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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 280, de 13/05/2015
cve: DSCD-10-PL-280
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 280
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 263
celebrada el miércoles,
13 de mayo de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Urbina), sobre la postura del Gobierno en relación al Fracking. (Número de expediente 172/000310) ... (Página30)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de defensa del Gobierno orientada a la prevención de ataques bioterroristas. (Número de expediente 172/000311) ... (Página35)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política fiscal contenida en la actualización del Programa de estabilidad 2015-2018 y sus efectos sobre la desigualdad. (Número de expediente 172/000312) ... (Página41)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la interpretación, desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, está haciendo el Gobierno. (Número de expediente 173/000212) ... (Página48)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. ("BOE" núm. 104, de 1 de mayo de 2015). (Número de expediente 130/000069) ... (Página56)


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del tercer sector de acción social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 140-1, de 27 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000140) ... (Página76)

- Proyecto de ley de voluntariado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 141-1, de 27 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000141) ... (Página92)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página6)

Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está usted dispuesto a rectificar el proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (procedente del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo) de manera que las competencias del País Vasco en estas materias sean respetadas? (Número de expediente 180/001300) ... (Página6)

Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, en sustitución de la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno recuperar el dinero invertido en el rescate bancario que da por perdido y que pertenece a todos los españoles? (Número de expediente 180/001312) ... (Página8)

Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la situación de los jóvenes en España? (Número de expediente 180/001301) ... (Página9)

De la diputada doña Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué nuevas amenazas a la libertad de información está considerando el Gobierno? (Número de expediente 180/001303) ... (Página11)

De la diputada doña Ascensión de las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para resolver el conflicto laboral de Correos? (Número de expediente 180/001297) ... (Página12)


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Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Por qué ha programado el Gobierno una subida de impuestos en comunidades autónomas y ayuntamientos? (Número de expediente 180/001304) ... (Página14)

Del diputado don José Luis Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Ha considerado el Gobierno al impulsar su reforma local la situación de las diputaciones provinciales en la Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001305) ... (Página15)

Del diputado don Antoni Such Botella, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué valoración realiza el ministro de Hacienda de la sanción que ha propuesto la Comisión Europea por la manipulación de las cifras de déficit público de la Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001306) ... (Página16)

De la diputada doña María Pilar Alegría Continente, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Con qué objetivo busca el Gobierno controlar a las corporaciones locales? (Número de expediente 180/001307) ... (Página18)

De la diputada doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué piensa hacer el Gobierno con la estación transpirenaica de la línea internacional de Ripoll-Ax-les Termes? (Número de expediente 180/001298) ... (Página19)

Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar los diferentes tramos de la A-32 a su paso por la provincia de Jaén? (Número de expediente 180/001309) ... (Página21)

Del diputado don Martí Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las razones reales de la impugnación que ha presentado el Gobierno al proceso de matriculación en Cataluña? (Número de expediente 180/001299) ... (Página22)

De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Puede garantizar la ministra el normal ejercicio de la potestad sancionadora en el orden social en los casos que afectan a su partido? (Número de expediente 180/001310) ... (Página23)


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Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué valoración hace de la situación del sector turístico en España? (Número de expediente 180/001302) ... (Página25)

Del diputado don Ricardo Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cuál ha sido la evolución de la factura eléctrica para el consumidor doméstico en los últimos ejercicios? (Número de expediente 180/001311) ... (Página26)

Del diputado don Juan Luis Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué acciones va a emprender el ministro de Hacienda, en el ámbito de sus competencias, para dar respuesta a la acelerada despoblación de Castilla y León? (Número de expediente 180/001308) ... (Página27)

Del diputado don Sabino Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Considera el Gobierno que volver a recurrir -esta ha sido la 15.ª ocasión- una Ley Foral aprobada en Navarra (reguladora de clubes de cannabis) es respetuoso con la ciudadanía navarra, sus instituciones y la propia democracia? (Número de expediente 180/001281) ... (Página29)

Interpelaciones urgentes ... (Página30)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Urbina), sobre la postura del Gobierno en relación al Fracking ... (Página30)

Formula la interpelación urgente el señor Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica el señor Urbina Fernández y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de defensa del Gobierno orientada a la prevención de ataques bioterroristas ... (Página35)

Formula la interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate).

Replica el señor Xuclà i Costa y duplica el señor ministro de Defensa.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política fiscal contenida en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 y sus efectos sobre la desigualdad ... (Página41)

Formula la interpelación urgente el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Replica el señor Saura García y duplica el señor ministro de Defensa.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página48)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la interpretación, desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, está haciendo el Gobierno ... (Página48)

Defiende la moción la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres, así como en fijación de posiciones la señora Pérez Fernández y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sánchez Robles.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página56)

Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional ... (Página56)

El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Sayós i Motilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Blasco Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Replican el señor Sixto Iglesias, la señora Sayós i Motilla y el señor Pezzi Cereto.

Cierra el debate el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página76)

Proyecto de ley del tercer sector de acción social ... (Página76)

El señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Proyecto de ley de voluntariado ... (Página92)

El señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Tardà i Coma, así como la señora Pérez Fernández en turno de fijación de posiciones, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV; y los señores Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Grau Reinés del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ USTED DISPUESTO A RECTIFICAR EL PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO) DE MANERA QUE LAS COMPETENCIAS DEL PAÍS VASCO EN ESTAS MATERIAS SEAN RESPETADAS? (Número de expediente 180/001300).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado Aitor Esteban, del Grupo Vasco ( PNV).

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, la formación profesional en Euskadi yo diría que es puntera, selecta, dentro del conjunto del Estado, con una formación dual que es referencia y que busca un modelo de excelencia


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más allá de una formación profesional básica y, por tanto, con muchos tintes de particularidad. Por una parte, legislativa, porque hay competencias conforme al estatuto de autonomía y porque hubo un real decreto de transferencias, el 1441/2010, de traspaso de funciones en servicios en materia de formación profesional para el empleo, que ordena que las cosas se gestionen de determinada manera y, por otra, por el sistema de concierto económico a la hora de la financiación. Por tanto, eso exige que, respecto a las formas de gestión, la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda utilizar todas ellas, desde las bonificaciones en cotización a la Seguridad Social hasta las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, etcétera. Asimismo, que pueda conjugar su realidad que, como hemos dicho anteriormente, es bastante específica en cuanto a tejido industrial y en cuanto a especialización de la formación profesional, más allá de la estructura general que pueda marcar la ley, y que haya competencia para acreditar y registrar las entidades de formación, así como la potestad sancionadora con respecto de la obtención y la mala utilización posible de las bonificaciones, o incluso las funciones de programación, gestión y control en los centros del País Vasco más allá de que ese grupo pueda tener centros en otras comunidades autónomas.

Por eso le pregunto si el Gobierno está dispuesto a negociar rectificaciones en el proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor Esteban.

Usted sabe por qué se ha hecho este real-decreto ley que no tiene como objetivo quitarle a nadie ninguna competencia que le corresponda con arreglo a la legislación vigente. El objetivo de esta legislatura, como sabe, y lo tendrá que ser de la siguiente, es el crecimiento económico y generar empleo en nuestro país y sobre todo establecer bases sólidas de cara al futuro para que esa creación de empleo se pueda mantener en el tiempo. Hemos hecho muchas reformas, usted las conoce, no voy a reiterárselas aquí; pero esta reforma a la que nos estamos refiriendo en el día de hoy es capital, fundamentalmente porque para tener un trabajo hoy se necesita, por supuesto, que haya actividad económica, pero también se necesita mejorar la formación en España. España, en el futuro, va a tener que competir con gente formada y con innovación y no con otra cosa. Usted sabe que la formación no funcionaba en España como todos queríamos que funcionase, lo conocía todo el mundo. Creo que esta modificación, esta reforma es importante, se abre la formación a la concurrencia, todo el mundo podrá presentarse, ganarán los mejores, no habrá monopolios, habrá evaluaciones de calidad, información, control y sanciones si hay fraude; y hemos intentado hacerlo con el máximo respeto a todas las comunidades autónomas. El objetivo no es, como le decía al principio y usted conoce perfectamente, otro distinto de que se pueda aumentar el empleo en nuestro país. Insisto: en no quitarle competencias a nadie. Buena prueba de ello es que hemos aceptado que se tramitara este real-decreto ley como proyecto de ley y por tanto lo que queremos y lo que hacemos con eso es manifestar nuestra voluntad de que estamos dispuestos a llegar a entendimientos en esta materia con ustedes o con cualquier otro grupo político. Insisto: el tema que nos preocupa es hacer una reforma de la formación profesional que sea útil, que mejore la formación y que así haga posible que se pueda crear más empleo en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, las competencias del País Vasco no son las de otra comunidad autónoma, son especiales. (Rumores). Y le tengo que decir que mi pregunta no es baladí porque esta sería la quinta ocasión en esta legislatura en la que no se respetan las competencias en políticas activas de empleo: desde el Real decreto-ley 1/2013, la Ley 18/2014, Real decreto-ley 16/2014, el Real decreto-ley 1/2015 -todos ellos recurridos ya por el Gobierno vasco- y ahora sería, de nuevo, esta ley que está en tramitación. No es igual la competencia porque, entre otras cosas, hay que respetar el sistema de concierto económico de la comunidad autónoma y no se ha hecho en todos estos decretos que yo le he mencionado anteriormente. Y, por otra parte, sigue interviniendo el Servicio público de empleo estatal en lugar del Lanbide, el servicio vasco, a pesar del real-decreto ya acordado en 2010.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Solo quiero reiterarle que el plazo de enmiendas finaliza, creo recordar, el 22 del presente mes de mayo y lo que yo puedo decirle es que respecto a lo que dice la legislación vigente y el propio Tribunal Constitucional, estamos dispuestos a hablar con su grupo para intentar buscar una solución satisfactoria.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO EN EL RESCATE BANCARIO QUE DA POR PERDIDO Y QUE PERTENECE A TODOS LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001312).

El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor presidente del Gobierno, que formula el diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, quería preguntarle, en nombre de mi grupo, qué es lo que tiene previsto su Gobierno para devolver a los ciudadanos los sesenta y pico mil millones de euros invertidos en el rescate de las cajas de ahorro hasta ahora, de los cuales, como usted sabe y según el Banco de España, solo se ha podido recuperar algo así como el 4,3 %.

Teniendo en cuenta que las participaciones que sigue teniendo el FROB -es decir, el Estado- en estas entidades rescatadas no cubre ni mucho menos esa cantidad, queremos saber qué es lo que tienen ustedes pensado para devolver a los contribuyentes -que es de donde ha salido ese dinero- los 58.829 millones de euros pendientes que faltan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Voy al fondo del asunto y luego entraré en la cuestión que a usted le preocupa. Cuando llegamos al Gobierno, como usted sabe, una parte sustancial del sistema financiero español estaba quebrado y había dos opciones. La primera, dejar quebrar las entidades financieras, lo que hubiera supuesto la pérdida de todos los puestos de trabajo, la pérdida de los depósitos de la gente, la pérdida de los fondos de inversión y planes de pensiones, la pérdida de la confianza en nuestro país y, desde luego, no se hubiera producido una recuperación del crédito. Esta era una opción muy respetable. Y había otra que es la que habían seguido Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia y países, ya en otra situación, como recientemente Chipre, Grecia o Portugal, que es intentar salvar el sistema financiero para evitar que se produjesen esos efectos perversos. Optamos por esta segunda opción, como todos los demás, que nos parecía la más razonable. Solicitamos un crédito a la Unión Europea, se nos dieron 100.000 millones y usamos 39.000, un periodo de carencia de diez años y un tipo de interés por debajo del 1. ¿Cuándo van a recuperar o cómo se va a recuperar esto? De momento, el Estado -como usted sabe- es el propietario mayoritario de un banco importante como es Bankia, a partir de ahí lo privatizaremos pero esperaremos a que haya las mejores condiciones en el mercado con el objetivo de lograr la recuperación mayor de toda la cantidad que se ha pedido prestada y que tiene un periodo de carencia de diez años y un tipo de interés por debajo del 1 %.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias por sus datos contables, señor presidente, pero me temo que ese no es el fondo de la cuestión. Se lo diré porque muchos miembros de su Gobierno y usted mismo han dicho muchas veces que este rescate -desde hace ya varios años, desde 2012 en concreto- no le


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iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Usted mismo dijo una frase que resumía la situación desde su punto de vista. Dijo en 2012: Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Los hechos son bastante diferentes y esto es inquietante. Recordemos, por ejemplo, que el Banco de Sabadell se quedó con la Caja de Ahorros del Mediterráneo por un euro, y eso realmente no es un crédito normal ni un crédito que vaya a pagar la banca, es un regalo. El rescate de las cajas gallegas que luego fueron adquiridas por el grupo venezolano Banesco nos costó 8.000 millones de euros, y eso ya es dinero perdido, evidentemente.

Ha hablado usted de Bankia y efectivamente el Estado es el accionista principal. Bankia ha celebrado hace poco una junta de accionistas donde ha hablado ya del reparto de beneficios. Hombre, ¿no cree usted que la primera prioridad de Bankia debería ser devolver al Estado y por lo tanto a los contribuyentes la mayor parte posible de los 24.000 millones de euros que necesitamos para activar la economía, para crear empleo, para invertir en I+D+i, en educación, en sanidad, etcétera?

La pregunta sigue siendo la misma, no me ha contestado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una reducción de impuestos para compensar a los ciudadanos? ¿Vamos a ver medidas para que se readmita a los despedidos, que muchas de estas entidades hicieron con los ERE en sus propias ampliaciones bancarias, que al final esto es lo que ha ocurrido? ¿Van ustedes a compensar los recortes que ha habido estos años precisamente para serenar el sistema financiero? Porque está muy bien decir que había dos alternativas, pero nunca hubo un debate real sobre esas alternativas ni sobre sus consecuencias, lo que ha habido de hecho es un rescate de la banca del que se ha beneficiado finalmente la banca privada y que ha significado la desaparición de esa especie de banca pública que eran las cajas hechas con los ahorros de los pequeños ahorradores, las pymes, los depósitos de las instituciones públicas, etcétera. Y esta es la cuestión, ¿qué van a hacer ustedes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Le insisto, señor Martínez Gorriarán, había dos opciones. Si nosotros hubiésemos dejado que quebraran las entidades financieras, ¿quién pagaba los depósitos de los contribuyentes? ¿Qué pasaba con los puestos de trabajo? ¿Qué ocurría con los fondos de inversión o con los planes de pensiones? ¿Qué ocurría con la pérdida de confianza en nuestro país? Esa era una opción, pero nadie apostó por esa opción en Europa, nadie. No hay ningún país que dejara quebrar simplemente sus entidades financieras y creo que se han producido efectos beneficiosos. Hemos recuperado la confianza en el sistema financiero dentro y fuera de España, los test de estrés que ha hecho el BCE nos sitúan a la cabeza de Europa, ha vuelto el crédito a nuestro país, la prima de riesgo ha bajado, nos estamos financiando a unos precios increíblemente bajos y desde luego como nunca ha ocurrido en nuestra historia, la gente tiene sus depósitos y su trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Privatizaremos Bankia que tendrá un valor importante en el momento en que ese valor sea el mejor en el mercado. En este momento Bankia -como usted sabe- es una entidad pública y por tanto el dueño es el Estado y por tanto los contribuyentes españoles, pero la idea es ponerla en el mercado para que...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001301).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno que formula el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, me gustaría saber su opinión sobre la situación de los jóvenes en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Señor Sánchez, el principal problema que tienen los jóvenes en nuestro país, como el conjunto de la sociedad española, es el paro, que impide llevar adelante un proyecto de vida independiente. Ha sido el


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objetivo principal de esta legislatura y lo tendrá que ser de la siguiente también, como he dicho en numerosas ocasiones, la creación de empleo. Puedo decir que en este momento ya hay datos positivos. Partíamos de una situación imposible, pero ya se ha producido un cambio de tendencia, aunque todavía tengamos muchas cosas por hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, si no leyera los papeles que le escriben y hablase con el corazón, vería que es imposible decir que los jóvenes viven mejor desde que usted es presidente del Gobierno. (Protestas). Lo malo que ha pasado durante estos tres años y medio no es lo errático de las políticas económicas de su Gobierno sino que encima usted presume de ello. Usted presume de ello, señor Rajoy. Yo le voy a dar un dato que certifica el fracaso de su política económica y su discurso triunfalista en lo económico: 2 millones de jóvenes de menos de treinta y cuatro años están desempleados en nuestro país.

Yo no sé de qué presume usted, señor Rajoy, porque, como consecuencia de la negligencia de su Gobierno, por ejemplo, no se ha desarrollado el Plan de garantía juvenil durante este último año, y como consecuencia de ello solamente el 4 % de los desempleados jóvenes se ha acogido a ese plan. Así que ¿de qué presume usted, señor Rajoy? Lo que ocurre en este país como consecuencia de sus políticas económicas es que ahora mismo están los jóvenes desempleados o atados a la rueda de la precariedad laboral. Siete de cada diez contratados jóvenes están a tiempo parcial, a tiempo temporal.

Usted dificulta y mucho la situación laboral de los jóvenes, y también hace otra cosa, dificulta y mucho la formación de los jóvenes, porque lo que ha hecho ha sido subir las tasas universitarias en un 40 %; ha recortado las cuantías de las becas en 600 euros, es decir, una media del 20 % respecto a lo que usted heredó en el año 2011, y a un país que en el año 2011 era el líder en becas Erasmus, con una inversión superior a 60 millones de euros, usted lo ha dejado en poco más de 35 millones de euros durante estos últimos tres años y medio. Así que usted a los jóvenes solamente les ofrece dos opciones: una, el pasaporte, y dos, el INEM. Esas son las soluciones que usted está ofreciendo a los jóvenes. Y como consecuencia de ello hay 500.000 jóvenes que durante estos últimos años han abandonado España porque no hay oportunidades en España, eso a lo que llama la señora Báñez movilidad exterior. Pero yo le digo una cosa. No le extrañe si tanto esos 2 millones de jóvenes que están desempleados, que están abandonados a su suerte como consecuencia del desamparo del Gobierno de España, como sus familias dentro de muy poco a quienes van a dejar sin empleo es a usted y a todo su Gobierno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Mis papeles los escribo yo, señor Sánchez. (Aplausos). No soy como usted, a quien vimos en el debate sobre el estado de la Nación leyendo una réplica. En cualquier caso, yo le recomendaría a usted que escribiera también los papeles, entre otras cosas para hablar con propiedad. Decir aquí que 500.000 jóvenes han abandonado España es mentira. Son exactamente 24.638, lo tengo escrito aquí, según dice el Instituto Nacional de Estadística. (Aplausos). Por eso es conveniente que usted escriba los papeles, para lo cual es bueno que lea también antes algo.

Me parece que no es el más indicado usted para presumir de creación de empleo. En la última legislatura se perdieron en España 1.771.517 empleos de personas jóvenes. Por tanto, sintiéndolo mucho no puedo aceptar ninguna lección de su parte. Lo que sí puedo decirle para su satisfacción es que si se hubiera leído -y escrito algo también- sobre la última EPA podría comprobar cómo hoy ya hay menos jóvenes en paro que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, que la EPA dice que la ocupación de los jóvenes está creciendo un 4,7 % y que los datos de la Seguridad Social del último mes dicen que está creciendo el empleo el 9,2 %. Por tanto, debe usted escribir, y sobre todo debe usted leer, y debe usted saber lo que es una política económica que crea empleo, que es lo que está ocurriendo ahora en España, y no una política económica como la que practicaron ustedes, que lo único que hizo fue destruir empleo.

Su política económica es una vuelta atrás, es una vuelta a una época que ya, por fortuna, tenemos superada, porque, por suerte, hoy en España se está produciendo crecimiento económico -el primer país de la Unión Europea en crecimiento- y se está produciendo creación de empleo, 440.000 personas el


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año pasado encontraron un puesto de trabajo, 600.000 lo van a encontrar ahora, con lo cual ya empezamos a recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en España cuando ustedes estaban en el Gobierno.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. Pido silencio, por favor.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MERITXELL BATET LAMAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ NUEVAS AMENAZAS A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN ESTÁ CONSIDERANDO EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001303).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Meritxell Batet, del Grupo Socialista.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Señor ministro, ¿propone su Gobierno sancionar a los medios de comunicación por ejercer el derecho a la información?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Batet.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señora Batet, en absoluto. Este Gobierno está trabajando por promover un fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, un fortalecimiento del sistema de garantías y de libertades públicas y esto no es una declaración retórica, es un breve resumen del conjunto de medidas de reforma de proyectos de ley que en esta Cámara y en el Senado están hoy, por ejemplo, en debate o han sido ya aprobados como ha sido el estatuto de la víctima, como ha sido el Código Penal, como ha sido el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de indemnizaciones a las víctimas de accidentes, como es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, lo que este Gobierno está haciendo, lo que está en la agenda del Gobierno, en los proyectos presentados en esta Cámara, todo ello camina en la misma dirección: fortalecer nuestro Estado de derecho y nuestro sistema de garantías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Señor ministro, su Gobierno ha trabajado durante cuatro años para dañar y restringir las libertades y los derechos civiles. Le voy a poner tres casos incontestables -lo han hecho desde el Gobierno y lo hicieron desde la oposición-: cuestionan la libertad de las personas para casarse con quien quieran; cuestionan la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad y han restringido, mediante ley, algo tan importante como la libertad de manifestarse. Pero también en el ámbito de la libertad de información han restringido y han dañado esa libertad esencial: han impuesto y han roto el consenso para elegir al presidente de Radiotelevisión Española y nos lo han impuesto por dos veces en esta legislatura; han acabado con el pluralismo informativo de este ente público, dañando también la libertad de los profesionales que trabajan en este ente público; han introducido, mediante ley, una sanción grave para los reporteros gráficos que emiten imágenes de policías, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchísimos periodistas del ámbito de los medios privados han denunciado presiones de su Gobierno.

Señor ministro, dañar la libertad de información no es dañar cualquier libertad, porque hablar de la libertad de información es hablar de la piedra angular de nuestro sistema democrático. En palabras del Tribunal Constitucional, es la esencia de la construcción de una sociedad libre y plural. Por tanto, están atacando a la libertad en mayúsculas, a la libertad, a toda ella. Ustedes son muy liberales para privatizar hospitales, son muy liberales para vender viviendas públicas a fondos buitre, pero son muy intervencionistas y muy restrictivos a la hora de reconocer, potenciar y ampliar libertades públicas, derechos fundamentales, derechos y libertades civiles. Son muy parcos a la hora de reconocer el ámbito personal. Ustedes solo creen en una libertad, en la libertad del mercado y económica, pero no creen en la libertad de los ciudadanos a la hora de desarrollarse como personas y a la hora de decidir en su ámbito personal.


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Ustedes practican un liberalismo invertido, señor ministro, que es, en realidad, la expresión del conservadurismo más rancio y la derecha más rancia de toda Europa. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.

Señora Batet, lamento discrepar absolutamente con todas las consideraciones. Si algo se ha hecho en esta legislatura desde este lado de la Cámara es promover reformas legislativas que, como decía, fortalecen nuestro Estado de derecho, fortalecen las garantías, fortalecen los derechos públicos y todas y cada una de las medidas han ido dirigidas en esa dirección. Por cierto, usted mencionaba de pasada también la privatización de hospitales cuando recientemente el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que, frente al lío que algunos organizaron con ocasión de un proyecto de mejora de la gestión de la sanidad madrileña, es plenamente constitucional. (Rumores). Por tanto, no parecía que hubiera ninguna tacha de ilegalidad en ese proceso.

Por otra parte, todas las reformas, como le digo, señoría, están absolutamente orientadas en esa dirección. Sería muy bueno que ustedes también informasen a la Cámara, porque a lo mejor no lo sabe, de cuál es la posición que el Grupo Socialista está manteniendo en el Parlamento Europeo con ocasión de la directiva de presunción de inocencia porque ustedes lo están haciendo muy bien allí, en el Parlamento Europeo, cuando están diciendo que no hay que permitir que haya juicios paralelos, no hay que permitir que haya condenas anticipadas y que hay que cohonestar el derecho a la información con los derechos a las libertades individuales. Ustedes están haciendo ese magnífico trabajo en el Parlamento Europeo y seguramente aquí, cuando haya que trasponer la directiva europea que se apruebe a final de año, también tendremos que hablar sobre esta cuestión.

Señoría, menos debates artificiales y más debates pegados al terreno. Estaremos encantados de recibir, en todas las reformas que estamos desarrollando en materia de mejora de la justicia y en materia de fortalecimiento de los derechos fundamentales, las enmiendas de sus señorías, de debatir las mejoras que estas leyes pueden incorporar y de, como apuntaba al principio, trabajar por el fortalecimiento del sistema de libertades en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ASCENSIÓN DE LAS HERAS LADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA RESOLVER EL CONFLICTO LABORAL DE CORREOS? (Número de expediente 180/001297).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ruego silencio, por favor.

En primer lugar, pregunta la diputada doña Ascensión de las Heras, del Grupo de La Izquierda Plural.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para resolver el conflicto en Correos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, las negociaciones del convenio colectivo se están desarrollando en los últimos meses con algunos avances significativos. El Gobierno confía en que esos avances eviten cualquier conflictividad porque lo importante para todos, empezando por los trabajadores de Correos, es garantizar la estabilidad en el empleo, también promover la acción de Correos que tiene presente y futuro, eso sí, encuadrando la negociación de este convenio en las pautas de negociación colectiva de las empresas


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públicas aprobadas por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, por descontado, por lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Señor Montoro, el Gobierno lleva ya demasiado tiempo mostrando una total apatía y abandono como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público y para poner en marcha el desarrollo de un plan de acción en Correos que permita llevar a cabo la necesaria modernización de la mayor empresa pública que queda tras la larga lista de privatizaciones que cuenta en el haber del Partido Popular.

Durante esta legislatura en Correos se han amortizado 11.000 puestos de trabajo y desde que se abriera la negociación del convenio, que implica a 52.000 trabajadores hace ya un año y medio, ustedes no han hecho otra cosa que negarse a la negociación y favorecer el conflicto mientras mantienen a los directivos y sus salarios incluso en algunos casos con incrementos escandalosos. La irresponsabilidad de su Gobierno, señor Montoro, nos lleva a mantener abierto un conflicto laboral que se prolonga sin vías de solución. Los sindicatos decidieron pararlo el mes pasado de noviembre en espera de una solución dialogada y ahora, tras todos estos meses de espera sin respuesta, en plena campaña electoral tienen ustedes varias huelgas convocadas, mañana y pasado mismamente, 14 y 15 de mayo.

Señor Montoro, los trabajadores y trabajadoras de Correos están defendiendo el trabajo público, combatiendo la precariedad cuando piden la conversión de empleos temporales en fijos y reivindicando la recuperación de los derechos laborales básicos que han perdido durante todos estos años. Ustedes, con su cerrazón e incapacidad para el diálogo, son los únicos responsables del recrudecimiento del conflicto laboral en pleno proceso electoral. Y ahora toca tener que asegurar que los trabajadores ejerzan su derecho constitucional de huelga y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto por correo. Ponemos en duda, señor Montoro, que el Gobierno esté respetando estos derechos cuando se están imponiendo servicios mínimos con un margen de entre el setenta y el cien por cien de plantilla. Se están formalizando contratos temporales para los días de huelga en la realización de horas extraordinarias; se está presionando para que los trabajadores puedan realizar reparto de envíos electorales cuando estos son voluntarios. No se puede...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero recordar a su señoría y a la Cámara que el Gobierno ha canalizado las reivindicaciones laborales de Correos a través de un plan de movilidad funcional de los empleados públicos de la empresa que tienen la oportunidad de prestar servicios en la Agencia Tributaria. Según la información disponible al mes de abril, 240 empleados de la empresa han manifestado interés en prestar servicios en la Agencia Tributaria. Esta es una oferta que sigue abierta y que puede también beneficiar a otros cientos de empleados de Correos. Además, el Gobierno entiende que la mejora de la situación económica y presupuestaria está permitiendo dotar al empleo de cada vez mayor calidad y que se vaya consolidando el empleo temporal existente. A este efecto, estamos estudiando la aplicación de una modificación legal que facilitará la transformación del empleo temporal en fijo en las empresas públicas. De aprobarse esa modificación, se exigirán solo dos ejercicios consecutivos con beneficios en lugar de los tres contemplados actualmente. Además, incorporaríamos la ampliación de la tasa de reposición. Todo ello va orientado, como decía, señoría, a garantizar el empleo, a dotarle de mayor estabilidad y a asegurar el presente y el futuro de un servicio público como el que presta Correos y que debe evitar todo tipo de conflicto o de confrontación en cualquier fecha, puesto que la única intención del Gobierno es asegurar su presente y su futuro.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿POR QUÉ HA PROGRAMADO EL GOBIERNO UNA SUBIDA DE IMPUESTOS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS? (Número de expediente 180/001304).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que se formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de don Pedro Saura, del Grupo Socialista.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿por qué el Gobierno ha programado una subida de impuestos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Saura, el Gobierno no ha programado ninguna subida de impuestos ni en comunidades autónomas ni en ayuntamientos. El único plan en vigor del Gobierno es reducir los impuestos, como estamos haciendo desde comienzos de este año 2015. La bajada de impuestos en estas circunstancias que está viviendo la economía española fortalece el crecimiento económico y la creación de empleo. Si su señoría se refiere a la previsión de ingresos del programa de estabilidad del Reino de España, lo que ha hecho el Gobierno ha sido recoger las iniciativas de comunidades autónomas y de corporaciones locales. Son sus propias previsiones, no solo relativas a gasto público sino también previsiones de ingresos, como se hace siempre en cada programa. Por tanto, no hay ninguna novedad; incluso puedo añadirle que la intención del Gobierno es claramente promover reducciones de impuestos para fortalecer el proceso de crecimiento económico y de creación de empleo que se está dando en España.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, hoy no le voy a preguntar por Equipo Económico, pero me parece increíble que a estas alturas usted siga siendo el número uno del ministerio cuando su número dos ha contratado con la empresa que usted creó, ese capitalismo de amiguetes que ustedes nos han traído y que tanto daño le ha hecho a la economía española. (Aplausos). Pero cuando vienen elecciones, automáticamente, el PP plantea, promete bajar los impuestos. ¡Miedo me da! Porque la última promesa fue en 2011 y subieron más de cincuenta impuestos y subieron a las rentas medias 20.000 millones de euros en impuestos. ¡Miedo me da! Y ahora tenemos elecciones y todos los candidatos, señor Montoro, todos los candidatos de su partido han prometido bajar los impuestos, todos. Sin embargo, usted envía a Bruselas una revisión del Plan de estabilidad y dice que van a subir los impuestos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, IBI incluido, en 3.200 millones de euros. Y lo dice su programa electoral en la página 37, en la página 60, en la página 62, en la página 114 y en la página 115. Lógicamente, cuando hablo de esas páginas me refiero también al programa de estabilidad que usted ha enviado a Bruselas. Por tanto, un nuevo fraude electoral; pero por este fraude electoral a usted y a su Gobierno los ciudadanos no lo van a amnistiar.

Y hablando de la amnistía, señor Montoro, el informe del Poder Judicial, que avala que se puedan publicar los nombres de los defraudadores, sienta las bases para que se puedan publicar los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal. Por tanto, señor Montoro, haga un gran servicio a España, publique la lista y márchese.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Ya estaba preocupado, porque es la segunda pregunta del Grupo Socialista y todavía no me habían pedido que me marchara. Estoy perdiendo forma, señorías, estoy perdiendo claramente condición y calidad. (Risas).

Señor Saura, lo bueno de toda la legislatura, -no es porque estemos ahora en el anticipo de unas elecciones autonómicas y municipales- es la originalidad de sus argumentos. Desde luego, los hechos le han dado la razón: no había recuperación económica, no se iba a crear empleo, no se iba a reducir el déficit público, no se iban a sanear las corporaciones locales, no se iban a sanear y a reducir las comunidades autónomas, no se iban a garantizar los servicios públicos. Ha hecho usted una legislatura completa. Ha hablado de la amnistía fiscal de cabo a rabo y luego me ha pedido que me vaya. No se preocupe que ya me iré, ya me iré. Ya lo dije ayer en el Senado, vuelta la burra al trigo, que es realmente la filosofía política que aplica el Partido Socialista en el Gobierno. Ya se lo dije también ayer, yo tengo mucho más respeto por lo que ustedes representan en la política española que por todo lo que ustedes hacen normalmente en la política española. Y entre otras razones, les voy a dar el dato de que la recaudación tributaria está creciendo en el mes de abril, en términos homogéneos, más de un 4 %, después de haber reducido el IRPF y haber reducido ya en el 2015 el impuesto sobre sociedades. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿HA CONSIDERADO EL GOBIERNO AL IMPULSAR SU REFORMA LOCAL LA SITUACIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001305).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula don José Luis Ábalos, del Grupo Socialista.

El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, ¿considera el Gobierno que la gestión desarrollada por los presidentes de las diputaciones valencianas avala el hecho de que con su reforma local las diputaciones se apropien de competencias hasta ahora municipales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ábalos.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, la ejecución presupuestaria y, por tanto, la gestión económica de los presidentes de las diputaciones provinciales son muy claras. Las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana han cerrado el año 2012 en números positivos: en más de 49 millones de euros la Diputación de Alicante, en más de 12 millones de euros la Diputación de Castellón y la de Valencia en más de 58 millones de euros, cuando todos los cierres eran negativos en el año 2011. Por tanto, sin duda alguna las diputaciones de la Comunidad Valenciana han hecho un buen trabajo, apoyado y facilitado por el Gobierno de España, también con su programa, con su plan de proveedores, como lo han hecho el conjunto de las corporaciones locales de nuestro país. A ese respecto, señoría, debo valorar que el Grupo Socialista me haga esta pregunta porque supongo que coincidirá su señoría en que precisamente ese trabajo de las diputaciones ha sido favorable para mantener la prestación de servicios en tantos pequeños municipios de la Comunidad Valenciana.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Ábalos.


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El señor ÁBALOS MECO: Señor Montoro, el Partido Popular gobierna las diputaciones de la Comunidad Valenciana desde el año 1995, o sea que ha tenido tiempo para endeudarse, desendeudarse, volverse a endeudar y ahora estar en la situación que usted dice, en la que, por otra parte, el 97 % de los ingresos son transferencia del Estado, o sea que esfuerzos los justos. Con todo, han podido poner césped artificial, luminarias y demás cosas prioritarias que han permitido hacer suculentos negocios. Mire, esto no es un fotograma de El padrino cuarta parte (Muestra una fotografía de los señores Rus, Fabra y Ripoll), estos son los presidentes de diputaciones que ha tenido la Comunidad Valenciana. En el centro, Carlos Fabra, que está en la prisión; a su lado el señor Ripoll, imputado y retenido por la Policía por el caso Brugal, cuando dimitió de presidente del partido provincial -porque los tres eran los jefes del partido provincial respectivamente-, a quien se le dio la presidencia del puerto de Alicante. Hace cinco meses tuvo que renunciar por nuevos escándalos. Al señor Fabra se le dio cuando renunció a la presidencia del partido -que no de la diputación- la presidencia del aeropuerto de Castellón. Nos faltaba el señor Rus, que es el que está ahora de moda. Este hombre tan incontenible que dijo aquello de: hay muchos ladrones en mi país y muchos de mi partido. La gente está harta de eso, vino a decir el señor Rus -dixit Rus-, como dijo también: el que meta la mano en la caja hay que cortársela como Jomeini. También es doctrina Rus. Pues bien, ahora estamos viendo cómo está de moda en todos los medios de comunicación -todos sin excepción, amigos y enemigos-, ¿por un caso más de corrupción en la Comunidad Valenciana? No, lamentablemente, no es un caso más de corrupción; lamentablemente, es un elemento de lo que ha sido la estructura clientelar en la Comunidad Valenciana de la que se han servido también las propias diputaciones. El problema es que lo que queda ahora al descubierto es la base de una pirámide clientelar basada en la corrupción, y sobre eso el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha construido su poder político; eso es lo que realmente desvela esto. ¿Cómo ha reaccionado el Partido Popular? En una situación diferida, lo han suspendido... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, en España las instituciones funcionan. Esa foto que usted mostraba es consecuencia del correcto funcionamiento de las instituciones. (Risas). Es así, y hay situaciones personales en las que la reacción no corresponde al Gobierno ni a las instituciones; corresponde a las formaciones políticas, y a ese respecto también el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está respondiendo a determinadas situaciones personales.

Hacen ustedes una crítica generalizando situaciones individuales que además deben tener la presunción de inocencia. Embarran y ensucian la política española, eso es lo que están haciendo: enfangar. (Protestas.-El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). Y eso es muy negativo, señoría...

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, silencio.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): ... muy negativo porque eso no perjudica solo a quienes han ejercido responsabilidades de Gobierno, lo hace igual a quienes están ejerciendo responsabilidades de oposición, y hace que se beneficien aquellos que no están sentados en los escaños de esta Cámara. Reflexionen porque realmente la posición... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONI SUCH BOTELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ VALORACIÓN REALIZA EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA SANCIÓN QUE HA PROPUESTO LA COMISIÓN EUROPEA POR LA MANIPULACIÓN DE LAS CIFRAS DE DÉFICIT PÚBLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001306).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Antoni Such, del Grupo Socialista.


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El señor SUCH BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, la Comunidad Valenciana va a ostentar el honor de ser la primera región de toda Europa en ser sancionada por falsear los datos contables al estilo Grecia. Señor Montoro, ¿usted qué hace al respecto? ¿Cómo califica esta situación y, por tanto, qué valoración realiza el ministerio ante la sanción que ha propuesto la Unión Europea por la manipulación de las cifras del déficit en la Comunidad Valenciana? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, en primer lugar, tendrá que reconocer -y espero que lo haga en su respuesta- que precisamente la identificación de los déficits ocultos se produjo a comienzos del año 2012 y fue a iniciativa del Gobierno de España que, con su Plan de proveedores, fue el que hizo aflorar esas deudas pendientes. Por tanto, fue el Gobierno de España el que afloró los pagos pendientes, fue el Gobierno de España el que informó a las autoridades europeas y, por tanto, fue el Gobierno de España el que solicitó la continuidad de la investigación sobre esta materia a las autoridades europeas. A este respecto, el presidente Fabra y el consejero Moragues han tomado ya las medidas para que esta situación no se pueda producir en su comunidad autónoma, para evitar una práctica que la propia Comisión denomina de negligencia pero descarta que hubiera intencionalidad. Tengo que recordarle que ha sido el Gobierno de España, a través de sus programas, el que ha sacado todo ello a la luz. Las preguntas que le hago son: ¿Dónde estaba el Gobierno anterior? ¿Dónde estaban la señora Salgado y el señor Solbes? ¿No vigilaban lo que tenían que vigilar ni en la Comunidad Valenciana ni en ningún lugar de España? (Rumores). Ahí estaban. ¿Saben dónde estaban? Pidiendo la compatibilidad cuando dejaron sus cargos en el Gobierno para irse al sector privado inmediatamente (Rumores.-Aplausos), en vez de estar ejerciendo sus responsabilidades de Gobierno.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Protestas).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Perdón, señor Such. Ruego silencio a todos.

Señor Such, tiene usted la palabra.

El señor SUCH BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, no acabo de entenderlo muy bien. Usted está diciendo que el Gobierno de España es el que sacó a flote lo que estaba escondido por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que está diciendo, que el Gobierno del PP escondió 1.800 millones de euros en facturas en los cajones sin dar cuenta a nadie -ni a anteriores Gobiernos ni a nadie- y ustedes se vanaglorian de que lo han sacado a la luz. Por tanto, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir la dimisión de todos los responsables políticos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana por haber falseado las cuentas. (Aplausos). Eso es lo que tenía que haber hecho. Su responsabilidad es la de la vigilancia, efectivamente, pero, además, tiene que ser responsable y no tiene que amparar ese tipo de conductas. Tiene que ser responsable y, por tanto, pedir explicaciones y no decir que el señor Fabra y el señor Moragues colaboran. El señor Fabra aplaudía con las orejas en las Cortes Valencianas cuando se tomaban ese tipo de decisiones y es cómplice necesario de toda la tropelía que se ha cometido en la Comunidad Valenciana.

Le voy a decir más, señor Montoro. Habla usted de negligencia pero no de voluntariedad. Explique eso a los ciudadanos porque si no es voluntario esconder las facturas en los cajones, que no hablamos de pequeñas cantidades, hablamos de 1.800 millones de euros -¿sabe usted cuántos cajones se pueden llenar con 1.800 millones de euros?-, es una auténtica barbaridad. Si no es intencionado, vaya y explique a los ciudadanos lo que está ocurriendo.

Señor Montoro, tiene que ser un político responsable y, si no, debe irse a casa. Si es responsable tiene que pedir explicaciones y nunca amparar este tipo de actitudes, porque este tipo de actitudes lo único que hacen es avergonzarnos a los políticos decentes. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Such.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, quien ha impedido que se repitan esas situaciones son el Gobierno y las Cortes valencianas. ¿Se entera? (Protestas). Quien ha calificado, como he leído, es la Comisión Europea; no lo ha hecho el Gobierno de España. Y quien ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra dicha investigación ha sido el Gobierno de España. Ya anuncié ayer en el Senado que el Gobierno recurrirá la sanción en el caso de que el Ecofín la formalice porque entiende que se está aplicando un reglamento de la Unión Europea, el del 13 de diciembre, con carácter retroactivo, algo que ninguna ley europea o española debe hacer. Por tanto, por lo menos reconózcame que hemos pagado las facturas. ¿O no hemos pagado tampoco las facturas pendientes? Y, como decía, los Gobiernos socialistas... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR ALEGRÍA CONTINENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CON QUÉ OBJETIVO BUSCA EL GOBIERNO CONTROLAR A LAS CORPORACIONES LOCALES? (Número de expediente 180/001307).

El señor PRESIDENTE: Última pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula la diputada doña Pilar Alegría... (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben). Señor Campos, hacía mucho que no le oía. Por favor, a ver si sigo sin oírle. (Risas). Tiene la palabra doña Pilar Alegría, del Grupo Socialista.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿con qué objetivo busca el Gobierno controlar las corporaciones locales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alegría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, el Gobierno no busca controlar las corporaciones locales. Tienen toda su autonomía reconocida en la Constitución. Lo que hemos hecho ha sido promover una ley que define sus competencias y que garantiza la prestación de sus servicios, y también hemos realizado los cambios pertinentes en las leyes para garantizar que las comunidades autónomas paguen los convenios, sobre todo en políticas sociales -lo que llamamos el FLA social-, que tienen pendientes con ayuntamientos de toda España. Por tanto, en ese terreno estamos trabajando con ellos, y quiero agradecer la gestión de la inmensa mayoría de los ayuntamientos en España que, con su contribución en términos de reducción del déficit público en esta legislatura, pasando a saldos positivos, han hecho posible que haya un crecimiento económico y una creación de empleo en nuestro país contra todos los pronósticos que dentro y fuera se habían hecho sobre España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Alegría.

La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señor ministro, no se moleste, pero anda usted últimamente un poco desacertado con sus respuestas. A usted le gusta hablar mucho de eficacia, pero la eficacia no se consigue cuadrando los números a martillazos ni tampoco intentando descuadrar o amartillar y recortar los derechos a diestro y siniestro. Señor ministro, la eficacia se consigue ayudando a la gente que está pasando dificultades a salir de ellas. En eso los ayuntamientos juegan un papel imprescindible. ¿De verdad usted no se da cuenta de que en momentos como el de ahora, cuando hay tanta gente pasando dificultades, los ayuntamientos juegan un papel fundamental? Entenderá, señor ministro, que esta pregunta es un juego de palabras irónico, porque sus decisiones van completamente por el camino contrario. Usted prefiere poner a los ayuntamientos entre la espada y la pared, porque sabe perfectamente que es imposible atender a la demanda de los ciudadanos cuando su ministerio y su Gobierno han


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recortado todos los recursos. Usted, señor ministro, no quiere dar la cara. Prefiere que sean los alcaldes y las alcaldesas quienes la den, quienes hablen con los ciudadanos y les digan que tienen que recortar y que no pueden prestar sus servicios. Usted prefiere esconderse y lo que hace es cerrar los ojos frente al dolor de los ciudadanos.

Señor ministro, usted no confía en las corporaciones locales. Hace de gran hermano vigilante. Sin embargo, qué poco ojo avizor estuvo con esos compañeros y amigos suyos cuando hicieron negocio en los ayuntamientos. Con usted, señor ministro, la frase de "ojos que no ven, corazón que no siente" obtiene todo su sentido. Y, señor Montoro, entiendo que usted prefiera cerrar los ojos con todo lo que está pasando en su partido estos días, porque a usted le ha entrado una ceguera preocupante con toda la trama Púnica, con la que se ha hecho negocio en los ayuntamientos, además de en colegios concertados y en servicios médicos y sociales privados. Lo entiendo, porque vaya retahíla, vaya paseo de cargos populares que estamos viendo: Francisco Granados, Salvador Victoria e Isabel Gallego, por no hablar del señor Rus, al que ustedes mantienen de cabeza de lista en el Ayuntamiento de Xátiva. O, señor ministro, de Madrid Network, aunque aquí prefiero no decir nada porque seguro que es usted el que mejor nos lo puede explicar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alegría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, como era previsible, intervenciones preelectorales. (Rumores). Todas ellas de alto contenido en valor intelectual, de seguimiento del ejercicio de Gobierno; en fin, una sesión... (Rumores). Yo reconozco que cada vez estoy más torpe en mis preguntas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Permitan que el orador diga lo que le parezca.

Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Tengo ganas de remitirles el concepto de libertad que defendía don Miguel de Unamuno respecto de las cosas que acabo de escuchar esta mañana en la Cámara. Señoría, negar que comenzamos con un plan de proveedores de más de 9.000 millones de euros para financiar las facturas pendientes de pago de los ayuntamientos es negarse a uno mismo. Negar que comenzamos tomando decisiones duras desde el Gobierno de España subiendo el IBI a los valores más altos -no a los medios y bajos- de todos los municipios de España es negar la evidencia más palpable. Negar que a partir de ahí los ayuntamientos han hecho una gestión económica formidable, pasando de estar en negativo a estar en positivo y como garantía de prestación de los servicios municipales, sin cerrar un solo ayuntamiento, sin disminuir en un solo número los concejales, es realmente una tarea muy meritoria que no ha hecho este Gobierno, sino que han hecho todos los Gobiernos con... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA JORDÀ I ROURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO CON LA ESTACIÓN TRANSPIRENAICA DE LA LÍNEA INTERNACIONAL DE RIPOLL-AX-LES TERMES? (Número de expediente 180/001298).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Teresa Jordà, del Grupo Mixto.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

La estación de la transpirenaica de Ripoll es un bonito edificio proyectado a principios del siglo XX a similitud del monasterio de Ripoll; un edificio con arcos de medio punto, columnas y capiteles. Es una auténtica obra de arte que, lamentablemente, en este momento se encuentra en un estado deplorable y de manifiesta peligrosidad. De hecho, el edificio se está degradando desde 1940, justo cuando los trabajadores de Renfe dejaron de vivir en él. Desde entonces, han sido muchísimas las conversaciones y las reuniones de los diferentes alcaldes con Patrimonio y Urbanismo de Renfe, con su presidente o con el


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Ministerio de Fomento de turno para buscar, en definitiva, una solución al imponente edificio. Lo único que conseguimos al respecto fue en 2005, siendo yo alcaldesa, una inversión de 500.000 euros para rehacer todo el tejado y a la vez derruir todos los tabiques. Hoy, en el año 2015, diez años más tarde, aquella inversión se ha perdido por dejadez y por el paso del tiempo. Hoy el edificio vuelve a ser, señora ministra, un foco de insalubridad y de peligro. Por ese motivo, le pregunto: ¿Qué van a hacer con la estación de la transpirenaica de Ripoll?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Jordà. Como usted bien ha descrito, también en 1924 se hacían estaciones sin tren y eso es lo que ocurrió en Ripoll hace casi un siglo, que se hizo una estación por la que no pasó el tren al decidirse en aquel momento que en lugar de ser ancho internacional fuera ancho ibérico. Efectivamente, es un edificio singular con un gran valor y respecto del que nosotros, desde el Ministerio de Fomento y desde ADIF, estamos hablando con todas las instituciones para ver de qué modo ese edificio, además de seguir con ese mantenimiento general, podría ser destinado para disfrute de todos los ciudadanos de Ripoll. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señora ministra, la estación de la transpirenaica si no es hoy en día una estación internacional fue por la incompetencia del Gobierno español de hace un siglo; no la señalo, evidentemente, a usted. Y después de dejarnos en aquel momento sin conexión con el otro lado de la frontera, que sin duda hubiera beneficiado al progreso de Ripoll y por extensión también de la comarca, ahora de alguna manera también se niegan a destinar el edificio a servicios municipales. De hecho la opción de Adif ha sido, en su momento, vendernos una estación ruinosa a precio de especulación. Ripoll no puede asumirlo y ADIF, lejos de ganar dinero, lo que está haciendo es perder este dinero con parches de 500.000 euros que caen en saco roto si no se rehabilita totalmente el edificio y se le da un uso. Ustedes lo saben pero, a mi tender, prefieren que caiga el edificio antes que cederlo al municipio para beneficio de su población. Yo le pido, señora ministra, y termino: cedan esta estación o véndanla y háganlo, por favor, a un precio asumible.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría. Menos mal que no tengo la culpa de lo que pasó hace cien años, y se lo agradezco infinitamente. Nosotros, como sabe, en Ripoll y en toda esa línea ferroviaria Barcelona-Vich-Puigcerdà, ofrecemos servicio ferroviario -ese es nuestro fin principal-, que se utiliza por más de 22.500 viajeros al año y que estamos intentando mejorar. Con respecto a la estación, señoría, se han mantenido reuniones con las instituciones, estamos abiertos, por supuesto, a sus propuestas, señoría. Se han mantenido reuniones también con inversores privados para intentar de verdad hacer que ese edificio se pueda destinar a usos municipales o a usos del interés general de todos los ciudadanos de Ripoll. En esas reuniones se ha constatado que los usos pueden ser múltiples, desde un hotel hasta instalaciones municipales. Nosotros, desde luego, estamos ahí para colaborar, para apoyar y para ayudar. Pero lo que también estamos haciendo es mejorar los servicios en Ripoll y, por eso, es tan importante lo que hemos hecho al destinar más de 3 millones a esa línea en esta legislatura, o lo que vamos a hacer esta semana, que es licitar la redacción de los proyectos entre Parets del Vallès y La Garriga -usted sabe que hay que duplicar esa línea para mejorar el servicio a los ciudadanos-; o también actuar en la N-260, que es de su comarca, señoría, para que el tramo comprendido entre Olot y la comarcal 38 pueda ser una realidad.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


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- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO FINALIZAR LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA A-32 A SU PASO POR LA PROVINCIA DE JAÉN? (Número de expediente 180/001309).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de Fomento, que formula el diputado don Felipe Sicilia, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, le pregunto por la A-32 a su paso por mi provincia, por Jaén, y concretamente dos cuestiones: en primer lugar, cuándo tiene previsto su ministerio que terminen las obras del tramo Úbeda-Torreperogil; y en segundo lugar, cuándo tiene previsto su ministerio realizar el proyecto del enlace y nuevo acceso desde esta autovía a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baeza. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría. Como sabe, el Ministerio de Fomento, a pesar de la crisis ha hecho un esfuerzo muy importante; lo ha hecho en Andalucía con más de 9.000 millones de presupuesto, lo ha hecho en la provincia de Jaén, con más de 500 millones, y de ellos 280 millones para carreteras y, una parte muy importante, señoría, para la A-32.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Señora ministra, le pedía fechas, le pedía información sobre el tramo Úbeda-Torreperogil, no que se fuera por los Cerros de Úbeda hasta llegar a Torreperogil, que es lo que usted ha hecho con su respuesta para no contestarme. (Risas.-Aplausos).

Señora ministra, el subdelegado del Gobierno en Jaén, el representante de su Gobierno en mi provincia, decía: A finales de este año se abrirá el tramo Úbeda-Torreperogil. Mire lo que ustedes decían en una carta a la empresa constructora: le informaban en marzo de este año de que iba a haber un reajuste en las anualidades y una detracción para este año de 23 millones de euros. Y lo más grave, señora ministra: informaban en esta carta de su ministerio -leo textualmente-, fijar como fecha de terminación de la obra -del tramo Úbeda-Torreperogil- el 31 de octubre del 2018. (Muestra un documento).

Señora ministra, han informado a la empresa. Los ciudadanos también tienen derecho a estar informados. Informe usted hoy aquí en esta Cámara: ¿Cuándo van a terminar las obras de ese tramo?

En Andalucía hay tres ciudades patrimonio de la humanidad: Córdoba, que tiene acceso directo con la autovía; Úbeda, que lo tendrá y no será en 2018 como ustedes prevén sino que será antes porque ustedes ya no estarán gobernando; y la ciudad de Baeza, que no tiene aún acceso directo a la autovía y podría tenerlo. Si van a quitar 23 millones de euros para este tramo, señora ministra, inviertan 2 millones en realizar este proyecto de enlace a la ciudad de Baeza.

Señora ministra, espero que no se vaya nuevamente por los cerros de Úbeda. El pasado de esta autovía lo conocemos, los ciudadanos de Jaén lo sabemos bien porque lo hemos padecido: retrasos en las obras, problemas con las expropiaciones, con los pagos; eso es el pasado. Le pregunto por su gestión y por el futuro que depende de usted, señora ministra, no me hable del pasado, no busque excusas, no se vaya por los cerros de Úbeda por mucho que esta autovía pase por esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría. No me voy a ir por los cerros de Úbeda, me voy a quedar aquí en el Congreso de los Diputados. Corría el año 2010, señoría. (Muestra una fotografía del exministro de Fomento Blanco López.-Protestas). Este era el ministro de Fomento que todos ustedes recuerdan. (La señora


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Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben). Y esto era lo que dijo el señor ministro de Fomento entonces, que quedaban suspendidas las obras de la Autovía 32 por los recortes, el tramo Úbeda-Torreperogil, el tramo Torreperogil-Villacarrillo y el tramo Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Señoría, eso es lo que me encontré. Me encontré las obras medio paradas, me encontré con que todos los tramos de esa autovía y el contrato... -ya que ha sacado usted un papel de un contrato-... (La señora Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señora Ramón, ¡silencio!

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): ¿Sabe cuándo tenían que haber terminado esas obras? Señoría, en 2010 y en 2011, según los contratos. -Se los voy a enviar, señoría, para que lo sepa-. El señor Blanco anunció en este Congreso, en julio de 2010, la paralización de esos tramos. Parece mentira que usted hable de expropiaciones, ya que ustedes tenían todas las expropiaciones de España sin pagar y también en Jaén. (Rumores). En Jaén habían pagado 2,5 millones de euros, señoría. (Aplausos). Estamos trabajando especialmente en el tramo Linares y Villanueva del Arzobispo, señoría. Hemos invertido 93,5 millones en esta legislatura y, gracias a ello, en noviembre de 2012 pusimos en servicio Ibros-Úbeda y también hemos pagado 580 fincas que ustedes no habían pagado, que hay que tener valor. También este año, señoría, vamos a finalizar las obras del tramo Linares-Ibros. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a retomar lo que ustedes tenían parado: las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Continuaremos avanzando los trabajos de redacción de los proyectos que van desde Villanueva del Arzobispo hasta Albacete y, con respecto al enlace de Baeza, vamos a finalizar el proyecto y a licitarlo. Lo que no hicieron el señor Blanco y todos ustedes lo hace el Partido Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON MARTÍ BARBERÀ I MONTSERRAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES REALES DE LA IMPUGNACIÓN QUE HA PRESENTADO EL GOBIERNO AL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001299).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. La formula el diputado don Martí Barberà del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señor Wert, una y otra vez usted y el Partido Popular están llevando a cabo iniciativas legislativas y acciones judiciales para conseguir desestabilizar el modelo educativo de Cataluña. Concretamente, su pilar más importante, su modelo de éxito de inmersión lingüística, modelo creado para corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto del castellano. Hace poco les recordé los datos del dominio oral y escrito del castellano y del catalán. Si recuerda, la conclusión era que el castellano como lengua cooficial no tiene ningún problema. Si a eso añadimos los altos porcentajes de audiencia de las cadenas televisivas en castellano, el número de películas de cine en castellano y de los libros editados en castellano, le aseguro que el castellano goza de mejor salud que el catalán todavía.

Por eso, le preguntamos: ¿Cuáles son las razones reales del recurso que ha presentado el Gobierno al proceso de matriculación de Cataluña acusando a la Generalitat de inacción y omisión?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Barberà. Me pregunta usted por las razones reales. Las razones reales son exactamente las mismas que han llevado con fecha 28 de abril próximo pasado, hace un par de semanas, al Tribunal Supremo a dictaminar que precisamente la inactividad y la omisión de sus deberes por parte del Gobierno de la Generalitat hacía necesario convalidar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenando que una asignatura de carácter troncal, además lógicamente del castellano, se impartiera en


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castellano para dar cumplimiento a lo que la Constitución, la doctrina constitucional, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y la propia doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenan al respecto: que el hecho de que el catalán sea lengua vehicular fundamental en la enseñanza, cosa a la que ninguna ley del Estado jamás se ha opuesto, tiene que hacerse compatible con la no exclusión del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor Wert, puede hablar de sentencias, autos, fundamentos jurídicos, hablar y hablar, pero solo son coartadas que están utilizando gracias a su mayoría absoluta para dividir a la sociedad catalana. Usted, dígalo, desearía imponer a Cataluña el sistema vasco que consta de tres modelos lingüísticos diferentes o, mejor aún, el navarro, que tiene cuatro y se ofertan dividiendo el territorio.

Señor Wert, ¿por qué tanto desprecio hacia el catalán?, ¿por qué esa persecución enfermiza a nuestro modelo de cohesión social? Ha renunciado a participar del currículum del catalán, nos ha excluido del currículum del castellano, el catalán ha quedado excluido de las asignaturas troncales, está intentando eliminar la atención lingüística individualizada y ha llegado a reservar 5 millones de euros para incentivar a algunas familias y conseguir sus obsesivos objetivos. Señor Wert, el amplio consenso alrededor de la Lley d'Educació de Catalunya y su modelo de inmersión lingüística es indestructible. Si una dictadura represiva no pudo con nuestra lengua, ¿cree que usted podrá? Se le acaba el tiempo. Ni su reforma va a ser aplicada ni nuestro modelo de inmersión lingüística va a desaparecer.

Señor Wert, así es como acabará su nefasta gestión al frente del Ministerio de Educación. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Ustedes sostienen contra toda la evidencia y contra todos los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales a los que me he referido -insisto-: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que la posibilidad y la necesidad de que exista una oferta sostenida con fondos públicos, en la que el castellano tenga también en proporción razonable condición vehicular, constituye una medida de segregación y exclusión del catalán. ¡Es todo lo contrario! En términos literales lo acaba de decir el Tribunal Supremo en la sentencia a la que he hecho referencia hace unos minutos, que dice que el sistema que ustedes proponen de atención individualizada -cito literalmente- conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de lengua habitual.

Usted me habla de antecedentes históricos que ciertamente no hacen al caso y, le diré, que hoy la situación del castellano en el sistema educativo de Cataluña -insisto- pese a sentencias y la última de ayer mismo, ordenando que el 25 % del tiempo escolar se utilice el castellano como lengua vehicular; es una situación que los distintos órganos jurisdiccionales... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿PUEDE GARANTIZAR LA MINISTRA EL NORMAL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL ORDEN SOCIAL EN LOS CASOS QUE AFECTAN A SU PARTIDO? (Número de expediente 180/001310).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. La formula la diputada doña Isabel Rodríguez del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, no sé si usted comparte el derecho laboral que aplica su partido, el Partido Popular, a los trabajadores. Concretamente me refiero a aquello que Cospedal acuñó como despido en diferido con


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forma de simulación. Señoría, esto no fue solo una patética intervención de la secretaria general del PP ante los medios de comunicación que pasará a la historia de nuestro país, sino que esto es algo muy grave, y es que en los momentos de crisis económica, cuando ustedes aplicaban su reforma laboral, cuando los trabajadores sufrían, ustedes, su partido, contrataron a su tesorero ya implicado en el caso Gürtel hasta antes de que salieran los papeles y le pagaban 21.300 euros al mes. Le pusieron chófer, secretaria, oficina en la calle Génova y, por si no tenía bastante, una cesta de Navidad a su casa. Eso es lo que ustedes aplicaban como derecho laboral a este trabajador. ¿A cambio de qué este sueldo?, ¿cuál era la contraprestación?, ¿era su silencio lo que ustedes estaban comprando? Señora Báñez, si Cospedal ha cometido un fraude en la contratación del tesorero y en las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social, es lo que usted me tiene que responder hoy aquí; y si usted va a adoptar las medidas necesarias para que la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo cumplan con los requerimientos que les ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que son los mismos que ya les hizo la sentencia en el Tribunal de lo Social. A eso es a lo que quiero que me responda, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, España es un Estado democrático y de derecho, y es la ley la que garantiza la potestad sancionadora y es la ley la que determina que las instituciones que tienen que valorar, juzgar y en su caso sancionar las conductas irregulares o fraudulentas son: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los tribunales de justicia. La ley se aplica en todos los casos y se aplica en todo el territorio nacional. Usted, como socialista, no está avalada para venir a esta Cámara a hablar de simulación, porque ¿qué es simulación, señoría?, ¿es simulación meter en los ERE de Andalucía a intrusos de manera fraudulenta en connivencia con la Junta de Andalucía?, ¿es eso simulación? Señora diputada, la ley y solo la ley es la que establece la igualdad entre los españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señora Báñez, lo de simulación lo han acuñado ustedes. Yo aquí vengo a interpelarla a usted porque soy la oposición y usted es el Gobierno. Claro que estamos de acuerdo en que se cumpla la ley. Fíjese si se va a cumplir la ley que ustedes se van a sentar en el banquillo cuando comience el juicio del caso Bárcenas; se van a sentar en el banquillo y allí entonces -a ustedes porque son los mismos, el Partido Popular-, les asiste el derecho a no declarar contra sí mismos, les asiste el derecho a guardar silencio. Pero en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, usted y el resto del Gobierno, como dirigentes del Partido Popular, tienen la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos, y aquí ustedes no pueden guardar silencio, señoría, aquí ustedes no pueden guardar silencio. (Aplausos).

Si la señora Cospedal hizo un fraude de contrato, ya tendría que estar cesada como secretaria general del Partido Popular. Y usted como responsable de las políticas de empleo de este Gobierno, que es del mismo partido que ella dirige, tendría que estar presentando su dimisión si es incapaz de que se aplique la legislación laboral en su propia casa. Eso es lo que tendría que estar ocurriendo en un país serio.

Nueve comparecencias hemos solicitado y nueve noes. Ustedes no hablan, pero hablarán los ciudadanos en las próximas elecciones. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, con mucho honor me siento en el banco azul porque hay una mayoría de más de diez millones de españoles que dieron la confianza a Mariano Rajoy y al Partido Popular. (Aplausos). Le pese a quien le pese, en Andalucía más de doscientos cincuenta compañeros suyos se están sentando


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en los banquillos dando explicaciones ante la jueza Alaya y los tribunales (Aplausos). -Señora diputada: un poquito de respeto-.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Inspección de Trabajo, persigue los fraudes y las irregularidades a la hora de aplicar las normas laborales, y lo hace en todos los casos. Lo hace con autonomía, con independencia y con absoluta profesionalidad. Ustedes no respetan la autonomía ni la independencia ni la profesionalidad de los inspectores de trabajo ni de los tribunales de justicia. Nosotros sí, porque creemos en la democracia, creemos en la división de poderes. Lo que ustedes insinúan con esas preguntas es que piensan lo contrario. Yo le digo que los inspectores de trabajo hacen con neutralidad y objetividad su trabajo, que son un cuerpo que actúa con absoluta independencia, bien bajo denuncia o bien por iniciativa propia, y lo hacen como lo tienen que hacer, con absoluta confidencialidad. Y los ataques que hace usted en esta Cámara los tiene que demostrar en los tribunales, señora diputada.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001302).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. En primer lugar, pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué valoración hace de la situación del sector turístico en España?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señor presidente.

Señoría, hago una valoración positiva si atendemos a cuál ha sido el número total de visitantes internacionales que nos han visitado a lo largo de los últimos años, particularmente en el año 2014, cuando batimos un récord al llegar a los 65 millones de turistas. No es solo una cuestión de número de visitantes, sino también del gasto global que esos turistas realizan en España. También se batió un récord el pasado año, al alcanzar la cifra de 63.000 millones de euros. Además, hemos tenido una extraordinaria noticia para el sector turístico hace escasamente cuatro días: el Foro Económico Mundial, después de valorar más de cien criterios ha elegido a España como el país del mundo que mayor índice de competitividad tiene, desde el punto de vista turístico; ahí se incluyen no solo lo que pueden ser fortalezas y activos convencionales del sector -todo lo que tiene que ver con el clima, las playas, etcétera-, sino también otras cuestiones que son muy valoradas a la hora de elegir o no un destino turístico como pueden ser la seguridad, el Sistema Nacional de Salud, etcétera. Por tanto, sin perjuicio de que tenemos que seguir consolidándonos como uno de los referentes a nivel mundial en materia turística, la evolución del sector en estos últimos años podemos calificarla de positiva.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, sabemos que España es una potencia mundial de turismo. De hecho, somos el tercer país receptor de turistas internacionales y el segundo en ingresos, pero todo ello a pesar de su Gobierno. Rajoy prometió en campaña electoral bajar el IVA turístico a la mitad, y mintió; no solo no lo bajó sino que lo subió 2 puntos y hoy tenemos el IVA turístico más elevado de Europa y de todo el Mediterráneo. Eso supone una pérdida de 1.000 millones de euros y de unos 19.000 empleos al año.

Usted ha impulsado prospecciones de gas y petróleo en zonas turísticas: en Baleares, en Canarias y en la Costa del Sol, y ha dicho barbaridades tan grandes como que eso es positivo para el turismo. Además, se ha permitido el lujo de recortar a la mitad el presupuesto de turismo. De hecho, ha eliminado prácticamente los planes de dinamización turística y competitividad y los planes de mejora de la planta


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hotelera. Se ha cargado, por ejemplo, el Plan Qualifica de la Costa del Sol. Eso es lo que usted ha hecho. Además, no ha hecho nada para terminar con la estacionalidad; de hecho, ha recortado brutalmente los planes de vacaciones para mayores, que sabe usted que es esencial para mantener el sector y para la generación de empleo durante la temporada baja. Han machacado a impuestos a las pymes y a los autónomos del sector turístico. En materia de paradores nacionales, lo que ustedes han hecho ha sido reducir a la mitad las inversiones y recortar la plantilla en 500 trabajadores.

Por cierto, a la única que tenían que haber echado, que no lo han hecho, ha sido a la presidenta de Paradores por su nefasta gestión y por alguna cosilla más que usted y yo sabemos. ¿Le suenan a usted, señor ministro, los contratos de doce horas sirviendo mesas por 500 euros?, ¿o los hoteles de cuatro estrellas donde más de la mitad de la plantilla prácticamente son becarios?, ¿le suenan a usted? Tengo que decirle que desde que comenzó la crisis hasta el momento se ha reducido el número de trabajadores en el sector en medio millón y, como consecuencia de la reforma laboral de su Gobierno, cada día los contratos son más precarios y los salarios son más miserables.

Por eso hoy aquí le pido, le exijo en sede parlamentaria, que deje de hacer daño a la industria turística, que apueste por un turismo de calidad, con un empleo de calidad y unos salarios decentes. Señor ministro, cuide el sector turístico, porque después del 24 de mayo muchos de ustedes van a tener mucho tiempo para hacer turismo; eso sí, pagándoselo de su bolsillo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, de verdad tengo que reconocerle un valor político sin parangón, es decir, nunca he visto a nadie en esta Cámara que ante la evolución extraordinaria del primer sector de la economía española se enfade como usted se ha enfadado hoy. (Aplausos). Resulta que somos el tercer destino mundial -les recuerdo que cuando llegamos éramos el cuarto-; resulta que somos el segundo en gasto turístico; resulta que allí dónde había una desastrosa, próxima a la quiebra, situación de la empresa Paradores la ponemos en cifras que nuevamente vuelven a ser positivas y usted se enfada. De verdad, no le entiendo. Menos mal que el Foro Económico Mundial ha determinado que España es el país con mayor competitividad turística del mundo. No se enfade usted por eso; eso nos viene bien, pero no solo al Gobierno; le viene bien a toda España y, si me apura, le viene bien hasta a ustedes...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON RICARDO TARNO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA PARA EL CONSUMIDOR DOMÉSTICO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS? (Número de expediente 180/001311).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que se formula, también al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, por parte del diputado don Ricardo Tarno, del Grupo Popular.

El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.

Ministro, ¿cuál ha sido la evolución de la factura eléctrica para el consumidor en estos últimos años?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tarno.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señoría.

Quiero decirle que, a lo largo de los últimos tres años, la factura para un consumidor medio de baja tensión que está acogido a lo que se llama precio voluntario al pequeño consumidor, factura que incluye el término de potencia, el término de energía y los impuestos que se pagan -tanto el impuesto sobre electricidad como el impuesto sobre el valor añadido-, a lo largo de los últimos tres años ha bajado en términos absolutos 67 euros, lo cual supone en términos relativos una bajada del 8,6 %, que contrasta totalmente con la evolución de los ocho años inmediatamente anteriores donde había subido esa misma factura para el mismo tipo de consumidor en términos de euros 351 euros y en términos porcentuales un 82,8 %.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Tarno.

El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.

Señor Soria, su Gobierno, nuestro Gobierno, ha emprendido una serie de reformas esenciales para la economía española. La reforma del sector eléctrico ha permitido que pequeños consumidores puedan ganar poder adquisitivo, que las empresas sean más competitivas, que se cree empleo, que se cree riqueza. Igual que en tantas cosas, hay dos modelos de hacerlas. Está el modelo progresista que, por lo que usted ha contado en esta Cámara, significa que mes a mes progresaban el valor de las facturas, subían las facturas. El pequeño consumidor, ese con el que se les llena tanto la boca a algunos miembros de esta Cámara en defenderlos, tenía que pagar mucho más por un servicio vital y básico como es la electricidad. Y luego un modelo de hacer bien las cosas, de trabajar, que es el que hace este Gobierno y el Partido Popular que ha permitido que esas familias que están sufriendo la crisis al menos tengan en la factura eléctrica, en el recibo de la luz que recibimos todos los meses, una importante bajada. El Grupo Popular y yo le pedimos a usted que continúe con las reformas, que no ceje; que es la única manera de salir adelante y que solamente así seguiremos en la senda del crecimiento y del empleo.

Gracias, señor ministro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señoría.

Ese consumidor medio al que me refería antes, que supone el 60 % de todos los consumidores de energía eléctrica en España. El otro 40 % no está dentro de esta modalidad porque eligen libre y voluntariamente o tener un contrato bilateral con una comercializadora de electricidad o estar dentro de la modalidad de contratos estándar, y en esas condiciones, tiene que ver única y exclusivamente la negociación que de manera bilateral emprendan. Fíjense, para ese consumidor medio al que me he referido, en el año 2003 la factura de la electricidad al año era de 424 euros y en el año 2011 era de 751 euros, por tanto, una subida de 351 euros. Pero esa factura que era de 751 euros en el 2011 en el año 2014 fue de 708 euros. Esto evidentemente no ocurre por ciencia infusa; tal como usted ha dicho muy bien, es fruto de los resultados que han venido teniendo las políticas de reforma, también en el sector de la energía, que ha acometido el Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ ACCIONES VA A EMPRENDER EL MINISTRO DE HACIENDA, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA DAR RESPUESTA A LA ACELERADA DESPOBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN? (Número de expediente 180/001308).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que formula el diputado don Juan Luis Gordo del Grupo Socialista.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, Castilla y León ha perdido en los últimos cuatro años 87.000 habitantes, el 3,4 % de su población, y según el INE va a perder hasta el 2023 195.000. Gran parte del medio rural de las provincias de Castilla y León lleva camino de convertirse en un auténtico desierto y muchos pueblos tienen fecha de caducidad. Señora ministra de Hacienda en funciones, porque, como usted sabe, el señor Montoro no me ha querido responder a esta pregunta: ¿qué acciones fiscales -fiscales- piensa tomar el Gobierno para dar respuesta al acelerado problema de la despoblación?

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gordo.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente.

El Gobierno trabaja desde el inicio de la legislatura para generar actividad económica y oportunidades de empleo en Castilla y León y en toda España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Señora ministra, le pido que vaya al tema. Veintiocho años de Gobierno del Partido Popular en Castilla y León nos han llevado a una situación límite: la atonía económica, la falta de tejido industrial han provocado un éxodo masivo de jóvenes, envejecimiento y despoblación. Señora ministra, el problema de la despoblación es principalmente de la Junta de Castilla y León, pero también tiene parte el Gobierno. Esperamos liderazgo del Gobierno y hasta este momento nos hemos encontrado solamente con recortes fiscales. Señora ministra, Castilla y León necesita futuro, necesita empleo, necesita pobladores, empresas y empresarios. Nos sobran los Pujalte y los Trillo que van a llenarse las alforjas y nos sobra la política clientelar de su ministerio con los grupos de acción social.

Por eso lo que pedimos, señora ministra, es un plan de acción económica que cree riqueza y fije población, una política fiscal que dé ventajas a las empresas y a los pobladores que están en estas zonas catalogadas de máxima urgencia para dar respuesta a la despoblación. Pedimos una acción prioritaria también en los fondos, en la asignación de fondos de Europa y de España. Y pedimos un índice que ajuste la asignación en la participación de los tributos del Estado y que no nos sigan recortando, como lo han hecho, en un 50 % en los planes de desarrollo rural y en un 80 % en la incentivación al establecimiento de empresas. Castilla y León se muere, se muere y necesitamos una segunda reconquista, pero una reconquista tecnológica, económica y fiscal, y su Gobierno no está haciendo nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gordo.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente.

Señoría, el sector agrario y el medio rural también se benefician de la rebaja fiscal promovida por este Gobierno y para contrarrestar la despoblación no hay política más efectiva que impulsar la actividad económica, mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y fomentar la diversificación del medio rural, y a eso se dedica este Gobierno, en todos los ámbitos y con todas las herramientas. El Acuerdo de asociación España-Unión Europea incluye una referencia específica a las regiones con desafíos demográficos -Castilla y León- como principal preocupación del Gobierno. Se han asignado 330 millones de euros de fondos Feder y serán los programas regionales los que establecerán las actuaciones en cada territorio.

Señoría, la actividad agraria tiene mucha importancia en Castilla y León en todo el territorio. Este Gobierno ha negociado 47.000 millones de euros para el sector agrario español, para que sea competitivo en todos los sectores, Castilla y León recibirá 7.200 millones de euros. Esto significa que este Gobierno y contra todo pronóstico, porque había enormes recortes en la Unión Europea, ha garantizado el 40 % de las rentas de 90.000 explotaciones hasta el año 2020; de ellas, 1.000 para desarrollo rural, para actuaciones que permiten fijar población. Hemos incrementado un 14 % los fondos de desarrollo rural, Feader: 120 millones de euros más. ¿Para qué? Para paliar el escandaloso trato que recibió esta comunidad autónoma con el anterior Gobierno.

Hay que ser muy valiente para ser socialista y hablar de desarrollo rural en Castilla y León. Entre 2006 y 2013 a Castilla y León ustedes les arrebataron 661 millones de euros de desarrollo rural, el 44 % de los fondos que habían recibido en el periodo anterior procedentes de Bruselas. Es el reparto más arbitrario jamás conocido para beneficiar a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE en detrimento de Castilla y León para temas que ahora a usted parecen preocuparle tanto. Hemos invertido en regadío; elemento básico para el desarrollo rural, y como quería que le hablara de política en el ámbito fiscal, le diré que también la apoyamos desde este punto de vista. Reduciendo los módulos cuando es necesario y apoyando el sistema de módulos para agricultores y ganaderos, Castilla y León este año se va beneficiar


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de un ahorro de 100 millones de euros en la base imponible. Se han mantenido los tipos de IVA reducido y superreducido para los alimentos... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON SABINO CUADRA LASARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE VOLVER A RECURRIR -ESTA HA SIDO LA 15.ª OCASIÓN- UNA LEY FORAL APROBADA EN NAVARRA (REGULADORA DE CLUBES DE CANNABIS) ES RESPETUOSO CON LA CIUDADANÍA NAVARRA, SUS INSTITUCIONES Y LA PROPIA DEMOCRACIA? (Número de expediente 180/001281).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula el diputado don Sabino Cuadra, del Grupo Mixto.

El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, ¿considera usted que recurrir por decimoquinta vez una ley foral es respetuoso con la ciudadanía navarra, sus instituciones y la propia democracia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.

Señor Cuadra, el Gobierno respeta escrupulosamente la acción legislativa de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, cuando actúan en el ejercicio de sus competencias, pero como somos tan escrupulosos, si la acción legislativa de su Parlamento es contraria a la Constitución y a la legislación vigente, como es el caso, la recurrimos ante el Tribunal Constitucional. Esto es lo que ocurre con la regulación de los clubes cannábicos en Navarra, y ese es el motivo por el que hemos presentado el recurso al Tribunal Constitucional. Por tanto, la manera de respetar, todos, las instituciones y la democracia es cumplir lo que marcan las leyes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, ya son quince los recursos y suspensiones de otras tantas leyes aprobadas por el Parlamento foral. Esto es un récord en todo el Estado, además en estas leyes no se pedía el derrocamiento de la Monarquía ni la abolición del Ejército ni declarar la independencia de Navarra, sino que tenían que ver con cosas del día a día, de las necesidades de la gente, con los garbanzos, para entendernos: con el copago sanitario, con la asistencia sanitaria a los inmigrantes, con los desahucios, con aplicar el IBI a la Iglesia, con las pagas extras de los funcionarios...

Ustedes, el PP y también UPN, presumen de que el régimen de las autonomías existente en el Estado español es el súmmum del mundo mundial y que Navarra es la panacea de todo ello, pero en esto ustedes mienten, como en otras cosas, más que hablan, porque lo cierto es que en los últimos años Navarra ha ido perdiendo o ha visto cómo se reducían competencias que tenía: competencias sanitarias, educativas o en materia de función pública, y esto ha sido debido a una Constitución centralista, a un amejoramiento vergonzante, a la aplicación abusiva de leyes básicas y a un Tribunal Constitucional hecho a su imagen y semejanza. Con todo esto ustedes anulan todas aquellas leyes que no son de su gusto político, y a esto hay que sumar también que Navarra tiene otro récord, el de tener más multas gubernativas por habitante. Esto unido a lo anterior pone de manifiesto que hoy Navarra está ante las puertas de un cambio político y social y de un saneamiento y una desinfección institucional. Frente a esto, ustedes, en vez de responder de forma democrática, lo hacen de forma marrullera, anulando y suspendiendo leyes e imponiendo multas. Ante esto, nosotros no podemos hacer otra cosa que defender nuestro derecho a decidir, nuestra soberanía en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, en lo político y en lo social, en el para hoy y en el para mañana. Y mientras este mañana llega, señor ministro, por favor, saquen ustedes sus manos de Navarra, déjennos en paz.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Como usted sabe, la responsabilidad de que ustedes traten de saltarse la legislación o las competencias que marca la Constitución no puede ser naturalmente del Gobierno que invoca el derecho, que es lo más democrático. No hay nada más democrático que invocarlo y tratar de protegerlo. Ustedes saben que los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra informaron negativamente con carácter previo a la iniciativa legislativa popular en que se basaba. Informaron negativamente porque excedía el alcance de las competencias que podían ejercer. Por tanto, actuaron contra los informes jurídicos y contra la evidencia del derecho. En ese sentido, no sé de qué puede quejarse si las consecuencias de sus actos son las que ustedes ya sabían que iban a tener.

Si hablamos de Navarra, comunidad foral querida que respetamos, que tiene unas competencias especiales y que le vienen con carácter previo a la aprobación de la Constitución española de 1978, respeten ustedes a Navarra. ¿Qué quieren hacer ustedes con Navarra? ¿Cuál es su proyecto para Navarra? ¿Usted quiere que Navarra siga siendo una comunidad foral, orgullosa de sí misma y con capacidad para gobernarse a sí misma o quieren integrarla en otra comunidad o cuál es el proyecto que tienen para la foralidad que siempre ha distinguido a Navarra? Los que ponen en riesgo la foralidad de Navarra y la autonomía de Navarra son ustedes, porque la quieren supeditar a otro proyecto político que vacía de contenido la identidad de los navarros y nosotros vamos a estar siempre defendiendo el carácter foral y especial de esa comunidad que me es muy cercana. Mientras haya aquí un Gobierno en España del Partido Popular, los navarros saben que van a contar con apoyo a su foralidad, a su autonomía y a su manera de regirse a sí mismos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR URBINA), SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL FRACKING. (Número de expediente 172/000310).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno.

En primer lugar, interpela el señor Urbina, del Grupo Mixto, sobre la postura del Gobierno en relación con el fracking. Para desarrollar su interpelación tiene la palabra el señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, ciertamente traemos a la Cámara una cuestión que no es novedosa. De hecho, el asunto del fracking ya ha sido tratado en esta Cámara en diferentes intervenciones e interpelaciones. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Precisamente eso es muestra de la preocupación que existe en la sociedad con este tema, ya no solo en el Estado español y en Euskal Herria, sino que a nivel mundial y europeo cada vez es más evidente el rechazo social a este tipo de método de extracción para obtener energía. Muestra de ello es que en diferentes Estados se está prohibiendo y se están aplicando moratorias hasta esclarecer exactamente si todos esos riesgos que se denuncian son constatables o no. Como decía, esto mismo es evidente en el Estado español, ya no solo en Euskal Herria y más concretamente en Araba, sino también en otras partes del Estado, como en Canarias. Es evidente el rechazo social que existe respecto al fracking. Esto hace quizás más incomprensible la postura que mantiene el Gobierno de España y su insistencia en mantener un método de extracción cuando, a estas alturas, existen bastantes evidencias de los riesgos y perjuicios que comporta.

Me imagino que a usted no le sorprenderá, por esto que le he dicho, que sea precisamente un diputado alavés quien plantee esta cuestión aquí en el Parlamento. Me imagino que, como anteriormente le he comentado, usted tiene conocimiento de cuál es la realidad social en Araba con respecto al fracking. Si no, supongo que su compañero el ministro Alonso le ha dado debida cuenta de cuál es la realidad allí, incluso de los equilibrios que tienen que hacer -también es cierto que por motivos electorales- en relación con el fracking. Hay una mayoría social en Araba en contra del fracking, lo que nos da las dos claves por las que precisamente Amaiur plantea esta interpelación al Gobierno de España: respeto al medio ambiente y respeto también a la voluntad de la mayoría social en Euskal Herria y en Araba. Por lo tanto, en nuestro pueblo, como en otros muchos, nos encontramos con una posición contraria al fracking fundada e informada.


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Hace dos años en esta misma Cámara, de la mano del Grupo de La Izquierda Plural, se trajo esta cuestión en forma de interpelación al Gobierno. Y respecto a aquello que se denunciaba ya hace dos años, creo que durante todo este tiempo se han ido constatando los riesgos a los que se hacía alusión. Hablábamos entonces de la intromisión que el fracking suponía en el medio ambiente y de los riesgos que conllevaba para la seguridad de la sociedad y para la salud de aquellos entornos donde se practica. Y lo hacíamos con informes de expertos que han analizado el tema, algunos elaborados a iniciativa de esta Cámara como puede ser el del Instituto Geológico y Minero de España, en el que claramente se habla de un riesgo de contaminación de aguas, de contaminación de aire o de sismicidad. Hablamos de cuestiones que, como decía, durante estos dos años, desde que se planteó la interpelación anterior, se han ido constatando y acreditando. Por lo tanto, ya no nos encontramos ante elucubraciones, sino ante certezas. Y un ejemplo que yo creo que es ilustrativo y que viene de un país pionero en la práctica del fracking como es Estados Unidos -donde ha acarreado una serie de consecuencias que han hecho que numerosos Estados lo hayan acabado prohibiendo- es el informe realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos que, analizando las consecuencias del fracking, ha constatado la proliferación de los seísmos en aquellos lugares donde se ha practicado. Por lo tanto, ya no hablamos de riesgos, de hipótesis; hablamos de certezas que afectan al medio ambiente, como ha quedado claro durante todo este tiempo, y que afectan a la seguridad y a la salud de la población.

También creemos que el argumento al que se recurre de la viabilidad económica del fracking ha perdido todo su respaldo. Por eso, señor ministro, en estas condiciones consideramos necesario apostar por otro modelo energético que realmente respete los recursos naturales y también a la población. Por eso defendemos, al igual que lo hace la mayoría social en el País Vasco, que no se aplique el fracking y se apueste por otro modelo energético. Lo que ocurre es que aquí no hablamos de medio ambiente, de lo que estamos hablando aquí es de otro tipo de intereses, de los intereses de ciertos lobbies, de intereses de élites económicas -que es a quienes está mirando el Gobierno de España-, no velando por la integridad o por los intereses de la población, no; lo que está haciendo es velar por los intereses económicos de ciertos sectores y lobbies económicos. Esa es la cuestión y la explicación de la postura que mantiene hoy el Gobierno de España. De todo esto es consciente la sociedad de todo el Estado español y especialmente de Euskal Herria y Araba, por eso dicen que no al fracking. Además, lo hace sobre una posición fundada e informada, que es a la que anteriormente he aludido, y lo ha expresado de muchas maneras; lo ha expresado con movilizaciones masivas, en consultas y lo ha expresado también en iniciativas legislativas.

Aludiré a dos de ellas. Ya se ha hecho referencia a una de ellas, que es la expresada en Navarra, con la aprobación de la Ley contra el fracking, en octubre de 2013, de la mano de la oposición, con lo que ello suponía. Y la otra está en trámite en este momento en el Parlamento vasco, se trata de una ILP, con más de 103.000 firmas y que, previsiblemente y a la espera siempre incierta de lo que haga el PNV en cuanto a esta cuestión, tiene todos los visos de salir adelante. Son dos muestras claras de cuál es la voluntad de la sociedad vasca y están reflejadas en los dos parlamentos. La primera de ellas, como ya ha dicho anteriormente mi compañero el señor Cuadra, fue recurrida vía delegada del Gobierno -que es lo que hacen ustedes cuando no tienen representación institucional suficiente para imponer su criterio político- y que fue evidentemente confirmada por el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, a la vista del contenido de sus pronunciamientos, la mayor parte de ellos con un carácter absolutamente político, como sucede en este tipo de cuestiones. Respecto de la segunda, la del Parlamento vasco, que está en trámite y que viene de la mano de la ILP, ustedes ya están apresurándose para tratar de que no tenga ningún efecto, de que no llegue a confirmarse, como se ha sabido por prensa.

Vista la cuestión, no estamos hablando únicamente de medio ambiente, sino que, en estos términos, estamos hablando de una cuestión de democracia sobre una base que yo creo básica y absolutamente lógica, que es que los que van a recibir los efectos de esa práctica -en este caso, el fracking-, en los lugares donde habitan, sean los que decidan qué recursos naturales y cómo se trabajan y extraen dichos recursos. Parece lógico que a quienes afecten las consecuencias de esa práctica sean quienes, en primera instancia y definitivamente, decidan si son correctos desde el punto de vista del respeto al medio ambiente y desde el punto de vista del respeto a la salud y también de la seguridad de estas personas. Parece lógico que sean los y las alavesas los que decidan si el fracking es conveniente o no y que sean los y las navarras los que decidan si el fracking es correcto o no. En nuestro pueblo, señor ministro, la postura es clara: se defiende otro modelo energético, se dice claramente no al fracking, por lo que, a partir


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de ahí, lo único que le queda al Gobierno de España es respetar esta voluntad. Por eso le decía que hablamos de medio ambiente, pero también de democracia.

Por último, me gustaría acabar esta intervención con un tema diferente -y seré breve, señor presidente-, denunciando la persistencia de los juicios políticos contra militantes vascos en la actualidad en el Estado español y la persistencia de las condenas basadas en declaraciones que han sido denunciadas al haber sido obtenidas con malos tratos. (Finaliza su intervención en euskera).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Urbina.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, haré alguna consideración sobre algunas de las cuestiones que ha planteado su señoría. Iniciaba su intervención haciendo referencia a que en Canarias se habían rechazado sondeos, investigaciones, utilizando la fracturación hidráulica, lo que se conoce como fracking. Quiero decirle que no hay ni una sola solicitud de investigación, de sondeo o de prospección de recursos no convencionales utilizando la fracturación hidráulica o el fracking en ninguna de las siete islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. No sé si usted se refería a otro tipo de sondeos, pero desde luego nadie ha planteado nunca utilizar fracturación hidráulica en Canarias. Si se planteara, lógicamente, al igual que cualquier otro tipo de solicitud, se estudiaría; si cumpliese todas aquellas prescripciones que están establecidas tanto en la Ley de evaluación ambiental como en la propia Ley del sector de hidrocarburos, iría adelante. Pero quiero decirle que, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna.

Habla usted también en su intervención de riesgos para el medio ambiente. Yo creo que ninguna de las señorías que están presentes en la Cámara conoce ningún tipo de actividad industrial que esté exenta al cien por cien de riesgo alguno como consecuencia de su desarrollo. ¿Lo importante qué es? Lo importante es que ante una determinada actividad industrial, las instituciones legislen para minimizar la posibilidad y la probabilidad de que existan o se materialicen esos riesgos tanto para las personas como para los bienes como también para el medio ambiente.

Ha hablado usted también en su intervención del rechazo que causa esta tecnología en algunos Estados de los Estados Unidos de América. Aquí me gustaría hacerle algunas consideraciones. Si se puede hablar a lo largo de los últimos años de una verdadera revolución en materia de energía, esa es la que ha supuesto el shale gas en los Estados Unidos. ¿Sabe usted por qué? Porque les ha permitido llegar a la obtención de recursos no convencionales que permite a los Estados Unidos de aquí a poco tiempo ser totalmente autónomos en materia de gas a través del gas no convencional, y totalmente autónomos en materia también de recursos de petróleo no convencionales. Y además, de aquí a un tiempo podrán llegar a ser los primeros exportadores del mundo en gas y los primeros exportadores de petróleo. Pero, lo que es más importante, el disponer o no de una energía como es la del gas o la del petróleo a un precio más barato que el que tienen sus competidores le ha permitido a Estados Unidos que a lo largo de los últimos años no pocas industrias, precisamente europeas donde el precio de la energía es superior a la de los Estados Unidos, se deslocalicen de Europa y vayan justamente a los Estados Unidos, con las implicaciones que eso tiene para la actividad industrial en Europa, para la actividad económica y sobre todo para el empleo.

Cuando usted busca las razones de por qué en los Estados Unidos a lo largo de los últimos años ha habido un creciente proceso de reindustrialización a medida que en paralelo se producía en Europa lo contrario, no le quepa la menor duda de que una de las causas más importantes está justamente en el diferencial del precio de la energía, fundamentalmente el gas. Hoy el gas en los Estados Unidos se paga aproximadamente a tres dólares y medio, en Europa hasta tres veces y en ocasiones incluso más. Esa es la razón por la cual Europa pierde competitividad industrial a favor de los Estados Unidos.

En tercer lugar, hablaba usted también de que había que apostar por otro modelo energético -lo ha dicho hasta en dos ocasiones-, y la pregunta es: ¿Qué modelo energético? Porque, que yo sepa, no hay muchos países europeos que tengan un mix -combinación de las distintas tecnologías con las que se obtiene energía eléctrica en España- tan diversificado como lo tiene España. En España a la generación de energía eléctrica contribuye la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la fotovoltaica, la termosolar, tenemos biomasa, tenemos cogeneración, tenemos carbón, tenemos gas; por lo tanto, hay un mix ciertamente diversificado. He podido intuir que me planteaba un modelo energético en el cual haya un mayor peso de las energías renovables. En el año 2014 del total de generación de energía eléctrica en


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España un 43 % vino de fuentes renovables. Hoy en España, en el año 2015, si nos situamos en relación con el cumplimiento de los objetivos que nos marca la Unión Europea de cara a 2020 y muy particularmente en cuanto al porcentaje del 20 % que tendrían que tener las energías renovables dentro de la energía primaria, estamos por encima de esos objetivos. Por tanto, no sé si en ese modelo energético que usted plantea está prescindir del gas, prescindir del petróleo, prescindir del carbón, prescindir de la energía nuclear. Y si eso es así, ¿cuál es la alternativa? Porque la alternativa, lógicamente, tendría que plantearse si queremos modificar el mix energético en nuestro país.

Hablaba usted también de que había comunidades autónomas que se habían opuesto con distintas normas y leyes a que se llevaran a cabo las técnicas de fracturación hidráulica para obtener recursos no convencionales de gas. Es verdad, hay comunidades autónomas que han legislado diciendo: prohibido el fracking en esta comunidad autónoma. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esto es algo que está incluido en el ámbito de la legislación básica del Estado, no es competencia de ninguna comunidad autónoma. Es verdad que son las comunidades autónomas en última instancia las que tienen que autorizar o no el correspondiente permiso para llevar a cabo este tipo de prospecciones utilizando fracturación hidráulica, siempre y cuando esa prospección se vaya a llevar a cabo en el ámbito de una sola comunidad, porque si afectara a dos que son colindantes, que son vecinas, entonces es el Estado quien lo tiene que autorizar. Ahora bien, cuando un operador le solicita a una comunidad autónoma una autorización para llevar a cabo una fracturación hidráulica para gas o petróleo, tiene que tomar la decisión sobre la base de la legislación básica del Estado establecida a tal efecto, porque de lo contrario el operador iría a los tribunales y con toda la probabilidad le darían la razón. Es verdad que cuando una comunidad autónoma -del color que sea- ha legislado prohibiendo la técnica del fracking, el Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno para que vaya al Tribunal Constitucional a interponer un recurso, pero no por el argumento que usted ha dicho. He creído entenderle que como consecuencia de que el partido que apoya al Gobierno no tiene una representación suficiente en determinados parlamentos autonómicos, a través del delegado del Gobierno se interpone un recurso al Tribunal Constitucional; y he creído entenderle que como el Constitucional hace lo que le dice el Gobierno, entonces le da la razón. ¡Hombre!, permítame decirle, con todo respeto, que me parece un argumento de una simplicidad alarmante. El Tribunal Constitucional lo que hace es garantizar que se cumplan los preceptos, principios y orientaciones contenidas en la Constitución española. Es verdad que cuantas veces el Gobierno, el Consejo de Ministros se ha dirigido al Tribunal Constitucional para plantear el hecho de que una determinada iniciativa normativa de una comunidad autónoma -como es el caso de las de fracturación hidráulica- no es acorde con la Constitución, lógicamente, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del Gobierno por lo que le decía antes, porque esto es legislación básica del Estado.

Señorías, el hecho de compartir o no las técnicas y las tecnologías de la fracturación hidráulica no tiene nada que ver con lo que usted planteaba de los lobbies. Esta es una cuestión de seguridad energética nacional. Usted sabe que el Gobierno ha elaborado una estrategia de seguridad nacional donde están incluidos muchos aspectos, y uno de ellos precisamente es el que tiene que ver con la energía, porque la energía no solo constituye un input básico de cualquier economía, sino que la energía tiene que ser una energía segura desde el punto de vista de su abastecimiento, tiene que ser equilibrada desde el punto de vista de las distintas fuentes con las que se cuenta para obtener esa energía y tiene que ser también una energía sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también sostenible desde el punto de vista económico y financiero. A esas tres finalidades va dirigida la estrategia de seguridad energética nacional, donde no se descarta ningún tipo de fuente por ningún tipo de motivación o consideración ideológica. Es verdad que no tenemos ningún prejuicio, pero, eso sí, lo que este Gobierno ha hecho en relación con la tecnología de la fracturación hidráulica es introducir modificaciones en la normativa vigente en España para, por un lado, aumentar los requisitos que se exigen en la Ley de Evaluación Ambiental para cualquier tipo de autorización que se haga en relación con esta tecnología y, por otro lado, algo que usted ha mencionado en su intervención, establecer una compensación a los propietarios de los terrenos donde esta autorización tenga lugar y también a las comunidades autónomas y a los entes locales más próximos al territorio donde estas prácticas se lleven a cabo. En este sentido, quiero mencionarle la recientemente aprobada modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos, donde se establecen esas consideraciones adicionales, insisto, para aumentar la garantía de las personas y de los bienes y también medioambiental.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, de las energías que hablamos son las energías renovables y energías limpias, no de las fósiles o de las nucleares, es evidente, y lo hemos dejado claro en innumerables ocasiones. Además, hablaba usted de una premisa fundamental o pareja, y es el riesgo de la extracción de ciertas energías, que toda la obtención de energías tiene unos riesgos. Esto no es exactamente así, es evidente que hay algunas que tienen más que otras. Si algo ha quedado claro durante todo este tiempo son los riesgos, y, como decía, en cierta medida certezas de esos riesgos, que produce el fracking. Por tanto, hay riesgos y riesgos y en el caso del fracking hablamos de certezas basadas en informes de expertos de los que ustedes tienen perfecto conocimiento.

Ha planteado también la independencia energética en Estados Unidos, y yo le pregunto: ¿Independencia energética de quién? De mi pueblo no y del Estado español no lo sé muy bien. Lo que sí sé es que esa independencia energética vendrá posiblemente de aquellas élites económicas y lobbies económicos que están presionando a nivel mundial e insistiendo en que el fracking se extienda por todo el mundo y, vía acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, el TTIP, esto se quiere hacer viable. Esa es la realidad con la que nos encontramos, existen lobbies y élites económicas que sacan tajada de todo esto. Usted hacía referencia a los cambios legislativos y ponía el foco en un hecho concreto, pero la realidad es que lo que está haciendo el Gobierno de España al final es facilitar toda esta tramitación para que el fracking se pueda implantar. Muestra de ello también es -lo podemos ver de manera directa en Euskal Herria- cuántas empresas -y a quiénes están vinculadas- están esperando que se abra la veda para poder iniciar todas estas prospecciones. Esa es la realidad y eso nos da la foto real de qué intereses hay detrás de todo esto. Yo creo que es importante que en esta materia se hable claro. Llevan ustedes ya un tiempo hablándonos de regeneración democrática y en contra de la corrupción. Este es un buen ejemplo para eso, el fracking, un buen ejemplo de clientelismo, de puertas giratorias, de lobbies económicos. Para eso está destinado y en eso se está pensando cuando se habla del fracking. Esa es la realidad, esa es la apuesta por la regeneración democrática del Partido Popular vía Gobierno de España.

No nos encontramos con una cuestión de competencia, no. Es una cuestión mucho más básica. Nosotros así lo percibimos por lo menos. Es una cuestión democrática. Usted me habla de competencia, de legislación estatal..., yo le he planteado antes una cuestión que creo que es bastante más básica, y es oír a la gente que va a sufrir los efectos de un método de extracción que tiene unos riesgos muy grandes. Parece lógico -a mí así me lo parece- que sea en ese territorio en el que se decida si en efecto eso es lo correcto o no, que se decida cuáles son los recursos naturales y energéticos que es adecuado explotar en ese territorio. Por eso le digo que yo lo veo desde otra óptica. No creo que esto sea una cuestión de competencias, es una cuestión de democracia, de respeto a la voluntad mayoritaria de un pueblo, en este caso del pueblo vasco. Por eso, anteriormente le planteaba -lo mantengo y así lo creemos desde Amaiur- que al Gobierno de España lo que le queda en esta cuestión es respetar la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. Sería un buen comienzo para abordar otras cuestiones. Y en este caso lo han dicho muy claro: Fracking Ez.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Urbina.

Concluye el debate el señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Se ha vuelto a referir usted a la cuestión de las energías renovables y las energías limpias y ha dicho: somos partidarios de las renovables, de las limpias, no a las fósiles ni a la energía nuclear. ¿Acaso está planteando usted que el 22 % de energía eléctrica que se produce a través de energía nuclear -de los ocho reactores están en funcionamiento siete ahora en España- deje de producirse? Si ese fuera el caso, ¿plantea usted cómo sustituirlo? ¿Plantea usted acaso que la energía eléctrica que se produce en los ciclos combinados de gas o con carbón, que también es fósil, se deje de producir? En tal caso, ¿con qué la produciríamos? ¿Con renovables? ¿Con eólica? ¿Solar? ¿Termosolar? Por cierto, cuando fallen el sol o el viento, porque de vez en cuando fallan, ¿cuál sería la tecnología de respaldo? ¿Qué lo respaldaría? ¿Sería el gas? ¿Sería el carbón? ¿Sería el petróleo? ¿Qué tecnología tendríamos ahí? Porque todo este discurso de aquí todo renovables me parece muy bien, pero digamos a la gente cuál es la realidad del sistema energético. Si


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usted produce todo con viento o todo con sol, tiene que tener una tecnología de respaldo que, además, tiene que pagar, la utilice o no la utilice; y ese pago se lo están trasladando a usted, a mí y a todos los españoles a final de mes en el recibo de la luz, porque hay que pagar la eventualidad de que en algún momento falle. Por tanto, no es solo una cuestión de decir que todo renovables y que no haya fósiles, ni energía nuclear. ¿Cuál es la alternativa que ustedes plantean? Yo no he dicho que haya determinadas tecnologías de extracción que tengan más riesgo que otras, lo que digo es que todo tipo de industria siempre tiene un riesgo, nunca está el 100 % garantizado de que no vaya a haber ningún tipo de riesgo, solo que este Gobierno ha introducido modificaciones, tanto en la Ley de Evaluación Ambiental como en la Ley del Sector de Hidrocarburos, para exigir más requisitos, más condicionantes a este tipo de autorizaciones. ¿Para qué? Justamente para aumentar ese tipo de garantías.

Hablaba usted de la independencia energética de Estados Unidos y de la de España y de que todo esto tiene que ver, según usted, con las élites económicas o no sé con qué lobbies. El Gobierno actúa en base a lo que cree que es el interés general de España, y el interés general de España -también el suyo- es que los 100 millones de euros que los españoles empleamos cada día en comprar energía del resto del mundo, podamos reducirlos a través de una disminución de la dependencia energética, aumentando la independencia y disminuyendo la vulnerabilidad. Para eso tenemos que ser capaces de saber qué tipo de recursos naturales tenemos, sean convencionales o sean no convencionales.

Por último, decía que aquí decida cada uno en su casa porque esto no es una cuestión competencial, es una cuestión de democracia. La democracia es justamente lo que nos permite a todos estar aquí, venir aquí, proponer normas, aprobarlas o rechazarlas, y todas las normas a las que yo hoy me he referido en esta materia son normas que parten de allí donde está la soberanía del pueblo español, que está aquí; a usted igual eso no le gusta, pero eso es la democracia. No se puede decir que esto no es un problema de competencia, que es de democracia, es que la democracia es la que permite que usted esté ahí sentado y que yo esté sentado también en mi escaño igual que todo el resto de señorías. La democracia, desde luego, tiene mucho que ver también -usted lo ha dicho- con la regeneración democrática. Pero permítame decirle algo, señoría, usted de eso no puede dar ni la más mínima lección a nadie, porque usted mientras no condene los asesinatos que ha habido en España, no está legitimado para dar lecciones de absolutamente nada a nadie.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DE DEFENSA DEL GOBIERNO ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE ATAQUES BIOTERRORISTAS. (Número de expediente 172/000311).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la política de defensa del Gobierno orientada a la prevención de ataques bioterroristas. Defiende la interpelación el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, hace tres semanas el secretario de Estado y jefe de Gabinete del presidente del Gobierno presentó ante la Comisión Constitucional el informe del que dispongo y que les muestro desde la tribuna, el Informe anual de seguridad nacional. Tras la lectura del mismo, mi grupo parlamentario y los portavoces de Interior y de Defensa quedamos notablemente preocupados por la falta de referencias claras y de una estrategia nítida y desarrollada en materia de bioterrorismo. Cuando hablamos de bioterrorismo no hablamos de una amenaza de futuro, hablamos de hechos ya acaecidos: el ataque con ántrax en el Capitolio de Estados Unidos, cuya desinfección costó millones después de los atentados del 11 de septiembre, y los ataques en el metro de Tokio. También ha habido afirmaciones por parte del Gobierno; la única que puedo citar en estos momentos desde la tribuna es una comparecencia hace pocos meses del secretario de Estado se Seguridad, el señor Martínez, que comunicaba a la Comisión de Interior que en España se había identificado -cito- chateo en un foro próximo al Estado Islámico sobre el uso del ébola como arma venenosa contra Estados Unidos y contra Occidente.

Creo que es bueno recordar que la estrategia de defensa contra el bioterrorismo en España viene de lejos. El día 11 de diciembre del año 2001, antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en la Real Academia Nacional de Medicina, el entonces coronel médico Luis Manuel Villalonga Martínez, de la


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Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa, en una intervención titulada Aspectos generales de la guerra biológica, ya apuntaba la amenaza bioterrorista. Decía -cito-: Existe amenaza biológica en el ámbito de las operaciones militares, estratégica y terrorista. Termino la cita. Señorías, los Estados europeos y Estados Unidos y Canadá han tenido una estrategia clara y en profundidad para combatir el bioterrorismo. En el año 2005 la mayoría de Estados europeos -después puedo hacer referencia a algunos de ellos de forma más detallada, evidentemente Francia, Alemania, Dinamarca y países escandinavos muy activos- comunicaron que las vacunas que habían comprado habían quedado obsoletas y que se tenía que afrontar lo que, en una respuesta en la Asamblea Nacional francesa de la semana pasada, ya se comprometía el Gobierno francés: la compra de vacunas de tercera generación. Pero quizá, el proyecto más completo en materia de lucha contra el bioterrorismo -una vez más- es el proyecto que se aprobó en el año 2004 en Estados Unidos, el Bioshield Act, la ley de bioescudo para combatir las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Hay presupuesto, porque al final las políticas se definen por presupuestos concretos y este es el último informe de la unidad de estudios del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre los millones dedicados, concretamente, a combatir las distintas amenazas vinculadas con el bioterrorismo: el ántrax, el smallpox, botulismo, radiaciones nucleares y agentes de ataque del sistema nervioso.

Señorías, esta es una realidad ante la cual nosotros estamos preocupados porque la información que tenemos hasta el momento en la estrategia nacional de defensa, presentada hace tres semanas por parte del secretario de Estado -número uno en el rango de secretarios de Estado- y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, es inexistente en materia de bioterrorismo, y en un aspecto muy concreto que discutimos en la Comisión Constitucional y que me gustaría traer también a colación y a debate en esta interpelación con el señor ministro de Defensa, me refiero a la viruela y al combate contra la viruela. En este país, y en todo el mundo, las personas que tienen menos de treinta y cinco años no están vacunadas de la viruela porque se erradicó en los años ochenta con una campaña intensa de gran implicación impulsada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos? La información que tenemos -y que es pública- es que el virus existe y que se conservan cepas en Estados Unidos -concretamente en el Centro para las Enfermedades Infecciosas en Atlanta, llamada CDC, como el nombre de mi partido, pero no tiene nada que ver- y también en Rusia -en el laboratorio de seguridad Vector en Koltsovo- y que en el verano del año 2004 el Gobierno de Estados Unidos informó de que aparecieron ciertos viales con ese virus olvidados en un lugar no desclasificado -no se informó el lugar concreto- de Estados Unidos. Por otra parte, los avances en biosíntesis han abierto una nueva vía de reaparición de la viruela. Está aumentando el número de personas con acceso y fondos, especialmente organizaciones no estatales como el Estado Islámico, para reconstruir sistemáticamente el virus utilizando técnicas que existen actualmente de síntesis de material genético. Hasta ahora las investigaciones han conseguido reconstruir otros agentes patógenos peligrosos, como el virus de la polio, que ya ha sido reconstruido artificialmente y genéticamente por síntesis en un laboratorio, y el virus de la llamada gripe española, así como otros patógenos tan complejos como la bacteria Mycoplasma; por tanto, reconstruir el genoma de la viruela es una posibilidad. Señorías, esto forma parte del pasado, pero de un pasado que en su momento fue terriblemente mortífero. Recordaremos fácilmente cómo en su momento la población aborigen australiana fue aniquilada, aniquilada casi al cien por cien, por el virus de la viruela y cómo la tasa de mortalidad en Estados Unidos, en la población indígena de Estados Unidos, fue del 80 %.

Señorías, ¿cuál es en estos momentos la situación en España?, y en esto está conectada la política que podamos plantear como portavoz de Defensa, de Interior y también de Sanidad. ¿Cuáles son los hechos, señorías, señor ministro? España adoptó en el año 2003 un plan de preparación contra la viruela, titulado Recomendaciones de actuación y respuesta ante la aparición de un caso o de un brote de viruela. Fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 15 de abril del año 2002 y el 7 de febrero del año 2003 el Gobierno adquirió 2 millones de vacunas contra la viruela. En aquel momento todos los países desarrollados europeos y norteamericanos estaban comprando, estaban haciendo provisión de vacunas. Al haber mucha demanda, por el aprovisionamiento de múltiples países, fue difícil en el año 2003 encontrar un proveedor de la vacuna y estas se tuvieron que adquirir diluidas al 1:10. Aquella fue la compra del año 2003, pero estas vacunas carecen de actualidad porque caducaron hace varios años. Esta es la información de la que nosotros disponemos, proporcionada por el Ministerio de Sanidad y que nos lleva a una conclusión muy sencilla: señorías, hoy, en el año 2015, mientras otros países están haciendo provisión de vacunas de tercera generación para la lucha contra el bioterrorismo


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-Estados Unidos ha adquirido más de 28 millones de unidades-, España, a la espera de mejor información que me pueda proporcionar el señor ministro sobre método, aproximación y prevención y reacción, en estos momentos no cuenta con los instrumentos apropiados para luchar contra el virus de la viruela, y toda la población menor de treinta y cinco años está expuesta a la misma. Es importante que España se dote de instrumentos legales -y esta es otra dimensión que yo quiero plantear al señor ministro y que seguramente será elemento de inspiración de la futura moción consecuencia de interpelación fruto del debate-, no sé si con rango de ley, con rango de orden ministerial o con otro rango, con instrucciones que sé que en algunos casos tienen que ser discretas porque estamos hablando del ámbito de la defensa, pero con total transparencia. Estados Unidos nos podría ilustrar, porque esta ley -la ley del bioescudo- es extraordinaria sobre el mandato y el seguimiento de los fondos, sobre la actualización de la misma en el mes de junio del año 2014, transparencia absoluta del Gobierno de Estados Unidos ante el Congreso, ante el Capitolio, para informar sobre la lucha contra el bioterrorismo. Y la decepción, la clara decepción del grupo parlamentario es la ausencia absoluta de referencias. Una referencia, el éxito del Comité de emergencia de lucha contra el ébola, y no nos costó nada en su momento felicitar al Gobierno por la buena actuación y por la buena reacción en materia del ébola. Pero no puede ser que toda la lucha contra el bioterrorismo esté resumida en las páginas 129 y 130 de este informe sin una información más detallada.

Señor ministro, a veces el objeto de una interpelación es plantear un tema en general, podría haber entrado más en detalle a partir de los modelos comparados, de aquello que en estos momentos se está haciendo en Francia, Alemania, muy activamente en Dinamarca, pero creo que el caso está planteado y lo que nosotros esperamos ansiosamente es una respuesta, que sea una respuesta más elaborada, que tengamos un diseño más sofisticado que el que se refleja en este informe anual de seguridad nacional y del que se reflejó en la respuesta del señor Moragas en la comparecencia ante la Comisión Constitucional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Xuclà.

A continuación tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, trae usted a la Cámara hoy una cuestión de notable importancia, a la que precisamente por su gravedad hay que aproximarse, como su señoría señalaba, con la debida reserva, no tanto por la condición de los problemas vinculados a ella, sino precisamente por estar hablando de la utilización perversa de determinados conocimientos científicos en la actividad terrorista. Tiene que haber, en conclusión, reserva y comedimiento, más allá de que algunas partes de la materia por la que me interpela pudieran estar sujetas a clasificación, como pudiera ser precisamente el descubrimiento de determinados agentes antiataques bioterroristas, cuya puesta en conocimiento público podría advertir a quienes los quieren hacer de por qué caminos no tienen que ir a la hora de conseguir sus objetivos. La Organización Mundial de la Salud ha abogado siempre por que la información en este tipo de eventos sea veraz y contrastada para evitar la confusión, la especulación y conductas de pánico colectivo.

Me interpela usted acerca de la política de defensa en relación con la prevención de ataques bioterroristas. Une así dos riesgos contemplados en la estrategia nacional de seguridad: el del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta unión, afortunadamente no comprobada, va también en consonancia con la Directiva de Defensa Nacional, que ya define unos escenarios de conflicto en los que lo híbrido va igualando e incluso desplazando a lo convencional en cuanto a la posibilidad de la amenaza, algo de lo que estamos hablando aquí concretamente. Las armas de destrucción masiva eran hasta ahora fundamentalmente elementos a tener en cuenta en la evaluación de riesgos convencionales para la defensa nacional. De hecho, todo el sistema de seguridad actual se basa en mayor o menor medida en la disuasión nuclear como punto de equilibrio, como garantía de que los conflictos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se van a convertir en conflictos armados; disuasión o, como se decía hace unos años, la seguridad de la mutua destrucción, que ha probado ser también un sistema efectivo para enfriar conflictos activos como el de la India y Pakistán y ensordecer otros larvados a lo largo y ancho del planeta.

Hoy la potencial relación entre terrorismo y armas de destrucción masiva es ciertamente preocupante, es una amenaza para la que nos estamos preparando desde hace catorce años. Desde el ataque que usted citaba al World Trade Center se percibe con mayor intensidad la amenaza asimétrica y se empieza a detectar mediante inteligencia el interés de actores no estatales por hacerse con agentes bioquímicos,


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nucleares y biológicos. En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1540 de 2004, que obliga a los Estados, y por ende a sus fuerzas armadas, a luchar contra este tipo de amenaza terrorista. Inmediatamente tanto a nivel nacional como en las organizaciones de defensa y seguridad de las que formamos parte se han tomado las medidas oportunas para aprestar a las instituciones concernidas.

Ha de ser, y es, una aproximación transversal -usted lo mencionaba también- y holística que, como fácilmente comprenderá, dirige el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno y en la que colaboramos el Ministerio del Interior, que ostenta la competencia principal si nos referimos a la lucha antiterrorista interna; el Ministerio de Sanidad, responsable de la salud pública y de la vigilancia y alerta sanitaria, muy importante en este caso, y, por nuestra parte, el Ministerio de Defensa en sus responsabilidades propias y con el carácter de elemento de apoyo para las emergencias. Nuestro sistema, en permanente evolución, está basado, como el de todos los países de nuestro entorno, en la evaluación continua del riesgo y la amenaza. Sin ir más lejos y como muestra, el Gobierno está trabajando en estos momentos en la amplia red de laboratorios de alerta biológica, que se conoce como Relab.

Retomando el objeto de la interpelación, en materia de defensa hemos desarrollado una doctrina de defensa NBQ específica e incardinada en la de la OTAN. La crisis desatada por el envío de paquetes conteniendo carbono en Estados Unidos sirvió de revulsivo para integrar capacidades de respuesta cívico-militares frente a incidentes biológicos. Así, se integraron las unidades de defensa NBQ, nuclear, biológica y química -seguro que las mejor preparadas para hacer frente a este tipo de amenazas-, con las capacidades de descontaminación y reconocimiento en el sistema de respuesta frente a incidentes biológicos. En esta doctrina es responsabilidad del personal del cuerpo militar de sanidad desarrollar y colaborar en actividades de protección sanitaria en el ambiente NBQ. De esta forma, personal del cuerpo militar de sanidad fue responsable de formar al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargado de gestionar los posibles incidentes de este estilo. Por otro lado, este personal y estas capacidades se integran en los grupos técnicos de referencia establecidos para gestionar este tipo de crisis.

Los compromisos internacionales inicialmente adquiridos por España en relación con la defensa NBQ se plasmaron en adquirir la capacidad de descontaminación de víctimas así como de detección presuntiva a nivel de brigada y de identificación confirmada a nivel de regimiento de defensa NBQ, todo ello frente a los principales agentes biológicos, incluidos poxvirus como la viruela. En la actualidad, además del regimiento NBQ, la UME también dispone de capacidades avanzadas de este tipo.

Dentro de la estrategia de defensa frente al bioterrorismo en particular por parte de las Fuerzas Armadas se incluyen las siguientes líneas de actuación. Se han desarrollado sistemas de alerta epidemiológica, fundamental en este caso. Los principales agentes biológicos con potencial uso bioterrorista están incluidos en el sistema de enfermedades de declaración obligatoria, estableciéndose relaciones de colaboración e intercambio de información con la sanidad civil para la vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades transmisibles. Se han integrado capacidades en los sistemas sanitarios, como el sistema de descontaminación de afectados, y en este sentido las unidades sanitarias y no sanitarias de defensa NBQ disponen de capacidad de descontaminación de víctimas, material, equipos y vehículos, e instalaciones sanitarias para el aislamiento. Dentro de esta doctrina también se ha establecido la restricción de movimientos como forma de control de las enfermedades, pudiéndose utilizar las unidades sanitarias para establecer cuarentenas y aislamiento, en función de las necesidades operativas y en apoyo de las autoridades civiles. Al mismo tiempo -y como probablemente sepa por la difusión del reciente acuerdo de Consejo de Ministros-, en el momento actual se están realizando las obras de mejora de la planta 22 del Hospital Militar Central de la Defensa para poder atender en adecuadas condiciones de bioseguridad a individuos afectados por agentes extremadamente infecciosos que pudieran afectar a la población.

Por lo que respecta a la formación, como es lógico, la evaluación correcta de la amenaza biológica así como la respuesta a incidentes biológicos pasa por el conocimiento de los mismos. Por ello, el 30 % de los contenidos curriculares del curso de especialista de defensa NBQ se dedican precisamente a la defensa biológica. Por otra parte, las Fuerzas Armadas colaboran con el Sistema Nacional de Protección Civil en actividades formativas dirigidas a personal voluntario de las agrupaciones de protección civil, así como a las policías locales o municipales, junto con personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un buen ejemplo lo constituye el hecho de que en la pasada crisis del ébola fueron precisamente las


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Fuerzas Armadas, y en especial la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, las encargadas de realizar las actividades formativas para el uso correcto del equipo de protección individual.

También se han establecido políticas de comunicación, ya que la adecuada evaluación de la amenaza y el conocimiento de los agentes biológicos permiten siempre reducir el nivel de alarma en la sociedad. Por este motivo, personal del cuerpo militar de sanidad se ha integrado, y lo va a seguir haciendo, en los equipos de comunicación de los Ejércitos o del Ministerio de Defensa en relación con las crisis relacionadas al empleo de armas biológicas.

Por lo que respecta a la integración y la coordinación interdepartamental, la respuesta a un incidente biológico pasa por la integración de capacidades -entre ellas, por supuesto, las de defensa nuclear, biológica y química- en el Sistema Nacional de Conducción de Crisis, para conseguir una adecuada y holística gestión de los incidentes. Esta integración y coordinación es especialmente estrecha entre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sirva de ejemplo que personal del cuerpo militar de sanidad, entre otros, participa activamente en la formación de personal del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, y también forma a servicios de emergencia extrahospitalaria autonómicos, como el Summa 112 de Madrid, el Sacyl de Castilla y León o el SEM de Cataluña o, en el ámbito municipal, al Samur-PC de Madrid. También desde hace unos años unidades sanitarias de los servicios de emergencia extrahospitalarios o de la Cruz Roja participan en ejercicios conjuntos y maniobras en las que se realizan actividades relacionadas con la defensa biológica.

Finalmente, por lo que respecta a la generación de planes de respuesta, el Sistema de Vigilancia de las Enfermedades de Declaración Obligatoria de las Fuerzas Armas está integrado en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la confección y revisión de los protocolos de las enfermedades incluidas en el sistema.

Yendo al meollo de su intervención y en relación con el virus de la viruela, enfermedad erradicada cuya emergencia natural o intencionada podría tener las consecuencias catastróficas que señalaba su señoría, en todas las actividades formativas se hace un especial hincapié en su estudio. La detección temprana del virus con un correcto sistema de vigilancia epidemiológica es la que nos permitirá establecer las adecuadas medidas de control, entre las cuales destacan la cuarentena y el aislamiento, así como la inmunoprofilaxis, para reducir la posible transmisión de la enfermedad.

En cuanto al desarrollo de nuevos productos terapéuticos y el mantenimiento de stocks en función del análisis de la amenaza, se ha establecido la necesidad de que el Centro de Farmacia de la Defensa produjera, dentro de su petitorio, drogas antidotales frente a agentes químicos de guerra, así como antibióticos polivalentes frente a los principales agentes biológicos. De igual forma, se produce ioduro potásico para adultos y niños para hacer frente a incidentes de otro tipo como pudieran ser los radiactivos. Al mismo tiempo se realiza un análisis continúo de nuevos productos terapéuticos para su posible integración dentro de los planes de respuesta y se está en comunicación continúa con las empresas farmacéuticas para seguir el desarrollo y aplicación de nuevos productos. En el caso particular del virus de la viruela, el Centro de Farmacia de la Defensa dispone de reserva estratégica de vacuna desde el año 2001. Las autoridades sanitarias establecieron, en función del análisis del riesgo, una política de vacunación postexposición en caso de diseminación del virus.

Señoría, en definitiva, las Fuerzas Armadas y en especial sus unidades de defensa NBQ reciben una formación en materia de defensa biológica que les permite detectar, descontaminar y evitar la diseminación de agentes de guerra biológica y de uso bioterrorista en el caso de un evento de este tipo. Todas sus políticas de defensa NBQ están integradas en los acuerdos de estandarización de la OTAN, en los planes de respuesta del Ministerio del Interior y en los protocolos diseñados al efecto por el Ministerio de Sanidad, en todos los casos con los conocimientos necesarios al máximo nivel de actualidad científica y con la disponibilidad de las últimas tecnologías y equipamientos disponibles en cualquier país de nuestro entorno.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

Señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, es indudable que en estos momentos la Cámara dispone de mucha y mejor información de la que se podía destilar del informe anual, de la estrategia anual de seguridad nacional. Soy conocedor de que el señor ministro leyó la intervención, la comparecencia, y también ha tenido acceso y ha manejado el informe. Creo que es urgente e indispensable actualizar e incorporar, en esta política de


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integración, de un trabajo coordinado entre distintos departamentos toda la información que usted nos ha trasladado, porque el informe oficial, el informe de referencia que seguramente la comunidad internacional tiene presente es el informe que se coordina desde Presidencia del Gobierno, y ese es un informe en el que simplemente hay unas breves referencias a la unidad de reacción contra la infección del Ébola, pero no hay referencias a la información que usted nos ha trasladado y que a mí personalmente me ha tranquilizado porque de su contestación a mi interpelación se desprende claramente que el Gobierno está trabajando.

Usted ha empezado con la cláusula de reserva, que yo respeto absolutamente y que puedo entender, por lo cual lo que le diré ahora no lo entienda como una réplica frontal. Hay otros modelos en los que se opta por la transparencia en grado extremo. Este informe (muestra un documento), al que podemos acceder a través de la Red, a través de Internet, y que es del servicio de información del Congreso de los Estados Unidos, nos informa exactamente sobre las medidas, sobre los presupuestos destinados, así como sobre las contramedidas inapropiadas -inappropriate countermeasures-, haciendo de esta manera crítica por parte del propio Gobierno de Estados Unidos; informa del funding amounts, del reemplazamiento de las contramedidas, de la priorización de estas. Por tanto, yo le respeto la cláusula de reserva y le agradezco la información adicional que nos ha entregado respecto de la que se produjo en el debate en la Comisión Constitucional hace tres semanas, pero le planteo un modelo alternativo en el cual no solo los legisladores acceden a tal conocimiento, sino que está colgado en la red para que pueda acceder al mismo cualquier persona.

Señorías, creo que esta estrategia se tiene que integrar inmediatamente. Usted ha hablado de una estrategia que hace catorce años que se está desarrollando por parte de ministerio y respecto de la que nunca nadie, afortunadamente, ha levantado la bandera de la alarma sobre la lucha bioterrorista. Los que han levantado la bandera de la alarma son esas personas sobre las que informaba el secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Martínez, en la Comisión Constitucional, cuando se detectó un chat en el que se hablaba del bioterrorismo como posible amenaza contra los países que compartimos los valores occidentales. Por tanto, es bueno que la población tenga conocimiento de todos los instrumentos de los que el Gobierno dispone, de que trabaja con esta aproximación holística -como usted ha dicho apropiadamente- para combatir el bioterrorismo, porque eso no se conoce. Y es verdad que para prevenir un conflicto se puede practicar el silencio, pero cuando los que amenazan, los actores no estatales sí lo quieren utilizar y lo empiezan a utilizar en la Red, es muy importante que la sociedad tenga la tranquilidad de saber que también el Gobierno, en coordinación con las policías autonómicas -usted ha hecho referencia- con los hospitales y departamentos de sanidad, está trabajando en este aspecto. Usted ha hecho una referencia especial a la viruela, cosa que le agradezco. Nos ha hablado de antibióticos efectivos y de estudios de productos que se puedan integrar. Yo le he planteado algo muy sencillo por una información que nos llega desde el Ministerio de Sanidad: las vacunas adquiridas en el año 2003 están caducadas. Usted en estos momentos está sentado al lado del ministro de Hacienda, que al final algo tendrá que ver en la reposición de estas vacunas caducadas. Me gustaría que usted nos pudiera informar más detalladamente sobre este aspecto. En Estados Unidos, el Gobierno de Estados Unidos ya ha adquirido 28 millones de unidades de vacunas contra la viruela, de vacunas de tercera generación para luchar contra la viruela porque, además de los antibióticos y de los nuevos productos, la forma más efectiva de lucha contra la viruela es la adquisición de vacunas de tercera generación. El tiempo verbal es muy importante, usted ha utilizado la expresión "eso nos permitirá", me gustaría conocer sobre el particular cuál es la posición del Gobierno y las medidas que coordinadamente Defensa, Interior y Presidencia del Gobierno, conjuntamente con Sanidad, están adoptando.

Gracias, señor ministro, por su respuesta. Su respuesta nos tranquiliza, su respuesta, como un copy-paste, se tendría que integrar esta tarde en el Informe de seguridad nacional porque el debate sobre la materia en la Comisión Constitucional nos dejó muy preocupados. Creo que tenemos que reflexionar sobre medidas de transparencia y de mayor información a esta Cámara en la línea de lo que les he mostrado respecto a Estados Unidos y también en las políticas prácticas se tendrán que tomar las medidas presupuestarias y de estrategia oportunas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Xuclà.

Señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Gracias, señoría. Yo creo que hay tres partes en su exposición; me alegro de haber atendido a una de ellas, a su preocupación. Efectivamente el Gobierno está haciendo las cosas conjuntamente desde el


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punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la integración de sus capacidades y desde el punto de vista de las medidas concretas que se están tomando. Yo creo que la política, digamos, de transparencia de los Estados Unidos llega a donde llega. Yo he hecho la prueba de entrar en algunos ámbitos específicos para ver qué tipo de antígeno se está utilizando en Estados Unidos para combatir el bioterrorismo, y evidentemente no aparece. Y no aparece por una razón muy evidente: porque si alguien explica con qué se va a combatir lo que en estos momentos existe, quien tiene la capacidad, como bien ha señalado su señoría, de modificar genéticamente o químicamente esos agentes, pues tiene una enorme pista para poder desarrollar otros.

Pero dicho esto, que es el tema de la más elemental prudencia con lo que estamos hablando, yo me quedo con el planteamiento que hace su señoría respecto a conocer cuáles son los últimos desarrollos que puede haber en la lucha efectiva contra un ataque bioterroristas, y en especial hemos hablado del tema de la viruela, que no es el único desde luego, y las capacidades que tenemos. Yo he hablado de la reserva que tiene el Ministerio de Defensa contra la viruela. Y así como yo le he tranquilizado a usted, usted me deja un poco preocupado en cuanto a los elementos de caducidad, que no es desde luego lo que me llega a mí de la farmacia militar sobre las vacunas que pudieran existir. Pero sí voy a investigar todas aquellas que pudieran estar vinculadas con otros departamentos, puesto que esa circunstancia pudiese estar afectando al objetivo principal de lo que estamos haciendo aquí, que es precisamente prevenir y en su caso luchar contra un ataque bioterrorista en el cual ese tipo de acción, de vacunas particularmente, tiene que ser el elemento más importante, además de aquellos otros que yo he citado aquí que son también muy importantes, la formación, la acción conjunta, el análisis de la población cuando se cree que se puede tener un ataque de este tipo, algo que, como usted habrá comprobado en los Estados Unidos y en otros países, se considera un elemento esencial para prevenir la diseminación de la enfermedad en caso de que eso se pueda producir. Con esta tarea que me queda de investigar el asunto que a usted le preocupa en cuanto a la caducidad de vacunas que pudiesen existir en otros ámbitos, le garantizo que el Gobierno está haciendo su política de lucha contra el bioterrorismo siguiendo las instrucciones establecidas en los organismos internacionales de defensa a los que pertenecemos y en aquellos otros a los que también estamos unidos por la vía del desarrollo sanitario de nuestros países. Además, tenemos -porque eso le compete a la defensa de manera muy especial- el permanente seguimiento de la actividad antiterrorista y la comunicación entre ellos sobre cualquier tipo de ataque -que es lo que se deriva de la intervención del secretario de Estado de Seguridad- o pensamiento sobre este asunto. Pero quiero advertir una cosa. Toda la doctrina antibioterrorista establece lo siguiente: no debemos creer que el ataque bioterrorista es un elemento fácil para el terrorista, es un desarrollo que requiere una extraordinaria capacidad tecnológica, que requiere una serie de medidas de seguridad importantísimas para quien está desarrollando el ataque, que puede ser extraordinariamente contraproducente y puede tener un efecto boomerang importantísimo y por eso se ha descartado en muchísimas ocasiones. No es un elemento sencillo de utilizar. No obstante es un elemento en relación con el cual, precisamente porque afecta a la seguridad, tenemos que planificar y desarrollar contramedidas como si fuese realmente sencillo de utilizar.

Antes de terminar esta comparecencia quiero rendir homenaje a los tripulantes del Airbus A400M que perdieron su vida el pasado sábado. Ayer pude estar con sus familias y quiero mandarles desde aquí, desde la sede de la soberanía popular, una vez más el abrazo -estoy seguro de que compartido por todos ustedes- en la cercanía y el cariño.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

También la Mesa -creo que en nombre de todos los diputados- comparte su solidaridad con las víctimas del accidente de Sevilla ocurrido el sábado. Gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL CONTENIDA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2015-2018 Y SUS EFECTOS SOBRE LA DESIGUALDAD. (Número de expediente 172/000312).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): La siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, es sobre la orientación de la política fiscal contenida en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 y sus efectos sobre la desigualdad. Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura.


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El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, la cohesión social a nuestro juicio es un bien a respetar, un bien a preservar no solo por razones éticas y morales sino también por razones económicas, pero la política económica de su Gobierno ha contribuido a incrementar las desigualdades en España. Es más, hay algo que nos preocupa de fondo y de manera más importante: que su política económica de medio plazo apuesta por el crecimiento pero a costa de la igualdad. Eso es lo que más nos preocupa, si cabe, que su proyecto económico de medio plazo para España se fundamenta en el crecimiento a costa de la igualdad. Ello forma parte, es verdad, de su proyecto ideológico y de su forma de ver y entender la sociedad pero, a nuestro juicio, además de injusto es irresponsable puesto que sin cohesión social el sufrimiento de los ciudadanos es mayor y menos duradero y menos sólido el crecimiento económico.

La cuestión de fondo de la actualización del programa de estabilidad es fundamentalmente la combinación de la evolución de la recaudación, del nivel de gasto público y de la política social. A mi juicio, esa es la cuestión de fondo de los documentos enviados a Bruselas. En definitiva, lo que se desprende de ellos, señor ministro, es la apuesta de un Gobierno por un modelo de sociedad, una apuesta por jibarizar el Estado y una política fiscal regresiva con una consecuencia muy evidente, que es el incremento de la desigualdad. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Esto que acabo de decir lo voy a sostener en cuatro ideas. La primera, para que sus señorías lo entiendan bien, es que el objetivo del Gobierno a medio plazo son unos ingresos públicos del 38 % en relación con el PIB. Dado que hay que cumplir, señor ministro, los objetivos de déficit público, eso implica que el gasto público, que se sitúa en este momento en el 44 % en relación con el PIB, se tiene que situar en el 38 % en relación con el PIB. Consecuentemente, en materia de ingresos, nos situamos a la cola de los veintiocho países de la Unión Europea -solo Bulgaria, Letonia, Lituania, Irlanda o Rumania presentan ingresos públicos menores que España- y, desde el punto de vista del gasto público, muy lejos de la media de la zona euro, en la que, como sabe usted, el gasto público se sitúa entre el 48 % y el 49 % del PIB, y, evidentemente, muy alejados del 55 % de Francia o Dinamarca. Es un Estado del bienestar mínimo, porque la aspiración de su Gobierno, señor Montoro, es una recaudación mínima. La aspiración de los socialistas y la aspiración, a nuestro juicio, mayoritaria de la sociedad son unos mayores niveles de ingresos y esos mayores niveles de ingresos no implican en modo alguno incrementar los impuestos. Estoy hablando de otro tipo de modelo de crecimiento, un crecimiento que implicaría una mayor recaudación, porque si el empleo es de mayor calidad la recaudación podría ser mayor, y una apuesta, lógicamente, por incrementar las bases imponibles y luchar de manera eficaz contra el fraude fiscal.

La segunda idea que les quería transmitir, señorías, es que la evolución de los ingresos y los gastos públicos entre 2011 y 2018 pone de manifiesto una política fiscal regresiva. Para el conjunto del periodo, la política fiscal -y cuando hablo de política fiscal siempre hablo de ingresos y gastos- incrementa la brecha social, así como la transferencia de renta de las rentas más bajas a las rentas más altas. Me explico. Desde 2011 los ingresos públicos en relación con el PIB han crecido cuatro puntos. Desde 2011 hasta 2018, según el Gobierno, los ingresos públicos crecerán en cuatro puntos. Aproximadamente un punto se ha destinado a la reforma fiscal, que, como hemos demostrado en muchas ocasiones, es un regalo fundamentalmente para las rentas más altas y las grandes corporaciones. Les recuerdo, señorías, que el 10 % más rico de este país se lleva más del 50 % de lo que cuesta su reforma fiscal. Sin embargo, a pesar de haber crecido la recaudación en cuatro puntos en todo el periodo 2011-2018, el programa de estabilidad dice que el gasto público social disminuye en tres puntos en relación con el PIB, pasando del 28 % al 25 %. Cuando hablo de gasto social, estoy hablando de vivienda, de educación, de sanidad y de protección social. Es decir, en todo el periodo la recaudación ha crecido cuatro puntos y el gasto social ha disminuido tres puntos en relación con el PIB. Si esos tres puntos los ajustamos al ciclo, señor ministro, en realidad el gasto social se reduce en dos puntos del PIB. Señorías, si se suben los impuestos, fundamentalmente los indirectos, habrá como mínimo que compensar a las rentas medias y a los trabajadores con mayor gasto social, máxime si estas personas, estas rentas y estos trabajadores han sufrido reformas como la del mercado de trabajo, la reforma laboral. Es decir, que crece la recaudación y sin embargo no se compensa a los ciudadanos que más están sufriendo la crisis y las reformas del Gobierno.

Además, señor ministro, a partir de la pérdida de peso del gasto social en el PIB, se avecinan más recortes sociales en términos nominales, si tenemos en cuenta dos aspectos importantes que se deducen del programa de estabilidad que han enviado a Bruselas. El primero es la reducción en 100.000 empleados públicos para el conjunto de las administraciones en el periodo que ustedes han considerado. El 60 % del


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recorte en los empleados públicos corresponde a las comunidades autónomas; es decir, 60.000 empleados públicos menos en las comunidades autónomas, que básicamente son profesores, maestros, profesores de universidad, médicos y ATS. Segundo dato: el consumo público, que, como sabe su señoría, en un 90 % está compuesto por la remuneración de los empleados públicos y los consumos intermedios, en términos absolutos permanece constante y en términos relativos pierde dos puntos en relación con el PIB. Esos dos datos, que se deducen del programa de estabilidad, nos llevan a afirmar que no solamente el gasto social pierde peso en el PIB, sino que además habrá recortes reales en la política social de este Gobierno.

La tercera idea que les quería transmitir esta mañana es sobre la caída de los ingresos, que para este Gobierno es una excelente excusa, una gran oportunidad para hacer un Estado social más reducido, más jibarizado. Esa es su opción ideológica. Dicho de otra manera, por mucho que se incremente la recaudación, ustedes no quieren que los ingresos públicos sobrepasen el 38 % con relación al PIB, porque cuando eso suceda van a bajar los impuestos al 10 % más rico del país, porque gobiernan para ese 10 % fundamentalmente. En su programa de estabilidad no van a querer, a pesar de que se incremente la recaudación, pasar del 38 %. Por eso le digo que la caída de los ingresos públicos es una excusa excelente para hacer un Estado público pequeño, lo más pequeño posible, uno de los Estados sociales y del bienestar más pequeños de la Unión Europea.

La cuarta idea que quería transmitirles esta mañana a sus señorías y al señor ministro es también muy clara. Los mayores ingresos públicos no necesariamente suponen una rémora para el crecimiento económico. Todo lo contrario. Los países más desarrollados, los países con mayor productividad, los países más competitivos, los países que funcionan mejor en el escenario internacional, son los países que tienen mayores niveles de ingresos públicos y mayores niveles de gasto social y gasto público. Solamente hay que mirar a los países del norte de Europa.

En definitiva, señor Montoro, lo que ustedes están planteando, lo más importante del programa de estabilidad, la cuestión de fondo, más allá de la discusión sobre las cifras de crecimiento, que muchos analistas no se creen, es que describen un modelo de sociedad, un modelo de política social, un Estado del bienestar mínimo, jibarizado, porque aprovechan la caída de los ingresos públicos en este país para decir que ese es su modelo y que cuando pasemos del 38 %, que es estar a la cola de la Unión Europea y del mundo desarrollado -al nivel del Congo, por ejemplo- en el gasto público, van a bajar los impuestos a las rentas más altas. Esto es lo que van a hacer. Esto es lo que dice su programa de estabilidad y esto es lo importante. Hay dos modelos, el suyo, el ideológicamente de derechas, y un modelo alternativo progresista. La sociedad española no puede, ni quiere tener un Estado social mínimo, porque la cohesión social -como decía al principio- es un bien muy importante, un bien muy importante desde el punto de vista de minimizar el sufrimiento de la gente, pero también desde el punto de vista de la competitividad. Nos estamos jugando muchísimo. Habría menos sufrimiento y más crecimiento económico. Lo que está en juego en ese programa de estabilidad que usted ha enviado a Bruselas es el modelo social de nuestro país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Saura.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta.

Señor Saura, voy a resumirles qué pretende el Gobierno con su política y con su programa de estabilidad: crear empleo. Este es el gran término que hace a una sociedad cohesionada socialmente, que hace que tengamos una sociedad de igualdad de oportunidades: empleo; empleo para los jóvenes, empleo para la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en definitiva, empleo, oportunidades de ocupación. Ese es el programa de estabilidad que ha remitido el Gobierno de España a la Comisión Europea y a los demás socios europeos, porque es el que permite, el único que permite que España tienda a ser lo que hoy no es, un país más basado en términos de equidad de lo que lo fue en el pasado. Usted sube a la tribuna y hace un planteamiento ideológico -está completamente en su derecho- que no se sostiene en una sola cifra que haya leído ni haya entendido del programa de estabilidad. Tampoco se sostiene en razones ideológicas, porque cuando hablamos de tributación, usted hace unas afirmaciones por razones ideológicas que son completamente desatinadas.

Vamos a ver la historia de nuestro país en términos de desigualdad. Indicador 80/20, es decir, el indicador que marca la diferencia entre lo que tributan las personas con mayor capacidad económica y las


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de menor capacidad económica en nuestro país. ¿Qué ocurre con ese indicador? Del año 2005 hasta 2007, España estaba algo por encima de la media europea, hasta el año 2008, gobernando ya un Gobierno socialista. ¿Qué ocurrió con ese indicador? Que se fue arriba y se distanció de la media europea. ¿Cuándo? ¿Qué hizo el anterior Gobierno socialista para que eso ocurriera? Perder empleo. No digo la reforma tributaria, no, sino perder empleo. Si se está destruyendo empleo en España, el indicador de desigualdad tributaria más expresivo se va arriba. Siguiente indicador: índice de Gini, ¿qué ocurría con el índice de Gini en el año 2008 en España? Que estábamos muy próximos a la media de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que empeoró dramáticamente, que se fue arriba. ¿Qué ocurre en España a partir del año 2008, además de que gobierna el Gobierno socialista, con lo bien que lo hace, en el sentido de la protección social que da? Que el índice de Gini se va arriba. ¿Por qué? Porque se destruyen 3,5 millones de puestos de trabajo en sus legislaturas. Así, les voy leyendo. Siguiente indicador: pobreza, indicador Arope. ¿Qué ocurre con la pobreza en España? Que a partir del año 2009 se va arriba respecto a la media europea. ¿Por qué? Por la destrucción de puestos de trabajo. Y sigo leyéndole. Tasa de riesgo de pobreza: también se va arriba. También lo hace, por supuesto, la tasa de riesgo de pobreza infantil, que se va arriba en España cuando entramos en la fase de destrucción de puestos de trabajo. Esto es absolutamente fundamental; son las estadísticas de la Unión Europea. Eso sí, hay que leérselas, hay que manejarlas de vez en cuando y salir de tanta ideología y de tanto prejuicio; hay que subir a la tribuna, en vez de afirmando prejuicios, con los gráficos y las estadísticas.

El programa del Gobierno, ¿cuál es? Que en la próxima legislatura tengamos veinte millones de ocupados. Ese es el programa del Gobierno, que tengamos el mismo nivel de ocupación que llegamos a tener antes de la crisis de 2007, la crisis que no existió en España, señorías, porque recordarán todos que esa crisis no existía y por eso nos metimos en ella sin elementos de prevención. A partir de ahí, ¿cómo conseguimos esto, señor Saura? Como hemos hecho durante los primeros años de esta legislatura. ¿Qué hemos hecho? Reducir el déficit público y preservar el Estado del bienestar. ¿O no ha sido así? ¿Hemos mantenido el Estado del bienestar en el 27,5 % del producto interior bruto o no ha sido tampoco así? Claro que ha sido así; ha sido así porque es lo que dice el peso de nuestro gasto en pensiones, que ha subido. También ha subido el gasto en desempleo, desgraciadamente, porque millones de personas han tenido que utilizar esas prestaciones por desempleo; ahora está bajando porque cada vez tenemos más empleo, que es de lo que se trata. Ese programa de estabilidad proyecta para el año 2015 más de 500.000 empleos y, con ese ritmo de creación de empleo, en la próxima legislatura estaremos en los 20 millones de ocupados. ¿Qué hemos hecho en esta legislatura, con cifras, señor Saura? ¿Estas son las cifras o no son las cifras de esta legislatura? ¿No hemos movilizado unos programas de liquidez para las comunidades autónomas y los ayuntamientos por valor de 183.000 millones de euros, de los que el 70 % ha ido a financiar cobertura social en nuestro país, es decir, sanidad, educación, servicios sociales? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos movilizado esos 183.000 millones de euros con los hospitales públicos, con los colegios públicos y con las prestaciones sociales, incluida la dependencia? ¿Qué hubiera pasado? Hago una pregunta retórica, porque la respuesta es bien fácil. Si estos años no hubiéramos sido capaces de pagar las deudas es evidente que se hubieran retirado los laboratorios farmacéuticos de España y que se hubieran tenido que cerrar hospitales. Pero no se han cerrado hospitales en nuestro país; antes al contrario, están abiertos y siguen abriéndose hospitales a medida, obviamente, que existe una demanda de la población. Pero esto son cifras, yo le traigo las cifras. Comprendo que las cifras, comparadas con la retórica que gasta el Partido Socialista... Él sube para hablar de ideología y el Gobierno habla de las cifras que ha movilizado en esta legislatura.

¿Hemos reducido el déficit público en esta legislatura? Sí. ¿Y eso ha tenido que ver con que tengamos hoy un crecimiento económico creador de empleo? Todo tiene que ver todo; eso y las reformas estructurales que hemos introducido. Es la primera vez en la historia económica de España, la primera vez, que se crea empleo con umbrales de crecimiento económico algo superiores al 1 %. Es la primera vez que nos ocurre. Algo habremos hecho en términos de cambiar y de modernizar las relaciones laborales en nuestro país. Es la primera vez que se está creando en España empleo con superávit por cuenta, ¿o conoce usted, que es profesor titular de Economía, alguna etapa de nuestra historia en la que hayamos sido capaces de crear empleo con superávit en nuestra cuenta corriente frente al resto del mundo? ¿La conoce usted? No. Es que es la primera vez que está ocurriendo, y eso tiene que ver con las reformas que estamos aplicando.

El proyecto del Gobierno es proseguir con la reducción del déficit público. ¿Cómo? Moderando el crecimiento del gasto público, haciendo que el gasto nominal crezca menos que el producto interior bruto en términos nominales. Eso es posible hacerlo y significa que también en el programa de estabilidad se


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incorpora, se relata el mantenimiento del gasto público per capita en nuestro país, algo que su señoría no ha leído. El gasto público per capita, que es realmente el referente en términos de mantenimiento de los servicios públicos, en ese programa de estabilidad estaría, cerrando el año 2018, en 9.289 euros. En el año 2007, esa misma cifra, ese mismo ratio, era de 9.339. Por tanto, lo que programa es un recorte que nos lleva al mismo gasto per capita que en 2007. También son cifras, señor Saura. Hay que manejar las cifras y leérselas. (Muestra un documento). Usted sube a la tribuna a hacer una serie de afirmaciones sobre prejuicios ideológicos que no se sostienen en ninguna cifra y con ese tipo de confrontaciones ocurre lo que ocurre. ¿Esto es así o no es así en el programa de estabilidad que ha remitido el Gobierno de España?

La otra cifra, la última de ellas, se refiere a la reforma tributaria. ¿Cómo vamos a hacer que la gente tenga más empleo? Creciendo. ¿Cómo vamos a hacer que los salarios recuperen poder adquisitivo? Bajando la tributación sobre los salarios; ya lo hemos empezado a hacer con la primera fase de la reforma tributaria que se está aplicando en este año. Dice usted que esta reforma tributaria es para el 10 % de la población, pero es al contrario, señor Saura. Para el 70 % de los contribuyentes españoles que están haciendo la declaración de la renta hoy, estos meses, estas semanas, la bajada de impuestos del 15 y del 16 significa una bajada del 25 % en su impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta reforma es para los que menos renta tienen y eso significa que está liberando capacidad económica para ella (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿O no es así, señor Saura? ¿No son estas las cifras de la recaudación tributaria? Pues eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que está facilitando la recuperación del consumo. Entre otros motivos, ¿por qué está creciendo el consumo en este año 2015? Porque hemos bajado el impuesto sobre la renta. Por cierto, hemos bajado el impuesto sobre la renta, algo que no decíamos en nuestro programa electoral, porque ya nos temíamos lo que nos íbamos a encontrar. En el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en el año 2011 no decíamos una palabra de bajar el impuesto sobre la renta, pero se lo hemos bajado un 25 % a los contribuyentes con rentas hasta 24.000 euros y a eso le llama usted hacer una reforma tributaria para la gente que más gana en España. No se sostiene una sola cifra de lo que usted ha venido aquí a debatir y a plantear frente al Gobierno, señor Saura, pero con mucho gusto estamos a su disposición para aclararle las políticas. La diferencia, insisto, entre un país del norte y del sur de Europa, aparte del tamaño de su Estado, está en el empleo, en si la gente tiene empleo o no tiene empleo. Esa es la gran diferencia. Si la gente no tiene empleo, no tiene ocupación; si los jóvenes no tienen empleo y no tienen ocupación, no vamos a ser nunca la Europa del norte, ni la del centro, ni la del medio-sur. En España necesitamos crear empleo y esas son las políticas presupuestarias que tenemos que enfatizar, guardando los otros elementos de cohesión social, tratando a nuestros mayores con un esquema de pensiones que ha permitido que en esta legislatura las pensiones en España avancen y ganen poder adquisitivo -más de 2.000 millones de euros de incremento-, manteniendo, por las razones que he dicho antes...

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, debe ir usted terminando.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Acabo ya, señor presidente.

Como decía, manteniendo los elementos fundamentales de nuestro Estado de bienestar -somos Europa- y haciendo que la recaudación tributaria responda efectivamente a parámetros de equidad, porque si no lo hacemos así no es que no seamos Europa, es que no generaremos confianza ni inversión y, sobre todo, no seremos capaces de crear empleo. Ya se está creando empleo, señor Saura, y ahora pregúntese la aportación de su señoría en esta legislatura a este proceso de creación de empleo que usted, como portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, ha negado sistemáticamente, oponiéndose a todas y cada una de las propuestas de reforma de política económica y de política presupuestaria que ha traído el Gobierno a esta Cámara. Afortunadamente hoy ya estamos en un proceso diferente. Espero que podamos coincidir en algunos de los elementos de la moción que presente el Grupo Socialista a raíz de esta interpelación y que podamos decir que hay elementos en los que las grandes formaciones políticas de nuestro país pueden coincidir, sobre todo en el gran objetivo de creación de empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Saura.


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El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Le haré una primera consideración, señor Montoro: Usted tiene un gran problema en política y es que no respeta a nadie, no respeta a sus contrincantes ni respeta a los diputados de la Cámara, no respeta a los medios de comunicación ni a los agentes sociales. Señor Montoro, tenga un poco de respeto. Me he leído exactamente igual que usted el programa de estabilidad, lo sabe perfectamente. Yo tengo un punto de vista y usted tiene otro, hasta ahí podemos llegar, pero a partir de ahí decir que no me lo he leído y que no he puesto números encima de la mesa refleja que tiene un problema. Insisto, no soy quién para darle consejos a usted, pero tiene un problema de educación y de respeto con el resto de grupos de la Cámara y con los diputados. No se lo quería decir, pero en este punto tengo que hacerlo: Tiene un problema de educación y de respeto, sí, de educación y de respeto.

En segundo lugar, el problema es qué tipo de empleo. Esa es la cuestión: qué tipo de empleo, porque, punto número uno, hay 700.000 empleos menos ahora mismo que cuando comenzó la legislatura, y punto número dos, el empleo que se ha creado no es empleo nuevo, es reparto del empleo existente. Ese es el asunto, esa es la cuestión: qué tipo de empleo, porque resulta que los trabajadores que están en la decila de menor renta, esos que cobraban 495 euros, han perdido un poder adquisitivo del 25 %, esto es, cobran 414 euros. ¿Pero se puede vivir con 414 euros, una pérdida del 25 %? No. Lo esencial es qué tipo de empleo, porque además si el empleo es de esa calidad la recaudación de la Agencia Tributaria es menor y el Estado del bienestar es peor. La clave es el tipo de empleo y en ese sentido lo que ustedes han planteado es un incremento de la desigualdad para crecer, no nos olvidemos. Hay un viento de cola de la economía internacional que está cambiando la economía europea e internacional; hay un cambio de la política económica europea gracias a la socialdemocracia, porque ustedes no estaban de acuerdo con ese cambio de la política monetaria. Además ustedes han apostado por la desigualdad y eso es lo que nos preocupa, porque no resiste el medio y largo plazo. Esa apuesta por la desigualdad no resiste un crecimiento sostenido en el tiempo, ese es el problema. Ahí están los datos de productividad. En ese programa de estabilidad la productividad total de los factores es cero o negativa. Esa es la clave, es la productividad, es el tipo de empleo, es el salario.

Me ha hablado de lo que han hecho. Por supuesto que hemos vivido la crisis más profunda que se recuerda en muchísimo tiempo, pero ustedes el Estado del bienestar lo han hecho mucho más pequeño y, además, han hecho una transferencia de renta de abajo a arriba. Le voy a dar dos datos. A las rentas medias y a los trabajadores les han subido los impuestos básicamente indirectos en 20.000 millones de euros, datos de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado. Y el gasto discrecional dirigido a esa gente, el que está en su mano, el que no tiene que ver con las pensiones, ha disminuido en 12.000 millones de euros. Lo dice la IGAE, no lo dice el Grupo Socialista. Mírese las cifras, señor Montoro, que yo me las miro. Por tanto, ante la mayor crisis de la historia, ante el mayor incremento de la desigualdad -que eso lo dice la OCDE, que España ha vivido el mayor incremento de la desigualdad de las economías desarrolladas-, la respuesta que han dado en este tiempo ha sido incrementar los impuestos a las rentas medias y bajas en 20.000 millones de euros y, además, recortar el gasto público discrecional en 12.000 millones de euros.

Ustedes siempre cuentan la milonga de la reducción del déficit público. Le voy a dar dos datos también. En primer lugar, la deuda pública se ha incrementado desde que usted es ministro de Hacienda en un 43 %. En segundo lugar, el déficit público que le corresponde a la Administración central, a la suya, a la que usted dirige, es 8.000 millones de euros mayor en 2014 que en 2011. Señor Montoro, ¿cómo puede ser? La Administración central, la que usted dirige, tiene un déficit de 8.000 millones de euros más en 2014 que en 2011. ¡Qué casualidad!, han recortado, sí, las comunidades autónomas, las que tienen entre sus competencias el Estado del bienestar. Señor Montoro, no saque pecho. Usted gasta más, tiene un déficit de 8.000 millones de euros superior al del año 2011. Por cierto, respecto a lo que ha dicho del sector exterior, la deuda neta exterior de España está instalada en el 93 % desde hace muchísimo tiempo, es decir, lo que debemos de manera neta al resto del mundo está en el 93,5 % exactamente y la deuda pública cerca del cien por cien. ¿Pero qué medallas se puede poner este Gobierno en materia de lucha contra el déficit exterior y contra el déficit público?

Ante el panorama que estamos viviendo -porque el Fondo Monetario Internacional nos dice que en el año 2020 la tasa de paro va a ser todavía del 20 % en España-, ante el problema del desempleo, ante el problema del tipo de empleo que tenemos en nuestro país, ante el incremento de la desigualdad -la mayor de los países desarrollados-, ¿cómo responde el Gobierno? Se lo voy a resumir fácilmente. La recaudación va a crecer en cuatro puntos en relación con el PIB -ya se lo he explicado anteriormente-,


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uno se lo llevan las rentas más altas y las grandes sociedades con su reforma fiscal y resulta que, a pesar de incrementar la recaudación, el gasto social en sanidad, educación, vivienda y protección social se reduce tres puntos. No me diga que eso va a incrementar la cohesión social. Hay más recaudación y el gasto social disminuye en tres puntos; si lo ajustamos con relación al ciclo, dos puntos. ¿Esa es la política de cohesión social? No, esa es una política fiscal regresiva del Gobierno. Lo más importante -se lo decía al principio-, ustedes quieren tener un Estado del bienestar y un gasto público del 38 % en relación con el PIB. Ese es su objetivo social. Le recuerdo, señor Montoro, que eso implica estar a la cola de los países de la Unión Europea, incluso a la cola de los países menos desarrollados de la Unión Europea, incluso a la cola de los países menos competitivos de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Señor Saura, debe usted ir terminando.

El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señor presidente.

Eso es ponernos a la cola del bienestar del mundo. España va a tener tanto gasto público y social como la República del Congo. ¿Esa es la aspiración que usted tiene para la sociedad española, tener el nivel de la República del Congo?

Gracias, señor presidente. Y, señor ministro, le doy un consejo: tenga educación con el resto de grupos políticos y con los parlamentarios de esta Cámara elegida democráticamente. Gracias nuevamente, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La referencia a la educación me ha enternecido porque, si su señoría se ha sentido muy molesto cuando yo le he reprochado el desconocimiento de una cifra, ¿cómo me tendría que sentir yo después de las sesiones parlamentarias que estoy viviendo con las auténticas atrocidades que sobre mí dice su señoría cada día? Y no son cifras. Como le digo, me ha enternecido. ¡La piel que tienen el señor diputado y el Grupo Socialista para dar reglas de respeto en esta Cámara! En fin, señor Saura, si quiere le paso todas sus intervenciones y todas las descalificaciones que me ha hecho personalmente, que, por cierto, ninguna está basada en cifras. Por eso decía que a mí me gusta mucho que me venga a hablar de cifras, porque hay una del programa de estabilidad que usted desconoce completamente: cuánto empleo prevé que se va a crear con el programa de estabilidad, y es empleo a tiempo completo, no se distribuye el empleo en términos de contabilidad nacional. ¿Quiere ese? Del orden de 500.000 al año. Empleo de la EPA. ¿Quiere ese o prefiere el empleo de los afiliados a la Seguridad Social? No, no quiere oír hablar de lo que está ocurriendo en España. Señor Saura, ¿es que usted y el Grupo Socialista no respetan a un país que está creando 500.000 empleos al año? ¿A usted esto le parece realmente algo que hay que descartar? Dice: Falta de respeto. Usted lo que no respeta es la iniciativa de los españoles, no la han entendido nunca. Ustedes se subieron a la ola de una recuperación económica que les dejamos en el 2004, gastaron lo que no tendrían que haber gastado en aquel momento, hicieron unas reformas tributarias como las de 2006 y 2007, la recaudación tributaria se desplomó 70.000 millones de euros y nos dejaron los cajones no vacíos sino llenos de facturas. Toda esa deuda pública que hemos tenido que utilizar, ¿dónde ha ido? Ya lo he explicado: a pagar la deuda comercial. ¿Quién tenía la deuda comercial? Cuando yo era ministro de Hacienda no había ese problema de la utilización de la 409 y la 413. He tenido que volver a ser ministro de Hacienda de España para pagar la acumulación de facturas de la deuda comercial que Gobiernos socialistas no se habían encargado ni de vigilar siquiera. (Aplausos). Y, a partir de ahí, lo importante es que hemos podido pagarlas. ¿O no se han pagado las facturas? Señor Saura, ¿no se han pagado las facturas en Cataluña, en Andalucía, en Asturias, en la Comunidad Valenciana? Dice: Ha incrementado la deuda pública. ¿Para qué se incrementa la deuda pública? Para pagar las facturas que nos dejaron. ¿O no están en la gestión de toda esa Administración territorial del Estado del bienestar? Pregúnteselo a ellos, pregunte a los gobernantes del Partido Socialista que han gobernado con Izquierda Unida. ¿No han pagado las facturas porque ha estado el Gobierno de España promoviendo esos mecanismos de liquidez? Hemos sido capaces de movilizar 183.000 millones de euros desde el año 2012 hasta comienzos del 2015, el 70 % dedicado al Estado del bienestar, señorías. Y eso no se pone en valor,


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no, eso ha sido porque hay un Gobierno al que le gusta incrementar la deuda pública. ¡Es fantástico! Realmente notable y notorio, señor Saura, el manejo que hace.

Respecto de la reforma tributaria del Gobierno, no es que no maneje cifras, lo que usted hace es perjudicar esas cifras. Pero ¿cómo puede subir a la tribuna a decir que hemos bajado los impuestos a los más ricos del país si cuando llegamos al Gobierno las grandes empresas no estaban pagando impuesto sobre sociedades y con nosotros sí lo han pagado y siguen pagado impuesto sobre sociedades durante esta legislatura? ¿Cómo puede decir que realmente la reforma que ahora estamos aplicando no prima la bajada del IRPF sobre las rentas más bajas cuando objetivamente es así, cuantificándose y sin cuantificar? Lo que ocurre es que a usted y al señor Sánchez lo que les gusta es el planteamiento demagógico y decir: Ustedes trabajan para el 10 % de la población española, que son los ricos. Han metido aquí este tipo de direte político y a partir de ello repiten, repiten y repiten por si acaso alguien no analiza las cifras, pero esto es algo objetivo. ¿Usted puede negar con seriedad que la reducción que se ha hecho en el IRPF este año no beneficia más a las rentas más bajas? ¿Usted lo dice en serio? No lo dice en serio. El día que suba y lo diga en serio quizá le pueda mirar de otra manera porque no dejará de reconocer, señor Saura, que su postura durante toda esta legislatura ha sido la misma: descalificar al Gobierno y sus actuaciones. Sin embargo, algo habremos hecho bien cuando somos los líderes de Europa en crecimiento y en creación de empleo; algo habremos hecho bien cuando hemos superado las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que en julio de 2013 pronosticaba para España crecimiento cero en 2014. Fondo Monetario Internacional. Las hemos superado con creces y ahora el pronóstico es que en el año 2018 la tasa de paro en España estará en el 15 %. Si se continúa con estas políticas de reducción del déficit público y reformas estructurales, España al final de la próxima legislatura podría volver a tener la misma tasa de ocupación que teníamos antes de la crisis, antes de 2007, teniendo también unas tasas de paro muchísimo más homologables con nuestro entorno europeo.

Somos Europa para tener Estado del bienestar, para participar en un proceso de integración política que garantice el bienestar de nuestros ciudadanos, pero también somos Europa para ser una sociedad de igualdad de oportunidades, donde nuestros jóvenes, todos los estratos sociales y por supuesto la mujer encuentren las mismas oportunidades que el resto de los miembros de esa sociedad. Para eso es para lo que somos Europa y por eso hoy podemos decir que estamos orgullosos de liderar en esa Europa el crecimiento económico y la creación de empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA INTERPRETACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN QUE DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000212).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora la moción que no debatimos ayer. Tanto esta moción como los decretos-ley y demás leyes, más las enmiendas a la totalidad que veremos después, serán votadas el jueves.

La moción es del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa está haciendo el Gobierno. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, señorías, titular de ayer por la mañana: "Euskadi, líder en excelencia educativa". Me pregunto hoy qué pensará el ministro. Euskadi, líder en excelencia educativa. Sí, señorías, no lo digo yo, así lo señala el informe presentado el pasado lunes y que ha sido elaborado por la organización Profesionales por la ética y titulado "Las políticas educativas en España-Ranking de excelencia educativa 2015". Como ustedes conocerán, se trata de una asociación civil independiente e integrada por profesionales de todo el Estado y, por cierto, nada sospechosa de ser connivente con este grupo parlamentario. El estudio, realizado tomando como base los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en febrero de este año, analiza y pondera 58 indicadores, organizados en nueve áreas: escolarización, graduación, idoneidad, abandono educativo temprano, centros de iniciativa social, gasto educativo, ratios recursos informáticos y complementos y eficiencia en el gasto educativo. Y es


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concluyente: el sistema educativo vasco es el mejor. Nuestra calificación, medida en parámetros de excelencia, es de un 8,8 sobre 10.

Señor ministro -no se encuentra aquí, pero supongo que me escuchará o me leerá-, ¿quién se equivoca y quién va a encallar? ¿Quién va a ser? ¿Quién está cegado y envasado al vacío en una obcecación que resulta incomprensible para todas las administraciones educativas de las comunidades autónomas que no son de su color, que es incomprensible para la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara, del sector educativo y de la sociedad civil? Es más, me atrevería a decir que es incomprensible para muchos de sus compañeros y compañeras de bancada y de partido, algunos de ellos amigos míos. Pues, usted, señor ministro, su ministerio y su Gobierno. Y lo peor de todo es que ha intentado maquillar su soledad, su empecinamiento a lo largo de todo el proceso de gestión y tramitación de la Lomce bajo falsas ofertas de diálogo mientras usted, su ministerio, su Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular dándole apoyo, actuaban como los monos en Gibraltar: tapándose los oídos para no escuchar y tapándose los ojos para no mirar. Y no solo eso, usted además ha hecho gala -y ahora sí me refiero al señor ministro- de una desfachatez contraria a toda ética política ocultando su incapacidad para llevar a cabo el programa político de su partido, del Partido Popular, en materia de educación: su compromiso de generar una ley ex novo donde recoger su modelo, el del Partido Popular, porque no podemos olvidar que la Lomce no es más que una LOE, es la LOE, una ley socialista, sometida a cirugía en razón de no sabemos qué intereses que en ningún caso han sabido justificar. Y para ello ha cercenado el debate, ha hecho saltar por los aires todos los puentes, todos los consensos que durante años se han ido tejiendo sin llegar a conseguir ni mínimamente el objetivo imprescindible de aportar estabilidad al sistema educativo.

Y aún peor, mientras ofrecían dialécticamente diálogo han ido bombardeando por tierra, mar y aire los pilares del Estado social, también en materia de educación: recentralizando, uniformizando, destruyendo la equidad, generando desigualdades, minusvalorando el papel del profesorado en la educación, alejando el centro de decisión del aula, del centro educativo, reduciendo la ley, laminando competencias a las comunidades autónomas de manera fraudulenta -yo entiendo que un fraude de ley- con el único interés de acaparar todo el poder. En definitiva, construyendo un país de dos velocidades y pervirtiendo, pues, lo esencial de la democracia.

Ha ido lanzando ataques con toda la artillería del Estado contra las lenguas propias, sembrando la discordia entre la ciudadanía, inoculando odio hacia el euskera y el catalán con intereses que entiendo que han sido claramente sectarios y electoralistas. ¿Y si no cómo calificaría las arremetidas, por ejemplo, del alcalde Popular de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, hacia el euskera? ¿O las recientes declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, denunciando una supuesta falta de libertad que padecen los ciudadanos vascos -y cito literalmente-, asfixiados por imposiciones lingüísticas? Pues yo, personalmente, creo que son mentiras, así, simple y llanamente, no las voy a llamar de ninguna otra manera, sobran los eufemismos.

¿Y qué decir del reciente recurso interpuesto por el Ministerio de Educación contra el decreto de matriculaciones catalán, que pretende impactar de lleno contra el, incuestionado en Cataluña, modelo de inmersión lingüística? Se equivocan porque eso nos hace más fuertes, porque a pesar de sus ataques seguiremos expresándonos en nuestro idioma, a pesar de los obstáculos y la política de bajura seguiremos hablando en euskera y catalán. (Pronuncia palabras en catalán y seguidamente en euskera). No pudieron con nosotros en cuarenta años de dictadura, ¿y van a poder ahora? ¡No lo creerán! Y se equivocan, y perdónenme la expresión, porque es del género tonto destruir lo que funciona en lugar de mejorarlo; porque es del género tonto uniformar sobre la base de rebajar expectativas; porque es del género tonto tratar de llevar hacia delante un proyecto que está tocado de muerte.

Señorías del Grupo Popular -me dirijo una vez más al ministro Wert que no tiene la condición de diputado-, ustedes no han conseguido convencer y han llegado a la puesta en escena del borrador del proyecto del real decreto de evaluaciones de la misma forma que lo han hecho a lo largo de todo el proceso de tramitación de la Lomce: sin ningún consenso, en absoluta soledad y a golpe de decretazo, de revalidazo y de mayoría absoluta.

Concluyo como empecé: "Euskadi, líder en excelencia educativa". Su sistema de evaluaciones no nos sirve, no sirve a ningún modelo de aprendizaje que se base en competencias, como es el vasco. Por lo tanto, invoco una vez más al consenso, invoco a la reflexión. Reflexionen, nosotros lo hemos hecho. Es probable que estén ustedes ante la última oportunidad de intentar conseguir un mínimo consenso en torno a la educación. Por lo tanto, apelando a sus múltiples ofrecimientos de diálogo -el ministro el otro día a


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lo largo del debate de la interpelación en tres ocasiones ofreció la posibilidad de retomar la palabra, la escucha activa-, confío en que voten favorablemente esta moción y accedan a suspender transitoriamente la tramitación del real decreto iniciando un proceso de diálogo abierto con las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios que integran la Cámara, la sociedad civil -puesto que hemos transaccionado una enmienda con el Grupo de La Izquierda Plural-, basado en un nuevo modelo de gobernanza con el compromiso unánime de alcanzar el consenso que la educación requiere y que la sociedad nos solicita.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Se han presentado, en efecto, enmiendas. Primero, por el Grupo Mixto -intervendrán tres diputados- tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para defender mis dos enmiendas a la moción presentada por la diputada señora Sánchez Robles y que se refieren fundamentalmente al modo de pruebas finales de etapa. Quisiera hacerle alguna observación al respecto, no tanto por su intervención que ha sido -por utilizar un término- disfuncionalizada con respecto a la esencia de la moción sino sobre la esencia de su moción. Lo primero que tengo que decir como observación es que las pruebas -aquí conviene no engañar- son diferentes. Las pruebas -tal como están contempladas- son en 6.º de primaria orientativas, informativas sobre capacidades matemáticas, capacidades filológicas, capacidades del medio ambiente pero no tienen ningún efecto de titulación. En cambio, las pruebas de etapa finales y de bachillerato sí tienen efectos de titulación, van sobre materias troncales y además se desarrollan con un patrón homogéneo estandarizado para todo el sistema educativo. Evidentemente, valen para medir el propio sistema escolar. Es importante no mezclar unas pruebas con otras. Por cierto, señora Sánchez Robles, no son reválidas. Mire usted, el término reválida se refiere a una prueba terminal propia del Plan de estudios de 1953 y, por cierto, también era terminal el COU y nadie se atrevía a llamarlo reválida. Esto no son pruebas de reválida, lo creo sinceramente. Son pruebas externas de carácter terminal, pero no son reválidas ni se puede utilizar ese nombre despectivamente.

En todo caso, este es un tema técnico pero tiene un trasfondo político importante. El trasfondo es que se pueda considerar que en nuestro país existan diecisiete sistemas escolares. Usted misma lo reconoce cuando habla de sistemas escolares en España. Está usted confundida con todo esto. Si me lo permiten, el problema radica en que en un modelo territorial como el autonómico hay que cambiar el modelo de gobernanza educativa por parte del Ministerio de Educación y por parte de las comunidades autónomas. La colaboración y el consenso educativo de estos dos elementos institucionales son imprescindibles para el desarrollo de una norma de este calado. Por tanto, contar con los centros escolares resulta también imprescindible por el principio de autonomía escolar.

En mi opinión, en su moción usted considera que esta Cámara debe estar implicada, pero yo entiendo que esta Cámara no debe estar implicada -esta Cámara ya se implicó-, lo mismo que las comunidades autónomas no están implicadas en sus parlamentos regionales. Es un tema de aplicación, de gestión, de Gobierno y no del Poder Legislativo.

En todo caso, trato de hacer unas observaciones constructivas muy lejanas a las de algunas comunidades que se levantaron en la Conferencia Sectorial de Educación...

El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Sostres, tiene usted que terminar.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino ya.

Eso es absolutamente incorrecto. No es muy educativo levantarse de una reunión colaboradora o con ánimo colaborador. En absoluto estoy de acuerdo y estoy citando a la Consejería de Asturias que fue una de las que se levantó. Las pruebas externas, informativas o propias de titulación han sido, en mi opinión, la única cosa positiva de la Lomce, una ley socialista trufada con principios liberales, que aporta esta disposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Por el Grupo Mixto, la señora Pérez Fernández.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 23 de abril de este año el BNG presentaba una PNL instando al ministerio a paralizar el proyecto de real decreto por el que se regulan las pruebas de evaluación final de la educación primaria, ESO y bachillerato, es decir, las reválidas y también a abrir un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa y con las comunidades autónomas. Por tanto, aunque no en su totalidad, coincide en parte con esta moción del Grupo Vasco.

Señorías, el malestar y la rotunda oposición que causó la Lomce no se terminó el día que el PP la aprobó en esta Cámara. A partir de ese momento fueron evidentes los problemas y el conflicto constante que provoca su desarrollo. Las reválidas, lo advertimos en su momento y lo mantenemos, al contrario de lo que acaba de decir el señor Álvarez Sostres, para nosotros son uno de los elementos más perversos de la Lomce porque suponen una barrera para la continuación de los estudios, una medida que responde exclusivamente a una concepción totalmente clasista y elitista de la educación y que facilita la exclusión de los más desfavorecidos socialmente del derecho a la educación. Su objetivo, el objetivo de estas pruebas externas que podemos llamarlas también de esa manera, es medir resultados sin tener en cuenta el contexto y las circunstancias económicas, culturales y familiares ni las carencias y necesidades para conseguir esos resultados. Son unas dificultades que se ven ampliadas para aquel alumnado que necesita refuerzo y no puede afrontarlo pagando pasantías. Además, señorías, las reválidas significan el menosprecio de la profesionalidad del profesorado, ya que su trabajo se pone en cuestión en la medida en que el resultado de la evaluación continua pierde valor frente a los exámenes de reválida que condicionan todo el trabajo pedagógico y didáctico, ciñéndolo a la preparación del alumnado para superar la reválida. Señorías, cómo no, es el hilo conductor de la política de este Gobierno. El proyecto de real decreto invade flagrantemente las competencias de las comunidades autónomas. Se centraliza la elaboración y el contenido de las pruebas sin ni siquiera facilitar la posibilidad de evaluar los contenidos que le corresponde fijar.

Voy terminando, señor presidente. Al más puro estilo uniformizador del Gobierno, este proyecto de real decreto transforma, en el mejor de los casos, en algo meramente secundario o superfluo la cultura, la historia, la geografía o la economía de Galiza. Las pruebas se diseñan y se traducen en Madrid sin tener en cuenta ni a la comunidad autónoma ni al profesorado gallego. Al igual que la propia Lomce, este real decreto, tal y como se plantea, es totalmente inasumible para el BNG por el fondo y por las formas que no pueden ser más prepotentes por parte del ministerio que insiste y persiste en un modus operandi impositivo, carente de diálogo, un camino en solitario que lo distancia cada vez más de la comunidad educativa y que, desde luego, nosotros no vamos a avalar y por eso vamos a apoyar esta moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: El Gobierno del Partido Popular continúa en su empeño por imponer su modelo de Estado atacando con especial virulencia a las naciones colonizadas como Euskal Herria, a sus símbolos, a su cultura, a su idioma y especialmente a su educación. Su objetivo es claro, llevar a cabo la segunda colonización, tal y como confesó el propio ministro Wert, españolizando a los alumnos, efectivamente, desde la educación, utilizando la Lomce como arma letal, tal y como mil veces ya hemos denunciado, una ley adoctrinadora, segregadora, reaccionaria, centralizadora y que envía a la calle a miles de profesores. Se atreven aun cuando en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o Nafarroa el Partido Popular constituye un partido residual y cuya representación en estas próximas elecciones bajará a ras del suelo, como ustedes ya saben.

Vayamos a la moción. Quisiéramos efectuar dos valoraciones con respecto a la moción. Por un lado, nos preocupa que olvide exigir la derogación de la Lomce como una condición necesaria, tal y como nos comprometimos el resto de los partidos de la oposición. Por otro lado, entendemos que es un error plantear a estas alturas un diálogo para acordar las evaluaciones de fin de primaria, secundaria o bachillerato, a la vez que se aplica la Lomce apoyando la propia evaluación de tercero de primaria. Es decir, implícitamente se está apoyando la aplicación de la Lomce cuando se pretende llegar a un acuerdo en parte de ella. Es decir, es cuando menos ciertamente curioso que a estas alturas el PNV reclame al Gobierno español que abra un diálogo con las comunidades autónomas, en nuestro caso con el Gobierno vasco, al mismo tiempo que se niega a escuchar a la propia comunidad educativa de Euskal Herria, que esta semana ha reclamado que deje de aplicar la Lomce y no ejecute la evaluación de tercero de primaria, ante lo que


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cientos de familias están proponiendo un plante para que sus hijos no acudan, tanto en la comunidad autónoma como en Nafarroa.

En conclusión, Amaiur lo tiene muy claro. Por un lado, el Gobierno del Partido Popular debe derogar inmediatamente la Lomce y dejar de lado el desarrollo de sus decretos y los partidos que nos hemos comprometido en este Parlamento debemos ser consecuentes con nuestras decisiones y tenemos que actuar en contra de la ley y de sus decretos tanto aquí como en el resto de las instituciones. (Pronuncia palabras en euskera). La educación de nuestras hijas e hijos la decidimos en Euskal Herria y al Gobierno español le corresponde solamente respetarlo. Sus intromisiones deben acabar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural se ha presentado una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, decía en el pasado Pleno la señora Sánchez Robles que el señor Wert no se podía privar de cerrar el telón sin incendiar el depósito de pólvora y mandar a pique el navío del consenso. En mi grupo creemos que está usted certera en cuanto a que desde el ministerio no se podían privar de echar más leña al fuego para reducir a cenizas el sistema de educación pública de nuestro país, pero discrepamos sobre que hayan mandado a pique el navío del consenso, porque francamente creemos que por mucha palabrería que se lance el navío del consenso jamás existió. Jamás a lo largo de esta legislatura que ya acaba ha habido el más mínimo indicio de consenso, de llegar a acuerdos por parte del señor ministro, más allá de sus declaraciones en esta tribuna. La contrarreforma educativa fue impuesta. Como usted bien señalaba, les hubiera debido preocupar que la misma contara con once enmiendas a la totalidad, pero no les preocupó lo más mínimo, como tampoco les preocupó que toda la comunidad educativa se posicionara en su contra. A esta imposición, legal por su mayoría pero totalitaria en las formas, se han sucedido otra serie de imposiciones en sucesivos decretos, avaladas una vez más por esa mayoría y rechazadas también una vez más en los ámbitos educativos. Por tanto, señorías, tal y como ya dijimos al inicio de esta legislatura al señor Wert, cuando uno no cree en la democracia en el ámbito educativo es difícil, por no decir imposible, que la misma se ponga en práctica a la hora de legislar. La maquinaria destructora del sistema se pone en marcha con la implantación de las reválidas. Nuestros niños y niñas se están viendo sometidos a unos controles y a una posterior segregación en función de los mismos y los centros escolares a un ranquin que les va a obligar a abandonar un modelo de educación donde todas las capacidades pudieran ser desarrolladas para centrarse en un sistema meramente competitivo; es decir, los malotes, así llamados, quedarán relegados a formar parte de la mano de obra barata, ya que se han encargado de devaluar la FP y de recortar más los presupuestos destinados a compensar las dificultades. Por eso, reiteramos una vez más desde este atril nuestro compromiso de derogar la Lomce en la próxima legislatura si, como esperamos, el panorama político así lo propicia.

En cuanto a la moción que usted nos trae hoy aquí, estamos de acuerdo en que se suspenda la tramitación del proyecto de real decreto y que se inicie un proceso de diálogo, si bien creemos que en este proceso de diálogo debería incluirse a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, como así decimos en nuestra enmienda y como así hemos transaccionado finalmente. En esta línea habíamos presentado esta enmienda. Respecto al punto segundo de nuestra enmienda, que finalmente se retira en la transacción, nos hubiera gustado remitirnos al acuerdo suscrito para derogar la Lomce. Por lo tanto, pensábamos que no era el momento de generar un grupo de trabajo que podía, por azares de la mecánica parlamentaria, retrasarse y acabar sus días sin llegar a ninguna cuestión. No obstante, en aras del consenso de la transacción, hemos suprimido nuestro punto segundo de la enmienda y hemos llegado a un acuerdo en el primero, integrar a la sociedad civil en el proceso negociador. No obstante, concluyo diciéndole que no creemos que haya proceso negociador, no creemos que el Partido Popular mantenga esa voluntad, que, más allá de la práctica declamatoria, no llega a plasmarse en una realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervendré brevemente, señor presidente, para decir que vamos a apoyar esta moción. Nos parece que el contenido es correcto. Durante la tramitación de la Lomce ya advertimos al Gobierno de que, aparte de otras diferencias de fondo que teníamos sobre la orientación de la ley, tenía un problema muy serio de desarrollo que iba a crear el caos en el sistema educativo. Pues bien, por desgracia teníamos razón y esta ley, por su manera de aprobarse, de aplicarse y de desarrollarse está sembrando el caos en el sistema educativo. Nos enfrentamos a la posibilidad de que unas comunidades autónomas decidan hacer pruebas de evaluación y otras no; de que unos centros los hagan y otros se nieguen. Esto es consecuencia de un modelo educativo de cuyo fondo el Partido Popular nunca quiere entrar a discutir y también de una renuncia por parte del Estado a ejercer sus competencias en las materias mínimas que le quedan. La manera de resolver esos problemas de fondo no es sembrar el caos en el sistema educativo. Por eso creemos que la propuesta del PNV que ha presentado la señora Robles es adecuada. Efectivamente, habrá que sentar en una mesa a la gente que tiene competencias y que tiene capacidad de decidir. Dicho esto, también es verdad que cada vez que se habla de educación en esta Cámara se dicen las cosas más extraordinarias, y poquísimas tienen que ver con la educación. No es cierto que las reválidas sean per se perversas, hay sistemas educativos de países que tienen resultados mejores que el nuestro, además de países con mucho más control democrático de las instituciones, que incluyen este tipo de sistemas de evaluación. De lo que se trata es de ponerse de acuerdo en cómo deben hacerse, que sean coherentes con el modelo educativo y que sean útiles y sirvan para algo. Sobre todo, insisto, que no siembren el caos en un sistema que ya es bastante caótico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo va a apoyar la moción del Partido Nacionalista Vasco: suspender la tramitación del real decreto que desarrolla las evaluaciones finales académicas. Proponer diálogos para construir consensos alrededor de cualquier aspecto del modelo educativo, para mejorarlo, contará siempre con nuestro apoyo incondicional. En Cataluña sí aplicamos a la situación real de la educación los conceptos de diálogo, consenso y mayorías amplias, y gracias a ello disponemos de la Llei d'Educació de Catalunya. Pero el señor Wert durante su intervención ya volvió a poner los límites a su ya famoso modelo de diálogo.

Saben sus señorías que una de las mayores discrepancias que ha provocado la Lomce ha sido la nueva distribución competencial y la nueva estructura de asignaturas, ahora clasificadas en troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Con su especial tono y vocabulario, el señor Wert descalificó la anterior distribución competencial, que mantenía en la misma categoría a todas las asignaturas y compartía la determinación de los componentes de la programación académica de cada una de las asignaturas entre el Estado y las comunidades autónomas. Una fórmula que permitía armonizar, ya que el 65 % del currículum dependía del Estado -armonizaba- y el 35 % restante permitía a las diferentes comunidades autónomas incidir en aquellos aspectos diferenciales que tiene cada territorio y que enriquecen el modelo educativo. Pues, bien, el señor Wert, ni corto ni perezoso, califica a este modelo de caprichoso, que partía de una forma que a su juicio estaba equivocada. Mientras dice que está dispuesto a dialogar ya pone límites: el modelo anterior era caprichoso. Señorías, ¿más de treinta años hemos estado educando caprichosamente? ¿No habría alguna forma mejor de proponer diálogo?

Además, en su intervención, por fin, reconoció la estrategia legal que le ha permitido intentar la homogeneización y la recentralización de la educación. A partir, precisamente, de una competencia exclusiva -la expedición y otorgamiento de títulos que corresponde, sin ninguna duda, al Estado- empieza a maquinar. ¿Cómo podemos homogeneizar la educación en el Estado? ¿Cómo desde la calle Alcalá, 34 podemos llegar a imponer lo que queremos que estudien los alumnos en todo el Estado? ¿Y cómo lo disfrazamos? Solución: Hablemos de competencias, hablemos de evaluaciones externas, digamos que esta es la nueva moda en Europa y que nosotros traemos lo más novedoso que existe. Las pruebas PISA son la coartada perfecta.

Señorías, este mensaje del Partido Popular empezaba a construirse el año 2012. ¿Saben ustedes que desde el año 2000 se vienen realizando pruebas de competencias PISA en España? ¡Qué novedad trae el Partido Popular! ¿Saben que comunidades como Cataluña cuando se evalúan las competencias, de su propio presupuesto aumentan la muestra para conocer más al detalle el estado real de la educación? Si las comunidades autónomas no temen al PISA y lo valoran como un instrumento válido de evaluación


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externa y que les sirve para evaluar y reorientar el modelo educativo. Si las pruebas PISA son muestrales y sirven y avalan todos los argumentos de los cambios del señor Wert, ¿por qué quieren imponer evaluaciones externas censales con valor académico para mejorar el nivel de la educación? Si no tienen ni presupuesto para hacerlas ni estructura humana para, en un corto espacio de tiempo, dar los resultados académicos y poder aplicar las mejoras con las necesarias garantías técnicas.

Señorías, señor Sostres, definitivamente estas pruebas sí son realmente reválidas. La evaluación continua, la más moderna que existe, no podrá impedir los planes del Partido Popular, pues las pruebas finales determinarán el futuro de los alumnos, ya que ese futuro reside en las titulaciones. No, señorías, el objetivo no es mejorar la educación, el objetivo es homogeneizar desde las estructuras del Estado la educación en todos los territorios y pasar a dominar, a imponer un modelo educativo para afianzar un modelo de Estado que nada se parece al que hemos tenido hasta ahora. Pretendían conseguirlo sin hacer mucho ruido, pero su incapacidad y su torpeza, junto con su afán de imposición por soberbia, han provocado tanto y tanto ruido que la reforma que trajo la Lomce no se va a aplicar nunca.

Señorías, no puedo dejar de mencionar que esta mañana el señor Wert, en comentarios con periodistas, ha considerado que el castellano está discriminado en Cataluña como lo estaba el catalán con el franquismo. Supongo que es otro ejemplo de la obsesión que tiene y que le hemos recordado esta mañana en contra del catalán y contra el modelo de inmersión lingüística, ¿o no? Tal vez ha sido una mala interpretación. Señorías del Partido Popular, digan a su ministro que rectifique rápidamente esas opiniones o que si no, comparezca en Comisión y diga qué argumentos ha utilizado para declarar esas falsas afirmaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

Señorías, el artículo 62.3 de la Logse señalaba que la evaluación general del sistema educativo se realizará por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, y en cumplimiento de este mandato legal, en junio de 1993, se aprobaba el real decreto que regulaba su organización y funcionamiento. Si inicio así mi intervención, con esta cita, es para poner de manifiesto, para poner de relieve que fue un Gobierno socialista quien puso en marcha la evaluación educativa en nuestro país y quien creó el órgano encargado de llevarla a cabo, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que existe en nuestros días y que tiene, por cierto, un merecido prestigio internacional. Los socialistas creíamos en la evaluación y seguimos creyendo en ella, pero una cosa es evaluar y otra cosa muy distinta es implantar un sistema de reválidas trasnochado, segregador e inútil para la detección de problemas o la mejora del aprendizaje, pero, ojo, muy eficaz para excluir al alumnado más vulnerable o para favorecer mediante ranquines a los centros de zonas urbanas con alto poder adquisitivo.

Señorías, es falso que las reválidas sean la nota común en la Unión Europea, como repite el señor Wert. Son habituales las evaluaciones pero no las reválidas que plantea la Lomce. Les resumo: al final de la primaria solamente Bélgica, la Bélgica francófona, tiene reválida, pero la Lomce deja abierta esa posibilidad cuando permite que las comunidades autónomas puedan prever la repetición de los alumnos que la suspendan, y esto, señorías, es una aberración educativa con niños de once y doce años. Al final de la secundaria obligatoria, en nueve países de la Unión Europea se obtiene el título mediante exámenes realizados por los propios profesores del centro; en otros doce hay una combinación de exámenes internos y externos; otros diez se basan solo en las notas y el trabajo realizado a lo largo del curso; solo Irlanda, solo Irlanda, otorga el título de secundaria con una prueba final externa. Es decir, la reválida para obtener el título de secundaria obligatoria es una anomalía en el entorno europeo. Al final del bachillerato es cierto que son habituales los exámenes finales, porque en muchos países no existe, no tienen una selectividad. Pero, fíjense, a pesar de ello, seis países dan el título por evaluación continua; en tres se dan dos títulos, uno por prueba final y otro por la opinión conjunta que se tenga del curso; en otros tres el título depende del trabajo del curso y de una prueba final interna; en otros diez se expide el título mediante una combinación de prueba externa y examen final; solamente en Irlanda y en Francia dan el título tras una reválida como la planteada en la Lomce. Señorías, esta es la realidad en la Unión Europea, aunque el ministro Wert se empeñe en disfrazarla o en tergiversarla.

Paulo Santiago es un analista senior en la Dirección de Educación y Capacidades de la OCDE, es decir, un compañero de la señora Gomendio dentro de unos días. Pues bien, Paulo Santiago ha presentado


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recientemente el informe de revisión de la política de evaluación educativa de la OCDE y afirmaba que no hay una tendencia internacional a implantar reválidas con consecuencias para los alumnos, sino pruebas estandarizadas que monitorizan el sistema y corrigen errores. Y añadía que los ranquines son peligrosos porque pueden provocar que se imparta solo aquello de lo que se evalúa. Fíjense que además este experto no conocía que las reválidas en España se van a hacer tipo test. Pero de poco han valido, como a lo largo de toda la legislatura, las voces de los expertos, de la comunidad educativa, del profesorado, de las AMPA, de los alumnos, de las administraciones educativas de las comunidades autónomas, como se ha dicho aquí, pidiendo más sensatez y diálogo. Por esa razón, señorías, cinco comunidades autónomas, que representan el 52 % del sistema educativo estatal, se marcharon de la última conferencia sectorial, hartas de ser tratadas, señor Wert -me alegro de que esté usted aquí-, como los antiguos gobernadores civiles, que venían a Madrid a recibir consignas y luego las reproducían en sus provincias. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy el Grupo Vasco, por cierto con un sentido institucional del que carece el Gobierno, nos propone una moción para hacer un último intento de alcanzar un amplio acuerdo antes de aprobar el real decreto que regula las reválidas. Le han tomado la palabra al ministro que, como tantas veces, ofrece un diálogo en esta Cámara mientras lleva a cabo una política de tierra quemada en el Boletín Oficial del Estado. Por el Grupo Socialista no va a quedar. Por eso, mi grupo va a apoyar esta moción, aun sabiendo que la mano tendida del señor Wert es solo un episodio más de postureo ministerial. La apoyaremos sabiendo que el Gobierno dará la callada por respuesta porque una cosa es predicar y otra dar trigo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar atentamente a la proponente de la moción y a los sucesivos intervinientes, no tengo por menos que lamentar nuevamente los intereses particulares, partidistas y en este momento qué duda cabe que electoralistas que subyacen en esta iniciativa y en el discurso de sus señorías; intereses, por otra parte, muy alejados del interés general. Permítanme que les diga que esto no es una moción ni para reflexionar ni para colaborar ni para aportar, ni siquiera para intentar mejorar una de las medidas más relevantes y de mayor impacto en la reforma educativa como son las evaluaciones. Se trata nuevamente, señorías, de utilizar el trámite parlamentario para lograr lo que ni la ley ni la aritmética parlamentaria les ha permitido: paralizar la Lomce. Estamos ante una nueva puesta en escena que da continuidad a ese compromiso que algunas de sus señorías asumieron hace meses con el fin de paralizar la Ley orgánica de mejora de la calidad de la educación a la menor oportunidad -lo dijeron aquí y lo firmaron fuera de aquí-, despreciando el trámite parlamentario y envolviéndose en una supuesta falta de diálogo que simplemente escondía antes y sigue haciéndolo ahora la verdadera naturaleza de sus intereses: o lo mío o nada. Lo hicieron antes y lo hacen hoy, respondiendo además a diferentes intereses: unos, porque tienen un temor digno de análisis a que se demuestre la existencia de un modelo educativo de éxito muy diferente al que ellos vienen defendiendo desde hace años; otros, porque en esto de la educación, al igual que en otras cuestiones, les chirrían los principios constitucionales; y otros, porque pretenden ignorar el orden competencial establecido por la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía, intentando configurar un modelo educativo aislado, donde poco importa que se nos evalúe, siempre que esto lo haga un organismo internacional como la OCDE y no una ley resultante de la soberanía que emana de esta Cámara de la que, por cierto, ustedes, señorías, forman parte.

Por lo tanto, quitémonos la careta, hablemos de educación y expliquemos con meridiana claridad, primero a las familias, qué hay de malo en que tengan una información fiable y certera en relación con cuál es la situación de sus hijos, del resto de los alumnos y también del resto de centros, y si estos centros además responden a las expectativas que ellas han depositado al elegir ese centro educativo y no otro. Digamos también a los propios centros educativos que la información que les pueden proporcionar las evaluaciones les va a permitir verificar el resultado de la autonomía que les concede esta ley. Expliquemos a los profesores, los más apreciados guías de los alumnos, que con las evaluaciones van a disponer de un eficaz instrumento para corregir las posibles deficiencias de los alumnos y también del sistema, y que gracias a ello se les podrá conducir hacia el éxito. Debemos explicárselo también a la propia Administración, a la que la información procedente de las evaluaciones le permitirá actuar en aquellos centros que no cumplan las exigencias mínimas requeridas, pero también podrá detectar aquellas zonas que, debido a su especial dificultad, necesitarán planes de actuación preferente. A la sociedad en su conjunto, señorías,


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digámosle que, por primera vez, se da la oportunidad para que familias, alumnos y profesores tengan igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad. ¿De verdad pueden sostener que esto es malo para el sistema y malo para los alumnos? La realidad es que la dejación de funciones de algunos Gobiernos, por un lado, y el fundamentalismo ideológico, por otro, han hecho que nuestro sistema educativo haya desdeñado durante años una de las medidas más valoradas y más eficaces en la búsqueda de una educación de calidad; medida adoptada por aquellos países que han logrado una mejora notable de los resultados: veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE disponen de una prueba externa y estandarizada; diecisiete países en Europa disponen de esta prueba. Pero es que tanto PISA como otros informes internacionales señalan que aquellos países que disponen de pruebas externas y estandarizadas mejoran su rendimiento 16 puntos, por ejemplo. Esto quiere decir que si España llega a tener esta prueba estaríamos en la media de los países de la OCDE, algo que algunas de sus señorías y sus Gobiernos han hurtado al sistema educativo español. Por ello, señorías, les pedimos un poco de rigor y seriedad ante una de las modificaciones más importantes para el sistema educativo.

Señora Sánchez Robles, no le voy a negar los buenos resultados de la educación en el País Vasco, pero me reconocerá que todavía tienen que mejorar. Otras comunidades más humildes les superan en PISA: Castilla y León les supera en matemáticas; Madrid y Galicia les superan en ciencias, también La Rioja, y en lectura les supera Madrid nuevamente y Castilla y León; son ustedes los séptimos. Por lo tanto, dejen de vivir en el aislamiento. Si se empeñan en levantarse de las mesas de negociación y en ignorar la aplicación de una ley de obligado cumplimiento, van a convertir la educación en su comunidad autónoma en un reducto de resistencia y de parálisis frente a la ola de modernidad, calidad y excelencia que va a imperar en el resto del sistema.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Señora Sánchez Robles, aunque usted ya lo ha dicho, a efectos oficiales le pregunto qué hace usted con las enmiendas.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, hemos gestionado una transaccional.

Le agradecería que me diera un minuto porque creo que es de los pocos que me llama bien en la Cámara y, como usted sabe, el nombre es lo más importante que tiene una persona. Me apellido Sánchez Robles, no Robles. Lo digo porque, empezando con el señor ministro y terminando con algunos de los diputados y diputadas de esta Cámara, me llaman por un nombre distinto al mío completo.

El señor PRESIDENTE: Ese minuto lo merecía usted totalmente. Quiero que lo recuerden todos, es Sánchez Robles. El presidente siempre le llama Sánchez Robles, que conste.

Muchas gracias.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 5/2015, DE 30 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL PROFESIONAL. (Número de expediente 130/000069).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la convalidación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Para presentar este real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer ante el Pleno de esta Cámara para solicitar de la misma la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En el mismo pórtico de la intervención me gustaría expresar que es deseo del Gobierno, y obviamente lo extiendo a los grupos de la Cámara, que este real decreto-ley sea objeto del más amplio consenso posible en esta Cámara y fuera de ella.

Enmarcaré en su contexto social y económico la cuestión muy brevemente. Comenzaré por señalar que tanto el fútbol aficionado como el fútbol profesional son en este país, como saben sus señorías,


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fenómenos de una extraordinaria relevancia social, económica y mediática. Por dar una pincelada de las dimensiones cuantitativas de esa importancia, baste decir que las licencias de futbolistas federados suman cerca de un millón; según los últimos datos son 856.000, a su vez agrupadas en 21.500 clubes federados, y suponen el 25 % de todas las licencias deportivas que hay en el país. Desde el punto de vista del fútbol profesional y su potencia como fenómeno deportivo, en estos días en que estamos viviendo las fases finales de las competiciones europeas de clubes, bastaría señalar que en el pasado ejercicio, en la competición correspondiente a 2013-2014, dos de los cuatro semifinalistas, los dos finalistas, obviamente también el campeón de la Champions League, eran clubes españoles. Esa situación, por lo que se refiere a esa principal competición deportiva de clubes, se repite también ahora en cuanto a semifinalistas, y esperemos que también en cuanto a finalistas después de esta tarde. Desde ese punto de vista, es la primera potencia deportiva de Europa. La segunda competición más relevante a nivel de clubes, la Europa League, también el año pasado tuvo un campeón español y, en la competición de la temporada 2014-2015 nos volvemos a encontrar con un club español camino de la final. Aparte de ello, naturalmente, están los éxitos de la Selección Española que están en la mente de todos. Por tanto, el fútbol profesional constituye un elemento de singular importancia, como decía, no solo deportiva, sino también social y económica.

La parte a la que se refiere este real decreto-ley, que es la de la comercialización de los derechos audiovisuales, es de una extraordinaria importancia económica, toda vez que esos derechos audiovisuales, incluso en una situación que como describiré no permite agotar todas las potencialidades económicas que podía tener, viene a suponer una proporción elevadísima de los ingresos de los clubes profesionales: entre el 17 %, que es la proporción más pequeña -en los clubes que tienen presupuestos mayores-, hasta ni más ni menos que el 90 % de los ingresos que obtienen esos clubes. En este contexto, la regulación, a través de este real decreto-ley de la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones nacionales, tiene como ámbito objetivo de aplicación las dos ligas profesionales, es decir, las ligas de Primera y Segunda División, y las competiciones de ámbito nacional organizadas por la Real Federación Española de Fútbol, es decir, la Copa de su majestad el rey y la Supercopa. Y en cuanto al tipo de derechos que se regulan, tiene como ámbito cualquier tipo de emisión, es decir, emisión en directo o en diferido, emisiones íntegras o en resumen, emisiones en abierto o mediante sistema codificado y emisiones gratuitas o emisiones de pago. No incluye ese objeto de tratamiento -que no se modifica en una normativa distinta- el tratamiento de las transmisiones radiofónicas que, como saben sus señorías, están sujetas a una compensación por los gastos que esas transmisiones suponen a los clubes y que, por tanto, están básicamente bajo el paraguas del derecho a la información.

En cuanto a la delimitación temporal, la comercialización se prevé en el real decreto-ley en bloques de tres años, es decir, los derechos de comercialización no pueden tener una duración superior a tres años y, los mercados sobre los que se proyectan son todos los mercados, tanto el mercado nacional como los mercados internacionales en el más amplio alcance de los mismos.

¿Por qué la regulación? Como saben sus señorías, hasta ahora el tratamiento de estos derechos audiovisuales se ha basado, desde el punto de vista conceptual, en el denominado derecho de arena con oposición, es decir, se entendía que el derecho correspondía al club en cuyo recinto tenía lugar el elemento de competición del que se tratara el partido con el derecho de oposición a ese derecho del club que se oponía al mismo, que es la forma más clásica, y casi habría que hablar en términos, por lo menos de las grandes competiciones de los países donde en estas competiciones tiene más importancia, del régimen más arcaico que se aplica. Verdaderamente, más que este sistema es esta falta de sistema lo que presenta un elevado número de ineficiencias y plantea un elevado número de problemas. En la mente de todas sus señorías están las que se han venido denominando como guerras del futbol, precisamente planteadas a propósito de litigiosidad de distinto tipo y discrepancias en la gestión de la comercialización de estos derechos audiovisuales.

¿Cuáles son las razones de esa ineficiencia o los problemas que planteaba el sistema? En primer lugar, una disgregación de la oferta. Frente a una demanda concentrada de los operadores que aspiraban a comercializar estos derechos, esta degradación de la oferta que suponía una cierta limitación en la captación de recursos en los mercados nacionales, traía consigo, sobre todo, una importantísima limitación de la rentabilidad en los mercados internacionales. Permítanme a este respecto que les aporte unas cifras muy expresivas de lo que implicaban estas limitaciones. He hecho una referencia hace unos minutos sobre la potencia de los clubes españoles en estas competiciones europeas, y esa potencia no es otra cosa sino el reflejo de la importancia de la propia competición nacional. En ese contexto, tengan sus señorías presente que con datos de la última temporada 2013-2014, los recursos allegados a través de la


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venta de los derechos audiovisuales sobre las competiciones nacionales fueron, en el caso de España, de 766 millones de euros frente a 1.875 millones de euros allegados por las competiciones británica, por la Premier League y la Segunda División e incluso 846 millones obtenidos por la Serie A italiana que tiene un atractivo, digamos mensurable a través de otras métricas, muy inferior al de la competición española.

Hay una segunda dimensión también de ineficiencia en este sistema desregulado que se refiere al desequilibrio de los ingresos entre los diferentes competidores, y que no solo tiene la implicación obvia que resulta de un desequilibrio excesivo desde el punto de pervivencia económica de los propios actores, sino que también tiene una implicación considerable, desde un punto de vista que pudiéramos considerar estrictamente deportivo, es decir, desde el equilibrio competitivo que hay que buscar. Antes me he referido a la parte de los ingresos que representan los derechos de televisión y he dicho que, en el caso de los clubes que tienen menos capacidad de generar ingresos por otras vías, llegan a representar el 90 % de esos ingresos. Pero siendo eso así, aún es más llamativo que hasta ahora, tal y como se distribuían esos ingresos, dos clubes que percibían una proporción mayor de los mismos tenían el 33 % de todos los ingresos que generaba el sistema y, cuatro clubes, el 45 % de ese total de ingresos. Esto, sin duda, tiene una repercusión no solo, como digo, en el equilibrio económico de los clubes -con las consecuencias que eso tiene tanto respecto a las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social-, sino también con la propia viabilidad de las sociedades anónimas deportivas o los clubes básicamente sociedades anónimas deportivas.

En tercer lugar, lo he señalado antes, esto ha provocado históricamente una elevadísima conflictividad sobre el contenido de los contratos de cesión de los derechos. Eran contratos individuales que establecían los clubes con distintos operadores o con distintos intermediarios de la operación, que daban lugar a una litigiosidad elevada, que en algunos casos ha dado lugar a que los espectadores no pudieran tener acceso a estas retransmisiones, a estos derechos audiovisuales, que hacían de España la única excepción en el contexto de aquellos países en los que las competiciones de fútbol profesional son más importantes, y me estoy refiriendo a Inglaterra, dentro del Reino Unido, a Alemania, a Francia y a Italia. Solo en España, hasta ahora, estos derechos audiovisuales no eran objeto de una comercialización centralizada. A su vez esa comercialización centralizada, en el caso de Francia e Italia, se ha abordado normativamente; y en el caso de Alemania e Inglaterra, por acuerdo entre las partes. ¿Cuáles son los objetivos de este real decreto-ley? Pues, sin que el orden de numeración suponga una prelación respecto a su importancia, los objetivos son, en primer lugar, el más obvio, el de ordenar la gestión, la explotación y el control para incrementar los rendimientos del sistema. En segundo lugar, garantizar la viabilidad de las entidades y el equilibrio competitivo. En tercer lugar -insistiré luego sobre ello-, promover decididamente el apoyo al deporte aficionado. En cuarto lugar, favorecer el desarrollo y consolidación de mercados audiovisuales que, pese a haber arrancado en España con un notable vigor, precisamente por la falta de una disciplina adecuada de la comercialización de estos derechos audiovisuales, han tenido en España un desarrollo limitado -me refiero naturalmente a la televisión de pago-. Y también, porque es función del Gobierno promover condiciones para que la satisfacción de las deudas y las obligaciones contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social se puedan satisfacer de la mejor manera posible, mejorar los mecanismos de control económico y financiero de los clubes y las sociedades anónimas deportivas, lo cual conlleva una mayor garantía de que se allegan los ingresos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por supuesto de la Tesorería de la Seguridad Social.

En definitiva, vamos a buscar una regularización y un equilibrio económico mayor en el fútbol profesional que, como algunas de las cifras a las que he hecho referencia hace unos minutos ante sus señorías, demuestran que es un sector de importancia económica muy considerable. Finalmente hay que alinear, desde el punto de vista de la normativa europea, el régimen de explotación de los resúmenes de las competiciones.

Voy a referirme brevemente a continuación, señorías, a la regulación que adopta el real decreto-ley. Desde el punto de vista de la titularidad, el asunto que ha sido objeto de algún tipo de confusión por parte de la opinión pública respecto a quien corresponde, quiero decir que se parte del concepto clásico de la titularidad de estos derechos. Un concepto que no se ha modificado en las sucesivas ocasiones en que ha sido objeto de una normativa específica ni en la Ley del Deporte de 1990 ni en 1997, siempre se ha mantenido la titularidad y, por otra parte, siempre se ha operado bajo el supuesto de la titularidad de los clubes participantes y, efectivamente, es lo mismo lo que se hace en este real decreto-ley, pero -este es el elemento novedoso- entendiendo que esa titularidad de los clubes para que se pueda


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producir esta comercialización, en el sentido en que la norma la establece, tiene que aparejar la cesión obligatoria a las entidades organizadoras de cada una de las competiciones de esas facultades de comercialización limitadas -eso sí- a los aspectos que son los propios de esta normativa, que son los que se refieren a lo que sucede en el perímetro del campo de juego. Por tanto, lo que está fuera de ese ámbito lógicamente permanece como un derecho de titularidad de cada uno de los clubes. Esto quiere decir que la condición de participación en las ligas de fútbol profesional implica que los clubes participantes aceptan la cesión de esa titularidad en lo que se refiere a la comercialización de sus derechos audiovisuales en beneficio de la entidad organizadora, en este caso la Liga Nacional de Fútbol Profesional. E igualmente quiere decir que los equipos participantes en las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol, es decir, la Copa de Su Majestad el Rey y la Súper Copa de España tienen también obligatoriamente -como condición para su participación en esta competición- que ceder a esa federación esos derechos.

La comercialización se realiza estableciendo una serie de condiciones generales orientadas a satisfacer requisitos de limpieza, de transparencia y de competencia en la forma de realizarla y se hace bajo dos modalidades distintas: comercialización exclusiva y comercialización no exclusiva. Se trata de acotar para un espacio temporal al que me referido antes, el espacio de tres años, y con una configuración a través de paquetes de un sistema en el que una licitación pública, transparente, competitiva y no discriminatoria permita esa comercialización en los términos más eficientes. Se añaden en el real decreto-ley algunas normas específicas para evitar un exceso de concentración, una concentración no competitiva y, por ello, se limita el número de paquetes al que puede acceder un licitante sea operador o no sea operador. Junto a este régimen de comercialización exclusiva se contempla también un régimen de comercialización no exclusiva en el que pueden participar más de uno o todos aquellos que quieran aspirar a estos derechos.

Muy importante, dentro de la norma, es el establecimiento de los criterios de reparto de las cantidades obtenidas. Sintetizando un tratamiento bastante complejo de la cuestión que se hace en el real decreto-ley, señalaría que por lo que se refiere al reparto entre la Primera y la Segunda División, la primera obtendrá el 90 % de esos ingresos y la segunda el 10 %- ¿Cómo se reparten esos ingresos repartidos entre la Primera y Segunda División? El 50 % de los ingresos que corresponden a cada una de las dos competiciones en el caso de la Primera División y el 70 % en el caso de la Segunda División -al menos el 70 % en el caso de la segunda- se repartirán a partes iguales entre todos los participantes. El resto, el 50 % en el caso de la Primera División y como máximo el 30 % en el caso de la segunda, se distribuirán de acuerdo a dos criterios. Uno, el de los resultados deportivos, que en el caso de la Primera División se referirá a las cinco temporadas anteriores y, en el caso de la Segunda División, dada la menor estabilidad en cuanto a la presencia de los clubes y sociedades anónimas deportivas que en la misma participan, contemplará únicamente la última temporada y se atenderá a la clasificación que hayan obtenido en la respectiva competición. El resto de la parte variable de la distribución de esos ingresos tendrá en cuenta el impacto social de cada uno de los participantes que a su vez considerará la recaudación en taquilla de los estadios de los clubes, la generación de recursos de todo tipo, merchandising, transmisiones, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de estos criterios de reparto? Que frente a una situación actual en que la desproporción entre los clubes que reciben unas cantidades mayores y los que reciben unas cantidades menores es la más alta de todas las ligas europeas, vamos hacia un sistema en el que inicialmente la ratio entre los clubes que más reciben y los que menos reciben sea de 4,5 a 1 -estamos hablando siempre de la Primera División-, pero en la medida en que los ingresos obtenidos por esta comercialización superen los 1.000 millones de euros y hasta que alcancen los 1.500 millones de euros, se irá reduciendo esa ratio progresivamente de forma tal que, una vez alcanzados esos ingresos de 1.500 millones de euros, la ratio entre el que más perciba y el que menos perciba sea de 3,5 veces a 1.

Entre tanto, para las próximas seis temporadas se arbitra una fórmula transitoria en función de la cual todos los clubes tendrán que percibir como mínimo las cantidades que han percibido en esta última temporada. Para la Copa y la Supercopa será la Real Federación Española de Fútbol quien lo haga, ya que es quien, por lo que se refiere a la final de la Copa, obtendrá todos los ingresos y los criterios de distribución, y se prevé una fórmula para que sea la organizadora de la competición, es decir, la Real Federación Española de Fútbol, será la que opte por ceder la gestión a la liga, en cuyo caso se le garantiza la mayor de dos cantidades o el 1 % del total de todos los derechos o una cantidad cerrada, si es menor que el 1 %, 10 millones de euros. Naturalmente, esto se refiere a las fases previas a la final de la Copa y la Supercopa y todos los ingresos corresponden a la federación.


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Sobre esta base de distribución de los ingresos, es importante cómo el real decreto-ley establece una serie de obligaciones de los beneficiarios para distribuir una parte significativa de estos ingresos en beneficio de ciertas funciones sociales. La más importante de ellas es el 3,5 % que tiene que ser obligatoriamente dedicado a un fondo de compensación, que se ha llamado Fondo de compensación del descenso, para que aquellos clubes que pierdan la categoría, es decir, los que pasen de Primera División a Segunda División y los que pasen de Segunda División a Segunda B, puedan afrontar el desequilibrio económico que esa pérdida de la categoría conlleva, y no se reproduzca el caso que tan frecuentemente hemos visto en que la pérdida de la categoría acaba, a medio e incluso a corto plazo, aparejando la desaparición del club de que se trate. Hay un 1 % que debe ser cedido a la Liga de Fútbol Profesional para la promoción internacional de nuestras competiciones. Esto es particularmente importante porque lo que fundamentalmente explica el rezago en la capacidad de generar ingresos de nuestro fútbol profesional, a través de la comercialización de los derechos audiovisuales respecto a otras competiciones, es que la venta internacional de esos derechos hasta ahora ha tenido una capacidad muy limitada. Se trata de conseguir que esa venta internacional que, como digo, hasta ahora ha sido muy limitada, no digo ya que alcance lo que alcanza la Premier League de Inglaterra, que es la primera, sino que se aproxime a lo que nos parece un objetivo racional de obtención de ingresos en esa venta internacional, que estaría en torno a los 400 o 500 millones de euros. Un 1 % tiene que ser cedido a la Federación Española de Fútbol para promoción del fútbol aficionado, y esto también con una garantía mínima de 10 millones para esta atención.

Finalmente, hay un 1,5 % administrado a través del Consejo Superior de Deportes para la solidaridad, desde el punto de vista del apoyo al deporte no profesional de alta competición, la inserción laboral de profesionales, el apoyo al fútbol femenino, el apoyo al fútbol de base, apoyo a las asociaciones profesionales de sindicatos de futbolistas, etcétera.

Por lo que se refiere a los impactos esperados de esta norma, como vengo señalando se trata de conseguir que la comercialización de los derechos audiovisuales de nuestras competiciones se aproxime al potencial económico que pueden tener. Hemos establecido unos objetivos razonables a corto plazo de 1.000 millones de euros, de los que, como decía hace un instante, hay que conseguir que 400 o 500 millones de euros se obtengan de la comercialización internacional de estas competiciones. Se trata también de mejorar la competencia y el desarrollo de los mercados de televisión. Un aspecto importante de la norma sobre el que quiero llamar la atención de sus señorías es que se contempla que en la comercialización que se realice, a través de televisión de pago, es obligado poner a disposición de todos los operadores en condiciones equitativas unos derechos básicos de imagen, de transmisión, de tal suerte que el desarrollo de la televisión de pago que tenga que ver con esta mejor y más segura disciplina de comercialización de los derechos beneficie a todos los operadores. Además es muy importante, y quiero destacarlo, la medida en que una norma de estas características tiene que mejorar el control económico y financiero de las competiciones.

En línea con las disposiciones de Financial Fair Play de carácter internacional, del año 2010, y del reglamento de control económico de clubes y sociedades anónimas deportivas, puesto en marcha tras un acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional en abril de 2012, se establecen unos cambios en la Ley del Deporte que refuerzan el control económico financiero de las sociedades anónimas deportivas. En definitiva, están encaminados a garantizar una seriedad en la utilización de los recursos económicos por parte de estas sociedades que las ponga al resguardo de situaciones como las actuales, en las que elevadas deudas con la Hacienda pública y con la Seguridad Social suponen riesgo de desaparición en todo caso en que hay un excesivo número de entidades que se encuentran en situación de concurso de acreedores.

Tiene también la norma un impacto de género positivo en la medida en que se dedican recursos a la promoción del fútbol femenino. Tiene un impacto presupuestario positivo, en la medida en que los recursos que va a gestionar el Consejo Superior de Deportes van a permitir incluir a deportistas de alto nivel en el régimen especial de trabajadores autónomos y que ese 0,5 % que se dedica a atenciones del fútbol no aficionado, al apoyo a sindicatos de futbolistas, etcétera, tiene también una implicación presupuestaria positiva, puesto que hasta ahora estos eran recursos que se obtenían de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, se trata de atender simultáneamente no solo a obtener unos rendimientos económicos mayores que mejoren la competencia y mejoren también las posibilidades de funcionamiento de estos clubes, sino también de atender a un número de atenciones sociales como las que he descrito en esta intervención.


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La razón de extraordinaria y urgente necesidad de esta norma tiene dos dimensiones fundamentales: la primera de ellas, como saben perfectamente sus señorías, es que todos los estamentos con intereses en la cuestión han solicitado reiteradamente al Gobierno que se promulgara esta norma y ello trae causa, y esa es la segunda razón, la que tiene que ver con la urgencia, con el hecho de que después del acuerdo que se firmó para tres temporadas en el verano de 2012, en esta temporada acaba ese contrato y la mayor parte de los clubes no desean seguir manteniendo contratos individuales del tipo de los que se han realizado, entienden que se produce una situación de inseguridad, esa situación de inseguridad es particularmente perjudicial para potenciar la venta internacional en el sentido al que me he referido. Por ello, todo el sector del fútbol, al margen evidentemente de que puedan existir algunos intereses que no se sientan totalmente satisfechos con el contenido de la normativa, empujan a utilizar esta vía excepcional del decreto-ley.

Para finalizar, señora presidenta, señoras y señores diputados, querría decir que el Gobierno tiene el decidido propósito, una vez que se haya producido la convalidación de esta norma, de facilitar un diálogo franco con aquellos actores que manifiestan algunas discrepancias mayores con el contenido de esta norma, aunque en muchos casos esas discrepancias en realidad no tienen tanto que ver con el contenido de la norma cuanto con otras cuestiones pendientes de resolución en otros marcos normativos e incluso fundamentalmente en el marco convencional, en la regulación que, por una parte, el convenio colectivo, y por otra parte, el convenio actualmente vigente entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol marcan, y que ese espíritu de diálogo y de superación de esas dificultades lo vamos a poner en práctica al margen de la convalidación de este real decreto-ley para el que pido el apoyo de los grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, la polvareda que ha levantado este real decreto da idea de las magnitudes económicas y de negocio de las que se puede estar hablando. El fútbol profesional, el de los grandes, hace tiempo que ha dejado de ser un deporte para convertirse, en el mejor de los casos, en un espectáculo deportivo, pero sobre todo en un gran negocio en donde hay grandes intereses en juego, nunca mejor dicho, y donde nadie quiere perder sus privilegios. Lo que sí parece claro en este totum de supuestos agravios es que el Consejo Superior de Deportes -y en definitiva usted, señor ministro- ha actuado como de costumbre. Para muestra, la queja común de todas las partes es que no se ha dialogado y todos se sienten ninguneados.

Los criterios de reparto de los ingresos obtenidos de la venta de los derechos audiovisuales de los clubes de Primera y Segunda División, desde nuestro punto de vista, van a provocar que los ricos, con la colaboración del Gobierno, sean todavía más ricos y más poderosos y que se incrementen las diferencias entre estos y el resto, lo que en la práctica aumentará las desigualdades entre categorías. El artículo 5 del real decreto establece esos criterios de reparto de los ingresos entre la Primera y Segunda División en una proporción de un 90/10. Solo a modo de ejemplo, señor ministro, le diré que en Francia se destina el 65 % a los clubes de primera y el 35 % a los de segunda, lo que, sin entrar en el detalle, parece un reparto más proporcionado y que, sobre todo, puede contribuir en mayor medida a solucionar la existencia de problemas de impago que puedan sufrir los profesionales.

Por otra parte, una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización, en el artículo 6 se establecen las contribuciones obligatorias que debe asumir cada entidad. Aquí, también a nuestro juicio, la implicación y el esfuerzo de los clubes siguen siendo insuficientes. Aunque supone un pequeño avance en relación con la situación actual, entendemos que objetivos como el desarrollo del fútbol aficionado o la contribución al resto del deporte a través de la aportación destinada al Consejo Superior de Deportes quedan muy lejos de cumplirse. En definitiva, no hay tampoco, a través de este real decreto, una verdadera apuesta por el fútbol y el deporte de base en general, que es precisamente el que más necesitado está de recursos, de actuación y voluntad política para su impulso y promoción.

Otro aspecto que entendemos más que cuestionable es el recogido en el artículo 7 del real decreto. En el apartado 1 de este artículo figura la constitución de un órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales. La verdad, señorías, es que no hace falta ser un gran entendido en la materia para ver que este órgano de control está en manos de los dos grandes clubes del fútbol español de


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primera y del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que será además quien dirimirá los posibles empates en las votaciones. Estos tres miembros son permanentes; el resto -dos más de primera y uno de segunda- completan el órgano y a priori no parecen tener más función que la meramente decorativa. Entenderán que si el control de la gestión de los derechos audiovisuales va a corresponder siempre a los dos clubes, que reciben mucho más ingresos que el resto por este concepto, y el voto de calidad al presidente de la liga, no parezca este un órgano ni muy equitativo ni muy transparente.

Quisiera hacer también una reflexión y fijar nuestra posición sobre la polémica surgida paralelamente a este real decreto y derivada del tratamiento fiscal de los derechos de imagen de los futbolistas. El BNG siempre ha defendido avanzar en la inspección fiscal de manera que se luche con efectividad contra la elusión, la evasión y el fraude fiscal, especialmente entre los altos patrimonios y las rentas de capital. Pero, señorías, lo que nosotros defendemos es un plan global y no solo meras actuaciones puntuales en campaña electoral con objetivos mediáticos, donde una vez apagados los focos todo continúa igual. A estas alturas, y en un momento en el que la mayoría social del Estado español lleva sufrido mucho, no es de recibo que los ingresos de los deportistas de élite acaben siempre en otros países o tributen aquí como sociedades en las que el socio es el propio futbolista, pagando menos impuestos y beneficiándose de fórmulas que, por desgracia, siguen recogidas en la legislación vigente. Tampoco es de recibo, señorías, que las deudas de los clubes -sobre todo de esos más grandes, ricos y poderosos- con la Hacienda pública y la Seguridad Social sigan siendo multimillonarias. Aquí, señor ministro, permítame que le diga que el Gobierno no ha tomado las medidas suficientes para poner fin a una situación -comparada con la de cualquier empresa, más todavía si se trata de una pequeña o mediana empresa- que es absolutamente escandalosa y discriminatoria.

Terminamos, señora presidenta, haciendo una alusión, más allá de este real decreto, a la política deportiva en general de este Gobierno. Sigue pendiente esa tan insistentemente prometida ley del deporte.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Sí, termino, señora presidenta

... y sigue también vigente una prohibición que nos resulta anacrónica y que no podemos entender, que es la prohibición de que las selecciones de los distintos territorios puedan participar en competiciones internacionales. Señor ministro, hay mucha labor por hacer.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señor Wert (Comienza su intervención en catalán), hay que ser muy mala persona, muy fanático. Es usted un ignorante, un ignorante. Es usted un ignorante. (Aplausos). No puede ofender a miles de personas que fueron apaleadas, apaleadas, por hablar catalán durante el franquismo. Usted no puede equiparar...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, señor Tardà, un momento. No se altere. ¡Señor Tardà! (El señor Tardà i Coma: Quien altera es este señor, altera la convivencia). Señor Tardà, estamos en el Parlamento nacional. (El señor Tardà i Coma: Efectivamente). Usted ha utilizado durante equis tiempo cuestiones que no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa. Vuelva usted al tema. Y como estoy convencida de que el señor ministro le ha entendido en catalán porque habla catalán, yo no pero él sí, no hay ningún problema. Pero vuelva usted al tema que, si no me equivoco, es algo relacionado con el deporte y no precisamente está hablando usted de deporte. (El señor Tardà i Coma pronuncia palabras en catalán). Señor Tardà, vuelva usted a la cuestión, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: Es impresentable usted.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, ya se ha acabado. Su indignación personal no la puede usted transformar en ofensas personales a ningún miembro de esta Cámara, ni a ningún miembro del Gobierno. Retire usted esas palabras. (El señor Tardà i Coma: No es una...). Señor Tardà, no sé si sabe que no están recogidas sus palabras porque le he quitado la voz. Se la he quitado porque estoy hablando. Por favor, hagamos las cosas bien. (El señor Tardà i Coma: ¿De qué se ríe, señor Wert?). Señor Tardà, ya está bien. (El señor Tardà i Coma: No podemos...). Señor Tardà. (El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben). Señor Sixto, por favor, ya está bien.


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(El señor Tardà i Coma: Es usted un...). Señor Tardà, abandone la tribuna, váyase a su escaño. No están recogidas las palabras que ha vertido usted porque le he quitado la voz. Lo siento, señor Tardà, utilice un lenguaje más presentable. (Protestas). Señor Tardà, le llamo al orden. Por segunda vez; a la tercera abandona usted el Pleno. (El señor Coscubiela Conesa: Cuando se provoca pasan estas cosas.-La señora Vázquez Blanco: ¡Cállate que tú no estabas!). Señor Coscubiela, cállese, esto no va con usted. (El señor Tardà i Coma: Afectó a miles de personas apaleadas durante cuarenta años). Señor Coscubiela, señor Tardà, guarden silencio. (El señor Coscubiela Conesa: Los hijos de los que nos metieron en la cárcel por hablar catalán encima dicen esto). Señor Coscubiela, ya está bien. Comprendo que le gusta mucho el protagonismo, pero no es su momento. (El señor Coscubiela Conesa: No me gusta que me insulten). Señor Coscubiela, se ha acabado la cuestión. Se acabó. (Aplausos).

Estamos en el Parlamento nacional, estamos en el Parlamento español. Haga usted el favor de no ofender a la gente. Ya está bien de las prioridades morales de determinadas personas de esta casa. ¡Ya está bien! La próxima vez abandona usted la sala. Se ha acabado el tema. (El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben). Haga lo que le parezca oportuno, váyase a almorzar si le parece bien, que es lo que está haciendo y me parece muy bien (El señor Coscubiela Conesa: Pues ahora me quedo), o quédese, haga lo que le dé la gana, está usted en su derecho.

Vamos al debate, a lo que se está debatiendo aquí, que es un real decreto-ley. Si quieren algo relacionado con el ministro de Educación, pidan su comparecencia y tendrán ustedes los debates que consideren oportuno, pero en estas condiciones, esto no es un debate y esto es el Parlamento de la palabra, no de la ofensa ni de los gritos.

Continuamos el debate, tiene la palabra la representante del Grupo Vasco, PNV, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor Tardà, señor Coscubiela, no se preocupen porque, cueste lo que cueste y pese a quien pese, nosotros seguiremos viviendo y sintiendo en euskera y catalán. (Aplausos).

Dicho lo anterior, presidenta, señorías, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Vasco ante la promulgación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Iré directa al grano. No discutimos que la apuesta por la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol profesional es lógica y coherente con la tendencia predominante en el fútbol europeo y en la mayoría de los grandes eventos deportivos. En este sentido, consideramos que las previsiones contenidas en el real decreto-ley que hoy se trae para su convalidación por esta Cámara suponen un claro avance en algunos aspectos como son el otorgamiento de garantías a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social para el cobro de las deudas, la inclusión de mecanismos de solidaridad con otros deportistas de alto rendimiento, el apoyo a los deportistas que compiten en eventos internacionales, las ayudas a las entidades que participan en categorías no profesionales del fútbol -usted ha citado algunas como el fútbol femenino y la Segunda División del campeonato de Liga o el apoyo a la práctica del fútbol aficionado-, pero debe quedar meridianamente claro que contiene otros elementos con los que no estamos en absoluto de acuerdo.

Le citaré algunos de ellos. Primero, la composición y funcionamiento -ya se ha hecho referencia a ello aquí- del órgano de control en la medida en que pretende perpetuar en él a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona y que, junto con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tendrían siempre el poder de decidir puesto que ostentan la mayoría y además el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ostenta el voto de calidad. Segundo, la posibilidad de resolución anticipada de los contratos audiovisuales vigentes, que está prevista en la disposición adicional primera. Tercero, la limitación de las facultades de la Real Federación Española de Fútbol para el fomento del fútbol aficionado, toda vez además que el porcentaje destinado a las categorías inferiores se destina directamente sin intervención de la Real Federación Española de Fútbol o el hecho de que no hayan tenido en cuenta los intereses de los futbolistas de la AFE, de entrenadores o árbitros, simple y llanamente porque no se les ha dado voz en el procedimiento de redacción. Además, señor ministro, han perdido una oportunidad de oro para regular cuestiones tan relevantes como la necesidad de garantizar el equilibrio financiero de los clubes y de preservar la equidad, la igualdad y el justo equilibrio en la competición.

Señor ministro, igual con lo que le voy a contar ahora me puede entender mejor. Con la actual regulación y salvando la preferencia en el cobro de las deudas por parte de las administraciones públicas,


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muchos de los clubes que han acreditado una gestión ruinosa podrán seguir endeudándose hasta las orejas y ejerciendo una deshonrosa competencia desleal para con aquellos otros clubes que han acreditado una gestión económico-financiera diligente, o lo que es lo mismo, señor ministro, siguen dando carta de naturaleza a situaciones de mobbing deportivo en la medida en que no las atajan. Igual estoy equivocada, convénzame. Le voy a formular una pregunta directa. El caso sobre el que le voy a interpelar es real. ¿A usted le parece legítimo que un club que acredita una deuda de 600 millones de euros pueda recurrir, por ejemplo, a un mayor endeudamiento aportando como garantía los ingresos venideros por la venta de los derechos audiovisuales y seguir engordando así el saldo de sus deudas para realizar fichajes multimillonarios en perjuicio de otros clubes que, como por ejemplo el Athletic, el Eibar y la Real, mantienen sus cuentas saneadas? Yo creo que no. Esto ocurre, además, frente a clubes que han realizado una gestión responsable y transparente, colocándoles en una situación de clara desventaja competitiva. A mí personalmente me parece indignante y, por lo que yo puedo saber de otras aficionadas y aficionados al fútbol como yo, a ellos también.

Sentada nuestra posición sobre el fondo de la norma, nos manifestamos frontalmente en contra de su tramitación como real decreto-ley por las razones que a continuación expondré. Es un hecho incontrovertido que el real decreto que hoy se trae a convalidación ha sido redactado sin el conocimiento de la inmensa mayoría de las partes afectadas. Su contenido concreto era desconocido para casi todos los clubes -y digo el concreto, el literal; otra cosa es que hayan oído o se les hayan contado cuestiones- y sociedades anónimas deportivas, para los miembros de la Liga de Fútbol Profesional, así como también para la Real Federación Española de Fútbol, para la Asociación de Futbolistas Españoles y para el resto de los agentes del fútbol profesional, que solo tuvieron conocimiento del decreto el día de su publicación en el BOE el pasado 1 de mayo de 2015.

Además, señor ministro, se lo digo de verdad, es exasperante la recurrencia recidivante y abusiva que el Gobierno popular hace del artículo 149.1 de la Constitución española, aduciendo siempre un título competencial, genérico, que dice: establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Sí, pero ¿para qué está siendo utilizado de forma abusiva? Para aniquilar las competencias exclusivas que en materia de deporte ostenta la Comunidad Autónoma vasca y otras comunidades autónomas del Estado, reconocidas en sus Estatutos de Autonomía y, por tanto, en el bloque de constitucionalidad. De facto se les priva sin pudor de la participación legítima y constitucional -como le decía- en la toma de las decisiones como las que este real decreto-ley regula. En fin, más de lo mismo. Dicho lo anterior, si tan relevantes son las razones que les han llevado a la promulgación de este real decreto y habida cuenta de que pretenden intervenir en el mercado de los derechos de televisión que se derivan del fútbol, ¿no considera sinceramente necesario que esta regulación se haga por ley toda vez que afectará -y le rogaría que me escuchara- a derechos tan relevantes como el derecho a la imagen -artículo 18 de la Constitución española-, de libertad de prensa y comunicaciones -artículo 20 de la Constitución española-, derecho de propiedad -artículo 33 de la Constitución española- o libertad de empresa -artículo 38 de la Constitución-, entre otros? Qué contradicción, señor ministro. Es, de alguna manera, una forma curiosa de estrujar y retorcer la Constitución para hacer y deshacer como a ustedes les viene en gana. La verdad es que supongo que en su dúplica argumentará que se lo han pedido los clubes -ya lo hemos podido leer en prensa-, la Liga de Fútbol y bibíbabá. Sinceramente, su ministerio no tiene en la natura escuchar más que cuando les interesa, es decir, nunca, porque si nos remitimos a la Lomce, becas, universidades, nunca a lo largo de esta legislatura, salvo en esta ocasión, ha sido escuchada la opinión del sector.

Por otro lado, la regulación mediante real decreto -y usted lo conoce bien, hay sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional- solo puede hacerse por motivos de urgencia, que no están justificados en el presente caso. No lo están porque la venta individualizada de los derechos viene haciéndose desde hace veinte años, señor ministro, y se viene haciendo, mal que bien, quince para ser más exacta. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pronuncia palabras que no se perciben). Inicialmente era una cosa más nimia, sí, con el consentimiento de todos los implicados y no ha habido un cambio en las circunstancias que sirva para justificar la urgencia repentina, este furor regulador y ordenador. Le recuerdo que el informe elaborado por la subcomisión sobre deporte profesional, que es el punto de arranque de este real decreto-ley, se publicó en mayo de 2010, es decir, hace ya cinco años. Además, no existe un consenso suficiente entre los agentes implicados en el mercado del fútbol profesional, Liga de Fútbol, Real Federación Española, AFE, clubes, etcétera, respecto al contenido de la nueva regulación, por lo que la promulgación vía real decreto-ley ha traído como consecuencia la actual situación


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de conflicto. Les daré un consejo, sinceramente creo que sería muy conveniente y práctico, además de respetuoso con los principios democráticos, abrir un debate previo -que nunca se ha producido- en el que puedan intervenir los agentes afectados por las medidas y la opinión pública, los representantes.

En definitiva, el Grupo Vasco no es partidario de esta legislación por decreto -ustedes ya lo conocen- y elaborada, además, sin contar con los destinatarios de la norma y a espaldas de la sociedad. Por tanto, en nuestra opinión el trámite formal correcto para la promulgación de la nueva normativa debe ser la propia de un proyecto de ley, que tras el oportuno debate parlamentario en el que pueda escucharse la opinión de todos los agentes implicados, derive finalmente en la promulgación de una ley que facilite el consenso, si no de todo el futbol profesional, que será complicado, sí al menos de una mayoría del mismo.

Señor ministro, no se puede entrar como un elefante en una cacharrería a intervenir en un mercado de la relevancia de este. Y eso es lo que ustedes han hecho. No sé si se da cuenta de que todos sus problemas vienen siempre de la mano de la falta de consenso. Es ahí donde empieza usted siempre a padecer. Tiene usted en este momento encima de sus hombros una huelga que le aventuro que no traerá más que perjuicios a su ministerio, a su Gobierno y a su partido, el Partido Popular. Sinceramente, en España se podrá vivir sin luz y sin agua, pero no sin fútbol. Es solo una advertencia. Por eso me parece muy poco inteligente el voto en contra, como han anunciado, de su grupo parlamentario, del Grupo Popular, a que este real decreto se tramite como proyecto de ley. Mientras, nosotros seguiremos abogando por el diálogo y reservándonos la capacidad de hacer propuestas constructivas en materia deportiva, por lo que ya les avanzo que, dada la negativa a su tramitación como proyecto de ley, nos abstendremos en la votación del real decreto-ley y por supuesto votaremos favorablemente a que se tramite comme il faut y como una cuestión de esta relevancia se merece.

Muchas gracias. Espero su respuesta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señora presidenta.

Actualmente existe una ley de 1990 que está claramente desfasada. El actual Gobierno del PP se había comprometido a redactar una nueva normativa en cuanto llegase al Gobierno. Han tenido cuatro años para debatir esta situación, para hablar y escuchar a todos los actores que forman parte del sector de este deporte. Sin embargo, traen ahora, cuando la legislatura está finalizando, un real decreto por la vía de urgencia. Es lo que tiene haberse acordado ahora de este compromiso que ahora es urgente, ahora. Es un real decreto que hurta el debate, que blinda la propuesta del PP y que además solo escucha a una parte del sector, para que ninguno de los grupos políticos en la Cámara podamos mejorarlo a través de enmiendas. Debería ser palmario que una modificación o actualización de una legislación tras veinticinco años tendría que suponer una mejora de la ley, del sector y de todos los actores implicados, pero no resulta así. Por ejemplo, una vez más se obvia al deporte femenino, que vuelve a quedar relegado a una suerte de segunda división B. ¿Es así cómo ve a las mujeres, especialmente a las deportistas, el Gobierno? ¿Qué pasa con la igualdad y con la paridad? ¿No la aplican en el deporte o solo se hace cuando generan cuotas de pantalla e ingresos suficientes? ¿Y qué pasa con las deudas históricas de los clubes de fútbol con Hacienda? Esta deuda reconocida debe subsanarse. Mientras la gente está pendiente de Hacienda, cada año los clubes de fútbol reciben un trato especial que ya quisiera la ciudadanía para sí misma. Por otro lado, resulta ciertamente llamativo como nos encontramos aquí derecho público legislando sobre derecho privado -sí, los clubes de fútbol profesional son entidades de derecho privado-, en teoría porque algunos de los actores implicados no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo. Si se prestase la misma atención al deporte en general que la que se presta al fútbol, otro gallo nos cantaría; pero no. Ni todo el deporte es fútbol ni todo el fútbol -por el reparto que aquí se fija- es Real Madrid y Barça. Pan y fútbol, señorías.

Señor ministro, todo lo dicho nos genera muchas dudas. Por ello, le pedimos al Gobierno que se lo replantee, que reconduzca el proceso y que tramiten como proyecto de ley el real decreto que hoy nos traen a esta Cámara, lo que daría la posibilidad de que se produjera el necesario debate y consultas entre todos los actores implicados en el deporte y los distintos grupos políticos con el fin de mejorarlo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lleonart.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


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El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señor Wert, ha empezado usted su intervención igual que la ha concluido, haciendo un llamamiento al consenso y al diálogo. Yo le pregunto directamente: ¿eso significa que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley? (Pausa). Pues que conste en el "Diario de Sesiones": cara de póquer del señor ministro, cara de póquer del señor Cardenal, cara de póquer del Grupo Parlamentario Popular. Ergo, su llamada al consenso no es más que una llamada vacua, un canto de sirenas para que nuestros barcos, como el de Ulises, vayan a estrellarse contra sus arrecifes. Sin embargo, usted, señor Wert, más que como una sirena se comporta en ocasiones como una quimera, soltando auténticos graznidos que atentan contra la inteligencia, se lo digo por el episodio que acabamos de tener en esta Cámara.

Desde mi grupo parlamentario lo primero que quisiéramos respecto de este real decreto-ley -que ya vemos que no se va a tramitar como proyecto de ley, a pesar de que sea una de las cuestiones que le reivindicamos todos los grupos de la Cámara en conjunto- es analizar el marco general en el cual sacan ustedes este real decreto-ley; un marco en el que, primero, hay que tener en cuenta la cuestión de las deudas del fútbol, el interés que tiene el señor ministro de Hacienda en poder incrementar la recaudación de todo aquello que tienen pendiente de los clubes de fútbol. Consta, o al menos se ha intentado por parte de la gestión del Consejo Superior de Deportes, una reducción de esa deuda que viene siendo histórica por parte de los clubes, siendo este uno de los elementos a tener en cuenta en esta regulación. En segundo lugar, efectivamente, hay un modelo obsoleto, y que no compartimos con los países de nuestro entorno, de gestión de los derechos de emisión, un modelo en el cual cada uno lo vende por su lado. Es interesante, necesario y compartido por la inmensa mayoría del mundo del fútbol ir hacia un modelo de gestión centralizada, un modelo equiparable al de los países de nuestro entorno, y eso, hasta nosotros lo podemos compartir. Ahora, en ese marco, en el que hay una recaudación baja y equiparable también a la de otros países de nuestro entorno, pero que se intenta incrementar, hay un reparto muy desigual, que también es un problema de fondo que es necesario corregir, pero también todo esto se produce en algo que no ha salido en las intervenciones anteriores, que es el marco del mercado audiovisual de las televisiones de pago en el que nos movemos; un marco que en las últimas semanas, ligado además en el tiempo al menos, contemporáneo o coetáneo a la redacción de este real decreto-ley, ha visto variaciones en la propiedad de los derechos, en la propiedad de las cadenas, y más en un país como España, en el que el porcentaje de televisión por cable que tenemos es muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Es decir, el Gobierno con este real decreto-ley está tratando no solo de corregir una injusticia en el reparto de los derechos, no es solo hacer una venta centralizada que permitirá obtener mayores beneficios en el extranjero, sino además favorecer la conversión en un negocio más equiparable al de otros países de nuestro entorno: el de la televisión de pago. Es decir, cuando se incrementa el dinero que se tiene que dar a los clubes, de algún sitio tiene que salir ese dinero, no cae del cielo, no lo da el Banco Central Europeo. La reflexión que queremos hacer al conjunto de la ciudadanía desde mi grupo parlamentario es que alguien acabará pagando este incremento, este pasar de los 800 millones liquidados a los 1.500 millones que se pretende liquidar. Esto lo van a pagar los ciudadanos mediante un cambio o un incremento en el modelo de televisión por pago que tenemos.

Asimismo, uno de los elementos fundamentales que ha estado en el marco que ha modulado este real decreto-ley son las críticas a la gestión de la Federación Española de Fútbol; críticas que en algún caso han llevado a alguna declaración con exabrupto incluido por parte del órgano gestor de la liga con la contención del señor Cardenal, que hoy nos honra con su presencia, pero que ha llevado a una crítica que también tiene consecuencias respecto a cómo se modulan los repartos por parte de la Federación Española de Fútbol en este real decreto-ley. La preocupación de mi grupo es que todo esto al final se basa en un cálculo de llegar en cuatro o cinco años a unos 1.500 millones de euros -ojalá-, y si no se han incluido además cláusulas de garantía de que nadie saldrá perdiendo de todo esto. Pero, al final, la gran pregunta es: ¿Estarán bien hechos los cálculos o estaremos ante nueva burbuja que ha conducido a la situación en la que se encuentra actualmente el fútbol español? Porque la historia que nos ha traído hasta aquí también ha venido plagada de cambios en los modelos de gestión, perdón de deudas, renegociación de deudas y ahora se trata de volver a hacer borrón y cuenta nueva, buscar un nuevo nicho de negocio para incrementar toda esa capacidad de recaudación del futbol para que haya un mayor reparto y un café para todos, que sería lo deseable.

Para mi grupo parlamentario como para el resto de los grupos de la Cámara es absolutamente necesario que este real decreto se tramite como proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Qué enmiendas plantearíamos


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nosotros? ¿Qué cuestiones entendemos que son mejorables, aun compartiendo la filosofía general de la necesidad de ir a un modelo centralizado de la gestión de los derechos audiovisuales? Primero, corregir la falta de negociación previa que ha habido -ya se lo han dicho otros portavoces-, no se ha negociado directamente con la mayoría de los clubes, no se sabe hasta dónde han llegado las negociaciones, pero desde luego no han incluido algo tan importante y tan necesario para el fútbol como son los propios futbolistas, que se han declarado en abierta rebeldía y en huelga. Pero, por ejemplo, a mi grupo también le parecería absolutamente necesario -presentaríamos una enmienda y después el Grupo Parlamentario Popular, con su mayoría absoluta, decidiría si la acepta o no la acepta- el reparto entre Primera y Segunda División, ese 90/10 que nos parece injusto y que debería ir por donde van otros países de nuestro entorno. También nos parece necesario que se ponga la garantía de que los salarios se van a cobrar y ya no solamente los de los trabajadores directos del fútbol, sino hasta el del más humilde utillero del último club. Es decir, que pase lo que pase, no solamente Hacienda y la Seguridad Social, que deben tener garantizado el cobro, sino también los trabajadores del fútbol van a tener garantizado que cobrarán sus salarios. Asimismo, la necesidad de garantizar la participación de los representantes de los trabajadores; comprenda que se lo diga una fuerza política que tiene a gala la defensa de los intereses de los trabajadores. También es necesario algo que se ha contestado y que es uno de los motivos de la huelga: modular la reforma del artículo 76.3 de la Ley del Deporte. Mi grupo parlamentario también le presentaría enmiendas y dialogaría y plantearía que fuese posible un consenso en incrementar el apoyo al fútbol femenino -que ya se contempla-, al fútbol base, a otros deportes... Y, señor Wert, también campañas de sensibilización contra determinadas cuestiones contra las que se trabaja pero que es absolutamente necesario seguir trabajando en ellas, y hablo de la violencia en el deporte, comportamientos discriminatorios que ha habido en los campos de fútbol últimamente, la LGTBIfobia... Es decir, cuestiones que deben formar parte también de la preocupación de las administraciones públicas a la hora de gestionar el dinero que viene del mundo del fútbol. Los propios criterios de reparto entre los clubes para hacerlos lo más justos y equitativos posible; al menos eso es lo que le gustaría a mi grupo parlamentario. Y -también se le ha dicho por parte de otros portavoces- el tema del órgano de control, controlado por los dos grandes clubes que se garantizan ahí tener un peso importante y que desde nuestro punto de vista tendría que ser complementado, si no contrapesado.

En definitiva, mi grupo parlamentario plantea que comparte que este es el sistema hacia el que hay que ir, a una gestión centralizada de los derechos del fútbol. Nos parece bien, pero entendemos que esto es absolutamente necesario mejorarlo, es manifiestamente mejorable y por eso defendemos y defenderemos que se tramite como un proyecto de ley. De hecho, se le ha convocado una huelga al fútbol español, se le ha hecho un órdago a la grande a este real-decreto ley, y es una huelga que está en su mano desconvocarla automáticamente, en manos del Grupo Parlamentario Popular. Si mañana u hoy en su intervención anunciase que mañana votarán favorablemente a la tramitación de este decreto como proyecto de ley, estoy absolutamente convencido de que la huelga quedaría desconvocada. Pero si no es así, si el Grupo Popular se mantiene con esta cerrazón que le caracteriza y con esos cantos de sirena que tanto gustan al ministro de Educación, Cultura y Deporte, pues tendrá garantizado un encontronazo y desde luego no tendrá para nada la aquiescencia y el voto favorable al menos de nuestro grupo parlamentario, y estoy seguro de que tampoco el de muchos otros de la Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Sayós i Motilla.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, presidenta.

(Comienza su intervención en catalán).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sayós, vuelva usted al tema, por favor. El tema es, si no me equivoco, la convalidación de un real-decreto ley sobre la publicidad del fútbol. Vuelva usted al tema, señora Sayós.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Sí, continúo. (Continúa su intervención en catalán).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sayós, por respeto también a los que estamos aquí, que por desgracia no sabemos catalán, le rogaría dos cosas. Ya ha tenido usted su momento de hablar en una de sus lenguas, en su lengua materna -el catalán-, ahora vuelva usted al castellano,


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que es la lengua de este Parlamento mientras las leyes y el Reglamento de la Cámara así lo digan. Y vuelva usted a la cuestión también porque es lo que dice la ley que nos rige a todos, nuestro Reglamento. Por favor, señora Sayós, vuelva usted al tema.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Lo haré en otro momento.

Entrando en materia, no en balde debo hacer referencia una vez más a la mala praxis legislativa que tiene este Gobierno, y no me voy a cansar de repetirlo. Debo insistir una vez más en que este Gobierno debe dejar de regular mediante reales decretos-leyes, porque aunque intentan sustentar los motivos de estos, la inmensa mayoría no corresponde al espíritu establecido en el artículo 86 de la Constitución española, cuando establece "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Esto correspondería a la suspensión al Gobierno, aplicando la normativa de la Liga de Fútbol, pues ya acumulan más de cinco tarjetas amarillas en este tema.

En referencia al real decreto-ley que hoy nos ocupa, desarrollo personal y social, afán de superación, integración social, perseverancia, trabajo en equipo, disciplina, cooperación. Son las primeras líneas de la exposición de motivos. ¿Recuerdan? Son valores del deporte. Dicho esto, señores del Gobierno, tarjeta amarilla y voy a justificarla. Pero antes que nada, señor Rajoy -sé que no está aquí, pero díganselo- su equipo va acumulando tarjetas amarillas. La primera, la vicepresidenta, por aprovechar la Ley de reforma de las administraciones y colar la regulación de la licencia deportiva única. La segunda, la ministra Báñez, por equipar a las entidades sin ánimo de lucro, como son los clubes y entidades deportivas pequeños y medianos, como si fueran empresas e intentar que todos los voluntarios del deporte coticen por la Seguridad Social. Suerte que se han dado cuenta. La tercera, el ministro Montoro, por realizar una reforma fiscal afectando al mundo del deporte. Por ejemplo, que todas las entidades sin ánimo de lucro -independientemente de su finalidad y su dimensión- presenten el impuesto sobre sociedades. Por suerte, también se han dado cuenta de esta aberración. La cuarta, el ministro Wert, por no tener el valor suficiente para la redacción de una ley del mecenazgo, que favorecería el mundo de la cultura, el mundo del deporte y, cómo no, la transparencia. Y ahora la quinta, el propio Ejecutivo, por emitir este real decreto-ley sin respetar la forma. Quizás alguna de estas tarjetas amarillas debería ser roja, pero vamos a dar por buenas estas tarjetas amarillas. Señor Rajoy -vuelvo a insistir, no está pero díganselo-, si sus jugadores siguen tratando así al deporte, se va a quedar sin jugadores.

Dicho esto, desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió siempre se ha defendido la doble vertiente que se desprende del fútbol profesional. Por un lado, entendemos la concepción del deporte como industria que genera una gran cantidad de sinergias económicas. Por otro lado, entendemos que hay que seguir manteniendo el componente educativo, social y saludable que comporta el fomento de este deporte, de las estrellas del fútbol hacia los aprendices y futuros deportistas, a ello me he referido muchísimas veces. También es verdad que crece exponencialmente el consumo de los eventos deportivos a través de los medios de comunicación. Ello significa que si hace unos años lo que comportaba el ingreso de los clubes era la capacidad de atracción de masa social a los campos, ahora se añaden los ingresos televisivos, o incluso hay una cierta dependencia de los clubes hacia estos ingresos. Hay que recordar que actualmente el diferencial entre los clubes llamados grandes y el resto es de 15 a 1 entre el que más recibe y el que menos. Pues bien, es verdad que el espíritu del real decreto-ley es reducir hasta un 4,5 o 3,5 en función de la totalidad de los ingresos recaudados, todo ello en plena consonancia con las principales ligas europeas, como son la inglesa o la alemana, que son las más competitivas. El real decreto-ley adolece también de unos errores. El principal error es de forma, es no haber tenido en cuenta suficientemente a dos agentes importantes también en esta materia. Uno de ellos es la Federación Española de Fútbol, pues queda afectada por los artículos 2 y 8 y por la disposición adicional primera especialmente. Y el otro agente es la Asociación de Futbolistas, que también quedan afectados especialmente en el artículo 6. El segundo error es que la regulación de esta materia viene tarde. Esta regulación se esperaba en junio del año pasado y luego a finales del año pasado; sin embargo, viene dos jornadas antes de finalizar la temporada, pero más vale tarde que nunca. Ahora falta el reglamento. El tercer error es que no se regula el deporte femenino. Por favor, regulen también el deporte femenino.

Señorías, este real decreto-ley tiene una parte positiva muy significativa y para Convergència i Unió tiene un peso importantísimo. Los principales promotores de esta legislación más equitativa en materia de reparto de derechos televisivos es una reiterada demanda de un grupo de clubes que se veían perjudicados al no poder hacer frente a la competitividad de estos. Además, el modelo de venta audiovisual individual aplicado hasta hoy ha quedado completamente agotado, generando multitud de tensiones entre los


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diferentes clubes y operadores, llegando incluso a los órganos judiciales. Creemos que este real decreto-ley va a determinar una fórmula más equilibrada y más respetuosa con los actores intervinientes o al menos consideramos que es un punto de partida importante que se aproxima mucho más a las regulaciones existentes en otras grandes ligas como son la alemana y la inglesa, como ya he dicho. El factor determinante para este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es el consenso entre los agentes que intervienen en esta regulación, especialmente los clubes. Para ellos es muy importante por múltiples razones. He llamado personalmente a todos los presidentes de los clubes catalanes, obviamente, y a algunos del resto del Estado de Primera y de Segunda División y, señorías, todos están expectantes a la convalidación de este real decreto-ley. Unánimemente y por parte de Convergència i Unió respetamos y acatamos esta petición por sentido común. Es más, todos los aficionados están expectantes a cómo acabarán las competiciones. Déjeme que haga una reflexión al respecto. Los aficionados son los que pagan para ver el fútbol en la televisión, en directo en los campos o en diferido. Son personas que quieren disfrutar del deporte y con sus equipos. Los aficionados son los que hacen grande el fútbol. Los clubes, la Asociación de Futbolistas, la Federación Española de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol, el Gobierno y esta Cámara, todos, nos debemos a ellos. Un ejemplo, el partido Getafe-Eibar. Eibar es una población de casi 27.000 habitantes. Pues bien, este fin de semana 3.000 aficionados, es decir, un 10 % de su población, se desplazan a Getafe para ver a su equipo. Los aficionados se han gastado un dinero para animar a su equipo y se debe reflexionar sobre ello.

Finalmente, respeto, responsabilidad, honestidad y lealtad -exposición de motivos I, primeras líneas-, ¿recuerdan? También son valores en el deporte. Por respeto a los aficionados al fútbol, por responsabilidad y por honestidad hacia los clubes, por lealtad al acuerdo asumido entre las partes que intervienen en este real decreto-ley, y espero que en este punto se subsane el error cometido al no tener suficientemente en cuenta a la Federación Española de Fútbol ni a la Asociación de Futbolistas, votaremos a favor de este real decreto-ley. No lo haremos por sus formas, y he explicado también el porqué, sino por sentido común, que también se desprende de esta exposición; sentido común, que es otro valor en el deporte, en la política y en la vida, pero, recuerden, están acumulando tarjetas amarillas en el trato poco empático hacia el deporte.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sayós.

Por el Grupo Socialista, señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, debatimos hoy un decreto-ley sobre comercialización de derechos audiovisuales del fútbol profesional. La verdad es que nos van a dejar solo convalidarlo. El consenso que nos ofrecen es que podemos votar que sí, que no o abstenernos, un margen grande para una Cámara como esta. El Gobierno no solo se avoca la competencia de decreto, sino también la competencia de legislar, y nosotros aquí ¿qué competencia? La de aplaudir y, si no, la de disentir, dentro de un orden, no vayamos a utilizar modos demasiado brillantes o demasiado modernos y nos llamen la atención para volver al orden. Estamos ante un trágala. Señor ministro, esto son lentejas, las tomas o las dejas, y eso es lo que han dicho todos los grupos: lentejas hay, las tomas o las dejas. Señor ministro, me recuerda a otro ministro importante de su partido en un tiempo. Vuelven ustedes a 1997, con su jefe Aznar y Álvarez-Cascos, cuando impusieron la ley de retransmisiones de competiciones deportivas -¿recuerdan? El fútbol como interés general y por tanto en abierto-, que se puso en marcha para arrodillar al Grupo Prisa y a Canal Plus y que contó con nuestro rechazo. Hoy de nuevo el fútbol sirve no para consensos, no para acuerdos, sino para arrodillar a la Real Federación Española de Fútbol, a la Asociación de Futbolistas Españoles o a los grupos parlamentarios, a los que no se nos deja aportar en lo que somos expertos, en legislar. Esta es la Cámara legislativa y ustedes no nos dejan legislar y encima lo hacen mal, porque lo hacen sin consenso parlamentario. Ni un maldito borrador. Las fotocopias se las hubiéramos pagado nosotros, señor ministro (Risas.-Aplausos). No han mandado ni un borrador, nada. Y dicen: estamos en consenso, no se preocupen que estamos en una buena disposición. Ustedes haciendo amigos. En esta Cámara acabamos de ver cómo hacen amigos. Si me permiten una broma ustedes y la presidenta, de la que de su recto proceder espero que no me llame la atención, usted ha demostrado aquí que tiene menos cintura que un armario ropero de tres cuerpos, menos cintura que un armario ropero de tres cuerpos. (Risas). No se ha puesto de acuerdo con el mundo del fútbol, ni con la FIFA, ni con la UEFA, que también tienen algo que ver, ni con la Real Federación


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Española de Fútbol, ni con las asociaciones de deportistas, ni con las asociaciones de futbolistas... ¿Con quién se han puesto de acuerdo? Pues se ha puesto de acuerdo con ustedes mismos y con la patronal. Ustedes traen una ley patronal en la que ustedes dicen que van a conseguir entre 1.000 y 1.500 millones y los reparten sin acordarse del mundo del deporte base, del fútbol modesto, del femenino, de las asociaciones de deportistas... No hay nada que a ustedes les interese. Y a todo el mundo del deporte al que no tienen en cuenta le dicen: vayan a pordiosear al Consejo Superior de Deportes, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros en el presupuesto de 2015. Usted trae un decreto-ley para repartir entre 1.000 y 1.500 millones de euros, básicamente, casi en el 99 %, para el fútbol, y les dicen a todos los sectores: no se preocupen, aquí está el consejo. Con 80 millones todos los sectores, todas las federaciones, todos los deportistas están cubiertos. Esto no es serio. Nos traen un decreto-ley dictado por la patronal de la liga, que les ha amenazado con parar el fútbol si no lo aprobaban de forma inmediata, y se han plegado como siervos, a pesar de que el consenso era obligatorio, porque para que la urgencia fuera tenida en cuenta el consenso era obligatorio. Nosotros habríamos estado con usted. ¿No comprenden que traen una ley que no va a tener consenso, rompiendo el consenso que hicimos con la Ley contra el dopaje o la Ley contra la violencia en el deporte? Ustedes rompen una racha de acuerdos parlamentarios inútilmente, solo porque Javier Tebas tiene la voz más alta que ustedes (Aplausos), y se han arrodillado, y arrodillado y circunflejo no se gobierna bien, se lo digo yo, porque estos lodos traerán después muchos problemas en el futuro que usted va a vivir.

¿Estamos a favor de la comercialización conjunta? Sí, señor ministro. Lo dijimos en la subcomisión sobre Deportes Profesional, planteada por mí como portavoz de deportes en la anterior legislatura. Dijimos que se hiciera la comercialización conjunta, pero que se hiciera mediante diálogo, negociación y acuerdo de todas las partes implicadas. ¿Lo ha hecho usted así? No. Ha incumplido un mandato de esta Cámara que le decía que lo hiciera, pero que lo hiciera bien, que no chapuceara el modelo que nos trae aquí. Usted, al ponerse en la posición de hacer un decreto-ley patronal a los únicos a los que le están dando los beneficios más directos es a los clubes, pero los clubes son sociedades anónimas deportivas y las sociedades anónimas deportivas tienen propietarios, tienen dueños, tienen accionistas. Le decía a mi grupo en la explicación de cuál es la posición que aquí hay mucho oé, oé, oé, pero al final el propietario de las acciones es un hombre con nombre y apellidos, con su cuenta corriente, con su sitio donde guardar el dinero. A ver si con el oé, oé,oé, nos creemos que vamos a repartir el dinero entre los seguidores del Granada, del Córdoba, del Eibar; no, va a al propietario del club. Por tanto, tienen que ser ustedes más cuidadosos, porque están haciendo una legislación patronal. Después la distribuyen, desde mi punto de vista, sin solidaridad. El 90/10 es una solución mala. En nuestro contexto europeo se llega hasta el 80/20, haciendo que las bases del sistema profesional, la Segunda División, sea más potente, tenga más posibilidades, sea más competitiva. Ustedes se han plegado a no hacerla de este modo. Después dicen: no se preocupen, vamos a dar hasta el 7 % de ayudas de compensación, 6,5 o 7, dependiendo de las circunstancias. Pero el 6 % va para el fútbol, solo el 1 % va a los deportistas de élite, a los que les paga la Seguridad Social el Consejo Superior de Deportes, sin saber cómo lo van a hacer, porque muchos de los deportistas de élite tienen ya Seguridad Social. ¿Qué tipo de contratos? ¿Qué tipo de becas? ¿Contrato laboral? ¿Los va a contratar el consejo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Porque esto de la Tesorería de la Seguridad Social y pagar los derechos hay que especificarlo, y usted no lo especifica aquí.

Usted nos trae un decreto-ley en un momento en el que usted ha tenido problemas y se ve en la redacción, porque ha tenido que meter en la comisión de control, con voz, pero sin voto, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y, ya de camino, como había sillas que sobraban, también al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol. ¿Pero usted puede, en una comisión de control, ofrecerle una silla con voz, pero sin voto, a la Real Federación Española de Fútbol? Le han ido buscando las narices, le han ido buscado la boca y se han encontrado ahora con un problema. ¿Cómo lo resuelven? Se lo voy a decir, ministro, la huelga está resuelta hoy mismo y todos los problemas de consenso, si su grupo vota que se tramite como proyecto de ley, porque le dan la voz a la soberanía nacional, porque la voz no la tiene el ministro, la voz la tienen las Cortes Generales, la tiene el Congreso de los Diputados y la tiene el Senado. (Aplausos). Déle usted la voz a los que nos han elegido, a los ciudadanos. Si no, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué legislatura va a ser esta? No me va a dejar usted legislar en fútbol. Se lo come usted también, pero si usted es un ministro, deje usted algo para mí y para los demás, poder para legislar, que es para lo que nos han elegido los ciudadanos con sus votos, con su derecho a votar.

El decreto es muy desigual, tan desigual, tan mal hecho, que tiene una exposición de motivos en la que dice que los que llevan el Consejo Superior de Deportes son unos monstruos, son los mejores del


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mundo, han conseguido bajar las deudas del fútbol. Estas cosas no se ponen en las leyes, se ponen en Twitter, en Facebook, en Linkedin, se mandan en plan amiguetes; en las leyes no se pone que Miguel Cardenal es un monstruo, en el sentido bueno de la palabra, que es una persona que ha hecho una muy buena gestión. Si su partido lo va a nombrar lo que quiera después, cuando estén en la oposición, no hay ningún problema. La ley está tan mal hecha que dice que van a ganar 1.000 millones o 1.500 millones. ¿En qué ley ha visto usted que se haga una previsión en sus artículos sobre cuánto se va a ingresar? Dependerá del mercado. ¿O aquí no hay mercado?

Un elemento para demostrarle que inconsistencia tiene. Presidenta, voy terminando, muchísimas gracias. (Risas). No lo han mandado al Consejo de Estado. ¿Saben por qué? Porque no lo hubiera pasado -sé que no es de obligado cumplimiento-, la ley está en el borde de la legalidad, usted lo sabe. Han cambiado la Ley del Deporte de 1990, la Ley de Comunicación Audiovisual, el Decreto de Federaciones Deportivas, quitando a diestro y a siniestro las competencias que otras leyes le habían dado, sin ningún informe jurídico que le avale. En este contexto, yo lo que le pido es que en vez de hacer declaraciones en el pasillo -por lo visto ha estado haciendo declaraciones diciendo: no se adaptan a lo que es razonable-, coja usted en el pasillo a sus diputados y dígales: vamos a tramitarlo como proyecto de ley. Llame usted a Villar, a Rubiales y al que sea y dígales: ningún problema, en manos de los diputados este problema del fútbol queda solucionado, porque comprendo que los ministros no estamos capacitados para resolver problemas complejos.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pezzi, por hacer su trabajo y el mío.

Por el Grupo Popular, señora Blasco.

La señora BLASCO SOTO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, la verdad es que muchas veces, cuando oyes hablar desde esta tribuna, a veces te quedas sorprendida y no sabes cuál es la realidad. Si la realidad es lo que se ha dicho aquí, si es lo que sale en los medios de comunicación, si es lo que hablas con uno, lo que hablas con otros, si al final se habla de consenso, de hablar. Yo recuerdo que en la subcomisión que se creó en esta Cámara el señor Pezzi quiso que viniera Villar y no vino, no sé si se le ha olvidado decirlo; no vino a esta subcomisión. Dijo que no quería, pero usted quería hablar, que viniera, y consenso y que nos diera soluciones. Ustedes no saben con quién habla el Gobierno. El Gobierno se ha sentado con el señor Villar, unas veces sí porque ha querido, otras veces no; se ha sentado con la AFE, unas veces sí porque han querido, otras veces no. Y ahora se está hablando de que no hay diálogo. Señorías, el Gobierno cuando va a llevar un proyecto de ley de esta envergadura habla, claro que habla; habla con quien tiene que hablar, lo que pasa es que cuando no se consigue lo que la gente quiere, las previsiones que tienen o la parte del pastel que quieren, al final se enfadan y estamos en la situación en la que estamos ahora. Yo creo que tendríamos que ser sensatos, serenarnos un poco más y darnos cuenta de que al final este decreto era necesario. Lo estaban pidiendo desde hace muchísimos años. Se lo pidieron al señor Lissavetzky, se lo pidieron al anterior Gobierno; lo estaban pidiendo y no se ponían de acuerdo.

A mí muchos diputados, o en la calle, me decían: Es que esto no lo entienden. Lo voy a explicar. Aquí hay una patronal, es verdad, los clubes, las sociedades anónimas, que tienen unos derechos y que dicen: No nos ponemos de acuerdo; por favor, Gobierno, hacedlo vosotros. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos conseguido que la patronal, a quien le pertenecen los derechos, esté de acuerdo. ¿Ha habido algún equipo de primera o de segunda que haya protestado? No. ¿Que es 90/10? Bueno, ellos han querido que sea así, porque con ellos sí que se han sentado. Estamos presentando aquí un proyecto de ley que todos los medios de comunicación quieren, que los aficionados quieren; todo el mundo quería este proyecto de ley, señorías. Estamos diciendo: ya no voy a poder intervenir más en esta Cámara; como no es proyecto de ley no voy a poder traer aquí a gente. No, no, señorías, estamos hablando de la situación en la que se encuentra el fútbol español ahora mismo y que queremos que cambie, y con este decreto puede cambiar. (Aplausos).

Para nuestro grupo hoy es un día muy importante, es un día muy importante para el deporte en general. Yo vengo del mundo del deporte, he sido deportista toda la vida y no se pueden imaginar la cantidad de llamadas que he tenido, de felicitaciones, desde muchísimos ámbitos porque este decreto es solidario. Aquí se ha estado diciendo que no era solidario, que no era solidario con las mujeres. Es todo lo contrario. Estamos hablando del dinero del fútbol, del dinero que se repartían antes los clubes para ellos, que no daban a nadie más, era para ellos y hacían lo que querían y de la forma que querían. Ahora no;


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ahora se ha conseguido dinero para otras partes. ¿Era necesario? Claro que era necesario. Era la oportunidad, era el aquí y era el ahora.

La regulación que estamos viendo ahora mismo es por la urgencia, y además todo el mundo lo ha dicho. Nosotros nos hemos sentado con la AFE ayer ya tres veces, ellos entienden que no vaya por real decreto, pero al final, bueno, es verdad, pues va a ser muy largo... Es que sí que hay urgencia, claro que hay urgencia, a algunos clubes se les terminan los contratos que tienen, se termina la liga, quieren saber qué va a pasar, hay una incertidumbre. Todos sabemos la situación en que se encuentran muchísimos clubes ahora mismo o sociedades anónimas en nuestras ciudades, que no tienen para poder pagar a los clubes y si al final ese ratio se cambia van a tener más dinero, van a tener más ingresos, vamos a hacer que sea una liga mucho más competitiva. Estábamos hablando del 7/1 y se va a poder pasar al 3,5/1. Al final, este es un buen decreto, es un muy buen decreto.

¿Qué pasaba en algunos clubes de nuestras ciudades? Que no tienen dinero, que se le pide al ayuntamiento, que se les pide a las comunidades autónomas. ¿Qué queremos con este decreto? Que ellos tengan recursos propios y no tengan que pedir, que tengan recursos propios para llevar a cabo toda su actividad, que paguen sus deudas. Aquí se está hablando de que no pagan las deudas con la Seguridad Social, con Hacienda... Señorías, es la primera vez en la historia con el convenio que ha habido con el Consejo Superior de Deportes -que además yo quiero felicitarle por el convenio que se hizo con la Liga de Fútbol Profesional- que se ha bajado la deuda del fútbol con Hacienda y con Seguridad Social. Si hubiéramos seguido como antes, como en su etapa, esto habría seguido creciendo. Yo me acuerdo en Comisión que le decían a Wert: Esto no se lo cree ni usted, seguramente nos está vendiendo aquí la mona. No, no, se ha comprobado que la deuda ha bajado. Todos sabemos que la Liga de Fútbol se ha puesto muy seria con todos los clubes y si tú tienes esto, te puedes gastar esto. Ya no vale: Es que a lo mejor me dan... No, esto es lo que tienes y esto es lo que te puedes gastar. Ahí es donde nosotros queremos llegar, a una economía de verdad en el fútbol, que puedan pagar sus deudas, que puedan pagar a sus futbolistas. Si al final el club tiene más dinero, va a pagar mucho mejor a sus futbolistas, vamos a conseguir que no se vayan a otras ligas, vamos a hacer que sea una liga mucho más equilibrada, más equitativa. Claro que sí, eso es lo que queremos, eso es lo que quiere el Gobierno. Nosotros podríamos haber dicho, como han hecho otros Gobiernos: No, no, esto es un problema, no lo queremos. Pero no hemos hecho eso. Cuando dicen que no hemos hablado con los demás agentes, eso no es cierto. Y se lo vuelvo a decir, a la subcomisión Villar dijo que no quería venir. Cuando quiere viene, cuando no, no. Pero si el pastel me interesa, si pido un 2 y me dicen que un 2 no o si quiero un 5, al final es verdad que hay una negociación. ¿La parte importante dónde va? A los clubes. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece. Pero hemos conseguido, señorías, que la situación en la que se encuentra el fútbol, de quiebra, cambie. ¿Qué hemos conseguido al final? Que haya beneficios. Claro que va a haber beneficios, mayor rentabilidad. Se ha hablado de que en 2013 de 800 millones se puede pasar a mil. Esa es una realidad. En la Premier se están llegando a ganar 1.875 millones de euros. Nosotros somos mejor liga, pero mucho más deficitaria, es la liga que más deudas tiene con Hacienda, con jugadores, y eso es lo que queremos que se cambie con este decreto. Esa es la urgencia, porque se acaba la liga y empieza otra vez y hay que volver a negociar. Esto es lo que nos han aplaudido los espectadores, los medios de comunicación y muchos futbolistas están de acuerdo, lo que pasa es que quieren más parte. Pero esta no es la forma para que la AFE o un sindicato pida una parte; no, hay otras fórmulas y nosotros vamos a intentar ayudarles, les hemos tendido la mano, pero queremos que las reivindicaciones las hagan donde las tienen que hacer.

Hay partes de este proyecto que son importantísimas. Se ha hablado del deporte femenino. Este proyecto lleva adelante una parte importante para el fútbol femenino, que jamás en la historia del fútbol se había contemplado, parece que el fútbol femenino está al margen del fútbol. No, aquí está estipulado un tanto por ciento, las mujeres futbolistas van a tener un retorno. Eso jamás en la vida se había visto. Este Gobierno se ha comprometido con el deporte femenino y esta cláusula y en este apartado lo demuestran. Hay otro aparto importantísimo y me gustaría felicitar a quien ha aprobado directamente esto. Al final la patronal -como han querido llamarla aquí- ha decidido que sí a algo que siempre he querido: responsabilidad social corporativa. Que haya un 1 % que vaya para la Seguridad Social de los deportistas de élite es algo por lo que llevo luchando los quince años que estoy en política. Hay deportistas que solo viven de sus becas durante muchísimos años de su vida, que dedican toda su juventud al deporte, que están representando a su país y que al final terminan su carrera deportiva y resulta que no han cotizado nada a la Seguridad Social. David Cal se ha retirado hace poquísimo tiempo. (Aplausos). ¿Qué pasa con David Cal? Que ahora dice que empieza en el mercado laboral, pero no tiene nada cotizado, señorías.


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Aquí hay una parte que va a ir para ellos, que va a ir para los deportistas paralímpicos como Teresa Perales, y eso está aquí estipulado. ¿Y dicen que no es social? De verdad que no les entiendo.

Este decreto es importante para el deporte español, era necesario y este ministerio y el Consejo Superior de Deportes han tenido la valentía de llevarlo a cabo. Desde nuestro grupo quiero felicitarles por que haya sido así.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Blasco. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pide la palabra).

Señor ministro, puede intervenir.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señorías, en primer lugar y antes que nada, con la benevolencia de la presidenta, me gustaría expresar mi perplejidad ante algunas de las cosas que se han dicho por parte del señor Tardà y de la señora Sayós, que estoy seguro de que se basan en una mala interpretación de palabras que o se han malentendido o puedo yo haberme confundido al pronunciarlas. Pero quiero, con la solemnidad que supone hablar desde este arengario, decir con toda claridad lo siguiente: nada más lejos de mi intención que pronunciar palabras de cualquier tipo que puedan ser entendidas como de menosprecio o de ataque a una lengua a la que amo entrañablemente, que hablo pese a no ser catalán, como mucha otra gente, que forma parte -una parte importantísima- de nuestro patrimonio cultural, que honra a los catalanes que se preocupen por su defensa y que desde luego considero abominable el tratamiento que tuvo durante el régimen anterior; abominable, no lo reduzco ni lo más mínimo. En segundo lugar, no he tenido jamás la menor intención de comparar el tratamiento que en cualquier ámbito pueda recibir hoy el castellano con el tratamiento que recibió el catalán durante ese régimen, jamás. No estoy rectificando unas palabras, estoy expresando lo que es mi pensamiento sobre esta cuestión, y ciertamente no hay voluntad ninguna por mi parte -y estoy seguro de que tampoco por parte de ningún representante del Grupo Popular- de incurrir en forma alguna de menosprecio o minusvaloración de esa lengua.

Dicho esto, vamos a las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, me gustaría agradecer el tono de las intervenciones y aquellas valoraciones positivas tanto acerca de la necesidad de la norma como acerca del modo de abordarla por parte del real decreto-ley. Y, también sin ánimo de reabrir debate, me gustaría aclarar -simplemente aclarar- algunas de las cuestiones, de las dudas que aquí se han planteado. Buena parte de las mismas han sido despejadas por la intervención de la representante del Grupo Popular, señora Blasco, especialmente las cuestiones, muy razonables, que se han planteado acerca de cómo se va a instrumentar la aportación a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel. Es verdad que los deportistas de alto nivel ya tenían un régimen especial, aprobado por cierto en época de gobierno del Partido Socialista, pero no es menos cierto que el grado de cumplimiento, por insuficiencia de los recursos para hacer las aportaciones correspondientes, era muy escaso. De lo que estamos hablando es de utilizar esos recursos, que son unos recursos considerables -como mínimo 10 millones de euros-, para hacer el pago de esas aportaciones al régimen especial de trabajadores autónomos de los deportistas de alto nivel.

Evidentemente es opinable, siempre es opinable, cuando se acude a este procedimiento excepcional del real decreto-ley, si concurren o no y en qué grado las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. En mi intervención ya las he puesto de manifiesto, pero quiero destacar otro aspecto que creo que no ha sido suficientemente valorado por quienes han puesto en duda esa extraordinaria y urgente necesidad: la unanimidad con la que todos los actores -como digo, con independencia de que luego hayan manifestado o dejado de manifestar discrepancias con algún aspecto concreto del contenido- han solicitado al Gobierno que utilizara precisamente esta fórmula del real decreto-ley para producirlo. ¿Por qué? Creo que es sencillo de comprender: en primer lugar, porque todos entienden que el régimen de ausencia de un sistema de venta centralizada de estos derechos perjudicaba notablemente sus perspectivas de viabilidad y, en segundo lugar, porque todos entienden que existe una situación de deuda y no solo con la Seguridad Social y con Hacienda, que, como ha puesto de manifiesto la señora Blasco, se ha reducido sustancialmente, sino que también hay unas deudas, las más importantes, con las entidades de crédito y por tanto hay una situación financieramente precaria que la aprobación de una normativa de este tipo tiene que contribuir a remediar.

Quiero terminar esta intervención, que no tiene más objeto que el de aclarar, explicitando que las posibilidades de alcanzar consensos a las que me he referido en mi intervención inicial no tienen todas ellas


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necesariamente que cursar a través de la transformación, una vez convalidado el real decreto-ley, en su tramitación. ¿Por qué? Porque, por lo que se refiere a las reclamaciones de la Asociación de Futbolistas Españoles, la mayor parte de ellas tienen una naturaleza tal que se sustancia a través del instrumento convencional, es decir, a través del convenio colectivo. Igualmente, porque algunas de las reclamaciones que plantea la Real Federación Española de Fútbol son perfectamente solucionables a través de instrumentos convencionales, es decir, a través de una pieza que sigue existiendo y sigue siendo central en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional que es el convenio entre esas dos entidades. Por eso quiero reiterar, señorías, que estamos trabajando día y noche en conseguir un mayor consenso no tanto en torno a esta norma que, insisto, no es esta norma la que hace difícil el consenso, sino para que el equilibrio resultante entre los distintos actores de este sistema que van a ser afectados por el decreto-ley pueda ser más satisfactorio para todos. Por supuesto, entendemos que el beneficio no es solo el beneficio que van a recibir los clubes, sino que es también el beneficio de aquellos a los que va destinada la mayor parte de los ingresos de los clubes, que son los futbolistas. Pero además, y este es el componente social que hemos querido poner de manifiesto, queremos que exista un importante beneficio para el deporte en general, para el deporte aficionado en particular, y no solo para el fútbol masculino y profesional, sino para el fútbol aficionado, para el fútbol femenino y para el deporte de alto nivel.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Sixto, tiene usted un minuto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor ministro, la tramitación de esta norma como real decreto-ley, si tenía como objetivo marcar un final de los procesos de negociación de nuevas contrataciones, lo ha conseguido usted. El decreto está en vigor desde el día 1 de mayo. Por lo tanto, no se tienen que negociar nuevos acuerdos. Ya está conseguido el objetivo. No tiene justificación alguna ni en su segunda intervención ha quedado claro por qué no se admite la tramitación como proyecto de ley y se fía únicamente a la voluntad, una vez más espuria, del Gobierno de negociar. Porque ustedes nunca negocian nada; su ministerio, su persona, nunca ha negociado nada, lo ha impuesto todo como un trágala. No hay ninguna voluntad suya, más allá de sus propias palabras, de negociar absolutamente nada a posteriori. Y si la tiene, tramítese como proyecto de ley, porque el objetivo que tenía este decreto-ley, que era paralizar las negociaciones posteriores y marcar un punto de inflexión, ya está conseguido y va a estar en vigor en todo momento. No se trata de que los grupos parlamentarios estemos en contra del decreto, como ha pretendido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Hemos dicho que en nuestro grupo parlamentario estamos a favor de ir hacia este modelo, pero hay que modularlo; desde nuestro punto de vista es manifiestamente mejorable y por eso reivindicamos que se tramite como proyecto de ley. No abandonaremos esa pretensión y, desde luego, señor ministro, no nos fiamos para nada de su palabra.

Y bien que haya pedido la disculpa y bien que la señora vicepresidenta del Congreso le haya permitido hacerlo desde la tribuna. Nosotros entendemos que ese es el tono que se tiene que utilizar desde la Presidencia de la Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señora Sayós, tiene la palabra.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, presidenta.

Tomamos nota de la rectificación del señor ministro, pero hace tiempo que de vez en cuando ofende a la sociedad catalana. Esperamos que no se produzca más.

Con respecto a la petición que han solicitado unánimemente, como dice el señor ministro -es verdad que se pidió que se tramitara como real decreto-ley-, dudo mucho que algunos clubes sepan cuál es la diferencia entre la tramitación de un real decreto-ley y la de un proyecto de ley. Por tanto, esto también es importante.

En cuando a la reducción de la deuda, es cierto que se ha reducido la deuda con la Agencia Tributaria, pero no gracias a ustedes, sino a las exigencias que se ha autoimpuesto la propia Liga Profesional de Fútbol con respecto a los clubes. Y respecto al consenso, como he dicho en mi intervención, es el principal argumento de Convergència i Unió, pero hay también una falta de forma.

Gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sayós.

Señor Pezzi, tiene la palabra.

El señor PEZZI CERETO: Gracias.

Me dicen que en la Audiencia Nacional, esta mañana, el presidente de la sala que estaba atendiendo la posibilidad de hacer huelga le ha preguntado a la AFE: ¿Ustedes quieren derogar el decreto? Con todo respeto, este es un real decreto-ley. Por tanto, en su tramitación como proyecto de ley puede legítimamente cambiar cualquier palabra, desde la primera hasta la última, del real decreto-ley que ha sido enviado a la Cámara. Eso no va a suceder con 186 diputados. Por tanto, ustedes no corrían el riesgo de que no se aprobara en esta Cámara todo lo que ustedes realmente quisieran, pero sí les habíamos ofrecido la posibilidad de que quitaran los elementos que son más discutibles legislativamente y que estaban hechos a mogollón, sin haber sido suficientemente pensados. Por eso queríamos que hubiera sentido común. En este debate los medios de comunicación, sobre todo deportivos, hablan de real decreto y se les olvida el guión al que sigue la palabra ley. Y la diferencia no es pequeña. El guión seguido de ley permite que ese real decreto-ley cambie la Ley del Deporte de 1990, cambie la Ley de Comunicación Audiovisual, cambie una serie de leyes mercantiles o civiles. Así, cuando un jugador, por ejemplo Pedro León, vaya a reclamar su derecho a que su ficha esté inscrita, le dirán: No, ¿usted no se acuerda?, si han aprobado ya el real decreto-ley que entró en vigor el 2 de mayo, al día siguiente a su publicación en el boletín, que recoge que lo que diga el presidente de la Liga de Fútbol Profesional en temas económicos va a misa y, por tanto, ustedes ya han perdido los derechos, el derecho civil, el derecho mercantil, ustedes ya no tienen derechos. Le hemos dado a la patronal un instrumento a la carta para llevar adelante las medidas de venta centralizada, de reparto y de que nadie se salga del modelo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, termine por favor.

El señor PEZZI CERETO: En segundo lugar -y brevísimamente-, ¿la venta centralizada era buena? Sí, unánimemente, nadie ha dicho que no. ¿Hay que hacerla por ley? No necesariamente. Seamos serios.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, tenía usted un minuto.

El señor PEZZI CERETO: Le pido un momento. La Premier League y la Bundesliga no lo hacen por ley, ni los británicos ni los alemanes. Por tanto, se puede hacer de otra forma; se puede hacer por acuerdo de las partes, como hacen los constructores de coches siempre y cuando cumplan las normas de la competencia y del mercado. Aquí se le da un plus y cuando a alguien se le da un plus legal tiene que contribuir al bien general de la sociedad. Y el bien general de la sociedad es que a usted le hemos hecho una ley para que ganen más dinero y tiene que contribuir con el dinero y con la ley que le hemos dado al bien general de todo el deporte, del país, no solo en su interés, su arca y su cuenta corriente porque para eso que se organicen ellos por su cuenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi...

El señor PEZZI CERETO: Si viene aquí como real decreto-ley, contribuyan al bien general. Eso es lo que estamos defendiendo los socialistas: el bien general de todo el deporte, no solo del futbol de élite.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pezzi.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.

Seré muy breve. Muchas gracias a los intervinientes una vez más. Creo que podríamos estar discutiendo toda la mañana sobre si el nivel de diálogo ha sido suficiente o insuficiente, sobre si se ha dialogado con todo el mundo o no. Yo les puedo decir, por lo que a mí me toca, que yo he dialogado con todo el que ha querido dialogar y que lo he hecho con el detenimiento que ha sido necesario. Y quiero insistir en lo fundamental y lo fundamental en una normativa como esta es que al final los mayores recursos que se van a allegar van a ir mayoritariamente a los futbolistas profesionales, pero además se van a atender unas funciones sociales que no estaban atendidas y que a partir de ahora lo van a estar. Son las que tienen que ver con los deportistas de alto nivel, las que tienen que ver con el futbol femenino


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y son también las que tienen que ver con las asociaciones profesionales, con la AFE y con otras asociaciones, y desde luego son las que van a permitir también que la Federación Española de Futbol vea incrementados los recursos que obtiene por esta comercialización de una forma importantísima.

Por tanto, vamos a intentar que esta normativa sirva a todos; no solo a uno, sino a todos los objetivos que estamos persiguiendo, por lo que vamos a intentar que se haga de la forma más pacífica y dialogada posible.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000140).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): El punto siguiente del orden del día son los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, el debate del proyecto de ley del tercer sector de acción social. Para su presentación ante la Cámara tiene la palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quisiera comenzar mi intervención con la presentación del proyecto de ley del tercer sector de acción social y posteriormente tendremos el debate del proyecto de ley del voluntariado. Pero quisiera comenzar saludando a los representantes del tercer sector que nos acompañan hoy desde la tribuna de invitados, a Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, a Luis Cayo, presidente de Cermi, a Carlos Susías, presidente de la Red española de lucha contra la pobreza y la exclusión social; Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de acción social, y creo que también está Leopoldo Pérez, secretario general de Cruz Roja Española. También quiero saludar a los representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que están encabezados por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Ellos son protagonistas de la contribución legislativa que presenta hoy aquí el Gobierno, protagonistas y autores, porque hemos trabajado con todos ellos, en una colaboración que queremos que esta ley del tercer sector de acción social venga a reforzar todavía más. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). En todo caso, esta tarde estamos en el Congreso con la idea de debatir las enmiendas a la totalidad que se han presentado a este texto, enmiendas a la totalidad que entiendo que quieren provocar un debate y expresar desde esta tribuna y en este hemiciclo unos argumentos que confío en que luego no se traduzcan en el rechazo a una ley que deseamos y que desea también el tercer sector de acción social en su conjunto, es decir, deseamos que sea sentida como propia por el conjunto de la sociedad española y por todos los grupos que están representados en esta Cámara.

Con las leyes que presento esta tarde se quiere consolidar el esfuerzo que ha realizado el Gobierno a lo largo de la legislatura para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades sociales que trabajan con las personas más vulnerables. En ese sentido hemos trazado cuatro ejes principales. En primer lugar, hemos apoyado a las comunidades autónomas y a las entidades locales en un momento muy difícil desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista financiero; las hemos apoyamos para que pagaran las deudas pendientes con estas entidades. Así, se puso en marcha un plan de apoyo a las ONG al que se destinaron 3.000 millones de euros. En segundo lugar, quisimos salvaguardar la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF. Se hizo un nuevo marco jurídico para garantizar su funcionamiento y también para dar respuesta a las controversias de competencia -señor Campuzano- que tantas veces se suscitan en esta Cámara. Estas subvenciones y esta convocatoria nos han permitido distribuir en los tres últimos años más de 630 millones de euros a cientos de entidades y hacer posibles muchos programas de los que depende la asistencia a miles de personas en nuestro país. En tercer lugar, se han impulsado también medidas fiscales. En la reforma fiscal que presentó el Gobierno se elevó la deducción por donativos del 25 % al 30 %; otros cinco puntos si se mantiene al menos durante tres años. Se ha abierto también una vía de exenciones para el impuesto sobre sociedades a entidades sin ánimo de lucro. En fin, esperamos poder seguir profundizando en reformas fiscales que contribuyan a ayudar a las entidades del tercer sector. En cuarto lugar, se ha querido reforzar la participación de las entidades del tercer sector a la hora de configurar la política social de las administraciones públicas. Esto se canaliza a


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través de la mesa para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector, que es nuestro mecanismo de interlocución permanente para mejorar la eficacia de la política social. Como ven, ahora le vamos a conferir una consideración jurídica especial como entidad colaboradora de la Administración. Este es por tanto el contexto en el que se enmarca el proyecto de ley que tengo hoy el honor de presentar ante sus señorías. Estoy convencido, como decía al principio, de que son muchísimas más las cosas que podemos compartir que aquellas que nos hacen tener una visión diferente.

Voy a empezar exponiendo por qué es necesaria una ley del tercer sector como la que se trae aquí a colación. En primer lugar, hay que poner de manifiesto la realidad que hay en nuestro país, con más de 30.000 entidades sociales, cuya actividad supone casi un 2 % del PIB y que están generando más de 630.000 puestos de trabajo en España. Es por tanto una realidad potente, una realidad activa, una realidad que tiene trascendencia también desde el punto de vista de la actividad económica. Estas entidades son las que han estado presentes desde hace décadas a la hora de hacer frente a las situaciones de exclusión social, son la vanguardia en los avances y en los progresos sociales de nuestro país. Han sido la red en el tiempo de dificultades de esta crisis, pero son siempre la red para aquellos que viven momentos de dificultad incluso en tiempos de bonanza. La labor de todas las entidades es por tanto absolutamente clave para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, para impulsar la inclusión y la integración y para concienciar y sensibilizar a nuestros ciudadanos. Hace tiempo que esta organizaciones reclamaban un marco regulatorio a nivel estatal para amparar y fortalecer este importante trabajo que desempeñan y que yo no puedo menos que reconocer y ensalzar desde esta tribuna. Tiene que ser un marco normativo acorde con la realidad actual y con la evolución importantísima que el tercer sector ha tenido a lo largo de los últimos años. Tiene que definir sus características, sus especificidades y también las relaciones con la Administración y su sostenibilidad desde el punto de vista económico. Regulamos al amparo del marco competencial que ofrece el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, que establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y lo hacemos sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social, lo hacemos expresamente sin perjuicio de esas competencias. Sé que en su día se plantearon dudas al respecto y que se volverán a plantear esta tarde, pero creo que esto ha quedado solventado en el proyecto de ley que refleja el ámbito de aplicación que se refiere a las organizaciones de ámbito estatal que actúen en más de una comunidad autónoma o en Ceuta y Melilla.

El proyecto de ley se asienta sobre tres pilares principales. En primer lugar, configurar un marco jurídico que reconozca a las entidades del tercer sector como entidades que promueven la participación solidaria de los ciudadanos como expresión de democracia participativa que aporta nuevos valores y sitúa las necesidades de las personas en el centro de sus acciones. En segundo lugar, se quiere reforzar su capacidad como interlocutor necesario ante la Administración General del Estado para el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social. En tercer lugar, el proyecto de ley quiere definir una serie de medidas de fomento dirigidas a garantizar la sostenibilidad de estas entidades.

El proyecto de ley establece unos contornos jurídicos nítidos y una regulación propia, perfilando la naturaleza de las entidades. Desde la exposición de motivos queda absolutamente claro que su actividad no puede ni pretende en ningún caso diluir la responsabilidad del Estado ni interferir con otras entidades comprometidas con la defensa de los intereses sociales ni con la actividad de los agentes sociales.

A continuación se define qué es el tercer sector. Esta definición cobra importancia también de cara a mejorar la seguridad jurídica de estas entidades. Lo describe como las organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. Después de haberlas definido, establece y detalla cuáles son los principios esenciales que tienen que regir la actividad que llevan a cabo estas entidades. Algunos son puramente organizativos, como tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica privada, carecer de ánimo de lucro, asegurar la participación democrática de sus miembros o tener carácter altruista. Otros están relacionados con las actuaciones que llevan a cabo como la transparencia en la gestión, la autonomía en la toma de decisiones, el impulso de la cohesión social o la promoción de la igualdad y la no discriminación.


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En cuanto al segundo de los ejes, el proyecto de ley refuerza la capacidad del tercer sector como interlocutor de la Administración General del Estado, como he insistido, en el diseño y en la aplicación de las políticas públicas en el ámbito social. Para ello establece dos órganos de participación, cuyo funcionamiento se regulará reglamentariamente y que en realidad ya están en marcha. Por una parte, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, que es un ámbito de encuentro y diálogo de las políticas sociales y, por otra parte, la comisión a la que antes hacía referencia para el diálogo civil, con la plataforma del tercer sector, comisión cuya finalidad es institucionalizar la colaboración, la cooperación y el diálogo permanente entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y dicha plataforma, en la que están encuadradas las más importantes entidades, organizaciones y federaciones del tercer sector a nivel nacional. Esto garantiza la participación real y efectiva de las entidades sociales conforme al principio de diálogo civil y nos abre un cauce de permanente interlocución, que es en el que ya estamos de hecho viviendo.

En el tercer pilar, el proyecto de ley recoge distintas formas de fomento y promoción del tercer sector, que apelan a la labor de la Administración General del Estado en el desarrollo de las políticas públicas. En el plano económico, el texto establece que las entidades sociales gozarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen vigente de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que se revisarán siempre que sea necesario con objeto de mejorarlos. El texto prevé adecuar los sistemas de financiación pública, siempre considerando el prisma de la estabilidad presupuestaria y de la normativa europea en materia de ayudas. Se pretende también impulsar la diversificación de las fuentes de financiación, proponiendo una mejora de la normativa sobre mecenazgo y de apoyo a la responsabilidad social empresarial. En el plano de la concienciación social, el texto prevé otras medidas de apoyo, como instrumentos legales que promuevan los programas sociales de las entidades o como la promoción de la formación de las personas que desarrollan su actividad y que hacen su trabajo en este sector. Otras pasan, por ejemplo, por incluir -son medidas de fomento en los planes de estudios en las diferentes etapas educativas- contenidos y referencias a la labor solidaria y a la realidad del tercer sector que ayuden a valorarlo desde la adolescencia, desde los más jóvenes, como una vía eficaz de participación de los ciudadanos, u otras medidas que también están buscando dinamizar la participación de la mujer y por tanto la promoción de la igualdad en estas entidades. En ese sentido, en los ámbitos de fomento, apoyo y difusión, el texto hace un llamamiento no solamente a la Administración General del Estado, sino también a las comunidades autónomas y a las entidades, para que establezcan colaboración, como vienen haciendo, y la refuercen especialmente a través de la firma de convenios. En definitiva, con ese fomento se trata de tener la capacidad de seguir actuando juntos, porque la experiencia demuestra y el sentido común dice que cuando actuamos juntos somos mucho más eficaces.

Además de estos tres pilares fundamentales que he expuesto brevemente y que contiene esta ley, se introducen algunos otros avances. El más importante, que es llamativo y que es un mandato muy directo, es la aprobación de un programa de impulso de las entidades del tercer sector. El Gobierno viene obligado a aprobar este programa de impulso en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del texto. Por tanto, nos ponemos deberes muy concretos y esperamos poder hacerlos conjuntamente con el sector. Es un programa que además va a tener que contemplar medidas concretas, que quieren dar cumplimiento y desarrollo a las previsiones de refuerzo de las entidades que se prevén en la ley. A partir de ahí, una vez que el Gobierno haya aprobado este programa de impulso para las entidades, habrá un plazo de dos años para que se remita a esta Cámara un informe evaluando los efectos y las consecuencias de la aplicación de la ley. Es decir, hoy establecemos un marco, hoy damos un contenido, hoy asumimos unos compromisos legales, pero nos comprometemos también a seguir trabajando, evaluando y viendo las consecuencias de la ley. Por tanto, planteamos ya su posible posterior mejora, a la luz de la experiencia. Creo que ese es un buen punto de partida para la ley.

Hay algunas cuestiones que resultaban importantes, después de conocer la experiencia, el sufrimiento y las dificultades que han pasado estas entidades, que también se incorporan aquí. Por ejemplo, se establece que a las obligaciones de pago pendientes de las comunidades autónomas y entidades locales con el tercer sector, como resultado de convenios que se hayan suscrito en materia de servicios sociales, se les dé un tratamiento análogo al de otros proveedores y que, en las ayudas y en las subvenciones públicas, las bases reguladoras de las convocatorias contemplen las especialidades del tercer sector en atención al interés general al que sirven y a las singularidades de su naturaleza y de su actividad.

Por último, el texto prevé la creación de un inventario público y accesible de entidades por parte del ministerio, previo informe del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social


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en coordinación con las comunidades autónomas. Tendremos una información estadística certera de las entidades sociales, que creo que será una herramienta de enorme utilidad para conocer mejor la realidad y para poder hacer una gestión más oportuna.

Por tanto, estamos ante un proyecto de ley que es nuevo, que no existía, que viene a cubrir un vacío, que viene a satisfacer una demanda, que viene a dar respuesta a una vieja petición, que proporciona seguridad jurídica, que da apoyo a las entidades sociales del tercer sector y que por tanto les da fuerza para seguir constituyendo una de las principales redes de protección social con las que cuenta nuestro país. Como les decía al principio, como siempre -es nuestra disposición-, hay margen de diálogo, de mejora y de incorporación para que todo el mundo se pueda ver representado. En definitiva, tanto el espíritu, como el contenido y las previsiones de la ley responden a un deseo de fortalecer un interés general que no tengo ninguna duda que todos compartimos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà. Los representantes de los grupos intervendrán tanto para la defensa de su enmienda como, en su caso, para fijar posiciones.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, en primer lugar, queremos resaltar la gran labor que desarrolla el tercer sector de acción social en beneficio de la sociedad, entre otras cosas, cumpliendo una labor social que debería corresponder al mismo Estado, al menos si tuviéramos un Estado social y de bienestar más desarrollado. De hecho, en una situación de crisis del sistema y de dualización social, que está generando tantas desigualdades, tanta discriminación y tanta exclusión social, el tercer sector se convierte en un pilar imprescindible para la inclusión y la cohesión social. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero también es cierto que el Estado, lejos de adoptar medidas que permitan la adecuada financiación del tercer sector, está recortando directa e indirectamente sus recursos, comprometiendo en parte su solvencia, los puestos de trabajo que dependen de ella y en muchos casos su propia supervivencia. Por otro lado, el Gobierno, con toda su legitimidad, está aplicando recortes sociales impresionantes desde hace unos años, recortes que provocan graves exclusiones sociales, reducen la atención a las víctimas y asfixian a las organizaciones sociales, organizaciones sociales que atienden las consecuencias de una política económica muy concreta y de unas prioridades gubernamentales que, a nuestro entender, son lacayas del poder financiero.

Este proyecto de ley, para nosotros -lo digo sin ninguna mala intención-, tiene un tanto de engañabobos -utilizando un término sin ninguna carga malévola-. ¿Por qué lo digo? Porque ante esta realidad, ante estos recortes, este proyecto de ley pretende hacer ver que el Gobierno español se preocupa más del tercer sector de lo que en realidad se preocupa. No digo que ustedes lo saboteen, no digo que no crean en él, digo que ha habido otras actuaciones prioritarias al menos hasta ahora. Por si cabe alguna duda de ello, permitan que lea la disposición adicional cuarta del proyecto de ley, que dice literalmente: La regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público ni incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Igual la palabra correcta no es engañabobos, pero al menos yo me siento un tanto engañado. Quizá soy yo el bobo y no usted, pero me siento un tanto engañado. ¿Para qué sirve entonces una ley si no va a destinar ni un solo céntimo a mejorar la precaria situación de las organizaciones? Sirve, a nuestro entender, para tres cosas. Una -ya lo he dicho más o menos-, para hacer ver que hay una gran preocupación hacia el tercer sector, pero el proyecto de ley no es más que una medida que si no es retórica al menos sí tiene algo que ver con el tramo de legislatura en el que estamos. Yo creo que esto es un poco verdad. Por otro lado, esta enfermedad no la padece solamente su Gobierno; todos los Gobiernos tienen la tentación, en el último tramo de la legislatura, de hacer leyes placebo para ganar cuotas de mercado electoral. Es nuestra opinión.

En segundo lugar, hay otra finalidad, que es la recentralización. Una vez más las competencias autonómicas quedan mermadas, tocadas. Jaque a las competencias; es un jaque permanente. Es cierto, van ganando, y van ganando por goleada. De hecho, ya estamos instalados en el jaque mate. Lo reconozco, estamos ya perdidos, al menos nosotros. Jaque mate a las competencias autonómicas. No hay un solo artículo de esta ley que no suponga una injerencia en las competencias que tienen Cataluña y otras comunidades autónomas.


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En tercer lugar, otorgan cada día más peso a las organizaciones estatales en detrimento de las organizaciones autonómicas o de menor implantación territorial. Creo que este equilibrio nunca se ha buscado y creo además -sé que esto puede molestar a algunas personas que están aquí, pero es nuestro criterio, quizás equivocado- que a veces estas organizaciones responden más a los intereses de la nomenclatura madrileña o instalada en Madrid que al universo de lo que son en el conjunto del territorio; por otra parte, son entidades que desarrollan una excelente función social. Espero que no se tergiversen mis palabras; es posible que se haga, porque en otras ocasiones ya hemos sido víctimas de estas tergiversaciones: que si vamos en contra de la Cruz Roja, que si vamos en contra de Cáritas, que si vamos en contra de la ONCE. Parole, parole, parole, buscando la tergiversación, cuando nosotros no solamente somos fervientes defensores de estas entidades, sino que siempre hemos reconocido la gran labor que han desarrollado en Cataluña y en todas partes. Pero esta dialéctica existe y por eso pensamos que esta ley hubiera tenido que ser mucho más atrevida a la hora de plantear estos problemas que venimos arrastrando desde hace años; incluso en el debate profundo, más íntimo, entre diputados o entre políticos, a veces se intuye, se reconoce, la existencia de la contradicción, pero cuando el partido que está en la oposición gobierna olvida que estaba interesado en debatirlo y al revés. Ocurre como en los proyectos de reforma de las leyes electorales, con otra categoría quizá. Hay comportamientos que están muy viciados desde hace muchos años.

Habría una manera de actuar para echar una mano a todos, por ejemplo, modificando de una vez por todas aquello que compete al 0,7 del IRPF, del que seguimos reivindicando, de forma cansina, su territorialización. Mi compañera y buena amiga, diputada del Partido Socialista, no ha podido dejar de sonreír ahora porque sabe que, al margen de los acuerdos o de los desencuentros, hace años que venimos debatiendo sobre esto y pasan los Gobiernos -no digo los regímenes, por suerte- y el problema sigue estando enquistado. Es cierto que se dieron avances cuando gobernaba el Partido Socialista, es cierto que se aprobaron en sede parlamentaria grandes avances; debo decir a favor de su coherencia que ustedes siempre se opusieron a ello, pero una vez que se aprobó el Partido Socialista consideró que había que dar marcha atrás. Estamos enquistados en este problema, pero los datos siguen siendo los que son. Me sabe mal tener que hablar de Cataluña, pero no lo digo porque considere que sea mejor o peor sino porque es lo que conozco más. Sigue habiendo mayor número de ciudadanos catalanes, en relación con el resto del Estado español que, al margen de su ideología política, marcan la casilla; las aportaciones en Cataluña siguen siendo diez puntos superiores respecto a otros territorios del Estado español, diez puntos respecto a la media, luego ¿por qué se recibe mucho menos? Este es el debate que no se ha querido afrontar. Ahora resulta que viene esta ley -quizá yo soy demasiado crítico- y ¿no cree usted que esto debería debatirse en paralelo? Creo que sí, entre otras cosas porque es un debate que se arrastra y si algún día ustedes no gobiernan seguirá existiendo este problema. No lo entiendo, si esta era una gran oportunidad para poner un esmoquin al tercer sector. Esta ley tiene algo que a todos nos gusta y es que no deja de ser una manea de reconocer la existencia del tercer sector. Yo no digo que ustedes lo hagan todo mal, aparte del ministro Wert.

Esta ley, por las razones que he mencionado, es una ley que consideramos innecesaria, que no es atrevida, no es valiente y no alcanza todos los déficits que vamos arrastrando. Por ello, ya que nuestra enmienda a la totalidad será derrotada, apelamos, como siempre hacemos y usted sabe bien, a su manera de trabajar, para que en el trámite parlamentario podamos enderezar un tanto el entuerto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Bienvenidos. (La señora diputada se dirige a representantes del tercer sector de acción social que se encuentran en la tribuna de invitados).

Voy a ser bastante breve porque este tema es recidivante, por lo menos en aquello sobre lo que disertaré. Quiero que de antemano quede clarísima la incuestionable y extraordinaria labor de las entidades del tercer sector a nivel estatal, muy especialmente un recuerdo para las de Euskadi, que, como saben, están muy consolidadas y creo que hemos sido pioneros en el trabajo conjunto entre la Administración pública y ese tercer sector. De hecho, nuestro candidato a la Alcaldía de Bilbao ha sido diputado foral de esta materia, ha sido consejero también y, más allá de la política y de la ideología, es una persona extraordinariamente reconocida por las entidades del sector, ¿no, señor ministro? Decía que vaya por delante nuestro reconocimiento, pero nuestra enmienda de totalidad al proyecto de ley del tercer sector


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rezaba, después de un análisis jurídico riguroso de la ley: "El Grupo Parlamentario Vasco presenta esta enmienda de totalidad por considerar que la intervención normativa del Estado a través del proyecto excede de sus competencias e interfiere, de forma inconstitucional, en el ámbito competencial que en materia de asistencia social tienen las comunidades autónomas. El título competencial al que se acoge el proyecto, el expresado en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, una vez más no da cobertura a la regulación que pretende el Estado: en esta materia" -señor ministro, usted lo conoce de primera mano- "son las comunidades autónomas las que se han visto investidas de la atribución competencial para dictar la normativa correspondiente sin que pueda, de forma recurrente, acudir el Estado al manido artículo 149.1.1.ª de la Constitución española en estos ámbitos de corte asistencial. De mantenerse esta concepción" -decía la enmienda- "el Estado provoca una interferencia brutal con las regulaciones autonómicas en esta materia".

Pues bien, se lo voy a traducir brevemente al castellano no formal. La verdad, ministro, con todo el cariño del mundo -sabe usted que es el ministro del Gobierno al que más aprecio-, son ustedes unos artistas. Es más que obvio que el proyecto que ustedes proponen provoca una indiscutible invasión competencial que colisiona frontalmente con las previsiones del Estatuto de Gernika, que en su artículo 10 establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: asistencia social y fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico y asistencial -podría recitarle otras, pero creo que con esas dos es más que suficiente-. Además, obvian lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución española, que establece: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales", y este lo es, señor ministro. Se trata de una competencia singular, de raíz foral, de carácter preconstitucional y que ha sido ejercida históricamente por las diputaciones forales vascas.

A veces tengo la sensación de como si legislar fuera jauja. Estoy un poco agotada ya con este tema. (Risas). ¿Me pongo seria? Sería muchísimo peor. Como si legislar fuera jauja, como si el Estado de derecho fuera un chicle que a veces ustedes pretenden estirar o encoger a su antojo, se agarran a este cajón desastre -yo le llamo desastre, no de sastre- y a ese artículo 149.1.1.ª de la Constitución para invadir nuestras competencias sin pudor. Además, le diré, señor ministro, que hay jurisprudencia reiterada y constante -un goteo- del Tribunal Constitucional que señala que este no es un título atributivo de competencias y, a pesar de eso, reiterativamente tiran de él para tratar -entiendo que en este caso con buena voluntad- de dar un encaje correcto en el ordenamiento jurídico a cuestiones que al final van minorando, van encogiendo, van restringiendo las competencias de las comunidades autónomas. Les decía que para mí es un aburrimiento porque subo demasiadas veces a esta tribuna y menciono este artículo y creo que ya es suficiente. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que es una tristeza ver cómo destruyen -me estoy refiriendo al Gobierno- el consenso y el acuerdo alcanzado en la construcción del bloque constitucional sin sonrojarse, generando además una profunda inseguridad jurídica, porque, de verdad, señorías, señor ministro, estas cuestiones se encuentran ya reguladas o en fase de regulación por nuestras comunidades autónomas de forma consensuada y, en nuestro caso, con el tercer sector vasco, y lo hacen además arbitrando disposiciones que en ocasiones chocan con las previstas en las normativas autonómicas.

Ya se lo avanzo, he hablado con el tercer sector vasco y no es favorable a la aprobación de esta norma, le ven dificultades. Decía usted, señor ministro, si no he anotado mal, que han quedado definidos los contornos jurídicos nítidamente. Yo creo que no, señor ministro. Le hacía referencia a la jurisprudencia constitucional. Además, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una entidad del tercer sector tiene preferentemente su actividad en Euskadi, pero circunstancialmente trabaja en otra comunidad autónoma? ¿Qué normativa vamos a aplicar? ¿La normativa vasca? ¿La normativa estatal? Estas cuestiones deben ser aclaradas. Tengo que hacerle otra crítica. Creo que regulan cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas, se meten en ese mercado -en camisas de once varas en algunos casos-, donde no son competentes y eluden por otra parte legislar en materias que creo que han sido citadas también por el señor Tardà, de singular relevancia para el tercer sector. Ellos hablan del 0,7, a nosotros por el régimen especial económico no nos afecta. Otras materias que sí son de la responsabilidad del Gobierno son, por ejemplo, el tratamiento impositivo, el IVA a la contratación pública, las cláusulas sociales o el mecenazgo, entre otras cuestiones. Puedo suponer también que es más cómodo para las grandes redes estatales que se integran en el tercer sector relacionarse solo con la Administración central que tener que relacionarse con diecisiete comunidades autónomas o administraciones autonómicas, pero


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ello no justifica semejante dislate jurídico. Creo que esta opción destruye además el valor del respeto a la ley y a ese entramado constitucional del que nos hemos dotado.

No voy a agotar más mi tiempo porque nuestra postura ha quedado suficientemente clara. El tercer sector tiene nuestro apoyo, pero hemos presentado esta enmienda de totalidad por las consideraciones competenciales que he expuesto. Supongo que esta enmienda de totalidad será rechazada, pero confío, señor ministro, en que a lo largo del procedimiento de tramitación de la ley podamos ir matizando las dudas que pueden quedar sobre el respeto de la legislación autonómica, en la medida en que esta ley se constituye como una ley de carácter básico, y eso, ojo, viendo la jerarquía normativa del Estado, provoca serios problemas. Ese es nuestro ofrecimiento. Nosotros trataremos de llegar a acuerdos, a consensos, a lo largo del trámite de la ley, pero, en cualquier caso, queríamos dejar bien clara nuestra posición con respecto a esta nueva invasión competencial que entendemos que se ha impulsado desde el Gobierno del Estado.

Muchísimas gracias. Le escucho en su siguiente intervención.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidenta.

Señor ministro, entidades y representantes del tercer sector social, si alguna cosa ha evidenciado la crisis que padece nuestro país, es la fortaleza, en el sentido más conceptual y más amplio de la expresión, a pesar de las dificultades por las que atraviesan las entidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción social, cooperativas, en definitiva, entidades y actividades que, de manera altruista unas y como prestadores de servicio otras, han actuado de manera decisiva para minimizar los efectos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que padecen miles de familias de nuestro país como consecuencia de la crisis económica, pero también del desmonte del Estado del bienestar que caracteriza las políticas que desarrolla el Gobierno del Partido Popular. La concertación entre el sector público y las entidades del tercer sector con las comunidades autónomas, pero fundamentalmente con la Administración local de nuestro país, primera trinchera de combate de las graves consecuencias de la crisis, ha sido fundamental para minimizar, como ya he dicho, sus efectos. Son 29.000 entidades, 500.000 trabajadores, 900.000 voluntarios los que actúan diariamente en nuestro país con miles y miles de niños y niñas y adolescentes, con personas mayores, con personas dependientes o con discapacidad, con personas drogodependientes o con problemas de salud mental, con familias y personas condicionadas por la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Todas esas entidades que actúan con estas miles de personas que padecen y sufren la crisis, la desigualdad y la exclusión son el tercer sector de acción social.

El Gobierno nos presenta para su discusión y aprobación el proyecto de ley del tercer sector de acción social. Reconocemos que supone un paso adelante en la consolidación de un sector que hasta el momento no disponía de un marco regulatorio que amparase a las entidades que trabajan en él y que realizan acciones para hacer frente a la situaciones de necesidad social, desigualdad y exclusión social. Sí, reconocemos que es un paso adelante, pero también hay que decir claramente que es insuficiente. Es igualmente positivo el ejercicio que la ley realiza al definir y clarificar el concepto de tercer sector de acción social. La aprobación de ese texto ofrece identidad, estabilidad y garantías a numerosas entidades. Efectivamente, es un paso adelante, pero es claramente insuficiente. Sin embargo, al ser la primera vez -y voy a explicar por qué lo consideramos insuficiente- que se presenta y se sitúa un marco normativo para englobar la acción del tercer sector, se ha perdido una oportunidad de oro para afrontar y regular de manera global y transversal todas las demandas históricas del sector. No todo es positivo en una ley que olvida demandas y necesidades fundamentales para las entidades del tercer sector social. El proyecto de ley no resuelve peticiones como son las necesarias modificaciones legislativas en la Ley del IVA, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Subvenciones, la Ley del Impuesto sobre Sociedades ni en la legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo o la legislación de utilidad pública, y podría seguir citando algunas más. Como respuesta, el Estado en los últimos años se ha dedicado a impulsar cambios normativos que no han hecho otra cosa que empeorar el marco legal -Ley de Subvenciones, Ley del Impuesto sobre Sociedades, IVA de las actividades educativas, legislación sobre el blanqueo de capitales-, obstaculizando o negando los múltiples intentos para mejorarlo o limitándose a realizar pequeños retoques cosméticos que nada solucionan o se quedan a medio camino. Deja fuera del sector


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a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción. Únicamente admite a las asociaciones y las fundaciones. Hay que reconocer -y habría que ponerlo en valor- el trabajo que las cooperativas de iniciativa social y las empresas de inserción hacen tanto en el campo del tercer sector como en la dinamización de la actividad económica, ya que este sector tiene un gran peso en nuestro país. He hecho referencia al principio de la intervención precisamente a los más de 500.000 trabajadores que hay en el sector y a la cantidad de voluntarios que actúan en el mismo.

El tercer sector es un importante aporte a la economía del país, a la economía social y a la creación de empleo. Por otra parte, la ley crea un estatuto de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado que puede comportar en el futuro una centralización mayor en la distribución de los recursos procedentes del Estado, en detrimento de las entidades que actúan principalmente a nivel local y autonómico. La organización del marco regulatorio puede dificultar la territorialización de los fondos procedentes del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reforzando que sea el Estado quien siga distribuyéndolos de una manera desigual. La compañera del PNV ha hecho referencia a la invasión de competencias. En el caso de Cataluña podríamos hablar exactamente de lo mismo. Cataluña, a pesar de representar el 16 % de la población española, recibe una cantidad procedente de este fondo muy inferior a lo que le correspondería y además contraviniendo algunas sentencias del Tribunal Constitucional emitidas al respecto. Recordaré simplemente que las aproximaciones de 2014 dicen que Cataluña ha aportado 54,4 millones de euros y sin embargo ha recibido solo 30,8 millones en subvenciones de programas sociales. Lo digo a título de referencia. Si encima se recentraliza la distribución de los recursos del Estado, sería coherente con la política del Partido Popular, pero no sería coherente con la realidad territorial, social y política de España, reconocida además en la Constitución cuando habla de la existencia de nacionalidades.

Cierra la participación de otros sectores diferentes a la Plataforma del tercer sector en la Comisión del diálogo civil, y todo ello a pesar de que esta plataforma, siendo claramente representativa -supone una representación importante de entidades a nivel estatal-, no representa la totalidad del sector en España. Vuelvo a hacer referencia a la intervención de la compañera del PNV. Euskadi y Cataluña serían un claro ejemplo de cómo entidades, empresas, cooperativas que trabajan en la economía social tienen una clara influencia en la actividad, en las políticas y en los programas de desarrollo vinculados al tercer sector. Por tanto, la propuesta del Gobierno deja fuera instituciones como las del tercer sector catalán, que han demostrado un claro compromiso en la defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad. Ello impedirá el concurso de un actor social, político y económico de primer orden que actúa en la defensa de los derechos sociales, la prestación de servicios a las personas más vulnerables, la sensibilización ciudadana y el fomento del voluntariado.

Si antes he hecho referencia y he dado los datos de la situación a nivel estatal del tercer sector, según los datos del anuario de 2013 del tercer sector social en Cataluña, este está formado por más de 6.800 entidades, tiene un volumen económico equivalente al 2,8 % del PIB catalán, 102.000 personas contratadas, 300.000 voluntarios y 2.100.000 personas reciben las atenciones y se benefician del trabajo de todas estas entidades. Por tanto, no se pueden dejar fuera del consenso, del trabajo político, de la relación del Estado las entidades que representan a este sector tan importante, aunque no estén en la plataforma. El Gobierno tiene que rectificarlo y tiene que corregirlo, porque, si no, será una muestra no solo de insensibilidad respecto a la realidad de nuestro país, sino de no reconocimiento del trabajo tan importante que pueden estar haciendo en el País Vasco o en Cataluña entidades vinculadas al tercer sector. La labor en defensa de los derechos sociales por parte de estas entidades es innegable y por tanto deberían estar incluidas en la Comisión del diálogo civil buscando la fórmula que sea, bien, en el caso de Cataluña, a través de la Taule d'Entitats del Tercer Sector, que incluye a 33 federaciones y más de 4.000 entidades, o mediante la fórmula que se establezca, pero encuéntrenla, encuéntrenla, por favor.

Por último y en relación con la cuestión del gasto público, desde La Izquierda Plural se confía en que se concreten los mecanismos de financiación y que el Gobierno tenga en cuenta en su desarrollo posterior las propuestas del sector y las necesidades de las entidades que lo componen, gravemente lastradas por el azote económico de estos años de crisis. El sector necesita medidas específicas de fomento que mejoren su capacidad de actuación, por lo que incluir una disposición adicional en la que se explicita el no incremento del gasto público en el despliegue de la ley resulta del todo absurdo y un engaño tanto al tercer sector como a la ciudadanía. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Ya que ustedes no han sido capaces de reforzar el Estado del bienestar, contribuyendo con sus políticas a incrementar la desigualdad y la falta de cohesión de nuestra sociedad, les pedimos que


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reconsideren su propuesta de proyecto de ley, que nos parece insuficiente, de mínimos muy mínimos. Se ha perdido una oportunidad que habría que recuperar. Aunque reconocemos que es un paso adelante, insistimos, es insuficiente, responde a mínimos aceptables para entidades del sector, pero que no satisfacen globalmente. Lamentablemente, como digo, se ha perdido una oportunidad. Esperamos que en el trámite de enmiendas se pueda corregir y mejorar el proyecto de ley y que se tengan en cuenta algunos de los elementos que nosotros hemos presentado en la reflexión general de esta enmienda a la totalidad, que intentaremos concretar en el proceso que va a seguir la tramitación de la ley. Rectifiquen, corrijan, sean sensibles a la realidad social y territorial de nuestro país e incluyan las modificaciones adecuadas al proyecto de ley que ustedes han presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.

Para defender su enmienda tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Damos también la bienvenida a conocidos y amigos representantes del tercer sector a nivel estatal. He de empezar diciendo, señor ministro, señorías y representantes del tercer sector, que mi grupo hubiese preferido no tener que presentar esta enmienda a la totalidad, no tanto porque la discusión y el debate en sí mismos no sean útiles y permitan avanzar en el conocimiento de las posiciones entre los distintos grupos, sino porque seguramente estamos perdiendo la oportunidad de convertir este proyecto de ley en un marco estable que nos sea útil a todos. Y no es menor el hecho de que hayan sido los grupos catalanes y el Grupo Vasco quienes estén manifestando en la Cámara las principales críticas a este proyecto de ley. Esa traslación, señor ministro, no es tanto una crítica a las entidades del tercer sector, sino una consideración sobre las políticas efectivas que el Gobierno hace con relación a Cataluña y que se trasladan también al debate de esta ley, porque, señor ministro, ¿que haya una ley que articule la relación del tercer sector estatal con la Administración General del Estado puede ser útil? Sí, por qué no, evidentemente. ¿Y que exista una ley que de alguna manera reconozca la existencia de ese tercer sector puede ser útil? También, es evidente que sí, pero si esta ley forma parte de una política que tiende a la centralización en todos los ámbitos de la vida pública, es una ley que los grupos catalanes miramos con desconfianza. Y si además tenemos en cuenta cuestiones que venimos planteando desde hace tiempo en esta Cámara, que no se terminan de resolver, no se resuelven y uno tiene la intuición de que en última instancia este proyecto de ley lo que pretende es consolidar el control por parte del Estado de las subvenciones del 0,7 como razón última que justifica este proyecto de ley, de ahí las enmiendas a la totalidad que se le han planteado.

Señor ministro, no estamos estrictamente ante una invasión competencial. El proyecto de ley ya se cuida mucho de dejar muy claro, como no puede ser de otra manera, que este proyecto de ley no puede invadir las competencias en asistencia social de las comunidades autónomas, no puede afectar a la legislación autonómica que exista en la materia. Desde este punto de vista el proyecto de ley es absolutamente impecable, pero consolida una política que entiende que aquello que es fundamental en las políticas del tercer sector es la articulación a nivel estatal, y lo que busca la política del Gobierno es fortalecer la articulación social y política del tercer sector. Eso, señor ministro, contrasta con dos hechos que son muy objetivos y que van más allá de una reivindicación desde una opción política catalanista o desde una opción política de carácter nacionalista.

La fortaleza del tercer sector, la fortaleza del tejido asociativo está en la proximidad con los ciudadanos, en la proximidad ante los problemas de la sociedad, en la articulación de arriba abajo, en dar vigor, energía y fortaleza a las iniciativas sociales del ámbito local, del ámbito comarcal, del ámbito autonómico, del ámbito casi natural donde se articula ese propio sector. La política del Gobierno tiende a ignorar esa realidad y se obsesiona en la articulación en el nivel estatal. Además, el tercer sector, si es aliado de alguien en el sector público, es fundamentalmente de quienes ejercen las competencias en las políticas sociales, que son comunidades autónomas y administraciones locales. Es allí donde tiene sentido esa alianza en aquellas políticas que son propias de esas administraciones. De hecho, el principal problema que tiene la discusión constitucional sobre el 0,7 del IRPF es que las subvenciones que el Estado promueve en esta materia afectan a competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Con quien articula fundamentalmente sus relaciones y colaboraciones el tercer sector es con esas administraciones. Por tanto, estamos ante una recentralización sutil que en términos constitucionales difícilmente podríamos


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mantener, pero que en términos políticos debemos poner encima de la mesa. Insisto en que, como le decía al principio, hubiese sido fácil con otra política haber creado un marco legal que reconociese y articulase esa relación.

No deja de ser importante -y el señor Pérez Moya, de Iniciativa per Catalunya, lo ha explicado muy bien- que el proyecto de ley haga como si no entendiese el hecho de que al 20 % del conjunto de la sociedad civil del Estado español, que es la catalana, no se le reconoce la representación en aquello que la Administración General del Estado legisle, regule y administre. No se le reconoce. Hoy, la Taule d'Entitats del Tercer Sector, que es quien representa a la sociedad civil organizada, no participa de la plataforma que ustedes reconocen en este proyecto de ley como representativa de la sociedad civil. No, señor ministro. Si habla con la señora Guiteras y el señor Codina, se lo podrán contar, porque no es casualidad que el señor Tardà, el señor Pérez Moya, yo mismo, y estoy seguro de que también la señora Esteve, del Grupo Socialista, estemos de acuerdo en este argumento que estamos utilizando.

Tampoco, señor ministro, hemos resuelto la cuestión del 0,7 del IRPF. Si me lo permiten, señorías, ahí sería también crítico con los representantes de las plataformas estatales del tercer sector, porque están siendo poco generosas con la sociedad catalana, muy poco generosas. En esta materia, la sociedad catalana, los partidos políticos y las entidades del tercer sector hemos ofrecido acuerdos y, en cambio, ustedes y el Gobierno han querido ganar siempre por diez a cero. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Hay mayoría, sí, claro. Hay mayoría, pero en Cataluña hay otra mayoría política y social. Incluso su jefa en Cataluña, la señora Sánchez-Camacho -me quedé perplejo aquel día-, en una macrorreunión -en el primer o segundo congreso- de la Taula d'Entitats del Tercer Sector llegó a proclamar el compromiso del PP en el traspaso, en aquella época, del 0,52 del IRPF. Me quedé perplejo. Hay un consenso en Cataluña sobre que estos recursos, que son fruto del esfuerzo solidario y fraternal de los contribuyentes catalanes, deben ser gestionados por la Administración de Cataluña, y el esfuerzo. Repartamos esos recursos entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico. Cuando pasamos del 0,51 al 0,7 llegamos a plantear un reparto equitativo de esos recursos. Lo planteamos y no hay manera. Decía la portavoz del Grupo Vasco que es cansino, pues lo es; lo es. Pero insistiremos, no nos van a cansar lo suficiente como para no insistir en resolver esa cuestión que contamina este proyecto de ley.

Señor ministro, más allá de estas consideraciones que son el núcleo político de fondo de la enmienda a la totalidad que planteamos, he de decirle que además nos sabe mal -como decía al principio-, porque Convergència i Unió en relación con el tercer sector ha sido especialmente activa en esta legislatura e históricamente activa en esta materia. A riesgo de quedar un punto pedante, yo diría incluso que la expresión tercer sector aterrizó en esta Cámara a mediados de los años noventa de la mano de diputados de Convergència i Unió. Yo recuerdo que algunas de sus señorías llegaron a preguntarnos, cuando hablábamos del tercer sector, que de qué estábamos hablando; me refiero a la época del ministro Pimentel. Los que llevamos tiempo en esta Cámara tenemos memoria histórica y recuerdo un debate con el ministro Pimentel en 1997 o 1998 -respecto a esta expresión- en el que Convergència i Unió ya planteaba políticas en esta materia en relación con el tercer sector. Y en esta legislatura el primer debate que llevamos a la Cámara fue una reforma de la llamada ley de mecenazgo. También pusimos encima de la mesa una propuesta de un fondo de restauración para acompañar al tercer sector durante la crisis. Y hemos defendido la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer la contratación de entidades sociales que incorporen al mercado de trabajo a personas en riesgo de exclusión social o a personas con discapacidad. Hemos puesto encima de la mesa una regulación de las empresas sociales inspirándonos en las declaraciones más avanzadas de Europa. Asimismo, aprobamos en esta Cámara una moción de Convergència i Unió que instaba a que los mecanismos del FLA afectasen también a las entidades del tercer sector, y el señor Sánchez i Llibre defendió hace muy pocas semanas dar marcha atrás en el error que ha cometido el Gobierno con la reforma fiscal al obligar a las entidades pequeñas sin ánimo de lucro a presentar el impuesto sobre sociedades. La mayoría de estas iniciativas -aunque algunas han sido aprobadas- han sido rechazadas por el voto del Grupo Popular.

Nos sabe mal presentar esta enmienda a la totalidad en una materia donde nos sentimos muy comprometidos y en la que además valoramos el trabajo de todo el mundo, también de las organizaciones estatales en su acción de lobby, que en defensa de causas de interés general son eficaces -veo al señor Cayo, de Cermi, al que siempre hay que felicitar por su insistencia-. Además, desde el punto de vista de un diputado catalanista, nuestra expresión como nación entre otras características tiene desde mediados del siglo XIX la existencia de un enorme tejido social, cooperativo, mutualista, que durante el franquismo pudo continuar desarrollándose, a pesar de él, y que con la llegada de la democracia ha tenido una


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expansión absolutamente notable, ha sido un aliado fundamental del Gobierno de la Generalitat en la construcción del Estado del bienestar en Cataluña, y ha sido durante esta crisis uno de los colchones que explica la red social que ha amortiguado en parte sus consecuencias. Razón de más para sentirnos incómodos en esta discusión.

Precisamente porque existe una agenda pendiente de cuestiones a impulsar por este Congreso y por el Gobierno, queremos convertir el trámite parlamentario en una oportunidad no tan solo para salvar ese marco competencial que parece que necesitamos salvar y resolver la cuestión del 0,7 sino también para dar respuesta a problemas reales que tiene el tercer sector. El señor ministro hablaba de las mejoras en materia de fiscalidad y mecenazgo, que son muy insuficientes respecto a las necesidades del tercer sector y están muy lejos de la ley de mecenazgo que esta Cámara ha reclamado en distintas ocasiones. Puede ser también una buena oportunidad para dar marcha atrás en la práctica efectiva del Ministerio de Hacienda, para que la utilidad pública no se convierta en una excepción en el funcionamiento de la relación entre nuestras asociaciones y dicho ministerio, permitiendo que más asociaciones puedan beneficiarse de un marco fiscal favorable, así como para que seamos capaces de modificar la Ley de Contratos del Sector Público en la línea de la directiva que el Gobierno español debe trasponer para permitir que el tercer sector, en el campo de los servicios sociales por la vía del concierto, tenga la exclusividad de la gestión de los mismos.

Ante la amenaza y en la línea, por cierto, de una Ley del Tercer Sector muy interesante, aprobada en el País Vasco, la señora Domínguez me recordaba que en Asturias también se ha aprobado un proyecto de ley de estas características. Modifiquemos la Ley de Contratos del Sector Público para dar estas posibilidades o permitamos que las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan compensarse las deudas a través de los mecanismos del FLA. El proyecto de ley esto no lo resuelve; se refiere a los convenios y deriva a una modificación legal posterior. Abordemos también la cuestión de las subvenciones o seamos capaces, señor ministro, de convertir esta ley en un potente mecanismo de creación de empleo a través del tercer sector. En Francia, hace unos años el plan Aubry fue muy útil para la creación de empleo entre entidades del tercer sector con una política de incentivos a la contratación por parte de estas entidades. Hay margen para que esta ley no tan solo sirva para consolidar una política que creemos equivocada, sino al menos para resolver cuestiones que sí dependen del Gobierno, que sí dependen de las Cortes Generales y que deberían resolverse.

Termino, señor presidente. Señor ministro, a los grupos nos gusta su talante y cómo presenta los proyectos de ley, pero si además del talante cuando los presenta, el talante se tradujese en que fuésemos capaces de ponernos de acuerdo sobre cuestiones de fondo, ¡bingo!, señor ministro. Por tanto, quizá sea hoy el último día que elogie su talante y espero que en los próximos días pueda elogiar el contenido de los acuerdos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, y por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.

Las organizaciones del tercer sector en ocasiones realizan una encomiable labor que en realidad corresponde al Gobierno. Viven, como muchos otros sectores de la sociedad, actualmente una problemática que tiene que ver con la estrechez presupuestaria que va asociada a la crisis y con un problema fundamental de impagos que está poniendo muchas de esas estructuras en una situación muy delicada.

¿Deben algunas de estas organizaciones no gubernamentales en teoría depender prácticamente al cien por cien del Gobierno o de otras administraciones públicas? ¿No deberían tener otra fuente de financiación que tenga que ver con sus propios socios con una ley de mecenazgo que esperamos que algún día en algún futurible y de alguna manera sólida y merecida presenten el Gobierno, el Partido Popular o futuros Gobiernos? ¿No deberían además estas organizaciones estar a salvo de los vaivenes políticos porque ese es otro problema con el que se encuentran a menudo? Son preguntas que nos planteamos desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que me planteo y que creo que muchos de ustedes compartirán conmigo.

En 2013 se publicó un estudio sobre cómo las organizaciones no gubernamentales estaban siempre apoyadas por unos u otros partidos. Las diferencias que había entre la financiación de las diez primeras mientras gobernaba el Partido Popular y las diez primeras que estaban financiadas por el Gobierno del


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Partido Socialista eran brutales. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de financiar una organización como esta de la que estamos hablando hoy aquí? ¿No debiera ser su efectividad? Parece que de eso no se habla. No parece que sea así y creemos que los políticos volvemos a ocupar un espacio que no deberíamos ocupar; un espacio que, como en muchas otras ocasiones, debieran ocupar los técnicos, los que saben del asunto y los que pueden explicarnos de qué forma se utilizan los recursos y si son realmente efectivos o no. ¿Queremos trabajar realmente para que estas organizaciones sean eficientes, hagan bien su trabajo y, además, a salvo de vaivenes políticos y del clientelismo que se da en otras muchas opciones? En UPyD creemos que debemos intentarlo, pero no es eso lo que se ha estado haciendo en nuestro país hasta la fecha. Así pues, es de agradecer -al menos, un poco- que en este caso el Gobierno nos dé la posibilidad de que los grupos políticos enmendemos su propuesta, aportemos nuestras ideas y, atendiendo a los expertos en la materia, entre todos los grupos ayudemos a solucionar un problema que es realmente grave y que afecta a unas organizaciones muy importantes que, al fin y al cabo, están haciendo un trabajo que en muchas ocasiones debería estar haciendo el Estado.

Por todo lo expuesto y porque además sabemos que es una ley demandada por el tercer sector, no vamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad planteadas por algunos de los grupos de la Cámara, ya que a nuestro parecer retrasarían el trámite legislativo en demasía. Lo que sí haremos después será plantear enmiendas al articulado que irán en la línea de la creación de un observatorio estatal del tercer sector, de que se favorezca a las entidades del tercer sector con el máximo tratamiento fiscal favorable imperante en cada momento, de que se consignen partidas extraordinarias destinadas específicamente a luchar contra la exclusión y la pobreza de grupos en situación de vulnerabilidad y, para finalizar, de que las entidades del tercer sector tengan un régimen jurídico legal propio en materia de ayudas públicas y subvenciones, porque su estatuto singular y su idiosincrasia así lo requieren. Todas estas propuestas, que se tratarán -como hemos dicho- en el trámite posterior, creemos que mejorarán una ley esperada por este sector y por la sociedad en sí misma y lucharemos para que se incorporen al texto definitivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, saludo a las organizaciones y plataformas que hoy nos acompañan.

Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante el proyecto de ley del tercer sector de acción social y las enmiendas a la totalidad presentadas al mismo. Primero, quiero celebrar que hoy podamos debatir en esta Cámara un proyecto de ley que era un compromiso electoral de los socialistas y que en 2013 en esta Casa promovimos para instar al Ejecutivo a hacerlo efectivo. Esta propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios de la comisión correspondiente y hoy se materializa en este proyecto dialogado y trabajado con las entidades del tercer sector. Por tanto, quiero felicitar a todos los representantes de las plataformas y de las ONG que hoy nos acompañan en la tribuna y que han estado realizando esta tarea.

A las ONG, y específicamente a las ONG de acción social, se las identifica con los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables; más aún en estos tiempos de crisis en los que han tenido que reforzar ese papel debido al aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión que han provocado los drásticos recortes en las políticas y servicios públicos efectuados por el Gobierno. Siendo esta la labor más visible y la que genera solidaridad y empatía con estas organizaciones en la ciudadanía, no es la única, y merece la pena que en esta ocasión destaquemos también las otras para valorar en sus justos términos la importancia real del tercer sector. Las organizaciones que conforman el denominado tercer sector son el reflejo y la foto viva de una ciudadanía activa, solidaria y comprometida. Son organizaciones surgidas de la iniciativa social y sin ánimo de lucro: la sociedad civil, los individuos y las organizaciones en su relación con lo público. Si no existieran, probablemente habría que inventarlas y ponerlas en marcha; algo que sería todavía más costoso, porque ya llevan décadas trabajando. Pero más allá de esa función proveedora que tienen estas organizaciones, quiero destacar el papel fundamental que desarrollan al enfrentar a la propia sociedad, a los poderes públicos, a sus representantes, a este Parlamento sin ir más lejos, a los cambios sociales, al reconocimiento de realidades semiocultas, a visibilizar las otras vidas, las otras necesidades, las de aquellos que no es que no tengan voz, pero tienen menos posibilidades de ser escuchados, es decir, los más vulnerables. Los informes, los estudios, las investigaciones que -gusten o


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no a quienes en cada momento están en el Gobierno- realizan estas organizaciones que conforman este entramado, esta tupida red de solidaridad y altruismo que representan, han servido de motor en este país y van a seguir sirviendo para el cambio y para la transformación. Esto y el constante y persistente proceso de movilización social, de visibilización, de incidencia política, ha permitido que en los últimos años el tercer sector -con tensiones en su articulación, cómo no, con diferencias, con peculiaridades, un sector diverso- se convierta en un actor principal en el reconocimiento de los nuevos derechos vinculados al concepto de ciudadanía. Así lo hemos entendido desde el Partido Socialista y así hemos trabajado de la mano -también con tensiones, con diferencias, pero siempre con lealtad- con ellos y con ellas, con las organizaciones que lo conforman.

No ha sido la inercia, señorías, ni el paso del tiempo, ha sido el activismo de estas organizaciones lo que ha impulsado el compromiso de las fuerzas políticas, y en ello no puedo dejar de destacar el acompañamiento de mi grupo y el compromiso que hemos mantenido. Así sucedió, por ejemplo, cuando desde el Gobierno socialista se aumentó la dotación para proyectos sociales de interés general del IRPF del 0,5 % al 0,7 %, que hoy nos permite presumir a todos, también al actual Gobierno, del dinero que se destina a las organizaciones. También cuando hicimos la Ley contra la Violencia de Género, con el impulso y el aliento de las asociaciones de mujeres; cuando reconocimos un nuevo derecho social, como fue la atención y promoción de las personas en situación de dependencia; con las organizaciones de mayores, con las organizaciones de la discapacidad, de mujeres, con EAPN, con todos. No es casualidad que la primera vez que se recoge en un texto jurídico la definición del tercer sector en una ley del tercer sector y su papel en el acompañamiento de las políticas públicas sea precisamente en la conocida como Ley de Dependencia que trajo el Gobierno socialista a este Parlamento.

Las organizaciones que conforman este sector se han convertido estos años en protagonistas, impulsoras y verdaderas transformadoras de nuestra sociedad y de nuestras políticas. Son, señorías -y esto me parece muy importante-, la demostración de que la participación ciudadana no se limita a expresar la protesta y el descontento. También se manifiesta con el compromiso, son esa prueba viva del compromiso, y de ahí la importancia que para el Grupo Socialista tiene el diálogo civil para la definición de nuestras políticas y para nuestro modo de entender la sociedad y las relaciones con las organizaciones.

Fortalecer a las organizaciones del tercer sector, como pretende esta ley, significa fortalecer el tejido social, estoy completamente de acuerdo, señor ministro; porque una sociedad sin un tejido social fuerte es una sociedad anómica, es una sociedad deprimida, y esa no es la sociedad que queremos los socialistas. Desde nuestro punto de vista, en la colaboración en este caso con el tercer sector los poderes públicos tienen un instrumento privilegiado, un compañero para garantizar los derechos sociales y para seguir avanzando con sus diagnósticos y sus propuestas en la permanente actualización del concepto de ciudadanía y dar un paso más en el diálogo civil y en la extensión del Estado de bienestar. Esa es la razón de que hoy estemos ante una ley estatal que sitúa en la centralidad de nuestra actividad, no en el centralismo, a este importante sector sin interferir en las competencias de las comunidades autónomas, como bien señalaba el diputado Campuzano.

En expresión de quienes conforman las distintas plataformas y las organizaciones que trabajan en el tercer sector, el marco regulatorio que hoy las ampara no resulta el adecuado para el papel que desarrollan ni para los retos que afrontan. Mi grupo piensa que con este proyecto de ley esa situación se revertirá; sea, por tanto, bienvenido.

Dicho esto, ministro, no es la ley que nosotros hubiéramos hecho. Aunque recoge buena parte de nuestras pretensiones y de las pretensiones del tercer sector, no lo hace al cien por cien. Adolece de concreciones y de algunas cuestiones que ya han se han planteado aquí, incluso por quienes han presentado enmiendas de totalidad. Son concreciones necesarias para hacer efectivo el objeto de la misma, reconocido en el artículo 1 de la ley. No se concreta cómo se va a reforzar su capacidad como interlocutor ni cómo se van a fomentar. Por ejemplo, aplaza las necesarias medidas de fomento y la referencia a un futuro plan, que ya veremos cuándo se hace, si es en un año, o cómo y de qué manera. Tampoco se concretan las relaciones que va a tener este tercer sector con la Administración General del Estado, ni las novedades que esa regulación a la que usted ha hecho referencia va a introducir respecto a los dos instrumentos de participación que van a canalizar esas relaciones. Esos dos instrumentos de participación ya existen, por tanto no nos traen nada novedoso. La novedad es que lo van a cambiar. ¿Cómo y de qué manera? Ahí es donde tenemos que seguir avanzando. Del mismo modo, deja sin concretar -por lo menos, podría dibujarlo y, si no, ir a la concreción- los marcos de financiación y fiscalidad, así como las especiales características de este sector como un actor preferente en la


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colaboración y prestación de servicios de garantía y de responsabilidad pública. Esto es importante, porque están trabajando en ello.

En este sentido, tal y como hemos venido realizando en distintas iniciativas en el Parlamento, mi grupo introducirá, de no aprobarse hoy las enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales que mejoren aspectos que ya se han señalado aquí por otros grupos. Uno de los aspectos es el de la concertación. Hay que trasladar ya esa directiva europea que nos permite la concertación, que nos permite avanzar, una directiva que recoge esa posibilidad y que no debemos olvidar. Otro de los temas está relacionado con el tratamiento fiscal. Asimismo, se anuncia en la ley el mecenazgo. Estamos al final de una legislatura y, por tanto, ¿cuándo vamos a tener esa ley de mecenazgo? Se citan rasgos parciales sobre la RSC, la responsabilidad social corporativa, y su interrelación con el tercer sector, pero, como el señor Campuzano sabe, en esta casa se han aprobado recomendaciones concretas sobre esa relación entre el tercer sector y la responsabilidad social corporativa o empresarial que podrían traspasarse a este proyecto de ley, Tampoco, a mi entender, afina en el perfil del tercer sector, que, en mi opinión, es un colaborador necesario e imprescindible, pero al que no hay que cargar con el cumplimiento de las obligaciones públicas. Es muy importante que esto quede absolutamente claro. Los poderes públicos tienen que garantizar los derechos, los servicios y las prestaciones públicas, para los que tienen que dar la respuesta adecuada, con la colaboración, imprescindible, sin duda, del tercer sector. Lo que es aún más incomprensible, como ya le han dicho otros grupos, es asegurar que esta ley no tendrá impacto económico, pues nos hace pensar que, más allá de definir el marco regulatorio del sector, no va a hacer otra cosa. Esto podemos corregirlo en el trámite parlamentario también, ya que usted se ha ofrecido a ello.

Pero, pese a ello, señor ministro, tenemos el marco. Devolver hoy este proyecto al Gobierno sería hacer un flaco favor al tercer sector de acción social, por el que todos los grupos han manifestado aquí su respeto, así como al trabajo que realiza. Sería una pérdida de tiempo irremediable. Mi grupo no va a apoyar, por tanto, las enmiendas de devolución. Hecho el marco, aprovechemos el proceso de debate y de enmiendas para pintar el cuadro, definir contornos, añadir tonalidades y dotarlo de diversidad y de fuerza. Mi grupo así lo entiende. Presentaremos enmiendas en ese sentido, esperando que el grupo mayoritario, en atención al ofrecimiento que el señor ministro ha hecho al finalizar su intervención, nos permita mejorar el texto que ha enviado a esta Cámara el Gobierno y tener como resultado una ley fruto del consenso.

Si me queda algo de tiempo, señor presidente, aprovecho para hacer publicidad y ya que estamos en época de hacer nuestras declaraciones de la renta, el IRPF, desde aquí quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía, para que marquemos esa casilla de la solidaridad para fortalecer el tercer sector y a las organizaciones que tanto hacen en este país por todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan de eso, de la solidaridad y del apoyo de todos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Domínguez. No le quedaba tiempo pero me ha parecido oportuno cómo ha utilizado el exceso.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, saludo a la plataforma del tercer sector y a las entidades sociales aquí representadas. Y quiero, como orensana, que mis primeras palabras sean para recordar a Isabel Fuentes, esa mujer orensana que ha sido víctima de violencia de género, y para agradecer desde esta tribuna el trabajo incansable que durante estos días ha hecho la secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, con la que me despertaba todos los días a las siete de la mañana, mostrando la solidaridad a la familia y a los compañeros. Sin lugar a dudas se han oído a lo largo de estos días acusaciones mutuas entre el juzgado y la Guardia Civil, pero en todo caso a mí me gustaría -nunca hablo de temas de violencia ni estoy en la Comisión de Igualdad- que estos temas se apartaran del debate electoral. Digo esto porque al mismo tiempo que se producían manifestaciones y se decía que esta muerte tenía que ver con los recortes, se celebraba el funeral de esta señora y había que decidir entre una cosa u otra, y hacemos un flaco favor a las mujeres cuando metemos el tema de la violencia en nuestros debates políticos. Con lo cual en nombre de Ourense, del alcalde de Verín, señora secretaria de Estado, muchísimas gracias por estar en todo momento apoyándonos en este trágico suceso.

Quisiera comenzar mi intervención felicitando al ministro por el trabajo y la exposición que ha realizado a favor del tercer sector de acción social hoy en esta Cámara. Señor ministro, muchísimas gracias. En


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cambio, lamento el papel que ciertos grupos parlamentarios han jugado esta tarde. Creo que han perdido una gran oportunidad para hablar sobre lo que realmente era el debate, que era el debate sobre el tercer sector. Señorías, para los que no han estado aquí, el punto anterior era sobre fútbol y acabamos hablando de Cataluña, este es sobre el tercer sector y acabamos hablando de la financiación de Cataluña. Por respeto a la plataforma, a todas las entidades del tercer sector, deberíamos dedicar este tiempo a hablar sobre esto, sobre la ley que afecta al tercer sector de acción social. Por otro lado, señorías, quisiera agradecer el talante y el acuerdo que han abierto y posibilitado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de UPyD. Por supuesto empieza una gran labor en las comisiones con las enmiendas parciales y posiblemente llegaremos a muchos acuerdos porque esa es la voluntad que ha expresado el ministro en la tarde hoy.

Señoría el tercer sector de acción social siempre ha estado presente en nuestro país, pero en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante, habiéndose constituido como un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social. El tercer sector aporta un indudable interés a la participación organizada de la ciudadanía bajo los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades e inclusión. Como bien ha dicho el ministro esta tarde, en España hay alrededor de 30.000 entidades sociales cuya actividad representa casi un 2 % del producto interior bruto y da empleo prácticamente a más de 636.000 personas en nuestro país. Señorías, además este proyecto de ley no es una acción aislada a favor de las entidades sociales sino que se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social del Gobierno, una agenda social que a través de instrumentos como la Estrategia de juventud 2020, el Plan de acción sobre la estrategia española de discapacidad, el proyecto de ley de voluntariado, que se debatirá a continuación, y el próximo Plan integral de apoyo a la familia están fortaleciendo sin lugar a dudas el Estado del bienestar. Por lo tanto el objetivo final de esta acción coordinada no es otro que situar al ciudadano en el centro de nuestras políticas.

Señorías, sabemos que la actuación del tercer sector de acción social se ha erigido como una pieza clave para lograr la recuperación, y su actuación se ha convertido en la esperanza de muchas personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello consideramos que el trabajo desarrollado por estas entidades es una labor encomiable, que merece el apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos, y también de este Parlamento. La labor de estas entidades se ha desarrollado sin un amparo normativo propio de ámbito estatal. Por eso estamos ante un proyecto de ley de nueva creación, un texto inédito en la legislación española, cuyo fin último es garantizar la estabilidad e impulsar la interlocución de la Administración con estas entidades. Señorías, además este proyecto de ley confirma dos órganos de participación existentes, que próximamente se regularán reglamentariamente, el Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social y la Comisión para el diálogo civil, que desde su constitución en febrero de 2013 han sido un eficaz foro de encuentro con la Plataforma del tercer sector, y existe una colaboración mutua, una cooperación y un diálogo entre el ministerio, que en estos momentos tiene la competencia en materia de servicios sociales, y la Plataforma del tercer sector. Otro de los contenidos importantes del proyecto de ley es que las obligaciones de pago de las comunidades autónomas y de las entidades locales con el tercer sector, como resultado de convenios de colaboración suscritos en materia de servicios sociales, tendrán el mismo tratamiento que otros proveedores. Cabe recordar aquí -como también lo ha hecho el ministro- que el Gobierno ha consignado más de 3.000 millones del Fondo de pago a proveedores para hacer frente a la deuda que existía con las entidades sociales, una deuda que estaba poniendo en riesgo la viabilidad de muchas entidades.

Respecto a las cuatro enmiendas de devolución presentadas en la tarde de hoy, la mayoría de ellas en relación con la competencia que supone una invasión competencial, señorías, no existe ningún interés oculto en recentralizar competencias en el ámbito social ni en ningún otro. Queda claro que se limita el ámbito de aplicación de la ley a la regulación de aquellas entidades que tengan carácter estatal, entendiendo este carácter estatal -como recalcó hoy aquí el ministro- para aquellas entidades que extiendan su actuación a más de una comunidad o a Ceuta y Melilla. Por otro lado, el proyecto de ley se fundamenta en dos títulos competenciales previstos en nuestra Constitución española, en el artículo 149.1 y en el 149.1.31. Respecto a la financiación y la viabilidad del tercer sector, como hemos comentado, a lo largo de estos años de crisis se ha mantenido constante la financiación respecto a las entidades del tercer sector. Tengo que recordar que precisamente en el mes de abril ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Cataluña, obtuvieron 683,4 millones de euros que han sido repartidos en 2.647 entidades. Por tanto, señor Campuzano, no importa quién da el dinero, quién da las subvenciones, importa quién lo


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recibe y lo que hace con él. Eso es lo que importa y que llegue al mayor número de personas posible, que en esta crisis están siendo más vulnerables. Eso es lo importante. Venir aquí a pelearnos y debatir que si lo tiene que dar el Gobierno, que si lo tienen que dar las comunidades autónomas, me parece irracional en estos momentos, cuando debemos ser más solidarios que nunca. Así nos lo exige la ciudadanía, señor Campuzano.

Por último tengo que decir que estamos ante una norma consensuada, en la que han participado diferentes actores, como las comunidades autónomas, la FEMP, la plataforma del tercer sector, organizaciones representativas de la sociedad civil, y por este motivo es por el que tenemos que luchar, dentro de nuestras diferencias ideológicas, para alcanzar el mayor consenso posible en la tramitación que comienza a partir de hoy. (Aplausos). Les pido, señorías, en aras de este consenso que el Partido Popular y el ministro están ofreciendo, que retiren las enmiendas de devolución. Si quieren diálogo empiecen retirando esas enmiendas y nosotros les abriremos la posibilidad de empezar a trabajar con consenso y con diálogo, como han hecho el Partido Socialista y UPyD en este proyecto de ley.

Quiero agradecer a mis compañeras Inmaculada Guaita y Maravillas Falcón el auxilio y el apoyo que me están dando estos días con este proyecto de ley, y como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, una vez más en estos cincuenta y dos segundos que me restan quiero pedir que, ya que todos los españoles somos solidarios, ahora tenemos una ocasión única para serlo también en esta casilla de la declaración de la renta, porque merecen más que nunca el apoyo. Estamos saliendo de una crisis de la que, como dice nuestro presidente Mariano Rajoy, tenemos que salir todos juntos. Ojalá que esta ley de partida, que es un texto inédito, como he dicho, sirva de base para ir mejorándolo. Hoy es un proyecto, pero seguramente saldrá mucho mejor de lo que ha entrado en esta Cámara si ustedes retiran las enmiendas de devolución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

No se alarme porque ahora tengo que volver a la tribuna a defender otro proyecto de ley y no quiero reabrir el debate, porque además sé que las señorías integrantes de la Comisión de Servicios Sociales tienen mucho trabajo esta tarde, y no puede empezar hasta que no terminemos aquí, y no voy a boicotear mis propias leyes, las que se están tramitando en la Comisión. No es ese mi interés; pero sí quería agradecer el tono y la disposición que han mostrado los grupos, más allá de que atiendan la petición de la señora Vázquez de retirar las enmiendas de devolución, que en cualquier caso han permitido mantener aquí un debate.

Se han referido al ámbito competencial y quería decirle a la señora Sánchez Robles que yo conozco muy bien los derechos históricos de los territorios forales -invocaba usted la disposición adicional de la Constitución-, y ya he reiterado que no queremos hacer ninguna invasión competencial. Hay un debate sobre cómo circula en España la solidaridad; se sustenta en una solidaridad compartida, a veces entre generaciones, que es lo que da lugar a nuestro sistema de pensiones, que es garantía de tantas cosas, a veces sobre ciudadanos más allá de los territorios. La subvención del 0,7 es una expresión de esa solidaridad, y en mi opinión no ha de entremezclarse con la tramitación de este proyecto de ley.

La señora Pérez ha expuesto muy brillantemente cuál es la importancia y la fuerza del tercer sector como expresión de la sociedad civil, y cuál es su función y su utilidad. Se dice -yo lo he dicho ahí arriba, en la tribuna- que el tercer sector no puede entenderse como una excusa para diluir la responsabilidad del Estado; naturalmente, ni para dejar de cumplir con nuestras obligaciones legales. Tampoco es aquel que hace lo que no hace el Estado, y no me gusta nada esa visión. La ley se trae aquí con una intención clarísima, que es que lo tenemos que hacer juntos, y que es bueno que haya una sociedad civil fuerte y articulada que el Estado tampoco debe sustituir, sino que tiene que trabajar conjuntamente, tener mecanismos de colaboración, y estar jurídicamente reconocido. El Estado necesita tener esta legislación y las entidades también para caminar hacia esa dirección. Hay una opción profundamente política y que sin embargo puede ser compartida, y eso es lo que me gusta de esta ley. Podemos compartir esa visión a pesar de nuestras diferencias ideológicas, y por tanto considerar la ley como un elemento fundamental y un paso adelante en el fortalecimiento de esa sociedad civil. La participación no es de los partidos


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políticos solamente; son muy importantes pero la hay en toda la sociedad, además de esa palabra bonita del compromiso, y ahora lo vamos a ver también en la siguiente ley.

Lo que les quería decir en definitiva -también al señor Campuzano, que no tiene que exhibir su pedigrí social ni de conocimiento e iniciativa en la Cámara- es que, dado que yo les he ofrecido un consenso y creo que es importante para las entidades y para todos nosotros, y me han dicho que van a ser muy ambiciosos en el planteamiento de las enmiendas para enriquecer el texto, lo piensen bien. Yo soy una persona fácil, no me lo pongan muy difícil. Creo que podremos llegar a un acuerdo, más allá de nuestras diferencias de visión nacionalista o no, competencial o no. No queremos quitar nada a nadie. Queremos añadir algo importante y bonito para la sociedad civil, para el fortalecimiento de España, y para el compromiso solidario que ejercen tantas personas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE VOLUNTARIADO. (Número de expediente 121/000141).

El señor PRESIDENTE: Debatimos ahora el proyecto de ley de voluntariado y las enmiendas a la totalidad que se han presentado. Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.

Vuelvo a subir a la tribuna -como decía antes- para presentar el proyecto de ley del voluntario, cuya tramitación ha venido siendo conjunta a lo largo de todo este devenir con la del proyecto de ley del tercer sector de acción social que hemos debatido antes. No se refiere solamente al voluntariado que se desarrolla en las entidades del tercer sector de acción social, sino que esta ley, a diferencia de la anterior, se refiere a todos los campos de actividad donde se expresa el compromiso altruista de los ciudadanos. Estamos hablando en este caso de más de seis millones de voluntarios en España. Creo que todavía estos datos se pueden mejorar, pero son muchas personas que aportan su tiempo, su talento y también su vocación para mejorar la vida de los demás en muy diferentes campos que la ley reconoce.

La ley trae causa de que han pasado dos décadas desde que se aprobó la Ley de Voluntariado en España en el año 1996, y lógicamente la realidad social en todo ese tiempo ha cambiado y se ha enriquecido; hay una dimensión nueva, hemos aprendido todos, y por tanto creo que es un buen momento para se le dé un nuevo impulso a la acción voluntaria a través de la actualización de esta ley. ¿En qué concretamente vemos que ha cambiado la realidad que esta ley regula? Vemos que hay un nuevo perfil en los voluntarios en este año 2015, cuando afrontamos este cambio. Hay mayor presencia de personas jubiladas, de pensionistas y también de personas más jóvenes o de personas que están en situación de desempleo. Hay nuevas formas de acción en el voluntariado que antiguamente no existían; en 1996 no había este desarrollo de la tecnología digital, de las redes, y no existía tampoco la posibilidad de una participación como la que se hace muchas veces ahora de manera virtual, y que es tan eficaz. El mundo ha cambiado muy rápido y las leyes también tienen que adaptarse a ese cambio. Hay nuevos ámbitos que antes no tenían tanta importancia o no estaban reconocidos y se incorporan también nuevos actores y nuevos espacios donde las personas también encuentran la posibilidad de lanzarse hacia la actividad voluntaria. Y la ley también persigue que se impliquen tanto las empresas como las universidades. En definitiva hay nuevas y diferentes motivaciones, hay nuevos esquemas de participación, y la ley ha de recoger todas esas posibilidades que se han ido abriendo. Nuevamente quiero decir que esta es una ley de la que yo creo que ustedes hablarán en principio bien, a pesar de haber presentado sus enmiendas a la totalidad por esta acusación frecuente e infundada que se realiza al Gobierno de que invade ámbitos competenciales. En cualquier caso espero que ustedes hablen bien de una ley que surge también de un diálogo muy fluido con las propias entidades del tercer sector y con las mismas comunidades autónomas, con las que naturalmente hemos venido hablando y alcanzando consensos en distintos ámbitos.

La ley, señor presidente, tiene cinco objetivos: regular el núcleo esencial de la acción voluntaria en sus diversos ámbitos y posibilidades de participación; recoger y establecer el marco jurídico de las entidades de voluntariado; potenciar el voluntariado a lo largo de toda la vida, regulando de manera propia y diferenciada los derechos y los deberes de las personas voluntarias, y también los derechos y los deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria. El cuarto objetivo es establecer el marco de


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cooperación con las administraciones públicas, y finalmente como les decía fomentar, reconocer la acción voluntaria dando entrada a nuevos actores que ya hacen voluntariado, como pueden ser las empresas y las universidades. Son por tanto en ese sentido numerosas las novedades que se recogen en el proyecto de ley. Se establece el régimen jurídico de las personas voluntarias y la relación que tienen que mantener con las entidades, se contemplan otros ámbitos de voluntariado, y se tiene en cuenta no solo la actividad que se desarrolla en territorio nacional, sino también la que se puede hacer fuera de nuestras fronteras.

¿Qué es voluntariado? De acuerdo con la definición de la ley, son aquellas actividades de interés general desarrolladas por personas que tengan una vocación solidaria, que lo realicen libremente sin prestación económica y material, canalizándose esa acción a través de las entidades acreditadas. Por tanto quedan fuera y no se consideran voluntariado otras actuaciones aisladas que se prestan al margen de las entidades, las que se ejecutan por razones familiares o de amistad o en virtud de una relación laboral o mercantil. Esto no se considera dentro del ámbito del voluntariado, como tampoco las becas, las prácticas no laborales en las empresas o las prácticas académicas externas. La ley quiere ser muy cuidadosa a la hora de determinar esta distinción del voluntariado como una acción altruista que no tenga interferencia con otro tipo de actividad retribuida o de actividad laboral. De hecho manifiesta expresamente que el voluntariado nunca puede ser causa de extinción de un contrato ni de disminución de un servicio, no lo puede ser. Por tanto creo que se acota y protege bien la acción voluntaria y a las personas voluntarias. A partir de ahí la ley establece los valores y principios en los que se fundamenta la acción voluntaria, que son la libertad, la participación, la solidaridad, la corresponsabilidad ciudadana, la complementariedad, la autonomía, la gratuidad, la eficiencia, la igualdad de trato, la no discriminación, y la accesibilidad, detallándose y expresándose en la ley los nuevos ámbitos de voluntariado actuales. Estos vienen a ser, además del voluntariado social -del que hemos estado hablando a lo largo de toda la tarde-, el de cooperación al desarrollo, el ambiental, el cultural, el deportivo, el de ocio y tiempo libre, el comunitario y el de protección civil. Es un campo amplísimo de participación donde las personas prestan su tiempo a favor del interés general. Hay otras cuestiones que se han venido introduciendo, como el voluntariado paralímpico dentro de la categoría del voluntariado deportivo, o el de la protección de animales dentro de la categoría del voluntariado ambiental. Hablaba anteriormente de las nuevas formas del voluntariado ejercido a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.

He mencionado que se fija el estatuto de los derechos y deberes de los voluntarios y de las personas destinatarias de la acción voluntaria. Los voluntarios tienen -y se recoge aquí-, entre otros derechos, el de recibir formación básica y especializada para el desarrollo de su acción dentro de la entidad, la posibilidad de participar activamente en la organización de voluntariado, y el derecho de abono de los gastos reembolsables realizados en el desempeño de su actividad. Entre sus deberes se han fijado el de rechazar cualquier contraprestación económica, respetar la confidencialidad y los derechos de las personas beneficiarias de su acción, y también el deber de participar en las secciones formativas. Se ha buscado y se quiere primar desde la ley la igualdad en el acceso al voluntario de las personas en situación de dependencia, también de las personas con alguna discapacidad, y de las personas mayores; por tanto que se pueda adaptar la acción voluntaria a formatos adecuados y en condiciones acordes con sus circunstancias y con su capacidad personal. Hay alguna novedad que a alguno de ustedes le produce dudas y sobre la que podemos discutir, pero se recoge también expresamente el voluntariado de menores ya desde la edad de doce años, como una vía, y a nosotros nos parece importante en el aprendizaje de la solidaridad y en el desarrollo de un compromiso con el entorno, normalmente bajo la decisión de padres y tutores, como no podía ser de otra manera. Pero la acción voluntaria, el compromiso cívico, esa participación social que invocábamos en el anterior debate creo que se puede y se debe aprender desde temprana edad, y estamos conociendo experiencias de voluntariado, incluso voluntariado familiar, desde edades aún más tempranas que son enriquecedoras para todos los que participan en ellas y que educan en esa solidaridad a los más jóvenes.

También hemos introducido restricciones. Hemos introducido restricciones a determinadas personas que por determinadas conductas no pueden participar en la acción voluntaria. Lo hacemos por la protección, fundamentalmente la protección de los menores, la protección también de las entidades. Pero la ley introduce una prohibición, y es que en los programas dirigidos a menores no podrán integrarse las personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores. Saben que en las leyes de protección de la infancia que están ahora en tramitación -y que si yo no me enrollo mucho en la tribuna podrán ustedes discutir esta tarde, cuando finalice el Pleno- ya hemos introducido, entre otras previsiones, el desarrollo del registro de pederastas de acuerdo con el


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convenio de Lanzarote. Con esta herramienta creo que también podremos garantizar que las personas que han sido condenadas por este tipo de delitos no tengan relación con menores en el ejercicio de la acción voluntaria. Y nosotros, respetando como no puede ser de otra manera, la autonomía de las entidades de acción social también hemos incluido una cautela en los supuestos de personas con antecedentes no cancelados por delitos de violencia de género, que no van a poder formar parte de programas que supongan contacto con familias, mujeres o con jóvenes. Creo que es también una cautela razonable y de protección. Y tampoco las personas condenadas por tráfico ilegal de personas, es decir trata, ni por terrorismo. Estos son los delitos en los que se establece una limitación para la participación, siempre teniendo en cuenta naturalmente, más allá de la prohibición, los beneficios y la labor de reinserción, que también los programas de voluntariado contienen; pero esto es compatible naturalmente con esas prohibiciones y con esas cautelas.

En cuanto a la compatibilidad de la acción voluntaria con el trabajo se amplía la promoción de medidas de reducción o de posibilidad de adaptación de la jornada laboral, siempre de acuerdo con la negociación colectiva. En ese sentido también la Administración, con sus propios trabajadores, favorecerá que puedan adaptar o reducir su jornada, y que eso les permita participar en actividades de voluntariado, siempre naturalmente que no tengan nada que ver con la sustitución de los servicios públicos que las administraciones están obligadas a prestar. Ya he dicho que las empresas y universidades son nuevos actores del voluntariado. Las empresas podrán hacerlo siempre que sus actuaciones se adapten al interés general, y sus trabajadores se pueden sumar si lo desean sin que tenga que afectar en nada a su contrato, y naturalmente la acción voluntaria también se realizará a través de entidades de voluntariado, hay muchas empresas que ya están haciendo esto y nosotros queremos fomentarlo, y creo que también es bueno desde el punto de vista del compromiso y del ejercicio de la responsabilidad social corporativa en las empresas. Y las universidades podrán apoyar y promover acciones de voluntariado entre la población universitaria en los ámbitos de sensibilización, formación o investigación. Se apela a que desarrollen una labor de intermediación entre los estudiantes y las entidades de voluntariado. En ese sentido nosotros queremos que los centros puedan establecer fórmulas de reconocimiento académico de las acciones de voluntariado cuando se cuente con los requisitos académicos necesarios, y se respeten los valores y principios que están recogidos en esta ley.

Por lo tanto yo creo que se busca un desarrollo de aspectos positivos, de regulación, de protección de los voluntarios; donde se fija también cuál es la relación que tiene la persona voluntaria con la entidad donde va a prestar sus servicios, cuáles son los derechos, las limitaciones, los deberes que tiene respecto de sí mismo, respecto también de la persona que es beneficiaria de su aportación, y en ese sentido se crea un marco que es moderno, que es actualizado, y que mejora muchísimo la regulación que teníamos antes. Insisto en que no se invade ninguna competencia, no quiere ni busca ni desea invadir ninguna competencia, busca dar una regulación general, busca mejorar una ley. Se ha trabajado mucho con el conjunto de las comunidades autónomas para evitar que puedan surgir -ya veo que surgen- recelos en este sentido. A mí me parece que disponiendo de esta herramienta renovada de trabajo para las entidades que prestan voluntariado y para los voluntarios españoles, ahora que tenemos ese dato de seis millones de voluntarios que nos convierte en el sexto país de la Unión Europea con mayor número de voluntarios, podemos dar todavía un salto adelante y dar más protagonismo al ejercicio de ese compromiso por parte de los ciudadanos, y que en el debate de esta ley, y en la capacidad de acuerdo que podamos desplegar los grupos parlamentarios y desde el Gobierno en esta Cámara eso constituya un reconocimiento a la necesidad en España de que la sociedad civil cada vez sea más fuerte, más participativa y más exigente con los poderes públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se han presentado en efecto cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. Comenzamos por el Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hace tan solo unos minutos la compañera diputada del Partido Popular ha dicho algo que es cierto. En muchas leyes se cuela el tema catalán, pero no porque sea catalán, sino porque nosotros hacemos bandera de las competencias autonómicas, no solamente de las catalanas. Hablamos de las catalanas, pero el debate se puede socializar para todas. Ojalá hubiera otros diputados -dicho con toda humildad- que hicieran lo mismo. Ya me perdonará la compañera diputada del Partido Popular


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si me repito, porque Cataluña, como otras comunidades autónomas, cuenta con un modelo propio de voluntariado, un modelo consolidado, que responde a las necesidades del sector y a las peculiaridades y singularidades de la realidad catalana, que es la gracia del Estado compuesto, la capacidad para rentabilizar todas las potencialidades de cada uno de los territorios en función de su ADN, de su complejidad social, etcétera. Cada territorio tiene sus características. Nuestro modelo, creo que al igual que muchos modelos en otras comunidades autónomas, es de proximidad, que da respuesta a la prestación voluntaria mediante servicios cívicos y sociales, sin compensación económica, dentro de un marco de organización estable y democrática, sin ánimo de lucro, todo ello en beneficio de la sociedad. Todo esto forma buena parte de aquello que llamamos la sociedad civil. De manera que el grado de desarrollo de nuestra sociedad civil ojalá fuese superior, pero hay que reconocer que gracias a la sociedad civil se están aguantando algunos embates que son francamente casi de destrucción de nuestro modelo social.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Al menos si mi lectura no es perversa, y creo que no lo es, yo creo que aquí hay unos objetivos claros: consolidar un modelo de voluntariado común para todo el Estado. ¿Cómo? Otorgándose competencias básicas donde antes no existían. El más tonto hace relojes. Teniendo lo que tienen, es decir, un Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones, con magistrados de parte, históricamente han venido haciendo lo que han querido, prostituyendo incluso el equilibrio de todo cuerpo constitucional de un Estado compuesto. Ustedes se otorgan competencias básicas que antes no tenían, incluso pretenden tener carta blanca para hacer luego los desarrollos reglamentarios pertinentes, con lo cual vamos a pagar una gran prenda -en catalán le llamamos penyora-, la de poner fin a la pluralidad, a la diversidad de modelos, porque esto de la diversidad de modelos no gusta. Además, al final acabaremos siendo puras terminales o delegaciones de la Administración General del Estado dedicadas a la ejecución; al final siempre vamos a parar al mismo lugar. Fíjense que habíamos construido una estructura de Estado compuesto en la que quedaban claras cuáles eran las competencias exclusivas, cuáles las compartidas y cuáles las ejecutivas. Al final, vamos a parar a lo mismo: ustedes se tienen que limitar -esta es la concepción de segunda y tercera generación pervertida de lo que es el desarrollo autonómico- a tener el mandato ejecutivo de aquello que se haga desde el Estado central. Para nosotros esto es picar en hierro frío. Empezamos en el año 1991, cuando se creó el Instituto Catalán de Voluntariado; en el año 1996 tuvo lugar el reconocimiento de la Carta del voluntariado de Cataluña, el artículo 166 establece que corresponden a la Generalitat las competencias exclusivas. Fíjense, en el inicio son exclusivas, con lo cual en aquel momento decíamos cuál sería la evolución mediante la praxis del diálogo y la lealtad institucional de estas competencias que, en origen, las denominábamos exclusivas, luego estaban destinadas a crecer y desarrollarse. Ahora resulta que estamos viajando en sentido regresivo, incluso en temas que son de los más agradecidos porque son los que articulan a la ciudadanía, incluso a aquella ciudadanía, dicho sin ninguna pretensión ni ningún clasismo, que quizá tiene más arraigados los valores democráticos porque dedica buena parte de su tiempo al voluntariado. Luego, tengo la impresión de que no se trata de aprovechar lo mejor de nosotros mismos para hacer evolucionar competencias que ya en su momento fueron definidas como exclusivas; ahora estamos circulando hacia la mera capacidad de ejecutar. Oiga, nosotros no somos soldados, somos ciudadanos. En esas andamos.

Intervengo desde la absoluta impotencia, puesto que ustedes tienen muy claro qué es lo que persiguen. Cuando algunos ingenuos nos dicen que ustedes son -y perdonen la expresión- chapuceros, cuando dicen que la derecha española es muy chapucera, yo contesto: no, os equivocáis, funcionan como un reloj suizo, saben perfectamente lo que quieren, lo saben, y saben hacerlo muy bien. Es verdad, es así. Es evidente que al finalizar esta legislatura el Estado compuesto se habrá debilitado mucho y creo que estaremos ya muy lejos de aquel federalismo que en algún momento incluso los que somos independentistas, lo reconozco, habíamos creído que era la solución a la articulación de las distintas naciones del Estado español. No es desesperanza por mi parte. Yo sé que ustedes saben perfectamente lo que quieren, lo están haciendo y la prueba está que al final de la legislatura no quedará nada, no quedará títere con cabeza, lo habrán desmontado absolutamente todo, eso sí, en su caso, con una sonrisa en los labios, que es de agradecer siempre. Pero, al final, Delenda est Catalonia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señora Pérez Fernández.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, la aprobación de esta ley de voluntariado, igual que la del tercer sector de acción social que acabamos de debatir, se presumían cruciales para la actividad de la mayor parte de las ONG y se esperaba que fuesen un verdadero punto de inflexión en el ámbito social. De hecho, eran una vieja e insistente demanda de las propias entidades sociales. Desde el BNG queremos reconocer que en este caso, tanto en el proyecto de ley de voluntariado como en el del tercer sector de acción social, hay puntos que suponen un avance respecto a la situación actual y que facilitan el trabajo de las entidades sociales en general, que en muchos casos han participado en su elaboración y han hecho público su apoyo a ambos textos normativos. Sin embargo, señor ministro, las expectativas creadas con la aprobación del anteproyecto se han ido diluyendo a medida que ha ido avanzando la tramitación parlamentaria y las críticas, sobre todo las de los más directamente relacionados con estos ámbitos, se han ido incrementando. Algunos de los cambios que se han hecho han acabado por decepcionar profundamente al sector, que teme finalmente no verse representado en esta ley de la cual se critica fundamentalmente, primero, la posibilidad que abre a que se puedan sustituir trabajadores por voluntarios, convirtiendo la labor social en la excusa perfecta para conseguir mano de obra gratis. La ley no recoge taxativamente ni con la suficiente claridad que nadie puede amortizar puestos de trabajo -nadie, señor ministro, ni las empresas ni las administraciones públicas- con voluntarios. No se puede, bajo ningún concepto, suprimir o tener la más mínima intención de suprimir puestos de trabajo con el pretexto de que tienes personas que lo hacen por colaborar. Por tanto, lo que debe ser un ejercicio de participación social no puede acabar siendo mano de obra gratis y el proyecto de ley no establece claramente las líneas de separación entre una cosa y la otra.

Por otra parte, en las últimas semanas el sector también ha levantado la voz para poner en evidencia el papel de las empresas en esta nueva ley, que no han dudado en calificar de extraño. Podemos, si se quiere, reconocer que las empresas responsables pueden ser un importante agente social de cambio y que una de las vías de participación puede ser el impulso del voluntariado entre sus cuadros. Sin embargo, señorías, si se trata realmente de ejercer una tarea voluntaria, debe quedar también meridianamente claro cuál es el papel de las empresas y cuál es el papel de las ONG, y este texto, señor ministro, les concede el mismo rango a las empresas y a las ONG.

Señorías, desde el BNG entendemos que si desde esta ley se insiste en que las empresas deben fomentar el voluntariado, se debe añadir que debe ser en el marco de los programas de las ONG. Es decir, lo lógico es que si desde las empresas se quiere promocionar el voluntariado entre sus trabajadores, se entre en contacto con una ONG. Lo contrario, señorías, podría ser confuso y provocar situaciones de conflicto.

Hay otro elemento, señor ministro, en el proyecto de ley al que nos queremos referir. Se establece la prohibición de que las personas con antecedentes penales no cancelados realicen labores de voluntariado. Permítanos que expresemos nuestras dudas en relación con la validez jurídica de esta prohibición, pero en todo caso creemos que este punto concreto debiera reconsiderarse. En lo que sí no tenemos ni la más mínima duda es en que no pueden ser las propias entidades sociales las encargadas de investigar el pasado de sus voluntarios, tal y como se establece en la ley, porque entendemos que ese no es el papel de las entidades sociales y no puede ser su obligación. Su papel es otro: promover la solidaridad y el compromiso social.

Por último, tenemos que referirnos también a un aspecto que se está convirtiendo en la marca principal de cualquier actuación del Gobierno y que a estas alturas nos resulta ya -como decía mi compañera del PNV en el punto anterior- absolutamente cansino. Me estoy refiriendo a la intromisión, de nuevo, a la invasión de competencias propias de las comunidades autónomas. No es de recibo ni es democrático ni es respetuoso con lo que se ha dado en llamar Estado de las autonomías -que, por cierto, es cada vez más Estado y menos autonómico- que a cada norma, a cada paso, el Partido Popular y este Gobierno antepongan -por más que usted diga, señor ministro, que no quieren quitarle nada a nadie- el artículo 149.1.1.ª de la Constitución para justificar cada vez una mayor injerencia e intromisión en las ya exiguas competencias propias de nuestra comunidad autónoma.

Señor ministro, señorías, consideramos que este proyecto de ley es -insisto- una nueva intromisión en competencias que son exclusivas de Galiza, y de nuevo hay una vulneración flagrante de nuestro Estatuto y de la propia Constitución, con lo que se impide una vez más -y ya se ha convertido en norma del Gobierno- que la política de voluntariado se diseñe y se ejecute conforme a las competencias propias. Por todos estos motivos, señor ministro, señorías, vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad. Desde


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luego, en el periodo de enmiendas parciales aportaremos nuestras propuestas y esperamos que contribuyan a mejorar el proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.

Para presentar su enmienda de totalidad de devolución, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Bueno, aquí de nuevo. Ya no sé ni qué contarles, porque otra vez volvemos al artículo 149.1.1.ª de la Constitución. Lo cierto es que tanta recurrencia significa que no tienen otro enganche en la Constitución en aquellos artículos donde se recogen las competencias exclusivas del Estado. Es claro, son habas contadas; una vez más el artículo 149.1. Decía el señor ministro que hacemos una acusación permanente infundada del abuso del Gobierno en su utilización. No es verdad y se lo voy a volver a demostrar.

Como decía, el proyecto de ley de voluntariado afirma su basamento competencial en este ya manido artículo 149.1.1.ª de la Constitución. Una vez más, a juicio de este grupo parlamentario, es del todo incorrecto puesto que incide, en este caso especialmente, en toda la actividad y régimen jurídico del voluntariado, que se podrá desarrollar, además, al margen y obviando que la actividad del voluntariado es una actividad inherente en cada caso a las regulaciones sectoriales de las distintas materias competenciales. Por ello, la regulación estatal no puede sino verse ligada a unos determinados ámbitos o materias competenciales, aquellas -y se lo reconozco- en las que el Estado ostenta atribuciones competenciales constitucionales. Pero lo que no puede hacer el Estado es expandir su regulación de una forma cuasi universal y desvinculada de aquellos ámbitos en los que no es competente, de tal manera que penetre de forma indebida en el campo de juego competencial de las comunidades autónomas, y eso es lo que están haciendo.

Señor ministro, yo no voy a cuestionar -sobre todo en su caso- que detrás de esto haya muy buena voluntad, pero ustedes no están siendo respetuosos con el bloque constitucional. Es evidente que el voluntariado es un sector que está -iba a decir sufriendo, pero no está sufriendo- sometido a importantes transformaciones, pero ustedes deberán regular en materia de su competencia, no en materia de las competencias de las comunidades autónomas; y ustedes, con el manto del 149.1, tienen la totalidad de la actividad del voluntariado. Todos los argumentos que he utilizado en mi anterior intervención son, una vez más, válidos. Aquí se produce invasión competencial y además se produce un serio problema de seguridad jurídica porque en las comunidades autónomas que tienen competencias en muchas materias esta cuestión también está regulada. Por eso, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Iba a decir que este proyecto de ley es intencionadamente confuso en su ámbito competencial. No lo sé, voy a pensar en que lo han hecho de buena fe, pero lo que está claro es que este proyecto de ley posibilita una actuación estatal duplicada. Además, se manifiesta en la interpretación del artículo 2 con la disposición final primera de la ley. El artículo 2 dice -se lo voy a leer literalmente-: "Esta ley será de aplicación a las personas voluntarias, a los destinatarios de la acción voluntaria y a las entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo los programas de voluntariado a que se refiere el apartado siguiente, con independencia del lugar donde radique la sede o domicilio social de la entidad de voluntariado, de su titularidad y de que su actividad se centre exclusivamente, o no, en el voluntariado". Esto, ministro, colisiona frontalmente con esa disposición final primera, que se titula respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas.

No me voy a extender demasiado porque, como decía, se pueden replicar los argumentos de la intervención anterior, aparte de que comparto prácticamente al cien por cien lo señalado por el señor Tardà, pero considero que esta cuestión debe ser aclarada y debe ser solventada en el trámite parlamentario. Lo que no puede ser es que a través de ese cajón de sastre que le comentaba poquito a poco vayan dejando las competencias de las comunidades autónomas en nada y, sobre todo, por lo que además le comentaba. No es una cuestión de nacionalistas o no nacionalistas, es que es el marco competencial del que nos hemos dotado y se debe de respetar, entre otras cosas, porque estas cuestiones afectan a las personas, a las organizaciones y quiero poner en valor especialmente esa cuestión relativa a la seguridad jurídica. Creo que lo suyo hubiera sido que la regulación estatal hubiera sido de carácter supletorio con respecto a la que en este momento tienen articuladas las comunidades autónomas para evitar esas colisiones que se producen a lo largo de la lectura del articulado -léase usted la ley vasca y su proyecto de ley- y que van a dar lugar a situaciones de confusión y conflicto.

Restan nueve minutos, que espero que disfruten en la Comisión después. Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Para presentar su enmienda por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, algunas de las reflexiones sobre la importancia del papel que juega el voluntariado en nuestro país son coincidentes con el debate que hemos hecho anteriormente sobre el proyecto de ley del tercer sector social. En todo caso, desde La Izquierda Plural planteamos interrogantes y por eso presentamos nuestra enmienda a la totalidad, porque dudamos de la idoneidad y de la oportunidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno. De entrada hay que reconocer que la ciudadanía de nuestro país de manera organizada, o bien individualmente, desempeña un papel cada vez más importante en el diseño y la ejecución de las actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y a la construcción de una sociedad solidaria. El voluntariado es la expresión de la solidaridad y el altruismo de esta ciudadanía, que reclama cada vez más participación. Por tanto, también hay que reconocer que la Ley del Voluntariado de 1996 ha quedado claramente superada. Hoy ha cambiado el perfil de los voluntarios, las formas de colaborar, los actores que promueven las acciones voluntarias, las motivaciones y hasta el tiempo y forma que la ciudadanía dedica a las entidades sociales. La nueva ley debería llevar a cabo una actualización de la realidad de la acción voluntaria mediante un nuevo marco jurídico imprescindible, reconociendo la contribución y el desarrollo de las comunidades autónomas a la acción del voluntariado en nuestro país. Hay que tener en cuenta que la legislación afecta -lo ha dicho usted, ministro, anteriormente- a 6 millones de personas en nuestro país, que España es el sexto país de la Unión Europea en cuanto a participación de la ciudadanía en actividades de voluntariado y, por lo tanto, cualquier desarrollo normativo ha de tener el consenso de las entidades y respetar la esencia de lo que significa el voluntariado.

¿Es creíble desarrollar un marco normativo del voluntariado sin la búsqueda del consenso social y político? El ministro ha hecho referencia al contacto que han tenido desde el ministerio con entidades del sector, también lo hemos hecho nosotros, y los inputs que recibimos unos y otros parecen no ser coincidentes. De hecho, entidades de voluntariado nos expresan sus interrogantes sobre el contenido y la viabilidad de la propuesta.

Hay una cuestión previa a la que se han referido en intervenciones anteriores tanto el señor Tardà como la portavoz del PNV en el sentido de que las normas de voluntariado de las comunidades autónomas han estado contribuyendo decisivamente a la consolidación de la regulación de las actuaciones de los ciudadanos y las ciudadanas que se agrupan para satisfacer los intereses generales en forma de acción voluntaria. Es necesario, es fundamental, está implícito en la actividad política respetar el marco competencial. La acción de las comunidades autónomas ha complementado sobradamente la Ley de 1996, a la que me he referido anteriormente, que ha quedado ya superada. No deja de ser sorprendente la posible intención de convertir el nuevo texto en una suerte de norma básica para, supuestamente, consolidar y desarrollar el voluntariado. Una vez más aparece la voluntad recentralizadora del Gobierno del Partido Popular. No es casual que todas las fuerzas políticas que hemos presentado enmienda a la totalidad incidamos especialmente en esta voluntad recentralizadora del Gobierno que al menos exuda de la esencia de la norma presentada por el Gobierno. La promoción y fomento del voluntariado, y aquí sí hemos de coincidir todos porque normativamente es así, no es una competencia exclusiva nuestra. De hecho, está explicitado normativamente y hay sentencias del Tribunal Constitucional y también del Supremo que lo dejan meridianamente claro. Hay comunidades autónomas a lo largo del conjunto del Estado español que han desarrollado su normativa en la evolución, la protección y el impulso de la acción del voluntariado. Ha sido Joan Tardà el que ha hecho referencia, en el caso de Cataluña, a la creación del Institut Català del Voluntariat o de la Carta del Voluntariat de Catalunya. Ha habido otras referencias de Galicia o del País Vasco en que el Estatuto de Autonomía de Cataluña -ellos han hecho referencia a sus propios estatutos- otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye la definición de la actividad en la regulación de la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecute individualmente o por medio de otras instituciones.

Después del análisis del elemento competencial y, por lo tanto, de respeto al marco normativo y competencial, aparecen otros interrogantes en la lectura del proyecto de ley. La nueva ley incentiva la participación de empresas y administraciones públicas a la promoción y el fomento del voluntariado. Alguna intervención anterior se ha referido a ello. Desde nuestro punto de vista, eso quiere decir que fomenta la creación de una suerte de nuevos voluntarios, lo cual no se sabe muy bien a quién beneficiará en última instancia. Da la impresión de que de repente multitud de personas inducidas por la Administración


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General del Estado o por el sector privado encontrarán un elenco de facilidades y reconocimientos para poder realizar actuaciones de voluntariado dentro de su horario laboral. Amenaza, por tanto, con ocupar y sustituir puestos de trabajo por voluntarios. Independientemente de que se pudiera considerar un fraude de ley, sería una humillación y me atrevo a decir que una desvergüenza que se sustituyeran puestos de trabajo por acciones de voluntariado. No está el país para aceptar este tipo de posicionamientos ni este tipo de tendencias políticas que consoliden al final una disminución de los puestos de trabajo al ser sustituidos por acción social voluntaria.

Estamos ante un nuevo escenario donde la decisión personal de colaborar con entidades sociales o de otra índole ya no es promovida por la presente ley. La ley favorece un nuevo modelo en el que se abre la puerta a que las administraciones públicas puedan regular y reconocer el perfil corporativo del voluntariado vinculándolo a la propia Administración, que podrá acabar generando sus propios espacios u oficinas de voluntariado. Dudoso, cuando menos. Con relación a la voluntad que expresa el actual redactado del proyecto de ley en aquello que hace referencia a los requisitos para tener la condición de personas voluntarias, y en concreto a la alusión a las personas condenadas por sentencia firme por delitos, la no incorporación a las entidades de voluntariado o la supresión de las funciones que en su caso desarrollen personas que hayan sido condenadas en sentencia firme si no han sido cancelados sus antecedentes penales debe ser una decisión de la entidad del voluntariado. Esa es nuestra visión, máxime cuando existen programas de reinserción en los que el voluntariado constituye una vía especialmente idónea para conseguir dicho objetivo. Creo que era la representante del BNG quien hacía referencia a que las entidades de voluntariado no son las que han de conocer o investigar los antecedentes de sus voluntarios.

Por último, y con relación al gasto, es inviable el despliegue de las disposiciones previstas en el proyecto de ley sin un incremento del gasto público. Ello supone que algunas de las medidas contempladas en el propio proyecto de ley sean totalmente inviables por falta de dotación económica, por ejemplo, el observatorio estatal del voluntariado o la comisión interministerial de voluntariado. La coletilla que el Gobierno del Partido Popular pone siempre con la excusa de la estabilidad presupuestaria de que cualquier nueva acción no requiere nuevas dotaciones económicas o incremento del gasto es un subterfugio para dejar en papel mojado propuestas que inicialmente pueden ser bien vistas por el conjunto de la ciudadanía pero que en la praxis no son viables, quedan paradas y, pasado el periodo electoral, ya nadie se acuerda de ellas. Es un proyecto, por tanto, con insuficiencias, sin consenso social ni político, ambiguo en la definición de las funciones de voluntariado y la generación y ocupación de puestos de trabajo, además de la posible usurpación de las funciones de voluntariado por empresas y administraciones públicas y el hecho de no cumplir el objetivo de reinserción que se establece en muchas de las políticas públicas, razones suficientes para presentar esta enmienda a la totalidad. Como he expresado en el debate del punto anterior, esperamos poder contribuir con las enmiendas parciales a mejorar el texto y a llegar a acuerdos, si ello fuera posible.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.

Para presentar su enmienda, y por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.

Para presentar su enmienda, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, nuestro grupo también presenta enmienda a la totalidad. Aquí las razones son complementarias a las del anterior proyecto de ley pero también distintas. Compartimos la crítica que han formulado otros grupos sobre la invasión competencial, en lo que luego entraremos a fondo porque en este caso sí, a diferencia de la ley del tercer sector, la determinación de carácter básico a través de la apelación al artículo 149.1.1, a nuestro entender, produce de facto una intervención en las competencias hasta ahora de los parlamentos autonómicos en esta materia, singularmente en el caso de nuestro estatuto de autonomía a través del artículo 166. Además, nos parece un texto excesivamente intervencionista, detallista y reglamentista en una materia donde lo importante es dejar libertad a las personas y a las entidades una vez que se tiene garantizado un marco legal mínimo. El modelo de voluntariado que


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consagra la ley se aleja al menos de la percepción mayoritaria en Cataluña de cómo debe articularse el voluntariado.

Finalmente, no tenemos la percepción -ojalá el debate sirva para aclararlo- de que la ley termine de resolver ninguno de los problemas que pueden existir en relación con la actual regulación. Y ahí, señor ministro, entro en una cuestión. Algunos portavoces han insistido -y usted mismo en su intervención- en la necesidad de modernizar el marco legal de 1996, pero si uno observa aquella ley verá dos cosas que no son menores. Ha sido una ley que en términos de las competencias de las comunidades autónomas no ha generado ningún problema. Estaba muy claro que la ley afectaba a las actividades de carácter supraautonómico y si se producía voluntariado en el ámbito de las políticas exclusivas del Estado no existía conflicto con las comunidades autónomas; ha sido pacífica durante todos estos años y ha permitido que quien quisiera pudiese desarrollar sus propias leyes y sus propias políticas sin ningún tipo de problema. Son 16 artículos bastante cortos y escasos pero que garantizaban un marco mínimo para resolver una cuestión que hasta ese momento no estaba resuelta y que solventaba el tema del aseguramiento de la actividad del voluntariado. Frente a eso nos encontramos ahora con un proyecto de ley, insisto, extremadamente detallista en cuestiones que no sé si una ley del Estado debe ser capaz de regular. Por ejemplo, ¿el contenido mínimo del programa de voluntariado debe regularlo una ley del Estado? Señor ministro, en Cataluña ahora se está empezando a tramitar una ley de voluntariado con una cierta polémica por parte de los sectores sociales que están afectados por esta legislación. A principios de la década de los noventa, el Gobierno de la Generalitat optó por hacer dos cosas; uno, crear un instrumento de política pública, el Instituto Catalán del Voluntariado -algunos de los portavoces lo han dicho-, porque nos parecía que, más que regular, debíamos acompañar a través de políticas públicas; y dos, la regulación, la Carta Internacional del Voluntariado. Desde 1991 el voluntariado en Cataluña ha crecido, se ha desarrollado y ha funcionado sin necesidad de una ley que lo regulase. Ahora aquí traen una ley densa que además amenaza con posteriores desarrollos reglamentarios; una ley hecha desde la lógica, a veces bienintencionada, de la burocracia gubernamental que cree que los problemas sociales se resuelven a través de la regulación o que la iniciativa ciudadana necesita un marco legal tan restrictivo como quizá este termine siendo. Por tanto, una primera consideración, ¿hacía falta presentar una alternativa a la ley de 1996 o lo que hacía falta era, sobre la ley de 1996, introducir algunos de los ajustes que en estos veinte años se hayan podido producir? La segunda consideración es la invasión competencial. La ley de 1996 no hacía referencia al artículo 149.1.1; no lo hacía, por tanto, no introducía la pretensión de establecer un modelo común asumido igualmente por todas las comunidades autónomas, pero es que esta ley pretende eso. La Ley de 1996 no pretendía crear un modelo común, sino un marco legal que permitiese el desarrollo de la actividad del voluntariado en el ámbito estatal. Si lo que se pretende es igualar el modelo de voluntariado, estamos en desacuerdo, entre otras cuestiones porque el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece una competencia exclusiva. Antes se lo recordaba el señor Tardà y yo me reafirmo en ese argumento, el modelo constitucional no es aquel en el que el Estado define las políticas y las comunidades autónomas las desarrollan; no es ese, porque entonces el concepto del autogobierno queda vacío de contenido político. El Estado puede crear un marco en aquello que le compete y debe regular, pero no debe aspirar a establecer un modelo común. ¿Por qué? Si resulta que la sociedad catalana y el Parlament de Catalunya quieren otro modelo de voluntariado y tienen la competencia exclusiva, ¿no lo pueden desarrollar, señor ministro? Además, si a través de las previsiones del artículo 17 e) del proyecto de ley las subvenciones del 0,7 que afectan a entidades catalanas deben adaptarse también al modelo común, estamos, efectivamente, en un proceso de recentralización de esta política, de uniformidad, en lugar de optar por dar libertad para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus propios modelos. Estamos hablando del respeto de la ley.

La portavoz del Grupo Popular, la señora Vázquez, hablando de la gestión del 0,7, decía que no importa quién reparte el dinero. Que lo dijese mi madre estaría bien, pero usted es diputada y sabe que hay un marco competencial establecido en los Estatutos de Autonomía y en la Constitución, y también hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que en las materias que son competencia de las comunidades autónomas el Estado puede poner en marcha subvenciones, pero la gestión debe ser autonómica. Es lo que dice la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que estamos reclamando desde esta tribuna. Por tanto, en este caso nos preocupa. Algún portavoz ha citado -creo que ha sido la portavoz del Grupo Vasco- esa afirmación que figura en la ley: A las personas voluntarias que participen en programas de ámbito estatal o que excedan del territorio de una comunidad autónoma se les aplicará esta ley. Ahí podemos tener un cierto lío entre la regulación estatal y la regulación autonómica, a


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no ser que usted pretenda que la estatal sea la que luego deban de replicar las comunidades autónomas, cuando quizá lo razonable sería que la legislación estatal tuviese la capacidad de regular los programas supraautonómicos, como hasta ahora hacía la Ley del año 1996, y, si usted quiere, tuviese carácter supletorio en aquello que la legislación autonómica no pudiese contemplar. Por tanto, ahí hay un motivo fundamental para la crítica.

Algunos portavoces que han intervenido lo han puesto de manifiesto. La filosofía del proyecto de ley, junto con ese intervencionismo que antes les decía, plantea cuestiones que al menos una parte de la sociedad civil catalana mira con cierta desconfianza; por ejemplo, el voluntariado vinculado al sector público, a las administraciones, tema siempre delicado, muy tentador para las administraciones locales, además con el riesgo de que el voluntariado, a través de las administraciones públicas, entre en el terreno de la contratación de trabajadores. Eso genera desconfianza en la sociedad civil catalana, entre otras cuestiones porque el modelo de voluntariado que hemos pretendido promover en Cataluña está muy basado en la iniciativa de la sociedad, en la iniciativa de las ONG, en la iniciativa de las entidades, en las entidades y los ciudadanos, no a través de un voluntariado directamente vinculado a las administraciones. Incluso reconociendo el valor que tiene en términos de la promoción de las políticas de responsabilidad social de las empresas y, por tanto, políticas de las empresas que favorezcan que sus empleados se impliquen, la fórmula como queda regulado en el proyecto de ley provoca una cierta inquietud en parte de un segmento de la sociedad civil sobre el riesgo de mercantilizar el voluntariado o terminar convirtiéndolo quizá en actividades muy marquetinianas pero muy alejadas de la principal virtud del voluntariado, que no es tan solo la implicación del ciudadano en lo que es de interés general, la implicación del ciudadano en lo que es de todos, la implicación del ciudadano en lo que es común, sino también en reforzar el tejido asociativo. Es interesante el voluntariado de aquellas empresas que implican a sus empleados en iniciativas de la sociedad civil y es interesado cuando se producen alianzas entre las ONG y empresas; ahí tenemos experiencias muy sugerentes y muy interesantes. Es tan interesante y tan sugerente, al menos visto con el modelo que en Cataluña generó un cierto consenso, que las empresas generen su propio voluntariado en el seno de su empresa, señor ministro, que el modelo que subyace en el proyecto de ley no termina de enlazar con la mirada que desde Cataluña tenemos en esta materia.

En este proyecto de ley, si el señor ministro de verdad tiene ganas, no tan solo con el discurso desde la tribuna o en la réplica, de poder resolver las cuestiones que nos preocupan, existe margen. Volvamos al modelo competencial definido en la Ley de 1996, que ha sido pacífico, no tengo la impresión de que haya generado ningún tipo de dificultad; ha permitido, en aquello que al Estado le competía, poder realizar su actividad, funcionar, por tanto, ahí no tendría sentido que en el proyecto de ley figurase referencia alguna al 149.1.1. En 1996 no estuvo presente y eso permitió esa regulación, por tanto, dejémosle ese carácter básico que ustedes han introducido, pero démosle, eso sí -la Ley de 1996 no lo formulaba-, carácter supletorio; un marco estatal supletorio que complemente efectivamente aquello que las comunidades autónomas están desarrollando tiene sentido, o incluso para aquella comunidad autónoma que no tenga desarrollo legislativo en esta materia que la ley de referencia pueda ser la ley que haga el Estado, y adelgacemos el contenido normativo del proyecto de ley. El señor Guillaumes estará de acuerdo más que nunca conmigo: seamos más liberales en el planteamiento legislativo de esta iniciativa, no regulemos tanto, porque en voluntariado no hace falta regular tanto, entre otras cosas porque, por suerte, la realidad siempre supera la capacidad de invención que tiene el regulador. ¿Se definen tipos de voluntariado? Pues dentro de dos años van a aparecer cuestiones que no van a estar definidas en esta ley. ¿Va a ser relevante eso? Seguramente no.

En este tema de Administración Pública, voluntariado corporativo o una cuestión que ha aparecido en distintas intervenciones y que tiene mucho que ver con la reinserción de las personas que han salido de prisión, seamos capaces de detener una mirada generosa como tiene la iniciativa social en Cataluña, que continúa creyendo que esas personas necesitan una segunda oportunidad y que precisamente participando en programas de voluntariado pueden tener esa segunda oportunidad. Señor ministro, ahí existen elementos que nos permitirían alcanzar un consenso deseable, porque de la misma manera que en el anterior proyecto de ley lamentábamos tener que presentar una enmienda a la totalidad, también lamentamos tener que presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. En el elogio que hacemos todos del voluntariado debemos poner el acento en la importancia del capital social en el funcionamiento exitoso de la democracia y en el funcionamiento exitoso de las sociedades. Aquellas sociedades que entre el poder político, el poder público y los individuos tienen instituciones intermedias que facilitan el compromiso de los ciudadanos en lo que es de todos, en lo que es común, en lo que tiene


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que ver con el interés general, son sociedades mejores, sociedades más democráticas, más prósperas, más libres. En esa cuestión de fondo, siendo diputado catalán, quiero señalar que hay plena coincidencia en que aquello que ha definido siempre a la sociedad catalana es ese compromiso voluntario que se expresa en multitud de iniciativas, la mayoría de ellas sin que tengan nada que ver con el Gobierno de Cataluña ni con los gobiernos municipales, sino simplemente con la iniciativa de sus ciudadanos. En eso estamos y en eso trabajaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Al igual que hemos expuesto respecto del proyecto de ley del tercer sector, sabemos también que el proyecto de ley de voluntariado es una ley esperada y deseada por los colectivos interesados y que beneficia a la sociedad en su conjunto porque la Ley de 1996 había quedado superada. No debería ser así porque el debate y el diálogo tendría que ser lo habitual, pero, como en la ley del tercer sector, volvemos a agradecer que el Gobierno nos traiga la posibilidad de que enmendemos su propuesta y de que aportemos nuestras ideas y que entre todos los grupos y los expertos en la materia ayudemos a implementar el proyecto que nos traen hoy aquí.

Anunciamos que no votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad planteadas por algunos de los grupos de la Cámara, pero sí plantearemos enmiendas al articulado que irían en la línea que se ha comentado antes en el tema de la restricción a estar vinculados a programas de voluntariado y de personas que han pasado por prisión y se han reinsertado; por la no amortización o sustitución de puestos de trabajo asalariados ni en el sector privado ni en el público; y por la inclusión, dentro de un seguro específico de cobertura de garantías financieras, de las tareas que el proyecto de ley adjudica a las entidades voluntarias. Creemos que todas estas propuestas mejoran este marco legal y batallaremos en el proceso que se abre posteriormente para que se incorporen al texto definitivo de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart. Le agradezco su concisión.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, llega a este hemiciclo el proyecto de ley del voluntariado, una ley que, por desgracia, no cuenta con el respaldo de la sociedad civil y que los grupos políticos vemos por primera vez en este debate. Esperamos que al finalizar la tramitación que hoy iniciamos podamos entre todos aprobar una ley que al menos tenga el mismo respaldo que obtuvo la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, la actual ley. Empiezo así mi intervención para recalcar la necesaria e imprescindible tarea de llegar a consensos que permitan tener una ley acorde con las necesidades del sector y que además impulse la participación de la ciudadanía en la construcción de una sociedad plural, democrática, justa y libre. Les adelanto que mi grupo trabajará en pro de lograr el máximo consenso. Ejemplo de ello es la no presentación por nuestra parte de una enmienda a la totalidad, que en ningún caso debe entenderse o debe interpretarse como que este proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno nos parezca correcto. En el periodo de enmiendas sustanciaremos las mejoras que consideramos imprescindibles para que el texto mejore y aportaremos también un trabajo eficaz para entender los retos que tiene el sector.

La Constitución de 1978, en su artículo 1, determina claramente la voluntad inequívoca de nuestra sociedad: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". La acción que realiza el voluntariado permite a nuestra sociedad avanzar y afianzar un pilar fundamental de nuestra democracia: un Estado social y democrático de derecho. Frente al individualismo -ya no solo de corte capitalista, sino además social-, donde el enfrentamiento de verdades absolutas lleva a la división de la sociedad, el voluntariado permite y propugna una sociedad justa y de iguales gracias a su acción creativa y mediadora. La participación de la sociedad civil a través de su actuación voluntaria engrandece los valores democráticos de nuestro Estado de derecho. Una democracia logra su máximo valor a través de la participación no solo como un derecho democrático de elección de los representantes


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políticos, sino además como una expresión de ciudadanía activa y dinámica. El artículo 9.2 de la Constitución de 1978 determina la función promocional de los poderes públicos para remover los obstáculos que impiden o dificultan la participación de la ciudadanía. Esta función del Estado se complementa con la expresión de solidaridad y altruismo de la acción voluntaria, enriqueciendo así los valores de nuestro Estado democrático de derecho.

Permítanme que ponga en valor lo que como sociedad hemos construido. Desde el 15 de enero de 1996, cuando esta misma Cámara aprobó la primera Ley del Voluntariado -por cierto, segunda ley en Europa, detrás de la italiana- hemos avanzado mucho como país y como sociedad. Aquella aprobación supuso un gran avance para el movimiento voluntario en España. A partir de ese momento hemos visto cómo se han ido aprobando distintas leyes en cada una de las comunidades autónomas, un claro reflejo de la apuesta inequívoca de la sociedad española por el fortalecimiento de la acción voluntaria. En este período de tiempo se han aprobado cuatro planes estatales de voluntariado, además de los planes específicos de las distintas regiones de España; se han celebrado diecisiete congresos estatales de voluntariado y se ha distinguido a un número importante de entidades y personas dedicadas al voluntariado a través de los premios de voluntariado social. En definitiva, la ley de 1996 se ha constituido como un elemento esencial del impulso del movimiento voluntario en nuestro país.

Sin duda alguna existe un amplio consenso acerca de la conveniencia, oportunidad y necesidad de trabajar en pro del fortalecimiento del voluntariado en España, lo que nos permite afirmar que la apuesta que iniciamos en 1996 de fomento y desarrollo del voluntariado ha servido para el impulso de la sensibilización social con respecto a la función insustituible que realiza el voluntariado. Según los datos del CIS de 2011, hay cerca de 12 millones de personas voluntarias en España -es decir, el 31 % de las personas ha realizado acciones voluntarias en alguna ocasión-, de las cuales unos 6,5 millones -como ha comentado el señor ministro, el 17 % de la población- han sido voluntarias en ese mismo año. Este dato nos deja aún lejos de la media de Europa, que sitúa a la eurozona en un 30 %. Sin duda alguna este es uno de los retos que hemos de tener en cuenta en la nueva ley cuyo debate comienza hoy. En cuanto a la función del voluntariado, hay que destacar que el 46,5 % del mismo dedica su actividad a la acción social, marcando una clara tendencia de nuestro país hacia la mejora de la calidad de vida de las personas. Si atendemos a la edad, vemos que existe una alta dispersión, convirtiendo la acción voluntaria de nuestro país en un elemento multigeneracional. Pero no debemos conformarnos con lo logrado hasta ahora, sino que hemos de ir más allá. Es necesario mejorar el conocimiento y la información sobre el voluntariado que permita seguir incrementando el número de personas que se sumen a la acción voluntaria. Como ya se hizo en el año 2011, que se declaró Año Europeo de las Actividades de Voluntariado, debemos aprovechar la tramitación de este proyecto de ley para poner en la agenda política y social la relevancia de la acción voluntaria. Además, debemos reflexionar sobre las nuevas formas de voluntariado como expresión de la acción solidaria de la ciudadanía y no como un instrumento social de sustitución de las actuaciones que el Gobierno está dejando de realizar en el ámbito social. El voluntariado, como bien ha dicho mi compañera la señora Pérez, no puede convertirse en el sustituto de la dejación de funciones que está haciendo el Gobierno. El voluntariado es una expresión básica de las relaciones humanas. La participación de la ciudadanía en la vida social acrecienta el carácter fundamental de nuestro Estado de derecho. La democracia ha de ser construida con el trabajo de todos, el impulso de las instituciones públicas y la participación de la ciudadanía a través de la acción voluntaria. Sin participación no puede existir democracia. En este momento de crisis económica y de recortes de derechos y libertades perpetrados por el Gobierno del Partido Popular y de un creciente individualismo es más necesario un impulso social de la democracia, y ello está íntimamente ligado a la mejora de la participación de la ciudadanía. La acción del voluntariado otorga a nuestra sociedad un perfil más abierto, justo e igualitario: una democracia de amplio espectro.

La presentación de este proyecto de ley, por desgracia, no ha empezado con buen pie ya que hoy debatimos cuatro enmiendas de totalidad al mismo. Además, es una ley que ni tan siquiera llega aquí con el consenso del sector del voluntariado. Una mala actuación, señor ministro. No está bien consensuar un borrador con la sociedad civil organizada y luego presentar y aprobar en Consejo de Ministros otro borrador distinto al que estaba consensuado. Ya les anuncié al principio de mi intervención que nuestra voluntad es ofrecer acuerdos que mejoren esta ley, pero actuaciones de este tipo no son una buena carta de presentación. El proyecto de ley que hoy nos presenta adolece de sesgos ideológicos que nada tienen que ver con las necesidades del sector del voluntariado que les he expuesto. Nosotros entendemos -y así lo hemos demandado en múltiples ocasiones- que casi tras veinte años de la anterior ley era necesario adaptarla a la realidad actual, pero, eso sí, la ley no puede servir para dividir entre voluntarios de primera


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y voluntarios de segunda; tampoco para trazar una finísima línea entre empleo joven y voluntariado altruista; ni tan siquiera, como se hace en la memoria del análisis del impacto normativo del proyecto, cuantificar económicamente la acción del voluntariado equiparándolo a puestos de trabajo. Mal camino. La acción del voluntariado no se puede resumir en un valor económico de ahorro de las arcas públicas. Como he comentado anteriormente, el voluntariado no está para sustituir el mal hacer de su Gobierno. Tal y como dictamina el Consejo Económico y Social, es en el principio de participación solidaria donde el voluntariado encuentra su fundamento primordial, no en lo que ustedes denominan corresponsabilidad con la sociedad. Esta ley ha de servir como un nuevo impulso; por cierto, un impulso social, político y normativo, pero también económico. No valen los juegos florales ni los brindis al sol. Apostar por el voluntariado es además consignar este impulso en los Presupuestos Generales del Estado. Si no es así, estarán ustedes haciendo un flaco favor a la promoción del voluntariado y a todas aquellas personas que destinan parte de su tiempo de manera altruista a otras personas y a otros fines sociales o medioambientales. Tenemos que aprovechar este momento para mejorar la normativa relacionada con el voluntariado, impulsar políticas de fomento del mismo, aprovechar para situar en la agenda política, social y mediática la labor del voluntariado en España y, cómo no, para mejorar los instrumentos que faciliten este impulso. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a trabajar en esta línea. Mi compañera Martín González y el que suscribe, como ponentes de la ley, vamos a escuchar al sector y a todas aquellas personas que desean aportar ideas que mejoren el proyecto. Vamos a trabajar para que tengamos una ley participada por la ciudadanía, y gracias a la colaboración de la plataforma Quórum puerto org. hemos abierto a través de Internet un canal permanente de comunicación y participación de la ciudadanía. Apostamos por una democracia expansiva que permita que nuestra democracia representativa pueda completarse con una democracia participativa.

Concluyo. Nuestra posición es clara. Esta ley no puede suponer un retroceso en cuanto al derecho de todas las personas, tal y como establece la Constitución, a participar libremente en actuaciones del voluntariado. Tampoco puede ser una ley para confundir el espíritu y la función de los voluntarios y las voluntarias y, por supuesto, esta ley no puede suponer el gran impulso normativo que necesita el sector para seguir creciendo.

Permítanme que dedique los diez segundos que me quedan a hablar de los voluntarios y de mi pequeña experiencia como voluntario. Empecé a ser voluntario con trece años en Cruz Roja, algo que ha marcado mi vida, mi manera de ser y mi manera de entender la sociedad. Un grupo de compañeros empezamos a trabajar allí y tengo que agradecer y significar en ese trabajo de voluntario a dos de mis monitores que en aquel tiempo me enseñaron tanto, José Antonio Sánchez y Pilar Serrano Esquitino; dos personas que me enseñaron a entender el voluntariado, a ser voluntario y, sobre todo, a trabajar altruistamente por los demás. Desde aquí mi pequeño homenaje.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buyolo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo, al que agradezco la confianza depositada, para defender el proyecto de ley de voluntariado. Señorías, espero que el discurso que algunos grupos han realizado esta tarde no sea más que una anécdota del trámite parlamentario de este proyecto de ley. Lamento sinceramente que piensen que esta norma vulnera flagrantemente las competencias de las comunidades autónomas, que consideren que supone una descarada e inaceptable invasión competencial y, en definitiva, que crean que supone una injerencia del Estado en las competencias autonómicas. Este proyecto de ley se ha elaborado teniendo en cuenta no solo la opinión de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de los departamentos interministeriales, de órganos consultivos y de expertos en la materia, sino también de las entidades sociales y de las personas voluntarias, actores principales de este proyecto de ley, y desde el respeto competencial. Por tanto, después de haber escuchado el debate, apelo a su responsabilidad política para que... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Grau.

Por favor, ruego atención al orador.

Siga usted.


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El señor GRAU REINÉS: Gracias, señor presidente.

Apelo a su responsabilidad política para que durante el resto de la tramitación parlamentaria se mantenga el espíritu de diálogo y consenso con el que nació.

Señorías, volviendo a lo que nos ocupa, el proyecto de ley de voluntariado, me gustaría destacar que se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social emprendida por el Gobierno, que a través de instrumentos como la estrategia de juventud 2020, el Plan de acción de la estrategia española de discapacidad, el proyecto de ley del tercer sector de acción social, que acabamos de debatir, y el próximo plan integral de apoyo a la familia, pretende consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado del bienestar. El proyecto de ley de voluntariado que hoy se trae a esta Cámara es un ejemplo de coordinación y modernización, ya que, además de delimitar con mayor paridad los márgenes competenciales de las administraciones públicas, atiende a los cambios producidos desde la promulgación de la ley vigente, en el año 1996, a través de una redacción moderna. Además, en este proyecto de ley, como ya ha señalado el señor ministro, se define el concepto de voluntariado en positivo; se establece el régimen jurídico de las personas voluntarias y de las entidades de voluntariado; se incluyen los valores y principios que fundamentan la acción voluntaria; se regula el voluntariado en todos los ámbitos; se fomenta y reconoce la acción voluntaria, dando entrada a nuevos actores, como son las empresas y las universidades y se introducen determinadas restricciones a la participación voluntaria. Así se limita la acción voluntaria a personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, por delitos de trata y por explotación de menores, también la de aquellas con antecedentes por delitos de violencia de género o violencia doméstica y a los condenados por tráfico ilegal de personas y/o terrorismo.

En definitiva, señorías, estamos ante una nueva ley que trata de dar respuesta a los 6 millones de españoles voluntarios, una nueva ley para el ejercicio de la actividad solidaria, sin adjetivos, acorde a la realidad social actual; una nueva ley encaminada a la promoción del interés general, el bien común, el despliegue solidario de las capacidades humanas, la construcción de la equidad, la justicia y la cohesión social; una nueva ley para el esfuerzo de la participación social y el impulso de iniciativas solidarias, también entre los más pequeños, los mayores y las personas con discapacidad; una nueva ley abierta a la promoción del voluntariado, también desde la empresa, la Administración y la universidad; una nueva ley con una regulación estatal respetuosa con los ámbitos competenciales de las Administraciones públicas, con un núcleo esencial común que promueve la colaboración con el tercer sector para fomentar la acción solidaria y buscar el mayor compromiso de las administraciones.

En cuanto a las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por La Izquierda Plural, Convergència i Unió, Grupo Vasco y Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Catalunya, quisiera decir, en cuanto a que el proyecto de ley supone una invasión competencial, que no desestructura ni supone una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas. Es más, se trata de un marco regulatorio que respeta el escenario de competencias compartidas que ha fijado el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, de 28 de junio, al mismo tiempo que declara que la asunción de competencias por las comunidades autónomas en materia de voluntariado es respetuosa con el orden constitucional de competencias. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Así, una perspectiva constitucional no impide el ejercicio de las competencias del Estado cuando estas concurran con las autonómicas sobre el mismo espacio físico, o sea sobre el mismo objeto jurídico. Por lo tanto, la ley se aplicará sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Además la nueva redacción del artículo 2 pretende adecuarse a la doctrina del Alto Tribunal y debe leerse e interpretarse conjuntamente con la disposición adicional primera y los artículos 17.2 y 18.1.

En segundo lugar, en relación con el voluntariado en edades inferiores a los dieciséis años, el artículo 5 del presente proyecto de ley reconoce la existencia de dimensiones donde sí es posible, con las necesarias adaptaciones, la intervención de los adultos, de los niños y de los mayores de doce años y menores de dieciséis. Además estos menores solo podrán participar en iniciativas de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus padres, tutores o representantes legales, siempre y cuando no perjudiquen su desarrollo o formación integral.

En tercer lugar, en cuanto a los límites en el acceso al voluntariado, el Grupo Parlamentario Catalán realiza una afirmación general que resulta inexacta, en cuanto que no reproduce los diferentes supuestos a los que hace referencia el proyecto de ley. En este sentido es necesario precisar que se alude, en primer lugar, a los delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, en los que se imposibilita casi de forma absoluta la incorporación o, en su caso, se justifica la suspensión de la participación voluntaria con menores. En el caso de otros delitos, se tiene en cuenta si están o no


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cancelados, a la hora de que la entidad de voluntariado seleccione o, en su caso, suspenda a la persona voluntaria.

En cuarto lugar, en cuanto a la rebaja de la responsabilidad civil, de la redacción del artículo 10 y, en particular, del 14.3 no puede deducirse que se haya rebajado el nivel de exigencia de responsabilidad civil.

En quinto lugar, la participación de la empresa y las administraciones públicas en la promoción y el fomento del voluntariado supone la creación de una suerte de nuevos voluntarios. El artículo 21 de la promoción del voluntariado en la empresa fija límites precisos de la actuación empresarial: por un lado, la promoción o, en su caso, participación en programas de voluntariado está supeditada a que se trate de actuaciones que puedan calificarse como de interés general, se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación del voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la acción voluntaria; por otro lado, deben contar con la colaboración de las entidades de voluntariado, aunque solo sea por razones de eficacia de la acción voluntaria.

En sexto lugar, en cuanto a que las empresas encontrarán todo un elenco de posibilidades para realizar actuaciones de voluntariado dentro de su horario laboral, hay que decir que el apartado 1 del artículo 9 del proyecto de ley establece que las trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena y las empleadas o los empleados públicos solo podrán realizar actividades de voluntariado fuera de la jornada laboral.

En séptimo y último lugar, en cuanto a la viabilidad económica, quiero señalar que el límite del incremento del gasto se justifica, entre otras razones, por el hecho de que la creación prevista de los dos órganos, de la Comisión interministerial del voluntariado y el Observatorio estatal del voluntariado, no supone más que reconocer lo que ya existe. Además en ningún momento se está haciendo referencia a la minoración o a la suspensión de recursos actualmente previstos para el voluntariado.

Señorías, por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario votará en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas, pero reitero que espero que durante la tramitación parlamentaria se mantenga el espíritu de diálogo y consenso con el que nació.

Acabo, señor presidente, manifestando el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con la labor de los voluntarios españoles desde la consciencia del importante papel que desempeñan en nuestra sociedad. Sabemos que la actuación de las personas voluntarias se ha erigido como una pieza clave para lograr la recuperación y se ha convertido en un bálsamo reparador para muchos ciudadanos. Por ello consideramos que el trabajo desarrollado por estas personas es una labor encomiable, que merece el apoyo y el respaldo de todos los grupos y de los poderes políticos.

Señor ministro, no puedo abandonar esta tribuna sin felicitarle y darle la enhorabuena por este proyecto de ley que inició la exministra señora Mato y que usted ha culminado de una manera absolutamente extraordinaria. Mis felicitaciones, señor ministro, y las del Grupo Parlamentario Popular.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Grau.

Se suspende la sesión.

Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.

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