprudencial que se está estableciendo sobre una materia que es muy sensible- y hemos planteado enmiendas que pretendían reforzar los derechos de los menores en situación de mayor fragilidad. Pretendíamos mejorar nuestra regulación sobre familias numerosas, hemos planteado nuestra propuesta de prestación por hijo a cargo -me referiré a ello al final- y hemos pretendido modificar los límites de gasto o de contención presupuestaria que el proyecto de ley intervenía.

Esos han sido los ejes principales, más allá de las cuestiones competenciales de nuestras enmiendas. Y, como decía hace un momento, efectivamente, en algunas de estas cuestiones se han logrado avances, tanto en una mayor protección de los menores que conviven en unidades más frágiles, que necesitan de un mayor apoyo público, como en el caso de las familias que acogen a niños. En este sentido, la última transacción que las diputadas del Grupo Popular nos han ofrecido, que incluye a efectos de las familias numerosas a los menores en situación de acogimiento o tutela, nos parece importante. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Es una demanda que planteaban tanto


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las asociaciones que agrupan a las familias acogedoras como las propias asociaciones de las familias numerosas. Si tuviésemos que valorar nuestra posición estrictamente por esas cuestiones, seguramente no estaríamos tan lejos del Gobierno y del Grupo Popular en este proyecto de ley pero, como han puesto de manifiesto la mayoría de los portavoces que hasta ahora han intervenido -del Grupo Mixto, del Grupo Vasco y de La Izquierda Plural-, el proyecto de ley no ha resuelto de manera satisfactoria la invasión competencial. No lo resuelve porque mantiene un gran número de artículos, especialmente en la ley ordinaria, como derecho preferente respecto a la legislación autonómica, que va a provocar confusión en los tribunales, controversias entre las administraciones públicas y, en definitiva, mayor inseguridad a los ciudadanos. Aquí hemos planteado una enmienda que pretendía recuperar lo que había sido un reparto competencial adecuado, el existente en la legislación vigente hasta ahora, en el que fundamentalmente la legislación del Estado en esta materia tenía un carácter supletorio. Eso ha permitido que las cosas funcionasen adecuadamente durante estos últimos años.

Señorías, el Partido Popular está secuestrado por una determinada concepción ideológica en la que ustedes confunden la uniformidad con la igualdad. La igualdad de los derechos -no recuerdo cual de las señoras diputadas lo expresó en el debate en la Comisión- no se determina por la uniformidad en las políticas. Al contrario, la uniformidad termina rebajando las posibilidades de mejora de los derechos. Y lo que permite que los derechos puedan ejercerse y que se ejerzan en condiciones es el desarrollo de buenas políticas. Precisamente, si hace treinta y cinco años nos dotamos de una Constitución que atribuía a las comunidades autónomas la libertad de construir políticas públicas que respondiesen a las opciones políticas, sociales y económicas de los ciudadanos de esos territorios, expresadas a través de sus parlamentos autonómicos, lo hacíamos sobre todo convencidos de que liberar esa energía desde la proximidad, desde el territorio y desde el conocimiento de cuáles eran los problemas iba a provocar mejores políticas públicas y mejores legislaciones. Es tanto así que, en la parte sustantiva de este proyecto de ley, buena parte de la inspiración viene precisamente del desarrollo que ha hecho Cataluña en materia de protección a la infancia. La uniformidad no garantiza ni mejores derechos ni mejores políticas. La uniformidad tiende a provocar mínimos a la baja, a menudo muy mediocres, y eso no lo podemos compartir.

Además, señorías, en una materia en la que en Cataluña somos especialmente sensibles, como es la adopción internacional, ustedes echan al suelo lo que ha sido una práctica exitosa que ha funcionado en Cataluña en los últimos quince o veinte años aproximadamente. En materia de adopción internacional Cataluña había desarrollado, en cooperación y colaboración con la Administración General del Estado, una verdadera estructura de Estado. Era el Gobierno de Cataluña el que decidía con qué países podían adoptar las familias; era el Gobierno de Cataluña el que decidía qué entidades podían proceder a efectuar los procesos de adopción en esos países; era el Gobierno de la Generalitat el que, cuando las familias adoptaban por el protocolo público, establecía relaciones con el correspondiente Gobierno del país en cuestión y además, insisto, se hacía en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ahí, amparándose en la Ley del Servicio Exterior, el máximo ejemplo de la recentralización en esta legislatura, ustedes se van a la concepción más conservadora, más retrógrada, si me permiten, de la lógica de la política exterior. Las sentencias más avanzadas, más autonomistas del Tribunal Constitucional establecían claramente que, en aquellas materias en las que la comunidad autónoma es competente, puede existir acción exterior y, por otra parte, en esta materia ha funcionado sin ningún tipo de problema. Señorías, el Grupo de Convergència i Unió no puede de ninguna de las maneras aceptar impasiblemente esta liquidación del modelo catalán de adopciones internacionales y, por tanto, debemos rechazar frontalmente este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que va a terminar en el Tribunal Constitucional y si el Tribunal Constitucional se reafirma en su doctrina más avanzada y más autonomista, reconocerá que en estas materias Cataluña puede ejercer sus competencias en coordinación con el Estado. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

En esta cuestión y vistos los datos que el INE hizo públicos ayer sobre la pobreza infantil en España, mi grupo tiene la impresión de que quizá sí que necesitamos modernizar nuestra legislación en materia de infancia, seguro, pero necesitábamos una ley contra la pobreza infantil y un compromiso efectivo del Gobierno contra la pobreza infantil. Ayer el INE nos decía que la pobreza infantil ha subido en 3,5 puntos alcanzando al 35,4 % de los menores de dieciséis años. ¿Qué más necesitan el Gobierno y el Grupo Popular para entender que la pobreza infantil es un problema de primera magnitud de nuestra sociedad? Hoy en día, por la vulnerabilidad de esos niños, en el medio y largo plazo, los niños pobres son seguramente niños con más posibilidades de fracasar en las escuelas, son niños con más posibilidades de sufrir desempleo y niños que cuando sean adultos tendrán empleos malos con salarios bajos. Necesitamos


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convertir la lucha contra la pobreza infantil en una prioridad y el Gobierno ha renunciado a esa política durante esta legislatura.

En ese sentido, las enmiendas que ha presentado Convergència i Unió al proyecto de ley para avanzar en el camino de la universalización de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social creemos que son imprescindibles. Habremos acabado la legislatura sin un compromiso efectivo del Gobierno frente al principal problema de los niños de España hoy, que es el problema de la pobreza infantil. Es una pena muy grande y quizás otra razón para votar en contra de estos proyectos de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo parlamentario Socialista, señora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos en el debate conjunto de dos leyes, ordinaria y orgánica, de protección de la infancia en nuestro país que nuestro grupo parlamentario ha considerado muy necesarias y urgentes. Son proyectos de ley que tienen ya un amplio recorrido y que conviene al menos para el "Diario de Sesiones" que quede recogido que son leyes que provienen de peticiones y recomendaciones, desde la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía, a organizaciones relacionadas con la infancia, que dieron origen a la creación de una comisión de estudio en el Senado, de cuyas recomendaciones surge el proyecto de ley que decayó en la anterior legislatura por finalizar la vigencia de la misma y que ahora se retoman en estos dos proyectos de ley que vienen hoy al Pleno.

Decía que son leyes necesarias porque teníamos que adaptar las normas de nuestro país a la realidad de la sociedad actual y, entre otras cuestiones, a las recomendaciones de la Convención del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Las recomendaciones de esta convención necesitaban ser interpretadas y trasladadas a nuestro reglamento jurídico. Por tanto, son leyes necesarias que en nuestro grupo parlamentario hemos acogido con sumo interés y con una actitud muy positiva. Es un contexto general de recomendaciones que nos parecía pertinente que fueran tenidas en cuenta en la articulación final de estos proyectos de ley.

Señorías, antes de entrar en el análisis del dictamen que es hoy objeto de debate, permítanme que, al igual que hice en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, haga un par de reconocimientos, en primer lugar a organizaciones que han trabajado profundamente estos textos y que han colaborado intensamente con los grupos parlamentarios haciendo sugerencias que estos grupos parlamentarios en muchas ocasiones hemos transformado en enmiendas, muchas de las cuales finalmente han sido incorporadas al dictamen que ahora debatimos. Se trata de organizaciones de infancia, Unicef, Save the Children, la Plataforma de la Infancia, colegios profesionales como el colegio de trabajadores sociales, el colegio de educadores sociales, de psicólogos, o también asociaciones de familias de acogida y de adopción, nacional e internacional, que han hecho, insisto, un duro y minucioso trabajo que nos ha sido de mucha utilidad. Es justo reconocerlo y poner de relieve un trabajo de colectivos sociales con intereses en determinados asuntos y el trabajo parlamentario.

No quiero dejar de hacer un reconocimiento a los letrados de la Comisión, que han hecho un excelente trabajo, un excelente dictamen, y nos parece muy pertinente que todas sus apreciaciones hayan sido recogidas en los trámites de la ley. Al igual que hicieron otros grupos parlamentarios, quisiera también hacer mención al buen clima de trabajo entre los distintos grupos parlamentarios, fruto del cual ha sido la incorporación de muchas enmiendas, unas de forma directa y otras como transaccionales incorporadas en el dictamen que hoy debatimos.

Llegados aquí y acabada la fase de reconocimientos previos, permítanme que ponga encima del atril algunas pegas que impiden que nuestro grupo vote a favor de esta ley, aunque sinceramente nos gustaría poder hacerlo, y no renunciamos a esa esperanza porque todavía nos queda el trámite del Senado, donde esperamos que algunas cuestiones sean reconsideradas por el grupo mayoritario. En primer lugar, tengo que decir que algunas recomendaciones de la propia comisión de estudio del Senado e incluso de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño no han sido tenidas en cuenta y a nosotros nos parecen irrenunciables. Este conjunto de cuestiones forman parte de las enmiendas que nosotros hemos reservado al debate de hoy -trece a la ley de carácter orgánico y treinta y ocho a las de carácter ordinario-.

Se da la circunstancia de que este debate se está produciendo en un momento en el que conocemos una vez más la situación de nuestra infancia. Los datos que el INE ha hecho públicos esta misma semana


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hacen más evidentes las carencias que hemos ido poniendo de manifiesto en esta ley, de tal forma que, señorías, si hiciésemos en un momento abstracción del lugar y del debate en el que estamos y pensásemos qué es lo que está sucediendo y qué estamos haciendo en este Parlamento, diríamos como Astérix: ¡Estos romanos están locos! Estos romanos están locos porque no puede ser, no es posible que estemos hablando de la protección a la infancia y estemos diciendo que no vamos a destinar ni un euro más a la misma. No es posible que hoy mismo vayamos a votar un real decreto de incremento de crédito presupuestario por valor de 20.000 millones de euros, todo muy importante, todas las políticas muy importantes, pero, señorías, que no tengamos un euro para la protección a la infancia es muy duro, es muy duro (Aplausos) y es sinceramente muy difícil de compaginar con un apoyo a la ley. Este es el fondo de las enmiendas que nosotros hemos reservado. Con 20.000 millones y 800 millones para Defensa, ¡cuánto se haría en protección a la infancia con 800 millones, señorías!

Las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha reservado porque no fueron admitidas ni incorporadas al dictamen, tienen que ver, en primer lugar, con la implantación de la ley, que requiere de más recursos para reforzar los servicios sociales, para centros de acogimiento residencial, que se regulan en esta ley y se mejoran, para los centros de menores con trastornos de conducta, para las familias acogedoras, para mejoras en los procedimientos de adopción, para la mejora de la Administración de Justicia, para todos esos servicios es evidente que se necesitan recursos destinados a los servicios sociales y a los servicios sociales municipales, contra lo que ayer afirmaba el ministro Montoro, que dijo que se pueden hacer convenios. Son 8.000 voluntades. Vamos a poner ahora a 8.000 voluntades de acuerdo para que el 31 de diciembre los servicios sociales municipales dejen de ser competencia impropia y entren en una incertidumbre total. Quienes tienen que saber de la protección a la infancia, en primer lugar, son los servicios sociales, fundamentalmente los servicios sociales municipales. (Aplausos). El último informe de la Convención de Derechos del Niño en sus recomendaciones nos insiste en reforzar los servicios sociales públicos y que en modo alguno cualquier aportación privada debe de restar la responsabilidad de los servicios públicos con la infancia. Por tanto, este es un asunto muy trascendental y muy importante. Desearíamos que, en la votación de nuestras enmiendas y en la de otros grupos parlamentarios a la disposición adicional cuarta de la orgánica y décima de la ordinaria, hubiese un voto afirmativo para incorporarlas a esta ley. Es imprescindible que no exista este tapón, que mejoren los servicios de atención y los recursos destinados a la infancia. Es solo un botón, están al lado. Es muy fácil, es facilísimo. Como decía algún político de estos nuevos, es un papelito. Pues aquí es solo un botón, no requiere de mucho esfuerzo. Además, insisto, estaríamos en consonancia con las recomendaciones de Naciones Unidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.

La señora CARCEDO ROCES: Ya termino, señor presidente.

El otro gran bloque de enmiendas que reservamos y que para nosotros tiene mucho interés es la atención a los extutelados. Muchos tenemos hijos, pero todos tenemos familiares y conocidos que a los dieciocho años no pueden independizarse. Tenemos que tener alguna garantía con los extutelados, con los niños que se hacen adultos y que fueron niños extutelados. No los podemos tirar a la calle sin más. (Aplausos). Tenemos que prever algo en esta ley, porque donde más se necesita la protección de la infancia es en los niños que están en riesgo de pobreza y exclusión social, sobre todo y especialmente los de la pobreza extrema. Este es otro asunto que para nosotros es imprescindible incorporar para apoyar plenamente la ley. No podemos olvidarnos de los Menas, los niños menores extranjeros, porque desaparezcan seis meses, porque se hayan fugado. Son menores y por tanto tienen que tener una protección y no podemos desentendernos de ellos.

Finalmente, y ya termino, quiero referirme a las familias de acogida. Siguiendo la recomendación del Senado de fomentar la cultura del acogimiento, debemos tener un gesto con las familias que hacen ese esfuerzo de dar una referencia familiar a estos niños y homologarlas en los derechos laborales, en la justicia gratuita y en los copagos a las familias de adopción.

Espero sinceramente que en esta votación tengan en cuenta nuestras enmiendas, pero, si no es así, que en el Senado podamos retomarlo y que salga de aquí una ley que mire la realidad de nuestro país y tengamos en cuenta el principal desafío que tiene este país, que es la pobreza infantil.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Carcedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Montesinos.


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La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.

Señorías, partíamos de una ambiciosa reforma que el ministro Alonso y previamente la exministra Mato habían consensuado y trabajado con los distintos ministerios, las comunidades autónomas, los académicos y las entidades de infancia y adolescencia del tercer sector. Ese mismo espíritu de diálogo y de consenso es el que hemos mantenido con los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación de estos dos proyectos de ley y que continuará, como bien se ha dicho, en el Senado. Los grupos parlamentarios presentaron un total de ciento cuarenta y tres enmiendas al proyecto de ley orgánica y doscientas ochenta y nueve a la ordinaria. En total, sumando los dos proyectos, hemos aprobado ciento cincuenta enmiendas en sus propios términos y cuarenta transaccionales, de las que más de la mitad estuvieron suscritas por más de un grupo parlamentario. (Aplausos). Todo esto no hubiera sido posible sin la labor y el trabajo encomiable de María Teresa Martín y de Blanca Puyuelo, que a lo largo de todas estas semanas han venido trabajando con los distintos grupos de la oposición, a los que también les quiero agradecer la voluntad y el trabajo que han dedicado, así como quiero hacerlo, como no podía ser de otra manera, a las asociaciones, a los académicos y al tercer sector con los que hemos trabajado para presentar las enmiendas que también ha aportado el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, como decía, señorías, se ha realizado un importante esfuerzo de consenso en este trámite y, desde luego, hemos atendido -al contrario de lo que aquí se ha dicho- a las recomendaciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Dicho esto, me van a permitir que recuerde algo al Grupo Parlamentario Socialista, a propósito de que una de las cosas que deberíamos de tener en consideración en este momento es la dotación presupuestaria. Primero, es verdad que ustedes presentaron un texto, texto que se aprobó in extremis en el Consejo de Ministros de julio de 2011, justo cuando se iba a disolver la Cámara. Es cierto también que en ese texto ustedes no tenían en consideración ni a los niños víctimas de violencia de género ni a las familias numerosas ni, por ejemplo, la definición de Naciones Unidas sobre el interés superior del menor. Sin embargo, sí tenían en consideración la memoria de impacto de coste y, al fin y al cabo, copia literal de su texto se ha trasladado al texto que se presenta en la Cámara. (Aplausos). Literal del Grupo Parlamentario Socialista. Esto quiere decir que ustedes tienen doble vara de medir: cuando son ustedes quienes lo presentan, está magníficamente bien; sin embargo, cuando es el Grupo Parlamentario Popular, en este caso el Gobierno de España, todo nos parece mal. Pues no, empiecen ustedes a ser justos y equitativos, dos características que de momento no se les pueden reconocer.

La demagogia a la que han llegado nos lleva a tenerles que decir dos cosas más. Ustedes hacían referencia -y también lo ha hecho el señor Campuzano- a los datos que se conocían ayer, datos que a nosotros nos parecen tremendos, pero que no podemos olvidar que son del año 2013. En ese momento en España no se habían podido emprender todavía las grandes reformas que hoy dibujan un panorama absolutamente distinto y en el que seguimos trabajando, porque, por ejemplo, la reforma laboral todavía no daba sus frutos; la reforma educativa y la parte de la misma que se corresponde con la formación profesional tampoco estaba aprobada; la estrategia de emprendimiento y de juventud, de cuyas medidas se han beneficiado más de 380.000 jóvenes, tampoco estaba recogida. En abril, se firmaron más de 14.150 nuevos contratos indefinidos con menores de veinticinco años y en los últimos tres años de la legislatura anterior, sin embargo, se mandaron a 210.000 jóvenes al paro. En el final de la legislatura socialista -la misma a la que se refería la memoria económica que les comentaba-, ustedes mandaron a 3,5 millones de españoles al paro. Esa es la política más destructiva que nos llevó a la radiografía que ayer se conoció en España.

Ahora bien, hay datos positivos como decía antes. La Comisión Europea ha venido realizando recomendaciones a España referidas a pobreza y, sin embargo, hoy en las recomendaciones que hace para el año 2015 ya no se contempla la pobreza infantil, ya consideran que se ha ido avanzando y que las políticas que se han puesto en marcha verán sus frutos. En cualquier caso, insisto, ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular se dan por satisfechos con lo que estamos haciendo, ambicionamos mucho más y por supuesto resolver la situación que están viviendo los españoles.

Se ha hablado del tema competencial. Me parece una barbaridad que se llegue a afirmar que estamos secuestrados por la uniformidad. No es así, en ningún caso. Esas palabras que se han vertido por parte Convergència i Unió no se corresponden con la opinión del Grupo Parlamentario Popular y menos todavía con la del propio Gobierno. No es así. Ustedes dicen que ha habido invasión competencial en materia de protección de menores. No es así. El objetivo esencial de la reforma es precisamente asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y en especial la de los menores de edad, de conformidad con los


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acuerdos internacionales y con lo que marca el artículo 39 la Constitución española, es decir, la igualdad consagrada en el artículo 14. En cuanto a la protección de menores, procede señalar que la atribución como competencia exclusiva en los estatutos de la materia protección de menores tiene como límite las competencias exclusivas del Estado, entre las que se encuentra la de la legislación civil. No se ignora para nada la realidad de las comunidades autónomas con derecho civil, se es absolutamente respetuoso, pero tenemos que recordar que en materia de derecho civil lo uno no enerva la competencia del Estado, tal como establece el artículo 149 de la Constitución.

En cuanto a que la adopción internacional supone una invasión flagrante de la competencia autonómica, no es verdad, señorías. La decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de origen, así como la función de acreditar a las entidades colaboradores de adopción internacional, se basa en el artículo 149 de la Constitución española, competencia exclusiva en materia de relaciones exteriores. Además, el Tribunal Constitucional -por lo que nos decían antes- en su sentencia 165/1994 incluye dentro de la competencia de las relaciones exteriores reservadas al Estado la posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas, para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que en exclusiva corresponde a las autoridades estatales. En cualquier caso, señorías, la reforma es absolutamente respetuosa con las comunidades autónomas, no es retrograda, no se puede hablar de liquidación del modelo, ni mucho menos. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado respaldan la regulación que contempla esta reforma en materia competencial.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, me gustaría destacar algunas de ellas, en las que han participado tanto las coponentes citadas antes como algunas de las diputadas de este grupo parlamentario. Dos de ellas hacen referencia a la trata. Una propone ampliar a noventa días el periodo de restablecimiento y reflexión para que las víctimas de la trata de seres humanos puedan decidir su cooperación con las autoridades en la investigación del delito. El de treinta días era insuficiente, dada la gravedad del delito de trata y las profundas secuelas que tiene en sus víctimas. Por otra parte, en ese mismo sentido, pretendemos favorecer la contratación de víctimas de trata a través del establecimiento de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social: 1.500 euros/año por dos años en caso de contratación indefinida y 600 euros/año durante la vigencia del contrato en caso de contratación temporal. (Aplausos). En cuanto a las familias numerosas, pretendemos establecer con efecto retroactivo a 1 de enero de 2015 los beneficios en el ámbito educativo de la condición de familia numerosa establecida en el proyecto de ley ordinaria y atender especialmente a las menores embarazadas bajo tutela o guarda de la entidad pública, que recibirán así el asesoramiento y apoyo adecuado a su situación. En este sentido, en el plan individual de protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección del recién nacido. Desde el Grupo Parlamentario Popular ni la pobreza de los progenitores ni la discapacidad del menor podrán ser circunstancias para declarar la situación de desamparo. Por último, quiero destacar la enmienda que crea un registro central de delincuentes sexuales para hacer un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países.

Señorías, cabe recordar que estos proyectos de ley garantizan un marco jurídico uniforme en materia de infancia y adolescencia en todo el territorio nacional y refuerzan la protección de los menores, especialmente de los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. España es el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo de derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó Naciones Unidas en el año 2013. Establece que todos los anteproyectos de ley y reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobados. Se establece a su vez un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y con especial atención a los más vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados, jóvenes extutelados o menores con discapacidad. Por primera vez se definen con alcance estatal las situaciones de riesgo del menor, así como la declaración de desamparo. Se agilizan los trámites de acogimiento y adopción, y se da prioridad a las soluciones familiares sobre las residenciales. Los menores serán considerados víctimas de violencia de género, y la reforma regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. Por último se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para que no pierdan el título hasta que el último de los hijos cumpla la edad establecida, 21 o 26 años si está estudiando.

Señorías, es una reforma ambiciosa que ha sido trabajada y consensuada con las comunidades autónomas, con el tercer sector, con los grupos parlamentarios, y con los académicos. En el trámite parlamentario el Grupo Popular ha demostrado -y así ha quedado reflejado en las intervenciones de los


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distintos miembros de los grupos parlamentarios- el compromiso que adquirió, y ha consensuado y aprobado cerca de doscientas enmiendas. Ahora son ustedes, los distintos grupos, quienes con su voto deberán demostrar si anteponen el interés superior del menor o no a sus intereses partidistas en unos casos, y a los prejuicios nacionalistas en otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Montesinos.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000147).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/1990, de 26 diciembre, por la que se aprobó el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, al haber decaído el punto 33 del orden del día, por haber sido retirada la única enmienda a la totalidad presentada.

A este proyecto, señorías, no se han presentado enmiendas. Por ello pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro, tiene la palabra. Señora Barkos, disculpe.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Entendía que en primer lugar correspondía al Gobierno realizar una defensa o una explicación de este proyecto de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Sí, señor ministro. Tiene usted la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): De todas maneras, seré breve.

Señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de modificación del Convenio Económico entre el Estado y Navarra. Es un texto que ha sido negociado en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico que rige las relaciones de Navarra y el Estado, acordado en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio, y aprobado por el Parlamento de Navarra antes de que el Gobierno de España lo remitiera a las Cortes para su ratificación como proyecto de ley. Estamos pues ante un texto que representa de una manera notable la esencia de nuestro Estado de las autonomías, basado en la diversidad de España, en el respeto y la protección de los derechos históricos, y a la vez en la solidaridad entre los distintos territorios que pertenecen a un mismo país y que conviven al amparo de una misma Constitución.

El Convenio Económico entre el Estado y Navarra no es un privilegio de una determinada comunidad autónoma ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros, sino un instrumento de relación, peculiar, diferente, que arranca de nuestra propia Constitución; un instrumento en el que tiene encaje la norma tributaria del Estado, y que cuenta con los mecanismos necesarios para que esa relación sea beneficiosa, tanto para la Comunidad Foral como para el conjunto de España. El Convenio Económico otorga a Navarra un amplio margen de maniobra en la gestión de las obligaciones tributarias, y en la potestad que tiene la comunidad para establecer y regular sus propios tributos, y al mismo tiempo garantiza el respeto a lo dispuesto en la legislación del régimen general del Estado, y la contribución de Navarra a la solidaridad interterritorial que esta amparada asimismo por nuestra Constitución. Además el Convenio Económico cuenta con sus propios instrumentos de coordinación y arbitraje para resolver las discrepancias y conflictos que puedan surgir en las relaciones entre el Estado y Navarra, y con la modificación que ahora planteamos para su ratificación por las Cortes Generales salen reforzados, con el objetivo de reducir la litigiosidad entre administraciones y evitar perjuicios a los contribuyentes.


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El Convenio Económico tiene un amplio respaldo social entre los ciudadanos navarros y desde luego en el conjunto de los españoles, que entendemos las instituciones forales de esta comunidad no como un hecho disgregador, sino como una forma de entender España y su pertenencia a la misma. No hay nada en las instituciones forales navarras que las separe o las distancie de España; todo lo contrario, porque son instituciones cuya supervivencia se ha mantenido y desarrollado con diversos avatares históricos a lo largo de siglos, y que hoy en día tienen, además de la legitimidad que da el arraigo popular, la legitimidad jurídica y política que le ofrece desde hace más de treinta y seis años la Constitución, marco de convivencia de todos los españoles. Sin lugar a dudas las modificaciones introducidas lo convierten en el más avanzado Convenio Económico posible, en dos sentidos: por un lado, en el ámbito tributario, por la incorporación y adaptación a la norma de diversos tributos que han sido aprobados por el Gobierno de España desde la anterior modificación del convenio, en el año 2011; por otro lado, porque refuerza y amplía la autonomía navarra, además de mejorar -como he insistido anteriormente- la coordinación y la integración entre la Hacienda navarra y la estatal. Efectivamente tras esta modificación se incorporan al Convenio Económico con efecto retroactivo diversos tributos aprobados por las Cortes Generales estos años. Concretamente el impuesto sobre actividades de juego, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado, y el impuesto sobre el almacenamiento del combustible nuclear y residuos radiactivos, el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, y el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. Asimismo el convenio se adapta a la sustitución del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el conocido como céntimo sanitario, por un tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, y a la reciente modificación del impuesto especial sobre la electricidad. Además se establece que las retenciones del gravamen especial sobre premios de lotería percibidos por residentes navarros se ingresarán en la Hacienda de la Comunidad Foral.

Es justo que destaque que a partir de la modificación del convenio los grupos fiscales deberán estar integrados solo por sociedades que se rijan por la misma normativa, ya sea foral o común, sin que sean posibles los grupos mixtos. Por tanto el régimen de consolidación fiscal será el correspondiente a la Comunidad Foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estén sujetas a la normativa foral en régimen de tributación individual, y será el correspondiente al régimen de consolidación fiscal del territorio común cuando asimismo la sociedad dominante y todas las dependientes estén sujetas al régimen tributario común en régimen de tributación individual. Por otro lado el convenio introduce cambios que en esencia profundizan en la autonomía de la Comunidad Foral. Creo sin duda que este ámbito es muy importante, porque demuestra los avances que se pueden conseguir cuando el diálogo entre los Gobiernos, el Gobierno de la Comunidad Foral y del Gobierno de España, se realiza desde el respeto a la Constitución y la lealtad institucional, como el caso que ha dado lugar a que hoy podamos plantear este cambio normativo. Demuestra además nuestra capacidad de interlocución y nuestra disposición a mejorar el autogobierno de las comunidades que quieren ir un paso más allá en su autonomía, siempre que ese paso no se convierta en una carrera que busque desbordar las fronteras constitucionales y la soberanía del conjunto del pueblo español.

En el caso del Convenio Económico se modifica el artículo 2 para resaltar la potestad tributaria navarra, de manera que se garantice la posibilidad de que la Comunidad Foral establezca y regule tributos diferentes a los que ya se mencionan en el convenio, siempre desde el respeto a la legislación del régimen general del Estado, y a los principios y criterios de armonización del propio convenio. Además se modifica el artículo 6 buscando mejorar los mecanismos de coordinación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral. Esta modificación va a permitir que cuando se presente un proyecto de ley por el que el Gobierno de España establezca un nuevo impuesto a nivel estatal se convoque la comisión coordinadora, o la subcomisión en la que aquella delegue, para evaluar y analizar la adaptación del convenio a la nueva figura impositiva proyectada en el conjunto del Estado. Dicho en otras palabras: que Navarra podrá conocer y dar su opinión sobre las líneas básicas de la futura convención de las nuevas figuras impositivas que se proyecten, antes incluso de que entren en vigor en el conjunto del Estado.

En el ámbito de la mejora de la coordinación entre ambas administraciones públicas, la estatal y la foral, se introduce asimismo una modificación en el artículo 67 del Convenio Económico, que tiene como objetivo agilizar la remisión a la junta arbitral de consultas tributarias sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en la comisión coordinadora. De esta manera la junta arbitral, que tiene un papel realmente importante como institución, y que es capaz de acercar posturas entres las administraciones, adquiere una mayor relevancia a la hora de que disminuya la litigiosidad. Estoy convencido, por mi condición de


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ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y desde luego -tengo que insistir en ello y subrayarlo- como sincero defensor de las singularidades fiscales existentes en España, que la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que hoy traemos aquí para su ratificación, tras ser aprobada por el Parlamento autonómico, fortalece políticamente el autogobierno navarro en el terreno fiscal, al tiempo que mejora el marco de relación entre el Estado y la Comunidad Foral.

Tras este proyecto de ley las Cortes Generales habrán ratificado en poco más de un año, y con un elevado grado de consenso, la modificación de tres grandes pilares de nuestra singularidad fiscal: el Concierto vasco, el Régimen Económico Fiscal de Canarias, y ahora, el Convenio Económico navarro. Son tres regímenes económicos fiscales diferentes, como lo es el régimen económico fiscal de Ceuta y el de Melilla, que hacen de España lo que es, un país complejo y a la vez orgulloso de su diversidad, un país que cuenta con unas instituciones que no existen en ningún otro lugar del mundo, y que trabaja para conservarlas, potenciarlas y adaptarlas a los cambios políticos y económicos.

Señorías, el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra es un orgullo para todos nosotros, y permítanme que subraye que es un orgullo para mí. Es el mejor ejemplo de cómo se pueden conciliar y defender derechos históricos e intereses generales de España bajo el amparo de la Constitución y de las leyes. La modificación de la Ley del Convenio es la prueba de que el diálogo político, la lealtad institucional, y la voluntad de entendimiento son fundamentales para avanzar realmente en el Estado de las autonomías de España, y que las propuestas sensatas, dentro de la Constitución y de las leyes, serán escuchadas siempre por el Gobierno de España, y deberían serlo también por el Parlamento de España. Navarra está en el origen de la nación española, en su historia, en su presente y en su futuro, y por eso sus derechos históricos están y estarán siempre garantizados por la Constitución y las leyes. La actualización del Régimen Foral y el impulso de su autogobierno, al amparo de la Constitución, son la mejor garantía de estabilidad política para Navarra y de progreso económico y social para sus ciudadanos. En esto se fundamenta la modificación del Convenio Económico pactado entre el Estado y Navarra, y por esa razón es por la que el Gobierno solicita a la Cámara su ratificación.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, efectivamente debatimos hoy la actualización del Convenio, y quiero recordar que ciertamente el Convenio es el más importante instrumento financiero -y así lo reconocemos todos- y tributario de nuestro sistema competencial, y he de indicar en este año que los tres últimos ejercicios en este ámbito no han sido en absoluto fáciles para Navarra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Quiero recordar que en marzo de 2012 arrancaba el caso Volkswagen; en 2013 el presidente del Gobierno llevaba al Constitución, entre otros, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral -lo ha recordado- que regulaba el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, un recurso que con rapidez inusitada se resolvía a favor del recurrente, y tan solo un mes después se conoció que el Estado reclamaba a Navarra en el Tribunal Supremo el pago por las actas de VAESA. Yo diría que ambas actuaciones tienen una motivación común: socavar el Régimen Foral de autogobierno estrangulando, por un lado, la capacidad normativa, y dificultando su pervivencia financiera. Viene además orquestado por varias comunidades autónomas de régimen común -lo hemos escuchado además por boca de algunos de sus dirigentes-, gobernadas todas ellas por el Partido Popular, que reclamaban -y lo hemos hablado en más de una ocasión- la supresión del Convenio Económico por considerarlo un privilegio.

Yo hoy -y especialmente hoy, ministro- quiero rebatir esta gran mentira. Se ha ocultado de manera consciente en este debate que Navarra contribuye, y lo hace además de modo responsable y solidario, a la financiación de los Presupuestos Generales del Estado con la aportación anual. Conviene recordar algunas cifras. Voy a poner tres ejemplos. En 2011, de un presupuesto realizado de 3.968 millones de euros en Navarra, la contribución de Navarra a las cargas generales del Estado ascendía a 498 millones de euros, es decir, un 12,55 %. En 2012 la aportación fue de un 14,27 %. Y en 2013, en plena vorágine de la crisis -como aún seguimos-, la aportación de Navarra fue de un 15,52 %. ¿Es mucho o es poco? Pues vamos a contextualizar esas cifras, también de manera muy, muy breve. Si llevamos a cabo un resumen del gasto presupuestario por habitante en el Estado y en España, y en el Estado español y en


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Navarra, tenemos que en 2013, en el Estado el gasto presupuestario por habitante fue de 5.981 euros. En Navarra fue de 5.392 euros: 600 euros menos la capacidad de la supuestamente rica, insolidaria y privilegiada comunidad; se reduce el gasto presupuestario en 600 euros por mor de esa aportación, como está acordado y así cumplido, de Navarra a las arcas generales del Estado. Por lo tanto insisto en que como siempre, pero hoy más que nunca, defiendo: ¡nada de privilegio! Navarra lo que tiene es un sistema de financiación propio en virtud del cual...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Barkos, vaya acabando, por favor.

La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, voy con ello.

En virtud del cual contribuye a la financiación del presupuesto del Estado, con bastante más largueza por cierto del esfuerzo presupuestario que el Estado hace en Navarra.

Y para ahondar en este camino -y voy terminando, presidenta- ahora nos proponen una reforma de la Ley del Convenio, condicionada por la espada de Damocles del caso Volkswagen. Me lo ha escuchado decir muchas veces en esta tribuna, ministro: que era un error acometer la negociación de la parte Navarra de manera conjunta. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero es verdad: ha ganado usted, ha conseguido laminar una herramienta fundamental para el autogobierno de Navarra, como es el Convenio Económico, y lo ha hecho a través de la reforma del artículo 2. Anuncio por lo tanto que no vamos a votar -no podemos votar- a favor de esta reforma.

Señor Montoro, en esta mi última intervención en esta Cámara le deseo, como a todas sus señorías, la mejor de las suertes. Pero le aseguro que el próximo Gobierno que tenga Navarra va a defender con mucha más firmeza de lo hecho hasta ahora las posiciones, el autogobierno, y la Ley del Convenio de Navarra. En las próximas negociaciones, como digo, va a tener a un Gobierno firme en la defensa del autogobierno, y en ese camino he de decir desde esta tribuna que todas aquellas invocaciones al miedo -las que han sido y las que puedan ser esta mañana- no han de tener recorrido alguno, o si acaso el mismo que han tenido en las urnas el pasado domingo: cero.

Presidenta, ahora sí. Señorías, eskerrik asko eta agur. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos. Antes de que abandone este hemiciclo quiero decirle que ha sido usted diputada durante muchos años, y que hemos compartido este tiempo desde la disidencia muchísimas veces, y desde la discrepancia más absoluta, pero también desde el total respeto que ha tenido usted a todas las opiniones de esta Cámara. Le deseo la mejor de las suertes personales, y muchas gracias. (Aplausos).

Por el mismo grupo, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero dar la bienvenida a las autoridades y amigos de Navarra que han querido acompañarnos hoy en este debate, del que también todos ellos son protagonistas. Hoy nos convoca y nos une hablar del Régimen Foral de Navarra, tratamos del alma política de Navarra, de su corazón institucional, del gran motor de su prosperidad, y de un sentimiento centrípeto, integrador y singular de un pueblo que ha conservado hasta hoy su fuerte personalidad política. Hoy renovamos, actualizamos, y mejoramos un pacto porque esa y no otra es la naturaleza jurídica y vivencial del Fuero de Navarra, ni sumisión ni ruptura. El Fuero navarro es un eslabón más de una gran cadena forjada a lo largo del tiempo por miles de historias que transmiten en cada generación unos valores: la madurez política para defender lo propio, la libertad foral, el respeto, la lealtad, el afecto mutuo, la colaboración basada en la voluntad de unir y no de separar, y la solidaridad con todos los que formamos esta gran fraternidad de nombre España. Nosotros votaremos hoy lo mismo que votaron nuestros representantes en la Comisión Negociadora y en el Parlamento Foral. Creo, señorías, señor ministro, que hoy podemos celebrar que Navarra tiene futuro, en esta votación y también en la que hemos tenido sobre la Lofca. Este, señorías, señora Barkos, es un buen acuerdo.

¿De qué sirve decir que puede mejorarse este Convenio si de la mano de los que jamás han respetado el fuero ni lo aprecian ni lo quieren se está buscando hacer un Gobierno en Navarra? Eso, señorías, es imposible. No se puede uno autoproclamar el adalid de la defensa del fuero con un 15 % de los votos, cuando a uno le faltan hasta llegar al 51 % los votos de Bildu, de Podemos, de Izquierda-Ezkerra en Navarra, que jamás han tenido consideración alguna con el fuero para decir que efectivamente se puede mejorar. ¿Creen, señorías, señora Barkos, que facilitar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona un


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Gobierno radical liderado por Bildu, que solo tiene cinco concejales de veintisiete -UPN tiene diez-, va a conseguir precisamente mejorar la convivencia, mejorar el fuero, trabajar por el fuero? Sus propios socios del Partido Nacionalista Vasco no quieren gobernar con Bildu en Guipúzcoa, y usted pacta con ellos en Navarra; lo que no es bueno para Guipúzcoa parece ser que es bueno para los navarros, ¿es que somos de peor categoría? Es sencillamente imposible, señorías, y un mal legado, señora Barkos.

Cerramos con este debate una legislatura en Navarra que el tiempo pondrá en valor, en la que solo unos pocos asumieron el reto de sacar adelante nuestra comunidad, mientras otros, a salvo en el burladero del oportunismo, por miedo o por estrategia, aprovecharon el esfuerzo de sus verdaderos protagonistas para recoger las nueces de su falta de interés con Navarra. Algunos de ellos nos acompañan hoy: Lourdes, Raquel, Maite, Raúl, María Jesús, Rosana, Antonio, Cristóbal. A todos ellos y a todos los que hoy se suman al sí a Navarra en esta votación, y a los miles de navarros que trabajan por dejar una Navarra mejor para sus hijos, y lo hacen con todo su trabajo esforzado, diciendo verdad, y con un ánimo incombustible, va dedicado hoy nuestro homenaje y nuestro voto en esta tramitación.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Sus señorías se preguntarán qué hace un valenciano hablando de la financiación de Navarra. Como solo tengo un minuto o minuto y medio, me voy a dar prisa.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Dos, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Dos. Muchísimas gracias. No siempre es tan generosa conmigo, y hoy le doy las gracias de corazón.

Cuatro reflexiones y una petición, señor Montoro. Me parece muy bien que se debata este convenio, estoy muy contento de que se pueda debatir, pero usted afirmó en Valencia que no había tiempo para debatir la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana en esta legislatura. Han tenido tiempo de sacar más de doscientos proyectos de ley y decretos-leyes en estos tres años -no lo digo yo, lo dijo el señor Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación-, e incluso debatimos hoy este proyecto de ley del Convenio Económico de Navarra; han tenido tiempo para todo y no lo han tenido para reparar nuestra infrafinanciación. Por tanto -termino- le hago una petición simple. La digo y la enseño (muestra un cartel): los valencianos queremos tener el mismo trato que los navarros, ni más ni menos. Queremos exactamente lo mismo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, lo que debatimos hoy aquí tiene en mi opinión un poquito de maquiavelismo. Resulta que un día, así como por casualidad, y gracias a la diligencia del ministro de Hacienda, se descubrió que en Navarra se debían 1.500 millones como consecuencia del no pago del IVA correspondiente a la empresa Volkswagen. La cantidad no era moco de pavo, se acercaba a la mitad de lo que son los presupuestos públicos de Navarra para 2015. Además sobre la mesa había otra serie de problemas importantes: dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional, que en gran medida ponían en solfa completamente las competencias históricas de Navarra en materia tributaria. El momento político además era bastante delicado; se acercaban las elecciones y era más que evidente que el cambio político y social, como después se ha visto, venía. El Gobierno de UPN, como no podía ser menos, afirmó que había que defender por encima de todo los intereses de Navarra -faltaría más, señor ministro-, que las cuentas son las cuentas, y así empezó la negociación de lo que hoy estamos discutiendo. Durante las negociaciones como es lógico la reclamación de los 1.500 millones de euros funcionó como un chantaje total: o se acepta lo que yo digo o aquí está mi reclamación de 1.500 millones. Finalmente, después de unas cuantas posturitas y unas cuantas grandilocuencias verbales, se llegó a un acuerdo. Por un lado, se retira la reclamación de los 1.500 millones, y por otro, se acepta que la potestad tributaria de Navarra para aprobar impuestos diferentes a los regulados en el Convenio -leo textualmente- se ejercerá sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del régimen general del Estado, algo que antes


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no existía. Y en el caso de los dos impuestos controvertidos sobre producción de energía eléctrica y depósitos de entidades de crédito -leo también textualmente-, la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. ¿Y qué quieren que les diga? Que colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Los intereses de Navarra y del Estado una vez más han sido conciliados. El pacto, tal como se nos ha dicho, que es el fundamento del fuero, que no la soberanía del pueblo navarro, ha funcionado de nuevo. Fotos y sonrisas preelectorales; España va bien y Navarra, ni te cuento. Esta es la película. La realidad, desde nuestro punto de vista, ha sido bastante distinta. El chantaje de los 1.500 millones ha funcionado y ha sido contundente. Y, como ha ocurrido en otros momentos de la historia en los que se han generado conflictos entre las competencias navarras y las del Estado, una vez más esto ha sido a costa de socavar las propias competencias que ya se tenían, de acentuar el sometimiento de las competencias navarras a las normas estatales, de convertir el Boletín Oficial de Navarra en un corta y pega del Boletín Oficial del Estado. Por eso, Amaiur, como ya lo hizo en el Parlamento foral, no va a votar a favor de esta modificación del convenio, porque en buena medida nos ha parecido una negociación paripé sometida a un chantaje que no aceptamos, porque esos 1.500 millones de euros desde luego no van a servir para comprar nuestro voto.

Termino ya. Este paripé, en cualquier caso -qué le vamos a hacer, señor Salvador, señor Montoro-, no les ha funcionado mucho. Bajar en un 50 % la representación del PP en el Parlamento de Navarra y en un 20 % la de UPN evidencia que lo que ha existido detrás de este convenio y detrás de muchas más cosas ha sido una constante agresión por parte del Gobierno de Madrid, por parte del Gobierno del PP, a los intereses, a las competencias y a la soberanía de nuestro pueblo. No les ha funcionado el invento, el cambio político y social viene a Nafarroa, es imparable, y lo siento, tómense ustedes una tila y no se pongan nerviosos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda, hoy es un día importante política y parlamentariamente hablando para el Grupo Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco. Hoy debatimos y votamos la modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, relativa al Convenio Económico. Tal y como se prevé en la disposición adicional tercera, cuando se produzca una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, ha de procederse de común acuerdo a la revisión del Convenio Económico. Esto es precisamente lo que ha ocurrido desde la última modificación que se produjo allá por el año 2007, hace prácticamente ocho años. Así, la comisión negociadora del convenio, en las sesiones de 17 de febrero y 23 de marzo de 2015, alcanzó el acuerdo que hoy vamos a votar. Básicamente y sin entrar en mayores detalles técnicos que ya están explicitados en el texto reformado, se incorporan al convenio las modificaciones tributarias relativas al impuesto sobre el juego, al valor de la producción de la energía eléctrica, al del combustible nuclear gastado, al impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, así como las medidas medioambientales y el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. De igual manera, como dice el texto, se han incorporado también cambios técnicos con el fin de mejorar la coordinación entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra cuando se establezcan nuevos impuestos estatales. Un acuerdo similar, como seguramente recuerda la Cámara, lo debatimos y votamos hace poco más de un año cuando se produjo la modificación y actualización del Concierto Económico del País Vasco por idéntico motivo, por la necesidad de adecuarlo a las reformas tributarias habidas. El sistema concertado o convenido tiene esa característica de pacto o acuerdo que el Grupo Vasco valora positivamente. Y creo que es importante recordarlo, aunque todos lo sepamos, ya que da la sensación de que a veces a algunos se les olvida que esta reforma es de artículo único y lectura única, es decir, que el acuerdo alcanzado por las partes, por ambos Gobiernos, en el seno de la comisión negociadora se puede votar favorablemente o desfavorablemente, o abstenerse lógicamente, pero no puede ser enmendado ni modificado. Esta es una característica esencial del convenio y del Concierto Económico que no conviene olvidar y que es preciso respetar.

Con esta reforma se pone también de manifiesto que el convenio es un instrumento moderno adaptable a los cambios que permite regular perfectamente las relaciones económico-financieras y tributarias entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado; un instrumento válido que cuenta con nuestra máxima consideración y respeto. Estamos, pues, conformes con el procedimiento y consideramos que las formas y el respeto al procedimiento son también muy importantes en este asunto. Ahora bien,


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desde el Grupo Vasco consideramos que el acuerdo alcanzado por estas partes, por los Gobiernos, incorpora un cambio legislativo que va en contra de los intereses de los navarros y de las navarras y de la capacidad de actuación normativa de la Comunidad Foral de Navarra. El cambio parece nimio, pero es realmente importante: se modifica el artículo 2.2 del Convenio Económico, incorporando previamente a la actual redacción un texto que señala: sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del régimen general del Estado, y continúa: la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer y regular tributos diferentes de los mencionados en el presente convenio, respetando los principios recogidos en el apartado 1 anterior y los criterios de armonización previstos en el artículo 7 de este convenio. No podemos entender esta modificación sino en clave política, que trata de reducir el margen de maniobra de la Comunidad Foral de Navarra en materia tributaria y, por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con dicho cambio legislativo. En idéntico sentido nos manifestamos cuando apoyamos la proposición no de ley presentada y defendida por Geroa Bai, por la diputada doña Uxue Barkos, cuyo objetivo era precisamente este. Desgraciadamente, no contó con el apoyo de la mayoría de esta Cámara. De todas formas, señora Barkos, confiamos en que las nuevas mayorías que surjan en la próxima legislatura faciliten el cambio del actual artículo 2 en el sentido correcto, respetando la legalidad y sobre todo respetando el espíritu del Régimen Foral y del Convenio Económico.

Por lo argumentado, nuestro grupo ampara el procedimiento pero discrepa en la cuestión de fondo que acabo de plantear y que nos impide apoyar dicha reforma. En coherencia, el Grupo Vasco se va a abstener en la votación del proyecto de ley por el que se modifica el Convenio Económico.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

He escuchado a lo largo de las intervenciones de todos los grupos parlamentarios algunas cuestiones de carácter político que me parecen las más relevantes, no voy a entrar en las cuestiones técnicas. Por otra parte, las reformas que aquí se nos proponen a nuestro grupo le parecen poco relevantes desde el punto de vista técnico y, por tanto, no entraré en esas cuestiones. Pero quiero aclarar nuestras mayores discrepancias de carácter político sobre el debate que estamos teniendo aquí; son de fondo y son de forma, y en este caso el fondo y la forma vienen a decir lo mismo.

A la hora de presentar el texto ha empezado el ministro poniéndose la venda antes de la herida, como se suele decir, afirmando que no estamos hablando de un privilegio, que el Régimen Foral no es un privilegio. Señor ministro -y se lo digo a toda la Cámara, porque luego ha habido varios intervinientes que han insistido en la misma cuestión-, cuando hay un trato diferencial -lo ha llamado usted así y algunos intervinientes han hablado de lo mismo remontándose a los derechos históricos, a un sistema implementado en el año 1877, que seguimos disfrutando en Navarra, que siguen disfrutando en Navarra-, cuando alguien dice: tráteme usted de forma diferente, no me trate por igual porque tengo derecho a que no me traten por igual, lo que está diciendo es: tráteme mejor, tengo derecho a que me traten mejor. Cuando alguien tiene derecho o cree tener derecho a que le traten mejor y a que no se le trate en igualdad con el resto de los españoles -cuando somos los ciudadanos españoles los que ostentamos el derecho de ciudadanía-, cuando alguien interpreta que se le tiene que tratar de forma diferente para tratarle mejor, no estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un privilegio, al que algunos creen que tienen derecho, estamos hablando de un privilegio; insisto, al que algunos creen que tienen derecho, pero es un privilegio.

El representante de Compromís ha salido con un cartel que dice: Los valencianos queremos el mismo trato. Y yo digo: Los españoles queremos el mismo trato. Todos los españoles tenemos derecho a tener el mismo tratamiento fiscal, los mismos derechos en esta materia, todos los españoles, no los valencianos, sino los navarros, los vascos, los aragoneses, todos los españoles, porque somos los ciudadanos españoles los que tenemos los derechos reconocidos por la Constitución. Todos los que aquí estamos sabemos -lo sabe el ministro Montoro y lo saben los representantes navarros de las distintas formaciones políticas que han intervenido- que este sistema foral -y el vasco- no se puede extender a todos los territorios de España porque sumaría más de cien, sobre todo no se puede extender a las comunidades autónomas que tienen un producto interior bruto más alto. Es un sistema que no es extensible a toda España porque suma más de cien. Sería imposible de aplicar en toda España. Si no se puede aplicar en toda España, no es un derecho, sino un privilegio. Yo entiendo que los nacionalistas catalanes o los nacionalistas valencianos suban aquí y digan: yo también, porque, claro, saben que es un privilegio, que


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requiere una situación privilegiada y un tratamiento privilegiado. Por eso nosotros decimos que todos los españoles tienen derecho a ser tratados por igual.

Hemos estado hablando esta mañana del sistema de financiación de las comunidades autónomas y se ha puesto de manifiesto que hay un sistema de financiación injusto, pero es que es el sistema de financiación justo el que tenemos que regular y no mantener privilegios en un sitio o en otro. El sistema foral no es per se un sistema privilegiado, un sistema vamos a decir contrario a la igualdad, contrario a la equidad fiscal, pero su deriva lo ha convertido -y el vasco- en un sistema contrario a la equidad fiscal y a la igualdad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por tanto, requeriría una revisión del sistema adaptando determinadas medidas correctoras para que, sin alterar el Régimen Foral en aquello de histórico que pueda tener, lo que garantice sea una plena homologación para que el sistema no signifique una desprotección para el resto de los españoles, y digo bien desprotección. Porque, señor ministro, usted lo sabe muy bien -algunos intervinientes lo han contado con otras palabras y hablando de 1.500 millones, aunque creo que son 800 lo que se reclama, que es lo no prescrito-, esto, más allá de esos ajustes técnicos de los que se ha hablado, en algunos casos para estar en contra como los nacionalistas vascos y navarros, no tiene otro objeto que condonar la deuda que tiene la Hacienda foral navarra con la Hacienda española, es decir, que tiene la Hacienda foral navarra con todos los españoles. Esto no tiene más objeto que el enjuague, que condonarle la deuda, esa deuda del IVA de Volkswagen que ha cobrado indebidamente la Hacienda foral navarra que el Gobierno le ha reclamado inicialmente, pero que luego ha dejado de reclamarla, para que esos 800 millones que la Hacienda foral navarra ha recaudado indebidamente no los tenga que devolver la Hacienda foral navarra, sino que los devuelva la Hacienda española, es decir, que se los devolvamos el conjunto de los españoles, también los ciudadanos españoles que viven en comunidades autónomas que, con razón, protestan porque su sistema de financiación no es adecuado para que se trate con equidad a los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Señor ministro, esto es algo profundamente injusto desde el punto de vista de la equidad y la igualad y del derecho a la igualdad de todos los españoles, una chapuza desde el punto de vista procedimental -me van a decir que chapuza no porque está regulado en la ley- y una chapuza en términos democráticos, si se me permite, porque la forma en este caso es fondo.

El representante del Partido Nacionalista Vasco ha explicado -porque está a favor naturalmente- que estamos ante un asunto en cuyo contenido concreto no podemos entrar. Tenemos que pronunciarnos en general, pero no podemos enmendarlo, y la explicación es que esto es un acuerdo, un convenio entre dos Gobiernos y aquí el Parlamento nacional no tiene nada más que decir, solo si lo tomo o lo dejo. Señoría, los acuerdos entre dos Gobiernos, el de la nación y un Gobierno autonómico, en un Estado, que es España, en este caso son contrarios a la soberanía que tiene el Parlamento nacional. O sea que para respetar una supuesta soberanía, entre comillas, de Navarra -aspiración, pero que se comporta como tal- o del País Vasco cuando venga o cuando vino, de acuerdos entre dos Gobiernos, este Parlamento tiene que renunciar a su soberanía, porque una ley que no puede ser enmendada por este Parlamento es una sistema predemocrático porque no puede ser enmendada, solo puede ser rechazada. Esto es como si fuera -usted lo sabe bien, señor Montoro- un acuerdo entre dos países, acuerdos internacionales, como si fuera un convenio entre dos países de los que venimos aquí los jueves y sancionamos, si o no, un convenio. Me dice uno de los representantes del Partido Nacionalista Vasco que, efectivamente, es un convenio entre dos naciones soberanas, entre dos países. Es que no lo es, pero lo tratamos como si lo fuera. Por tanto, se convierte en eso. Se les trata como si lo fueran, hay un acuerdo entre dos Gobiernos. No hay trámite parlamentario. El Parlamento renuncia a las enmiendas. No es un trámite parlamentario si no puedes entrar en el fondo. Yo quisiera, por ejemplo, enmendar lo de Volkswagen. Yo quisiera que los españoles no tuvieran que pagar lo que el Gobierno navarro ha ingresado sin tenerlo que ingresar, pero ustedes se lo condonan y no podemos entrar en esa discusión. No les podemos decir a los españoles, que ya tienen bastantes dificultades en su conjunto, que además, por una mala gestión o por una gestión arbitraria o por una gestión de chapuza y de tapar lo que se está haciendo, el Gobierno de la nación ha decidido condonar al Gobierno de Navarra una deuda que la tiene el Gobierno de Navarra y no todos los españoles. Insisto, es un despropósito en términos democráticos. Estamos sancionando, una vez más, un sistema de funcionamiento de confederación dentro de España, de la España de las autonomías. Estamos tratando al Gobierno de Navarra, en relación con el Gobierno de España, como si fueran dos Gobiernos extranjeros que hacen acuerdos y vienen aquí y se ratifican. Esto es predemocrático, ministro, si no se puede entrar a debatir el conjunto de las leyes. Es predemocrático, es una cosa absolutamente inaceptable. Una ley que no tiene control del Parlamento es una ley, insisto, que recibe un tratamiento predemocrático.


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Además, y para finalizar con el fondo sobre el que ya he hablado, que la única reforma de calado que nos traen ustedes aquí sea para condonar los 800 millones no prescritos de un IVA recaudado y que no han querido devolver, es una vergüenza y un insulto al conjunto de los españoles. Eso sí que es un insulto al conjunto de los españoles. El Gobierno de España tiene que reclamarle esa cantidad al Gobierno de Navarra porque lo ha cobrado sin tener que cobrarlo. No puede ser que lo devuelva la Hacienda española cuando lo ha cobrado la Hacienda de Navarra. Es una vergüenza, ministro. Es algo absolutamente vergonzoso. Por cierto, -y en relación con algo que ha dicho la señora Barkos antes, que aunque no la veo en la Cámara lo quiero decir, y lo que ha dicho el señor Salvador pero en otro sentido, en el sentido contrario, pero me da lo mismo-, aquí no se trata de meter miedo a nadie. Aquí no se trata de decir determinadas cosas por meter miedo a nadie en relación con el Régimen Foral: si estáis a favor, gana no sé quien, y si estáis en contra, gana no sé quién otro. Que gane el que vote la gente. Aquí se trata de poder venir a la tribuna, decir lo que uno piensa y defenderlo, y decir la verdad de lo que son las cosas. Aquí estamos ante un sistema profundamente injusto para todos los españoles, que no se tramita como se tiene que tramitar una ley en democracia; es inaceptable e inasumible para el conjunto de los españoles que a estas alturas de la película sigamos con este sistema absolutamente opaco, injusto y predemocrático.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

El Grupo Parlamentario Catalán va a votar favorablemente este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/1990 por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y lo haremos por coherencia con los diferentes posicionamientos que hemos mantenido en esta Cámara desde los años ochenta, en las sucesivas modificaciones del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, como también lo hemos hecho desde los años ochenta en el caso del Concierto Económico del País Vasco. Hay una segunda motivación, señorías, y es que el Grupo Parlamentario Catalán siempre ha respetado en esta Cámara los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central. Así se desprende, en este caso, del texto del proyecto de ley presentado en la Cámara, que concreta los acuerdos alcanzados por ambas instituciones. Tercera razón, hemos dado un apoyo incondicional y nunca hemos coartado estos acuerdos, todo lo contrario. Nos satisface que dos administraciones, la del Estado y la de la Comunidad Foral de Navarra, por medio de una comisión negociadora, acuerden las normas del Convenio Económico desde el principio de bilateralidad.

Señorías, en estos momentos hablar del sistema de financiación nos lleva a hablar del incumplimiento legal en el que incurre el Gobierno por no tener en vigor el nuevo sistema, en este caso, de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Si ello ya es un motivo suficiente para denunciar el incumplimiento legal en el que el Gobierno está incurriendo, no menos grave nos parece que a través de otros mecanismos se esté quebrantando el principio de suficiencia de la financiación de las comunidades autónomas. Los ejemplos son múltiples. Se prefiere financiar a las comunidades autónomas vía sistemas extraordinarios que a través del sistema ordinario de financiación, con la aprobación del nuevo sistema que ya debería estar vigente -recuerdo- desde el año pasado. También, por ejemplo, los anticipos a cuenta del sistema de financiación no tienen en cuenta el incremento de ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Quiero recordarles, señorías, que entre los años 2013 y 2014 se ha incrementado la recaudación en un 4,6 %. Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 prevén un incremento adicional del 5,4 %; en cambio, para el presente año los anticipos a cuenta retroceden un 2,5 %. Se incrementan los ingresos fiscales y las entradas a cuenta disminuyen; por tanto, es una incoherencia.

Otro ejemplo. En los últimos años, la reconfiguración de los impuestos llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular con alzas -recuerden- en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IVA, impuestos especiales, entre otros, ha supuesto un incremento de la recaudación en el periodo 2012-2014 de más de 30.000 millones de euros. Este incremento en la recaudación ha supuesto dos cosas para las comunidades autónomas de régimen común. Por un lado, que no puedan beneficiarse de los recursos adicionales que esto ha supuesto; las comunidades autónomas no han recibido ni un duro de esos 30.000 millones de euros de recaudación extraordinaria. Y, por otro, que esos incrementos de la fiscalidad han supuesto un incremento del gasto de las comunidades autónomas por la mayor presión fiscal que tienen que sufrir. Quiero recordarles también que a eso debemos sumarle que no se avanza en el pago del Fondo de competitividad de los años 2014 y 2015 cuando las necesidades que deben solventar las


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comunidades autónomas son hoy y no dentro de dos años. Hablar hoy de financiación de las comunidades autónomas de régimen común es hablar de una profunda deslealtad y de una asfixia financiera.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Picó.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Quiero saludar también a las autoridades de Navarra que han venido a ver este Pleno.

Señorías, el Convenio Económico es un instrumento y la pieza fundamental de autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra. La Constitución Española y la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Lorafna, definen un rico e inmenso campo de juego democrático del que se deriva este convenio. La legitimidad del fuero -quiero recordar- es constitucional, tal y como recoge la disposición adicional primera de la Constitución del año 1978. Recuerdo sus palabras: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. En el caso de Navarra, ese derecho histórico es el mantenimiento del Régimen Foral. Señorías, la Constitución fue refrendada en España por una mayoría inmensa de ciudadanos y en Navarra también, por la mayoría de los ciudadanos y por la mayoría del censo. Como siempre, me gusta recordar que, de todas las fuerzas que hoy intervenimos en este debate, tan solo el Partido Socialista defendió entonces la Constitución sin ambages en toda su redacción, desde el principio hasta el final, sin matización alguna. Por ello, mi grupo hoy se alegra por el acuerdo alcanzado en un contexto muy difícil, un contexto que no ha sido ni el marco más favorable desde la perspectiva estatal, ni tampoco el marco más favorable para la defensa del autogobierno de Navarra; un acuerdo alcanzado in extremis al final de una legislatura en la que el Partido Popular ha abogado más que nunca hacia una recentralización del Estado autonómico y en particular también de la Comunidad Foral de Navarra; un Gobierno, señor ministro, señor Montoro -que no me escucha-, que ha recurrido decisiones del Parlamento y actuaciones del Gobierno de Navarra, sin dignarse en ocasiones ni siquiera a informar previamente de ello; un Gobierno que ha recurrido catorce leyes forales en tres años. Aquí, en esta Cámara, debatimos en octubre, en diciembre del año pasado y en marzo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Moscoso. Por favor, no pueden hacerse grupos en los pasillos. El que quiera hablar, en el bar, en la calle, aquí a escuchar.

Siga usted, señor Moscoso.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Qué clima tan diferente el actual al de por ejemplo el año 2010, cuando con un Gobierno socialista esta Cámara, con amplio consenso, reformó la Lorafna, qué diferente. Por eso quiero recordar que el contexto ha sido muy difícil.

El texto sobre la modificación del convenio lo consideramos positivo, no solamente porque resuelve el contencioso sobre el tema del IVA, sobre el que luego volveré, sino porque también introduce modificaciones que habrá que tener en cuenta antes de imponer recursos al Tribunal Constitucional y también modificaciones que el propio Tribunal Constitucional deberá tener en cuenta antes de interpretar futuras normas forales navarras. Y por eso quiero hacer referencia al acuerdo de hace semanas por el cual reformamos la Lofca, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas; una reforma que pretendía unificar y reforzar el bloque de constitucionalidad para legitimar el fuero, una necesidad que era fundamental para acabar con la cadena de conflictos y para ordenar el fuero y su naturaleza paccionada; una reforma destinada a garantizar el reconocimiento pleno del Régimen Foral navarro y también la capacidad -esto es lo importante- de la Comunidad Foral de Navarra para refrendar y proteger su competencia para regular tributos propios en todo tipo de materias (Rumores). En aquel debate exigimos que esa reforma de la Lofca, que no puede ser desvinculada de este acuerdo, debía incorporar dos premisas: la primera, que contara con un amplio acuerdo y consenso constitucional basado en el bloque de constitucionalidad, porque cualquier reforma del bloque de constitucionalidad del fuero navarro exige constitucionalidad...(Rumores).

Señor presidente, es imposible continuar así.

El señor PRESIDENTE: Vuelvo a decirlo. Por favor, el señor Moscoso choca contra un muro para que sus palabras puedan ser oídas y comprendidas. Por favor, silencio.

Adelante, señor Moscoso.


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El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Tal y como defendimos desde mi grupo, aquella reforma superó intereses partidistas y confiamos en que esa actitud sea la que predomine a partir de ahora en materia foral; fue una fórmula de síntesis, de carácter compresivo y que incorporaba diferentes puntos de vista. El segundo punto que exigimos en la reforma es que recogiera de manera clara y directa la legitimidad democrática y constitucional del fuero, porque hay que recordar que la Lofca es previa a la aprobación de la Lorafna, y eso se hizo también reconociendo en su disposición adicional primera el hecho de que la Lorafna está aprobada desde el año 1982 como base constitucional de nuestro ordenamiento. Celebramos entonces aquella modificación porque suponía de facto el reconocimiento de algunos grupos del marco constitucional a la hora de defender el fuero y confiamos en que esos grupos que apoyaron esta reforma sigan haciéndolo, sobre todo ahora que han sido llamados democráticamente a desempeñar un papel importante en las instituciones navarras, que no podrá ser otro que el que se desempeñe desde la normalidad constitucional. Confío sinceramente en que no nos defrauden a partir de ahora.

Sobre el contenido de la reforma del convenio que hoy debatimos, se han dicho ya muchas cosas, pero antes quiero recordar cuál es su origen. Su origen data de 1841, de la promulgación de la Ley paccionada; una ley que tras la caída del absolutismo en 1839 exigió normalizar todo el ordenamiento de entonces conforme a la nueva Constitución. El régimen que surgió de aquel acuerdo se llamó Régimen Foral; régimen cuya principal característica, que ha mantenido desde entonces, es su carácter paccionado, esto es que cualquier modificación del mismo solo puede hacerse mediante un nuevo pacto o acuerdo entre el Estado y las instituciones navarras. Esa manera de pactar se legítimo en la Constitución de 1978, como he explicado antes, razón por la cual votamos el martes que este debate se produjera en lectura única, por su carácter paccionado. Por eso también hay que recordar que el Parlamento de Navarra ya ha aprobado este acuerdo en sus sesiones de los días 26 de febrero y 26 de marzo del presente año.

El acuerdo no reforma todo convenio, sino parcialmente algunos contenidos. Califica competencias forales tras un turbulento periodo, en el que el Gobierno central ha demostrado una total falta de respeto hacia las decisiones soberanas de los navarros y las de sus instituciones, como han demostrado los recursos que ya hemos mencionado. La firma del acuerdo debería poner fin a un tiempo en el que se ha quebrado la tradición paccionada; un periodo de lealtad constitucional, que es la que se exige siempre y que implica un diálogo entre ambas partes para trabajar conjuntamente por el interés común. El acuerdo introduce una disposición adicional para solucionar la cuestión del IVA y para resolver por vías pactadas futuros conflictos, si se producen. Nos pronunciamos muchas veces sobre la cuestión del IVA y siempre subrayamos la insostenibilidad, incluso el carácter disparatado de los argumentos de la Agencia Tributaria, que en el fondo equiparaban una transacción entre Navarra y el régimen común con una operación intracomunitaria fuera del territorio español. El acuerdo debe servir también para mejorar la coordinación entre ambas administraciones, reconstruir las condiciones del diálogo a través de los diferentes organismos que existen, que han quedado muy dañados y maltratados tras estos tres años, armonizando cuestiones que ya han sido citadas como la energía eléctrica, gravámenes sobre los depósitos, temas de hidrocarburos y cuestiones pendientes que todavía no estaban convenidas, como impuestos sobre loterías, sobre el juego on line, en red, o sobre los gases fluorados.

Señorías, la autonomía tributaria de Navarra es un elemento esencial del Régimen Foral de Navarra. El convenio en el marco de la Constitución nos permite fijar las reglas de armonización y de coordinación con el Estado. Como decía, el sistema debe ir adaptándose siempre y habrá que seguir haciéndolo en el futuro. Desde luego el panorama al que vamos -muy deseable- de unión fiscal de Europa recomendará muchos más esfuerzos de aproximación. Como ustedes saben, la aportación de Navarra al Estado no se modifica en esta reforma y sigue vigente la adoptada en 1990. El convenio es también el instrumento por el cual los navarros contribuimos a la solidaridad con el conjunto de los ciudadanos españoles. Tal y como recoge la Declaración de Granada que el PSOE aprobó en 2013 hacia una estructura federal del Estado, el compromiso de los socialistas con las instituciones del Concierto del País Vasco y del Convenio de Navarra es absoluto; instituciones que deben seguir manteniendo su reconocimiento constitucional, al tiempo que, por supuesto, se perfecciona su aplicación práctica; perfeccionamiento paccionado.

Voy terminando ya, señor presidente, por el tiempo que he perdido antes,...

El señor PRESIDENTE: Señor Moscoso, debe usted terminar.

El señor MOSCOSO HERNÁNDEZ DEL PRADO: Me queda un minuto, si descontamos lo de antes.


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El señor PRESIDENTE: No le queda. Se lo recomiendo encarecidamente, acabe usted.

El señor MOSCOSO HERNÁNDEZ DEL PRADO: Los navarros no renunciaremos nunca a las cuestiones de principio que avalan al Régimen Foral, al fuero; sin embargo, siempre nos aproximaremos a las cuestiones de cifrado al huevo, con flexibilidad y desde el margen y la perspectiva de la solidaridad.

Señorías, el domingo pasado hubo elecciones en Navarra como en otros tantos territorios de España. El nuevo Gobierno que se constituya deberá respetar la voluntad de cambio de la ciudadanía de Navarra, eso es indudable. Debe apostar por el autogobierno de Navarra sin cuestionar nuestro ordenamiento constitucional, y hacerlo en el marco que nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de prosperidad y libertad de nuestra historia.

El señor PRESIDENTE: Señor Moscoso, tiene usted que terminar. Hágame el favor. Ya no hablemos del futuro.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Corresponde al nuevo Gobierno gestionar el nuevo convenio con altura de miras, con generosidad y presencia ante los inmensos retos de nuestro tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde en este trámite reflejar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a la vicepresidenta del Gobierno de Navarra; al presidente del Parlamento de Navarra, señor Catalán; a la senadora Salanueva; a los senadores Eza, Palacios, Yanguas; a los altos cargos del Gobierno de Navarra y a los técnicos del Gobierno en Navarra. A todos ellos, bienvenidos.

Quiero comenzar mi intervención diciendo que para muchos de nosotros hoy es un día importante y para mí como diputado del Grupo Popular por Navarra es un honor y privilegio defender este proyecto de ley por el que se va a modificar el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Como ya ha manifestado el ministro, nuestra actividad financiera y tributaria se rige por un régimen peculiar y singular paccionado como es el Convenio Económico, que tiene su fundamento en razones históricas. Ya desde 1515 en que Navarra se incorpora a la Corona de Castilla, Navarra mantiene cierta singularidad, sustentando a lo largo de siglos la condición de reino con sus leyes y autogobierno. Ha conservado a lo largo de siglos sus instituciones legislativas, sus tribunales de justicia, su derecho, incluida la facultad de establecer y recaudar tributos. Hasta el siglo XIX se reconoció esta unión especial y singular pero en 1839 Navarra ajustó sus fueros históricos a las demandas de la unidad constitucional; unión que se completó en 1841, integrándose en la estructura unitaria del Estado pero ajustando para Navarra un régimen que se denominó Régimen Foral y que se articuló en torno a la Ley Paccionada de 1841. Las características de este Régimen Foral dada su naturaleza pactada conllevaban que cualquier modificación del mismo solo podría hacerse mediante nuevo pacto o acuerdo entre el Estado y las instituciones navarras. Desde 1841 hasta 1969 el régimen navarro atravesó ciertas dificultades, que fueron subsanadas con el Convenio de 1969. Con la democracia se mejoraron y se apreciaron muchas cosas más; ya en la Constitución de 1978 se amparaban y respetaban los derechos de los territorios forales. Por lo tanto, la Constitución puso punto final a la presunta duda que hubiera entre los fueros y la unidad constitucional al declarar que el Régimen Foral encontraría su pleno amparo y respeto en la propia Constitución. Por tanto la Constitución es una garantía de pervivencia para el Régimen Foral navarro, y todos los Gobiernos democráticos, absolutamente todos, han reconocido esta situación de Navarra y el carácter paccionado de su Régimen Foral. Este Gobierno del Partido Popular y el Grupo Popular se alinean en esta defensa de su protección, y lo hacemos dentro de España y con la Constitución en la mano.

También quiero manifestar que el amejoramiento del fuero de 1982, que fue fruto de un nuevo pacto con el Estado, condujo al fortalecimiento del Régimen Foral nacido de la Ley Paccionada de 1841. Ello nos ha permitido no solo mantener competencias históricas sino integrar y añadir todas aquellas que no fueren inherentes a la unidad constitucional. Por nuestro Régimen Foral histórico, amparado y respetado por la Constitución, la actividad económica y financiera de Navarra se regula por el sistema tradicional del Convenio Económico. No se trata de ningún privilegio, señora Díez, de ninguno; es un derecho histórico que no nace de la Constitución, sino que en ella se establece la posibilidad de su pleno desarrollo. Es un instrumento de relación diferente dentro de España. Como ha dicho el ministro y alguno de los intervinientes,


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la autonomía tributaria de Navarra es un elemento esencial en el Régimen Foral ya que le permite mantener, establecer y regular su propio régimen tributario sin más limitaciones que las establecidas en el propio convenio, que es el que fija las reglas de armonización y los puntos de conexión para determinar la competencia de una u otra Administración y para evitar con ello la doble imposición. Todo ello se hace con solidaridad, dentro de España, ya que Navarra forma parte del Estado español y desde Navarra se contribuye al sostenimiento equitativo de las cargas generales del Estado. No es un trato mejor, es un trato diferente. El Convenio Económico es el instrumento que sirve para determinar la cuantía de las aportaciones de Navarra y establecer el procedimiento más adecuado para su actualización, todo ello dentro del acuerdo y del principio de solidaridad. Esto es lo que se pretende hoy en el Congreso de los Diputados, que no es otra cuestión que actualizarlo, ya que no supone una reforma integral del Convenio de 1990, sino la introducción de las modificaciones parciales, al igual que se hizo con anteriores modificaciones.

Lo sustancial del acuerdo ya lo ha dicho el ministro -no voy a insistir en ello- es la incorporación al convenio de diferentes tributos aprobados por las Cortes Generales; además de esos tributos, se realizan precisiones que son necesarias para garantizar la plena capacidad tributaria de Navarra. Quisiera resaltar por su importancia la introducción en el convenio de la disposición adicional que pone fin al conflicto de las devoluciones del IVA. Con la aplicación de esta disposición se resuelven definitivamente temas pendientes en materia fiscal, ya que este convenio para los tributos acordados tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013; también es importante para articular vías de solución paccionadas para futuras controversias que se pudieran producir. Por último, son importantes las mejoras que se introducen en los mecanismos de coordinación entre la Comunidad Foral y el Estado.

Una cuestión fundamental e importante para el Grupo Popular es que con el convenio que hoy aprobaremos se profundiza y se refuerza aun más al Régimen Foral y se evitarán en el futuro situaciones conflictivas que se han producido en el pasado, como consecuencia de sentencias del Tribunal Constitucional, debido a los problemas que ha suscitado la interpretación sobre tributación. En definitiva, con la aprobación de esta ley se resuelven conflictos, se clarifica la situación tributaria y Navarra verá reforzados su autogobierno y su capacidad tributaria. Desde el Partido Popular y desde el Gobierno del Partido Popular lo valoramos como muy positivo; creemos que es un muy buen convenio, el mejor de los posibles. Con ello el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular han cumplido y han demostrado a lo largo de los últimos años la voluntad de llegar a acuerdos. Hemos de tener en cuenta lo que se aprobó en esta Cámara en el mes de octubre y que textualmente decía: Mantener una permanente voluntad de diálogo y acuerdo con la Comunidad Foral de Navarra bajo los principios de lealtad y respeto recíprocos, cooperación y solidaridad. Considero que lo hemos hecho así desde el Partido Popular, por lo que para nosotros es un orgullo este convenio y cómo se ha tramitado.

Para finalizar, quisiera agradecer el trabajo de todos los que han intervenido en el largo proceso de diálogo entre los dos Gobiernos, tanto a los técnicos del Gobierno de Navarra y a los técnicos del ministerio como al propio ministro y al Parlamento de Navarra, que aprobó este convenio sin ningún voto en contra. A todos ellos, muchísimas gracias. Quiero también agradecer la intervención de todos los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, así como el reconocimiento o la discrepancia que han tenido algunos de ellos de este instrumento básico para el autogobierno fiscal y financiero de nuestra Comunidad Foral, como es el Convenio Económico. Creo que con la aprobación de esta ley haremos el mejor servicio a todos los navarros.

Quisiera aludir a una última cuestión que considero de cortesía, como lo es despedir a la diputada Barkos. A pesar de las discrepancias que tenemos en materia política, quiero desearle lo mejor en lo personal y reconocer su trabajo en el Congreso.

Como ha habido algunas intervenciones, sobre todo de algún grupo nacionalista, hablando de laminación, de ir en contra, de pérdida de soberanía, de eliminación de competencias, quisiera responder: no habría mayor laminación para la Comunidad Foral de Navarra que integrarla en otra comunidad, nuestro fuero estaría herido de muerte. En ese sentido, quiero recordarles que la integración de Navarra en Euskadi al final sería una pérdida de soberanía, de competencias, de muchas cuestiones. Nuestro Convenio Económico correría la misma suerte que el Concierto Económico del País Vasco; la autonomía foral de Navarra quedaría reducida a la misma condición que tiene su foralidad en los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa, sujetos a la potestad del Parlamento y al Gobierno de Euskadi; perderíamos la bilateralidad y el carácter paccionado. Este es, a mi juicio, el carácter y el riesgo que tiene el Régimen Foral de Navarra, la integración en otra comunidad, la pérdida de competencias. Esto no es que lo diga yo, es que se viene diciendo así a lo largo de muchos años. Fíjense ustedes en el Estatuto de Estella


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de 1931, en los pactos de Loyola, en los pactos de Estella, etcétera. Sería perder ese carácter paccionado, esa soberanía; en definitiva, sería perder el sentido del Régimen Foral de Navarra.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Señorías, con carácter previo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Álvaro Anchuelo Crego, pregunto a don Rafael Calduch Cervera si jura o promete acatar la Constitución.

El señor CALDUCH CERVERA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Don Rafael Calduch ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL CONTENIDA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2015-2018 Y SUS EFECTOS SOBRE LA DESIGUALDAD. (Número de expediente 173/000215).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política fiscal contenida en la actualización del programa de estabilidad 2015-2018 y sus efectos sobre la desigualdad. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 132; en contra, 178.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 6/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 55/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL CINE, SE CONCEDEN VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO. (Número de expediente 130/000070).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 190 más 2 votos telemáticos, 192; en contra, 10; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto.

Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 132; en contra, 179 más 2 votos telemáticos, 181.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.


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- REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO. (Número de expediente 130/000071).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por un importe determinado en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 180 más 2 votos telemáticos, 182; en contra, 127; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto. Ha sido emitido un voto telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 303; en contra, 2 más 1 voto telemático, 3; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Se tramitará como proyecto de ley.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000127).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a pasar a las enmiendas del Senado y, posteriormente, a enmiendas del dictamen. Como queda reflejado en el "Diario de Sesiones", de las enmiendas diré simplemente aceptada o rechazada. Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En primer lugar, votación de la enmienda a la disposición adicional primera (nueva), en lo relativo al inciso final del apartado 3: "...o para la concesión de la autorización a la que se refiere el apartado 3 anterior". ¿Comprendido por los portavoces? (Asentimiento).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 10; en contra, 194; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda relativa al resto de la disposición adicional primera, nueva.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 181; en contra, 13; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional segunda (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 275; en contra, 25; abstenciones, 7.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final séptima, a la disposición final undécima y al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 274; en contra, 14; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por tener el carácter de orgánica. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 2 votos telemáticos, 309; a favor, 182 más 2 votos telemáticos, 184; en contra, 122; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000130).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Empezamos con las enmiendas del Grupo Mixto (señora Pérez Fernández), y votamos en primer lugar las números 1, 9 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 36; en contra, 179; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de la señora Pérez Fernández.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 132; en contra, 177; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Tardà, que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 35; en contra, 180; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 306; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 28; en contra, 272; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmienda 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 19; en contra, 190; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 30; en contra, 180; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 19; en contra, 181; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de Unión Progreso y Democracia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 124; en contra, 178; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por La Izquierda Plural. Enmiendas 20, 22, 25, 27 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 36; en contra, 180; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 130; en contra, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas 103, 121 y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 94.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 105.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 185; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 117 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 23; en contra, 275; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 127; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 127; en contra, 179; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 181; en contra, 17; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por tener carácter orgánico. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 2 votos telemáticos, 313; a favor, 183 más 2 votos telemáticos, 185; en contra, 15; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con su carácter orgánico.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora el dictamen del proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Empezamos con las enmiendas de la señora Pérez Fernández. Enmiendas 5, 8 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 129; en contra, 179; abstenciones, 2.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de la señora Pérez Fernández.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 32; en contra, 176; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 126; en contra, 180; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 34; en contra, 186; abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Tardà.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 126; en contra, 179; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 31; en contra, 179; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmienda 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 126; en contra, 179.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 20; en contra, 181; abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 78 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 30; en contra, 274; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 82.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 6; en contra, 189; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de UPyD.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 31; en contra, 177; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. Enmiendas 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 38, 47, 49 y 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 124; en contra, 180; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 109; en contra, 180; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 39, 40, 43, 46, 48, 50, 51, 57, 60 y 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 31; en contra, 272; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 35; en contra, 180; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Enmiendas 184, 186, 192, 193, 219, 223, 231, 232, 233, 235, 247, 248 y 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 188, 202 y 221.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 116; en contra, 179; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 197.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 21; en contra, 274; abstenciones, 11.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 206.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 115; en contra, 187; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 208 y 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 189; abstenciones, 95.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas,

Enmiendas 209, 210 y 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 181; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 222.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 30; en contra, 271; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 224 y 229.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 16; en contra, 281; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 230.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 206; en contra, 3; abstenciones, 95.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional a la enmienda 237.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 209; en contra, 1; abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas de CiU.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 33; en contra, 179; abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda 104.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 105; en contra, 180; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 110, 119 y 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 111; en contra, 180; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 122; en contra, 178; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 181; en contra, 26; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000147).

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Votación de conjunto del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra por tramitarse en lectura única. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 2 votos telemáticos, 309; a favor, 288 más 2 votos telemáticos, 290; en contra, 5; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- PROYECTO DE LEY ORDENADORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000142).

El señor PRESIDENTE: Se ha pedido la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 2 votos telemáticos, 310; a favor, 131; en contra, 177 más 2 votos telemáticos, 179.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000150).

El señor PRESIDENTE: Finalmente, solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Presentada la petición de avocación por el Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 125; en contra, 178; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.

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